Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26826499

Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Localizacion:SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Marzo de 2002
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 34/2001-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO SE CONFIGURA CUANDO LO QUE SE AFIRMA EN UNA DE LAS SENTENCIAS NO SE NIEGA EN LA OTRA.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 34/2001-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL D�CIMO CUARTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: S.S.A.A..

SECRETARIA: VER�NICA NAVA RAM�REZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO

Es conveniente, a continuaci�n, determinar si existe la contradicci�n denunciada.

Con ese fin, es necesario realizar las siguientes precisiones:

El criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisi�n contenido en el toca 358/2000, deducido del amparo indirecto 316/2000-II, seguido ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Colima, promovido por C�sar G.G.�lez, tiene los siguientes antecedentes:

Por escrito de nueve de junio del a�o dos mil, C�sar G.�lez G.�lez solicit� el amparo y protecci�n de la Justicia Federal por considerar violadas en su perjuicio las garant�as contenidas en los art�culos 1o., 5o., 27, 114, 122 y 124 de la Constituci�n General, respecto de los actos reclamados al director de Transporte del Gobierno del Estado de Colima, delegado de Transporte en el Municipio de Manzanillo, Colima, procurador general del Estado y director de Averiguaciones Previas de la Procuradur�a General del Estado, consistentes en la desposesi�n fuera de procedimiento de la camioneta Pick-up, tipo C., modelo 1997, marca Chevrolet, serie 1GCEC34K7VZ194457, motor VZ194457.

Previo tr�mite del juicio de amparo indirecto en menci�n, por sentencia de seis de septiembre del a�o dos mil, el J. Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Colima concedi� el amparo solicitado, y en relaci�n con el inter�s jur�dico del quejoso, materia de la presente contradicci�n de tesis, estim� que dicho inter�s se acredit� porque de la valoraci�n conjunta (en t�rminos de lo dispuesto por los art�culos 203 y 205 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria a la materia de amparo) de los documentos consistentes en factura del veh�culo descrito con antelaci�n, as� como de la tarjeta de circulaci�n correspondiente expedida por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, por no haber sido objetado el primero ni demostrada la falsedad del segundo, se prob� fehacientemente el derecho de propiedad del quejoso en relaci�n con el automotor objeto de la litis, que es precisamente el objeto del desposeimiento. Cita las tesis de jurisprudencia III.1o.C. J/12, visible en la p�gina 97, T.I., marzo de 1992, Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, de rubro: "FACTURAS NO OBJETADAS. VALOR PROBATORIO DE LAS." y III.3o.C. J/18, visible en la p�gina 63, tomo 68, agosto de 1993 de la Gaceta del citado Semanario, de rubro: "POSESI�N DE VEH�CULOS, LA TARJETA DE CIRCULACI�N ES SUFICIENTE PARA ACREDITARLA.".

Inconforme con el sentido de la sentencia anterior, el delegado de Transporte en el Municipio de Manzanillo, Colima, interpuso en su contra recurso de revisi�n del que, por determinaci�n de competencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, conoci� el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que por ejecutoria de diez de abril del a�o dos mil uno confirm� la sentencia recurrida.

Las consideraciones de dicha ejecutoria, en la parte que interesa, son las siguientes:

TERCERO. No ser�n materia de esta resoluci�n la consideraci�n segunda y el resolutivo primero que hace el J. de Distrito para sobreseer en el juicio de amparo, ya que tales determinaciones no fueron recurridas por la parte quejosa, �nica a quien podr�an perjudicar. Sobre el punto tiene aplicaci�n la tesis n�mero 480, visible a fojas trescientos dieciocho del T.V., Materia Com�n, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, cuyo texto dice: ?REVISI�N. NO ES MATERIA DE ESTE RECURSO EL RESOLUTIVO QUE NO AFECTA A LA RECURRENTE Y NO SE IMPUGNA POR LA PARTE A QUIEN PUDO PERJUDICAR.? (la transcribe). CUARTO. Son infundados los agravios. Primeramente, por raz�n de t�cnica se proceder� a abordar el estudio del segundo de los agravios hechos valer por la autoridad recurrente, de conformidad con lo dispuesto por el �ltimo p�rrafo del art�culo 73 de la Ley de Amparo, por involucrar cuestiones de orden p�blico, que obligan a abordar su an�lisis de manera prioritaria. En efecto, la autoridad recurrente en su segundo agravio, contrario a lo considerado por el a quo, esencialmente sostiene que, en el caso, el impetrante de garant�as no acredit� su inter�s jur�dico, situaci�n que, seg�n aduce, de haber considerado la documentaci�n anexa a su informe justificado, el J. de Distrito habr�a advertido, pues, dice, de tales documentos se advierte la alteraci�n de los n�meros que sirven para la identificaci�n de la unidad vehicular materia del amparo, por lo que en todo caso, se�ala, el quejoso ten�a inter�s jur�dico sobre un bien distinto al que fue por ello detenido. El J. de Distrito, cuya sentencia se revisa, en el quinto considerando de la misma, acerca del inter�s jur�dico de la parte quejosa sostuvo que �ste se acreditaba con las copias certificadas de la factura n�mero 3440, expedida el diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y siete por Autos Reynosa, Sociedad An�nima de Capital Variable, a favor del promovente del amparo C�sar G.G.�lez, por la compra del veh�culo que en ella se describe y con la tarjeta de circulaci�n expedida por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, el cinco de junio de mil novecientos noventa y nueve, del veh�culo automotor marca Chevrolet C-20, C. 350, motor n�mero VZ194457, serie 1GCEC34K7VZ194457, modelo 1997, placas de circulaci�n VW92156, pues seg�n la valoraci�n que dio a tales documentos y con apoyo en los art�culos 203 y 205 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria a la Ley de Amparo, por no haber sido objetado el primero, ni demostrada la falsedad del segundo, prueban plenamente el derecho de propiedad del quejoso del automotor en ellos descrito, que es precisamente el que fue objeto del desposeimiento por el delegado de Transporte del Gobierno del Estado de Colima. As�, son incorrectas las aseveraciones de la recurrente en cuanto aluden a la falta de inter�s jur�dico del quejoso C�sar G.G.�lez; en efecto, como puede advertirse en el caso, la factura y tarjeta de circulaci�n a las cuales se ha aludido corresponden, como lo sostuvo el J. a quo, a una camioneta tipo C., marca Chevrolet, modelo 1997, n�mero de serie 1GCEC34K7VZ194457, n�mero de motor VZ194457, automotor que coincide con aquel que el director de Transporte del Gobierno del Estado de Colima puso a disposici�n del director de Averiguaciones de la Procuradur�a General de Justicia de la misma entidad federativa, como puede advertirse de la copia certificada del oficio n�mero 557/2000, adjuntada al informe justificado rendido por el director de m�rito que obra a foja cuarenta y cuatro del juicio de garant�as; sin que sea �bice a lo anterior el hecho de que, en el propio oficio, se aduzca que ?la plaquita del tablero? es falsa y que se encuentra remarcado el n�mero de serie, pues, en primer lugar, no existe precepto jur�dico alguno que faculte a la mencionada autoridad responsable a determinar si los n�meros de identificaci�n de un veh�culo son falsos o est�n alterados y, por otro lado, en los autos no existe constancia de fallo alguno, dictado por autoridad competente, que resuelva en tal sentido, por virtud del cual se establezca, consecuentemente, que los derechos que otorgan la factura y tarjeta de circulaci�n no correspondan a la camioneta cuya propiedad ostenta el quejoso. De igual forma, no constituye obst�culo a la consideraci�n del a quo el peritaje llevado a cabo dentro de la averiguaci�n previa 267/2000, en el cual se sostiene que los n�meros de identificaci�n del veh�culo del cual se habla, que coinciden con los de la factura y tarjeta de circulaci�n en los cuales sustenta su inter�s jur�dico el quejoso, son falsos, pues tal situaci�n no se traduce en una resoluci�n que prive al quejoso de los derechos que ostenta en relaci�n con la camioneta cuya desposesi�n reclama, ya que dicho peritaje y la ponderaci�n realizada por el Ministerio P�blico en relaci�n con el mismo, s�lo constituyen pesquisas o indagaciones que el Ministerio realiza para la persecuci�n de hechos que estima delictuosos, las cuales s�lo una vez que han sido sometidos a la consideraci�n jurisdiccional y confirmado su sentido por �sta, podr�n estimarse como jur�dicamente ciertos. Por otro lado, igualmente resulta infundado el primer concepto de agravio, mediante el cual se dice que es procedente la reposici�n del procedimiento en el juicio de garant�as cuya resoluci�n se revisa, en virtud de no haberse llamado a juicio al tercero perjudicado, pues de las constancias que obran en autos del mencionado procedimiento de control constitucional, no se advierte que de alguna de ellas se desprenda la existencia de persona alguna a quien corresponda la calidad de tercero perjudicado. Sin que asista la raz�n a la recurrente en cuanto se�ala haber acompa�ado a su informe documento p�blico consistente en el reporte de robo emitido por OCRA (foja 49 del juicio de amparo indirecto), que al no ser objetado en el juicio por las partes en cuanto a su autenticidad y contenido, aduce, tiene valor probatorio pleno para acreditar los hechos que en �l se consignan, pues aun llegando a coincidir con la agraviada, en el sentido de que en �l se contiene una declaraci�n que afirma la existencia de un reporte de robo en relaci�n con la camioneta que interesa al presente asunto, del an�lisis de tal constancia no se advierte que el documento cuya existencia se encuentra certificada se haya suscrito por autoridad, al no contener la denominaci�n o el sello de entidad de gobierno alguna, ni mucho menos se desprende de su texto que haya sido expedido por un funcionario revestido con fe p�blica cuya formaci�n le est� encomendada por la ley, o por funcionario p�blico en ejercicio de sus funciones, por lo que no puede estimarse se trate de un documento p�blico, de conformidad con el art�culo 129 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria a la Ley de Amparo, como se pretende, sino que, por el contrario, se trata de un documento privado acorde con lo dispuesto por el precepto 133 del c�digo de procedimientos aludido, cuya existencia est� certificada; en consecuencia, aun considerando que en �l se contiene la declaraci�n de lo que la recurrente identifica como OCRA, afirmando la existencia de un reporte de robo, lo cierto es que tal declaraci�n por provenir de un tercero, de conformidad con el art�culo 203 del ordenamiento procesal mencionado, s�lo hace fe de la existencia de la declaraci�n, mas no de la veracidad de los hechos afirmados consistentes en la existencia de un reporte de robo relacionado con el veh�culo materia de la litis cuyo fallo se revisa. Cobra aplicaci�n a lo anterior, el criterio sustentado en la tesis VI.2o.18 K, por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la p�gina cuatrocientos nueve, Tomo III, febrero de 1996 del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice: ?DOCUMENTO PRIVADO PROVENIENTE DE TERCERO, VALOR PROBATORIO DEL.? (la transcribe). As� las cosas, al resultar infundados los agravios, lo que procede es confirmar la sentencia recurrida.

