Ejecutoria num. 2a./J. 196/2007 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 35494469

Ejecutoria num. 2a./J. 196/2007 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 196/2007
Localizacion:SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Diciembre de 2007
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 153/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, TERCERO Y CUARTO, TODOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA SUSTENTADA EN EL ARTÍCULO 42, FRACCIONES II Y III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, RESPETA LA GARANTÍA DE FUNDAMENTACIÓN.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 153/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, TERCERO Y CUARTO, TODOS DEL D�CIMO QUINTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: S.S.A.A..

SECRETARIA: L.F.M.P..

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicci�n de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en relaci�n con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se refiere a la posible contradicci�n entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos en materia administrativa, que es una de las materias de especializaci�n de esta Segunda Sala.

SEGUNDO

En primer t�rmino, se analiza la legitimaci�n de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa que realiza la denuncia de contradicci�n de tesis.

El oficio de denuncia es suscrito por los Magistrados integrantes de la Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa y el secretario de Acuerdos de dicho tribunal, en virtud de haber sido dicha Sala la que emiti� las resoluciones recurridas en los recursos de revisi�n fiscal en los que se sustentaron las tesis que se denuncian como contradictorias, circunstancia que adem�s se corrobora, por una parte, con las copias certificadas de las resoluciones dictadas en los recursos de revisi�n fiscal 309/2006-1, 237/2006 y 44/2007 por los Tribunales Colegiados Primero, Tercero y Cuarto del D�cimo Quinto Circuito, respectivamente, y, por la otra, con lo manifestado por los presidentes de los tribunales referidos en respuesta a lo solicitado en el auto de presidencia de este �rgano colegiado de veintiuno de junio de dos mil siete para que informaran sobre el car�cter que ten�an reconocido los Magistrados integrantes de la Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa en las revisiones fiscales de su �ndice se�aladas, pues se�alaron que ten�an reconocido el car�cter de autoridad que emiti� las resoluciones de las que derivaron las revisiones fiscales respectivas.

As�, partiendo de que la denunciante es la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa que emiti� las resoluciones recurridas en los recursos de revisi�n fiscal en las que los Tribunales Colegiados de Circuito dictaron las sentencias que se se�alan como contradictorias, debe determinarse si con tal car�cter se encuentra legitimada para realizar la denuncia.

El art�culo 197-A de la Ley de Amparo dispone:

Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o los magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidir� cu�l tesis debe prevalecer ...

As�, en t�rminos del precepto que ha sido transcrito, se encuentran legitimados para denunciar la contradicci�n entre las tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito:

  1. Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia; b) El procurador general de la Rep�blica; c) Los Tribunales Colegiados de Circuito que sustenten las tesis relativas o los Magistrados que los integran; y d) Las partes que intervinieron en los juicios en que se sustentaron las tesis discrepantes.

Al respecto resulta aplicable la tesis jurisprudencial 4/91 de la anterior Cuarta Sala de esta Suprema Corte de Justicia, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, N�mero 63, marzo de 1993, p�gina 17, del tenor siguiente:

"CONTRADICCI�N DE TESIS, DENUNCIA DE. ES IMPROCEDENTE SI NO SE FORMULA POR PARTE LEGITIMADA. Conforme al art�culo 197-A de la Ley de Amparo, s�lo podr�n denunciar contradicci�n entre las tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de su competencia: a) Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n; b) El procurador general de la Rep�blica; c) Los mencionados tribunales o los magistrados que los integren; y, d) Las partes que intervinieron en los juicios correspondientes. Consecuentemente, si una denuncia de tal naturaleza se formula por una autoridad o persona distinta de las que se�ala dicho precepto, la misma es improcedente por carecer de legitimaci�n el denunciante."

Ahora bien, en el caso debe considerarse que se satisface el requisito de legitimaci�n de la Sala Regional denunciante, pues aun cuando formalmente no tiene el car�cter de parte en el juicio contencioso administrativo que da origen al recurso de revisi�n fiscal, sino de �rgano resolutor que dicta la sentencia recurrida, al haber extendido esta Segunda Sala la procedencia de la denuncia de contradicci�n de tesis a aquellas que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito en recursos de revisi�n fiscal, por la estrecha relaci�n entre los temas que se tratan en estos recursos interpuestos por la autoridad contra las sentencias reca�das en los juicios contencioso administrativo y los que, en su caso, son materia de an�lisis y pronunciamiento en los juicios de amparo directo promovidos por los particulares contra las mismas sentencias, juicios estos �ltimos en los que las S. del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa que hayan dictado las sentencias reclamadas tendr�n el car�cter de partes como autoridades responsables y, por tanto, estar�n en aptitud de plantear contradicciones de tesis, tal circunstancia, por igualdad de raz�n, tambi�n debe llevar a darles un tratamiento an�logo por lo que se refiere a la legitimaci�n en los recursos de revisi�n fiscal que contra las mismas sentencias interpongan las autoridades, es decir a reconocer legitimaci�n a las S. del tribunal referido para hacer valer la denuncia de contradicci�n de tesis, ya sea que �stas se hayan sustentado al resolverse juicios de amparo directo contra las sentencias que hubieren emitido o bien recursos de revisi�n fiscal.

En efecto, esta Segunda Sala, en su anterior integraci�n, hab�a sustentado el criterio relativo a que carec�a de facultades para resolver contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados de Circuito al fallar recursos de revisi�n fiscal porque los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A, primer p�rrafo, de la Ley de Amparo expresamente alud�an a juicios de amparo, es decir s�lo se le facultaba para determinar la tesis que deb�a prevalecer cuando las tesis hubieren sido emitidas en juicios de amparo. La jurisprudencia relativa aparece publicada con el n�mero 2a.10 en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, Tomo IV, Primera Parte, p�gina 197, bajo el rubro: "REVISI�N FISCAL, LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE CARECE DE FACULTADES PARA RESOLVER LA CONTRADICCI�N DE TESIS EN."

Ahora bien, al resolver la contradicci�n de tesis 39/99, con fecha cuatro de febrero de dos mil, este �rgano colegiado interrumpi� la jurisprudencia referida, sustentando la tesis identificada con el n�mero XVIII/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XI, marzo de 2000, p�gina 379, que lleva por rubro: "REVISI�N FISCAL. LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA RESOLVER LA CONTRADICCI�N DE TESIS QUE SE SUSCITE EN ASUNTOS DE ESTA NATURALEZA (INTERRUPCI�N DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 10, DE LA ANTERIOR INTEGRACI�N DE LA SEGUNDA SALA)." Al haberse sustentado el anterior criterio, adem�s, al fallarse las diversas contradicciones de tesis 19/2002-SS, 81/2002-SS, 79/2002-SS y 166/2002-SS, se integr� la jurisprudencia identificada con el n�mero 65/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., agosto de 2003, p�gina 330, que se�ala:

REVISI�N FISCAL. LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N EST� FACULTADA PARA RESOLVER LA CONTRADICCI�N DE TESIS QUE SE SUSCITE EN ASUNTOS DE ESA NATURALEZA. Toda vez que las resoluciones que emiten los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos en materia de revisi�n fiscal, generan pronunciamientos que se encuentran en �ntima conexi�n con los temas y problemas que, en su caso, se presentan en el juicio de garant�as, concretamente en el amparo directo y, adem�s, la principal caracter�stica de los criterios que son materia de contradicci�n de tesis, es la de que son emitidos por un tribunal terminal, y en estos supuestos los Tribunales Colegiados de Circuito act�an como �rganos terminales, de conformidad con lo previsto por los art�culos 104, fracci�n I-B, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 248, p�rrafo primero, del C�digo F. de la Federaci�n, es indudable que la Segunda Sala est� facultada para resolver la contradicci�n que se suscita en asuntos de aquella naturaleza.

Como se advierte, con motivo del nuevo criterio sustentado por esta Segunda Sala, la denuncia de contradicci�n de tesis no s�lo resulta procedente entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver juicios de amparo, sino tambi�n al fallar recursos de revisi�n fiscal.

Este nuevo criterio debe llevar tambi�n, por congruencia, a aceptar la posibilidad de que sea denunciante de la contradicci�n de tesis el �rgano emisor de la sentencia recurrida en el recurso de revisi�n fiscal que interponga la autoridad, en forma an�loga a la legitimaci�n que para ello tiene como autoridad responsable en el juicio de amparo directo que promuevan los gobernados, al operar la misma raz�n, a saber, que las resoluciones que emiten los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos en materia de revisi�n fiscal, generan pronunciamientos que se encuentran en �ntima conexi�n con los temas y problemas que, en su caso, se presentan en el juicio de garant�as, concretamente en el amparo directo, por lo que al operar la misma raz�n debe existir la misma disposici�n, a saber la legitimaci�n de la Sala del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, tanto como autoridad responsable en el juicio de amparo directo como autoridad que dict� la sentencia recurrida en el recurso de revisi�n fiscal, de denunciar la contradicci�n en las tesis que los Tribunales Colegiados de Circuito hayan sustentado al resolver tales juicios o revisiones fiscales.

TERCERO

El Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito, al resolver el recurso de revisi�n fiscal 237/2006 el once de enero de dos mil siete, en la parte que interesa, sostuvo:

