Ejecutoria num. 1a./J. 140/2007 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 35494394

Ejecutoria num. 1a./J. 140/2007 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 140/2007
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Noviembre de 2007
RESUMEN

BIENES HEREDITARIOS. PARA LA ENTREGA DE LA POSESIÓN MATERIAL DE LOS MISMOS AL ALBACEA, CUANDO LA DETENTAN LOS HEREDEROS, ES NECESARIA LA PROMOCIÓN DE UN INCIDENTE EN EL JUICIO SUCESORIO (LEGISLACIONES DE NUEVO LEÓN Y DEL DISTRITO FEDERAL).

 
ÍNDICE
CONTENIDO

BIENES HEREDITARIOS. PARA LA ENTREGA DE LA POSESI�N MATERIAL DE LOS MISMOS AL ALBACEA, CUANDO LA DETENTAN LOS HEREDEROS, ES NECESARIA LA PROMOCI�N DE UN INCIDENTE EN EL JUICIO SUCESORIO (LEGISLACIONES DE NUEVO LE�N Y DEL DISTRITO FEDERAL).

CONTRADICCI�N DE TESIS 163/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n; en relaci�n con el punto segundo del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicci�n suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de naturaleza civil, esto es, de la exclusiva competencia de esta Sala.

SEGUNDO

La presente denuncia de contradicci�n de tesis proviene de parte leg�tima, toda vez que fue formulada por los Magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, con apoyo en la facultad que les confiere el art�culo 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO

Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicci�n, son las siguientes:

  1. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver con fecha cinco de octubre de dos mil seis, el juicio de amparo en revisi�n n�mero 117/2006, determin�, en lo que interesa, lo siguiente:

S�PTIMO

Son jur�dicamente ineficaces los conceptos de violaci�n que con anterioridad se transcribieron. Para arribar a la calificativa anticipada, se abordar�n los se�alados motivos de disenso sin seguirse necesariamente el orden de numeraci�n que propone la quejosa, pero indic�ndose al inicio de cada an�lisis a cu�l de ellos est� refiri�ndose este tribunal, resolvi�ndolos todos. ... Despu�s de advertir la naturaleza, funciones y obligaciones de un albacea, as� como los derechos que sobre la masa hereditaria adquieren quienes heredan, habr� de resolverse el punto toral de la queja que eleva la peticionaria de amparo, para lo cual este �rgano colegiado parte de lo establecido en el art�culo 1601 del C�digo Civil vigente en Nuevo Le�n, que nuevamente se transcribe: �Art�culo 1601. El derecho a la posesi�n de los bienes hereditarios se transmite, por ministerio de ley, a los herederos y a los ejecutores universales, desde el momento de la muerte del autor de la herencia, salvo lo dispuesto en el art�culo 205.�. Se considera por este tribunal que la referencia hecha sobre el derecho a la posesi�n de los bienes hereditarios, dentro de aquel art�culo 1601 del C�digo Civil para el Estado de Nuevo Le�n, solamente constituye una presunci�n que en favor de los herederos y albaceas, indistinta y conjuntamente, quiso el legislador fuera tenida en cuenta desde el momento de la muerte del autor de la herencia, con el fin de no dejar en posibilidad de p�rdida aquellos bienes. En efecto, resalta de la norma jur�dica se�alada que el creador de la ley en todo momento parti� del �derecho a la posesi�n�, no as� del hecho f�sico mismo de la detentaci�n material de las cosas, en la forma en que, en el plano de los hechos, habr� de estarse verificando para cada caso en particular, al momento de la muerte del autor de la herencia. Es decir, como el deceso de una persona, por su misma naturaleza, se constituye por un acontecimiento que no es dable fijar el momento en que acontecer�, pero s� se sabe que suceder�; es por lo que la ley parte de que, para cuando ello acontezca, est�n o no actualmente los herederos o albaceas instituidos con la detentaci�n material de los bienes del finado, de todas formas les otorga el derecho a esa posesi�n, lo que habr� de ser entendido en la forma y t�rminos que la misma ley regula las obligaciones y derechos de aquellas personas a que alude el numeral 1601, como son los herederos y ejecutores universales, pero siempre con la fijaci�n de conservar la masa hereditaria. Sobre esta imprecisi�n -de la norma jur�dica- del estatus material en que hayan de estar ubicados los bienes que conforman la herencia, debe recordarse que, en otros casos y en gran n�mero de ocasiones, lejos de que la ley quiera llegar a contemplar las hip�tesis normativas como una definici�n exacta de las situaciones materiales que se presenten en el mundo f�ctico, lo que hace el creador de la legislaci�n es aludir a aspectos gen�ricos que puedan conducir al bien com�n perseguido mediante la expedici�n de la norma, desde una �ptica ideal del �deber ser�. De forma que, si en un caso y conforme a lo dispuesto por el antes transcrito art�culo 787 del C�digo de Procedimientos Civiles de la entidad, se llegan a dictar -con audiencia del Ministerio P�blico- providencias necesarias para asegurar los bienes de la herencia, en tanto no se presenten los interesados; es claro que la hip�tesis ah� contemplada por el legislador se debi� a que, en el plano de los hechos, existe la posibilidad de que al morir el autor de la sucesi�n los bienes no se est�n detentando f�sicamente por los herederos o quien se llegara a designar albacea, no obstante que tengan derecho a poseerlos, en la forma en que lo dice aquel art�culo 1601 del C�digo Civil, y de ah� que se insista en que la previsi�n hecha en este �ltimo art�culo citado, solamente contempla qui�nes tendr�n aquel derecho a poseer, para que, partiendo de ah�, puedan realizarse por los interesados actividades que eviten que llegue a menoscabarse el haber hereditario. Tan es as�, que designado el interventor a que se refiere el supuesto contenido en el art�culo 787, y entrado que sea en su cargo el albacea que luego se designe, aquel interventor habr� de entregar a dicho albacea los bienes hereditarios. Es decir, de manera a priori, el legislador (ministerio de ley) no hizo otra cosa m�s que -con miras a poder regular el status jur�dico en que lleguen a encontrarse las cosas a la muerte del propietario de esos bienes (cosas o derechos)-, establecer a rango de �deber ser� el que, con relaci�n a la posesi�n de los bienes de la masa hereditaria, ser�n los ejecutores universales y herederos quienes contar�n a su favor con ese derecho a la posesi�n. Deriva de lo antedicho, se insiste, que una cosa es el derecho a la posesi�n de aquellos bienes, y otra muy distinta la detentaci�n material que de los mismos se est� efectuando en el plano f�ctico, pues podr�n suceder casos en que no tengan a su favor los herederos o albaceas aquella posesi�n en raz�n a que el mismo autor de la sucesi�n, en vida, previamente hab�a arrendado el bien mueble o inmueble, o hab�a dado en comodato, o alg�n otro t�tulo legal; inclusive podr�a darse el caso de que terceros no interesados en la herencia estuvieren ocupando bienes que se digan pertenecieron al finado. Concomitantemente a lo explicado y, claro est�, en pro de dilucidar el punto a an�lisis, debe decirse que cuando el legislador alude a la labor de administraci�n que desempe�e el albacea, ya en el juicio sucesorio, parte impl�citamente de la detentaci�n material que para permit�rsele el cumplimiento de ese encargo debe efectuar aqu�l, sobre la masa hereditaria. Ejemplo de esa premisa que emplea el legislador, lo es el art�culo 791 del c�digo procesal civil de la entidad, en donde se impone que el interventor que cesar� en su encargo, entregar� al albacea nombrado los bienes de la herencia sin que por ning�n motivo pueda retenerlos. Detentaci�n que se estima participa de una elemental l�gica si, ya se vio l�neas atr�s, la labor del albacea tambi�n es de conservaci�n del relicto hereditario. Inclusive, el C�digo Civil del Estado de Nuevo Le�n contempla la posibilidad de que el albacea d� en arrendamiento los bienes de la herencia; de donde se sigue que si ese acto jur�dico es de la naturaleza de los traslativos de uso, no podr�a celebrarlo el albacea si previamente no cuenta con la detentaci�n f�sica del bien, para as� luego otorgarla a quien acuerde con �l ser su arrendatario. Pero al lado de esas labores de administraci�n del albacea, el legislador en ning�n modo deja de considerar el derecho que en mancom�n surge a favor de los herederos, sobre los bienes de la herencia, desde el momento mismo de la muerte del de cujus. No obstante, bien valdr�a estimar para efectos jur�dicos que ese derecho -que naturalmente conllevar�a el detentar la cosa cuya titularidad se tiene proindiviso- se aten�a, mientras en el sucesorio no se llegue a la partici�n de la herencia, en la medida en que sea el albacea quien est� en posesi�n material de los bienes de la herencia. As�, coincidiendo en el tr�mite sucesorio tanto las obligaciones propias de la labor del albacea con los derechos que adquieren los que heredan, debe entonces partirse de la debida armon�a de esos dos institutos jur�dicos -albaceas y herederos-, con el fin de resolver las vicisitudes o desacuerdos que lleguen a presentarse entre dichas personas. De manera que si en el juicio natural se adujo por la albacea ahora quejosa que exist�an pasivos �que deb�an cubrirse de la herencia� (adeudos de catastro), as� como que deb�an efectuarse gastos por aval�os, lo que no podr�a sufragar de su peculio dado que, a parte de no ser su obligaci�n, ello resultaba a cargo de la herencia; es claro que si para cubrir esos gastos la albacea ped�a la entrega de uno de los inmuebles ocupado por los herederos con el fin de administrarlo para obtener recursos, esa situaci�n resultaba una cuesti�n que surg�a de modo secundario al tr�mite natural del juicio sucesorio, en s� mismo considerado, de ah� que debi� ventilarse el incidente correspondiente para que justificados los extremos que aduc�a la albacea y tomando en cuenta la defensa que los herederos poseedores desplegaran en ese incidente, el J. de lo Familiar resolviera lo propio. Efectivamente, ya se estableci� dentro de la presente sentencia que aquel art�culo 1601 del C�digo Civil contempla el derecho a la posesi�n de los bienes de la herencia, indistintamente, a favor de ejecutores universales y herederos; lo que conceptu� el creador de la ley desde el plano del �deber ser� que implica la ley, independientemente de lo que en realidad sucediera, en el mundo f�ctico, al momento de la muerte del autor de la herencia. Sin embargo, ni la legislaci�n civil sustantiva ni la ley de enjuiciamiento procesal civil regul� o contempl� expresamente qu� hacer cuando, en el plano de los hechos, dentro del juicio sucesorio aparece que es uno o varios herederos los que poseen materialmente los bienes, no as� el albacea. No obstante, como aun ante el silencio o insuficiencia de la ley no puede dejarse de resolver un litigio, seg�n lo dispuesto en el art�culo 18 del C�digo Civil de la entidad; se estima que una controversia en tal sentido debe ser resuelta en pro de agotar el procedimiento sucesorio, con el fin de no hacerlo eterno, cumpliendo el albacea con las obligaciones a su cargo (administrar) y con la naturaleza de su representaci�n, pero sin dejar de lado el derecho pro-indiviso que a esos bienes tienen a su favor los herederos que ya se encuentran detentando f�sicamente los bienes, y partiendo adem�s de que, efectivamente, los gastos que se ocasionen de aval�os y otras cosas, no pueden obligadamente ser cubiertos del peculio del albacea. R.�ndose lo anterior con la circunstancia de que, si precisamente la ley otorga un derecho a poseer los bienes de la herencia, a los herederos, todo hace sugerir que la l�gica del creador de la ley en ning�n momento parti� de que fueran a da�arse, perderse o dilapidarse los bienes, por los actos que realizan las personas que tienen derecho a su posesi�n. Dicho en otros t�rminos, si los hechos que imperan durante el tr�mite del sucesorio, como en la forma en que sucedi� dentro del juicio natural, revelan que son los coherederos quienes detentan f�sicamente un inmueble objeto de la herencia, en aquel tr�mite incidental que se promueva es que podr� la albacea aqu� quejosa justificar que necesariamente habr� de entreg�rsele esa posesi�n, debido a que realizar� actos que, como lo adujo en el caso concreto, son tendientes a obtener recursos en pro de efectuar los gastos cuya revisi�n tambi�n se�al� caen dentro de su esfera de acci�n; pero respet�ndose el derecho de audiencia de los herederos poseedores, de conformidad con lo estatuido en el art�culo 14 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente dentro de ese mismo tr�mite incidental instado en el juicio sucesorio pues, dadas las especiales caracter�sticas de esta clase de juicios, es que deviene indudable que la audiencia que debe respetarse a los herederos, en lo que ata�e a los derechos que adquieren con la herencia, precisamente se cumple con la debida sustanciaci�n del juicio sucesorio. Debiendo as� el J. resolver la litis incidental, en �nimo de lograr un debido equilibrio entre las obligaciones del albacea y el derecho de los herederos, sin perder de vista la continuaci�n que debe obtenerse en el tr�mite del juicio, donde el sucesorio habr� de llegar hasta la partici�n. Lo anterior porque, si como se dijo al inicio, la naturaleza especial del instituto jur�dico del albacea le implica una representaci�n tanto en favor del autor de la herencia como de los derechos de los herederos (determinados o indeterminados), entonces, no podr�a v�lidamente aceptarse que si el albacea no justifica la necesidad de tener la posesi�n material del inmueble, deba ineludiblemente entreg�rsele el inmueble, en total detrimento de intereses que tambi�n est� obligado a salvaguardar y representar en el procedimiento sucesorio, como lo es el de la detentaci�n f�sica que ya viene realizando, derivado de su derecho proindiviso que sobre el mismo adquirieron los herederos desde el momento de la muerte del autor de la herencia; pues de lo contrario se descontextualizar�a la representaci�n que tambi�n a favor de los derechos viene realizando el albacea, acorde con su naturaleza sui g�neris. Sin perjuicio de que ser� el juzgador, en su caso, al resolver la incidencia que se le plantee, quien previa calificaci�n que haga a la luz de las finalidades del sucesorio citadas, el que podr� o no aceptar las soluciones que para obtener aquellos objetivos lleguen a proponer los herederos poseedores, seg�n se ha puntualizado que en el caso concreto el motivo de la queja que eleva la albacea, sobre la necesidad de administrar la posesi�n del inmueble, se origina porque asegura no existen recursos en la herencia que le permitan cubrir ciertos gastos. Esto �ltimo se determina as� por resultar, a la postre, una conclusi�n que presenta analog�a con la hip�tesis contenida en el numeral 1667 del C�digo Civil para el Estado de Nuevo Le�n, pues dicha norma alude a la existencia de testamento; imponi�ndose transcribir el numeral: �Art�culo 1667. Si el autor de la herencia dispone en su testamento que a alg�n heredero o legatario se le entreguen determinados bienes, el albacea, aprobado el inventario, les entregar� esos bienes, siempre que garanticen suficientemente responder por los gastos y cargas generales de la herencia, en la proporci�n que les corresponda.