Ejecutoria num. P./J. 78/2003 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26825164

Ejecutoria num. P./J. 78/2003 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P./J. 78/2003
Localizacion:JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Enero de 2004
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 30/2003-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y LA ANTES TERCERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. PARA SU CUANTIFICACIÓN DEBEN APLICARSE SUPLETORIAMENTE LOS MECANISMOS QUE REGULA LA LEGISLACIÓN LOCAL RESPECTIVA Y, EN SU DEFECTO, EL JUZGADOR DEBERÁ RESOLVER DISCRECIONALMENTE.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 30/2003-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL D�CIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y LA ANTES TERCERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL D�CIMO SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL S�PTIMO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JOS� DE JES�S GUDI�O PELAYO.

SECRETARIA: C.C.R..

CONSIDERANDO:

CUARTO

Los criterios materia de an�lisis, en lo que a esta contradicci�n de tesis interesa, se transcriben a continuaci�n.

  1. La ejecutoria dictada por el D�cimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisi�n n�mero 16/2002, es del tenor literal siguiente:

    "El recurrente alega en el quinto agravio que la J. de Distrito determin� en forma incorrecta que los art�culos 128 y 129 de la Ley Org�nica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal s� pod�an aplicarse supletoriamente a la materia mercantil. Que esa afirmaci�n es incorrecta porque al respecto no operaba la supletoriedad prevista en los art�culos 1054 y 1063 del C�digo de Comercio, porque dicho ordenamiento legal establece un mecanismo completo para determinar las costas, que se encuentra regulado en el libro quinto, t�tulo primero, cap�tulo s�ptimo en los art�culos 1081 al 1089 y que al haberse legislado exhaustivamente sobre la materia no cabe supletoriedad alguna.

    "Este argumento es infundado porque, si bien es cierto que la instituci�n de costas se encuentra prevista en el C�digo de Comercio en los art�culos que cita la recurrente, sin embargo, su regulaci�n es deficiente y, por ende, debe acudirse a la supletoriedad.

    "En efecto, el art�culo 1085 del C�digo de Comercio establece que las costas ser�n reguladas por la parte a favor de quien se hubieren declarado; el art�culo 1086 del citado c�digo se�ala que con el escrito incidental se dar� vista por tres d�as a la contraria para que exprese su conformidad o inconformidad. El art�culo 1088 se�ala que tomando en cuenta lo que las partes hayan manifestado, el J. resolver� lo que estime ?justo? dentro del tercer d�a.

    "Ahora bien, los preceptos aludidos se�alan la forma en que se tramitar� el incidente de costas respectivo, pero no establecen las bases para su cuantificaci�n; y si se toma en cuenta que la cuesti�n relativa a las costas debe resolverse conforme a lo que el juzgador estime ?justo?, por ende, �ste debe recurrir a la supletoriedad de la ley y atender a su ley org�nica en la que se establecen bases para que su ejercicio, al justipreciar las costas, sea apegado a la equidad y la justicia; de tal manera que, por ende, resulta legal la aplicaci�n de los art�culos 128 y 129 de la Ley Org�nica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en la que se puede apoyar para resolver justamente la cuesti�n planteada.

    "En efecto, la obligaci�n de fallar en justicia en materia de costas por parte del J., debe entenderse en el sentido de que no pueden fijarse o regularse �stas en forma arbitraria por las partes, sino que debe existir un procedimiento de car�cter legal para formularlas y, en su caso, calcularlas, y es ah� donde se presenta el problema l�gico jur�dico de la integraci�n de la norma, es decir, en el caso, al ser �sta una cuesti�n de orden p�blico como lo es toda condena, se debe estar a lo que la ley disponga al respecto. En consecuencia, si el C�digo de Comercio no establece las bases para cuantificar las costas y los mecanismos de cuantificaci�n no pueden quedar al arbitrio de las partes, entonces, a fin de integrar la norma incompleta se tiene que recurrir a la figura de la supletoriedad en materia mercantil, prevista en los art�culos 1054 y 1063 del C�digo de Comercio, que remiten a la ley procesal com�n de la cual forma parte en algunos aspectos la ley org�nica precitada y as�, con base en la complementaci�n, llenar la laguna de la ley mercantil. Por ende, si las bases para la cuantificaci�n de las costas se encuentran en una legislaci�n diversa, no es �bice que se tenga que recurrir a ella para integrar a la norma mercantil y as� resolver la problem�tica aludida. Por tanto, la decisi�n de la J. de Distrito fue apegada a derecho, ya que si el C�digo de Comercio no contiene numeral alguno que establezca las bases para calcular las costas, se deb�a recurrir entonces a la ley anotada.

    "Cobra aplicaci�n la tesis de jurisprudencia I.4o.C. J/58 emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, tomo 76, abril de 1994, p�gina 33, que dice:

    "?SUPLETORIEDAD DE LA LEY. REQUISITOS PARA QUE OPERE. Los requisitos necesarios para que exista la supletoriedad de unas normas respecto de otras, son: a) que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente, y se�ale el estatuto supletorio; b) que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la instituci�n jur�dica de que se trate; c) que no obstante esa previsi�n, las normas existentes en tal cuerpo jur�dico sean insuficientes para su aplicaci�n a la situaci�n concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentaci�n necesaria, y d) que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no contrar�en, de alg�n modo, las bases esenciales del sistema legal de sustentaci�n de la instituci�n suplida. Ante la falta de uno de estos requisitos, no puede operar la supletoriedad de una legislaci�n en otra.?

    "Cobra aplicaci�n al caso la tesis de jurisprudencia 277 emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en el Ap�ndice de 1995, Tomo IV, Parte SCJN, p�gina 187, que a la letra dice:

    ?LEYES SUPLETORIAS EN MATERIA MERCANTIL. Si bien los C�digos de Procedimientos Civiles de cada Estado, son supletorios del de Comercio, esto no debe entenderse de modo absoluto, sino s�lo cuando falten disposiciones expresas sobre determinado punto, en el c�digo mercantil, y a condici�n de que no pugnen con otras que indiquen la intenci�n del legislador, para suprimir reglas de procedimientos o de pruebas.?.

  2. Por su parte, la Tercera Sala de la antigua integraci�n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver el juicio de amparo directo n�mero 436/86 sustent�, en lo que a esta contradicci�n de tesis interesa, lo siguiente:

    "Sin perjuicio de lo que ha quedado dicho, el pago de costas s� es procedente conforme a lo dispuesto por el art�culo 11 del C�digo de Procedimientos Civiles de Guanajuato, aplicado supletoriamente al de Comercio, por disposici�n del art�culo 1051 de este �ltimo. Ambos preceptos son del tenor siguiente: ?Art�culo 11. La parte que pierde debe reembolsar a su contraria las costas del proceso. Se considera que pierde una parte cuando el J. acoge, parcial o totalmente, las pretensiones de la parte contraria. Si dos partes pierden rec�procamente, el J. puede exonerarlas de la obligaci�n que impone el p�rrafo primero, en todo o en parte; pudiendo imponer un reembolso parcial contra una de ellas, seg�n las proporciones de las p�rdidas. Las costas del proceso consisten en la suma que, seg�n la apreciaci�n del J. y teniendo en consideraci�n las disposiciones arancelarias, ha debido desembolsar la parte que obtenga, excluido el costo de todo acto o forma de defensa que se consideren superfluos. Todo gasto in�til que una parte ocasione a la contraria, ser� a cargo de la primera; sea que gane o pierda el juicio.?. ?Art�culo 1051. El procedimiento mercantil preferente a todos es el convencional. A falta de convenio expreso de las partes interesadas se observar�n las disposiciones de este libro, y en defecto de �stas o de convenio, se aplicar� la ley de procedimientos local respectiva.?.

    "Teniendo en cuenta que el fallo result� desfavorable al quejoso, es evidente que se materializ� la hip�tesis prevista por el dispositivo de m�rito y, en consecuencia, aunque por motivos diferentes, debe estimarse que s� se dieron los presupuestos para que la condena en costas de primera instancia sea procedente.

    "No est� por dem�s una �ltima consideraci�n sobre la aplicaci�n de la legislaci�n local en este caso; en primer lugar, cabe hacer notar que lo relacionado con esta figura est� previsto en los art�culos 1081 a 1090 del C�digo de Comercio, pero dentro de ellos no hay reglamentaci�n referida a cuando se intenta el juicio ordinario sin obtener sentencia favorable; no obstante, estando reconocidas por el propio c�digo como un modo de resarcir las erogaciones permitidas, que hubieron de efectuarse al demandar lo que en derecho corresponde o para defenderse del proceso injustamente entablado, la procedencia de aplicar supletoriamente las legislaciones locales es manifiesta, pues no surge ninguna contradicci�n con la ley mercantil ni hay razones para considerar que las costas se quisieron excluir espec�ficamente de este tipo de casos, m�s a�n si se tiene en cuenta que de no optar por esta soluci�n, el sujeto que sin ninguna culpa fue involucrado en un procedimiento judicial o que se vio obligado a promoverlo, tendr�a que soportar los desembolsos que en mayor o menor grado fue necesario afrontar con motivo de la contienda.

    Es pertinente se�alar que este Alto Tribunal, en la jurisprudencia y la tesis que a continuaci�n se reproducen, respectivamente, ha sostenido: ?LEYES SUPLETORIAS EN MATERIA MERCANTIL.? (se transcribe).

