Ejecutoria num. 1a./J. 84/2007 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 35493940

Ejecutoria num. 1a./J. 84/2007 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 84/2007
Localizacion:Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Agosto de 2007
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 86/2006-PS. SUSCITADA ENTRE EL SEGUNDO Y NOVENO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.SUSTITUCIÓN DE LA PENA PECUNIARIA POR JORNADAS DE TRABAJO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD. EN CASO DE INSOLVENCIA DEL SENTENCIADO, LA AUTORIDAD JUDICIAL PUEDE DECRETARLA PARCIAL O TOTALMENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LA SOLICITE O NO EN SU PLIEGO DE CONCLUSIONES.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 86/2006-PS. SUSCITADA ENTRE EL SEGUNDO Y NOVENO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicci�n de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracci�n VIII, y 14, fracci�n II, p�rrafo primero, primera parte, de la Ley Org�nica del Poder J. de la Federaci�n; as� como con lo se�alado en los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicci�n suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de naturaleza penal, de la exclusiva competencia de esta Sala.

SEGUNDO

La presente denuncia de contradicci�n de tesis proviene de parte leg�tima, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con apoyo en la facultad que le confiere el art�culo 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO

Las consideraciones sostenidas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo directo penal n�mero 1352/2006 el quince de junio de dos mil seis, son fundamentalmente, las siguientes:

SEXTO. Este tribunal advierte motivo para suplir la deficiencia de la queja, conforme al art�culo 76 Bis, fracci�n II, de la Ley de Amparo. Lo anterior es as�, porque respecto de la sanci�n pecuniaria impuesta, la Sala responsable determin� que en caso de insolvencia econ�mica del quejoso, la misma le ser�a sustituida por jornadas de trabajo a favor de la comunidad, lo cual no es acertado, porque teniendo �stas la naturaleza de pena en t�rminos del art�culo 30, fracci�n IV, del Nuevo C�digo Penal para el Distrito Federal, dicha sustituci�n debi� haber sido solicitada por el agente del Ministerio P�blico en el pliego de conclusiones, lo cual no aconteci� en la especie, motivo por el cual, la Sala responsable estaba impedida para realizar dicha sustituci�n. No pasa inadvertido para este �rgano colegiado que la Sala de apelaci�n para llevar a cabo dicha sustituci�n, se apoy� en la jurisprudencia I.9o.P. J/5, sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la p�gina 1388 del Semanario J. de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XXI, correspondiente a mayo de 2005, que a la letra dice: ?TRABAJO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD. TIENE UN DOBLE CAR�CTER AL SER CONTEMPLADO COMO PENA Y COMO SUSTITUTIVO DE LAS PENAS DE PRISI�N O MULTA, TANTO EN EL C�DIGO PENAL FEDERAL, COMO EN EL NUEVO C�DIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.? (se transcribe). Sin embargo, dicha jurisprudencia no es compartida por este �rgano colegiado, pues si bien no se desconoce por este �rgano colegiado que las jornadas de trabajo a favor de la comunidad tienen un doble car�cter al ser contempladas como pena aut�noma y como sustitutivo de las penas de prisi�n o multa, ello no implica que en trat�ndose de jornadas de trabajo sustitutivas de la multa, el juzgador deba imponerlas de manera oficiosa, pues se insiste, al tener �stas el car�cter de penas en t�rminos del art�culo 30, fracci�n IV, del Nuevo C�digo Penal para el Distrito Federal, deben ser solicitadas por el �rgano acusador. En efecto, sobre el particular que se analiza, vale la pena transcribir los art�culos que regulan dichas jornadas y que a su vez sirvieron de apoyo al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal para emitir la jurisprudencia precitada. ?Art�culo 30 (Cat�logo de penas).? (se transcribe). ?Art�culo 36 (Concepto y duraci�n).? (se transcribe). ?Art�culo 39 (S.�n de la multa).? (se transcribe). ?Art�culo 84 (S.�n de la prisi�n).? (se transcribe). Adicionalmente, el art�culo 85 de la citada normatividad establece. ?Art�culo 85 (S.�n de la multa).? (se transcribe). De tales preceptos aparece, como ya se dijo, que el trabajo en favor de la comunidad puede imponerse ya como pena aut�noma, es decir, que se encuentre contemplada como la sanci�n a imponer como consecuencia de la comisi�n de un delito, o bien, como pena sustituta de la pena de prisi�n o de multa, de ah� que su imposici�n no se trate de un ?derecho o beneficio? que los particulares pueden alegar a su favor, sino que su imposici�n debe ajustarse a los lineamientos del pliego de conclusiones del Ministerio P�blico, quien es titular indiscutible de la acci�n penal, acorde con el art�culo 21 de la Constituci�n Federal, en ese tenor, resulta evidente que la Sala responsable, para que se encontrara en posibilidad de sustituir la multa impuesta por trabajo a favor de la comunidad, requer�a necesariamente que existiera solicitud del �rgano acusador, m�xime si se toma en consideraci�n que de no poderse hacer efectiva la sanci�n pecuniaria por parte de la autoridad correspondiente, en caso de insolvencia total o parcial, ya no habr�a manera de hacerle cumplir con otra pena distinta, como es el trabajo a favor de la comunidad (que actuar�a como pena sustituta). Tampoco se inadvierte por este �rgano de legalidad que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal, en la jurisprudencia supramencionada, indic� que de la interpretaci�n de lo dispuesto en los art�culos 24, punto 2 y 27 del C�digo Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Com�n y para toda la Rep�blica en Materia de Fuero Federal, se advierte que la figura jur�dica denominada ?trabajo en favor de la comunidad?, era considerada �nicamente como una pena, criterio que dice fue modificado a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n, el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro y plasmado en el p�rrafo cuarto del numeral 27 de dicho ordenamiento legal, sin embargo, no se comparte tal afirmaci�n, porque basta dar lectura a los numerales suprase�alados vigentes antes de la reforma que se alude, para advertir que desde ese entonces, las jornadas de trabajo en favor de la comunidad eran consideradas como pena aut�noma y como sustitutivas de la prisi�n o multa, por lo cual, carece de sustento jur�dico la afirmaci�n que dicho tribunal hace en el sentido de que la jurisprudencia 1a./J. 1/92 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que lleva por rubro: ?TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD, NO ES UN BENEFICIO.?, dej� de tener aplicaci�n. Bajo este panorama, se itera (sic), este tribunal no comparte la aseveraci�n de que la jurisprudencia 1/92, sustentada por la Primera Sala de nuestro m�s Alto Tribunal, ha dejado de tener vigencia con motivo de la emisi�n del nuevo c�digo represivo mencionado. Consecuentemente, cuando el trabajo en beneficio de la comunidad se impone como pena sustitutiva de la multa (sanci�n principal), siguiendo el criterio jurisprudencial en cita, no es un beneficio cuya aplicaci�n pueda pedir el quejoso en caso de insolvencia, sino que su imposici�n deriva de que se haya pedido por la representaci�n social en su pliego de conclusiones, pues de no ser as�, debe subsistir �nicamente la pena pecuniaria, en cuyo caso, al resultar insolvente el sentenciado, no podr� impon�rsele que cumpla con una pena sustituta, de ah� que si la Sala de apelaci�n en forma oficiosa decreta la sustituci�n de la multa por el trabajo citado, ello es violatorio de garant�as del quejoso. Lo anterior, conduce a este �rgano de legalidad a conceder al quejoso la protecci�n constitucional que solicita, para efecto de que la responsable, manteniendo en los dem�s aspectos la sentencia combatida, dicte una nueva resoluci�n en la que se abstenga de sustituir la pena pecuniaria que impuso al quejoso por trabajo en favor de la comunidad, ya que no se trata de un beneficio sino de una pena, la cual no fue solicitada por el Ministerio P�blico. C.�n que se hace extensiva al acto de ejecuci�n reclamado al J. D�cimo de lo Penal del Distrito Federal, por no haberse reclamado por vicios propios, sino como consecuencia de la resoluci�n judicial combatida. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia visible en la p�gina 70 del Ap�ndice al Semanario J. de la Federaci�n 1917-2000, Tomo IV, Materia Com�n, del tenor siguiente: ?AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.? (se transcribe). Por lo expuesto y con fundamento en los art�culos 1o., fracci�n I, 76, 76 Bis, fracci�n II, 77, 78 y 184 de la Ley de Amparo, as� como el numeral 37, fracci�n I, inciso a), de la Ley Org�nica del Poder J. de la Federaci�n, se resuelve.

