Ejecutoria num. 2a. CXV/97 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26829333

Ejecutoria num. 2a. CXV/97 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a. CXV/97
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Octubre de 1997
RESUMEN

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN 214/97. COMISARIADO EJIDAL DEL POBLADO "CENTAURO DEL NORTE".INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

INCIDENTE DE INEJECUCI�N 214/97. COMISARIADO EJIDAL DEL POBLADO "CENTAURO DEL NORTE".

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer del presente incidente de inejecuci�n, de acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 105 de la Ley de Amparo y 21, fracci�n XI, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el d�a veintis�is de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relaci�n con el punto tercero, fracci�n IV, del Acuerdo 1/1997, del Tribunal Pleno, de fecha veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, en raz�n de que no es el caso de aplicar la sanci�n prevista en el art�culo 107, fracci�n XVI, constitucional.

SEGUNDO

En el caso, procede declarar que el presente incidente de inejecuci�n de sentencia carece de materia.

Efectivamente, del an�lisis de los antecedentes narrados en el cap�tulo de resultandos de esta resoluci�n, se desprende lo siguiente:

El acto reclamado por el ejido quejoso en la demanda de garant�as, lo fue el Decreto por el que se Declara la Reserva de la Biosfera de Calakmul, ubicada en los Municipios de Champot�n y Hopelch�n, C., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de veintitr�s de mayo de mil novecientos ochenta y nueve. Este acto se reclam� del presidente de la Rep�blica, quien expidi� el decreto y de los secretarios de Agricultura y Recursos Hidr�ulicos, de la Reforma Agraria y del entonces secretario de Desarrollo Urbano y Ecolog�a (cuyas atribuciones correspondieron despu�s al secretario de Desarrollo Social y actualmente al secretario de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca), el refrendo que otorgaron a dicho acto. A estas autoridades se atribuy� el car�cter de ordenadoras.

Por otra parte, los quejosos se�alaron como autoridades ejecutoras al gobernador del Estado de C., secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en el Estado (sustituido por el secretario de Desarrollo Social de car�cter local), delegado de la Secretar�a de la Reforma Agraria en C., presidente municipal de Hopelch�n, secretario y subsecretario de Desarrollo Urbano y Ecolog�a locales y director general de Conservaci�n Ecol�gica de los Recursos Naturales de la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Ecolog�a.

Todas las autoridades ejecutoras negaron la existencia de actos de ejecuci�n, a excepci�n del secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en el Estado (sustituido por el secretario de Desarrollo Social local), quien fue omiso en rendir informe justificado.

En tal virtud, el Juez Federal tuvo por presuntamente cierto el acto reclamado de esta autoridad y no obstante la negativa manifestada por el gobernador, el delegado de la Secretar�a de la Reforma Agraria en C. y el presidente municipal de Hopelch�n, estim� ciertos los actos a ellas reclamados por considerar que de los art�culos octavo, noveno y vig�simo cuarto del decreto presidencial, se desprenden atribuciones de ejecuci�n en favor de las mencionadas autoridades. �nicamente sobresey� en relaci�n con los actos de ejecuci�n atribuidos al secretario y subsecretario de Desarrollo Urbano y Ecolog�a locales y al director general de Conservaci�n Ecol�gica de los Recursos Naturales, dependiente de la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Ecolog�a.

Al respecto, cabe destacar que, en t�rminos generales, la sola prevenci�n en alg�n ordenamiento legal de atribuciones en favor de una autoridad, no es indicativa de la existencia de actos de ejecuci�n de la misma; esto sin prejuzgar sobre lo correcto o incorrecto de la determinaci�n del Juez de Distrito en el sentido de tener por ciertos los actos de ejecuci�n, sin haberse demostrado �stos por el ejido quejoso, quien ni siquiera desahog� la vista concedida con la negativa manifestada por las responsables, en sus informes con justificaci�n.

A�n m�s, la redacci�n de los art�culos en cuesti�n no revela principio alguno de ejecuci�n, seg�n se desprende de su lectura:

"Art�culo octavo. La Secretar�a de Desarrollo Urbano y Ecolog�a, con la participaci�n que corresponda a otras dependencias del Ejecutivo Federal, propondr� la celebraci�n de acuerdos de coordinaci�n con el Gobierno del Estado de C. y los Municipios de Champot�n y Hopelch�n, y convenios de concertaci�n con los grupos sociales, acad�micos-cient�ficos y con los particulares interesados para la consecuci�n de los fines de este decreto.

"En los referidos acuerdos y convenios se regular�n, entre otras, las materias que a continuaci�n se puntualizan:

"I. La forma en que el Gobierno del Estado de C. y los Municipios de Champot�n y Hopelch�n participar�n en la administraci�n de la reserva;

"II. La coordinaci�n de las pol�ticas y programas federales con las del Estado y Municipios correspondientes;

"III. La elaboraci�n del programa de manejo de la reserva y la formulaci�n de compromisos para su ejecuci�n;

"IV. La programaci�n y aplicaci�n de los recursos financieros para la administraci�n de la reserva;

"V. Los tipos y forma como se llevar�n a cabo la investigaci�n y experimentaci�n en la reserva;

"VI. Las acciones necesarias para contribuir al desarrollo socio-econ�mico regional mediante el aprovechamiento racional e integral de los recursos naturales en la zona de amortiguamiento; y

"VII. Las formas y esquemas de concertaci�n con los grupos sociales, cient�ficos y acad�micos."

"Art�culo noveno. La Secretar�a de Desarrollo Urbano y Ecolog�a promover� ante las dem�s dependencias del Ejecutivo Federal en el Estado, el Gobierno del Estado de C. y los Municipios de Champot�n y Hopelch�n, la elaboraci�n del programa de manejo de la reserva de la biosfera 'Calakmul' que deber�n contener, por lo menos, lo siguiente:

"I. La descripci�n de las caracter�sticas f�sicas, biol�gicas, sociales y culturales de la reserva en el contexto nacional, regional y local;

"II. Las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazo, estableciendo su vinculaci�n con el Sistema Nacional de Planeaci�n D.�tica. Dichas acciones comprender�n la investigaci�n, uso de recursos, extensi�n, difusi�n, operaci�n, coordinaci�n, seguimiento y control;

"III. Los objetivos espec�ficos de la reserva; y

"IV. Las normas t�cnicas aplicables, cuando corresponda, para el aprovechamiento de la flora y de la fauna, las cortas sanitarias, de cultivo y dom�sticas, as� como aquellas destinadas a evitar la contaminaci�n del suelo y de las aguas."

