Ejecutoria num. 4a./J. 52/94 de Suprema Corte de Justicia, Cuarta Sala - Jurisprudencia - VLEX 26831222

Ejecutoria num. 4a./J. 52/94 de Suprema Corte de Justicia, Cuarta Sala

Emisor:Cuarta Sala
Número de Resolución:4a./J. 52/94
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Enero de 1995
RESUMEN

CONTRADICCION DE TESIS 49/93. SUSCITADA ENTRE EL SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. CARGA DE LA PRUEBA.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCION DE TESIS 49/93. SUSCITADA ENTRE EL SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO

La denuncia de contradicción proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los preceptos citados en el considerando anterior, toda vez que la formula el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, emisor de una de las ejecutorias que forman parte de la contradicción.

TERCERO

Corresponde a continuación verificar si existe la contradicción de tesis denunciada.

El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 5337/93 promovido por A.L.C.F., en la parte que interesa, expuso las consideraciones siguientes:

QUINTO.-Es infundado el cuarto concepto de violación en cuanto se manifiesta en él que la Junta indebidamente absolvió a la institución demandada del pago que reclamó la actora en su escrito inicial de demanda por concepto de reparto de utilidades, sin tomar en cuenta que la trabajadora al ampliar dicha reclamación en la audiencia de ley, especificó la cantidad concreta por tal concepto; ya que sobre el particular debe decirse que aun cuando es cierto que la Junta responsable estableció en su laudo como apoyo de dicha absolución el hecho de que la actora no había señalado cantidad alguna por reparto de utilidades, siendo que ésta en la audiencia de ley señaló la de $1'000,000.00, sin embargo, la propia autoridad responsable argumentó que la trabajadora no siguió el procedimiento legal correspondiente, lo que es acorde con lo dispuesto por el artículo 126 (sic) de la Ley Federal del Trabajo, conforme al cual este Tribunal Colegiado estima que aun cuando el actor hubiere precisado en el juicio laboral la cantidad por concepto de reparto de utilidades, ello no es suficiente para que proceda la reclamación de dicha prestación; si no se demuestra que esa cantidad que se reclama es el producto derivado del procedimiento establecido por el precepto legal de mérito; pues de no ser así las Juntas de Conciliación y Arbitraje carecen de los elementos necesarios para determinar acerca de la procedencia o improcedencia de tal prestación de acuerdo con lo actuado y probado en la contienda laboral. Este tribunal observa que en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, relativo a los meses de enero a junio de 1990, página 420, el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en la ejecutoria del DT.777/989, sostiene que basta con que el actor precise la cantidad que le corresponde por concepto de reparto de utilidades para que opere su reclamación y el patrón acredite su pago, criterio que no comparte este tribunal, por las razones ya expuestas: en consecuencia, con apoyo en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, se denuncia la contradicción ante la Cuarta Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales que procedan.

El Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 777/89 promovido por J.A.A.L. concedió la protección de la Justicia Federal, para el efecto precisado en la parte final del último considerando de la propia ejecutoria, apoyándose, esencialmente, en las siguientes consideraciones:

Como puede observarse, el actor determinó en su demanda que la cantidad que le corresponde por concepto de participación de utilidades del año fiscal de mil novecientos ochenta y ocho, era la cantidad de un millón cuatrocientos dos mil pesos, según refirió el trabajador por haberlo leído en una lista que la patronal pegó arriba del reloj checador y que al cobrarlas le indicaron que sí le correspondían pero no se las pagarían. Por su parte, la empresa demandada en el punto cinco de su contestación, indicó que no le adeudaban dicha prestación. En las condiciones apuntadas, si bien es verdad que tratándose del pago del reparto de utilidades, las Juntas carecen de elementos para condenar al patrón a cubrirlo, cuando no se ha fijado un derecho específico a determinada cantidad; sin embargo, es caso diferente cuando el monto de esta prestación se estableció en el juicio laboral en cantidad líquida y determinada por quien la reclama, situación en la que el tribunal laboral debe resolver sobre la procedencia o no del pago de la prestación aludida. Por todo ello, la responsable tomando en consideración que el trabajador especificó la cantidad que exigía de la patronal como reparto de utilidades y como la empresa negó el adeudo de esa prestación; en términos de los artículos 784, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo antes detallados, se debió imponer al patrón la carga de la prueba por existir controversia sobre el pago de esa prestación, pues según el contenido de dichos preceptos éste tenía la obligación de exhibir al juicio los comprobantes de pagos de participación de utilidades y de otras prestaciones, pues que de no hacerlo se establecerá la presunción de certeza respecto a los hechos que el actor expresó en relación a esos pagos, salvo prueba en contrario, la cual no se aportó, pues en el caso concreto la carta finiquito exhibida al juicio por la patronal sólo consta que la cantidad que le pagaron al trabajador fue por concepto de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, según puede observarse en dicho documento, y por esta razón se le absolvió del pago de estas prestaciones. En consecuencia, la responsable en términos de los artículos analizados debió imponer la carga de la prueba a la patronal y por ende, condenar a dicha parte al pago de la cantidad especificada por el trabajador ahora quejoso por concepto de reparto de utilidades. Puede citarse en apoyo a esta determinación el precedente que se encuentra en la página 816 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, 1987, Cuarta Sala, Segunda Parte, que dice: 'UTILIDADES, COMPETENCIA DE LAS JUNTAS PARA CONOCER SOBRE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS.-Las Juntas de Conciliación y Arbitraje tienen competencia para conocer y resolver sobre la procedencia del pago del importe de participación de utilidades de las empresas, siempre y cuando su monto se encuentre establecido en autos en cantidad líquida y determinada y en forma definitiva, en favor de quien la reclame.'. En ese orden de ideas, debe concederse al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó para el efecto de que la Junta deje insubsistente el laudo reclamado y en su lugar dicte uno nuevo en el que imponga la carga de la prueba al patrón respecto del pago por concepto de reparto de utilidades, en términos de los artículos 784, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo y hecho que sea declare procedente la condena en favor del actor a esa prestación, por supuesto, sosteniendo en el nuevo laudo todos los demás considerandos y resolutivos del fallo anterior.