Con motivo de este asunto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito elabor� la tesis aislada pendiente de publicaci�n TC031083.9 AD1, que se�ala lo siguiente:

FALTA DE INTER�S JUR�DICO. DESPOSESI�N. NO SE ACREDITA MEDIANTE EL PERITAJE LLEVADO A CABO DENTRO DE LA AVERIGUACI�N EN EL CUAL SE SOSTIENE QUE LOS N�MEROS DE IDENTIFICACI�N DEL VEH�CULO SON FALSOS. El peritaje llevado a cabo dentro de la averiguaci�n previa, en el cual se sostiene que son falsos los n�meros de identificaci�n del veh�culo cuya desposesi�n se reclama en el juicio de amparo, que coinciden con los de la factura y tarjeta de circulaci�n en los cuales sustenta su inter�s jur�dico el quejoso, no puede v�lidamente servir de base para estimar la falta de tal inter�s, pues tal situaci�n no se traduce en una resoluci�n que prive al quejoso de los derechos que ostenta en relaci�n con el automotor cuya desposesi�n se reclama, ya que, dicho peritaje y la ponderaci�n realizada por el Ministerio P�blico en relaci�n al mismo, s�lo constituyen pesquisas o indagaciones que �ste realiza para la persecuci�n de hechos que estima delictuosos, las cuales, s�lo una vez que han sido sometidos a la consideraci�n jurisdiccional, y confirmado su sentido por �sta, podr�n estimarse como jur�dicamente ciertos.

CUARTO

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito al resolver el amparo en revisi�n 139/97 administrativa, deducido del amparo indirecto 1664/96, promovido por J.F.V., seguido ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucat�n, tiene los siguientes antecedentes:

  1. Por escrito presentado en la Oficial�a de Partes Com�n de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucat�n el cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, J.F.V. solicit� el amparo y protecci�n de la Justicia Federal por los actos reclamados al suboficial de la Polic�a Federal de Caminos, agente investigador del Ministerio P�blico del fuero com�n adscrito al Municipio de Valladolid, Yucat�n, procurador general de Justicia del Estado y secretario de Protecci�n y Vialidad del Estado, consistentes en el decomiso y aseguramiento del veh�culo marca Chrysler, tipo S., modelo 1991, serie X1549097.