    De la ejecutoria anterior deriv� la siguiente tesis aislada:

    "S�ptima �poca

    "Instancia: Tercera Sala

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

    "Vol�menes: 217-228, Cuarta Parte

    "P�gina: 83

    "COSTAS EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. APLICACI�N SUPLETORIA DE LOS C�DIGOS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE LOS ESTADOS. Lo relacionado con las costas est� previsto en los art�culos 1081 a 1090 del C�digo de Comercio, pero dentro de ellos no hay reglamentaci�n referida, a cuando se intenta el juicio ordinario sin obtener sentencia favorable; no obstante, estando reconocidas por el propio c�digo como un modo de resarcir las erogaciones permitidas, que hubieron de efectuarse al demandar lo que en derecho corresponde o para defenderse del proceso injustamente entablado, la procedencia de aplicar supletoriamente las legislaciones locales es manifiesta, pues no surge ninguna contradicci�n con la ley mercantil ni hay razones para considerar que las costas se quisieron excluir espec�ficamente de este tipo de casos, m�s a�n si se tiene en cuenta que de no optar por esta soluci�n, el sujeto que sin ninguna culpa fue involucrado en un procedimiento judicial o que se vio obligado a promoverlo, tendr�a que soportar los desembolsos que en mayor o menor grado fue necesario afrontar con motivo de la contienda.

    "Amparo directo 436/86. M.C., S.N.C. 22 de enero de 1987. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretaria: Mar�a del C.A.M..

    "S�ptima �poca, Cuarta Parte:

    Vol�menes 205-216, p�gina 58. Amparo directo 7175/85. M. de M�xico, S.A. 12 de junio de 1986. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretario: C.G.R.C.�rdova.

  3. El antes Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, ahora Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del propio circuito, al resolver el juicio de amparo directo n�mero 473/89, emiti� la siguiente tesis aislada:

    "Octava �poca

    "Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

    "Tomo: XIV, julio de 1994

    "P�gina: 522

    "COSTAS. SUPLETORIEDAD IMPROCEDENTE, EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES. Si bien el art�culo 1054 del C�digo de Comercio, establece que los juicios mercantiles se regir�n por las disposiciones del libro quinto de ese ordenamiento y que en su defecto se aplicar� la ley de procedimientos local respectiva, sin embargo, es improcedente la aplicaci�n supletoria del art�culo 1533 (sic) del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, al C�digo de Comercio, respecto del pago de costas tanto en primera como en segunda instancias, pues en relaci�n a ello se encuentra el cap�tulo VII del libro quinto del C�digo de Comercio, que regula las costas en los juicios mercantiles, por lo tanto, no opera la supletoriedad.

    "SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

    Amparo directo 473/89. J.H.M. por conducto de su rep. 27 de noviembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: G.C.R.. Secretario: J.M.M.C..

    El mismo criterio sostuvo al fallar el juicio de amparo directo n�mero 383/93, promovido por Banco de Oriente, Sociedad Nacional de Cr�dito, por unanimidad de votos, el nueve de septiembre de mil novecientos noventa y tres.

    Asimismo, dicho Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisi�n n�mero 266/91, sustent� la siguiente tesis aislada:

    "Octava �poca

    "Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

    "Tomo: IX, febrero de 1992

    "P�gina: 164

    "COSTAS EN EL PROCEDIMIENTO MERCANTIL. HONORARIOS DE ABOGADOS. En materia mercantil, trat�ndose de la regulaci�n de costas, no tiene aplicaci�n supletoria la legislaci�n procesal civil local porque el C�digo de Comercio en el cap�tulo VII, del t�tulo primero, del libro quinto, contempla las normas a que deben sujetarse las costas en esta materia. As�, el art�culo 1083 de este �ltimo ordenamiento precept�a como requisito indispensable para el cobro en costas, de honorarios de abogado, que �ste sea titulado; y si el interesado no demostr� este extremo fue correcto el proceder de la responsable al negarle ese derecho.

    "SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

    Amparo en revisi�n 266/91. Uni�n de Cr�dito al Constructor, S.A. de C.V. 26 de junio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: G.C.R.. Secretario: H.S.R..

  4. El Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito, dict� sentencia en el juicio de amparo directo n�mero 174/2002, que en lo que a esta contradicci�n de tesis interesa, es del tenor literal siguiente:

    "QUINTO. La parte quejosa expres� como conceptos de violaci�n los siguientes: La resoluci�n reclamada, misma que se impugna mediante el presente juicio de garant�as, es violatoria de la garant�a de legalidad consagrada en los art�culos 14 y 16 constitucionales. Cabe se�alar que los agravios expuestos se centrar�n, fundamentalmente, respecto de los razonamientos vertidos por el Magistrado responsable en el considerando tercero, por ser dicho considerando el que causa violaci�n a las garant�as individuales. Una vez expuesto lo anterior, es de se�alarse lo que dispone el �ltimo p�rrafo del art�culo 14 (catorce) constitucional que dice: ?En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deber� ser conforme a la letra o a la interpretaci�n jur�dica de la ley, y a falta de �sta se fundar� en los principios generales del derecho.?. Ahora bien, se�ala el Magistrado responsable que el art�culo 11 (once) del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado no es supletorio al de la legislaci�n mercantil, en virtud de que este �ltimo ordenamiento contiene suficientemente las reglas para hacer pronunciamiento al respecto. Contrariamente a lo determinado por el Magistrado responsable, se niega que la legislaci�n mercantil, en particular el C�digo de Comercio, contenga suficientemente las reglas para hacer pronunciamiento respecto de todas las situaciones concernientes a costas, como sucede en el presente caso, cuando la parte actora intenta el juicio ordinario mercantil sin obtener sentencia favorable que acoja sus pretensiones, de ah� que se insista s� se actualiza el supuesto previsto en el art�culo 1054 (mil cincuenta y cuatro) del C�digo de Comercio, para as� permitir la supletoriedad adjetiva. Luego entonces, si el C�digo de Comercio no contiene reglamentaci�n respecto de la condena en costas para la parte que no obtiene sentencia favorable, deber� aplicarse la supletoriedad de la ley adjetiva o, en su defecto, fundarse en los principios generales del derecho; situaci�n que omiti� tener en consideraci�n el Magistrado responsable, pues no percibe que no puede llevarse injustificadamente a juicio por la parte actora, y que si se entabla una demanda que conlleva a iniciar una maquinaria judicial, es con la finalidad de obtener una sentencia que acoja parte de las pretensiones que se plantean en la demanda pues, de no ser as�, equivaldr�a a afirmar que el Poder Judicial da tr�mite a demandas que en un momento dado, aun cuando no se tenga la raz�n en la misma, en nada perjudicar�a a la parte actora al no conden�rsele al pago de las costas y, por tanto, tal situaci�n resultar�a ser violatoria al principio de igualdad entre las partes y al principio de econom�a procesal, puesto que la parte demandada no tiene por qu� absorber los gastos y costas de un juicio que, en s�ntesis, es injustificado, sea porque la actora no haya probado uno de los elementos de la acci�n o porque no haya aportado ninguna prueba para justificar su acci�n; de ah� que, contrariamente a lo aseverado por el Magistrado responsable, sea aplicable al asunto que nos ocupa lo dispuesto por el art�culo 11 (once) del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado y, en consecuencia, la parte que no obtenga sentencia favorable debe reembolsar a su contraria las costas del proceso y, por ende, en el asunto que nos ocupa es procedente la condena en costas, m�xime que la parte actora pretend�a un cobro por la cantidad de $799,658.68 (setecientos noventa y nueve mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 68/100 M.N.), as� como tambi�n pretend�a el pago de los gastos y costas, seg�n se desprende del inciso e) del apartado denominado de las prestaciones de su escrito inicial de demanda, am�n de ser una prestaci�n exigida en el punto petitorio tercero del escrito de contestaci�n de demanda. Sirve de apoyo la tesis de la S�ptima �poca. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. Vol�menes: 217-228, Cuarta Parte. P�gina: 83, bajo el rubro y texto siguientes: ?COSTAS EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. APLICACI�N SUPLETORIA DE LOS C�DIGOS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE LOS ESTADOS. Lo relacionado con las costas est� previsto en los art�culos 1081 a 1090 del C�digo de Comercio, pero dentro de ellos no hay reglamentaci�n referida, a cuando se intenta el juicio ordinario sin obtener sentencia favorable; no obstante, estando reconocidas por el propio c�digo como un modo de resarcir las erogaciones permitidas, que hubieron de efectuarse al demandar lo que en derecho corresponde o para defenderse del proceso injustamente entablado, la procedencia de aplicar supletoriamente las legislaciones locales es manifiesta, pues no surge ninguna contradicci�n con la ley mercantil ni hay razones para considerar que las costas se quisieron excluir espec�ficamente de este tipo de casos, m�s a�n si se tiene en cuenta que de no optar por esta soluci�n, el sujeto que sin ninguna culpa fue involucrado en un procedimiento judicial o que se vio obligado a promoverlo, tendr�a que soportar los desembolsos que en mayor o menor grado fue necesario afrontar con motivo de la contienda.?. Ahora bien, en lo que respecta a las aseveraciones vertidas por el J. responsable, en el sentido de que no se actualiza en la especie la fracci�n I (primera) del art�culo 1084 (mil ochenta y cuatro) del C�digo de Comercio, pues se�ala que una cosa es que la actora no haya probado uno de los elementos de la acci�n, y otra que no haya aportado ninguna prueba para justificar su acci�n; en efecto, de la lectura del resolutivo segundo de la sentencia de primera instancia se desprende que la parte actora no prob� los elementos constitutivos de su acci�n ... pero de ninguna manera se desprende que la parte actora no haya probado uno de los elementos dela acci�n; de ah� que se insista que la parte actora no haya aportado ninguna prueba para justificar que su poderdante se encontraba legitimado para demandar, al no haber aportado prueba alguna que acreditase la notificaci�n al deudor de la cesi�n de derechos; en consecuencia, es de se�alarse que se actualiza la fracci�n I (primera) del art�culo 1084 (mil ochenta y cuatro) del C�digo de Comercio, al no rendir prueba alguna que justificara la acci�n de que la parte actora tiene derecho al pago de las prestaciones exigidas en su escrito inicial de demanda. Prosigue el Magistrado responsable determinando el concepto de costas, as� como expone los principios de tratadistas del derecho procesal civil respecto de las costas, advirtiendo para ello tres distintas �pocas de evoluci�n del derecho procesal civil para efectos de la aplicaci�n de las costas judiciales, las cuales son ilustrativas para el asunto planteado, concluyendo, para comprender el problema jur�dico planteado, con la transcripci�n del art�culo 1084 (mil ochenta y cuatro) del C�digo de Comercio, a la luz de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala del m�s Alto Tribunal del pa�s. Y al respecto, se comparten las consideraciones expuestas en la misma, pues el art�culo referido expone cada una de las hip�tesis en que forzosamente debe existir condena al pago de costas, y que bajo otros determinados supuestos la condena depender� del juicio del juzgador, quien para tal efecto deber� determinar si se ha procedido con temeridad o mala fe al sustanciarse el proceso. Sin embargo, es de se�alarse que la facultad de la condena en costas por parte del juzgador debe ser justa y, en el caso que nos ocupa, se estima que se trata de una resoluci�n que viola lo dispuesto por el art�culo 14 (catorce) constitucional al no resolver el juicio con base en las leyes aplicables, y las que aplica al interpretarlas incorrectamente, pues de las constancias que integran el toca, no s�lo se advierte una simple sospecha de que la parte actora act�a con temeridad o mala fe, sino que se advierte fehacientemente la mala fe, pues la temeridad o mala fe, consisten en el conocimiento de la ausencia de una justa causa para litigar, y la parte actora no se conform� con la primera instancia, sino que, por el contrario, recurri� en alzada el fallo que se analiza, y en ese sentido puede sostenerse, con base en lo dispuesto por el art�culo 82 (ochenta y dos) del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado, de aplicaci�n supletoria al asunto que nos ocupa, que la actora procedi� con temeridad o mala fe, al iniciar un juicio a sabiendas que no ten�a realizada a su favor la notificaci�n de la cesi�n del cr�dito, pues as� se desprende de la lectura de los agravios. Ahora bien, es cierto que el C�digo de Comercio contempla una condena en costas objetiva y una condena en costas subjetiva, pero desde el punto de vista que se analice, en el asunto que nos ocupa se da la condena en costas desde el punto de vista objetivo y desde el punto de vista subjetivo, de ah� que no sea v�lido sostener que el Magistrado responsable no percibe temeridad o mala fe en la conducta procesal de la parte actora, pues la temeridad no se traduce necesariamente en promociones improcedentes con falta de veracidad encaminadas a entorpecer o dilatar el procedimiento sino que, en el caso que nos ocupa, se traduce en intentar un juicio a sabiendas que no est� legalmente notificada la parte deudora de la cesi�n de derechos, pues as� se expresa en el escrito de agravios; y la afirmaci�n del Magistrado responsable deviene en infundada cuando afirma que la parte actora sostuvo una pretensi�n justa, pues si no se entr� al estudio de las pretensiones, no se puede determinar si es o no justa, sino lo que se cuestiona es si la actitud de la actora fue correcta o maliciosa a sabiendas de no contar con la respectiva notificaci�n legal o extrajudicial de la cesi�n de derechos, derivada del cr�dito que pretende hacer exigible, criterio que comparti� la Segunda Sala Civil del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, consideraciones respecto de las cuales el Magistrado responsable fue omiso en tener en consideraci�n al momento del dictado de la resoluci�n se�alada ahora como acto reclamado. Motivos suficientes para sostener que al no realizarse en la especie la condena en costas, definitivamente la resoluci�n de segunda instancia es contraria a derecho, en violaci�n de las garant�as de seguridad y legalidad previstas en los art�culos 14 (catorce) y 16 (diecis�is) constitucionales, motivo por el cual es procedente la concesi�n del amparo solicitado para el solo efecto de condenar a la parte actora al pago de los gastos y costas. Por tanto, solicito se conceda el amparo y protecci�n de la Justicia Federal a efecto de que se sirva modificar la resoluci�n recurrida y se ordene al Magistrado responsable deje insubsistente la resoluci�n que se reclama, y en otra que dicte, decida sobre la procedencia de la condena en costas. ..."

