Ejecutoria num. 1a./J. 4/2004 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26825126

Ejecutoria num. 1a./J. 4/2004 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 4/2004
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Febrero de 2004
RESUMEN

INCONFORMIDAD 66/99. REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. NO SE ACTUALIZA SI LAS SENTENCIAS TIENEN DIFERENTE SUSTENTO PROBATORIO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

INCONFORMIDAD 66/99.

CONSIDERANDO:

CUARTO

Es infundada la inconformidad hecha valer, en m�rito a las consideraciones que se pasan a exponer:

En primer t�rmino, debe decirse que la figura de repetici�n del acto reclamado a que se refiere el art�culo 108 de la Ley de Amparo, se da en aquellos casos en que concedido el amparo al quejoso por determinados actos, la autoridad responsable, al cumplir con la sentencia, vuelve nuevamente a insistir en su conducta lesiva emitiendo otro en los mismos t�rminos que el primero.

Ciertamente, la repetici�n del acto reclamado requiere que los actos denunciados como tales sean id�nticos en la violaci�n de garant�as a los que se impugnaron en el juicio de amparo, de manera tal que se advierta claramente que est�n basados en los mismos supuestos y motivos que la autoridad federal tuvo en consideraci�n para otorgar la protecci�n constitucional pues, de lo contrario, es decir, si los actos no reproducen las caracter�sticas b�sicas de los reclamados, deben considerarse como actos diversos, susceptibles, en su caso, de impugnarse en un nuevo juicio de amparo.

Ahora bien, en el caso concreto se estima que la resoluci�n est� apegada a derecho al considerar inexistente la denuncia de repetici�n del acto reclamado promovida por los quejosos.

Lo anterior es as�, toda vez que como se desprende de los autos del juicio de garant�as del que deriva la presente inconformidad, se advierte claramente que los quejosos demandaron el amparo y protecci�n de la Justicia Federal en contra de la sentencia definitiva de dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y ocho, emitida por la D�cimo Cuarta S. Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en el toca de apelaci�n n�mero 2915/97.

Ahora bien, en la sentencia pronunciada en el juicio de amparo directo n�mero 3575/98 por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, se aprecia que la protecci�n constitucional se otorg� bajo los siguientes lineamientos:

Por otra parte, con fundamento en la fracci�n VI del art�culo 76 bis de la Ley de Amparo, se procede a la suplencia de los conceptos de violaci�n y se declaran sustancialmente fundados por lo siguiente: En primer t�rmino, es de hacer notar que la Juez de primera instancia declar� procedente la acci�n reconvencional con base en la valoraci�n de dict�menes periciales en materia de psicolog�a que beneficiaban a los abuelos paternos, para concederles la guarda y custodia del menor. Por su parte, la S. responsable manifest� que tales dict�menes periciales no eran concluyentes para apoyar la resoluci�n de la Juez inferior, y acogi� el reporte de la trabajadora social ... con motivo del ingreso del menor a la casa cuna C.�n, de fecha once de noviembre de mil novecientos noventa y seis, para decretar la custodia en favor de la abuela materna. En raz�n de lo anterior, debe decirse que en el caso existe una violaci�n manifiesta a la ley cometida en perjuicio de los quejosos, porque la S. responsable al analizar los agravios esgrimidos por los apelantes debi� advertir que, en primera instancia, no se desahog� una prueba fundamental para resolver la litis planteada correctamente, como lo es el de haberle dado intervenci�n al menor en un acto que lo afectaba, por las siguientes razones: De conformidad con lo que establece el art�culo 941 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, los Jueces o el tribunal de lo familiar deben suplir las deficiencias de la queja en los planteamientos de derecho que realicen las partes en asuntos que afecten la estabilidad de la familia, especialmente trat�ndose de menores y de alimentos, decretando las medidas que tiendan a preservarla y a proteger a sus miembros, por ello, una interpretaci�n extensiva del precepto en comento permite concluir que al decir que debe tomar las medidas que tiendan a preservar y a proteger a los miembros de la familia, debe entenderse que incluso puede allegarse pruebas que no hubieren ofrecido las partes, para as� poder resolver la litis planteada y estar en aptitud de resolver con plena convicci�n y apoyados en todos los elementos probatorios que est�n a su alcance. Se dice lo anterior, porque la Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, que es Ley Suprema de toda la Uni�n, de conformidad con el art�culo 133 constitucional, establece en su pre�mbulo, lo siguiente: (lo transcribe). Por su parte, los art�culos 3o. y 12 de dicha convenci�n se�alan lo siguiente: (los transcribe). Como puede verse de lo anterior, en todas las medidas concernientes a los ni�os que tomen los tribunales, se atender� al inter�s superior del ni�o y, para ello, en lo particular se le dar� oportunidad de ser escuchado en el procedimiento judicial que le afecte, ya sea directamente o por medio de un representante o de un �rgano apropiado, de conformidad con las reglas del procedimiento de las normas, y con base en ello se resolver� con lo que diga el ni�o y todos los restantes elementos de prueba. En estas condiciones, es evidente que la S. responsable con la plenitud de jurisdicci�n de la que est� investida, debi� haber advertido lo que establecen los art�culos antes invocados y de oficio debi� haber ordenado el desahogo de la prueba a que se refiere el art�culo 12 de la Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o, para as� estar en aptitud de poder resolver qu� es lo m�s conveniente para el menor de edad. Al no haber realizado lo anterior, el tribunal de apelaci�n viol� en perjuicio de los quejosos las garant�as individuales de legalidad y seguridad jur�dica consagradas en los art�culos 14 y 16 de la Carta Magna y, por ello, procede conceder el amparo y la protecci�n de la Justicia Federal solicitados para el efecto de que se deje insubsistente la sentencia reclamada, d� estricto cumplimiento a lo que establecen los art�culos 3o. y 12 de la Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o, y desahogado que sea el testimonio del menor, emita una nueva sentencia conforme a derecho proceda, tomando como base los agravios esgrimidos por la apelante, los que incluso pueden ser suplidos por estar en riesgo la familia y los derechos del menor.

De esto se colige que la autoridad federal mencionada concede el amparo por considerar que existe violaci�n manifiesta a la ley cometida en perjuicio de los quejosos, porque la S. responsable al analizar los agravios esgrimidos por los apelantes debi� advertir que en primera instancia no se desahog� una prueba fundamental para resolver la litis planteada correctamente, como lo es el de haberle dado intervenci�n al menor en un acto que lo afectaba, atendiendo al art�culo 941 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a la Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, que es Ley Suprema de toda la Uni�n, de conformidad con el art�culo 133 constitucional.

Que por lo anterior proced�a conceder el amparo a los quejosos para el efecto de que se deje insubsistente la sentencia reclamada y desahogado que sea el testimonio del menor emita una nueva resoluci�n conforme a derecho proceda, tomando como base los agravios esgrimidos por la apelante, los que incluso pueden ser suplidos en su deficiencia.

Los antecedentes relatados ponen de manifiesto que la protecci�n de la Justicia Federal se otorg� a fin de que:

  1. La responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada;

  2. Desahogara la testimonial del menor; y

  3. Emitiera otra conforme a derecho procediera tomando como base los agravios esgrimidos.

De lo que se aprecia que el Tribunal Colegiado vincul� a la S. responsable en relaci�n con que deb�a desahogar una testimonial a cargo del menor y tomar en cuenta la misma al emitir la resoluci�n correspondiente pero d�ndole libertad de jurisdicci�n, pues le indic� que resolviera conforme a derecho procediera.

Pues bien, la S. responsable al cumplimentar la ejecutoria de amparo resolvi� lo siguiente:

"II. El Tribunal Federal sentenci�, en conceptos que esta S. acoge y hace suyos por imperativo legal, lo siguiente: (los transcribe). Por su parte, los art�culos 3o. y 12 de dicha convenci�n se�alan lo siguiente: ?Art�culo 3o.? (lo transcribe). ?Art�culo 12.? (lo transcribe). III. La testimonial a cargo del menor ... fue recibida en esta S., en acatamiento a la ejecutoria de amparo, el siete de julio �ltimo, desarroll�ndose en los siguientes t�rminos: (lo transcribe). IV. Tomando en consideraci�n la necesidad de que esta S. contara con los estudios psicol�gicos de los abuelos paternos y de la abuela por l�nea materna y del propio menor, por auto de siete de julio del a�o que corre se mand� girar sendos oficios, requiri�ndose al C. Director del Albergue Temporal de la Procuradur�a de Justicia del Distrito Federal informara sobre la estad�a del menor y los estudios que se le hubieren practicado, y siendo as�, el seguimiento de ellos. V. Con fecha catorce de julio de mil novecientos noventa y ocho la doctora ... directora general del Albergue Temporal de la Procuradur�a General de Justicia del Distrito Federal, remiti� a esta S. los informes y estudios que se han realizado al menor ... relacionado con la averiguaci�n previa 7A/7633/96-07 durante su estad�a en esa instituci�n, entre los que destacan el informe psicol�gico que suscribe el Lic. ... que por su importancia se transcribe a continuaci�n: (lo transcribe). VI. El Dr. ... director del hospital psiqui�trico ?F.B. de �lvarez?, remiti� los ?reportes de estudios psicol�gicos? practicados a los abuelos paternos y abuela materna del menor ... de los que se desprenden como datos principales los siguientes: (los transcribe). VII. Con apoyo en los art�culos 3o. y 12 de la Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o, cuya observancia es ordenada por la autoridad federal, esta S. se pronuncia porque la guarda y custodia del menor ... sea ejercida por su abuela materna se�ora ... quien garantiza el integral y arm�nico desarrollo del citado menor, conforme a los estudios psicol�gicos que han sido transcritos en el cuerpo de este fallo y que son ampliamente reveladores sobre la conveniencia de que la parte apelante ejerza la guarda y custodia, no obstante que el menor en la diligencia en la que se recibi� su testimonial en esta alzada hubiere manifestado ?que le gustar�a estar con los pap�s de su pap�? para despu�s decir ?que tambi�n le gustar�a ver a la mam� de su mam�?, manifestaciones �stas que s�lo evidencian la necesidad de amor de los miembros que integran su familia, pero sin que hubiere una inclinaci�n hacia alguno de ellos en particular; y aun siendo as�, los suscritos Magistrados ponderan el superior inter�s del menor y, como se mencion� l�neas arriba, es la abuela materna, apelante en el recurso impugnativo que se sustancia, la que presenta las mayores expectativas, para que el menor quien ha vivido m�s de la mitad de su escaso existir en el albergue temporal, se readapte a la vida familiar y revalore a la figura femenina en la convivencia c�lida de su ascendiente, que neutralice la actitud expresada por el ni�o hacia la mujer y, en lo futuro, pueda asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad; sin olvidar que el incapaz debe crecer, y los tribunales deben as� propiciarlo en el seno de una familia en un ambiente de felicidad, amor y comprensi�n. Atento lo anterior se pasa a analizar los agravios en la siguiente forma: VIII. Son medularmente fundados los motivos de queja propuestos por la recurrente, conforme a los razonamientos que a continuaci�n se dan: En el primero de los agravios la actora, ahora inconforme, alega que la potestad natural conculc� en su perjuicio los principios que rigen la valoraci�n de las pruebas, ya que se concret� para arribar a la conclusi�n de la improcedencia de la acci�n principal �nica y exclusivamente al an�lisis de los estudios que en materia de psicolog�a le fueron practicados al menor ... resultando los realizados por ... con fecha treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y siete y por ... el treinta de julio de mil novecientos noventa y seis, sin haberlos examinado en su integridad y omitiendo entrar al estudio y valoraci�n de los dem�s elementos de prueba allegados por la recurrente, como son la confesional de la codemandada ... los reconocimientos judiciales derivados de las actuaciones del juicio, las testimoniales a cargo de ... y diversas documentales p�blicas, pruebas todas ellas que este tribunal con plenitud de jurisdicci�n valorar� m�s adelante, por lo que tambi�n se duele la actora de la valoraci�n del principio de exhaustividad, al preferir el juzgador dicho material probatorio sin motivaci�n legal. El agravio as� expresado, resulta fundado y procedente. El prop�sito de analizar los estudios psicol�gicos l�neas arriba mencionados fue, seg�n se advierte de la lectura de la parte relativa del considerando III de la sentencia impugnada, la necesidad ?de distinguir entre la custodia del menor y el ejercicio de la patria potestad?, intento fallido porque precisamente, la Juez de primer grado, al preferir a los abuelos por v�a paterna del menor, le da a la cuesti�n litigiosa de ?custodia? el tratamiento previsto para la que los ascendientes de �l entren al ejercicio de la ?patria potestad?, no obstante que cita el a quo las conclusiones de ambas facultativas en cuanto que ?el menor ... proviene de una pareja en extremo disfuncional que estableci� una relaci�n sadomasoquista de tipo obsesivo, caracteriz�ndose por el deseo obsesivo de poder y dominio en que se han involucrado las familias de ambos progenitores, dando lugar a diversos il�citos en donde el menor ha sido una pieza objetivo de esa lucha que lo ha colocado en un ambiente peligroso para el bienestar f�sico y emocional y que adem�s el menor presenta alteraciones emocionales, cognitivas, conductuales y sexuales?. A la luz de nuestra legislaci�n sustantiva, la patria potestad es la instituci�n derivada de la filiaci�n que consiste en el conjunto de facultades y obligaciones que la ley otorga e impone a los ascendientes con respecto a la persona y bienes de sus descendientes menores de edad. Pero hay casos excepcionales en que esta conjunci�n imperativo-atributiva deber� desmembrarse para que parcialmente los padres o los ascendientes llamados por la ley a ejercerla, limiten su actuaci�n a una o varias instituciones que conforman aqu�lla; la guarda y custodia de menores es un ejemplo de este desmembramiento, pues implica por s� misma, la entrega de la posesi�n del menor, con independencia de las obligaciones o dem�s derechos que pudieren tener los que ejercen sobre �l la patria potestad. En la especie, la abuela materna del menor reclam� la posesi�n de �ste para ejercer su guarda y custodia, con todo lo que este estado jur�dico conlleva, fundando su pretensi�n en que: a) El progenitor del menor se encuentra privado de su libertad y sujeto a un proceso de homicidio calificado en agravio de su ex esposa, madre del incapaz, y b) Por cuestiones de prevenci�n de la salud mental del menor, la inconveniencia de que sean los abuelos paternos quienes ejerzan la guarda y custodia, por las razones que se�al� en la demanda. Los demandados, abuelos paternos del menor, al contestar la demanda adujeron la prelaci�n legal para entrar al ejercicio de la patria potestad sobre el menor y el establecimiento de un r�gimen de visitas para que la abuela materna conviviera con su nieto y en ese sentido promovieron reconvenci�n en contra de la actora en el juicio principal. El tercero llamado a juicio, padre del menor, adujo tambi�n la preferencia legal a favor de los abuelos por v�a paterna, quedando fijados los puntos litigiosos sobre los cuales debi� decidir el juzgador natural, fundando y motivando su resoluci�n en t�rminos del art�culo 81 del C�digo de Procedimientos Civiles. Volviendo a la queja sobre la inadecuada valoraci�n de los dict�menes periciales emitidos por las psic�logas ... esta S. advierte que le asiste la raz�n a la recurrente, porque no fueron estudiados en su integridad, sino extra�das partes espec�ficas de su contexto, lo que cambia sustancialmente el sentido de las opiniones t�cnicas de las que se pretende apoyar la decisi�n judicial. As�, por ejemplo, en el dictamen de la primera de las nombradas, emitido el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y siete, apoyado en diverso de cinco de junio del mismo a�o, en el apartado c) denominado ?rasgos de personalidad?, esta auxiliar de la administraci�n de justicia dijo: (lo transcribe). Para explicar el comportamiento del menor en cuanto a la disociaci�n entre su inteligencia (superior al t�rmino medio) y el enmascaramiento de sus sentimientos de angustia, miedo y abandono, la experta menciona: (lo reproduce). El juzgador, al estudiar y, posteriormente, valorar el dictamen de la otra perito ... conforme a las evaluaciones efectuadas con fecha doce de julio de mil novecientos noventa y seis, seis d�as antes de la violenta muerte de su progenitora del menor y veinticinco del mismo mes y a�o, siete d�as despu�s de ese evento, debi� establecer en sus razonamientos los motivos por los cuales le produc�a convicci�n el referido dictamen pericial para determinar la preferencia de los abuelos paternos en la guarda y custodia de su nieto, pues esta S. advierte que estas evaluaciones precedieron a la estancia en que el menor estuvo al lado de su padre, que ya en esas fechas se hab�an presentado diversas confrontaciones legales entre los progenitores de �l, que el menor fue presentado, en la primera de ellas, por su padre y abuelo paterno, por lo que pudiera derivarse que el menor se encontraba influenciado por su se�or padre, como se advierte en el cap�tulo IV denominado ?antecedentes familiares y personales?, en el relato que hace el menor imput�ndole a su madre una conducta de desamor hacia �l, al decir: (lo transcribe). Lo mismo puede decirse por lo que hace a la aprobaci�n por el menor de sus abuelos paternos, cuando dice: (lo reproduce), y de su abuelita paterna: (lo transcribe). La propia evaluadora ya tuvo prevista esa circunstancia, puesto que en el dictamen al que nos hemos venido refiriendo mencion�: (lo reproduce). El dictamen de la psic�loga ... coincide en esta apreciaci�n, como l�neas arriba se mencion�. Consecuentemente los dict�menes en los que se apoy� el juzgador natural para decretar la guarda y custodia del menor ... no son concluyentes para apoyar la resoluci�n de la Juez inferior, materia de la alzada, y sobre este tenor deber� estimarse fundado el agravio en estudio. El derecho familiar est� estructurado para ser un garante de los sujetos m�s vulnerables en toda relaci�n jur�dica, el art�culo 940 del C�digo de Procedimientos Civiles da a los problemas inherentes a la familia la caracter�stica de marcado orden p�blico a fin de hacer obligatorios sus postulados, y el numeral que le sigue, le confiere a los juzgadores de la materia facultades para que, en trat�ndose de menores y de alimentos, decreten, aun de oficio, las medidas de protecci�n a la familia y a sus integrantes. Por esta raz�n, toda resoluci�n que involucre la seguridad, salud, moralidad y, en fin, cualquier aspecto de la vida de un incapaz, debe ser escrupulosamente motivada, de tal manera que la resoluci�n de la cuesti�n litigiosa tenga siempre presente los superiores intereses del menor. El decreto promulgatorio de la Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, ya reconoce que (lotranscribe). En el caso a revisi�n, los postulados de dicha convenci�n no pueden llevarse a cabo, si el menor ... quien a la fecha cuenta con seis a�os diez meses de edad, y su primer ingreso a un albergue acaeci� cuando ten�a escasos cuatro a�os, quedara sujeto a la guarda y cuidado de sus abuelos paternos, quienes no son ajenos, moralmente, a la suerte de su hijo ... internado en el reclusorio por el delito de homicidio calificado de su ex esposa, madre del menor. El ambiente familiar no ser�a propicio para que el menor pudiese olvidar la tragedia que culmin� con la privaci�n de la vida de su progenitora, y que es necesario para sanar su vida emocional (ya las expertas en materia de psicolog�a apuntan que el menor prefiere soslayar cualquier comentario al respecto), pero lo que es m�s importante, entregar la posesi�n del menor a los abuelos paternos, ser�a tanto como sancionar, aprobar, la interferencia del padre homicida en el desarrollo psicol�gico y emocional del menor, pues si a�n estando en el albergue temporal de la procuradur�a manten�a con el hijo conversaci�n telef�nica, d�ndose el dato que en una ocasi�n rehus� recibirla, con mayor raz�n estando en la casa de sus ascendientes, lo que constituir�a un serio obst�culo en la rehabilitaci�n en sus �reas emocionales del menor. Esta revisora estima que los intereses del menor se encontrar�an protegidos si la guarda y custodia de �l se le confiara en forma definitiva a su abuela materna, actora en este juicio, con la obligaci�n de �sta de someterlo, una vez integrado al ambiente de su nueva familia, a un tratamiento psicol�gico integral, evitando estudios de valoraci�n que le pudieran causar desajustes emocionales, adem�s de dar aviso inmediato a las dependencias oficiales que tienen a su cargo la protecci�n de los menores, de cualquier alteraci�n en su conducta a fin de recibir la ayuda profesional adecuada. No es el caso entrar a la valoraci�n de las pruebas que la actora estima preferidas, porque las evaluaciones en materia de psicolog�a son claras al definir la conflictiva de las familias involucradas en los problemas legales de sus respectivos miembros, defini�ndose la cuesti�n a favor de la actora conforme al reporte de la trabajadora social ... (foja 520, primer tomo) con motivo del ingreso del menor a la casa cuna C.�n, fechado el once de noviembre de mil novecientos noventa y seis, donde se lee: (lo transcribe). Dicho informe rese�a otras visitas de la actora al albergue, sin reportar circunstancias que pudieran revelar una falta de comunicaci�n y adaptaci�n con la abuela materna. Consecuentemente, deber� revocarse la sentencia impugnada como m�s adelante se precisa. El segundo y tercero de los agravios, tambi�n son fundados y procedentes; la suspensi�n de la patria potestad a la actora por el t�rmino de seis meses resulta incongruente con las pretensiones deducidas en el juicio, pues se trata de un elemento novedoso introducido en la litis por el juzgador natural al pronunciar la definitiva materia de la alzada, por lo que, como alega la recurrente, la sentencia impugnada le causa un perjuicio irreparable en su esfera jur�dica que amerita ser reparado en esta instancia mediante la revocaci�n de la injustificada condena. Adem�s, se observa que el examen y concesi�n no motivada ni fundada de la patria potestad, es una cuesti�n que debi� ser decidida en un juicio ordinario civil y no en el procedimiento especial de controversia familiar, que no pudo tener m�s contenido que la custodia del menor. Atento a los razonamientos procedentes, deber� revocarse la sentencia motivo del presente medio impugnativo, que a juicio de esta S. contiene igualmente un impropio ejercicio de las facultades discrecionales concedidas por los art�culos 940 y 941 del C�digo de Procedimientos Civiles. Por tanto, deber� regir como sigue: (lo transcribe). IX. No estando el caso en ninguno de los supuestos del art�culo 140 del C�digo de Procedimientos Civiles, no es de decretarse condena en costas."

De lo anterior se aprecia que la S. responsable al emitir la sentencia mediante la que cumpli� con la ejecutoria del amparo, en el considerando III, hizo relaci�n de la testimonial a cargo del menor ... recibida el siete de julio anterior, de los estudios realizados por ... directora general del Albergue Temporal de la Procuradur�a General de Justicia del Distrito Federal al citado menor, los reportes de estudios psicol�gicos practicados a los abuelos paternos y abuela materna del menor y se pronunci� en que son fundados los agravios expresados por la parte apelante, determinando en consecuencia revocar la sentencia de primera instancia y declarar a favor de la actora la guarda y custodia definitiva del menor ...

Ahora bien, comparando esta resoluci�n con la que fue materia del juicio de garant�as se aprecia con n�tida claridad que no existe la repetici�n del acto reclamado, porque aun cuando se produce el mismo efecto que el anterior, pues la sentencia fue en el mismo sentido, en el caso la responsable para llegar a la misma conclusi�n se bas� en medios de prueba diversos, por lo que no puede alegarse que se actualice la figura de m�rito, pues el sustento probatorio en ambas sentencias es totalmente distinto.

En efecto, en la primigenia sentencia combatida mediante el juicio de garant�as, se sostuvo medularmente que:

"I. Son medularmente fundados los motivos de queja propuestos por la recurrente, conforme a los razonamientos que a continuaci�n se dan: En el primero de los agravios la actora, ahora inconforme, alega que la potestad natural conculc� en su perjuicio los principios que rigen la valoraci�n de las pruebas, ya que se concret� para arribar a la conclusi�n de la improcedencia de la acci�n principal �nica y exclusivamente al an�lisis de los estudios que en materia de psicolog�a le fueron practicados al menor ... resaltando los realizados por ... con fecha treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y siete y por ... el treinta de julio de mil novecientos noventa y seis, sin haberlos examinado en su integridad y omitiendo entrar al estudio y valoraci�n de los dem�s elementos de prueba allegados por la recurrente, como son la confesional de la codemandada ... los reconocimientos judiciales derivados de las actuaciones del juicio, las testimoniales a cargo de ... y diversas documentales p�blicas, pruebas todas ellas que este tribunal con plenitud de jurisdicci�n valorar� m�s adelante, por lo que tambi�n se duele la actora de la valoraci�n del principio de exhaustividad, al preferir el juzgador dicho material probatorio sin motivaci�n legal. El agravio as� expresado, resulta fundado y procedente. El prop�sito de analizar los estudios psicol�gicos l�neas arriba mencionados fue, seg�n se advierte de la lectura de la parte relativa del considerando III de la sentencia impugnada, la necesidad ?de distinguir entre la custodia del menor y el ejercicio de la patria potestad?, intento fallido porque precisamente, la Juez de primer grado, al preferir a los abuelos por v�a paterna del menor, le da a la cuesti�n litigiosa de ?custodia? el tratamiento previsto para que los ascendientes de �l entren al ejercicio de la ?patria potestad?, no obstante que cita el a quo las conclusiones de ambas facultativas en cuanto que: (lo transcribe). A la luz de nuestra legislaci�n sustantiva, la patria potestad es la instituci�n derivada de la filiaci�n que consiste en el conjunto de facultades y obligaciones que la ley otorga e impone a los ascendientes con respecto a la persona y bienes de sus descendientes menores de edad. Pero hay casos excepcionales en que esta conjunci�n imperativo-atributiva deber� desmembrarse para que parcialmente los padres o los ascendientes llamados por la ley a ejercerla, limiten su actuaci�n a una o varias instituciones que conforman aquella; la guarda y custodia de menores es un ejemplo de este desmembramiento, pues implica por s� misma, la entrega de la posesi�n del menor, con independencia de las obligaciones o dem�s derechos que pudieren tener los que ejercen sobre �l la patria potestad. En la especie, la abuela materna del menor reclam� la posesi�n de �ste para ejercer su guarda y custodia, con todo lo que este estado jur�dico conlleva, fundando su pretensi�n en que: a) El progenitor del menor se encuentra privado de su libertad y sujeto a un proceso de homicidio calificado en agravio de su exesposa, madre del incapaz, y b) Por cuestiones de prevenci�n de la salud mental del menor, la inconveniencia de que sean los abuelos paternos quienes ejerzan la guarda y custodia, por las razones que se�al� en la demanda. Los demandados, abuelos paternos del menor, al contestar la demanda adujeron la prelaci�n legal para entrar al ejercicio de la patria potestad sobre el menor y el establecimiento de un r�gimen de visitas para que la abuela materna conviviera con su nieto y en ese sentido promovieron reconvenci�n en contra de la actora en el juicio principal. El tercero llamado a juicio, padre del menor, adujo tambi�n la preferencia legal a favor de los abuelos por v�a paterna, quedando fijados los puntos litigiosos sobre los cuales debi� decidir el juzgador natural, fundando y motivando su resoluci�n en t�rminos del art�culo 81 del C�digo de Procedimientos Civiles. Volviendo a la queja sobre la inadecuada valoraci�n de los dict�menes periciales emitidos por las psic�logas ... esta S. advierte que le asiste la raz�n a la recurrente, porque no fueron estudiados en su integridad, sino extra�das partes espec�ficas de su contexto, lo que cambia sustancialmente el sentido de las opiniones t�cnicas de las que se pretende apoyar la decisi�n judicial. As�, por ejemplo, en el dictamen de la primera de las nombradas, emitido el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y siete, apoyado en diverso de cinco de junio del mismo a�o, en el apartado c) denominado ?rasgos de personalidad?, esta auxiliar de la administraci�n de justicia, dijo: (lo transcribe). Para explicar el comportamiento del menor en cuanto a la disociaci�n entre su inteligencia (superior al t�rmino medio) y el enmascaramiento de sus sentimientos de angustia, miedo y abandono, la experta mencion�: (lo reproduce). El juzgador, al estudiar y, posteriormente, valorar el dictamen de la otra perito ... conforme a las evaluaciones efectuadas con fecha doce de julio de mil novecientos noventa y seis, seis d�as antes de la violenta muerte de la progenitora del menor y veinticinco del mismo mes y a�o, siete d�as despu�s de ese evento, debi� establecer en sus razonamientos los motivos por los cuales le produc�a convicci�n el referido dictamen pericial para determinar la preferencia de los abuelos paternos en la guarda y custodia de su nieto, pues esta S. advierte que estas evaluaciones precedieron a la estancia en que el menor estuvo al lado de su padre, que ya en esas fechas se hab�an presentado diversas confrontaciones legales entre los progenitores de �l, que el menor fue presentado, en la primera de ellas, por su padre y abuelo paterno, por lo que pudiera derivarse que el menor se encontraba influenciado por su se�or padre, como se advierte en el cap�tulo IV denominado ?antecedentes familiares y personales?, en el relato que hace el menor imput�ndole a su madre una conducta de desamor hacia �l, al decir: (lo transcribe). Lo mismo puede decirse por lo que hace a la aprobaci�n por el menor de sus abuelos paternos, cuando dice: (lo reproduce), y de su abuelita paterna: (lo transcribe). La propia evaluadora ya tuvo prevista esa circunstancia, puesto que en el dictamen al que nos hemos venido refiriendo, mencion�: (lo reproduce). El dictamen de la psic�loga ... coincide en esta apreciaci�n, como l�neas arriba se mencion�. Consecuentemente, los dict�menes en los que se apoy� el juzgador natural para decretar la guarda y custodia del menor ... no son concluyentes para apoyar la resoluci�n de la Juez inferior, materia de la alzada, y sobre este tenor deber� estimarse fundado el agravio en estudio. El derecho familiar est� estructurado para ser un garante de los sujetos m�s vulnerables en toda relaci�n jur�dica; el art�culo 940 del C�digo de Procedimientos Civiles da a los problemas inherentes a la familia la caracter�stica de marcado orden p�blico a fin de hacer obligatorios sus postulados, y el numeral que le sigue, le confiere a los juzgadores de la materia facultades para que, en trat�ndose de menores y de alimentos, decreten, aun de oficio, las medidas de protecci�n a la familia y a sus integrantes. Por esta raz�n, toda resoluci�n que involucre la seguridad, salud, moralidad y, en fin, cualquier aspecto de la vida de un incapaz, debe ser escrupulosamente motivada, de tal manera que la resoluci�n de la cuesti�n litigiosa tenga siempre presente los superiores intereses del menor. El decreto promulgatorio de la Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, ya reconoce que: (lo transcribe). En el caso a revisi�n, los postulados de dicha convenci�n no pueden llevarse a cabo, si el menor ... quien a la fecha cuenta con seis a�os diez meses de edad, y su primer ingreso a un albergue acaeci� cuando ten�a escasos cuatro a�os, quedara sujeto a la guarda y cuidado de sus abuelos paternos, quienes no son ajenos, moralmente, a la suerte de su hijo ... internado en el reclusorio por el delito de homicidio calificado de su exesposa, madre del menor. El ambiente familiar no ser�a propicio para que el menor pudiese olvidar la tragedia que culmin� con la privaci�n de la vida de su progenitora, y que es necesario para sanar su vida emocional (ya las expertas en materia de psicolog�a apuntan que el menor prefiere soslayar cualquier comentario al respecto), pero lo que es m�s importante, entregar la posesi�n del menor a los abuelos paternos, ser�a tanto como sancionar, aprobar, la interferencia del padre homicida en el desarrollo psicol�gico y emocional del menor, pues si aun estando en el albergue temporal de la procuradur�a manten�a con el hijo conversaci�n telef�nica, d�ndose el dato que en una ocasi�n rehus� recibirla, con mayor raz�n estando en la casa de sus ascendientes, lo que constituir�a un serio obst�culo en la rehabilitaci�n en sus �reas emocionales del menor. Esta revisora estima que los intereses del menor estar�an protegidos si la guarda y custodia de �l se le confiara en forma definitiva a su abuela materna, actora en este juicio, con la obligaci�n de �sta de someterlo, una vez integrado al ambiente de su nueva familia, a un tratamiento psicol�gico integral, evitando estudios de valoraci�n que le pudieran causar desajustes emocionales, adem�s de dar aviso inmediato a las dependencias oficiales que tienen a su cargo la protecci�n de los menores, de cualquier alteraci�n en su conducta a fin de recibir la ayuda profesional adecuada. No es el caso entrar a la valoraci�n de las pruebas que la actora estima preferidas, porque las evaluaciones en materia de psicolog�a son claras al definir la conflictiva de las familias involucradas en los problemas legales de sus respectivos miembros, defini�ndose la cuesti�n a favor de la actora conforme al reporte de la trabajadora social ... (foja 520, primer tomo) con motivo del ingreso del menor a la casa cuna C.�n, fechada el once de noviembre de mil novecientos noventa y seis, donde se lee: (lo reproduce). Dicho informe rese�a otras visitas de la actora al albergue, sin reportar circunstancias que pudieran revelar una falta de comunicaci�n y adaptaci�n con la abuela materna. Consecuentemente, deber� revocarse la sentencia impugnada como m�s adelante se precisa. El segundo y tercero de los agravios, tambi�n son fundados y procedentes; la suspensi�n de la patria potestad a la actora, por el t�rmino de seis meses, resulta incongruente con las pretensiones deducidas en el juicio, pues se trata de un elemento novedoso introducido en la litis por el juzgador natural al pronunciar la definitiva materia de la alzada por lo que, como alega la recurrente, la sentencia impugnada le causa un perjuicio irreparable en su esfera jur�dica, que amerita ser reparado en esta instancia mediante la revocaci�n de la injustificada condena. Adem�s, se observa que el examen y concesi�n no motivada ni fundada de la patria potestad, es una cuesti�n que debi� ser decidida en un juicio ordinario civil y no en el procedimiento especial de controversia familiar, que no pudo tener m�s contenido que la custodia del menor. Atento a los razonamientos precedentes, deber� revocarse la sentencia motivo del presente medio impugnativo, que a juicio de esta S. contiene igualmente un impropio ejercicio de las facultades discrecionales concedidas por los art�culos 940 y 941 del C�digo de Procedimientos Civiles. Por tanto, deber� regir como sigue: (lo transcribe)."

De lo que se deriva que esta sentencia �nicamente valor� los estudios realizados en materia de psicolog�a de ... confesional de ... testimonial de ... y documentales; en cambio la segunda, adem�s de �stas enuncia los informes y estudios realizados tanto al menor como a los abuelos paternos y abuela materna, y emite juicio valorativo por lo que hace a la testimonial del menor citado, expresando los motivos por los que merece valor probatorio; de ah� que los fundamentos y motivos resultan distintos, diferencia sensible que basta para estimar que no existe la repetici�n del acto reclamado pues de su an�lisis comparativo se advierte que los supuestos y motivos, est�n fundados en diversas pruebas, por tanto, si en la sentencia que cumpli� est�n fundados en diverso material probatorio, la ejecutoria no reproduce las caracter�sticas b�sicas de la reclamada en el juicio de amparo, de ah� que deben considerarse como actos diversos, susceptibles, en su caso, de impugnarse en un nuevo juicio de amparo.

Tiene aplicaci�n la tesis de la Novena �poca. Instancia: Primera S.. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: II, agosto de 1995. Tesis: 1a. XXIX/95. P�gina: 117, que dice:

REPETICI�N DEL ACTO RECLAMADO. INEXISTENCIA DEL. CUANDO NO REPRODUCEN LAS CARACTER�STICAS B�SICAS DE LAS QUE SE OCUP� LA EJECUTORIA. Si s�lo se consider� para otorgar el amparo, el concepto de violaci�n relativo a la omisi�n del estudio de una causal de divorcio pero sin que se hubiera resuelto en la ejecutoria que se haya acreditado el maltrato del menor y, por ende la p�rdida de la patria potestad, es inconcuso que no existe repetici�n del acto reclamado en el caso de que se realice el estudio de dicha causal de divorcio, en los nuevos actos, pues los mismos no reproducen las caracter�sticas b�sicas de las que se ocup� la ejecutoria, sino que se trata de actos diversos que debieron ser materia de un juicio constitucional.

Asimismo, es aplicable la tesis de la Octava �poca. Instancia: Tercera S.. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n. Tomo: 81, septiembre de 1994. Tesis: 3a./J. 25/94. P�gina: 15, que dice :

REPETICI�N DEL ACTO RECLAMADO. LOS ACTOS DENUNCIADOS DEBEN INCURRIR EN LAS MISMAS VIOLACIONES Y MOTIVOS POR LOS QUE SE OTORG� EL AMPARO. La figura de repetici�n del acto reclamado requiere que los actos denunciados como tales sean id�nticos en la violaci�n de garant�as que entra�an a los que se impugnaron en el juicio de amparo, de manera tal que se advierta claramente que se est�n basando en los mismos supuestos y motivos que el Juez de Distrito tuvo en consideraci�n para otorgar la protecci�n constitucional a la parte quejosa, pues lo contrario, es decir, si los actos denunciados no reproducen las caracter�sticas b�sicas de los reclamados, deben considerarse como actos diversos, susceptibles, en su caso, de impugnarse en un nuevo juicio de amparo.

En consecuencia, y toda vez que el incidentista no demostr� fehacientemente con prueba alguna su pretensi�n en el sentido de que la autoridad responsable repiti� el acto que sereclam� en el juicio, procede declarar infundada la inconformidad.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

�NICO.-Es infundada la inconformidad a que este toca corresponde.

N.�quese; con testimonio de la presente resoluci�n, rem�tanse los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, arch�vese el presente toca.

As� lo resolvi� la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: J.V.C. y C., J.� de Jes�s G.�o P., J.N.S.M., O.S.C. de G.�a V. y presidente H.R.P. (ponente).