Ejecutoria num. 1a./J. 29/2002 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26826359

Ejecutoria num. 1a./J. 29/2002 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 29/2002
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Mayo de 2002
RESUMEN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1158/99. PENAS TRASCENDENTALES. CONCEPTO DE ELLAS.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

AMPARO DIRECTO EN REVISI�N 1158/99.

CONSIDERANDO:

SEXTO

Precisado lo anterior, conviene efectuar al respecto las reflexiones siguientes:

Este asunto presenta peculiaridades que obligan a que previamente al an�lisis de los agravios propuestos, se deba analizar con especial inter�s y cuidado la fundamentaci�n sobre la que basa su procedencia este recurso de revisi�n.

En efecto, se recordar� que este extraordinario medio de impugnaci�n en amparo directo procede cuando en la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado �ste se pronuncia sobre la constitucionalidad de una norma general, realiza la interpretaci�n directa de un precepto de la Constituci�n, o cuando ese �rgano colegiado omite realizar el estudio de la constitucionalidad, no obstante haberse planteado esa problem�tica en los conceptos de violaci�n contenidos en la demanda de amparo de que se trate.

En el caso, es de verse que el Tribunal Colegiado de Circuito se pronunci� sobre la constitucionalidad del art�culo 371, in fine, del C�digo Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Com�n y para toda la Rep�blica en Materia de Fuero Federal, en la sentencia que se revisa, por lo que deviene inconcuso que este medio de impugnaci�n es procedente y, por lo mismo, deben de analizarse los agravios que hubiese hecho valer en materia estrictamente constitucional, en su caso, como se ya dijo, suplir la queja deficiente, incluso, por raz�n de la materia, en su deficiencia m�xima, esto es, aun cuando se haya omitido formularlos en t�rminos de lo preceptuado por el art�culo 76 bis de la Ley de A..

Cobra aplicaci�n la tesis de jurisprudencia n�mero 3/96, cuyos rubro y dem�s datos de identificaci�n son del tenor literal siguiente:

"Novena �poca

"Instancia: Segunda S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: III, febrero de 1996

"Tesis: 2a./J. 3/96

"P�gina: 218

"REVISI�N EN AMPARO DIRECTO, REQUISITOS DE SU PROCEDENCIA. La interpretaci�n arm�nica de lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n IX de la Constituci�n Federal; 83, fracci�n V de la Ley de A.; 10, fracci�n III, y 21, fracci�n III, inciso a) de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, permite determinar que para la procedencia del recurso de revisi�n contra las resoluciones pronunciadas en amparo directo por los Tribunales Colegiados de Circuito, se requiere que en la demanda de amparo se hubiere impugnado la constitucionalidad de una ley, de un tratado internacional o de un reglamento, o se hubiere planteado en los conceptos de violaci�n la interpretaci�n directa de un precepto de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; que al dictar sentencia el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, haya decidido sobre la constitucionalidad de la ley, tratado internacional o reglamento impugnado; o bien, establecido la interpretaci�n directa de un precepto de la Constituci�n Federal, u omitido el estudio y decisi�n de estas cuestiones.

"A. directo en revisi�n 1344/95. P.C.S.. 6 de octubre de 1995. Cinco votos. Ponente: J.D.�az R.. Secretario: A.S.G.B.�.

"A. directo en revisi�n 1489/95. C.T.V.V.�zquez. 24 de noviembre de 1995. Cinco votos. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretaria: M.R.M..

"A. directo en revisi�n 1745/95. C.V.A.. 12 de enero de 1996. Cinco votos. Ponente: G.D.G.�ngora P.. Secretaria: R.M.�a G.�n Z�rate.

"A. directo en revisi�n 1768/95. P.H.�ndez F.�ndez. 12 de enero de 1996. Cinco votos. Ponente: S.S.A.A.. Secretaria: R.�o B.F.�ndez.

"A. directo en revisi�n 1842/95. I.E.�a O. y otra. 12 de enero de 1996. Cinco votos. Ponente: S.S.A.A.. Secretaria: Adela Dom�nguez S..

Tesis de jurisprudencia 3/96. Aprobada por la Segunda S. de este Alto Tribunal, en sesi�n privada de diecinueve de enero de mil novecientos noventa y seis, por unanimidad de cinco votos de los Ministros: presidente G.D.G.�ngora P., J.D.R., M.A.G.�itr�n, G.I.O.M. y S.S.A.A..

Aunado a lo anterior, y a fin de dilucidar la problem�tica particular que representa este recurso, es preciso recordar que en los art�culos 158 y 166, fracci�n IV, �ltimo p�rrafo, de la Ley de A., se establece que el acto reclamado en el amparo directo lo constituyen las sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin a una controversia jurisdiccional decretadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.

Por consiguiente, cuando en el curso de estos procedimientos surgen cuestiones que no son de imposible reparaci�n sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, se podr�n hacer valer en la v�a constitucional directa, pero no como actos reclamados, sino �nicamente se esgrimir� la inconformidad relativa en los conceptos de violaci�n, y la calificaci�n de �stos por el Tribunal Colegiado se har� en la parte considerativa de la sentencia.

En esa tesitura, es de advertirse que la caracter�stica distintiva del juicio de amparo directo en el que se proponen y analizan temas de constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, obedece a los efectos limitativos que revisten a esa clase de fallos.

En efecto, debido al principio de relatividad que caracteriza a las ejecutorias de los juicios de amparo, los fallos de los Tribunales Colegiados no deben contener en sus resolutivos declaraci�n alguna sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas jur�dicas que hubiesen sido aplicadas a los quejosos en ellos, sino que, dependiendo de la consideraci�n que hubiese realizado el juzgador respecto de si existi� vulneraci�n o no del orden constitucional, �ste se limitar� a conceder o negar el amparo sobre esa resoluci�n reclamada; por tanto, el �nico efecto del fallo protector ser� el de anular la sentencia, laudo o resoluci�n conducente.