  2. Previo el tr�mite del juicio de amparo indirecto 1664/96 seguido ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucat�n, por sentencia de seis de febrero de mil novecientos noventa y siete, el J. de Distrito sobresey� en el juicio porque estim� que por ser precisamente la cuesti�n relativa a la propiedad del autom�vil la que se estaba dilucidando ante la autoridad administrativa y debido a que del examen comparativo entre la factura del veh�culo de que se trata, exhibida por el quejoso para acreditar el inter�s jur�dico y la exhibida por la autoridad responsable en relaci�n con el propio automotor, aqu�lla presenta discrepancias; el juzgador federal decidi� que es la autoridad investigadora que ha tomado conocimiento de los hechos denunciados, la que en cumplimiento de sus atribuciones es quien debe decidir a qui�n pertenece legalmente la unidad automotriz en cuesti�n; por tanto, el quejoso no acredit� con documentos id�neos su leg�tima posesi�n sobre el bien. Cita la tesis visible a fojas 378, Tomo I, mayo de 1995, Novena �poca, contenida en el Semanario Judicial de la Federaci�n, de rubro: ?INTER�S JUR�DICO. NO PUEDE DEMOSTRARSE CON LA PRUEBA PRESUNCIONAL.?; la tesis visible a foja 465, T.X., mayo de 1994, Octava �poca, compilada en el mismo Semanario, de rubro: ?INTER�S JUR�DICO RELATIVO A LA PROPIEDAD DE BIENES MUEBLES, COMPROBACI�N DEL.? y tesis de jurisprudencia 10, visible a fojas 46, Volumen LXXVI, Parte VII del Ap�ndice al citado Semanario 1917-1985, de rubro: ?INTER�S JUR�DICO EN EL AMPARO, QU� DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL.?.

  3. Inconforme con el sentido de la sentencia anterior, el quejoso interpuso en su contra recurso de revisi�n que por raz�n de turno correspondi� conocer al Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito, el que por ejecutoria del nueve de mayo de mil novecientos noventa y siete confirm� la sentencia recurrida.

Las consideraciones de dicha ejecutoria, en la parte que interesa, son las siguientes:

QUINTO. En la materia de la revisi�n se advierte que en este asunto el J. de Distrito sobresey� en el juicio de garant�as por considerar que el promovente del amparo carece de inter�s jur�dico para intentar la acci�n constitucional, por no haber demostrado fehacientemente ser el propietario del autom�vil marca Chrysler modelo mil novecientos noventa y dos, cuya desposesi�n reclam� el quejoso. Por su parte, el inconforme aduce, en s�ntesis, que aun suponiendo sin conceder que el veh�culo de que se trata pudiere ser objeto de un acto ilegal, lo cierto es que demostr� tener la posesi�n y propiedad del autom�vil en cuesti�n con la factura mediante la cual lo adquiri� y la tarjeta de circulaci�n correspondiente y que por ello demostr� tener inter�s; que el J. de Distrito dej� de advertir que pose�a el veh�culo, pues al ser asegurado, iba en el interior del mismo como pasajero y que tal posesi�n le concede el inter�s de acceder. Lo que antecede es infundado, en atenci�n a las consideraciones siguientes: Del informe rendido por las autoridades responsables se advierten las siguientes pruebas: a) Un parte informativo suscrito por el suboficial de la Polic�a Federal de Caminos, M.A.S.T., en el cual relat� los hechos relativos al aseguramiento del autom�vil de que se trata en los siguientes t�rminos: ?De acuerdo a los art�culos 36, fracciones X y XXVII, de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica Federal 3 (sic), fracci�n II, de la Ley de V�as Generales de Comunicaci�n, 20 del Reglamento Interior de la Secretar�a de Comunicaciones y Transportes vigente, 19, 20 y dem�s aplicables del Reglamento de la Polic�a Federal de Caminos en vigor, nos permitimos informar a usted que el d�a de hoy al estar efectuando nuestro servicio de seguridad y vigilancia correspondiente al �nico turno de las 9:00 a las 18:00 horas, a bordo C.R.P. 5003 siendo las doce treinta horas nos percatamos que a la altura del Km. 153+000 de la carretera (180 D) autopista Kantunil-Canc�n, tramo Kantunil-entronque carr. (295), transitaba un veh�culo el cual efectuaba una mala maniobra (en sentido opuesto) en �rea de servicios (isleta de la autopista), por lo cual procedemos a darle alcance report�ndolo al Centro de Comunicaciones Centro T�ctico II Valladolid de esta Polic�a Federal de Caminos, indic�ndole a su conductor detuviera su marcha con se�ales �pticas y ac�sticas (torretas), procediendo a solicitarle su licencia y tarjeta de circulaci�n resultando ser un veh�culo tipo sed�n S., marca Chrysler, modelo 1991, color blanco, serie X15490909, motor hecho en M�xico, con placas de circulaci�n YWJ-5303 de Yucat�n, extempor�neas de 1995, propiedad del C.J.F.V. con domicilio en calle 35 No. 238 X 44 y 46 en Progreso, Yucat�n, seg�n tarjeta de circulaci�n No. A18519, conducido por el C.J.F.F.P., mexicano de 29 a�os de edad con domicilio en calle 35 No. 258 X 50 y 52 en Progreso, Yucat�n, con licencia para conducir No. C-1193, tipo chofer del Estado de Yucat�n, vigente. Procediendo a comparar la serie de la tarjeta de circulaci�n con la del veh�culo (tablero) no coincidiendo, siendo �ste 3C3B146B4NT549097, realizando una investigaci�n m�s minuciosa encontrando que el n�mero de serie en el tablero est� hecho de aluminio y el que portaba en el poste del radiador hecho del mismo material (bote de cerveza modelo), profundiz�ndonos m�s en la investigaci�n nos encontramos en la portezuela delantera izquierda otra serie No. NT206782, revisando el n�mero secreto en la parte posterior derecha del chasis encontr�ndolo remarcado e ilegible el n�mero, motivo por el cual procedimos a solicitar la presencia del responsable del turno, procediendo por medio del Centro de Comunicaciones Polic�a Federal de Caminos verificara al Centro de Comunicaciones de M�xico, resultando ser �ste robado con n�mero de serie NT206787, el cual fue denunciado al Ministerio P�blico de Naucalpan, Estado de M�xico, con n�mero de acta NJR/I/2046/992-5, con fecha 21 de mayo de 1992. Por lo antes expuesto se formula el folio de infracci�n n�mero 362832 al C.J.F.F.P., conductor del veh�culo antes descrito por:Salir mal en v�a de acceso controlado con violaci�n al Art. 95 del Reglamento de Tr�nsito en Carreteras Federales vigente, reteni�ndole en garant�a de dicho folio el veh�culo antes descrito con base en el art�culo 76 de la Ley de Caminos y Puentes de Autotransporte Federal, quedando depositado en el local de encierro de Gr�as �vila Hnos., sito en el Km. (ilegible) Carretera Valladolid-Tizim�n, en esta ciudad a disposici�n de la autoridad competente y del Departamento de Transporte Terrestre en M�rida, Yuc. Procede denunciar los hechos el C. Agente del Ministerio P�blico del fuero com�n, en Valladolid, Yuc., present�ndose con el oficio de denuncia el C.J.F.F.P. conductor del veh�culo y sus acompa�antes el C.J.B.F.V., J.A.C.P. y J.A.I.. Se anexa inventario del veh�culo folio de infracci�n n�mero 362832, recibo de personas presentadas, recibo de pertenencias.?; b) la inspecci�n ocular del veh�culo aludido, practicada por el agente del Ministerio P�blico del fuero com�n adscrito en Valladolid, Yucat�n, que dio como resultado lo siguiente: ?Un autom�vil de la marca Chrysler, tipo S., de color blanco, modelo 1991, 4 puertas, autom�tico, con aire acondicionado, cristales el�ctricos, gu�a hidr�ulica y con placas de circulaci�n YWJ-5303 del Estado de Yucat�n, mismo veh�culo que presenta da�os en el guardalodos trasero del lado izquierdo, el cual se encuentra abollado y despintado. Acto seguido, esta autoridad, al realizar una revisi�n exhaustiva al mencionado veh�culo se dio fe de que la portezuela izquierda delantera presenta en su interior una placa en la cual se aprecia el n�mero de serie NT-206782, mismo n�mero que es de f�brica, asimismo se hace constar que la placa que tiene en el tablero se constat� que es el mismo n�mero de serie arriba se�alado, pero al revisar se dio fe de que la placa est� hecha de aluminio de lata de cerveza Modelo Especial; as� como tambi�n se encontr� otra placa de aluminio a un lado del seguro del capirote con el mismo n�mero de serie, la cual est� hecha del material en que viene la pasta dental Colgate y debajo de esta placa hay otro pedazo de aluminio de lata de cerveza de la marca Modelo Especial; asimismo se hace constar que las placas mencionadas est�n bien recortadas y aparentan ser originales. Acto seguido, esta autoridad procede a checar el n�mero confidencial ubicado en la llanta trasera del lado derecho, verific�ndose que tiene el n�mero NT-206782, y en la parte en la cual se encuentra impreso est� borroso y doblado y est� sumido.?; c) La declaraci�n del hoy quejoso en su car�cter de indiciado, quien expuso en s�ntesis que el siete de enero de mil novecientos noventa y tres adquiri� el autom�vil referido a la negociaci�n denominada Autos Andr�s, S.A. de C.V., por la cantidad de cuarenta mil pesos moneda nacional y que el vendedor le hizo el tr�mite de la documentaci�n correspondiente, quien le entreg� la factura del autom�vil expedida por la propia negociaci�n, la cual exhibe, la tarjeta de circulaci�n y una copia de la factura original; y que el doce de noviembre de mil novecientos noventa y seis, cuando transitaba a bordo del citado automotor, que era guiado por J.F.F.P., fue interceptado por un agente de la Polic�a Federal de Caminos, por una infracci�n de tr�nsito y que al revisar minuciosamente les manifest� que el autom�vil fue reportado como robado en Naucalpan, Estado de M�xico, en el mes de mayo de mil novecientos noventa y dos, pero que �l ignoraba la procedencia del mismo. Conviene adicionalmente relatar que del informe justificado rendido por la responsable se advierte la existencia de diversas copias relacionadas con la averiguaci�n previa que se sigue ante el agente del Ministerio P�blico del fuero com�n del Estado de M�xico, relativa al robo del autom�vil Chrysler, modelo 1992, tipo S., con n�mero de serie NT-206782, cuya factura aparece a nombre de la empresa AT&T, Sociedad An�nima de Capital Variable, expedida el once de marzo de mil novecientos noventa y dos, tambi�n se aprecia copia del reporte del veh�culo robado a la Secretar�a de Transporte, D.