"Art�culo vig�simo cuarto. Corresponde a las Secretar�as de Agricultura y Recursos Hidr�ulicos, de Desarrollo Urbano y Ecolog�a y de la Reforma Agraria, vigilar en el �mbito de sus respectivas competencias, el estricto cumplimiento del presente decreto. Asimismo, podr� convenirse con los Gobiernos del Estado de C. y los Municipios de Champot�n y Hopelch�n para realizar actos de inspecci�n y vigilancia en los t�rminos del presente ordenamiento y de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 161 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente."

En virtud de la concesi�n del amparo y ante el desechamiento del recurso de revisi�n y declaraci�n de firmeza de la sentencia protectora, el Juez de Distrito inici� el procedimiento previsto en el cap�tulo XII de la Ley de Amparo, a efecto de lograr la cumplimentaci�n de la sentencia.

Con motivo de los reiterados requerimientos, el delegado estatal de la Secretar�a de Agricultura y Recursos Hidr�ulicos manifest� que no ha realizado actos tendientes a privar de sus derechos agrarios al ejido quejoso (foja 419); el presidente municipal sostuvo haber dado "el debido cumplimiento a lo ordenado" en t�rminos del art�culo 104 de la Ley de Amparo (foja 422); el gobernador de C. y el secretario de Desarrollo Social del Estado (sustituto del secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en el Estado), comunicaron dejar sin efecto cualquier acto de ejecuci�n derivado del decreto presidencial reclamado (fojas 445 y 447, respectivamente). Con estas constancias, el Juez Federal concedi� vista a las partes, en el entendido que de no hacer manifestaci�n alguna en el plazo concedido, se tendr�a por cumplimentada la sentencia respecto a las indicadas autoridades, sin que exista promoci�n del quejoso al respecto.

Igual proceder adopt� cuando el secretario de Agricultura y Recursos Hidr�ulicos sostuvo su imposibilidad material y jur�dica para dejar sin efectos el acto de refrendo que se le reclam�.

Destaca de todo lo anterior y del acuerdo en que el Juez de Distrito resolvi� remitir a esta Suprema Corte los autos originales del expediente en que se concedi� el amparo, que el Juez Federal estima que a la fecha no se ha logrado el cabal cumplimiento de la sentencia, porque "pese a los diversos requerimientos que se han hecho al secretario de Desarrollo Social, ahora secretario del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, por s� y como representante del Poder Ejecutivo Federal, as� como al secretario de la Reforma Agraria, no se ha obedecido la referida ejecutaci�n (sic).", esto es, que la formaci�n de este incidente se debe exclusivamente a que el presidente de la Rep�blica, quien expidi� el decreto que se estim� inconstitucional y los secretarios de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (autoridad sustituta) y de la Reforma Agraria, quienes lo refrendaron, no han dado cumplimiento a la sentencia de amparo.

Demostrado que no existe inconformidad respecto del incumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades ejecutoras y precisado que en la actualidad s�lo subsiste la declaraci�n de incumplimiento por parte del Juez Federal, respecto de las autoridades ordenadoras, quienes expidieron y refrendaron el Decreto por el que se Declara la Reserva de la Biosfera de Calakmul, ubicada en los Municipios de Champot�n y Hopelch�n, C., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de veintitr�s de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, corresponde ahora analizar la naturaleza jur�dica del mismo, a fin de conocer el alcance de la sentencia protectora y el modo en que ha de lograrse su cumplimiento.

Dispone esencialmente el decreto de referencia:

"CONSIDERANDO:

"Que es prop�sito del Ejecutivo Federal, respecto al crecimiento demogr�fico y productivo que ha incidido de manera directa en la transformaci�n del medio ambiente, provocando en muchos casos un uso inadecuado del suelo, deterioro y p�rdida de los recursos naturales, el establecer prioritariamente las medidas preventivas que regulen el aprovechamiento integral y racional de los recursos naturales, asimismo realizar acciones orientadas a la conservaci�n y enriquecimiento de los recursos naturales renovables que son parte del patrimonio de la naci�n.

"...

"Que en la naci�n se han desarrollado proyectos de ordenamiento ecol�gico, como lo es la Selva de Calakmul, y uno de los objetivos del Ejecutivo Federal, es el ordenar los usos del suelo en la totalidad del territorio nacional, a fin de hacer compatible el desarrollo social y econ�mico con el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales.

"Que una de las estrategias del Ejecutivo, es el promover la participaci�n de los diferentes �rdenes de gobierno en el ordenamiento ecol�gico e impulsar la cooperaci�n de los sectores social y privado, siendo una de las l�neas de acci�n, el de difundir el ordenamiento ecol�gico como instrumento preventivo, a fin de lograr una mayor participaci�n de los sectores productivos en su programaci�n y cumplimiento.

"...

"Que en el Convenio �nico de Desarrollo suscrito entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de C., el 19 de febrero de 1988, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n del 24 de junio del mismo a�o, se establecen los principales programas de desarrollo regional que se financiar�n en forma coordinada con recursos federales y estatales, siendo prioritario (sic) la protecci�n de parques y reservas ecol�gicas, as� como el control de la contaminaci�n del medio ambiente.

"...

"Que dentro del �rea de 'Calakmul' se encuentran asentadas 31 comunidades de las cuales 13 pertenecen al Municipio de Champot�n y 18 al de Hopelch�n, cuyo desarrollo deber� incorporar estrategias de conservaci�n y aprovechamiento racional de los recursos naturales que componen la regi�n.

"Que los estudios e investigaciones a que se refiere el considerando sexto del presente decreto, se determin� que para el establecimiento de la reserva de la biosfera 'Calakmul', se requiere de una superficie total de 723-185-12-50 Has. esta superficie est� compuesta por terrenos ejidales y terrenos bald�os, as� como nacionales, cuya delimitaci�n se prev� en el plano oficial que obra en la Direcci�n General de Conservaci�n Ecol�gica de los Recursos Naturales de la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Ecolog�a, siendo su descripci�n topogr�fica anal�tica la siguiente ...

"DECRETO

"Art�culo primero. Por causa de orden e inter�s p�blicos se declara la reserva de la biosfera denominada 'Calakmul' con una superficie de 723-185-12-50 Has. (setecientos veintitr�s mil ciento ochenta y cinco hect�reas, doce �reas y cincuenta centi�reas), ubicadas en los Municipios de Champot�n y Hopelch�n, Estado de C., cuya descripci�n topogr�fica-anal�tica se especifica en el antepen�ltimo considerando de este mandamiento.

"Art�culo quinto. Los propietarios y poseedores que se encuentren dentro de la superficie de la reserva de la biosfera 'Calakmul', estar�n obligados a la conservaci�n del �rea, conforme a las disposiciones que al efecto emita la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Ecolog�a, y de acuerdo con lo establecido en el art�culo 154 de la Ley Federal de Reforma Agraria y 69 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente.

