Ejecutoria num. 4a./J. 42/94 de Suprema Corte de Justicia, Cuarta Sala - Jurisprudencia - VLEX 26831618

Ejecutoria num. 4a./J. 42/94 de Suprema Corte de Justicia, Cuarta Sala

Emisor:Cuarta Sala
Número de Resolución:4a./J. 42/94
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Noviembre de 1994
RESUMEN

COMPETENCIA 232/94. ENTRE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO CUATRO BIS DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL Y LA JUNTA ESPECIAL NUMERO DOCE DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.COMPETENCIA. REQUISITOS DE LAS RESOLUCIONES PRONUNCIADAS POR LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

COMPETENCIA 232/94. ENTRE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO CUATRO BIS DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL Y LA JUNTA ESPECIAL NUMERO DOCE DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO

Como cuestión previa, debe examinarse si en la especie existe un conflicto competencial, toda vez que ello constituye un presupuesto lógico, indispensable, para que esta S. pueda avocarse a resolverlo.

El artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo prescribe que si una Junta se declara incompetente, debe remitir el expediente a la Junta o tribunal que estime competente, y si éste o aquélla se declara a su vez incompetente, enviará el expediente a la autoridad que deba decidir la competencia; lo cual significa que los conflictos de competencia presuponen la negativa de dos órganos jurisdiccionales a conocer de un asunto.

Al respecto, es pertinente invocar la tesis sustentada por esta Sala, visible en la página cuatrocientos noventa y ocho del Tomo III, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, que dice:

COMPETENCIA, REQUISITOS PARA QUE LA CUARTA SALA PUEDA CONOCER DE UN CONFLICTO DE.-De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 701 y 704 de la Ley Federal del Trabajo, cuando una Junta se declara incompetente tiene la obligación de remitir el expediente a quien estime competente; y si ésta, al recibir los autos, también se declara incompetente, lo remitirá a la autoridad que deba dirimir el conflicto competencial. Sólo a través de este procedimiento, es que un conflicto entre tribunales laborales, o entre éstos y otro órgano jurisdiccional, puede llegar a la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su resolución.

Por otra parte, conviene invocar los preceptos que a continuación se transcriben de la Ley Federal del Trabajo:

"ARTICULO 621. Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje funcionarán en cada una de las entidades federativas. Les corresponde el conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo que no sean de la competencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje."

"ARTICULO 623. La integración y funcionamiento de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje se regirán por las disposiciones contenidas en el capítulo anterior ..." (capítulo XII. JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE).

"ARTICULO 605. La Junta se integrará con un representante del gobierno y con representantes de los trabajadores y de los patrones designados por ramas de la industria o de otras actividades, de conformidad con la clasificación y convocatoria que expida la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ..."

"ARTICULO 606. La Junta funcionará en Pleno o en Juntas Especiales, de conformidad con la clasificación de las ramas de la industria y de las actividades a que se refiere el artículo anterior ..."

ARTICULO 607. El Pleno se integrará con el presidente de la Junta y con la totalidad de los representantes de los trabajadores y de los patrones.

Del análisis de los preceptos antes transcritos, en relación con lo anteriormente expresado, se deduce que para estimar que existe un conflicto competencial entre una Junta Local de Conciliación y Arbitraje y otra autoridad, es necesario que sea la Junta en Pleno, y no sólo su presidente, quien considere que no es competente para conocer de un determinado asunto; con mayor razón si se atiende a que el artículo 705, fracción III, inciso d) de la Ley Federal del Trabajo hace referencia a conflictos competenciales entre Juntas Locales o Federales de Conciliación y Arbitraje y otro órgano jurisdiccional, pues ello hace entender que es a éstas, como órganos colegiados, a quien corresponde decidir sobre la competencia para conocer de un asunto.

Se corrobora lo anterior si se toma en cuenta que dentro de las facultades conferidas al presidente de la Junta no se encuentra la de resolver respecto de la competencia, como se desprende del artículo 618 de la ley laboral que establece:

"Los presidentes de las Juntas Especiales tienen las obligaciones y facultades siguientes:

"I.C. del orden y de la disciplina del personal de la Junta Especial;

"II. Ejecutar los laudos dictados por la Junta Especial;

"III. Conocer y resolver las providencias cautelares;

"IV. Revisar los actos de los actuarios en la ejecución de los laudos y las providencias cautelares, a solicitud de cualquiera de las partes;

"V.C. los exhortos que le sean turnados por el presidente de la Junta;

"VI. Rendir los informes en los amparos que se interpongan en contra de los laudos y resoluciones dictadas por la Junta Especial;

"VII. Informar al presidente de la Junta de las deficiencias que observen en su funcionamiento y sugerir las medidas que convenga dictar para corregirlas; y,

VIII. Las demás que les confieren las leyes.

Por otra parte, cabe hacer mención que el artículo 837 de la propia Ley Federal del Trabajo señala lo siguiente:

"Las resoluciones de los tribunales laborales son:

"I. Acuerdos: Si se refieren a simples determinaciones de trámite o cuando decidan cualquier cuestión dentro del negocio.

"II. Autos incidentales o resoluciones interlocutorias:

"Cuando resuelvan dentro o fuera de juicio un incidente;

III. Laudos cuando decidan sobre el fondo del conflicto.

A su vez, el artículo 839, establece que las resoluciones de las Juntas deberán ser firmadas por los integrantes de ellas y por el secretario el mismo día en que las voten.

De estos preceptos también se colige que los acuerdos de las Juntas deben tomarse y firmarse por todos los integrantes de las mismas y no sólo por su presidente. Además corrobora esta cuestión lo establecido en el artículo 610 de la ley en comento que señala que:

"Durante la tramitación de los juicios, hasta formular el dictamen a que se refieren los artículos 771 y 808, el presidente de la Junta y los de las Juntas Especiales serán sustituidos por auxiliares, pero intervendrán personalmente en la votación de las resoluciones siguientes:

I. Competencia ...

En la especie, no fue la Junta en Pleno quien no aceptó la competencia que le fue declinada, sino el presidente de la misma, por lo que, en concordancia con lo previamente expuesto, debe concluirse que no se ha suscitado legalmente un conflicto competencial, razón por lo que procede declararlo inexistente y ordenar la devolución de los autos a la Junta Local de referencia, para que esta misma, como órgano colegiado, conforme al régimen de atribuciones respectivo, emita el acuerdo que estime procedente.

Criterio similar al anterior ha sido sustentado por esta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la competencia:

181/93 suscitada entre la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas y el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial de Matamoros, Tamaulipas, resuelta el día siete de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, por unanimidad de votos.

Así también, sirve de apoyo a la conclusión apuntada, el criterio sostenido por esta Cuarta Sala, en su tesis XI/94, formada al resolver las competencias 69/94. Entre la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Durango y la Junta Especial Número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje. 2 de mayo de 1994. Cinco votos; 54/94. Entre la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Durango y la Junta Especial Número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje. 2 de mayo de 1994. Cinco votos; 269/93. Entre la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje y la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. 18 de octubre de 1993. Cinco votos, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente:

COMPETENCIA. REQUISITOS DE LAS RESOLUCIONES PRONUNCIADAS POR LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.-De conformidad con lo dispuesto por el artículo 620, fracción II, inciso a), tercer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, cuando se trate de resoluciones sobre competencia, las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben actuar, cuando menos, con la asistencia del presidente, de alguno de los representantes y del secretario; cuando no esté presente ninguno de los representantes, el presidente debe citarlos para que se resuelva sobre la cuestión competencial, y sólo si ninguno concurre, está facultado para dictar la resolución que proceda; luego, si los acuerdos de competencia no aparecen firmados por alguno de los referidos representantes, ni se observó el procedimiento que establece el numeral en comento, la actuación respectiva carece de validez, por lo que en esos casos no está integrado el conflicto competencial y, por ende, resulta improcedente.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO

Se declara inexistente el conflicto competencial que se dice suscitado entre la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal y la Junta Especial Número Doce de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para conocer del juicio promovido por F.S., apoderado de A.E.E.C..

SEGUNDO

Con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a la Junta anteriormente mencionada, para los efectos precisados en el último párrafo del considerando segundo, y envíese igualmente testimonio de este fallo al juzgado citado.

N. y cúmplase.

Así, por unanimidad de cinco votos, lo resolvieron los Ministros que integran la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidente I.M.C., J.A.L.D., F.L.C., J.D.R. y general y licenciado C.G.V., siendo ponente el primero de los nombrados.

Firma el presidente y ponente, con la secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.