Ejecutoria num. P./J. 88/2006 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26822598

Ejecutoria num. P./J. 88/2006 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P./J. 88/2006
Localizacion:JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Octubre de 2006
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/2004-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO, DÉCIMO TERCERO Y OCTAVO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.PRUEBAS EN AMPARO INDIRECTO. NO SON APLICABLES SUPLETORIAMENTE LOS ARTÍCULOS 293 Y 294 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, QUE PREVÉN EL OTORGAMIENTO DE TÉRMINOS EXTRAORDINARIOS PARA EL DESAHOGO DE DILIGENCIAS FUERA DEL LUGAR DEL JUICIO.TESTIMONIAL. ES ADMISIBLE EN AMPARO INDIRECTO AUNQUE DEBA DESAHOGARSE EN EL EXTRANJERO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 13/2004-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO, D�CIMO TERCERO Y OCTAVO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JOS� DE JES�S GUDI�O PELAYO.

SECRETARIO: J.A.T.V..

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con los art�culos 107, fracci�n XIII, p�rrafo segundo, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, 197, p�rrafo primero, de la Ley de Amparo y 10, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en virtud de que el tema jur�dico planteado es un t�pico de enorme trascendencia y com�n a la materia del amparo, puesto que trata sobre la admisi�n en el juicio de garant�as de pruebas a ser desahogadas en el extranjero.

SEGUNDO

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la queja civil 5/2004, consider�, en la parte que interesa, lo siguiente:

CUARTO-Resulta fundado el recurso de queja que hace valer la recurrente. Los tres agravios que expone la quejosa se estudian en conjunto dada la estrecha relaci�n que guardan entre s� las consideraciones que contienen, de conformidad con el art�culo 79 de la Ley de Amparo. Refiere la recurrente que el J. de Distrito desech� incorrectamente la prueba testimonial que ofreci� a cargo de A.G.�a Canitr�, Concepci�n D.�n R. y R.L.C. para desahogarse en Espa�a, dado que tal probanza no est� prohibida por la ley, por el contrario, el t�tulo segundo, cap�tulo II, del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, regula la preparaci�n y desahogo de alguna prueba for�nea, ya sea por exhorto o carta rogatoria; adem�s, la misma fue ofrecida conforme a lo dispuesto por los art�culos 150 y 151 de la Ley de Amparo, pues se anunci� con la anticipaci�n requerida y se precis� que se ofrec�a para probar d�nde se encontraba la quejosa al momento del emplazamiento que reclama, es decir, la ofreci� precisamente para probar el hecho que afirmaba. Agrega que el juicio de garant�as es de breve y pronta resoluci�n, lo cual no debe llegar al grado de impedirle corroborar los hechos narrados en su demanda de garant�as en los que basa sus pretensiones, pues se har�a nugatorio el derecho de recibir una correcta administraci�n de justicia. Sostiene que no porque la ley reglamentaria establezca un plazo para ofrecer y desahogar pruebas, deben llevarse a cabo todos los actos procesales en este periodo, pues ello depender� de cada caso concreto. Se dice que son fundados los argumentos de la quejosa, porque efectivamente, el art�culo 150 de la ley de la materia permite que en el juicio de amparo se admitan toda clase de pruebas a excepci�n solamente de la confesional y las que fueran contra la moral o contra el derecho. Asimismo, en forma alguna tal legislaci�n de amparo o la supletoria, el C�digo Federal de Procedimientos Civiles, limita el desahogo de las probanzas al lugar de residencia del �rgano en que se tramita el juicio, sino por el contrario, la �ltima legislaci�n citada dedica el libro cuarto a la cooperaci�n procesal internacional y al respecto su numeral 543 establece que en los asuntos del orden federal, la cooperaci�n judicial internacional se regir� por las disposiciones del libro cuarto, las leyes aplicables, y por los tratados y convenios internacionales suscritos por nuestro pa�s; asimismo, el art�culo 548 hace menci�n de la pr�ctica de diligencias en pa�s extranjero para surtir efectos en juicios que se tramiten ante tribunales nacionales, al efecto dichos dispositivos se�alan: ?Art�culo 543. En los asuntos del orden federal, la cooperaci�n judicial internacional se regir� por las disposiciones de este libro y dem�s leyes aplicables, salvo lo dispuesto por los tratados y convenios de los que M�xico sea parte.?. ?Art�culo 548. La pr�ctica de diligencias en pa�s extranjero para surtir efectos en juicios que se tramitan ante tribunales nacionales, podr� encomendarse a los miembros del Servicio Exterior Mexicano por los tribunales que conozcan del asunto, caso en el cual dichas diligencias deber�n practicarse conforme a las disposiciones de este c�digo dentro de los l�mites que permita el derecho internacional. En los casos en que as� proceda, dichos miembros podr�n solicitar a las autoridades extranjeras competentes, su cooperaci�n en la pr�ctica de las diligencias encomendadas.?. Por otra parte, existen ya tratados internacionales firmados por nuestro pa�s los cuales deben ser observados por los juzgadores, de conformidad con el art�culo 133 de la Constituci�n, que regulan la cooperaci�n internacional que es necesaria cuando un �rgano jurisdiccional de un Estado est� impedido de actuar en el territorio de otro Estado, pero requiere de la pr�ctica de actos procesales en el territorio de este �ltimo, solicitud que se hace a aqu�l a trav�s de exhortos internacionales, cartas rogatorias o comisiones rogatorias. De la d�cima primera sesi�n ordinaria de la Conferencia de La Haya, Holanda, celebrada del siete al veintis�is de octubre de mil novecientos sesenta y ocho, y concluida el dieciocho de marzo de mil novecientos setenta, eman� la Convenci�n sobre la Obtenci�n de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil y Comercial; M�xico suscribi� la misma y el decreto de aprobaci�n del Senado se public� en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintis�is de enero de mil novecientos ochenta y ocho. Con anterioridad, nuestro pa�s ya era miembro de la Convenci�n Interamericana sobre recepci�n de Pruebas en el Extranjero suscrita en Panam�, el treinta de enero de mil novecientos setenta y cinco, y de su Protocolo Adicional suscrito en La Paz, Bolivia, el veinticuatro de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro. Por tanto, si la Ley de Amparo permite la recepci�n de la prueba testimonial para acreditar los supuestos que refiere la peticionaria de garant�as, es incuestionable que la circunstancia de que la misma deba desahogarse fuera del territorio nacional no impide su admisi�n y desahogo, pues la legislaci�n supletoria y el derecho internacional privado ya tienen regulada esta situaci�n a trav�s de la suscripci�n de diversos tratados que establecen la cooperaci�n entre Estados con el fin de realizar actos procesales, como en el caso el desahogo de pruebas cuyo resultado ser� considerado por el �rgano jurisdiccional en el procedimiento correspondiente. Adem�s, la oportunidad de aportar pruebas en cualquier procedimiento es una formalidad esencial inmersa en la garant�a gen�rica de audiencia, seg�n principio rector consagrada en el art�culo 14 constitucional que debe ser observada por todo juzgador, por lo que en forma alguna se puede dejar de recibir una prueba con el pretexto de la jurisdicci�n territorial del �rgano que la recibe, pues todas las legislaciones, inclusive la propia Ley de Amparo, prev�n actuaciones fuera del lugar de residencia del �rgano que conoce del asunto. El art�culo 28 de la Ley de Amparo prev� la notificaci�n personal al quejoso privado de su libertad por medio de exhorto, asimismo, los art�culos 298 y 