�. Adem�s, si para cuando el albacea pretende dar en arrendamiento alg�n bien de la herencia por un t�rmino mayor a un a�o, habr� de necesitarse la voluntad de los herederos; se estima que, acorde con ese sentido del legislador reflejado en el art�culo correspondiente, en el caso concreto sucede algo sumamente parecido porque, siendo los coherederos quienes poseen materialmente el inmueble, el albacea no puede motu proprio y sin mayor tr�mite requerir la entrega del bien, dejando de considerar lo que sobre el particular puedan hacer valer esos poseedores, pues no debe olvidarse que estos �ltimos bien pueden estar en detentaci�n de la cosa precisamente por el derecho en mancom�n que les devino desde la muerte del autor de la herencia. Asumir posici�n contraria a lo resuelto con las explicaciones anteriores, ser�a tanto como desconocer precisamente esos derechos que adquieren los herederos, so pretexto de que el albacea simplemente deba tener la posesi�n de los bienes, siendo que el tr�mite sucesorio persigue, en relaci�n directa con los derechos heredados, precisamente la adjudicaci�n que culmine la voluntad del testador y/o de la ley en que se agote la transmisi�n de los bienes de quien muere. No se deja de lado lo que sobre la administraci�n del fondo social, para el caso de existir sociedad conyugal, se contempla en el art�culo 205 del C�digo Civil del Estado; en el sentido de que ser� el c�nyuge sup�rstite quien lleve esa administraci�n, en tanto que el albacea solamente vigilar� la misma, seg�n lo que se indica en el diverso art�culo 842 del c�digo procesal civil. Sin embargo, se estima que, al lado de que esa hip�tesis no se actualiza en la especie, lo ah� contemplado solamente presenta analog�a con el caso concreto, en la medida en que fueron algunos coherederos quienes detentan la posesi�n f�sica (sic) un inmueble, debiendo entregarlo al albacea s�lo para el supuesto de que, conforme a la tramitaci�n incidental antes se�alada, justifique la necesidad de administrarlo con la finalidad de obtener recursos. Todo lo explicado hace entonces considerar, ahora, que devienen infundadas las premisas de la quejosa, al hacerlas derivar inexactamente de lo dispuesto en los art�culos 205 y 1601 del C�digo Civil de Nuevo Le�n. No escap� al an�lisis emprendido por esta autoridad la cita que realiz� la quejosa dentro de su segundo concepto violatorio, de los precedentes emitidos por la extinta Tercera de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, siendo los siguientes: Quinta �poca. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. Tomo: LXXIII. P�gina: 1710. �ALBACEAS, FUNCIONES DE LOS. Los art�culos 1288 y 1704 del C�digo Civil del Distrito Federal, reconocen los derechos de propiedad y posesi�n de los herederos, como copart�cipes en la masa com�n; pero en tanto que �sta no sea aplicada en la parte que le corresponda a cada uno de ellos, el ejercicio de los derechos de la sucesi�n, al igual que la posesi�n y administraci�n de los bienes, se ejercen por el albacea de la misma y no por los herederos, individualmente considerados.� (se transcriben datos del precedente). Quinta �poca. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. Tomo: LXXIII. P�gina: 1133. �HEREDEROS, POSESI�N DE LOS. Cuando una persona posee los bienes sucesorios con su car�cter de heredero, sin tener otro t�tulo en que fundar su posesi�n, est� obligado a hacer la entrega de ellos, al albacea nombrado, porque con arreglo a la ley, es a dicho albacea a quien corresponde la posesi�n de los bienes hereditarios, desde el momento de la muerte del autor de la herencia; de manera que la orden que da un J., a quien se dice heredero, para que entregue al albacea los bienes que posee a t�tulo de herencia, no viola derecho alguno del heredero, o presunto heredero, y, por tanto, no infringe el art�culo 14 constitucional.� (se transcriben datos de los precedentes). Quinta �poca. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. Tomo: XXXV. P�gina: 100. �HEREDEROS, POSESI�N DE LOS. Cuando una persona posee los bienes sucesibles, con su car�cter de herederos, sin tener otro t�tulo en que fundar su posesi�n est� obligado a hacer la entrega de ellos, al albacea nombrado, porque con arreglo a la ley (art�culo 3726 del C�digo Civil de Tamaulipas) es a dicho albacea a quien corresponde la posesi�n de los bienes hereditarios, desde el momento de la muerte del autor de la herencia; de manera que la orden que da un J., a quien se dice heredero, para que entregue al albacea los bienes que posee a t�tulo de herencia, no viola ning�n derecho del heredero, o presunto heredero, y, por tanto, no infringe el art�culo 14 constitucional.� (se transcriben datos del precedente). Empero, las tesis transcritas, en primer lugar, no devienen de observancia obligatoria a este Tribunal Colegiado, pues se tratan todos de criterios aislados que no integran jurisprudencia, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 192 de la Ley de Amparo. En segundo lugar, no reflejan un an�lisis exhaustivo sobre los t�picos que concurren en torno al tema a dilucidar y, adem�s, en la segunda y tercera tesis que cita la quejosa, s�lo se llega a mencionar que ser� al albacea a quien corresponde la posesi�n de los bienes, mientras que en la legislaci�n civil sustantiva de Nuevo Le�n, ya se ha visto con anterior (sic), se alude en igualdad de condiciones a los herederos y ejecutores universales, en t�rminos del art�culo 1601 del C�digo Civil. Sin que valgan en beneficio de la quejosa las argumentaciones que propone, parafraseando una tesis aislada del Tercero Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, sustentada al resolver el amparo en revisi�n 290/88, del rubro: �SUCESIONES, POSESI�N DE LOS BIENES DE LAS (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE JALISCO).�; pues adem�s de que se trata de un criterio aislado, que por cierto no obliga a este tribunal por tratarse de un �rgano jurisdiccional de igual jerarqu�a, la soluci�n jur�dica ah� contenida se limita a se�alar la calidad de poseedor derivado del albacea, sin emitir un an�lisis jur�dico de todo lo que gira alrededor de las obligaciones del albacea, como el realizado en l�neas atr�s por este Pleno. Por lo mismo, es decir, debido a que aquel precedente se trat� de un criterio aislado, es que tampoco podr�a reproch�rsele a la autoridad responsable el que no lo hubiese atendido necesariamente. Es verdad que el J. de lo Familiar responsable no realiz� el estudio jur�dico que en la presente sentencia se ha vertido; sin embargo, tampoco es el caso de otorgar a favor de la quejosa la reparaci�n constitucional si, aunque de distinta forma, el J. responsable, mediante el auto que confirm� en su resoluci�n de revocaci�n, no obsequi� la pretensi�n del albacea. Es decir, a la postre no viol� garant�as en perjuicio de la quejosa aquella decisi�n de la autoridad, si de todas formas, seg�n lo explicado l�neas anteriores, no hubiera estado en aptitud y oportunidad de ordenar en un auto de tr�mite la entrega del inmueble al albacea, acorde con la necesaria tramitaci�n incidental de que aqu� se ha hablado. De forma que, solamente en esa cuesti�n incidental, es que el albacea podr� instar lo conducente, otorgando el juzgador la garant�a de audiencia a los coherederos poseedores. Por otro lado, siguiendo con las explicaciones jur�dicas anteriormente vertidas aqu�, resulta verdad que no debi� v�lidamente sostenerse por la responsable que s�lo de estarse dilapidando los bienes era que proced�a requerir la entrega del inmueble a las coherederas que lo poseen; sin embargo, ya se explic� tambi�n que, si lo que plantea la albacea debi� tramitarse en v�a incidental, no se impone entonces otorgar la protecci�n federal para que la responsable se abstenga de aquella opini�n, si de todas formas no ser� en un prove�do donde haga la calificaci�n de la cuesti�n secundaria que ocurri� aduciendo la albacea. En consecuencia, est�n o no justificadas en el tr�mite sucesorio las imputaciones que hace a dichas coherederas, esas citaciones deber� plantearlas, en la v�a apuntada, al juzgador del sucesorio. Por �ltimo, ninguna trascendencia trae al caso la referencia que se hace sobre la indivisi�n de los bienes, si el planteamiento del caso concreto no alude a ese tema, en s� mismo considerado. El tercer concepto de violaci�n, deviene inoperante en una parte e infundado en otra. Es cierto que la tesis que sustent� el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Primer Circuito, de rubro: �ALBACEAS. NO ES NECESARIA LA POSESI�N MATERIAL DE LOS BIENES HEREDITARIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE MICHOAC�N).�, no se trata de una jurisprudencia, sino de una tesis aislada, pues no aparece que presente cinco precedentes o ejecutorias la fuente de donde deriv� esa sinopsis. Sin embargo, deviene inoperante el cuestionamiento que en ese sentido se vierte, si se considera que, aplicada o no por la responsable aquella tesis aislada, de todas formas no hubiera podido obsequiar la pretensi�n de la quejosa, en la forma en que se ha explicado en esta ejecutoria. Por lo mismo es que irrelevante resulte entonces el que s� hubiera la quejosa combatido debidamente las consideraciones del auto recurrido en revocaci�n, si ya se sabe a qu� resultado se llegar�a. El resto de los planteamientos que propone la peticionaria devienen infundados, en la medida en que pr�cticamente se circunscribe a proponer el porqu� debi� otorg�rsele la raz�n por parte de la responsable, en cuanto a entreg�rsele la posesi�n del inmueble que ocupan f�sicamente las coherederas; sin embargo, ocioso se torna efectuar un espec�fico y reiterativo pronunciamiento a cada una de las argumentaciones que as� se elevan, si ya en un estudio jur�dico anterior (no meramente ling��stico como lo dice la quejosa), este Tribunal Colegiado determin� la v�a incidental, finalidades del juicio sucesorio, instituciones jur�dicas que por estar en juego deben considerarse conjuntamente, y la calificaci�n que del caso concreto habr� de realizar el J. responsable, en su caso, para resolver lo que corresponda. Inclusive, ya se dijo lo propio sobre lo err�neo de la premisa sobre el por qu� solamente proceder�a la entrega del bien, de estarse dilapidando los bienes. Quedando solamente agregar que la tesis aislada que sustent� el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 165/96, de rubro: �ALBACEA. A �L LE CORRESPONDE LA POSESI�N DE LOS BIENES DE LA HERENCIA.�; tampoco beneficia a la quejosa, en la medida en que, adem�s de tratarse de un criterio aislado de un tribunal de la misma jerarqu�a que el que resuelve, las razones y fundamentos que revela el texto de la tesis no presentan una soluci�n jur�dica sustentada en un an�lisis como el vertido por este Pleno, l�neas anteriores. No obstante lo cual, se considera que la soluci�n jur�dica que de manera conclusiva se vierte en esa tesis del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, diverge por completo del criterio que sobre el tema se sustenta en la presente resoluci�n; por lo tanto, con fundamento en el �ltimo p�rrafo del art�culo 196, en relaci�n con el diverso numeral 197-A, ambos de la Ley de Amparo, por conducto de la presidencia de este tribunal, den�nciese ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n la contradicci�n de criterios de referencia, a fin de que se resuelva lo que en derecho proceda respecto a la denuncia que se ordena."