CUARTO

Del examen de las constancias antes mencionadas, se desprende que en las ejecutorias en cuestión los Tribunales Colegiados abordaron el tema relativo a quién corresponde la carga de la prueba para acreditar que la cantidad reclamada por concepto de participación de utilidades deriva del procedimiento establecido en el artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo.

Igualmente se advierte que son opuestas las conclusiones alcanzadas por los Tribunales Colegiados al examinar esta cuestión, pues mientras el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito consideró que corresponde al trabajador demostrar que la cantidad que reclama por concepto de participación de utilidades es resultado del procedimiento establecido en el artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo para que proceda la condena a su pago; en cambio, el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito consideró que basta que el trabajador especifique la cantidad que reclama por concepto de participación de utilidades y afirme que esa cantidad fue resultado del procedimiento establecido en el artículo 125 de la citada Ley Federal del Trabajo para que proceda la condena a su pago, si el patrón, pese a negar tales aseveraciones, no demuestra el pago, ya que a él le toca la carga de la prueba de acuerdo con los artículos 784, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo.

En esos términos queda planteada la contradicción que a continuación se resuelve:

QUINTO

Esta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que debe prevalecer, en lo esencial, el criterio sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

Para llegar a esta conclusión se parte de que esta S., a propósito de la decisión de asuntos que requirieron la definición de qué aspectos de las controversias que se suscitan en materia de participación de utilidades es competencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ha establecido el siguiente criterio:

"UTILIDADES, COMPETENCIA DE LAS JUNTAS PARA CONOCER SOBRE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS.-Las Juntas de Conciliación y Arbitraje tienen competencia para conocer y resolver sobre la procedencia del pago del importe de participación de utilidades de las empresas, siempre y cuando su monto se encuentre establecido en autos en cantidad líquida y determinada y en forma definitiva, en favor de quien las reclame." (Informe de 1980, Cuarta Sala, página 95).

Aunque el objetivo principal de esta tesis se centra en resolver y precisar el margen competencial que en materia de participación de utilidades corresponde a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la reflexión atenta de las consideraciones y supuestos de que parte, revela que la Sala, al examinar la serie de trámites que son necesarios para la determinación final del monto en efectivo que a cada trabajador corresponde en concepto de reparto de utilidades, distinguió perfectamente el procedimiento de orden administrativo de aquel que se ubica, propiamente, en el ámbito laboral, distinción que resulta fundamental para la resolución de esta controversia.

Efectivamente, en los artículos 123, fracción IX, de la Constitución Federal, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, se establece la obligación patronal de participar utilidades a sus trabajadores y el procedimiento correspondiente.