    "S�PTIMO. Son por una parte infundados y por otra inoperantes, los conceptos de violaci�n propuestos.

    "Es infundado el concepto de violaci�n en el que la quejosa sostiene que trat�ndose de juicios ordinarios mercantiles, tiene aplicaci�n supletoria para la condena en costas, el c�digo adjetivo civil local.

    "En efecto, el cap�tulo VII del t�tulo primero del libro quinto del C�digo de Comercio, contempla las normas a que deben sujetarse las costas en materia mercantil, por tanto, contrariamente a lo que indica la impetrante de garant�as, la legislaci�n procesal civil local no tiene aplicaci�n supletoria.

    "En este sentido, se comparte la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la p�gina 164 del Tomo IX, febrero de 1992, Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: ?COSTAS EN EL PROCEDIMIENTO MERCANTIL. HONORARIOS DE ABOGADOS. En materia mercantil, trat�ndose de la regulaci�n de costas, no tiene aplicaci�n supletoria la legislaci�n procesal civil local porque el C�digo de Comercio en el cap�tulo VII, del t�tulo primero, del libro quinto, contempla las normas a que deben sujetarse las costas en esta materia. As�, el art�culo 1083 de este �ltimo ordenamiento precept�a como requisito indispensable para el cobro en costas, de honorarios de abogado, que �ste sea titulado; y si el interesado no demostr� este extremo fue correcto el proceder de la responsable al negarle ese derecho.?

    Tambi�n tiene aplicaci�n la tesis VII.1o.C.46 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito, misma que se comparte, consultable en la p�gina 516 del Tomo IX, abril de 1999, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice: ?COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. NO ES APLICABLE EL C�DIGO ADJETIVO LOCAL PARA DETERMINAR LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS PATRONOS (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE VERACRUZ). El C�digo de Comercio, en sus art�culos del 1081 al 1089, contiene un sistema completo de normas que rigen la instituci�n de las costas, entre las que se comprenden obviamente los honorarios de los abogados patronos, no s�lo en lo referente al procedimiento concerniente a su regulaci�n, sino tambi�n a las bases que deben observarse para cuantificar su monto. En consecuencia, en los juicios mercantiles no es aplicable supletoriamente el art�culo 104, p�rrafo tercero, del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado, que establece que para determinar los honorarios de los abogados patronos se estar� al contrato de prestaci�n de servicios profesionales respectivo y en defecto de �ste al arancel, ya que el C�digo de Comercio contiene disposiciones que rigen tal aspecto.?.

  5. Finalmente, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito, al dictar sentencia en el juicio de amparo en revisi�n n�mero 927/97, sostuvo las siguientes consideraciones:

    "Ahora bien, de las constancias de autos precisadas con antelaci�n se pone de relieve, en contra de lo que afirman los quejosos en sus agravios, que el acto reclamado no es transgresor de sus garant�as individuales, puesto que a trav�s de ese acto, o sea, la resoluci�n dictada por el tribunal responsable, en la que se confirm� la de primer grado que no aprob� las plantillas de liquidaci�n de costas formuladas por los quejosos, por pretender el cobro de ellas con apoyo en un contrato de prestaci�n de servicios profesionales que acompa�aron los ahora recurrentes a sus escritos de contestaci�n de demanda, mismo contrato que no puede servir de base para la pretensi�n de los demandados, en virtud de que en los juicios mercantiles la regulaci�n de costas debe realizarse conforme al C�digo de Comercio, criterio que fue sustentado por la J. de Distrito en la sentencia que se revisa y que a no dudar se encuentra ajustado a derecho ya que, efectivamente, de la detenida lectura de las planillas de liquidaci�n visibles a fojas ciento veintitr�s, ciento treinta y cuatro, ciento cuarenta y cuatro y ciento cuarenta y seis del juicio de amparo indirecto se advierte, en s�ntesis, que por concepto de costas los quejosos piden el pago, cada uno de ellos, de ciento sesenta y dos mil doscientos veinticuatro pesos con sesenta y tres centavos, que resulta acorde con los contratos de prestaci�n de servicios profesionales que los quejosos celebraron con L.E.F.J., L.E.F.M., Rub�n Jes�s F.M. y Mar�a T.B.C., en los que se estableci� que a t�tulo de honorarios se les cubrir�a a estos �ltimos el equivalente al veinte por ciento sobre el importe de las prestaciones que se reclamaron en el juicio ejecutivo mercantil, lo que implica que los ahora quejosos, al pretender el cobro de esas costas en t�rminos de lo que al respecto se dispone en los p�rrafos primero y tercero del art�culo 104 del c�digo adjetivo civil local, que en lo conducente establecen lo que sigue: ?Art�culo 104. Siempre ser� condenado al pago de gastos y costas que incluir�n los honorarios del abogado patrono de la contraparte, el litigante que no obtuviere resoluci�n favorable, ya en lo principal, ya en los incidentes que surgieren. ... Para determinar los honorarios de los abogados patronos se estar� al contrato sobre prestaci�n de servicios profesionales respectivo, siempre que el mismo haya sido exhibido anexo a la demanda, contestaci�n y reconvenci�n en su caso, y su monto no exceda al veinte por ciento sobre la suerte principal del negocio. ...?; pretensi�n de los demandados que carece de asidero legal, como bien se consider� en la sentencia recurrida, toda vez que, en la especie, no es aplicable el aludido art�culo 104 de la ley adjetiva en consulta, pues es claro que en trat�ndose de costas en los juicios mercantiles, el aspecto relativo se encuentra previsto, y por ello no resulta aplicable de manera supletoria el numeral citado que permite, para determinar los honorarios de los abogados patronos, estar al contrato de prestaci�n de servicios profesionales respectivo cuando �ste haya sido exhibido anexo a la demanda, contestaci�n y reconvenci�n, en su caso, y su monto no exceda del veinte por ciento sobre la suerte principal del negocio, ya que en los art�culos 1082, 1083, 1085, 1086, 1087, 1088 y 1089 del C�digo de Comercio, textualmente se se�ala: ?Art�culo 1082.? (se transcribe). ?Art�culo 1083.? (se transcribe). ?Art�culo 1085.? (se transcribe). ?Art�culo 1086.? (se transcribe). ?Art�culo 1087.? (se transcribe). ?Art�culo 1088.? (se transcribe). ?Art�culo 1089.? (se transcribe).