QUINTO. Son infundados los motivos de agravio que hace valer la autoridad recurrente administrador local jur�dico de Tijuana, en representaci�n del secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico, del jefe del Servicio de Administraci�n Tributaria y de la autoridad demandada, por lo que deber� confirmarse la resoluci�n en la parte que se revisa. Previo al an�lisis de los agravios transcritos, resulta pertinente puntualizar los antecedentes del caso. Mediante escrito presentado el veintid�s de noviembre de dos mil cuatro, ante la Sala Regional del Noroeste ?I? del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, con residencia en Tijuana, Baja California, Transportes Rafa de Baja California, S.A. de C.V., por conducto de su representante legal, R.G.S., demand� la nulidad de la resoluci�n negativa ficta atribuida a la Procuradur�a F. del Estado de Baja California, reca�da al recurso de revocaci�n que promovi� en contra de la resoluci�n contenida en el oficio n�mero LDAM-165-2003, de fecha nueve de marzo de dos mil cuatro, emitido por la Direcci�n de Auditor�a F. del Estado de Baja California, por medio de la cual se le determin� un cr�dito fiscal en cantidad total de $345,604.01 (trescientos cuarenta y cinco mil, seiscientos cuatro pesos 01/100 moneda nacional), solicitando a su vez, la suspensi�n de la ejecuci�n del acto impugnado. Por auto de fecha dos de diciembre de dos mil cuatro, el Magistrado instructor de la citada Sala Regional del Noroeste, admiti� a tr�mite la demanda de referencia registr�ndola con el n�mero 4054/04-01-01-4, as� como las pruebas que fueron ofrecidas y relacionadas en el cap�tulo respectivo, y orden� correr traslado a las autoridades siguientes: a) Procurador fiscal del Estado en Mexicali, Baja California; b) Secretario de P.�n y Finanzas del Estado; c) Secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico; y, d) Jefe del Servicio de Administraci�n Tributaria, estas dos �ltimas por conducto de la Administraci�n Local Jur�dica de Tijuana, Baja California, emplaz�ndolas con el car�cter de autoridades demandadas, para que contestasen la demanda en el t�rmino de ley, haci�ndoles el apercibimiento respectivo. Cabe se�alar que en fecha tres de enero de dos mil cinco, la S.F. emiti� sentencia interlocutoria a trav�s de la cual declar� procedente la solicitud de suspensi�n de la ejecuci�n del acto impugnado, decretando por ende, la suspensi�n definitiva del mismo, hasta en tanto se resolviera el fondo de la litis. Por otro lado, mediante oficio n�mero 3383, de cuatro de marzo de dos mil cinco, compareci� el administrador local jur�dico de Tijuana en el Estado de Baja California, en representaci�n de las autoridades demandadas, para dar contestaci�n a la demanda instaurada en su contra, ofreciendo las pruebas que a su derecho convino. A su vez, por oficio sin n�mero de fecha tres de marzo de dos mil cinco, la Procuradur�a F. del Estado de Baja California, en representaci�n de las autoridades demandadas, tambi�n formul� contestaci�n a la demanda y ofreci� las pruebas que estim� pertinentes para su defensa, motivo por el cual, por prove�do de primero de abril de dos mil cinco, se tuvo por contestada la demanda por parte de ambas autoridades, as� como por admitidas las pruebas que fueron ofrecidas, inclusive, se otorg� a la parte actora, el t�rmino legal para ampliar su demanda. As�, por escrito recibido ante la S.F. en fecha uno de julio de dos mil cinco, la parte actora formul� escrito de ampliaci�n de demanda, teni�ndose por admitida dicha ampliaci�n, seg�n acuerdo de primero de agosto de dos mil cinco, orden�ndose efectuar la notificaci�n correspondiente a las autoridades demandadas, por lo que, mediante oficio n�mero 13652, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil cinco, la Administraci�n Local Jur�dica de Tijuana, Baja California, dio contestaci�n a la ampliaci�n de la demanda, sosteniendo la validez de los actos controvertidos, inclusive, por oficio sin n�mero, de fecha cuatro de octubre de dos mil cinco, la Procuradur�a F. del Estado de Baja California, en representaci�n de las autoridades demandadas, tambi�n formul� su contestaci�n a la demanda. Por su parte, a trav�s de prove�do de veintiuno de noviembre de dos mil cinco, el Magistrado instructor tuvo por contestada la referida ampliaci�n de demanda, quien a su vez, orden� a su vez (sic) poner los autos a disposici�n de las partes, para que dentro del t�rmino de cinco d�as h�biles contados a partir de los cinco d�as siguientes a aqu�l en el que surtiera efectos su notificaci�n, formularan sus alegatos por escrito, vencido el cual quedar�a cerrada la instrucci�n sin necesidad de declaratoria expresa. Finalmente, el d�a diecisiete de febrero de dos mil seis, se dict� la resoluci�n correspondiente, cuyos puntos resolutivos quedaron como sigue: ?I. La parte actora prob� su pretensi�n; en consecuencia. II. Se declara la nulidad lisa y llana de la resoluci�n impugnada y de la que fue materia del recurso de revocaci�n. III. N.�quese personalmente a la parte actora y por oficio a las autoridades demandadas.?; (fojas 327 a 333); por lo que inconforme con dicha resoluci�n, el administrador local jur�dico de Tijuana en el Estado de Baja California, en representaci�n del secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico, del jefe del Servicio de Administraci�n Tributaria y de la autoridad demandada, promovi� el presente recurso de revisi�n fiscal. Como se anticip� inicialmente, devienen infundados los agravios que expresan las autoridades recurrentes en los motivos de inconformidad que invocan, por lo que deber� confirmarse la resoluci�n en la parte que se revisa, de acuerdo a las consideraciones que enseguida se expondr�n. En efecto, no asiste raz�n a las revisionistas en cuanto aducen que la S.F. vulner� en su perjuicio diversos preceptos del C�digo F. de la Federaci�n, entre ellos el contenido del art�culo 237, pues fue ilegal, se�alan el que declarara fundados los argumentos del accionante en el sentido de que la autoridad demandada indebidamente fundament� la orden de visita domiciliaria reclamada, en las fracciones II y III del art�culo 42 del referido ordenamiento legal, porque al citar dichas fracciones dej� al actor en estado de indefensi�n al no existir certeza jur�dica respecto al acto que se ordenaba, cuando alegan que las facultades contenidas en dicho precepto legal, son aut�nomas y pueden ejercerse individualmente, por lo que no existe ning�n impedimento para que, en su caso, insiste, puedan darse todas ellas en un solo procedimiento fiscalizador. Se afirma que lo anterior deviene infundado, toda vez que fue correcta la determinaci�n de la Sala responsable al considerar fundado el reclamo de la parte actora en el sentido de que en la orden de visita reclamada no se se�alaron claramente los fundamentos legales que sirvieron de base para emitirla, porque si bien es cierto, dijo la Sala, la Direcci�n de Auditor�a F. del Estado de Baja California, apoy� su actuaci�n entre otros numerales, en el art�culo 42, fracciones II y III del C�digo F. de la Federaci�n, tambi�n lo es, adujo la Sala del conocimiento, dicho precepto jur�dico faculta a la autoridad para ejercer actos de fiscalizaci�n en dos diferentes formas, mediante la revisi�n de gabinete o escritorio o bien, a trav�s de una visita domiciliaria, cuyas facultades aunque se pueden ejercer conjuntamente, pero siempre y cuando exista un oficio de inicio de las facultades de comprobaci�n, para cada acto de fiscalizaci�n. En efecto, el art�culo 42 del C�digo F. de la Federaci�n, en lo conducente, dispone: (se transcribe). Ahora bien, la autoridad demandada ejerci� sus facultades de comprobaci�n mediante la orden de visita domiciliaria n�mero VRMM2003-00026, de fecha veinticuatro de marzo de dos mil tres, seg�n se constata a fojas 176 (ciento setenta y seis) de autos, misma, que en lo que interesa, se�ala: (se transcribe). De la transcripci�n anterior se advierte, que la autoridad demandada ejerci� sus facultades de comprobaci�n mediante una orden de visita domiciliaria, fundando su actuaci�n, entre otros, en el art�culo 42, fracciones II y III, del C�digo F. de la Federaci�n, esto es, en dos fracciones que prev�n dos actos de fiscalizaci�n diferentes, pues como bien se aprecia de la transcripci�n de los citados preceptos, en los p�rrafos que anteceden, el art�culo en comento prev� en su fracci�n II, la facultad de la autoridad para requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimiento o en las oficinas de las autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisi�n, la contabilidad, as� como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran. A su vez, la fracci�n III, de dicho numeral, se�ala que la autoridad a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, est�n facultadaspara practicar visitas domiciliarias, esto es, la autoridad demandada est� facultada para ejercer actos de fiscalizaci�n, en dos diferentes formas, mediante la revisi�n de gabinete o escritorio o bien, a trav�s de una visita domiciliaria. En este orden de ideas, debe decirse, que la autoridad ejerci� sus facultades de comprobaci�n mediante una visita domiciliaria, violando en su perjuicio el contenido de los art�culos 14 y 16 constitucionales y 38, fracci�n III del C�digo F. de la Federaci�n, ya que la autoridad al citar los fundamentos legales que le otorgan competencia material para ejercer sus facultades de comprobaci�n, fue ambigua en cuanto a la cita de la fracci�n del art�culo 42 antes citado, puesto que invoc� las fracciones II y III, es decir, sustent� la orden como un acto de visita domiciliaria y como uno relativo a la revisi�n de gabinete, lo cual resulta contradictorio puesto que la liquidaci�n es el resultado de una visita domiciliaria y no as� de una revisi�n de gabinete o escritorio. Es decir, el art�culo 42 citado, en su �ltimo p�rrafo, establece la posibilidad de que la autoridad ejerza una visita domiciliaria o una revisi�n de gabinete en forma conjunta, indistinta o sucesivamente, de ah� pues la ambig�edad en torno a la fundamentaci�n en la orden de visita, pues se debi� precisar cu�l facultad de comprobaci�n se llevar�a a cabo a trav�s de la orden y oficio en comento, a fin de cumplir con la debida fundamentaci�n y motivaci�n, para que la empresa actora estuviera en posibilidad de conocer con certeza el acto de fiscalizaci�n que se estaba realizando sobre sus bienes, propiedades y posesiones, lo cual no aconteci� en la especie, es decir, la demandada al emitir la orden de visita, no observ� el principio de legalidad previsto en el art�culo 16 constitucional, pues invoc� como sustento legal las fracciones II y III del art�culo 42 del C�digo F. de la Federaci�n, lo cual, se insiste, resulta ilegal, pues no obstante, tratarse de una visita domiciliaria, la fundament� como si se diligenciara una revisi�n de escritorio o gabinete, m�xime que la fracci�n citada en primer t�rmino (II) no guarda injerencia alguna en el desarrollo de una visita domiciliaria, cuenta habida que est� destinada exclusivamente a actos vinculados con la revisi�n com�nmente llamada de gabinete o escritorio, y no as�, a una visita domiciliaria la cual constituye el acto origen de la resoluci�n impugnada. En este contexto, debe se�alarse, que fue correcta la decisi�n de la Sala responsable al considerar que la demandada indebidamente fundament� la orden de visita reclamada, en las fracciones II y III, del art�culo 42, del c�digo tributario federal, coloc� al actor en estado de indefensi�n al no existir certeza jur�dica respecto al acto que se ordenaba, de ah� que fue legal su proceder al declarar la nulidad lisa y llana de la resoluci�n impugnada, al haberse infringido con la emisi�n de la orden de visita domiciliaria que fue su origen, el contenido de la fracci�n III del art�culo 38 del citado ordenamiento fiscal, declarando por ende, la nulidad lisa y llana de la resoluci�n impugnada, sin que dicha sentencia tuviera el alcance de obligar o impedir a la autoridad hacendaria a emprender nuevamente su facultad fiscalizadora, con apoyo en los art�culos ...