CUARTO

Las consideraciones sostenidas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo directo n�mero 449/2005, el quince de marzo de dos mil cinco, en lo que interesa, son las siguientes:

Asimismo, fue correcto que la ad quem responsable en t�rminos de lo dispuesto en el ordinal 53 del C�digo Penal para el Distrito Federal en vigor, ordenara el decomiso del arma de pl�stico tipo escuadra, color plateado, para fulminantes, con cachas de pl�stico de color negro, sin marca visible a simple vista, a favor del Gobierno del Distrito Federal, pues en principio fue utilizada como instrumento para cometer el antijur�dico en comento y, enseguida, el representante social del fuero com�n, lo solicit� en su pliego de conclusiones acusatorias. Finalmente, concerniente a la multa impuesta de seiscientos d�as, es correcto que su equivalente sea la cantidad de $27,144.00 (veintisiete mil ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), en raz�n del salario m�nimo vigente en la �poca de los hechos que era de $45.24 (cuarenta y cinco pesos 24/100 M.N.), ya que en t�rminos de lo dispuesto en los art�culos 38 y 247 del C�digo Penal para esta ciudad en vigor, los que de manera respectiva indican que el l�mite inferior del d�a multa ser� el equivalente al salario m�nimo diario vigente en esta ciudad al momento de cometerse el delito, y que para establecer la cuant�a correspondiente a la multa en los delitos previstos en el t�tulo d�cimo quinto de dicho cuerpo secundario de leyes, entre los que se encuentran el de robo, se deber� tomar en consideraci�n el salario m�nimo vigente en el Distrito Federal al momento de la ejecuci�n del delito, que como ya se dijo, era de cuarenta y cinco pesos con veinticuatro centavos; sin embargo, fue incorrecto que la ad quem responsable dejara insubsistente la sustituci�n que el J. natural hizo de la referida multa por trescientas cuatro jornadas de trabajo no remunerado a favor de la comunidad, aduciendo que el Ministerio P�blico adscrito al juzgado de primera instancia no solicit� la aplicaci�n de dicha sustituci�n. Lo anterior es as�, toda vez que el art�culo 39 del C�digo Penal para el Distrito Federal en vigor, dispone lo siguiente: ?Art�culo 39 (S.�n de la multa).? (se transcribe). De lo anterior se advierte la facultad del �rgano jurisdiccional para sustituir total o parcialmente la multa cuando el sentenciado no pueda pagarla, es decir, sea insolvente o, solamente pueda cubrir parte de ella, por trabajo en beneficio de la v�ctima o trabajo a favor de la comunidad, en esa tesitura, si en el presente caso el J. natural en uso precisamente de esa potestad, sustituy� la multa impuesta por trescientas cuatro jornadas de trabajo no remunerado a favor de la comunidad, y la Sala responsable modific� tal aspecto dejando insubsistente tal sustituci�n, es obvio que infringi� en perjuicio del quejoso ... sus garant�as individuales, toda vez que dicha situaci�n lo conmina a pagar la multa impuesta no obstante que, en su caso, sea insolvente, lo que evidentemente le es perjudicial, m�xime que dicha situaci�n es aplicada como sustitutivo de la multa que como pena prevista en el ordinal 30 del c�digo sustantivo de la materia y fuero en vigor le fue impuesta. Sin que pase inadvertido para este cuerpo colegiado la jurisprudencia que dicha responsable invoc� en apoyo a las aduciones que hizo a ese respecto, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la p�gina mil trescientos setenta y ocho, T.X., junio de 2004, del Semanario J. de la Federaci�n, con el rubro: ?SUSTITUCI�N DE LA PENA PECUNIARIA POR JORNADAS DE TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD, TRAT�NDOSE DE LA INSOLVENCIA DEL SENTENCIADO ES VIOLATORIA DE LAS GARANT�AS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JUR�DICA, SI NO ES SOLICITADA POR EL MINISTERIO P�BLICO EN SU PLIEGO DE CONCLUSIONES.?, en virtud de que en principio, de su contenido se advierte que para su formaci�n se tom� en consideraci�n la diversa jurisprudencia 1/92 de la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que resolvi� la contradicci�n de tesis 21/89, sustentada entre el Primero y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, que interpretaban los art�culos 24, punto 2 y 27 del C�digo Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Com�n y para toda la Rep�blica en Materia de Fuero Federal, sin tomar en consideraci�n la reforma que sufri� el art�culo 27 de dicho ordenamiento legal, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, en donde se adiciona el p�rrafo cuarto que establece que el trabajo a favor de la comunidad puede ser una pena aut�noma o sustitutivo de