543 a 568 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, regulam las diligencias que no pueden practicarse en el lugar de la residencia del tribunal en que se siga el juicio. No obstante lo anterior, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio sustentado por el D�cimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el que se apoy� el J. de Distrito para desechar la prueba testimonial que ofreci� la quejosa para desahogarse en Espa�a. En virtud de que los testigos tienen su domicilio en ese lugar y los hechos que pretende probar, se dice que tuvieron verificativo en ese lugar. Dicha tesis se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XV, junio de dos mil dos, p�gina seiscientos ochenta y dos, y a la letra dice: ?PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE SU ADMISI�N SI SE PRETENDEN DESAHOGAR EN EL EXTRANJERO.? (la transcribe). En esencia, el D�cimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sostiene que no es posible admitir una prueba para desahogarse en el extranjero, pues ello traer�a como consecuencia el retardo en un juicio de amparo que debe ser de pronta resoluci�n, por lo que se dejar�a de observar el principio de expeditez que rige al juicio constitucional. Contrario a lo rese�ado, este �rgano considera que si bien de conformidad con el art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos la administraci�n de justicia debe ser pronta y expedita, y en materia de amparo se estableci� un juicio de car�cter sumario de breve sustanciaci�n y pronta resoluci�n en el que no existe propiamente un periodo probatorio determinado que distinga momentos espec�ficos para el ofrecimiento y admisi�n de las pruebas, sino que se trata de un periodo difuso contemplado desde la presentaci�n de la demanda y hasta la celebraci�n de la audiencia constitucional, tan es as� que el art�culo 147 de la Ley de Amparo dispone que en el auto de admisi�n de demanda de amparo indirecto se pedir�n los informes justificados a las autoridades responsables, se notificar� del juicio al tercero perjudicado y, asimismo, se se�alar� fecha para la celebraci�n de la audiencia, la cual deber� ser fijada dentro de los treinta d�as siguientes; igualmente se estableci� en tal ordenamiento que las pruebas deber�n ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, aunque deber�n anunciarse previamente la testimonial, la pericial y la inspecci�n judicial a fin de que sean preparadas debidamente; sin embargo, el que tal procedimiento se haya previsto para sustanciarse en forma �gil y r�pida, no llega al extremo de impedir el diferimiento de la audiencia constitucional, si para ello existe un motivo suficiente como es el de respetar las formalidades esenciales de todo procedimiento: verbigracia, llamar a juicio al tercero perjudicado, recabar constancias que tuvo a la vista la autoridad responsable al emitir su sentencia y dar oportunidad al quejoso o al tercero perjudicado de probar sus manifestaciones. As�, sobre el principio de expeditez procesal prevalece siempre la garant�a de audiencia que implica para el gobernado la oportunidad de defenderse y de probar los supuestos bajo los cuales plantea esa defensa, sin que bajo ning�n motivo se pueda contraponer el principio de celeridad del juicio de amparo al de correcta administraci�n de justicia, como lo consider� el J. de Distrito conforme a la tesis que no comparte ese Tribunal Colegiado, pues subordina al factor tiempo el pleno ejercicio de las garant�as individuales consagradas constitucionalmente, como la de audiencia, que es ilimitada. Al respecto, debe precisarse que la garant�a de audiencia constituye un principio jur�dico de primer orden al que por su importancia deben subordinarse otros principios como el de celeridad en los juicios, que si bien encuentra igualmente sustento constitucional en el diverso art�culo 17, aquel que aqu� se defiende es de primer orden, pues es la base de todo procedimiento jurisdiccional legal y justo; en cambio, el tiempo que incuestionablemente invierten las partes con motivo del juicio, constituye tan s�lo un acto de molestia consustancial a todo acto de autoridad, factor que debe asumirse en aras de la salvaguarda de los valores fundamentales, como son la vida, la libertad, las propiedades, posesiones y derechos sustantivos que se deducen en los juicios. Por lo anterior y en observancia de la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo II, diciembre de mil novecientos noventa y cinco, p�gina ciento treinta y tres, que dice: ?FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.? (la transcribe). Por consiguiente, ante la contradicci�n de criterios que se advierte sobre la misma materia, este tribunal considera procedente, de conformidad con los art�culos 196 y 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, hacer la correspondiente denuncia de posible contradicci�n de tesis, a efecto de que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n fije el criterio que debe prevalecer. En otro orden de ideas, se destaca que la Ley de Amparo no admite la aplicaci�n supletoria del art�culo 293 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, en raz�n de que como qued� establecido en p�rrafos que anteceden, el procedimiento del juicio de amparo es sumario y en �l no se distinguen diversas etapas que van sucediendo una a la otra, como en el caso de la ley adjetiva civil federal que dispone una etapa para llamar a juicio al contrario, el cierre de la litis con la contestaci�n de la demanda y posteriormente la etapa de pruebas dividida a su vez en los periodos de ofrecimiento, admisi�n y desahogo de pruebas en periodo ordinario y extraordinario, y finalmente formulaci�n de alegatos; a diferencia de ello, en el juicio de amparo todas estas etapas inician con la admisi�n de demanda y concluyen con la celebraci�n de la audiencia constitucional y durante este lapso las partes en el juicio biinstancial est�n en aptitud de ofrecer las pruebas que consideren pertinentes. En esta tesitura, si los art�culos 293 y 294 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles que se relacionan entre s�, refieren que el promovente del juicio est� en aptitud de solicitar plazos extraordinarios para la pr�ctica de diligencias fuera del lugar del juicio, que van desde dos hasta siete meses, pero condiciona el otorgamiento de estos plazos extraordinarios a que se soliciten dentro de los tres d�as siguientes a la notificaci�n del auto que abra a prueba el juicio, es indudable que todo ello se determina y rige en raz�n de las diversas etapas procesales en que se divide el procedimiento civil federal; por tanto, si en el tr�mite del juicio de garant�as no existe una fase procesal espec�fica para el desahogo de pruebas, sino que �stas se ofrecen y desahogan en forma difusa desde la admisi�n de la demanda de amparo hasta la fecha de la celebraci�n de la audiencia constitucional, con respeto de los requisitos propios de la materia de anunciar con determinada anticipaci�n cierto tipo de pruebas como la pericial, testimonial e inspecci�n ocular; por tal virtud al no existir un periodo determinado de pruebas que pueda denominarse ordinario, tampoco existe un auto espec�fico que abra el juicio a prueba, por lo que la parte interesada en ofrecer una prueba que debe tener lugar fuera de la residencia del juzgado del conocimiento no tiene obligaci�n de solicitar los t�rminos extraordinarios, �nicamente cumplir con los requisitos que establece el art�culo 151 de la Ley de Amparo consistentes en anunciar la testimonial, pericial o inspecci�n judicial con cinco d�as de anticipaci�n a la celebraci�n de la audiencia constitucional. En las condiciones anotadas, al resultar fundados los agravios expuestos por la recurrente, procede declarar fundado el recurso de queja materia de esta resoluci�n.