CUARTO

El Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito, al resolver la revisi�n fiscal 309/2006-I el veinticinco de enero de dos mil siete, en la parte conducente, sostuvo:

CUARTO. Son infundados los agravios que hace valer la autoridad recurrente. En efecto, se�ala medularmente que conforme al art�culo 42 fracciones II, III, V y VI del C�digo F. de la Federaci�n si bien son aut�nomas, dada su naturaleza pueden ejercerse en forma individual o en forma conjunta en un mismo procedimiento al estar relacionadas unas con otras, y que no cabe duda alguna que se trataba de una visita domiciliaria, que fue aceptada por el contribuyente, por lo que afirma que si bien la fracci�n II de dicho art�culo se relaciona con la facultad de gabinete o escritorio, en una visita domiciliaria no le afecta al gobernado que se se�ale como fundamento dicha fracci�n, ya que tambi�n existe la facultad de solicitarle documentos, y si la autoridad funda su actuar en el dispositivo legal integrado por varias fracciones sin precisar num�ricamente cu�l de ellas aplic� en el caso espec�fico, no es posible que exista violaci�n al art�culo 16 constitucional, porque el contribuyente reconoci� que se trataba de una visita domiciliaria y como consecuencia no existe incertidumbre, y se encuentra debidamente fundada y motivada. Sigue diciendo que en todo caso de ser procedente la nulidad deber�a de ser para efectos, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 238, fracci�n II y 239, fracci�n III por tratarse de un vicio de forma. En efecto, se afirma que son infundados los agravios expresados, en virtud de que si bien es cierto el art�culo 42, fracciones II, III, V y VI del C�digo F. de la Federaci�n, en las que fundament� la orden de visita, contiene diversas facultades de comprobaci�n de la situaci�n que guarda un contribuyente, las cuales pueden llevarse a cabo en forma conjunta, indistinta o sucesivamente, al establecer textualmente: (se transcribe). Sin embargo, el mismo ordenamiento en su �ltimo p�rrafo establece: (se transcribe). De ah�, que en forma correcta la Sala del Tribunal F. haya determinado la nulidad de la orden de verificaci�n, por una indebida fundamentaci�n, en virtud de que cada fracci�n del art�culo en comento, constituye un procedimiento independiente, por tanto, la autoridad tiene la obligaci�n de determinar cu�l es el primer acto con el que se inicia la facultad de comprobaci�n, ya que cada procedimiento es diferente, y la notificaci�n de uno no puede ser el primer acto del inicio del otro, se afirma lo anterior, ya que la revisi�n de gabinete o escritorio tiene su fundamento en la fracci�n II del art�culo en comento, y se rige por los diversos art�culos 48, 51, y 53 del C�digo F. y la visita domiciliaria est� establecida en las fracciones III y V, y se rige por lo dispuesto en los art�culos 44, 45, 46 y 46-A, del ordenamiento se�alado. De ah� lo correcto de la Sala del tribunal en afirmar que la orden de visita sea ambigua, por no precisar de manera concreta la fracci�n respecto de la cual est� ejerciendo sus facultades, ya que contiene conjuntamente, la revisi�n de escritorio o gabinete, la visita domiciliaria, la verificaci�n f�sica de mercanc�as en transporte, y la expedici�n de comprobantes fiscales, transgrediendo la garant�a de seguridad jur�dica consagrada en el art�culo 16 constitucional, sin que la manifestaci�n del actor al afirmar que fue objeto de una visita domiciliaria, subsane la irregularidad de la orden, puesto que la facultad de revisi�n no queda al arbitrio del contribuyente sino que es la autoridad quien debe determinar cu�l procedimiento es el que se va llevar a cabo. En consecuencia si la orden de visita contenida en el oficio 326-SAT-A6-3-08033 de veinte de octubre de dos mil cuatro, por la cual se dio inicio al procedimiento administrativo que se tild� de nulo, se fundament� en base a las facultades dirigidas tanto para una visita domiciliaria como en una revisi�n de gabinete, as� como en la verificaci�n f�sica de mercanc�as en transporte, y la expedici�n de comprobantes fiscales, coloc� al actor en estado de indefensi�n al no tener la certeza jur�dica respecto al acto que se ordenaba, y si bien el �ltimo p�rrafo de dicho art�culo autoriza a la autoridad para ejercer conjunta, indistinta o sucesivamente tales facultades, ello es con la salvedad de la existencia de un oficio de inicio por cada acto de fiscalizaci�n, ya que dichas facultades no pueden coexistir en una misma orden o mandamiento de autoridad debido a que son diferentes actos de fiscalizaci�n, lo que trasciende a la esfera jur�dica del contribuyente, por lo que fue correcta la declaraci�n de la nulidad lisa y llana de la resoluci�n reclamada por estar viciada de origen, lo cual se sustenta en la fracci�n IV del art�culo 238 del ordenamiento fiscal correspondiente, y no en la fracci�n II que aduce la autoridad recurrente, ya que no se trata de una falta de fundamentaci�n del acto, sino una indebida fundamentaci�n, por tanto, la nulidad debe ser lisa y llana, pues lo contrario permitir�a a la autoridad demandada que tuviera dos o m�s posibilidades de fundar y motivar su acto mejorando su resoluci�n. Por �ltimo, en relaci�n con el agravio vertido en el que afirma que resulta inaplicable al asunto la tesis de jurisprudencia en la cual se apoya la autoridad fiscal, relativa a la competencia territorial y no a facultades de comprobaci�n, cabe decir que es infundado, ya que su aplicaci�n debe entenderse en forma an�loga, toda vez que la garant�a de fundamentaci�n consagrada en el art�culo 16 constitucional lleva impl�cita la idea de exactitud y precisi�n en la cita de las normas legales que apoyan el acto de molestia de que se trata, por tanto es inconcuso estimar que as� como es necesario invocar la competencia territorial, en la fracci�n, inciso y subinciso, en que se apoya la autoridad, cuanto y m�s debe de ser preciso en fundamentar el acto de molestia, de manera clara y detallada, por razones de seguridad jur�dica como se dijo anteriormente, a fin de evitar excesos en las facultades discrecionales que tiene la recurrente para su actuaci�n, porque no es permisible abrigar en tal garant�a ninguna clase de ambig�edad, ya que su finalidad es individualizar el acto de autoridad de acuerdo a la hip�tesis en que se ubique al gobernado, a fin de estar ajustado a derecho y de otorgar certeza y seguridad al particular frente al acto de la autoridad. En el caso la fundamentaci�n en las fracciones II, III, V y VI del art�culo 42 del C�digo F. de la Federaci�n, deja al arbitrio de los visitadores las facultades de comprobaci�n, ya que la pr�ctica de �stas debe sujetarse a lo se�alado en la orden y no a la inversa. En las apuntadas consideraciones, al resultar infundados los conceptos de agravio a estudio, debe confirmarse la sentencia recurrida ...

QUINTO

Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito, al resolver el recurso de revisi�n fiscal 44/2007 el diecinueve de abril de dos mil siete, en la parte que interesa, sostuvo:

S�PTIMO. Previo al an�lisis de los agravios, resulta pertinente establecer que trat�ndose de revisiones fiscales, impera el principio de estricto derecho, lo que obliga a que las autoridades recurrentes demuestren la ilegalidad de la resoluci�n impugnada. La autoridad inconforme alega en sus agravios, violaci�n a los art�culos 38, fracci�n III, 42, fracci�n III, 238, fracciones III y IV, as� como 239, fracci�n II, todos del C�digo F. de la Federaci�n, por su inobservancia e indebida aplicaci�n, en virtud de que la Sala del conocimiento al margen de las disposiciones legales citadas, emite sentencia, la cual no se ajusta a derecho, afectando los intereses del fisco federal; que a la S.F. no le asiste la raz�n, toda vez que medularmente manifiesta que la resoluci�n impugnada deriv� de una orden de visita domiciliaria ambigua porque la ordenadora fue omisa en precisar cu�l facultad de comprobaci�n se llevar�a a cabo a trav�s de la orden en comento para que el contribuyente estuviera en posibilidad de conocer con certeza el acto de fiscalizaci�n, ya que cit� como fundamento el art�culo 42, fracciones II y III del C�digo F. de la Federaci�n; agrega, que no asiste la raz�n a la S.F., virtud a que la orden de visita domiciliaria se encuentra debidamente fundada y motivada, porque en ella se citaron los preceptos legales en el que se apoy� la autoridad emisora, as� como las circunstancias especiales y razones particulares que tom� en consideraci�n, con lo que se cumple la garant�a de motivaci�n al expresar el objeto de la orden de visita que consisti� en comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que est� obligado el contribuyente, con lo que cumpli� con los requisitos exigidos por el art�culo 16 constitucional y el diverso 38, fracci�n II del c�digo tributario; a�ade, que la orden de visita fue emitida por autoridad fiscal competente, a efecto de ejercer las facultades de comprobaci�n previstas en el art�culo 42, fracciones II y III del C�digo F. de la Federaci�n; adem�s precisa que la Sala hizo una indebida interpretaci�n y aplicaci�n de las citadas fracciones ya que las facultades discrecionales no son limitativas porque en el caso de las visitas domiciliarias la autoridad fiscal puede solicitar documentos para revisar en el domicilio donde se practique la visita; que no existe precepto legal que proh�ba el ejercicio de las facultades de comprobaci�n previstas en las fracciones II y III del art�culo 42 del C�digo F. de la Federaci�n por lo que es correcto que se practiquen en forma coet�nea siempre y cuando tales facultades sean llevadas en el domicilio expresamente se�alado en la orden. Los motivos de disentimiento as� expuestos, resultan fundados. En efecto, los integrantes de este Tribunal Colegiado estiman que la Sala Regional err�neamente declar� la nulidad lisa y llana del cr�dito impugnado en el juicio de nulidad, transgrediendo los art�culos 38, fracci�n III, 42, fracci�n III y 44, fracci�n II del C�digo F. de la Federaci�n, en virtud de que la orden de visita domiciliaria cumple con los requisitos de fundamentaci�n y motivaci�n que todo acto de autoridad debe de revestir. Ciertamente, el art�culo 38, fracci�n III del cuerpo de leyes citado, establece que los actos de autoridad, entre otros requisitos, deber�n estar debida y suficientemente fundados y motivados. La fundamentaci�n consiste en la cita del precepto o preceptos y ordenamiento u ordenamientos legales aplicables al caso concreto; en tanto que la motivaci�n, es el se�alamiento de las situaciones de hecho espec�ficas y particulares que justifican la actuaci�n de la autoridad, por tanto, evidentemente deber� existir adecuaci�n entre la fundamentaci�n y la motivaci�n. En ese tenor, de la orden de visita domiciliaria, contenida en el oficio n�mero 324-SAT-02-II-1-244, de cuatro de marzo de dos mil cuatro, misma que obra a fojas ciento cinco a ciento seis de los autos del juicio natural, la cual tiene pleno valor probatorio, por tratarse de un documento p�blico, se advierte que la autoridad determin� ejercer sus facultades de comprobaci�n en los siguientes t�rminos: (se transcribe). Ahora, el art�culo donde descansa la decisi�n del ente p�blico para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, dispone: (se transcribe). Del an�lisis hecho a la orden emitida, y en cuya parte relativa se ha transcrito, se aprecia que no existe la menor duda de que la voluntad de la autoridad fiscal fue la de enderezar en contra del contribuyente actor, una visita domiciliaria para verificar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales a que se encuentra afecto dentro del marco de la recaudaci�n fiscal, por lo que bajo tal premisa, la orden de visita domiciliaria ciertamente cumple con el requisito de fundamentaci�n, en la medida en que se cit� el precepto legal que faculta a la autoridad para verificar las diversas obligaciones del contribuyente auditado, adem�s de exponerse que la revisi�n ser�a en la modalidad de recinto domiciliario, elementos que indudablemente le permiten al gobernado conocer el procedimiento y las reglas que deber�n observarse en el transcurso de la revisi�n. De ah� que, no es procedente, como lo estim� la S.F. recurrida, decretar el estado de indefensi�n que aleg� el actor, toda vez que la demandada notific� al contribuyente una orden de visita domiciliaria y eso precisamente fue lo que se practic�; cierto, consta en autos, el cuatro de marzo de dos mil cuatro, la administradora local de Auditor�a F. de Mexicali, Baja California, orden� la pr�ctica de una visita domiciliaria en el domicilio sito en Boulevard Benito Ju�rez sin n�mero, centro comercial 19, Maestros Estatales, Mexicali, Baja California, con el prop�sito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que se encuentra afecto en materia del impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado, revisi�n que abarc� el periodo fiscal comprendido del uno de mayo al treinta y uno de diciembre de dos mil dos, apoy�ndose para ello en las facultades de comprobaci�n que le conceden los art�culos 42, fracciones II y III del C�digo F. de la Federaci�n y 16 constitucional; asimismo, la autoridad administrativa autoriz� para llevar a cabo la visita domiciliaria, a personal adscrito a dicha administraci�n, designando los nombres y cargos correspondientes y, por �ltimo, apercibi� al causante para que en caso de que no diera a los visitadores las facilidades necesarias para el cumplimiento de la orden de visita domiciliaria, se opusiera a la pr�ctica de la misma, no pusiera a su disposici�n los elementos que integran su contabilidad o no proporcionara los informes, datos y documentos que se le solicitaran para el ejercicio de las facultades de comprobaci�n, se proceder�a de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 86, fracci�n I del propio C�digo F.; motivo por el cual de forma alguna causa al contribuyente incertidumbre respecto del acto que se orden�, porque como bien lo aduce la inconforme, las facultades previstas en las fracciones II y III del citado ordinal se pueden ejercer de manera individual, empero dada su naturaleza se encuentran relacionadas unas con otras y pueden ejercerse derivado de un solo procedimiento fiscalizador, por lo que la orden de visita domiciliaria cumple con los requisitos exigidos por los art�culos 16 constitucional y 38, fracci�n III del C�digo F. de la Federaci�n, en virtud de que se reitera, se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que se se�al� el objeto de la misma (comprobar el cumplimiento de disposiciones fiscales), los preceptos legales en que se apoy� y los de la competencia de la autoridad que la suscribi�, as� como la expresi�n de circunstancias que se tomaron en cuenta para emitirla; y el hecho de que se hubiera fundamentado en la fracci�n II del art�culo 42, del c�digo tributario en cita, ciertamente, es viable que durante una visita domiciliaria se le soliciten documentos al contribuyente sin que esa solicitud se entienda como que est� ejerciendo diversa facultad conocida como de gabinete o escritorio, m�xime que como se vio con antelaci�n en la propia acta se especific� que el contribuyente deb�a mantener a disposici�n del personal autorizado todos los elementos que integraban la contabilidad, se�alando cu�les ser�an esos elementos, y en la misma orden se precis� que deb�a permitirse el acceso al establecimiento, oficinas, locales, instalaciones, talleres, f�bricas, bodegas, cajas de seguridad que se localizaran dentro del domicilio, por lo que no puede considerarse que la orden de visita domiciliaria fue ambigua, ya que no causa incertidumbre al contribuyente, toda vez que en ella se precis� en qu� consist�a la facultad de comprobaci�n que se llevar�a a cabo en la orden de visita domiciliaria, y la contribuyente por ende estaba en posibilidad de conocer con certeza el acto de fiscalizaci�n que se realizar�a sobre sus bienes, papeles, posesiones y propiedades, adem�s, que tales facultades se llevaron a cabo en el domicilio expresamente se�alado en la propia orden. Adem�s, debe entenderse que un procedimiento de fiscalizaci�n como es la visita domiciliaria, se integra de diversos actos y resoluciones de la autoridad que la practica, como la orden misma, oficios de habilitaci�n de horas, oficios de aumento o disminuci�n de personal, oficios de ampliaci�n de la visita, oficios de requerimiento de datos a diversas autoridades solicitando informaci�n, entre otros que pudiesen surgir; actos que en lo particular, ciertamente deber�n estar fundados y motivados,atendiendo a cada caso en concreto, lo cual se surte al haberse citado como fundamento el art�culo 44 del C�digo F. de la Federaci�n, que establece el procedimiento que deber� seguirse en una visita domiciliaria, por lo que no puede decirse que existe indebida fundamentaci�n, ni que existe incertidumbre al momento de la emisi�n del mandamiento de autoridad, porque, la orden de visita domiciliaria se hizo constar por escrito, en donde se se�ala la autoridad que la emiti�, se expresa su objeto o prop�sito, as� como que ostenta la firma del funcionario competente y el nombre de la persona a quien va dirigida y se indica el lugar donde deb�a efectuarse y el nombre de la persona o personas que la deb�an llevar a cabo, aunado que a la contribuyente se le apercibi� para que otorgara todas las facilidades necesarias a los visitadores y proporcionara la documentaci�n que �stos requirieran para la pr�ctica de la visita domiciliaria, y que en caso contrario se actuar�a conforme a lo dispuesto en los art�culos 85, fracci�n I y 86, fracci�n I, ambos del C�digo F. de la Federaci�n, es inconcuso, que no existi� incertidumbre para la contribuyente, respecto de la facultad de comprobaci�n que se llevar�a a cabo en la visita domiciliaria, en virtud de que la autoridad emisora cumpli� con su obligaci�n de fundamentar el acto administrativo, dando a conocer los preceptos legales que preven�an las obligaciones del causante y las consecuencias de su incumplimiento. As�, al resultar fundados los agravios analizados, ser� procedente declarar fundado el recurso de revisi�n fiscal interpuesto por el administrador local jur�dico de Tijuana, en representaci�n del administrador local de Auditor�a F. de Mexicali, Baja California, por lo que la Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, con residencia en la ciudad de Tijuana, Baja California, deber� dejar insubsistente la sentencia de treinta de junio de dos mil seis, emitida en el juicio de nulidad 2884/05-01-01-4 y dictar otra en la que declare infundado el primer concepto de anulaci�n formulado por la parte actora en dicho juicio, por las razones antes expuestas, y posterior a ello, realizar el estudio de los restantes motivos de nulidad expuestos por la actora, emitiendo la resoluci�n que corresponda, en plenitud de jurisdicci�n ...