la pena de prisi�n o multa, c�digo sustantivo que al ser modificado en su denominaci�n por decreto de dos de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Diario Oficial de la Federaci�n, respectivamente, el diecisiete y treinta de septiembre del citado a�o y que entr� en vigor el primero de octubre de mil novecientos noventa y nueve, segu�a contemplando a la mencionada figura jur�dica como pena aut�noma y sustitutivo de la prisi�n o multa, lo que incluso contin�a previ�ndose en el C�digo Penal Federal y en el Nuevo C�digo Penal para el Distrito Federal, en este �ltimo en su art�culo 36, por lo que de una interpretaci�n sistem�tica a lo dispuesto en los art�culos 30, fracci�n IV, 36, 39 y 84, fracci�n I, del Nuevo C�digo Penal para el Distrito Federal, vigente a partir del trece de noviembre de dos mil dos, se llega a la conclusi�n que la figura jur�dica denominada ?trabajo en favor de la comunidad?, tiene un doble car�cter al ser considerada como pena o como sustitutivo de las penas de prisi�n o multa, por lo que el criterio establecido en la jurisprudencia 1/92 de la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina 21 del Tomo IX, junio de 1992, del Semanario J. de la Federaci�n, bajo el ep�grafe: ?TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD, NO ES UN BENEFICIO EL.?, dej� de tener aplicaci�n tanto en el c�digo sustantivo federal, como en el que rige para esta ciudad, a partir de la reforma de diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, en virtud de que ambas legislaciones prev�n a dicha figura como pena o sustitutivo de las penas de prisi�n o multa; consecuentemente, la sentencia pronunciada por la Sala responsable es violatoria de la garant�a de legalidad del sentenciado, al modificar la de primera instancia con el objeto de que no se sustituya la pena pecuniaria impuesta por jornadas de trabajo no remuneradas en favor de la comunidad, aduciendo que el �rgano t�cnico ministerial no solicit� dicha sustituci�n en su pliego de conclusiones, pues al tener dicha figura el doble car�cter referido en l�neas precedentes, puede ser otorgada como sustitutivo de la pena pecuniaria impuesta, m�xime si el J. de primera instancia, en uso de la facultad que la propia ley le confiere, le otorg� al quejoso dicha sustituci�n. En esas condiciones, se concede al inconforme ... el amparo y protecci�n de la Justicia de la Uni�n, para el efecto de que los Magistrados responsables, manteniendo en sus dem�s aspectos la sentencia reclamada, dicten una nueva en la que de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 39 del C�digo Penal para el Distrito Federal en vigor, sustituyan los seiscientos d�as multa, equivalentes a $27,144.00 (veintisiete mil ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), que como pena fue impuesta, por trescientas jornadas de trabajo no remunerado a favor de la comunidad. C.�n que se hace extensiva al acto de ejecuci�n reclamado al J. Trig�simo S�ptimo Penal del Distrito Federal, por tratarse de una consecuencia legal del acto ordenador. Sirve de apoyo la jurisprudencia J. 22/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que resolvi� la contradicci�n de tesis 2/95, entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materia Penal y el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, ambos del S�ptimo Circuito, visible en la p�gina cinco del Tomo III, mayo de mil novecientos noventa y seis, del Semanario J. de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, que a la letra dice: ?AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS DE EJECUCI�N DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA O LAUDO, CUANDO SE IMPUGNAN EN V�A DE CONSECUENCIA Y NO POR VICIOS PROPIOS.? (se transcribe). Por lo expuesto y fundado, con apoyo adem�s en los art�culos 103 y 107 de la Constituci�n General de la Rep�blica, 46 y 158 de la Ley de Amparo, 35 y 37, fracci�n I, inciso a), de la Ley Org�nica del Poder J. del al Federaci�n, se resuelve. �NICO. Para el �nico efecto precisado en la parte final del �ltimo considerando de esta resoluci�n, la Justicia de la Uni�n ampara y protege a ... en contra de los actos que reclama de los Magistrados integrantes de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia y J. Trig�simo S�ptimo Penal, ambos del Distrito Federal, consistente en la sentencia definitiva dictada por dicha Sala el quince de diciembre de dos mil cuatro, en el toca penal n�mero 1944/2004 que modific� la pronunciada por el J. de primera instancia en la causa penal n�mero 194/2004 en la que se le consider� penalmente responsable en la comisi�n del delito de robo calificado y su ejecuci�n.