"...

"Art�culo d�cimo. La Secretar�a de Desarrollo Urbano y Ecolog�a no autorizar� la ejecuci�n de obras p�blicas o privadas dentro de las zonas n�cleo de la reserva de la biosfera 'Calakmul'.

"Art�culo d�cimo sexto. Los permisos, licencias, concesiones, y en general toda clase de autorizaciones para la exploraci�n, explotaci�n, extracci�n o aprovechamiento de los recursos en la reserva de la biosfera 'Calakmul' s�lo podr�n otorgarse cuando se ajusten a lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, al presente decreto y a las dem�s disposiciones legales aplicables.

"...

"Art�culo vig�simo quinto. Las violaciones a lo dispuesto por el presente decreto ser�n sancionadas administrativamente por las autoridades competentes en los t�rminos de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, la Ley Forestal, la Ley Federal de Caza y las dem�s leyes que resulten aplicables."

Deriva de lo anterior que el decreto aludido comparte los atributos de generalidad, impersonalidad y abstracci�n que son propios de las normas legales, adem�s de que en el mismo se previene su aplicaci�n coercitiva.

No se trata de un decreto administrativo porque en �l no se particulariza a los afectados ni se indica en forma concreta y determinada la afectaci�n de un bien, sino por el contrario es un acto declarativo, por el que �nicamente se imponen modalidades y limitaciones a la propiedad y posesi�n de los habitantes de la zona declarada reserva ecol�gica y en general a todos quienes deseen realizar alguna actividad en esa zona, como lo es la explotaci�n de los recursos forestales, hidrol�gicos, de flora y fauna silvestre y acu�tica, lo que habr� de sujetarse a las prevenciones del decreto y de las leyes a que remite, como son la Ley Federal del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, la Ley Forestal, la Ley Federal de Caza y las dem�s que resulten aplicables.

Ante estas caracter�sticas, es evidente que se trata de un acto regla, emanado de la voluntad del Ejecutivo Federal, en ejercicio de la facultad reglamentaria contenida en el art�culo 89, fracci�n I, de la Constituci�n; y su refrendo por parte de los secretarios del ramo a que el asunto corresponde, cuenta con sustento en el art�culo 92 del mismo ordenamiento, como requisito de eficacia.

En esta virtud, debe concluirse que ante la presencia de un acto formalmente administrativo y materialmente legislativo, no existe obst�culo para aplicar, al acto regla que nos ocupa, las normas y principios del amparo contra leyes, aun en lo referente al procedimiento de ejecuci�n de la sentencia protectora.

Al respecto, conviene a�adir que las reglas de procedencia del juicio de amparo contra leyes, son igualmente aplicables no s�lo a los reglamentos, como repetidamente lo han estimado los tribunales, sino tambi�n a los decretos y acuerdos que contengan normas jur�dicas de observancia general y abstracta e impersonal, toda vez que aqu�llos, precisamente por su naturaleza normativa, pueden causar un agravio a los particulares, oblig�ndolos a un hacer o a un no hacer sin necesidad de un acto ulterior de autoridad, desde el momento mismo de su entrada en vigor.

Lo que determina la naturaleza abstracta e impersonal de un "acuerdo administrativo", es el hecho de que con el mismo se cree una norma imperativa, que imponga restricciones o deberes a los particulares o que condicione el ejercicio de sus derechos, sea en forma inmediata o mediante un acto concreto de aplicaci�n.

Los acuerdos administrativos pueden ser emitidos por el presidente de la Rep�blica, con fundamento en el art�culo 89, fracci�n I, constitucional, y en muchas ocasiones en realidad implican verdaderos reglamentos. Los acuerdos administrativos del presidente de la Rep�blica deben ser refrendados por el secretario o secretarios de Estado y jefes del departamento administrativo a que el asunto corresponda, pues sin ese requisito no pueden ser obedecidos, seg�n lo ordena el art�culo 92 de la Carta Magna, y si son de naturaleza materialmente legislativa, deben ser publicados en el Diario Oficial de la Federaci�n para que sean obligatorios, ya que as� lo dispone el art�culo 3o. del C�digo Civil Federal.

Ante la evidencia de que en el caso se est� en presencia de un acto regla y que al mismo son aplicables las normas y principios que rigen el amparo contra leyes, como el referente a la relatividad de las sentencias, conviene conocer lo que al respecto ha sostenido el Pleno de este alto tribunal con motivo del incidente de inejecuci�n 142/94, derivado del amparo en que fue quejosa Porcelanite, S.A. de C.V., resuelto en sesi�n de diez de septiembre de mil novecientos noventa y seis, por unanimidad de diez votos.

"Considerando que la materia del presente incidente radica en determinar si se ha dado o no cumplimiento al fallo de amparo, lo primero que desde luego corresponde hacer es determinar el alcance protector del mismo, conforme a lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n II, de la Constituci�n General de la Rep�blica y 80 de la Ley de Amparo, que en la parte conducente dicen:

"'Art�culo 107. Todas las controversias de que habla el art�culo 103 se sujetar�n a los procedimientos y formas del orden jur�dico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"'II. La sentencia ser� siempre tal, que s�lo se ocupe de individuos particulares, limit�ndose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaraci�n general respecto de la ley o acto que la motivare ...'

"'Art�culo 80. La sentencia que conceda el amparo tendr� por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garant�a individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violaci�n, cuando el acto reclamado sea de car�cter positivo, y cuando sea de car�cter negativo, el efecto del amparo ser� obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garant�a de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garant�a exija.'

"El efecto restitutorio de la sentencia deamparo, que con arreglo a estos preceptos se manifiesta de diversa forma seg�n se trate de actos de car�cter positivo o de car�cter negativo, se halla regido fundamentalmente por el principio de relatividad, conocido com�nmente como la f�rmula O., que impide, seg�n se asienta en los preceptos transcritos, que en la sentencia se haga una declaraci�n general sobre la ley o acto que se reclame.