    "De lo expuesto se advierte, contrario a lo que se sostiene en los agravios que se analizan, que las costas que en su caso tuviere que cubrir la parte actora en el juicio mercantil se encuentran reguladas por el C�digo de Comercio, en los t�rminos previstos en los preceptos transcritos, en donde se contiene un sistema completo para obtener el pago de dicha prestaci�n no s�lo en lo referente al procedimiento concerniente a su regulaci�n, sino tambi�n en lo relativo a que su monto no debe cuantificarse de acuerdo con el contrato de prestaci�n de servicios profesionales, en apoyo de lo cual conviene invocar la tesis jurisprudencial n�mero 1100, visible en la p�gina un mil setecientos setenta de la Segunda Parte, Volumen IV del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, que literalmente expresa: ?LEYES SUPLETORIAS EN MATERIA MERCANTIL.? (se transcribe). As� tambi�n, es aplicable al caso la tesis del m�s Alto Tribunal del pa�s, consultable en la p�gina un mil ochocientos treinta, Tomo LXX, Quinta �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que reza: ?COSTAS EN LOS JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES, LEY QUE LAS RIGE.? (se transcribe). Igualmente, es aplicable en la especie la tesis de ese propio tribunal que se localiza en la p�gina un mil quinientos noventa y siete, Tomo XXVI, Quinta �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: ?COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. INAPLICABILIDAD DEL ART�CULO 2012 DEL C�DIGO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA.? (se transcribe).

    "Criterio similar al aqu� sostenido ha sido ya emitido por este Tribunal Colegiado en el juicio de amparo directo civil n�mero 583/95, promovido por el Banco Nacional de M�xico, Sociedad An�nima, fallado en sesi�n de treinta de noviembre de mil novecientos noventa y cinco; y en el amparo en revisi�n n�mero 809/97, interpuesto por A.S.T., resuelto el nueve de octubre de mil novecientos noventa y siete.

    "Es verdad que en la sentencia recurrida no se alude a cu�les son las bases para calcular las costas en los juicios mercantiles; sin embargo, dicha omisi�n no influye en su revocaci�n o modificaci�n, ya que como se dijo antes, para la cuantificaci�n de las costas debe estarse al C�digo de Comercio.

    "Por �ltimo, el agravio relativo a que en autos del juicio natural se acredit� que el abogado patrono de los recurrentes es licenciado titulado y, por ende, tiene derecho a cobrar los honorarios respectivos, es del todo ineficaz para conducir a la revocaci�n o modificaci�n de la sentencia recurrida, pues aun en el supuesto de ser cierta la afirmaci�n de los recurrentes, de todas maneras quedar�a subsistente el acto reclamado, ya que la negativa a aprobar las planillas de liquidaci�n de costas se apoy�, fundamentalmente, en que se pretende el cobro de honorarios con base en un precepto de la ley adjetiva local que no tiene aplicaci�n supletoria al caso, mismo argumento que, como ya se vio, resulta ajustado a derecho.

    Sentado lo anterior, debe confirmarse la sentencia que se revisa y negar a los quejosos el amparo solicitado.

    De las consideraciones anteriores se emiti� el siguiente criterio:

    "Novena �poca

    "Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: IX, abril de 1999

    "Tesis: VII.1o.C.46 C

    "P�gina: 516

    "COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. NO ES APLICABLE EL C�DIGO ADJETIVO LOCAL PARA DETERMINAR LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS PATRONOS (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE VERACRUZ). El C�digo de Comercio, en sus art�culos del 1081 al 1089, contiene un sistema completo de normas que rigen la instituci�n de las costas, entre las que se comprenden obviamente los honorarios de los abogados patronos, no s�lo en lo referente al procedimiento concerniente a su regulaci�n, sino tambi�n a las bases que deben observarse para cuantificar su monto. En consecuencia, en los juicios mercantiles no es aplicable supletoriamente el art�culo 104, p�rrafo tercero, del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado, que establece que para determinar los honorarios de los abogados patronos se estar� al contrato de prestaci�n de servicios profesionales respectivo y en defecto de �ste al arancel, ya que el C�digo de Comercio contiene disposiciones que rigen tal aspecto.

    "PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL S�PTIMO CIRCUITO.

    "Amparo en revisi�n 927/97. J.L.M.P.�rez y otros. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: A.O. D�az. Secretario: J.A.A.M..

    Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicci�n n�mero 48/2002, pendiente de resolver en la Primera Sala.

    El criterio establecido en la tesis anterior tambi�n fue invocado en la ejecutoria dictada por ese mismo Tribunal Colegiado de Circuito en el juicio de amparo en revisi�n n�mero 349/2000.

QUINTO

A continuaci�n debe determinarse si en el caso existe la contradicci�n denunciada, pues s�lo en tal supuesto es dable que este Tribunal Pleno emita un pronunciamiento en cuanto al fondo.

Al respecto, debe tenerse en cuenta el contenido de la jurisprudencia sostenida por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que se�ala lo siguiente:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"P�gina: 76

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicci�n de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayor�a de ocho votos. Ausente: Jos� de Jes�s G.�o P.. Disidentes: J.V.A.A.�n y G.D.G.�ngora P.. Ponente: S.S.A.A.. Secretario: F.O.A.�s.

"Contradicci�n de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: Jos� de Jes�s G.�o P.. Ponente: O.S.C. de G.�a V.. Secretario: C.M.A..

"Contradicci�n de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de octubre de 2000. Once votos. Ponente: S.S.A.A.. Secretario: J.C.R.N..

"Contradicci�n de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: G.I.O.M. y J.V.A.A.�n. Ponente: J.N.S.M.. Secretario: R.D.A.S.��ez.

"Contradicci�n de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayor�a de diez votos. Disidente: H.R.P.. Ponente: O.S.C. de G.�a V.. Secretario: J.L.V.C..

El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada hoy veintinueve de marzo en curso, aprob�, con el n�mero 26/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. M�xico, Distrito Federal, aveintinueve de marzo de dos mil uno.

De conformidad con la jurisprudencia transcrita, para que exista contradicci�n de tesis deben reunirse los siguientes elementos:

  1. Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes;

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y,

  3. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

En la especie, se acreditan los extremos a que se refieren los incisos anteriores s�lo por lo que respecta a los criterios sustentados por el D�cimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito, por las razones que se exponen a continuaci�n:

  1. Tanto el D�cimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisi�n n�mero 16/2002, como el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisi�n 927/97, examinan una misma cuesti�n jur�dica, consistente en determinar si son o no aplicables supletoriamente las legislaciones adjetivas comunes al C�digo de Comercio para cuantificar la condena de costas en los juicios mercantiles.

    Al respecto, cada uno de los tribunales adopt� un criterio distinto, ya que el D�cimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo que debe aplicarse de manera supletoria al C�digo de Comercio la ley adjetiva com�n, en espec�fico la Ley Org�nica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; en cambio, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito consider� que trat�ndose de costas en el procedimiento mercantil, en espec�fico la cuantificaci�n de las mismas, no tiene aplicaci�n supletoria al C�digo de Comercio la legislaci�n procesal civil local.

    Con base en lo anterior, la materia de la presente contradicci�n de tesis se sustentar� b�sicamente en el an�lisis de la ejecutoria dictada en el amparo en revisi�n n�mero 16/2002 por el D�cimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y a las dictadas en los amparos en revisi�n 927/97 y 349/2000 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito, en los cuales, como se dijo, se plantea un problema de aplicabilidad supletoria de la legislaci�n adjetiva com�n al C�digo de Comercio con respecto a la cuantificaci�n de las costas en un procedimiento mercantil.

  2. Para sostener sus respectivos criterios, cada uno de los tribunales hizo sus propias consideraciones e interpretaciones jur�dicas en sus correspondientes ejecutorias:

  3. El D�cimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito estableci� que con base en la interpretaci�n sistem�tica de los art�culos 1081 al 1090 del C�digo de Comercio, la regulaci�n en materia de cuantificaci�n de costas es deficiente y, por ende, debe acudirse a la supletoriedad dispuesta en los art�culos 1054 y 1063 del mismo ordenamiento y as� aplicar los art�culos 128 y 129 de la Ley Org�nica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; lo anterior, toda vez que consider� que la obligaci�n de fallar en justicia que establece el art�culo 1088 de la legislaci�n mercantil, se entiende como el deber de �ste de formular y cuantificar las costas a trav�s de un procedimiento de car�cter legal, por lo que debe estarse a lo que la ley disponga al respecto, pero que si la legislaci�n de la materia no lo establece, es aplicable supletoriamente la legislaci�n que s� lo establezca.

    ii) En cambio, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito estableci� que en los juicios mercantiles no es aplicable supletoriamente el art�culo 104, p�rrafo tercero, del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, ya que el C�digo de Comercio contiene disposiciones (art�culos 1081 al 1089) que rigen las costas, como los honorarios de los abogados patronos, tanto en el procedimiento concerniente a su regulaci�n como en las bases para su cuantificaci�n.