En id�nticos t�rminos se pronunci� el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver los amparos directos 539/2005, 399/2005, 739/2005 y 679/2005, de los que surgi� la siguiente tesis:

TRABAJO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD. TIENE UN DOBLE CAR�CTER AL SER CONTEMPLADO COMO PENA Y COMO SUSTITUTIVO DE LAS PENAS DE PRISI�N O MULTA, TANTO EN EL C�DIGO PENAL FEDERAL, COMO EN EL NUEVO C�DIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. De la interpretaci�n de lo dispuesto en los art�culos 24, punto 2 y 27 del C�digo Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Com�n y para toda la Rep�blica en Materia de Fuero Federal, se advierte que la figura jur�dica denominada ?trabajo en favor de la comunidad?, era considerada �nicamente como una pena, criterio que fue modificado a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n, el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro y plasmado en el p�rrafo cuarto del numeral 27 de dicho ordenamiento legal, en donde se estableci� precisamente que el ?trabajo en favor de la comunidad? pod�a ser una pena aut�noma o sustitutivo de la prisi�n o multa, c�digo sustantivo que al ser modificado en su denominaci�n por decreto de dos de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Diario Oficial de la Federaci�n, respectivamente, el diecisiete y treinta de septiembre de mil novecientos noventa y nueve y que entr� en vigor el primero de octubre de ese mismo a�o segu�a contemplando a la mencionada figura jur�dica como pena aut�noma y sustitutivo de la prisi�n o multa, lo que incluso contin�a previ�ndose en el C�digo Penal Federal y en el Nuevo C�digo Penal para el Distrito Federal, en este �ltimo en su art�culo 36, por lo que de una interpretaci�n sistem�tica de losart�culos 30, fracci�n IV, 36, 39 y 84, fracci�n I, del Nuevo C�digo Penal para el Distrito Federal, vigente a partir del trece de noviembre de dos mil dos, se concluye que la figura jur�dica denominada ?trabajo en favor de la comunidad?, tiene un doble car�cter al ser considerada como pena o como sustitutivo de las penas de prisi�n o multa, en ese sentido, el criterio establecido en la jurisprudencia 1a./J. 1/92 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina 11, del N�mero 54, junio de 1992, de la Gaceta del Semanario J. de la Federaci�n, Octava �poca, bajo el rubro: ?TRABAJO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD, NO ES UN BENEFICIO EL.? dej� de tener aplicaci�n, tanto en el c�digo sustantivo federal, como en el local a partir de la reforma de diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, en virtud de que ambas legislaciones prev�n a dicha figura como pena o sustitutivo de las penas de prisi�n o multa.

QUINTO

Como cuesti�n previa, debe establecerse si en el caso existe la contradicci�n de tesis denunciada.

Esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al interpretar los art�culos 107, fracci�n XIII, constitucional, y 197-A de la Ley de Amparo, ha estimado que para que exista materia sobre la cual pronunciarse, esto es, para que se pueda dilucidar cu�l tesis debe prevalecer en un caso determinado de contradicci�n, debe existir cuando menos formalmente una oposici�n de criterios jur�dicos respecto de una misma situaci�n jur�dica; asimismo, que para que se surta la procedencia de la contradicci�n, la oposici�n debe suscitarse entre las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas.

Por tanto, se da la contradicci�n cuando concurren los siguientes supuestos:

  1. Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y,

  3. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

El anterior criterio ha sido establecido por esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la siguiente jurisprudencia:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"P�gina: 76

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

En el caso se surten los requisitos de referencia, los cuales resultan necesarios para la existencia de contradicci�n de criterios, en atenci�n a lo siguiente:

Los �rganos colegiados contendientes, al emitir los criterios que se denuncian como contradictorios, examinaron cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y adoptaron criterios discrepantes, como se aprecia a continuaci�n.

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito sostuvo que de una interpretaci�n sistem�tica de lo dispuesto por los art�culos 30, fracci�n IV, 36, 39 y 84, fracci�n I, del Nuevo C�digo Penal para el Distrito Federal, se llega a la conclusi�n de que la figura jur�dica denominada "trabajo a favor de la comunidad", tiene un doble car�cter al ser considerada como pena o como sustitutivo de la pena de prisi�n o multa; y que de conformidad con lo dispuesto por el citado art�culo 39 es facultad de la autoridad judicial pronunciarse en cuanto a la sustituci�n de la multa por jornadas de trabajo a favor de la comunidad, cuando el sentenciado no pueda pagarla, o solamente pueda cubrir parte de ella no obstante que el Ministerio P�blico no haya solicitado la aplicaci�n de dicha sustituci�n.

Por su parte, de una interpretaci�n arm�nica de los art�culos 30, fracci�n IV, 36, 39, 84 y 85 del Nuevo C�digo Penal para el Distrito Federal, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito lleg� a la conclusi�n en el sentido de que "el trabajo a favor de la comunidad" puede imponerse ya como una pena aut�noma, o bien, como una pena sustituta de la pena de prisi�n o de multa; que su imposici�n no se trata de un derecho o beneficio que los particulares puedan alegar a su favor, por lo que su imposici�n debe ajustarse a los lineamientos del pliego de conclusiones del Ministerio P�blico, de manera que para que la autoridad jurisdiccional de la causa pueda sustituir la multa impuesta por trabajo a favor de la comunidad, requiere necesariamente que exista solicitud del �rgano acusador.