�n General de la Polic�a Federal de Caminos y Puertos de Comunicaciones M�xico, asent�ndose el n�mero de serie previamente aludido, anex�ndose tambi�n copia de un �rgano mensual informativo de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, relativa a un listado de veh�culos reportados robados de treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y seis (fojas de la noventa y cinco a la ciento cinco del juicio de garant�as). Todo este cuadro probatorio revela que el agente de la Polic�a Federal de Caminos, en su car�cter de �rgano auxiliar de las autoridades investigadoras de los delitos, asegur� al hoy quejoso un veh�culo cuyos datos coinciden con un autom�vil reportado como robado y que al respecto se abri� una averiguaci�n previa relacionada con tal evento. Adem�s, se advierte que el veh�culo de que se trata, en s� mismo contiene huellas que presumiblemente revelan alteraciones a sus registros de identificaci�n, pues aparece que alguno de tales datos de identificaci�n fueron manufacturados despu�s de su original fabricaci�n y comercializaci�n legal, ya que de la revisi�n que se hizo del mismo, se evidencia, que la placa que tiene en el tablero relativo al n�mero de serie fue hecha de aluminio de lata de cerveza Modelo Especial, as� como tambi�n se encontr� otra placa de aluminio a un lado del seguro del capirote (sic) con el n�mero de serie, y que en este caso se hizo con un material en que se envasa la pasta dental Colgate, apreci�ndose tambi�n que el n�mero confidencial ubicado en la llanta trasera del lado derecho est� borroso y doblado, de modo que puede decirse que el autom�vil contiene alteraciones en sus registros de identificaci�n, que en s� mismo revela conductas dirigidas a alterarlos; y si en la factura expedida por Automotriz Andr�s, Sociedad An�nima de Capital Variable, con la cual el quejoso procedi� a demostrar la propiedad del veh�culo, se encuentra el n�mero de serie del veh�culo que aparece en los vestigios de alteraciones aludidos, es claro que con tal documentaci�n no se est� en aptitud de demostrar la propiedad respecto al bien de que se trata, como estim� el resolutor federal; m�xime que adicionalmente existen datos suficientes para presumir que dicho automotor es aquel reportado robado a su leg�timo propietario, por coincidir el n�mero de serie del Registro Federal de Autom�viles del carro asegurado, que no se logr� borrar con aquel que fue presuntamente robado en el Estado de M�xico y reportado a las autoridades investigadoras como tal. Ahora bien, es verdad que el quejoso detentaba materialmente el citado automotor y que no aparecen en su totalidad las constancias procesales de la averiguaci�n previa que se origin� por el presunto delito de robo del citado veh�culo; empero, la disposici�n material del veh�culo por parte del quejoso, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, no le otorga inter�s jur�dico para promover el presente juicio de garant�as como se pasar� a explicar. La tenencia f�sica de un objeto mueble cuando existen datos que revelan que puede tener como origen la existencia de un hecho il�cito, en este caso el de robo, no puede producir consecuencia jur�dica a favor del detentador, porque en esas circunstancias la detentaci�n de la cosa desde el instante en que se cometa el delito, permanece en un estado de ilicitud, en todos los posteriores tenedores de dicho bien, sin que tal situaci�n pueda convalidarse con actos aparentemente l�citos, y si en el presente caso aparecen datos que revelen que el autom�vil asegurado fue presuntamente robado en el Estado de M�xico y que adem�s en �l se advierten alteraciones sustanciales a sus datos de identificaci�n que evidencian inequ�vocamente la posibilidad real de la existencia de una conducta criminosa, es evidente que su detentador est� inmerso en ese estado de ilicitud en que permanece la cosa, m�xime que ello se prev� expresamente por la ley al ser ahora punibles diversas cuestiones relacionadas con el robo de autom�viles, que se surten durante el lapso posterior al momento en que el autom�vil es despojado a su tenedor por apoderamiento, en atenci�n a la reforma del art�culo 377 del C�digo Penal del Distrito Federal, de aplicaci�n federal publicado el trece de mayo de mil novecientos noventa y seis, el cual prev� lo siguiente: ?Se sancionar� con pena de cinco a quince a�os de prisi�n y hasta mil d�as de multa, al que a sabiendas y con independencia de las penas que le correspondan por la comisi�n de otros delitos:? (transcribe), sin que se pierda de vista que el robo de veh�culos se ubica entre los delitos a que se refiere la nueva Ley de Delincuencia Organizada. En consecuencia, si existen datos en la estructura del veh�culo que revelen que �ste ha sufrido alteraciones en sus especificaciones relacionadas con su propia identificaci�n y registro; y adem�s los �rganos de la averiguaci�n y persecuci�n de los delitos o sus auxiliares advierten que el veh�culo, por sus caracter�sticas es presuntamente el mismo reportado como robado en diversa averiguaci�n previa, es evidente que el tenedor material del autom�vil carece de inter�s jur�dico para ocurrir al juicio de garant�as, pues ante tales circunstancias, simplemente es un detentador de la cosa (la cual se encuentra en un estado de ilicitud desde que fue presuntamente robado a su propietario o poseedor leg�timo); sin perjuicio de que tanto durante la secuela de la averiguaci�n previa, como en su caso durante la sustentaci�n del procedimiento ante el �rgano jurisdiccional, el interesado est� en aptitud de demostrar que la tenencia material del autom�vil no encuadra en ese estado de ilicitud, ni antijuridicidad, por alguna causa que razonablemente lo justifique. En conclusi�n, el simple hecho de que el particular quejoso detente un veh�culo notoriamente alterado en sus signos de identificaci�n y presente una factura relacionada con ellos, hace presumir la antijuridicidad en tal determinaci�n, m�xime si existen datos fehacientes para suponer que el veh�culo que detenta es uno reportado como robado en diversa averiguaci�n previa y, en consecuencia, dicho tenedor de la cosa carece de inter�s jur�dico para acudir al juicio de garant�as, mientras que ante las autoridades competentes no demuestre fehacientemente alguna causa que razonablemente justifique la tenencia material del veh�culo, por lo que en los t�rminos de lo dispuesto en la fracci�n V del art�culo 73 de la Ley de Amparo, se surte una causal de improcedencia que ocasiona que debe sobreseerse en el juicio de garant�as como estim� el resolutor federal. En estas condiciones, siendo infundados los agravios hechos valer por el inconforme, lo procedente es confirmar la sentencia sujeta a revisi�n y sobreseer en el juicio de garant�as.

Con motivo de este asunto, el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito elabor� la tesis XIV.2o.20 K visible a fojas 742, T.V., agosto de 1997, Novena �poca, compilada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice:

INTER�S JUR�DICO. NO LO TIENE EL QUE DETENTA UN VEH�CULO QUE PRESENTA LOS DATOS DE IDENTIFICACI�N Y REGISTRO VISIBLEMENTE ALTERADOS, QUE COINCIDEN CON LOS DE LA FACTURA EXHIBIDA PARA ACREDITARLO. Carece de inter�s jur�dico para reclamar, mediante el juicio de garant�as, el aseguramiento de un veh�culo, la persona que exhibe para ese efecto una factura que contiene datos de identificaci�n y registro coincidentes con los del automotor que, seg�n se desprende inequ�vocamente de las constancias remitidas con el informe justificado, revelan alteraciones sustanciales que indican suficientemente la posibilidad de una conducta criminosa, por haber sido manufacturados despu�s de su original fabricaci�n y comercializaci�n legal. Ello, porque en tal caso la sola tenencia f�sica no puede producir consecuencia jur�dica l�cita en favor del detentador, pues de acuerdo con el art�culo 377 del C�digo Penal Federal, vigente a partir del catorce de mayo de mil novecientos noventa y seis, desde entonces son punibles diversas conductas relacionadas con veh�culos robados como su comercializaci�n, tr�fico o la alteraci�n de los documentos que acreditan su propiedad.