  4. En cuanto a que los diferentes criterios provienen del examen de los mismos elementos, se aprecia lo siguiente:

  5. Como ya se dijo, el D�cimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisi�n n�mero 167/2002 que dio lugar a su tesis aislada, interpret� lo establecido en los art�culos 1081 al 1089 del C�digo de Comercio, para establecer que de acuerdo con los art�culos 1054 y 1063 del mismo ordenamiento, eran aplicables supletoriamente los art�culos 128 y 129 de la Ley Org�nica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal al caso concreto.

    ii) En cuanto al criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito, en el amparo en revisi�n 927/97 que dio lugar a la publicaci�n de la tesis aislada, �ste se sustent� en la interpretaci�n y aplicaci�n de los art�culos 1081 al 1089 del C�digo de Comercio, para no aplicar los art�culos 1054 y 1063 del mismo ordenamiento y, por ende, no aplicar supletoriamente el art�culo 104 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz a los casos concretos.

    Por tanto, este Tribunal Pleno aprecia que los tribunales contendientes analizan los mismos preceptos, es decir, los art�culos 1081 al 1089 del C�digo de Comercio.

    De conformidad con lo expuesto queda de manifiesto que, en la especie, s� existe la contradicci�n de criterios denunciada y que la misma estriba en determinar si son o no aplicables supletoriamente las legislaciones adjetivas comunes al C�digo de Comercio para cuantificar las costas en los juicios mercantiles.

SEXTO

El criterio que sustenta este Tribunal Pleno y que se desarrolla en la presente ejecutoria, el cual debe prevalecer con el car�cter de jurisprudencia, parte del estudio de los siguientes temas:

  1. La ubicaci�n de las costas procesales dentro del derecho positivo mexicano;

  2. La delimitaci�n de dos temas diversos sobre las costas: su procedencia y su cuantificaci�n;

  3. Los sistemas de cuantificaci�n que contempla la doctrina;

  4. La interpretaci�n sistem�tica de los art�culos 1081 al 1089 del C�digo de Comercio para determinar el sistema de cuantificaci�n que adopta nuestro orden jur�dico; y,

  5. Con base en lo anterior, determinar si procede la supletoriedad de la legislaci�n local con respecto al citado C�digo de Comercio.

    El segundo p�rrafo del art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos es el que hace referencia a las costas judiciales, en los siguientes t�rminos:

    "Art�culo 17. ...

    Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estar�n expeditos para impartirla en los plazos y t�rminos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio ser� gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

    El servicio que prestan los tribunales en nuestro pa�s debe ser gratuito y, por tanto, la Constituci�n proh�be las costas judiciales. Esto quiere decir que los tribunales no pueden cobrar a los particulares contribuciones por su labor.

    Sin embargo, ello no quiere decir que toda la actividad procesal, en s� misma, sea completamente gratuita. En efecto, existen gastos y erogaciones que se originan con motivo de un proceso, mismas que ser�n soportadas por quien las realiza o por la parte a quien condena el J.. Por tanto, dentro del derecho mexicano, no se deben cobrar costas judiciales, aunque el J. tiene la facultad de determinar si procede o no condenar a alguna de las partes a pagar los gastos de la contraparte.

    Dentro de nuestro orden jur�dico se advierte que el tema de los gastos y costas procesales se encuentra regulado en diversos ordenamientos jur�dicos, tanto federales como locales, pues depender� del proceso judicial al cual se haga referencia; sin embargo, en el caso a estudio, nos interesa definir dos �mbitos en especial: el mercantil, que es de orden federal y que se encuentra previsto en el C�digo de Comercio, as� como el civil, regulado por las diversas codificaciones estatales que sobre el particular emitan las Legislaturas Locales.

    Los art�culos 1081 al 1089 del C�digo de Comercio son los que norman el tema de los gastos y costas. Y para analizar su contenido ser� conveniente hacer referencia al texto vigente y al anterior a su reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el d�a veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, toda vez que de las constancias que obran en autos no se advierte cu�l fue el texto aplicado por los tribunales contendientes; sin embargo, ello no altera en nada el estudio que sobre el tema se realizar� en la presente contradicci�n, seg�n se advertir� de la misma:

    "Cap�tulo VII

    "De las costas

    Art�culo 1,081. Por ning�n acto judicial se cobrar�n costas, ni aun cuando se actuare con testigos de asistencia o se practicaren diligencias fuera del lugar del juicio.

    (Texto vigente, reformado, D.O. 24 de mayo de 1996)

    "Art�culo 1,082. Cada parte ser� inmediatamente responsable de las costas que originen las diligencias que promueva, en caso de condenaci�n en costas, la parte condenada indemnizar� a la otra de todas las que se hubieren causado, cuando hubiese opuesto excepciones o recursos fr�volos o improcedentes con el prop�sito de retardar el procedimiento.

    La condenaci�n no comprender� la remuneraci�n del procurador, ni la del patrono, sino cuando fuere abogado recibido; cuando un abogado fuere procurador, s�lo comprender� sus honorarios la condenaci�n, cuando el mismo se haya encargado de la direcci�n del juicio sin recurrir al patrocinio de otro abogado.

    (Texto anterior a la reforma)

    "Art�culo 1082. Cada parte ser� inmediatamente responsable de las costas que originen las diligencias que promueva: en caso de condenaci�n en costas, la parte condenada indemnizar� a la otra de todas las que hubiere anticipado. La condenaci�n no comprender� la remuneraci�n del procurador, sino cuando fuere agente de negocios titulado, ni la del patrono sino cuando fuese abogado recibido; cuando un abogado fuere procurador, s�lo comprender� sus honorarios la condenaci�n, cuando �l mismo se haya encargado de la direcci�n del juicio sin recurrir al patrocinio de otro abogado."

    "Art�culo 1,083. En los juicios mercantiles no se necesita que los litigantes se asistan de abogado; pero si lo ocupan y hay condenaci�n en costas, s�lo se pagar�n al abogado con t�tulo."

    "Art�culo 1,084. La condenaci�n en costas se har� cuando as� lo prevenga la ley, o cuando a juicio del J. se haya procedido con temeridad o mala fe.

    "Siempre ser�n condenados:

    "I. El que ninguna prueba rinda para justificar su acci�n o su excepci�n, si se funda en hechos disputados;

    "II. El que presentase instrumentos o documentos falsos, o testigos falsos o sobornados;

    "III. El que fuese condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable. En este caso la condenaci�n se har� en la primera instancia, observ�ndose en la segunda lo dispuesto en la fracci�n siguiente;

    "IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaraci�n sobre costas. En este caso, la condenaci�n comprender� las costas de ambas instancias.

    (Adicionada, D.O. 24 de mayo de 1996)

    "V. El que intente acciones o haga valer cualquier tipo de defensas o excepciones improcedentes o interponga recursos o incidentes de este tipo a quien no solamente se le condenar� respecto de estas acciones, defensas, excepciones, recursos o incidentes improcedentes, sino de las excepciones procesales que sean inoperantes."

    "Art�culo 1,085. Las costas ser�n reguladas por la parte a cuyo favor se hubieren declarado."

    "Art�culo 1,086. Presentada la regulaci�n de las costas al J. o tribunal ante el cual se hubieren causado, se dar� vista de ella por tres d�as a la parte condenada, para que exprese su conformidad o inconformidad."

    "Art�culo 1,087. Si nada expusiere dentro del t�rmino fijado la parte condenada, se decidir� el pago. Si en el t�rmino referido expresare no estar conforme, se dar� vista de las razones que alegue a la parte que present� la regulaci�n, la que dentro de igual t�rmino contestar� a las observaciones hechas."

    "Art�culo 1,088. En vista de lo que las partes hubiesen expuesto conforme al art�culo anterior, el J. o tribunal fallar�n lo que estimen justo dentro de tercero d�a. De esta decisi�n se admitir�n los recursos que procedieren, seg�n la instancia en que se encontrare el juicio y seg�n la cantidad que importase la total regulaci�n."

    "Art�culo 1,089. Si los honorarios de los peritos o de cualesquiera otros funcionarios no sujetos a arancel, fueren impugnados, se oir� a otros dos individuos de su profesi�n. No habi�ndolos en la poblaci�n de la residencia del tribunal o J. que conozca de los autos, podr� recurrirse a los de los inmediatos."

    El art�culo 1081 est� en adecuada congruencia con el art�culo 17 constitucional, que eleva a la categor�a de garant�a individual el derecho de todo gobernado a obtener una administraci�n de justicia gratuita.

    El art�culo 1082 estima que si no hay condena en costas cada parte soporta el peso de lo que haya erogado en el juicio. Sin embargo, si se produce la condenaci�n en costas, �stas son a cargo de una de las partes y a favor de su contraria. Y agrega la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el d�a veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, que tal condena se llevar� a cabo si se cumple con un requisito: cuando la parte condenada hubiese opuesto excepciones o recursos fr�volos o improcedentes con el prop�sito de retardar el procedimiento. �ste es el primer caso en el que la ley determina a qui�n hay que condenar en costas.

    Continuando con otros supuestos de procedencia de condena en costas, se advierte que el art�culo 1084 hace referencia a los dos grandes criterios que justifican la condena en costas y que son, a saber:

  6. El criterio subjetivo, que se funda en la temeridad y mala fe de aquel que litiga a sabiendas de que carece de raz�n, cuya conducta se sanciona oblig�ndole a pagar a su contraria los gastos que le ocasion� el proceso.

  7. El criterio objetivo que establece, como regla general, que el vencido en juicio debe pagar las costas del mismo, independientemente de que su conducta haya sido de buena o mala fe, temeraria o no. Las costas representan as� una indemnizaci�n debida al vencedor de los gastos que, al obligarlo a litigar, le ha ocasionado al vencido.

