Ejecutoria num. 2a./J. 53/2005 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26823956

Ejecutoria num. 2a./J. 53/2005 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 53/2005
Localizacion:JUAN DÍAZ ROMERO.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Junio de 2005
RESUMEN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1126/2004. FERRERO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. REQUISITOS PARA QUE PROCEDA ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD, CUANDO SE IMPUGNEN POR SU APLICACIÓN EN EL ACTO O RESOLUCIÓN DE ORIGEN Y NO SE ACTUALICE LA HIPÓTESIS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO (MATERIA ADMINISTRATIVA).SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO PROCEDE CUANDO SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS TEMÁTICAS O GENÉRICAS, RESPECTO DE TÓPICOS DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

AMPARO DIRECTO EN REVISI�N 1126/2004. FERRERO DE M., S.A. DE C.V.

MINISTRO PONENTE: JUAN D�AZ ROMERO.

SECRETARIO: I.F.R..

CONSIDERANDO:

SEXTO

Conviene puntualizar, en primer t�rmino, que en el escrito de expresi�n de agravios la parte recurrente manifiesta, en s�ntesis, lo siguiente:

  1. Que el Tribunal Colegiado de Circuito vulnera los art�culos 107 de la Constituci�n Federal y 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, porque la conclusi�n a la que arrib� en el sentido de que la norma estimada inconstitucional fue consentida, al no promoverse contra su primera aplicaci�n el juicio de amparo indirecto, evidencia que s�lo ese tipo de juicio de amparo es procedente para impugnar una disposici�n de observancia general, lo cual es inexacto.

  2. Que "la autoridad recurrida considera err�neamente que el acto impugnado en el juicio de nulidad as� como en el amparo directo interpuesto, consiste en la Ley Federal de Derechos, y que por tal motivo, el supuesto acto impugnado fue consentido por mi mandante al no haber impugnado dentro del t�rmino legal para tal efecto y, lo que es m�s, al haberse cubierto el pago de derecho al tr�mite aduanero de conformidad con el art�culo 49, fracci�n I, de la citada legislaci�n", soslayando que el acto reclamado a trav�s del juicio de amparo directo lo es la sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad n�mero 11448/03-17-08-5 del �ndice de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, acorde a las reglas del juicio de amparo directo contra leyes; de ah� que "es incorrecta la apreciaci�n de la autoridad recurrida al declarar el supuesto consentimiento del acto reclamado, toda vez que, como ha quedado debidamente demostrado, de ninguna forma se consiente el acto de autoridad (resoluci�n de la S.F.), que transgrede el art�culo 1o. de la Ley Federal de Derechos y 2o., fracci�n IV y 38, fracci�n III, del C�digo F. de la Federaci�n, con la aplicaci�n incongruente del art�culo 49, fracci�n I, del primer ordenamiento citado".

  3. Que resulta procedente el estudio de inconstitucionalidad planteado en la demanda de garant�as, pues esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha definido que no existe consentimiento de la norma aplicada durante el juicio natural, cuando en virtud de la actuaci�n de la autoridad subsistan agravios resarcibles s�lo en amparo directo, como acontece en la especie. El citado criterio est� contenido en la tesis de rubro: "REVISI�N EN AMPARO DIRECTO. LA HIP�TESIS DE SU PROCEDENCIA, RELATIVA A LA IMPUGNACI�N DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE PRECEPTOS LEGALES APLICADOS EN PERJUICIO DEL QUEJOSO EN LA SECUELA DE UN PROCEDIMIENTO, SE SURTE CUANDO LA RESPECTIVA ACTUACI�N ENGENDRA DIVERSOS EFECTOS, NO S�LO DE IMPOSIBLE REPARACI�N.", adem�s la aplicaci�n de la norma se actualiz� en la sentencia reclamada, por lo que es procedente abordar el estudio de fondo, propiamente constitucional.

  4. Que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la tesis de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. OPERA SIN QUE OBSTE QUE SE RECLAME EL PRIMERO O ULTERIORES ACTOS DE APLICACI�N DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA N., defini� que trat�ndose de disposiciones declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, ante su aplicaci�n real y concreta, procede otorgar el amparo solicitado, supliendo la deficiencia de la queja en t�rminos del art�culo 76 bis, fracci�n I, de la ley de la materia; en consecuencia, si este Alto Tribunal ya estableci� con car�cter obligatorio que son contrarios a los principios de proporcionalidad y equidad tributarios los derechos por servicios que no guarden un razonable equilibrio entre la cuota y la prestaci�n del servicio, en la jurisprudencia "DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACI�N ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO P�BLICO Y EL MONTO DE LA CUOTA.", es inconcuso que el Tribunal Colegiado de Circuito vulner� el art�culo 192 de la Ley de Amparo, habida cuenta que "debemos ponderar que a trav�s de jurisprudencias que sin declarar la inconstitucionalidad de un art�culo en particular definen un criterio a seguir y que, por ende, resulta igualmente aplicable a los Tribunales Colegiados de Circuito y al Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, pues de considerar lo contrario ser�a inocua cualquier actividad de esa H. Corte en aras de establecer un criterio que no resulta aplicable en ninguna controversia, pues en todos los casos la cuesti�n sometida a consideraci�n de un tribunal jurisdiccional versa sobre un asunto concreto, que conlleva la aplicaci�n de art�culos concretos", siendo patente que el Tribunal Colegiado de Circuito dej� de aplicar la jurisprudencia de derechos por servicios para conceder la protecci�n constitucional a la quejosa, en suplencia de la deficiencia de la queja en los t�rminos indicados, aunque se trate de un tema gen�rico, de conformidad con la siguiente tesis: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE. VALIDEZ DE LA SUSTENTADA RESPECTO DE TEMAS O CRITERIOS GEN�RICOS."

  5. Que el fallo reclamado se apoy� en el art�culo 49, fracci�n I, de la Ley Federal de Derechos que vulnera los principios de equidad y proporcionalidad en materia tributaria, "aterrizadas en el marco legal a trav�s de los art�culos 2o., fracci�n IV, del C�digo F. de la Federaci�n y 1o. de la Ley Federal de Derechos, as� como el art�culo 2o. de la Ley del Servicio de Administraci�n Tributaria, de lo que igualmente resulta su inconstitucionalidad al sustentar la resoluci�n impugnada el establecimiento de un derecho por servicio cuya base resulta incompatible con el costo del servicio prestado por el Estado en su car�cter de ente p�blico", siendo contrario, adem�s, de la garant�a de seguridad jur�dica prevista en los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n General de la Rep�blica, de acuerdo con el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro es: "LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD PUEDE DERIVARSE DE LA CONTRADICCI�N CON OTRA LEY, A TRAV�S DE LA DEMOSTRACI�N DE TRANSGRESI�N A LA GARANT�A DE SEGURIDAD JUR�DICA POR LA NORMA APLICADA EN PERJUICIO DEL QUEJOSO."

  6. Que la Sala responsable considera inexactamente "que lo que debe prevalecer es el texto de la ley que establece un derecho a partir de un elemento ajeno, como lo es el valor de las mercanc�as sujetas al tr�mite aduanero no obstante las violaciones a nivel de legalidad y de constitucionalidad de que ello derivan."

  7. Que el impugnado art�culo 49, fracci�n I, de la Ley Federal de Derechos viola, por diversos motivos, los principios de legalidad, equidad y proporcionalidad tributaria, previstos en el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal (fojas 27 a la 37 del recurso de revisi�n 1126/2004).

  8. Que por todo lo anterior resulta ilegal la falta de an�lisis de fondo de los conceptos de inconstitucionalidad planteados en la demanda de garant�as.

En esta tesitura, para abordar con suficiente informaci�n el estudio de los anteriores planteamientos, es menester precisar que por escrito presentado el nueve de enero de dos mil tres, F. de M�xico, Sociedad An�nima de Capital Variable, por conducto de su apoderado M.F., solicit� la devoluci�n del pago de lo indebido con fundamento en el art�culo 22 del C�digo F. de la Federaci�n, pues afirm� que en el ejercicio de mil novecientos noventa y seis pag� los derechos de tr�mite aduanero mediante pedimentos de importaci�n, siendo que en el art�culo 49, fracci�n I, de la Ley Federal de Derechos se toma en cuenta un elemento ajeno al monto de la prestaci�n del servicio, como es el valor de los bienes para los efectos del impuesto general de importaci�n, lo que es contrario a la naturaleza de dicho ingreso, en t�rminos del art�culo 2o., fracci�n IV, del c�digo tributario de m�rito, e incidi� en el monto final que pag�. Para mayor ilustraci�n al respecto, resulta oportuno transcribir el referido escrito:

"Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico

"Servicio de Administraci�n Tributaria

"Administraci�n Local de Grandes

"Contribuyentes de Guadalajara

"M.F., en legal representaci�n de F. de M�xico, S.A. de C.V., personalidad que se acredita con el poder notarial que se adjunta al presente ocurso, con domicilio fiscal ubicado en Avenida M.O. n�mero 2510, 4o. piso, colonia Jardines del Bosque, C.P. 44520 en Guadalajara, J.; se�alando como domicilio para o�r y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en Avenida L�zaro C�rdenas # 3430, piso 8, Fraccionamiento Jardines de San Ignacio; C.P. 45040 en Guadalajara, J.; autorizando para atender todo lo relacionado con el presente escrito en los t�rminos del art�culo 19 del C�digo F. de la Federaci�n, a los se�ores G.S.C.�eda del R�o, R.R.R.G.�rrez, K.E.C.G.�a, A.E.G.V., J.L.V.E., H.M.A.G.�a, T.G.L.G.�lez, J.L.A., I.I.R.P.�a, L.G.P. y M.C.S.S., con el debido respeto comparezco y expongo:

"Que por medio de este ocurso y en t�rminos de lo establecido en los art�culos 17- (sic) 18, 22 y dem�s relativos del C�digo F. de la Federaci�n, vengo a solicitar la devoluci�n de pago de lo indebido efectuado por mi representada, manifestando para tal efecto los siguientes hechos:

"I. Mi representada es una sociedad mercantil debidamente constituida con arreglo a las leyes de la Rep�blica mexicana cuyo objeto social consiste en fabricar, importar, exportar, adquirir, vender y comercializar toda clase de bebidas y alimentos en estado natural o procesados, especialmente chocolates y dulces.