De lo anterior se desprende que los �rganos jurisdiccionales contendientes coinciden en que "el trabajo a favor de la comunidad" tiene un doble car�cter en virtud de que puede imponerse ya como una pena aut�noma, o bien como una pena sustituta de la pena de prisi�n o de multa.

No obstante lo anterior, mientras que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito afirma que de conformidad con lo dispuesto por el citado art�culo 39 del Nuevo C�digo Penal para el Distrito Federal, es facultad de la autoridad judicial pronunciarse en cuanto a la sustituci�n de la multa por jornadas de trabajo a favor de la comunidad, cuando el sentenciado no pueda pagarla, o solamente pueda cubrir parte de ella no obstante que el Ministerio P�blico no haya solicitado la aplicaci�n de dicha sustituci�n; el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito sostiene que para que la autoridad jurisdiccional de la causa pueda sustituir la multa impuesta por trabajo a favor de la comunidad, requiere necesariamente que exista solicitud del �rgano acusador.

Por lo anterior, es evidente que los �rganos jurisdiccionales que aqu� contienden, en las consideraciones de las respectivas ejecutorias que dictaron, analizaron cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y resolvieron en distintos sentidos, de manera que en la especie s� existe la contradicci�n de tesis denunciada.

Lo que en esta resoluci�n debe determinarse, es si la autoridad jurisdiccional de la causa se encuentra facultada para sustituir parcial o totalmente la multa impuesta al sentenciado por trabajo a favor de la comunidad, cuando se acredite que aqu�l no puede pagarla, o solamente pueda cubrir parte de ella, o bien, si para tomar esa determinaci�n se requiere necesariamente que exista solicitud del Ministerio P�blico.

SEXTO

Se considera que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio sostenido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en atenci�n a las consideraciones que a continuaci�n se expondr�n.

En primer lugar, cabe hacer un breve an�lisis del contenido del primer p�rrafo del art�culo 21 de nuestra Carta Magna, que a la letra dispone lo siguiente:

Art�culo 21. La imposici�n de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigaci�n y persecuci�n de los delitos incumbe al Ministerio P�blico, el cual se auxiliar� con una polic�a que estar� bajo su autoridad y mando inmediato. Compete a la autoridad administrativa la aplicaci�n de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de polic�a, las que �nicamente consistir�n en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutar� �sta por el arresto correspondiente, que no exceder� en ning�n caso de treinta y seis horas.

En este art�culo se halla expresa la diferencia entre �rganos del Estado que comparten, sin embargo, la actuaci�n jus puniendi y en el que igualmente se encuentra impl�cita la divisi�n del enjuiciamiento en dos periodos principales, a saber: la averiguaci�n previa y el proceso.

As�, el art�culo constitucional en cita, deslinda la funci�n jurisdiccional penal de la funci�n acusatoria o persecutoria, es decir, se reserva al juzgador en exclusiva, la potestad de imponer las penas; mientras que la facultad persecutoria se encomienda al Ministerio P�blico.

Los principios anteriores se reflejan claramente tanto en el C�digo de Procedimientos Penales como en el Nuevo C�digo Penal, ambos para el Distrito Federal.

En efecto, el art�culo 1o. de la citada codificaci�n adjetiva, dispone lo siguiente:

"Art�culo 1o. Corresponde exclusivamente a los tribunales penales del Distrito Federal:

"I.D., en la forma y t�rminos que esta ley establece, cu�ndo un hecho ejecutado en las entidades mencionadas es o no delito;

"II.D. la responsabilidad o la irresponsabilidad de las personas acusadas ante ellos; y

"III. Aplicar las sanciones que se�alen las leyes.

S�lo estas declaraciones se tendr�n como verdad legal.

As�, corresponde exclusivamente a los tribunales penales del Distrito Federal declarar en la forma y t�rminos del c�digo de la materia, cu�ndo un hecho ejecutado en las entidades mencionadas es o no delito; declarar la responsabilidad o la irresponsabilidad de las personas acusadas ante ellos; y aplicar las sanciones que se�alen las leyes.

Por su parte, en los art�culos 2o., fracci�n I, 3o., fracci�n I, 4o., 6o. y 7o. del C�digo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, se establecen las facultades persecutorias del Ministerio P�blico en la etapa de la averiguaci�n previa, como sigue:

"Art�culo 2o. Al Ministerio P�blico corresponde el ejercicio exclusivo de la acci�n penal, la cual tiene por objeto:

"I. Pedir la aplicaci�n de las sanciones establecidas en las leyes penales;

"II. Pedir la libertad de los procesados, en la forma y t�rminos que previene la ley;

"III. Pedir la reparaci�n del da�o, en los t�rminos especificados en el Nuevo C�digo Penal para el Distrito Federal."

"Art�culo 3o. Corresponde al Ministerio P�blico:

"I.D. a la Polic�a J. en la investigaci�n que �sta haga para comprobar el cuerpo del delito orden�ndole la pr�ctica de las diligencias que, a su juicio, estime necesarias para cumplir debidamente con su cometido, o practicando �l mismo aquellas diligencias;

"II. Pedir al J. a quien se consigne el asunto la pr�ctica de todas aquellas diligencias que, a su juicio, sean necesarias para comprobar la existencia del delito y de sus modalidades.

"III. Ordenar, en los casos a que se refiere el art�culo 266 de este c�digo la detenci�n o retenci�n seg�n el caso, y solicitar cuando proceda la orden de aprehensi�n;

"IV. Interponer los recursos que se�ala la ley y seguir los incidentes que la misma admite;

".P.a.J. la pr�ctica de las diligencias necesarias para comprobar la responsabilidad del acusado.

"VI. Pedir al J. la aplicaci�n de la sanci�n que en el caso concreto estime aplicable; y

"VII. Pedir la libertad del detenido cuando �sta proceda."