    La aplicaci�n del criterio subjetivo, por su naturaleza misma, es dif�cil, pues no siempre es posible calificar de temerario al litigante vencido.

    En cambio, las fracciones I a la V del citado art�culo 1084 hacen referencia a un criterio objetivo, independientemente de que en las hip�tesis previstas en las fracciones I y II se presupone la mala fe.

    Con base en lo anterior, debe destacarse que en cuanto a la procedencia de la condena en costas, el derecho mercantil brinda una mayor preferencia a la voluntad de la ley que al criterio del juzgador.

    Una vez decretada la procedencia de la condena en costas, a�n es necesario determinar cu�les son los gastos y honorarios que deben comprenderse dentro de la planilla. Para tal fin, debe sustanciarse un incidente de liquidaci�n de costas.

    Sobre este tema, el C�digo de Comercio dedica tres art�culos, del 1085 al 1088, inclusive, de los cuales se advierten los siguientes principios:

    Las costas son reguladas (en cuanto al "qu�" y "cu�nto") por la parte a cuyo favor se hubieren declarado.

    La parte condenada puede expresar su conformidad o inconformidad con respecto a dicha planilla, en un t�rmino de tres d�as.

    Si nada expusiere la parte condenada, el J. o el tribunal decidir�n el pago.

    En caso de que la parte condenada s� exprese algo, tambi�n se le dar� vista a la parte que present� la planilla, quien en tres d�as contestar� tales objeciones.

    Con base en tales exposiciones, el J. o el tribunal fallar�n lo que estimen justo dentro del tercer d�a.

    Dentro del tema de las costas procesales, no s�lo es dable preguntarse a qui�n se debe condenar en costas, sino cu�les son los conceptos por los que debe conden�rsele. Y en este punto, resulta conveniente retomar la definici�n de costas procesales. Como se dijo en l�neas anteriores, se trata de los gastos y erogaciones que se originan con motivo de un proceso y que ser�n soportados por quien los realiza o por la parte a quien condena el J..

    Sin embargo, la doctrina aporta a esta definici�n un elemento de suma importancia: que tales gastos y erogaciones est�n reconocidos dentro de la legislaci�n aplicable. En este sentido, la doctrina se�ala que las costas no son cualquier gasto realizado por el vencedor con ocasi�n o por consecuencia del pleito, sino que debe existir una estrecha relaci�n de causa-efecto, as� como de necesidad, la cual, expres�ndola en forma negativa, quiere decir que no sean innecesarias o superfluas. Las costas han de ser motivadas por el deseo de obtener la declaraci�n del derecho y, s�lo si fueron necesarias para ello, tambi�n deben ser declaradas por el mismo derecho. Por ejemplo, no ser�a susceptible de cobrarse como costas alg�n gasto que hubiere sido anterior a la violaci�n del derecho que origin� el pleito o que se hubiera hecho de un modo culpable o caprichoso. Pero, en todo caso, �stos son los criterios que debe tomar en cuenta el legislador para determinar tales gastos y costas.

    Por ejemplo, el art�culo 1082 del C�digo de Comercio (antes y despu�s de su reforma) establece que la condena en costas s�lo comprender� la remuneraci�n del procurador cuando �ste sea agente de negocios titulado y la del abogado patrono cuando �ste ya se haya recibido. Asimismo, dispone que cuando el abogado fuere procurador, la condenaci�n s�lo comprender� sus honorarios cuando �l mismo se haya encargado de la direcci�n del juicio sin recurrir al patrocinio de otro abogado.

    Por su parte, el art�culo 1083 reitera que s�lo se pagar�n costas al abogado con t�tulo.

    Seg�n se advierte, �stos son los �nicos art�culos del C�digo de Comercio que se refieren al tipo de honorarios o gastos que deber�n ser cubiertos en costas, en donde se aprecia una primera laguna, pues debe suponerse que pueden existir otras erogaciones derivadas de un juicio.

    En cuanto a la determinaci�n del monto de tales costas debe se�alarse que, como qued� transcrito en p�ginas anteriores, el art�culo 1088 del C�digo de Comercio establece que en vista de lo que las partes hubiesen expuesto, el J. o tribunal fallar�n lo que estimen justo. �ste es el punto medular sobre el que versa esta contradicci�n de tesis: �Qu� es lo que debe entenderse por "aquello que se estime justo"?

    Como se recordar�, uno de los tribunales contendientes se orienta por lo que podr�amos denominar un criterio objetivo, al considerar que s�lo el derecho positivo puede brindar con certeza el monto de tales costas procesales, esto es, lo que se considera "justo" y, por ello, remite a la aplicaci�n supletoria de las codificaciones civiles, en particular, a los aranceles. En cambio, el otro tribunal considera que el citado art�culo 1088 brinda la soluci�n al caso y, por tanto, que no deben aplicarse los ordenamientos locales en la materia; por ende, de alguna manera atribuye un contenido propio al t�rmino "justo", aunque no lo define el citado tribunal.

    Sobre este tema debe decirse que la cuantificaci�n de las costas exige una investigaci�n, la cual tiene por objeto, en cada pleito, comprobar cu�nto se gast� durante su tramitaci�n, comparando lo gastado con las exigencias del pleito en s�. Pero este trabajo resulta sumamentesimplificado con la existencia de los aranceles.

    En efecto, entre las atribuciones del poder p�blico se encuentra la de fijar la retribuci�n adecuada a la prestaci�n de ciertos servicios, ya sea porque son de uso general, por su naturaleza o porque quienes los prestan forman parte de la organizaci�n general del Estado. As�, pueden existir aranceles para los abogados, notarios, peritos, �rbitros, int�rpretes, registradores u otros profesionistas o prestadores de servicios. Por tanto, siempre que un gasto resulta incluido expresamente en el arancel, �ste sirve de norma para su tasaci�n y, en cuanto a los no comprendidos, la cuant�a de ellos resultar� de la prueba que se aduzca, que puede ser muy variable por su naturaleza y que podr�a tasarse con arreglo a las costumbres o al buen criterio del J.. Por eso se comprende la importancia que para la condena en costas representa la formaci�n de los aranceles y la dificultad de su redacci�n.

    Sin embargo, el C�digo de Comercio no prev� aranceles. El anteriormente citado art�culo 1088 del C�digo de Comercio establece que el J. o el tribunal deben fallar lo que estimen justo. Sin embargo, �qu� debe entenderse por este �ltimo t�rmino?

    El tema de la justicia y de lo justo no puede abordarse sin remitirse a la filosof�a del derecho e, inclusive, a la moral. Desde la �poca de U. se define a la justicia como la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo. Sin embargo, esa definici�n supone un discernimiento acerca de lo que es "suyo" y lo que no lo es. Por tanto, esta definici�n contempla a la justicia como una virtud moral. Y es en este punto en donde la doctrina discute sobre si es posible o no contar con criterios objetivos, independientes de la voluntad del legislador o, inclusive, del J., para conocer lo que es justo e injusto en situaciones concretas.

    As�, algunos estudiosos distinguen entre la "justicia del moralista" y la "justicia del jurista". Para los primeros, la justicia es ante todo una virtud, es decir, un h�bito que hace bueno al acto humano y perfecciona al hombre mismo que lo posee. Cuando un jurista pretende llegar a una soluci�n "justa" bajo esta tendencia moral, lo hace buscando en su conciencia moral lo que tienen derecho a exigir cada una de las partes en un conflicto.

    La justicia moralista encuentra su mejor expresi�n en el derecho antiguo y, particularmente, en el derecho romano. Como se recordar�, �ste era antes que nada obra de Jueces, pretores y jurisprudentes, es decir, de aquellos que est�n m�s cerca de los conflictos sociales. En cambio, el derecho moderno est� m�s relacionado con la justicia del jurista, toda vez que es principalmente obra de gobernantes y c�maras legisladoras, m�s preocupadas por las soluciones generales que unifican y planifican la conducta social que por la soluci�n de un conflicto concreto aislado.

    Ahora bien, tanto el moralista como el jurista, para valorar un caso concreto, tienen que concluir o determinar, partiendo de los principios generales, y de ellos determinar los valores m�s precisos de justicia que son aplicables al caso. Pero en los derechos antiguos esta conclusi�n y determinaci�n es principalmente obra del J., el que se gu�a sobre todo por su sentido moral de la justicia; en cambio, en los derechos escritos modernos, el papel del J. est� subordinado a la ley y, por tanto, cobra especial relieve lo "justo legal" de lo cual ya hablaba A.�teles.

    La principal explicaci�n del cambio de enfoque en la consideraci�n del derecho es la realidad del Estado moderno, el cual es m�s complejo, activo y planificador que el antiguo. Bajo tales circunstancias, los valores o bienes jur�dicos tutelados se introducen al orden jur�dico general. Por tanto, el J. se subordina a la legislaci�n. Al limitar el papel del J., el derecho moderno no procede injustamente, sino que construye lo justo legal, que tanto ha madurado, en defensa del individuo. La validez formal se convierte en una garant�a para todos los s�bditos, porque el derecho positivo se ha perfeccionado lo suficiente (gracias a que ha incorporado numerosas valoraciones que antes eran s�lo morales) para poder asegurar a todos los ciudadanos un orden justo.

    Dicho en otros t�rminos, la seguridad jur�dica se ha convertido en uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho. Nuestro propio orden constitucional as� lo reconoce en el art�culo 14 de la Carta Magna, el cual establece lo siguiente:

    "Art�culo 14. A ninguna ley se dar� efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

    "Nadie podr� ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

    "En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analog�a, y aun por mayor�a de raz�n, pena alguna que no est� decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

    "En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deber� ser conforme a la letra o a la interpretaci�n jur�dica de la ley, y a falta de �sta se fundar� en los principios generales del derecho."

    Ahora bien, �c�mo ha evolucionado el orden jur�dico en materia de costas? La doctrina sostiene que esta evoluci�n va desde el respeto al previo acuerdo entre el mandante y el profesional, a la regulaci�n judicial y, finalmente, a la regulaci�n legal, que es la que actualmente impera en el Estado moderno.

    Para advertir estos cambios, podemos acudir al derecho comparado. As� tenemos, por ejemplo, que el Fuero Juzgo -Ley VII- establec�a que antes de comenzar el pleito, el personero contratase con el se�or del pleito cu�nto deb�a pagarle.

    Las Partidas de A. X El Sabio, tambi�n admit�an los acuerdos entre el "personero" y el representado:

    "... e si el personero oviese fecho alguna postura con el se�or del pleyto, en raz�n de las despensas ... dezimos que le debe ser guardada."

    Y tambi�n se recog�a el derecho del procurador para que se le reintegrasen los desembolsos o gastos realizados:

    O. dezimos, que todas las despensas que tal personero fiziese, se siguiendo aquel pleyto, que sean derechas e con raz�n, que es tenudo el que lo fizo su personero, de gelas dar.

    Posteriormente, se evoluciona de la libre concertaci�n -entre cliente y procurador- a un sistema de control y determinaci�n judicial, tal como se recogi� en Espa�a, por ejemplo, en las Odenanzas de M., criterio reiterado y recogido tanto en la Nueva como en la Nov�sima R.�n.

    De las Odenanzas de don F. y do�a I. (los R.C.�licos), se transcribe lo siguiente:

    "... Por cuanto es cosa razonable que los honorarios de los abogados y relatores y escribanos y procuradores sean moderados, ordenamos y mandamos que en cuanto toca a los abogados y procuradores, porque esto es cosa que no se puede poner tasa cierta, que despu�s de fenescido el pleyto, el nuestro presidente y oidores se informes, por juramento de las dichas personas, o en otra quialquier manera que mejor pudieren, que es lo que ha dado cada uno a su abogado y procurador; y considerada la calidad de la causa y la calidad de las personas pleytantes y el trabajo que tomasen, tasen y moderen el salario y seg�n aquella moderaci�n sean pagados los abogados y procuradores, quier sean uno o muchos ...

    "Y mandamos, que no se pueden pagar dichos salarios de otra manera que sean m�s en provecho de los abogados; pero si en fin del pleyto paresciese que merezcan m�s o menos seg�n la calidad o cantidad de la causa, y el tiempo que trabaj�, que se lo tasen despu�s de dada la sentencia ... y lo que tasaren, lleve el dicho abogado y no m�s ..."

    Finalmente, se ha llegado a un sistema de fijaci�n legal de los honorarios (denominados anteriormente derechos y hoy honorarios) de los procuradores, a trav�s del establecimiento de aranceles, aprobados por el Estado, consistentes en la fijaci�n de un escalado variable en funci�n de la cuant�a y tipolog�a de procedimiento; de tal suerte que en el derecho extranjero, como por ejemplo, en la Ley de Enjuiciamiento Civil Espa�ola vigente, se prev� que la tasaci�n de costas debe hacerse conforme al arancel.

    Y en cuanto al derecho positivo mexicano, conviene referirse, de manera comparativa, a la regulaci�n de costas en materia civil.

    En algunos Estados de la Rep�blica, como lo son Durango, Aguascalientes, C., Colima, Estado de M�xico, Guanajuato, M.�n, Nayarit, Nuevo Le�n, Q.�taro, Sinaloa, Veracruz, Baja California, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Jalisco, H. y el Distrito Federal, existen disposiciones espec�ficas que regulan los aranceles y costas judiciales. Otras entidades federativas tambi�n se refieren a ese tema pero dentro de sus C�digos Civiles o de Procedimientos Civiles, como lo son Tamaulipas, S.L.P.�, Tabasco, G., Chiapas, Sonora, Q.R., Zacatecas y C.. Estas �ltimas entidades federativas aplican diversos sistemas que van desde los aranceles, el convenio entre el abogado y la parte interesada o, en su defecto, juicio de peritos, la costumbre, el lugar, la importancia de los trabajos prestados, la del asunto, la capacidad pecuniaria de la persona que reciba el servicio, la reputaci�n de quien lo haya prestado y, en su caso, que se compruebe que las erogaciones realizadas no son excesivas ni superfluas.

    Por su parte, hay Estados como Oaxaca y Baja California Sur que son omisos en establecer alg�n mecanismo para que el J. o tribunal determine el monto de las costas.

    Hasta este momento podemos concluir, en s�ntesis, lo siguiente:

    De acuerdo con la doctrina, las costas son los gastos y erogaciones que se originan con motivo de un proceso y que ser�n soportados por quien los realiza o por la parte a quien condena el J.; en la inteligencia de que los mismos deben estar reconocidos en la legislaci�n aplicable. Lo anterior implica que �stos no pueden ser caprichosos o dejarse al arbitrio de las partes, pues en todo caso debe ser el propio ordenamiento legal el que determine su existencia y procedencia, con base en criterios de oportunidad y de causa y efecto con respecto al procedimiento que los genere.

    En el C�digo de Comercio, en espec�fico en su art�culo 1084, predomina un criterio objetivo para condenar en costas, siendo m�s dif�cil la aplicaci�n de un criterio subjetivo en el que le corresponda al J. determinar, a conciencia, la mala fe del litigante.

  8. Por su parte, el art�culo 1088 del C�digo de Comercio establece que en vista de lo que las partes hubiesen expuesto, el J. o el tribunal fallar�n lo que estimen justo.

  9. Puede tomarse en cuenta el concepto de la justicia moralista y la justicia legal o del jurista como una referencia doctrinal. La primera puede entenderse como una virtud, un h�bito que hace bueno el acto humano y perfecciona al hombre mismo que lo posee. Este tipo de justicia inspir� al derecho antiguo, el cual es obra de Jueces, pretores y jurisprudentes b�sicamente. En cambio, la justicia legal es obra de gobernantes y c�maras legisladoras, m�s preocupadas por las soluciones generales que unifican y planifican la conducta social que por la soluci�n de un conflicto concreto aislado. Este enfoque legal, mismo que proporciona certeza y seguridad jur�dicas, es el que impera en el Estado moderno.

  10. En materia de costas, la evoluci�n del derecho que las regula va desde el respeto al acuerdo previo entre el mandante y el profesional, a la regulaci�n judicial y, finalmente, a la regulaci�n legal, que es la que impera, incluso, a nivel internacional.

  11. En este �ltimo aspecto, el Estado se ha abocado al establecimiento de aranceles, que consisten en la fijaci�n de un escalado variable en funci�n de la cuant�a y tipolog�a del procedimiento.

  12. En el C�digo de Comercio no existen aranceles; sin embargo, en numerosas entidades federativas s� existen o, por lo menos, se refieren expresamente a otros mecanismos legales para cuantificar las costas, como lo son, por ejemplo, el respeto al acuerdo de voluntades entre las partes, el juicio de peritos, la costumbre, el lugar, la importancia de los trabajos prestados, la del asunto, la capacidad pecuniaria de la persona que reciba el servicio o la reputaci�n de quien lo haya prestado.

    Con base en lo antes expuesto, podemos retomar la interpretaci�n del cap�tulo de costas contenido en el C�digo de Comercio y, particularmente, en su art�culo 1088.

    Como se recordar�, el referido precepto establece que el J. o tribunal deben fallar lo que estimen justo dentro del tercer d�a. De su lectura se obtiene como primera impresi�n que el juzgador tiene facultades discrecionales para determinar el monto de las costas.

    Sin embargo, de la interpretaci�n hist�rica y doctrinaria que se le ha brindado a la palabra "justicia" y, por ende, a la palabra "justo", as� como de la evoluci�n que ha sufrido la materia de costas en el derecho comparado, este Tribunal Pleno considera que debe hacerse referencia a la justicia legal y, por tanto, en materia mercantil, el J. o tribunal deben aplicar supletoriamente y en primer orden, la legislaci�n procesal local que exista en materia de costas, la cual, en la mayor�a de los casos, hace referencia a los aranceles.

    El art�culo 1054 del C�digo de Comercio, que se encuentra inserto en el libro quinto, De los juicios mercantiles, dispone lo siguiente:

    Art�culo 1054. En caso de no existir compromiso arbitral ni convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los t�rminos de los anteriores art�culos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regir�n por las disposiciones de este libro y en su defecto se aplicar� la ley de procedimientos local respectiva.

    Por tanto, en cuanto a las normas procesales mercantiles, �nicamente cabe la supletoriedad en defecto de convenio entre las partes y cuando la instituci�n se encuentra regulada de manera deficiente en el C�digo de Comercio.

    Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis aislada del Tribunal Pleno:

    "S�ptima �poca

    "Instancia: Pleno

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

    "Tomo: 121-126, Primera Parte

    "P�gina: 157

    "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES PROCESALES. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN. La aplicaci�n de las leyes supletorias s�lo tienen lugar en aquellas cuestiones procesales que, comprendidas en la ley que suplen, se encuentren carentes de reglamentaci�n o deficientemente reglamentadas.

    "Amparo en revisi�n 276/76. Guanos y F. de M�xico, S.A. 6 de febrero de 1979. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: A.R.C..

    V�ase: Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, Tomos CX y CXI, p�ginas 1755 y 1022 respectivamente, tesis de rubro: ?LEYES SUPLETORIAS, APLICACI�N DE LAS.?.

    En consecuencia, este Tribunal Pleno considera conveniente establecer la regla general de que ante la falta de un arancel o mecanismo para determinar el monto de las costas en materia mercantil, se debe acudir a la legislaci�n local respectiva.

    De otro modo, esto es, si se concluyera que el art�culo 1088 del citado c�digo es completo porque hace referencia a un concepto de justicia moral, ello dar�a lugar a una interpretaci�n que ya no se ajusta al orden jur�dico actual y, sobre todo, a los principios de certeza y seguridad jur�dicas elevadas a nivel constitucional.

    Inclusive, existen precedentes aislados en la Quinta �poca de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en los que se establece que como el C�digo de Comercio no dispone nada sobre c�mo han de cuantificarse las costas, debe aplicarse la legislaci�n com�n de manera supletoria. Tales precedentes se transcriben a continuaci�n:

    "Quinta �poca

    "Instancia: Tercera Sala

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

    "Tomo: XLVI

    "P�gina: 4754

    "COSTAS EN EL PROCEDIMIENTO MERCANTIL. Como el C�digo de Comercio nada dispone sobre como hayan de estimarse, en cuanto a su procedencia y cuant�a, las costas a que se contrae el cap�tulo VII, t�tulo I, de su libro quinto, la legislaci�n com�n debe suplir la omisi�n, y como el C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de M.�n, derog� el arancel de abogados que reg�a con anterioridad, instituyendo, a su vez, la indemnizaci�n civil, no cabe duda que la condenaci�n en costas en dicho Estado, envuelve el pago de esa indemnizaci�n, con tanta m�s raz�n, cuanto que el C�digo Civil vigente en la propia entidad, en su art�culo 1483, contenida en el cap�tulo relativo a responsabilidad civil, es claro y preciso al respecto, cuando dice que el pago de las costas judiciales ser� a cargo del que faltare al cumplimiento de la obligaci�n, y se har� en los t�rminos que establezca el c�digo de procedimientos.

    "Amparo civil directo 2385/33. Ch�vez E.. 29 de noviembre de 1935. Unanimidad de cinco votos. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente."

    "Quinta �poca

    "Instancia: Tercera Sala

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

    "Tomo: XXVII

    "P�gina: 1318

    "COSTAS. El art�culo 1087 del C�digo de Comercio, no ordena que el pago de las costas debe decretarse en los t�rminos exigidos por el que presenta la regulaci�n, pues el art�culo 1088 del mismo ordenamiento, da facultades al J. o tribunal que conocen del incidente respectivo, para fallar lo que estimen justo, en vista de lo que las partes hubiesen expuesto, y aun si nada expusieren, como lo prev� el art�culo primeramente citado, pues de otra manera ser�an inaplicables los preceptos que prev�n los casos en que no debe hacerse condenaci�n en costas, y adem�s, ser�a imposible la aplicaci�n del C�digo Civil, que fija las reglas para regular los honorarios de los que presten servicios profesionales. No es exacto que en nuestro sistema procesal haya una presunci�n contra la parte que no conteste una vista, o un traslado, de estar conforme con las reclamaciones de su contrario; sino que el sistema es que se le tenga por no conforme; en consecuencia, la condenaci�n en costas no puede basarse en la voluntad t�cita de la parte a quien se le reclaman, y debe resolverse en los t�rminos legales y no de acuerdo exclusivamente con las pretensiones del demandante.

    "Amparo civil en revisi�n 1612/29. B.G.J.�. 26 de octubre de 1929. Mayor�a de cuatro votos. Disidente: F.D.�az L.. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente."

    Por tanto, lo "justo" respecto a la determinaci�n de la cuant�a de las costas debe obtenerse de lo que disponga la legislaci�n supletoria correspondiente.

    Esta interpretaci�n se ve reforzada si atendemos al contenido del art�culo 1089 del mismo C�digo de Comercio, que dispone lo siguiente:

    Art�culo 1089. Si los honorarios de los peritos o de cualesquiera otros funcionarios no sujetos a arancel, fueren impugnados, se oir� a otros dos individuos de su profesi�n. No habi�ndolos en la poblaci�n de la residencia del tribunal o J. que conozca de los autos, podr� recurrirse a los de los inmediatos.

    De donde se advierte que la intenci�n del legislador es que, por regla general, las costas se regulen con base en aranceles y, s�lo en su defecto, que se recurra a mecanismos de valoraci�n diferentes a los estrictamente previstos en ley.

    Para concluir este tema, es muy importante advertir que aun la legislaci�n local puede ser omisa en cuanto a aranceles o mecanismos de determinaci�n de la cuant�a de las costas. Sin embargo, ello no debe ser impedimento para que el J. o el tribunal resuelva sobre la condena en costas, toda vez que los art�culos 18 y 19 del C�digo Civil Federal establecen los lineamientos necesarios para pronunciarse judicialmente. Dichos preceptos se�alan lo conducente:

    "Art�culo 18. El silencio, obscuridad o insuficiencia de la ley, no autorizan a los Jueces otribunales para dejar de resolver una controversia."

    "Art�culo 19. Las controversias judiciales del orden civil deber�n resolverse conforme a la letra de la ley o a su interpretaci�n jur�dica. A falta de ley se resolver�n conforme a los principios generales de derecho."

    S�lo en los casos de omisi�n antes apuntados es cuando este Tribunal Pleno considera que debe operar la interpretaci�n subsidiaria del art�culo 1088 del C�digo de Comercio, en el sentido de que el J. o tribunal deben fallar "lo que estimen justo" como parte del ejercicio de una facultad discrecional que, como tal, debe ser fundada y motivada, para no convertirse en una decisi�n arbitraria.

    El ejercicio de dicha facultad discrecional se debe apoyar en criterios objetivos y �tiles que se advierten de la legislaci�n civil local, como son el respeto al acuerdo adoptado entre quien presta el servicio y el cliente, el juicio de peritos, la costumbre, el lugar, la importancia de los trabajos prestados, la del asunto, la capacidad pecuniaria de la persona que reciba el servicio, la reputaci�n de quien lo haya prestado; sin dejar de tomar en cuenta criterios tales como el de que las erogaciones realizadas no deben ser excesivas ni superfluas, esto es, atender a la utilidad y relaci�n directa entre los gastos y costas con el litigio, con base en la informaci�n que provenga de las constancias de autos.

    De manera ilustrativa, se transcribe a continuaci�n el art�culo 2607 del C�digo Civil Federal, que recoge varios de los principios expuestos con anterioridad:

    Art�culo 2607. Cuando no hubiere habido convenio, los honorarios se regular�n atendiendo juntamente a las costumbres del lugar, a la importancia de los trabajos prestados, a la del asunto o caso en que se prestaren, a las facultades pecuniarias del que recibe el servicio y a la reputaci�n profesional que tenga adquirida el que lo ha prestado. Si los servicios profesionales estuvieren regulados por arancel, �ste servir� de norma para fijar el importe de los honorarios reclamados.

    En las relatadas condiciones, deber� prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio que sustenta este Tribunal Pleno en la presente resoluci�n, debiendo quedar redactado con los siguientes rubro y texto:

    COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. PARA SU CUANTIFICACI�N DEBEN APLICARSE SUPLETORIAMENTE LOS MECANISMOS QUE REGULA LA LEGISLACI�N LOCAL RESPECTIVA Y, EN SU DEFECTO, EL JUZGADOR DEBER� RESOLVER DISCRECIONALMENTE.-De conformidad con el art�culo 1054 del C�digo de Comercio, para determinar el monto de las costas en los juicios mercantiles, se debe acudir de manera supletoria a la legislaci�n local respectiva que regule mecanismos legales para tal cuantificaci�n, en el entendido de que s�lo a falta de tales mecanismos, particularmente en la legislaci�n local, el J. o tribunal deber�n fallar discrecionalmente, tomando en cuenta, entre otros aspectos: el acuerdo adoptado entre quien presta el servicio y el cliente, el juicio de peritos, la costumbre, el lugar, la importancia de los trabajos prestados, la del asunto, la capacidad pecuniaria de la persona que reciba el servicio, la reputaci�n de quien lo haya prestado, as� como la utilidad y relaci�n directa entre los gastos y costas del litigio, con base en la informaci�n proveniente de las constancias de autos, elementos todos que se advierten del propio marco legislativo civil local. Lo anterior se corrobora si se atiende al contenido del art�culo 1089 del aludido c�digo, en el cual se advierte que la intenci�n del legislador es, por regla general, que las costas se regulen con base en aranceles, y s�lo en su defecto se recurra a mecanismos de valoraci�n diferentes.

    Finalmente, en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 195 de la Ley de Amparo, la tesis jurisprudencial que se sustenta en este fallo deber� identificarse con el n�mero que le corresponda y remitirse a la Coordinaci�n General de Compilaci�n y S.�n de Tesis para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, as� como a la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Juzgados de Distrito para su conocimiento.

    Por lo expuesto y fundado, se

    resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n de tesis entre el D�cimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito, seg�n se se�ala en el considerando quinto de esta resoluci�n.

SEGUNDO

Debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Tribunal Pleno, conforme a la tesis que ha quedado redactada en la parte final del �ltimo considerando de esta ejecutoria.

TERCERO

Rem�tase de inmediato la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resoluci�n a la Coordinaci�n General de Compilaci�n y S.�n de Tesis para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, as� como a la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y a los Juzgados de Distrito, para su conocimiento.

N.�quese; y, en su oportunidad, arch�vese el toca.

As� lo resolvi� el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en sesi�n del d�a siete de octubre de dos mil tres, por unanimidad de diez votos, de los se�ores Ministros: S.S.A.A., G.D.G.�ngora P., J.V.C. y C., J.D.R., J.V.A.A.�n, Jos� de Jes�s G.�o P., G.I.O.M., H.R.P., O.S.C. de G.�a V. y presidente M.A.G.�itr�n. Fue aprobado el proyecto y ponente el se�or Ministro Jos� de Jes�s G.�o P..