Los aspectos y pasos más importantes de este procedimiento, son los siguientes: la integración de una comisión nacional que previos los estudios e investigaciones pertinentes, fija el porcentaje de las utilidades de las empresas patronales que deben repartirse a los trabajadores; la utilidad tomada como base para la aplicación de dicho porcentaje, es la renta gravable de conformidad con lo establecido por la Ley del Impuesto Sobre la Renta; la declaración anual de este tributo presentada por el patrón ante las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puede ser válidamente revisada por estas autoridades u objetada por los trabajadores, siguiendo diversos procedimientos. La utilidad repartible se divide en dos partes iguales: una, se reparte por igual entre todos los trabajadores atendiendo al número de días trabajados por cada uno en el año, sin tomar en cuenta el salario; y la otra, se distribuye en proporción a los salarios devengados durante el año. Ya dentro de cada empresa, se integra una comisión de representantes del patrón y de los trabajadores que formula un proyecto de reparto de utilidades; si no se ponen de acuerdo, decidirá el inspector del trabajo; formulado el proyecto, se fijará en lugar visible del establecimiento para que en el término de quince días, los trabajadores puedan hacer observaciones, que serán resueltas por la propia comisión; pasado el término indicado y resueltas las objeciones, la determinación de esta comisión será definitiva.

Con base en ésta, nace para el patrón la obligación de pagar a cada trabajador el monto específico por concepto de participación de utilidades.

Como puede verificarse de la anterior relación, en el complejo procedimiento materia del estudio cabe distinguir, como lo hizo la Sala, aquellos aspectos que pueden válidamente regirse por disposiciones laborales, de aquéllos que tienen régimen distinto. No sólo eso, sino que además, del procedimiento se ve que no en todos los trámites interviene el patrón con facultades autónomas y decisorias, en virtud de que en varias operaciones deciden otras entidades, como la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los sindicatos, los trabajadores, los inspectores de trabajo y las Comisiones Mixtas formadas en cada empresa.

De ordinario, lo que fundamentalmente queda bajo la responsabilidad directa del patrón frente a cada trabajador en lo individual, es el pago del monto fijado en definitiva por la Comisión Mixta establecida por el artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo o por el inspector del trabajo.

Estas consideraciones son relevantes para la decisión de este asunto a la luz del artículo 784, fracción XIII, de la Ley Federal del Trabajo, que contrariamente a lo estimado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Primer Circuito, no abona su criterio.

Efectivamente, la Exposición de Motivos de la Iniciativa de Reformas a la Ley Federal del Trabajo que habrían de entrar en vigor en mil novecientos ochenta, visible en el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y nueve, explica la razón fundamental de que la regla procesal tradicionalmente aceptada en derecho común, consistente en que al actor toca probar los hechos de la acción y al demandado los de sus excepciones, tenga en derecho procesal del trabajo las justificadas excepciones que derivan de la mayor facilidad que el patrón tiene por el manejo administrativo de la empresa y las obligaciones impuestas por las leyes, de disponer de los elementos probatorios.

Dice en lo conducente la exposición de motivos:

"Estar obligado a probar un hecho y disponer de todos los medios para hacerlo, son dos situaciones que no siempre coinciden. Es frecuente que la contraparte o que terceros ajenos al juicio, dispongan de más elementos que el actor para comprobar lo que éste afirma. Por esa razón, en esta iniciativa se propone que la Junta podrá eximir de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios se esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos. Si el patrón es requerido deberá exhibir la documentación que tenga la obligación de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que, de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. Corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre los hechos y actos que el empleador está obligado a disponer de sus antecedentes. De este modo se establece una modalidad más del sistema participativo, en base a la franca colaboración de todos aquellos que intervienen en el juicio, para lograr el esclarecimiento de la verdad y para aportar a las Juntas de Conciliación y a las de Conciliación y Arbitraje todos los elementos que faciliten el desempeño de sus importantes funciones sociales ... Se estipula que el patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio una serie de documentos vinculados con las relaciones de trabajo de sus colaboradores; que deberá conservarlos durante todo el tiempo que dure la relación laboral de aquéllos si se trata del contrato de trabajo y el último año y uno después, si se trata de otros documentos. Estos preceptos constituyen una consecuencia lógica de lo que estipula el artículo 744, comentado anteriormente. La consecuencia procesal del incumplimiento de la obligación a que se refiere este artículo, se traduce en la presunción que admite prueba en contrario, de considerar ciertos los hechos que el actor exprese en su demanda, en relación con los documentos que debieran conservarse. De este modo coadyuva a que los patrones lleven un registro completo del cumplimiento de sus obligaciones, tanto en los aspectos de contratación, salarios y participación de utilidades, como en lo referente a sus obligaciones con el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ..."

Pues bien, la aplicación de las reglas de las cargas probatorias que establece el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo a las situaciones señaladas en las consideraciones precedentes, permite sostener en el nuevo ámbito del problema que ahora se analiza, la distinción que ya había indicado esta S. en la tesis inicialmente transcrita, estimando que en la presente contradicción debe contrastarse, por una parte, la determinación en cantidad líquida y definitiva del monto que corresponde al trabajador actor en concepto de participación de utilidades, y por la otra, el pago de ese monto.