Luego entonces, si en esta clase de resoluciones se concede al quejoso la protecci�n constitucional en contra de este acto por vicios de legalidad, aun cuando se hayan declarado infundados los conceptos de violaci�n relacionados con la constitucionalidad del ordenamiento legal combatido, el quejoso carecer�a de legitimaci�n para interponer recurso de revisi�n con la finalidad de que se examine el problema de constitucionalidad planteado, en raz�n de que no podr�a obtener m�s de lo que ya obtuvo ante el juzgador a quo, pues con la declaratoria que se hiciere sobre la inconstitucionalidad de ese ordenamiento obtendr�a el mismo efecto, esto es, el de declarar insubsistente la resoluci�n reclamada, mas no evitar�a la eventualidad de que se le pudiera volver a aplicar la legislaci�n cuestionada, cuyo efecto s� se dar�a en trat�ndose de un juicio de garant�as biinstancial.

Sin embargo, en el caso, no obstante que la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito que nos ocupa concedi� parcialmente la protecci�n federal por vicios de legalidad, el quejoso s� se encuentra legitimado para interponer en contra de tal ejecutoria recurso de revisi�n.

En efecto, como se recordar�, la quejosa se�al� como acto reclamado en este juicio de garant�as la sentencia de alzada de fecha diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, dictada por la D�cimo Primera S. del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca de apelaci�n n�mero 1226/98, mediante la cual se modific� la sentencia definitiva pronunciada por el J. Cuadrag�simo Cuarto Penal del Distrito Federal en la causa penal 85/98, seguida en su contra por el delito de robo calificado, en la que se le consider� penalmente responsable y se le impuso una pena de ocho a�os, nueve meses de prisi�n y multa de $37,500.00 (treinta y siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), estimando que dicha resoluci�n vulneraba en su perjuicio las garant�as consagradas en los art�culos 14, 16, 21, 22 y 23 de nuestra Carta Magna.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en el Distrito Federal, a quien por razones de turno le toc� conocer de este juicio de garant�as, en sesi�n ordinaria celebrada el treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y nueve pronunci� la sentencia que se recurre, amparando y protegiendo al quejoso �nicamente para los efectos precisados en la parte final del considerando octavo de esa ejecutoria.

Esto es, el amparo concedido se limita a se�alar que la S. responsable dicte una nueva resoluci�n en la que dejando intocados los dem�s aspectos del fallo (en los que confirma la responsabilidad penal del quejoso por el delito de robo calificado y, por ende, la imposici�n de la pena privativa de la libertad y multa en los t�rminos ya indicados), elimine la sustituci�n de la multa impuesta por doscientos cincuenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad, en raz�n de que resulta ilegal sustituir de oficio la multa impuesta por dichas jornadas, las cuales no constituyen un beneficio al reo, sino una pena, en t�rminos de lo establecido en el p�rrafo tercero del art�culo 5o. constitucional.

Por consiguiente, esa protecci�n constitucional parcialmente concedida al quejoso es para los efectos de satisfacer un requisito de legalidad, pues debe limitarse a que en sus puntos resolutivos se precise la condena contenida en el considerando cuarto de la sentencia reclamada, es decir, se elimine la sustituci�n de la multa impuesta por doscientos cincuenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad, y deja subsistentes y, por ende, firmes las dem�s consideraciones del fallo al haber declarado infundados los conceptos de violaci�n relativos al fondo del asunto.

Luego entonces, adem�s de ser procedente, el quejoso s� se encuentra legitimado para interponer este recurso de revisi�n no obstante se le haya concedido parcialmente la protecci�n federal solicitada por cuestiones de legalidad, porque de declararse en esta instancia procesal la inconstitucionalidad del ordenamiento penal impugnado, el recurrente puede obtener sin duda mayores beneficios de los ya obtenidos, pues en el caso podr�a llegar a obtener su libertad, o bien, la disminuci�n de las penas impuestas.

De ah� que se concluya que el quejoso s� se encuentra legitimado para interponer el recurso de revisi�n que nos ocupa.

Cobra vigencia, al respecto, la tesis del Tribunal Pleno, cuyos rubro y dem�s datos de identificaci�n son del tenor literal siguiente:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: III, junio de 1996

"Tesis: P. LXXXV/96

"P�gina: 104

"REVISI�N EN AMPARO DIRECTO. EL QUEJOSO TIENE LEGITIMACI�N PARA INTERPONERLA EN CONTRA DE LA SENTENCIA QUE DECLAR� CONSTITUCIONAL LA LEY QUE IMPUGN� EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACI�N, A PESAR DE QUE SE LE HAYA OTORGADO EL AMPARO POR CUESTIONES DE LEGALIDAD, SI TAL CONCESI�N NO COMPRENDE LA RESTITUCI�N DE TODAS LAS GARANT�AS INDIVIDUALES QUE RECLAM� COMO INFRINGIDAS. La regla general indica que otorgada la protecci�n federal por motivos de legalidad de la sentencia o resoluci�n reclamada en el amparo directo, aun declarada constitucional la ley impugnada en los conceptos de violaci�n de la demanda, el quejoso no tiene legitimaci�n para interponer el recurso de revisi�n en contra de tal fallo, puesto que no obtendr�a ning�n beneficio si al resolverse ese medio de impugnaci�n se considerara inconstitucional la ley respectiva, pero cuando esa concesi�n no comprende todas las reclamaciones constitucionales, porque el precepto legal impugnado involucra la procedencia o improcedencia de diversas prestaciones materia del juicio natural, que la declaraci�n en comento dej� fuera del otorgamiento del amparo, es inconcuso que s� cuenta con legitimaci�n para interponer el referido recurso en contra de la parte que declar� la constitucionalidad de la ley, pues de llegarse a una conclusi�n contraria en la revisi�n, la protecci�n constitucional abarcar�a tambi�n las otras reclamaciones.

"A. directo en revisi�n 735/95. Pasta, S.A. de C.V. 14 de mayo de 1996. Unanimidad de nueve votos. Ponente: G.D.G.�ngora P., en ausencia de �l hizo suyo el proyecto el Ministro J.D.�az R.. Secretaria: M.L.B. de la Luz.