"Los antecedentes hist�ricos de este principio han sido rese�ados en la ejecutoria pronunciada por la Segunda Sala de este alto tribunal en el amparo en revisi�n n�mero 223/73 promovido por La Libertad, Sociedad An�nima, F�brica de Cigarros y otros, fallado el cinco de agosto de mil novecientos setenta y cuatro, por unanimidad de cinco votos, que dice:

"'Por iniciativa de don M.O. ante el Congreso Constituyente de 1846 y la urgencia �de acompa�ar el restablecimiento de la Federaci�n -como dec�a en aqu�lla- de una garant�a suficiente para asegurar que no se repetir�n m�s ... los ataques dados por los Poderes de los Estados y por los mismos de la Federaci�n a los particulares�, era preciso que se elevase �a gran altura al Poder Judicial de la Federaci�n, d�ndole el derecho de proteger a todos los habitantes de la Rep�blica en el goce de los derechos que les asegure la Constituci�n y las leyes constitucionales, contra todos los atentados del Ejecutivo o del Legislativo, ya de los Estados o de la Uni�n�, el propio Congreso acogi� la defensa del particular contra tales actos (que posteriormente fueron ampliados a los provenientes de los Poderes Judiciales de los Estados y de la Federaci�n) a trav�s del juicio de amparo, aunque limitando el alcance de las sentencias definitivas que en tales juicios se pronunciaren. Y as�, el art�culo 25 del Acta Constitutiva y de Reformas sancionada por el Congreso Extraordinario Constituyente el 18 de mayo de 1847, estatu�a: �Art�culo 25. Los tribunales de la Federaci�n amparan a cualquier habitante de la Rep�blica en el ejercicio y conservaci�n de los derechos que le concedan esta Constituci�n y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la Federaci�n, ya de los Estados; limit�ndose dichos tribunales a impartir su protecci�n en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaraci�n general respecto de la ley o del acto que lo motivare.� Mediante una acertada diferenciaci�n propuesta por la Comisi�n encargada de redactar la Constituci�n de 1857, que ella misma la calific� como �la reforma tal vez m�s importante que tiene el proyecto de tratar de las controversias que se susciten por leyes o actos de la Federaci�n o de los Estados, que ataquen sus respectivas facultades o que violen las garant�as otorgadas por la Constituci�n�, el Constituyente de 1856 reserv� al juicio de amparo propiamente el conocer de toda controversia que se suscite por leyes o actos de cualquiera autoridad que violen las garant�as individuales, por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberan�a de los Estados y por leyes o actos de las autoridades de �stos que invadan la esfera de la autoridad federal; excluyendo las dem�s controversias en materia federal, para que de ellas conociese el mismo Poder Judicial de la Federaci�n actuando en juicio de jurisdicci�n ordinaria; y limitando tambi�n el alcance de las sentencias pronunciadas en amparo. De esta manera, los art�culos 101 y 102 de la citada Constituci�n de 57 establec�an: �Art�culo 101. Los tribunales de la Federaci�n resolver�n toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de cualquier autoridad que viole las garant�as individuales. II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberan�a de los Estados. III. Por leyes o actos de las autoridades de �stos, que invadan la esfera de la autoridad federal�; y el �Art�culo 102. Todos los juicios de que habla el art�culo anterior, se seguir�n a petici�n de la parte agraviada, por medio de procedimientos y formas del orden jur�dico, que determinar� una ley. La sentencia ser� tal, siempre, que s�lo se ocupe de individuos particulares, limit�ndose a protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaraci�n general respecto de la ley o acto que la motivare.� Finalmente, la Constituci�n vigente, de 5 de febrero de 1917, conserv� tal diferenciaci�n jurisdiccional, encomendando al Poder Judicial de la Federaci�n el conocimiento de ambas clases de controversias y d�ndole por ello plenitud de jurisdicci�n extraordinaria en los casos de amparo y ordinaria en los dem�s, en �stos, cuando s�lo se controviertan cuestiones meramente legales en materia federal; y conserv� el mismo alcance limitado en las sentencias pronunciadas en los juicios de amparo. As� dicen los art�culos relativos: ... �Art�culo 107. Todas las controversias de que habla el art�culo 103 se sujetar�n a los procedimientos y formas del orden jur�dico que determine la ley, de acuerdo con las basessiguientes: I. El juicio de amparo se seguir� siempre a instancia de parte agraviada. II. La sentencia ser� siempre tal, que s�lo se ocupe de individuos particulares, limit�ndose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaraci�n general de la ley o acto que la motivare�. La Ley de Amparo, al reglamentar este precepto constitucional, consign� lo siguiente en el p�rrafo primero de su art�culo 76: �Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo s�lo se ocupar�n de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limit�ndose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda sin hacer una declaraci�n general respecto de la ley o acto que la motive.�'

"La interpretaci�n de este principio habitualmente remite a los dos modelos cl�sicos de control judicial de constitucionalidad de las leyes, uno conocido como de control difuso o sistema anglosaj�n, en donde la cuesti�n de inconstitucionalidad se plantea por v�a de excepci�n y la declaratoria no tiene mayor efecto que el de evitar la aplicaci�n de la ley en el caso concreto, y otro conocido como de control concentrado o sistema austriaco (con todo y que el sistema instrumentado en ese pa�s ha sido modificado en las �ltimas d�cadas para adoptar algunos principios del anterior con el prop�sito de hacer m�s efectiva la tutela constitucional), en donde la cuesti�n de constitucionalidad se plantea por v�a de acci�n en contra de la ley misma, de modo que la declaratoria tiene el efecto de invalidarla erga omnes, impidiendo se aplique en el futuro a cualquier persona y en cualquier caso.

"Sin embargo, la aplicaci�n de este principio, vistas las particularidades del juicio de amparo mexicano, que no responde con pulcritud a las notas caracter�sticas de ninguno de los sistemas cl�sicos descritos, ha generado discrepancias no s�lo trat�ndose de los efectos de la sentencia respecto de sujetos terceros ajenos al procedimiento de amparo que se ven afectados por la ejecuci�n de los fallos, sino tambi�n de los efectos de la declaraci�n de inconstitucionalidad de una ley frente al propio quejoso.

"En una primera �poca, esta Suprema Corte estim� que los efectos de la sentencia eran distintos, seg�n se impugnara la ley por su sola entrada en vigor o se le reclamara con motivo de un acto concreto de aplicaci�n, pues mientras en el primer supuesto la sentencia impedir�a aplicar la ley al quejoso en cualquier acto futuro, en la segunda hip�tesis s�lo lo proteger�a para el caso que hab�a dado lugar al juicio, pero no en contra de actos posteriores.

"Sobre el particular, se dec�a:

"'... Trat�ndose de inconstitucionalidad de leyes, no basta que un solo quejoso promueva dos o m�s juicios de amparo contra las mismas autoridades, por id�ntico acto legislativo y que la sentencia que sobre el particular se dicte se encuentre pendiente de resoluci�n para que se surtan los extremos a que se contrae la causa de sobreseimiento prevista por el art�culo 73, fracci�n III, de la ley reglamentaria del juicio constitucional; pues para ello se requiere demostrar, adem�s, que los actos concretos de aplicaci�n impugnados en ambas oportunidades, coincidan en todas sus partes y, de no ser as�, debe desestimarse la causa de improcedencia alegada y entrar al estudio de las cuestiones de fondo propuestas en la demanda. Esta conclusi�n no es impensada, antes bien, tiene su ra�z misma en la correcta ex�gesis del art�culo 76 de la ley de la materia, ya que siendo los efectos del amparo limitados al caso concreto sobre el que versa la queja, es inconcuso que el beneficiado con un fallo en el que se ha declarado la inconstitucionalidad de una ley, no podr�a invocar tal eventualidad cada vez que se produjera un nuevo y distinto acto concreto de aplicaci�n de la misma; pues de admitirlo ser�a tanto como aceptar que, en tales hip�tesis, las sentencias que dictan los Jueces de Distrito tienen efectos generales, as� sea en relaci�n con un solo individuo, lo que resultar�a contrario al texto y esp�ritu del expresado numeral.' (A.R. 6731/68 promovido por L.�a Guadalajara, Sociedad An�nima, fallado el seis de mayo de mil novecientos setenta y cinco por unanimidad de diecinueve votos).

