Ejecutoria num. P./J. 70/2005 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26823193

Ejecutoria num. P./J. 70/2005 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P./J. 70/2005
Localizacion:GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Marzo de 2006
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2005-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LOS ARTÍCULOS 73, 73 BIS, 73 TER, 75, 86, PÁRRAFO TERCERO Y 87 DE LA LEY RELATIVA (REFORMADOS MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 4 DE FEBRERO DE 2004), SON DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 14/2005-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y S�PTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: G.I.O.M..

SECRETARIA: VER�NICA NAVA RAM�REZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO

Ahora bien, para determinar la existencia o no de la contradicci�n de tesis denunciada, a continuaci�n se transcriben las ejecutorias correspondientes.

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, denunciante de la contradicci�n, al resolver los amparos en revisi�n 419/2004, 413/2004, 491/2004, 441/2004 y 464/2004, en sesiones del veinticinco de noviembre y dos de diciembre del a�o dos mil cuatro, siete, catorce y veintiuno de enero del a�o dos mil cinco, respectivamente, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

RA. 419/2004.

SEXTO. Por cuanto hace a los art�culos 73, segundo p�rrafo y 86 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, este Tribunal Colegiado estima que contrariamente a lo que se�ala la Juez de Distrito, en la especie, no se actualiza la causal de improcedencia a que hace alusi�n en la sentencia que ahora se revisa, atento a las siguientes consideraciones. Es fundado el agravio que hace valer la empresa quejosa, en el sentido de que no se actualiza la causal de improcedencia anotada, dado que en la especie, el objeto social de la empresa quejosa s� se ubica en la hip�tesis a que se refieren los preceptos precisados con antelaci�n, lo que le da el inter�s jur�dico necesario para recurrir en esta v�a la constitucionalidad de los preceptos anotados, como enseguida se pasa a demostrar. El precepto en que se apoya la causa de improcedencia es del tenor siguiente: ?Art�culo 73.? (se transcribe). Ahora bien, como se infiere del contenido de la fracci�n anotada, existe inter�s jur�dico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jur�dica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, as� como la reparaci�n del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violaci�n. Sobre este particular, es aplicable la tesis de jurisprudencia n�mero I.1o.A.J., sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, N�mero 60, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y dos, p�gina treinta y cinco, que dice: ?INTER�S JUR�DICO, NOCI�N DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.? (se transcribe). Ahora bien, como lo se�alaron los agraviados, se combate, entre otros art�culos, el 73, segundo p�rrafo y 86 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, mismos que son del tenor literal siguiente: ?Art�culo 73.? (se transcribe). ?Art�culo 86.? (se transcribe). Como pruebas de su parte, la empresa ahora recurrente exhibi� los instrumentos notariales, identificados con los n�meros 12635 y 24447, documentos p�blicos de los que se advierte que el objeto de la sociedad quejosa, entre otros, es el de: (se transcribe). Con las documentales relacionadas valoradas de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 129, 197 y 202 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles de aplicaci�n supletoria a la Ley de Amparo, se demuestra que la empresa quejosa realiza, entre otras actividades, la de adquirir, ceder, dar o tomar en arrendamiento o subarrendamiento, explotar u operar, administrar por cualquier t�tulo legal toda clase de bienes inmuebles, de igual forma se aprecia en dichos instrumentales que a efecto de poder cumplir con el objeto social de la empresa, se encuentra facultada para celebrar todos los contratos, as� como para realizar las actividades accesorias o necesarias para cumplir el objeto para el cual fue creada. Es por ello que si el art�culo 73 versa sobre la sujeci�n a la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor por parte de los proveedores que sean fraccionadores, constructores, promotores y dem�s personas que intervengan en la asesor�a y venta al p�blico de viviendas destinadas a casa habitaci�n o cuando otorguen al consumidor el derecho de usar inmuebles mediante el sistema de tiempo compartido, el registro de los contratos relativos a tales actividades, los requisitos e informaci�n que deben contener, las especificaciones relativas a los plazos y dem�s elementos que individualicen el bien. De esta manera, los gobernados que conforme a lo indicado tienen el car�cter de proveedores est�n sujetos a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor desde su entrada en vigor, pues en el ejercicio normal y cotidiano de la actividad que desarrollan est� la de ofertar sus productos y servicios, momento desde el cual est�n obligadas por la propia ley a negociar sobre la base de las normas legales. De igual forma, los contratos que las quejosas utilicen como parte de sus actividades cotidianas deben atender a los requisitos del dispositivo legal espec�fico y registrarse ante la Procuradur�a Federal del Consumidor, incluso los contratos de adhesi�n deben registrarse previamente. En tanto que el art�culo 86 de la ley incide en los derechos de los proveedores, ya que les constri�e a insertar en los contratos una cl�usula en la que se disponga que la procuradur�a es competente en la v�a administrativa para resolver cualquier controversia que se suscite sobre interpretaci�n y cumplimiento de los mismos. Pues al ser parte de su actividad normal y cotidiana la realizaci�n de contratos, y en el caso de los de adhesi�n estar obligados a su previo registro por parte de los proveedores que intervienen en la asesor�a y venta al p�blico de viviendas destinadas a casa habitaci�n que otorgan al consumidor el derecho de usar inmuebles mediante el sistema de tiempo compartido, la inserci�n de una cl�usula como la que se ha descrito, se refleja directamente en las condiciones en que prestan sus servicios sin que los efectos imperativos de la norma se sujeten a condici�n alguna. El registro previo de los contratos de adhesi�n ante la Procuradur�a Federal del Consumidor para verificar que se ajusten a lo dispuesto por la ley, representa una disposici�n que por su sola vigencia ocasiona un perjuicio en la esfera de derechos de los proveedores ubicados en la hip�tesis normativa, esto es, que realicen sus actividades a trav�s de contratos de adhesi�n, un perjuicio en su esfera de derechos. Ello es as�, pues por su sola entrada en vigor y sin que se condicionen sus efectos, se obliga a los proveedores al previo registro de los contratos ante la autoridad y de no hacerlo as� las consecuencias son que no produzcan efectos contra el consumidor. Por tanto, los art�culos 73, segundo p�rrafo y 86 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor son de car�cter autoaplicativo, debido a que tales dispositivos legales representan cargas para los proveedores ubicados en los supuestos, desde el inicio de su vigencia. Por todo lo anterior, resulta inaplicable la causa de improcedencia que analiz� el Juez, por lo que procede revocar la sentencia recurrida por cuanto hace a los art�culos 73, segundo p�rrafo y 86 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor.

RA. 413/2004.

SEXTO. Sin embargo, por cuanto hace al citado art�culo 73 bis, fracci�n IV, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, este Tribunal Colegiado estima que, contrariamente a lo que se�ala la Juez de Distrito, en la especie no se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracci�n VI del art�culo 73 de la Ley de Amparo. En efecto, es fundado el agravio que hace valer la empresa quejosa en el sentido de que la causal de improcedencia anotada no se actualiza, ya que en la especie, la norma impugnada (73 bis, fracci�n IV, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor) es de car�cter autoaplicativa. El numeral reclamado es del tenor literal siguiente: ?Art�culo 73 bis.? (se transcribe). Toda vez que el art�culo en cita remite al diverso 73 del mismo ordenamiento, es pertinente transcribir el mismo. ?Art�culo 73.? (se transcribe). Ahora bien, de la transcripci�n anterior, se advierte que el art�culo impugnado ordena que los proveedores deber�n poner a disposici�n de los consumidores, entre otras cosas, la informaci�n sobre las condiciones en que se encuentren en el pago de contribuciones y servicios p�blicos. De esta manera, los gobernados que conforme a lo indicado tienen el car�cter de proveedores, fraccionadores, constructores, promotores, entre otros, est�n sujetos a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, desde su entrada en vigor, pues en el ejercicio normal y cotidiano de la actividad que desarrollan est� la de ofertar sus productos y servicios, por lo que est�n obligadas a poner a disposici�n de los consumidores la informaci�n sobre sus pagos de contribuciones y servicios p�blicos, pues as� lo exige dicho numeral. Por lo que dicho art�culo impugnado, por su sola entrada en vigor y sin que se condicionen sus efectos, obliga a que los proveedores al contratar con los consumidores informen a �stos sobre las condiciones en que se encuentran en el pago de contribuciones y servicios p�blicos. Por tanto, el art�culo 73 bis, fracci�n IV, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, es de car�cter autoaplicativo, debido a que tal dispositivo legal representa cargas para los proveedores ubicados en los supuestos, desde el inicio de su vigencia. R.�n por la cual, resulta inaplicable la causa de improcedencia propuesta por la juzgadora, ya que la norma impugnada tiene el car�cter de autoaplicativa, habiendo la quejosa acreditado encontrarse en los supuestos de la misma. Lo anterior es as�, ya que el objeto social de la empresa quejosa se ubica en la hip�tesis a que se refiere el precepto precisado con antelaci�n. En efecto, como pruebas de su parte, la empresa ahora recurrente exhibi� el instrumento notarial identificado con el n�mero catorce mil setecientos sesenta y ocho, documento p�blico del que se advierte que el objeto de la sociedad quejosa es el de: (se transcribe). Con la documental relacionada, valorada de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 129, 197 y 202 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles de aplicaci�n supletoria a la Ley de Amparo, se demuestra que la empresa quejosa realiza, entre otras actividades, la de construir y mantener casas, edificios, carreteras y obras civiles, comprar, vender, construir y administrar condominios; de igual forma se aprecia en dicho instrumento, que a efecto de poder cumplir con el objeto social de la empresa, se encuentra facultada para celebrar todos los contratos, as� como para realizar las actividades o actos necesarios para cumplir el objetivo para el cual fue creada. Por tanto, si el art�culo 73 bis, fracci�n IV, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor es de car�cter autoaplicativo y la quejosa acredit� con el instrumento notarial en menci�n encontrarse en los supuestos de la norma, lo procedente es levantar el sobreseimiento y de conformidad con el art�culo 91, fracci�n III, de la Ley de Amparo, se contin�a con el estudio de las causales de improcedencia formuladas por las autoridades responsables. Las autoridades responsables plantean que el juicio de amparo debe sobreseerse al considerar que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracci�n V del art�culo 73 de la Ley de Amparo, al no contar la quejosa con inter�s jur�dico, ya que con la sola emisi�n del decreto no se afectan los intereses jur�dicos de la misma, al no existir un derecho adquirido, adem�s por contar la quejosa simplemente con un inter�s simple y econ�mico. Agrega que tambi�n se surte la causal de improcedencia, debido a que la empresa quejosa carece de legitimaci�n procesal activa. Los anteriores argumentos se analizar�n en su conjunto, dada la relaci�n que guardan. A fin de contestar las causales citadas con anterioridad, conviene determinar en primer t�rmino qu� se entiende por inter�s jur�dico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional. Para ello, se toma en cuenta el criterio que informa la tesis jurisprudencial I.1o.A.J. publicada en la p�gina treinta y cinco de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, N�mero 60, que textualmente dice: ?INTER�S JUR�DICO, NOCI�N DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.? (se transcribe). Pues bien, para solicitar amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jur�dicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) El inter�s jur�dico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en alg�n sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jur�dica de un individuo en lo particular; c) No es suficiente para acreditar el inter�s jur�dico en el amparo, la existencia de una situaci�n abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situaci�n abstracta se cumpla. En resumen, existe inter�s jur�dico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jur�dica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa. Ahora bien, contrario a lo argumentado por la autoridad responsable, s� tiene inter�s jur�dico para impugnar el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, ya que del instrumento notarial que exhibe se advierte que su objeto social, entre otros, es la compraventa y construcciones de inmuebles, y en virtud de que la norma que impugna, consistente en el art�culo 73 bis, fracci�n IV, de la ley en menci�n, se impone una obligaci�n que va dirigida a los proveedores de venta y construcci�n de inmuebles, a efecto de que pongan a disposici�n de los consumidores la informaci�n referente a las condiciones en que se encuentren en el pago de contribuciones y servicios p�blicos, es evidente entonces que tal disposici�n s� causa perjuicio a la quejosa y afecta su inter�s jur�dico en raz�n de que como proveedor necesariamente deber� cumplir con esa norma que invariablemente le obliga a proporcionar a los compradores (consumidores) informaci�n respecto al pago de contribuciones y servicios p�blicos, lo que constituye una carga que afecta directamente su esfera jur�dica al tratarse de un requisito que deber� satisfacer para llevar a cabo o realizar su actividad. Por lo que la quejosa s� tiene inter�s jur�dico para reclamar el art�culo en cita. En ese sentido, se estima tambi�n que no asiste la raz�n a la autoridad responsable, en cuanto se�ala que �nicamente se trata de un inter�s simple y que la quejosa carece de legitimaci�n procesal activa para promover el amparo, toda vez que en el caso no se est� en presencia de un inter�s simple, ya que como se precis� en el p�rrafo anterior, se trata de un inter�s jur�dico, pues la norma que se impugna ocasiona un perjuicio directo en la esfera jur�dica de la impetrante, al imponerle la obligaci�n de proporcionar la informaci�n sobre su situaci�n fiscal a sus compradores; de modo que no es correcto considerar que �nicamente se trate de un inter�s simple, ya que esa afectaci�n constituye un verdadero perjuicio en la esfera de derechos de la empresa quejosa. En virtud de esa afectaci�n, en t�rminos del art�culo 4o. de la Ley de Amparo, la quejosa cuenta con la legitimaci�n necesaria para interponer el presente juicio, por ser la titular del derecho que se ve afectado con la norma que se reclama. Ahora bien, con relaci�n a lo alegado por la autoridad respecto a que la impetrante de garant�as reclama s�lo un perjuicio econ�mico, debe decirse que no le asiste la raz�n, toda vez que lo que reclama es que el art�culo 73 bis, fracci�n IV, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, la obliga a poner a disposici�n del consumidor, la informaci�n sobre los pagos de contribuciones y servicios p�blicos, lo que de ninguna manera se traduce en afectaci�n econ�mica, pues no se ve menoscabo en su patrimonio, y s�, por el contrario, en su inter�s jur�dico, pues como ya se dijo, al oblig�rsele a que proporcione informaci�n respecto a los pagos de contribuciones y servicios p�blicos, ello genera perjuicio en su esfera de derechos. As� las cosas, se arriba a la convicci�n de que las causales de improcedencia hechas valer no se surten.

RA. 491/2004.

S�PTIMO. En cambio, los agravios formulados por la parte quejosa, ahora recurrente, controvierten el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito �nicamente respecto del art�culo 73 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor en cuanto a que dicho precepto es de car�cter autoaplicativo. Es fundado el agravio que hace valer respecto del art�culo 73 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, contrario a lo que sostiene el Juez de Distrito, en la especie no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracci�n V del art�culo 73 de la Ley de Amparo, ya que considera que la parte quejosa ahora recurrente no demostr� estar colocada bajo los supuestos de las normas que tacha de inconstitucionales, esto es, no acredit� ser sujeto de la norma en comentario. Este Tribunal Colegiado estima que contrariamente a lo que se�ala el Juez de Distrito, en la especie, no se actualiza la causal de improcedencia a que hace alusi�n en la sentencia que ahora se revisa, atento a las siguientes consideraciones. A saber, en la especie, el objeto social de la empresa quejosa s� se ubica en la hip�tesis a que se refieren los preceptos precisados con antelaci�n, lo que le da el inter�s jur�dico necesario para recurrir en esta v�a la constitucionalidad del precepto anotado, como enseguida se demuestra. El precepto en que se apoya la causa de improcedencia es del tenor siguiente: ?Art�culo 73.? (se transcribe). Ahora bien, como se infiere del contenido de la fracci�n anotada, existe inter�s jur�dico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jur�dica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, as� como la reparaci�n del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violaci�n. Sobre este particular, es aplicable la tesis de jurisprudencia n�mero I.1o.A.J., sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, N�mero 60, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y dos, p�gina treinta y cinco, que dice: ?INTER�S JUR�DICO, NOCI�N DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.?. Ahora bien, como lo se�al� el agraviado, se combate el art�culo 73 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, que es del tenor literal siguiente: ?Art�culo 73.?. Por su parte, es de destacar que la empresa ahora recurrente exhibi� copia certificada del instrumento notarial, identificado con el n�mero 142,823 documento p�blico del que se advierte que el objeto de la sociedad quejosa, entre otros, es el de: ?A) La realizaci�n de todo tipo de obras y supervisi�n de las mismas, sean p�blicas o privadas, relacionadas con la construcci�n, conservaci�n, reparaci�n o demolici�n de inmuebles, los trabajos de planeaci�n, dise�o, exploraci�n, localizaci�n y perforaci�n conducentes; as� como la adquisici�n, enajenaci�n, administraci�n, arrendamiento, promoci�n, proyecto, dise�o y fraccionamiento de los mismos, dise�ar, proyectar, presupuestar, formular aval�os, realizar, supervisar y dirigir todo tipo de obras de ingenier�a y arquitectura, sean p�blicas o privadas, relacionadas con la construcci�n, conservaci�n, reparaci�n o demolici�n de inmuebles, caminos, bordos, abrevaderos, desmontes, agr�colas o ganaderos; as� como la exploraci�n, localizaci�n y perforaci�n de todo tipo de pozos, previo los permisos correspondientes. B) Adquisici�n, enajenaci�n, administraci�n, arrendamiento, promoci�n, proyecto,dise�o y fraccionamiento de todo tipo de obras de ingenier�a y arquitectura, sean p�blicas o privadas. C) Compra, venta, importaci�n y exportaci�n por cuenta propia o de terceros de toda clase de materiales y equipo para la construcci�n. D) Compra, venta, importaci�n y exportaci�n por cuenta propia o de terceros de toda clase de refacciones para el equipo de construcci�n. Por lo que enunciativa y no limitativamente la sociedad podr�: I. Ejecutar toda clase de actos de comercio pudiendo comprar, vender, importar y exportar toda clase de art�culos y mercanc�as relacionados con los objetos anteriores. II. Elaborar toda clase de productos relacionados con su objeto. III. Adquirir por cualquier t�tulo patentes, marcas industriales, nombres comerciales y cualquier otro tipo de derechos de propiedad industrial, literaria o art�stica. IV. Obtener por cualquier t�tulo, concesiones, permisos, autorizaciones o licencias, as� como celebrar cualquier clase de contratos, relacionados con el objeto anterior, con la administraci�n p�blica sea federal o local. V.C., vender o recibir a cualquier t�tulo, acciones, bonos, obligaciones y valores de cualquier clase y hacer respecto a ellos toda clase de operaciones. VI. Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar, descontar y suscribir toda clase de t�tulos de cr�dito. VII. Adquirir partes sociales. VIII. Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos. IX. Adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles, derechos reales y personales. X. Contratar al personal necesario. XI. Otorgar avales y obligarse solidariamente, as� como constituir garant�as a favor de terceros.?. Con la documental relacionada, valorada de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 129, 197 y 202 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles de aplicaci�n supletoria a la Ley de Amparo, se demuestra que la empresa quejosa realiza, entre otras actividades, las de realizar todo tipo de obras y supervisi�n de las mismas, sean p�blicas o privadas, adquirir, enajenar, arrendar, proyectar, dise�ar y fraccionar, todo tipo de obras de ingenier�a y arquitectura, relacionadas con la construcci�n, conservaci�n, reparaci�n o demolici�n de inmuebles, de igual forma se aprecia en dicha instrumental que a efecto de poder cumplir con el objeto social de la empresa, se encuentra facultada para celebrar todos los contratos, as� como para realizar las actividades accesorias o necesarias para cumplir el objeto para el cual fue creada. Es por ello que si el art�culo 73 versa sobre la sujeci�n a la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor por parte de los proveedores que sean fraccionadores, constructores, promotores y dem�s personas que intervengan en la asesor�a y venta al p�blico de viviendas destinadas a casa habitaci�n, el registro de los contratos relativos a tales actividades, los requisitos e informaci�n que deben contener, las especificaciones relativas a los plazos y dem�s elementos que individualicen el bien, los gobernados que conforme a lo indicado tienen el car�cter de proveedores est�n sujetos a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, desde su entrada en vigor, pues en el ejercicio normal y cotidiano de la actividad que desarrollan est� la de ofertar sus productos y servicios, momento desde el cual est�n obligadas por la propia ley a negociar sobre la base de las normas legales. De igual forma, conforme al art�culo 73 de la ley en comento, los contratos que la quejosa utilice como parte de sus actividades cotidianas deben atender a los requisitos del dispositivo legal espec�fico y registrarse ante la Procuradur�a Federal del Consumidor. El registro previo y los requisitos de los contratos ante la Procuradur�a Federal del Consumidor para verificar que se ajusten a lo dispuesto por la ley, representa una disposici�n que por su sola vigencia ocasiona un perjuicio en la esfera de derechos de los proveedores ubicados en la hip�tesis normativa, esto es, que realicen sus actividades a trav�s de contratos. Ello es as�, pues por su sola entrada en vigor y sin que se condicionen sus efectos, se obliga a los proveedores al previo registro y requisitos de los contratos ante la autoridad y de no hacerlo as� las consecuencias son que no produzcan efectos contra el consumidor. Ello es as�, pues por su sola entrada en vigor y sin que se condicionen sus efectos, se obliga a los proveedores al previo registro de los contratos ante la autoridad y de no hacerlo as� las consecuencias son que no produzcan efectos contra el consumidor. Por tanto, el art�culo 73 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor es de car�cter autoaplicativo, debido a que tal dispositivo legal representa cargas para los proveedores ubicados en los supuestos, desde el inicio de su vigencia. Por todo lo anterior, resulta inaplicable la causa de improcedencia que analiz� el Juez, por lo que procede revocar la sentencia recurrida por cuanto hace al art�culo 73 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor. En consecuencia, al no advertir diversa causa de improcedencia que deba ser analizada, porque aunque en el informe justificado rendido por el vicepresidente de la Mesa Directiva de la C�mara de Senadores del Congreso de la Uni�n invoc� las causales de improcedencia previstas en las fracciones V y VI del art�culo 73 de la Ley de Amparo, las mismas fueron desestimadas al considerar que el art�culo 73 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor es autoaplicativa, con fundamento en la fracci�n III del art�culo 91 de la Ley de Amparo, lo que procede es el estudio de los conceptos de violaci�n que se hicieron valer en relaci�n con el precepto apuntado.

RA. 441/2004.

OCTAVO. Por cuanto hace a los restantes art�culos reclamados 73, 73 ter y 86 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, este Tribunal Colegiado estima que contrariamente a lo que se�ala el Juez de Distrito, en la especie no se actualiza la causal de improcedencia que se hizo valer en la sentencia que ahora se revisa, siendo, por ende, fundado el agravio que hace valer la empresa quejosa en el sentido de que dado el objeto social de la empresa quejosa, �sta s� se ubica en la hip�tesis a que se refieren los preceptos precisados con antelaci�n, lo que le da el inter�s jur�dico necesario para controvertir la constitucionalidad de tales preceptos, como enseguida se pasa a demostrar. El precepto en que se apoya la causa de improcedencia es del tenor siguiente: ?Art�culo 73.? (se transcribe). Existe inter�s jur�dico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jur�dica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, as� como la reparaci�n del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violaci�n. Sobre este particular, es aplicable la tesis de jurisprudencia n�mero I.1o.A.J., sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que este Tribunal Colegiado comparte, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, N�mero 60, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y dos, p�gina treinta y cinco, que dice: ?INTER�S JUR�DICO, NOCI�N DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.? (se transcribe). En la especie, se combaten, entre otros, los art�culos 73, 73 ter y 86 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, mismos que ya quedaron transcritos. Como correctamente lo sostiene la parte recurrente, los art�culos enunciados son de car�cter heteroaplicativo. Al respecto, sostuvo que los art�culos reclamados tienen el car�cter de normas autoaplicativas porque no precisan el acto posterior de aplicaci�n para que el destinatario de la norma se encuentre obligado a cumplirla, al obligarlo en forma incondicionada a acatar el mandato de la misma, generando perjuicio a la quejosa desde el inicio de su vigencia, en virtud de que se crean, transforman y extinguen situaciones concretas de derecho, espec�ficamente las relacionadas con la compraventa de inmuebles destinados a casa habitaci�n; que el art�culo 73 determina que todas las operaciones que los proveedores lleven a cabo en relaci�n con la venta de inmuebles para casa habitaci�n deben ser registradas ante la Procuradur�a Federal del Consumidor, por lo que la aplicabilidad de la disposici�n obliga en forma inmediata, a que a partir de su entrada en vigor se proceda a la inscripci�n del contrato ante la Procuradur�a Federal del Consumidor (foja 18 del toca). Para acreditar los extremos indicados, la quejosa exhibi� como pruebas de su parte, entre otras, el instrumento notarial identificado con el n�mero veintisiete mil novecientos setenta y cinco (fojas 242 a 262 del expediente de amparo), documento p�blico del que se advierte que el objeto de la sociedad quejosa, entre otros, son los siguientes: ?I. La realizaci�n de toda clase de obras de arquitectura e ingenier�a civil y la compraventa, comercializaci�n, arrendamiento, urbanizaci�n, desarrollo, explotaci�n, construcci�n, remodelaci�n, reparaci�n y comercio en general de toda clase de bienes inmuebles. II. La realizaci�n de toda clase de construcciones, obras p�blicas y privadas.? (foja 243 del expediente de amparo). Con la documental de referencia, valorada de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 129, 197 y 202 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles de aplicaci�n supletoria a la Ley de Amparo, en t�rminos del art�culo 2o. de esta �ltima, se demuestra que la empresa quejosa realiza, entre otras actividades, la de compraventa, comercializaci�n, arrendamiento, urbanizaci�n, desarrollo, explotaci�n, construcci�n, remodelaci�n, reparaci�n y comercio en general de toda clase de bienes inmuebles, as� como de toda clase de construcciones, obras p�blicas y privadas (foja 245 del expediente de amparo). Tambi�n se aprecia de la probanza aludida que a efecto de poder cumplir con el objeto social de la empresa, se encuentra facultada para celebrar y realizar todos los actos y contratos que sean necesarios. Es por ello que los art�culos 73 y 73 ter versan sobre la sujeci�n a la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor por parte de los proveedores que sean fraccionadores, constructores, promotores y dem�s personas que intervengan en la asesor�a y venta al p�blico de viviendas destinadas a casa habitaci�n, o cuando otorguen al consumidor el derecho de usar inmuebles mediante el sistema de tiempo compartido, de modo tal que deban registrarse los contratos relativos a tales actividades, en los cuales habr� de cumplirse con los requisitos e informaci�n que deben contener las especificaciones relativas a los plazos y dem�s elementos que individualicen el bien. De esta manera, los gobernados que conforme a lo indicado tienen el car�cter de proveedores, est�n sujetos a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, desde su entrada en vigor, pues en el ejercicio normal y cotidiano de la actividad que desarrollan est� la de ofertar sus productos y servicios; momento desde el cual est�n obligados por la propia ley a negociar sobre la base de las normas legales reclamadas de referencia. Consecuentemente, los contratos que la quejosa utilice como parte de sus actividades cotidianas deben atender a los requisitos del dispositivo legal espec�fico y registrarse previamente ante la Procuradur�a Federal del Consumidor, incluso los contratos de adhesi�n. Por otra parte, el art�culo 86 que tambi�n se reclama, incide en los derechos de los proveedores, ya que les constri�e a insertar en los contratos que pretendan celebrar, una cl�usula en la que se establezca que la procuradur�a es competente en la v�a administrativa para resolver cualquier controversia que se suscite acerca de la interpretaci�n y cumplimiento de los mismos. Al ser parte de su actividad normal y cotidiana la realizaci�n de contratos, estando obligados a su registro previo los proveedores de que se trata, la inserci�n de una cl�usula como la que se ha descrito se refleja directamente en las condiciones en que prestan sus servicios, sin que los efectos imperativos de la norma se sujeten a condici�n alguna. El registro previo de los contratos ante la Procuradur�a Federal del Consumidor para verificar que se ajusten a lo dispuesto por la ley, representa una disposici�n que por su sola vigencia ocasiona un perjuicio en la esfera de derechos de los proveedores ubicados en la hip�tesis normativa, pues por su sola entrada en vigor y sin que se condicionen sus efectos, se obliga a tales proveedores al previo registro de los contratos, y de no hacerlo as� las consecuencias son que no produzcan efectos contra el consumidor. Por tanto, los art�culos 73, 73 ter y 86 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor son de car�cter autoaplicativo, debido a que representan cargas para los proveedores desde el inicio de su vigencia. Bajo las circunstancias anotadas es de estimar infundada la causal de improcedencia que tuvo por actualizada el juzgador federal, y al no advertir de oficio este Tribunal Colegiado alguna causa de improcedencia, o que las partes hagan valer una diversa, debe modificarse la sentencia recurrida, pero �nicamente por cuanto hace a los art�culos 73, 73 ter y 86 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor.

RA. 464/2004.

OCTAVO. Por otra parte, resultan fundados los agravios que hace valer la recurrente respecto de los preceptos 73, 73 bis, 73 ter, 75 y 86 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, pues contrario a lo que sostiene el Juez de Distrito, en la especie no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracci�n V del art�culo 73 de la Ley de Amparo, ya que considera que la parte quejosa ahora recurrente, no demostr� estar colocada bajo los supuestos de las normas que tacha de inconstitucionales, esto es, no acredit� ser sujeto de las normas en comentario. Este Tribunal Colegiado estima que contrariamente a lo que se�ala la Juez de Distrito, en la especie no se actualiza la causal de improcedencia a que hace alusi�n en la sentencia que ahora se revisa, atento a las siguientes consideraciones. Es fundado el agravio que hace valer la empresa quejosa, en el sentido de que no se configura la causal de improcedencia anotada, dado que en la especie, el objeto social de la empresa quejosa s� se ubica en la hip�tesis a que se refieren los preceptos precisados con antelaci�n, lo que le da el inter�s jur�dico necesario para recurrir en esta v�a la constitucionalidad de los preceptos anotados, como enseguida se pasa a demostrar. El precepto en que se apoya la causa de improcedencia es del tenor siguiente: ?Art�culo 73.? (se transcribe). Ahora bien, existe inter�s jur�dico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jur�dica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, as� como la reparaci�n del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violaci�n. Sobre este particular, es aplicable la tesis de jurisprudencia n�mero I.1o.A.J., sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, N�mero 60, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y dos, p�gina treinta y cinco, que dice: ?INTER�S JUR�DICO, NOCI�N DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.? (se transcribe). Ahora bien, como lo se�al� el agraviado, se combaten los art�culos 73, 73 bis 73 ter, 75 y 86 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, mismos que son del tenor literal siguiente: ?Art�culo 73.? (se transcribe). ?Art�culo 73 bis.? (se transcribe). ?Art�culo 73 ter.? (se transcribe). ?Art�culo 75.? (se transcribe). ?Art�culo 86.? (se transcribe). En la especie, es de destacar que la empresa ahora recurrente exhibi� copia certificada del instrumento notarial, identificado con el n�mero 142,823 documento p�blico del que se advierte que el objeto de la sociedad quejosa, entre otros, es el de: (se transcribe). Adem�s, la empresa quejosa tambi�n exhibi� la documental consistente en copia certificada ante fedatario p�blico de la licencia de construcci�n n�mero 11/14-047/2004, expedida con fecha treinta de enero de dos mil cuatro, por los directores de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano, y subdirector de Licencias, de la D.�n B.J.�rez, en la que se autoriza la construcci�n de un inmueble destinado a habitaci�n plurifamiliar, de diecinueve viviendas bajo el r�gimen de propiedad en condominio, ubicada en Indian�polis n�mero 81, colonia N�poles, D.�n B.J.�rez; copia certificada por corredor p�blico de la oferta de compraventa de diez de abril de dos mil cuatro, suscrita por R.H.�ndez P�rez, respecto al departamento n�mero 203, que forma parte del conjunto habitacional antes mencionado; y fe de hechos del corredor p�blico n�mero trece del Estado de M�xico, en la que se hace constar que en el predio ubicado en Indian�polis n�mero 81, colonia N�poles, D.�n B.J., de esta ciudad, se oferta en venta de viviendas destinadas a casa habitaci�n al p�blico en general. Con la documental antes relacionada, valorada de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 129, 197 y 202 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles de aplicaci�n supletoria a la Ley de Amparo, se demuestra que la empresa quejosa realiza, entre otras actividades, las de todo tipo de obras y supervisi�n de las mismas, sean p�blicas o privadas, adquirir, enajenar, arrendar, proyectar, dise�ar y fraccionar todo tipo de obras de ingenier�a y arquitectura, relacionadas con la construcci�n, conservaci�n, reparaci�n o demolici�n de inmuebles, de igual forma se aprecia en dicho instrumental que a efecto de poder cumplir con el objeto social de la empresa, se encuentra facultada para celebrar todos los contratos, as� como para realizar las actividades accesorias o necesarias para cumplir el objeto para el cual fue creada. Lo que se corrobora con las diversas documentales exhibidas por la empresa quejosa, pues con las mismas se acredita que obtuvo permiso para construir una unidad habitacional, en el n�mero 81 de la calle de Indian�polis, colonia N�poles, D.�n B.J.�rez de esta Ciudad de M�xico, Distrito Federal; que recibi� oferta de compra del se�or R.H.�ndez P�rez, respecto al departamento 203 que forma parte de la unidad habitacional antes mencionada; y finalmente que en el inmueble descrito, se oferta al p�blico en general viviendas para casa habitaci�n. Es por ello que si los art�culos 73, 73 bis, 73 ter, 75 y 86, versan sobre la sujeci�n a la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor por parte de los proveedores que sean fraccionadores, constructores, promotores y dem�s personas que intervengan en la asesor�a y venta al p�blico de viviendas destinadas a casa habitaci�n, el registro de los contratos relativos a tales actividades, los requisitos e informaci�n que deben contener las especificaciones relativas a los plazos y dem�s elementos que individualicen el bien. De esta manera, los gobernados que conforme a lo indicado tienen el car�cter de proveedores est�n sujetos a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, desde su entrada en vigor, pues en el ejercicio normal y cotidiano de la actividad que desarrollan est� la de ofertar sus productos y servicios, momento desde el cual est�n obligados por la propia ley a negociar sobre la base de las normas legales. De igual forma, conforme a los art�culos 73, 73 bis y 73 ter de la ley en comento, los contratos que la quejosa utilice como parte de sus actividades cotidianas deben atender a los requisitos del dispositivo legal espec�fico y registrarse ante la Procuradur�a Federal del Consumidor. El registro previo y los requisitos de los contratos ante la Procuradur�a Federal del Consumidor para verificar que se ajusten a lo dispuesto por la ley, representa una disposici�n que por su sola vigencia ocasiona un perjuicio en la esfera de derechos de los proveedores ubicados en la hip�tesisnormativa, esto es, que realicen sus actividades a trav�s de contratos. Ello es as�, pues por su sola entrada en vigor y sin que se condicionen sus efectos, se obliga a los proveedores al previo registro y requisitos de los contratos ante la autoridad y de no hacerlo as� las consecuencias son que no produzcan efectos contra el consumidor. Por su parte, el art�culo 75 incide en los derechos de los proveedores en raz�n de que los obliga a insertar en los contratos relacionados con los bienes inmuebles diversa informaci�n (fecha de entrega, plazos y dem�s elementos de individualizaci�n del bien), a fin de que puedan recibir alg�n pago, por lo cual dicha disposici�n desde su entrada en vigor ocasiona un perjuicio en la esfera jur�dica de los proveedores que realicen actividades a trav�s de contratos de adhesi�n relacionados con los bienes inmuebles. En tanto que el art�culo 86 de la ley incide en los derechos de los proveedores, ya que les constri�e a insertar en los contratos una cl�usula en la que se disponga que la procuradur�a es competente en la v�a administrativa para resolver cualquier controversia que se suscite sobre interpretaci�n y cumplimiento de los mismos. El registro previo de los contratos de adhesi�n ante la Procuradur�a Federal del Consumidor para verificar que se ajusten a lo dispuesto por la ley, representa una disposici�n que por su sola vigencia ocasiona un perjuicio en la esfera de derechos de los proveedores ubicados en la hip�tesis normativa, esto es, que realicen sus actividades a trav�s de contratos de adhesi�n, un perjuicio en su esfera de derechos. Ello es as�, pues por su sola entrada en vigor y sin que se condicionen sus efectos, se obliga a los proveedores al previo registro de los contratos ante la autoridad y de no hacerlo as� las consecuencias son que no produzcan efectos contra el consumidor. En este contexto, necesariamente debe concluirse que contrariamente a lo sostenido por la Juez de Distrito en la sentencia que es materia de este recurso, los art�culos 73, 73 bis, 73 ter, 75 y 86 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor son de car�cter autoaplicativo, debido a que tales dispositivos legales representan una carga para los proveedores ubicados en los supuestos que los mismos prev�n, desde el inicio de su vigencia. Resultando, por tanto, inaplicable la causa de improcedencia que analiz� la referida a quo, en virtud de que los dispositivos legales mencionados en el p�rrafo que precede no son heteroaplicativos, raz�n por la que procede revocar la sentencia recurrida por cuanto hace a los art�culos 73, 73 bis, 73 ter, 75 y 86 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor. En consecuencia, al no advertir alguna otra causa de improcedencia que deba ser analizada, con fundamento en la fracci�n III del art�culo 91 de la Ley de Amparo, es procedente el estudio de los conceptos de violaci�n que se hicieron valer en relaci�n con los preceptos apuntados.

CUARTO

El S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar los amparos en revisi�n 4127/2004 y 4967/2004, en sesiones del catorce de octubre y uno de diciembre del a�o dos mil cuatro, respectivamente, determin�:

RA. 4127/2004.

Los agravios segundo, tercero, cuarto y quinto se examinan en forma conjunta por su estrecha relaci�n, con fundamento en el art�culo 79 de la Ley de Amparo. En ellos, sustancialmente se sostiene que el Juez de Distrito sobresey� indebidamente en el juicio de garant�as, respecto a los art�culos 73, 73 bis, 73 ter y 75, todos de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n de cuatro de febrero de dos mil cuatro, ya que contrariamente a la decisi�n adoptada en la sentencia recurrida, estos preceptos normativos son de car�cter autoaplicativo y afectan la esfera jur�dica de la ocursante, por tener relaci�n con actos relativos a bienes inmuebles cuando los proveedores sean fraccionadores, constructores, promotores y aquellas personas que intervengan en la asesor�a y venta al p�blico de casas destinadas a la habitaci�n, o al uso de inmuebles mediante el sistema de tiempo compartido; y por el hecho de que los contratos celebrados con motivo de esas operaciones deben registrarse ante la Procuradur�a Federal de Protecci�n al Consumidor, circunstancia que le otorga legitimaci�n para ejercer la acci�n constitucional, siendo que la afectaci�n a su esfera jur�dica por la sola entrada en vigor de las normas mencionadas qued� acreditada con las pruebas siguientes: 1. Copia certificada de la escritura treinta y siete mil sesenta y dos, de diez de octubre de dos mil tres, expedida por el notario p�blico 164 del Distrito Federal, en la que consta la constituci�n de la empresa; 2. Copia certificada de la licencia de construcci�n folio VUON/3599/2003, de veintiocho de noviembre de dos mil tres, otorgada a Starmineria, Sociedad An�nima de Capital Variable, por la D.�n M.H. del Gobierno del Distrito Federal, para construir las viviendas destinadas a casa habitaci�n ubicadas en M.�a n�mero dieciocho, colonia Escand�n, D.�n M.H. del Distrito Federal; 3. Copia certificada del acta dos mil cincuenta y uno, de diecisiete de mayo de dos mil cuatro, expedida por el corredor p�blico n�mero 13 del Estado de M�xico; 4. Copia certificada del contrato de oferta de celebraci�n de compraventa de quince de enero de dos mil cuatro, que L.G.�a P. hizo a Starmineria, Sociedad An�nima de Capital Variable, para adquirir el departamento A 303, del inmueble ubicado en M.�a dieciocho, colonia Escand�n, D.�n M.H., Distrito Federal; y 5. Inspecci�n judicial mediante la cual se dio fe de que en el domicilio se�alado en el numeral anterior se ofertan en venta al p�blico en general casas habitaci�n, y que en el lugar existen avisos de venta de las viviendas destinadas a casa habitaci�n, en donde se aprecia el nombre de la empresa recurrente. Con la documentaci�n descrita, aduce la recurrente, acredit� que es proveedor de inmuebles destinados a casa habitaci�n, por ser fraccionador, constructor, promotor o como persona moral que interviene en la asesor�a y venta al p�blico de esas viviendas, por lo que debi� tomarse en cuenta que conforme a los art�culos 73, 73 bis, 73 ter y 75 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, tiene obligaci�n de registrar ante la Procuradur�a Federal del Consumidor los modelos de los contratos relacionados con dicha actividad, los cuales deben incluir una cl�usula en la que se determine que esa autoridad ser� competente en la v�a administrativa para resolver cualquier controversia suscitada sobre la interpretaci�n o cumplimiento de los mismos; y en caso contrario, la procuradur�a de manera oficiosa le aplicar� una multa que va de cuatrocientos cincuenta a un mill�n setecientos sesenta mil pesos; de tal suerte que resulta ilegal lo manifestado por el a quo, en el sentido de que aunque est� sujeto a las normas previstas en la ley aludida por las actividades que desarrolla, lo cierto es que no se han expedido normas oficiales mexicanas que la obliguen como proveedor a obtener de la Procuradur�a Federal del Consumidor el registro previo de sus modelos de contrato de adhesi�n, ya que al adoptar esa decisi�n no se consider� lo establecido en el art�culo 88 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, conforme al cual los proveedores interesados podr�n inscribir voluntariamente sus modelos de contrato de adhesi�n, a pesar de no requerir el registro previo ante la procuradur�a. Por otra parte, prosigue la quejosa, no debe pasar desapercibido que el art�culo 73 bis de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, precisa que trat�ndose de los actos relacionados con las actividades de fraccionadores, constructores, promotores y dem�s personas que intervengan en la asesor�a y venta al p�blico de viviendas destinadas a casa habitaci�n, en caso de preventa, el proveedor debe poner a disposici�n del consumidor el proyecto ejecutivo de construcci�n completo, as� como la maqueta respectiva y, en su caso, el inmueble muestra. Finalmente, el art�culo 73 de la ley multicitada fue modificada con el fin de ampliar su �mbito de aplicaci�n, por lo que a partir del cuatro de mayo de dos mil cuatro es aplicable exclusivamente a fraccionadores, constructores, promotores de viviendas destinadas a casa habitaci�n, por lo cual, concluye la ocursante, queda sujeta a sus reglas por su sola entrada en vigor. Son infundados los agravios narrados con anterioridad, por los motivos que se desarrollan a continuaci�n: Los art�culos 73, 73 bis, 73 ter y 75 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n de cuatro de febrero de dos mil cuatro, son del tenor siguiente: ?Art�culo 73.? (se transcribe). ?Art�culo 73 bis.? (se transcribe). ?Art�culo 73 ter.? (se transcribe). ?Art�culo 75.? (se transcribe). De la reproducci�n del art�culo 73 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, se advierte que los actos relacionados con bienes inmuebles est�n sujetos a las reglas establecidas en la propia ley, y en caso de que los proveedores sean fraccionadores, constructores, promotores y aquellas personas que intervengan en la asesor�a y venta al p�blico de casas destinadas a habitaci�n, o a usar el inmueble mediante el sistema de tiempo compartido, los contratos relacionados con esas actividades deben registrarse ante la Procuradur�a Federal de Protecci�n al Consumidor. Por su parte, el art�culo 73 bis de la ley multicitada, se�ala que en la celebraci�n de los actos relacionados con los bienes descritos en el p�rrafo que antecede, y en caso de preventa, el proveedor tiene la obligaci�n de poner a disposici�n del comprador el proyecto ejecutivo de construcci�n completo, la maqueta ilustrativa, el inmueble muestra, los documentos que acrediten la propiedad del bien y, en su caso, los grav�menes que lo afectan, los cuales deben cancelarse al momento de la firma de la escritura, la personalidad de quien vende y las facultad que tiene para hacerlo, el cumplimiento del pago de contribuciones y servicios p�blicos, las licencias de construcci�n o permisos correspondientes, si se trata de inmueble usado que no tenga las autorizaciones debe indicarse expresamente en el contrato, pero en su defecto debe informarse sobre los planos estructurales, arquitect�nicos e instalaciones, y hacer del conocimiento del consumidor el dictamen de las condiciones estructurales del inmueble o las causas por las que no tienen esa documentaci�n y la informaci�n relativa a las dimensiones, superficie construida, tipo de estructura, acabados y estacionamiento, as� como las opciones de pago que se puedan elegir especificando el monto de cada una; en caso de cr�dito, el tipo, proyecci�n del monto a pagar que incluya intereses, comisiones y cargos, si se aplica tasa variable de intereses la referencia y f�rmula para el c�lculo de la misma, mecanismos de modificaci�n y renegociaci�n, y sus implicaciones econ�micas para vendedor y comprador; condiciones del proceso de escrituraci�n, gastos de escrituraci�n, impuestos, aval�o, administraci�n, apertura de cr�dito y gastos de investigaci�n; condiciones de cancelaci�n y garant�as de pago. Del mismo modo, el art�culo 73 ter de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, prev� que cuando se pretenda registrar el contrato referido en el p�rrafo segundo del art�culo 73 del mismo ordenamiento legal, debe contener la fecha de su celebraci�n, estar escrito en espa�ol, sin prohibirse que se haga en un idioma diferente, adem�s, debe indicarse el nombre, raz�n social, registro federal de contribuyentes del proveedor y consumidor, precisar las cantidades en dinero en moneda nacional, pudi�ndose hacer en moneda extranjera, se�alando para ello el tipo de cambio respectivo, descripci�n del bien inmueble, derechos y obligaciones de las partes y penas convencionales las que deben ser rec�procas y equivalentes, las garant�as, gastos reembolsables y su aplicaci�n, el procedimiento de cancelaci�n del contrato y las consecuencias para las partes contratantes, fecha de inicio y t�rmino del servicio contratado y de entrega del bien. Ahora bien, conforme al art�culo 75 de la ley examinada, en los contratos de adhesi�n relacionados con inmuebles se estipular� la informaci�n antes descrita y se proh�be al proveedor recibir pago alguno hasta que se haga constar por escrito la relaci�n contractual, con excepci�n de aquellos gastos destinados a investigaciones. En ese estado de cosas, v�lidamente puede concluirse que el Juez de Distrito actu� correctamente al estimar que los art�culos 73, 73 bis, 73 ter y 75 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, son normas de car�cter heteroaplicativo y que por ello no afectan la esfera jur�dica de la quejosa por su sola vigencia, sino hasta que se materialice la condici�n a que est�n sujetos. Efectivamente y como ya se expres�, el primero de los preceptos invocados limita la aplicaci�n de la ley a las operaciones efectuadas por los proveedores que sean fraccionadores, contratistas, promotores y aquellas personas que intervengan en la asesor�a y venta al p�blico de bienes destinados a casa habitaci�n, o bien, que otorguen al consumidor el uso de inmuebles mediante el sistema de tiempo compartido; de tal suerte que para que se actualice la hip�tesis del precepto legal, se requiere que durante la vigencia de la ley se haya celebrado alguno de los actos descritos, esto es, debe probarse la existencia del acuerdo de voluntades de los particulares, pues de ello depende el nacimiento de la obligaci�n del proveedor de observar las reglas mencionadas. Lo mismo acontece con el art�culo 73 bis de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, en tanto que establece diversas obligaciones que debe cumplir el proveedor al celebrar operaciones relacionadas con la compraventa de bienes inmuebles destinados a casa habitaci�n, en su calidad de constructores, fraccionadores, promotores y asesores que intervengan en �stas o concedan el uso de bienes destinados a tiempos compartidos, como son el registro de los contratos ante la Procuradur�a Federal del Consumidor, poner a disposici�n del comprador el proyecto ejecutivo de construcci�n completo, la maqueta ilustrativa, el inmueble muestra, los documentos que acrediten la propiedad del bien inmueble, los planos estructurales, arquitect�nicos e instalaciones, la forma de pago y si se trata de pago a plazos todos los componentes que integran el precio. En esas condiciones, para que se surta la hip�tesis normativa del numeral de que se trata, necesariamente debe existir el acuerdo de voluntades entre los particulares, ya que solamente de esa manera se generan las obligaciones anotadas, es decir, que antes de que el proveedor est� constre�ido a actuar de la forma aludida, debe haber celebrado el contrato correspondiente, por ende, la norma legal analizada es de car�cter heteroaplicativa. Por otro lado, el art�culo 73 ter de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, prev� que el contrato que se pretenda registrar en t�rminos del art�culo 73 de la misma ley, debe reunir ciertos requisitos, entre los cuales figuran algunos que ponen en evidencia que previamente al registro indefectiblemente debe existir el pacto de voluntades, ya que de ello depende la individualizaci�n de la informaci�n requerida, como lo es el lugar y fecha de celebraci�n del contrato, nombre, raz�n social y registro federal de contribuyentes del consumidor, el precio de la operaci�n y descripci�n del objeto del convenio, de donde se sigue que tambi�n en ese supuesto es necesaria la actualizaci�n de una condici�n para que se surta la hip�tesis normativa de que se trata, traducida en la celebraci�n del contrato correspondiente, consecuentemente, debe concluirse que se est� en presencia de una disposici�n legal heteroaplicativa. Por lo que hace al art�culo 75 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, debe concluirse que se trata de una norma de la misma naturaleza, puesto que si bien es verdad que establece reglas respecto a los denominados contratos de adhesi�n, no menos verdad resulta que no contiene la obligaci�n de registrarlos ante la Procuradur�a Federal del Consumidor, y en todo caso, para la inscripci�n se requiere tambi�n la celebraci�n del contrato correspondiente entre el proveedor y el consumidor, en atenci�n a que el propio numeral se�ala que en ese tipo de convenios deben precisarse los datos que individualicen el bien objeto del convenio, as� como aquella informaci�n descrita en el art�culo 73 ter de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, entre la cual destaca, como ya qued� apuntado, el lugar y fecha de celebraci�n del acto jur�dico, nombre, domicilio y, en su caso, registro federal de contribuyentes del consumidor, la precisi�n de las cantidades de dinero involucradas y descripci�n del bien inmueble, datos que en los t�rminos aludidos, pueden obtenerse �nicamente una vez que se haya celebrado el pacto contractual; por tanto, el precepto impugnado tambi�n es una norma heteroaplicativa, tal como lo determin� el Juez Federal. A mayor abundamiento, debe destacarse el argumento expresado en la sentencia reclamada respecto al texto del art�culo 86 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor. En efecto, de conformidad a dicho precepto, la Secretar�a de Econom�a puede establecer la obligaci�n de registrar previamente los contratos de adhesi�n mediante normas oficiales mexicanas, cuando se involucren o puedan implicar prestaciones desproporcionadas, obligaciones inequitativas o abusos a cargo del consumidor, o bien, alta posibilidad de incumplimiento, de ah� que al no haberse comprobado en la especie la existencia de una norma de ese tipo, v�lidamente puede concluirse que es inexistente la obligaci�n de registrar la clase de contratos aludida previamente a su celebraci�n, por ello, la hip�tesis legal de que se trata no otorga a los art�culos impugnados el car�cter de norma jur�dica autoaplicativa, con independencia de lo preceptuado por el art�culo 73, segundo p�rrafo, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, respecto al registro de los contratos celebrados con motivo de la celebraci�n de las operaciones mencionadas en varias ocasiones, en raz�n de que ese supuesto no se trata de contratos de adhesi�n, sino de contratos celebrados conforme a las reglas mencionadas con antelaci�n; sin embargo, lo m�s importante es que ese numeral no establece la obligaci�n de registrar los contratos previamente a su celebraci�n. De tal suerte que para que se surtan los supuestos normativos contenidos en los preceptos tildados de inconstitucionales, se requiere la existencia del pacto de voluntades entre los particulares. Aunado a lo anterior, cabe destacar que el primer p�rrafo del art�culo 86 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, no fue modificado por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de cuatro de febrero de dos mil cuatro, pues el numeral fue adicionado exclusivamente con un tercer p�rrafo, en el cual se establece la obligaci�n del proveedor a incluir una cl�usula en los contratos de adhesi�n, en la que se estipule que la Procuradur�a Federal de Protecci�n al Consumidor es la autoridad competente, en la v�a administrativa, para resolver cualquier controversia originada sobre la interpretaci�n y cumplimiento de ese tipo de convenios; en la inteligencia de que la demanda de garant�as fue desechada por ese precepto legal, seg�n consta en el acuerdo de veinticinco de junio de dos mil cuatro (foja 164 vuelta), que no fue impugnado por la recurrente. En consecuencia, al haber reclamado los art�culos 73, 73 bis, 73 ter y 75 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n de cuatro de febrero de dos mil cuatro, se hace evidente que el Juez procedi� acertadamente al concluir que en la especie se actualizaron las hip�tesis de improcedencia previstas en el art�culo 73, fracciones V yVI, de la Ley de Amparo, ya que no se demostr� la existencia del acto jur�dico al cual est�n sujetas las mismas, motivo por el cual tambi�n fue correcto el sobreseimiento en el juicio decretado con fundamento en el art�culo 74, fracci�n III, de la misma ley. En sustento a lo anterior, se invoca la jurisprudencia P./J. 55/97, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina cinco, T.V. del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, correspondiente a julio de mil novecientos noventa y siete, Novena �poca, que es del tenor siguiente: ?LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCI�N BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACI�N INCONDICIONADA.? (se transcribe). No es �bice para concluir en la forma en que se ha hecho, las pruebas documentales ofrecidas por la quejosa consistentes en solicitud de licencia de construcci�n, respecto del predio ubicado en la calle de Durango, colonia Roma del Distrito Federal, acta constitutiva de la sociedad, solicitud de inscripci�n al Registro Federal de Contribuyentes, copia de credencial de elector del representante, ni el contrato de celebraci�n de compraventa de quince de enero de dos mil cuatro, cuya valoraci�n omiti� el Juez Federal, en tanto que ese material probatorio, a excepci�n del contrato referido, no acredita que se haya materializado la compraventa o preventa de alg�n inmueble destinado a casa habitaci�n durante la vigencia de los preceptos tildados de inconstitucionales, lo que tampoco sucede con la fe p�blica del corredor y del actuario adscrito al juzgado, quienes hicieron constar que la demandante ofrece en venta bienes inmuebles destinados a casa habitaci�n (fojas 129 y 191 a 192), lo que no implica que se haya acreditado la existencia de la venta de alguno de esos bienes, esto es, no acreditan la celebraci�n del acuerdo de voluntades a la cual est� condicionada la actualizaci�n de los supuestos contenidos en las normas legales atacadas. Respecto al contrato de oferta de celebraci�n de compraventa de quince de enero de dos mil cuatro, debe se�alarse que si bien es cierto que ese documento demuestra que en esa fecha se hizo el pacto correspondiente, no menos verdad resulta que no acredita que con la sola entrada en vigor de los preceptos normativos combatidos por la quejosa se le depare perjuicio personal y directo, ya que partiendo del hecho de que en los t�rminos apuntados las normas impugnadas son de car�cter heteroaplicativo, se debe concluir que la celebraci�n del convenio fue hecha el quince de enero de dos mil cuatro, mientras que la reforma y adici�n de los art�culos multicitados fue publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n de cuatro de febrero de dos mil cuatro, esto es, con posterioridad al acto de que se trata; adem�s, no debe perderse de vista tampoco que conforme al art�culo primero transitorio del decreto que reform� y adicion� la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de cuatro de febrero de dos mil cuatro, las reformas y adiciones a los preceptos normativos entraron en vigor noventa d�as despu�s de su publicaci�n. Por ende, no asiste raz�n a la recurrente en los agravios segundo, tercero, cuarto y quinto. Es aplicable la tesis 1489, del Pleno del M�ximo Tribunal del pa�s, consultable en la p�gina mil cuarenta y ocho, Tomo I del Ap�ndice de dos mil, S�ptima �poca, cuyo texto se reproduce enseguida: ?INTER�S JUR�DICO EN EL AMPARO CONTRA LEYES AUTOAPLICATIVAS. DEMOSTRACI�N DE SU AFECTACI�N POR LAS SOCIEDADES MERCANTILES.? (se transcribe). En la parte restante del primer agravio, la ocursante manifiesta que en la sentencia recurrida no existi� ning�n pronunciamiento sobre el art�culo 1o., primer p�rrafo, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n de cuatro de febrero de dos mil cuatro. Es fundada pero inoperante la cuesti�n sintetizada en el p�rrafo precedente, en la medida en que a pesar de que existi� la omisi�n referida por la recurrente, lo cierto es que no es suficiente para revocar la sentencia impugnada, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracci�n V del art�culo 73 de la Ley de Amparo, respecto al art�culo 1o., primer p�rrafo, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, cuyo texto es el siguiente: ?Art�culo 1o.? (se transcribe). De la reproducci�n, se advierte �nicamente que el precepto normativo establece la naturaleza de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, al referir que es de orden p�blico e inter�s social, adem�s, define su �mbito territorial de aplicaci�n y se�ala que sus disposiciones son irrenunciables y contra su observancia no podr�n alegarse costumbres, usos, pr�cticas, convenios o estipulaciones en contrario, hip�tesis que de ninguna manera afectan por su sola entrada en vigor la esfera jur�dica de la recurrente, actualiz�ndose de ese modo la causal de improcedencia de que se trata y, por ello, debe sobreseerse en el juicio de garant�as respecto al numeral de que se trata. Finalmente, es menester hacer alusi�n a que en la hoja dieciocho, segundo p�rrafo, de la sentencia impugnada, se cometi� un error al incluir los art�culos 77 y 79 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor dentro de aquellos impugnados por la recurrente; no obstante ello, esa circunstancia en nada afecta en la determinaci�n adoptada por el Juez Federal, ya que dentro del an�lisis que efectu� no involucr� ning�n argumento relacionado con esos preceptos normativos y su decisi�n se limit� a los art�culos 5o., 73, 73 bis, 73 ter y 75 de la misma ley, que fueron impugnados en la demanda de garant�as, sin haberse emitido ning�n acuerdo que impidiera su examen, como ocurri� respecto a los art�culos 1o., segundo p�rrafo y sus fracciones I, V, VI, VIII y IX, 86, tercer p�rrafo, 87, 93, 126, 128, 128 bis y 129 bis, todos de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor (fojas 159 a 165 vuelta); siendo que respecto al primer p�rrafo del art�culo 1o. de esa ley, debe sobreseerse en el juicio de garant�as en los t�rminos apuntados en la presente ejecutoria. En consecuencia y como ya se expres�, en nada afecta la cita hecha por el Juez de los art�culos 77 y 79 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor.

AR. 4967/2004

SEXTO. Por cuesti�n de m�todo, se analizan en primer t�rmino los agravios que hace valer el secretario de Econom�a en representaci�n del presidente de la Rep�blica, pues entre los argumentos que se exponen, existen impugnaciones a la procedencia del juicio de amparo, los cuales se estiman fundados en atenci�n a los siguientes razonamientos. Por la �ntima relaci�n que guardan en su conjunto se analizan los agravios primero y segundo donde la autoridad inconforme aduce que se debi� sobreseer en el juicio por actualizarse la causal de improcedencia prevista por el art�culo 73, fracci�n VI, de la Ley de Amparo, porque se examin� en forma indebida la causal de improcedencia que hizo valer en su informe justificado al determinar que los art�culos 7o. bis, 73, 73 ter y 86 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor generan perjuicio a la quejosa por ser de car�cter autoaplicativos y privativos, lo cual aduce no es as�, pues dichos preceptos de ninguna manera obligan a los proveedores por su simple entrada en vigor a registrar actos inexistentes, m�xime que a la entrada en vigor de las normas impugnadas los actos no se han llevado a cabo o consumado, y suponiendo sin conceder que as� fuese, para verificar el debido cumplimiento de la ley se necesita un acto concreto de aplicaci�n, por lo que no existe una violaci�n de garant�as en perjuicio de la impetrante, al no constituir actos de privaci�n, ni tampoco est�n encaminados a lesionar los bienes y derechos de la quejosa. Agrega el recurrente que el juzgador debi� declarar el sobreseimiento del juicio de amparo, con apoyo en el art�culo 73, fracci�n VI, en relaci�n con el 74, fracci�n III, de la Ley de Amparo, en virtud de que el decreto tildado de inconstitucional no obliga con su sola entrada en vigor a la quejosa, toda vez que el art�culo 73 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, se limita a se�alar la aplicaci�n de la ley a los actos que lleven a cabo los proveedores en su calidad de constructores, promotores, etc�tera, siendo los dem�s art�culos del ordenamiento legal en cita los que se�alan en forma pormenorizada las obligaciones que corresponden a cada uno de ellos, ll�mense constructores, promotores y dem�s personas que intervengan en la asesor�a y venta al p�blico de viviendas destinadas a casa habitaci�n, si entran en relaci�n con los particulares en calidad de consumidores, por tanto, debe considerarse un ordenamiento heteroaplicativo, dado que es indispensable que surja un acto de aplicaci�n que le provoque realmente un perjuicio a la quejosa. Tambi�n se duele que el Juez Federal al resolver en el sentido que lo hizo, agravia las causales de improcedencia de los art�culos 73, fracciones V y XVIII, 74, fracci�n III y 4o. de la Ley de Amparo, toda vez que concede el amparo a la empresa quejosa que carece de legitimaci�n procesal para promover el juicio de garant�as, en atenci�n a que como ya se explic�, para que �ste se genere debe ser la quejosa titular de derechos afectados y s�lo lo ser� cuando dichos intereses perjudicados sean jur�dicos, y en la especie no se da esa hip�tesis, pues la quejosa no ha demostrado que se haya llevado a cabo la exigencia del cumplimiento de los art�culos que impugna mediante requerimiento formulado por autoridad competente para ello y, por tanto, no tiene legitimaci�n para promover el juicio en que se act�a; que la legitimaci�n en el proceso es requisito para la procedencia del juicio de garant�as y para ser titular de un derecho se requiere que la ley le otorgue al particular esa car�cter, y sea de forma autoaplicativa, o bien, heteroaplicativa cuando el sujeto se ubique en dicho precepto legal, sufra un agravio personal y directo, si es as� tendr� la potestad para hacer valer su derecho. Le asiste la raz�n a la autoridad recurrente en atenci�n a que son normas de car�cter heteroaplicativo los art�culos 73, 73 ter y 86, tercer p�rrafo, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor y, por tanto, requieren de un acto de aplicaci�n para su impugnaci�n por la peticionaria de garant�as, cuya inconstitucionalidad reclam� en su demanda de amparo. En el caso a estudio y conforme a las constancias de autos las cuales tienen pleno valor probatorio en t�rminos de lo dispuesto por los art�culos 129, 197 y 202 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles de aplicaci�n supletoria a la Ley de Amparo, se desprende en lo que interesa que la peticionaria de garant�as present� su demanda de amparo el once de junio de dos mil cuatro y se�al� como acto reclamado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el cuatro de febrero de dos mil cuatro, en espec�fico los art�culos 7o. bis, 73, 73 ter, 86, p�rrafo tercero y 87, p�rrafo segundo: ?... en cuanto hace a la aplicaci�n que se pretenda de las mismas y, por consiguiente, de todos los actos y procedimientos que se puedan iniciar en contra de mi mandante derivados de los preceptos impugnados como inconstitucionales, incluyendo cualquier sanci�n que se desprenda de alguna presunta infracci�n a los preceptos que se combaten en este juicio de garant�as ...? (fojas 4 y 5). Los art�culos 73, 73 ter y 86, tercer p�rrafo, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n de cuatro de febrero de dos mil cuatro, son del tenor siguiente: (se transcriben). En relaci�n a la reproducci�n del art�culo 73 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, se advierte que los actos relacionados con bienes inmuebles est�n sujetos a las reglas establecidas en la propia ley, y en caso de que los proveedores sean fraccionadores, constructores, promotores y aquellas personas que intervengan en la asesor�a y venta al p�blico de casas destinadas a habitaci�n, o a usar el inmueble mediante el sistema de tiempo compartido, los contratos relacionados con esas actividades deben registrarse ante la Procuradur�a Federal de Protecci�n al Consumidor. Del mismo modo, el art�culo 73 ter de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, prev� que cuando se pretenda registrar el contrato referido en el p�rrafo segundo del art�culo 73 del mismo ordenamiento legal, debe contener la fecha de su celebraci�n, estar escrito en espa�ol, sin prohibirse que se haga en un idioma diferente, adem�s, debe indicarse el nombre, raz�n social, registro federal de contribuyentes del proveedor y consumidor, precisar las cantidades en dinero en moneda nacional, pudi�ndose hacer en moneda extranjera, se�alando para ello el tipo de cambio respectivo, descripci�n del bien inmueble, derechos y obligaciones de las partes y penas convencionales, las que deben ser rec�procas y equivalentes, las garant�as, gastos reembolsables y su aplicaci�n, el procedimiento de cancelaci�n del contrato y las consecuencias para las partes contratantes, fecha de inicio y t�rmino del servicio contratado y de entrega del bien. Igualmente respecto al art�culo 86, tercer p�rrafo, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor prev� que cuando se pretenda registrar el contrato referido en el p�rrafo segundo del art�culo 73 del mismo ordenamiento legal, debe contener una cl�usula en la que se determine que la procuradur�a ser� competente en la v�a administrativa para resolver cualquier controversia que se suscite sobre la interpretaci�n o cumplimiento de los mismos y adem�s deber� se�alar el n�mero de registro otorgado por la procuradur�a. Ahora bien, con el fin de conocer cu�ndo debe considerarse que un ordenamiento legal tiene el car�cter de autoaplicativo, es conveniente tomar en cuenta el concepto de individualizaci�n incondicionada de las leyes, contenido en la jurisprudencia P./J. 55/97, sustentada por el Pleno del M�ximo Tribunal del pa�s consultable en la p�gina cinco del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., julio de mil novecientos noventa y siete, Novena �poca, cuyo texto se reproduce enseguida: ?LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCI�N BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACI�N INCONDICIONADA.? (se transcribe). En efecto, de la reproducci�n de esta jurisprudencia se desprende que una ley autoaplicativa por raz�n del imperativo que contiene, vincula al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crea, transforma o extingue situaciones concretas de derecho, esto es, que los efectos de la disposici�n legal impugnada ocurren en forma incondicionada, porque la realizaci�n del acto indispensable para que la hip�tesis normativa se individualice a trav�s de la actuaci�n de autoridades administrativas o jurisdiccionales e inclusive por actos jur�dicos celebrados por la voluntad de los particulares, no requiere ninguna verificaci�n posterior a la entrada en vigor de la ley o reglamento de que se trate. De esa forma, se concluye que en caso de que las obligaciones derivadas de la disposici�n normativa nacen con ella misma, con independencia de que no se actualice condici�n alguna, se est� en presencia de leyes autoaplicativas o de individualizaci�n incondicionada. En ese contexto, para que en la especie la empresa quejosa pudiera impugnar el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, al estimar que tiene el car�cter autoaplicativo, por vincularlo desde su entrada en vigor, debi� acreditar que se encontraba en el supuesto de la norma precisamente el d�a en que naci� a la vida jur�dica el ordenamiento legal, lo que sucedi� noventa d�as despu�s de su publicaci�n oficial, seg�n se desprende del art�culo primero transitorio del decreto reclamado, que dice: ?... entrar� en vigor a los noventa d�as siguientes de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n, salvo lo dispuesto en los art�culos transitorios siguientes ...?; por tanto, debe tenerse en cuenta que esa vigencia aconteci� a partir del d�a cuatro de mayo de dos mil cuatro. En el caso, ese acto de aplicaci�n no se puede tener por acreditado con la exhibici�n de la escritura p�blica veintiocho mil novecientos veintinueve, que contiene la constituci�n de la empresa Grupo DV, Sociedad An�nima de Capital Variable, pues con ella �nicamente demuestra los datos relativos a la formaci�n de la persona moral, su objeto, duraci�n, capital social y estructura jur�dica, como se advierte del criterio sustentado por la Tercera Sala de la anterior integraci�n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, contenido en la jurisprudencia 3a./J. 28/91, aplicada en la especie por analog�a, publicada en la p�gina ciento tres, T.V.I, del Semanario Judicial de la Federaci�n, correspondiente a junio de mil novecientos noventa y uno, Octava �poca, que a la letra dispone lo siguiente: ?ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. LA ESCRITURA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA QUEJOSA NO ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR SU INTER�S JUR�DICO PARA IMPUGNAR LA LEY QUE LO ESTABLECE.? (se transcribe). La peticionaria de garant�as tambi�n exhibi� copias certificadas de la solicitud y otorgamiento de la licencia de construcci�n n�mero 11/01303/15, de fecha diecis�is de diciembre de dos mil tres (fojas 45 a 51); as� como del alta de la quejosa ante la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico (foja 52); copias del Diario Oficial de la Federaci�n de fecha cuatro de febrero de dos mil cuatro, referentes a la publicaci�n del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor (fojas 53 a 72); y por �ltimo copia de un formato de contrato (fojas 73 y 74); tampoco demuestra la aplicaci�n de los preceptos cuya inconstitucionalidad impugna pues tales documentos s�lo acreditan la constituci�n legal de la empresa, que tiene como actividad fraccionar, construir, promover, asesorar y vender al p�blico viviendas destinadas a casa habitaci�n, a cuyo efecto cuenta con una licencia de construcci�n de fecha diecis�is de diciembre de dos mil tres, para el proyecto de una torre de ochenta y tres departamentos; sin embargo, ello no es suficiente para probar la existencia de un acto de aplicaci�n respecto de los art�culos 7o. bis, 73, 73 ter y 86, tercer p�rrafo, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, reformados mediante publicaci�n oficial del cuatro de febrero de dos mil cuatro, y con vigencia a partir del cuatro de mayo de dos mil cuatro. Asimismo, debe tenerse en cuenta que para combatir la constitucionalidad de los art�culos 73, 73 ter y 86, tercer p�rrafo, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, debi� demostrar la quejosa que al entrar en vigor esas disposiciones legales celebr� alg�n acto relacionado en su car�cter de proveedor como fraccionador, constructor, promotor, asesor y vendedor de viviendas destinadas a casa habitaci�n o el derecho de usar inmuebles mediante el sistema de tiempo compartido o, en su caso, que realiz� o formaliz� alg�n contrato relacionado con esas actividades, con el cual se pudiera deducir que ten�a la obligaci�n jur�dica de autoaplicarse las normas legales reclamadas, as� como que celebr� los contratos de adhesi�n a que se refieren dichos preceptos, y que intent� registrarlos. En conclusi�n, los art�culos reclamados, por su sola existencia jur�dica, no obligan a su cumplimiento por parte de los sujetos dedicados a las actividades que prev� el art�culo 73 transcrito, sino requieren de un acto posterior para su individualizaci�n, que en la especie, lo ser�a la realizaci�n de los actos que en cada uno de esos preceptos se indica, lo que no sucede en el caso, tal como lo reconoce la quejosa en su escrito de demanda, pues a�n no tiene celebrado ning�n contrato en el desarrollo de sus actividades, de ah� que deba estimarse que no se demostr�que la sola entrada en vigor del decreto citado le depar� perjuicio, lo que en todo caso suceder� cuando se ubique dentro de las reglas contenidas en dichos preceptos. En ese estado de cosas, v�lidamente puede concluirse que los art�culos 73, 73 ter y 86, tercer p�rrafo, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, son normas de car�cter heteroaplicativo y que por ello no afectan la esfera jur�dica de la quejosa por su sola vigencia, sino hasta que se materialice la condici�n a que est�n sujetos, por tal raz�n, el Juez de Distrito actu� en forma inexacta al estimar que los numerales en cita, son normas de car�cter autoaplicativo, cuando en realidad se trata de disposiciones de car�cter heteroaplicativo, las cuales necesitan un acto de aplicaci�n previo para estimar una afectaci�n a la peticionaria de garant�as. Efectivamente y como ya se expres�, el primero de los preceptos invocados limita la aplicaci�n de la ley a las operaciones efectuadas por los proveedores que sean fraccionadores, contratistas, promotores y aquellas personas que intervengan en la asesor�a y venta al p�blico de bienes destinados a casa habitaci�n, o bien, que otorguen al consumidor el uso de inmuebles mediante el sistema de tiempo compartido; de tal suerte que para que se actualice la hip�tesis del precepto legal, se requiere que durante la vigencia de la ley se haya celebrado alguno de los actos descritos, esto es, debe probarse la existencia del acuerdo de voluntades de los particulares, pues de ello depende el nacimiento de la obligaci�n del proveedor de observar las reglas mencionadas. Lo mismo acontece con el art�culo 73 ter de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, que prev� que el contrato que se pretenda registrar en t�rminos del art�culo 73 de la misma ley debe reunir ciertos requisitos, entre los cuales figuran algunos que ponen en evidencia que previamente al registro indefectiblemente debe existir el pacto de voluntades, ya que de ello depende la individualizaci�n de la informaci�n requerida, como lo es el lugar y fecha de celebraci�n del contrato, nombre, raz�n social y registro federal de contribuyentes del consumidor, el precio de la operaci�n y descripci�n del objeto del convenio, de donde se sigue que tambi�n en ese supuesto es necesaria la actualizaci�n de una condici�n para que se surta la hip�tesis normativa de que se trata, traducida en la celebraci�n del contrato correspondiente, consecuentemente, debe concluirse que se est� en presencia de una disposici�n legal heteroaplicativa. Por su parte, el art�culo 86, p�rrafo tercero, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor determina que se debe insertar en los contratos de adhesi�n una cl�usula en la que se disponga que la procuradur�a es competente en la v�a administrativa para resolver cualquier controversia que se suscite sobre interpretaci�n y cumplimiento de los mismos. A mayor abundamiento, debe destacarse el argumento expresado en la sentencia reclamada respecto al texto del art�culo 86 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor. En efecto, de conformidad a dicho precepto, la Secretar�a de Econom�a puede establecer la obligaci�n de registrar previamente los contratos de adhesi�n mediante normas oficiales mexicanas, cuando se involucren o puedan implicar prestaciones desproporcionadas, obligaciones inequitativas o abusos a cargo del consumidor, o bien, alta posibilidad de incumplimiento, de ah� que al no haberse comprobado en la especie la existencia de una norma de ese tipo, v�lidamente puede concluirse que es inexistente la obligaci�n de registrar la clase de contratos aludida previamente a su celebraci�n, por ello, la hip�tesis legal de que se trata no otorga a los art�culos impugnados el car�cter de norma jur�dica autoaplicativa, con independencia de lo preceptuado por el art�culo 73, segundo p�rrafo, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, respecto al registro de los contratos celebrados con motivo de la celebraci�n de las operaciones mencionadas en varias ocasiones, en raz�n de que ese supuesto no se trata de contratos de adhesi�n, sino de contratos celebrados conforme a las reglas mencionadas con antelaci�n; sin embargo, lo m�s importante es que ese numeral no establece la obligaci�n de registrar los contratos previamente a su celebraci�n. De tal suerte que para que se surtan los supuestos normativos contenidos en los preceptos tildados de inconstitucionales, se requiere la existencia del pacto de voluntades entre los particulares. Aunado a lo anterior, cabe destacar que el primer p�rrafo del art�culo 86 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, no fue modificado por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de cuatro de febrero de dos mil cuatro, pues el numeral fue adicionado exclusivamente con un tercer p�rrafo, en el cual se establece la obligaci�n del proveedor a incluir una cl�usula en los contratos de adhesi�n, en la que se estipule que la Procuradur�a Federal de Protecci�n al Consumidor es la autoridad competente en la v�a administrativa para resolver cualquier controversia originada sobre la interpretaci�n y cumplimiento de ese tipo de convenios. De lo anterior, claramente se puede observar que los art�culos 73, 73 ter y 86, tercer p�rrafo, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, publicada el cuatro de febrero de dos mil cuatro, son normas de car�cter heteroaplicativo, por tanto, se reitera lo fundado de los argumentos que se analizan, motivos suficientes para modificar la sentencia que se revisa. Tiene aplicaci�n al caso, la jurisprudencia n�mero 2a./J. 77/97, Novena �poca, visible en la p�gina trescientos ochenta y dos, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, T.V., correspondiente al mes de enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyos rubro y texto son los siguientes: ?LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO.? (se transcribe). En tales circunstancias, queda demostrado que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el art�culo 73, fracci�n VI, de la Ley de Amparo, que hizo valer la autoridad recurrente al rendir su informe justificado, porque es necesaria la actualizaci�n de una condici�n para que se surtan las hip�tesis normativas de los art�culos 73, 73 ter y 86, tercer p�rrafo, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, consistente en que durante la vigencia de la ley se haya celebrado el acuerdo de voluntades entre los particulares en donde se involucre alguna de las operaciones descritas, en tanto que �nicamente