TERCERO

Por su parte, el D�cimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la queja civil 10/2002-13, consider�, en la parte que interesa, lo siguiente:

Resulta inoperante el agravio hecho valer por el recurrente, relativo al desechamiento de la prueba testimonial a cargo de B.J.A., ofrecida por aqu�l para ser desahogada en el pa�s de Espa�a (provincia de Orense, Galicia), pues independientemente de los argumentos vertidos en contra de la determinaci�n impugnada, este Tribunal Colegiado estima que, conforme a la Ley de Amparo, jur�dicamente es improcedente la admisi�n de tal prueba en los t�rminos precisados. Para explicar la anterior proposici�n, es menester tener presente que el juicio de amparo fue concebido por el legislador como un juicio extraordinario que tiene como misi�n la protecci�n de las garant�as individuales de los gobernados frente a los gobernantes; lo anterior implica que no es una instancia m�s para decidir las controversias suscitadas en relaci�n con la normatividad positiva secundaria. Y dado el objeto del juicio constitucional, en su regulaci�n imperan principios procesales como, entre otros, el de expeditez o celeridad y el de econom�a procesal, en cumplimiento al art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, pues es evidente que en la decisi�n de controversias sobre derechos sustantivos la justicia debe ser pronta y expedita, con mayor raz�n debe ser en trat�ndose de los derechos primarios de la persona previstos en la Constituci�n como derechos subjetivos p�blicos o garant�as individuales; y, de manera concreta, tiene aplicabilidad en raz�n de que el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos de autoridad estatal se ejerce por �rgano jurisdiccional y por v�a de acci�n, por lo que la administraci�n de justicia en materia de amparo debe ser expedita. De suerte que si toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estar�n expeditos para impartirla en los plazos y t�rminos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, la Ley de Amparo fija esos plazos y t�rminos, con orientaci�n constitucional, en procuraci�n de que haya celeridad en el juicio de garant�as. As�, dicho principio de celeridad en la sustanciaci�n del juicio de amparo indirecto, que es el que al caso interesa, se constata desde que, por principio general, el J. de Distrito deber� resolver si admite o desecha la demanda dentro del t�rmino de veinticuatro horas contadas desde su presentaci�n (art�culo 148 de la Ley de Amparo). Y aun cuando la ley de la materia, para no hacer nugatorio u obstaculizar el acceso al juicio constitucional por meros tecnicismos jur�dicos, prev� que el juzgador federal prevenga al promovente cuando advierte alguna de las irregularidades precisadas en el numeral 146 de la misma, �ste cuenta con un t�rmino de no m�s de tres d�as para tal efecto. Asimismo, la audiencia constitucional deber� se�alarse para celebrarse a m�s tardar dentro del t�rmino de treinta d�as (art�culo 147). Y las autoridades responsables cuentan con cinco d�as para la rendici�n de su informe con justificaci�n, que el J. de Distrito podr� ampliar si estimara que el caso lo amerita; informe que adem�s deber� rendirse con la anticipaci�n que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho d�as antes de la fecha se�alada para la celebraci�n de la referida audiencia. En lo concerniente a las pruebas en el juicio de amparo, el legislador estableci� que, por regla general, las mismas deber�n ofrecerse y rendirse en la audiencia de juicio, y aun cuando la documental puede presentarse con anterioridad, ello es sin perjuicio de que el J. la tenga por recibida en el acto de la audiencia. De manera espec�fica y en lo que aqu� interesa, la Ley de Amparo dispone que la prueba testimonial deber� ser anunciada con anticipaci�n a la audiencia constitucional, de modo que el juzgado pueda entregar a las partes copia del interrogatorio para que, al verificarse la audiencia, puedan preguntar a los atestes; tal anuncio de la prueba debe hacerse cinco d�as h�biles antes del se�alado para la celebraci�n de la audiencia, sin contar el del ofrecimiento ni el de dicha celebraci�n (art�culo 151). Y aun cuando existe la posibilidad de que la aludida audiencia sea aplazada o suspendida, ya sea porque el informe justificado no fue rendido con la apuntada anticipaci�n o porque las autoridades no expidan con oportunidad las copias o documentos solicitados por las partes, dicho aplazamiento ser� �nicamente por el tiempo necesario para satisfacer la oportunidad respecto al conocimiento del informe justificado y para la expedici�n de copias o documentos, tan esas� que en el �ltimo caso el J. Federal debe hacer uso de los medios de apremio y, en su caso, consignar a la autoridad omisa por desobediencia a su mandato. El an�lisis de los anteriores preceptos, ponen de manifiesto que el juicio de garant�as fue estructurado como un medio de defensa extraordinario, en cuya tramitaci�n debe prevalecer el principio de expeditez o celeridad, sin que pueda avenirse a su sustanciaci�n reglas del procedimiento com�n en el caso federal sobre dilaci�n probatoria, pues chocar�a con su propia naturaleza. En atenci�n a dicho principio, este Tribunal Colegiado estima que la aplicaci�n supletoria del C�digo Federal de Procedimientos Civiles a la Ley de Amparo, cuando �sta carece de disposici�n expresa respecto a las formas y procedimientos conforme a los cuales se debe sustanciar y decidir el juicio de garant�as, debe realizarse �nica y exclusivamente en relaci�n a las disposiciones que ata�en al curso ordinario y normal del procedimiento, mas no en lo concerniente a las disposiciones que la nombrada ley instrumental prev� para casos extraordinarios, como es lo relativo al desahogo de pruebas en el extranjero que forzosamente requiere el otorgamiento de un t�rmino extraordinario de pruebas que, conforme al art�culo 293, fracci�n IV, de la se�alada legislaci�n supletoria ser�a de seis meses y que en la mayor�a de los casos esa dilaci�n probatoria se llega a alargar por mucho mayor tiempo. En todo caso, si tal hubiera sido la intenci�n del legislador de amparo, es claro que expresamente hubiera previsto tal situaci�n, en atenci�n a que dicha apertura de tiempo extraordinario de prueba excede aproximadamente en cinco veces m�s al t�rmino que el legislador, dada la naturaleza del juicio de amparo y en consideraci�n al aludido principio de celeridad que lo rige, se�al� para la resoluci�n del juicio. Y aun cuando es posible que, de manera excepcional, una prueba pueda ser desahogada fuera del lugar del juicio de amparo, pero dentro del pa�s, a trav�s de exhorto; lo cierto es que este desahogo es posible que pueda llevarse a efecto mediante el diferimiento de la audiencia constitucional que debe celebrarse dentro de los siguientes treinta d�as, en tanto que para la diligenciaci�n en el extranjero no existe la posibilidad de admitir que se pueda realizar en ese breve t�rmino, por lo que el juzgado no est� en posibilidades de ordenar el diferimiento de la audiencia para su celebraci�n dentro de los siguientes treinta d�as como lo especifica la ley, pues ya en este caso se requerir� el otorgamiento de una dilaci�n probatoria de seis meses. Pero, adem�s, en todo caso dicha diligenciaci�n dentro del pa�s se rige por el C�digo Federal de Procedimientos Civiles, lo que no sucede en el desahogo de una prueba, como la del caso, en que su diligenciaci�n en el extranjero requerir� del cumplimiento de extremos o requisitos diversos a la aludida legislaci�n instrumental supletoria, pues si bien en el citado ordenamiento, en su libro cuarto ?De la cooperaci�n internacional?, cap�tulos del I al VI, se prev� la expedici�n de exhortos o cartas rogatorias internaciones para la diligenciaci�n de notificaciones, recepci�n de pruebas y otros actos de mero tr�mite, lo cierto es que en trat�ndose de la recepci�n de pruebas en pa�s extranjero para surtir efectos en juicios que se tramiten ante tribunales del pa�s, en dicho libro exclusivamente se regulan los requisitos de forma que deben contener para su expedici�n, sujet�ndose en cuanto al fondo o sustanciaci�n a lo dispuesto en los tratados y convenios de los que el pa�s sea parte, adem�s del prolongado lapso extraordinario de prueba que se ha precisado, circunstancias que de haber sido consideradas por el legislador, necesariamente habr�a previsto en la Ley de Amparo, y si no lo hizo, fue precisamente por la prioridad que otorg� al principio de celeridad en el juicio de amparo. Por ende, se estima que la admisi�n de la prueba testimonial, para ser desahogada en tierra extranjera, resulta improcedente, por ser contraria al aludido principio de expeditez o celeridad que caracteriza al juicio constitucional, as� como el de igualdad procesal de las partes, si se toma en cuenta que el preindicado t�rmino extraordinario de prueba de seis meses, previsto en el art�culo 293, fracci�n V, del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, adem�s de rebasar de manera notablemente excesiva al previsto para la sustanciaci�n y decisi�n del juicio de garant�as, sujeta al tercero perjudicado a sufrir esa excesiva prolongaci�n del mismo. Razones por las cuales este Tribunal Colegiado considera que en el juicio de garant�as es inadmisible la prueba testimonial para ser desahogada en el extranjero, lo cual conduce a confirmar, aunque bajo consideraciones diversas a las vertidas por la secretaria encargada del despacho, el desechamiento de la prueba testimonial ofrecida a cargo de B.J.A. y J.A.M.�o A..

De la sentencia anterior, deriv� la tesis siguiente:

"Novena �poca

"Instancia: D�cimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XV, junio de 2002

"Tesis: I.13o.C.3 K

"P�gina: 682

"PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE SU ADMISI�N SI SE PRETENDEN DESAHOGAR EN EL EXTRANJERO. En clara consideraci�n y congruencia con el art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que la administraci�n de justicia debe ser pronta y expedita, el legislador estableci� el juicio de amparo como un juicio extraordinario de breve sustanciaci�n y pronta resoluci�n, �ptica desde la cual debe apreciarse que haya se�alado que la audiencia constitucional debe celebrarse dentro del t�rmino de treinta d�as a partir del auto admisorio de la demanda, as� como que, por regla general, las pruebas deber�n ofrecerse y rendirse en dicha audiencia, debiendo anunciarse previamente la testimonial, la pericial y la inspecci�n judicial. Lo anterior conlleva a establecer que no fue intenci�n del legislador contemplar la posibilidad de que en el juicio de amparo se admitieran pruebas para ser desahogadas en el extranjero, pues de ser as� el juicio de garant�as se alargar�a excesivamente porque, de manera espec�fica, en trat�ndose de la prueba testimonial, el J. de Distrito tendr�a que aplicar supletoriamente el art�culo 293, fracci�n IV, del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, que prev� un t�rmino extraordinario de prueba de seis meses, que es excesivamente mayor al previsto para la resoluci�n del juicio de garant�as, gener�ndose una situaci�n que pugnar�a de manera manifiesta con el principio de expeditez o celeridad que rige a dicho juicio constitucional, por lo que no procede la aplicaci�n supletoria del citado precepto del c�digo federal por estar en abierta pugna con los principios rectores del juicio de amparo.

"D�cimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

"Queja 10/2002. A.M.M.G.�a. 12 de marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: M.�n A. R�os. Secretaria: E.L.M..

Nota: Esta tesis contendi� en la contradicci�n 16/2002-PL que fue declarada inexistente por la Segunda Sala en sesi�n de fecha 17 de enero de 2003.

CUARTO

Por su parte, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la queja civil 49/96, consider� en la parte que interesa, lo siguiente:

CUARTO. De las copias certificadas relativas al juicio de amparo de donde proviene el presente recurso, las cuales remiti� el J. de Distrito en justificaci�n de su informe y que merecen pleno valor probatorio en t�rminos de los art�culos 129, 197 y 202 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se aprecia lo siguiente: Que por escrito de dos de abril de mil novecientos noventa y seis, J.F.A.�s, por conducto de su autorizado, ofreci� dentro del juicio de garant�as en el que tiene el car�cter de tercero perjudicado, entre otras pruebas, la testimonial a cargo de �ngel R.�guez M�ndez y M.M.F.F., ambos con domicilio en Espa�a y manifest� lo siguiente: (se transcribe). As� tambi�n, en diverso escrito del propio promovente ofreci� la prueba testimonial a cargo de J.A.C.�s, se�alando que dicho testigo tambi�n tiene su domicilio en Espa�a y manifest� que como el testigo ten�a su domicilio en el pa�s de Espa�a, ello le imped�a presentarlo en forma personal, motivo por el cual solicitaba que se enviara carta rogatoria al lugar se�alado para el desahogo de la prueba (foja cuarenta). La secretaria de Acuerdos del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, encargada del despacho por ministerio de ley, acord� las referidas promociones en prove�do de treinta de julio de mil novecientos noventa y seis, teniendo por anunciada la prueba testimonial ofrecida por el hoy recurrente, pero le requiri� para que presentara a sus testigos en el local del juzgado el d�a y hora se�alados para la celebraci�n de la audiencia constitucional, apercibi�ndolo que de no hacerlo se declarar�a desierta la prueba, y sin que hubiera lugar a girar las cartas rogatorias solicitadas por el promovente, porque no mencionaba la imposibilidad que tuviera para presentar a los testigos, pues s�lo se limit� a decir que era porque el domicilio de aqu�llos est� ubicado fuera de este pa�s, lo cual no era suficiente, ya que era necesario precisar las causas que le imped�an presentarlos (fojas cuarenta y seis, y cuarenta y siete), apoyando su determinaci�n en dos tesis de Tribunales Colegiados de Circuito. Es incorrecta la consideraci�n de la J. Federal. As� es, como la Ley de Amparo no regula las formalidades y requisitos para ofrecer y desahogar la prueba testimonial; pues el art�culo 151, s�lo establece que debe anunciarse con cinco d�as h�biles de anticipaci�n a la audiencia constitucional, sin contar el de la audiencia ni el del ofrecimiento y que se debe exhibir el interrogatorio correspondiente; entonces, debe recurrirse a la ley supletoria que conforme al art�culo 2o. de la Ley de Amparo, lo es el C�digo Federal de Procedimientos Civiles. El art�culo 167 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles establece: ?Art�culo 167. Los testigos ser�n citados a declarar cuando la parte que ofrezca su testimonio manifieste no poder, por s� misma, hacer que se presenten. La citaci�n se har� con apercibimiento de apremio si faltaren sin justa causa. Los que, habiendo comparecido, se nieguen a declarar, ser�n apremiados por el tribunal.?. Ahora bien, del an�lisis al precepto transcrito aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se advierte que al ofrecer una prueba testimonial en el juicio de garant�as, es suficiente que el oferente de la prueba manifieste no poder, por s� mismo, presentar al testigo, para que el J. tenga que mandarlo citar con el apercibimiento de ley, sin que sea necesario que se precisen los motivos por los cuales est� imposibilitado para hacerlo, pues dicho precepto no lo establece ni tampoco faculta al juzgador para calificar la idoneidad de los motivos en que se funde la petici�n o para desestimar por considerar insuficientes los motivos de la solicitud, porque se trata de una norma que debe ser interpretada en forma estricta; por lo que no debe entenderse a modo de imponer al oferente, la observancia de una formalidad que en nada contribuye a la finalidad perseguida por la norma. En tal virtud, si en el caso concreto el ahora recurrente al momento de ofrecer la prueba testimonial manifest� que estaba imposibilitado para presentarlos al local del juzgado en virtud de que ten�an su domicilio en Espa�a, y que, por tanto, solicitaba al J. de Distrito que la prueba se desahogara mediante carta rogatoria que se enviara a ese pa�s, lo anterior es suficiente para que el J. federal atendiendo a la petici�n del oferente, ordenara el env�o de la carta rogatoria para el desahogo de la prueba y no requerir para que los presente, siendo inexacto lo afirmado por el J. de Distrito en el sentido de que ?es necesario precisar las causas que le impiden presentarlos?, en virtud de que el art�culo 167 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, no establece tal requisito, ni tampoco faculta al juzgador para calificar la idoneidad de los motivos en que se funda la petici�n o para desestimarla por considerarlos insuficientes; de manera que resulta incorrecta la consideraci�n de la J. de Distrito, al requerir al oferente de la prueba para que presente a sus testigos, pues se insiste, la simple manifestaci�n de no poder presentarlos por s� mismo al local del juzgado, es suficiente para atender a la solicitud de ordenar el env�o de la carta rogatoria para el desahogo de dicha probanza. Debe destacarse que en el caso concreto no tienen aplicaci�n los criterios en que apoy� la J. de Distrito su determinaci�n, pues existe la jurisprudencia n�mero P./J. 4/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina ciento veinticinco, Tomo III, febrero de mil novecientos noventa y seis, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice: ?TESTIGOS, EN EL JUICIO DE AMPARO. BASTA QUE EL OFERENTE MANIFIESTE QUE NO PUEDE PRESENTARLOS, PARA QUE EL JUEZ DEBA CITARLOS.? (la transcribe). Sin embargo, no obstante lo fundado del agravio, debe se�alarse que en el presente caso no procede que se lleve a cabo la preparaci�n de la prueba testimonial a cargo de �ngel R.�guez M�ndez, M.M.F.�ndez Fragua y J.A.C.�s, que se desahogar�a en el pa�s de Espa�a, en virtud de que para tal efecto se requer�a necesariamente que el oferente de la prueba testimonial hubiera solicitado expresamente un t�rmino extraordinario para la pr�ctica de la diligencia que se realizar�a fuera del lugar del juicio, en t�rminos del art�culo 293 del propio C�digo Federal de Procedimientos Civiles, solicitud que debi� formularse precisamente al momento del anuncio de la prueba, de acuerdo a lo dispuesto por el art�culo 294 del citado c�digo federal en relaci�n con el art�culo 151 de la Ley de Amparo. Por lo que no obstante que resulta fundado el agravio expresado, el mismo resulta inoperante y, por tanto, debe declararse infundado el presente recurso de queja.

De la sentencia anterior, deriv� la siguiente tesis aislada:

"Novena �poca

"Instancia: Octavo Tribunal Colegiado en Materia civil del Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: IV, noviembre de 1996

"Tesis: I.8o.C.15 K

"P�gina: 532

"TESTIGOS EN EL JUICIO DE AMPARO CON DOMICILIO EN EL EXTRANJERO. EL OFERENTE, AL MOMENTO DEL ANUNCIO DE LA TESTIMONIAL, DEBE SOLICITAR UN T�RMINO EXTRAORDINARIO PARA LA PR�CTICA DE LA DILIGENCIA. Para que se lleve a cabo la preparaci�n de la prueba testimonial, se requiere necesariamente que el oferente de la prueba haya solicitado expresamente un t�rmino extraordinario para la pr�ctica de la diligencia que se realizar� fuera del lugar del juicio, en t�rminos del art�culo 293 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles de aplicaci�n supletoria a la Ley de Amparo, solicitud que debe formularse precisamente al momento del anuncio de la prueba, de acuerdo con el art�culo 294 del citado c�digo federal, en relaci�n con el art�culo 151 de la Ley de Amparo.

"Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

"Queja 49/96. J.F.A.�s. 30 de septiembre de 1996. Mayor�a de votos. Ponente: Mar�a del C.S.H.. Disidente: G.A.M.J.�nez. Secretario: F.J.R.P.�a.

Nota: Esta tesis contendi� en la contradicci�n 16/2002-PL que fue declarada inexistente por la Segunda Sala en sesi�n de fecha 17 de enero de 2003.

QUINTO

Por raz�n de m�todo, en primer lugar debe determinarse si efectivamente existe la contradicci�n de criterios denunciada, pues ello constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cu�l de las posturas contendientes debe prevalecer.

Para que exista contradicci�n de tesis se requiere que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan examinado hip�tesis jur�dicas esencialmente iguales, pero hayan llegado a conclusiones encontradas respecto a la soluci�n de la controversia planteada. En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de este Alto Tribunal, en la jurisprudencia transcrita a continuaci�n:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"P�gina: 76

CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Del an�lisis de las ejecutorias transcritas con anterioridad, se advierte que existe contradicci�n entre las determinaciones adoptadas por los tribunales contendientes. En efecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sostuvo lo siguiente:

? El art�culo 150 de la Ley de Amparo permite que en el juicio de garant�as se admitan toda clase de pruebas con excepci�n �nicamente de la confesional y las contrarias a la moral y al derecho. Asimismo, dicho ordenamiento no limita el desahogo de las probanzas al lugar en el que se tramita el juicio, por el contrario, el C�digo Federal de Procedimientos Civiles regula en su libro cuarto la cooperaci�n procesal internacional, espec�ficamente, el art�culo 548 prev� la pr�ctica de diligencias en el extranjero para surtir efectos en juicios tramitados en tribunales nacionales. Adem�s, en el mismo sentido, la Convenci�n sobre la Obtenci�n de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil y Comercial suscrita en La Haya, y la Convenci�n Interamericana Sobre Recepci�n de Pruebas en el Extranjero celebrada en Panam� el treinta de enero de mil novecientos setenta y cinco, prev�n la misma posibilidad.

? Por tanto, si la Ley de Amparo permite la recepci�n de la prueba testimonial, la circunstancia que deba desahogarse en el extranjero no impide su admisi�n, m�xime que la legislaci�n supletoria y el derecho internacional prev�n tal situaci�n.

? Agrega que la oportunidad de aportar pruebas en cualquier procedimiento constituye una formalidad esencial inmersa en la garant�a de audiencia, por lo que en forma alguna puede dejar de recibirse una prueba bajo el argumento de la jurisdicci�n territorial. En efecto, si bien de conformidad con el art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos la administraci�n de justicia debe ser pronta y expedita, y el juicio de amparo es de naturaleza sumaria, ello sin embargo no significa que no pueda diferir la audiencia constitucional si existe una raz�n justificada para ello, como es respetar las formalidades esenciales del procedimiento, dando oportunidad al quejoso o al tercero perjudicado de probar sus manifestaciones.

? Lo anterior, en virtud de que sobre el principio de expeditez procesal prevalece la garant�a de audiencia, que implica para el gobernado laoportunidad de defenderse y de probar los supuestos bajo los cuales plantea esa defensa, pues ello constituye la base de todo procedimiento jurisdiccional.

En otro orden de ideas, el �rgano jurisdiccional referido determin� lo siguiente:

? La Ley de Amparo no admite la aplicaci�n supletoria de los art�culos 293 y 294 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, que se refieren a la solicitud de plazos extraordinarios para la pr�ctica de diligencias fuera del lugar del juicio, pero condiciona el otorgamiento de dichos plazos a que se soliciten dentro de los tres d�as siguientes a la notificaci�n del auto que abra a prueba el juicio.

? Lo anterior, en virtud de que tales disposiciones rigen en raz�n de que el procedimiento civil se divide en diversas etapas; por tanto, si el procedimiento del juicio de amparo es sumario y en �l no se distinguen etapas que van sucediendo una a la otra (en �ste todas las actuaciones normalmente contenidas en las distintas etapas de un juicio se inician con la admisi�n de la demanda y concluyen con la celebraci�n de la audiencia constitucional), no tienen aplicaci�n los art�culos referidos.

? En consecuencia, el quejoso al ofrecer pruebas que requieran un tiempo mayor para su desahogo, no tiene que solicitar los t�rminos extraordinarios, �nicamente cumplir los requisitos que establece el art�culo 151 de la Ley de Amparo, consistentes en anunciar la testimonial, pericial o inspecci�n judicial con cinco d�as de anticipaci�n a la celebraci�n de la audiencia constitucional.

Por su parte, el D�cimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, determin� al respecto, en esencia, lo siguiente:

? Que son improcedentes en el juicio de amparo indirecto las pruebas que deben ser desahogadas en el extranjero, en virtud de que, en congruencia con el primado de justicia r�pida y expedita consagrado en el art�culo 17 constitucional, el juicio de garant�as fue dise�ado como un juicio extraordinario de breve sustanciaci�n y pronta resoluci�n, y la admisi�n de ese tipo de pruebas alargar�a excesivamente el juicio.

? En efecto, en el caso concreto de la prueba testimonial, el J. tendr�a que aplicar supletoriamente lo dispuesto por el art�culo 293, fracci�n IV, del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, que prev� un t�rmino de seis meses para el desahogo de dicha probanza, el cual es mucho mayor al previsto por el legislador -seg�n se desprende del art�culo 147 de la Ley de Amparo- para la resoluci�n del juicio de amparo.

Por su parte, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sostuvo, en esencia, lo siguiente:

? La admisi�n, en el juicio de amparo indirecto, de la prueba testimonial que debe ser desahogada en el extranjero se encuentra sujeta a que el quejoso, al momento de su ofrecimiento, solicite el plazo extraordinario a que se refiere el art�culo 293 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en materia de amparo, en los t�rminos del art�culo 294 del ordenamiento legal referido.

De lo anterior se desprende que la materia de la presente contradicci�n de tesis consiste en dilucidar los dos puntos siguientes:

  1. Si en el juicio de amparo indirecto es procedente la prueba testimonial cuando se pretende que �sta sea desahogada en el extranjero; y,

  2. Si, en caso de considerarse que s� es procedente la prueba referida, son aplicables por supletoriedad las disposiciones contenidas en los art�culos 293 y 294 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, que prev� el otorgamiento de plazos extraordinarios para el desahogo de pruebas fuera del lugar del juicio y la forma de solicitarlos.

Respecto del primero de los temas referidos, existe contradicci�n de criterios entre los sustentados, por una parte, por el Primero y Octavo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito -quienes consideraron que en el juicio de amparo indirecto s� es procedente ese tipo de probanza- y, por otra, por el D�cimo Tercer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, pues este �ltimo �rgano jurisdiccional consider�, en cambio, que tales pruebas son improcedentes.

Por lo que hace al segundo de los temas aludidos, tambi�n existe contradicci�n de criterios entre los sustentados por el Primero y Octavo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, ya que el primero de ellos consider� que la admisi�n de la prueba testimonial a ser desahogada en el extranjero no se encuentra sujeta a que el quejoso solicite un plazo extraordinario en los t�rminos de los art�culos 293 y 294 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles y el segundo de dichos �rganos jurisdiccionales estim� lo contrario.

SEXTO

Debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, la tesis sustentada por este Tribunal Pleno, atento a las razones siguientes:

Respecto del primero de los temas de contradicci�n aludidos (determinar si en el juicio de amparo indirecto es procedente la prueba testimonial cuando �sta se pretende desahogar en el extranjero), al respecto, resulta pertinente en primer t�rmino analizar los art�culos 150 y 151 de la Ley de Amparo, relativos a las pruebas en el juicio de garant�as y a las reglas para su ofrecimiento, que establecen lo siguiente:

"Art�culo 150. En el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral y contra derecho."

"Art�culo 151. Las pruebas deber�n ofrecerse y rendirse en la audiencia del juicio, excepto la documental que podr� presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el J. haga relaci�n de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gesti�n expresa del interesado.

"Cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial o pericial para acreditar alg�n hecho, deber�n anunciarla cinco d�as h�biles antes del se�alado para la celebraci�n de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el se�alado para la propia audiencia, exhibiendo copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos, o del cuestionario para los peritos. El J. ordenar� que se entregue una copia a cada una de las partes, para que puedan formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas, al verificarse la audiencia. No se admitir�n m�s de tres testigos por cada hecho. La prueba de inspecci�n ocular deber� ofrecerse con igual oportunidad que la testimonial y la pericial.

"Al promoverse la prueba pericial, el J. har� la designaci�n de un perito, o de los que estime convenientes para la pr�ctica de la diligencia; sin perjuicio de que cada parte pueda designar tambi�n un perito para que se asocie al nombrado por el J. o rinda dictamen por separado.

"Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el J. deber� excusarse de conocer cuando en �l concurra alguno de los impedimentos a que se refiere el art�culo 66 de esta ley. A ese efecto, al aceptar su nombramiento manifestar�, bajo protesta de decir verdad, que no tiene ninguno de los impedimentos legales.

La prueba pericial ser� calificada por el J. seg�n prudente estimaci�n.

Del primero de los art�culos transcritos, se aprecia que la regla general en materia probatoria en el juicio de garant�as, es que en �ste son admisibles todas las pruebas con excepci�n exclusivamente de las expresamente prohibidas por la propia Ley de Amparo. De donde se desprende que al no estar prohibida, la prueba testimonial �sta resulta admisible, sujeta �nicamente a que �sta sea ofrecida en los t�rminos exigidos por el segundo p�rrafo del art�culo 152, es decir, que sea anunciada con una anticipaci�n de por lo menos cinco d�as antes de la fecha se�alada para la celebraci�n de la audiencia constitucional y que sean exhibidas las preguntas que se har�n a los testigos.

Ahora bien, el hecho de que la prueba testimonial ofrecida en el juicio de garant�as deba desahogarse en el extranjero no constituye una circunstancia que la convierta en inadmisible, puesto que, se insiste, al no encontrarse prohibido por la Ley de Amparo el ofrecimiento de dicha probanza -aun con tales caracter�sticas- debe considerarse, por operaci�n del art�culo 150 mencionado, que se encuentra permitido su ofrecimiento.

De hecho, lejos de encontrarse prohibida su admisi�n, el art�culo 548 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicaci�n supletoria a la Ley de Amparo en los t�rminos de su art�culo 2o., prev� el ofrecimiento de pruebas que deben desahogarse en el extranjero, al establecer lo siguiente:

"Art�culo 548. La pr�ctica de diligencias en pa�s extranjero para surtir efectos en juicios que se tramiten ante tribunales nacionales, podr� encomendarse a los miembros del Servicio Exterior Mexicano por los tribunales que conozcan del asunto, caso en el cual dichas diligencias deber�n practicarse conforme a las disposiciones de este c�digo dentro de los l�mites que permita el derecho internacional.

En los casos en que as� proceda, dichos miembros podr�n solicitar a las autoridades extranjeras competentes su cooperaci�n en la pr�ctica de las diligencias encomendadas.

De donde se concluye que la probanza referida es admisible en el juicio de amparo indirecto. Ahora bien, es importante destacar que si bien es cierto (1) que acorde con el principio de celeridad en la administraci�n de justicia, el juicio de amparo fue dise�ado como un juicio sumario de breve sustanciaci�n y pronta resoluci�n -lo que se advierte del art�culo 147 de la Ley de Amparo que establece que en el auto admisorio de la demanda se pedir�n los informes justificados a las autoridades responsables, se notificar� del juicio al tercero perjudicado y se se�alar� fecha para la celebraci�n de la audiencia constitucional, la cual deber� ser fijada dentro de los treinta d�as siguientes- y (2) que la admisi�n de pruebas para ser desahogadas en el extranjero atrasa la resoluci�n del juicio, ello, sin embargo, no constituye una circunstancia susceptible de desvirtuar la conclusi�n anterior, por las razones siguientes.