SEXTO

El an�lisis de las ejecutorias transcritas pone de relieve la existencia de la contradicci�n de tesis denunciada entre el Primer y Tercer Tribunales Colegiados del D�cimo Quinto Circuito al resolver las revisiones fiscales 309/2006-1 y 237/2006, respectivamente, y el Cuarto Tribunal Colegiado del mismo Circuito al fallar la revisi�n fiscal 44/2007.

Efectivamente, para que se genere una contradicci�n de tesis se requiere: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Lo anterior deriva del criterio contenido en la jurisprudencia n�mero 26/2001 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., abril de 2001, p�gina 76, que establece:

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Como se advierte de las consideraciones de la resoluci�n pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito, transcritas en el considerando tercero de la presente resoluci�n, en ellas se sostuvo, esencialmente, que la orden de visita domiciliaria que se fundamenta en el art�culo 42, fracciones II y III, del C�digo F. de la Federaci�n viola los art�culos 14 y 16 constitucionales y 38, fracci�n III, del C�digo F. de la Federaci�n (actualmente IV), al colocar al gobernado en estado de indefensi�n por no existir certeza jur�dica respecto del acto que se ordena, pues el art�culo 42, fracciones II y III, del C�digo F. de la Federaci�n faculta a la autoridad para ejercer dos actos de fiscalizaci�n diferentes, a saber, la revisi�n de gabinete o escritorio y la visita domiciliaria, facultades que pueden ejercerse conjuntamente siempre y cuando exista un oficio de inicio de las facultades de comprobaci�n para cada acto de fiscalizaci�n, pero que no pueden invocarse conjuntamente en una orden de visita domiciliaria porque con ello se impide que el gobernado tenga certeza del acto de fiscalizaci�n que va a realizarse sobre sus bienes, propiedades y posesiones, m�xime que la fracci�n II no guarda injerencia alguna con el desarrollo de una visita domiciliaria al referirse exclusivamente a actos vinculados con la revisi�n de gabinete o escritorio.

De igual manera, el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito, al fallar la revisi�n fiscal 309/2006-1, cuyas consideraciones relativas han quedado transcritas en el considerando cuarto precedente, sostuvo, b�sicamente, que carece de la debida fundamentaci�n la orden de visita domiciliaria que se sustenta en el art�culo 42, fracciones II, III, V y VI del C�digo F. de la Federaci�n, pues la garant�a de fundamentaci�n consagrada en el art�culo 16 constitucional lleva impl�cita la idea de exactitud y precisi�n en la cita de las normas legales que apoyan el acto de molestia de que se trate y las fracciones citadas del art�culo 42 del c�digo referido contemplan procedimientos diferentes e independientes, por lo que la notificaci�n del inicio de uno de dichos procedimientos no puede ser la del otro, sino que la autoridad tiene la obligaci�n de determinar cu�l es el primer acto con el que se inicia la facultad de comprobaci�n correspondiente. Afirma que la revisi�n de gabinete o escritorio tiene su fundamento en la fracci�n II del art�culo en comento y se rige por los diversos numerales 48, 51 y 53 del c�digo tributario federal, mientras que la visita domiciliaria se encuentra establecida en las fracciones III y V del art�culo 42 y se rige por los preceptos 44, 45, 46 y 46-A del mismo c�digo, por lo que la orden de visita domiciliaria que no precisa de manera concreta la fracci�n del art�culo 42 respecto de la cual est� ejerciendo sus facultades, sino que alude a las que contienen la revisi�n de escritorio o gabinete, la visita domiciliaria, la verificaci�n f�sica de mercanc�as en transporte y la expedici�n de comprobantes fiscales resulta ambigua y transgrede la garant�a de seguridad jur�dica al colocar al gobernado en estado de indefensi�n al no tener certeza respecto del acto que se ordena, pues si bien las facultades de comprobaci�n pueden ejercerse conjunta, indistinta o sucesivamente, ello es con la salvedad de la expedici�n de un oficio de inicio por cada acto de fiscalizaci�n, dado que dichas facultades no pueden coexistir en una misma orden o mandamiento de autoridad al ser diferentes actos de fiscalizaci�n.

Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito consider�, al resolver la revisi�n fiscal 44/2007 transcrita en su parte conducente en el considerando quinto de la presente resoluci�n, fundamentalmente, que el hecho de que la orden de visita domiciliaria se funde en el art�culo 42, fracciones II y III, del C�digo F. de la Federaci�n no implica incumplimiento a la garant�a de fundamentaci�n, pues las facultades de comprobaci�n previstas en tales fracciones se pueden ejercer de manera individual, pero dada su naturaleza se encuentran relacionadas unas con otras y pueden ejercerse en un solo procedimiento fiscalizador, ya que es viable que durante una visita domiciliaria se soliciten documentos al contribuyente sin que esa solicitud se entienda como una revisi�n de gabinete o escritorio, m�xime si en la propia orden se precisa en qu� consiste la facultad de comprobaci�n que se llevar� a cabo y que el contribuyente debe mantener a disposici�n de los visitadores que se designan los elementos de su contabilidad que se especifican, permiti�ndose el acceso a las oficinas y establecimientos de su domicilio, en tanto de ello deriva que existe certidumbre para el contribuyente respecto de la facultad de comprobaci�n que se llevar� a cabo.