de esa forma pueden conocerse aquellos datos indispensables para registrar los contratos correspondientes; de ah� que los art�culos examinados sean de naturaleza heteroaplicativa. Ahora bien, en t�rminos de lo dispuesto por los art�culos 73, fracci�n VI, de la Ley de Amparo, se colige que trat�ndose de la impugnaci�n en el juicio de garant�as de una ley que se considera inconstitucional, es necesario un acto posterior de aplicaci�n para que se origine tal perjuicio, en tal raz�n, como en la especie, no el primer acto de aplicaci�n de los numerales que tilda de inconstitucionales la parte quejosa, en consecuencia, hasta el momento no se ocasiona en su perjuicio violaci�n a las garant�as individuales, y en tal raz�n este �rgano jurisdiccional estima que se surte en la especie la causal de improcedencia en estudio, siendo procedente sobreseer en el juicio de garant�as respecto a la inconstitucionalidad de los art�culos 73 ter y 86, tercer p�rrafo, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, lo anterior de conformidad con el art�culo 74, fracci�n III, de la Ley de Amparo. Tiene aplicaci�n al caso la tesis emitida por este S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, clave n�mero TC017341.9AD1, pendiente de publicaci�n, aprobada en sesi�n de veinte de octubre de dos mil cuatro, amparo en revisi�n 4127/2004, que a la letra dice: ?PROTECCI�N AL CONSUMIDOR. LOS ART�CULOS 73, 73 BIS, 73 TER Y 75 DE LA LEY FEDERAL RESPECTIVA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACI�N DE CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL CUATRO, SON NORMAS DE CAR�CTER HETEROAPLICATIVO.? (se transcribe). Ahora bien, por lo que toca a la impugnaci�n del art�culo 7o. bis de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, si bien �ste pudiera ser de car�cter autoaplicativo, sin embargo, esta conclusi�n por s� sola no acredita el inter�s jur�dico de la quejosa para combatirlo en la v�a constitucional, en virtud de que no comprueba el car�cter de ?proveedor? de los bienes y servicios que ofrece al consumidor, ya que con la escritura p�blica exhibida que contiene la constituci�n de la sociedad quejosa, no se demuestra la realizaci�n de los actos tendentes a poner en pr�ctica su objeto social y advertir, desde luego, que sus actividades necesariamente deber�n realizarlas con las modalidades y en las condiciones previstas en el precepto materia de discusi�n, y poder concluir que la ley, desde el momento de su iniciaci�n de vigencia, efectivamente afect� sus intereses jur�dicos, por tanto, contrariamente a lo que alega en los agravios, la exhibici�n de la copia certificada de la escritura p�blica en cuesti�n y los restantes documentos, entre otros, la licencia de construcci�n n�mero 11/0103/15, de fecha diecis�is de diciembre de dos mil tres; el formulario de registro ante la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico de fecha seis de junio de dos mil; la copia fotost�tica del Diario Oficial de la Federaci�n de fecha cuatro de febrero de dos mil cuatro; y copia de un formato para adquisici�n de vivienda, resultan insuficientes para acreditar el inter�s jur�dico que le asiste para promover el juicio de amparo. Es aplicable al caso, la tesis n�mero 1489, S�ptima �poca, visible en la p�gina mil cuarenta y ocho, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, Volumen I, Constitucional, Ap�ndice 2000, cuyos rubro y texto son los siguientes: ?INTER�S JUR�DICO EN EL AMPARO CONTRA LEYES AUTOAPLICATIVAS. DEMOSTRACI�N DE SU AFECTACI�N POR LAS SOCIEDADES MERCANTILES.? (se transcribe). S�PTIMO. A continuaci�n se procede al estudio y an�lisis del recurso de revisi�n hecho valer por la peticionaria de garant�as cuyos agravios se estiman, por un lado, inoperantes por inatendibles, y por otro, infundados. Por la �ntima relaci�n que guardan entre s� se procede en primer t�rmino al estudio de los agravios tercero bis, cuarto, quinto y sexto, donde aduce en s�ntesis que la resoluci�n infringe en su perjuicio el art�culo 77 de la Ley de Amparo, por estimar que el juzgador realiza una incorrecta interpretaci�n de los art�culos 1o. y 5o. de la Constituci�n, respecto de los art�culos 7o. bis, 73, 73 ter y 86, p�rrafo tercero, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, pues en el considerando quinto determin� que no contravienen las garant�as de libertad de comercio y de contrataci�n, poniendo como justificaci�n razones de �ndole social, razonamiento que estima infundado por considerar que para invocar tales razones es necesario que sean atacados los derechos de terceros o se ofendan los derechos de la sociedad, lo cual no acontece en la especie, pues la celebraci�n de los contratos entre fraccionadores, constructores, promotores, asesores y vendedores de inmuebles destinados a casa habitaci�n, no tienen por qu� atacar derechos de terceros o por qu� ofender derechos de la sociedad, que no se puede llegar a esta conclusi�n de ataque o de ofensa porque dichas disposiciones derivan de una ley de orden p�blico o inter�s social como lo es la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor. Que contrario a lo que determina el Juez, las disposiciones reclamadas son inconstitucionales porque la obligaci�n de registro implica limitaciones impuestas a los sujetos pasivos de la norma que no encuentra una justificaci�n social v�lida, de ah� que vengan a interpretarse como vedas a la libertad de comercio y contractual de los proveedores, que dicha obligaci�n impuesta por el art�culo 73 que se tilda de inconstitucional, conlleva la aplicaci�n simult�nea del numeral 73 ter, respecto de los requisitos que deben satisfacer los contratos que deban registrarse, y adicionalmente implica el cumplimiento del mandato por los art�culos 86, p�rrafo segundo, trat�ndose de contratos de adhesi�n y 87, todos de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor. En el cuarto agravio, la impetrante se duele que los art�culos 7o. bis, 73, 73 ter y 86, p�rrafo tercero, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, el Juez Federal determin� que no contravienen el numeral 27 constitucional, en raz�n de que en ninguno de los preceptos tildados de inconstitucionales el legislador regula lo referente a la propiedad de los inmuebles, por tanto, no interfieren en la propiedad las normas que regulan lo relativo entre proveedores y consumidores, en la medida en que no condicionan ni sujetan el derecho de propiedad de los bienes, sino la manera en que se entablen determinadas relaciones de consumo, criterio que la recurrente estima infundado, pues los preceptos que impugna en su demanda de amparo van encaminados a la venta de inmuebles destinados a casa habitaci�n y conforme a la legislaci�n com�n el �nico que puede vender es el propietario, de ah� que s� tengan que ver con el derecho de propiedad, motivo por el cual estima que no puede disponer libremente de los inmuebles de acuerdo a la actividad que realiza. En relaci�n al quinto motivo de agravio, aduce, en s�ntesis, que el Juez Federal determin� que los art�culos 7o. bis, 73, 73 ter y 86, p�rrafo tercero, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor no contravienen los art�culos 1o., 5o. y 13 constitucionales, en cuanto a la garant�a de igualdad, pues el que el proveedor tenga ciertas obligaciones para con el consumidor, no significa que se trate de diferente manera a personas que se ubican en la misma situaci�n, para concluir que el ordenamiento impugnado no es una ley privativa sino una ley especial al regular las relaciones de consumo, al efecto la recurrente alega que la sujeci�n de los particulares dedicados a la construcci�n de inmuebles destinados a casa habitaci�n, al registro de sus contratos o a la obligaci�n de que todos ellos deban ser contratos adhesivos, contrario a lo determinado por el Juez de Distrito, s� viola las garant�as de igualdad, por tratarse de una limitaci�n injusta, al no estar a cargo de otros sujetos que proveen servicios a favor del p�blico en la misma materia inmobiliaria, aunque el destino de los inmuebles sea distinto. Agrega la peticionaria de garant�as que si las disposiciones reclamadas s�lo obligan a los proveedores que sean fraccionadores, constructores, promotores y dem�s personas que intervengan en la asesor�a y venta al p�blico de inmuebles destinados a casa habitaci�n, entonces los proveedores que arriendan inmuebles para vivienda no deben cumplir con los mismos requisitos impuestos a vendedores de inmuebles, todo lo cual redunda en perjuicio de los arrendatarios, que son tratados como consumidores de segunda clase, grupo desprotegido de la sociedad, misma situaci�n tienen los adquirentes de inmuebles con fines comerciales. Tambi�n refiere la recurrente que la resoluci�n combatida no se encuentra debidamente fundada y motivada, que las consideraciones del juzgador no se apoyan en razonamientos objetivos que establezcan un verdadero an�lisis de los preceptos tildados de inconstitucionales con relaci�n a las garant�as establecidas en los art�culos 1o., 5o. y 13 constitucionales, pues contrariamente a lo que se determina, los preceptos impugnados s� infringen el principio de igualdad y s� constituyen una ley privativa. Finalmente, en el agravio sexto manifest�, medularmente, que los numerales 7o. bis, 73, 73 ter y 86, p�rrafo tercero, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor infringen los art�culos 28 y 121, fracci�n III, de la Constituci�n Federal, siendo infundado el razonamiento del Juez de Distrito en el considerando octavo, pues independientemente de la relaci�n de consumo a que se refieren los numerales citados en primer t�rmino, s� esta regulando sobre inmuebles para casa habitaci�n, sujetando la venta de los mismos a requisitos que invaden esferas de la Federaci�n, por lo que alega que no se trata de una ley especial, sino una ley privativa, en atenci�n a que el registro de contratos corresponde al campo del derecho privado, y corresponden respecto a su tutela al �mbito de la legislaci�n local y no as� federal, lo que implica una invasi�n de esferas al pretender regular una materia que no est� expresamente conferida al �mbito federal (r�gimen de facultades expresas); adem�s se otorga a dicho registro de contratos un alcance que no corresponde convirtiendo a la procuradur�a en el �rgano decisorio de una facultad que sobrepasa la voluntad de los particulares, como autoridad suprema en los contratos, cuando no se prev� de manera expresa en el art�culo 28 constitucional que ser� el Congreso de la Uni�n el �rgano de poder al que corresponda emitir la ley en materia de protecci�n al consumidor. Ahora bien, los argumentos se�alados con antelaci�n resultan inoperantes, pues con ellos se pretende impugnar la negativa de la concesi�n del amparo por el Juez Federal en los considerandos quinto a octavo de la resoluci�n que se revisa, referentes a que los art�culos 73, 73 ter y 86, p�rrafo tercero, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor violan en su perjuicio las garant�as establecidas en los art�culos 1o., 5o., 13, 27, 28 y 121, fracci�n II, constitucionales, sin embargo, tales manifestaciones devienen inatendibles para este �rgano jurisdiccional porque ya se determin� en la presente ejecutoria que los art�culos tildados de inconstitucionalidad son normas de car�cter heteroaplicativo, por tanto, se requiere de un acto de aplicaci�n previo para que se satisfagan los requisitos de procedibilidad para su impugnaci�n, aspectos estos �ltimos que en la especie no se surten dado que la peticionaria de garant�as al impugnar tales disposiciones estim� que con la sola vigencia de las mismas se ocasionaba un perjuicio directo en su esfera de derechos y, por tanto, afirm� que son de car�cter autoaplicativo. En tal raz�n, al ser criterio de este Tribunal Colegiado que los art�culos 73, 73 ter y 86, p�rrafo tercero, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor son de car�cter heteroaplicativo, respecto de �stos se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracci�n VI del art�culo 73 de la Ley de Amparo, lo que impide a este �rgano jurisdiccional emitir pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto en relaci�n a los preceptos tildados de inconstitucionales. Tiene aplicaci�n al caso, por analog�a, la jurisprudencia n�mero 2a./J. 52/98, Novena �poca, visible en la p�gina doscientos cuarenta y cuatro, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, T.V., correspondiente al mes de agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyos rubro y texto son los siguientes: ?AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISI�N. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISI�N DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACI�N, SI EL JUEZ DECRET� EL SOBRESEIMIENTO.? (se transcribe). En relaci�n al primer motivo de agravio aduce la recurrente que el Juez Federal sobresey� bajo la consideraci�n de que el secretario de Econom�a y todas las autoridades dependientes de la Procuradur�a Federal del Consumidor negaron los actos reclamados y que por tal raz�n son inexistentes los actos reclamados, argumento que la recurrente estima infundado, pues el Juez Federal pretende que exista un acto de ejecuci�n de las autoridades para que sea cierto, cuando la impugnaci�n de inconstitucionalidad se hace por estimar que las normas son autoaplicativas; que con la sola entrada en vigor de las reformas se le est� obligando a registrar ante la Procuradur�a Federal del Consumidor los contratos que celebre y a cumplir con ciertosrequisitos, cuando reitera son autoaplicativas y no heteroaplicativas como lo pretende el juzgador, m�xime que las leyes no son objeto de prueba. Agrega que no existe causal de sobreseimiento invocado por el juzgador, toda vez que la sola entrada en vigor de las normas impugnadas justifican la existencia de los actos reclamados al secretario de Econom�a y a todas la autoridades dependientes de la Procuradur�a Federal del Consumidor, por ser quienes est�n obligadas a recibir y realizar el tr�mite correspondiente de registro de contratos por la sola entrada en vigor de la norma autoaplicativa. Tampoco le asiste la raz�n a la recurrente con las manifestaciones que formula en atenci�n a que si bien las leyes no son objeto de prueba, tambi�n lo es que conforme las constancias de autos las cuales surten pleno valor probatorio en t�rminos de los art�culos 197 y 202 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles de aplicaci�n supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la peticionaria de garant�as se�al� como actos reclamados el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre las cuales impugna los art�culos 7o. bis, 73, 73 ter, 86, p�rrafo tercero y 87, p�rrafo segundo, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, publicado el cuatro de febrero de dos mil cuatro, a cuyo efecto el secretario de Econom�a al rendir su informe justificado (fojas 157 a 209) neg� el acto reclamado consistente en la aplicaci�n o ejecuci�n de los preceptos tildados de inconstitucionales, aunado al hecho de que la quejosa no demostr� con ninguno de los documentos exhibidos que se le hayan aplicado o se le pretendan aplicar las disposiciones reclamadas, ni tampoco que se hayan iniciado en su contra los actos o procedimientos derivados de los art�culos impugnados, es evidente que en la especie no existe el acto referente a la aplicaci�n o ejecuci�n de las disposiciones legales tildadas de inconstitucionales. Vinculado a lo anterior, es criterio de este cuerpo colegiado que las normas impugnadas son de car�cter heteroaplicativo, puesto que por su sola vigencia no causan perjuicio alguno a la quejosa, siendo necesario un acto posterior de aplicaci�n para que se acredite el agravio personal y directo, seg�n se precis� ya en el considerando sexto de la presente ejecutoria, se reitera lo infundado del agravio que se analiza. En otro orden de ideas, la recurrente aduce en el agravio tercero que el Juez Federal sobresey� respecto del art�culo 87, p�rrafo segundo, bajo el razonamiento de que dicho precepto es de naturaleza heteroaplicativa, lo que estima infundado, ya que la entrada en vigor de la norma s� crea y extingue derechos a la recurrente de manera directa y actual, al imponer la obligaci�n de registrar los contratos, con la consecuencia de que si no se hace no producir�n efectos contra el consumidor, cuando con anterioridad no exist�a dicha obligaci�n. Agrega que el Juez determin� que no es posible saber con antelaci�n si la quejosa habr� de registrar sus contratos y la procuradur�a le negar� el registro, pues la recurrente estima que parte de una consideraci�n err�nea de que dicha instituci�n es la facultada para emitir las normas que sujeten a registro los contratos, cuando la facultad para emitirlas corresponde a la Secretar�a de Econom�a, adem�s lo que combate en su demanda de garant�as es la imposici�n de la obligaci�n de registrar los contratos por su sola actividad, mas no esta impugnando la negaci�n del registro, por lo que el an�lisis del juzgador est� mal enfocado, resultando infundado e inmotivado. Contin�a manifestando que los preceptos invocados de inconstitucionales s� son de car�cter autoaplicativo, pues los art�culos 86, 87 y 87 bis extienden sus efectos a los art�culos 73 y 73 ter de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, al establecer que los contratos relacionados con inmuebles cuando los proveedores sean fraccionadores, constructores, promotores, personas que intervengan en la asesor�a y venta al p�blico de viviendas destinadas a casa habitaci�n, deber�n registrarse ante la procuradur�a, lo que implica que el esp�ritu inconstitucional de dicho art�culo es darle el car�cter de contrato de adhesi�n a los formatos que utiliza, y contrario a lo resuelto por el Juez de Distrito el art�culo 87, p�rrafo segundo, s� causa perjuicio en su esfera de derechos por la actividad que desarrolla, m�xime si en la sentencia impugnada el juzgador consider� como autoaplicativos los art�culos 7o. bis, 73, 73 ter y 86, p�rrafo tercero, de la ley en cita, por consecuencia, el numeral 87 del mismo ordenamiento tambi�n es de naturaleza autoaplicativa porque descansa bajo los mismos supuestos de interpretaci�n que los otros. Al respecto, este �rgano colegiado estima que tampoco le asiste la raz�n a la quejosa, en atenci�n a que como el art�culo 87, p�rrafo segundo, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, establece que los contratos que deban registrarse conforme a dicha ley, y no se registren, as� como aquellos cuyo registro sea negado por la procuradur�a, no producir�n efectos contra el consumidor, dicho precepto legal, al igual que los numerales 73, 73 ter y 86, p�rrafo tercero, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor son normas de naturaleza heteroaplicativa, que por su sola vigencia no causan perjuicio alguno a la peticionaria de garant�as, en atenci�n a que es necesario un acto posterior de aplicaci�n del precepto para que se acredite el agravio personal y directo, aspectos que en el caso de m�rito no se surten al no haberse demostrado el mismo. En efecto, el numeral 87, segundo p�rrafo, del ordenamiento legal en cita, establece: ?Art�culo 87.? (se transcribe). En el supuesto contenido en la transcripci�n que antecede, se colige que �ste s�lo se actualiza en el caso de que no se registren los contratos que celebra la recurrente con motivo de su actividad como proveedor, fraccionador, constructor, promotor, asesor y vendedor al p�blico de viviendas destinadas a casa habitaci�n, o bien, que se niegue por parte de la Procuradur�a Federal del Consumidor el registro de �stos, en tal raz�n, como la ley tiene el car�cter de heteroaplicativa cuando el solo inicio de su vigencia no coloca al gobernado en la situaci�n prevista por la norma, requieren de un acto concreto de aplicaci�n para que afecten la esfera jur�dica del gobernado, aspectos que ya fueron analizados en el considerando sexto de la presente ejecutoria al declarar procedente la causa de improcedencia prevista por el art�culo 73, fracci�n VI, de la Ley de Amparo, en consecuencia, se reitera lo infundado del agravio que se analiza.

Del criterio sustentado en el amparo en revisi�n 4127/2004 deriv� la tesis aislada TC017341.9AD1, pendiente de publicaci�n, que dice:

PROTECCI�N AL CONSUMIDOR. LOS ART�CULOS 73, 73 BIS, 73 TER Y 75 DE LA LEY FEDERAL RESPECTIVA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACI�N DE CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL CUATRO, SON NORMAS DE CAR�CTER HETEROAPLICATIVO. Conforme al primero de los preceptos invocados, dicho ordenamiento legal es aplicable a las operaciones efectuadas por los proveedores que sean fraccionadores, contratistas, promotores y aquellas personas que intervengan en la asesor�a y venta al p�blico de bienes destinados a casa habitaci�n o bien, que otorguen al consumidor el uso de inmuebles mediante el sistema de tiempo compartido. Por su parte, el art�culo 73 Bis de la propia ley establece diversas obligaciones a ese tipo de proveedores, como son registrar los contratos ante la Procuradur�a Federal del Consumidor; pone a disposici�n del comprador el proyecto ejecutivo de construcci�n completo; la maqueta ilustrativa; el inmueble muestra; los documentos que acrediten la propiedad del bien inmueble y los planos estructurales, arquitect�nicos e instalaciones; y las formas de pago y si se trata de pago a plazos todos los componentes que integran el precio. El art�culo 73 Ter de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, prev� que el contrato que se pretenda registrar en t�rminos del art�culo 73 de la misma ley, debe reunir ciertos requisitos, entre los cuales figuran el lugar y fecha de celebraci�n del contrato, nombre, raz�n social y registro federal de contribuyente del consumidor, el precio de operaci�n y descripci�n del objeto del convenio. Finalmente, el art�culo 75 del mismo cuerpo de leyes, a pesar de que establece reglas respecto a los denominados contratos de adhesi�n, lo cierto es que no contiene la obligaci�n de registrarlos ante la Procuradur�a Federal del Consumidor, y en todo caso, para la inscripci�n se requiere precisar los datos que individualizan el bien objeto del convenio, as� como aquella informaci�n descrita en el art�culo 73 Ter de la misma ley. En ese estado de cosas, se concluye que es necesaria la actualizaci�n de una condici�n para que se surtan las hip�tesis normativas de que se trata, consistente en que durante la vigencia de la ley se haya celebrado el acuerdo de voluntades entre los particulares en donde se involucre alguna de las operaciones descritas, en tanto que �nicamente de esa forma pueden conocerse aquellos datos indispensables para registrar los contratos correspondientes; de ah� que los art�culos examinados sean de naturaleza heteroaplicativa.

QUINTO

No existe la contradicci�n de tesis denunciada entre los Tribunales Colegiados cuyos criterios son materia de estudio, respecto de los art�culos 7o. bis y 87 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, pues no sostienen criterios contrarios, ya que no fueron examinados en forma simult�nea por ambos �rganos jurisdiccionales.

Del mismo modo, tampoco es materia de la contradicci�n de criterios el tema del inter�s jur�dico para combatir los citados preceptos, s�lo se har� pronunciamiento sobre su naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa, puesto que el S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito no examin� el tema del inter�s jur�dico y, por tanto, no hubo oposici�n al respecto.

SEXTO

De las ejecutorias transcritas en los considerandos tercero y cuarto de la presente resoluci�n deriva que s� existe contradicci�n de criterios.

En efecto, partiendo los Tribunales Colegiados, cuyos criterios son opuestos del mismo supuesto, a saber, del examen sobre la naturaleza jur�dica de las normas contenidas en los art�culos 73, 73 bis, 73 ter, 75 y 86, p�rrafo tercero, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el cuatro de febrero del a�o dos mil cuatro, llegaron a conclusiones discrepantes, pues mientras que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consider� que las obligaciones en ellos contenidas inciden en la esfera jur�dica de los proveedores quejosos dedicados al fraccionamiento, construcci�n, promoci�n, asesor�a o venta al p�blico de casas habitaci�n, desde su entrada en vigor; el S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determin� que las citadas obligaciones, por su sola existencia, no obligan a su cumplimiento por parte de los sujetos dedicados a las actividades que prev�n, sino que requieren de un acto posterior para su individualizaci�n, tales como el documento donde conste la celebraci�n del contrato correspondiente.

Es aplicable al respecto la tesis jurisprudencial 26/2001 de este Pleno, que se�ala:

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., abril de 2001, p�gina 76).

Sobre esa base, el punto en contradicci�n consiste en definir si el texto de los art�culos 73, 73 bis, 73 ter, 75 y 86, p�rrafo tercero, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor vigente en el a�o dos mil cuatro, es de individualizaci�n incondicionada, esto es, no sujeto a que el nacimiento de sus consecuencias dependa de un acto o hecho jur�dico posterior a su entrada en vigor o si, por el contrario, para incidir en la esfera jur�dica de los gobernados se requiere de dicho evento.

En los art�culos 21, 22, 73, fracciones VI y XII, y 114, fracci�n I, de la Ley de Amparo, se establecen las bases para regular la procedencia del juicio de amparo contra leyes y para distinguir, de acuerdo con los t�rminos en que se encuentra establecida la norma impugnada, su naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa.

Para tal efecto, tales principios disponen atender al momento en que la disposici�n cuestionada ocasiona al gobernado perjuicio cierto y directo en su esfera jur�dica, lo cual conlleva a determinar a partir de qu� momento y de qu� plazo dispone el agraviado para ejercer la acci�n constitucional.

Los citados preceptos establecen lo siguiente:

"Art�culo 21. El t�rmino para la interposici�n de la demanda de amparo ser� de quince d�as. Dicho t�rmino se contar� desde el d�a siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificaci�n al quejoso de la resoluci�n o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecuci�n, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos."

"Art�culo 22. Se except�an de lo dispuesto en el art�culo anterior:

"I. Los casos en que a partir de la vigencia de una ley, �sta sea reclamable en la v�a de amparo, pues entonces el t�rmino para la interposici�n de la demanda ser� de treinta d�as."

"Art�culo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"VI. Contra leyes, tratados y reglamentos que, por su sola vigencia, no causen perjuicio al quejoso, sino que se necesite un acto posterior de aplicaci�n para que se origine tal perjuicio;

"...

"XII. Contra actos consentidos t�citamente, entendi�ndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los t�rminos que se se�alan en los art�culos 21, 22 y 218.

"No se entender� consentida t�citamente una ley, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciaci�n de su vigencia, en los t�rminos de la fracci�n VI de este art�culo, no se haya reclamado, sino s�lo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicaci�n en relaci�n con el quejoso.

"Cuando contra el primer acto de aplicaci�n proceda alg�n recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, ser� optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo. En el primer caso, s�lo se entender� consentida la ley si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir de la fecha en que se haya notificado la resoluci�n reca�da al recurso o medio de defensa, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.

"Si en contra de dicha resoluci�n procede amparo directo, deber� estarse a lo dispuesto en el art�culo 166, fracci�n IV, p�rrafo segundo, de este ordenamiento."

"Art�culo 114. El amparo se pedir� ante el Juez de Distrito:

I. Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la Rep�blica de acuerdo con la fracci�n I del art�culo 89 constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicaci�n, causen perjuicios al quejoso.

De los numerales transcritos, se desprende que las disposiciones legales de car�cter general pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma, es decir: 1) si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio al gobernado (autoaplicativas), o bien, 2) si para ello requieren que un acto de aplicaci�n sea de autoridad, de un tercero o, en algunos supuestos, del mismo gobernado (heteroaplicativas).

En el primer caso, el gobernado puede ejercer la acci�n de amparo dentro del plazo de treinta d�as a partir de la entrada en vigor de la disposici�n de que se trate, de acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 22, fracci�n I, de la Ley de Amparo.

En el segundo caso, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo es de quince d�as, seg�n las reglas se�aladas en el art�culo 21 de la misma ley.

Es obvio que independientemente de lo anterior, que se refiere a la naturaleza de las leyes -autoaplicativas o heteroaplicativas-, as� como a los plazos de impugnaci�n, el quejoso debe acreditar que esas normas afectan su esfera jur�dica, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectaci�n se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicaci�n, aspecto que, como ya se dijo, no forma parte de esta contradicci�n.

En relaci�n con la distinci�n de leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sustentado la tesis de jurisprudencia 55/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.V., julio de 1997, p�gina 5, que dice:

LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCI�N BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACI�N INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualizaci�n incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualizaci�n constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposici�n legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; as�, la condici�n consiste en la realizaci�n del acto necesario para que la ley adquiera individualizaci�n, que bien puede revestir el car�cter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jur�dico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jur�dico, ajeno a la voluntad humana, que lo sit�an dentro de la hip�tesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condici�n alguna, se estar� en presencia de una ley autoaplicativa o de individualizaci�n incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma autom�tica con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicaci�n, se tratar� de una disposici�n heteroaplicativa o de individualizaci�n condicionada, pues la aplicaci�n jur�dica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realizaci�n de ese evento.

Sentado lo anterior, debe dilucidarse si los art�culos73, 73 bis, 73 ter, 75 y 86, p�rrafo tercero, de Ley Federal de Protecci�n al Consumidor reformados por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de cuatro de febrero del a�o dos mil cuatro, resultan de individualizaci�n incondicionada, esto es, no sujetos a que el nacimiento de sus consecuencias jur�dicas se sometan a la realizaci�n de ning�n acto o hecho jur�dico posterior a su entrada en vigor.

Para ello, es necesario transcribir los art�culos materia de estudio:

"Art�culo 73. Los actos relacionados con inmuebles s�lo estar�n sujetos a esta ley, cuando los proveedores sean fraccionadores, constructores, promotores y dem�s personas que intervengan en la asesor�a y venta al p�blico de viviendas destinadas a casa habitaci�n o cuando otorguen al consumidor el derecho de usar inmuebles mediante el sistema de tiempo compartido, en los t�rminos de los art�culos 64 y 65 de la presente ley.

"Los contratos relacionados con las actividades a que se refiere el p�rrafo anterior, deber�n registrarse ante la procuradur�a."

"Art�culo 73 bis. Trat�ndose de los actos relacionados con inmuebles a que se refiere el art�culo anterior, el proveedor deber� poner a disposici�n del consumidor al menos lo siguiente:

"I. En caso de preventa, el proveedor deber� exhibir el proyecto ejecutivo de construcci�n completo, as� como la maqueta respectiva y, en su caso, el inmueble muestra;

"II. Los documentos que acrediten la propiedad del inmueble. Asimismo, deber� informar sobre la existencia de grav�menes que afecten la propiedad del mismo, los cuales deber�n quedar cancelados al momento de la firma de la escritura correspondiente;

"III. La personalidad del vendedor y la autorizaci�n del proveedor para promover la venta;

"IV. Informaci�n sobre las condiciones en que se encuentre el pago de contribuciones y servicios p�blicos;

"V. Para el caso de inmuebles nuevos o preventas, las autorizaciones, licencias o permisos expedidos por las autoridades correspondientes para la construcci�n, relativas a las especificaciones t�cnicas, seguridad, uso de suelo, la clase de materiales utilizados en la construcci�n; servicios b�sicos con que cuenta, as� como todos aquellos con los que debe contar de conformidad con la legislaci�n aplicable. En el caso de inmuebles usados que no cuenten con dicha documentaci�n, se deber� indicar expresamente en el contrato la carencia de �stos;

"VI. Los planos estructurales, arquitect�nicos y de instalaciones o, en su defecto, un dictamen de las condiciones estructurales del inmueble. En su caso, se�alar expresamente las causas por las que no cuenta con ellos as� como el plazo en el que tendr� dicha documentaci�n;

"VII. Informaci�n sobre las caracter�sticas del inmueble, como son la extensi�n del terreno, superficie construida, tipo de estructura, instalaciones, acabados, accesorios, lugar o lugares de estacionamiento, �reas de uso com�n con otros inmuebles, porcentaje de indiviso en su caso, servicios con que cuenta y estado f�sico general del inmueble;

"VIII. Informaci�n sobre los beneficios que en forma adicional ofrezca el proveedor en caso de concretar la operaci�n, tales como acabados especiales, encortinados, azulejos y cocina integral, entre otros;

"IX. Las opciones de pago que puede elegir el consumidor, especificando el monto total a pagar en cada una de las opciones;

"X. En caso de operaciones a cr�dito, el se�alamiento del tipo de cr�dito de que se trata, as� como una proyecci�n del monto a pagar que incluya, en su caso, la tasa de inter�s que se va a utilizar, comisiones y cargos. En el caso de la tasa variable, deber� precisarse la tasa de inter�s de referencia y la f�rmula para el c�lculo de dicha tasa.

"De ser el caso, los mecanismos para la modificaci�n o renegociaci�n de las opciones de pago, las condiciones bajo las cuales se realizar�a y las implicaciones econ�micas, tanto para el proveedor como para el consumidor;

"XI. Las condiciones bajo las cuales se llevar� a cabo el proceso de escrituraci�n, as� como las erogaciones distintas del precio de la venta que deba realizar el consumidor, tales como gastos de escrituraci�n, impuestos, aval�o, administraci�n, apertura de cr�dito y gastos de investigaci�n. De ser el caso, los costos por los accesorios o complementos;

"XII. Las condiciones bajo las cuales el consumidor puede cancelar la operaci�n, y

"XIII. Se deber� indicar al consumidor sobre la existencia y constituci�n de garant�a hipotecaria, fiduciaria o de cualquier otro tipo, as� como su instrumentaci�n."

"Art�culo 73 ter. El contrato que se pretenda registrar en los t�rminos del p�rrafo segundo del art�culo 73, deber� cumplir al menos, con los siguientes requisitos:

"I.L. y fecha de celebraci�n del contrato;

"II. Estar escrito en idioma espa�ol, sin perjuicio de que puedan ser expresados, adem�s, en otro idioma. En caso de diferencias en el texto o redacci�n, se estar� a lo manifestado en el idioma espa�ol;

"III. Nombre, denominaci�n o raz�n social, domicilio y registro federal de contribuyentes del proveedor, de conformidad con los ordenamientos legales sobre la materia;

"IV. Nombre, domicilio y, en su caso, registro federal de contribuyentes del consumidor;

"V. Precisar las cantidades de dinero en moneda nacional, sin perjuicio de que puedan ser expresadas tambi�n en moneda extranjera; en el caso de que las partes no acuerden un tipo de cambio determinado, se estar� al tipo de cambio que rija en el lugar y fecha en que se realice el pago, de conformidad con la legislaci�n aplicable;

"VI. Descripci�n del objeto del contrato;

"VII. El precio total de la operaci�n, la forma de pago, as� como las erogaciones adicionales que deber�n cubrir las partes;

"VIII. Relaci�n de los derechos y obligaciones, tanto del proveedor como del consumidor;

"IX. Las penas convencionales que se apliquen tanto al proveedor como al consumidor por el incumplimiento de las obligaciones contra�das, las cuales deber�n ser rec�procas y equivalentes, sin perjuicio de lo dispuesto por los ordenamientos legales aplicables;

"X. En su caso, las garant�as para el cumplimiento del contrato, as� como los gastos reembolsables y forma para su aplicaci�n;

"XI. El procedimiento para la cancelaci�n del contrato de adhesi�n y las implicaciones que se deriven para el proveedor y el consumidor;

"XII. Fecha de inicio y t�rmino de ejecuci�n de la actividad o servicio contratado, as� como la de la entrega del bien objeto del contrato;

"XIII. En los casos de operaciones de compraventa de inmuebles, el proveedor deber� precisar en el contrato, las caracter�sticas t�cnicas y de materiales de la estructura, de las instalaciones y acabados.

"De igual manera, deber� se�alarse que el inmueble cuenta con la infraestructura para el adecuado funcionamiento de sus servicios b�sicos;

"XIV. En el caso de operaciones de compraventa, deber�n se�alarse los t�rminos bajo los cuales habr� de otorgarse su escrituraci�n. El proveedor en su caso, deber� indicar que el bien inmueble deber� estar libre de grav�menes a la firma de la escritura correspondiente, y

"XV. Las dem�s que se exijan conforme a la presente ley para el caso de los contratos de adhesi�n."

"Art�culo 75. En los contratos de adhesi�n relacionados con inmuebles se estipular� la informaci�n requerida en el cap�tulo VII, fecha de entrega, especificaciones, plazos y dem�s elementos que individualicen el bien, as� como la informaci�n requerida en el art�culo 73 ter. Los proveedores no podr�n recibir pago alguno hasta que conste por escrito la relaci�n contractual, excepto el relativo a gastos de investigaci�n."

"Art�culo 86. La secretar�a, mediante normas oficiales mexicanas podr� sujetar contratos de adhesi�n a registro previo ante la procuradur�a cuando impliquen o puedan implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o altas probabilidades de incumplimiento.

"Las normas podr�n referirse a cualesquiera t�rminos y condiciones, excepto precio.

Los contratos de adhesi�n sujetos a registro deber�n contener una cl�usula en la que se determine que la procuradur�a ser� competente en la v�a administrativa para resolver cualquier controversia que se suscite sobre la interpretaci�n o cumplimiento de los mismos. Asimismo, deber�n se�alar el n�mero de registro otorgado por la procuradur�a.

De los preceptos transcritos se infiere, fundamentalmente, lo siguiente, empezando por el art�culo 73 que establece:

La Ley Federal de Protecci�n al Consumidor es aplicable a la materia inmobiliaria cuando se trata de actos relacionados con el fraccionamiento, construcci�n, promoci�n, asesor�a o venta al p�blico de casa habitaci�n, o mediante el sistema de tiempo compartido.

Los contratos relacionados con el fraccionamiento, construcci�n, promoci�n, asesor�a o venta al p�blico de casas habitaci�n o de tiempo compartido deben registrarse ante la Procuradur�a Federal de Protecci�n al Consumidor.

Debe hacerse notar que, en principio, no se hace referencia a que este tipo de proveedores deben registrar contratos de adhesi�n, los que, por otra parte, son definidos por el art�culo 85 como aquellos documentos elaborados unilateralmente por el proveedor, en formatos uniformes, que contienen los t�rminos y condiciones aplicables para la adquisici�n de un producto o la prestaci�n de un servicio; por tanto, no se profundiza sobre los contratos de adhesi�n, m�xime que sobre este tema espec�fico no hay contradicci�n.

En este orden de ideas, si conforme al p�rrafo primero del art�culo 73 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, que es enunciativo, pues determina sujetos particularizados y concretos y precisa que tal ordenamiento es aplicable a los proveedores que intervengan en el fraccionamiento, construcci�n, promoci�n, asesor�a o venta al p�blico de casa habitaci�n y que, a continuaci�n, impone una obligaci�n, esto es, el contrato que respecto de dicha operaci�n se celebre se deber� inscribir obligatoriamente ante la Procuradur�a Federal del Consumidor, de esta obligaci�n, ipso iure, nace el deber de registrarlos. En otras palabras, basta con que una persona que tenga la calidad de proveedor se dedique habitualmente a las actividades referidas (�ste es el supuesto de la norma), para que se verifique la consecuencia jur�dica, esto es, que est� obligada a inscribir los contratos relativos ante la mencionada procuradur�a.

Siguiendo esa tesitura, cualquier proveedor que sea fraccionador, constructor, promotor, asesor o vendedor al p�blico de casas habitaci�n, por el hecho de serlo, se encuentra vinculado por este precepto.

Por consiguiente, el art�culo 73 es autoaplicativo, pues su mandato (inscribir los contratos en la Procuradur�a Federal del Consumidor) no est� sujeto a la realizaci�n de ning�n acto posterior a su entrada en vigor, sino que basta con dedicarse a las actividades descritas para encontrarse obligado a realizar dicha inscripci�n.

En cuanto al art�culo 73 bis de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, debe resaltarse que es igualmente autoaplicativo porque establece la obligaci�n a cargo del proveedor de informar al consumidor sobre la situaci�n jur�dica y t�cnica del inmueble objeto del contrato, deber que se actualiza por el mero hecho de que el proveedor se dedique al fraccionamiento, construcci�n, promoci�n, asesor�a o venta al p�blico de casas habitaci�n, esto es, se le impone una obligaci�n de hacer desde que la norma entra en vigor.

Asimismo, en v�a de consecuencia, el art�culo 73 ter de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor tambi�n resulta autoaplicativo, pues en �l se establecen requisitos m�nimos que debe satisfacer un contrato de compraventa respecto del fraccionamiento, construcci�n, promoci�n, asesor�a o venta al p�blico de casas habitaci�n.

Lo mismo ocurre con el art�culo 75, que establece diversas estipulaciones que deben contener los contratos de compraventa en menci�n, as� como la determinaci�n de que el proveedor no puede recibir pago a cuenta del inmueble objeto de la transacci�n hasta que conste por escrito la relaci�n, salvo por gastos de investigaci�n, lo que autom�ticamente coloca al proveedor en el supuesto de la norma.

Igualmente, resulta autoaplicativo el p�rrafo tercero del art�culo 86 en estudio, seg�n el cual los contratos de adhesi�n en general (y, consecuentemente, los de adhesi�n referidos al fraccionamiento, construcci�n, promoci�n, asesor�a o venta al p�blico de casas habitaci�n) sujetos a registro deben contener:

1) Cl�usula en la que se determine que la Procuradur�a Federal del Consumidor ser� competente en la v�a administrativa para resolver cualquier conflicto que se presente sobre su interpretaci�n o cumplimiento, y

2) El n�mero de registro otorgado.

Es oportuno precisar que los art�culos 73, 73 bis, 73 ter, 75 y 86, p�rrafo tercero, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor imprimen condiciones, modalidades y requisitos para la celebraci�n de contratos relacionados con cualquiera de las actividades siguientes: a) fraccionamiento; b) construcci�n; c) promoci�n; d) asesor�a; o, e) venta al p�blico de casas habitaci�n o de tiempo compartido, por lo que es evidente que cuando un proveedor tiene como objeto social los mencionados s�lo puede llevarlo a cabo mediante la celebraci�n de contratos, ya que es la �nica forma legal a su alcance para transmitir la propiedad del inmueble.

En estas condiciones, este Tribunal Pleno concluye que el criterio que debe prevalecer es el que se plasma en la siguiente tesis jurisprudencial, conforme a lo dispuesto en los art�culos 192, p�rrafo tercero y 197-A de la Ley de Amparo:

PROTECCI�N AL CONSUMIDOR. LOS ART�CULOS 73, 73 BIS, 73 TER, 75, 86, P�RRAFO TERCERO Y 87 DE LA LEY RELATIVA (REFORMADOS MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACI�N EL 4 DE FEBRERO DE 2004), SON DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA.-El primero de los se�alados preceptos precisa que la citada ley es aplicable a los actos relacionados con el fraccionamiento, construcci�n, promoci�n, asesor�a o venta al p�blico de casa habitaci�n o tiempo compartido por parte de los proveedores que realicen tales actividades; tambi�n establece la obligaci�n de inscribir ante la Procuradur�a Federal del Consumidor los contratos de adhesi�n correspondientes que deber�n contener los requisitos m�nimos establecidos en los art�culos 73 Ter y 75; este �ltimo art�culo, entre otras cosas, determina que los proveedores no podr�n recibir pago alguno hasta que conste por escrito la relaci�n contractual, excepto en gastos de investigaci�n. En otro orden, el numeral 73 Bis fija la obligaci�n a cargo del proveedor de informar al consumidor sobre la situaci�n jur�dica y t�cnica del inmueble objeto del contrato. Por su parte, el p�rrafo tercero del art�culo 86 precisa que los contratos de adhesi�n en general, deben contener cl�usula en la que se determine que la Procuradur�a Federal del Consumidor ser� competente en v�a administrativa para resolver cualquier conflicto que se presente sobre su interpretaci�n o cumplimiento, as� como el n�mero de registro otorgado por aqu�lla. Finalmente, el art�culo 87 se�ala el procedimiento para el registro de los contratos de adhesi�n ante la Procuradur�a Federal del Consumidor y precisa como sanci�n en caso de omisi�n de su registro, el cese de efectos contra el consumidor. Por tanto, los referidos preceptos constituyen normas de naturaleza autoaplicativa, ya que para que se actualice el supuesto de hecho contenido en ellas, basta que una persona tenga la calidad de proveedor y se dedique a las indicadas actividades para que se encuentre obligada autom�ticamente desde su vigencia.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

No existe contradicci�n de criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Quinto y S�ptimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisi�n, el primero, 419/2004, 413/2004, 491/2004, 441/2004 y 464/2004, y el segundo, 4127/2004 y 4967/2004, respecto de los art�culos 7o. bis y 87 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor.

SEGUNDO

S� existe contradicci�n entre las tesis emitidas por los Tribunales Colegiados Quinto y S�ptimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisi�n, el primero, 419/2004, 413/2004, 491/2004, 441/2004 y 464/2004, y el segundo, 4127/2004 y 4967/2004, respecto de los art�culos 73, 73 bis, 73 ter, 75 y 86, p�rrafo tercero, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor.

TERCERO

Debe prevalecer, con car�cter jurisprudencial, el criterio sustentado por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, bajo la tesis jurisprudencial redactada en el �ltimo considerando de esta resoluci�n.

Notif�quese; rem�tase testimonio de esta resoluci�n a los Tribunales Colegiados contendientes y la tesis jurisprudencial que se establece en esta resoluci�n a la Direcci�n General de la Coordinaci�n de Compilaci�n y S.�n de Tesis, as� como de la parte considerativa correspondiente para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, y h�gase del conocimiento de la Primera y Segunda Salas de esta Suprema Corte de Justicia, de los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resoluci�n, en acatamiento a lo previsto en el art�culo 195 de la Ley de Amparo y, en su oportunidad, arch�vese el toca.

As� lo resolvi� el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por mayor�a de nueve votos de los se�ores Ministros A.A., C.�o D�az, D�az R., G�ngora P., G.�o P., O.M., V.H.�ndez, S�nchez C. y presidente A.G.�itr�n, se determin� que son de naturaleza autoaplicativa los art�culos 73, 73 bis, 73 ter, 75 y 86, p�rrafo tercero, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor; los se�ores Ministros Luna Ramos y S.M. votaron en contra, por considerar que dichas normas son heteroaplicativas.

El se�or Ministro ponente O.M. manifest� que suprim�a de su proyecto las consideraciones y la tesis referentes al inter�s jur�dico y lo modificaba en los t�rminos sugeridos por los se�ores Ministros V.H.�ndez y presidente A.G.�itr�n, consignados en la versi�n taquigr�fica.

Puesto a votaci�n el proyecto modificado, se aprob� por mayor�a de nueve votos de los se�ores Ministros A.A., C.�o D�az, D�az R., G�ngora P., G.�o P., O.M., V.H.�ndez, S�nchez C. y presidente A.G.�itr�n; votaron en contra la se�ora Ministra Luna Ramos y el se�or M.S.M. y reservaron su derecho de formular voto de minor�a.

El se�or Ministro presidente A.G.�itr�n declar� que el asunto se resolvi� en los t�rminos precisados.

A sugerencia del se�or Ministro presidente A.G.�itr�n el Tribunal Pleno acord� que el texto de la tesis jurisprudencial se apruebe posteriormente.