Ejecutoria num. 2a. XX/2004 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26825003

Ejecutoria num. 2a. XX/2004 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a. XX/2004
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Abril de 2004
RESUMEN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1401/2003. FERNANDO GONZÁLEZ DELGADO. DEUDAS DE LOS TRABAJADORES. LAS DERIVADAS DE UN CONTRATO DE MUTUO CON INTERÉS CELEBRADO CON EL PATRÓN, NO SE RIGEN POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXIV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SALVO QUE SE HAYAN ESTIPULADO COMO PRESTACIÓN LABORAL Y LAS CONDICIONES QUE LAS RIJAN FORMEN PARTE DEL CONTRATO.DEUDAS DE TRABAJO. LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXIV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SON EXCLUSIVAMENTE LAS CONTRAÍDAS CON MOTIVO DEL NEXO LABORAL.DEUDAS DE TRABAJO. EL HECHO DE QUE LOS ARTÍCULOS 110 Y 111 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO REGLAMENTEN LOS DESCUENTOS QUE EL PATRÓN PUEDE HACER AL SALARIO DE LOS TRABAJADORES CON MOTIVO DE AQUÉLLAS, NO REBASA LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXIV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

AMPARO DIRECTO EN REVISI�N 1401/2003. F.G.D..

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta S.unda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 107, fracci�n IX, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, 29, fracci�n II, 83, fracci�n V, 84, fracci�n II, 86 y 90 de la Ley de Amparo; 21, fracci�n III, inciso a) y 25, fracci�n I, de la L.O.�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en relaci�n con lo previsto en los puntos primero, fracci�n I, inciso a), segundo, fracciones I y II, y primero transitorio del Acuerdo Plenario N�mero 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintid�s de junio de mil novecientos noventa y nueve, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo en el cual se hizo la interpretaci�n directa de la fracci�n XXIV del art�culo 123 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO

La parte recurrente formul� los agravios siguientes:

El presente recurso tiene por objeto que ya sea el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, o bien, la S.unda S. de la propia H. Suprema Corte haga una interpretaci�n directa de la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, del art�culo 13 transitorio del propio art�culo 123 constitucional y de la garant�a social de la imperatividad de las normas de trabajo y la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores a la luz de la fracci�n XXVII, incisos g) y h) del apartado A del art�culo 123 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en los que, respectivamente, se establecen (los transcribe). Inconstitucionalidad del art�culo 110, fracci�n I, de la Ley Federal del Trabajo, a la luz de la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, que a la letra establece (lo transcribe). Para determinar la procedencia del presente recurso de revisi�n extraordinaria que interpongo, a continuaci�n transcribo la tesis de jurisprudencia n�mero 46/98, de la S.unda S. de la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible a p�ginas 130 y 131 del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, del mes de julio de 1998, Novena �poca, T.V., Pleno, S. y Tribunales Colegiados, que es del tenor siguiente: Novena �poca. Instancia: S.unda S.. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: VIII, julio de 1998. Tesis: 2a./J. 46/98. P�gina: 130. ?REVISI�N EN AMPARO DIRECTO. LAS CONSIDERACIONES PARA NO ESTUDIAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACI�N SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL O SOBRE INTERPRETACI�N DIRECTA DE UN PRECEPTO DE LA CONSTITUCI�N, DEBEN CONSIDERARSE COMO ?CUESTIONES PROPIAMENTE CONSTITUCIONALES? Y, POR TANTO, PROPIAS DE ESTUDIO EN ESE RECURSO.? (la transcribe y cita precedentes). Tambi�n es aplicable en el caso concreto la jurisprudencia del Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n n�mero P./J. 18/2000, aplicable por analog�a a este caso, que a continuaci�n identifico y transcribo: Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: XI, marzo de 2000. Tesis: P./J. 18/2000. P�gina: 36. ?INTERPRETACI�N DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL. PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISI�N EN CONTRA DE UNA SENTENCIA DICTADA POR UN JUEZ DE DISTRITO QUE LA CONTENGA, SON COMPETENTES TANTO EL PLENO COMO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.? (la transcribe y cita precedentes). Tambi�n es aplicable en el caso concreto la tesis del Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, n�mero P. XXVIII/98, visible a p�gina 117 del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, del mes de abril de 1998, que es del tenor siguiente: Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: VII, abril de 1998. Tesis: P. XXVIII/98. P�gina: 117. ?INTERPRETACI�N DE LA CONSTITUCI�N. ANTE LA OSCURIDAD O INSUFICIENCIA DE SU LETRA DEBE ACUDIRSE A LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONOCER LOS VALORES O INSTITUCIONES QUE SE PRETENDIERON SALVAGUARDAR POR EL CONSTITUYENTE O EL PODER REVISOR.? (la transcribe y cita precedentes). Asimismo, tambi�n es aplicable la tesis del Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que se identifica bajo el n�mero P. CXXXII/95, visible a p�ginas 5 y 6 del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, del mes de enero de 1996, que es del tenor siguiente: Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: III, enero de 1996. Tesis: P. CXXXII/95. P�gina: 5. ?REVISI�N EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE INCLUSO CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO OMITA, CON VIOLACI�N AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, O POR ALGUNA RAZ�N JUR�DICA, REALIZAR EL AN�LISIS DE LA CUESTI�N DE CONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA EN LA DEMANDA.? (la transcribe y cita precedentes y nota aclaratoria). Debo hacer especial menci�n en que para la mayor comprensi�n del alcance jur�dico de la fracci�n III del art�culo 10 de la L.O.�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, a continuaci�n transcribo su texto en los t�rminos siguientes (lo transcribe). Los principios de imperatividad de las normas de trabajo y de la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores han sido comentados doctrinariamente por el D.M. de la Cueva, en su obra El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, primera edici�n, a�o 1972, p�ginas 97, 98 y 99, del tenor siguiente: ?A) La imperatividad en el derecho del trabajo. El derecho romano conoci� dos maneras de ser de la imperatividad de las normas, a las que se denomina relativa y absoluta, las que corresponden al derecho dispositivo (jus dispositivum) y al derecho imperativo (jus cogens): el primero ten�a aplicaci�n en las relaciones jur�dicas a falta de disposici�n expresa o t�cita de los sujetos de la relaci�n; su campo de aplicaci�n era el derecho privado. El segundo se form� con las normas que se aplicaban para impedir o regular la formaci�n de las relaciones jur�dicas y para regir los efectos de las que se hubiesen formado; este segundo ordenamiento constitu�a el reino del derecho p�blico. Desde sus or�genes, el derecho del trabajo se present� con una pretensi�n de imperatividad absoluta, la cual, por otra parte, coincide con su naturaleza y con sus finalidades. La raz�n de la pretensi�n nos es conocida: la concepci�n individualista y liberal de la econom�a y del orden jur�dico abandon� al principio de la autonom�a de la voluntad la formaci�n y determinaci�n de los efectos de la relaci�n de trabajo. La injusticia del sistema provoc� las luchas sociales de los siglos XIX y XX, y una legislaci�n que fue, desde un principio, derecho imperativo, porque era el �nico procedimiento que permit�a aminorar la explotaci�n del trabajo. La declaraci�n de derechos sociales de 1917 produjo la transformaci�n final del derecho del trabajo, que sali� del campo de la legislaci�n ordinaria y entr� al plano superior de los derechos humanos, de esas normas supraconstitucionales que el pueblo quiso imponer al Estado y a los hombres. La imperatividad absoluta del derecho del trabajo qued� consignada en el art�culo 123, fracci�n XXVII, p�rrafo final, en donde se decreta �la nulidad de todas las estipulaciones que impliquen la renuncia de alg�n derecho consignado a favor de los trabajadores en las leyes de protecci�n y auxilio�. El principio no apareci� con la misma fuerza en la ley de 1931, por lo que la comisi�n redactora del proyecto se propuso otorgarle el m�s alto realce, a cuyo fin expres� en la exposici�n de motivos: �El art�culo quinto fija los caracteres formales del derecho del trabajo: son normas de orden p�blico, circunstancia que les otorga el car�cter de derecho imperativo, lo que excluye la renuncia, por parte de los trabajadores, de sus derechos, beneficios y prerrogativas. En armon�a con la exposici�n de motivos, el art�culo quinto de la ley nueva dice que sus disposiciones son de orden p�blico, por lo que no producir� efecto legal, ni impedir� el goce y el ejercicio de los derechos, la renuncia, por parte del trabajador, de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignados en las normas de trabajo�. El art�culo quinto sugiere varias reflexiones: a) Una de sus frases es una confirmaci�n m�s de que el derecho del trabajo es derecho de la clase trabajadora. Ah� se dice que no producir� ning�n efecto la renuncia del trabajador a las disposiciones que le beneficien, pero el precepto no proh�be la renuncia del patrono a los mandamientos que pudieran favorecerle, lo que es consecuencia de que la ley del trabajo est� dirigida a la defensa de la energ�a de trabajo, considerada como el valor m�s alto en la escala social. Esta diferencia da por resultado que el patrono puede aceptar, a ejemplos, que la embriaguez no ser� causa de despido o que ser�n los trabajadores quienes designar�n los m�dicos para su atenci�n; b) La comisi�n, en concordancia con la terminolog�a que us� uniformemente, no habl� de renuncia a las leyes o a las disposiciones legales, sino que emple� el t�rmino normas de trabajo, que es m�s amplio, pues, desde luego, comprende a la ley; lo que significa que el mandamiento constitucional se aplicar� en el futuro o a la renuncia de las disposiciones contenidas en la totalidad de las fuentes formales, incluidos, claro est�, los contratos colectivos; c) La nulidad -y hemos de volver al tema- pertenece a la especie que la doctrina reputa absoluta. A fin de suprimir cualquier duda, el art�culo dice que la renuncia �no impedir� el goce y el ejercicio de los derechos�; lo que quiere decir que si un empresario incumple alguna norma de trabajo a pretexto de una renuncia, el trabajador puede reclamar su aplicaci�n y ser� el patrono a quien corresponder� proponer la excepci�n correspondiente. El p�rrafo final del art�culo quinto apoya la conclusi�n que antecede, pues expresa que �en todos los casos de renuncia se aplicar�n la ley y dem�s normas supletorias en lugar de las cl�usulas nulas�. La imperatividad del derecho es una, pero se ejerce en tres direcciones: a) En primer lugar se dirige al trabajador para recordarle que su problema es el de todos los trabajadores. Los trabajadores pueden, con apoyo en el art�culo quinto de la C.�n, negarse a constituir una relaci�n de trabajo o dar por concluida en cualquier tiempo la que hubiesen formado, pero en la prestaci�n de su trabajo tienen el deber de exigir el cumplimiento puntual de las normas, porque la declaraci�n de derechos sociales fue impuesta por la clase trabajadora como cosa de la clase y no como asunto de cada trabajador, y porque la renuncia de los derechos, atenta la finalidad de la declaraci�n y del derecho del trabajo, que es asegurar a cada trabajador una existencia digna, equivale a la entrega de la dignidad. S.�n estas reflexiones, la imperatividad del derecho del trabajo, adem�s de ser un beneficio para el trabajador, consiste en el deber impuesto a los trabajadores de exigir el respeto de sus derechos, y es as� porque quien no hace respetar sus derechos, da�a a la clase a la que pertenece; b) La imperatividad se dirige en segundo lugar, al empresario, para decirle que es un deber constitucional, una exigencia del pueblo a la que no puede sustraerse; c) El derecho social rompi� la f�rmula del dejar-hacer y dejar-pasar y le impuso al Estado una intervenci�n activa y permanente para que vigilara e hiciera cumplir las normas jur�dicas, actividad que ha de realizar como un deber que le impuso el pueblo, lo que origina que puede actuar de oficio, porque la pretensi�n de imperatividad ser�a un poco ilusoria sin esa potestad, ya que bastar�a la ausencia de la queja para que retorn�ramos a la explotaci�n que auspici� el contrato de arrendamiento de servicios?. Es de gran trascendencia se�alar que la fracci�n III del art�culo 10 de la L.O.�nica del Poder Judicial de la Federaci�n plantea dos hip�tesis que sirven de base para la tramitaci�n de la revisi�n extraordinaria, de la que deben conocer ya sea el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, o bien, las S.s respectivas de la H. Suprema Corte, contra sentencias pronunciadas por los H. Tribunales Colegiados de Circuito en los juicios de amparo directo, a saber: a) La hip�tesis en que el H. Tribunal Colegiado ha hecho una interpretaci�n err�nea de un precepto constitucional y que fue materia de un concepto de violaci�n planteado por el quejoso. b) Cuando el H. Tribunal Colegiado de Circuito omita resolver el problema de interpretaci�n de un precepto de la C.�n Federal. En el caso concreto se dan las dos hip�tesis, porque el H. Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, tanto omiti� totalmente entrar al an�lisis y resoluci�n del problema interpretativo de la fracci�n XXVII, inciso h) del apartado A del art�culo 123 constitucional, de cuya resoluci�n depend�a la procedencia de las acciones ejercitadas por el suscrito en contra de los demandados, y la procedencia a su vez de los conceptos de violaci�n que esgrim� en mi demanda de garant�as, as� como tambi�n se da la primer hip�tesis, porque el H. Tribunal Colegiado hizo una incorrecta interpretaci�n de las fracciones XX y XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional. Establece el art�culo 88, p�rrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor, que si el recurso se intenta contra resoluci�n pronunciada en amparo directo por Tribunales Colegiados de Circuito, el recurrente deber� transcribir textualmente en su escrito la parte de la sentencia que contiene una calificaci�n de inconstitucionalidad de la ley o establece la interpretaci�n directa de un precepto de la C.�n, por lo que a continuaci�n paso a transcribir textualmente la parte considerativa de la sentencia recurrida (p�ginas de la 93 a la 119 de la resoluci�n que se impugna) (la transcribe). A continuaci�n me permito expresar, como de mi intenci�n, los siguientes agravios. Violaci�n a los art�culos 77 y 78 de la Ley de Amparo, por llevar a cabo una err�nea interpretaci�n directa del art�culo 123 constitucional, as� como porque err�neamente consider� el H. Tribunal Colegiado que no reclam� la inconstitucionalidad del art�culo 110 de la Ley Federal del Trabajo, lo que s� hice por predominar el p�rrafo segundo y apartado A, fracciones XXIV y XXVII, del art�culo 123 constitucional, sobre el citado art�culo 110, en raz�n a lo siguiente: 1o. Interpretaci�n err�nea de la fracci�n XX del apartado A del art�culo 123 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. En primer lugar, el H. Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito hace una incorrecta interpretaci�n de la fracci�n XX del apartado A del art�culo 123 constitucional. Las consideraciones hechas por el H. Primer Tribunal Colegiado al hacer la interpretaci�n directa de la fracci�n XX del apartado A del art�culo 123 constitucional, salta a la vista lo infundado de las mismas, puesto que el citado precepto constitucional establece que las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetar�n a la decisi�n de una Junta de Conciliaci�n y Arbitraje formada por igual n�mero de representantes de los obreros y de los patronos, y una del gobierno. En el caso concreto, la materia de la controversia planteada por el suscrito como trabajador sostuvo que la deuda contra�da en el llamado ?convenio de pr�stamo patrimonial? celebrado entre Corporativo Gamesa, S. de C.V., en adelante llamado El Corporativo, y el suscrito en adelante llamado El Deudor, ?como empleado? del Corporativo de referencia (y como empleado as� se asent� en ese convenio), cuando se otorg� el citado convenio de fecha 1o. de agosto de 1990, por un monto de $580'000,000.00 y en cuya cl�usula primera se estableci� que el pago inicial ser�a de $5'200,000.00 y que nunca deber�a ser mayor del 20% del ingreso neto mensual del deudor, y las dem�s cl�usulas del mismo, constitu�a y constituye una deuda nula de pleno derecho a la luz de la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se establece que de las deudas contra�das por los trabajadores a favor de los patronos, de sus asociados, familiares o dependientes, s�lo ser� responsable el mismo trabajador y que en ning�n caso y por ning�n motivo se podr�n exigir a los miembros de su familia, ni ser�n exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en un mes y que, por ello, dicha deuda era y es nula de pleno derecho en cuanto excede del sueldo de un mes del suscrito. Por su parte, la demandada sostuvo que no era aplicable a mi favor la garant�a social consagrada en la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, porque se trataba estrictamente de un ?convenio de pr�stamo patrimonial? regido por las normas del derecho civil y no por las normas de trabajo. Ahora bien, si la fracci�n XX del apartado A del art�culo 123 constitucional establece que las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje s�lo ser�n competentes para conocer de las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo, de ello cabe desprender que la Junta Especial responsable al declararse competente para conocer de mi reclamaci�n, dictar el laudo respectivo, y fundar su competencia en la fracci�n XX del apartado A del art�culo 123 constitucional, por l�gica y jur�dica consecuencia reconoci� que la reclamaci�n del suscrito sobre la nulidad del citado convenio era de naturaleza laboral y no de naturaleza civil, puesto que en caso de que al contestar la demanda hubiera estimado que la deuda era de naturaleza civil y no laboral, al plantearse por la parte demandada la incompetencia por declinatoria sosteniendo que mi reclamaci�n era de naturaleza civil, debi� tramitar el incidente de incompetencia a la luz del p�rrafo segundo del art�culo 703 de la Ley Federal del Trabajo y, en todo caso, dar oportunidad al suscrito para solicitar que el problema de incompetencia planteado por la parte demandada deber�a ser resuelto en t�rminos del art�culo 705, fracci�n III, inciso d), de la Ley Federal del Trabajo, en el que se establece que cuando se trata de un conflicto competencial entre una Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje y otro �rgano jurisdiccional, corresponde la resoluci�n de la competencia a la ahora S.unda S. de la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n y antes correspond�a resolverlo a la Cuarta S. de la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. Como en el caso concreto la Junta desde un principio consider� que mi reclamaci�n era de naturaleza laboral y que era competente para conocer de mi demanda a la luz de la fracci�n XX del apartado A del art�culo 123 constitucional, autom�ticamente consider� que la deuda derivada del citado ?convenio de pr�stamo patrimonial? conten�a una deuda de trabajo, y por ello no pod�a establecer en el laudo lo contrario y revocar sus propias determinaciones a la luz del art�culo 848 de la Ley Federal del Trabajo, en el que se establece que las resoluciones de las Juntas no pueden revocarse en forma alguna. El H. Primer Tribunal Colegiado en la parte considerativa transcrita interpreta err�neamente la fracci�n XX del apartado A del art�culo 123 constitucional, toda vez que establece que la Junta Especial responsable fue competente para dirimir una controversia civil y no de naturaleza laboral, puesto que el mencionado precepto constitucional s�lo funda la competencia de las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje para resolver conflictos de trabajo entre el capital y el trabajo, y si la autoridad del trabajo considera que tiene competencia para resolver el conflicto de trabajo, no puede incursionar en el �mbito de un contrato al que supuestamente le atribuye naturaleza civil, porque al hacerlo viola la fracci�n XX del apartado A del art�culo 123 constitucional, ya que tal precepto tan s�lo le da competencia para conocerde conflictos entre patrones y trabajadores de naturaleza laboral. El H. Primer Tribunal Colegiado interpreta incorrectamente la fracci�n XX del apartado A del art�culo 123 constitucional, puesto que en �ste se establece que las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetar�n a la decisi�n de una Junta de Conciliaci�n y Arbitraje formada por igual n�mero de representantes de los obreros y de los patronos y uno del gobierno, lo cual significa que la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje al tramitar un incidente de incompetencia por declinatoria planteado por el patrono demandado, debe analizar en la interlocutoria que dicte lo siguiente: a) Si el patrono demandado hace consistir la incompetencia por declinatoria planteada en t�rminos del art�culo 703 de la Ley Federal del Trabajo, sobre la base de que la relaci�n jur�dica que une al actor con la demandada es de car�cter civil, o bien, si es laboral, como suceder�a en el caso de que el patr�n demandado hubiera sostenido que el actor nunca fue trabajador de la empresa demandada, sino que el v�nculo que les uni� fue en raz�n de un contrato de servicios profesionales regido por la legislaci�n civil, y el trabajador actor sosteniendo que su relaci�n de trabajo que tuvo con la demandada fue de naturaleza laboral por concurrir los elementos a que se refiere el art�culo 20 de la Ley Federal del Trabajo, porque existi� un servicio personal subordinado a la empresa demandada mediante el pago de un salario, en tal caso, como la excepci�n de la parte demandada consiste en la negativa de la relaci�n de trabajo, ello implica que el demandado est� oponiendo en el fondo una excepci�n de falta de acci�n que debe ser analizada en el laudo, en t�rminos del art�culo 702 de la Ley Federal del Trabajo. b) En cambio, si al entrar al estudio de una acci�n como la planteada en el caso concreto, en que el actor sostiene la nulidad de pleno derecho de una deuda contra�da con el patr�n de la naturaleza prevista por las se�aladas por la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, y si de las pruebas ofrecidas por el actor y aun por el demandado se infiere que se trata de una deuda de las comprendidas en la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, deber� declarar su competencia y continuar el procedimiento hasta la emisi�n del laudo, pero bien entendido que tal resoluci�n no podr� revocarse en el laudo, sino tan s�lo analizarse si realmente se prob� la existencia de dicha deuda, analizar si se encuentra o no prescrita �sta, en t�rminos del art�culo 516 de la Ley Federal del Trabajo, y determinar la comprobaci�n del salario del actor para cuantificar el monto del equivalente a un mes de salario, determinando que el monto excedente de la deuda no le es exigible al trabajador por el patr�n. c) En cambio, si la Junta determina que la deuda contra�da por el trabajador es de naturaleza civil y no laboral, porque la causa generatriz de dicha deuda no sea de las se�aladas por la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, deber� declararse incompetente para conocer de dicha acci�n y reservar la acci�n del actor para tramitarla ante la jurisdicci�n civil que corresponda, dando por concluido el procedimiento por carecer la Junta del conocimiento de la competencia constitucional a que se refiere la fracci�n XX del apartado A del art�culo 123 constitucional, a contrario sensu, es decir, por considerarse que no se trata de un conflicto de trabajo. Expuesto lo anterior, salta a la vista que si la Junta al analizar la primera hip�tesis de las planteadas anteriormente, se infiere que las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje tan s�lo son competentes para resolver en el laudo, en t�rminos de la fracci�n XX del apartado A del art�culo 123 constitucional, cuando considere, in limine litis, y precisamente al resolver el incidente competencial planteado, que cualitativamente la acci�n de nulidad de pleno derecho ejercitada por el actor sobre nulidad de pleno derecho tiene su apoyo en la fracci�n XX del apartado A del art�culo 123 constitucional, porque considere que se trata de una deuda de la naturaleza de las previstas en la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, pero carece de competencia constitucional, cuando al resolverse el incidente de incompetencia determina que se trata de una deuda que no es de las comprendidas en la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, porque al no tratarse de un conflicto de trabajo debe reservarse la competencia para la jurisdicci�n civil, reservando al mismo tiempo la acci�n del trabajador para ejercitarla en ese �mbito jurisdiccional. Al no entenderlo de este modo e interpretar incorrectamente el H. Primer Tribunal Colegiado el alcance jur�dico de la fracci�n XX del apartado A del art�culo 123 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, viol� en mi perjuicio las garant�as sociales conferidas a mi favor, desde el �mbito procesal, contenidas en la fracci�n XX del apartado A del art�culo 123 constitucional, y en el �mbito sustantivo viol� en mi perjuicio la garant�a social contenida en la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional. En efecto, en la sentencia reclamada se se�ala por el H. Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, que la representaci�n jur�dica de la parte demandada al comparecer a juicio plante� la incompetencia por raz�n de la materia de la Junta responsable, y siendo �sta una circunstancia que debe resolverse como un incidente de previo y especial pronunciamiento, la Junta responsable, seg�n dicho H. Tribunal Colegiado, acord� tramitar el incidente respectivo en t�rminos de la ley, y mediante resoluci�n interlocutoria de fecha 28 de enero de 2002, determin� que era improcedente la excepci�n de incompetencia planteada y orden� que se reanudara el procedimiento, cuya resoluci�n seg�n el citado juzgador determina el reconocimiento expreso de la autoridad de ser competente para conocer y resolver en su lugar la competencia planteada, agregando que en el considerando primero del laudo, la autoridad jurisdiccional expuso textualmente (lo transcribe), lo cual se advierte tanto del escrito de demanda como del propio escrito de contestaci�n de demanda, en donde la parte patronal expresamente reconoci� que existi� un v�nculo de trabajo en t�rminos del art�culo 20 de la ley laboral entre ella y el actor, de ah� que evidentemente, seg�n el propio Tribunal Colegiado, la competencia de la Junta responsable fue correctamente asumida por �sta, sin que pueda considerarse que el laudo reclamado sea incongruente en cuanto a que en una parte del considerando segundo del mismo, la responsable se dice incompetente para conocer del asunto como as� lo quiere hacer ver el quejoso, agregando el propio Tribunal Colegiado que del laudo reclamado se observa que la Junta responsable en su estudio de la litis planteada aborda el an�lisis de todas las pruebas que se aportaron al juicio, para el efecto de resolver la controversia y que una de esas pruebas fue la referente a la documental consistente en las actuaciones de un juicio ordinario civil tramitado ante el Juzgado D�cimo S.undo Civil del H. Primer Distrito Judicial en el Estado, y que fue analizado por la autoridad responsable de la siguiente manera: ?La documental consistente en las actuaciones de un expediente judicial n�mero 619/2001, que se refiere a un juicio ordinario civil promovido por J.C.A.G., en representaci�n de la demandada, que present� ante el H. Juzgado D�cimo S.undo de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, sin que signifique efectuar alg�n estudio frente al mismo, al carecer esta Junta de competencia para ello, confirma la decisi�n plasmada en la presente resoluci�n en el sentido de que las acciones que el actor intenta en la demanda que se resuelve son de naturaleza estrictamente civil, sin tener ninguna adecuaci�n relacionada con las disposiciones constitucionales y laborales que ha invocado el promovente?, agregando el H. Tribunal Colegiado que lo anterior no constituye una incongruencia en los t�rminos aducidos por el suscrito quejoso, porque la responsable se considera competente, tanto en el incidente respectivo como en el laudo combatido, para conocer de las acciones planteadas y que la argumentaci�n que refer� en el sentido de que no es competente para analizar unas constancias de un juicio civil que se ofrecieron como pruebas, no contravienen el reconocimiento de su competencia, y que en todo caso constituyen una imprecisi�n, pues la autoridad tiene obligaci�n de pronunciarse, seg�n el propio Tribunal Colegiado, respecto de todas las pruebas ofrecidas, admitidas y desahogadas en el juicio, pero que tal imprecisi�n no modifica el sentido del fallo ?como m�s adelante se ver�?, y tales consideraciones vertidas por el H. Primer Tribunal Colegiado en el considerando cuarto de la sentencia reclamada son err�neas, seg�n lo dej� expresado con anterioridad, porque si la Junta se declar� competente y continu� el procedimiento hasta dictar el laudo, en t�rminos de la fracci�n XX del apartado A del art�culo 123 constitucional, fue porque consider� que la acci�n ejercitada por el suscrito entra�aba un conflicto de trabajo, y precisamente por entra�ar un conflicto de trabajo, fue que deb�a partirse de la base de que la acci�n de nulidad absoluta que ejercit� en relaci�n con la deuda derivada del convenio de pr�stamo patrimonial, era totalmente configurada como de la naturaleza de las deudas previstas en la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, pues de otra manera la Junta carecer�a de toda competencia desde la emisi�n de la interlocutoria referida para seguir conociendo de la controversia, por no tratarse de un conflicto laboral, sino civil. El H. Tribunal Colegiado confunde lamentablemente el alcance jur�dico de la fracci�n XX del apartado A del art�culo 123 constitucional, puesto que seg�n lo hemos explicado con anterioridad, en cuanto al elemento subjetivo puede darse la existencia de una relaci�n laboral entre el actor como trabajador y la demandada como patr�n, pero en cuanto a la materia de la acci�n ejercitada, �sta puede dar lugar a una competencia o a una incompetencia constitucional, seg�n se trate de un conflicto de trabajo, o bien, de un conflicto de naturaleza civil, y en este �ltimo caso, debe reservarse la competencia a las autoridades jurisdiccionales del orden civil, pero si se trata de un conflicto de trabajo, como aconteci� en el caso concreto, debe existir una congruencia absoluta entre la interlocutoria del incidente de incompetencia planteado por la demandada y lo que deba resolverse en el laudo, pues de lo contrario �ste resulta incongruente a la luz del art�culo 842 de la Ley Federal del Trabajo, en cuyo precepto se establece el principio de congruencia entre los extremos de la litis y las decisiones que deben asumirse en el laudo. Precisamente el art�culo 705, fracci�n III, inciso d), de la Ley Federal del Trabajo, reglamentando la fracci�n XX del apartado A del art�culo 123 constitucional, establece que las competencias que se susciten entre Juntas Federales de Conciliaci�n y Arbitraje y otro �rgano jurisdiccional, deben ser resueltas por la S.unda S. de la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, antes Cuarta S., y tal hip�tesis surge precisamente y s�lo en el caso referente a la materia o contenido de la acci�n ejercitada por el trabajador, para que dicho Alto Tribunal defina si la materia de dicha acci�n ejercitada por el actor sea de naturaleza laboral, o bien, de naturaleza civil, y es precisamente dicho Alto Tribunal el que debe definir el problema competencial, pues de otra suerte el citado precepto ordinario resultar�a nugatorio porque jam�s podr�a presentarse un conflicto competencial por raz�n de la materia que fuese de la competencia de la S.unda S. de la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. Como consecuencia de todo lo anterior solicito del Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, o bien, de la S.unda S. de la misma declarar procedente el presente agravio, en el sentido de que el H. Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, en la sentencia reclamada, hizo una incorrecta interpretaci�n de la fracci�n XX del apartado A del art�culo 123 constitucional, y por ello establezca que deba revocarse la sentencia reclamada y conced�rseme el amparo y protecci�n de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo reclamado, y dicte otro en el sentido de que al haberse justificado y acreditado que la acci�n ejercitada por el suscrito entra�� un conflicto de trabajo, porque la deuda exigida por la parte demandada es de las se�aladas por la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, por ello mismo debi� considerarse en el propio laudo nulo de pleno derecho el convenio de pr�stamo patrimonial a que me refer� en mi escrito inicial de demanda, m�xime que dicho convenio contiene una deuda contra�da por el suscrito como trabajador y el patr�n como acreedor y que se otorg� al suscrito precisamente por su calidad jur�dica ?de empleado? (as� reza el convenio de pr�stamo patrimonial), y el supuesto acreedor por su calidad jur�dica de patr�n, m�xime que en la cl�usula primera del citado convenio contiene la siguiente estipulaci�n ?pago inicial. Ser� de $5'200,000.00 y nunca deber� ser mayor del 20% del ingreso neto mensual del deudor?, es decir, del salario neto mensual del suscrito, lo cual incuestionablemente y sin lugar a dudas entra�a una deuda en los t�rminos de la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, y es por ello que dicha deuda tan s�lo podr�a ser exigible en mi contra hasta por la cantidad del monto equivalente a un mes de sueldo, y lo excedente no podr�a ser exigible en mi contra. Luego entonces, no fue ?imprecisi�n? del laudo el reclamo formulado en la demanda de garant�as, como lo sostiene el H. Tribunal Colegiado, sino una ilegal contradicci�n la de dicho laudo reclamado, porque primero sostener que s� fue y es de la competencia laboral el juicio en t�rminos de las fracciones XX y XXXI del apartado A del art�culo 123 constitucional y luego termina en el considerando II de dicho laudo sosteniendo ?... que las acciones que el actor intenta en la demanda que se resuelve son de naturaleza estrictamente civil, sin tener ninguna adecuaci�n relacionada con las disposiciones constitucionales y laborales que ha invocado el promovente ...?, cuando que la deuda que contraje con el patr�n se document� en el convenio de fecha agosto 1o. de 1990, y no es cierto que se hubiera documentado el pr�stamo en el documento que llama pagar� la Junta responsable (pues dicho documento al que mal se llama pagar� proviene de un a�o despu�s del pr�stamo, y as� precisamente se asienta con m�quina de escribir en la parte en que dice acepto) ya que incluso en el citado convenio de agosto 1o. de 1990 se expresa claramente, en su parte inicial, despu�s de ponerse mi nombre ?C.F.G.D. en adelante llamado el Deudor, quien es empleado del Corporativo? y en la cl�usula 1 se establece el pr�stamo que se me hace, y en la cl�usula 3 que la liquidaci�n del pr�stamo que se me hizo se llevar�a a cabo por medio de pagos mensuales precis�ndose la suma ?... y nunca deber� ser mayor del 20% del ingreso neto mensual del deudor ...?. Por todo ello la competencia de la Junta para conocer de mis acciones era obvia a la luz de las fracciones XX y XXXI, punto 16 del apartado A del art�culo 123 constitucional, como ya lo hab�a resuelto la Junta Especial responsable y entonces no pod�a revocar su propia determinaci�n, m�s a�n cuando que no es cierto que se trat� de acciones de naturaleza ?estrictamente civil?, y todav�a m�s, cuando que reconoce mi car�cter de empleado o trabajador de la parte demandada del juicio y tercero perjudicada en el amparo. 2o. Interpretaci�n err�nea de la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional. El H. Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, en el propio considerando cuarto de la sentencia recurrida, sostiene que mi tercer concepto de violaci�n que formul� en mi demanda de garant�as resulta infundado, y que con el prop�sito de fijar el contenido de la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, para precisar si la deuda del quejoso con la tercero perjudicada es de las que prev� dicho precepto, procede hacer una referencia hist�rica en cuanto a su origen y vigencia actual, exponiendo al efecto que en la sesi�n d�cima del Congreso Constituyente celebrada el 12 de diciembre de 1916, fue le�do un dictamen sobre el art�culo 5o. del proyecto de C.�n y que en su fracci�n XXIV se dijo: ?XXIV. De las deudas contra�das por los trabajadores a favor de sus patronos o de sus asociados o dependientes, s�lo ser� responsable el mismo trabajador, y en ning�n caso y por ning�n motivo se podr�n exigir a los miembros de su familia.?, se�alando el propio Tribunal Colegiado que de la lectura de la fracci�n antes transcrita, en el dictamen inicial, el Constituyente no se refiri� de manera categ�rica a todas las deudas de los trabajadores a favor de los patrones, sino s�lo a las contra�das con �stos y sus asociados y dependientes con motivo de lo que ahora llamamos relaci�n de trabajo, y para evitar que dichas deudas trascendieran a los familiares del trabajador, en este aspecto y de manera imperativa se dijo que en ning�n caso y por ning�n motivo se podr�an exigir a sus familiares, y que en la sesi�n 57 de fecha 23 de enero de 1917, se present� el siguiente dictamen de la citada fracci�n, precedida de un motivo de justificaci�n consistente en que era conveniente para garant�a del empresario y el obrero, no autorizar entre ambos el contrato de pr�stamo, o sea, el anticipo a cuenta del salario, sino por el importe de �ste en un mes, tal como se propuso por medio de una adici�n a la fracci�n XXIV, quedando en definitiva el texto de la fracci�n XXIV, en los siguientes t�rminos (la transcribe), y que adem�s se expuso la necesidad de tener un transitorio relacionado con el tema de las deudas del trabajador en los siguientes t�rminos (lo transcribe), haciendo tambi�n referencia a las palabras pronunciadas por el diputado C.�n en torno a la fracci�n y transitorio de referencia, pretendiendo que se especificaran que las deudas ser�an nulas desde el d�a de la promulgaci�n de la propia C.�n, y en cuanto a la exposici�n que hizo el diputado M�gica, �ste aclar� que deb�a referirse que la extinci�n de pleno derecho de las deudas contra�das por los trabajadores, se refer�a al lapso comprendido durante toda la �poca revolucionaria, sosteniendo el H. Tribunal Colegiado que de la interrelaci�n que existe en el proyecto de la fracci�n XXIV y el transitorio, el Constituyente tuvo presente como deudas contra�das por los trabajadores, aquellas que nacieron por raz�n de trabajo y que hist�ricamente se asocian no s�lo con las que derivaban del anticipo a cuenta del salario, sino tambi�n las que ten�a que pagar ?en la ominosa tienda de raya? y cuyo ejemplo sangriento se tuvo en la matanza de R�o Blanco, Veracruz, ocurrida el 7 de enero de 1907. Despu�s de tales consideraciones, el H. Tribunal Colegiado sostiene que de la lectura integral de la fracci�n XXIV y art�culo 13 transitorio se advierten las siguientes conclusiones: a) Que cuando el Constituyente se refiere a las deudas de los trabajadores contra�das con los patronos, familiares o intermediarios, se�ala ?con atingencia? que son aquellas que se generen ?por razones de trabajo?; b) Que el Constituyente fue congruente en no se�alar los casos que deb�an considerarse deudas del trabajador, por lo que dej� al legislador ordinario autor de la Ley Federal del Trabajo, el se�alamiento de aqu�llas; y c) Que el Constituyente estableci� tresprincipios fundamentales en torno al tema de referencia: 1o. Que la responsabilidad del mismo trabajador de las deudas contra�das con su patr�n. 2o. Que la prohibici�n categ�rica imperativa y absoluta de que dichas deudas pudieran exigirse a los miembros de su familia y 3o. Que dichas deudas no podr�an ser exigidas al trabajador por una cantidad excedente del sueldo de un mes. Sostiene tambi�n el H. Tribunal Colegiado resolutor que para llegar al conocimiento de cu�les son las deudas del trabajador a que se refiere la fracci�n XXIV, antes citadas, hay que remitirse a la ley reglamentaria del art�culo 123 que es la Federal del Trabajo, en cuyos preceptos se establecen en forma limitativa los casos de las deudas a que se refiere la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, concluyendo el H. Tribunal Colegiado resolutor que la deuda impugnada en el juicio laboral y en el juicio de garant�as no es de las previstas por la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, ni por los art�culos 110 y 111 de la Ley Federal del Trabajo, porque a su juicio dicha deuda deriva de un convenio de pr�stamo patrimonial celebrado por Corporativo Gamesa, S. de C.V., en su calidad de corporativo, seg�n se advierte del propio texto del convenio de referencia, y de la otra parte por el se�or F.G.D., en su calidad de deudor, para la obtenci�n de un cr�dito con el consentimiento expreso y no viciado del quejoso, y que dicho cr�dito fue otorgado en su beneficio y no en su perjuicio, sosteniendo tambi�n el H. Tribunal Colegiado que no existe ninguna confrontaci�n entre la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional y el art�culo 110 de la Ley Federal del Trabajo, como lo aduce el impetrante, es decir, el suscrito, esto es, que si el suscrito se�al� en mi demanda de garant�as que el art�culo 110 de la Ley Federal del Trabajo era contrario al contenido de la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, esto es, inconstitucional, a su juicio no exist�a tal inconstitucionalidad, ya que tales preceptos ordinarios reglamentaban el texto constitucional atendiendo a su origen y esp�ritu, esto es, preve�an que estaban prohibidos los descuentos en los salarios de los trabajadores, salvo determinados casos de excepci�n como eran los se�alados en tales preceptos ordinarios, as� como la prohibici�n de pactar intereses por dichos pr�stamos, aduciendo el H. Tribunal Colegiado que el suscrito quejoso no hab�a ejercido una acci�n de inconstitucionalidad, lo cual es inexacto y err�neo, porque s� sostuve categ�ricamente que el art�culo 110 de la Ley Federal del Trabajo era contrario al contenido de la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, y ello precisamente por estar viciado de inconstitucionalidad, concluyendo el H. Primer Tribunal Colegiado en el considerando cuarto de la sentencia impugnada, que entre las partes en conflicto existi� un v�nculo laboral, en t�rminos del art�culo 20 de la Ley Federal del Trabajo, pero que la naturaleza del convenio de pr�stamo patrimonial suscrito por las partes en conflicto el d�a 1o. de agosto de 1990, por un monto de $580'000,000.00 antes del decreto que modific� la denominaci�n del peso mexicano rest�ndole tres ceros, es de naturaleza ajena a lo laboral y que no queda comprendido en el concepto constitucional ilegal de deuda contra�da por el trabajador con el patr�n, porque no todas las deudas contra�das por el trabajador con el patr�n deben estimarse como previstas en el art�culo 110 de la Ley Federal del Trabajo, porque ?hist�ricamente? est� comprobado que existe una gran pluralidad de relaciones entre trabajador y patronos que no est�n comprendidas en tales preceptos como en el caso de la p�rdida de una suma de dinero por parte del trabajador en el que la H. Suprema Corte declar� que debe pagarle �ste al patr�n dicha cantidad de manera �ntegra y como es el caso del pago de lo indebido y el del enriquecimiento sin causa, invocando al respecto diversos criterios de la entonces Cuarta S. de la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. Las consideraciones que anteceden hechas por el H. Primer Tribunal Colegiado entra�an una incorrecta interpretaci�n del alcance jur�dico de la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, en el que textualmente se establece (lo transcribe). Del texto literal de la citada fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional se infiere claramente que el Constituyente no estableci� restricci�n ni excepci�n alguna en relaci�n con las deudas contra�das por el trabajador para con el patr�n, de ah� que donde el Constituyente no estableci� excepci�n ni limitaci�n alguna respecto de tales deudas, la garant�a social consignada a favor de los trabajadores debe operar respecto a cualquier clase de deudas que una persona en su calidad de trabajador haya contra�do con su patr�n, y por ello cualquier norma ordinaria que establezca restricciones o limitaciones al concepto de las deudas se�aladas en la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, resulta inaplicable, porque debe prevalecer la aplicaci�n de la norma constitucional, en virtud del principio de la jerarqu�a suprema de los preceptos constitucionales sobre cualquier otra norma, en t�rminos del art�culo 133 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece que la C.�n constituye la Ley Suprema de toda la Uni�n, y que toda autoridad jurisdiccional debe arreglar a dicha C.�n, las leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las C.ones o leyes de los Estados. Aduce el H. Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, que de la lectura integral de la fracci�n XXIV y del art�culo 13 transitorio se advierte que cuando el Constituyente se refiere a las deudas contra�das por los trabajadores con los patronos, familiares o intermediarios, se�ala ?con atingencia? que son aquellas que se generen ?por razones del trabajo?, y que ello supuestamente se confirma con el art�culo 13 transitorio de la C.�n de 1917, en el que al se�alar que quedan extinguidas de pleno derecho las deudas que por raz�n de trabajo hubiesen contra�do los trabajadores hasta la fecha de dicha C.�n, con los patronos, sus familiares o intermediarios, y que por ello el art�culo 13 transitorio constri�� el alcance jur�dico de (lo transcribe), debe entenderse con motivo de la existencia de una relaci�n laboral, en la que el deudor tiene el car�cter de trabajador y el acreedor el car�cter de patrono, y por otra parte, si la funci�n esencial de las normas transitorias de un conjunto normativo, tan s�lo se limitan al �mbito temporal de validez de las leyes que integran un conjunto normativo, su funci�n jam�s puede ser el de derogar, modificar o restringir, lo que la C.�n no modifica ni restringe en su alcance jur�dico, y en el �ltimo de los casos las deudas contra�das ?por raz�n del trabajo? constituyen simplemente una de las especies contenidas en la regla general que contempla la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, puesto que la clase o especie de una regla general no deroga a �sta ni la limita, sino tan s�lo se comprende, entre otras, en el g�nero ?deudas?, y por otra parte, en ning�n caso podr�a aplicarse el art�culo 13 transitorio, pues �ste limit� su vigencia a las deudas contra�das hasta la fecha de la C.�n General de la Rep�blica, esto es, hasta el 5 de febrero de 1917, y por ello resulta inaplicable a cualquier acto jur�dico o hecho jur�dico ocurrido con posterioridad a la fecha en que se expidi� dicha C.�n, habida cuenta de que el propio art�culo 13 transitorio de la C.�n Federal no establece expresamente que las deudas a que se refiere la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, deban entenderse exclusivamente bajo el concepto de deudas contra�das por raz�n del trabajo. Cabe indicarse que la expresi�n ?deudas contra�das por raz�n del trabajo? contempla hip�tesis o supuestos jur�dicos sumamente restringidos, pues tan s�lo ser�an referibles a actos o hechos cometidos por un trabajador en la realizaci�n de su trabajo, ya sea por su imprudencia, o bien, por dolo de su parte en la ejecuci�n de su trabajo y no en ning�n otro caso o supuesto jur�dico, lo cual es absurdo, puesto que desde esta perspectiva no caer�an bajo la acepci�n de deudas por raz�n del trabajo las asumidas por anticipos de salarios, puesto que el concepto de anticipo entra�a un pr�stamo otorgado por el patr�n al trabajador, y que por lo mismo no constituye deuda por raz�n del trabajo, ni tampoco los pagos hechos con exceso al trabajador, puesto que esto supone una actitud que reviste imprudencia o falta de previsi�n en el patr�n al realizar el pago del salario, pero que no puede constituir deuda por raz�n del trabajo, y el concepto de errores tan s�lo estar�a restringido a los errores cometidos por el trabajador al ejecutar su trabajo por no observar las medidas t�cnicas o apropiadas para el desarrollo de su trabajo, ni tampoco constituyen deudas por raz�n de trabajo la adquisici�n de art�culos producidos por la empresa o establecimiento. Una correcta interpretaci�n de la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, debe partir de la base en el sentido de que la garant�a social concedida en la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, no estableci� limitaci�n alguna respecto a las diferentes especies de deudas, sino tan s�lo se refiri� a las deudas contra�das por una persona en su calidad de trabajador, con un acreedor en su calidad de patr�n, de tal manera que si en el caso concreto se admite por el H. Tribunal Colegiado en la sentencia reclamada, que no hay duda alguna de la existencia de la relaci�n de trabajo entre las partes, es decir, entre el suscrito como trabajador y el acreedor como patrono, por l�gica y jur�dica consecuencia debi� de deducirse que en el caso concreto deb�a operar a favor del trabajador la garant�a social amplia y extensa y sin restricci�n alguna contenida en la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional. Tan ello es as� que en la Ley Federal del Trabajo de 1931, en su art�culo 34, se reproduc�a sustancialmente el contenido de la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, y en el art�culo 91 del propio ordenamiento, se se�alaban las diversas hip�tesis que ahora contemplan los art�culos 110 y 111 de la Ley Federal del Trabajo, promulgada en el a�o de 1970. Al respecto, el texto del art�culo 34 de la Ley Federal del Trabajo de 1931, era el siguiente: ?Art�culo 34. Las deudas que el trabajador contraiga con el patr�n, con sus asociados, familiares o dependientes, s�lo ser�n exigibles hasta por una cantidad equivalente a un mes de salario.?. Adem�s, el texto literal del art�culo 91 de la Ley Federal del Trabajo de 1931, establec�a lo siguiente: ?Art�culo 91. El salario no deber� retenerse en todo o en parte por concepto de multas. Cuando el trabajador contraiga deudas con el patr�n por concepto de anticipo de salarios, pagos hechos con exceso al trabajador, errores, p�rdidas, aver�as, compra de art�culos producidos por la misma empresa, o rentas de cualquier especie, el patr�n podr� descontar la parte del salario que de acuerdo con el trabajador convenga para este efecto, la que nunca podr� ser mayor del treinta por ciento del excedente del salario m�nimo. Fuera de las excepciones antes expresadas y de los casos en que se trate de cuotas sindicales ordinarias o para la constituci�n de cooperativas y de cajas de ahorro, en que de una manera expresa manifiesten su conformidad los trabajadores, el salario no deber� ser retenido, ni descontado o reducido en forma, ni en cantidad alguna. Los anticipos que el patr�n haga al trabajador por cuenta de salarios, en ning�n caso devengar�n intereses.?. El eminente tratadista de derecho laboral, D.M. de la Cueva, en su primera obra editada en el a�o de 1938 y titulada Derecho Mexicano del Trabajo, a p�ginas 609, 610 y 611, se�al� literalmente lo siguiente: ?F) Prohibici�n de efectuar descuentos en los salarios de los trabajadores. La legislaci�n mexicana es la m�s completa de todas las vigentes y sus principios se encuentran contenidos en los art�culos 123, fracciones VIII y XXIV de la C.�n y 34, 91, 100 y 111, fracciones III, XIX y XX de la ley. 1. La fracci�n VIII del art�culo 123 de la C.�n, reproducida en el 100 de la ley, previene que no podr� hacerse descuento alguno en el salario m�nimo. El art�culo 91 de la ley, reproducido en parte en el 95, establece como principio general el de que el salario es la base del patrimonio del trabajador y que, por tanto y salvo las excepciones expresamente consignadas, no puede ser objeto de descuentos. La disposici�n es imperativa y todo descuento que se haga fuera de las excepciones de que despu�s hablaremos es nulo; el trabajador puede reclamar el descuento que se hubiera hecho a su salario, punto de vista que fue sustentado por la Corte, en la ejecutoria de 17 de octubre de 1936, amparo directo 3493/36/1a., J.C.. 2. La primera excepci�n se encuentra consignada en el p�rrafo segundo del art�culo 91 de la ley y se refiere a las deudas que contraiga el trabajador con el patrono por anticipo de salarios, pagos hechos con exceso al trabajador, errores, p�rdidas, aver�as, rentas y compra de art�culos producidos en la misma empresa. El art�culo exige algunas aclaraciones: En primer lugar, deben considerarse incluidas dentro de la excepci�n las deudas contra�das por el trabajador directamente con el patrono o con los asociados, familiares o dependientes del mismo patrono, extensi�n que se funda en el art�culo 34 de la ley; en segundo t�rmino, la deuda que provenga de art�culos elaborados en la misma empresa no ha de constituir una violaci�n a la prohibici�n del truck-system. El art�culo 91 de la ley autoriza el descuento para cubrir la deuda de que se trate, pero siempre que concurran los siguientes requisitos: a) El monto total de la deuda exigible no podr� exceder del importe del salario de un mes, tal como lo ordenan los art�culos 123, fracci�n XXIV de la C.�n y 34 de la ley; b) La cantidad que puede deducirse no podr� ser mayor del treinta por ciento del excedente del salario m�nimo, puesto que �ste, seg�n ya indicamos, no es susceptible de descuento alguno. Supongamos que el salario del trabajador es de cien pesos mensuales y que el m�nimo es de sesenta; si el trabajador adeuda al patrono cien pesos, m�ximo exigible de acuerdo con el requisito anterior, s�lo podr� descontarse el treinta por ciento de la diferencia entre el salario m�nimo y el que percibe el trabajador, esto es, el treinta por ciento sobre cuarenta pesos; y c) El porcentaje que habr� de descontarse al salario deber� ser fijado con acuerdo del trabajador. �Qu� hacer cuando el trabajador, despu�s de contraer una deuda, se niega a aceptar el descuento y a convenir en el porcentaje respectivo? Creemos que el patrono puede acudir ante la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje para que �sta fije el porcentaje; de otra manera, quedar�a el cumplimiento de la excepci�n consignada en el art�culo 91 al arbitrio del trabajador, lo que no es admisible, puesto que si la ley autoriza el descuento, no puede interpretarse en el sentido de que ese descuento s�lo es posible cuando el trabajador, voluntariamente, lo acepte?. De la sola lectura de la transcripci�n que antecede se infiere con toda evidencia que en primer lugar deb�an considerarse incluidas dentro de las excepciones se�aladas por el art�culo 91 de la Ley Federal del Trabajo de 1931, cuyo texto de este �ltimo precepto corresponde al art�culo 110 de la Ley Federal del Trabajo de 1970, las deudas contra�das por el trabajador directamente con el patrono o con los asociados, familiares o dependientes del mismo patrono, por fundarse tal extensi�n en el art�culo 34 de la Ley Federal del Trabajo de 1931, que sustancialmente correspond�a en su texto a la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, de lo cual cabe considerar que seg�n el citado tratadista de derecho laboral, reconocido como el m�s eminente doctrinario mexicano de nuestro derecho laboral mexicano, fallecido el d�a 6 de marzo de 1981, que deben considerarse como deudas directas contra�das por el trabajador con su patr�n, cualquier clase de pr�stamos que este �ltimo haga a un trabajador durante la vigencia de la relaci�n de trabajo y, por tanto, que el alcance jur�dico del art�culo 91 de la Ley Federal del Trabajo de 1931, que corresponde al art�culo 110 de la actual Ley Federal del Trabajo de 1970, constituye el citado precepto constitucional una garant�a social concedida a favor de los trabajadores en forma gen�rica y que dentro de dicho g�nero de deudas se contempla como una de las especies de deudas, las se�aladas por el entonces art�culo 34 de la Ley Federal del Trabajo de 1931, y que corresponden precisamente a las se�aladas en la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional. Al se�alar el art�culo 13 transitorio de la C.�n de 1917, la extinci�n hasta la fecha de la propia C.�n de las deudas que por raz�n de trabajo hayan contra�do los trabajadores y que �stas fuesen las �nicas que se comprendiesen en la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, se llegar�a al absurdo de considerar que los t�rminos literales ?deudas contra�das por raz�n del trabajo? ser�an aquellas que se originasen durante el desarrollo de la jornada ordinaria o extraordinaria de las labores del trabajador, y que por ello no quedar�an comprendidas dentro de tal clase de deudas los anticipos de salarios, los pagos hechos con exceso al trabajador o adquisici�n de art�culos producidos por la empresa o establecimiento, por no referirse a deudas por raz�n del trabajo, ni el pago de rentas, ni el pago de abonos para cubrir pr�stamo provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda ni el pago de cuotas para la constituci�n y fomento de sociedades cooperativas, ni el pago de cuotas sindicales, ni el pago de abonos para cubrir cr�ditos garantizados por el fondo a que se refiere el art�culo 103 bis de la Ley Federal del Trabajo, a que respectivamente se refieren las fracciones I, II, III, IV, VI y VII del art�culo 110 de dicha Ley Federal del Trabajo, lo cual constituye un verdadero absurdo y criterio aberrante, que no requiere mayor demostraci�n, raz�n por la cual el concepto de deudas por raz�n del trabajo a que se refiere el art�culo 13 transitorio de la C.�n de 1917, no es otro sino el de que deben considerarse incluidas en la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional y en el propio art�culo 13 transitorio, cualquier deuda que contraiga el trabajador durante su vigencia de la relaci�n laboral, es decir, teniendo vigente la categor�a de ?trabajador? y el acreedor teniendo vigente la categor�a de ?patrono?, pues de otra suerte todo el art�culo 110 de la actual Ley Federal del Trabajo, resultar�a abiertamente inconstitucional a la luz del art�culo 13 transitorio de la C.�n de 1917 y de la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional. El propio D.M. de la Cueva, en el a�o de 1959, en la segunda edici�n, Editorial Porr�a, en su obra Derecho Mexicano del Trabajo, sostuvo el mismo criterio que el expresado en su libro Derecho Mexicano del Trabajo, editado en el a�o de 1938. En efecto, a p�ginas 709 y 710, el citado autor afirm� literalmente lo siguiente (Es id�ntico al texto ya transcrito al que alude). Es de particular importancia se�alar que el Dr. M. de la Cueva, en su primera obra denominada Derecho Mexicano del Trabajo y editada en el a�o de 1938, claramente dej� establecido que el art�culo 91 de la Ley Federal del Trabajo de 1931, se refer�a a las deudas contra�das por el trabajador con el patrono poranticipo de salarios, pagos hechos con exceso al trabajador, errores, p�rdidas, aver�as, rentas y compras de art�culos producidos en la misma empresa, aduciendo dicho tratadista que el art�culo exig�a aclaraciones, porque deb�an considerarse incluidas dentro de las excepciones las deudas contra�das por el trabajador directamente con el patrono o con los asociados, familiares o dependientes del mismo patr�n y que tal extensi�n se fundaba en el art�culo 34 de la propia ley de 1931. La misma consideraci�n y el mismo aserto sostuvo el Dr. M. de la Cueva, en su obra Derecho Mexicano del Trabajo, tomo I, cuarta edici�n, del a�o de 1959, sosteniendo categ�ricamente que adem�s de las hip�tesis previstas por el art�culo 91 de la Ley Federal del Trabajo de 1931, deber�a agregarse aquella referente a las deudas que directamente contrajese el trabajador con el patr�n, seg�n se observa a p�gina 710 de su citada obra. Por tanto, si bien el art�culo 34 de la Ley Federal del Trabajo de 1931 se suprimi� en la ley de 1970, en cuyo art�culo 110 de �sta se reproduc�an las hip�tesis que originalmente contemplaba el art�culo 91 de la Ley Federal del Trabajo, no es posible suponer que al abrogarse el art�culo 34 de la Ley Federal del Trabajo de 1931, la ley federal de 1970 al incluir el art�culo 110, pudiese derogar la garant�a social contenida en la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, y que por ello en forma absurda se pudiese considerar que las deudas a que se refiere la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, quedasen constre�idas en forma limitativa a las que se�ala el art�culo 110 de la Ley Federal del Trabajo, porque jam�s una norma ordinaria puede derogar una norma constitucional, y m�s a�n cuando dicha norma constitucional contempla una garant�a social a favor de la clase trabajadora, que es superior en jerarqu�a, inclusive a las garant�as individuales contenidas en la propia C.�n, por lo que se impone la consideraci�n de que las deudas a que se refiere la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, constituye una garant�a social irrenunciable y por lo mismo imperativa, distinta y adicional a los casos espec�ficos que se�ala el art�culo 110 de la Ley Federal del Trabajo, m�s a�n cuando la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional constituye una regla general que nunca ha sido modificada ni restringida en su alcance jur�dico, ni podr�a hacerlo el legislador a trav�s de una ley ordinaria, porque se lo proh�be el segundo p�rrafo del art�culo 123 constitucional, y porque las normas constitucionales de acuerdo con el art�culo 133 constitucional son de aplicaci�n jer�rquicamente superior a la de cualquier otro ordenamiento en el pa�s. Por tanto, si la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional jam�s ha sido reformada, y si en �ste se contiene una garant�a social que por su naturaleza misma es de una jerarqu�a superior a las normas jur�dicas ordinarias, jam�s �stas pueden derogar, restringir o limitar las garant�as sociales, m�s a�n cuando en el p�rrafo segundo del art�culo 123 constitucional se establece que el Congreso de la Uni�n sin contravenir a las bases estatuidas en el propio art�culo 123 constitucional deber�n expedir leyes sobre el trabajo, lo cual indica que el Congreso de la Uni�n no est� facultado para expedir leyes ordinarias de trabajo que establezcan una restricci�n o limitaci�n de una garant�a social contenida en nuestra Carta Magna, en la que claramente y sin lugar a dudas se establece ?que de las deudas contra�das por los trabajadores a favor de los patronos?, de sus asociados, familiares o dependientes, s�lo ser� responsable el mismo trabajador y que en ning�n caso y por ning�n motivo se podr� exigir a los miembros de su familia, ni ser�n exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en un mes. Por tanto, si el legislador ordinario en la Ley Federal del Trabajo no contempl� hip�tesis alguna relativa a las deudas directamente contra�das por el trabajador con su patrono, y las cuales deben estar limitadas en su exigibilidad al equivalente de un mes de sueldo del trabajador, debe aplicarse incuestionablemente a favor del trabajador la garant�a social que se contiene en la propia fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, como atinadamente lo sostuvo el m�s eminente tratadista de derecho laboral, que lo es el D.M. de la Cueva, lamentablemente fallecido en el a�o de 1981, en donde categ�ricamente afirma y sostiene que una era la hip�tesis contemplada por la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, y otra, las excepciones contenidas en el entonces art�culo 91 de la Ley Federal del Trabajo de 1931 y que corresponde al art�culo 110 de la Ley Federal del Trabajo en vigor. Como ha quedado se�alado, en semejantes t�rminos, el propio D.M. de la Cueva y de la Rosa, a p�ginas 710 de su obra Derecho Mexicano del Trabajo, editada en el a�o de 1959, tomo I, cuarta edici�n, claramente sostuvo: ?Que la garant�a social contenida en la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, en donde se establec�a la hip�tesis de las deudas directas del trabajador con el patrono, entra�aba una hip�tesis distinta y adicional al art�culo 91 de la Ley Federal del Trabajo de 1931, que corresponde al art�culo 110 de la Ley Federal del Trabajo de 1970 actualmente en vigor, por lo que la protecci�n derivada de la garant�a social contemplada en la citada norma constitucional, debe considerarse en forma aut�noma y distinta a la prevista por el legislador ordinario.?. Del criterio sustentado por el Dr. M. de la Cueva, en sus obras ya citadas, participa tambi�n el Lic. E.G., presidente que fue de la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en su obra Manual de Derecho de Trabajo, edici�n 1963 (segunda edici�n), Editorial Porr�a, S., cuando a p�gina 101, sostiene categ�ricamente: Que la hip�tesis contemplada por la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, y que cuya fracci�n XXIV, en lo esencial, se reproduce en el art�culo 34 de la ley de 1931, era distinta a las que se conten�an en el art�culo 91 de la ley de 1931, y cuyo precepto corresponde al actual 110 de la Ley Federal del Trabajo de 1970, bastando para corroborar lo anterior, la transcripci�n siguiente de la citada obra: ?Sigue ordenando el art�culo 91 que �cuando el trabajador contraiga deudas con el patr�n por concepto de anticipo de salarios, pagos hechos en exceso al trabajador, errores, p�rdidas, aver�as, compra de art�culos producidos por la misma empresa o rentas de cualquier especie, el patr�n podr� descontar la parte del salario que de acuerdo con el trabajador convenga para este efecto, la que nunca podr� ser mayor del 30% del excedente del salario m�nimo.�. Por otra parte, el art�culo 34 de la ley y la fracci�n XXIV del art�culo 123 constitucional disponen que de las deudas contra�das por los trabajadores a favor de sus patrones, de sus asociados, familiares o dependientes, s�lo ser� responsable el mismo trabajador y no ser�n exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en un mes.?. Todo lo anterior explica en forma convincente, que si la ley de 1970, cuyo inspirador principal lo fue el Dr. M. de la Cueva, quien fue el presidente de la comisi�n presidencial encargada de formular el anteproyecto respectivo, cambi� simplemente el art�culo 91 por el art�culo 110, en el que se establecen los casos permitidos para llevar a cabo los descuentos a los salarios de los trabajadores, y si el propio D.M. de la Cueva permiti� la supresi�n del art�culo 34 de la Ley Federal del Trabajo de 1931, que reproduc�a la hip�tesis de los pr�stamos directos hechos por el patrono a los trabajadores, contemplados en la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, sin embargo, el propio D.M. de la Cueva no logr� doblegarse ante el sector patronal para que se modificase la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, puesto que si esto hubiese acontecido, f�cil hubiera sido que la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, se le hubiese agregado un texto estableci�ndose que si bien las deudas contra�das por los trabajadores a favor de los patronos, de sus asociados, familiares o dependientes, no ser�an exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en un mes que, sin embargo, se hubiese a�adido a dicho precepto constitucional dej�ndose la facultad al legislador ordinario el establecer en forma restrictiva los casos en que el patr�n s�lo pudiese exigir el pago de la deuda hasta por el t�rmino de un mes de salario, pero el Dr. M. de la Cueva no se dobleg� ante el sector patronal, sino que si bien consinti� en la supresi�n del art�culo 34 de la Ley Federal del Trabajo de 1931, en que se reproduc�a sustancialmente la hip�tesis constitucional de las deudas directas del trabajador con el patr�n, por pr�stamos concedidos por �ste, sin embargo, no permiti� que se hiciese y no se hizo adici�n alguna a la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, de tal manera que el legislador ordinario jam�s pudo eliminar la garant�a social contenida en la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, ni menos a�n sustituirla por el contenido del art�culo 110 de la Ley Federal del Trabajo de 1970. La norma constitucional contenida en la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, hasta ahora no ha sido objeto de modificaci�n ni restricci�n alguna, ni se ha dejado al arbitrio del legislador ordinario establecer excepciones a la regla general contenida en tal precepto constitucional, por lo que debe concluirse que las deudas contra�das directamente por el trabajador con el patr�n, que contempla en forma gen�rica el citado precepto constitucional, simplemente constituyen una hip�tesis distinta y adicional a las se�aladas por el art�culo 110 de la Ley Federal del Trabajo de 1970, y adem�s cabe advertirse que los anticipos de salarios a que se refiere la fracci�n I del art�culo 110 de la Ley Federal del Trabajo, en estricto derecho constituyen pr�stamos que deben ser cubiertos por los trabajadores, y como pr�stamos participan de la misma naturaleza jur�dica de los pr�stamos a que se refiere la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, que crean una deuda no entre cualquier persona o personas, sino entre una persona en su calidad de trabajador y otra en la calidad de patr�n, teniendo �ste el car�cter de acreedor, pues los anticipos no son donaciones ni actos de liberalidad del patrono, ni tienen semejanza alguna con las gratificaciones, sino que constituyen una deuda que debe ser restituida por el trabajador al patr�n hasta el monto de un mes de sueldo. Por ello, el llamado convenio de pr�stamo patrimonial de fecha 1o. de agosto de 1990 cre� una deuda de la misma naturaleza que la que el art�culo 110 fracci�n I de la Ley Federal del Trabajo reconoce como anticipo, y bajo esta perspectiva a�n podr�a considerarse bajo estas dos disyuntivas: a) O bien, las deudas contra�das por los trabajadores con sus patronos por pr�stamos otorgados por �ste, son de la misma naturaleza que los llamados ?anticipos a cuenta de salarios? a que alude la fracci�n I del art�culo 110 de la Ley Federal del Trabajo, y caen bajo la protecci�n de la garant�a social contenida en la propia fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, o bien, b) Los pr�stamos directos otorgados por el patr�n al trabajador al que corresponde la deuda derivada del convenio de pr�stamo patrimonial, es distinto al contemplado en la fracci�n I del art�culo 110 de la Ley Federal del Trabajo, pero como hist�ricamente se ha se�alado por el D.M. de la Cueva, entra�a una hip�tesis adicional a las contenidas en el art�culo 110 de la Ley Federal del Trabajo, y protegida a favor del trabajador a trav�s de la garant�a social que contempla la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional y, por lo mismo, en ambos casos tal garant�a social jam�s fue revocada por el legislador ordinario. Bajo otra perspectiva, cabe analizar que tambi�n es err�nea la consideraci�n que hace el H. Tribunal Colegiado en el sentido de que el Constituyente fue congruente en no se�alar los casos que deb�an considerarse deudas a cargo del trabajador y que dej� al legislador ordinario autor de la Ley Federal del Trabajo el se�alamiento de aqu�llos, pero en la norma constitucional se contempla una garant�a social que para disfrutarla no se�al� el Constituyente condici�n alguna, ni menos a�n dej� al legislador ordinario para que la limitase o la reglamentase en forma restrictiva, como s� aconteci� en el caso de la fracci�n XXII del apartado A del art�culo 123 constitucional, en el que se estableci� como excepciones al principio de la estabilidad de los trabajadores en su empleo lo siguiente: ?La ley determinar� los casos en que el patrono podr� ser eximido de la obligaci�n de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnizaci�n.?. Si el Constituyente no se�al� los casos en que deb�an considerarse deudas a cargo del trabajador, de las protegidas por la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, sino que estableci� una regla general al respecto, de ello cabe desprender que el propio Constituyente no estim� necesario limitar ni definir espec�ficamente las causas generatrices de las deudas y, por ello, ni el legislador ordinario ni las autoridades jurisdiccionales de amparo, mucho menos el laudo de la H. Junta Federal 19 de la Federal de Conciliaci�n y Arbitraje pueden restringir una garant�a social establecida sin ninguna limitaci�n a favor de los trabajadores. 3o. Inconstitucionalidad del art�culo 110, p�rrafo primero y fracci�n I, de la Ley Federal del Trabajo en vigor desde 1970, a la luz de la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Cuatro graves errores comete el H. Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, en el considerando cuarto de la sentencia reclamada, a saber: El primero de ellos, consiste en asegurar que la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, debe interpretarse a la luz del art�culo 13 transitorio de la propia C.�n, lo cual equivale a asegurar que s�lo las deudas por raz�n del trabajo son las que tutela la fracci�n XXIV del apartado A del citado precepto constitucional al disponer que de las deudas contra�das por los trabajadores a favor de los patronos, de sus asociados, familiares o dependientes s�lo ser� responsable el mismo trabajador y que por ning�n motivo y en ning�n caso podr�n exigirse a los miembros de su familia ni ser�n exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en un mes. El segundo error consiste en sostener que el suscrito jam�s invoqu� la inconstitucionalidad del art�culo 110 de la Ley Federal del Trabajo en vigor desde el a�o de 1970. El tercer error consiste en sostener, por tanto, que el Constituyente autoriz� al legislador ordinario a reglamentar la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, bajo la perspectiva de considerar que s�lo las deudas por raz�n de trabajo son las que merecen ser protegidas por la garant�a social contenida en el citado precepto constitucional. El cuarto error consiste en asegurar que las deudas contra�das directamente por el trabajador con su patrono a trav�s de pr�stamos hechos por �ste al propio trabajador no est�n comprendidas en la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, porque �stas tan s�lo deben referirse a las deudas por raz�n del trabajo que contempla el art�culo 13 transitorio de la C.�n Federal de la Rep�blica. Antes que todo estimo necesario afirmar categ�ricamente que el suscrito sostuve en mi demanda de garant�as la inconstitucionalidad del art�culo 110 de la Ley Federal del Trabajo en vigor desde el a�o de 1970, a la luz de la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional. En efecto, en mi demanda de garant�as (p�ginas 30 y 31 de la demanda de amparo) expreso literalmente lo siguiente (lo transcribe). En s�ntesis, la inconstitucionalidad del art�culo 110 de la Ley Federal del Trabajo la hice consistir sustancialmente en la circunstancia de que dicha norma ordinaria establece que los descuentos en los salarios de los trabajadores est�n prohibidos salvo en los casos que en forma limitativa establece el citado precepto, siendo que como m�s adelante lo demostrar�, la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, que se reproduc�a sustancialmente en la Ley Federal del Trabajo de 1931, en el art�culo 34, constituye una hip�tesis adicional y distinta a las se�aladas en el art�culo 110 de la Ley Federal del Trabajo y, por tanto, la restricci�n que hizo en mi perjuicio el legislador ordinario al expedir el art�culo 110, me priva de la garant�a social consagrada en la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, al impedirme gozar y disfrutar de dicha garant�a social. I. Como lo afirmo anteriormente, el primer error de los muchos que se cometieron en la sentencia reclamada, se encuentra el de que en ella se sostiene que la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, autoriz� al legislador ordinario a reglamentar y restringir la garant�a social constitucional emanada de dicha fracci�n XXIV del art�culo 123 constitucional, as� como tambi�n se incurre en el error de sostener y asegurar que en la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, al disponer que de las deudas contra�das por los trabajadores a favor de los patronos, de sus asociados, familiares o dependientes, s�lo ser� responsable el mismo trabajador y que en ning�n caso ni por ning�n motivo podr�n exigirse a los miembros de su familia ni ser�n exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en un mes, deba interpretarse a la luz del art�culo 13 transitorio de la propia C.�n. Ahora bien, no hay duda alguna para quienes han seguido de cerca las huellas que dej� en su trayectoria acad�mica el Dr. M. de la Cueva y de la Rosa, cuyas virtudes acad�micas han sido exaltadas por notables juristas mexicanos y extranjeros, particularmente en el �rea de derecho laboral, el que siendo un apasionado del derecho laboral e indiscutible defensor de la clase trabajadora mexicana, incurriese en un acto de traici�n a la propia clase trabajadora, suprimiendo a la Ley Federal del Trabajo de 1970 el art�culo 34 de la misma, sino que debe considerarse que quien fue pregonero incansable de la doctrina social a favor de los trabajadores, pudiese violar el principio general del derecho que se enuncia bajo la f�rmula non derogatio in peius, puesto que en el art�culo 394 de la Ley Federal del Trabajo de 1970, se dej� establecido en forma imperativa que los contratos colectivos de trabajo, que son fuente aut�noma de derecho laboral, no podr�an concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en contratos vigentes en la empresa o establecimiento (principio �ste indiscutible que tambi�n rige en el �mbito de las garant�as sociales y de los ordenamientos laborales) y, por otra parte, que dicho autor ten�a a la vista la parte introductoria contenida en el p�rrafo segundo del art�culo 123 constitucional, en donde se establec�a que ?el Congreso de la Uni�n, sin contravenir las bases siguientes deber� expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regir�n ...? esto es, que en ning�n caso la ley ordinaria, como es la Ley Federal del Trabajo de 1970, pod�a desconocer, modificar o restringir las bases contenidas en el citado precepto, particularmente la garant�a social contenida en la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional. Por tal motivo, es indiscutible que al suprimirse elart�culo 34 de la Ley Federal del Trabajo, que consagraba una hip�tesis adicional a los casos de excepci�n contemplados en el anterior art�culo 91 de la propia ley de 1931, de ninguna manera se pretendi� por el D.M. de la Cueva derogar el contenido de la garant�a social contenida en la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, reglamentada en parte esto s�, por el propio art�culo 34 de la ley de 1931, sino que lo que se pretendi� fue que brillase en todo su esplendor y fuerza constitucional como garant�a social, el privilegio inmerso en la propia fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, que proh�be la celebraci�n de pr�stamos directos de los patrones con sus trabajadores, mayores al equivalente a un mes de sueldo. En efecto, como ya lo he indicado con anterioridad, el propio maestro De la Cueva, quien fue palad�n de la clase trabajadora, hab�a ya con vista de la Ley Federal del Trabajo de 1931, en su pr�stina obra monumental de derecho laboral, analizado el alcance del art�culo 34 de la ley laboral de 1931, que reproduc�a el contenido de la garant�a social emanada de la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional; sostuvo insistentemente que deb�a considerarse como una hip�tesis adicional al art�culo 91 de la ley de 1931, y que corresponde al actual art�culo 110 de la Ley Federal del Trabajo de 1970, el derecho para los trabajadores de no resultar sujetos pasivos de obligaciones pecuniarias mayores al equivalente a 30 d�as de su sueldo en un mes, bastando para corroborar lo anterior el texto de las transcripciones que hemos hecho con anterioridad y que se contienen en las obras denominadas Derecho Mexicano del Trabajo, editadas respectivamente en los a�os de 1938 y 1959, particularmente en el texto siguiente: ?2. La primera excepci�n se encuentra consignada en el p�rrafo segundo del art�culo 91 de la ley y se refiere a las deudas que contraiga el trabajador con el patrono por anticipo de salarios, pagos hechos con exceso al trabajador, errores, p�rdidas, aver�as, rentas y compra de art�culos producidos en la misma empresa. El art�culo exige algunas aclaraciones: En primer lugar, deben considerarse incluidas dentro de la excepci�n las deudas contra�das por el trabajador directamente con el patrono o con los asociados, familiares o dependientes del mismo patrono, extensi�n que se funda en el art�culo 34 de la ley; en segundo t�rmino, la deuda que provenga de art�culos elaborados en la misma empresa no ha de constituir una violaci�n a la prohibici�n del truck-system. El art�culo 91 de la ley autoriza el descuento para cubrir la deuda, siempre que concurran los siguientes requisitos: a) El monto total de la deuda exigible no podr� exceder del importe del salario de un mes, tal como lo ordenan los art�culos 123, fracci�n XXIV de la C.�n y 34 de la ley; b) La cantidad que puede deducirse no podr� ser mayor del treinta por ciento del excedente del salario m�nimo, puesto que �ste, seg�n ya indicamos, no es susceptible de descuento alguno?. Y si el propio D.M. de la Cueva desde su obra El Derecho Mexicano del Trabajo, editada en el a�o de 1938 y en su segunda obra del a�o de 1959, sostuvo en forma firme y categ�rica que la hip�tesis que contemplaba el art�culo 34 de la Ley Federal del Trabajo y que concordaba en lo esencial en su texto con el contenido de la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, era el caso m�s importante de excepci�n a los casos contemplados por el entonces art�culo 91 que, posteriormente, correspondi� al art�culo 110 de la Ley Federal del Trabajo, con ello evidentemente abri� de par en par las puertas, para que cualquier juzgador ordinario o constitucional declarasen nulas de pleno derecho las deudas derivadas de pr�stamos directos hechos por el patr�n al trabajador, y para que se pudiese ejercitar la acci�n constitucional tendiente a destruir cualquier pretensi�n a trav�s de la cual se excluyese o se tratase de excluir de la mencionada garant�a social, bajo el pretexto de considerar que el art�culo 110 de la Ley Federal del Trabajo de 1970, derogase la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, o bien, restringiese los casos de la permisibilidad de los descuentos al salario, a las hip�tesis previstas en el propio art�culo 110 de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, si los pr�stamos directos del patr�n al trabajador por un valor excedente a un mes de salario est�n terminantemente prohibidas, el legislador ordinario de 1970 al redactar la Ley Federal del Trabajo de 1970, en su p�rrafo introductorio y fracci�n I del art�culo 110, convierte en inconstitucional dicho precepto, al excluir la hip�tesis contenida en la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, de los casos de excepci�n de los descuentos al salario se�alados en el propio art�culo 110, y al establecer que solamente y en forma limitativa deb�an considerarse los casos de excepci�n como aquellos contemplados en el propio art�culo 110. En consecuencia, resulta notorio y evidente que el art�culo 123 constitucional jam�s autoriz� al legislador ordinario para limitar o restringir en forma alguna los casos en que operase el descuento del salario de los trabajadores, ni menos autoriz� al legislador ordinario a excluir como caso especial la prohibici�n de concertar el patr�n con el trabajador pr�stamos directos superiores al equivalente a un mes de sueldo, cuando que este caso constituye precisamente la hip�tesis primordial en que se contiene la garant�a social inmersa en el propio precepto constitucional, y jam�s puede el legislador ordinario derogar un precepto constitucional en perjuicio del trabajador ni restringir sus garant�as sociales, sino que lo �nico v�lido es sostener que el legislador ordinario puede aumentar los derechos del trabajador y crear cada vez normas m�s favorables al trabajador, con base en el principio de favorabilia pro operario y en lo dispuesto por el art�culo 18 de la Ley Federal del Trabajo. Por otra parte, si se analiza el contenido literal y etimol�gico del texto contenido en la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, se pueden hacer las siguientes deducciones: a) Que la palabra ?contra�das? al referirse a deudas a cargo del trabajador, proviene del verbo contraer, y el verbo contraer se forma por el prefijo ?con? que significa uni�n de dos o m�s personas, y el verbo ?traer? que unido al prefijo ?con? equivale a la palabra ?contratar?, de lo cual cabe desprenderse que el lenguaje del Constituyente al hablar de las deudas contra�das, significa que el trabajador contrat� una deuda a su cargo con el patr�n, pues la palabra deuda proviene del lat�n debitum, que es igual a ?deuda?, y el verbo trahere equivale o se traduce como pacto o acuerdo. De lo anterior se infiere que la hip�tesis que contempla la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, primordialmente se refiere a las hip�tesis de la existencia de pr�stamos en dinero materia de un contrato de pr�stamo directo, y cuyo monto no puede exceder del l�mite del equivalente a 30 d�as de sueldo del trabajador, y toda vez que tal garant�a constitucional constituye un imperativo cuya violaci�n entra�a la nulidad absoluta de la deuda por el excedente de un mes de sueldo del trabajador con base en la fracci�n XXVII, inciso h), del propio apartado A del art�culo 123 constitucional, y al excluirse por el legislador ordinario en el art�culo 110 de la Ley Federal del Trabajo de 1970 tal hip�tesis y restringir los casos de excepci�n a los se�alados en dicho precepto, �ste se encuentra viciado de inconstitucionalidad, m�xime que no existe raz�n jur�dica alguna para que se hiciese tal exclusi�n siendo que en la hip�tesis de anticipos de salarios, �sta s� se encuentra incluida en el mencionado precepto ordinario, siendo que en estricto derecho el anticipo que hace el patr�n al trabajador constituye en esencia un pr�stamo en dinero de igual naturaleza que los provenientes de los contratos de pr�stamo o de mutuo concertados entre el patr�n y los trabajadores. b) He se�alado como tercer error en que incurri� el H. Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, en la sentencia reclamada, el sostener que el Constituyente de Q.�taro autoriz� al legislador ordinario a reglamentar la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, puesto que en el texto literal de la fracci�n XXIV del propio apartado A del art�culo 123 constitucional, no se contiene autorizaci�n alguna al legislador ordinario ni para reglamentar el contenido de �ste ni menos para restringir en forma alguna la garant�a social derivada del citado precepto, puesto que si el Constituyente hubiese pretendido conferir al legislador ordinario la facultad para reglamentar dicho precepto o para limitar los casos a las excepciones respectivas, lo hubiera hecho como sucedi� con la reforma constitucional que se hizo en el decreto de fecha 20 de noviembre de 1962, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de 21 de noviembre de 1962, y que entr� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el citado diario, en el que se dej� establecido en la parte relativa de la fracci�n XXII del apartado A del art�culo 123 constitucional, lo siguiente (lo transcribe), cuya reforma constitucional dio origen al nacimiento del art�culo 49 de la Ley Federal del Trabajo de 1970, en el que se establecieron como excepciones al principio de la estabilidad de los trabajadores en su empleo los casos de excepci�n relativos a los trabajadores con antig�edad menor de un a�o, trabajadores de confianza, trabajadores dom�sticos, trabajadores en contacto directo con el patr�n, respecto de los cuales no opera el principio de la estabilidad de los trabajadores, y por ello el patr�n puede negarse a someter sus diferencias al arbitraje, o bien, a acatar el laudo, esto seg�n tambi�n el art�culo relativo que lo es el 947 del mismo ordenamiento. c) Por otra parte, he se�alado que el H. Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, en el considerando cuarto de la sentencia impugnada, incurri� en un cuarto error, consistente en asegurar que las deudas contra�das directamente por el trabajador con su patr�n, a trav�s de pr�stamos hechos por �ste al propio trabajador, no est�n contenidas en la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, puesto que �stas tan s�lo deben referirse a las deudas que por raz�n del trabajo se contemplan en el art�culo 13 transitorio de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, tal afirmaci�n es totalmente err�nea, porque de admitirse tal interpretaci�n, simplemente los anticipos de salarios a que se refiere la fracci�n I del art�culo 110 de la Ley Federal del Trabajo, no entrar�an dentro del concepto ?deudas por raz�n del trabajo?, pues �ste se limitar�a a los casos de errores, p�rdidas, aver�as y no a los dem�s casos se�alados en el citado precepto, entre los cuales figura la adquisici�n de art�culos producidos por la empresa o establecimiento. Las hip�tesis de errores, p�rdidas o aver�as, o pagos hechos con exceso al trabajador suponen la existencia no de actos jur�dicos, sino de hechos jur�dicos a los que la ley le atribuye las consecuencias de derecho respectivas. En cambio, la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, al se�alar en su texto ?deudas contra�das?, seg�n lo dejamos explicado con anterioridad, supone la celebraci�n de un pacto entre dos personas, que en el caso concreto ser�an el patr�n y el trabajador, puesto que la deuda u obligaci�n contra�da se deriva de un pacto al que equivale la etimolog�a del verbo contraer, del lat�n cum, que significa ?con? que a su vez, supone la uni�n de dos personas o m�s, y el verbo ?traer? que en lat�n equivale a tractum, cuyo participio corresponde al verbo trahere y, por tanto, el mencionado precepto constitucional contenido en la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional se refiere precisamente a la hip�tesis de los contratos de pr�stamo en virtud del cual el trabajador se convierte en deudor, pero el Constituyente protege al trabajador, porque aun cuando �ste haya convenido obligarse por una deuda superior al equivalente a un mes de sueldo, la deuda contra�da excedente a ese l�mite constitucional resulta nulo de pleno derecho, a la luz de la fracci�n XXVII, inciso h), del apartado A del art�culo 123 constitucional. Luego entonces, no es dable al Congreso de la Uni�n contravenir las bases del art�culo 123 constitucional, so pena de la nulidad que establece la fracci�n XXVII, inciso h) y art�culo 5o., fracci�n XIII, de la Ley Federal del Trabajo. Por todo esto resulta infundado el razonamiento que se formula en el inciso a) (foja 104 de la sentencia) puesto que la fracci�n XXIV no refiere que se trate de deudas que contraiga el trabajador ?por razones de trabajo? y como ya se vio el art�culo 13 transitorio votado en la sesi�n n�mero 57 de 23 de enero de 1917 concluy� su vigencia en la fecha de la C.�n de 1917. Incluso dicho transitorio estableci� la extinci�n de pleno derecho de las deudas que por raz�n de trabajo hubiesen contra�do los trabajadores hasta la fecha de esta C.�n, es decir, que ni siquiera al pago de un mes de sueldo obligaba el transitorio aludido, ya sin efectos a partir de la fecha de la C.�n de 1917. Ante ello debe estarse exclusivamente a lo legislado a trav�s del art�culo 123, p�rrafo segundo, en relaci�n con el apartado A, fracci�n XXIV, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. En segundo lugar lo aseverado en el inciso b) (p�gina 104 de la sentencia) resulta falso, pues no es cierto que el Constituyente hubiese sido congruente al no se�alar los casos que deb�an considerarse deudas del trabajador y que hubiese dejado al legislador ordinario autor de la Ley Federal del Trabajo el se�alamiento de aqu�llos, en tanto a que en donde la ley no distingue el int�rprete no debe distinguir, es decir, si la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional no distingue el tipo de deudas que el trabajador hubiese contra�do con el patr�n, no tiene por qu� el legislador ordinario llevar a cabo tal distinci�n, pues hacerlo viola el p�rrafo segundo del art�culo 123 constitucional que establece (lo transcribe). En tercer lugar no es cierto que el Constituyente estableciese ?tres principios fundamentales en torno al tema que nos ocupa? (p�gina 104 de la sentencia que se impugna), que seg�n dicha resoluci�n el primero consista en la responsabilidad del trabajador de las deudas contra�das con su patr�n, porque de acuerdo con la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, tal responsabilidad lo es s�lo por un mes de sueldo y no es indefinida dicha responsabilidad sino s�lo se obliga al trabajador o empleado a devolver un mes de sueldo; en cuanto al segundo de esos supuestos principios establecidos por el Constituyente sobre la prohibici�n categ�rica, imperativa y absoluta de que las deudas pudieran exigirse a los miembros de su familia se establece precisamente en la citada fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, y sobre el punto tercero que llama principios fundamentales la sentencia del Tribunal Colegiado y que se refiere a que dichas deudas no podr�n ser exigidas al trabajador por la cantidad excedente del sueldo de un mes, tambi�n se estableci� desde la C.�n de 1917 y as� se encuentra actualmente en la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional. En forma infundada sostiene la resoluci�n a revisar que para llegar al conocimiento de cu�les son las deudas del trabajador a que se refiere la fracci�n XXIV antes citada, hay que remitirse a la ley reglamentaria del art�culo 123 que es la Ley Federal del Trabajo, que en sus art�culos 110 y 111 establecen de manera limitativa los casos que precisa y menciona esa resoluci�n (p�ginas 105, 106 y 107 de la sentencia). Contra esta abierta inconstitucionalidad de los razonamientos del Tribunal Colegiado se encuentra con toda claridad y precisi�n el segundo p�rrafo del art�culo 123 constitucional que establece (lo transcribe). Es decir, que el Congreso de la Uni�n que fue quien expidi� la Ley Federal del Trabajo, como legislador ordinario federal, no puede contravenir las bases contenidas en los apartados A y B del art�culo 123 constitucional, y por ello si la fracci�n XXIV del apartado A no establece ninguna excepci�n de las deudas contra�das por los trabajadores a favor de sus patronos, no le puede ser exigida suma alguna al trabajador que exceda del sueldo de �ste en un mes. Esto es, el art�culo 110 de la Ley Federal del Trabajo se encuentra aplicado en forma indebida e inexacta. Con tal aplicaci�n el Tribunal Colegiado viola el art�culo 133 constitucional y comete desacato a las tesis de jurisprudencia del Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que establecen: Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: X, agosto de 1999. Tesis: P./J. 74/99. P�gina: 5. ?CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ART�CULO 133 DE LA CONSTITUCI�N.? (la transcribe y cita precedentes). Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: X, agosto de 1999. Tesis: P./J. 73/99. P�gina: 18. ?CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCI�N. ES ATRIBUCI�N EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI�N.? (la transcribe y cita precedentes). Y el art�culo 111 de la Ley Federal del Trabajo ser�a aplicable �nicamente por cuanto hace a que el mes de sueldo a que el trabajador est� obligado a devolver del pr�stamo que se le hizo no devenga intereses, en cuanto beneficie este �ltimo precepto al trabajador y no sea contrario a la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, resulta aplicable, no as� el art�culo 110 de la Ley Federal del Trabajo, que no debe quebrantar lo que establece la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, y que al ser contrario a lo que se establece en el p�rrafo segundo del art�culo 123 constitucional, resulta inconstitucional. Respetuosamente, pero con toda energ�a, he sostenido y sostengo que la deuda contenida en el convenio de pr�stamo celebrado el 1o. de agosto de 1990 que se impugna en el juicio laboral y en esta v�a de amparo, s� es de las previstas por la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional y que carece de fundamento, y por ello viola el art�culo 77 de la Ley de Amparo la sentencia del Tribunal Colegiado para establecer la constitucionalidad del laudo reclamado y dar una falsa interpretaci�n al segundo p�rrafo y al apartado A, fracci�n XXIV, del art�culo 123 constitucional. 4o. O.�n en el estudio del concepto de violaci�n: En las p�ginas 26 y 27 de la demanda de amparo sostuve (lo transcribe). El convenio de pr�stamo patrimonial celebrado ?por Corporativo Gamesa, S. de C.V., en su calidad de corporativo, seg�n se advierte del propio texto del convenio de referencia y, por la otra parte, por el se�or F.G.D. en su calidad de deudor?, hasta en esta afirmaci�n se aprecia o desprende la parcialidad de la resoluci�n que combato, pues en el propio convenio de pr�stamo patrimonial de 1o. de agosto de 1990 se menciona que al suscrito F.G.D. se me da el cr�dito por el citado corporativo en mi calidad de ?empleado? y el hecho de que tal pr�stamo haya sido con el consentimiento expreso y no viciado del suscrito, y que hubiese sido otorgado en mi beneficio y no en mi perjuicio, adem�s de ser una apreciaci�n subjetiva, esta �ltima de la sentencia que combato, no exime del cumplimiento del mandato constitucional contenido en la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, ni de que el suscrito a lo �nico a que estoy obligado por disposici�n de dicha fracci�n XXIV es a la devoluci�n de unmes de sueldo sin intereses, porque no los incluye dicha fracci�n XXIV, y adem�s porque el art�culo 111 es aplicable en la medida en que beneficia al trabajador o empleado y no en cuanto a que vaya en contra de la fracci�n XXIV a la luz de lo que dispone el p�rrafo segundo del art�culo 123 constitucional. De ah� que si en la pir�mide constitucional o jerarqu�a de leyes se encuentra el art�culo 123 constitucional por encima de los restantes ordenamientos legales que refiere el art�culo 133 constitucional, debe estarse a lo que expresamente establece el art�culo 123 constitucional, como certeramente lo sostiene dicho art�culo 133. En sinopsis: a) La Junta Especial responsable a la luz de la fracci�n XX del apartado A del art�culo 123 constitucional autom�ticamente consider� que la deuda derivada del convenio de pr�stamo patrimonial de 1o. de agosto de 1990 conten�a una deuda de trabajo, en dicho convenio se establece al corporativo y al suscrito como empleado, por ello, no pod�a establecer en el laudo lo contrario y revocar su propia determinaci�n con violaci�n al art�culo 848 de la Ley Federal del Trabajo y mucho menos el H. Tribunal Colegiado en la parte considerativa interpretar err�neamente dicha fracci�n XX, pues establece que la Junta Especial responsable fue competente para dirimir una controversia civil y no de naturaleza laboral, no obstante que dicho precepto constitucional s�lo funda la competencia de los tribunales de trabajo para resolver conflictos de trabajo entre el capital y el trabajo. b) No fueron estudiados el segundo p�rrafo y el apartado A, fracciones XXIV y XXVII, incisos g) y h), del art�culo 123 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. c) Los argumentos que contiene la resoluci�n del H. Tribunal Colegiado que interpreta la citada fracci�n XXIV interrelacionado con el art�culo treceavo transitorio, carecen de sustento jur�dico en tanto a que dicho transitorio tuvo una vida limitada ?hasta la fecha de esta C.�n? y el mismo art�culo trece transitorio hablaba de otro tipo de deudas ?Quedan extinguidas de pleno derecho las deudas que por raz�n de trabajo ...? y la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional no establece que se refiera a ?deudas que por raz�n de trabajo hayan contra�do los trabajadores hasta la fecha de esta C.�n?. En donde la ley no distingue el int�rprete no debe distinguir. d) Precisamente la sentencia del H. Tribunal Colegiado reconoce que en la sesi�n 57 de 23 de enero de 1917 se present� un dictamen de la fracci�n XXIV precedida de un motivo de justificaci�n del tenor siguiente: ?Es conveniente, para garant�a de empresario y obrero, no autorizar entre ambos el contrato de pr�stamo, o sea el anticipo a cuenta de salario, sino por el importe de �ste en un mes tal como lo proponemos por medio de una adici�n a la fracci�n XXIV. ... XXIV. De las deudas contra�das por los trabajadores a favor de sus patronos, de sus asociados, familiares o dependientes, s�lo ser� responsable el mismo trabajador y, en ning�n caso y por ning�n motivo, se podr�n exigir a los miembros de su familia, ni ser�n exigidas dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en un mes.?. e) De ah� que la lectura integral de la fracci�n XXIV y del art�culo trece transitorio la mal interpreta el H. Tribunal Colegiado resolutor. En efecto: El art�culo trece transitorio dej� de tener vigencia en ?la fecha de esta C.�n?, adem�s que dicho transitorio n�mero trece se refer�a a deudas por razones de trabajo, y el apartado A, fracci�n XXIV, ya no se refiri� a deudas contra�das ?por razones de trabajo?, siendo falso que el Constituyente hubiese sido congruente en no se�alar los casos que deb�an considerarse deudas al trabajador, ni que hubiese dejado al legislador ordinario autor de la Ley Federal del Trabajo el se�alamiento de aqu�llos. Con tal afirmaci�n el H. Tribunal Colegiado viola abiertamente el contenido de las fracciones XXIV y XXVII, inciso h), del apartado A del art�culo 123 constitucional, en el que se fund� la demanda de nulidad absoluta. M�s a�n: Se advierte con meridiana claridad que el Constituyente abarc� cualquier deuda del trabajador para el patrono y no es cierto que dejase al legislador ordinario el se�alamiento del tipo de deudas. f) Contra lo que afirma el H. Tribunal Colegiado resolutor, la conclusi�n, si se toma en cuenta dicho art�culo trece transitorio y la fracci�n XXIV del apartado A, as� como el segundo p�rrafo del art�culo 123 constitucional, es que el Constituyente no quiso limitar ni limit� el beneficio de la fracci�n XXIV a las deudas que por raz�n de trabajo hayan contra�do los trabajadores, sino que fue m�s all�, se refiere a todo tipo de deudas que el trabajador pudiese tener con su patr�n. g) Ello trae como una evidente conclusi�n que el pr�stamo que la parte patronal hizo al suscrito en el convenio de 1o. de agosto de 1990, y que incluso en el convenio de esa fecha se establece que el suscrito tengo el car�cter de empleado de la empresa, soy beneficiario con dicho pr�stamo de lo que al efecto establece el segundo p�rrafo y el apartado A, fracci�n XXIV, del art�culo 123 constitucional, luego entonces, el art�culo 110 de la Ley Federal del Trabajo, al ser inconstitucional por no incluir entre esas deudas el del pr�stamo al trabajador, ni es aplicable al caso y entonces la controversia debi� y debe resolverse a la luz directamente de lo que establece el p�rrafo segundo y el apartado A, fracciones XXIV y XXVII, inciso h), del art�culo 123 constitucional para concluir que es nulo de pleno derecho el convenio de pr�stamo patrimonial. El legislador ordinario no puede, con prohibici�n expresa del segundo p�rrafo del art�culo 123 constitucional, establecer limitantes a preceptos constitucionales, y me refiero al art�culo 110 de la Ley Federal del Trabajo, puesto que el art�culo 111 de la misma, al ser beneficiario el trabajador y congruente con la fracci�n XXIV en comento, en tanto a que la obligaci�n del trabajador de reintegrar se limita al importe de un mes de sueldo, obviamente sin intereses, entonces dicho art�culo 111 s� es congruente con el p�rrafo segundo y con el apartado A, fracci�n XXIV, del art�culo 123 constitucional. h) Las tesis que se invocan por el H. Tribunal Colegiado de la p�gina 110 a la p�gina 119 de su resoluci�n, considero que no son aplicables al caso, por lo siguiente: Porque incluso la sentencia impugnada es ofensiva al quejoso actor del juicio porque ninguna de las hip�tesis que contempla se dieron ni se dan en el caso ni ninguna de las tesis que se invocan y transcriben por el H. Tribunal Colegiado resolutor se refieren al caso concreto planteado de la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, y entonces dec�a que es ofensiva, injuriosa y difamatoria la sentencia a revisar porque los casos que contempla son: a) La p�rdida de una suma de dinero por parte del trabajador, que no se trat� ni se trata en el caso de dicha p�rdida de dinero sino de un pr�stamo que me otorg� mi patr�n en mi car�cter de empleado; b) Del pago de lo indebido, que tampoco es aplicable porque el suscrito no recib� ninguna cantidad de dinero percibida con motivo de un laudo; c) Del enriquecimiento sin causa, pues no se trata del mismo, sino de un pr�stamo que como empleado se me hizo y al que debe de aplicarse el p�rrafo segundo y el apartado A, fracci�n XXIV, del art�culo 123 constitucional; d) De trabajadores bancarios a quienes los intereses devengados por pr�stamos concedidos no encuadran en la hip�tesis contemplada en el art�culo 111 de la Ley Federal del Trabajo, porque ni el patr�n es una instituci�n de cr�dito ni el suscrito laboraba ni era empleado de una instituci�n de cr�dito y a lo �nico que me obliga el apartado A, fracci�n XXIV, del art�culo 123 constitucional, es a la devoluci�n de un mes de sueldo; e) La jurisprudencia de la S. Civil (que en todo caso favorece al trabajador en tanto a que si no depende del nombre que se d� al contrato o convenio sino lo que rige el mismo lo es su contenido o naturaleza, se advierte f�cilmente del convenio de agosto 1o. de 1990, en primer lugar, al denominarse ?empleado? y el contenido de la cl�usula primera de dicho convenio que se trat� de un adeudo que contraje con el patr�n, y por ello resulta aplicable la fracci�n XXIV en comento) sobre lo que predomina en los contratos depende de lo convenido y no del nombre que a los contratos se les d�, que resulta inaplicable al caso porque precisamente en la demanda en que ejercit� la acci�n de nulidad absoluta del convenio estoy partiendo de la premisa del contenido de ese instrumento y no del nombre que al mismo se dio; f) A cr�ditos pactados entre patr�n y trabajador documentados en t�tulos de cr�dito en que se establece que es procedente la acci�n cambiaria si no se demuestra que fue un pr�stamo de car�cter laboral, esta tesis es inaplicable, porque no se document� en t�tulos de cr�dito el pr�stamo pactado entre el patr�n y el suscrito como empleado sino se document� en un convenio que celebramos y firmamos el 1o. de agosto de 1990, y en segundo lugar, que s� fue un pr�stamo de car�cter laboral porque en el propio convenio se establece que el pr�stamo se me hace como empleado. En todas esas tesis que se invocan como apoyo de todos los aberrantes e infundados razonamientos que se formulan en la sentencia del H. Tribunal Colegiado, se trata de casos distintos y ajenos al que nos ocupa, e incluso la primera de dichas tesis invoca el art�culo 34 de la Ley Federal del Trabajo de 1931, y la tesis sobre ?SALARIOS, DESCUENTO EN LOS.?, se invoca el art�culo 91 de la Ley Federal del Trabajo de 1931, abrogada dicha ley en 1970, por lo que resultan inaplicables dichas tesis. Fundan tambi�n la procedencia del presente recurso de revisi�n en este amparo directo, por darse todos y cada uno de los supuestos que prev�, la siguiente tesis jurisprudencial de la S.unda S. y la aislada del Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n: Novena �poca. Instancia: S.unda S.. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: XVI, septiembre de 2002. Tesis: 2a./J. 98/2002. P�gina: 271. ?REVISI�N EN AMPARO DIRECTO. SU PROCEDENCIA DEPENDE NO S�LO DE LA EXPRESI�N DE CONCEPTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD EN LA DEMANDA SINO, ADEM�S, DE QUE LOS ART�CULOS IMPUGNADOS SE HAYAN APLICADO EN PERJUICIO DEL QUEJOSO E INFLUIDO EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCI�N RECLAMADA.? (lo transcribe y cita precedentes). Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: VIII, diciembre de 1998. Tesis: P. CXVI/98. P�gina: 259. ?REVISI�N EN AMPARO DIRECTO. SU PROCEDENCIA DEPENDE NO S�LO DE LA EXPRESI�N DE CONCEPTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD EN LA DEMANDA, SINO ADEM�S, DE QUE LOS ART�CULOS IMPUGNADOS SE HAYAN APLICADO EN PERJUICIO DEL QUEJOSO E INFLUIDO EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCI�N RECLAMADA.? (lo transcribe). V�ase: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., septiembre de 2002, p�gina 271, tesis 2a./J. 98/2002, de rubro ?REVISI�N EN AMPARO DIRECTO. SU PROCEDENCIA DEPENDE NO S�LO DE LA EXPRESI�N DE CONCEPTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD EN LA DEMANDA SINO, ADEM�S, DE QUE LOS ART�CULOS IMPUGNADOS SE HAYAN APLICADO EN PERJUICIO DEL QUEJOSO E INFLUIDO EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCI�N RECLAMADA.?. Con apoyo en lo dispuesto por el art�culo 76, fracci�n IV, de la Ley de Amparo, ruego al M�ximo Tribunal nacional se me supla cualquier deficiencia en estos agravios e incluso en los conceptos de violaci�n que componen la demanda de amparo que promov�.

La parte recurrente present� escrito adicional de agravios donde expone:

Se violan tambi�n los art�culos 77 y 78 de la Ley de Amparo en la resoluci�n pronunciada por ese H. Tribunal Colegiado, en raz�n de que tambi�n se interpreta en forma err�nea la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, por lo siguiente: Porque el art�culo 13 transitorio que se invoca y transcribe en dicha ejecutoria para interpretar la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, carece de apoyo y sustento en todos los sentidos para la err�nea interpretaci�n constitucional que formula ese H. Tribunal Colegiado. En efecto: El citado art�culo transitorio aprobado el 23 de enero de 1917, por 163 votos y que qued� con el n�mero 13, establec�a (dej� de tener vigencia a partir de la fecha de la C.�n o Carta Magna que nos rige): ?Quedan extinguidas de pleno derecho las deudas que por raz�n de trabajo hayan contra�do los trabajadores, hasta la fecha de esta C.�n, con los patronos, sus familiares o intermediarios.?. De cuya lectura se advierte con toda evidencia, contrario a lo que sostiene ese H. Tribunal Colegiado, lo siguiente: Que en primer t�rmino, adem�s de que como ya se insisti� en los agravios que componen el recurso de revisi�n extraordinaria que ya se interpuso y present� en ese H. Tribunal Colegiado, dicho precepto transitorio tuvo una vida ef�mera puesto que el mismo dej� de tener vigor y aplicaci�n hasta la fecha de la C.�n, pero adem�s de ello tal art�culo 13 transitorio se refiere a deudas del trabajador diversas a las que contempla la fracci�n XXIV en comento, ya que el art�culo 13 transitorio previ� que quedaban ?extinguidas de pleno derecho las deudas que por raz�n de trabajo hayan contra�do los trabajadores?, y la fracci�n XXIV que desde su aprobaci�n por el Constituyente de 1917 no ha sido modificado hasta esta fecha, se refiere a cualquier deuda contra�da por los trabajadores a favor de sus patronos, en los que el trabajador est� obligado a la devoluci�n del sueldo de dicho trabajador en un mes, o sea, que no se trata de que queden extinguidas de pleno derecho las deudas ni que las deudas sean por raz�n de trabajo, como s� lo establece el 13 transitorio en menci�n. Esto es, el art�culo 13 transitorio estableci� la extinci�n de pleno derecho de todas las deudas que por raz�n de trabajo hubiesen contra�do los trabajadores hasta la fecha de la C.�n, y la fracci�n XXIV no distingue que se trate de deudas de trabajo, y a diferencia del art�culo 13 transitorio tampoco establece dicha fracci�n XXIV la extinci�n de pleno derecho de las deudas sino que obliga al trabajador al importe de un mes de sueldo. Luego entonces, no es cierto que de una lectura integral de la fracci�n XXIV y del art�culo transitorio se advierta que el Constituyente se refiera a deudas de los trabajadores contra�das con los patronos ?por razones de trabajo?, puesto que de la fracci�n XXIV no se desprende esa falsa apreciaci�n del H. Tribunal Colegiado que se contiene en el inciso a) de la p�gina 104 de la sentencia recurrida; tampoco es cierto que el Constituyente fuera congruente en no se�alar los casos que deb�an considerarse deudas al trabajador y que por ello haya dejado al legislador ordinario autor de la Ley Federal del Trabajo el se�alamiento de aqu�llos, como err�neamente lo asevera el H. Tribunal Colegiado en el inciso b) de la p�gina 104 de su sentencia impugnada pues, por el contrario, el segundo p�rrafo del art�culo 123 constitucional establece: ?El Congreso de la Uni�n, sin contravenir a las bases siguientes deber� expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regir�n?. Dadas las razones anteriores no es cierto que hubiese establecido el Constituyente como principio ?Primero. La responsabilidad del mismo trabajador de las deudas contra�das con su patr�n? (inciso c) de la p�gina 104 de la resoluci�n del H. Tribunal Colegiado recurrida en revisi�n), puesto que tal responsabilidad en el transitorio 13 no existi�, y en la fracci�n XXIV s�lo se le puede exigir al trabajador de las deudas que contraiga con el patr�n hasta por el importe de un mes. As� pues, no puede interpretarse la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, a la luz del art�culo 13 transitorio que fue aprobado el 23 de enero de 1917 por 163 votos, en virtud de que contempla supuestos distintos al establecer, en primer t�rmino, la extinci�n de pleno derecho de las deudas que por raz�n de trabajo hubiese contra�do el trabajador con el patr�n en toda la �poca del movimiento revolucionario hasta la fecha de la C.�n de 1917, y cuya vigencia del transitorio 13 en comento fue hasta la fecha de la C.�n de 1917, y la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional no establece la extinci�n de pleno derecho de las deudas del trabajador, como tampoco establece dicha fracci�n XXIV que se refiera a las deudas del trabajador que hubiese contra�do ?por raz�n de trabajo?. Luego entonces, queda claro que el p�rrafo segundo del art�culo 123 constitucional no dej� al Congreso de la Uni�n la facultad de regular ni restringir ni limitar de ninguna manera y mucho menos en perjuicio del trabajador en la ley ordinaria lo que el Constituyente estableci� y que es fecha que no ha modificado en dicha fracci�n XXIV del apartado A, como s� lo ha hecho con otras diversas fracciones de dicho art�culo 123 constitucional. La interpretaci�n hist�rica tradicional e hist�rica progresiva de la C.�n que ha establecido el M�ximo Tribunal nacional y la interpretaci�n de las normas constitucionales, debe ser a trav�s del contenido de dichos preceptos, como bien lo estudia y se invoca en diversas tesis en el obra La Jurisprudencia en M�xico, de la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, permiti�ndome resaltar el hecho de que el prop�sito que tuvo el Constituyente para establecer el art�culo 123 constitucional, resulta evidente que fue la de disponer una garant�a social a favor y protecci�n del trabajador, seg�n se desprende de la siguiente tesis: Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: XI, junio de 2000. Tesis: P./J. 61/2000. P�gina: 13. ?INTERPRETACI�N HIST�RICA TRADICIONAL E HIST�RICA PROGRESIVA DE LA CONSTITUCI�N.? (la transcribe y cita precedentes). As� tambi�n la interesante tesis sobre ?INTERPRETACI�N DE NORMAS CONSTITUCIONALES Y DE NORMAS LEGALES. SUS DIFERENCIAS.?, establecida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la que sostuvo: Octava �poca. Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. Tomo: III, S.unda Parte-1, enero a junio de 1989. P�gina: 419. ?INTERPRETACI�N DE NORMAS CONSTITUCIONALES Y DE NORMAS LEGALES. SUS DIFERENCIAS.? (la transcribe y cita precedente). De esta �ltima tesis se desprende que el fin perseguido por el Constituyente fue la protecci�n del trabajador, y tan ello fue as� que en el p�rrafo segundo del art�culo 123 constitucional facult� al Congreso de la Uni�n para expedir leyes sobre el trabajo sin contravenir las bases que espec�ficamente dispone el art�culo 123 constitucional, y entre las que se encuentra el apartado A, fracci�n XXIV, motivo de la controversia en el juicio laboral, en el amparo y en el recurso de revisi�n extraordinaria y �stos otros agravios que me permito expresar. Por todo lo expuesto y encontr�ndome dentro del t�rmino de diez d�as que establece el art�culo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisi�n extraordinaria en contra de la resoluci�n pronunciada por ese H. Tribunal Colegiado y como adicional a los agravios contenidos en el recurso de revisi�n extraordinaria con expresi�n de agravios que formul� y present� el d�a 22 de septiembre de 2003, a las 2:23 pm., pido se me tenga tambi�n formulando estos agravios adicionales a los ya expresados.

TERCERO

El recurso se interpuso oportunamente conforme a lo dispuesto en los art�culos 23, primer p�rrafo, 24, fracciones I a III, 34, fracciones I y II, y 86, primer p�rrafo, de la Ley de Amparo, que dicen lo siguiente:

"Art�culo 23. Son d�as h�biles para la promoci�n, sustanciaci�n y resoluci�n de los juicios de amparo, todos los d�asdel a�o, con exclusi�n de los s�bados y domingos, el 1o. de enero, 5 de febrero, 1o. y 5 de mayo, 14 y 16 de septiembre, 12 de octubre y 20 de noviembre."

"Art�culo 24. El c�mputo de los t�rminos en el juicio de amparo se sujetar� a las reglas siguientes:

"I. Comenzar� a correr desde el d�a siguiente al en que surta sus efectos la notificaci�n, y se incluir� en ellos el d�a del vencimiento.

"II. Los t�rminos se contar�n por d�as naturales, con exclusi�n de los inh�biles; excepci�n hecha de los t�rminos en el incidente de suspensi�n, los que se contar�n de momento a momento;

"III. Para la interposici�n de los recursos, los t�rminos correr�n para cada parte desde el d�a siguiente a aquel en que para ella haya surtido sus efectos la notificaci�n respectiva."

"Art�culo 34. Las notificaciones surtir�n sus efectos:

"I. Las que se hagan a las autoridades responsables, desde la hora en que hayan quedado legalmente hechas.

"II. Las dem�s, desde el d�a siguiente al de la notificaci�n personal o al de la fijaci�n de la lista en los Juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados de Circuito o Suprema Corte de Justicia."

Art�culo 86. El recurso de revisi�n se interpondr� por conducto del Juez de Distrito, de la autoridad que conozca del juicio, o del Tribunal Colegiado de Circuito en los casos de amparo directo. El t�rmino para la interposici�n del recurso ser� de diez d�as, contados desde el siguiente al en que surta sus efectos la notificaci�n de la resoluci�n recurrida.

En efecto, consta en autos del juicio de amparo directo n�mero 37/2003-I, del �ndice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, que la sentencia recurrida fue notificada por lista el once de septiembre de dos mil tres, por lo que conforme a lo dispuesto en el art�culo 34, fracci�n II, de la Ley de Amparo, dicha notificaci�n surti� efectos al d�a siguiente h�bil, esto es, el d�a doce, y atento lo que prev� la ley en cita en su diverso numeral 24, fracci�n I, el t�rmino de diez d�as comenz� a correr el diecisiete del propio septiembre y concluy� el treinta del mismo mes, descont�ndose los d�as trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho del propio septiembre por ser inh�biles (s�bados y domingos) as� como los d�as quince y diecis�is de septiembre, el �ltimo de conformidad con lo se�alado en el precepto 23 del ordenamiento legal invocado y el primero por haberse suspendido las labores en los �rganos jurisdiccionales.

Ahora bien, si el escrito de revisi�n se present� en la Oficial�a de Partes del Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito el veintid�s de septiembre de dos mil tres, seg�n se lee del sello fechador estampado en la primer p�gina del mencionado documento que obra en las fojas 2 a 74 de los autos del toca en que se act�a, y el complementario el veintinueve del propio mes de septiembre (foja 164 del toca) se concluye que la presentaci�n de ambas promociones fue oportuna.

CUARTO

En virtud de que la procedencia del recurso de revisi�n es un presupuesto procesal que debe examinarse de oficio, es procedente ocuparse de esta cuesti�n.

El recurso de revisi�n en el juicio de amparo directo est� regulado por los art�culos 107, fracci�n IX, de la C.�n Federal, 83, fracci�n V, de la Ley de Amparo, 10, fracci�n III, 21, fracci�n III, inciso a), de la L.O.�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, y en lo que interesa en el punto primero, fracci�n I, inciso a), del Acuerdo 5/1999, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, el veintid�s de junio de mil novecientos noventa y nueve, que a la letra dicen:

C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

"Art�culo 107. Todas las controversias de que habla el art�culo 103 se sujetar�n a los procedimientos y formas del orden jur�dico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos de que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretaci�n directa de un precepto de la C.�n cuya resoluci�n, a juicio de la Suprema Corte de Justicia y conforme acuerdos generales, entra�e la fijaci�n de un criterio de importancia y trascendencia. S�lo en esta hip�tesis proceder� la revisi�n ante la Suprema Corte de Justicia, limit�ndose la materia del recurso exclusivamente a la decisi�n de las cuestiones propiamente constitucionales.

Ley de Amparo.

"Art�culo 83. Procede el recurso de revisi�n:

"...

"V. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la Rep�blica de acuerdo con la fracci�n I del art�culo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretaci�n directa de un precepto de la C.�n.

La materia del recurso se limitar�, exclusivamente, a la decisi�n de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. ...

L.O.�nica del Poder Judicial de la Federaci�n.

"Art�culo 10. La Suprema Corte de Justicia conocer� funcionando en Pleno:

"...

"III. Del recurso de revisi�n contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando habi�ndose impugnado la inconstitucionalidad de una ley federal, local, del Distrito Federal o de un tratado internacional, o cuando en los conceptos de violaci�n se haya planteado la interpretaci�n directa de un precepto de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, dichas sentencias decidan u omitan decidir sobre tales materias, debiendo limitarse en estos casos la materia del recurso a la decisi�n de las cuestiones propiamente constitucionales."

"Art�culo 21. Corresponde conocer a las S.:

"...

"III. Del recurso de revisi�n contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito:

a) Cuando habi�ndose impugnado la constitucionalidad de un reglamento federal expedido por el presidente de la Rep�blica, o de reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el jefe del Distrito Federal, o en los conceptos de violaci�n se haya planteado la interpretaci�n directa de un precepto de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en estas materias, se haya decidido o se omita decidir sobre la misma inconstitucionalidad o interpretaci�n constitucional.

Punto primero, fracci�n I, incisos a) y b), del Acuerdo 5/1999 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, se�alado en p�rrafos anteriores, dice:

"Primero. Procedencia.

"I. El recurso de revisi�n es procedente contra las sentencias que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, si se re�nen los supuestos siguientes:

"a) Si en ella se decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento -federal o local-, o se establece la interpretaci�n directa de un precepto constitucional; o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones acabadas de mencionar, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo.

b) Si el problema de constitucionalidad referido en el subinciso anterior, entra�a la fijaci�n de un criterio jur�dico de importancia y trascendencia a juicio de la S. respectiva.

De los preceptos transcritos l�neas arriba se desprende el establecimiento de una regla general con excepciones; siendo la primera que las resoluciones en materia de amparo directo que pronuncien los Tribunales Colegiados no admiten recurso alguno, y las excepciones a esa regla general son:

  1. Cuando la sentencia impugnada establezca la interpretaci�n directa de un precepto de la C.�n General de la Rep�blica.

  2. Cuando subsista en el recurso el problema de constitucionalidad, si en la demanda de amparo se hubiese impugnado una ley federal, un reglamento federal expedido por el presidente de la Rep�blica, o reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, o un tratado internacional por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

  3. Cuando el Tribunal Colegiado de Circuito omita pronunciarse en cualquiera de las materias precisadas en los anteriores incisos a pesar de que en los conceptos de violaci�n se plante� la inconstitucionalidad de una ley o la interpretaci�n directa de un precepto de la C.�n.

  4. A condici�n de que el problema de constitucionalidad referido entra�e la fijaci�n de un criterio de importancia y trascendencia a juicio de la S. respectiva de la Suprema Corte.

En ning�n otro caso distinto a los antes enunciados proceder� el recurso de revisi�n en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en amparo directo.

De la interpretaci�n arm�nica de las anteriores disposiciones se arriba a la conclusi�n de que la procedencia del recurso de revisi�n en el juicio de amparo directo requiere, en principio, de que en la demanda de amparo se hubiere impugnado la constitucionalidad de una ley, de un tratado internacional o de un reglamento, o se hubiere planteado en los conceptos de violaci�n la interpretaci�n directa de un precepto de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; que al dictar la sentencia el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente haya decidido sobre la constitucionalidad de la ley, tratado internacional o reglamento impugnado; o bien, establecido la interpretaci�n directa de un precepto de la C.�n Federal u omitido el estudio y decisi�n de estas cuestiones, siempre que el problema de constitucionalidad entra�e la fijaci�n de un criterio de importancia y trascendencia.

Es aplicable la jurisprudencia identificada con el n�mero 2a./J. 64/2001, sustentada por esta S.unda S., visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XIV, diciembre de 2001, visible en la p�gina 315, que es del tenor literal siguiente:

"REVISI�N EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Los art�culos 107, fracci�n IX, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracci�n V, 86 y 93 de la Ley de Amparo, 10, fracci�n III, de la L.O.�nica del Poder Judicial de la Federaci�n y el Acuerdo 5/1999, del 21 de junio de 1999, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que establece las bases generales para la procedencia y tramitaci�n de los recursos de revisi�n en amparo directo, permiten inferir que un recurso de esa naturaleza s�lo ser� procedente si re�ne los siguientes requisitos: I. Que se presente oportunamente; II. Que en la demanda se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretaci�n directa de un precepto de la C.�n Federal y en la sentencia se hubiera omitido su estudio o en ella se contenga alguno de esos pronunciamientos; y III. Que el problema de constitucionalidad referido entra�e la fijaci�n de un criterio de importancia y trascendencia a juicio de la S. respectiva de la Suprema Corte; en el entendido de que un asunto ser� importante cuando de los conceptos de violaci�n (o del planteamiento jur�dico, si opera la suplencia de la queja deficiente) se advierta que los argumentos o derivaciones son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial inter�s; y ser� trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resoluci�n que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en materia de constitucionalidad; por el contrario, deber� considerarse que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado, cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habi�ndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir y en los dem�s casos an�logos a juicio de la referida S., lo que, conforme a la l�gica del sistema, tendr� que justificarse debidamente."

En el presente caso s� se surten los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo en revisi�n, los que ya han sido precisados, acorde con lo siguiente:

De las constancias que informan el juicio de amparo de origen se desprende que F.G.D. acudi� ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito en demanda de amparo directo en contra del laudo de catorce de octubre de dos mil dos, deducido del juicio laboral 623/2001, seguido por el quejoso en contra de Corporativo Gamesa, Sociedad An�nima de Capital Variable, actualmente Grupo Gamesa, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable.

En los conceptos de violaci�n identificados como segundo y tercero el quejoso plante� los argumentos que, en s�ntesis, se hacen consistir en que:

  1. La Junta viola lo establecido en el art�culo 123, apartado A, fracciones XX y XXXI, de la C.�n Federal, atento que la parte demandada hizo valer la excepci�n de incompetencia por declinatoria, la cual se reserv� decidir al emitir el laudo, con la circunstancia de que en el considerando primero sostuvo que es competente para conocer y resolver el conflicto laboral planteado, pero con infracci�n al principio de congruencia en el considerando segundo se�al� que las acciones ejercidas son de naturaleza civil.

  2. Que atendiendo a la pir�mide jur�dica, la Junta debi� preferir la aplicaci�n de la C.�n Federal y no de la Ley Federal del Trabajo si alguno de sus preceptos la contrar�an.

  3. Que en el supuesto de que el art�culo 110 de la Ley Federal del Trabajo fuese en contra de lo que establece el segundo p�rrafo del apartado A, fracciones XXIV y XXVII, inciso h), de la C.�n Federal, no resultar�a aplicable aquella disposici�n legal secundaria para resolver el juicio laboral, m�xime que sus acciones las fund� en tales preceptos constitucionales.

  4. Que el hecho de que al recibir el pr�stamo y firmar el convenio de pr�stamo patrimonial se le reconociera el car�cter de empleado, por s� solo hace aplicable la fracci�n XXIV en comento.

  5. Que en tales condiciones, su �nica obligaci�n ser�a devolver al patr�n como m�ximo un mes de sueldo de la �poca en que se suscribi� el convenio, porque el art�culo 123, apartado A, fracci�n XXIV, de la C.�n Federal, estatuye esa limitante.

  6. Que se viola el art�culo 123, apartado A, fracciones XX, XXIV, XXVII, inciso h) y XXXI, inciso a), punto 16, ya que a la Junta le est� prohibido revocar sus propias determinaciones, por lo que si en el considerando primero ya se hab�a declarado competente para resolver el asunto no debi� en el siguiente revocar esa determinaci�n y considerar que no se trata de un asunto laboral.

  7. Que la Junta indebidamente consider� que la nulidad absoluta que del convenio de pr�stamo patrimonial hizo valer, junto con el pagar� que de �l depende, la apoy� en el art�culo 110 de la Ley Federal del Trabajo, lo cual es inexacto porque dicho precepto fue introducido a la litis por el patr�n, por lo que su reclamo debi� analizarse s�lo a la luz de lo que dice la C.�n Federal.

  8. Que aunque en el convenio cuya nulidad demand� no se hubiera dicho que era empleado, de todas maneras las acciones que ejerci� derivadas de aquel documento est�n regidas por el art�culo 123 constitucional, dado que se suscribi� con motivo del nexo laboral, de ah� que el patr�n derivado de ese adeudo s�lo pueda exigir un mes de sueldo.

  9. Que la Junta omite fundar y motivar su conclusi�n respecto a que por las caracter�sticas del convenio patrimonial del primero de agosto de mil novecientos noventa se trata de un acto de naturaleza civil, lo cual es inexacto porque las deudas contra�das por un trabajador con su patr�n se rigen por el art�culo 123, apartado A, fracci�n XXIV, constitucional y cualquier estipulaci�n en contrario ser� nula.

  10. Que es inexacto que el pagar� suscrito junto con el convenio del pr�stamo patrimonial sea de naturaleza civil, dado que corresponde a la materia mercantil, en virtud de que est�n regidos por el art�culo 170 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito.

  11. Que se valoran incorrectamente las pruebas porque no debi� negarse valor al aviso de inscripci�n al Instituto Mexicano del S.uro Social, por el hecho de no haber controversia en cuanto a la existencia de nexo laboral entre los contendientes.

  12. Que la Junta no debi� decir que carece de competencia legal para analizar las actuaciones del expediente ordinario civil 619/2001, ya que la competencia de la autoridad hab�a quedado definida en el considerando primero.

    LL) Que la Junta debi� circunscribirse a estudiar las acciones ejercidas referentes a la nulidad absoluta del convenio en cuesti�n con base en el art�culo 123 constitucional.

  13. Que es incorrecto el argumento de la Junta respecto a que la garant�a social contemplada en el art�culo 123 s�lo opera en los supuestos del art�culo 110, fracci�n I, de la Ley Federal del Trabajo, pues la C.�n no establece limitaci�n alguna, por lo que no requiere ser reglamentada.

    El Tribunal Colegiado en relaci�n con tales argumentos consider�:

    1. Que debe desestimarse el segundo concepto de violaci�n referente a que la excepci�n de incompetencia se decidi� hasta la emisi�n del laudo, pues en autos obra la interlocutoria de veintiocho de enero de dos mil dos, en que se resolvi� esta excepci�n de previo y especial pronunciamiento.

    2. En ese mismo sentido, se�al� que no existe la incongruencia acusada entre el primero y segundo considerandos, pues en autos est� admitida la existencia de un nexo laboral entre los contendientes, lo que evidentemente da competencia a la Junta para resolver el asunto, y que la valoraci�n de las pruebas, en especial las constancias del juicio civil, contienen una imprecisi�n al haber dicho que es incompetente para estudiarla, lo cual no modifica el sentido del fallo.

    3. En otro aspecto, consider� infundado el tercer concepto de violaci�n atento que de la interpretaci�n gramatical e hist�rica del art�culo 123, fracci�n XXIV, apartado A, de la C.�n Federal deriv� que:

      1. Cuando el Constituyente se refiere a las deudas de los trabajadores contra�das con los patronos, familiares o intermediarios se�ala con atingencia que son aquellas que se generen "por razones de trabajo".

      2. El Constituyente fue congruente en no se�alar los casos que deb�an considerarse deudas del trabajador, por lo que dej� al legislador ordinario autor de la Ley Federal del Trabajo el se�alamiento de aqu�llos.

      3. Y que el Constituyente estableci� tres principios fundamentales en torno al tema que nos ocupa:

      ?Primero. La responsabilidad del mismo trabajador de las deudas contra�das con su patr�n;

      ?S.undo. La prohibici�n categ�rica, imperativa y absoluta de que dichas deudas pudieran exigirse a los miembros de su familia; y,

      ?Tercero. Que dichas deudas no podr�n ser exigidas al trabajador por la cantidad excedente del sueldo de un mes.

      Que, en consecuencia, las deudas a que alude el precepto constitucional en consulta son exclusivamente las que derivan de los art�culos 110 y 111 de la Ley Federal del Trabajo, de donde se sigue que la deuda materia del juicio laboral no encuadra en ninguno de tales supuestos.

    4. Que tales preceptos legales no se oponen al texto del art�culo 123, sino que s�lo lo reglamentan atendiendo a su or�gen y esp�ritu.

      V.R.� que si bien entre los contendientes existe un v�nculo laboral, lo cierto es que la naturaleza del convenio es ajena a la laboral, porque no todas las deudas que surjan entre los trabajadores ypatrones son de �ndole laboral, que bajo ese entendido el convenio suscrito por las partes el primero de agosto de mil novecientos noventa, es de naturaleza ajena a la laboral, ya que hist�ricamente est� comprobado que existen diversas relaciones entre patrones y trabajadores que no se ubican en el �mbito laboral por no referirse a los supuestos de los art�culos 110 y 111 de la Ley Federal del Trabajo, como la p�rdida de dinero por parte del obrero, pago de lo indebido o enriquecimiento sin causa, pues incluso respecto al primer supuesto la Suprema Corte ya determin� que debe pagarse �ntegramente.

      Se�al� que no era obst�culo el que en el caso se hubiera pactado que el pago mensual por el pr�stamo no deb�a exceder del 20% del ingreso neto del obrero para estimarse deuda laboral, aun cuando se causen intereses, en virtud de que debe atenderse a la causa generadora de la obligaci�n y a la naturaleza del contrato que prev� la forma de pago, sin que deba atenderse a la denominaci�n que se d� al contrato o a la calidad de quienes lo suscriben, siendo que en el caso no est� probado que la causa generadora del pr�stamo fuera laboral.

      En contra de esa determinaci�n la parte quejosa interpuso recurso de revisi�n a trav�s de dos escritos, en el primero de los cuales luego de justificar la procedencia del recurso aduciendo que tiene por objeto el realizar la interpretaci�n directa del art�culo 123, apartado A, fracci�n XXIV, constitucional y 13 transitorio que lo rige, atribuye al Tribunal Colegiado del conocimiento que:

      1o. No abord� la interpretaci�n de la fracci�n XXVII, inciso h), del apartado A, del art�culo 123 constitucional del que depende la procedencia de las acciones ejercidas en el juicio laboral y porque adem�s interpret� incorrectamente las fracciones XX y XXIV del propio precepto magno.

      2o. Que el Tribunal Colegiado estim� que no reclam� la inconstitucionalidad del art�culo 110 de la Ley Federal del Trabajo, lo que s� se hizo al haber se�alado que tiene predominio el art�culo 123, apartado A, fracciones XXIV y XXVII, sobre ese precepto.

      3o. Que el hecho de que la Junta desechara la excepci�n de incompetencia por raz�n de la materia opuesta por la patronal y admiten la competencia para dirimir el conflicto planteado, admiti� que la deuda que tiene con su patr�n derivada del convenio exhibido al juicio natural es de �ndole laboral y no civil, pues en todo caso debi� seguir el curso del planteamiento de la incompetencia propuesta como excepci�n dilatoria, que en todo caso la actitud de la Junta entra�a revocaci�n de sus propias determinaciones.

      4o. Que el colegiado interpret� err�neamente la fracci�n XX del art�culo 123, apartado A, ya que dijo que la Junta es competente para dirimir un asunto civil, de ah� que la decisi�n de la Junta de declararse competente con base en ese magno precepto y luego absolver porque el contrato es civil sea incorrecta. Que al haber desestimado la excepci�n de incompetencia por raz�n de la materia impl�citamente admiti� la naturaleza de la deuda que contrajo con el patr�n de modo que s�lo en aplicaci�n del art�culo 123, fracci�n XXIV, apartado A, debi� declarar su nulidad, pues reiter� que de no ser as� ello se traduce en la revocaci�n de sus propias determinaciones.

      5o. Que el colegiado confunde el alcance de la fracci�n XX del apartado A del art�culo 123 constitucional, pues hay que atender a los elementos subjetivos y objetivos que se presenten en un conflicto, el primero derivado del nexo de los contendientes y el segundo referido a la materia de la acci�n ejercida, siendo que dependiendo del resultado de la �ltima puede dar lugar a la incompetencia constitucional dependiendo de la naturaleza del conflicto, de ah� que en congruencia con la interlocutoria en que sostuvo su competencia la Junta debi� autom�ticamente declarar que la deuda que tiene con su patr�n es de las previstas en el art�culo 123 constitucional, y declarar como consecuencia su nulidad, naturaleza que se corrobora ante el porcentaje m�ximo que mensualmente se oblig� a pagar.

      6o. Que el Tribunal Colegiado fij� una interpretaci�n err�nea de la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, la cual realiza de la referencia hist�rica del origen en ese magno precepto, desprendiendo que el Constituyente no incluy� en ese beneficio social a todas las deudas sino s�lo las �ntimamente vinculadas con el nexo laboral.

      7o. Que el colegiado indebidamente se remite a lo que la Ley Federal del Trabajo establece en cuanto a las deudas de los trabajadores pese a que �l s�lo pidi� que se aplicara el art�culo 123 donde no hay distinciones ni limitantes, lo cual lo condujo a estimar que la deuda que tiene con su patr�n no es de las previstas en esas disposiciones jur�dicas, ya que el convenio se suscribi� para obtener un cr�dito con el consentimiento expreso y no viciado del quejoso cuyo cr�dito se otorg� en su beneficio y no en su perjuicio.

      8o. Que el colegiado concluye que no hay oposici�n entre el art�culo 123 constitucional y el 110, ya que ambos se complementan y que el quejoso no hizo valer ese aspecto de inconstitucionalidad.

      9o. Que el art�culo 123, fracci�n XXIV en comento, jam�s ha sido modificada porque los cambios contenidos en la ley de mil novecientos treinta y uno y la de mil novecientos setenta respecto a los art�culos 34, 91, que luego pasara a ser el 110 de la vigente, puedan provocar la derogaci�n del texto constitucional en el que nunca se han impuesto limitaciones a esta garant�a social.

      10o. Que si en la Ley Federal del Trabajo no se contemplan hip�tesis referentes a las deudas contra�das por los trabajadores con sus patrones, las cuales por disposici�n constitucional deben estar limitadas en su monto hasta por un mes de sueldo, pues al respecto el Dr. M. de la Cueva sostuvo que la hip�tesis de la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional era diversa a la contemplada por el entonces art�culo 91 de la Ley Federal del Trabajo de mil novecientos treinta y uno que actualmente corresponde al 110, el cual debe interpretarse en el sentido de que no elimina la garant�a social prevista en la norma constitucional.

      11o. Que el convenio de pr�stamo patrimonial de primero de agosto de mil novecientos noventa cre� una deuda de la misma naturaleza que la del art�culo 110, fracci�n I, de la Ley Federal del Trabajo reconoce como anticipo de salario, por lo que de todas formas no se le debe exigir m�s de un mes de sueldo para su pago.

      12o. Que la expresi�n "contra�dos" prevista en la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123, se debe interpretar en su sentido literal y etimol�gico, y desprender que significa contratar, de modo que tambi�n las deudas contratadas entre trabajadores y patrones quedan incluidas en los beneficios de este precepto, entre ellos, su no exigibilidad por un monto superior a un mes de sueldo, por lo que el pacto en contrario es nulo acorde con la diversa fracci�n XXVII, inciso h), del precepto y apartado en comento, por lo que reiter� que la exclusi�n del beneficio social en el art�culo 110 de la Ley Federal del Trabajo de mil novecientos setenta, es inconstitucional.

      13o. Que no es verdad que el Constituyente hubiera autorizado al legislador ordinario para reglamentar y menos a�n para restringir el beneficio de ese comento, pues de haber sido esa la intenci�n hubiera procedido en id�nticos t�rminos como lo hizo con la fracci�n XXII del propio precepto y apartado de dejar expresamente al legislador ordinario fijar los supuestos de excepci�n del derecho a la estabilidad en el empleo.

      14o. Que la interpretaci�n relacionada del art�culo 123, apartado A, fracci�n XXII, constitucional, que hizo el colegiado conduce a una conclusi�n err�nea, pues de ser as�, los anticipos de sueldo no entrar�an dentro del concepto de deudas por raz�n del trabajo; que adem�s el nacimiento de una obligaci�n de pago del trabajador al patr�n no siempre deriva de su voluntad, como ocurre con los errores, p�rdidas, aver�as o pagos hechos en exceso donde no concurre la anuencia del obrero, de ah� que la interpretaci�n que debe darse al precepto constitucional debe ser en el sentido de que las deudas contra�das derivan de la voluntad de ambas partes, por lo que necesariamente se alude a los pr�stamos.

      15o. Que es equivocada la apreciaci�n del Tribunal Colegiado al se�alar que como el convenio patrimonial se realiz� con el pleno consentimiento no viciado del trabajador donde se le otorg� un beneficio, lo cual adem�s de subjetivo no exime del cumplimiento del art�culo 123, apartado A, fracci�n XXIV, constitucional, que limita a un mes de sueldo sin intereses, por lo que con su proceder se viola el art�culo 123 constitucional, al no atender las previsiones de las normas constitucionales.

      Dentro del t�rmino legal, como ya se explic�, el recurrente present� escrito adicionando los agravios anteriores, donde expuso lo siguiente:

      1o. Que el Tribunal Colegiado no debi� interpretar de manera correlacionada los art�culos 123, apartado A, fracci�n XXIV, constitucional y el 13 transitorio, pues aparte de que este �ltimo dej� de tener vigencia al iniciar la del texto constitucional, lo cierto es que se refieren a situaciones distintas, esto es, la norma transitoria regula s�lo las deudas contra�das por raz�n del trabajo, mientras que el art�culo 123 se refiere a cualquier deuda, no s�lo las originadas por raz�n del trabajo, m�xime que este precepto jam�s alude a la limitaci�n que s� contempla la norma de tr�nsito.

      2o. Reitera que el Constituyente en forma alguna reserv� la regulaci�n y menos la limitaci�n de las garant�as sociales previstas en el art�culo 123 constitucional.

      De lo antes rese�ado se infiere que el Tribunal Colegiado al resolver el amparo directo del que este toca deriva hizo la interpretaci�n hist�rica y sistem�tica del art�culo 123, apartado A, fracci�n XXIV, de la C.�n Federal, lo que es bastante para que se considere procedente el recurso que se intenta.

QUINTO

Los agravios antes sintetizados son infundados en parte e inoperantes en otra, en la medida que m�s adelante se expondr�, los que por cuesti�n t�cnica se analizan en forma distinta a la expuesta.

De los antecedentes narrados destaca que en la sentencia recurrida el Tribunal Colegiado realiz� la interpretaci�n hist�rica y sistem�tica del art�culo 123, apartado A, fracci�n XXIV, de la C.�n Federal, de la que deriv� que en este precepto constitucional �nicamente est�n comprendidas las deudas de los trabajadores contra�das con su patr�n que deriven de manera directa del nexo laboral. En tales condiciones concluy� el referido �rgano jurisdiccional que como el convenio y t�tulo de cr�dito cuya nulidad se pidi� en el juicio natural no derivan de una deuda contra�da en raz�n del trabajo, sino de un adeudo de naturaleza civil, se�al� que deb�a negarse el amparo.

Bajo esa premisa, esta S.unda S. se abocar�, en primer t�rmino, a determinar el alcance de la previsi�n contemplada en el art�culo 123, apartado A, fracci�n XXIV y d�cimo tercero transitorio de la C.�n Federal, pues de su resultado depende lo fundado o no del resto de los planteamientos.

Como punto de partida debe reproducirse el texto de los art�culos 123, apartado A, fracci�n XXIV y d�cimo tercero transitorio de la C.�n Federal.

C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

"Art�culo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente �til; al efecto, se promover�n la creaci�n de empleos y la organizaci�n social para el trabajo, conforme a la ley.

"El Congreso de la Uni�n, sin contravenir a las bases siguientes deber� expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regir�n:

"A. Entre los obreros, jornaleros, empleados dom�sticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

"...

XXIV. De las deudas contra�das por los trabajadores a favor de sus patronos, de sus asociados, familiares o dependientes, s�lo ser� responsable el mismo trabajador, y en ning�n caso y por ning�n motivo se podr� exigir a los miembros de su familia, ni ser�n exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en un mes.

Art�culo transitorio.

"Art�culo 13. Quedan extinguidas de pleno derecho las deudas que por raz�n de trabajo hayan contra�do los trabajadores, hasta la fecha de esta C.�n, con los patronos, sus familiares o intermediarios."

De las consideraciones expuestas por el Tribunal Colegiado destaca que dicho �rgano jurisdiccional se�al� que las deudas a que alude la disposici�n constitucional reproducida en primer t�rmino son las generadas en raz�n del trabajo, lo cual deriv� de la interpretaci�n hist�rica que del precepto magno hizo.

Al respecto esta S.unda S. considera que es correcta la conclusi�n a que arrib� el tribunal de amparo pues, ciertamente, del an�lisis hist�rico del referido precepto legal deriva que las deudas que regula son aquellas que derivan de manera directa del nexo laboral y no cualquier obligaci�n que tengan los trabajadores hacia sus patrones que puedan generar un derecho crediticio a favor de los �ltimos.

En efecto, el art�culo 82 de la Ley Federal del Trabajo define al salario como ?la retribuci�n que debe pagar el patr�n al trabajador por su trabajo?, el cual acorde con el diverso art�culo 84 de la propia legislaci�n "se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitaci�n, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestaci�n que se entregue al trabajador por su trabajo."

Sobre este tema de la integraci�n salarial conviene tener presente el contenido de la jurisprudencia 557 de la Cuarta S., publicada en el Tomo V, p�ginas 453 y 454 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, que dice:

"SALARIO. PRESTACIONES QUE LO INTEGRAN. De los t�rminos del art�culo 85 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende claramente que el salario no consiste �nicamente en la cantidad de dinero que en forma peri�dica y regular paga el patrono al trabajador, sino que adem�s de esa prestaci�n principal, est�n comprendidas en el mismo, todas las ventajas econ�micas establecidas en el contrato, en favor del obrero."

(Aun cuando el anterior criterio est� referido al art�culo 85 de la Ley Federal del Trabajo en su texto anterior a la reforma que entr� en vigor en el a�o de mil novecientos setenta, que es la vigente, se destaca que el criterio continua siendo aplicable en la actualidad pues la f�rmula "todas las ventajas econ�micas" subsiste en la actual expresi�n del numeral 84 "cualquier prestaci�n que se entregue al trabajador por su trabajo").

El salario de los trabajadores constituye la fuente principal de subsistencia de �stos y su familia, por ello el legislador ha procurado mecanismos para su defensa, pues hist�ricamente se corroboran los m�ltiples abusos de los patronos que imped�an por distintos medios que el numerario pagado como salario llegara completo a su destino, entre otros casos, cuando los trabajadores se ve�an obligados a comprar en las tiendas de raya art�culos de primera necesidad que les vend�an sus patrones a precios elevados y que los obreros irremediablemente ten�an que consumir, provocando el menoscabo de su percepci�n y el endeudamiento con el empleador, que en la mayor�a de las veces era trasmitido a los familiares de los trabajadores aun despu�s de su muerte. Todos estos acontecimientos hist�ricos propiciaron que el legislador estipulara reglas de defensa del salario no s�lo contra el patr�n, sino tambi�n contra los acreedores del trabajador.

Diversas a esas reglas de protecci�n al salario fueron recogidas otras por el art�culo 123 constitucional, entre ellas, la contemplada en la fracci�n X, que exige que el salario se pague en efectivo y en moneda de curso legal; de ah� la prohibici�n de hacerlo en mercanc�a o cualquier signo representativo; otra porci�n normativa que constituye protecci�n al salario del obrero deriva de la previsi�n contemplada en la fracci�n XXVII del propio art�culo 123, donde se establecen diversas prohibiciones como las referentes a que se estipule como lugar de pago un sitio de recreo, as� como un caf�, taberna, cantina o tienda; as� tambi�n la de fijar un lugar determinado para realizar compras, las de retener el salario por concepto de multas. Por otra parte, la fracci�n XXIV, que es la que interesa a este estudio, establece que: "De las deudas contra�das por los trabajadores a favor de sus patronos, de sus asociados, familiares o dependientes, s�lo ser� responsable el mismo trabajador, y en ning�n caso y por ning�n motivo se podr� exigir a los miembros de su familia, ni ser�n exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en un mes."

Ahora bien, el origen de esta previsi�n se encuentra en el art�culo 5o. del proyecto de C.�n de V.C., cuyo dictamen fue retirado para volver a presentarse en forma de estudio completo y definitivo con posterioridad, entonces se abarc� lo que ser�an las bases tanto del art�culo 5o. como del nuevo numeral 123 constitucionales, los cuales conformar�an las decisiones fundamentales para normar la legislaci�n laboral.

El trece de enero de mil novecientos diecisiete fue presentado el proyecto de reformas al art�culo 5o. de la C.�n de mil ochocientos cincuenta y siete, as� como las bases constitucionales sobre la materia obrera, en los siguientes t�rminos:

Los que subscribimos, diputados al Congreso Constituyente, tenemos el honor de presentar a la consideraci�n de �l un proyecto de reformas al art�culo 5o. de la Carta Magna de 1857 y unas bases constitucionales para normar la legislaci�n del trabajo de car�cter econ�mico en la Rep�blica. Nuestro proyecto ha sido estudiado detenidamente, siguiendo un plan trazado por el C. Diputado ingeniero P.R., en uni�n del se�or general y licenciado J.I.L., jefe de la Direcci�n del Trabajo de la Secretar�a de Fomento, Colonizaci�n e Industria. Creemos por dem�s encarecer a la sabidur�a de este Congreso Constituyente la alta importancia de plantear en nuestra legislaci�n los problemas relacionados con el contrato de trabajo, toda vez que una de las aspiraciones m�s leg�timas de la Revoluci�n constitucionalista ha sido la de dar satisfacci�n cumplida a las urgentes necesidades de las clases trabajadores del pa�s, fijando con precisi�n los derechos que les corresponden en sus relaciones contractuales contra el capital, a fin de armonizar, en cuanto es posible, los encontrados intereses de �ste y del trabajo, por la arbitraria distribuci�n de los beneficios obtenidos en la producci�n, dada la desventajosa situaci�n en que han estado colocados los trabajadores manuales de todos los ramos de la industria, el comercio, la miner�a y la agricultura. Por otra parte, las ense�anzas provechosas que nos han dado los pa�ses extra�os, acerca de las favorables condiciones en que se desarrolla su prosperidad econ�mica, debido a las reformas sociales implantadas con prudencia y acierto, bastan a justificar la iniciativa a que nos venimos refiriendo para que sea llevada a feliz efecto en esta ocasi�n y se llene el vac�o existente en nuestros c�digos, definiendo exactamente la naturaleza del de trabajo, para mantener el equilibrio deseado en las relaciones jur�dicas de trabajadores y patronos, subordinadas a los intereses morales de la humanidad en general y de nuestra nacionalidad en particular, que demandan la conservaci�n de la especie y el mejoramiento de su cultura en condiciones de bienestar y de seguridad apetecibles. En consecuencia, es incuestionable el derecho del Estado a intervenir como fuerza reguladora en el funcionamiento del trabajo del hombre, cuando es objeto de contrato, ora fijando la duraci�n mixta que debe tener como l�mite, ora se�alando la retribuci�n m�xima que ha decorresponderle, ya sea por unidad de tiempo o en proporci�n de la cantidad o calidad de la obra realizada, tanto para que en el ejercicio del derecho de libertad de contratar no se exceda con perjuicio de su salud y agotamiento de sus energ�as, estipulando una jornada superior a la debida, como para que tampoco se vea obligado por la miseria a aceptar un jornal exiguo que no sea bastante a satisfacer sus necesidades normales y las de su familia, sin parar mientes en que los beneficios de la producci�n realizada con su esfuerzo material permiten, en la generalidad de los negocios, hacer una remuneraci�n liberal y justa a los trabajadores. En los �ltimos tiempos ha evolucionado notablemente el contrato del trabajo, en relaci�n con el progreso de las instituciones que tienden a borrar las odiosas desigualdades entre las castas de la humana especie, tan marcadamente se�aladas en la antig�edad con los reg�menes de la esclavitud y de la nobleza. En el contrato de trabajo, considerado hasta hace pocos d�as como una de las modalidades del contrato de arrendamiento, en el que se entend�a por cosa el trabajo humano, era natural que se considerase al trabajador una verdadera condici�n de siervo, ya que el trabajo no puede separarse del que lo ejecuta, y s�lo en fuerza de la costumbre, siempre dif�cil de desarraigar en un pueblo flagelado por las tiran�as de las clases privilegiadas, se han mantenido hasta hoy com�nmente esas ignominiosas relaciones entre ?amos y peones o criados?, que averg�enzan a los pueblos cultos y ofenden a la dignidad de la sociedad. Reconocer, pues, el derecho de igualdad entre el que da y el que recibe el trabajo, es una necesidad de la justicia y se impone no s�lo el aseguramiento de las condiciones humanas del trabajo, como las de salubridad de locales, preservaci�n moral, descanso hebdomadario, salario justo y garant�as para los riesgos que amenacen al obrero en el ejercicio de su empleo, sino fomentar la organizaci�n de establecimientos de beneficencia e instituciones de previsi�n social, para asistir a los enfermos, ayudar a los inv�lidos, socorrer a los ancianos, proteger a los ni�os abandonados y auxiliar a ese gran ej�rcito de reserva de trabajadores parados involuntariamente, que constituyen un peligro inminente para la tranquilidad p�blica. Sabido es c�mo se arreglaban las desavenencias surgidas entre los patronos y los trabajadores del pa�s: Se impon�a en todo caso la omn�moda voluntad de los capitalistas, por el incondicional apoyo que les brindaba el poder p�blico; se despreciaba en acervo cuando se atrev�an a emplear medios colectivos para disputar un modesto beneficio a los opulentos burgueses. Los c�digos poco hablan de la prestaci�n de servicios y, consecuentes con los principios seculares que los inspiraron, se desentienden de la manifiesta inferioridad del trabajador respecto del principal, al celebrar los contratos correspondientes. Hoy es preciso legislar sobre esta materia y cuidar de que la ley sea observada y que las controversias sean resueltas por organismos adecuados, para que no sean interminables y onerosas las diligencias: La conciliaci�n y el arbitraje satisfacen mejor que la intervenci�n judicial esta necesidad, desde todos los puntos de vista que se considere este problema. La facultad de asociarse est� reconocida como un derecho natural del hombre, y en caso alguno es m�s necesaria la uni�n que entre los individuos dedicados a trabajar para otro por un salario, a efecto de uniformar las condiciones en que se ha de prestar el servicio y alcanzar una retribuci�n m�s equitativa. Uno de los medios eficaces para obtener el mejoramiento apetecible por los trabajadores cuando los patronos no acceden a sus demandas, es el cesar en el trabajo colectivamente (huelga) y todos los pa�ses civilizados reconocen este derecho a los asalariados cuando lo ejercitan sin violencia. En nuestro proyecto va incluida una novedad que puede sorprender a los que desconocen las circunstancias que concurren en los centros de trabajo de la Rep�blica, donde ha habido invariablemente la funesta tienda de raya, trampa inexorable en la que eran cogidos los trabajadores, perdiendo no s�lo el fruto que les pertenec�a por el sudor de su frente, sino hasta su libertad y sus derechos pol�ticos y civiles y encadenando por una delincuente y abominable pr�ctica seguida en las administraciones patronales, a sus infelices descendientes, con las enormes deudas que pesaban sobre aqu�llos y que aumentaban en raz�n directa del tiempo o duraci�n de la servidumbre. La justicia exige que no sean reconocidos semejantes cr�ditos provenientes de suministros de mercanc�as de mala calidad y apreciadas a un tipo exorbitante, para esclavizar a un hombre cuyo trabajo, vilmente retribuido, enriquec�a extraordinariamente al amo; la ley debe ser rigurosa en esa tard�a reparaci�n, declarando extinguidas las deudas que los trabajadores, por raz�n de trabajo, hayan contra�do con los principales o sus intermediarios y, aunque sea una redundancia, prohibir que las deudas futuras de esta �ndole, en ning�n caso y por ning�n motivo podr�n exigirse a los miembros de su familia. No tenemos la pretensi�n de que nuestro estudio sea un trabajo acabado y mucho menos de que venga a aliviar por completo los penosos males sociales que afligen a nuestro pa�s, el que, teniendo grandes recursos naturales para prometerse un porvenir envidiable de bienestar y prosperidad, ha tropezado con obst�culos en su desenvolvimiento econ�mico y est� perdiendo una riqueza considerable con la emigraci�n creciente de los trabajadores a la vecina Rep�blica, entre otras causas, por la carencia de una saludable legislaci�n sobre el trabajo. Nos satisface cumplir con un elevado deber como �ste, aunque estemos convencidos de nuestra insuficiencia, porque esperamos que la ilustraci�n de esta honorable asamblea perfeccionar� magistralmente el proyecto y consignar� atinadamente en la C.�n Pol�tica de la Rep�blica las bases para la legislaci�n del trabajo, que ha de reivindicar los derechos del proletariado y asegurar el porvenir de nuestra patria. Art�culo 5o. Nadie podr� ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribuci�n y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial. En cuanto a los servicios p�blicos, s�lo podr�n ser obligatorios, en los t�rminos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas, los de jurado y los cargos de elecci�n popular, y obligatorias y gratuitas, las funciones electorales. El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ning�n contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la p�rdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educaci�n o de voto religioso. La ley, en consecuencia, no reconoce �rdenes mon�sticas ni puede permitir su establecimiento, cualquiera que sea la denominaci�n u objeto con que pretendan erigirse. Tampoco puede admitirse convenio en el que el hombre pacte su proscripci�n o destierro, o en el que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesi�n, industria o comercio. El contrato de trabajo s�lo obligar� a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un a�o en perjuicio del trabajador, y no podr� extenderse en ning�n caso a la renuncia, p�rdida o menoscabo de cualquiera de los derechos pol�ticos y civiles. La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, s�lo obligar� a �ste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ning�n caso pueda hacerse coacci�n sobre su persona. T�tulo VI. Del trabajo. Art�culo ... El Congreso de la Uni�n y las Legislaturas de los Estados, al legislar sobre el trabajo de car�cter econ�mico, en ejercicio de sus facultades respectivas, deber�n sujetarse a las siguientes bases: I. La duraci�n de la jornada m�xima ser� de ocho horas en los trabajos de f�bricas, talleres y establecimientos industriales, en los de miner�a y trabajos similares, en las obras de construcci�n y reparaci�n de edificios, en las v�as ferrocarrileras, en las obras de los puertos, saneamientos y dem�s trabajos de ingenier�a, en las empresas de transporte, faenas de carga y descarga, labores agr�colas, empleos de comercio y en cualquiera otro trabajo que sea de car�cter econ�mico; II. La jornada de trabajo nocturno ser� una hora menor que la diurna, y estar� absolutamente prohibida, de las diez de la noche a las seis de la ma�ana, para la mujeres en general y para los j�venes menores de diez y seis a�os, en las f�bricas, talleres industriales y establecimientos comerciales; III. Los j�venes mayores de doce a�os y menores de diez y seis, tendr�n como jornada m�xima la de seis horas. El trabajo de los ni�os menores de doce a�os no podr� ser objeto de contrato; IV. Para cada seis d�as de trabajo deber� disfrutar el operario de un d�a de descanso cuando menos; V. Las mujeres, durante los tres meses anteriores al parto, no desempe�ar�n trabajos f�sicos que exijan esfuerzo material considerable. En el mes siguiente al parto, disfrutar�n forzosamente de descanso, debiendo percibir su salario �ntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por su contrato. En el periodo de la lactancia tendr�n dos descansos extraordinarios por d�a, de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos; VI. El salario m�nimo que deber� disfrutar el trabajador ser� el que se considere bastante, atendiendo a las condiciones de cada regi�n, para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educaci�n y sus placeres honestos, consider�ndolo como jefe de familia; VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad; VIII. El salario m�nimo quedar� exceptuado de embargo, compensaci�n o descuento; IX. La fijaci�n del tipo de salario m�nimo se har� por comisiones especiales que se formar�n en cada Municipio, subordinadas a la Junta Central de Conciliaci�n, que se establecer� en cada Estado; X. El salario deber� pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido verificarlo con mercanc�as, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda; XI. Cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de jornada, se abonar� como salario, por el tiempo excedente, un ciento por ciento m�s los fijados para las horas normales. En ning�n caso el trabajo extraordinario podr� exceder de tres horas ni de tres d�as consecutivos. Los hombres menores de diez y seis a�os y las mujeres de cualquier edad, no ser�n admitidos en esta clase de trabajos; XII. En toda negociaci�n agr�cola, industrial, minera o cualquiera otro centro de trabajo, que diste m�s de dos kil�metros de los centros de poblaci�n, los patronos estar�n obligados a proporcionar a los trabajadores habitaciones c�modas e higi�nicas, por las que podr�n cobrar rentas que ser�n equitativas. Igualmente, deber�n establecer escuelas, enfermer�as y dem�s servicios necesarios a la comunidad; XIII. Adem�s, en estos mismos centros de trabajo, cuando su poblaci�n exceda de doscientos habitantes, deber� reservarse un espacio de terreno, que no ser� menor de cinco mil metros cuadrados, para el establecimiento de mercados p�blicos, instalaci�n de edificios destinados a los servicios municipales y centros recreativos; XIV. Los empresarios ser�n responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridos con motivo o en ejercicio de la industria o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos deber�n pagar la indemnizaci�n correspondiente, seg�n que haya tra�do como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistir� aun en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario; XV. El patrono estar� obligado a observar, en la instalaci�n de sus establecimientos, los preceptos legales sobre higiene y salubridad y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las m�quinas, instrumentos y materiales de trabajo, bajo las penas que al efecto establezcan las leyes; XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendr�n derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc.; XVII. Las leyes reconocer�n como un derecho de los obreros y de los patronos las huelgas y los paros; XVIII. Las huelgas ser�n l�citas cuando, empleando medios pac�ficos, lleven por objeto conseguir el equilibrio entre los factores capital y trabajo, para realizar la justa distribuci�n de los beneficios. En los servicios de inter�s p�blico, ser� obligatorio para los huelguistas dar aviso con diez d�as de anticipaci�n, al Consejo de Conciliaci�n y Arbitraje, del acuerdo relativo a la suspensi�n del trabajo; XIX. Los paros ser�n l�citos �nicamente cuando el exceso de producci�n haga necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un l�mite costeable, previa aprobaci�n del Consejo de Conciliaci�n y Arbitraje; XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetar�n a la decisi�n de un Consejo de Conciliaci�n y Arbitraje, formado por igual n�mero de representantes de los obreros y de los patronos y uno del gobierno; XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado a virtud del escrito de compromiso, se dar� por terminado el contrato de trabajo y quedar� obligado a indemnizar al obrero, con el importe de tres meses de salario, adem�s de la responsabilidad que le resulte del conflicto; XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociaci�n o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga l�cita, estar� obligado, a elecci�n del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. Igualmente tendr� esta obligaci�n cuando el obrero se retire del servicio por falta de probidad de parte del patrono o por recibir de �l malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su c�nyuge, descendientes, ascendientes o hermanos. El patrono no podr� eximirse de esta responsabilidad cuando los malos tratamientos provengan de dependientes que obren con el consentimiento o tolerancia de �l; XXIII. Los cr�ditos de los trabajadores que se les aluden por salarios o sueldos devengados en el �ltimo a�o, y por indemnizaciones, tendr�n preferencia sobre cualesquiera otros, en los casos de concurso o de quiebra; XXIV. De las deudas contra�das por los trabajadores en favor de sus patronos o de sus asociados o dependientes, s�lo ser� responsable el mismo trabajador, y en ning�n caso y por ning�n motivo se podr�n exigir a los miembros de su familia; XXVI. Ser�n condiciones nulas y no obligar�n a los contrayentes, aunque se expresen en el contrato: a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la �ndole del trabajo. b) Los que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de los Consejos de Conciliaci�n y Arbitraje. c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepci�n del jornal. d) Las que se�alen un lugar de recreo, fonda, caf�, taberna, cantina o tienda para efectuar el pago de salario, cuando no se trate de empleados en esos establecimientos. e) Las que entra�en obligaci�n directa o indirecta de adquirir los art�culos de consumo en tiendas o lugares determinados. f) Las que permitan retener el salario en concepto de multa. g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tenga derecho por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato o despido de la obra. h) Todas las dem�s estipulaciones que impliquen renuncia de alg�n derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protecci�n y auxilio a los trabajadores. XXVII. Se considera de utilidad social: El establecimiento de cajas de seguros populares de invalidez, de vida, de cesaci�n involuntaria de trabajo, de accidentes y de otras con fines an�logos, por lo cual, tanto el Gobierno Federal como el de cada Estado, deber� fomentar la organizaci�n de instituciones de esta �ndole, para infundir e inculcar la previsi�n popular, y XXVIII. Asimismo, ser�n consideradas de utilidad social, las sociedades cooperativas para la construcci�n de casas baratas e higi�nicas destinadas a los trabajadores, cuando �stos las adquieran en propiedad en un plazo determinado. C.�n y reformas. Q.�taro de A., a 13 de enero de 1917. P.R.. V.E.G.�ngora. E.B.C.�n. L.M.R.. D.Z.. R. de los R�os. S.D.. J.�s de la Torre. Conforme en lo general: C.G.. S. de los Santos. J.N.M.�as. P.A.C.. J.� �lvarez. H.J.. E.M.F.. A.T.R.A.G.�rrez. R.M.�nez de E.. A.A.. D.B.I.. E.O.. S.C.��n. R�bricas.

El proyecto de reformas antes transcrito fue turnado a la Primera Comisi�n de C.�n para su estudio y dictamen, la que realiz� algunas modificaciones y adiciones como se advierte del dictamen presentado en la sesi�n celebrada el veintitr�s de enero de mil novecientos diecisiete que, en lo que interesa, dice:

"Ciudadanos diputados: En su primer dictamen sobre el art�culo 5o. del proyecto de C.�n, la comisi�n crey� oportuno proponer se incluyeran ... algunas restricciones a la libertad absoluta del trabajo, por ser ellas de tal manera necesarias para la conservaci�n del individuo y de la raza, que pueden fundarse en el mismo principio que sirve de base a las garant�as individuales: El derecho de la vida completa. La comisi�n se propon�a, como lo hizo constar en su dictamen, estudiar los dem�s puntos relativos al contrato de trabajo en el lugar en que tuviera amplia cabida. En el curso de los debates y despu�s de que la asamblea conoci�, en t�rminos generales, el proyecto de legislaci�n obrera elaborado minuciosamente por el ciudadano primer jefe, proyecto que comprende las diversas ideas que fueron emitidas por los diversos oradores en beneficio de la clase trabajadora, se resolvi� reunir en una secci�n constitucional las bases generales sobre el contrato de trabajo en la Rep�blica, dejando a los Estados la libertad de desarrollarlas seg�n lo exijan las condiciones de cada localidad. Un grupo de diputados trabajando independientemente de la comisi�n, ten�a a su cargo el estudio de esa materia y formul� el proyecto que impreso ha circulado entre los representantes del pueblo y que fue aprobado por un gran n�mero de ellos. En vista de tales antecedentes, la comisi�n pod�a haberse limitado ha adoptar el susodicho proyecto y presentarlo a la consideraci�n de la C�mara; pero hemos cre�do que nuestro deber exig�a que someti�ramos aqu�l a un an�lisis riguroso, para agotar el estudio de una materia tan ardua y delicada sobre la cual la comisi�n ha recibido numerosas iniciativas de diputados, corporaciones y particulares. Examinando y discutiendo ampliamente el proyecto en el seno de la comisi�n, nos parece que aqu�l re�ne en s�ntesis las ideas capitales desarrolladas en el curso de los debates, as� como las que son aceptables, de las que contienen las iniciativas antes mencionadas, haciendo solamente las modificaciones y adiciones siguientes: Proponemos que la secci�n respectiva lleve por t�tulo ?D.T. y de la Previsi�n Social?, ya que a uno y a otra se refieren las disposiciones que comprende. ... Es conveniente, para garant�a de empresario y obrero, no autorizar entre ambos el contrato de pr�stamo, o sea el anticipo a cuenta de salario, sino por el importe de �ste en un mes tal como lo proponemos por medio de una adici�n a la fracci�n XXIV. ... Por �ltimo, aunque el proyecto que estudiamos propone la extinci�n de la deuda que lostrabajadores hayan contra�do por raz�n de trabajo, con los principales o sus intermediarios, no aparece la disposici�n relativa en el cuerpo del proyecto. Presentamos, para subsanar tal omisi�n, un art�culo transitorio entre los que, con el mismo car�cter, sirven de final a la C.�n. ... En tal virtud, proponemos a esta honorable asamblea la aprobaci�n del art�culo 5o. y de la secci�n VI, en los siguientes t�rminos: ?... XXIV. De las deudas contra�das por los trabajadores a favor de sus patronos, de sus asociados, familiares o dependientes, s�lo ser� responsable el mismo trabajador y, en ning�n caso y por ning�n motivo, se podr�n exigir a los miembros de su familia, ni ser�n exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en un mes.?."

El cap�tulo de trabajo de la C.�n fue aprobado en su integridad por unanimidad del Congreso Constituyente, votando por la afirmativa un n�mero de ciento sesenta y tres diputados sin que hubiera habido modificaci�n en las fracciones XX y XXIV antes aludidas.

De las transcripciones anteriores se desprende, en lo concerniente a la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional, que no se defini� lo que deb�a entenderse por el concepto "deudas contra�das por los trabajadores a favor de su patronos"; sin embargo, de los trabajos legislativos que precedieron a la aprobaci�n de esa disposici�n de la Carta Fundamental, se desprende que la intenci�n del Constituyente fue la de prohibir que los patrones y trabajadores celebraran contratos de pr�stamo, porque en la mayor�a de los casos �stos obedec�an a la concesi�n de anticipos a cuenta de salario que provocaban el resultado de que toda la vida estuvieran endeudados los trabajadores con sus patrones, incluso, esto propici� la introducci�n de la disposici�n transitoria donde se estableci� la extinci�n de las deudas que los trabajadores hubieran contra�do por raz�n de trabajo con los patrones o con alg�n intermediario.

En efecto, en el art�culo d�cimo tercero transitorio de la C.�n Federal de mil novecientos diecisiete se dispuso lo siguiente:

Art�culo 13. Quedan extinguidas de pleno derecho las deudas que por raz�n de trabajo hayan contra�do los trabajadores, hasta la fecha de esta C.�n, con los patronos, sus familiares o intermediarios.

En otro sentido, la soluci�n de este asunto requiere tener presente el texto de los art�culos que guardan relaci�n con el concepto jur�dico aludido y que son los numerales 103, 103 bis, 110 y 111 de la Ley Federal del Trabajo que establecen lo que a continuaci�n se transcribe:

"Art�culo 103. Los almacenes y tiendas en que se expenda ropa, comestibles y art�culos para el hogar, podr�n crearse por convenio entre los trabajadores y los patrones, de una o varias empresas, de conformidad con las normas siguientes:

"I. La adquisici�n de las mercanc�as ser� libre sin que pueda ejercerse coacci�n sobre los trabajadores;

"II. Los precios de venta de los productos se fijar�n por convenio entre los trabajadores y los patrones, y nunca podr�n ser superiores a los precios oficiales y en su defecto a los corrientes en el mercado;

"III. Las modificaciones en los precios se sujetar�n a lo dispuesto en la fracci�n anterior; y

"IV. En el convenio se determinar� la participaci�n que corresponda a los trabajadores en la administraci�n y vigilancia del almac�n o tienda."

"Art�culo 103 bis. El Ejecutivo Federal reglamentar� la forma y t�rminos en que se establecer� el Fondo de Fomento y Garant�a para el Consumo de los Trabajadores, que otorgar� financiamiento para la operaci�n de los almacenes y tiendas a que se refiere el art�culo anterior y, asimismo, gestionar� de otras instituciones, para conceder y garantizar, cr�ditos baratos y oportunos para la adquisici�n de bienes y pago de servicios por parte de los trabajadores."

"Art�culo 110. Los descuentos en los salarios de los trabajadores, est�n prohibidos salvo en los casos y con los requisitos siguientes:

"I.P. de deudas contra�das con el patr�n por anticipo de salarios, pagos hechos con exceso al trabajador, errores, p�rdidas, aver�as o adquisici�n de art�culos producidos por la empresa o establecimiento. La cantidad exigible en ning�n caso podr� ser mayor del importe de los salarios de un mes y el descuento ser� el que convengan el trabajador y el patr�n, sin que pueda ser mayor del treinta por ciento del excedente del salario m�nimo;

"II.P. de la renta a que se refiere el art�culo 151 que no podr� exceder del quince por ciento del salario.

"III.P. de abonos para cubrir pr�stamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores destinados a la adquisici�n, construcci�n, reparaci�n, ampliaci�n o mejoras de casas habitaci�n o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Asimismo, a aquellos trabajadores que se les ha otorgado un cr�dito para la adquisici�n de viviendas ubicadas en conjunto habitacionales financiados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se les descontar� el 1 % del salario a que se refiere el art�culo 143 de esta ley, que se destinar� a cubrir los gastos que se eroguen por concepto de administraci�n, operaci�n y mantenimiento del conjunto habitacional de que se trate. Estos descuentos deber�n haber sido aceptados libremente por el trabajador.

"IV. Pago de cuotas para la constituci�n y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que los trabajadores manifiesten expresa y libremente su conformidad y que no sean mayores del 30% del excedente del salario m�nimo;

".P. de pensiones alimenticias a favor de la esposa, hijos, ascendientes y nietos; decretado por la autoridad competente; y

"VI.P. de las cuotas sindicales ordinarias previstas en los estatutos de los sindicatos.

"VII.P. de abonos para cubrir cr�ditos garantizados por el fondo a que se refiere el art�culo 103-bis de esta ley, destinados a la adquisici�n de bienes de consumo, o al pago de servicios. Estos descuentos deber�n haber sido aceptados libremente por el trabajador y no podr�n exceder del 20% del salario."

Art�culo 111. Las deudas contra�das por los trabajadores con sus patrones en ning�n caso devengar�n intereses.

En la exposici�n de motivos de la Ley Federal del Trabajo, en relaci�n con los art�culos antes reproducidos, dice lo siguiente:

VIII. S.rios: Las normas sobre el salario est�n divididas en tres cap�tulos: el primero contiene las disposiciones generales, el segundo, se ocupa de los salarios m�nimos y el tercero se�ala las normas protectoras del salario. El primero de los cap�tulos sigue los principios generales de la ley vigente, pero contiene diversas aclaraciones, precisiones y normas nuevas. El art�culo 82 define el salario como la retribuci�n que debe pagar el patr�n al trabajador a cambio de su trabajo. Esta definici�n uniforma la terminolog�a, por lo que el t�rmino salario es el �nico que se usa en el proyecto para determinar la retribuci�n al trabajo. El art�culo 85 recoge un clamor nacional en el sentido de que el salario debe ser remunerador y proporcionado a la cantidad y calidad del trabajo. El art�culo 84 resuelve un problema que han debatido la doctrina y la jurisprudencia y que se refiere a las prestaciones que lo integran. La definici�n que se adopt� en el proyecto reproduce la jurisprudencia uniforme de la Suprema Corte de Justicia, que comprende ejecutorias que se han dictado desde el a�o de 1934. Dicha jurisprudencia est� contenida en el Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n del a�o de 1965, Quinta Parte, Cuarta S., tesis No. 151, p�gina 143: ?De los t�rminos del art�culo 85 de la Ley Federal del Trabajo se desprende claramente que el salario no consiste �nicamente en la cantidad de dinero que en forma peri�dica y regular paga el patr�n al trabajador, sino que adem�s de esa prestaci�n principal est�n comprendidas en el mismo todas las ventajas econ�micas establecidas en el contrato en favor del obrero?. Al adoptar la definici�n del proyecto se consideraron las observaciones formuladas por algunos sectores en el sentido de que por salario deber�a entenderse, exclusivamente, la cantidad que se paga en efectivo y que todos los restantes beneficios otorgados a los trabajadores deb�an considerarse prestaciones complementarias o adicionales; esta observaci�n destruye el concepto unitario de salario y pasa por alto la jurisprudencia uniforme del m�s Alto Tribunal Judicial de la Rep�blica y la doctrina extranjera y mexicana m�s generalizada. Tampoco pudo aceptarse la interpretaci�n que formul� un sector empresarial de la fracci�n X del art�culo 123 de la C.�n, porque ese precepto se propone prohibir el sistema que consist�a en pagar la totalidad del salario con mercanc�as, vales o fichas que deb�an cambiarse en algunas ?tienda de raya?, pero en manera alguna puede considerarse que ese precepto contiene una definici�n del salario, por lo que no puede servir como base para la definici�n general ... El cap�tulo tercero comprende las normas protectoras y los privilegios del salario. Se recogieron en �l diversas disposiciones de la ley que se encontraban dispersas, pero se las complet� con los resultados de la experiencia y de la jurisprudencia: el cap�tulo comprende las medidas dirigidas a la protecci�n del salario con relaci�n al patr�n, a los acreedores del trabajador y a los acreedores del patr�n; finalmente, se adopt� alguna medida para proteger a los familiares de los trabajadores. En el primer aspecto, los art�culos 101 y 102 resolvieron una duda doctrinal y jurisprudencial: la parte del salario que debe pagarse en efectivo, que es la parte principal del mismo, no podr� pagarse nunca con mercanc�a, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. Las prestaciones en especie, como alimentos, vestido, etc., no deben ser de tal naturaleza que violen la prohibici�n que se acaba de mencionar; por esta raz�n, el art�culo 102 dispone que dichas prestaciones deben ser apropiadas a las necesidades del trabajador y de su familia y razonablemente proporcionadas al monto del salario que se pague en efectivo. Estas disposiciones derivan de un convenio de la Organizaci�n Internacional del Trabajo aprobada por el Senado de la Rep�blica. ... El art�culo 123 de la C.�n proh�be el establecimiento de lo que se llam� en el pasado las tiendas de raya. Sin embargo, la �poca moderna conoce una nueva instituci�n, que tiene por objeto, mediante la intervenci�n del patr�n y del sindicato de trabajadores, vender art�culos de consumo a precio reducido. Este sistema se ha generalizado entre los trabajadores p�blicos y funciona con �xito en numerosos centros de trabajo. El art�culo 103 acept� la instituci�n, pero la someti� a un conjunto de disposiciones para impedir que en el futuro se convierta en una fuente de abusos. La C.�n y la ley vigente confirmaron la tesis de que los salarios de los trabajadores no est�n sujetos a descuentos, sino en los casos excepcionales previstos expresamente por la ley. El art�culo 110 reuni� las normas que se relacionan con esta prohibici�n, pero a�adi� dos excepciones, impuestas por la reglamentaci�n que se hace de la obligaci�n de las empresas de proporcionar habitaciones a sus trabajadores; las excepciones, sin embargo, son relativas, porque los descuentos para pago de rentas o adquisici�n de las habitaciones, s�lo podr�n hacerse cuando sean aceptados libremente por los trabajadores. El art�culo 112 se ocupa de la protecci�n del salario en contra de los acreedores del trabajador, a cuyo efecto proh�be los embargos, salvo que se trate del pago de deudas alimenticias decretado por la autoridad competente en beneficio de la familia del trabajador. Al consignar esta excepci�n, se tom� en consideraci�n que el salario tiene como fin la satisfacci�n de las necesidades de la familia. Los art�culos 113 y 114 consignan la preferencia de los cr�ditos de trabajo: la jurisprudencia ha declarado que los salarios devengados en el �ltimo a�o y las indemnizaciones son preferentes sobre todos los cr�ditos, incluidos los que disfruten de garant�a real, los fiscales y los a favor del Instituto Mexicano del S.uro Social. El art�culo 114 reproduce una disposici�n de la ley vigente ratificada por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que los trabajadores no necesitan entrar a los concursos, quiebras, suspensi�n de pago o sucesiones para que se les paguen sus salarios. En relaci�n con la protecci�n a la familia del trabajador, el art�culo 115 recoge otra soluci�n jurisprudencial: los beneficiarios tendr�n derecho a percibir los salarios e indemnizaciones que no se hubiesen cubierto al trabajador fallecido y a ejercitar las acciones y continuar los juicios sin necesidad de abrir el juicio sucesor. ... XI. Habitaciones de los trabajadores. Una de las mayores preocupaciones del Congreso Constituyente de 1917 fue el problema de las habitaciones de los trabajadores: la casa es el local donde se forma y crece la familia y donde se educa a los hijos, de tal manera que constituye una de las condiciones primordiales para la elevaci�n de los niveles de vida de los hombres. Hablaron los diputados constituyentes de habitaciones ?c�modas e higi�nicas? que deber�an proporcionar las negociaciones agr�colas, industrias, mineras o de cualquier otra naturaleza, a sus trabajadores. La idea qued� plasmada en la fracci�n XII del art�culo 123 y se encuentra vigente, seg�n lo dispone el art�culo 9o. transitorio de la C.�n, lo que quiere decir que los trabajadores podr�an exigir, en cualquier momento, el cumplimiento de esa obligaci�n. Pero a pesar del tiempo transcurrido, el mandato constitucional no ha tenido una realizaci�n satisfactoria, si bien en algunas empresas, por acuerdos celebrados con los sindicatos, se han formulado planes para la construcci�n y adquisici�n de las habitaciones para los trabajadores, y en varias de ellas se han puesto en ejecuci�n. El Estado tiene el deber de cumplir y hacer cumplir la C.�n. Resulta sin duda alguna inconsecuente que se exija a los trabajadores el cumplimiento de las obligaciones que derivan de la prestaci�n de sus servicios, sin que, a la vez, se d� satisfacci�n a sus derechos y sin que se exija de las empresas el cumplimiento de las obligaciones que les impone la C.�n. Para el cumplimiento de la obligaci�n de las empresas se consideraron diversos sistemas y se solicit� la opini�n de las organizaciones de trabajadores y de patronos, a fin de encontrar f�rmula que a la vez que armonizara los derechos del trabajo con los del capital, no constituyera un obst�culo grave para el desarrollo y el progreso de la industria nacional. Se lleg� a la conclusi�n, en primer t�rmino de que deb�a distinguirse entre las empresas que dispusieran de habitaciones, por haberlas construido especialmente o haberlas adquirido en el centro de trabajo, de aquellas otras que no se encontraran en esa situaci�n. Respecto de las primeras, se establece en el proyecto que si el n�mero de habitaciones de que disponen es suficiente para satisfacer las necesidades de los trabajadores, su obligaci�n debe considerarse cumplida, salvo que en el futuro aumente el n�mero de los trabajadores; pero si las habitaciones no son suficientes, subsistir� la obligaci�n por el saldo que resulte. La segunda conclusi�n consiste en que no es conveniente el establecimiento de un sistema r�gido, que deba cumplirse inexorablemente, sino que es preferible un sistema flexible que tenga su base en las relaciones obrero-patronales y que permita resolver gradualmente el problema. El proyecto descansa en el principio de que los trabajadores las empresas, en los contratos colectivos o en convenios especiales, deben establecer las modalidades para el cumplimiento de las obligaciones. La experiencia de las negociaciones colectivas demuestra que los trabajadores tienen un conocimiento suficiente y la comprensi�n adecuada para determinar lo que pueden y deben exigir de las empresas. El art�culo 145, resultado de las ideas anteriores, es suficientemente el�stico, pues permite que en los convenios se determinen el n�mero de habitaciones y los plazos en que deber�n construirse, sus caracter�sticas, tales como superficie, n�mero v dimensiones de los cuartos, servicios sanitarios y de cocina y dem�s dependencias, as� como tambi�n la aportaci�n de las empresas y la forma que propongan para financiar el costo de las construcciones. El mismo art�culo 145 previene que en los convenios se determinar� si las habitaciones ser�n propiedad de la empresa, la que las dar� en arrendamiento los trabajadores, o si se trasmitir� a �stos la propiedad, en cuyo caso deber� establecerse la parte del valor de la habitaci�n, que pagar�n los trabajadores. La adopci�n del sistema a que se refieren los p�rrafos anteriores, adem�s de las razones expuestas, descansa en las consideraciones siguientes: la ya apuntada circunstancia de que la fracci�n XII del art�culo 123 est� vigente y de que faculte a los trabajadores para exigir, en cualquier momento, el cumplimiento de la obligaci�n, demuestra que los trabajadores tienen conciencia de que no ser�a posible exigir el cumplimiento total e inmediato de dicha fracci�n, lo cual quiere decir que la reglamentaci�n que se dicte tiende a regular el ejercicio de un derecho que est� vivo y que es exigible. Por otra parte, la flexibilidad del sistema y el hecho de dejar a los convenios entre los sindicatos y las empresas la proporci�n y los lapsos para que se proceda paulatinamente a la construcci�n de habitaciones, asegura la soluci�n del problema en la medida en que las posibilidades de las empresas y la necesidad de su crecimiento y progreso lo permitan. En el mismo cap�tulo se determina qui�nes son los trabajadores que tienen derecho a que se les proporcione habitaci�n: se limita a los de planta permanentes que tengan una antig�edad de un a�o, por lo menos, pues resultar�a antiecon�mico obligar a las empresas a que tengan habitaciones disponibles para trabajadores eventuales o para aquellos cuya permanencia en el trabajo sea dudosa. Los art�culos 148 y 149 determinan el orden que debe seguirse para entregar las habitaciones a los trabajadores, a medida que se construyen: el criterio fundamental es la antig�edad y en igualdad de circunstancias se preferir� a los jefes de familia y a los trabajadores sindicalizados. Por �ltimo, el proyecto considera la hip�tesis de que las habitaciones permanezcan en propiedad de la empresa para ser arrendadas a los trabajadores. En varios de los art�culos se fijan las obligaciones y derechos de la empresa arrendataria y los de los trabajadores. ...

El art�culo 110 de la Ley Federal del Trabajo ha sido materia de reformas en los siguientes a�os:

?Mil novecientos setenta y dos.

?Mil novecientos setenta y cuatro, y

?Mil novecientos ochenta y dos.

De las anteriores reformas por su relevancia se reproduce la iniciativa de nueve de enero de mil novecientos setenta y cuatro en que se expuso:

"Dentro de un r�gimen de justicia social es, indispensable adoptar las medidas necesarias que proteja al salario y el poder adquisitivo de los trabajadores. Debe buscarse; as�, que la adquisici�n de bienes y servicios que efect�en, tengan su m�ximo rendimiento en t�rminos de utilidad y satisfacci�n de sus necesidades sociales, materiales, culturales y educativas. La legislaci�n laboral mexicana derivada del art�culo 123 de la C.�n, establece diversas instituciones, que garantizan la obtenci�n de un salario justo y remunerador para los trabajadores y la constante mejor�a de las condiciones de vida de �stos y de sus familiares. Sin embargo, en una �poca caracterizada por constantes fluctuaciones econ�micas, no basta asegurar la obtenci�n de un salario adecuado, si no se protege simult�neamente al trabajador en sucar�cter de consumidor y no se realiza un esfuerzo institucional y contractual destinado a preservar la capacidad adquisitiva del salario.-La carencia de dispositivos id�neos impide que los trabajadores del pa�s tengan acceso al cr�dito bancario, en condiciones adecuadas, para financiar la adquisici�n de bienes de consumo duradero que, junto con su vivienda, integran el n�cleo b�sico de su patrimonio familiar.-Las reformas que se proponen a la Ley Federal del Trabajo, representan un avance doctrinario sobre la concepci�n tradicional de la protecci�n al salario. Prev�n por una parte, el establecimiento de mecanismos financieros que fomenten el desarrollo de las tiendas y almacenes a que se refiere el art�culo 103 de la ley, y pretenden liberar al trabajador de las onerosas cargas a que est� sujeto por no tener acceso normal a las fuentes institucionales de cr�dito.-Asimismo; las reformas incorporan el establecimiento de un Fondo de Fomento y Garant�a para el Consumo de los Trabajadores, a trav�s del cual se otorgar� financiamiento para la operaci�n de los almacenes y tiendas a que se ha hecho alusi�n, y fundamentalmente para garantizar cr�ditos institucionales baratos y oportunos, para la adquisici�n de bienes por parte de los trabajadores.-La operaci�n eficaz del fondo mencionado requerir� de la simplificaci�n de los procedimientos de recuperaci�n y de abatimiento de los costos de cobranza de los cr�ditos que el sistema bancario otorgue a los trabajadores.-Para ello, es indispensable establecer un mecanismo �gil, que permita construir a la fuente de trabajo, en la instancia directa de captaci�n -Previo convenio expl�cito entre las partes- de los abonos peri�dicos de los asalariados para amortizar los cr�ditos que hubieren obtenido.-Para los efectos anteriores -Se propone adicionar-, a la Ley Federal del Trabajo, con un nuevo art�culo, el 103 bis, en el que se se�ala que el Ejecutivo Federal reglamentar� la forma y t�rminos en que se establecer� un Fondo de Fomento y Garant�a para el Consumo de los Trabajadores.-Asimismo, se propone la adici�n a los art�culos 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo, de una nueva fracci�n que permita el descuento a los salarios de los trabajadores, de los abonos peri�dicos para cubrir los cr�ditos garantizados por el fondo. Consecuentemente, se propone tambi�n la adici�n al art�culo 132 del mismo ordenamiento, de un inciso correlativo a la obligaci�n patronal.-A efecto de prevenir dudas o posibles controversias, se aclara con precisi�n que este nuevo deber a cargo de los patrones, en ning�n caso significa que �stos se con viertan en deudores solidarios con los trabajadores que hayan obtenido un cr�dito a trav�s del sistema del fondo.-Adem�s, para facilitar la adquisici�n por parte de los trabajadores de los satisfactores indispensables, se propone la modificaci�n del art�culo 90 de la misma ley, para determinar la naturaleza de la pol�tica y de fomento y protecci�n a la obtenci�n de dichos satisfactores.-Finalmente, se propone reformar el art�culo 103 de la multicitada ley, a fin de permitir, que los trabajadores de aquellas empresas que por sus escasas dimensiones no estuvieran en posibilidad de operar expendios de los art�culos cuyo consumo es indispensable asegurar al trabajador en las mejores condiciones posibles, puedan tener acceso a ese tipo de establecimientos mediante la creaci�n de ellos, a trav�s de convenios que se celebren con varios empresarios y puedan, incluso, tener un �mbito regional de operaci�n o constituirse en beneficio de los trabajadores de una o varias ramas industriales. Para estos efectos, en la modificaci�n propuesta se mantiene la posibilidad del sistema de convenio, tanto dentro del contrato colectivo de trabajo como fuera de �ste. ..."

Del an�lisis sistem�tico de los anteriores elementos se llega a la conclusi�n de que las deudas de los obreros a favor de los patrones a que se refiere el art�culo 123, fracci�n XXIV, constitucional, son las surgidas con motivo del nexo laboral �ntimamente vinculadas con la ignominiosa explotaci�n que propiciaban las tiendas de raya, de ah� las reglas protectoras de su salario y las prestaciones que lo conforman o con las obligaciones que por diversas causas tiene que asumir el obrero a condici�n de que est�n directamente vinculadas con la relaci�n laboral; aqu� es importante no perder de vista que el art�culo 123 constitucional establece normas m�nimas protectoras de la clase trabajadora, por ello ser�a contra el esp�ritu del Constituyente pensar que cualquier nexo que surja entre quienes sostienen una relaci�n laboral tenga que ser analizado a la luz de estas normas de protecci�n, pues se reitera que dicho precepto constitucional s�lo se ocupa de regular este tipo de v�nculo y las vicisitudes que de �l puedan derivar; por ello es importante establecer si cuando un obrero genera una deuda con su patr�n la misma deriv� de dicho v�nculo o no, como lo hizo tanto el Tribunal Colegiado como la Junta del conocimiento.

Bajo estas premisas son infundados los razonamientos en los que afirma el quejoso recurrente que el Tribunal Colegiado realiz� una interpretaci�n incorrecta del art�culo 123, apartado A, fracci�n XXIV, constitucional, pues en los t�rminos ya anotados, de la interpretaci�n hist�rica y sistem�tica que del art�culo 123 constitucional y de la Ley Federal del Trabajo se desprende que la protecci�n de las deudas a que alude la fracci�n XXIV s�lo se refiere a aquellas que deriven de manera directa e inmediata del v�nculo laboral, esto es, que para que un contrato de mutuo con inter�s pactado entre los contendientes del juicio natural pudiera entrar dentro de la protecci�n de las normas tutelares del art�culo 123 constitucional ser�a necesario que se hubiera demostrado que entre el obrero y el patr�n se estipul� como prestaci�n laboral el otorgamiento de contratos de mutuo con inter�s y las condiciones bajo las que deb�a regirse, o que de existir contrato colectivo o contrato ley se hubiera estipulado esta prestaci�n u otra similar.

No es obst�culo a la conclusi�n alcanzada lo alegado por el recurrente en el sentido de que la ley reglamentaria va m�s all� de lo que establece la C.�n al limitar el tratamiento que debe darse a las deudas contra�das con la parte patronal, pues debe tenerse en cuenta que la norma constitucional s�lo da reglas b�sicas que el legislador ordinario debe desarrollar al expedir las leyes reglamentarias sin contrariarlas, lo que no ha ocurrido en el caso planteado, pues la Ley Federal del Trabajo no ha hecho sino establecer de manera ordenada y congruente c�mo se va a llevar a cabo el derecho que deriva de la norma constitucional, para hacerlo efectivo, lo que, se repite, ha hecho de manera congruente, pues los supuestos que previ� est�n �ntimamente relacionados con obligaciones que surgir�n del nexo laboral; de ah� lo infundado de los conceptos de agravio hechos valer.

Asimismo, es importante recalcar que la posibilidad del legislador ordinario para reglamentar la norma protectora del salario prevista en el art�culo 123, apartado A, fracci�n XXIV, deriva de lo que dicho precepto se�ala en el segundo p�rrafo que dice: "El Congreso de la Uni�n, sin contravenir a las bases siguientes deber� expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regir�n"

De lo anterior se infiere la facultad del Congreso de la Uni�n para expedir la Ley Federal del Trabajo, as� como la de regular lo referente a las deudas que en virtud del v�nculo laboral contraigan los trabajadores con sus patrones.

En lo que ata�e a las opiniones doctrinarias que cita el recurrente, cabe decir que lejos de corroborar sus argumentos los contrar�an, pues el doctor M. de la Cueva al referirse a las deudas de los trabajadores con sus patrones, las analiza bajo la �ptica de lo que en esa �poca establec�a el art�culo 91 de la Ley Federal del Trabajo de 1931, antecedentes del actual art�culo 110, donde se establece la manera en que se podr�n contraer y pagar dichos adeudos, sin que por otra parte hubiera hecho notar la contrariedad de esa disposici�n ordinaria con la C.�n Federal, especialmente con el art�culo 123.

As� las cosas, estuvo en lo justo el a quo al negar el amparo al peticionario de garant�as, pues si la protecci�n de las deudas a que alude la C.�n Federal son s�lo aquellas que derivan de manera directa e inmediata del nexo laboral, y si en autos no se acredit� que el contrato de mutuo con inter�s celebrado entre los contendientes sea parte integrante de la relaci�n laboral, es obvio que no queda comprendida en las que proh�be la Ley Federal del Trabajo, por lo que cabe concluir que la interpretaci�n del Tribunal Colegiado es correcta.

En otro sentido, es inexacto que hubiera hecho el planteamiento de la inconstitucionalidad del art�culo 110 de la Ley Federal del Trabajo, pues de la atenta lectura de los conceptos de violaci�n que expuso no se advierte esa situaci�n, y si bien adujo que conforme a la pir�mide jur�dica la aplicaci�n del art�culo 123, apartado A, fracciones XXIV y XXVII, tiene preferencia sobre aquel dispositivo legal, lo cierto es que esa afirmaci�n no constituye un planteamiento de inconstitucionalidad, pues en forma alguna se�al� que exista contrariedad entre ambas disposiciones, al contrario, lo que sostuvo el quejoso en el amparo directo fue que apoy� su acci�n en el juicio laboral en ese magno precepto y que el dispositivo legal lo introdujo la parte patronal, pero se repite nunca sostuvo que exista contrariedad entre ambos preceptos.

Por otra parte, no puede estimarse que el laudo reclamado al estudiar la materia de constitucionalidad haya sido incongruente internamente, esto es, el contenido del considerando primero con el segundo, pues si bien en aqu�l se fij� la competencia de la autoridad del trabajo para conocer y resolver del conflicto sometido a su conocimiento y se cit� como fundamento el art�culo 123, apartado A, fracciones XX y XXXI, as� como los art�culos 527 y 604 de la Ley Federal del Trabajo, lo cierto es que ello deriv� de las acciones ejercidas por el trabajador, fundamentalmente la nulidad del convenio citado con anterioridad y del t�tulo de cr�dito relativo, porque a juicio del trabajador esos documentos resultaban lesivos de sus derechos laborales a la luz de lo que dispone la diversa fracci�n XXVII, inciso h), del precepto constitucional antes referido, pretensi�n que dio competencia a la Junta para conocer del conflicto; sin embargo, como del an�lisis de las pruebas del sumario, especialmente del convenio y t�tulo de cr�dito cuya nulidad se pidi�, no se desprendi� que su suscripci�n fuera con motivo del otorgamiento de una prestaci�n laboral, la Junta absolvi� de la nulidad demandada, sin que al respecto fuera menester que el Tribunal Colegiado hubiera realizado la interpelaci�n directa de tales dispositivos constitucionales, pues adem�s de lo innecesario de ese estudio, lo cierto es que fue suficiente para desestimar todos los planteamientos del quejoso la interpretaci�n de la fracci�n XXIV del apartado A del art�culo 123 constitucional.

Consiguientemente, es infundado el �nico argumento contenido en el escrito complementario de revisi�n consistente en que el Tribunal Colegiado no debi� interpretar de manera correlacionada los art�culos 123, apartado A, fracci�n XXIV, constitucional y el 13 transitorio, que dej� de tener vigencia al iniciar la del texto constitucional, por considerar que se refieren a situaciones distintas, esto es, que la norma transitoria regula s�lo las deudas contra�das por raz�n del trabajo, mientras que el art�culo 123 se refiere a cualquier deuda, no s�lo las originadas por raz�n del trabajo, m�xime que este precepto jam�s alude a la limitaci�n que s� contempla la norma de tr�nsito.

Lo infundado de tal planteamiento deriva de que con independencia de que la finalidad de las normas de tr�nsito sea regular el paso ordenado de una ley anterior a una nueva, precisando cu�l es el tratamiento que se debe dar a las situaciones o hechos jur�dicos que hubieran surgido durante la vigencia de aqu�lla, lo cierto es que en la especie, el tribunal de amparo hizo la interpretaci�n correlacionada de dicha norma de tr�nsito con el contenido de la vigente que prev� el art�culo 123, como una referencia hist�rica que le permiti� descubrir el alcance que debe darse a aqu�l, lo cual no significa que est� aplicando una norma que carece de vigencia, como lo es dicha disposici�n transitoria.

En las relatadas condiciones y ante lo infundado de los agravios se impone, sin advertir deficiencia que suplir, confirmar la sentencia recurrida que neg� el amparo.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

Se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO

La Justicia de la Uni�n no ampara ni protege a F.G.D. contra el acto que reclam� de la Junta Especial N�mero Diecinueve de la Federal de Conciliaci�n y Arbitraje precisado en el resultando primero de esta ejecutoria.

N.�quese; con testimonio de esta resoluci�n vuelvan los autos al tribunal de su origen y, en su oportunidad, arch�vese el toca como asunto concluido.

As� lo resolvi� la S.unda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: M.B.L.R., G.D.G.�ngora P., S.S.A., G.I.O.M. y presidente J.D.R.. Fue ponente el Ministro Juan D�az R..