Deriva de las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados participantes, anteriormente resumidas, que existe la contradicci�n de criterios denunciada, por una parte, entre los Tribunales Colegiados Primero y Tercero del D�cimo Quinto Circuito y, por la otra, el Cuarto Tribunal Colegiado del mismo circuito, en virtud de que examinaron un mismo problema jur�dico y a la luz de los mismos elementos, pues se pronunciaron sobre la legalidad de la orden de visita domiciliaria que se funda en el art�culo 42, fracciones II y III, del C�digo F. de la Federaci�n, y llegaron a conclusiones divergentes, ya que mientras el Primer y Tercer Tribunales Colegiados del D�cimo Quinto Circuito, consideraron que se viola la garant�a de fundamentaci�n al causar incertidumbre jur�dica al gobernado sobre la facultad de comprobaci�n que la autoridad va a ejercer, en tanto el art�culo referido contempla en dichas fracciones actos de fiscalizaci�n diversos, a saber la revisi�n de gabinete o escritorio y la visita domiciliaria; el Cuarto Tribunal Colegiado determin� que la cita de dichas fracciones del art�culo 42 en la orden de visita domiciliaria no implica vulneraci�n a la garant�a de fundamentaci�n consagrada en el art�culo 16 constitucional, puesto que las facultades de comprobaci�n previstas en dichas fracciones se encuentran relacionadas y pueden ejercerse en un solo procedimiento fiscalizador al ser factible que en la visita domiciliaria se soliciten documentos al contribuyente sin que ello se entienda como una revisi�n de gabinete o escritorio, m�xime si en la orden se precisan los elementos de su contabilidad que debe mantener a disposici�n de los contadores y se cumplen los dem�s requisitos legales que permiten al contribuyente tener la certeza de que se llevar� a cabo una visita domiciliaria.

Se advierte que no obsta a la existencia de la contradicci�n que el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito haya analizado la legalidad de una orden de visita domiciliaria que no s�lo se fund� en las fracciones II y III del art�culo 42 del C�digo F. de la Federaci�n, como en los casos analizados por los restantes Tribunales Colegiados participantes de la contradicci�n, sino, adem�s, en las fracciones V y VI, en tanto no fue la invocaci�n de tales fracciones en concreto lo relevante para su determinaci�n, sino que sus argumentos resultan aplicables, en general, para la orden de visita domiciliaria que no se limite a invocar, en exclusiva, la fracci�n III del art�culo 42 que contempla a la visita domiciliaria como uno de los actos de fiscalizaci�n que podr� ejercer la autoridad para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por los contribuyentes.

Por tanto, el estudio de la contradicci�n deber� centrarse en la determinaci�n relativa a la legalidad de una orden de visita domiciliaria que se funde en las fracciones II y III del art�culo mencionado, en tanto �stas fueron las fracciones que se dieron como fundamento en todos los asuntos que conocieron los Tribunales Colegiados participantes en la contradicci�n, resultando ajeno a la contradicci�n el an�lisis de la fundamentaci�n por la invocaci�n de fracciones diversas, conclusi�n que se corrobora si se atiende al hecho de que el Cuarto Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito, que sostiene el criterio contrario al de los Tribunales Colegiados Primero y Tercero del mismo circuito, centr� su determinaci�n de la debida fundamentaci�n de la orden de visita domiciliaria en el hecho de que la cita de la fracci�n II no causaba incertidumbre porque "... es viable que durante una visita domiciliaria se le soliciten documentos al contribuyente sin que esa solicitud se entienda como que se est� ejerciendo diversa facultad conocida como de gabinete o escritorio ...", es decir se centr� exclusivamente en la posibilidad del ejercicio de la facultad de comprobaci�n prevista en la fracci�n II del art�culo 42 del C�digo F. de la Federaci�n dentro de una visita domiciliaria, a lo que debe limitarse la contradicci�n, pues los restantes Tribunales Colegiados participantes consideraron que la cita de tal fracci�n implicaba la incertidumbre para el gobernado de si iba a realizarse una revisi�n de escritorio o gabinete o bien una visita domiciliaria, es decir, partieron de que la cita de la referida fracci�n en la orden de visita domiciliaria implica el ejercicio de la facultad de comprobaci�n conocida como revisi�n de gabinete o de escritorio y, de ello, derivaron la imposibilidad de que esta diversa facultad de comprobaci�n pudiera coexistir con la visita domiciliaria en la misma orden o mandamiento de autoridad.

As�, el punto de contradicci�n se centra en determinar si la orden de visita domiciliaria que se funda en el art�culo 42, fracciones II y III, del C�digo F. de la Federaci�n cumple con la garant�a de fundamentaci�n consagrada en el art�culo 16 constitucional o si viola el principio de legalidad por ocasionar incertidumbre jur�dica al gobernado en torno a la facultad de comprobaci�n que la autoridad va a ejercer.

S�PTIMO

Este �rgano colegiado considera que debe regir con car�cter jurisprudencial el criterio que se establece a continuaci�n.

El art�culo 16 constitucional, en los p�rrafos que al caso interesan, dispone:

"Art�culo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

"...

"En toda orden de cateo, que s�lo la autoridad judicial podr� expedir y que ser� escrita, se expresar� el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que �nicamente debe limitarse la diligencia, levant�ndose al concluirla, una acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

"...

La autoridad administrativa podr� practicar visitas domiciliarias �nicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de polic�a; y exigir la exhibici�n de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujet�ndose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescriptas para los cateos. ...

La disposici�n constitucional reproducida establece que todo acto de molestia debe estar contenido en un mandamiento escrito expedido por autoridad competente, en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento (p�rrafo primero); que las �rdenes de cateo s�lo podr�n ser expedidas por la autoridad judicial en forma escrita, las cuales deben consignar el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que deban aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo cual debe limitarse la diligencia, levant�ndose acta circunstanciada al concluirla en presencia de dos testigos designados por el ocupante del lugar o, en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique dicha diligencia (p�rrafo octavo); y, finalmente, que la autoridad administrativa puede practicar visitas domiciliarias solamente para cerciorarse que se cumplieron con los reglamentos sanitarios y de polic�a, as� como para exigir la exhibici�n de libros y papeles indispensables para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, con sujeci�n a las leyes respectivas y a las formalidades relativas a los cateos (antepen�ltimo p�rrafo).

El art�culo 42, fracciones II y III y antepen�ltimo p�rrafo, del C�digo F. de la Federaci�n, establece:

"Art�culo 42. Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los cr�ditos fiscales, as� como para comprobar la comisi�n de delitos fiscales y para proporcionar informaci�n a otras autoridades fiscales, estar�n facultadas para:

"...

"II. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisi�n, la contabilidad, as� como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran.

"III. Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercanc�as.

"...

Las autoridades fiscales podr�n ejercer estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, entendi�ndose que se inician con el primer acto que se notifique al contribuyente.

Como se advierte, el art�culo transcrito establece las facultades de las autoridades fiscales para comprobar el cumplimiento por parte de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados a sus obligaciones fiscales, facultades que pueden ejercerse de diversas formas, entre ellas, las previstas en las fracciones II y III, a saber, mediante el requerimiento de exhibici�n de la contabilidad y/o para que se proporcionen datos, informes y documentos, ya sea en el domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades; y mediante la pr�ctica de visitas para revisar su contabilidad, bienes y mercanc�as, debiendo resaltarse que las autoridades fiscales pueden ejercer estas facultades y las dem�s previstas en las otras fracciones del art�culo 42 de manera conjunta, indistinta o sucesivamente, inici�ndose con el primer acto que se notifique al causante.

En cuanto a la facultad de realizaci�n de visitas domiciliarias a los contribuyentes, responsables solidarios y terceros con ellos relacionados, contemplada en la fracci�n III del art�culo 42 del C�digo F. de la Federaci�n, debe se�alarse que tal facultad se encuentra sujeta no s�lo al primer p�rrafo del art�culo 16 constitucional, sino tambi�n a los p�rrafos octavo y antepen�ltimo, al encontrarse consignado en dicho dispositivo el derecho subjetivo elevado a la categor�a de garant�a individual de inviolabilidad domiciliaria y constituir las visitas domiciliarias, al igual que los cateos, una excepci�n a dicha inviolabilidad, que se sujetan, por tanto, al cumplimiento de requisitos estrictos.

En efecto, al ser la inviolabilidad domiciliaria un derecho fundamental del gobernado, s�lo se permite el ingreso al domicilio por parte de las autoridades, mediante el cumplimiento de determinadas formalidades y requisitos, de tal forma que cuando las autoridades fiscales recurren a la pr�ctica de visitas domiciliarias para cerciorarse, en t�rminos deldispositivo constitucional, entre otros aspectos, de que se han acatado las disposiciones fiscales, la orden respectiva debe cumplir con las formalidades que el propio art�culo constitucional establece para los cateos y con lo dispuesto en las leyes respectivas.

En la ley respectiva, que es el C�digo F. de la Federaci�n, se establecen los anteriores requisitos en los art�culos 38 y 43, el primero, referido a los requisitos que debe contemplar, en general, el acto administrativo que deba ser notificado al gobernado y, el segundo, a los que, adem�s, debe cumplir una orden de visita domiciliaria. Dichos preceptos disponen:

"Art�culo 38. Los actos administrativos que se deban notificar deber�n tener, por lo menos, los siguientes requisitos:

"I. Constar por escrito en documento impreso o digital.

"Trat�ndose de actos administrativos que consten en documentos digitales y deban ser notificados personalmente, deber�n transmitirse codificados a los destinatarios.

"II. Se�alar la autoridad que lo emite.

"III. Se�alar lugar y fecha de emisi�n.

"IV. Estar fundado, motivado y expresar la resoluci�n, objeto o prop�sito de que se trate.

"V.O. la firma del funcionario competente y, en su caso, el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, se se�alar�n los datos suficientes que permitan su identificaci�n. En el caso de resoluciones administrativas que consten en documentos digitales, deber�n contener la firma electr�nica avanzada del funcionario competente, la que tendr� el mismo valor que la firma aut�grafa.

"Para la emisi�n y regulaci�n de la firma electr�nica avanzada de los funcionarios pertenecientes al Servicio de Administraci�n Tributaria, ser�n aplicables las disposiciones previstas en el cap�tulo segundo, del t�tulo I denominado ?De los medios electr�nicos? de este ordenamiento.

"En caso de resoluciones administrativas que consten en documentos impresos, el funcionario competente podr� expresar su voluntad para emitir la resoluci�n plasmando en el documento impreso un sello expresado en caracteres, generado mediante el uso de su firma electr�nica avanzada y amparada por un certificado vigente a la fecha de la resoluci�n.

"Para dichos efectos, la impresi�n de caracteres consistente en el sello resultado del acto de firmar con la firma electr�nica avanzada amparada por un certificado vigente a la fecha de la resoluci�n, que se encuentre contenida en el documento impreso, producir� los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firma aut�grafa, teniendo el mismo valor probatorio.

"Asimismo, la integridad y autor�a del documento impreso que contenga la impresi�n del sello resultado de la firma electr�nica avanzada y amparada por un certificado vigente a la fecha de la resoluci�n, ser� verificable mediante el m�todo de remisi�n al documento original con la clave p�blica del autor.

"El Servicio de Administraci�n Tributaria establecer� los medios a trav�s de los cuales se podr� comprobar la integridad y autor�a del documento se�alado en el p�rrafo anterior.

Si se trata de resoluciones administrativas que determinen la responsabilidad solidaria se se�alar�, adem�s, la causa legal de la responsabilidad.

(Se advierte que el anterior precepto fue adicionado, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintiocho de junio de dos mil seis, con la fracci�n III, pasando las anteriores fracciones III y IV a ser IV y V, as� como con los p�rrafos subsecuentes a las fracciones -segundo a sexto del precepto-, salvo su �ltimo p�rrafo que no sufri� modificaci�n alguna).

"Art�culo 43. En la orden de visita, adem�s de los requisitos a que se refiere el art�culo 38 de este c�digo, se deber� indicar:

"I. El lugar o lugares donde debe efectuarse la visita. El aumento de lugares a visitar deber� notificarse al visitado.

"II. El nombre de la persona o personas que deban efectuar la visita las cuales podr�n ser sustituidas, aumentadas o reducidas en su n�mero, en cualquier tiempo por la autoridad competente. La sustituci�n o aumento de las personas que deban efectuar la visita se notificar� al visitado.

"III. Trat�ndose de las visitas domiciliarias a que se refiere el art�culo 44 de este c�digo, las �rdenes de visita deber�n contener impreso el nombre del visitado excepto cuando se trate de �rdenes de verificaci�n en materia de comercio exterior y se ignore el nombre del mismo. En estos supuestos, deber�n se�alarse los datos que permitan su identificaci�n, los cuales podr�n ser obtenidos, al momento de efectuarse la visita domiciliaria, por el personal actuante en la visita de que se trate.

Las personas designadas para efectuar la visita la podr�n hacer conjunta o separadamente.

(La fracci�n III de este precepto fue reformada mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintiocho de junio de dos mil seis).

En tales condiciones, las �rdenes que al efecto se emitan deben constar por escrito, estar firmadas y emitidas por autoridad competente, precisar el lugar o lugares que han de inspeccionarse, el objeto de la misma, los destinatarios de la orden o, en su caso, proporcionar datos suficientes que permitan su identificaci�n, as� como las personas que se encuentran facultadas para llevar a cabo la diligencia de que se trate.

En el mismo tenor se ha pronunciado este Alto Tribunal, como se advierte de las jurisprudencias que se insertan a continuaci�n:

"VISITA DOMICILIARIA, ORDEN DE. REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER. De conformidad con lo dispuesto por el art�culo 16 constitucional la orden de visita domiciliaria expedida por autoridad administrativa debe satisfacer los siguientes requisitos: 1. Constar en mandamiento escrito; 2. Ser emitida por autoridad competente; 3. Expresar el nombre de la persona respecto de la cual se ordena la visita y el lugar que debe inspeccionarse; 4. El objeto que persiga la visita; y 5. Llenar los dem�s requisitos que fijan las leyes de la materia. No es �bice a lo anterior lo manifestado en el sentido de que las formalidades que el precepto constitucional de m�rito establece se refieren �nicamente a las �rdenes de visita expedidas para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales pero no para las emitidas por autoridad administrativa, ya que en la parte final del p�rrafo segundo de dicho art�culo se establece, en plural ?... sujet�ndose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos? y evidentemente se est� refiriendo tanto a las �rdenes de visitas administrativas en lo general como a las espec�ficamente fiscales, pues, de no ser as�, la expresi�n se habr�a producido en singular." (Jurisprudencia n�mero 183 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, publicada en la p�gina n�mero 126 del Tomo III, Parte SCJN, S�ptima �poca, Ap�ndice de 1995).

"�RDENES DE VISITA DOMICILIARIA, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS. De conformidad con lo establecido por la fracci�n II del art�culo 16 constitucional y por la fracci�n III del art�culo 38 del C�digo F. de la Federaci�n, trat�ndose de las �rdenes de visita que tengan por objeto verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, por un principio l�gico y de seguridad jur�dica, deben estar fundadas y motivadas y expresar el objeto o prop�sito de que se trate; requisitos para cuya completa satisfacci�n es necesario que se precisen en dichas �rdenes, expresando por su nombre los impuestos de cuyo cumplimiento las autoridades fiscales pretenden verificar, pues ello permitir� que la persona visitada conozca cabalmente las obligaciones a su cargo que se van a revisar y que los visitadores se ajusten estrictamente a los renglones establecidos en la orden. S�lo mediante tal se�alamiento, por tratarse de un acto de molestia para el gobernado, se cumple con el requerimiento del art�culo 16 constitucional, consistente en que las visitas deben sujetarse a las formalidades previstas para los cateos, como es el se�alar los objetos que se buscan, lo que, en trat�ndose de �rdenes de visita se satisface al precisar por su nombre los impuestos de cuyo cumplimiento se trate. Adoptar el criterio contrario impedir�a, adem�s, al gobernado cumplir con las obligaciones previstas en el art�culo 45 del C�digo F. de la Federaci�n." (Jurisprudencia 2a./J. 7/93, sustentada al resolver la contradicci�n de tesis varios 40/90, publicada en la p�gina n�mero 13, N�mero 68, agosto de 1993, Octava �poca de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n).

"ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA, SU OBJETO. Acorde con lo previsto en el art�culo 16 constitucional, as� como con su interpretaci�n realizada por esta Suprema Corte en las tesis jurisprudenciales cuyos rubros son: ?VISITA DOMICILIARIA, ORDEN DE. REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER.? (tesis 183, p�gina 126, Tomo III, Segunda Sala, compilaci�n de 1995) y ?�RDENES DE VISITA DOMICILIARIA, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS.? (tesis 509, p�gina 367, Tomo III, Segunda Sala, compilaci�n de 1995), que toman en consideraci�n la tutela de la inviolabilidad del domicilio y la similitud establecida por el Constituyente, entre una orden de cateo y una de visita domiciliaria, cabe concluir que el objeto no s�lo debe concebirse como prop�sito, intenci�n, fin o designio, que d� lugar a la facultad comprobatoria que tienen las autoridades correspondientes, sino tambi�n debe entenderse como cosa, elemento, tema o materia, esto es, lo que produce certidumbre en lo que se revisa; con base en esto �ltimo, el objeto de la orden de que se trata no debe ser general, sino determinado, para as� dar seguridad al gobernado y, por ende, no dejarlo en estado de indefensi�n. Por tanto, la orden que realiza un listado de contribuciones o cualquier otro tipo de deberes fiscales que nada tenga que ver con la situaci�n del contribuyente a quien va dirigida, la torna gen�rica, puesto que deja al arbitrio de los visitadores las facultades de comprobaci�n, situaci�n que puede dar pauta a abusos de autoridad, sin que obste a lo anterior la circunstancia de que el visitador �nicamente revise las contribuciones a cargo del contribuyente como obligado tributario directo, porque en ese momento ya no se trata del contenido de la orden, sino del desarrollo de la visita, en la inteligencia de que la pr�ctica de �sta debe sujetarse �nicamente a lo se�alado en la orden y no a la inversa. Esta conclusi�n, sin embargo, no debe llevarse al extremo de exigir a la autoridad que pormenorice o detalle el capitulado o las disposiciones de las leyes tributarias correspondientes, porque tal exageraci�n provocar�a que con una sola circunstancia que faltara, el objeto de la visita se considerara impreciso, lo cual restringir�a ilegalmente el uso de la facultad comprobatoria, situaci�n que tampoco es la pretendida por esta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. Es necesario precisar que las anteriores consideraciones �nicamente son v�lidas trat�ndose de �rdenes de visita para contribuyentes registrados, pues s�lo de ellos la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, de acuerdo con su registro de alta, sabe qu� contribuciones est�n a su cargo, situaci�n que es distinta de los casos de contribuyentes clandestinos, es decir, aquellos que no est�n inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes porque, en estos casos, la orden necesariamente debe ser general, pues no se sabe qu� contribuciones est�n a cargo del destinatario de la orden. Tambi�n debe se�alarse que las contribuciones a cargo del sujeto pasivo, no s�lo conciernen a las materiales o de pago, sino igualmente a las formales o cualquier otro tipo de deber tributario y, por tanto, debe entenderse por obligado tributario, no solamente al causante o contribuyente propiamente dicho, sino tambi�n a los retenedores, responsables solidarios y cualquier otro sujeto que a virtud de las normas tributarias tenga que rendir cuentas al fisco." (Jurisprudencia 2a./J. 59/97 sustentada al resolver la contradicci�n de tesis 23/97, visible en la p�gina n�mero 333, T.V., diciembre de 1997, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta).

Ante la importancia que la orden de visita domiciliaria y su conocimiento tiene para el gobernado visitado, por tratarse de una excepci�n al derecho fundamental de inviolabilidad domiciliaria y porque su ejecuci�n afectar� la esfera jur�dica de aqu�l en todo lo inherente al cumplimiento de las disposiciones fiscales, el legislador, adem�s de sujetarla al cumplimiento de los requisitos que han quedado analizados, estableci� en el art�culo 44, fracci�n II, p�rrafo primero, del C�digo F. de la Federaci�n que ante la ausencia del visitado o su representante cuando los visitadores se presenten al lugar donde deba practicarse la visita, deber� dejarse citatorio para que los esperen a hora determinada del d�a siguiente para recibir la orden de visita, debiendo precisarse que la cita es para la notificaci�n de una orden de visita, en t�rminos de lo establecido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 92/2000, visible a fojas 326, T.X., octubre de 2000, Novena �poca, compilada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyo rubro es: "VISITA DOMICILIARIA. CONFORME AL ART�CULO 44, F.I., PRIMER P�RRAFO, DEL C�DIGO FISCAL DE LA FEDERACI�N ES REQUISITO DE LEGALIDAD DEL CITATORIO QUE SE ESPECIFIQUE QUE ES PARA RECIBIR LA ORDEN DE VISITA."

Por lo que se refiere a la facultad de comprobaci�n de las autoridades fiscales contemplada en la fracci�n II del art�culo 42 del C�digo F. de la Federaci�n para "Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisi�n, la contabilidad, as� como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran", debe se�alarse que en ella se comprende, en general, la atribuci�n de la autoridad fiscal de requerir la contabilidad, documentos, datos o informes y, por tanto, dentro de la misma se abarca a la llamada revisi�n de gabinete o escritorio, denominada as� precisamente por realizarse en las oficinas de las autoridades y no en el domicilio del gobernado, pero no se limita a ella, pues el requerimiento puede ser efectuado para que la exhibici�n de la documentaci�n se realice en el propio domicilio del gobernado, requiri�ndose orden de visita domiciliaria en caso de que la autoridad requiera intromisi�n al mismo.

En efecto, el art�culo 48 del C�digo F. de la Federaci�n establece los requisitos que deber�n cumplirse cuando la autoridad fiscal requiera al contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado la contabilidad, datos, informes o documentos, en uso de sus facultades de comprobaci�n, pero se�alando expresamente que la regulaci�n relativa se refiere a requerimientos efectuados fuera de una visita domiciliaria, como se advierte de la transcripci�n del mismo que a continuaci�n se realiza:

"Art�culo 48. Cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, datos o documentos o pidan la presentaci�n de la contabilidad o parte de ella, para el ejercicio de sus facultades de comprobaci�n, fuera de una visita domiciliaria, se estar� a lo siguiente:

"I. La solicitud se notificar� al contribuyente de conformidad con lo establecido en el art�culo 136 del presente ordenamiento, trat�ndose de personas f�sicas, tambi�n podr� notificarse en el lugar donde �stas se encuentren.

"II. En la solicitud se indicar� el lugar y el plazo en el cual se debe proporcionar los informes o documentos.

"III. Los informes, libros o documentos requeridos deber�n ser proporcionados por la persona a quien se dirigi� la solicitud o por su representante.

"IV. Como consecuencia de la revisi�n de los informes, datos, documentos o contabilidad requeridos a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, las autoridades fiscales formular�n oficio de observaciones, en el cual har�n constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen conocido y entra�en incumplimiento de las disposiciones fiscales del contribuyente o responsable solidario.

"V. Cuando no hubiera observaciones, la autoridad fiscalizadora comunicar� al contribuyente o responsable solidario, mediante oficio, la conclusi�n de la revisi�n de gabinete de los documentos presentados.

"VI. El oficio de observaciones a que se refiere la fracci�n IV de este art�culo se notificar� cumpliendo con lo se�alado en la fracci�n I de este art�culo y en el lugar especificado en esta �ltima fracci�n citada. El contribuyente o el responsable solidario, contar� con un plazo de veinte d�as, contados a partir del d�a siguiente al en que surta efectos la notificaci�n del oficio de observaciones, para presentar los documentos, libros o registros que desvirt�en los hechos u omisiones asentados en el mismo, as� como para optar por corregir su situaci�n fiscal. Cuando se trate de m�s de un ejercicio revisado o cuando la revisi�n abarque adem�s de uno o varios ejercicios revisados, fracciones de otro ejercicio, se ampliar� el plazo por quince d�as m�s, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de veinte d�as.

"Se tendr�n por consentidos los hechos u omisiones consignados en el oficio de observaciones, si en el plazo probatorio el contribuyente no presenta documentaci�n comprobatoria que los desvirt�e.

"El plazo que se se�ala en el primero y segundo p�rrafos de esta fracci�n es independiente del que se establece en el art�culo 46-A de este c�digo.

"VII. Trat�ndose de la revisi�n a que se refiere la fracci�n IV de este art�culo, cuando �sta se relacione con el ejercicio de las facultades a que se refieren los art�culos 215 y 216 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el plazo a que se refiere la fracci�n anterior, ser� de dos meses, pudiendo ampliarse por una sola vez por un plazo de un mes a solicitud del contribuyente.

"En los casos a que se refiere el p�rrafo anterior, el contribuyente directamente o los representantes que designe, en los t�rminos de la fracci�n IV del art�culo 46 de este c�digo, tendr�n acceso a la informaci�n confidencial proporcionada u obtenida de terceros independientes, sujet�ndose a los t�rminos y responsabilidades a que se refiere dicha fracci�n.

"VIII. Dentro del plazo para desvirtuar los hechos u omisiones asentados en el oficio de observaciones, a que se refieren las fracciones VI y VII, el contribuyente podr� optar por corregir su situaci�n fiscal en las distintas contribuciones objeto de la revisi�n, mediante la presentaci�n de la forma de correcci�n de su situaci�n fiscal, de la que proporcionar� copia a la autoridad revisora.

"IX. Cuando el contribuyente no corrija totalmente su situaci�n fiscal conforme al oficio de observaciones o no desvirt�e los hechos u omisiones consignados en dicho documento, se emitir� la resoluci�n que determine las contribuciones o aprovechamientos omitidos, la cual se notificar� al contribuyente cumpliendo con lo se�alado en la fracci�n I de este art�culo y en el lugar especificado en dicha fracci�n.

Para los efectos del primer p�rrafo de este art�culo, se considera como parte de la documentaci�n o informaci�n que pueden solicitar las autoridades fiscales, la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente.

El anterior precepto regula la revisi�n de gabinete o escritorio, la cual se realiza en las oficinas de las autoridades y no en el domicilio del gobernado, raz�n por la cual esta Segunda Sala ha determinado que la orden relativa se rige s�lo por el p�rrafo primero del art�culo 16 constitucional, como se advierte en las siguientes tesis aislada y jurisprudenciales:

"No. Registro: 200,265

"Tesis aislada

"Materia(s): Constitucional,Administrativa

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: II, noviembre de 1995

"Tesis: P. XCVI/95

"P�gina: 80

"COMPROBACI�N FISCAL. NO ES VIOLATORIA DEL ART�CULO 16 CONSTITUCIONAL LA F.I. DEL ART�CULO 42 DEL C�DIGO FISCAL DE LA FEDERACI�N AL ESTABLECER DIVERSAS FORMAS DE REALIZARLA. Las facultades de comprobaci�n fiscal de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, pueden llevarse a cabo conjunta, indistinta o sucesivamente, a criterio de la autoridad hacendaria, a trav�s de cualquiera de las formas establecidas por el art�culo 42 del C�digo F. de la Federaci�n, es decir, por medio de la revisi�n de declaraciones, de dict�menes formulados por contadores p�blicos sobre los estados financieros de los contribuyentes, por medio de la pr�ctica de aval�os o verificaci�n f�sica de toda clase de bienes; alleg�ndose informaci�n de funcionarios, o bien, a trav�s de la pr�ctica de visitas domiciliarias o requiriendo la exhibici�n de la contabilidad en el domicilio del contribuyente o en las oficinas de las autoridades correspondientes. Por tanto, la circunstancia de que la fracci�n II del citado art�culo 42 del C�digo F. de la Federaci�n establezca la posibilidad de que los contribuyentes, responsables solidarios o terceros exhiban su contabilidad incluso en el domicilio de las autoridades administrativas, no infringe lo dispuesto por el art�culo 16, noveno p�rrafo, de la Carta Magna, ya que �ste se refiere �nicamente a la pr�ctica de visitas domiciliarias y no a todas y cada una de las formas de comprobaci�n fiscal, las que constituyen actos de molestia regulados por el p�rrafo primero del propio precepto constitucional. En tales condiciones, debe concluirse que la facultad de comprobaci�n a que se refiere el multicitado art�culo 42, fracci�n II, del C�digo F. de la Federaci�n, queda comprendida dentro de la disposici�n general consagrada en el primer p�rrafo del propio art�culo 16 de la Ley Fundamental, esto es, que el acto autoritario de molestia debe ser consecuencia de un mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Cabe destacar que el hecho de que el Constituyente haya establecido un p�rrafo relativo a visitas domiciliarias, obedeci� a que quiso dar una regla de protecci�n especial al domicilio, de tal forma que no pudiera violarse sino en los casos previstos por el propio art�culo 16 constitucional, es decir, para cateos o visitas domiciliarias, sin que ello implique que las facultades de comprobaci�n fiscal no puedan llevarse a cabo en forma diversa, siempre y cuando se respeten las disposiciones a que debe sujetarse todo acto de autoridad a que se refiere el primer p�rrafo del art�culo 16 de la Constituci�n Federal."

"Jurisprudencia

"Materia(s): Administrativa

"Novena �poca

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XVII, enero de 2003

"Tesis: 2a./J. 148/2002

"P�gina: 637

"REVISI�N DE ESCRITORIO O GABINETE. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART�CULO 48, FRACCI�N I, DEL C�DIGO FISCAL DE LA FEDERACI�N, NO ES REQUISITO DE LEGALIDAD DEL CITATORIO QUE SE ESPECIFIQUE QUE ES PARA LA ENTREGA DE LA SOLICITUD DE INFORMES, DE DATOS O DE DOCUMENTOS. De lo dispuesto en el citado art�culo, se desprende que cuando se pretenda notificar la solicitud que hacen las autoridades hacendarias a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, de informes, datos o documentos, para el ejercicio de sus facultades de comprobaci�n fuera de una visita domiciliaria, sin que se encuentre al destinatario, se dejar� citatorio con la persona que est� en el lugar visitado, para que el interesado espere al notificador a una hora determinada del d�a siguiente, con el apercibimiento de que si no lo hiciere, se notificar� con quien se halle en el domicilio se�alado. Atento a lo anterior, no es requisito de legalidad que deba especificarse en el citatorio respectivo que la cita es para entregar la solicitud de documentos a fin de que las autoridades hacendarias ejerzan sus facultades de comprobaci�n fiscal, sin embargo deben respetarse las disposiciones a que debe sujetarse todo acto de autoridad a que se refiere el primer p�rrafo del art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, de manera que debe observarse lo previsto en el art�culo 137, p�rrafo primero, del C�digo F. de la Federaci�n, que establece que el notificador debe constituirse en el domicilio de la persona buscada para la pr�ctica de la notificaci�n personal ordenada, que en caso de no encontrarla, le dejar� citatorio para que lo espere a una hora fija del d�a h�bil siguiente, numeral que si bien no alude expresamente al levantamiento del acta circunstanciada donde se asienten los hechos relativos a esa diligencia, es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que cuando deba notificarse personalmente al destinatario en su domicilio, la constancia de notificaci�n se�alar� qui�n es la persona que se busca y cu�l su domicilio; en su caso, por qu� no pudo practicar la diligencia encomendada; con qui�n la entendi� y a qui�n se le dej� citatorio; mas no est� obligado a especificar el objeto o prop�sito del documento que tenga que entregar, requisito de legalidad que s�lo es indispensable cuando se trata de una visita domiciliaria, pues en este caso lo que se protege es la garant�a a la inviolabilidad domiciliaria, supuesto diverso cuando se trata de una solicitud de documentos, en donde s�lo se le da un plazo determinado al interesado para presentar la documentaci�n requerida."

"Novena �poca

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XII, agosto de 2000

"Tesis: 2a./J. 68/2000

"P�gina: 261

REVISI�N DE ESCRITORIO O GABINETE. LA ORDEN RELATIVA, QUE SE RIGE POR EL ART�CULO 16, P�RRAFO PRIMERO, CONSTITUCIONAL, DEBE SE�ALAR NO S�LO LA DOCUMENTACI�N QUE REQUIERE, SINO TAMBI�N LA CATEGOR�A DEL SUJETO (CONTRIBUYENTE, SOLIDARIO O TERCERO), LA CAUSA DEL REQUERIMIENTO Y, EN SU CASO, LOS TRIBUTOS A VERIFICAR. Esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ya ha establecido que la orden de revisi�n de escritorio o de gabinete tiene su fundamento en el p�rrafo primero del art�culo 16 constitucional; de ah� que la emisi�n de una orden de tal naturaleza debe cumplir con lo previsto en dicho precepto de la Ley Suprema, que en materia tributaria pormenoriza el art�culo 38, fracci�n III, del C�digo F. de la Federaci�n, esto es, que debe acatar el principio de fundamentaci�n y motivaci�n, conceptos que la anterior integraci�n de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en la tesis de jurisprudencia 260, visible en la p�gina 175, del T.V. del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, de rubro ?FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N.?, defini� en cuanto al primero, como la expresi�n del precepto legal o reglamentario aplicable al caso, y por lo segundo, el se�alamiento preciso de las circunstancias especiales, razones particulares o causas que se hayan tenido en consideraci�n para la emisi�n del acto, debiendo existir adecuaci�n entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Por tanto, si conforme al art�culo 42, fracci�n II, del C�digo F. de la Federaci�n, la facultad de revisi�n de escritorio puede referirse a tres tipos de sujetos, que son el causante directo, el responsable solidario y el tercero relacionado con aqu�llos, y su ejercicio puede derivar de distintos motivos, a saber: I. Verificar el cumplimiento de disposiciones fiscales; II. Determinar tributos omitidos; III. Determinar cr�ditos fiscales; IV. Comprobar la comisi�n de delitos fiscales; y, V. Proporcionar informaci�n a autoridades hacendarias diversas; ha de concluirse que la orden de revisi�n que al respecto se emita debe estar contenida en un mandamiento escrito de autoridad competente, debidamente fundado y motivado, lo cual implica que no s�lo exprese la documentaci�n que requiere, sino tambi�n la categor�a que atribuye al gobernado a quien se dirige, cu�l es la facultad que ejerce, la denominaci�n de las contribuciones y el periodo a revisar, con el objeto de dar plena seguridad y certeza al causante y evitar el ejercicio indebido o excesivo de la atribuci�n de revisi�n, en perjuicio de los particulares.

En las tesis aisladas CVI/2005 y CVII/2005, publicadas en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XXII, octubre de 2005, p�ginas 974 y 974, esta Segunda Sala expresamente alude a la realizaci�n de las revisiones de gabinete o escritorio en las oficinas de la autoridad, como puede advertirse de la lectura de dichas tesis que, en sus partes conducentes, respectivamente, se�alan:

"REVISI�N DE GABINETE EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. EL ART�CULO 46-A, APARTADO B, DEL C�DIGO FISCAL DE LA FEDERACI�N NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JUR�DICA (LEGISLACI�N VIGENTE A PARTIR DE ENERO DE 2004). Dicho precepto legal no viola el principio de seguridad jur�dica contenido en el art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que a partir de la reforma legal de 2004 el legislador estableci� un plazo cierto de 2 a�os para la culminaci�n de las facultades de comprobaci�n ejercidas por la autoridad administrativa, cuya duraci�n no es excesiva o injustificada si se consideran los siguientes factores: 1) que la revisi�n de gabinete se realiza en las oficinas de las autoridades y no en el domicilio del gobernado, lo que excluye la aplicabilidad de las exigencias de constitucionalidad requeridas para la visita domiciliaria, por incidir en forma distinta y en diferente medida en la esfera jur�dica de los gobernados ..."

"REVISI�N DE GABINETE EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. EL ART�CULO SEGUNDO TRANSITORIO, F.X., DEL C�DIGO FISCAL DE LA FEDERACI�N, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JUR�DICA (LEGISLACI�N VIGENTE A PARTIR DE ENERO DE 2004). Dicho precepto legal no viola el principio de seguridad jur�dica contenido en el art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que a partir de la reforma legal de 2004 el legislador estableci� un plazo cierto de 2 a�os para la culminaci�n de las facultades de comprobaci�n ejercidas por la autoridad administrativa iniciadas con anterioridad al 1o. de enero de 2004, determinando que dicho plazo comenzar� a contar a partir de la entrada en vigor del decreto de reformas. Adem�s, dicho precepto transitorio tampoco prev� un plazo excesivo e indefinido para esos efectos, si se considera que: 1) la reforma legal no impide que se consume el plazo legal establecido para la caducidad de las facultades de la autoridad administrativa; 2) la revisi�n de gabinete se realiza en las oficinas de las autoridades, y no en el domicilio del gobernado, lo que excluye la aplicabilidad de las exigencias de constitucionalidad requeridas para la visita domiciliaria, por incidir en forma distinta y en diferente medida en la esfera jur�dica de los gobernados ..."

As�, si en el art�culo 42, fracci�n II, del C�digo F. de la Federaci�n se comprende la facultad de la autoridad fiscal de requerir la exhibici�n de documentos, datos o informes no s�lo en las oficinas de la autoridad (revisi�n de gabinete o de escritorio), sino tambi�n en el domicilio del contribuyente, es perfectamente compatible que en esta �ltima hip�tesis esta facultad se ejerza dentro de una visita domiciliaria, ante la posibilidad de que la autoridad lleve a cabo sus facultades de comprobaci�n conjunta, indistinta o sucesivamente, caso en el cual no resultar�a aplicable lo dispuesto en el art�culo 48 del propio c�digo en el que se prev�n las reglas aplicables para revisiones de gabinete o de escritorio, dado que no se estar�a ante una revisi�n de tal naturaleza.

En tales t�rminos, si en una orden de visita domiciliaria se invocan como fundamento las fracciones II y III del art�culo 42 del C�digo F. de la Federaci�n, debe considerarse debidamente satisfecho el requisito de fundamentaci�n establecido en el primer p�rrafo del art�culo 16 constitucional, en tanto no puede considerarse que tal circunstancia viole el principio de seguridad jur�dica por colocar en incertidumbre al contribuyente al que se dirige la orden respecto a la facultad de comprobaci�n que la autoridad fiscal ha decidido ejercer, es decir, si se va a llevar a cabo una visita domiciliaria o una revisi�n de gabinete o escritorio, al ser �stas excluyentes entre s� en cuanto al lugar de su realizaci�n, pues por definici�n la revisi�n de gabinete o escritorio supone que la revisi�n no se practique en el domicilio del gobernado, sino en las oficinas de las autoridades, por lo que es claro que la invocaci�n de la fracci�n II no se refiere a una revisi�n de tal naturaleza, sino a la diversa hip�tesis de requerimiento de exhibici�n de la contabilidad, documentos, informes o datos en el domicilio del contribuyente al que se practicar� la orden de visita domiciliaria.

Adem�s, es claro que atendiendo a los requisitos que la orden de visita domiciliaria debe satisfacer y que con anterioridad han quedado analizados (constar en mandamiento escrito emitido por autoridad competente, fundado y motivado, en el que se se�ale lugar y fecha de expedici�n y se exprese el nombre o nombres de las personas a las que se dirige o, en su caso, proporcionar datos suficientes que permitan su identificaci�n, as� como el lugar o lugares que deben inspeccionarse, el objeto de la visita y el nombre o nombres de los visitadores), la misma no debe suscitar duda alguna al contribuyente sobre la facultad de comprobaci�n que la autoridad fiscal ha decidido ejercer, es decir que se le practicar� una auditor�a en su domicilio, lo que, como con anterioridad se ha analizado, inclusive debe ser se�alado as� en el citatorio que se deje al visitado, en caso de que no se encuentre al presentarse los visitadores en el lugar donde deba practicarse la visita, conforme a la interpretaci�n que esta Segunda Sala ha realizado del art�culo 44, fracci�n II, p�rrafo primero, del C�digo F. de la Federaci�n en la jurisprudencia 92/2000, que lleva por rubro: "VISITA DOMICILIARIA. CONFORME AL ART�CULO 44, F.I., PRIMER P�RRAFO, DEL C�DIGO FISCAL DE LA FEDERACI�N ES REQUISITO DE LEGALIDAD DEL CITATORIO QUE SE ESPECIFIQUE QUE ES PARA RECIBIR LA ORDEN DE VISITA.". Por tanto, la invocaci�n de la fracci�n II del art�culo 42 del C�digo F. de la Federaci�n no puede suscitar incertidumbre al respecto, pues s�lo puede implicar la facultad de la autoridad de requerir la exhibici�n de documentos, informes o datos en el domicilio del visitado, pero no la pr�ctica de una revisi�n de gabinete o de escritorio, ya que �sta se practica en las oficinas de la autoridad y no en su domicilio y la solicitud relativa se encuentra sujeta a los diversos requisitos que establece el art�culo 48 del C�digo F. de la Federaci�n, anteriormente transcrito, que difiere de los exigidos a una orden de visita domiciliaria.

Conforme a lo razonado, esta Segunda Sala determina, con fundamento en lo dispuesto en los art�culos 192, �ltimo p�rrafo, 195 y 197-A de la Ley de Amparo, que el criterio que debe regir con car�cter jurisprudencial quede redactado con los siguientes rubro y texto:

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA SUSTENTADA EN EL ART�CULO 42, FRACCIONES II Y III, DEL C�DIGO FISCAL DE LA FEDERACI�N, RESPETA LA GARANT�A DE FUNDAMENTACI�N. La orden de visita domiciliaria sustentada en las fracciones II y III del art�culo 42 del C�digo F. de la Federaci�n, que prev�n las facultades de la autoridad fiscal para "requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisi�n, la contabilidad, as� como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran", y "practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercanc�as", respectivamente, cumple con la garant�a de fundamentaci�n consagrada por el art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto no ocasiona incertidumbre al gobernado en relaci�n con la facultad de comprobaci�n que la autoridad fiscal ha decidido ejercer, es decir, si va a llevarse a cabo una visita domiciliaria o una revisi�n de gabinete o escritorio, al ser �stas excluyentes entre s� en cuanto al lugar de su realizaci�n, pues por definici�n la revisi�n de gabinete o escritorio supone que no se practique en el domicilio del gobernado, sino en las oficinas de la autoridad, por lo que es claro que la invocaci�n de la indicada fracci�n II no se refiere a una revisi�n de tal naturaleza, sino al diverso supuesto de requerimiento de exhibici�n de la contabilidad, documentos, datos o informes en el domicilio del contribuyente al que se practica la visita. Adem�s, si se atiende a los requisitos que la orden de visita domiciliaria debe satisfacer en t�rminos de los art�culos 16, primer y antepen�ltimo p�rrafos, constitucional, 38 y 43 del C�digo citado, �sta no debe suscitar duda alguna al contribuyente sobre la facultad de comprobaci�n que la autoridad fiscal ha decidido ejercer, es decir, que se le practicar� una auditor�a en su domicilio, lo que debe se�alarse as� en el citatorio que se deje al visitado, en caso de que no se encuentre al presentarse los visitadores en el lugar donde deba practicarse la visita, conforme a la interpretaci�n que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n realiz� del art�culo 44, fracci�n II, primer p�rrafo, del referido C�digo, en la jurisprudencia 2a./J. 92/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., octubre de 2000, p�gina 326, con el rubro: "VISITA DOMICILIARIA. CONFORME AL ART�CULO 44, F.I., PRIMER P�RRAFO, DEL C�DIGO FISCAL DE LA FEDERACI�N ES REQUISITO DE LEGALIDAD DEL CITATORIO QUE SE ESPECIFIQUE QUE ES PARA RECIBIR LA ORDEN DE VISITA".

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

Existe contradicci�n de tesis entre el Primer y Tercer Tribunales Colegiados del D�cimo Quinto Circuito, al resolver las revisiones fiscales 309/2006-1 y 237/2006, respectivamente, y el Cuarto Tribunal Colegiado en el mismo circuito al fallar la revisi�n fiscal 44/2007.

SEGUNDO

Debe prevalecer, con car�cter jurisprudencial, el criterio establecido en la presente resoluci�n, conforme a la tesis que ha quedado redactada en la parte final del �ltimo considerando de dicha resoluci�n.

N.�quese; rem�tase testimonio de esta resoluci�n a los Tribunales Colegiados contendientes y la tesis jurisprudencial que se establece a la Direcci�n General de la Coordinaci�n de Compilaci�n y S.�n de Tesis, as� como de la parte considerativa correspondiente para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, y h�gase del conocimiento del Pleno y de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, de los Tribunales Colegiados de Circuito y de los Juzgados de Distrito la tesis jurisprudencial que se establece en la presente resoluci�n, en acatamiento a lo previsto en el art�culo 195 de la Ley de Amparo; y, en su oportunidad, arch�vese el toca de la contradicci�n.

As� lo resolvi�, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por mayor�a de cuatro votos de los se�ores Ministros M.A.G.�itr�n, G.D.G.�ngora P., S.S.A.A. y J.F.F.G.S.. V.� en contra la Ministra presidenta M.B.L.R..

El Ministro M.A.G.�itr�n vot� con salvedades al considerar que no existe obligaci�n de fundar la competencia de la autoridad, pues �sta deriva de la ley. Fue ponente el M.S.S.A..