"II. En el desarrollo de las actividades propias de su objeto social, mi representada ha venido realizando la importaci�n definitiva de bienes necesarios para la realizaci�n de su actividad, raz�n por la cual se encuentra obligado a cubrir el derecho de tr�mite aduanero contemplado en el art�culo 49, fracci�n I, de la Ley Federal de Derechos.

"Al efecto se transcribe su parte conducente del referido art�culo 49 de la Ley Federal de Derechos:

"?Art�culo 49. Se pagar� el derecho de tr�mite aduanero, por las operaciones aduaneras que se efect�en utilizando un pedimento o el documento aduanero correspondiente en los t�rminos de la Ley Aduanera, conforme a las siguientes tasas o cuotas:

"?I.D. 8 al millar, sobre el valor que tengan los bienes para los efectos del impuesto general de importaci�n, en los casos distintos de los se�alados en las siguientes fracciones.?

"III. En cumplimiento de lo establecido por el art�culo antes transcrito, mi mandante ha venido haciendo un pago del 8 al millar sobre el valor de los bienes que importa de forma definitiva, esto por concepto de derecho de tr�mite aduanero, lo cual se acredita con los pedimentos de importaci�n que se anexan.

"IV. Que de conformidad con lo establecido en el art�culo 22 del C�digo F. de la Federaci�n los contribuyentes tienen derecho a obtener del fisco federal la devoluci�n de cantidades cuando se efect�e por los mismos un pago de lo indebido.

"Para mayor claridad se transcribe en lo particular el citado art�culo 22 del C�digo F. de la Federaci�n:

"?Art�culo 22. Las autoridades fiscales est�n obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con las leyes fiscales. ...

"?El fisco federal deber� pagar la devoluci�n que procede actualizada conforme a lo previsto en la art�culo 17-A de este c�digo, desde el mes en que se realiz� el pago de lo indebido o se present� la declaraci�n que contenga el saldo a favor hasta aquel en que la devoluci�n est� a disposici�n del contribuyente.?

"La devoluci�n solicitada parte del hecho de que mi representada efectu� un pago de lo indebido al enterar al fisco federal mediante los pedimentos de importaci�n correspondiente al ejercicio de 1996 (mismos que se acompa�an al presente escrito) la cantidad total de $1'047,488.00, por concepto de pago del derecho del tr�mite aduanero calculado a partir del 8 al millar del valor de las mercanc�as importadas para efectos del impuesto general de importaci�n.

"En efecto, el entero de la cantidad de referencia constituye un pago de lo indebido en virtud de que el art�culo 49, fracci�n I, de la Ley Federal de Derechos se�ala que para determinar el monto a pagar por concepto de este derecho se tomar� como base el valor (para los efectos del impuesto general de importaci�n) de los bienes importados, lo cual resulta contrario a la naturaleza de esta contribuci�n consagrada en el art�culo 2o., fracci�n IV, del C�digo F. de la Federaci�n, ya que el derecho de tr�mite aduanero se genera por la prestaci�n de un servicio determinado por parte del Estado en sus funciones de ente p�blico, lo que necesariamente implica que el pago deber�a guardar proporci�n con el costo que tiene para el Estado la prestaci�n del citado servicio, y de ninguna forma basarse �nicamente en un elemento ajeno como lo es el valor de las mercanc�as a importar.

"Bajo ese orden de ideas, es evidente el pago de lo indebido en el que incurri� mi mandante a cubrir el 8 al millar del valor de las mercanc�as importadas por concepto de derecho del tr�mite aduanero, seg�n consta en los pedimentos de importaci�n correspondientes al ejercicio de 1996 que al efecto se exhiben, siendo que los derechos deben guardar proporci�n con el costo que tiene para el Estado la prestaci�n de este servicio.

"V.C. se�alar que, el pago de lo indebido efectuado por mi mandante deviene del pago en s� mismo del derecho del tr�mite aduanero, y no en raz�n de alguna rectificaci�n efectuada a los pedimentos en cuesti�n, esto en raz�n a que el art�culo 89 de la Ley Aduanera, numeral que regula la rectificaci�n de pedimentos, s�lo establece la posibilidad de que se lleve a cabo dicha rectificaci�n cuando se efect�a una modificaci�n en los datos contenidos en el pedimento en cuesti�n y de ninguna forma establece como posibilidad de rectificaci�n el que los fundamentos a partir de los cuales se exige el pago de una contribuci�n (en la especie el derecho del tr�mite aduanero) resulten contrarios a derecho y, por ende, generen un pago de lo indebido.

"VI. De lo anterior, se evidencia que resulta procedente el que se autorice a mi representada la devoluci�n de la cantidad de $1'047,488.00, con el correspondiente c�lculo de intereses y actualizaci�n hasta la fecha en que sea puesta a disposici�n de mi representada la cantidad de referencia, toda vez que su entero al fisco federal es indebido al haberse cubierto el derecho del tr�mite aduanero correspondiente, a partir del 8 al millar del valor de las mercanc�as importadas en lugar de pagar el costo efectivo que le signific� al Estado la prestaci�n de dicho servicio.

"En vista de lo antes expuesto y de la legal procedencia de la devoluci�n de la cantidad arriba precisada se procede a identificar la cuenta bancaria en la que en t�rminos del referido art�culo 22, tercer p�rrafo, del C�digo F. de la Federaci�n deber� procederse a efectuar la devoluci�n en cuesti�n: la cuenta bancaria es 002320030119765052 de la instituci�n Banco Nacional de M�xico, B., sucursal 301, plaza 002, clave 23.

"Por lo anteriormente expuesto y fundado a esa H. Autoridad atentamente pido:

"Primero. Tenerme por presentado este escrito en legal representaci�n de F. de M�xico, S.A. de C.V., as� como por autorizados a las personas precisadas en el cuerpo de este ocurso.

"Segundo. Previos los tr�mites de ley proceder a la devoluci�n de la cantidad de $1'047,488.00, en t�rminos de lo dispuesto por los art�culos 17-A y 22 del C�digo F. de la Federaci�n, as� como los intereses y actualizaci�n correspondiente.

"Guadalajara, J., a la fecha de su presentaci�n.

"R�brica. M.F.."

Por su parte, el administrador de servicios "B" adscrito a la Administraci�n General de Grandes Contribuyentes, no obsequi� favorable la solicitud del contribuyente, por los siguientes motivos:

"C. M.F.

"Representante legal de F. de M�xico, S.A. de C.V.

"Avenida M.O. No. 2510

"Col. Jardines del Bosque C.P. 44520

"Guadalajara, J.

"En relaci�n con su promoci�n presentada ante la Administraci�n Local de Grandes Contribuyentes de Guadalajara con fecha 9 enero de 2003, controlada con el n�mero de folio 9403000054, remitida a esta Administraci�n Central de Recaudaci�n de Grandes Contribuyentes para su resoluci�n, a trav�s del cual solicita la devoluci�n del pago de lo indebido por concepto de derecho de tr�mite aduanero en cantidad de $1'047,488.00, correspondiente al periodo de enero a diciembre de 1996.

"Al efecto se precisan los siguientes antecedentes:

"I.M. su representada que en el desarrollo de las actividades propias de su objeto social, ha venido realizando la importaci�n definitiva de bienes necesarios para la realizaci�n de su actividad, raz�n por la cual se encuentra obligado a cubrir el derecho de tr�mite aduanero contemplado en el art�culo 49, fracci�n I, de la Ley Federal de Derechos.

"II. Asimismo, refiere que en cumplimiento de lo establecido por el citado art�culo 49, su mandante ha venido haciendo un pago del 8 al millar sobre el valor de los bienes que importa de forma definitiva, esto por concepto de derecho de tr�mite aduanero, lo cual se acredita con los pedimentos de importaci�n que se anexan.