"Art�culo 4o. Cuando de la averiguaci�n previa no aparezca detenci�n de persona alguna, el Ministerio P�blico practicar� todas las diligencias necesarias, hasta dejar comprobados los requisitos que se�ala el art�culo 16 constitucional para obtener la orden de aprehensi�n."

"Art�culo 6o. El Ministerio P�blico pedir� al J. la aplicaci�n de la sanci�n correspondiente al caso concreto de que se trate o la libertad del procesado, sea por que el delito no haya existido, sea por que, existiendo, no sea imputable al procesado o por que exista a favor de �ste alguna de las causas de exclusi�n del delito previstas en el cap�tulo V, t�tulo segundo, libro primero del Nuevo C�digo Penal para el Distrito Federal o alguna de las circunstancias de extinci�n de la pretensi�n punitiva a que se refiere el t�tulo quinto del libro primero de dicho ordenamiento."

Art�culo 7o. En el primer caso del art�culo anterior, el Ministerio P�blico presentar� sus conclusiones en las que, despu�s de hacer resumen de los hechos que aparezcan comprobados en el proceso, fijar� con precisi�n las disposiciones penales que, a su juicio, sean aplicables.

De lo anterior se desprende que en la averiguaci�n previa, corresponde al Ministerio P�blico llevar a cabo las indagatorias y diligencias necesarias, tendientes a comprobar el cuerpo del delito, la presunta responsabilidad y, en su caso, ejercitar la acci�n penal, rese�ando los hechos que aparezcan comprobados en el proceso y fijando con precisi�n las disposiciones penales que, a su juicio, sean aplicables.

As�, podemos afirmar v�lidamente que la acci�n penal tiene por objeto solicitar a la autoridad judicial la aplicaci�n de las sanciones establecidas en las leyes penales, en base al resultado de las indagatorias que haya realizado, de manera que el Ministerio P�blico propone a la autoridad judicial las sanciones que a su juicio deben imponerse y es esta �ltima quien finalmente impondr� la sanci�n que corresponda, para lo cual goza de arbitrio judicial para calificar la gravedad del delito y el grado de culpabilidad del agente, en funci�n a lo cual debe necesariamente determinar la pena, pues por mandato de ley, �sta debe ser individualizada, ejercicio que tambi�n corresponde exclusivamente a la autoridad judicial y de ning�n modo puede realizar el Ministerio P�blico.

As� lo establece el Nuevo C�digo Penal para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el diecis�is de julio de dos mil dos, en sus art�culos 70 y 72, que disponen literalmente lo siguiente:

"Art�culo 70 (R. general). Dentro de los l�mites fijados por la ley, los Jueces y tribunales impondr�n las sanciones establecidas para cada delito, teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de ejecuci�n y las peculiares del delincuente, en los t�rminos del art�culo 72 de este c�digo.

"Cuando se trate de punibilidad alternativa, en la que se contemple pena de prisi�n, el J. podr� imponer motivando su resoluci�n, la sanci�n privativa de libertad s�lo cuando ello sea ineludible para los fines de justicia, prevenci�n general y prevenci�n especial."

"Art�culo 72 (Criterios para la individualizaci�n de las penas y medidas de seguridad). El J., al dictar sentencia condenatoria, determinar� la pena y medida de seguridad establecida para cada delito y las individualizar� dentro de los l�mites se�alados, con base en la gravedad del il�cito y el grado de culpabilidad del agente, tomando en cuenta:

"I. La naturaleza de la acci�n u omisi�n y los medios empleados para ejecutarla;

"II. La magnitud del da�o causado al bien jur�dico o del peligro en que �ste fue colocado;

"III. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasi�n del hecho realizado;

"IV. La forma y grado de intervenci�n del agente en la comisi�n del delito; los v�nculos de parentesco, amistad o relaci�n entre el activo y el pasivo, as� como su calidad y la de la v�ctima u ofendido;

"V. La edad, el nivel de educaci�n, las costumbres, condiciones sociales, econ�micas y culturales del sujeto, as� como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el procesado pertenezca a un grupo �tnico o pueblo ind�gena, se tomar�n en cuenta, adem�s, sus usos y costumbres;

"VI. Las condiciones fisiol�gicas y ps�quicas espec�ficas en que se encontraba el activo en el momento de la comisi�n del delito;

"VII. Las circunstancias del activo y pasivo antes y durante la comisi�n del delito, que sean relevantes para individualizar la sanci�n, as� como el comportamiento posterior del acusado con relaci�n al delito cometido; y

"VIII. Las dem�s circunstancias especiales del agente, que sean relevantes para determinar la posibilidad que tuvo de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.

Para la adecuada aplicaci�n de las penas y medidas de seguridad, el J. deber� tomar conocimiento directo del sujeto, de la v�ctima y de las circunstancias del hecho y, en su caso, requerir� los dict�menes periciales tendientes a conocer la personalidad del sujeto y los dem�s elementos conducentes.

En su tarea jurisdiccional y tomando en cuenta lo que establece el art�culo 72 reci�n transcrito, el juzgador tambi�n se encuentra facultado para sustituir penas, lo cual se desprende de la lectura de los art�culos 84 y 85 del Nuevo C�digo Penal para el Distrito Federal, como sigue:

"Art�culo 84 (S.�n de la prisi�n). El J., considerando lo dispuesto en el art�culo 72 de este c�digo, podr� sustituir la pena de prisi�n, en los t�rminos siguientes:

"I. Por multa o trabajo en beneficio de la v�ctima o en favor de la comunidad, cuando no exceda de tres a�os; y

"II. Por tratamiento en libertad o semilibertad, cuando no exceda de cinco a�os.