"'Cabe se�alar que cuando se reclama una ley que es autoaplicativa y se logra la protecci�n de la Justicia Federal, el efecto de �sta es que ya no se aplique la ley al quejoso; pero cuando una ley se reclama por su aplicaci�n y se obtiene la protecci�n de la Justicia Federal, el efecto es el de nulificar el acto de aplicaci�n, pero desde luego la autoridad respectiva no queda impedida para aplicarla nuevamente, caso en el cual debe considerarse que el particular est� legitimado para reclamar la inconstitucionalidad de la ley cuantas veces le sea aplicada.' (A.R. 4286/74 promovido por F.F., fallado el ocho de julio de mil novecientos setenta y cinco, por unanimidad de diecis�is votos).

"Tal criterio dio lugar a la tesis jurisprudencial actualmente publicada con el n�mero quinientos ocho del Tomo VI, Materia Com�n, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n del a�o de mil novecientos noventa y cinco, que entend�a procedente al juicio de amparo en contra de los actos de aplicaci�n de la ley declarada inconstitucional que fueran distintos de aquel que hubiera motivado la declaratoria de inconstitucionalidad. La tesis establec�a:

"'SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE EN AMPAROS PROMOVIDOS POR EL MISMO QUEJOSO.- Si las autoridades responsables son las mismas en dos juicios de amparo promovidos por el mismo quejoso, pero los actos reclamados y en especial los de aplicaci�n, son diversos, no procede sobreseer en el segundo juicio.'

"Tal criterio no ser�a compartido a�os m�s tarde, cuando en la sesi�n del d�a treinta de junio de mil novecientos ochenta y ocho, al fallar por mayor�a de diez votos el amparo en revisi�n n�mero 5232/86 promovido por Vitrocrisa Toluca, Sociedad An�nima, este tribunal resolvi� que los efectos de una sentencia que declara inconstitucional una ley, haya sido reclamada por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto concreto de aplicaci�n, son los de proteger al quejoso contra la aplicaci�n futura de dicha ley, seg�n se explic� entonces:

"'La tesis jurisprudencial invocada por el quejoso aparece publicada con el n�mero 1 del Informe de 1983, Primera Parte, y se reitera en la compilaci�n de 1985, Octava Parte, con el n�mero 273, siendo su criterio que el sobreseimiento en un segundo juicio promovido contra leyes por el mismo quejoso s�lo procede si los actos de aplicaci�n son id�nticos. Este Tribunal Pleno se aparta de dicho criterio por las siguientes razones: el art�culo 73, fracci�n III, de la Ley de Amparo, invocado por el a quo para fundar su determinaci�n, establece: (se transcribe). De la transcripci�n aparece que los presupuestos de la norma son: a) la existencia previa de un juicio de amparo contra leyes o actos en sentido estricto, pendiente de sentencia ejecutoria; b) la promoci�n posterior de otro juicio de garant�as; y c) que en ambos juicios haya identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados; s�lo mediante la verificaci�n de estos presupuestos cobra actualidad la causa de improcedencia por litispendencia, cuesti�n que necesariamente conduce a determinar los efectos de las sentencias del amparo contra leyes, porque si se establece que el efecto del fallo protector se circunscribe �nicamente a dejar insubsistente el acto de aplicaci�n, debe aceptarse que el juicio de amparo es procedente contra la misma norma con motivo de ulteriores actos de aplicaci�n; si por lo contrario, se concluye que la concesi�n del amparo tambi�n entra�a la anulaci�n de la ley para el quejoso, ser� correcto el sobreseimiento decretado en los juicios de garant�as que �ste promueva en contra de la ley por los sucesivos actos de aplicaci�n, en los t�rminos del precepto transcrito. De acuerdo con lo establecido en los art�culos 103, fracci�n I y 107, fracci�n VII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, 114, fracci�n I y 116, fracciones III y IV, de la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 Constitucionales, el amparo contra leyes se solicita ante Juez de Distrito y en la demanda relativa deben se�alarse, adem�s de otros requisitos formales, la ley reclamada y las autoridades responsables de su expedici�n y promulgaci�n, esto es, al Congreso y titular del Ejecutivo locales o federales (sic), seg�n sea el caso, estableci�ndose la litis entre los conceptos de violaci�n propuestos por el quejoso en contra de la ley reclamada y la ley misma, de suerte que si no existe alg�n motivo de sobreseimiento, en la audiencia de fondo se tendr� que dictar sentencia con declaraci�n expresa sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley juzgada. La Constituci�n y la Ley de Amparo aceptan la posibilidad de combatir la inconstitucionalidad de una ley tambi�n en el juicio de amparo directo, siendo relevante que el art�culo 166, fracci�n IV, p�rrafo segundo, de este ordenamiento, establece: (se transcribe). El significado de esta �ltima parte es que la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado no contendr� en sus resolutivos declaraci�n sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas legales aplicadas al quejoso en la resoluci�n definitiva reclamada, sino que dependiendo de la consideraci�n que haga respecto de si vulneran o no el orden constitucional, conceder� o negar� el amparo s�lo contra dicha resoluci�n. Es importante la distinci�n entre las sentencias dictadas por Juez de Distrito en materia de amparo contra leyes y los fallos pronunciados por Tribunal Colegiado donde se aducen conceptos contra la ley aplicada en la resoluci�n impugnada, porque como se advierte, en el primer caso debe se�alarse la ley reclamada y las autoridades responsables de su expedici�n y promulgaci�n, mientras que en el segundo, no se reclama la ley ni, en consecuencia, se llaman a juicio a las autoridades responsables de su expedici�n y promulgaci�n, lo que conduce, l�gicamente, a precisar que cada uno de estos fallos tiene alcances y efectos distintos. La pauta para determinar esos alcances y efectos de las sentencias de amparo est� consignada en los art�culos 107, fracci�n II, primer p�rrafo, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la ley reglamentaria, que establecen: (se transcriben). Pues bien, de conformidad con lo establecido en el art�culo 158, p�rrafo segundo, de la Ley de Amparo, ese �caso especial� sobre el que versa la queja o demanda en el juicio de amparo directo, implica que el pronunciamiento s�lo tiene efectos sobre la sentencia, laudo o resoluci�n definitiva que se reclame, de tal suerte que aunque se alegue que es inconstitucional la ley, tratado o reglamento aplicados y el Tribunal Colegiado considere fundados los conceptos de violaci�n, el �nico efecto de la protecci�n otorgada es nulificar el acto de aplicaci�n precisamente por estar apoyado en normas que se consideraron contrarias al orden constitucional. Si el �nico efecto de los fallos dictados en amparo directo es la anulaci�n de la sentencia, laudo o resoluci�n reclamados, porque el Tribunal Colegiado carece de competencia para declarar la inconstitucionalidad de una ley, ha de considerarse que cuando el quejoso es sujeto nuevamente de otro acto en el que se le aplique la misma ley considerada contraria al orden constitucional en ocasi�n anterior, tiene que acudir a solicitar otro amparo en contra del nuevo acto de aplicaci�n, porque si bien es cierto que en el primer juicio se le protegi� contra una resoluci�n similar por estimarse inconstitucional su fundamento jur�dico, igualmente cierto es que esa protecci�n no comprend�a la ley, sino exclusivamente el acto de aplicaci�n. En cambio, en el juicio de amparo indirecto contra leyes, si no aparecen motivos de sobreseimiento, la sentencia de amparo afecta a la ley enjuiciada, siendo determinante de sus efectos y alcances la restricci�n establecida por los art�culos 107, fracci�n II, constitucional y 76 de la ley reglamentaria, ya transcritos, acerca de que el fallo s�lo se ocupar�, si procediere, de amparar y proteger a las personas que lo hubieren solicitado, �sin hacer una declaraci�n general respecto de la ley o acto que la motivare�, limitaci�n de vital importancia que se ajusta a la llamada f�rmula O. o principio de relatividad de las sentencias de garant�as, al reducir la concesi�n del amparo s�lo al quejoso, sino que la declaraci�n de inconstitucionalidad beneficie a todo el universo de gobernados. As� pues, los preceptos en consulta permiten que el Juez de Distrito haga pronunciamiento sobre la ley misma, siempre que el amparo se limite al quejoso, que en esto reside el acatamiento al principio de relatividad trat�ndose del amparo contra leyes; lo �nico que no puede hacer el juzgador es una declaraci�n general de nulidad de la ley, porque ello implicar�a su derogaci�n o abrogaci�n. El efecto inmediato de la sentencia protectora contra una ley es nulificar su eficacia jur�dica en relaci�n con el quejoso, pues si mediante el examen de los conceptos de violaci�n el �rgano de control constitucional la consider� conculcatoria de sus garant�as constitucionales resolviendo protegerlo y ampararlo, tal resoluci�n es determinante para que deje de tener validez jur�dica y vigencia para �l, sin que ello quiera decir que la ley pierda sus caracter�sticas de generalidad y obligatoriedad, pues contin�a siendo de observancia obligatoria para todos aquellos gobernados que est�n colocados en la hip�tesis normativa y que no gocen de la protecci�n constitucional. Por v�a de consecuencia, si el quejoso solicit� y obtuvo el amparo con motivo del primer acto de aplicaci�n, al estar fundado en ley inconstitucional, ese acto de aplicaci�n adolece del mismo vicio, y ninguna autoridad puede volverle a aplicar la ley que ya se juzg�, dado que las relaciones entre el quejoso y la ley se rigen por la sentencia protectora. En efecto, no s�lo las autoridades responsables est�n obligadas a cumplir las ejecutorias de amparo, sino cualquiera otro que por sus funciones tenga que intervenir en la ejecuci�n de ese fallo, tal como lo establece la jurisprudencia 137 (Octava Parte, compilaci�n de 1985), que establece: �EJECUCI�N DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA EST�N OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO.- Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por raz�n de sus funciones, deba intervenir en su ejecuci�n, pues atenta la parte final del primer p�rrafo del art�culo 10 de la Ley Org�nica de los Art�culos 103 y 107 de la Constituci�n Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el car�cter de responsable en el juicio degarant�as est� obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecuci�n de este fallo.� Como datos confirmatorios de que el fallo protector nulifica la ley reclamada en relaci�n con el quejoso y no s�lo el acto concreto de aplicaci�n, se toman en cuenta aquellos casos en que se pide amparo contra leyes autoaplicativas, o bien contra leyes heteroaplicativas cuando el primer acto de aplicaci�n proviene de un particular, o cuando es el propio quejoso quien se aplica la ley, hip�tesis que teniendo como caracter�stica com�n la inexistencia del acto concreto de autoridad, no impiden el ejercicio de la acci�n constitucional contra la ley y demuestran que el efecto de la sentencia protectora es nulificar la eficacia misma del ordenamiento reclamado; de no ser as�, el otorgamiento del amparo ser�a vano por no haber acto concreto de autoridad. Como consecuencia de lo asentado, se sigue que cuando el fallo es desfavorable en contra de la ley reclamada, las autoridades pueden aplicarla y el quejoso queda obligado a obedecerla; por ello, una vez que el juicio de garant�as se ha promovido contra la ley y se ha obtenido pronunciamiento al respecto, sea que se conceda o se niegue la protecci�n solicitada en sentencia ejecutoria, el quejoso no puede volver a reclamar la inconstitucionalidad de la ley, en raz�n de que ya fue materia de otro juicio de amparo convirti�ndose en cosa juzgada. Por tanto, cuando el quejoso obtiene sentencia favorable contra la ley, los ulteriores actos de aplicaci�n no le dan acci�n para reclamar su inconstitucionalidad, porque siendo el efecto inmediato del fallo protector nulificar su eficacia en relaci�n con el quejoso, sus alcances ser�n anular todo acto de aplicaci�n que con base en la misma norma se llegue a concretar; y cuando la sentencia niegue el amparo, los ulteriores actos de autoridad s�lo pueden ser reclamados en juicio de garant�as por vicios propios de ilegalidad, pero no dan motivo a impugnar nuevamente la ley.'