La oportunidad otorgada a las partes en el juicio de probar los hechos que sustentan su pretensi�n constituye una formalidad esencial del procedimiento. Todo proceso jurisdiccional debe satisfacer un conjunto de condiciones m�nimas que hacen posible otorgar al presunto afectado por el acto privativo una razonable oportunidad de defensa, es decir, que permiten cumplir con la garant�a de audiencia, consagrada en el art�culo 14 constitucional. En ese sentido se ha pronunciado este Alto Tribunal, en la jurisprudencia siguiente:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Ap�ndice 2000

"Tomo: I, Const., Jurisprudencia SCJN

"Tesis: 218

"P�gina: 260

"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garant�a de audiencia establecida por el art�culo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ?se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento?. �stas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privaci�n y que, de manera gen�rica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificaci�n del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resoluci�n que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejar�a de cumplir con el fin de la garant�a de audiencia, que es evitar la indefensi�n del afectado.

"Amparo directo en revisi�n 2961/90. �pticas D. del Norte, S.A. 12 de marzo de 1992. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretaria: Ma. Estela F.M.G.P..

"Amparo directo en revisi�n 1080/91. G.C. L�pez. 4 de marzo de 1993. Unanimidad de diecis�is votos. Ponente: J.D.�az R.. Secretaria: A.C. de O..

"Amparo directo en revisi�n 5113/90. H�ctor S.A.. 8 de septiembre de 1994. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: J.D.�az R.. Secretario: Ra�l A.P.C..

"Amparo directo en revisi�n 933/94. B., S.A. 20 de marzo de 1995. Mayor�a de nueve votos. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretaria: Ma. Estela F.M.G.P..

Amparo directo en revisi�n 1694/94. Mar�a E.E.M.. 10 de abril de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretaria: Ma. Estela F.M.G.P..

Las formalidades esenciales del procedimiento, encuentran su raz�n de ser en la propia naturaleza de todo procedimiento en el que se desarrolla una funci�n jurisdiccional, esto es, en el que se pretende resolver un conflicto jur�dico. En efecto, la decisi�n de un conflicto jur�dico impone la necesidad de conocerlo, y para que el �rgano jurisdiccional tenga un real y verdadero conocimiento del mismo, se requiere que el sujeto respecto del que se suscita manifieste sus pretensiones. De esta manera, el �rgano que va a dirimir dicho conflicto -esto es, que va a decir el derecho en el mismo- tiene como obligaci�n ineludible, inherente a toda funci�n jurisdiccional, la de otorgar oportunidad de defensa para que la persona que vaya a ser v�ctima de un acto de privaci�n externe sus pretensiones opositoras al mismo.

Adem�s, como toda resoluci�n jurisdiccional debe decir el derecho en un conflicto jur�dico apeg�ndose a la verdad o realidad, y no bastando para ello la sola formaci�n de la controversia mediante la mera formulaci�n de la oposici�n del presunto afectado, es menester que a �ste se le conceda la oportunidad dentro del procedimiento de probar los hechos en los que finque sus pretensiones opositoras.

Por tales razones, la garant�a de celeridad en la administraci�n de justicia encuentra su l�mite natural en el momento en que deja de permitir que los procesos jurisdiccionales efectivamente sirvan como mecanismos para administrar justicia; lo que acontece cuando en aras de acortar la duraci�n de tales procesos se deja fuera alguna de las formalidades esenciales del procedimiento. En efecto, cuando un proceso jurisdiccional, debido a la exclusi�n de alguna de dichas formalidades esenciales del procedimiento en aras de la expeditez de su resoluci�n, se encuentra imposibilitado, en t�rminos reales, a resolver un conflicto jur�dico por no proporcionar a las partes los medios para dar a conocer sus respectivas pretensiones, en tales casos carece de sentido hablar de la garant�a de celeridad en la administraci�n de justicia, pues no habr�a justicia que administrar.

De hecho, la idea anterior se encuentra reflejada en diversas disposiciones de la Ley de Amparo que prev�n el diferimiento de la celebraci�n de la audiencia constitucional, a fin de permitir que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. As�, de manera ejemplificativa, los art�culos 149, 152 y 153, relativos todos ellos a la debida integraci�n del expediente, mencionan las hip�tesis siguientes:

"Art�culo 149. Las autoridades responsables deber�n rendir su informe con justificaci�n dentro del t�rmino de cinco d�as, pero el J. de Distrito podr� ampliarlo hasta por otros cinco si estimara que la importancia del caso lo amerita. En todo caso, las autoridades responsables rendir�n su informe con justificaci�n con la anticipaci�n que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho d�as antes de la fecha para la celebraci�n de la audiencia constitucional; si el informe no se rinde con dicha anticipaci�n, el J. podr� diferir o suspender la audiencia, seg�n lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, solicitud que podr� hacerse verbalmente al momento de la audiencia. ..."

"Art�culo 152. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la audiencia del juicio, los funcionarios o autoridades tienen obligaci�n de expedir con toda oportunidad a aquellas las copias o documentos que soliciten; si dichas autoridades o funcionarios no cumplieron con esa obligaci�n, la parte interesada solicitar� del J. que requiera a los omisos. El J. har� el requerimiento y aplazar� la audiencia por un t�rmino que no exceda de diez d�as; pero si no obstante dicho requerimiento durante el t�rmino de la expresada pr�rroga no se expidieren las copias o documentos, el J., a petici�n de parte, si lo estima indispensable, podr� transferir la audiencia hasta en tanto se expidan y har� uso de los medios de apremio, consignando en su caso a la autoridad omisa por desobediencia a su mandato. ..."

Art�culo 153. Si al presentarse un documento por una de las partes, otra de ellas lo objetare de falso, el J. suspender� la audiencia para continuarla dentro de los diez d�as siguientes; en dicha audiencia, se presentar�n las pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad del documento. ...

En vista de lo relacionado, se concluye que en el juicio de amparo indirecto resulta admisible la prueba testimonial que debe ser desahogada en el extranjero, en virtud de que (1) los art�culos 150 de la Ley de Amparo y 458 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles permiten su admisi�n y de que (2) la dilaci�n en la resoluci�n del juicio se encuentra plenamente justificada a la luz del principio de defensa, consagrado en el art�culo 14 constitucional (circunstancia que, como se vio, inclusive se encuentra reflejada en diversos dispositivos de la Ley de Amparo).

Sin embargo, la procedencia de la probanza referida debe encontrarse condicionada no s�lo a que esa resulte id�nea respecto de los hechos que se pretenden probar a trav�s de ella, en los t�rminos exigidos por el art�culo 87 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, sino adem�s que, a criterio del J., no resulte notoriamente impertinente por haber sido ofrecida con el prop�sito fundamental de provocar la dilaci�n en el juicio. Esta �ltima determinaci�n, si bien producto del ejercicio de la discrecionalidad del juzgador, debe, al igual que cualquier resoluci�n judicial, encontrarse debidamente fundada y motivada, de conformidad con lo prescrito por el art�culo 16 constitucional, siendo aplicable el criterio transcrito a continuaci�n:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: VIII, septiembre de 1998

"Tesis: P. LXII/98

"P�gina: 56

"FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACI�N DEL USO INDEBIDO DE LAS CONCEDIDAS A LA AUTORIDAD. La base toral de las facultades discrecionales es la libertad de apreciaci�n que la ley otorga a las autoridades para actuar o abstenerse, con el prop�sito de lograr la finalidad que la propia ley les se�ala, por lo que su ejercicio implica, necesariamente, la posibilidad de optar, de elegir, entre dos o m�s decisiones, sin que ello signifique o permita la arbitrariedad, ya que esa actuaci�n de la autoridad sigue sujeta a los requisitos de fundamentaci�n y motivaci�n exigidos por el art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual permite que los actos discrecionales sean controlados por la autoridad jurisdiccional.

"Contradicci�n de tesis 2/97. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 29 de junio de 1998. Once votos. Ponente: J.D.�az R.. Secretario: A.C.�s G.�n.

"El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada el seis de agosto en curso, aprob�, con el n�mero LXII/1998, la tesis aislada que antecede; y determin� que la votaci�n es id�nea para integrar tesis jurisprudencial. M�xico, Distrito Federal, a seis de agosto de mil novecientos noventa y ocho.

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no contiene el temade fondo que se resolvi�.

En efecto, de no haber tal condicionante existir�a el riesgo de que la prueba testimonial ha de ser desahogada en el extranjero pudiera ser utilizada, de manera maliciosa y abusiva, como un instrumento para retardar gravemente la resoluci�n de los juicios de amparo.

Sirve de apoyo a las consideraciones anteriores, por analog�a, la jurisprudencia de este Alto Tribunal transcrita enseguida.