El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada el tres de junio en curso, aprob�, con el n�mero LXXXV/1996, la tesis que antecede; y determin� que la votaci�n es id�nea para integrar tesis de jurisprudencia. M�xico, Distrito Federal, a tres de junio de mil novecientos noventa y seis.

Definido lo anterior, se aborda al examen de los motivos de inconformidad propuestos por el recurrente.

En los argumentos que como conceptos de agravio se hacen valer, es de verse que los dos primeros est�n dirigidos a combatir aspectos de legalidad, y en relaci�n con el �ltimo de ellos, si bien se pretende cuestionar la constitucionalidad del art�culo 371, in fine, del C�digo Penal para el Distrito Federal, ello se realiza insistiendo con los mismos argumentos que se hicieron valer como conceptos de violaci�n constantes en su escrito inicial de demanda, no obstante que �stos fueron analizados y desestimados por el Tribunal Colegiado en la sentencia que se recurre, esto es, no se combaten con nuevos argumentos los razonamientos que al respecto fueron utilizados por el Tribunal Colegiado a quo para sustentar su fallo de primera instancia.

Esto es as�, en raz�n de que en ellos s�lo se repiten las mismas inconformidades que se hicieron valer como conceptos de violaci�n en su escrito inicial, y en su contenido lo que realmente se confronta son dos tipos legales descritos en distintos numerales del ordenamiento punitivo en comento, as� como tambi�n sus alegaciones se hacen consistir en meras opiniones personales y subjetivas carentes de sustento jur�dico; de ah� que deban de calificarse de inoperantes e insuficientes esas alegaciones para modificar el sentido del fallo recurrido.

No obstante lo anterior, y como qued� precisado en l�neas anteriores, procede en el caso suplir la deficiencia de la queja en t�rminos de lo dispuesto por los art�culos 107, fracci�n II, p�rrafo segundo, constitucional y 76 bis, fracci�n II, de la Ley de A., al tratarse de un juicio de amparo en materia penal en el que se cuestion� la constitucionalidad del art�culo 371, p�rrafo in fine, del C�digo Penal para el Distrito Federal, y el Tribunal Federal a quo al resolver en definitiva realiz� una interpretaci�n directa del art�culo 22 de nuestra Carta Magna.

Por lo que en estricto apego a los principios rectores de esta acci�n constitucional, y estando en el caso de un recurso de excepci�n en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 107, fracci�n IX, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 93 de la Ley de A., la materia de la constitucionalidad en esta instancia procesal se circunscribir� a analizar si la sanci�n prevista en el p�rrafo in fine del art�culo 371 del C�digo Penal para el Distrito Federal, es violatoria del art�culo 22 de nuestra Carta Magna, puesto que fue calificada por la parte recurrente como una pena inusitada y trascendental, y como ya qued� precisado con antelaci�n, los conceptos de agravio que al respecto se hicieron valer fueron calificados de inoperantes e intrascendentes por los motivos ya expuestos; por tanto, a esta S. colegiada, en suplencia de la queja deficiente, le corresponder� determinar si esa norma secundaria se ajusta o no al texto de ese precepto fundamental y, en su caso, fije el alcance y sentido jur�dico de esa disposici�n de conformidad a ese rango constitucional.

Es por ello que previamente al an�lisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto penal en cita, es conveniente recordar lo que la doctrina y este Supremo Tribunal han estimado como pena privativa de libertad, sus principios rectores y sus finalidades u objetivos, as� como lo que debe de entenderse por penas inusitadas y trascendentales prohibidas por el art�culo 22 de nuestra Carta Magna.

El art�culo 22 de nuestra Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, textualmente establece al respecto:

"Art�culo 22. Quedan prohibidas las penas de mutilaci�n y de infamia, las marcas, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscaci�n de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales."

Por consiguiente, iniciaremos nuestro an�lisis precisando lo que gen�ricamente debe conceptualizarse como pena privativa de la libertad.

A la pena como sanci�n criminal p�blica, se le ha estimado como la reacci�n social jur�dicamente organizada en contra de un hecho delictivo, as� tambi�n como el sufrimiento que se impone por el Estado en ejecuci�n de una sentencia condenatoria penal al culpable de un il�cito penal, o bien, como el castigo legalmente impuesto por el Estado al delincuente a fin de conservar el orden p�blico.

Al respecto se han elaborado numerosas doctrinas que pretenden justificar la existencia de la pena como sanci�n p�blica, las cuales pueden ser resumidas en tres grandes grupos: absolutas, relativas y mixtas.

Para las teor�as absolutistas o retributivas, la pena carece de una finalidad pr�ctica, responde esencialmente a la realizaci�n de la idea de justicia absoluta, esto es, parte del principio de que el bien merece el bien y el mal merece el mal: "Ojo por ojo y diente por diente"; consecuentemente, para esta corriente doctrinaria la pena viene a ser la justa consecuencia del delito cometido y el delincuente la debe sufrir, ya sea a t�tulo de reparaci�n o de retribuci�n por el hecho ejecutado; de ah� que estas orientaciones absolutistas, a su vez, se clasifiquen en reparatorias y retribucionistas.

En cambio, para los seguidores de la teor�a relativa o de prevenci�n, a diferencia de las doctrinas absolutistas que consideran la pena como un fin, �stos toman a la pena como un medio o instrumento necesario para asegurar la vida en sociedad, asign�ndole como finalidad el de combatir el peligro de delitos futuros por la generalidad de los gobernados del orden jur�dico, pues es precisamente en ella en donde se encuentra su fundamento, ya que la pena, al constituirse como una amenaza de imponer un mal, obra sobre la psique individual como un contrapeso frente al impulso de delinquir, esto es, como un freno o inhibici�n que induce al individuo a abstenerse de cometer el hecho delictivo a fin de que no incurra en el mal con el que es amenazado.

Finalmente, los te�ricos de la doctrina ecl�ctica intentan la conciliaci�n de la justicia absoluta con una finalidad, destacando entre los seguidores de esta posici�n la doctrina difundida por R., quien se basa en el orden moral, eterno e inmutable, preexistente a todas las cosas, y junto a �l refiere la coexistencia del orden social igualmente obligatorio, correspondiendo a estos dos �rdenes, una justicia absoluta y una relativa.