"Las consideraciones vertidas en esta ejecutoria, al ser recogidas en diversas ejecutorias posteriores, dieron lugar a interrumpir la tesis jurisprudencial transcrita con anterioridad y a integrar la tesis jurisprudencial ahora publicada con el n�mero doscientos del Tomo I, Materia Constitucional, del Ap�ndice citado, con el rubro de 'LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACI�N.'; la ejecutoria que contiene el primer precedente de esta tesis, dice en su parte conducente:

"'Las anteriores conclusiones, esto es, las relativas al sobreseimiento del juicio de amparo promovido contra una ley cuando existen diversos actos de aplicaci�n de ella, indiscutiblemente que tienen estrecha conexi�n con la cuesti�n de c�mo debe entenderse el principio de la relatividad de los efectos de la sentencia que se pronuncie en amparo contra leyes. Tal principio se halla establecido en los art�culos 107, fracci�n II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo y consiste en que �las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo s�lo se ocupar�n de los individuos particulares o de las personas morales, privadas y oficiales que lo hubiesen solicitado, limit�ndose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaraci�n general respecto de la ley o el acto que la motivare.�. En efecto, este principio significa que en amparo contra leyes, la sentencia que, en su caso, otorgue el amparo y protecci�n de la Justicia de la Uni�n tendr� un alcance relativo, en virtud de que s�lo se limitar� a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo, mas no as� a personas ajenas al mismo. Por tal raz�n, no procede en un juicio de amparo hacer una declaraci�n general respecto de la ley, entendiendo esta limitaci�n en el sentido de que dicha declaraci�n tendr� que circunscribirse al quejoso sin beneficiar a otras personas. Los efectos de una sentencia que otorga el amparo al quejoso contra una ley que fue se�alada como acto reclamado en el juicio de amparo son los de proteger al quejoso no s�lo contra el acto de aplicaci�n de la misma que tambi�n se haya reclamado, si �sta fue impugnada como heteroaplicativa, sino tambi�n que la declaraci�n de amparo tiene consecuencias jur�dicas en relaci�n con los actos de aplicaci�n futuros, lo que significa que la misma ya no podr� v�lidamente serle aplicada al peticionario de garant�as que obtuvo la protecci�n constitucional que solicit�, pues su aplicaci�n por parte de la autoridad implicar�a la violaci�n a la sentencia de amparo que declar� la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relaci�n con el quejoso. Por tal raz�n, el principio de relatividad de la sentencia de amparo no puede entenderse en el sentido de que el amparo contra una ley s�lo tiene efectos en relaci�n con el acto de aplicaci�n de la misma, que en el juicio respectivo se haya reclamado, pues ello atentar�a contra la naturaleza y la finalidad del amparo contra leyes. El principio de relatividad, que s�lo se limita a proteger al quejoso, se deriva de la interpretaci�n congruente y relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo, entre otras, de las que concretamente se refieren al amparo contra leyes. En efecto, los art�culos 116, fracci�n III y 11 de la Ley de Amparo: (se transcriben). Por su parte, esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha establecido la jurisprudencia n�mero 70, visible en la p�gina ciento cuarenta y seis, Primera Parte, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n mil novecientos diecisiete mil novecientos ochenta y cinco, del tenor siguiente: �LEYES, AMPARO CONTRA, AUTORIDADES RESPONSABLES NO SE�ALADAS.? Cuando se impugna la constitucionalidad de una ley al trav�s de los actos de aplicaci�n, sin se�alar como autoridades responsables al Congreso que la haya expedido y al Ejecutivo que la haya promulgado, aunque se surte la competencia del Tribunal en Pleno, debe sobreseerse porque no fueron llamadas a juicio las responsables de la ley cuya constitucionalidad ha de analizarse.�. De los anteriores preceptos y jurisprudencia transcritos se deriva que en un amparo contra leyes el Congreso de la Uni�n tiene el car�cter de autoridad responsable, porque es la constitucionalidad de la ley por �l expedida lo que se est� controvirtiendo. Consecuentemente, si la ley constituye en s� el acto reclamado y el Congreso de la Uni�n tiene el car�cter de autoridad responsable, la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto reclamado en s� mismo considerado, lo que implica que si se otorga el amparo al quejoso ya no deber� volv�rsele a aplicar la ley respectiva porque ya est� amparado contra ella, so pena de que esa aplicaci�n implique violaci�n a la sentencia por parte de la autoridad aplicadora. La declaraci�n de inconstitucionalidad de la ley respecto del quejoso no s�lo de su acto de aplicaci�n se deriva tambi�n de los art�culos 76 bis, fracci�n I y 156 de la Ley de Amparo, que disponen: (se transcriben). De los numerales transcritos se desprende que s� habr� declaraci�n de inconstitucionalidad de leyes, desde luego s�lo respecto del quejoso que solicite la protecci�n constitucional en relaci�n a ella, en respeto al principio de relatividad de la sentencia de amparo, pero �ste se conceder� contra la ley y no exclusivamente contra su acto de aplicaci�n. De igual manera, lo dispuesto en el art�culo 22, fracci�n I, de la ley invocada permite concluir que una ley puede ser reclamada en la v�a de amparo como autoaplicativa, si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular. Ahora bien, �cu�l ser�a el efecto de una sentencia de amparo que otorga la protecci�n constitucional respecto de una ley que fue reclamada como autoaplicativa? �Respecto de qu� acto de aplicaci�n se otorgar�a el amparo si �ste a�n no existe al momento de promoverse el juicio de amparo? Obviamente, la sentencia que otorga el amparo contra una ley impugnada como autoaplicativa, al igual que el de una ley reclamada como heteroaplicativa, tiene como efecto el de impedir que esa ley sea aplicada v�lidamente al peticionario de garant�as en lo futuro. Por tal motivo, una ejecutoria que otorga el amparo respecto de una ley que es impugnada con motivo de un acto concreto de aplicaci�n no s�lo tiene efecto respecto de ese acto concreto, sino tambi�n, como en las leyes autoaplicativas, para que esa ley no le sea aplicada v�lidamente en el futuro. Por todo lo anteriormente expuesto, cabe concluir que el principio de relatividad de la sentencia de amparo significa que la sentencia que otorgue la Protecci�n Constitucional contra una ley s�lo comprender� al peticionario de garant�as, pero que sus efectos ser�n los de amparar al quejoso contra la ley reclamada no s�lo en relaci�n al acto de aplicaci�n con motivo del cual se impugn�, si fue reclamada como heteroaplicativa, sino, en general, para que la misma no deba volver a serle aplicada. Lo anterior implica que el juicio de amparo contra una ley que se reclama como heteroaplicativa s�lo procede, como ya se dijo, con motivo de su primer acto concreto de aplicaci�n y no en virtud de un segundo o posteriores actos de aplicaci�n, pues en tales casos el juicio de amparo contra la ley ser� improcedente.'