"Novena �poca

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XVII, marzo de 2003

"Tesis: 1a./J. 12/2003

"P�gina: 133

"PROCESO SUMARIO. SE RIGE POR EL ART�CULO 152 DEL C�DIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, POR LO QUE EN ESTA V�A, EL JUEZ PROCURAR� CERRAR LA INSTRUCCI�N DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN DICHO PRECEPTO, SIN QUE PROCEDA QUE PREVIAMENTE LA DECLARE AGOTADA. De la lectura de la exposici�n de motivos que dio origen a las reformas al art�culo 152 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, as� como de su propio texto, se desprende que el proceso sumario goza de una autonom�a destacada; que el J. tiene la obligaci�n de seguir la v�a sumaria en las hip�tesis previstas en el citado numeral, la cual tiene como finalidad, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 17 y 20 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que el proceso se resuelva con mayor celeridad, concentraci�n de actos y econom�a procesal, sin que esto implique menoscabo de las garant�as de audiencia y defensa del procesado; que en el juicio sumario el J. ?procurar� cerrar la instrucci�n? en los plazos que establecen los incisos a) y b) del propio art�culo 152, sin que sea obst�culo para ello el que tenga que ampliar el plazo cuando sea necesario practicar otras diligencias; que ?una vez que el juzgador acuerde cerrar la instrucci�n, citar� para la audiencia a que se refiere el art�culo 307? del c�digo citado; y que ?el inculpado podr� optar por el procedimiento ordinario?, el cual le otorga mayores plazos para su defensa, ?dentro de los tres d�as siguientes al que se le notifique la instauraci�n del juicio sumario?. Por tanto, en los procedimientos sumarios no procede declarar agotada la instrucci�n antes del cierre de �sta, en tanto que aquella instituci�n jur�dica es propia del procedimiento ordinario, que se rige por los diversos art�culos 147 a 150 del propio c�digo adjetivo; adem�s, el hecho de que no se decrete agotada la instrucci�n en aquellos procedimientos no significa que haya menoscabo de las defensas del procesado, pues aparte de que �ste puede ofrecer pruebas antes de que se cierre la instrucci�n, el J. no podr� cerrarla si �stas no se han desahogado o si tiene que practicar otro tipo de diligencias.

Contradicci�n de tesis 75/2002-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Penal del Tercer Circuito. 22 de noviembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: J.V.C. y C.. Ponente: O.S.C. de G.�a V.. Secretario: C.M.A..

S�PTIMO

Respecto del segundo tema de la presente contradicci�n (determinar si las disposiciones contenidas en los art�culos 293 y 294 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, que prev�n el otorgamiento de plazos extraordinarios para el desahogo de pruebas fuera del lugar del juicio y la forma de solicitarlos, son aplicables por supletoriedad al juicio de amparo indirecto cuando el quejoso ofrece la prueba testimonial que debe ser desahogada en el extranjero), deben prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, las tesis sustentadas por este Tribunal Pleno.

Los art�culos aludidos establecen a la letra lo siguiente:

"Art�culo 293. En caso de que hubieren de practicarse diligencias o aportarse pruebas de fuera del lugar del juicio, a petici�n del interesado se conceder�n los siguientes t�rminos extraordinarios:

"I. Dos meses si el lugar est� comprendido dentro del territorio nacional;

"II. Cuatro meses si lo est� en los Estados Unidos de Norteam�rica, en Canad� o en las Antillas;

"III. Cinco meses si est� comprendido en Centroam�rica;

"IV. Seis meses si estuviere en Europa o en la Am�rica del Sur, y

"V.S. meses cuando est� situado en cualquiera otra parte."

"Art�culo 294. Para que puedan otorgarse los t�rminos del art�culo anterior, se requiere:

"I. Que se soliciten dentro de los tres d�as siguientes a la notificaci�n del auto que conceda la pr�ctica de la diligencia o que abra a prueba el negocio, y

"II. Que se ministren los datos necesarios para practicar la diligencia, llen�ndose, en su caso, los requisitos legales para cada prueba, y, si �sta no ha de recibirse fuera del lugar del juicio, sino simplemente ha de solicitarse su env�o, los datos necesarios para su identificaci�n.

"Llenados los requisitos anteriores, el tribunal conceder�, de plano, el t�rmino, sin que sea recurrible su resoluci�n.

Los t�rminos de que trata este art�culo s�lo suspenden la tramitaci�n del juicio al llegar a la audiencia final; todas las restantes diligencias deben practicarse como si no hubiera pendiente un t�rmino extraordinario.

Como se advierte de su lectura, las disposiciones anteriores establecen los plazos en que podr� ser ampliado el periodo probatorio del juicio natural, a fin de permitir que puedan aportarse pruebas que deben desahogarse fuera del lugar del juicio.

Para estar en condiciones de determinar si dicha disposici�n aplica de manera supletoria o no al juicio de amparo indirecto, resulta importante recordar que las condiciones necesarias que se deben satisfacer para que pueda operar la supletoriedad de las normas de un ordenamiento legal respecto de las de otro, son las siguientes: a) que el ordenamiento que se pretende suplir admita expresamente dicha supletoriedad; b) que la instituci�n jur�dica a ser suplida se encuentre regulada de manera deficiente; y, c) que las disposiciones supletorias a trav�s de las cuales se pretende colmar tal deficiencia o laguna no contrar�en de modo alguno los principios y normas del sistema al cual pertenece la instituci�n suplida. Ante la falta de alguno de estos requisitos, no puede operar la supletoriedad de un ordenamiento legal en otro. En ese sentido se ha pronunciado este Alto Tribunal en la jurisprudencia siguiente:

"Quinta �poca

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Ap�ndice 2000

"Tomo: IV, Civil, Jurisprudencia SCJN

"Tesis: 276

"P�gina: 231

"LEYES SUPLETORIAS EN MATERIA MERCANTIL. Si bien los C�digos de Procedimientos Civiles de cada Estado, son supletorios del de Comercio, esto no debe entenderse de modo absoluto, sino s�lo cuando falten disposiciones expresas sobre determinado punto, en el c�digo mercantil, y a condici�n de que no pugnen con otras que indiquen la intenci�n del legislador, para suprimir reglas de procedimientos o de pruebas.

"Amparo civil directo 151/24. A.L.. 11 de enero de 1929. Cinco votos. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente.

"Amparo civil en revisi�n 308/20. I.D.. 16 de febrero de 1929. Cinco votos. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente.

"Amparo civil directo 2531/28. Q. viuda de B.�rcel J.. 29 de abril de 1929. Cinco votos. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente.

"Amparo civil directo 767/29. G.B.E.. 2 de julio de 1929. Unanimidad de cuatro votos. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente.

Amparo civil directo 630/20. S.H. y Compa��a Sucesores. 29 de julio de 1929. Cinco votos. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente.

Ahora bien, de forma similar a los art�culos 293 y 294 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles antes citados, el art�culo 24 de la Ley de Amparo prev� el otorgamiento de plazos extraordinarios en el juicio de amparo, con el prop�sito de hacer factible la realizaci�n de diligencias que deben ser desahogadas fuera del lugar del juicio, al disponer en la parte que interesa lo siguiente:

"Art�culo 24. El c�mputo de los t�rminos en el juicio de amparo se sujetar� a las reglas siguientes:

"...

"IV. Los t�rminos deben entenderse sin perjuicio de ampliarse por raz�n de la distancia, teni�ndose en cuenta la facilidad o dificultad de las comunicaciones; sin que, en ning�n caso, la ampliaci�n pueda exceder de un d�a por cada cuarenta kil�metros."

En efecto, la disposici�n legal citada establece un sistema a trav�s del cual otorga discrecionalidad al J. para ampliar los plazos en el juicio de amparo (entre ellos el de desahogo de pruebas), dentro de los l�mites m�ximos fijados por la misma, atendiendo a las necesidades del caso particular. De forma tal que dentro de los par�metros aludidos, el J. est� facultado para ampliar el plazo para el desahogo de una prueba testimonial en el extranjero por el tiempo que estime sea necesario para hacer factible su desahogo.

As� las cosas, al prever el art�culo 24 de la Ley de Amparo un sistema que regula de manera completa la forma en que son ampliados los plazos en el juicio de amparo -especificando, inclusive, a trav�s de una f�rmula el l�mite m�ximo de las ampliaciones-, es de concluirse que no se satisfacen las condiciones m�nimas necesarias antes rese�adas, para que opere la supletoriedad del art�culo 293 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles dentro de las reglas que rigen al juicio de garant�as, puesto que, como se vio, el aspecto que se pretende introducir por suplencia a la normatividad del amparo (la determinaci�n de plazos extraordinarios) se encuentra ya previsto en la ley de la materia.

Ahora bien, por lo que respecta a las reglas previstas en el art�culo 294 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles respecto al procedimiento que debe ser seguido para solicitar los plazos extraordinarios, �stas tampoco pueden ser aplicadas supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a las razones siguientes. Como se advierte del art�culo 294 antes transcrito, �ste sujeta el otorgamiento de los plazos extraordinarios previstos en el art�culo 293 a que el promovente los solicite "dentro de los tres d�as siguientes a la notificaci�n del auto que concede la pr�ctica de la diligencia o que abra a prueba el negocio". Es decir, dicho dispositivo est� pensado para procesos, como el civil, en el que existen diversas etapas plenamente diferenciadas entre ellas.

En ese sentido, los art�culos 337 y 342 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles contemplan la existencia de una etapa probatoria que debe ser abierta por el tribunal (al t�rmino de la diversa etapa de contestaci�n de la demanda), la cual tiene una duraci�n de treinta d�as y concluye con la celebraci�n de la audiencia de ley. Los numerales referidos establecen al respecto lo siguiente:

"Art�culo 337. Transcurrido el t�rmino para contestar la demanda o la reconvenci�n, en su caso, el tribunal abrir� el juicio a prueba, por un t�rmino de 30 d�as."

Art�culo 342. Concluida la recepci�n de las pruebas ofrecidas por las partes y de las decretadas por el tribunal, en su caso, el �ltimo d�a del t�rmino de prueba se verificar� la audiencia final del juicio, con arreglo a los art�culos siguientes, concurran o no las partes.

En cambio, el juicio de amparo indirecto, como se mencion� con anterioridad, al haber sido concebido como un proceso extraordinario de naturaleza sumaria -de breve sustanciaci�n y pronta resoluci�n-, no contiene propiamente un periodo probatorio claramente diferenciado de la presentaci�n de la demanda y del informe justificado, sino que se trata de un periodo difuso comprendido desde la presentaci�n de la demanda y hasta la celebraci�n de la audiencia constitucional en el que el quejoso puede ofrecer pruebas. Esa situaci�n se evidencia claramente de la lectura de los art�culos 147 y 151 de la Ley de Amparo, que establecen que:

"Art�culo 147. Si el J. de Distrito no encontrare motivos de improcedencia, o se hubiesen llenado los requisitos omitidos, admitir� la demanda y, en el mismo auto, pedir� informe con justificaci�n a las autoridades responsables y har� saber dicha demanda al tercer perjudicado, si lo hubiere; se�alar� d�a y hora para la celebraci�n de la audiencia, a m�s tardar dentro del t�rmino de treinta d�as, y dictar� las dem�s providencias que procedan con arreglo a esta ley.

"Al solicitarse el informe con justificaci�n a la autoridad responsable, se le remitir� copia de la demanda, si no se hubiese enviado al pedirle informe previo.

"Al tercero perjudicado se le entregar� copia de la demanda por conducto del actuario o del secretario del Juzgado de Distrito o de la autoridad que conozca del juicio, en el lugar en que �ste se siga; y, fuera de �l, por conducto de la autoridad responsable, la que deber� remitir la constancia de entrega respectiva, dentro del t�rmino de cuarenta y ocho horas."

"Art�culo 151. Las pruebas deber�n ofrecerse y rendirse en la audiencia del juicio, excepto la documental que podr� presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el J. haga relaci�n de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gesti�n expresa del interesado.

"Cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial o pericial para acreditar alg�n hecho, deber�n anunciarla cinco d�as h�biles antes del se�alado para la celebraci�n de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el se�alado para la propia audiencia, exhibiendo copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos, o del cuestionario para los peritos. El J. ordenar� que se entregue una copia a cada una de las partes, para que puedan formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas, al verificarse la audiencia. No se admitir�n m�s de tres testigos por cada hecho. La prueba de inspecci�n ocular deber� ofrecerse con igual oportunidad que la testimonial y la pericial. ..."

As�, en el juicio de amparo indirecto, al no haber un periodo probatorio diferenciado de las dem�s actuaciones procesales, sino que existe un periodo �nico en el que se concentran las distintas actuaciones procesales, las partes se encuentran en aptitud de ofrecer pruebas durante el lapso de tiempo que inicia con la admisi�n de la demanda y concluye con la celebraci�n de la audiencia constitucional, sujeto �nicamente a las condicionantes establecidas por el art�culo 151 para cada tipo de prueba.

Por tal motivo, si, como se mencion�, las disposiciones contenidas en los art�culos 293 y 294 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles fueron dise�adas para juicios formados por distintas etapas claramente diferenciadas -entre ellas, la probatoria- es de concluirse que las reglas relativas al procedimiento que se debe seguir para solicitar los plazos extraordinarios tampoco pueden resultar aplicables por supletoriedad al juicio de amparo indirecto, por ser incompatible a su naturaleza sumaria.

En vista de lo considerado, deben prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, los criterios que sustenta este Tribunal Pleno, redactados con los rubros y textos siguientes:

PRUEBA TESTIMONIAL. ES ADMISIBLE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO NO OBSTANTE QUE PRETENDA DESAHOGARSE EN EL EXTRANJERO. El art�culo 150 de la Ley de Amparo establece que en el juicio de garant�as es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueran contra la moral y el derecho. De donde se desprende que es admisible la prueba testimonial, con independencia de que �sta deba desahogarse en el extranjero, puesto que el legislador no estableci� una salvedad para ese tipo de circunstancias; por el contrario, el art�culo 548 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicaci�n supletoria a la Ley de Amparo, prev� la pr�ctica de diligencias en pa�s extranjero para surtir efectos en juicios que se tramiten ante tribunales nacionales. Sin ser �bice el hecho de que la admisi�n de tal tipo de pruebas atrase la resoluci�n del juicio de amparo, puesto que la oportunidad otorgada a las partes para probar los hechos que sustentan su pretensi�n constituye una formalidad esencial del procedimiento. En efecto, la garant�a de celeridad en la administraci�n de justicia encuentra su l�mite natural en el momento en que deja de permitir que los procesos jurisdiccionales sirvan, en t�rminos reales, como mecanismos para administrar justicia; lo que acontece cuando en aras de acortar la duraci�n de tales procesos se deja fuera alguna de las formalidades esenciales del procedimiento. No obstante lo referido, la procedencia de las pruebas del tipo de las referidas debe encontrarse condicionada no s�lo a que resulte id�nea respecto de los hechos que se pretenden probar a trav�s de ella, en los t�rminos exigidos por el art�culo 87 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, sino adem�s que, a criterio del J., no resulte notoriamente impertinente por haber sido ofrecida con el prop�sito fundamental de provocar la dilaci�n del juicio; pues, de no ser as�, existir�a la posibilidad de que dicho derecho pudiera ser ejercitado de manera maliciosa y abusiva por el quejoso, como un instrumento para retardar gravemente la resoluci�n de los juicios de amparo.

PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO SON APLICABLES POR SUPLETORIEDAD LOS ART�CULOS 293 Y 294 DEL C�DIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, QUE PREV�N EL OTORGAMIENTO DE T�RMINOS EXTRAORDINARIOS PARA EL DESAHOGO DE DILIGENCIAS FUERA DEL LUGAR DEL JUICIO. Este Alto Tribunal en reiteradas ocasiones ha determinado que para que opere la supletoriedad de las normas de un ordenamiento en otro se requiere, entre otras condiciones, que en el ordenamiento a ser suplido exista una laguna en la regulaci�n de cierta instituci�n jur�dica, la cual puede ser colmada por las normas supletorias. En vista de ello y de que la fracci�n IV del art�culo 24 de la Ley de Amparo -al disponer que los t�rminos en el juicio constitucional pueden ser ampliados por raz�n de distancia, teni�ndose en cuenta la facilidad o dificultad de las comunicaciones, sin que en ning�n caso la ampliaci�n pueda exceder de un d�a por cada cuarenta kil�metros- prev� el otorgamiento de plazos extraordinarios, con el fin de hacer factible la realizaci�n de diligencias que deben ser desahogadas fuera del lugar del juicio, debe considerarse que los art�culos 293 y 294 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, que contemplan plazos extraordinarios para aportar pruebas de fuera del lugar del juicio, no son aplicables por supletoriedad al juicio de garant�as. Por otra parte, toda vez que el art�culo 294 referido sujeta el otorgamiento de dichos plazos extraordinarios, entre otras condiciones, a que �stos sean solicitados "dentro de los tres d�as siguientes a la notificaci�n del auto que conceda la pr�ctica de la diligencia o que abra a prueba el negocio", es de concluirse que dicho dispositivo fue pensado para procesos, como el civil, en el que existen diversas etapas plenamente diferenciadas entre ellas. Por tal motivo, es de concluirse que las reglas relativas al procedimiento que se debe seguir para solicitarlos tampoco resultan aplicables por supletoriedad al juicio de garant�as, por ser incompatibles a su naturaleza sumaria.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

Existe la contradicci�n de tesis denunciada.

SEGUNDO

Deben prevalecer, con car�cter de jurisprudencia las tesis sustentadas por este Tribunal Pleno.

TERCERO

D�se publicidad a esta resoluci�n, en los t�rminos del art�culo 195 de la Ley de Amparo.

N.�quese; y en su oportunidad, arch�vese el toca.

As� lo resolvi� el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en sesi�n del d�a trece de marzo de dos mil seis, por unanimidad de diez votos se aprobaron los resolutivos primero y tercero, y segundo respecto de la tesis de rubro: "PRUEBA TESTIMONIAL. ES ADMISIBLE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO NO OBSTANTE QUE PRETENDA DESAHOGARSE EN EL EXTRANJERO."; y por mayor�a de ocho votos delos se�ores Ministros A.A., D�az R., G�ngora P., G.�o P., V.H.�ndez, S.C., S.M. y presidente A.G.�itr�n, en cuanto a la tesis de rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO SON APLICABLES POR SUPLETORIEDAD LOS ART�CULOS 293 Y 294 DEL C�DIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, QUE PREV�N EL OTORGAMIENTO DE T�RMINOS EXTRAORDINARIOS PARA EL DESAHOGO DE DILIGENCIAS FUERA DEL LUGAR DEL JUICIO."; los se�ores Ministros Coss�o D�az y Luna Ramos votaron en contra y reservaron su derecho de formular voto de minor�a; el se�or Ministro D�az R. reserv� su derecho de formular voto concurrente. No asisti� el se�or M.G.I.O.M., por estar cumpliendo con una comisi�n de car�cter oficial.