Por tanto, para esta posici�n ecl�ctica, la misma justicia absoluta desarrolla toda su eficacia en la sociedad humana por medio del poder social, y considera a la pena no solamente como la remuneraci�n del mal, hecha con peso y medida por un J. leg�timo, sino que considera que es l�cito prever y sacar partido de los efectos que puede causar el hecho de la pena, siempre y cuando con ello no se desnaturalice y se le prive de su car�cter de leg�tima.

Asimismo, para esta corriente, si bien la pena debe aspirar a la realizaci�n de fines de utilidad social y, principalmente, de prevenci�n del delito, tambi�n no puede ni debe prescindir en modo absoluto de la idea de justicia, cuya base es la retribuci�n, pues la realizaci�n de �sta es un fin socialmente �til y por eso la pena, aun cuando tiende a la prevenci�n del hecho lesivo, debe de tomar encuenta aquellos sentimientos tradicionales hondamente arraigados en la conciencia colectiva, los cuales exigen el justo castigo del delincuente, otorgando a la represi�n criminal un aspecto moral que la eleva y ennoblece.

Aunado a ello, es de verse que existe consenso en la materia de que toda pena p�blica debe aspirar a los siguientes fines:

* Reformar al delincuente, creando en �l, por el sufrimiento, motivos que le aparten del delito en el futuro, readapt�ndolo a la vida social; por consiguiente, si el delincuente es un sujeto inadaptado, entonces la pena tendr� necesariamente como finalidad la eliminaci�n del responsable;

* La pena tambi�n debe ser ejemplar, patentizando en los ciudadanos pac�ficos la necesidad de respetar la ley; por tanto, est� dirigida no s�lo hacia el delincuente, sino a todos los sujetos, a fin de que adviertan la efectividad de la amenaza estatal correctiva;

* Ser intimidatoria, en raz�n de que la pena constituye la salvaguarda de la sociedad, lo que significa que debe de evitar la proliferaci�n de la delincuencia con base en el temor que genera su aplicaci�n;

* Ser correctiva, pues debe producir en el penado la readaptaci�n a la vida normal, mediante los tratamientos curativos y educacionales adecuados, impidiendo as� la reincidencia;

* Ser eliminatoria, ya sea temporal o definitiva, seg�n que el condenado pueda readaptarse a la vida social o se trate de sujetos incorregibles; y,

* Ser justa, pues la injusticia produce males mayores, no s�lo en relaci�n con quien directamente sufre la pena, sino para todos los miembros de la colectividad al esperar que el derecho realice elevados valores entre los cuales destacan la justicia, la seguridad y el bienestar social.

Otros autores se�alan, adem�s, como caracter�sticas de la pena el de ser aflictiva, legal, cierta, p�blica, educativa, humana, equivalente, suficiente, remisible, reparable, personal, variada y el�stica.

Finalmente, por el fin jur�dico que afecta o dada su naturaleza las penas son clasificadas en: contra la vida (pena capital); corporales (azotes, marcas, mutilaciones); contra la libertad (prisi�n, confinamiento, prohibici�n de ir a lugar determinado); pecuniarias (privan de algunos bienes patrimoniales, como la multa y la reparaci�n del da�o); y contra ciertos derechos (destituci�n de funciones, p�rdida o suspensi�n de la patria potestad y la tutela, etc.).

Ahora bien, es conveniente centrar nuestra atenci�n, dada la finalidad perseguida, sobre la pena de prisi�n o privativa de la libertad, entendida �sta como la sanci�n corporal mediante la cual se mantiene al sujeto recluido en un establecimiento ad hoc con fines de castigo, de eliminaci�n del individuo peligroso respecto al medio social, de inocuizaci�n forzosa del mismo mientras dura ese aislamiento, y de readaptaci�n a la vida ordenada, eliminando su peligrosidad y capacit�ndolo para que pueda convivir libremente en la comunidad con los dem�s miembros de la colectividad.

Previamente, debe precisarse que esta clase de sanciones penales s�lo pueden y deben ser impuestas por autoridad judicial competente en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 21 constitucional.

Por tanto, corresponde a esta clase de autoridades determinar la individualizaci�n de la pena privativa de libertad y de otra clase de medidas consagradas en la legislaci�n penal, buscando, desde luego, que la sanci�n impuesta obedezca o sea en relaci�n directa con la gravedad y con la naturaleza del delito, as� como tambi�n a la necesidad de tomar en cuenta el aspecto subjetivo del delincuente, su temibilidad o peligrosidad social.

El C�digo Penal de 1871, de M.�nez de Castro, establec�a tres t�rminos en las penas: m�nimo, medio y m�ximo, los cuales eran aplicados en funci�n de los cat�logos de atenuantes y agravantes contenidos en los art�culos 66 a 69 de ese mismo ordenamiento jur�dico.

Asimismo, la legislaci�n penal de 1929 adopt� ese sistema, agregando una variante en su art�culo 55, que consist�a en que el juzgador pod�a tomar en cuenta para la fijaci�n de la individualizaci�n de la pena, otras agravantes y atenuantes no expresadas por la ley, de acuerdo con la magnitud del delito y sus modalidades, as� como tambi�n acorde a las condiciones particularizadas o peculiares del delincuente.

El C�digo Penal vigente se�ala para la individualizaci�n de las penas un m�nimo y un m�ximo, dentro de los cuales puede moverse el arbitrio del sentenciador.

As�, este ordenamiento sustantivo, en sus art�culos 51 y 52, establece las bases al J. para que grad�e la sanci�n aplicable en cada caso concreto.

En efecto, en el primero de esos preceptos textualmente se establece que para la aplicaci�n de las sanciones se tendr�n en cuenta las circunstancias exteriores de ejecuci�n y las peculiares del delincuente; y en el numeral 52 en cita se ordena tomar en consideraci�n la naturaleza de la acci�n u omisi�n y de los medios empleados para ejecutarla; la extensi�n del da�o causado y del peligro corrido; la edad, la educaci�n, la ilustraci�n, las costumbres y la conducta precedente del sujeto; los m�viles que lo impulsaron a delinquir y sus circunstancias econ�micas; las condiciones especiales en que se encontraba en el momento de la comisi�n del delito y dem�s antecedentes personales; la calidad de las personas ofendidas y dem�s factores de modo, tiempo, lugar y ocasi�n en que se comete la conducta lesiva a fin de determinar el grado de temibilidad.

Este precepto tambi�n impone al juzgador la obligaci�n de tomar conocimiento directo del delincuente, de la v�ctima y de las circunstancias de comisi�n del hecho delictivo.

Por �ltimo, se�ala que el J. requerir� los dict�menes periciales tendientes a conocer la personalidad del sujeto y los dem�s elementos conducentes, en su caso, a la aplicaci�n de las sanciones penales.

De ah� que en nuestro sistema jur�dico, para la imposici�n de las penas a que se hace acreedor un sujeto que delinque, ser�n tomadas en cuenta todas esas circunstancias a fin de evitar su imposici�n arbitraria y caprichosa, cumpli�ndose de esta forma con los principios rectores de su imposici�n.

Ahora bien, retomando nuestro estudio, es de verse que, en esencia, la inconformidad central que sobre constitucionalidad se hace valer en el escrito inicial de demanda de garant�as, recae sobre si se debe considerar que el art�culo 371, in fine, del C�digo Penal es violatorio de garant�as por contener penas infamantes y trascendentales; sin embargo, es de destacarse que las alegaciones del inconforme est�n direccionadas a combatir el arbitrio judicial del juzgador por haberle impuesto pena privativa de la libertad por el lapso de ocho a�os, nueve meses, a la cual se hizo acreedor por haberse acreditado plenamente su responsabilidad en orden a la comisi�n del delito de robo especial tipificado en el numeral en comento, haciendo valer en forma gen�rica las mismas argumentaciones contenidas en sus conceptos de violaci�n, as� como tambi�n apreciaciones subjetivas carentes de fundamento y opiniones de �ndole personal sobre el sistema penitenciario existente, sin que realmente se se�alen cu�les son esas causas o motivos en que se basa su insistencia para calificar de inconstitucional al precepto que reclama.

Sin embargo, como ya se dijo, en suplencia de la queja deficiente, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 76 bis de la Ley de A., es conveniente analizar si, en la especie, puede v�lidamente se�alarse si en ese precepto ordinario se contienen sanciones prohibidas constitucionalmente.

Al respecto, es de indicarse que la doctrina y este Supremo Tribunal han calificado como pena trascendental aquella que no s�lo afecta al autor del hecho delictuoso sancionado, sino que ese efecto sancionador trasciende a los familiares del infractor de la ley penal y que no participaron en su comisi�n; de ah� que la trascendencia de la pena se revela en la circunstancia de que se impone, directa o indirectamente, a personas inocentes, unidas com�nmente por lazos de parentesco con el sujeto activo del delito, lo que pugna con el principio de la personalidad de la sanci�n penal, el cual consiste, precisamente, en que la sanci�n s�lo debe ser aplicada al autor, al o los c�mplices y, en general, a los sujetos que hubiesen participado en diversos modos y grados en la comisi�n de ese hecho il�cito.

De lo que se colige que esa calificativa de trascendente aplicable a una pena, como sanci�n p�blica, consista en considerar que se caracteriza por aplicarse o alcanzar en sus efectos a sujetos que no son los responsables del delito.

Es de se�alarse al respecto, que una afectaci�n indirecta, como puede ser la que aflige a una familia cuyo jefe o sost�n sea condenado a prisi�n, o como la que perjudique a la mujer y a los hijos que vivan del patrimonio del sentenciado, no es propiamente lo que se debe estimar como pena trascendental, a menos que se imponga precisamente con la finalidad de da�ar a esa familia, como cuando en �pocas anteriores era agregada la confiscaci�n a una pena capital.

En cuanto a lo que debe de estimarse como pena inusitada, existe consenso en que debe hacerse una interpretaci�n teleol�gica sobre lo que el Constituyente Permanente entendi� por tal, puesto que en su estricta acepci�n gramatical, una sanci�n de esta �ndole se traduce en aquella que se encuentra en desuso, que no se acostumbra aplicar, o que no se impone normalmente.

Sin embargo, jur�dicamente por pena inusitada no debe entenderse una sanci�n cuya imposici�n o aplicaci�n se encuentra fuera de uso, sino que se traduce en aquella que no se encuentra consagrada por la ley para un hecho delictivo determinado.

Esto es, la pena inusitada a que se refiere el art�culo 22 de nuestra Carta Magna, es aquella cuya imposici�n no obedece a la aplicaci�n de una norma que la contenga, sino al arbitrio de la autoridad del que se origina el acto impositivo; consecuentemente, la prohibici�n constitucional que versa sobre penas inusitadas confirma la vigencia del principio de nulla poena sine lege a que se refiere el art�culo 14 de ese mismo Ordenamiento Fundamental, esto es, al principio de seguridad jur�dica.

De ah� que cuando el hoy inconforme argumenta en contra de la resoluci�n combatida que la sanci�n establecida en el numeral reclamado contrar�a el art�culo 22 constitucional, pues prev� un par�metro sancionador de cinco a quince a�os de prisi�n, calific�ndolo de desmedido y desproporcionado, sin indicar los motivos y causas que tuvo para arribar a esa consideraci�n, es inconcuso que carece de fundamento, pues adem�s de estar referida a las causas y particularidades tomadas en consideraci�n por el juzgador para imponerle tal penalidad, esto es, para individualizar la pena que le fue impuesta en t�rminos de ley, de ninguna manera puede argumentarse que la penalidad establecida para este tipo penal especial sea inusitada, porque, seg�n su particular apreciaci�n, es excesiva y desproporcionada.

En esa tesitura, adem�s de carecer de fundamento para que pueda ser entendida as� esa sanci�n debatida, con base en las razones ya expuestas, es de verse que asiste la raz�n al Tribunal Colegiado a quo cuando al respecto se�ala que el art�culo 371, in fine, del C�digo Penal, contiene un tipo especial de robo, cuya penalidad agravada obedece a razones legales diversas de la cuant�a o monto de lo robado, como as� responde el tipo fundamental o b�sico de ese delito patrimonial en comento.