"La equivalencia de la multa sustitutiva de la pena de prisi�n, ser� en raz�n de un d�a multa por un d�a de prisi�n, de acuerdo con las posibilidades econ�micas del sentenciado."

Art�culo 85 (S.�n de la multa). La multa podr� ser sustituida por trabajo en beneficio de la v�ctima o en favor de la comunidad.

Ahora bien, del cat�logo de penas a que se refiere el art�culo 30 de la codificaci�n penal en estudio, se tiene que tanto la prisi�n, las sanciones pecuniarias, as� como el trabajo en beneficio de la v�ctima del delito o a favor de la comunidad, constituyen penas aut�nomas, cuya imposici�n, como ya se puntualiz�, puede solicitar el �rgano acusador ante la autoridad judicial al ejercitar la acci�n penal.

El art�culo de m�rito dispone lo siguiente:

"Art�culo 30 (Cat�logo de penas). Las penas que se pueden imponer por los delitos son:

"I.P.�n;

"II. Tratamiento en libertad de imputables;

"III. Semilibertad;

"IV. Trabajo en beneficio de la v�ctima del delito o en favor de la comunidad;

"V. Sanciones pecuniarias;

"VI. Decomiso de los instrumentos, objetos y productos del delito;

"VII. S.�n o privaci�n de derechos; y

VIII. D.�n e inhabilitaci�n de cargos, comisiones o empleos p�blicos.

En relaci�n con las sanciones pecuniarias, los art�culos 37 y 38 del ordenamiento en estudio, disponen expresamente lo siguiente:

"Art�culo 37 (Multa, reparaci�n del da�o y sanci�n econ�mica). La sanci�n pecuniaria comprende la multa, la reparaci�n del da�o y la sanci�n econ�mica."

"Art�culo 38 (D�as de multa). La multa consiste en el pago de una cantidad de dinero al Gobierno del Distrito Federal fijada por d�as multa. Los m�nimos y m�ximos atender�n a cada delito en particular, los que no podr�n ser menores a un d�a ni exceder de cinco mil, salvo los casos se�alados en este c�digo.

"El d�a multa equivale a la percepci�n neta diaria del inculpado en el momento de cometer el delito.

"El l�mite inferior del d�a multa ser� el equivalente al salario m�nimo diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse el delito.

"Para fijar el d�a multa se tomar� en cuenta:

"El momento de la consumaci�n, si el delito es instant�neo;

"El momento en que ces� la consumaci�n, si el delito es permanente; o

El momento de consumaci�n de la �ltima conducta, si el delito es continuado.

De conformidad con lo anterior, la sanci�n pecuniaria resulta ser un concepto gen�rico, pues dicha sanci�n puede comprender la reparaci�n del da�o; la sanci�n econ�mica o la multa, entendi�ndose por esta �ltima, el pago de una cantidad de dineroque deber� realizar el sentenciado a favor del Gobierno del Distrito Federal, por la comisi�n del il�cito de que se trate.

Ahora bien, por lo que hace al trabajo en beneficio de la v�ctima del delito o en favor de la comunidad, el art�culo 36 del Nuevo C�digo Penal para el Distrito Federal establece lo siguiente:

"Art�culo 36 (Concepto y duraci�n). El trabajo en beneficio de la v�ctima del delito consiste en la prestaci�n de servicios remunerados, en instituciones p�blicas, educativas, empresas de participaci�n estatal o en empresas privadas, en los t�rminos de la legislaci�n correspondiente.

"El trabajo en favor de la comunidad consiste en la prestaci�n de servicios no remunerados, en instituciones p�blicas, educativas, de asistencia o servicio social, o en instituciones privadas de asistencia no lucrativas, que la ley respectiva regule.

"En ambos casos se cumplir� bajo la orientaci�n y vigilancia de la autoridad ejecutora.

"El trabajo en beneficio de la v�ctima del delito o en favor de la comunidad, se llevar� a cabo en jornadas dentro de periodos distintos al horario de las labores que represente la fuente de ingresos para la subsistencia del sentenciado y la de su familia, sin que pueda exceder de la jornada extraordinaria que determina la ley laboral. La extensi�n de la jornada ser� fijada por el J. tomando en cuenta las circunstancias del caso, y por ning�n concepto se desarrollar� en forma que resulte degradante o humillante para el sentenciado.

Podr� imponerse como pena aut�noma o como sustitutiva de la pena de prisi�n o de multa, seg�n el caso. Cada d�a de prisi�n o cada d�a multa, ser� sustituido por una jornada de trabajo en beneficio de la v�ctima o en favor de la comunidad.

Por su parte, el art�culo 39 de la codificaci�n en estudio dispone literalmente lo siguiente:

"Art�culo 39 (S.�n de la multa). Cuando se acredite que el sentenciado no puede pagar la multa o solamente puede cubrir parte de ella, la autoridad judicial podr� sustituirla total o parcialmente por trabajo en beneficio de la v�ctima o trabajo a favor de la comunidad. Cada jornada de trabajo saldar� dos d�as multa.

Cuando no sea posible o conveniente la sustituci�n de la multa por trabajo a favor de la comunidad, la autoridad judicial podr� decretar la libertad bajo vigilancia, cuya duraci�n no exceder� el n�mero de d�as multa sustituido, sin que este plazo sea mayor al de la prescripci�n.

Finalmente, el art�culo 85 es de la siguiente literalidad:

Art�culo 85 (S.�n de la multa). La multa podr� ser sustituida por trabajo en beneficio de la v�ctima o en favor de la comunidad.

Del an�lisis de los art�culos reci�n transcritos, tenemos que la pena consistente en el trabajo en beneficio de la v�ctima o en favor de la comunidad, tiene un doble aspecto, pues, por un lado, est� considerada como pena aut�noma y, por el otro, puede imponerse como una pena sustituta de la pena de prisi�n o de la multa.

As�, cuando el trabajo en beneficio de la v�ctima del delito o en favor de la comunidad se impone como pena aut�noma, �sta deber� ser solicitada por el Ministerio P�blico al ejercitar la acci�n penal correspondiente.

Por otra parte, el trabajo en beneficio de la v�ctima del delito o en favor de la comunidad puede imponerse como pena sustitutiva en lugar de la multa, cuando en t�rminos del art�culo 39 de la codificaci�n penal en estudio, se acredite la insolvencia del sentenciado que haga imposible el pago de la multa, o bien, s�lo se logre cubrir parte de la misma, lo que obedece a un principio elemental de derecho que dice que nadie est� obligado a lo imposible.

As�, de presentarse la hip�tesis de que el sentenciado no pueda pagar la multa impuesta o s�lo est� en posibilidad de cubrir parte de la misma, el legislador facult� expresamente al juzgador a sustituir la multa total o parcialmente, a cambio de que el sentenciado realice trabajos en beneficio de la v�ctima o en favor de la comunidad.

En ese orden de ideas, si bien el trabajo en beneficio de la v�ctima o en favor de la comunidad, constituye una pena bajo el cat�logo a que se refiere el art�culo 30 y conforme al art�culo 36, puede imponerse como una pena aut�noma, tambi�n tiene el car�cter de pena sustitutiva que la autoridad judicial podr� imponer al sentenciado en vez de la multa, cuando se acredite que �ste no tiene los medios econ�micos para pagarla, o s�lo puede pagar parte de la misma.

Lo anterior no implica que el �rgano acusador deba solicitar dicha sustituci�n en su pliego de conclusiones, porque no se est� imponiendo como pena aut�noma sino sustituta de la multa; adem�s de que es en el propio art�culo 39, donde se faculta expresamente al juzgador a sustituir total o parcialmente la multa, por trabajo en beneficio de la v�ctima o trabajo en favor de la comunidad, cuando se acredite que el sentenciado no puede pagar la multa o solamente puede cubrir parte de ella, siendo que el precepto en estudio, de manera alguna condiciona al juzgador a que deba mediar la petici�n del Ministerio P�blico, para que proceda resolver respecto de la sustituci�n en comento.

Por lo que hasta aqu� ha quedado expuesto, es v�lido afirmar que se encontrar� apegada a derecho la sentencia en la que el juzgador de la causa sustituya parcial o totalmente la multa al sentenciado, a cambio de trabajo en beneficio de la v�ctima o trabajo en favor de la comunidad, cuando se acredite que aqu�l no puede pagar la multa o solamente puede cubrir parte de ella, con independencia de que el Ministerio P�blico haya solicitado o no en su pliego de conclusiones, la citada sustituci�n de la pena.

En estas condiciones y con base en las consideraciones expuestas, esta Primera Sala estima que debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio redactado con el siguiente rubro y texto:

SUSTITUCI�N DE LA PENA PECUNIARIA POR JORNADAS DE TRABAJO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD. EN CASO DE INSOLVENCIA DEL SENTENCIADO, LA AUTORIDAD JUDICIAL PUEDE DECRETARLA PARCIAL O TOTALMENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL MINISTERIO P�BLICO LA SOLICITE O NO EN SU PLIEGO DE CONCLUSIONES.-Del an�lisis arm�nico de los art�culos 30, 36, 39 y 85 del Nuevo C�digo Penal para el Distrito Federal, tenemos que la pena consistente en el trabajo en beneficio de la v�ctima o en favor de la comunidad, tiene un doble aspecto, pues por un lado est� considerada como pena aut�noma y por el otro, puede imponerse como una pena sustituta de la pena de prisi�n o de multa. As�, cuando el trabajo en beneficio de la v�ctima del delito o en favor de la comunidad se impone como pena aut�noma, �sta deber� ser solicitada por el Ministerio P�blico al ejercitar la acci�n penal correspondiente. En el caso de que se imponga como pena sustitutiva en lugar de la multa, por acreditarse la insolvencia del sentenciado que haga imposible el pago de la multa o bien s�lo se logre cubrir parte de la misma, el art�culo 39 de la codificaci�n penal en estudio faculta expresamente al juzgador a resolver respecto de la sustituci�n, lo que de manera alguna implica que el �rgano acusador deba solicitar dicha sustituci�n en su pliego de conclusiones, pues se reitera que la citada pena no se est� imponiendo como pena aut�noma sino sustitutiva de la multa. Por lo tanto, es v�lido afirmar que se encontrar� apegada a derecho, la sentencia en la que el juzgador de la causa sustituya parcial o totalmente la multa al sentenciado, a cambio de trabajo en beneficio de la v�ctima o trabajo a favor de la comunidad, cuando se acredite que aqu�l no puede pagar la multa o solamente puede cubrir parte de ella, con independencia de que el Ministerio P�blico haya solicitado o no en su pliego de conclusiones la citada sustituci�n de la pena.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO

S� existe la contradicci�n de tesis a que este expediente se refiere, en los t�rminos del considerando quinto de esta resoluci�n.

SEGUNDO

Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Primera Sala, en los t�rminos de la tesis redactada en el �ltimo considerando del presente fallo.

TERCERO

D�se publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resoluci�n, en t�rminos del art�culo 195 de la Ley de Amparo.

N.�quese y c�mplase; con testimonio de esta resoluci�n comun�quese a los Tribunales Colegiados contendientes y, en su oportunidad arch�vese el expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: Jos� de Jes�s G.�o P., S.A.V.H.�ndez (ponente), J.N.S.M., O.S.C. de G.�a V. y presidente Jos� Ram�n Coss�o D�az.