Por lo que ve a la determinación en cantidad líquida y definitiva del referido monto, que no está a cargo del patrón, sino de la comisión a que se refiere el artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo, o en su caso, del inspector del trabajo, la carga probatoria es del trabajador actor, puesto que son dicha comisión o esta autoridad y no el patrón, los que tienen los elementos que les sirvieron de base para la fijación de la cantidad líquida repartible y, asimismo, los comprobantes de su definitividad cuando haya habido objeciones.

No basta, por tanto, que el trabajador simplemente afirme en su demanda que ya se determinó la participación que le toca en una cierta cantidad, sino que debe probar este hecho.

Pero una vez que el trabajador demuestre tal extremo, toca al patrón la carga de probar el pago, tal como por otra parte, de modo literal, ordena la fracción XIII del artículo 784 tantas veces citado, en cuanto establece que al patrón corresponde probar el "Pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas", lo que está en congruencia con el artículo 804, fracción IV, de la ley de la materia, que dice: "El patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos que a continuación se precisan: ... IV. Comprobantes de pagos de participación de utilidades, de vacaciones, de aguinaldos, así como las primas a que se refiere esta ley;".

Esta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con apoyo en las consideraciones y fundamentos legales que han quedado precisados con antelación, establece que debe prevalecer, en lo esencial, el criterio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, estableciendo la tesis que, con carácter jurisprudencial, norma el sentido y alcance de la cuestión jurídica que se resuelve, en los siguientes términos:

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. CARGA DE LA PRUEBA.-Los artículos 123, fracción IX, de la Constitución Federal y 117 al 127 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, establecen la obligación patronal de participar utilidades a los trabajadores y el procedimiento correspondiente, dentro del cual intervienen varias entidades, comisiones y personas conforme a diversos trámites hacendarios y administrativos que culminan, dentro de cada empresa, con la integración de una comisión de representantes del patrón y de los trabajadores que deben ponerse de acuerdo sobre el proyecto de reparto de utilidades, en el entendido de que si no se ponen de acuerdo decidirá el inspector del trabajo; dicho proyecto se fijará en lugar visible del establecimiento para que en el término de quince días los trabajadores puedan hacer observaciones que serán resueltas por la propia comisión, y pasado el término indicado o resueltas las objeciones, la determinación de la comisión o del inspector será definitiva y sólo hasta entonces nace para el patrón la obligación de pagar a cada trabajador el montoespecífico por concepto de participación de utilidades; por tanto, si en el procedimiento aludido no todos los aspectos se rigen por disposiciones laborales y, asimismo, no en todos los trámites interviene el patrón con facultades autónomas y decisorias, puesto que lo que fundamentalmente queda bajo la responsabilidad directa del patrón frente a cada trabajador es el pago del monto fijado en definitiva por la Comisión Mixta o por el inspector del trabajo, ha de considerarse que conforme a las reglas de las cargas probatorias que establece el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, hay que distinguir, por una parte, la determinación en cantidad líquida y definitiva del monto que corresponde al trabajador en concepto de participación de utilidades, cuya carga probatoria debe corresponder al trabajador, sin que baste para ello su simple afirmación, en virtud de que tal comisión o autoridad y no el patrón, son los que tienen los elementos que sirvieron de base para la fijación de la cantidad líquida repartible o los comprobantes de su definitividad cuando haya habido objeciones; por otra parte, ya demostrada la cantidad líquida y definitiva, toca al patrón la carga de la prueba del pago de ese monto, como lo establece el artículo 784, fracción XIII, congruente con el artículo 804, fracción IV, ambos de la Ley Federal del Trabajo.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 27, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

UNICO.-En esencia, la tesis que debe prevalecer es la sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en los términos de esta ejecutoria.

N.; remítase la tesis de jurisprudencia al Semanario Judicial de la Federación para su publicación y distribución inmediata, al Pleno y S. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los Tribunales Colegiados de Circuito que no intervinieron en su integración; además, envíese testimonio de esta resolución a los Tribunales Colegiados Séptimo en Materia de Trabajo del Primer Circuito y Tercero del Segundo Circuito, así como un ejemplar de la jurisprudencia y, en su oportunidad, archívese el expediente.

ASI, por unanimidad de cinco votos de los señores M.I.M.C., C.G.V., F.L.C., J.D.R. y J.A.L.D., lo resolvió la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo ponente el C. Ministro C.G.V..

Firman el presidente, Ministro ponente y demás Ministros integrantes de la Sala con la secretaria de Acuerdos de la misma que autoriza y da fe.