En efecto, este tipo especial de robo contenido en el art�culo 371, in fine, del C�digo Penal, en su literalidad establece:

"Art�culo 371. Para estimar la cuant�a del robo se atender� �nicamente al valor intr�nseco del objeto del apoderamiento, pero si por alguna circunstancia no fuere estimable en dinero o si por su naturaleza no fuere posible fijar su valor, se aplicar� prisi�n de tres d�as hasta cinco a�os.

"En los casos de tentativa de robo, como cuando no fuere posible determinar su monto, se aplicar�n de tres d�as a dos a�os de prisi�n.

"Cuando el robo sea cometido por dos o m�s sujetos, sin importar el monto de lo robado, a trav�s de la violencia, la acechanza o cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa de la v�ctima o la ponga en condiciones de desventaja, la pena aplicable ser� de cinco a quince a�os de prisi�n y hasta mil d�as multa. Tambi�n podr� aplicarse la prohibici�n de ir a lugar determinado o vigilancia de la autoridad, hasta por un t�rmino igual al de la sanci�n privativa de la libertad impuesta."

De lo que se deduce que este tipo penal tiene como ratio legis no el monto de lo indebidamente sustra�do, sino que esa tipificaci�n especial obedece a la pluralidad de sujetos que intervienen en su comisi�n, cuando textualmente refiere: "... Cuando el robo sea cometido por dos o m�s sujetos, sin importar el monto de lo robado ..."; as� como tambi�n, al medio comisivo utilizado por los sujetos activos, pues literalmente se�ala: "... a trav�s de la violencia, la acechanza o cualquier otra circunstancia ..."; y finalmente, el legislador ordinario se refiere al estado de indefensi�n que esa acci�n criminal produce en el sujeto pasivo, cuando literalmente refiere: "... que disminuya las posibilidades de defensa de la v�ctima o la ponga en condiciones de desventaja ..."; por consiguiente, es inconcuso que las razones que tuvo el legislador para tipificar ambos hechos lesivos patrimoniales, es diverso en uno y otro tipo delictivo analizados, pues en el tipo legal b�sico s� se atiende a la cuant�a para determinar su sanci�n, y en el de motivo de debate, primordialmente se toman como base las circunstancias de ejecuci�n del delito.

Las anteriores consideraciones se encuentran corroboradas con la exposici�n de motivos contenida en la iniciativa del "Decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversos art�culos del C�digo Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Com�n y para toda la Rep�blica en Materia de Fuero Federal, del C�digo F. de la Federaci�n, del C�digo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y del C�digo Federal de Procedimientos Penales", de fecha nueve de mayo de mil novecientos noventa y seis, mediante el cual se estableci� el tipo legal especial de m�rito, y en la que textualmente se dijo:

... IV. Robo. El robo representa cerca del 70% de los hechos delictivos que se denuncian en el Distrito Federal. De ellos poco m�s de la mitad son con violencia y cerca de la tercera parte comprende robos de cuant�a menor a $5,000.00 pesos, cometidos principalmente en contra de transe�ntes, cami�n repartidor y autopartes. Cotidianamente se cometen una considerable cantidad de robos que no rebasan el monto de cien veces el salario m�nimo vigente en el Distrito Federal, o bien, no es posible determinar su cuant�a, lo que ocasiona que los inculpados obtengan f�cilmente su libertad bajo cauci�n, en virtud de que estos delitos no son considerados como graves por la ley, a pesar del grado de violencia con que se llevan a cabo en la mayor�a de los casos. El sistema sancionador vigente para el caso del robo concede beneficios al delincuente, basados en criterios que estiman s�lo el monto de lo robado, y no as� el n�mero de sujetos, su peligrosidad, la violencia empleada o el riesgo para la v�ctima. La iniciativa propone adicionar el art�culo 371 del C�digo Penal con un p�rrafo, a fin de establecer una nueva forma para sancionar los robos que sean realizados por dos o m�s sujetos activos mediante la violencia, la acechanza, o cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa de la v�ctima o la ponga en condiciones de desventaja. Para estas conductas se establece una sanci�n de cinco a veinticinco a�os de prisi�n y hasta mil d�as multa, sin importar el monto de lo robado. La adici�n busca sancionar severamente estos delitos que frecuentemente llegan a da�ar la integridad f�sica y la dignidad del ciudadano. Bajo el supuesto que se propone, aun cuando el monto de lo robado sea de poca importancia, se atiende a las circunstancias de ejecuci�n del delito, a fin de imponer al delincuente sanciones considerables que inhiban su comisi�n. ...

As� como tambi�n en el contenido de las tesis cuyos rubros y textos son del tenor literal siguiente:

Tesis de la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, cuyos datos y rubro a su letra dicen:

"Quinta �poca

"Instancia: Primera S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: XL

"P�gina: 2398

"PENAS INUSITADAS Y TRASCENDENTALES, QU� SE ENTIENDE POR. Seg�n el esp�ritu del art�culo 22 de la Constituci�n General, el t�rmino inusitado, aplicado a una pena, no corresponde exactamente a la acepci�n gramatical de ese adjetivo. En efecto, inusitado, gramaticalmente hablando, es lo no usado, y no podr�a concebirse que la Constituci�n hubiera pretendido prohibir la aplicaci�n, adem�s de las penas que enumera en el citado precepto, de todas aquellas que no se hubieran usado anteriormente, porque tal interpretaci�n har�a concluir que aquel precepto era una barrera para el progreso de la ciencia penal, ya que cualquiera innovaci�n en la forma de sancionar los delitos, implicar�a una aplicaci�n de pena inusitada, lo cual no puede aceptarse. Por pena inusitada, en su acepci�n constitucional, debe atenderse aquella que ha sido abolida por inhumana, cruel, infamante, excesiva; porque no corresponde a los fines que persigue la penalidad; porque no llene las caracter�sticas de una eficaz sanci�n, como las de ser moral, personal, divisible, popular, tranquilizadora, reparable y, en cierta forma ejemplar; o bien aquellas penas que, aun cuando no hayan existido, sean de la misma naturaleza o �ndole de las citadas. En cuanto al concepto de trascendentales, no significa que las penas causen un mal m�s o menos grave en la persona del delincuente, sino que los efectos de la misma afecten a los parientes del condenado. Todo lo anterior se desprende de los t�rminos expresos del concepto constitucional que se comenta, al establecer que quedan prohibidas las penas de mutilaci�n e infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscaci�n de bienes, y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.

A. penal directo 4383/32. V.F.T.�s. 9 de marzo de 1934. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: F. de la Fuente. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente.

Tesis de la Primera S. cuyos datos de identificaci�n, rubro y contenido, en su literalidad establecen:

"Quinta �poca

"Instancia: Primera S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: XLII

"P�gina: 2103

"PENAS INUSITADAS Y TRASCENDENTALES. Por pena inusitada, en su acepci�n constitucional, debe de entenderse aquella que ha sido abolida por inhumana, cruel, infamante, excesiva, que no corresponde a los fines que persigue la penalidad, porque no llene las caracter�sticas de una eficaz sanci�n, como las de ser moral, personal, divisible, popular, tranquilizadora, reparable y, en cierta forma ejemplar; o bien, aquellas penas que, aun cuando no hayan existido, sean de la misma naturaleza o �ndole de las citadas. En cuanto al concepto de trascendental no significa que las penas causen un mal m�s o menos grave, en la persona del delincuente, sino que afecten a los parientes del condenado.

A. penal directo 15328/32. A.P.M.�a. 26 de octubre de 1934. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: E.O.A.. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente.

Tesis de la Primera S. cuyos datos de identificaci�n, rubro y contenido establecen:

"Quinta �poca

"Instancia: Primera S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: LVI

"P�gina: 1121

"PENAS TRASCENDENTALES, QU� SE ENTIENDE POR. Se entiende por penas trascendentales, aquellas que pueden afectar de modo legal y directo, aterceros extra�os no incriminados; pero no las que se derivan de los posibles trastornos que puedan sufrir los familiares de los reos, con motivo de la reclusi�n que �stos sufren, puesto que dentro de este criterio, todas las penas resultar�an trascendentales, y es evidente que en una u otra formas, en mayor o menor grados, afectan a las personas allegadas a los sentenciados.

A. penal directo 633/38. R.R.S.. 4 de mayo de 1938. Unanimidad de cuatro votos. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente.

Tesis de la anterior Primera S. cuyos datos de identificaci�n, rubro y contenido son del tenor literal siguiente:

"Quinta �poca

"Instancia: Primera S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: LXI

"P�gina: 2390

"PENAS INUSITADAS.-Para los efectos de la ley penal, la expresi�n ?inusitado?, se aparta de la interpretaci�n gramatical que a la misma corresponde y toma un sentido de condena social, que puede definirse como la estimaci�n colectiva, general, de toda la sociedad, rechazando como muy graves y desproporcionadas con la naturaleza del acto penal, determinadas penas; es decir, el concepto de inusitado es relativo y se precisa con respecto al uso que, en otros tiempos, se hac�a de determinadas sanciones y a la aplicaci�n de las mismas, en un solo lugar de un grupo nacional, en discordancia con las dem�s legislaciones, en general. Puede sostenerse que la privaci�n definitiva, de derechos o a perpetuidad, para el ejercicio del cargo de un empleo, impuesto como pena, no tiene el car�cter de inusitada, porque en la Rep�blica se acostumbran esas sanciones, en las legislaciones de algunos Estados; de manera que puede afirmarse que esta sanci�n es aceptada en principio. Aunque el concepto a estudio no puede determinarse de una manera puramente te�rica, sin embargo, las penas inusitadas puede decirse que son aquellas que chocan con el sentir general de una colectividad; tales son para nuestro tiempo, la lapidaci�n, la cadena perpetua, la confiscaci�n y otras igualmente graves o trascendentales.

A. penal directo 2725/39. H.H.P.. 11 de agosto de 1939. Unanimidad de cuatro votos. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente.

Tesis de esta Primera S. en su anterior integraci�n, cuyos rubro y dem�s datos de identificaci�n son los siguientes:

"Sexta �poca

"Instancia: Primera S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: XX, Segunda Parte