  1. Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver con fecha treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y seis, el juicio de amparo directo n�mero 165/96, determin�, en lo que interesa, lo siguiente:

QUINTO

Los conceptos de violaci�n que expresa la sucesi�n de ... son parcialmente fundados, supliendo su deficiencia como lo solicita su albacea en la parte final de su demanda de amparo. Lo anterior es as�, ya que la imputaci�n que realiza la quejosa a la Sala responsable en el sentido de que indebidamente resolvi� sobre la reivindicaci�n del inmueble que constituye el acervo hereditario, sin que ella hubiere ejercitado tal acci�n, carece de sustento jur�dico, al observarse de la sentencia que constituye el acto reclamado en el presente juicio de garant�as, que en ninguno de sus considerandos sustenta tal aserto; y s�, por el contrario, en contestaci�n al segundo agravio que plantearon los enjuiciados les manifest� que era infundado, porque la actora no promovi� la acci�n reivindicatoria, precisando concretamente sobre este punto de la litis lo siguiente: �III. El segundo agravio es infundado toda vez que de las constancias procesales, las cuales tienen valor probatorio pleno en t�rminos de los art�culos 327, fracci�n VIII, y 403 del ordenamiento adjetivo en cita, no se desprende que la acci�n intentada por el albacea de la sucesi�n actora sea la reivindicatoria, sino una acci�n personal que, como lo sostuvo el sentenciador en el tercer considerando, no tiene un procedimiento especial, y que, por lo tanto, se intent� en la v�a adecuada, que es la ordinaria, en atenci�n a lo dispuesto en los art�culos 2o. y 25 del multicitado c�digo; y ante tal evento es inconcuso que la demandante no ten�a obligaci�n de se�alar la superficie, linderos y colindancias del inmueble litigioso como lo ordena la jurisprudencia que la apelante transcribe en el agravio en an�lisis, pues ello �nicamente hubiera sido necesario en el caso de que se hubiere ejercitado la acci�n real de reivindicaci�n.�; por lo que, si de acuerdo con lo transcrito queda de manifiesto que no es verdad lo que le atribuye la inconforme a la ad quem responsable, debe calificarse el concepto de violaci�n que se estudia como infundado. Tampoco le asiste la raz�n a la amparista por lo que se refiere a la reclamaci�n que formula en torno al pago de una renta a cargo de los terceros perjudicados por la detentaci�n del bien que constituye la masa hereditaria, porque aun cuando es indiscutible que los enjuiciados se encuentran en posesi�n de ese bien y no as� el resto de los herederos, eso no genera la obligaci�n a su cargo de pagar una prestaci�n de tal naturaleza, porque no puede desconocerse que al ser coherederos de la sucesi�n a bienes de ... y haberles sido adjudicado dicho bien en la proporci�n que les corresponde, lo que se constata de la sentencia de dieciocho de junio de mil novecientos noventa y dos (fojas 11 a 14 del expediente de primera instancia), con excepci�n de ... no puede exig�rseles el pago de esa prestaci�n a quienes son titulares del derecho de propiedad junto con el resto de los coherederos, tal como correctamente lo sustent� la ad quem responsable, siendo err�neo que en la especie los coherederos demandados carezcan de un t�tulo o causa que determine su posesi�n gratuita, ya que �ste deviene del car�cter que ha quedado especificado, sin que por lo dem�s se pueda admitir que esta prestaci�n se deba considerar como una compensaci�n o una indemnizaci�n por da�os y perjuicios ocasionados al bien inmueble por falta de mantenimiento, como lo aduce la albacea de la sucesi�n quejosa en su demanda de garant�as, ya que de la litis planteada en el juicio natural se observa que la actora reclam� de los terceros perjudicados como prestaciones diversas, el pago de una prestaci�n rent�stica, porque en su opini�n los enjuiciados est�n obteniendo un beneficio en perjuicio de los dem�s coherederos (prestaci�n marcada con el inciso B), en relaci�n con el hecho quinto de su escrito de demanda), as� como el pago de da�os y perjuicios que en su opini�n se causaron al bien disputado, como consecuencia del deterioro generado por los demandados, as� como los perjuicios causados �... al no poder disponer en renta del mismo y obtener ganancias comunes ...� (prestaci�n marcada con el inciso C), en relaci�n con el hecho sexto de su escrito de demanda). En consecuencia, al haber reclamado diversas prestaciones, no es dable considerar que las rentas que pretende la quejosa le sean cubiertas por sus contrapartes, sean en concepto de da�os y perjuicios, m�xime que por lo que respecta a estos �ltimos, fueron absueltos los terceros perjudicados en primera instancia, sin que la sucesi�n amparista apelara en contra de esa resoluci�n, quedando firme por lo que respecta a ese punto, lo que a su vez permite constatar que el pago de da�os y perjuicios, y el de las rentas a cargo de los coherederos demandados, se reclamaron como prestaciones diferentes entre s�. No obstante la carencia de fundamento de los anteriores motivos de inconformidad, este Tribunal Colegiado advierte que se conculcan las garant�as individuales de la amparista por la ad quem responsable, al haber resuelto que era improcedente su petici�n en el sentido de que los terceros perjudicados desocuparan y entregaran, el �nico bien que constituye el acervo hereditario de la sucesi�n a bienes de ... a su albacea ... toda vez que �ste al ejercer tal funci�n es el leg�timo representante de aqu�lla (art�culo 1706, fracci�n VIII, del C�digo Civil), y conforme a ello tiene la obligaci�n de asegurar los bienes de la herencia, de acuerdo con lo ordenado por ese mismo art�culo, en su fracci�n II; de ah� que al haber formulado la petici�n de entrega del bien inmueble disputado, lo procedente era que se resolviera favorablemente su petici�n, lo que no implica que se limite o viole alg�n derecho de los herederos, los cuales tendr�n la facultad de hacerlos valer a trav�s de las v�as y acciones que procedan, sin que lo anterior se pueda considerar desvirtuado por el hecho de que, los enjuiciados tengan la posesi�n del bien disputado, aun antes de que falleciera el autor de la sucesi�n, en virtud de ser c�nyuge e hijos del de cujus, respectivamente, pues tampoco se puede desconocer que a su muerte se abri� el juicio sucesorio correspondiente con el objeto de adjudicar a todos y cada uno de los herederos, en la proporci�n a que ten�an derecho, el bien materia de la sucesi�n, y el albacea, como su representante, es a quien corresponde la posesi�n de los bienes hereditarios, implicando la resoluci�n adoptada por la ad quem responsable, el desconocimiento de los derechos de los dem�s coherederos, a poseer el bien disputado a trav�s del albacea designado, debiendo aplicarse en la especie las tesis sustentadas por el m�s Alto Tribunal de la Federaci�n, que a la letra dice: �SUCESIONES. HEREDEROS, POSESI�N DE LOS. La orden que da un J. a quien se dice heredero para que entregue al albacea los bienes a t�tulo de herencia, no viola ning�n derecho del heredero, o presunto heredero, y, por tanto, no infringe el art�culo 14 constitucional.� (se transcriben datos de identificaci�n). �BIENES SUCESORIOS, POSESI�N DE LOS. Aun en el supuesto de que los herederos tengan en su poder los bienes sucesorios, tal tenencia en concepto de herederos, no puede legalmente oponerse a la orden del J. de la sucesi�n, que manda entregar los bienes de la misma, al albacea respectivo, porque la ley dispone, de manera expresa, que la posesi�n de los bienes hereditarios se transmita a los albaceas, quienes deben poseerlos en nombre de los herederos.� (se transcriben datos de identificaci�n). �HEREDEROS, POSESI�N DE LOS. Cuando una persona posee los bienes sucesorios con su car�cter de heredero, sin tener otro t�tulo en que fundar su posesi�n, est� obligado a hacer la entrega de ellos, al albacea nombrado, porque con arreglo a la ley, es a dicho albacea a quien corresponde la posesi�n de los bienes hereditarios, desde el momento de la muerte del autor de la herencia; de manera que la orden que da un J., a quien se dice heredero, para que entregue al albacea los bienes que posee a t�tulo de herencia, no viola derecho alguno del heredero, o presunto heredero, y, por tanto, no infringe el art�culo 14 constitucional.� (se transcriben datos de identificaci�n). Cabe agregar, supliendo la queja deficiente de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 76 Bis de la Ley de Amparo, que el J. de primer grado consider� procedente la acci�n principal ejercitada en cuanto a la desocupaci�n y entrega del inmueble, por lo siguiente: �Con relaci�n a la primera de las prestaciones, debe estimarse acreditada la pauta que gener� el ejercicio de la acci�n, ya que de los documentos exhibidos con la demanda, aparece en forma indubitable que el bien materia de la reclamaci�n fue propiedad del de cujus, y por otra parte, que el suscriptor de la demanda es leg�timo representante de la sucesi�n actora y en los t�rminos del art�culo 1706 fracciones II y VII (sic), el albacea de la sucesi�n tiene obligaci�n del aseguramiento de los bienes de la herencia y representar a la sucesi�n en todos los juicios que hubieren de promoverse en su nombre o que se promovieren en contra de �l�; sin que en los agravios los demandados apelantes hubiesen desvirtuado tal consideraci�n, ya que en los dos primeros y en el quinto, s�lo se dijo que se hab�a invocado el art�culo 182 del C�digo de Procedimientos Civiles, que versaba sobre la recusaci�n, mas no a la relaci�n existente entre las partes, y que no se hab�an precisado las medidas y linderos del inmueble a reivindicar, resultando improcedente la entrega del inmueble por no haber demostrado la identidad, como un elemento de la acci�n reivindicatoria, y en los agravios tercero y cuarto, que la Sala responsable declar� fundados, se impugna la condena impuesta al pago de rentas y la valoraci�n de la prueba confesional a cargo del representante de la sucesi�n actora; pero nada dijeron respecto a que los dem�s coherederos �... no reclaman ning�n derecho derivado de su deseo de poseer el inmueble controvertido, sino que lo que pretenden es que los dem�s coherederos lo desocupen, para as� estar en aptitud de venderlo, pero debe decirse que ello es totalmente improcedente si se tiene que el derecho de propiedad se constituye por el ius utendi, ius fruendi y ius abutendi, y aun cuando este �ltimo se ve limitado en trat�ndose de copropiedad, dado que se limita a que los dem�s copropietarios est�n de acuerdo en disponer del bien, ya sea para su venta, alquiler, etc�tera, en el caso a estudio no puede reclamarse la desocupaci�n a quien tiene derecho a poseerlo en forma originaria ...�, como lo consider� el tribunal responsable, sin que en los agravios se hubieran se�alado por los apelantes las causas de improcedencia de la acci�n que indica dicha autoridad, la que por ese motivo no pod�a haber declarado la improcedencia de la acci�n, en cuanto a la prestaci�n mencionada, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina 16 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, N�mero 54, junio de 1992, que dice: �ACCI�N. EL ESTUDIO DE SU IMPROCEDENCIA POR EL TRIBUNAL DE APELACI�N NO PUEDE HACERSE SI EN LOS AGRAVIOS NO SE PROPORCIONAN LAS BASES PARA ELLO. Si bien esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en jurisprudencia definida ha reconocido las facultades del juzgador de primera instancia para examinar de oficio la improcedencia de la acci�n, cabe aclarar que el tribunal de apelaci�n s�lo puede emprender ese examen, siempre y cuando en el pliego de agravios sometidos a su consideraci�n, se haga valer la correspondiente inconformidad y se proporcionen las bases suficientes para que establezca cu�les requisitos de la acci�n dejaron de cumplirse, o sea, que en la segunda instancia s�lo pueden examinarse los elementos de la acci�n y los hechos constitutivos de la misma, a la luz de los agravios respectivos.�. En base a lo expuesto con anterioridad y al ser parcialmente fundados los conceptos de violaci�n que han sido objeto de an�lisis, procede conceder la protecci�n constitucional que reclama la quejosa, para el efecto de que la Sala responsable, dejando insubsistente el fallo reclamado, pronuncie otro en el que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, declare procedente la acci�n principal intentada, �nicamente por lo que respecta a la desocupaci�n y entrega del bien que constituye el acervo hereditario de la sucesi�n peticionaria de garant�as, debiendo subsistir la condena impuesta a dicha sucesi�n, consistente en pagar las cantidades que los enjuiciados cubrieron por concepto de impuesto predial, por no haber sido materia de impugnaci�n en el presente juicio de garant�as."

El anterior criterio origin� la siguiente tesis aislada:

Novena �poca

Instancia: Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

Tomo: III, marzo de 1996

Tesis: I.5o.C.35 C

P�gina: 876

ALBACEA. A �L LE CORRESPONDE LA POSESI�N DE LOS BIENES DE LA HERENCIA. Conculca la garant�a de legalidad de la quejosa el tribunal de alzada al haber resuelto que era improcedente su petici�n de que los herederos demandados desocuparan e hicieran entrega del bien inmueble que constituye el acervo hereditario de la sucesi�n actora, a su albacea, por tener aqu�llos derecho de copropiedad respecto de dicho inmueble; ya que �ste, al ejercer tal funci�n, es el leg�timo representante de la sucesi�n, de acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 1706, fracci�n VIII, del C�digo Civil para el Distrito Federal, y por tanto, tiene la obligaci�n de asegurar los bienes de la herencia, de conformidad con lo ordenado en la fracci�n II del precepto citado. En consecuencia, lo procedente era resolver favorablemente la referida petici�n del albacea, sin que ello signifique que se limite o viole alg�n derecho de los herederos, quienes, en todo caso, tendr�n la facultad de hacerlos valer a trav�s de las v�as y acciones que procedan, y tampoco lo anterior se puede considerar desvirtuado por el hecho de que los enjuiciados tengan la posesi�n del bien ra�z en controversia aun antes de que falleciera el autor de la sucesi�n, por ser c�nyuge e hijos del de cujus, respectivamente, dado que no se puede desconocer que a la muerte del autor de la herencia, se abri� el juicio sucesorio correspondiente con el objeto de adjudicar a todos y cada uno de los herederos, en la proporci�n a que ten�an derecho, el bien materia de la sucesi�n, y el albacea, como su representante, es a quien corresponde la posesi�n de los bienes hereditarios, implicando la resoluci�n adoptada por el ad quem, el desconocimiento de los derechos de los dem�s coherederos a poseer el bien disputado, a trav�s del albacea designado."

CUARTO

Como una cuesti�n previa, cabe precisar que esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al interpretar los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, ha considerado que dichos preceptos regulan lo relativo a la contradicci�n de tesis sobre una misma situaci�n jur�dica como forma o sistema de integraci�n de jurisprudencia, y que por tesis, debe entenderse la posici�n que, manifestada mediante una serie de proposiciones que se expresan con el car�cter de propias, adopta el tribunal en la soluci�n de un negocio jur�dico.

Asimismo, este Alto Tribunal ha considerado que para que exista materia a dilucidar respecto a un criterio que prevalezca, debe existir cuando menos formalmente, una oposici�n de criterios jur�dicos en los que se controvierta la misma cuesti�n; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicci�n denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas, vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las fuentes primordiales de las tesis que sustentan los �rganos jurisdiccionales.

En otros t�rminos, se da la contradicci�n anterior, cuando concurran los siguientes supuestos:

  1. Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes.

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas.

  3. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Al respecto, es aplicable la siguiente jurisprudencia:

Novena �poca

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

Tomo: XIII, abril de 2001

Tesis: P./J. 26/2001

P�gina: 76

CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

En el caso, s� existe contradicci�n de tesis, al encontrarse actualizados los supuestos aludidos, en atenci�n a lo siguiente:

  1. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito sostuvo en esencia que no es necesario que el albacea detente la posesi�n material de los bienes hereditarios para el buen desempe�o de sus funciones, pues si bien es cierto que cuando el legislador alude a la labor de administraci�n que desempe�a el albacea, ya en el juicio sucesorio, parte impl�citamente de la detentaci�n material sobre la masa hereditaria que dicho albacea debe efectuar para el cumplimiento de su encargo, tambi�n lo es que no deja de lado el derecho mancomunado que surge a favor de los herederos sobre dicha herencia, sino que �nicamente lo aten�a hasta que no se llegue a la partici�n de la misma, en la medida en que sea el albacea el que est� en posesi�n material de los bienes.

    Que en la especie los coherederos detentaban f�sicamente el inmueble objeto de la herencia, por lo que determin� que es menester que el albacea promueva un incidente en el juicio sucesorio, en el que justifique las razones del por qu� considera que necesariamente habr� de entreg�rsele esa posesi�n para el buen desarrollo de sus funciones, debiendo as� el J. resolver la litis incidental con el �nimo de alcanzar un equilibrio entre las obligaciones del albacea y los derechos de los herederos; es decir, se alude a la igualdad de condiciones de los herederos y ejecutores universales en t�rminos del art�culo 1601 del C�digo Civil de Nuevo Le�n.

    As�, sostiene que si bien al albacea se le entregar�n los bienes sucesorios, al ser el representante de la sucesi�n est� facultado para pedir el aseguramiento de los bienes de la herencia; tambi�n es verdad que cuando dichos bienes son pose�dos por los herederos, el juzgador debe ponderar si la entrega de la posesi�n de los bienes sucesorios al albacea resulta indispensable, considerando que los coherederos tienen la posesi�n leg�tima respecto de los mismos.

    Lo anterior, con base en que la herencia es la sucesi�n en todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte, siendo que el heredero adquiere a t�tulo universal y responde de las cargas de la herencia hasta donde alcance la cuant�a de los bienes que hereda, de donde se sigue que a la muerte del autor de la sucesi�n, los herederos adquieren derechos a la masa hereditaria como a un patrimonio com�n, mientras no se hace la divisi�n, atendiendo a que el derecho a la posesi�n de los bienes hereditarios se transmite por ministerio de ley, a los herederos y a los ejecutores universales, desde el momento de la muerte del autor de la herencia; y que en virtud de que en el caso est� demostrado en autos que los coherederos del autor de la sucesi�n son leg�timos poseedores de los bienes, derechos y obligaciones de aqu�l, es claro que no se les puede privar de la posesi�n material que disfrutan de dichos bienes, para entregarla al albacea, pues con ello se violar�an sus garant�as individuales como poseedores leg�timos.

  2. Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostiene el criterio de que corresponde al albacea, como representante de la sucesi�n, la posesi�n de los bienes hereditarios, aun cuando los herederos a la muerte del autor de la herencia tengan la posesi�n de dichos bienes, al estimar procedente la desocupaci�n por parte de los herederos y entrega al albacea del bien que constituye el acervo hereditario de la sucesi�n, en virtud de que dicho albacea al ejercer tal funci�n es el leg�timo representante de aqu�lla, en t�rminos del art�culo 1706, fracci�n VIII, del C�digo Civil para el Distrito Federal, y conforme a ello tiene la obligaci�n de asegurar los bienes de la herencia de acuerdo a lo ordenado en la fracci�n II del mencionado precepto legal, con lo que no se limita o viola alg�n derecho de los herederos, quienes en su caso, tendr�n la facultad de hacerlos valer a trav�s de las acciones y v�as que procedan.

    De esta manera, en relaci�n con la existencia de la contradicci�n de tesis, se aprecia que a pesar de que los Tribunales Colegiados analizaron, en esencia, iguales cuestiones jur�dicas y examinaron elementos coincidentes, adoptaron posturas divergentes, pues arribaron a conclusiones opuestas.

    No es obst�culo para resolver la presente contradicci�n de tesis, la circunstancia de que los criterios en contraposici�n no constituyan jurisprudencia, porque los art�culos 107, fracci�n XIII, p�rrafos primero y tercero, de la Constituci�n Federal, y 197-A de la Ley de Amparo que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito.

    Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, cuyos datos de localizaci�n, rubro y texto son los siguientes:

    Novena �poca

    Instancia: Pleno

    Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    Tomo: XIII, abril de 2001

    Tesis: P./J. 27/2001

    P�gina: 77

    CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. El vocablo �tesis� que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresi�n de un criterio que se sustenta en relaci�n con un tema determinado por los �rganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideraci�n, sin que sea necesario que est� expuesta de manera formal, mediante una redacci�n especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificaci�n del asunto en donde se sostuvo y, menos a�n, que constituya jurisprudencia obligatoria en los t�rminos previstos por los art�culos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicci�n de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuesti�n por S. de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

    En esas condiciones, al existir la oposici�n de criterios denunciada, el tema central de la presente contradicci�n de tesis consiste en determinar si derivado de la muerte del autor de la herencia, la posesi�n de los bienes objeto de la masa hereditaria corresponde a los herederos o al albacea.

QUINTO

Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia, el criterio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que enseguida se establece.

El punto materia de la contradicci�n consiste en determinar si derivado de la muerte del autor de la herencia, la posesi�n de los bienes objeto de la masa hereditaria corresponde a los herederos o al albacea.

En primer lugar, conviene mencionar que, en relaci�n con la instituci�n jur�dica del albaceazgo, esta Primera Sala en la ejecutoria de la contradicci�n de tesis n�mero 36/99, fallada en sesi�n del d�a veinticuatro de enero de dos mil uno, estableci� su naturaleza jur�dica, as� como los derechos y obligaciones de su representaci�n, en las consideraciones de la ejecutoria citada, en s�ntesis, se estableci�:

Que al albacea se le ha definido como la representaci�n legal ejercida por una o varias personas que en el ejercicio de su cargo desarrollan la funci�n de administrar los bienes del de cujus, de conformidad con las normas preestablecidas para tal efecto por el legislador, encarg�ndose de la realizaci�n de todos los actos tendientes a la conservaci�n, administraci�n y adjudicaci�n de los bienes del acervo hereditario, de conformidad con lo dispuesto en la disposici�n testamentaria existente, o bien, en t�rminos de la acreditaci�n de derechos hereditarios en trat�ndose de un juicio sucesorio intestamentario.

Que en cuanto a su naturaleza jur�dica, existen discrepancia y diversas posiciones, sin embargo, la mayor�a de la doctrina y este Supremo Tribunal, lo califican como una instituci�n jur�dica equiparada al mandato; esto es, la consideran como una relaci�n jur�dica de representaci�n, existiendo no pocos opositores que la cuestionan, puesto que el albaceazgo no puede constituir propiamente un mandato en raz�n de que esta clase de relaci�n contractual es un acto que se celebra inter vivos, esto es, que se caracteriza por la coexistencia del mandante y del mandatario.

Que se argumenta en contrario, que la tesis de la representaci�n es nada satisfactoria, dado que al no existir ya el de cujus, �ste carece de estatus jur�dico, pues nuestro derecho le da tratamiento de un objeto, el cual jur�dicamente no puede ser representado; que otros autores estiman que el albaceazgo es una situaci�n jur�dica, an�loga mas no id�ntica, a la del defensor judicial de menores o la del tutor; pero hay quienes consideran al albacea como una instituci�n jur�dica especial, sui g�neris.

Que otros sostienen una postura ecl�ctica, seg�n la cual, el albacea es el titular de un cargo, y adem�s es el representante de la masa hereditaria, aceptando que esta dualidad se da cuando el ejecutor recibe el poder de que est� investido y su cargo de manos del de cujus, as� como el representante recibe su poder de manos de su representado y debe actuar como �rgano de su voluntad; por consiguiente, tambi�n el albacea tiene limitado el poder que le confiere el cargo y no puede actuar eficazmente fuera de los l�mites que le han sido impuestos; y que al igual que un representante legal, con su actuaci�n s� puede llegar a afectar la esfera jur�dica o patrimonio de los herederos.

Que esta �ltima postura, s�lo muestra el car�cter sui g�neris que tiene el albacea en la ejecuci�n sucesoria, y algunos autores, al tratar de dilucidar el problema de su representaci�n, esto es, si representa al de cujus o a los herederos, se�alan que es l�gico reconocer que el encargo de albacea entra�a indudablemente una representaci�n, pero una representaci�n al estilo de los �rganos o funcionarios p�blicos, y que en todo caso se trata de una representaci�n de intereses implicados en la herencia, los cuales, seg�n el contenido del testamento ser� no s�lo de los herederos y legatarios, sino tambi�n, de otros favorecidos no obstante lo indeterminado que �stos sean.

Que el ejecutor testamentario es el destinatario de una voluntad que le impone ciertos deberes y le otorga, al mismo tiempo, determinadas atribuciones, pues act�a en el ejercicio de una funci�n para la cual no es necesaria su designaci�n por parte del Estado; pero otros autores, no aceptan que el albacea pueda ser un representante del testador, en atenci�n a que toda representaci�n exige tanto jur�dica como l�gicamente que existan el representado y el representante, y sostener lo contrario, es tanto como elaborar una ficci�n no acorde a la realidad l�gica y jur�dica, pues toda posici�n que se pretenda al respecto debe reconocer que tanto el albacea testamentario como el leg�timo tienen una representaci�n funcional, pues representan tanto a los herederos, como a los legatarios y a los acreedores de la herencia.

Que es justo reconocer al albacea la titularidad y desempe�o de una funci�n p�blica, pues parad�jicamente, no obstante tratarse de una funci�n privada en el sentido tradicional de la palabra, reviste del m�s alto inter�s social; adem�s de encontrarse dotado por el legislador civil de las atribuciones necesarias para la defensa eficaz de todos los intereses leg�timos que se deriven de la sucesi�n.

Que en nuestro derecho positivo, al cargo de albacea se le impone una serie de obligaciones que enuncia el C�digo Civil para el Distrito Federal en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia Federal, en los art�culos 1705 al 1737, entre ellas, destacan:

  1. Ejercitar todas las acciones judiciales que pertenecieron al autor de la herencia y que no se extinguieron con su muerte (art�culo 1705).

  2. O. todas las excepciones que hubiese hecho valer el autor de la herencia, en aquellos casos en los que se demande a los sucesores del de cujus con motivo del acervo hereditario (art�culo 1706, fracciones VII y VIII).

  3. Asegurar todos los bienes dejados por el autor de la herencia, para evitar as�, que personas sin escr�pulos se apoderen en forma indebida de alg�n o algunos bienes (art�culo 1706, fracci�n II).

  4. Verificar los inventarios de los bienes que formen el acervo hereditario, y al mismo tiempo debe administrarlos, sin que ello signifique que tenga facultades de disposici�n sobre los mismos (art�culo 1706).

  5. Promover el juicio sucesorio en todas sus etapas procedimentales hasta alcanzar la partici�n y adjudicaci�n de la masa hereditaria a los herederos.

    Que de lo anterior se colige, y as� lo ha estimado este Alto Tribunal, que el albacea en el derecho mexicano asume la representaci�n legal del autor de la herencia y de los herederos, aceptando la existencia de una representaci�n sui g�neris, ya que no existe el estatus jur�dico de uno de los representados, como lo es el de cujus; sin embargo, es frecuente en nuestro sistema jur�dico, principalmente, en la rama del derecho privado, que el legislador acuda al mundo del deber ser para crear ficciones legales estableciendo instituciones jur�dicas especiales que se dan y producen sus efectos en el mundo del ser, a fin de cubrir necesidades o dar soluciones a problem�ticas reales, citando entre ellas y a manera de ejemplo la creaci�n de las personas morales como entes que tienen personalidad jur�dica propia, con derechos y obligaciones independientes de las personas f�sicas que las integran, as� como tambi�n patrimonio propio, y otras cualidades jur�dicas.

    Que esas calidades de administrador y de representante legal a que se ha hecho referencia, son reconocidas al albacea en nuestro derecho privado, as� como en diversos criterios de este Alto Tribunal, de los cuales se citan los contenidos en las tesis con los rubros de: "ALBACEA." (tesis aislada del Tribunal Pleno, visible en la p�gina ochocientos setenta del Tomo XIV de la Quinta �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n); "ALBACEAS, ACTOS DE ADMINISTRACI�N DE LOS." (tesis aislada de la anterior Tercera Sala, visible en la p�gina catorce del Tomo XLVI de la Quinta �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n); "ALBACEAS, FACULTADES DE LOS." (tesis de jurisprudencia n�mero 32, visible en la p�gina veintiuno del Tomo IV, Parte SCJN, Materia Civil, Segunda Sala, Quinta �poca del Ap�ndice de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federaci�n); y "ALBACEAS, OBLIGACIONES DE LOS." (tesis aislada de la anterior Tercera Sala, visible en la p�gina ciento noventa y uno del Tomo XLVI de la Quinta �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n).

    Que por consiguiente, el cargo de albacea en nuestro derecho vigente, reviste una significativa importancia, debiendo recordarse que su comportamiento en relaci�n con los bienes del acervo hereditario debe ser equiparable al de un pater familias romano, pues se encarga de realizar todos los actos tendientes a conservar, administrar y adjudicar los bienes del de cujus.

    Que si al cargo de albacea en nuestro sistema jur�dico se le reconoce una funci�n p�blica, no obstante, tratarse de una instituci�n netamente privada, en la que el Estado, en este caso representado por las autoridades judiciales competentes, salvo excepciones interviene en su designaci�n; debe ser justo se�alar que en esas calidades de administrador y representante del de cujus y de los herederos, no puede ni debe de motu proprio comprometer o realizar actividades procesales que pongan en riesgo los bienes del acervo hereditario que legalmente representa, porque si bien el allanamiento a una demanda no representa estrictamente el realizar actos de dominio o disposici�n de los bienes bajo su custodia, esta conducta procesal, impl�cita y f�cticamente, trae aparejada como consecuencia normal la p�rdida o afectaci�n del bien litigioso de que se trata, por tanto, es de estimarse por mayor�a de raz�n que el albacea no se encuentra facultado para realizar una conducta procesal de esa envergadura sin autorizaci�n previa de los herederos, con todas las dificultades que ello pueda representar para la expeditez y buena administraci�n de la masa hereditaria, pues en tal caso, debe recordarse que su comportamiento en relaci�n con los bienes es la de un protector, de un conservador eficiente y cuidadoso, aunado al hecho de que en t�rminos de los art�culos 1288 ("A la muerte del autor de la sucesi�n, los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria como a un patrimonio com�n, mientras que no se hace la divisi�n") y 1704 ("El derecho a la posesi�n de los bienes hereditarios se transmite, por ministerio de ley, a los herederos y a los ejecutores universales, desde el momento de la muerte del autor de la herencia, salvo lo dispuesto en el art�culo 205") del C�digo Civil vigente, los sucesores son ya copropietarios y poseedores por ministerio de ley del acervo hereditario y no se justifica que con esas calidades, no puedan intervenir para indicar a su representante lo m�s conveniente a sus intereses o, en su caso, para oponerse a trav�s de su representaci�n a los pretendidos derechos alegados judicialmente por terceros sobre la masa hereditaria.

    Que el hecho de que se imponga a los albaceas la obligaci�n de solicitar esa autorizaci�n procesal a los herederos, de ninguna manera significa que se ponga en peligro de deterioro o p�rdida de los bienes que conforman al acervo hereditario, ya que s�lo en estos extremos, puede hablarse de la existencia de una raz�n legal para validar una conducta de esta �ndole sobre los bienes en cuesti�n; con mayor raz�n, cuando los herederos se encuentran legalmente impedidos para intervenir directamente en los juicios instaurados en contra de la sucesi�n, pues como ya qued� anotado, el �nico legitimado en un juicio para hacerlo es el albacea en su calidad de representante legal, lo cual se corrobora con lo establecido por los art�culos 1716, 1717, 1719, 1720 y 1721 del C�digo Civil, y 841 del C�digo de Procedimientos Civiles, ambos del Distrito Federal, en los que el legislador ordinario estableci� diversas hip�tesis legales en las que los albaceas, no obstante tener la representaci�n legal del de cujus y de los herederos en un juicio sucesorio, tienen la obligaci�n de recabar la autorizaci�n de estos �ltimos para realizar actos de disposici�n sobre los bienes y erario de la masa hereditaria a su encargo.

    Que no es �bice a lo anterior, el que en esas legislaciones civiles se establezcan requisitos a cubrir por los albaceas para poder desempe�ar esta funci�n, como lo son: el de otorgar cauci�n, el de rendir cuentas sobre su administraci�n, y el de responder de los da�os y perjuicios causados, entre otras; puesto que, si bien en un principio podr�a considerarse que por ello tienen la facultad de disponer de esos bienes sin autorizaci�n de los herederos y legatarios, esta estimaci�n ser�a incorrecta, pues, realmente lo que se persigue por el legislador con el establecimiento de esas exigencias legales es el de proteger y conservar el acervo hereditario, as� como tambi�n los correlativos derechos y obligaciones de los herederos y legatarios a fin de evitar su p�rdida, destrucci�n o dilapidaci�n negligente o dolosa derivada de sus administraciones.

    Que de otra forma no se entender�an las razones que tuvo el legislador para establecer como medidas restrictivas relacionadas con la disposici�n de bienes del acervo hereditario, el que debieran solicitar previamente la autorizaci�n de los herederos, legatarios o del juzgador del conocimiento, en trat�ndose de las siguientes actividades:

  6. El no poder contraer a su arbitrio pr�stamos o gravar de manera indirecta los bienes de la sucesi�n, aun cuando s� es admisible que puedan contraer los adeudos necesarios para cubrir los gastos de su gesti�n;

  7. S�lo disponer de bienes para cubrir adeudos, cuando medie autorizaci�n de los herederos, y si no existe consenso de �stos al respecto, con autorizaci�n judicial;

  8. El no poder gravar ni hipotecar los bienes de la sucesi�n, sin consentimiento de los herederos o de los legatarios;

  9. El no poder transigir ni comprometer en �rbitros los negocios de la herencia, sin consentimiento de los herederos;

  10. El impedimento para que durante la sustanciaci�n del juicio sucesorio no pueda enajenar esos bienes, salvo excepciones; y, finalmente,

  11. El no estar facultados para arrendar bienes de la herencia por un lapso mayor a un a�o, y para mayor tiempo requieren de la autorizaci�n de los herederos, y en su caso, de los legatarios; entre otras limitantes.

    De lo que se colige, que el albacea s�lo se encuentra facultado para realizar actos de dominio o disposici�n sobre los bienes cuando exista peligro inminente de deterioro, p�rdida o menoscabo, o cuando exista un verdadero grado de extrema necesidad o emergencia que lo justifique, y del cual pueda derivarse la destrucci�n de los bienes de la masa hereditaria o de la mayor�a de ellos, si no se sacrificara o dispusiera de una porci�n o de un n�mero determinado de esos bienes.

    Que es verdad que toda adjudicaci�n judicial a un tercero como resultado del allanamiento a la demanda por parte del representante de la sucesi�n, no puede calificarse como resultado de un acto de disposici�n de bienes propiamente dicho; sin embargo, es un hecho que en tales casos son pr�ctica y jur�dicamente irrecuperables, lo que puede llegar a traducirse en un da�o o perjuicio irreparable para los herederos, pues incluso, puede estarse en el caso de que ese bien o bienes litigiosos sean los �nicos que constituyan al acervo hereditario; que, por tanto, no es dable l�gica ni jur�dicamente, que los bienes pertenecientes a un acervo hereditario puedan quedar sujetos o a expensas de actitudes negligentes o dolosas de terceros que transitoriamente tienen su manejo, puesto que, por disposici�n expresa de la ley, como ya qued� anotado en l�neas anteriores, desde la muerte del autor de la sucesi�n ya forman parte del patrimonio de los herederos y, en su caso, de los legatarios, lo cual corrobora con la exposici�n de motivos del C�digo Civil, que transcribe en su parte conducente.

    Que lo anterior es congruente con el criterio establecido por esta Primera Sala al fallar la contradicci�n de tesis n�mero 8/97, el veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y siete, en la que se sostuvo que la representaci�n que tiene el mandatario no entra�a la facultad de celebrar actos de donaci�n, si no existe autorizaci�n expresa del mandante, de la que deriv� la tesis de jurisprudencia n�mero 1a./J. 34/97, con el rubro: "DONACI�N. MANDATARIO. CARECE DE FACULTADES PARA CELEBRAR EL CONTRATO DE, CUANDO EN EL PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO SE OMITE INSERTAR CL�USULA ESPEC�FICA QUE LO FACULTA A REALIZAR AQUEL ACTO JUR�DICO DE DISPOSICI�N (ART�CULOS 2554 DEL C�DIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y 2528 DEL C�DIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS)." (tesis jurisprudencial visible en la p�gina doscientos trece del Tomo VI, correspondiente a septiembre de mil novecientos noventa y siete, de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta).

    De la s�ntesis de la ejecutoria referida, se advierte que esta Primera Sala ha definido la naturaleza sui g�neris del cargo de albacea en un procedimiento sucesorio, imponi�ndole las obligaciones de conservar, administrar y adjudicar los bienes del de cujus, llevando a cabo una cuidadosa vigilancia, preservaci�n y atenci�n a la masa hereditaria, en la medida en que se tramita el juicio sucesorio, pero sin que la labor espec�fica de administrar necesariamente implique la disposici�n o el dominio de los bienes, puesto que ello puede suceder en los casos en que la misma legislaci�n lo permita, con la finalidad de evitar malos manejos de los albaceas, es por lo que se contempla la distribuci�n peri�dica de los frutos a los herederos. Concluyendo luego en que, derivado de las consecuencias que acarrea la situaci�n de un allanamiento a la demanda que se enderece contra la sucesi�n, se necesitar�a la voluntad de los herederos, pues �stos inclusive ya son copropietarios y coposeedores de los bienes de la herencia, por ministerio de ley, y por consiguiente deben manifestarse respecto a aquel allanamiento.

    Asimismo, se ha definido que la herencia, entendida como la sucesi�n en los bienes del de cujus, los que con la muerte no se extinguen, una vez comenzado el procedimiento jurisdiccional respectivo (sucesorio), comprende tanto obligaciones a cargo de quien se designa albacea, como derechos de quienes son declarados herederos.

    Inclusive, la representaci�n que aparece a cargo de dicho albacea, interesa tanto a la sucesi�n como al heredero instituido, pues es claro que dicho albacea desempe�ar� su funci�n en el procedimiento que inste, tanto a favor de quienes ya se ostenten y/o hayan sido reconocidos como herederos, como tambi�n favoreciendo a quienes sin siquiera conoc�rseles lleguen a adquirir ese car�cter en la sucesi�n.

    Precisado lo anterior, resulta conveniente transcribir los preceptos que establecen las obligaciones de los albaceas, as� como los derechos de los herederos de las legislaciones que citaron los �rganos contendientes, a saber:

    C�digo Civil del Estado de Nuevo Le�n.

    Art�culo 1601. El derecho a la posesi�n de los bienes hereditarios se transmite, por ministerio de ley, a los herederos y a los ejecutores universales, desde el momento de la muerte del autor de la herencia, salvo lo dispuesto en el art�culo 205."

    Art�culo 205. Muerto uno de los c�nyuges, continuar� el que sobreviva en la posesi�n y administraci�n del fondo social, con intervenci�n del representante de la sucesi�n, mientras no se verifique la partici�n."

    Art�culo 1603. Son obligaciones del albacea general:

    1. La presentaci�n del testamento;

    2. El aseguramiento de los bienes de la herencia;

    3. La formaci�n de inventarios;

    4. La administraci�n de los bienes y la rendici�n de las cuentas del albaceazgo;

    5. El pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias;

    6. La partici�n y adjudicaci�n de los bienes entre los herederos y legatarios;

    7. La defensa, en juicio y fuera de �l, as� de la herencia como de la validez del testamento;

    8. La de representar a la sucesi�n en todos los juicios que hubieren de promoverse en su nombre o que se promovieren contra de ella;

    9. Las dem�s que le imponga la ley."

      C�digo Civil para el Distrito Federal.

      Art�culo 1704. El derecho a la posesi�n de los bienes hereditarios se transmite, por ministerio de la ley, a los herederos y a los ejecutores universales, desde el momento de la muerte del autor de la herencia, salvo lo dispuesto en el art�culo 205."

      Art�culo 205. Muerto uno de los c�nyuges, continuar� el que sobreviva en la posesi�n y administraci�n del fondo social, con intervenci�n del representante de la sucesi�n, mientras no se verifique la partici�n."

      Art�culo 1705. El albacea debe deducir todas las acciones que pertenezcan a la herencia."

      Art�culo 1706. Son obligaciones del albacea general:

    10. La presentaci�n del testamento;

    11. El aseguramiento de los bienes de la herencia;

    12. La formaci�n de inventarios;

    13. La administraci�n de los bienes y la rendici�n de las cuentas del albaceazgo;

    14. El pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias;

    15. La partici�n y adjudicaci�n de los bienes entre los herederos y legatarios;

    16. La defensa, en juicio y fuera de �l, as� de la herencia como de la validez del testamento;

    17. La de representar a la sucesi�n en todos los juicios que hubieren de promoverse en su nombre o que se promovieron contra de ella;

    18. Las dem�s que le imponga la ley."

      Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n considera que la referencia al derecho de posesi�n sobre los bienes hereditarios, que se encuentra en el art�culo 1601 del C�digo Civil para el Estado de Nuevo Le�n, y su correlativo 1704 del C�digo Civil para el Distrito Federal, solamente constituye una presunci�n que en favor de los herederos y albaceas (indistinta y conjuntamente), debe ser tenida en cuenta desde el momento de la muerte del autor de la herencia, con el fin de no dejar en posibilidad de p�rdida aquellos bienes.

      Esto es, la ley parte de la circunstancia de que para cuando acontezca el deceso del autor de la sucesi�n, est�n o no los herederos o albaceas instituidos, tienen derecho a la posesi�n de los bienes, lo que habr� de ser entendido en la forma y t�rminos que la misma ley regula las obligaciones y derechos de los herederos y ejecutores universales, pero siempre con la fijaci�n de conservar la masa hereditaria.

      De manera que, si en un caso se llegan a dictar providencias necesarias para asegurar los bienes de la herencia, en tanto no se presenten los interesados; es claro que esa hip�tesis contemplada por el legislador se debi� a que, en el plano de los hechos, existe la posibilidad de que al morir el autor de la sucesi�n, los bienes no est�n en posesi�n de los herederos o quien se llegara a designar albacea, no obstante que tengan derecho a poseerlos, en la forma en que lo establecen las citadas normas sustantivas; y de ah� que la previsi�n solamente contempla qui�nes tendr�n aquel derecho a poseer, para que, partiendo de ah�, puedan realizarse por los interesados las acciones que eviten que se menoscabe el haber hereditario.

      Por lo que cuando la norma alude a la actividad de administraci�n que desempe�e el albacea -ya en el juicio sucesorio-, parte del derecho a la posesi�n que para permit�rsele el cumplimiento de ese encargo debe efectuar aqu�l sobre la masa hereditaria.

      Derecho de posesi�n que se estima participa de una elemental l�gica, toda vez que la actividad del albacea tambi�n es de conservaci�n del haber hereditario, pues la legislaci�n civil contempla la posibilidad de que el albacea d� en arrendamiento los bienes de la herencia; de donde se sigue que, si ese acto jur�dico es de la naturaleza de los traslativos de uso, no podr�a celebrarlo el albacea si previamente no cuenta con la posesi�n del bien, para as� luego otorgarla a quien acuerde con �l ser el arrendatario.

      Sin embargo, al lado de esas obligaciones de administraci�n del albacea, la ley reconoce el derecho que en mancom�n surge a favor de los herederos, sobre los bienes de la herencia, desde el momento mismo de la muerte del de cujus.

      En esa tesitura, coincidiendo en el tr�mite sucesorio tanto las obligaciones propias de la labor del albacea como los derechos que adquieren los que heredan, debe entonces partirse de la debida armon�a de esos dos aspectos jur�dicos (albaceas y herederos), con el fin de resolver los conflictos o desacuerdos que lleguen a presentarse entre quienes tengan esas calidades.

      Por v�a ejemplificativa, si en el tr�mite sucesorio existen "pasivos que deben cubrirse de la herencia", o en su caso, deban efectuarse gastos por concepto del tramite del juicio, �stos resultan a cargo de la herencia; por lo que si para cubrir esos pasivos o gastos, el albacea debe tener la posesi�n material de uno de los inmuebles (aun cuando est� ocupado por uno de los herederos), con el fin de administrarlo para obtener recursos, esa situaci�n que surge de modo secundario al tr�mite natural del juicio sucesorio en s� mismo considerado, debe ventilarse a trav�s del incidente correspondiente para que el albacea justifique la necesidad de tener la posesi�n material del inmueble, seg�n corresponda, y tomando en cuenta la defensa que los herederos poseedores hagan valer en ese incidente, para que el J. de lo Familiar resuelva con base en lo actuado en esa v�a.

      As�, los art�culos 1601 y 1704 de los C�digos Civiles referidos, contemplan el derecho a la posesi�n de los bienes de la herencia, indistintamente, a favor de ejecutores universales y herederos; lo que conceptu� el creador de la ley desde el plano del "deber ser" que implica la ley, independientemente de lo que sucediera en el mundo f�ctico, al momento de la muerte del autor de la herencia.

      Sin embargo, ni la legislaci�n civil sustantiva ni la procesal, prev�n expresamente qu� hacer cuando, en el plano de los hechos, dentro del juicio sucesorio aparece que son uno o varios herederos los que poseen materialmente los bienes, no as� el albacea.

      En ese sentido, el juzgador que conozca del procedimiento sucesorio, debe vigilar que el albacea cumpla con las obligaciones a su cargo (administrar) y con la naturaleza de su representaci�n, pero sin dejar de lado el derecho pro-indiviso que respecto a esos bienes tienen a su favor los herederos de los que ya se encuentran en posesi�n de los bienes; y atendiendo adem�s a que, efectivamente, los gastos que se ocasionen por distintos conceptos y que sean a cargo del haber hereditario, no pueden obligadamente ser cubiertos del peculio del albacea, porque si precisamente la ley otorga un derecho a poseer los bienes de la herencia, a los herederos, todo hace sugerir que la l�gica de la ley en ning�n momento parte de que fueran a da�arse, perderse o dilapidarse los bienes, por los actos que realizan las personas que tienen derecho a su posesi�n.

      Es decir, si los hechos que imperan durante el tr�mite sucesorio, revelan que son los coherederos quienes poseen un inmueble objeto de la herencia, en aquel tr�mite incidental que se promueva, es que podr� el albacea justificar que necesariamente tiene que entreg�rsele esa posesi�n, debido a que realizar� actos que, son tendientes a obtener recursos en pro de efectuar los gastos de administraci�n que caen dentro de su esfera de acci�n; pero respet�ndose el derecho de audiencia de los herederos poseedores, de conformidad con lo estatuido en el art�culo 14 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente dentro de ese mismo tr�mite incidental instado en el juicio sucesorio pues, dadas las especiales caracter�sticas de esa clase de juicios, es incuestionable que debe respetarse la garant�a de audiencia a los herederos, en lo que concierne a los derechos que adquieren con la herencia, que se cumple con la debida sustanciaci�n del juicio sucesorio.

      En tal sentido, el J. debe resolver la litis incidental, con el �nimo de lograr un debido equilibrio entre las obligaciones del albacea y el derecho de los herederos, sin perder de vista la continuaci�n que debe obtenerse en el tr�mite del juicio, donde el sucesorio habr� de llegar hasta la partici�n, porque, si como se dijo al inicio, la naturaleza especial de la instituci�n jur�dica del albacea le implica una representaci�n tanto en favor del autor de la herencia como de los derechos de los herederos, entonces, no podr�a v�lidamente aceptarse que, si el albacea no justifica la necesidad de tener la posesi�n material del inmueble, deba ineludiblemente entreg�rsele �sta, en detrimento de intereses que tambi�n el albacea est� obligado a salvaguardar y representar en el procedimiento sucesorio, como son los derechos de los herederos desde el momento de la muerte del autor de la herencia; pues de lo contrario se descontextualizar�a la representaci�n que tambi�n a favor de esos derechos viene realizando el albacea, acorde con su naturaleza sui g�neris; sin perjuicio de que ser� el juzgador, en su caso, al resolver la incidencia que se le plantee, quien previa calificaci�n que haga de conformidad con las finalidades del sucesorio citadas, el que podr� o no aceptar las soluciones que para obtener aquellos objetivos lleguen a proponer los herederos poseedores, cuando surge la necesidad de administrar la posesi�n del inmueble, si se origina porque se demuestre que no existen recursos en la herencia que le permitan al albacea cubrir los gastos propios de la administraci�n y conservaci�n del haber hereditario.

      Lo anterior se asimila con la hip�tesis contenida en los numerales 1667 y 1770 de los C�digos Civiles rese�ados, los cuales tienen id�ntico texto, que dice: "Si el autor de la herencia dispone en su testamento que a alg�n heredero o legatario se le entreguen determinados bienes, el albacea, aprobado el inventario, les entregar� esos bienes, siempre que garanticen suficientemente responder por los gastos y cargas generales de la herencia, en la proporci�n que les corresponda."

      Asimismo, se prev� que si para cuando el albacea pretende dar en arrendamiento alg�n bien de la herencia por un t�rmino mayor a un a�o, habr� de necesitarse la voluntad de los herederos; por lo que si en el supuesto de que siendo los coherederos quienes posean materialmente el inmueble, el albacea no podr�a motu proprio y sin mayor tr�mite, requerir la entrega del bien, dejando de considerar las defensas que sobre el particular puedan hacer valer los herederos poseedores, pues no debe olvidarse que estos �ltimos pueden estar en detentaci�n de la cosa precisamente por el derecho en mancom�n que les devino desde la muerte del autor de la herencia, ya que de lo contrario ser�a tanto como desconocer precisamente esos derechos que adquieren los herederos, con el pretexto de que el albacea simplemente deba tener la posesi�n de los bienes, siendo que el tr�mite sucesorio persigue, en relaci�n directa con los derechos heredados, precisamente la adjudicaci�n que culmine la voluntad del testador y/o de la ley en que se agote la transmisi�n de los bienes del de cujus.

      Consecuentemente, esta Primera Sala concluye que debe prevalecer, con el car�cter de jurisprudencia obligatoria, en t�rminos del �ltimo p�rrafo del art�culo 192 de la Ley de Amparo, la tesis que a continuaci�n se precisa.

      BIENES HEREDITARIOS. PARA LA ENTREGA DE LA POSESI�N MATERIAL DE LOS MISMOS AL ALBACEA, CUANDO LA DETENTAN LOS HEREDEROS, ES NECESARIA LA PROMOCI�N DE UN INCIDENTE EN EL JUICIO SUCESORIO (LEGISLACIONES DE NUEVO LE�N Y DEL DISTRITO FEDERAL).-De la interpretaci�n de lo dispuesto en los art�culos 1601, 205 y 1603 del C�digo Civil del Estado de Nuevo Le�n, as� como sus correlativos 1704, 205, 1705 y 1706 del C�digo Civil para el Distrito Federal, se desprende que tanto los herederos como el albacea tienen derecho a la posesi�n de los bienes que conforman la masa hereditaria, lo cual habr� de ser entendido en la forma y t�rminos que la misma ley regula las obligaciones y derechos de los herederos y ejecutores universales, pero siempre con el fin de su conservaci�n hasta la partici�n. De esa manera, si los hechos que imperan durante el tr�mite sucesorio, revelan que son los coherederos quienes poseen un inmueble objeto de la herencia, el albacea deber� promover v�a incidental la entrega de esa posesi�n material, debiendo justificarla en virtud de que realizar� actos tendientes a obtener recursos en pro de efectuar los gastos de administraci�n que caen dentro de su esfera de acci�n, lo anterior es as� porque es indispensable respetar el derecho de audiencia de los herederos poseedores, consagrado en el art�culo 14 de la Ley fundamental, pues �stos tambi�n tienen derecho a la posesi�n de los bienes hereditarios; as�, el juez deber� resolver la litis incidental, con el �nimo de lograr un debido equilibrio entre las obligaciones del albacea y el derecho de los herederos, porque la naturaleza especial de la instituci�n jur�dica del albacea le implica una representaci�n tanto en favor del autor de la herencia como de los derechos de los herederos, por lo que no podr�a v�lidamente aceptarse que, si el albacea no justifica la necesidad de tener la posesi�n material del inmueble, deba ineludiblemente entreg�rsele �sta en detrimento de intereses que tambi�n el albacea est� obligado a salvaguardar y representar en el procedimiento sucesorio, como son los derechos de los herederos. Lo anterior se constata con lo dispuesto en los numerales 1667 y 1770 de los C�digos Civiles citados, los cuales tienen id�ntico texto, que dice: "Si el autor de la herencia dispone en su testamento que a alg�n heredero o legatario se le entreguen determinados bienes, el albacea, aprobado el inventario, les entregar� esos bienes, siempre que garanticen suficientemente responder por los gastos y cargas generales de la herencia, en la proporci�n que les corresponda"; asimismo, se prev� que si para cuando el albacea pretenda dar en arrendamiento alg�n bien de la herencia por un t�rmino mayor a un a�o, habr� de necesitarse la voluntad de los herederos. Razonar en contrario ser�a tanto como desconocer los derechos que adquieren los herederos, con el pretexto de que el albacea simplemente deba tener la posesi�n de los bienes, siendo que el tr�mite del juicio sucesorio persigue precisamente la adjudicaci�n de los bienes a favor de los herederos, para culminar la voluntad del testador y/o de la ley en que se agote la transmisi�n de los bienes del de cujus.

      Por lo expuesto y fundado, se

      resuelve:

PRIMERO

S� existe la contradicci�n de tesis a que este expediente se refiere, en los t�rminos del considerando cuarto de esta resoluci�n.

SEGUNDO

Debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, de conformidad con la tesis redactada en el �ltimo considerando del presente fallo.

TERCERO

D�se publicidad a la tesis de jurisprudencia que se sustenta en la presente resoluci�n, en t�rminos del art�culo 195 de la Ley de Amparo.

N.�quese; con testimonio de la presente resoluci�n a los Tribunales Colegiados contendientes y, en su oportunidad, arch�vese el presente toca como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: S.A.V.H.�ndez, J.N.S.M. (ponente), O.S.C. de G.�a V. y presidente Jos� Ram�n Coss�o D�az. Ausente el se�or Ministro Jos� de Jes�s G.�o P..


TESIS JURISPRUDENCIALES

Tesis Jurisprudencial de Primera Sala n� 1a./J. 140/2007 Jurisprudencia, del 01 de Noviembre de 2007

Rubro: BIENES HEREDITARIOS. PARA LA ENTREGA DE LA POSESI�N MATERIAL DE LOS MISMOS AL ALBACEA, CUANDO LA DETENTAN LOS HEREDEROS, ES NECESARIA LA PROMOCI�N DE UN INCIDENTE EN EL JUICIO SUCESORIO (LEGISLACIONES DE NUEVO LE�N Y DEL DISTRITO FEDERAL)..

Localizacion: 9a. �poca; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXVI, Noviembre de 2007; P�g. 86; [J];.