"III. C.�a se�alando, que de conformidad con lo establecido en el art�culo 22 del C�digo F. de la Federaci�n los contribuyentes tienen derecho a obtener del fisco federal la devoluci�n de las cantidades cuando se efect�e por los mismos un pago de lo indebido.

"IV. Aunado a lo anterior, manifiesta que la devoluci�n solicitada parte del hecho de que su representada efectu� un pago de lo indebido al enterar al fisco federal (mediante los pedimentos de importaci�n correspondientes al ejercicio de 1996), la cantidad de $1'047,488.00, por concepto de pago de derecho del tr�mite aduanero calculado a partir del 8 al millar del valor de las mercanc�as importadas para efectos del impuesto general de importaci�n, en virtud de que el entero de la cantidad de referencia constituye un pago de lo indebido, toda vez que, el art�culo 49, fracci�n I, de la Ley Federal de Derechos se�ala que para determinar el monto a pagar por concepto de este derecho se tomar� como base el valor (para efectos del impuesto general de importaci�n) de los bienes importados, lo cual resulta contrario a la naturaleza de esta contribuci�n consagrada en el art�culo 2o., fracci�n IV, del C�digo F. de la Federaci�n, ya que el derecho de tr�mite aduanero se genera por la prestaci�n de un servicio determinado por parte del Estado en sus funciones de ente p�blico, lo que necesariamente implica que el pago deber�a guardar proporci�n con el costo que tiene para el Estado la prestaci�n del citado servicio, y de ninguna forma basarse �nicamente en un elemento ajeno como lo es el valor de las mercanc�as a importar.

"Esta administraci�n con fundamento en los art�culos 1o., 3o. y 7o., fracci�n XIII, de la Ley del Servicio de Administraci�n Tributaria vigente, y en el uso de las facultades que le confieren los art�culos 1o. y 2o., primer y antepen�ltimo p�rrafos, 11, �ltimo p�rrafo, 17, apartado A, fracci�n XXIV y apartado B, fracci�n XII, inciso b), 18, apartado D, fracci�n II y �ltimo p�rrafo, del Reglamento Interior del Servicio de Administraci�n Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 22 de marzo de 2001, y con fundamento en el art�culo 22 del C�digo F. de la Federaci�n vigente, le comunica que no es posible acceder a lo solicitado, en virtud de que:

"Considerandoque su representada solicita la devoluci�n como lo manifiesta en el escrito libre que anex� a su promoci�n, en virtud de que, resulta improcedente el pago que efectu� por concepto de derecho de tr�mite aduanero en el ejercicio de 1996, atendiendo lo establecido por el art�culo 49, fracci�n I, de la Ley Federal de Derechos, se realizan los siguientes razonamientos:

"El control de la constitucionalidad, que es la tutela de la Constituci�n encomendada por la propia Carta Magna a una autoridad para conocer las violaciones que cometa cualquier �rgano del Estado, ya sea por medio de una ley o de un acto, se resume facultando a la autoridad tuteladora para declarar la inconstitucionalidad de dicha ley o acto.

"En el caso particular, su representada pretende que esta administraci�n devuelva la cantidad solicitada bas�ndose en la improcedencia y por ende en la ilegalidad del cobro del derecho de tr�mite aduanero, previsto en el art�culo 49, fracci�n I, de la Ley Federal de Derechos, siendo que este acto emana de una ley.

"Aunado a lo anterior, el primer p�rrafo del art�culo 22 del C�digo F. de la Federaci�n vigente, establece:

"?Las autoridades fiscales est�n obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con las leyes fiscales ...?

(�nfasis a�adido).

"En esta disposici�n se precisa que la autoridad s�lo est� obligada a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con las disposiciones fiscales.

"Por su parte, el art�culo 17 del Reglamento Interior del Servicio de Administraci�n Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 22 de marzo de 2001, se�ala:

"?Corresponde a la Administraci�n General de Grandes Contribuyentes la competencia que se precisa en el apartado A de este art�culo, cuando se trate de las entidades y sujetos comprendidos en el apartado B de este mismo art�culo.

"?A. Competencia:

"?...

"?XXIV. Tramitar y resolver las solicitudes presentadas por los contribuyentes de devoluci�n de cantidades pagadas indebidamente al fisco o cuando legalmente as� proceda ...?

"El precepto antes transcrito, establece que la Administraci�n General de Grandes Contribuyentes es competente para resolver las solicitudes de devoluci�n de cantidades pagadas indebidamente al fisco y cuando legalmente procedan.

"De esta manera, resulta evidente que entre las atribuciones que encomend� el Ejecutivo Federal a la Administraci�n General en comento, no se encuentra la de entrar al estudio de la legalidad de las disposiciones fiscales y aduaneras, ni de escudri�ar las razones del legislador para la emisi�n de los preceptos de que se trate, ni evaluar si en su emisi�n cumpli� con alg�n principio jur�dico o doctrinal y, por ende, resolver sobre si el pago de derecho de tr�mite aduanero es procedente o improcedente, ya que s�lo la facult� para pronunciarse sobre la aplicaci�n de las mismas.

"En este contexto, resulta que la Administraci�n General de Grandes Contribuyentes, as� como las unidades administrativas adscritas a ella, carecen de competencia para conocer las solicitudes de devoluci�n que se originen de la inconstitucionalidad o ilegalidad de cualquier disposici�n.

"Una vez manifestados los antecedentes y razonamientos vertidos en el cuerpo del presente, esta administraci�n niega la devoluci�n solicitada, en virtud de que como se ha dejado debidamente precisado en p�rrafos que anteceden, el pago de derecho del tr�mite aduanero, se realiz� atendiendo a las disposiciones fiscales vigentes, sin que esta administraci�n sea competente para determinar la ilegalidad de cualquier disposici�n.

"Anexo: 3 originales.

"Sufragio Efectivo. No Reelecci�n.

"El Administrador de Servicios ?B?

R�brica. C.L.A.R.G..

Contra la anterior determinaci�n de la autoridad fiscal, F. de M�xico, Sociedad An�nima de Capital Variable, promovi� juicio de nulidad que toc� conocer, por raz�n de turno, a la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, la que dict� sentencia el cuatro de febrero de dos mil cuatro, en el sentido de reconocer la validez de la resoluci�n impugnada.

Inconforme con esta sentencia, la actora promovi� juicio de amparo directo -que qued� relacionado en los resultandos primero al tercero de esta ejecutoria-, en el que plante� que el art�culo 49, fracci�n I, de la Ley Federal de Derechos, vulnera la garant�a de seguridad jur�dica, as� como el principio de legalidad tributaria.

Con base en lo expuesto, el S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Distrito Federal arrib� a la convicci�n de que en el juicio de amparo directo existen elementos suficientes que ponen de manifiesto que antes de la respuesta a la solicitud de devoluci�n del pago de lo indebido, la parte quejosa se someti� voluntariamente a los efectos normativos del art�culo impugnado, dado que pag� en el ejercicio de mil novecientos noventa y seis el derecho de tr�mite aduanero, sin haber promovido en su contra juicio de amparo indirecto, por lo que este motivo, a su arbitrio, es revelador de la inoperancia de los conceptos de violaci�n atinentes a la constitucionalidad del art�culo 49, fracci�n I, de la Ley Federal de Derechos, por consentir la aplicaci�n de este precepto.

De lo anterior bien puede advertirse que no asiste raz�n a la parte recurrente en cuanto sostiene en el inciso b) que el Tribunal Colegiado de Circuito consider� que el consentimiento deriv� de la sentencia reclamada en el juicio de amparo directo, y como acto destacado el art�culo 49, fracci�n I, de la Ley Federal de Derechos, porque estas precisiones son incorrectas en la medida en que en el fallo recurrido s�lo se se�al� que el aludido precepto legal fue consentido por la contribuyente, lo que imped�a abordar el estudio de fondo de la inconstitucionalidad planteada, mas en �l nada se refiri� sobre el consentimiento de la sentencia reclamada o tener como acto reclamado a la norma general controvertida.

Tambi�n destaca del estudio de la sentencia recurrida que el Tribunal Colegiado no soslay� que el acto reclamado en el juicio de amparo es la sentencia dictada el cuatro de febrero de dos mil cuatro, por la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, porque en los puntos resolutivos de la resoluci�n indicada en primer lugar no realiz� un pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma controvertida, sino que neg� el amparo solicitado en contra de la sentencia emitida por la citada S.F., acorde a las reglas para el dictado de una sentencia de amparo directo, en la que se plantea una cuesti�n de constitucionalidad de leyes, que establecen los art�culos 73, fracci�n XII, �ltimo p�rrafo, 158 y 166, fracci�n IV, de la Ley de Amparo:

"Art�culo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"Si en contra de dicha resoluci�n procede amparo directo, deber� estarse a lo dispuesto en el art�culo 166, fracci�n IV, p�rrafo segundo, de este ordenamiento."

"Art�culo 158. El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los t�rminos establecidos por las fracciones V y VI del art�culo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ning�n recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violaci�n se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garant�as cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados.

"Para los efectos de este art�culo, s�lo ser� procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretaci�n jur�dica o a los principios generales de derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisi�n o negaci�n expresa.

"Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparaci�n, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, s�lo podr�n hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resoluci�n que pongan fin al juicio."

"Art�culo 166. La demanda de amparo deber� formularse por escrito, en la que se expresar�n:

"...

"IV. La sentencia definitiva, laudo o resoluci�n que hubiere puesto fin al juicio, constitutivo del acto o de los actos reclamados; y si se reclamaren violaciones a las leyes de procedimiento, se precisar� cu�l es la parte de �ste en la que se cometi� la violaci�n y el motivo por el cual se dej� sin defensas al agraviado.

Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resoluci�n que hubiere puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la ley, el tratado o el reglamento aplicado, ello ser� materia �nicamente del cap�tulo de conceptos de violaci�n de la demanda, sin se�alar como acto reclamado la ley, el tratado o el reglamento, y la calificaci�n de �ste por el tribunal de amparo se har� en la parte considerativa de la sentencia.

Del an�lisis relacionado de las disposiciones transcritas se advierte que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ning�n recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, en el que podr� plantearse como conceptos de violaci�n, la inconstitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos aplicados en perjuicio del quejoso durante la secuela del juicio natural, sentencia, laudo o resoluci�n reclamado, adem�s en el acto o resoluci�n de origen, cuando sea promovido contra la resoluci�n reca�da a los recursos o medios de defensa legal interpuestos contra el primer acto de aplicaci�n de ellas.

De igual forma, el marco jur�dico anterior pone en evidencia que no se cuestiona la constitucionalidad de las leyes por v�a de acci�n, sino por v�a de excepci�n, conceptos propios del derecho procesal que aplicados al juicio de garant�as se traducen en que el ejercicio de esa acci�n se endereza contra la sentencia, laudo o resoluci�n reclamados, siendo el an�lisis de la ley aplicada s�lo un argumento m�s para determinar o decidir la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la resoluci�n destacada, esto es, lo que en realidad se pretende al cuestionar la ley es, sin lugar a dudas, que se declare la inconstitucionalidad del acto reclamado que se funda en la norma general impugnada en v�a de conceptos de violaci�n, otorgando al quejoso el amparo y dejando intocada la ley, la que no puede ser materia aislada de concesi�n o negativa de la protecci�n federal y, por lo mismo, lo decidido respecto de ella s�lo trasciende al fallo reclamado, sin m�s efecto que obligar a la autoridad responsable a no aplicar la norma general relativa en el novedoso acto que emita en cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

Lo anterior parte de la base de que el juicio de amparo directo naci� a la vida jur�dica como un medio para regular exclusivamente la constitucionalidad de las sentencias, laudos o resoluciones que pusieran fin al juicio, no as� para impugnar la constitucionalidad de las leyes; sin embargo, la pr�ctica judicial puso de manifiesto que esa limitaci�n provocaba la transgresi�n a la garant�a de defensa que ten�a en su favor el gobernado, puesto que no evidenciada la inconstitucionalidad de la actuaci�n de la autoridad responsable, esto es, no acreditado que se apart� de la ley que rige su funci�n, porque aplic� correctamente el ordenamiento jur�dico procedente, el quejoso nada pod�a argumentar contra la ley aplicada y ten�a que resignarse de esa manera a la negativa del amparo, por m�s que aquella norma fuera inconstitucional; por eso precisamente se introdujo que el quejoso pudiera cuestionar la constitucionalidad de la norma general a efecto de que, de demostrar su aserto, se declare la inaplicaci�n de la ley inconstitucional y se le otorgue el amparo, no por defectos de legalidad, sino con motivo de que la ley resulta contraria al texto fundamental.

Estas breves precisiones explican con claridad por qu� en el juicio de amparo directo no se tiene a la ley como acto reclamado ni debe hacerse un pronunciamiento en los puntos resolutivos de su constitucionalidad o inconstitucionalidad, y que la determinaci�n que sobre ella se realice tenga efectos limitados a la resoluci�n reclamada, lo que significa que aqu�lla puede ser aplicada en el futuro contra el agraviado, tal como se corrobora con los criterios que informan de las tesis que llevan los rubros, textos y datos de localizaci�n siguientes:

"LEYES INCONSTITUCIONALES, AMPARO DIRECTO CONTRA SENTENCIAS DEFINITIVAS FUNDADAS EN. LIMITACI�N A LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA RECLAMADA. En materia de amparo directo puede realizarse el estudio de problemas de inconstitucionalidad de leyes, mediante declaraciones con efectos limitados a la sentencia reclamada, como acto de aplicaci�n de la ley por la autoridad responsable en el juicio de amparo directo; pero en caso de que resulten ajenos a los conceptos de violaci�n que, sobre inconstitucionalidad de leyes, formula en su demanda de garant�as el quejoso a las razones en que se funda el fallo combatido, el problema planteado sobre inconstitucionalidad de preceptos legales s�lo se toma como concepto de violaci�n; pero sin que proceda hacer, sobre el particular, declaraci�n alguna en los resolutivos." (S�ptima �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n, Vol�menes 97-102, Tercera Parte, p�gina 72).

"SENTENCIA INCONGRUENTE. LO ES LA DICTADA EN AMPARO DIRECTO CUANDO EN LOS RESOLUTIVOS EXISTE PRONUNCIAMIENTO SOBRE PRECEPTOS QUE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACI�N SE ESTIMARON INCONSTITUCIONALES. De lo dispuesto en los art�culos 158 y 166, fracci�n IV, de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo directo s�lo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que hubieren puesto fin al juicio y que las cuestiones que no sean de imposible reparaci�n, surgidas en la secuela procesal, sobre constitucionalidad de leyes, tratados o reglamentos, pueden hacerse valer como conceptos de violaci�n, sin que sea necesario se�alar como acto reclamado la ley, el tratado o el reglamento, ni llamar a las autoridades expedidoras de la ley cuya constitucionalidad se controvierte, ya que su calificaci�n se har� por el tribunal en la parte considerativa de la sentencia, de lo que se colige que en la resoluci�n que al respecto se emita, debe tenerse �nicamente como acto reclamado la sentencia definitiva, laudo o resoluci�n que hubiere puesto fin al juicio y en los puntos resolutivos s�lo se conceder� o negar� el amparo o se sobreseer� en el juicio respecto de dichos actos, sin incluir a la ley, tratado internacional o reglamento que hubieran sido materia de impugnaci�n en los conceptos de violaci�n, pues la calificaci�n de su constitucionalidad o inconstitucionalidad se hace mediante declaraciones con efectos limitados a la sentencia, laudo o resoluci�n final reclamados, como actos de aplicaci�n, y a la autoridad judicial que los pronunci�, de manera tal que cuando el Tribunal Colegiado que conoce del juicio sobresee, niega o concede el amparo respecto de los preceptos impugnados, tal forma de proceder viola el principio de congruencia que debe regir toda sentencia, al incluir en los puntos resolutivos, como actos espec�ficos, los preceptos reclamados as� como a las autoridades expedidoras de los mismos, lo que hace que la sentencia resulte incongruente y debe, por tanto, ser corregida." (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo V, marzo de 1997, tesis P. XXXVII/97, p�gina 261).

Conforme a las exposiciones realizadas, resulta patente que el Tribunal Colegiado de Circuito tom� en cuenta para resolver el juicio de amparo directo que el acto reclamado es la sentencia del cuatro de febrero de dos mil cuatro, no el art�culo 49, fracci�n I, de la Ley Federal de Derechos, tal como se robustece con los puntos resolutivos del fallo recurrido, de los que se advierte que no hizo referencia a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicha norma secundaria, en concordancia con las reglas para el dictado de una sentencia de amparo directo contra leyes.

Asimismo, para el desarrollo de los t�picos planteados en los incisos a) y c), los que ser�n estudiados en forma conjunta por la estrecha relaci�n que guardan entre s�, resulta oportuno se�alar que esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sustentado el criterio de que el quejoso puede en la demanda de amparo directo controvertir normas generales que se hubiesen aplicado en su perjuicio durante la secuela del procedimiento del juicio natural o en la sentencia, laudo o resoluci�n reclamada, en relaci�n con el primero o ulteriores actos de aplicaci�n, pues en este aspecto es diferente el sistema de impugnaci�n que en el amparo indirecto, como se sostiene en las tesis aisladas que llevan por rubro, texto y datos de localizaci�n los siguientes:

"APLICACI�N DE LEYES EN SENTENCIAS EMITIDAS EN UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SU IMPUGNACI�N EN AMPARO DIRECTO PROCEDE EN CONTRA DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO. De conformidad con lo dispuesto en el art�culo 166, fracci�n IV, p�rrafo segundo, de la Ley de Amparo, no procede sobreseer en el juicio de amparo directo respecto de una ley, aun cuando se trate del segundo acto de aplicaci�n, pues no tiene el car�cter de acto reclamado, en virtud de que el planteamiento de inconstitucionalidad de una norma legal que se formula dentro de los conceptos de violaci�n, conduce al tribunal a conceder o negar el amparo respecto de la sentencia, mas no a otorgarlo o negarlo respecto del precepto analizado. As�, aun cuando dentro de la sistem�tica de la Ley de Amparo no se establece la posibilidad de combatir una ley con motivo de un segundo o ulterior acto de aplicaci�n que perjudique a la parte quejosa, pues ello se traduce en que se estime consentido y se desprende, tambi�n, que de haberse analizado una norma en una ocasi�n, en relaci�n con el mismo quejoso existir� cosa juzgada sobre el tema, debe precisarse que tal sistema rige el amparo que se tramita ante los Jueces de Distrito, no a los juicios de amparo directo, seg�n se ha explicado, en tanto que el juicio de amparo ante los Tribunales Colegiados de Circuito es de car�cter restrictivo y el pronunciamiento correspondiente debe referirse a la sentencia en la que se aplica la norma que se tilda de inconstitucional, sin reflejarse en los resolutivos de la sentencia de amparo la decisi�n respecto de la ley." (Novena �poca, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., mayo de 1998, tesis P. XL/98, p�gina 65).

"CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. PARA QUE EN AMPARO DIRECTO PUEDAN OPERAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACI�N RELATIVOS, SE REQUIERE QUE LOS PRECEPTOS SE HAYAN APLICADO EN LA SENTENCIA RECLAMADA O EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL QUE CON ELLA CULMIN�. De conformidad con lo ordenado por el �ltimo p�rrafo del art�culo 158 y el segundo p�rrafo de la fracci�n IV del art�culo 166 de la Ley de Amparo, para impugnar la constitucionalidad de una ley en amparo directo se requiere que �sta se haya aplicado dentro de la secuela procedimental o en la sentencia se�alada como acto reclamado, por lo que resultan inoperantes los conceptos de violaci�n que se formulen en contra de los preceptos que no fueron aplicados."(Novena �poca, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., septiembre de 1997, tesis P. CXXXIII/97, p�gina 203).

Cabe puntualizar, por la importancia que reviste, que el �ltimo criterio transcrito fue matizado por esta Segunda Sala al sostener que la impugnaci�n de constitucionalidad de normas generales en el juicio de amparo directo no se agota solamente en los casos en que hayan sido aplicadas en perjuicio del quejoso durante el procedimiento del juicio natural o en la sentencia definitiva, ya que de acuerdo con el art�culo 73, fracci�n XII, �ltimo p�rrafo, de la ley de la materia, tambi�n se pueden controvertir normas generales aplicadas en el acto o resoluci�n de origen, cuando se promueva contra la resoluci�n reca�da a los recursos o medios de defensa legal interpuestos contra el primer acto de aplicaci�n de ellas, esto es, aplicadas antes del inicio del juicio o durante el tr�mite de �ste, que regularmente sucede en los actos de autoridades fiscales o administrativas impugnados en el juicio de nulidad.

Para ilustrar las anteriores precisiones, resulta conveniente citar los siguientes criterios:

"AMPARO DIRECTO. EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACI�N PUEDE PLANTEARSE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS GENERALES APLICADAS EN PERJUICIO DEL QUEJOSO EN EL ACTO O RESOLUCI�N DE ORIGEN. De la interpretaci�n arm�nica de los art�culos 158 y 166, fracci�n IV, de la Ley de Amparo, se desprende que cuando se promueva juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se podr� plantear, en los conceptos de violaci�n, la inconstitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos que se hubieran aplicado en perjuicio del quejoso en la secuela del procedimiento del juicio natural o en la sentencia, laudo o resoluci�n reclamados; sin embargo, ello no quiere decir que la posibilidad de controvertir tales normas de car�cter general en el amparo directo se agote con los supuestos a que se refieren dichos numerales, pues el art�culo 73, fracci�n XII, �ltimo p�rrafo, del citado ordenamiento permite tambi�n la impugnaci�n, en ese juicio, de las normas aplicadas en el acto o resoluci�n de origen, cuando se promueva contra la resoluci�n reca�da a los recursos o medios de defensa legal que se hubieran hecho valer en contra del primer acto de aplicaci�n de aqu�llas, m�xime que en la v�a ordinaria no puede examinarse la constitucionalidad de una norma de observancia general, pues su conocimiento est� reservado a los tribunales del Poder Judicial de la Federaci�n." (Novena �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., enero de 2003, tesis 2a./J. 152/2002, p�gina 220).

"AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. ES PROCEDENTE CUANDO SE CONTROVIERTE UNA SENTENCIA EMITIDA POR UNA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN CUMPLIMIENTO DE LO RESUELTO EN UN RECURSO DE REVISI�N FISCAL, SI SE PLANTEA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS APLICADAS EN AQU�LLA O EN EL ACTO ADMINISTRATIVO DE ORIGEN. De la interpretaci�n causal y teleol�gica de lo dispuesto en el art�culo 104, fracci�n I-B, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el recurso de revisi�n fiscal se estableci� como un medio de defensa de la legalidad, mediante el cual la autoridad demandada en un juicio contencioso administrativo puede controvertir la sentencia que declare la nulidad del acto emitido por ella, por lo que al resolver tal recurso el respectivo Tribunal Colegiado de Circuito ejerce una funci�n de control de la legalidad, no de la constitucionalidad, ya que el sentido de este fallo depender� de que la sentencia recurrida se haya emitido conforme al marco jur�dico previsto en las leyes ordinarias aplicables, sin confrontar dicha sentencia o las normas aplicadas en ella con lo dispuesto en la Constituci�n Federal. En ese tenor, si bien las consideraciones adoptadas al resolver un recurso de revisi�n fiscal constituyen cosa juzgada, ello acontece �nicamente en el aspecto de legalidad, por lo que no existe obst�culo procesal para que el actor en el respectivo juicio contencioso administrativo controvierta en amparo directo la constitucionalidad de las normas que le fueron aplicadas desde el acto administrativo de origen cuya validez se cuestion� ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, cuando la sentencia dictada por �ste se emita en cumplimiento de lo resuelto por un Tribunal Colegiado de Circuito al conocer de un recurso de revisi�n fiscal. Lo antes expuesto, adem�s de reconocer la naturaleza de este medio ordinario de defensa, permite a los gobernados ejercer la prerrogativa que el art�culo 73, fracci�n XII, p�rrafo tercero, de la Ley de Amparo, les brinda para impugnar la constitucionalidad de una ley que fue aplicada en su perjuicio una vez agotados los medios ordinarios de defensa y cumplidos los respectivos requisitos procesales; m�xime que, conforme al sistema actual, contra la sentencia recurrida en revisi�n fiscal que no afecta el inter�s jur�dico del actor del juicio contencioso administrativo, no procede el juicio de garant�as." (Novena �poca, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., febrero de 2002, tesis P. I/2002, p�gina 7).

Como es f�cil advertir, en el juicio de amparo directo pueden impugnarse normas generales aplicadas en perjuicio del quejoso en el acto o resoluci�n de origen, a condici�n de que se cumplan ciertas premisas, a precisar:

  1. La aplicaci�n concreta de la norma controvertida.

  2. Que esa aplicaci�n de la ley cause perjuicio directo y actual a la esfera jur�dica del gobernado.

  3. Que el acto de aplicaci�n sea el primero que invadi� su esfera jur�dica, o uno posterior, distinto de las aplicaciones que realice la autoridad jurisdiccional durante el procedimiento natural, siempre que no exista consentimiento de la ley por falta de impugnaci�n del acto o resoluci�n a trav�s de los recursos ordinarios o del juicio de amparo indirecto.

Las consideraciones que anteceden permiten concluir que en los supuestos en que el juicio de amparo directo derive de un juicio com�n u ordinario donde se controvierta un acto o resoluci�n de origen, en el que desde entonces se hubiesen aplicado las normas generales controvertidas en los conceptos de violaci�n, para que proceda el an�lisis relativo de la constitucionalidad, es menester que se trate del primer acto de aplicaci�n, o uno posterior a �ste, si los precedentes a �l fueron combatidos a trav�s de los recursos ordinarios o el juicio de amparo indirecto, de lo contrario, resultan inoperantes los argumentos respectivos, aun bajo la premisa de que se hubiesen aplicado nuevamente durante el juicio natural.

Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 83/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que aparece publicada en la p�gina 240 del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., agosto de 2002, que dice:

AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACI�N INVOCADOS EN CONTRA DE LA NORMA TRIBUTARIA APLICADA EN LA SENTENCIA RECLAMADA, SI AQU�LLA FUE CONSENTIDA AL PAGARSE EL IMPUESTO SIN HACER VALER LOS MEDIOS DE DEFENSA PROCEDENTES. De conformidad con el art�culo 166, fracci�n IV, de la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 Constitucionales, en el amparo directo puede alegarse la inconstitucionalidad de una ley dentro de los conceptos de violaci�n de la demanda. Ahora bien, dichos argumentos de inconstitucionalidad deben declararse inoperantes en t�rminos de la tesis P. LVIII/99, Tomo X, agosto de 1999, Novena �poca, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, p�gina 53, de rubro: ?CONCEPTOS DE VIOLACI�N INOPERANTES EN AMPARO DIRECTO. LO SON SI PLANTEAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL RESPECTO DE LA CUAL, SI SE TRATARA DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SE ACTUALIZAR�A ALGUNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.?, si de las constancias del juicio deriva que el quejoso se autoaplic� la norma combatida y la consinti� al pagar el impuesto controvertido sin manifestar su inconformidad mediante la interposici�n del medio de defensa constitucional dentro de los plazos que para tal efecto dispone la Ley de Amparo, no es jur�dico estimar que puede examinarse la constitucionalidad de la ley tributaria a trav�s del juicio de amparo directo, aun cuando en la sentencia definitiva reclamada se hubiera aplicado nuevamente la norma, si resulta evidente que tal resoluci�n no constituye el primer acto de aplicaci�n que trascendi� a la esfera jur�dica del particular ni tampoco lo fue el acto administrativo que dio lugar al juicio de nulidad; por tal motivo, al consentir la norma tributaria correspondiente y no impugnarla mediante la acci�n constitucional en los t�rminos establecidos para su ejercicio, debe concluirse que los conceptos de violaci�n que en el amparo directo se formulen, resultan inoperantes.

Conviene reiterar que fuera de dicha hip�tesis especial de impugnaci�n, en el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al procedimiento, puede abordarse el an�lisis respectivo de la constitucionalidad de leyes contra el primero, segundo o posteriores actos de aplicaci�n realizados durante el procedimiento judicial o en el fallo definitivo, que ordinariamente acontece en las controversias del orden civil, familiar, mercantil, penal y del trabajo, sin que opere consentimiento alguno de la norma legal, adem�s de que por regla general no se combate un acto o resoluci�n de autoridades, como s� sucede en el �mbito del derecho administrativo, de ah� la justificaci�n de que cuando el juicio de amparo directo derive de un juicio ordinario o com�n donde se controvierta un acto o resoluci�n de origen, en el que desde entonces se hubiesen aplicado las normas generales controvertidas en los conceptos de violaci�n, debe promoverse en virtud del primer acto de aplicaci�n para que prospere el estudio correspondiente, o bien, no existir consentimiento de aplicaciones actualizadas antes de la aludida resoluci�n o acto de origen.

Conforme a las exposiciones realizadas, es innegable que la aplicaci�n en la sentencia reclamada del art�culo 49, fracci�n I, de la Ley Federal de Derechos, no basta para abordar el estudio del problema de inconstitucionalidad planteado, como se pretende en el inciso c), pues era b�sico que la quejosa no hubiese consentido la aplicaci�n de esa norma antes del dictado de la resoluci�n en la que la autoridad fiscal neg� la devoluci�n del pago de lo indebido, impugnando los pagos realizados en el ejercicio de mil novecientos noventa y seis mediante el juicio de amparo indirecto, dado que se autoaplic� dicha disposici�n contra la que no proced�an los medios ordinarios de defensa, sino el indicado juicio de garant�as, siendo evidente, ante el mencionado consentimiento, que los conceptos de inconstitucionalidad son notoriamente inoperantes, como bien lo estableci� el Tribunal Colegiado de Circuito.

En concordancia con lo expuesto, cabe destacar que en este supuesto no resulta aplicable el criterio general de que en el juicio de amparo directo puede abordarse el an�lisis correspondiente de constitucionalidad contra el primero, segundo o posteriores actos de aplicaci�n realizados durante el procedimiento judicial o en el fallo definitivo, porque la aplicaci�n del art�culo 49, fracci�n I, de la Ley Federal de Derechos, no aconteci� �nicamente en el juicio de nulidad, dado que se actualiz� desde la resoluci�n administrativa de origen, debi�ndose, entonces, emplear las reglas de impugnaci�n especiales concernientes a este tipo de asuntos.

No representa obst�culo para la anterior conclusi�n, que la recurrente cite como apoyo de sus argumentos la tesis que lleva por rubro, texto y datos de localizaci�n los siguientes:

"REVISI�N EN AMPARO DIRECTO. LA HIP�TESIS DE SU PROCEDENCIA, RELATIVA A LA IMPUGNACI�N DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE PRECEPTOS LEGALES APLICADOS EN PERJUICIO DEL QUEJOSO EN LA SECUELA DE UN PROCEDIMIENTO, SE SURTE CUANDO LA RESPECTIVA ACTUACI�N ENGENDRA DIVERSOS EFECTOS, NO S�LO DE IMPOSIBLE REPARACI�N. De la interpretaci�n sistem�tica de lo establecido en los art�culos 107, fracci�n IX, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracci�n V, 158, �ltimo p�rrafo y 166, fracci�n IV, de la Ley de Amparo; y 10, fracci�n III, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, se desprende que el recurso de revisi�n en el juicio de amparo directo procede, entre otros supuestos, cuando en la demanda de amparo se hubiere impugnado la constitucionalidad de una ley, de un tratado internacional o de un reglamento, que se hayan aplicado en perjuicio del quejoso en la secuela del procedimiento del juicio natural o en la sentencia definitiva, laudo o resoluci�n que hubiere puesto fin al juicio e influido en el sentido del respectivo fallo, y en el primero de estos casos, se precisa que esa aplicaci�n se haya presentado en actuaciones que no hayan revestido perjuicios de imposible reparaci�n, pero cuando la aplicaci�n del precepto legal tiene otros efectos, adem�s del indicado, que perduran durante el procedimiento y que son de posible remedio mediante el otorgamiento del amparo directo, debe estimarse procedente el recurso, puesto que entonces resulta obligado el examen constitucional relativo, precisamente para determinar la pertinencia de borrar un agravio que es posible desaparezca. Al respecto, tampoco puede hablarse de consentimiento con la aplicaci�n como motivo impeditivo del examen constitucional en el amparo directo, pues por m�s que pueda reputarse como consentida la aplicaci�n del dispositivo que determin� el perjuicio irreparable, no puede sostenerse la misma postura respecto de los agravios resarcibles que son materia precisamente del amparo directo, en t�rminos del �ltimo p�rrafo del art�culo 158 de la Ley de Amparo." (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., diciembre de 1998, tesis P. CXIV/98, p�gina 258).

Se dice que no es obst�culo, porque la tesis se refiere a una hip�tesis particular donde la aplicaci�n se actualiz� s�lo durante el procedimiento natural, en la que debe valorarse si el efecto jur�dico del acto judicial gener� sobre las personas o las cosas una ejecuci�n irreparable, o bien, dej� huella en la esfera del particular que �nicamente puede ser borrada mediante el juicio de amparo directo, empero, nada se�ala en relaci�n con la aplicaci�n llevada a cabo desde el acto o resoluci�n de origen controvertido ante la potestad com�n, por lo que las precisiones que sobre el particular expone la parte recurrente no son aptas para modificar la conclusi�n a la que se arrib�.

Cobra importancia precisar que la circunstancia de que en la sentencia recurrida se haya estimado consentida la aplicaci�n del art�culo 49, fracci�n I, de la Ley Federal de Derechos, no conlleva a establecer que el juicio de amparo indirecto constituye el �nico medio para controvertir disposiciones aplicadas en actos fuera de juicio, en virtud de que el Tribunal Colegiado s�lo aplic� las reglas para impugnarlas en amparo directo, ya que es indispensable que se promueva contra el primer acto de aplicaci�n, o uno posterior, como sucedi� en la especie, siempre que no exista consentimiento por falta de impugnaci�n a trav�s de los recursos ordinarios o del juicio de amparo indirecto, situaci�n que patentiza la ineficacia de los argumentos sintetizados en el inciso a).

Bajo esa misma l�nea de pensamiento, debe desestimarse el planteamiento sintetizado en el inciso d), porque si bien este Alto Tribunal ha sustentado el criterio de que es procedente el recurso de revisi�n cuando el Tribunal Colegiado de Circuito omite aplicar una jurisprudencia que declara inconstitucional una norma general, en t�rminos del art�culo 76 bis, fracci�n I, de la Ley de Amparo, la suplencia de la deficiencia de la queja en estos t�rminos no opera trat�ndose de temas gen�ricos, sino que debe referirse en forma espec�fica a la inconstitucionalidad de la norma legal aplicada en perjuicio del agraviado, sobre la base de las consideraciones que enseguida se exponen.

En primer t�rmino, debe tenerse en cuenta que la Suprema Corte de Justicia ha establecido que la prerrogativa procesal de la suplencia de la queja se traduce en examinar consideraciones no controvertidas por el quejoso o recurrente, o bien, analizar aquellas respecto de las que se limita a se�alar que las estima inexactas, sin precisar los motivos que sustentan su afirmaci�n.

Tal postura se corrobora con el criterio que informa la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que lleva por rubro, texto y datos de identificaci�n los siguientes:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES O DESFAVORABLES PARA QUIEN SE SUPLE. La figura de la suplencia de la queja prevista en el art�culo 76 bis de la Ley de Amparo, tanto en relaci�n con el juicio de garant�as, como con los recursos que en aqu�lla se establezcan, consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violaci�n o en sus agravios, respectivamente, que podr�an resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. T�cnicamente resulta absurdo entender que s�lo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple, puesto que para determinar si procede la suplencia tendr�a que examinarse previamente la cuesti�n relativa, lo que implicar�a necesariamente haber realizado esa suplencia. Por consiguiente, es suficiente la posibilidad de que el an�lisis de un problema no propuesto pudiera resultar ben�fico para que se deba suplir, realizando el an�lisis correspondiente." (Novena �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XII, julio de 2000, tesis 2a. LXXX/2000, p�gina 166).

Adem�s, cabe significar, por la importancia que reviste, que el art�culo 76 bis, fracci�n I, de la Ley de Amparo, que establece una suplencia de queja especial, dispone:

"Art�culo 76 Bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deber�n suplir la deficiencia de los conceptos de violaci�n de la demanda, as� como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente:

I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.

Como puede apreciarse, el art�culo transcrito prev� que las autoridades que conozcan del juicio de amparo deber�n suplir la deficiencia de la queja cuando el acto reclamado se funde en una ley declarada inconstitucional por esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, lo que pone de manifiesto que despu�s del examen de la procedencia el juzgador lleva a cabo un estudio con base en la aplicaci�n exacta del contenido de la jurisprudencia y, en su caso, declara que al fundarse en una ley inconstitucional debe concederse la protecci�n al gobernado.

Debe precisarse que la suplencia de la queja deficiente en los t�rminos indicados naci� con la reforma del art�culo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el diecinueve de febrero de mil novecientos cincuenta y uno.

El aludido precepto qued� redactado de la siguiente forma:

"Art�culo 76. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo s�lo se ocupar�n de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limit�ndose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda sin hacer una declaraci�n general respecto de la ley o acto que la motivare.

"Podr� suplirse la deficiencia de la queja cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por lajurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.

Podr� tambi�n suplirse la deficiencia de la queja en materia penal y la de la parte obrera en materia del trabajo, cuando se encuentre que ha habido en contra del agraviado una violaci�n manifiesta de la ley que lo ha dejado sin defensa, y en materia penal, adem�s, cuando se le haya juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso.

En la exposici�n de motivos de la iniciativa de reforma, el presidente de la Rep�blica manifest�:

La fracci�n XII del mismo art�culo 73 se adiciona con un segundo p�rrafo, a fin de que no se entienda consentida t�citamente una ley a pesar de que sea impugnable en amparo desde el momento de su promulgaci�n y de que �ste no se haya interpuesto, sino s�lo en el caso de que tampoco se haya hecho valer contra el primer acto de su aplicaci�n con respecto al quejoso.-El problema de amparo contra leyes es el m�s grave y el m�s genuinamente constitucional, no s�lo porque se est� frente al control directo de actos legislativos, sino porque �stos, por ser de observancia general, deben tener aplicaci�n inmediatamente para el correcto desenvolvimiento de la vida social. ... Procede expresar, con mejor raz�n, que la modificaci�n en estudios se impone, pues si la reforma al art�culo 107, fracci�n II de la Constituci�n considera que puede suplirse la deficiencia de la queja cuando la ley ha sido declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte, con mayor raz�n deben poder los particulares acudir al amparo contra el primer acto de aplicaci�n de ley. ... El cap�tulo X, t�tulo primero, de la Ley de Amparo, sufre las modificaciones que exige el comprender a los Tribunales Colegiados de Circuito dentro de las normas que deben observar al pronunciar sus sentencias. El texto 76 de ese mismo cap�tulo, se adiciona con dos p�rrafos que tratan de la suplencia de la deficiencia de la queja cuando el acto reclamado en amparo se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, y para que pueda suplirse tambi�n esas deficiencias, en materia penal, y de la parte obrera, en materia de trabajo, en los casos que contempla. Estas disposiciones derivan directamente de la reciente reforma del art�culo 107 de la Constituci�n, y que si se les incluye en el cap�tulo de las sentencias y dentro de la parte general de juicio constitucional, es porque tienen aplicaci�n tanto en juicios de amparo directos como indirectos o en revisi�n, y ya sean ellos del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia, de los Tribunales Colegiados de Circuito o de los Jueces de Distrito. ... Hubo oportunidad de considerar en la exposici�n de motivos de la iniciativa de reformas a diversos art�culos de la Constituci�n, que la ley determinar�a los t�rminos y casos en que ser�a obligatoria la jurisprudencia de los tribunales del Poder Judicial Federal, y los requisitos a satisfacer para su modificaci�n. Las reformas que en este cap�tulo se introducen a la Ley de Amparo, s�lo desenvuelven estas ideas, por lo que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno, sobre interpretaci�n de la Constituci�n del pa�s, leyes federales y tratados celebrados con las potencias extranjeras, ser� obligatoria para ella, las S. de la misma y los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Unitarios Circuito (sic), Jueces de Distrito, tribunales de los Estados, Distrito y Territorios Federales y Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje. La misma norma prevalece para la jurisprudencia de las S., la cual ser� igualmente obligatoria para las propias S. y los dem�s �rganos jurisdiccionales mencionados.

Asimismo, en el dictamen de la C�mara de Senadores, que fungi� como C�mara de Origen, se estableci� lo siguiente:

"Los art�culos 76, 79 del proyecto se desenvuelven las ideas que, sobre ampliaci�n de facultades para suplir la deficiencia de la queja, se consagraron en la �ltima reforma constitucional.-Que en el dictamen que tuvo como materia dichas reformas se hizo hincapi� en la importancia jur�dica que tiene este aspecto de la iniciativa presidencial, y el principio elemental de justicia que obliga al Estado a acudir en auxilio de quienes carecen de elementos econ�micos para lograr su defensa legal se ajuste a las exigencias de la t�cnica jur�dica. Reafirmamos, pues, el criterio de que las reformas constitucionales aprobadas contribuir�n a elevar el nivel generosamente humano del amparo y las augustas funciones del Supremo Tribunal de la Naci�n. ... Est� de por medio el inter�s p�blico en las controversias que versan sobre la aplicaci�n de una ley perfectamente declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte, y que se resuelvan sin que el m�s Alto Tribunal de la naci�n se encuentre atado al acierto o desacierto con que las partes hayan planteado el problema jur�dico."

De lo expuesto bien puede advertirse que la suplencia de la queja, cuando el acto impugnado se sustenta en leyes declaradas inconstitucionales, requiere que la norma aplicada en perjuicio del gobernado sea, en lo particular, la declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por lo que la suplencia de la queja no se surte respecto de jurisprudencias gen�ricas, aun cuando se centren en aspectos de constitucionalidad de leyes, ni puede aplicarse por analog�a, identidad de raz�n, en lo conducente, una jurisprudencia que no sea perfectamente aplicable al caso, socapa de lo previsto en el art�culo 76 bis, fracci�n I, de la Ley de Amparo.

De dicha guisa se desprende que si bien para la integraci�n de la jurisprudencia sea por reiteraci�n o por contradicci�n lo que interesa es el criterio jur�dico contenido en las ejecutorias, no debe perderse de vista que para hacer efectiva la prerrogativa prevista en el art�culo 76 bis, fracci�n I, de la ley de la materia, requiere sin duda que la disposici�n aplicada sea la "perfectamente declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte", por lo que no se surte esa suplencia de la deficiencia de la queja, cuando la citada jurisprudencia es gen�rica o se refiere a una ley modificada o reformada.

En relaci�n con este �ltimo punto, cabe advertir que la tesis del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en su integraci�n en la Octava �poca, que cita la parte recurrente de rubro, texto y datos de identificaci�n siguientes:

JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE. VALIDEZ DE LA SUSTENTADA RESPECTO DE TEMAS O CRITERIOS GEN�RICOS.-El Pleno del m�s Alto Tribunal del pa�s, en sesi�n privada celebrada el veinticuatro de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, acord� lo siguiente: ?... en t�rminos del art�culo 192 de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n puede establecer jurisprudencia referida a temas o criterios gen�ricos, sin que sea necesario que en los cinco precedentes respectivos aparezcan las mismas autoridades, ni que se hayan reclamado el mismo precepto legal o la misma ley ...?. Lo anterior evidencia que lo determinante para la integraci�n de la jurisprudencia de la Suprema Corte, es el criterio sostenido en las cincos ejecutorias correspondientes no interrumpidas por otra en contrario, raz�n por la cual en el caso de que se trate de la misma disposici�n reclamada, aun cuando la vigencia de las leyes, el n�mero de los art�culos y/o el n�mero de los p�rrafos en cuesti�n var�en, puede v�lidamente constituirse jurisprudencia en el tema com�n a todos y cada uno de ellos.

Esta tesis no es contraria a las anteriores consideraciones, porque se refiere a la obligatoriedad de la jurisprudencia seg�n lo dispuesto en el art�culo 192 de la Ley de Amparo, no atinente a la suplencia de la queja deficiente por inconstitucionalidad de una ley, como se desprende del amparo en revisi�n n�mero 1259/92, que por unanimidad de votos resolvi� el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en sesi�n del ocho de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, del que surgi� la tesis transcrita:

"Lo anterior demuestra la validez de la jurisprudencia as� constituida, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto en el segundo p�rrafo del art�culo 192 de la Ley de Amparo, lo determinante para su integraci�n es el sentido de lo resuelto en las cinco ejecutorias respectivas no interrumpidas por otra en contrario, raz�n por la cual en trat�ndose de la misma disposici�n reclamada, aun cuando la vigencia de las leyes, el n�mero de los art�culos y/o el n�mero de los p�rrafos en cuesti�n var�en, puede v�lidamente constituirse jurisprudencia en el tema com�n a todos y cada uno de ellos.

"Este Tribunal Pleno, en sesi�n privada celebrada el veinticuatro de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, dict� un acuerdo en los t�rminos antes indicados, cuyo contenido, en la parte que interesa, es el siguiente:

"?... Por mayor�a de dieciocho votos de los se�ores Ministros De Silva Nava, L�pez Contreras, C.M.�n, Alba Leyva, A.G.�itr�n, Casta��n Le�n, D�az Infante, F.�ndez Doblado, A.G., M.D., G.�rrez de V., G.M.�nez, V.L., Su�rez Torres, C.G.�rrez, D�az R., S.O.��ez y presidente Del R�o R.�guez, se acord� que, en t�rminos del art�culo 192 de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n puede establecer jurisprudencia referida a temas o criterios gen�ricos, sin que aparezcan las mismas autoridades ni que se haya reclamado el mismo precepto legal o la misma ley; y que, por otra parte, es posible establecer jurisprudencia espec�fica cuando existan cinco precedentes referidos a un mismo precepto legal o a una misma ley; los se�ores Ministros Pav�n V. y M.F., emitieron su voto en el sentido de que s�lo se puede establecer jurisprudencia cuando los cinco precedentes sean referidos espec�fica y directamente al mismo precepto legal o a la misma ley reclamados. ...?

"Sentado lo anterior, conviene transcribir lo dispuesto en la fracci�n I del art�culo 76 bis de la Ley de Amparo.

"?Art�culo 76 bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deber�n suplir la deficiencia de los conceptos de violaci�n de la demanda, as� como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente: I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. ...?

"En el presente caso, los actos concretos de aplicaci�n y sus consecuencias, derivan de la aplicaci�n en perjuicio del quejoso, hoy recurrente, de la disposici�n contenida en el s�ptimo p�rrafo del art�culo 21 del C�digo F. de la Federaci�n vigente, misma que ha sido declarada inconstitucional por la jurisprudencia sustentada por este �rgano colegiado, seg�n ha quedado antes destacado, motivo por el cual, en la especie, se actualiza la hip�tesis de suplencia de la deficiencia tanto de los agravios como de los conceptos de violaci�n, prevista en la facci�n I del art�culo 76 bis de la ley de la materia, lo que debe llevar a revocar la sentencia dictada por la Juez de Distrito, en la que neg� el amparo solicitado por el quejoso, y, por las razones expuestas en la jurisprudencia transcrita con anterioridad, a conceder a �ste el amparo y la protecci�n de la Justicia Federal, contra la mencionada disposici�n declarada inconstitucional por este Tribunal Pleno, as� como contra los actos concretos de su aplicaci�n y consecuencias, que se especifican en el cap�tulo de actos reclamados de la demanda de garant�as."

La ejecutoria transcrita, en lo conducente, pone de relieve que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n acord� que puede integrar v�lidamente jurisprudencia gen�rica, teniendo el mismo car�cter de obligatoria en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 192 de la Ley de Amparo; pero tambi�n espec�fica, que le sirvi� de pauta para suplir la deficiencia de la queja, es decir, esta prerrogativa la actualiz� respecto de una jurisprudencia particular, individual o espec�fica de una declaratoria de inconstitucionalidad, no tocante a un tema gen�rico.

En esas condiciones, resultan ineficaces los planteamientos compendiados en el inciso d), porque el Tribunal Colegiado estaba obligado s�lo a observar la jurisprudencia de rubro: "DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACI�N ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO P�BLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA.", en caso de que hubiese analizado la constitucionalidad del art�culo 49, fracci�n I, de la Ley Federal de Derechos, pero no es �til para suplir la deficiencia de la queja en t�rminos del art�culo 76 bis, fracci�n I, de la Ley de Amparo, por ser gen�rica.

Por �ltimo, debe decirse que son inoperantes los restantes argumentos sintetizados en los incisos e), f), g) y h), pues en parte son una reiteraci�n del segundo concepto de violaci�n expuesto en la demanda de garant�as, que no controvierten la declaratoria de ineficacia sustentada en la sentencia recurrida y, en otra, con ellos se introducen cuestiones novedosas, porque lo concerniente a que el art�culo 49, fracci�n I, de la Ley Federal de Derechos viola los principios de equidad y proporcionalidad previstos en el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional no se expuso en la citada demanda de amparo.

Sirven de apoyo, por identidad de razones, la jurisprudencia 12/94 y la tesis III/91 de la Tercera Sala de la anterior integraci�n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, cuyos rubro, texto y datos de localizaci�n enseguida se reproducen:

"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISI�N. LO SON LOS QUE DEBIENDO COMBATIR EL SOBRESEIMIENTO, VERSAN SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS.-Si en su sentencia el Juez de Distrito estim� que se surt�an dos causales de sobreseimiento y basado en ello resolvi� sobreseer en el juicio, son inoperantes los agravios que expresa el recurrente si en lugar de combatir los argumentos y razonamientos que el a quo formul� para arribar a esa conclusi�n, versan sobre la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados lo cual es un problema de fondo que el juzgador no abord� precisamente por el sentido del fallo." (Octava �poca, Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, N�mero 77, mayo de 1994, tesis 3a./J. 12/94, p�gina 24).

"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISI�N. SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACI�N; SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA.-Son inoperantes los agravios, para efectos de la revisi�n, cuando el recurrente no hace sino reproducir, casi en t�rminos literales, los conceptos de violaci�n expuestos en su demanda, que ya hayan sido examinados y declarados sin fundamento por el Juez responsable, si no expone argumentaci�n alguna para impugnar las consideraciones de la sentencia de dicho Juez, puesto que de ser as� no se re�nen los requisitos que la t�cnica jur�dico-procesal se�ala para la expresi�n de agravios, debiendo, en consecuencia, confirmarse en todas sus partes la resoluci�n que se hubiese recurrido." (Octava �poca, Semanario Judicial de la Federaci�n, T.V., febrero de 1991, tesis 3a. III/91, p�gina 46).

Es corolario de lo anterior que debe confirmarse la sentencia recurrida, al ser infundados unos e inoperantes otros, los agravios expuestos en el recurso de revisi�n.

S�PTIMO

En tales condiciones, resulta ocioso analizar los argumentos expuestos por la autoridad tercera perjudicada en el recurso de revisi�n adhesiva, porque en ellos se insiste en que la quejosa consinti� la aplicaci�n del art�culo 49, fracci�n I, de la Ley Federal de Derechos, y que no es aplicable para suplirle la queja deficiente la tesis aislada de este Alto Tribunal, cuyo rubro es: "ADUANERO, DERECHO DE TR�MITE. EL ESTABLECIDO EN EL ART�CULO 49, FRACCI�N I, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, POR LAS IMPORTACIONES EN QUE SE UTILICE UN PEDIMENTO CONFORME A LA LEY ADUANERA, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIOS (LEGISLACI�N VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1991).", ante el consentimiento de la disposici�n combatida; temas �stos que fueron estudiados en esta ejecutoria, asociado a que la parte recurrente no pretendi� que el Tribunal Colegiado supliera la deficiencia de la queja con base en la citada tesis aislada.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

Se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO

Se sobresee en el juicio de amparo 2277/2004, promovido por F. de M�xico, Sociedad An�nima de Capital Variable, en t�rminos del considerando sexto de la sentencia recurrida.

TERCERO

La Justicia de la Uni�n no ampara ni protege a F. de M�xico, Sociedad An�nima de Capital Variable, respecto de la sentencia que reclam� de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, la cual qued� precisada en el resultando primero de esta ejecutoria.

N.�quese; con testimonio de esta resoluci�n vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, arch�vese el toca como concluido.

As� lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros M.B.L.R., G.D.G.�ngora P., S.S.A.A., G.I.O.M. y presidente J.D.R.. Fue ponente el Ministro Juan D�az R..

Nota: La tesis de rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE. VALIDEZ DE LA SUSTENTADA RESPECTO DE TEMAS O CRITERIOS GEN�RICOS." citada en esta ejecutoria, aparece publicada con el n�mero P. XVI/94 en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, N�mero 77, mayo de 1994, p�gina 38.