"P�gina: 151

"PENA INUSITADA.-Pena inusitada es aquella que est� fuera de uso porque no se ha aplicado durante alg�n tiempo. Inusitado, del lat�n inusitatus, significa no usado. Hacer aplicaci�n de una ley penal que ha ca�do en desuso o que no lo ha tenido nunca, ser�a tan inicuo como aplicar una ley retroactiva o no publicada; en primer lugar, porque cuando el pueblo lleva largo tiempo de ver que no se hace lo que la ley previene, debe presumir o que ha sido abrogada, o que su verdadera inteligencia es muy distinta de lo que se cre�a; en segundo lugar, porque no se puede exigir que el pueblo haga un estudio de las leyes, como lo har�a un letrado, para cerciorarse de cu�les son las disposiciones que est�n vigentes, cu�les abolidas y cu�les modificadas y en tercero, porque el legislador puede y debe dictar una nueva ley para dar vigor a una que lo est� perdiendo, si quiere conservarla vigente. Por parte, el derecho penal tiene en s� un elemento esencialmente variable; la medida de las penas, porque �stas deben cambiar seg�n los tiempos, las circunstancias y las costumbres del pa�s, para que permanezcan dentro de los l�mites de lo justo; y cuando el legislador se desentiende de esto, la opini�n p�blica, que es irresistible, viene a suplir su falta condenando al olvido o modificando las penas que han dejado de ser adecuadas. En vano se esforzar� el legislador por evitarlo, en vano ser� que haga una declaraci�n anticipada previniendo que sus disposiciones no se entender�n abrogadas por el desuso, porque �ste har� ineficaz esa misma declaraci�n. La Suprema Corte de Justicia ha dado una correcta connotaci�n a lo que debe entenderse por pena inusitada comprendida en el cat�logo de penas prohibidas que el Constituyente de 1917 toma en su integridad en el primer p�rrafo del art�culo 22 estableciendo que el concepto de pena inusitada es relativo, pero que por imperativo legal dichas penas deben declararse prohibidas. As� sucede con la prisi�n perpetua o la de trabajos forzados, que de acuerdo con el criterio jur�dico filos�fico que inspira nuestra Carta Fundamental debe considerarse abolida por lo cruel, inhumana, infamante y excesiva, de suerte que la connotaci�n gramatical no es exactamente la que corresponde a la acepci�n jur�dica, porque no es aceptable que la Constituci�n de la Rep�blica hubiese pretendido prohibir la aplicaci�n de las penas vulnerando un principio de derecho p�blico que tiende a la protecci�n de la sociedad, ya que ello equivaldr�a a encontrar un escollo para el adelanto de las ciencias penales, porque cualquier innovaci�n en la forma de sancionar los delitos, significar�a la aplicaci�n de una pena inusitada perdiendo �sta sus caracter�sticas de ser moral, personal, divisible, popular, reparable y en cierta forma ejemplar y contraria a la conciencia colectiva nacional. Esto significa que el concepto de inusitado no es un valor absoluto sino relativo que hace referencia a un punto de comparaci�n de lo que no se usa. As�, puede llamarse inusitada a una pena cuando de un modo general fue usada en otros tiempos pero ya no lo es en la actualidad, o cuando usada en determinado sitio no lo es en los dem�s lugares cuyos habitantes est�n saturados de la misma cultura. As�, ser�a inusitado sancionar el adulterio con la lapidaci�n, como era costumbre que se hiciese en las instituciones del pueblo maya, o castigar con la muerte la embriaguez, ya que tales penas, de aplicarse, ser�an contrarias a la conciencia colectiva y a la mayor�a de los pueblos civilizados.

A. directo 417/58. F.V.S.. 3 de febrero de 1959. 5 votos. Ponente: J.J.G.B..

Finalmente, esta S. colegiada comparte el criterio de la anterior Primera S., contenido en la tesis de jurisprudencia cuyos datos de identificaci�n, rubro y contenido a la letra dicen:

"Quinta �poca

"Instancia: Primera S.

"Fuente: Ap�ndice de 1995

"Tomo: II, Parte SCJN

"Tesis: 239

"P�gina: 136

"PENA, INDIVIDUALIZACI�N DE LA. ARBITRIO JUDICIAL.-La cuantificaci�n de la pena corresponde exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonom�a para fijar el monto que su amplio arbitrio estime justo dentro los m�ximos y m�nimos se�alados en la ley y sin m�s limitaci�n que la observancia de las reglas normativas de la individualizaci�n de la pena.

"Quinta �poca:

"A. directo 797/54. F.M. P�rez. 29 de abril de 1954. Unanimidad de cuatro votos.

"A. directo 1068/54. A.B.V.. 30 de agosto de 1954. Unanimidad de cuatro votos.

"A. directo 2788/54. D.A.V.�lez. 23 de noviembre de 1954. Cinco votos.

"A. directo 87/53. S. D�az. 3 de febrero de 1955. Unanimidad de cuatro votos.

A. directo 1856/53. M.M.�nez A.. 21 de septiembre de 1955. Unanimidad de cuatro votos.

A mayor abundamiento, es de indicarse que la especialidad de un tipo legal proviene necesariamente de la existencia de un tipo penal b�sico o fundamental al cual se le agregan otros requisitos que le dan esa especial tipificaci�n, excluyendo a aqu�l de su aplicaci�n, y subsumiendo los hechos bajo esta nueva descripci�n t�pica, como as� lo fue, en este caso, en el que se excluye al tipo b�sico de robo contenido en el art�culo 367, en relaci�n con los diversos 370 y 371, primer p�rrafo, del supracitado ordenamiento sustantivo penal, puesto que este delito especial adquiere autonom�a y propia sustantividad al contener sus propios elementos t�picos y agravada punibilidad.

En cambio, los tipos complementados, a diferencia de los especiales, se integran por el tipo fundamental y una circunstancia o peculiaridad distinta, distingui�ndose precisamente de los especiales, porque �stos excluyen a la aplicaci�n del b�sico y en cambio los complementados presuponen su presencia y se agrega como aditamento o suplemento de la norma en donde se contiene esa circunstancia o peculiaridad, tal como as� sucede con el delito de homicidio calificado por premeditaci�n, alevos�a, ventaja o traici�n.

En esa tesitura, es de arribarse a la consideraci�n de que el tipo especial de robo contenido en el art�culo 371, in fine, del C�digo Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Com�n y para toda la Rep�blica en Materia de Fuero Federal, no es violatorio del art�culo 22 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

En las relatadas consideraciones, y al no haber mayores motivos que ameriten en este asunto la suplencia de la queja deficiente, conforme lo ordena el art�culo 76 bis de la Ley de A., y ante lo infundado de las alegaciones que al respecto se hicieron valer, en lo que es materia competencia de esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, se confirma en sus t�rminos la sentencia de primera instancia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en el Distrito Federal, en el juicio de amparo directo n�mero 1606/99, y se concede el amparo de la Justicia de la Uni�n a ... para los efectos precisados en el resolutivo �nico de esa misma ejecutoria.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo adem�s en el art�culo 90 de la Ley de A., se

resuelve:

PRIMERO

En lo que es materia de la revisi�n se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO

La Justicia de la Uni�n ampara y protege a ... en contra del acto reclamado consistente en la sentencia definitiva de fecha diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, emitida por la D�cimo Primera S. del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca penal n�mero 1226/98, en t�rminos del considerando �ltimo de esta ejecutoria.

N.�quese; con testimonio de esta resoluci�n, vuelvan los autos al Tribunal Colegiado de Circuito de origen y, en su oportunidad, arch�vese el toca como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: J.V.C. y Castro (ponente), H.R.P., J.N.S.M., O.S.C. de G.�a V. y presidente J.� de Jes�s G.�o P..