"De este criterio, que se reiter� en otros asuntos, deriv� tambi�n la tesis jurisprudencial visible con el n�mero doscientos uno del Tomo I, Materia Constitucional, del Ap�ndice mencionado, que dice:

"'LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.? La decisi�n sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley que se tome en una sentencia de amparo que ha causado ejecutoria, constituye cosa juzgada. Consecuentemente, si se concedi� el amparo, el efecto inmediato ser� nulificar la validez jur�dica de la ley reclamada en relaci�n con el quejoso y si el juicio se promovi� con motivo del primer acto de aplicaci�n, �ste tambi�n ser� contrarioal orden constitucional; dentro del mismo supuesto de concesi�n del amparo, ninguna autoridad puede volverle a aplicar v�lidamente la norma jur�dica que ya se juzg�, dado que la situaci�n jur�dica del quejoso se rige por la sentencia protectora. En cambio, cuando el fallo es desfavorable respecto de la ley, las autoridades pueden aplic�rsela v�lidamente; por ello, una vez que el juicio de garant�as se ha promovido contra la ley y se obtiene pronunciamiento de fondo, sea que se conceda o se niegue la protecci�n solicitada en sentencia ejecutoria, la decisi�n sobre su congruencia o incongruencia con el orden constitucional se ha convertido en cosa juzgada.'

"Los antecedentes narrados y en particular el criterio sentado en la ejecutoria citada, que mantiene este �rgano colegiado, permite establecer como premisa fundamental del estudio del presente incidente, que el efecto de la sentencia de amparo pronunciada en favor del quejoso act�a hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicaci�n que dio lugar a la promoci�n del juicio de amparo y los que en su caso se hayan generado durante la promoci�n del mismo, y hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se le aplique la norma declarada inconstitucional.

"Esta afirmaci�n (con las precisiones que m�s adelante se apuntar�n) produce, como primera consecuencia, que deba desestimarse la pretensi�n de la quejosa en el sentido de que la sentencia de amparo obliga a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron la norma declarada inconstitucional, en el caso, el Congreso de la Uni�n, presidente de la Rep�blica y secretario de G.�n, a dejar insubsistentes sus actos.

"Si como antes se dijo, en el juicio de amparo rige el principio de relatividad, por cuanto el efecto de la sentencia no afecta la vigencia de la ley, ni su eficacia se produce, en principio, en favor de personas distintas de la parte quejosa, obligado es concluir que tal fallo no implica dejar insubsistentes los actos que son de alcance general que concurren a dar vigencia a la ley.

"Tampoco puede pretenderse que tales autoridades, para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, deban emitir una resoluci�n de �ndole particular en donde dejen 'sin vigencia' la ley s�lo respecto de la quejosa, pues adem�s de que esta pretensi�n incurre en una confusi�n entre los conceptos de vigencia y eficacia, lo cierto es que el cumplimiento de una sentencia de amparo no puede constre�ir a las autoridades a realizar actos carentes en todo caso de sustento constitucional, como suceder�a en la especie, considerando que la Carta Fundamental no autoriza a los �rganos a quienes encomienda la formaci�n y puesta en vigor de las leyes, a realizar actos tendientes a regir la situaci�n jur�dica individual de un particular.

"Sobre el tema, este tribunal ha sentado la siguiente tesis:

"'LEY INCONSTITUCIONAL, EFECTO DEL AMPARO CONTRA LA.? Cuando la Justicia de la Uni�n concede el amparo contra una ley, el cumplimiento de la ejecutoria respectiva consiste en que la autoridad responsable se abstenga de aplicar la ley inconstitucional, en relaci�n exclusivamente con quienes obtuvieron la protecci�n. Tal es la caracter�stica esencial de nuestro juicio de garant�as, consignada en el primer p�rrafo de la fracci�n II del art�culo 107 de la Constituci�n: �La sentencia ser� siempre tal, que s�lo se ocupe de individuos particulares, limit�ndose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaraci�n general respecto de la ley o acto que la motivare.�. En consecuencia, el cumplimiento de la ejecutoria respectiva no estriba en que el �rgano legislativo est� obligado a derogar o modificar, por virtud de dicha ejecutoria, la ley inconstitucional, pues si por tal se entendiera su obligaci�n, resultar�a que la sentencia de amparo asumir�a alcances de declaraci�n general respecto de la ley, que es precisamente lo vedado por el precepto antes transcrito.' (Semanario Judicial de la Federaci�n, Sexta �poca, Volumen XLV, p�gina ciento veintiuno).

Como consecuencia de lo hasta aqu� expuesto, resulta que el presente incidente de inejecuci�n debe estimarse infundado por lo que hace al Congreso de la Uni�n, presidente de la Rep�blica y secretario de G.�n, toda vez que a estas autoridades no compete dar cumplimiento a la sentencia protectora.

Conforme a todo o expuesto, puede afirmarse que en el caso no existe materia para decidir sobre la pretendida inejecuci�n de la sentencia de amparo cuya cumplimentaci�n se pretende del presidente de la Rep�blica, secretario de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y secretario de la Reforma Agraria, quienes en la esfera de su competencia constitucional expidieron y refrendaron el decreto contra el cual se concedi� el amparo, porque su efecto, regido en todo, al igual que acontece trat�ndose del amparo contra leyes, por el principio de relatividad de las sentencias, es tal, que s�lo puede ocuparse de individuos particulares, limit�ndose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que versa la queja, sin hacer una declaraci�n general respecto de la ley o en la especie, el decreto que motiv� el juicio.

Por ello, resulta indebido pretender respuesta de los �rganos creadores de las leyes o decretos, en cumplimiento de una sentencia concesoria del amparo si, como se ha visto, �sta carece de efectos generales y toda comunicaci�n por parte de estos �rganos, en el sentido de que se respetar� la protecci�n constitucional, resulta cuando m�s intrascendente, habida cuenta de que el juicio de amparo, en la forma en que lo regula el art�culo 107, fracci�n II, de la Constituci�n Federal, carece de fuerza vinculatoria que obligue a las autoridades con facultades legislativas a derogar o dejar sin efectos sus actos, sino que se limita a su no aplicaci�n a la persona del quejoso. Esto, sin olvidar que todo nuevo acto que se traduzca en aplicaci�n de la norma general declarada inconstitucional, evidenciar� la repetici�n del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la ley reglamentaria del juicio de garant�as, por lo que se dejan a salvo los derechos del ejido quejoso, para ese caso.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

�NICO.? Se declara sin materia el presente incidente de inejecuci�n de sentencia.

N.�quese; con testimonio de esta resoluci�n, a las autoridades responsables; vuelvan los autos al juzgado de origen y, en su oportunidad, arch�vese el expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros M.A.G.�itr�n, G.I.O.M., S.S.A.A. y presidente en funciones, J.D.R.. Ausente el Ministro G.D.G.�ngora P., previo aviso; hizo suyo el asunto el Ministro Juan D�az R..

El Ministro M.A.G.�itr�n, solicit� la publicaci�n de la parte considerativa de la presente resoluci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta.