Ejecutoria num. 2a./J. 199/2007 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 35494452

Ejecutoria num. 2a./J. 199/2007 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 199/2007
Localizacion:SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Diciembre de 2007
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 168/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL CUARTO CIRCUITO.RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4o., FRACCIÓN III, DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. ES IMPROCEDENTE SI SE RECLAMA LA CANCELACIÓN DE INSCRIPCIONES REGISTRALES.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 168/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL CUARTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: S.S.A.A..

SECRETARIO: E.D.D.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer la presente denuncia de contradicci�n de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n General de la Rep�blica, cuarto transitorio del decreto de reformas a �sta, de diez de junio de mil novecientos noventa y nueve; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en relaci�n con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario N�mero 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde a la materia administrativa, cuyo conocimiento corresponde a esta Sala.

SEGUNDO

La denuncia de contradicci�n de tesis proviene de parte leg�tima, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que pronunci� una de las ejecutorias que participan en este asunto.

TERCERO

A fin de estar en aptitud de resolver la presente denuncia de contradicci�n de tesis, es preciso atender a las consideraciones sustentadas por los �rganos colegiados, siendo las que a continuaci�n se transcriben.

El entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito (actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito) dict� ejecutoria al resolver el amparo directo 347/99, promovido por R.�n R.R., en lo conducente, sostuvo:

CUARTO. Son infundados los conceptos de violaci�n aducidos por la parte quejosa. ... Ahora bien, es verdad que el art�culo 4o., fracci�n III, de la Ley Reglamentaria del Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio del Estado establece que el director del registro p�blico tendr� la atribuci�n de revocar las resoluciones, acuerdos o actos de los registradores, cuando se demuestre la ilegalidad de ello, con audiencia del interesado en su caso, sin embargo, la regla general sobre la procedencia de la revocaci�n, que contiene esta disposici�n cede ante la especial que se aduce de los preceptos que en apoyo de su resoluci�n invoc� al Magistrado responsable para declarar la validez del acuerdo del director del Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio, de no admitir el recurso de revocaci�n del ahora quejoso, tendiente a cancelar las inscripciones de que se ha dado cuenta, pues ciertamente, de los art�culos 8o., fracci�n V, 47 y 54 de la referida ley se pone de manifiesto que la figura de la cancelaci�n de inscripciones registrales no se encuentra regulada por la ley de la materia, ya que el primero de estos preceptos dispone que el registrador deber� devolver, dentro de un t�rmino no mayor de tres d�as, los documentos o t�tulos cuya inscripci�n considera improcedentes, dando constancia por escrito del fundamento legal de la negativa, para que el afectado pueda ejercitar el derecho que le concede la fracci�n III del art�culo 4o. de esa ley, o acudir a la autoridad judicial, en tanto el segundo dispone que la calificaci�n de legalidad hecha por el registrador, en el caso del numeral y fracci�n antes mencionados, o por el director en los casos en que se hubiere hecho uso del recurso de revocaci�n a que alude la fracci�n III del art�culo 4o. de esa ley, se entender� para el s�lo efecto de admitir o negar la inscripci�n, sin perjuicio de que pueda seguirse ante los tribunales el juicio o juicios respectivos sobre la nulidad del t�tulo o la falta de representaci�n; y por �ltimo, el tercer dispositivo dispone que la cancelaci�n es la anotaci�n que implica la extinci�n total o parcial de las inscripciones que puede hacerse por consentimiento de las partes, por resoluci�n judicial y en los casos que as� lo determine la ley. Luego, entonces, para que pueda darse la cancelaci�n de inscripciones es menester que se d� alguna de estas hip�tesis, lo que no ocurri� en la especie, pues el quejoso no fund� su pretensi�n en la anuencia de su contrario, en una resoluci�n judicial o bien en una norma legal que as� lo ordenara, sino que el recurso de revocaci�n lo hizo valer, para el efecto de que se cancelaran la inscripci�n 1397, volumen 29, libro 14, secci�n auxiliar, unidad S.N.�s de fecha diecinueve de julio de mil novecientos noventa y cuatro, derivada de la solicitud de acreditaci�n de medidas promovida por A.G.�a H.�ndez, en su car�cter de albacea de la sucesi�n antes mencionada, y de la inscripci�n n�mero 1186, volumen 66, libro 24, secci�n propiedad, unidad S.N.�s de los Garza, de fecha diecis�is de junio de mil novecientos noventa y siete, de la escritura p�blica n�mero 12666, de fecha veintitr�s de abril de mil novecientos noventa y siete, porque a ambos afectan el inmueble de su propiedad. Por tanto, con arreglo al art�culo 2901 del C�digo Civil del Estado, que dispone que los bienes ra�ces o derechos reales no pueden aparecer inscritos a la vez en favor de dos o m�s personas distintas, a menos de que �stas sean part�cipes, se insiste, el recurso de revocaci�n no era el medio id�neo para cancelar las aludidas inscripciones, sino lo era la v�a judicial. Es aplicable al caso que nos ocupa, la tesis aislada sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina 31 del Volumen XXXIII, Cuarta Parte, Sexta �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que a la letra dice: ?ACCIONES DE NULIDAD Y REIVINDICACI�N, PROCEDENCIA DE LAS.? (se transcribe). Tampoco asiste raz�n al quejoso al asegurar que se le infringieron las garant�as de legalidad y audiencia, por el hecho de que no se le dio tramitaci�n al procedimiento del recurso de revocaci�n que nos ocupa. Ello es as�, porque como bien lo dijo el magistrado responsable, al no ser la v�a id�nea, la autoridad demandada no ten�a porque admitirlo, pues �nicamente en este supuesto debe sujetarse al tr�mite establecido por el art�culo 4o., fracci�n III, de la Ley Reglamentaria del Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio, puesto que se va a entrar al examen del fondo de la cuesti�n planteada. ...

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito en el amparo directo n�mero 56/2007-II, consider�, en la parte que interesa, lo siguiente:

S�PTIMO. En cambio son fundados los argumentos formulados en la demanda de garant�as en el sentido de que la responsable realiz� una incorrecta interpretaci�n de lo establecido en el art�culo 54 de la ley reglamentaria aplicable, porque el director del Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio s� est� legalmente facultado para tramitar y resolver el recurso de revocaci�n en contra de las inscripciones realizadas por los registradores, con fundamento en lo dispuesto en el art�culo 4, fracci�n III, del citado ordenamiento legal; en relaci�n con el argumento que expone la quejosa, en que, literalmente, se�ala: (se transcribe). En efecto, para interpretar la extensi�n y contenido de los art�culos 4o., fracci�n III, 8o., fracciones IV y V, 45, 46, 47 y 54 de la Ley Reglamentaria del Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio, conviene dejar previamente establecidos algunos principios fundamentales que rigen el acto administrativo, a la luz de los cuales debe analizarse la naturaleza y alcances del recurso administrativo de revocaci�n, regulado por los numerales citados. El primero de estos principios es el de legalidad de los actos administrativos. Acorde a lo previsto en el primer p�rrafo del art�culo 16 constitucional, las autoridades est�n sujetas al principio de legalidad, conforme al cual no pueden llevar a cabo acto alguno si no est� previamente contemplado legalmente. As�, las autoridades administrativas, por el solo hecho de actuar con apego a las normas jur�dicas, legitiman su conducta en el Estado de derecho. En ese sentido, todo acto de autoridad que no se realice dentro del marco normativo previsto con antelaci�n para ello, debe ser considerado como ilegal; por lo que, para contrastar la validez de �ste, no se debe cuestionar por la existencia de alg�n precepto legal que lo proh�ba, bajo el supuesto de que ante su falta ha de entenderse como legal, sino que, por el contrario, se debe inquirir si alg�n precepto legal lo admite como acto administrativo para concluir por su invalidez en ausencia de tal disposici�n. Es decir, conforme al citado principio de legalidad, las autoridades s�lo pueden actuar cuando existe un cuerpo normativo que otorga facultades para su actuaci�n, por lo que la invalidez de un acto administrativo deriva, por regla general, de la inexistencia de tal precepto jur�dico que habilita a la autoridad para actuar. En ese contexto, la ley regula las facultades de las autoridades, cuando menos, en cuatro formas; a saber: a) la existencia misma de la potestad; b) la competencia para actuarla; c) que tal potestad sea conferida a determinado ente jur�dico y no de manera indeterminada, y d) que se prevea la finalidad espec�fica, normalmente impl�cita, que se persigue con el ejercicio de las facultades de la autoridad. Derivado de este principio de legalidad, rige un segundo principio, el de autotutela de la administraci�n, conforme al cual la administraci�n est� capacitada como sujeto de derecho para tutelar por s� misma sus propias situaciones jur�dicas, de modo que no requiere de permiso o autorizaci�n judicial para emitir sus decisiones y, m�s a�n, para hacerlas valer frente al gobernado, con el uso de la coacci�n frente a terceros sin necesidad de solicitar la coacci�n judicial. En aplicaci�n de ambos principios, el acto o la resoluci�n administrativa tiene la presunci�n de ser legal y estar ajustado a derecho, esto es, goza en su favor de una presunci�n iuris tantum, caracter�stica de la naturaleza del acto administrativo, porque la funci�n p�blica no puede permitir que un acto de la administraci�n carezca de eficacia, lo que adem�s estar�a en contradicci�n con la calidad de imperio de que est�n revestidos sus actos, por lo que siempre se presume su legalidad; aunque, cuando el particular los controvierta, las autoridades deben probar su legalidad. Por ello se sostiene que, si el acto o resoluci�n administrativa est� revestido de una presunci�n de legalidad que admite prueba en contrario, implica entonces la exclusi�n de la presunci�n iuris et de iure, o de pleno derecho. Es decir, el acto o la resoluci�n administrativa no tienen atribuida la autoridad de cosa juzgada. Esto significa que el acto administrativo es revocable por parte de la autoridad, una vez que emerge un hecho superveniente que muestra que el acto no est� apegado a derecho. Esta revocabilidad del acto administrativo es posible s�lo desde la perspectiva de la autoridad, ya que para el gobernado afectado, que no interpuso medios de defensa en contra de ella dentro del t�rmino legal, tiene fuerza ejecutiva. La revocaci�n a la que se ha venido refiriendo, es consecuencia de una revisi�n de los propios actos de la administraci�n p�blica, motu proprio, de propia iniciativa, sin que haya solicitud expresa del gobernado. Esta revocaci�n de propia autoridad es general para las autoridades administrativas, porque deriva de la naturaleza iuris tantum de los actos administrativos, independientemente de que se encuentre expresamente consignada en algunas legislaciones de la materia administrativa, como es el caso de los art�culos 36, segundo p�rrafo, del C�digo F. de la Federaci�n; 9o., fracci�n IV, y 22, �ltimo p�rrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Cabe mencionar como excepci�n el caso de resoluciones administrativas que sean favorables al particular, y respecto de las cuales aparezca una situaci�n superveniente que muestre su ?ilegalidad?; en cuyo caso, la autoridad habr�a de promover juicio contencioso administrativo, para modificar o declarar la anulaci�n del acto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VIII.2o.5 A, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, cuyo criterio se comparte, que establece: ?RESOLUCIONES FISCALES. REVOCACI�N DE, REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA.? (se transcribe). Ahora bien, esta caracter�stica de revocabilidad del acto administrativo est� �nsito en el recurso administrativo, pues la actuaci�n de la autoridad administrativa, de interponerse �ste, consistir� no tanto en llevar a cabo una funci�n materialmente jurisdiccional, dado que no existen dos intereses en conflicto en relaci�n a los cuales la autoridad administrativa est� por encima para dirimir la composici�n de los intereses en conflicto. En este caso, la autoridad no est� por sobre los intereses de las partes, sino que es parte del conflicto, al haber emitido un acto unilateral imperativo que lesiona los intereses de los gobernados, cuya intervenci�n es estimulada por el particular para la revisi�n, el reexamen o autoexamen del acto administrativo lesivo. En funci�n del principio de legalidad que faculta a la autoridad a hacer s�lo lo que la ley le permite, la propia ley le otorga el poder de reformar o revocar el acto realizado por ella e, incluso, el deber del reexamen de dicho acto, a partir del derecho correlativo del titular del inter�s, que se considera lesionado, a obtener el reexamen. El recurso administrativo constituye as� un procedimiento legal del que dispone el particular, que ha sido afectado en sus derechos leg�timamente tutelados por un acto administrativo, con el fin de obtener de la autoridad una revisi�n de sus propios actos, a fin de que dicha autoridad lo revoque, lo anule o lo modifique en caso de que ella encuentre demostrada la ilegalidad del mismo. As� el principio de legalidad y el principio de autotutela, que explican y sustentan la presunci�n de legalidad y la ejecutoriedad del acto administrativo, distinguen a la administraci�n de los dem�s entes particulares o privados. Es lo que faculta a estas autoridades para revisar o corregir sus propias determinaciones, ya sea por decisi�n unilateral (cuando no se han creado derechos a favor de un particular), o bien motivado por alg�n gobernado, quien insta a la propia autoridad administrativa a ello, a trav�s de los ?recursos administrativos? previstos legalmente. De manera que, por las razones que se han expuesto, acorde a la naturaleza de los recursos administrativos, el objeto de �stos no es el de entablar una controversia de car�cter jurisdiccional, pues en tal supuesto resultar�a il�gico que quien emite el acto sea, adem�s, juzgador; sino simplemente el de permitir a la autoridad que ?revise?, ?confirme? o ?revoque? sus propias decisiones. Sirve de apoyo, en cuanto a la naturaleza de los recursos administrativos, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que establece: ?RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISI�N. NATURALEZA DEL ACTO QUE LO RESUELVE.? (se transcribe). En virtud pues de los principios ya destacados, y de las caracter�sticas de los recursos administrativos, puede sostenerse que la resoluci�n que ponga fin al recurso interpuesto por un particular puede tener, a saber, algunos de los siguientes sentidos: 1. Confirmar el acto administrativo impugnado. Cuando en la actividad de autorrevisi�n que efectu� la autoridad sobre el acto que emiti� en su facultad de imperio, se concluye que el procedimiento administrativo previo estuvo ajustado a los par�metros normativos y, por tanto, es acorde con el principio de legalidad, sin que exista ilegalidad manifiesta ni no manifiesta, dado el estudio hecho al respecto, por lo que la autoridad emite una nueva resoluci�n en la que resuelve confirmar el acto, dando las razones jur�dicas para ello dentro de los considerandos de la resoluci�n que resuelve el recurso. 2. Que el recurso se deseche por improcedencia, tenerlo por no interpuesto o sobreseerlo, en su caso. A.�, la actividad de autorrevisi�n de la autoridad concluye que el recurso propuesto es motivo de desechamiento, de sobreseimiento o de tenerlo por no interpuesto, toda vez que el recurso no cubre con alguno de los requisitos esenciales del mismo, motivo por lo que no se le da entrada sin ning�n an�lisis sobre el fondo del asunto. 3. Mandar reponer el procedimiento administrativo o que se emita una nueva resoluci�n. La autoridad al efectuar su actividad de autorrevisi�n sobre el acto recurrido, ha encontrado una violaci�n de procedimiento que trascendi� a la resoluci�n, por lo que ordena la reposici�n del procedimiento a partir de que se cometi� la violaci�n a las normas procesales o, en todo caso, que se emita una nueva resoluci�n que s� se apegue a las actuaciones que constan dentro del procedimiento administrativo respectivo. 4. Dejar sin efectos (nulificar) el acto impugnado. La actividad autorrevisora de la autoridad sobre sus propios actos ha descubierto que el acto administrativo recurrido fue consecuencia de una violaci�n consistente en que no existe adecuaci�n entre los hechos generadores del procedimiento y las normas administrativas, por lo que el hecho no puede ser subsumido dentro de alguna de las hip�tesis legales que conlleven la imposici�n de una restricci�n del derecho legalmente tutelado del gobernado. En tal caso, la resoluci�n combatida se nulifica sin que subsista facultad alguna de la autoridad para proseguir con la fiscalizaci�n o la comprobaci�n del cumplimiento de las normas administrativa por el particular. 5. Modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente. En este caso, la actividad de autorrevisi�n de la autoridad ha concluido que, en efecto, existen determinados elementos de la resoluci�n recurrida susceptibles de nulidad, pero no todos, quedando subsistentes algunos de ellos. En tal caso, seg�n lo m�s conveniente, se ordenar� modificar la resoluci�n recurrida en la parte correspondiente, o la emisi�n de una nueva resoluci�n que mantenga la anterior en lo no modificado por la autorrevisi�n, pero incorporando las modificaciones que s� demostr� el particular. En conclusi�n, el recurso administrativo representa una forma jur�dica que permite a la autoridad administrativa, en apego a los principios de autotutela y de legalidad antes destacados, la revisi�n de sus propios actos; revisi�n que debe concluir en una resoluci�n que puede tener, entre otros, alguno de los sentidos aqu� indicados. Los elementos de juicio hasta aqu� expuestos son los que habr�n de servir de sustento de esta ejecutoria, en donde el tema controvertido radica en determinar si la Ley Reglamentaria del Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo Le�n establece o no la facultad del director general de tal organismo p�blico, para tramitar y resolver el recurso de revocaci�n en contra de las inscripciones, ya realizadas, cuando son consideradas ilegales. En los art�culos 4o., fracci�n III, 8o., fracciones IV y V, 45, 46, 47 y 54 de la Ley Reglamentaria del Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio, se establece: (se transcribe). Conforme a lo establecido en los preceptos legales transcritos, es posible concluir como aspecto general, primeramente, que el director del Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio est� facultado para tramitar y resolver el recurso administrativo de revocaci�n en el que se impugnen las resoluciones, acuerdos o actos de los registradores, cuando se demuestre la ilegalidad de ellos. En ese sentido, se observa que la ley prev�, primero, la existencia del recurso administrativo; adem�s,cu�l es la autoridad a quien se concede la potestad de revisar los actos administrativos, esto es, al director general del registro p�blico y por �ltimo, se advierte que establece, espec�ficamente, que el fin de tal recurso es el revocar las resoluciones, los acuerdos y los actos de los registradores p�blicos, cuando se demuestre la ilegalidad de estos. Tambi�n se concluye que la facultad que se confiere al director general del Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio en el art�culo 4o., fracci�n III, antes citado, no se encuentra limitada a casos determinados, pues establece su atribuci�n de revocaci�n de manera general a todos los acuerdos o actos de los registradores cuando se demuestre su ilegalidad. La regla general contenida en la norma comentada es acorde con los principios de legalidad y de autotutela que corresponden a la naturaleza de los actos administrativos, como lo son los acuerdos y actos de los registradores, raz�n por la cual es t�cnica y naturalmente previsible su revocaci�n por el superior de la autoridad administrativa que lo emiti�, tal como se encuentra establecido en dicho precepto, al se�alar con claridad, a favor del funcionario referido, la facultad de conocer, tramitar y ordenar la revocaci�n de los actos que los aludidos registradores efect�en en t�rminos del art�culo 8o., fracciones IV y V, en donde se establece que los registradores est�n facultados, para llevar a cabo la inscripci�n de los t�tulos o documentos registrables, as� como para devolver los mismos cuando su inscripci�n se considere improcedente, entre otras resoluciones, actos o acuerdos que pueden emitir. En tanto que se evidencia de lo establecido en el art�culo 54 que la cancelaci�n de las inscripciones que lleven a cabo los registradores puede llevarse a cabo no solamente por el mutuo consentimiento de las partes y por resoluci�n judicial, sino tambi�n por que as� lo disponga la ley; caso este �ltimo que en la especie se actualiza, pues existe disposici�n para ello en el art�culo 4o., fracci�n III, de la ley reglamentaria en consulta, que regula la revocaci�n del acto o acuerdo registral correspondiente, por resoluci�n del director del registro. Por tanto, de lo hasta aqu� expuesto es dable concluir que el recurso de revocaci�n previsto en el art�culo 4o., fracci�n III, puede tener por materia tanto el examen del acuerdo que niega la inscripci�n de alg�n documento o t�tulo, como la inscripci�n de la misma ya materializada, pues ley no dispone ninguna distinci�n o limitaci�n al respecto. Es as�, pues la propia ley prev� en la fracci�n III del art�culo 4o. que pueden ser revocados los actos de los registradores y, seg�n la fracci�n IV del diverso numeral 8o., se observa que la inscripci�n de documentos y t�tulos es uno de los actos de los registradores, siempre que se demuestre su ilegalidad. En consecuencia, como sucede en este caso, esto es, cuando el superior jer�rquico del registrador revoca una inscripci�n al demostrarse su ilegalidad, es obvio que tal facultad implica tambi�n la de ordenar la cancelaci�n de la misma, puesto que debe estimarse que se trata de un caso en que as� lo determina la propia ley y que, por ende, se encuentra contemplado en la fracci�n III del art�culo 54, del mismo ordenamiento. En efecto, para el estudio de la procedencia de la cancelaci�n de las inscripciones, en la especie no puede hacerse una interpretaci�n restrictiva y desvinculada de las fracciones del art�culo 54 de la Ley Reglamentaria del Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio del Estado, en donde se establecen los supuestos con apoyo en los cuales procede la cancelaci�n de la inscripci�n registral. Es as�, porque el art�culo citado se compone de tres fracciones, y cada una establece un supuesto diferente, como se advierte de su transcripci�n literal siguiente: (se transcribe). Por tanto, no es correcto lo considerado por la Sala responsable, en el sentido de que las facultades consagradas a favor del director general del Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio en el Estado, en cuanto a la resoluci�n del recurso de revocaci�n, est�n limitadas, al tratarse de inscripciones, a la sola calificaci�n de legalidad o ilegalidad de la negativa de la inscripci�n del documento o t�tulo respectivo por no existir consentimiento de las partes o resoluci�n judicial que permita la cancelaci�n de las inscripciones ya materializadas. Es as�, puesto que coincidir con ello implicar�a desconocer el contenido de la fracci�n III del art�culo 54 de la Ley Reglamentaria del Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio, que remite de manera amplia a cualquier otro supuesto de hecho contenido en la ley. La circunstancia de que en las dos primeras fracciones el legislador haya determinado dos hip�tesis de manera clara y espec�fica, que implican la facultad del director del registro para cancelar las inscripciones, no lleva v�lidamente a colegir que esos dos supuestos son lo �nicos y que la cancelaci�n por causa de ilegalidad en la inscripci�n, al no estar redactado de manera espec�fica en otra fracci�n de ese art�culo, no es procedente. En efecto, incluir en el precepto legal de referencia, de manera espec�fica, todas las hip�tesis de procedencia de cancelaci�n, implicar�a una labor legislativa quiz� interminable, a m�s de que el solo hecho de que en la fracci�n III se haga remisi�n a ?los dem�s casos que as� lo determine la ley?, permite a la autoridad administrativa examinar cualquier otro supuesto que se presente, en atenci�n a lo previsto legalmente. Por lo que se impone colegir que, la remisi�n expresa a la ley, efectuada en la fracci�n III de referencia, lleva a concluir que los supuestos de ilegalidad de las inscripciones tambi�n est�n incluidos en la facultad de la autoridad registral para cancelarlas. As�, no es v�lida la interpretaci�n del art�culo 54 de la Ley Reglamentaria del Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio, que realiza la responsable en el sentido de que la facultad de revocaci�n no es extensiva a las inscripciones que realicen los registradores, sino s�lo a las dem�s facultades con la que cuentan los mismos, previstas en el art�culo 8o. Interpretaci�n que realiza con fundamento en que en el art�culo 54 se destaca que, para la cancelaci�n de las inscripciones, es menester que exista acuerdo de voluntades entre las partes interesadas, o bien una resoluci�n judicial, esto es, que ante la disparidad de intereses entre las partes, �nicamente el poder judicial puede ordenar la cancelaci�n de la inscripci�n, y no la autoridad administrativa. Es as�, ya que al entenderlo de esa manera no solamente se distinguir�an, donde la ley no lo hace, los casos en que el director del registro puede revocar los actos de los registradores, cuando se demuestra su ilegalidad, sino adem�s, se desatender�a que, seg�n se ha dicho, el acto administrativo como lo es el registro de un documento realizado de manera unilateral por la autoridad es, por su propia naturaleza, revocable; en atenci�n al principio de autotutela que faculta a la autoridad administrativa que lo emiti� a revocarlo de propia iniciativa o como consecuencia del reexamen que del mismo haga a trav�s de los recursos administrativos que el gobernado tiene a su alcance. Esto se afirma, toda vez que el art�culo 4o. de la Ley Reglamentaria del Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio no distingue entre las resoluciones que puede revocar el director general, sino que se refiere, en forma general, a las resoluciones, acuerdos o actos de los registradores, cuando se demuestre la ilegalidad de ellos, con audiencia del interesado. Por tanto, como lo argumenta la quejosa, si la ley no distingue entre los actos de los registradores que puede revocar el director general, la autoridad responsable no debi� realizar tal distinci�n; a m�s de que el art�culo 54, fracci�n III, del mismo ordenamiento establece que la cancelaci�n de una inscripci�n tambi�n puede hacerse en los dem�s casos que lo determine la ley, como lo es, cuando el superior del registrador la revoca, con base en el art�culo 4o., fracci�n III, de la propia ley. No es �bice para concluir lo anterior lo expresado por la Sala responsable, en el sentido de que en el art�culo 47 antes citado se prev� que el director del registro p�blico, al resolver el recurso de revocaci�n, pueda hacerlo para el ?solo efecto de negar o admitir la inscripci�n?, lo que le llev� a concluir que el recurso de revocaci�n solamente puede tener el alcance de analizar la negativa de inscribir un documento, pero no la inscripci�n ya realizada. Es as�, porque la interpretaci�n de dicho precepto no puede limitarse a su literalidad, sino que debe acudirse tambi�n a la interpretaci�n sistem�tica que tenga en cuenta el contenido de los dem�s preceptos de la ley reglamentaria que se encuentran relacionados con el mismo. En efecto, el mencionado art�culo 47 est� ubicado en el cap�tulo XII de la ley de la materia, titulado ?D.�n de documentos?, cap�tulo que se integra con el precepto citado y los diversos numerales 45 y 46, cuya transcripci�n conviene citar literalmente, a pesar de que ya fueron transcritos renglones atr�s, por su importancia para sustentar la interpretaci�n que les corresponde: (se transcribe). En ese contexto, el art�culo 8o., fracci�n V, al que remite el �ltimo de los preceptos transcritos dispone: (se transcribe). As�, del an�lisis arm�nico de los preceptos transcritos, se advierte que se refieren a la obligaci�n a cargo de los registradores o del director del registro, cuando se hubiere hecho uso del recurso de revocaci�n, de devolver los documentos o t�tulos cuya inscripci�n consideren improcedente, mediante constancia fundada y motivada de las faltas de legalidad expresamente referidas, destac�ndose en el art�culo 47 que la calificaci�n de legalidad hecha por el registrador o por el director del registro, cuando la calificaci�n hubiere sido materia del recurso de revocaci�n, se entender� hecha para el solo efecto de negar o admitir la inscripci�n, es decir, no tiene el alcance de verificar el t�tulo o desconocer la representaci�n, porque ello es materia del juicio o juicios que se ejerciten para ello ante los tribunales, juicio en donde la ejecutoria que lo resuelva calificar� la nulidad y/o validez del documento con alcance y efecto vinculatorio para el registrador. Por tanto, cabe concluir que la expresi�n del art�culo 47 a la que alude la responsable, en donde literalmente se expresa ?el solo efecto de negar o admitir la inscripci�n?, no debe desvincularse del contenido del dem�s (sic) articulado del cap�tulo y de los p�rrafos que se precisan, pues como se ha destacado, tal expresi�n se refiere al alcance, efectos o limitaci�n que le corresponde a la calificaci�n de legalidad que realiza el registrador o el director del registro, cuando medie recurso de revocaci�n, al devolver los documentos cuya inscripci�n han rechazado, pues dicha calificaci�n ?se entender� para el solo efecto de negar o admitir la inscripci�n, sin perjuicio de que pueda seguirse ante los tribunales el juicio o juicios respectivos sobre la nulidad del t�tulo o la falta de representaci�n?. En tal virtud, el precepto no se�ala que el alcance de la revocaci�n sea incluso la conculcaci�n de una inscripci�n ya materializada, porque su objeto no es fijar la materia del recurso de revocaci�n regulada, gen�ricamente, en el art�culo 4o., fracci�n III, del reglamento, pues simplemente regula una de las hip�tesis que se pueden dar respecto de las facultades del director del registro para tramitar y resolver el recurso de revocaci�n, a saber, el caso descrito en la fracci�n V del art�culo 8o., referente a la actuaci�n de los registradores, cuando niegan las inscripciones de los documentos o t�tulos que les sean presentados. Es decir, el hecho de que en la propia ley se prevean determinados efectos para las resoluciones emitidas en un recurso de revocaci�n, respecto de uno de los casos en que �ste es procedente (negativa de inscripci�n de alg�n documento o t�tulo), no quiere decir que los recursos de revocaci�n deban siempre tener tales efectos, y menos a�n que el indicado recurso solamente pueda ser promovido en contra de tales actos. Considerar lo contrario implicar�a concluir que el recurso de revocaci�n solamente procede cuando se reclame la negativa de inscripci�n de los documentos o t�tulos y no as�, como lo permite deducir el art�culo 4o., fracci�n III, respecto de todos los acuerdos, resoluciones y actos de los registradores. Situaci�n que ser�a contraria a los principios de legalidad y de autotutela administrativa, que permiten a las autoridades revisar sus propias decisiones; adem�s de que implicar�a desconocer la validez del indicado recurso administrativo en contra del resto de los actos, resoluciones o acuerdos de los registradores, como podr�an ser, entre otros, la expedici�n de certificaciones de los documentos que obren en sus archivos. No obstante lo anterior, debe destacarse que el recurso de revocaci�n, cuando se reclama una inscripci�n ya materializada, solamente puede concernir (si se toma en cuenta lo dispuesto en el art�culo 45 que prev� cu�ndo no proceden las inscripciones) lo referente a la legalidad de la inscripci�n, ya sea por que el documento inscrito carezca de las formalidades extr�nsecas, o bien por que intervenga alguna otra causa de ilegalidad que implique la imposibilidad de llevar a cabo la inscripci�n. Lo anterior resulta congruente con los principios de legalidad y de autotutela antes mencionados, en el sentido de que la autoridad administrativa puede revisar sus propias actuaciones que, en el caso, son las de los registradores; no as� la validez intr�nseca de un documento no emitido por ella ni, incluso, del derecho contenido en tal documento o t�tulo. Conclusi�n que se corrobora si se toma en cuenta que, de acuerdo a lo establecido en el diverso numeral 24 de la propia Ley del Registro P�blico, las inscripciones que se realicen no convalidan la validez de los actos o contratos inscritos; lo que permite inferir, precisamente, que el estudio que concierna al recurso de revocaci�n, cuando se reclama la inscripci�n de alg�n documento, solamente puede referirse a la validez de la inscripci�n sin tomar en cuenta la relativa al derecho o validez intr�nseca del acto o contrato que se inscribi�, que la propia ley establece como un tema ajeno a la finalidad del Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio, al se�alar que la inscripci�n no conlleva la aceptaci�n o creaci�n del derecho inscrito. En el caso, seg�n se precis� con antelaci�n, la empresa Colonia las Cumbres, Sociedad An�nima, por conducto de su apoderado legal Salvador Leal Paul, interpuso el recurso de revocaci�n que motiv� la presente controversia, con motivo de que consider� que el documento inscrito es falso, y que la inscripci�n del mismo es igualmente falsa. El indicado recurso concluy� mediante resoluci�n de veinticuatro de mayo de dos mil cinco, en el que se declar� que la inscripci�n n�mero 3255, volumen 193, libro 66, secci�n I propiedad, unidad Monterrey, de veintisiete de mayo de mil novecientos ochenta y tres, es ilegal porque no fue realizada por el registrador p�blico correspondiente, entre otros vicios formales atinentes tanto al documento como a la inscripci�n. As�, con independencia de que paralelamente a la ilegalidad de la inscripci�n, se hubiera argumentado que el documento a inscribir era falso, ello no implica que el director general del Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio, no estuviera facultado para resolver acerca de la validez de la inscripci�n, sino que en todo caso, solamente debi� omitir el estudio de aquellas que consider� no eran de su competencia. M�xime que, con independencia de la valoraci�n que pudiera haber realizado la autoridad demandada respecto de la falsedad del documento inscrito, lo cierto es que no realiz� pronunciamiento alguno, como punto resolutivo, en cuanto a la validez del acto jur�dico correspondiente, sino s�lo en lo atinente a la legalidad de la inscripci�n en el registro p�blico, a m�s de que uno de los puntos de examen, competencia del director del indicado organismo de registro, es el de revisar la legalidad extr�nseca de los documentos a inscribir. En efecto, los t�tulos que se presenten para su registro est�n sujetos a diversos requisitos, los cuales se contemplan en los cap�tulos IX y X de la Ley Reglamentaria del Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio del Estado, espec�ficamente en los art�culos 29, 30, 31, 33 y 40, que establecen, sustancialmente, que los documentos que han de inscribirse en el Registro P�blico de la Propiedad deben contener, entre otros requisitos: a) La naturaleza del acto o contrato, as� como de la ubicaci�n, linderos o colindancias de los inmuebles objeto de la operaci�n o a los cuales afecte el derecho de que se trate, su medida superficial y datos del t�tulo de antecedentes; b) Que el acto contenga todas las condiciones esenciales propias de su naturaleza jur�dica; c) S�lo podr�n inscribirse los testimonios de escrituras p�blicas y otros documentos aut�nticos, las sentencias, autos o providencias jur�dicas certificadas legalmente y los documentos privados que en esta forma sean v�lidos conforme a la ley; d) No podr�n inscribirse actos o contratos que signifiquen adquisici�n, transmisi�n, modificaci�n o extinci�n del dominio o posesi�n de inmuebles o derechos reales si �stos no hubieren sido inscritos previamente a favor de quien se ostenta due�o, a no ser que se trate de documento primario; e) La falta de antecedentes registrales de un t�tulo de propiedad de un inmueble no ser� obst�culo para su registro si hubieren cubierto los interesados en las oficinas recaudadoras el impuesto predial correspondiente en los cinco a�os anteriores cuando menos y no apareciere inscrito a nombre de persona alguna. Tal registro, sin embargo, no eximir� al interesado sobre la observancia de las disposiciones relativas, para el caso de adquisici�n por prescripci�n positiva. f) Para el registro de un documento que implique la transmisi�n, modificaci�n o gravamen de derechos de propiedad de inmuebles, la exhibici�n de un plano del inmueble correspondiente, el certificado de grav�menes previamente obtenido y la justificaci�n del pago de los impuestos federal, estatal y municipal respectivos, as� como estar al corriente en el pago del impuesto predial y en el de los servicios de agua y drenaje, si los tuviere. En caso contrario, el interesado probar� fehacientemente la carencia de estos servicios. En ese orden de ideas, se impone concluir que cuando se intenta el recurso de revocaci�n en contra de la inscripci�n de alg�n documento o t�tulo que ampare alg�n derecho, el director general del Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio est� facultado para examinar, adem�s de la validez propia de la inscripci�n, como en el presente caso en que se determin� que no fue llevada a cabo por el registrador, tambi�n la validez extr�nseca del documento a inscribir, como lo es la falta de antecedentes registrales, que contenga anexos los documentos exigidos, como planos del inmueble, entre otros. De ah� que sean fundados los argumentos expuestos por la quejosa. Por consecuente, contrariamente a lo que declar� la responsable en la sentencia reclamada, el director general del Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio, s� est� facultado para tramitar y resolver el recurso de revocaci�n previsto en la fracci�n III del art�culo 4o. del reglamento aplicable, aun cuando se trate del examen de la validez de las inscripciones ya materializadas.

CUARTO

Previamente al estudio de fondo del asunto, es necesario determinar si, en el presente caso, existe o no contradicci�n de tesis, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados se�alados como contendientes.

Con el fin de corroborar si existe la contradicci�n de tesis denunciada, es necesario constatar si se encuentran o no cumplidostodos los requisitos que determinan su existencia, trat�ndose de criterios emanados de Tribunales Colegiados de Circuito, a saber:

  1. Que al resolver los negocios jur�dicos, se hayan examinado cuestiones de derecho esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes;

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las resoluciones respectivas; y

  3. Que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos;

Lo anterior deriva de la naturaleza y caracter�sticas propias de los conflictos de contradicci�n de tesis, as� como de la tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyos rubro, texto y datos de identificaci�n se insertan a continuaci�n:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"P�gina: 76

CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Los requisitos enunciados se surten en la especie, en atenci�n a las siguientes consideraciones.

De la transcripci�n de la parte medular de las respectivas ejecutorias que originaron la denuncia de contradicci�n de criterios, se advierte que los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos puestos a su consideraci�n, examinaron el problema jur�dico relativo a si el recurso de revocaci�n previsto en el art�culo 4o., fracci�n III, de la Ley Reglamentaria del Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo Le�n, es o no procedente trat�ndose de la cancelaci�n de inscripciones registrales.

En relaci�n con el tema jur�dico antes enunciado, el entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito (actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito), al resolver el amparo directo 347/99, sostuvo medularmente lo que sigue:

  1. Que si bien el art�culo 4o., fracci�n III, de la Ley Reglamentaria del Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio del Estado establece que el director del registro p�blico tiene la atribuci�n de revocar las resoluciones, acuerdos o actos de los registradores cuando se demuestre la ilegalidad de ellos, con audiencia del interesado en su caso; lo cierto es que dicho recurso no es procedente cuando el promovente pretende la cancelaci�n de inscripciones registrales, pues de acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 54 de ese ordenamiento, la cancelaci�n s�lo puede realizarse por consentimiento de las partes, por resoluci�n judicial y en los casos que as� lo determine la ley.

    Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al fallar el amparo directo 56/2007-II, consider� esencialmente lo que sigue:

  2. El director del Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio s� est� legalmente facultado para tramitar y resolver el recurso de revocaci�n en contra de las inscripciones realizadas por los registradores.

  3. La facultad conferida al director del registro p�blico, prevista en el art�culo 4o., fracci�n III, de la Ley Reglamentaria del Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio del Estado no se limita a casos determinados, pues establece su atribuci�n de revocaci�n de manera general a todos los acuerdos o actos de los registradores cuando se demuestre su ilegalidad.

  4. Ello se evidencia, porque el art�culo 54, fracci�n III, de la citada ley establece que la cancelaci�n de las inscripciones que lleven a cabo los registradores, puede llevarse a cabo no solamente por el mutuo consentimiento de las partes y por resoluci�n judicial, sino tambi�n por que as� lo disponga la ley, hip�tesis esta �ltima que se actualiza, ya que existe disposici�n para ello en el art�culo 4o., fracci�n III, de dicha ley reglamentaria, que regula la revocaci�n del acto o acuerdo registral correspondiente, por resoluci�n del director del registro.

  5. Por tanto, se concluye que el recurso de revocaci�n previsto en el art�culo 4o., fracci�n III, de la citada ley reglamentaria, puede tener por materia tanto el examen del acuerdo que niega la inscripci�n de alg�n documento o t�tulo, como la inscripci�n de la misma ya materializada, pues la ley no hace ninguna distinci�n o limitaci�n al respecto; ello es as�, pues en la fracci�n III del numeral citado prev� la posibilidad de que puedan ser revocados los actos de los registradores, y seg�n la fracci�n IV del art�culo 8o. del mismo ordenamiento, la inscripci�n de documentos y t�tulos es uno de los actos que realizan los registradores.

    Como puede verse de la s�ntesis de las ejecutorias transcritas, los referidos �rganos emitieron sus respectivas resoluciones examinando cuestiones jur�dicas iguales, por tratarse de los mismos elementos, a saber, ya que las disposiciones jur�dicas examinadas fueron las mismas, pues se pronunciaron sobre la interpretaci�n del art�culo 4o., fracci�n III, de la Ley Reglamentaria del Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo Le�n, en relaci�n con el art�culo 54 de ese mismo ordenamiento, a fin de establecer la procedencia o no del recurso de revocaci�n trat�ndose de la cancelaci�n de inscripciones registrales.

    Ahora bien, la valoraci�n de los anteriores elementos, condujo a los �rganos jurisdiccionales a conclusiones opuestas, en tanto que, el entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito (actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de ese circuito), consider� que el recurso de revocaci�n previsto en el art�culo 4o., fracci�n III, de la Ley Reglamentaria del Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo Le�n, no es procedente trat�ndose de cancelaci�n de inscripciones registrales, pues el art�culo 54 de ese ordenamiento prev� que s�lo puede realizarse la cancelaci�n por consentimiento de las partes, por resoluci�n judicial y en los casos que as� lo determine la ley.

    Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito estim� que el recurso de revocaci�n establecido en el art�culo 4o., fracci�n III, de la Ley Reglamentaria del Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo Le�n, s� es procedente trat�ndose de cancelaci�n de inscripciones registrales, ya que dicho art�culo no hace referencia a casos determinados, pues establece su facultad de manera general a todos los actos o acuerdos de los registradores en donde se demuestre su ilegalidad; m�xime que el numeral 54 de dicho cuerpo normativo establece las formas en que pueden cancelarse dichas inscripciones, entre las que se encuentra los casos en que as� lo determine la ley, hip�tesis que se actualiza, al prever ese art�culo 4o., fracci�n III, la revocaci�n del acto o acuerdo general llevado a cabo por el registrador.

    En consecuencia, el punto de derecho en que se centra la presente contradicci�n de tesis, consiste en determinar si el recurso de revocaci�n previsto en el art�culo 4o., fracci�n III, de la Ley Reglamentaria del Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo Le�n es o no procedente, trat�ndose de cancelaci�n de inscripciones registrales.

QUINTO

La presente contradicci�n debe resolverse conforme al criterio que sobre el tema a debate establece esta Segunda Sala, al tenor de las consideraciones que enseguida se expresan.

En principio, conviene recordar que el tema jur�dico a resolver consiste en determinar si el recurso de revocaci�n previsto en el art�culo 4o., fracci�n III, de la Ley Reglamentaria del Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo Le�n es o no procedente, trat�ndose de cancelaci�n de inscripciones registrales.

Con el fin de resolver la cuesti�n anterior, es pertinente transcribir el contenido del art�culo 4o., fracci�n III, de la Ley Reglamentaria del Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo Le�n, que dice a la letra:

"Art�culo 4o. El director del registro tendr� las siguientes atribuciones y obligaciones:

"...

III. Revocar, en un t�rmino no mayor de quince d�as, las resoluciones, acuerdos o actos de los registradores cuando se demuestre la ilegalidad de ellos, con audiencia del interesado en su caso; ...

La lectura del art�culo anterior permite observar que el legislador estatal consagr� la facultad general del director del Registro P�blico del Estado de Nuevo Le�n de revocar las resoluciones, los acuerdos y los actos de los registradores siempre y cuando se demuestre la ilegalidad de tales actuaciones y siempre con audiencia de la parte interesada.

De esta manera la interpretaci�n literal del texto del art�culo anterior no deja lugar a dudas respecto de la potestad que la ley otorga al referido director, a fin de que pueda revisar la legalidad de las actuaciones propias de los registradores, con lo cual, se materializa el principio de autotutela de la administraci�n p�blica, en virtud del cual la propia administraci�n est� capacitada como sujeto de derecho para tutelar por s� misma sus propias actuaciones, es decir, para vigilar la legalidad de sus actos y, en su caso, corregirlos, por lo cual en esa primera etapa de autotutela, la correcci�n de los actos administrativos no exige la intervenci�n de alg�n �rgano judicial para emitir sus decisiones y para hacerlas valer frente al gobernado.

Ahora bien, como la misma lectura del numeral transcrito es clara al sostener que el director del registro p�blico mencionado, est� facultado para revocar las actuaciones de los registradores, se vuelve necesario precisar cu�les son las resoluciones, acuerdos o actos propios de �stos, que pueden ser revocados por el director de m�rito, para lo cual es pertinente acudir al contenido del art�culo 8o. de la Ley Reglamentaria del Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo Le�n, que establece de manera puntual las obligaciones de los registradores:

"Art�culo 8o. Son obligaciones de los registradores:

"I. Vigilar el exacto cumplimiento de la ley en todos los actos de sus oficinas;

"II. Acudir en consulta al director general y acatar las instrucciones que gire la direcci�n. En caso de suma urgencia, los registradores for�neos deber�n consultar por escrito las dudas que tengan, con el J. de letras de la respectiva fracci�n judicial. En su caso el J. emitir� su opini�n fundada y por escrito;

"III. Resolver a los interesados las dudas que tengan, relativas al registro de los documentos, haci�ndoles saber los requisitos que falten y el modo de llenarlos;

"IV. Inscribir en un t�rmino no mayor de tres d�as, los t�tulos o documentos registrables que se les presenten, anotando la fecha y hora de su presentaci�n;

".D., dentro del mismo t�rmino, no mayor de tres d�as, los documentos o t�tulos cuya inscripci�n consideren improcedentes, dando constancia por escrito del fundamento legal de la negativa, para que el afectado pueda ejercitar el derecho que le concede la fracci�n III del art�culo 4o. de esta ley o acudir a la autoridad judicial;

"VI. Autorizar con su firma las inscripciones, anotaciones y dem�s actos y constancias de su oficina, pudiendo usar media firma para las anotaciones marginales de las inscripciones;

"VII. Expedir certificaciones de los documentos que obren en sus oficinas conforme a lo dispuesto en el cap�tulo XVIII de esta ley;

"VIII. Remitir mensualmente a la direcci�n general un informe pormenorizado del funcionamiento de sus oficinas;

"IX. Rendir a la direcci�n general los informes que �sta les solicite;

"X. Formular los �ndices a que se refiere el art�culo 20, de esta ley;

"XI. Hacer las anotaciones, dar los avisos y proporcionar los datos o documentos que procedan, conforme a lo previsto en los art�culos 449, 451, y 472 de la Ley Federal de Reforma Agraria; y

XII. Las dem�s que se�ale la ley.

Seg�n se observa del contenido del numeral citado los registradores tienen diferentes obligaciones, dentro de las cuales la mayor�a de ellas se refieren a actos de naturaleza positiva, vinculadas con actos encaminados a la vigilancia, el cumplimiento de la ley, a la consulta y al acatamiento de las instrucciones de la direcci�n, a la resoluci�n de las dudas que tengan los interesados a la inscripci�n de los t�tulos y documentos registrables, a la autorizaci�n con su firma de las inscripciones, anotaciones y dem�s actos y constancias de su oficina, a la expedici�n de certificaciones, a la remisi�n mensual al director general de un informe y de los que se soliciten, a la formulaci�n de los �ndices, a la elaboraci�n de anotaciones, a la emisi�n de avisos y a proporcionar los datos o documentos que procedan.

Adem�s de las obligaciones anteriores, tambi�n se incluye un deber que podr�amos llamar de car�cter negativo, pues la fracci�n V del art�culo de m�rito consigna su obligaci�n de devolver en un t�rmino no mayor de tres d�as los documentos y t�tulos de inscripci�n que consideren improcedentes, debiendo expedir constancia por escrito del fundamento legal de la negativa, para que el afectado pueda impugnarla ante el director del registro, en t�rminos de la fracci�n III del art�culo 4o. de la misma ley o en su caso, para que acuda ante la autoridad judicial.

Como se observa, este �ltimo deber se refiere a la necesidad de que los registradores, antes de autorizar la inscripci�n de alg�n documento o t�tulo, verifiquen la procedencia de tal inscripci�n, a fin de que en caso de que la consideren improcedente, emitan constancia por escrito del fundamento legal de esa negativa, para que el afectado ejerza su derecho previsto en la fracci�n III del art�culo 4o. de la misma ley, que seg�n ya se dijo, se refiere a la posibilidad de impugnar tal negativa ante el director del registro, que tiene la potestad de revocar esa determinaci�n, si advierte su ilegalidad.

De esta manera, es posible sostener, en primer lugar, que del contenido de las obligaciones de los registradores se advierte la existencia de diferentes actos encaminados a la correcta inscripci�n de t�tulos y de documentos registrales, as� como la instituci�n del deber de los registradores de no inscribir un t�tulo o un documento, cuando adviertan la improcedencia de la inscripci�n relativa, en t�rminos de lo dispuesto por los art�culos 45 y 46, en relaci�n con los numerales del 29 al 41 del ordenamiento legal en consulta (que prev�n los requisitos que deben contener los documentos registrables).

As�, es f�cil observar que la ley en estudio s�lo faculta de manera expresa a los registradores para que se nieguen a inscribir un t�tulo o un documento cuando adviertan su notoria improcedencia, pero no les permite que de manera oficiosa puedan decretar la cancelaci�n de una inscripci�n ya realizada, puesto que, incluso el art�culo 47 de la ley de referencia se�ala que la calificaci�n de legalidad hecha por el registrador, en cumplimiento de su deber se�alado, o por el director del registro al resolver el recurso de revocaci�n previsto en la fracci�n III del art�culo 4o. del mismo ordenamiento �nicamente tiene el efecto de negar o admitir la inscripci�n, con lo cual se constata la intenci�n del legislador de que la materia del recurso de revocaci�n, promovido ante el director del registro se limite a revisar la calificaci�n de improcedencia de la inscripci�n, a fin de verificar la legalidad o ilegalidad de ese acto preventivo; de donde se sigue que la materia del recurso no se refiere en modo alguno a un posible acto de cancelaci�n de una inscripci�n ya realizada.

La afirmaci�n anterior se corrobora si se toma en consideraci�n que la segunda parte del art�culo 47 mencionado contempla la posibilidad de que sean los tribunales los que verifiquen la legalidad o ilegalidad de la inscripci�n realizada, en cuyo caso los registradores podr�n cancelar la inscripci�n que hubieran hecho, siempre y cuando as� lo ordene la ejecutoria, pudi�ndose retrotraer sus efectos a la fecha de presentaci�n del t�tulo, a no ser que la propia sentencia disponga otra cosa.

En efecto, el comentado art�culo 47 de la ley en consulta, dice:

Art�culo 47. La calificaci�n de legalidad hecha por el registrador en el caso del art�culo 8o. fracci�n V, o por el director en los casos en que se hubiere hecho uso del recurso de revocaci�n previsto por la fracci�n III del art�culo 4o. de esta ley, se entender� para el solo efecto de negar o admitir la inscripci�n, sin perjuicio de que pueda seguirse ante los tribunales el juicio o juicios respectivos sobre la nulidad del t�tulo o la falta de representaci�n. Si de la ejecutoria que recayere en el juicio, resulta que fueron mal calificados el t�tulo o la representaci�n, el registrador har� la inscripci�n o cancelar� la que hubiere hecho, conforme a la ejecutoria, y sus efectos se retrotraer�n a la fecha de presentaci�n del t�tulo y as� se har� constar por el registrador, a no ser que la ejecutoria disponga otra cosa, sin causarse perjuicio a tercero, cuando no se haya hecho la anotaci�n preventiva.

El texto del precepto de referencia, vinculado desde luego con la fracci�n XII del antes citado art�culo 8o. de la misma ley, otorga a los registradores una potestad no consignada en este �ltimo numeral, a saber, la posibilidad de cancelar una inscripci�n realizada; sin embargo, el hecho de que el legislador no haya incluido esta �ltima potestad en el mencionado art�culo 8o. obedece a que, como se precis� en p�rrafos precedentes, las obligaciones de los registradores consignadas en este numeral constituyen sus deberes propios, inherentes a sus actividades cotidianas; de aqu� que pueda pensarse v�lidamente que el legislador estatal no consider� como un deber propio del registrador la cancelaci�n oficiosa de una inscripci�n, limitando su actuaci�n a la verificaci�n de la procedencia o improcedencia de la inscripci�n, en un af�n de otorgar seguridad jur�dica a los gobernados titulares de esa inscripci�n y firmeza administrativa a la inscripci�n ya realizada, cuya procedencia ha sido calificada y revisada por el registrador y, en su caso, por el director correspondiente.

De este modo, resulta l�gico que, al contemplar la posibilidad de que el registrador cancelara una inscripci�n, considerara tal actuaci�n como un deber impuesto a trav�s de una resoluci�n judicial, en atenci�n a la conveniencia legal de que la cancelaci�n de una inscripci�n realizada solamente pueda ser decretada por un �rgano judicial.

En este orden, es posible entender que el art�culo 47 de la ley reglamentaria en consulta establezca una distinci�n clara entre los alcances y efectos propios del recurso de revocaci�n resuelto por el director del registro, cuando se trata de la calificativa de improcedencia de la inscripci�n, frente al deber del registrador de cancelar una inscripci�n que hubiera hecho, como una obligaci�n derivada de lo dispuesto en la ejecutoria dictada por un tribunal, la cual no puede ser revocada por una autoridad administrativa.

Por loanterior, a la luz de la lectura e interpretaci�n de los numerales hasta aqu� comentados, debe concluirse que trat�ndose de la cancelaci�n de inscripciones registrales no procede el recurso de revocaci�n previsto en el art�culo 4o., fracci�n III, de la Ley Reglamentaria del Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo Le�n, puesto que la materia de ese recurso se contrae a la revisi�n de la calificaci�n de legalidad hecha por el registrador en el caso del art�culo 8o., fracci�n V, de la misma ley, y porque, adem�s, si se concluyera lo contrario, se permitir�a que una autoridad administrativa (director del registro) revocara una resoluci�n judicial, lo que no est� previsto en ning�n apartado del cuerpo legal en consulta, y que resultar�a contrario al esp�ritu de los art�culos 14, 17 y 49 de la Constituci�n Federal.

Atento a lo anterior, debe prevalecer el criterio que sostiene esta Segunda Sala, el que de acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 195 de la Ley de Amparo, debe regir con car�cter de jurisprudencia, en los siguientes t�rminos:

RECURSO DE REVOCACI�N PREVISTO EN EL ART�CULO 4o., F.I., DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL REGISTRO P�BLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO PARA EL ESTADO DE NUEVO LE�N. ES IMPROCEDENTE SI SE RECLAMA LA CANCELACI�N DE INSCRIPCIONES REGISTRALES.-El citado precepto establece la facultad del Director del Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo Le�n para revocar las resoluciones, los acuerdos o los actos de los Registradores cuando se demuestre su ilegalidad, siempre con audiencia de la parte interesada, con lo que se materializa el principio de autotutela de la administraci�n p�blica, en virtud del cual la propia administraci�n est� capacitada como sujeto de derecho para tutelar por s� misma la legalidad de sus actuaciones y, en su caso, corregirlas. Por otra parte, el art�culo 8o. de la Ley Reglamentaria del Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio para el Estado de Nuevo Le�n, al se�alar las obligaciones de los Registradores, prev� diferentes actos encaminados a la correcta inscripci�n de t�tulos y documentos registrales, as� como su deber de no inscribirlos cuando adviertan la improcedencia de la inscripci�n relativa. As�, es f�cil observar que la Ley citada s�lo faculta expresamente a los Registradores para que se nieguen a inscribir un t�tulo o un documento cuando adviertan su notoria improcedencia, pero no les permite decretar oficiosamente la cancelaci�n de una inscripci�n ya realizada, pues incluso el art�culo 47 de la Ley de referencia se�ala que la calificaci�n de legalidad hecha por el Registrador en cumplimiento de su deber se�alado, o por el Director del Registro al resolver el recurso de revocaci�n previsto en la fracci�n III del art�culo 4o. del mismo ordenamiento, �nicamente tiene el efecto de negar o admitir la inscripci�n, con lo cual se constata la intenci�n del legislador de que la materia del recurso de revocaci�n promovido ante el Director del Registro se limite a revisar la calificaci�n de improcedencia de la inscripci�n, a fin de verificar la legalidad o ilegalidad de ese acto preventivo, sin que pueda considerarse que tal materia se refiera a un posible acto de cancelaci�n de una inscripci�n ya realizada, m�xime que la segunda parte del mencionado art�culo 47 contempla la posibilidad de que sean los tribunales los que verifiquen la legalidad o ilegalidad de la inscripci�n realizada, en cuyo caso los Registradores podr�n cancelar la inscripci�n que hubieran hecho, siempre y cuando as� lo ordene la ejecutoria, pudi�ndose retrotraer sus efectos a la fecha de presentaci�n del t�tulo, a no ser que la propia sentencia disponga otra cosa. En ese sentido, se concluye que trat�ndose de la cancelaci�n de inscripciones registrales no procede el referido recurso de revocaci�n, ya que la materia de ese recurso, como se dijo, se contrae a la revisi�n de la calificaci�n de legalidad hecha por el Registrador en el caso del citado art�culo 8o., fracci�n V y porque, adem�s, de admitirse lo contrario se permitir�a que una autoridad administrativa revocara una resoluci�n judicial, lo que no est� previsto en alg�n apartado del cuerpo legal en consulta, y resultar�a contrario al esp�ritu de los art�culos 14, 17 y 49 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

S� existe la contradicci�n de tesis denunciada.

SEGUNDO

Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en los t�rminos precisados en el �ltimo considerando de esta resoluci�n.

Notif�quese; rem�tase de inmediato al Semanario Judicial de la Federaci�n la tesis de jurisprudencia que se sustenta, h�gase del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito de la Rep�blica, para los efectos establecidos en el art�culo 195 de la Ley de Amparo, y env�ese copia de esta ejecutoria a los Tribunales Colegiados participantes; en su oportunidad, arch�vese el expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi�, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros Mariano Azuela G�itr�n, G.D.G.�ngora P., S.S.A.A., J.F.F.G.S. y la se�ora Ministra presidenta M.B.L.R.. Fue ponente el se�or M.S.S.A.A..