QUINTO

Del an�lisis de las ejecutorias antes transcritas se advierte que s� existe contradicci�n entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 358/2000, y el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 139/97, ello en cuanto al tema relacionado con la posesi�n.

En cambio, no existe la contradicci�n de tesis denunciada, por una parte, entre el criterio sustentado por Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y por otra, el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito, en cuanto al tema relacionado con el inter�s jur�dico.

Para poder establecer la contradicci�n de tesis respecto del tema relativo a la posesi�n, deben considerarse los siguientes antecedentes.

En el amparo indirecto 316/2000-II promovido por C�sar G.G.�lez del que conoci� el J. Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Estado de Colima, cuya ejecutoria fue dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en el toca 358/2000, fue interpuesto, como se dijo, en contra de la desposesi�n de la camioneta Pick-up, modelo 1997, marca Chevrolet, motor VZ194457, serie 1GCEC34K7VZ194457, por no coincidir el n�mero confidencial y el n�mero de motor de la unidad con el de la factura y por estar remarcado en el n�mero de serie, inici�ndose, en consecuencia, la averiguaci�n previa para investigar los hechos.

Por su parte, en el amparo indirecto 1664/96 promovido por J.F.V., seguido ante el J. Primero de Distrito en el Estado de Yucat�n, cuya ejecutoria fue emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito en el toca 139/97 administrativa, se interpuso en contra del decomiso o aseguramiento por parte de las autoridades administrativas persecutoras de delitos, del sed�n S., marca Chrysler, modelo 1991, serie X1549097, debido a la existencia de una averiguaci�n previa relativa al robo del veh�culo en cuesti�n, adem�s de que al momento de su puesta a disposici�n se advirti� que los datos del n�mero de serie plasmados en el tablero, radiador y portezuela del veh�culo no coinciden entre s�, ni con el se�alado en la tarjeta de circulaci�n.

De lo anterior se advierte que las demandas de amparo que dieron origen a las tesis en conflicto, fueron promovidas por personas f�sicas en contra de actos de desposesi�n de sus veh�culos, realizado por autoridades administrativas cuya funci�n es o est� relacionada con la persecuci�n de delitos y con motivo de irregularidades detectadas en el n�mero de serie de los propios veh�culos, por lo que debe concluirse que se examinaron cuestiones jur�dicas esencialmente iguales en cuanto a la posesi�n del bien.

A pesar de basarse en los mismos supuestos, los Tribunales Colegiados de Circuito arribaron a conclusiones diferentes, como son:

  1. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito consider� que el quejoso tiene inter�s jur�dico para solicitar la protecci�n constitucional, pues aun cuando en el oficio por el que el director de Averiguaciones de la Procuradur�a General de Justicia del Estado de Colima se se�ala que la plaquita del tablero es falsa y que se encuentra remarcado el n�mero de serie del veh�culo tipo C., marca Chevrolet, modelo 1997, serie 1GCEC34K7VZ194457, motor VZ194457, lo cierto es que, adem�s de que no existe precepto jur�dico alguno que faculte a la autoridad responsable para determinar si los n�meros de identificaci�n de un veh�culo son falsos o est�n alterados, no hay constancia de fallo dictado por autoridad competente que determine que los derechos que otorgan la factura y la tarjeta de circulaci�n no correspondan a la camioneta cuya propiedad ostenta el solicitante del amparo; sin que el peritaje llevado a cabo en diversa averiguaci�n previa en el que se sostiene que los n�meros de identificaci�n del veh�culo son falsos, sea suficiente para desestimar el inter�s jur�dico del quejoso, puesto que tal situaci�n no se traduce en una resoluci�n que lo prive de los derechos que ostenta en relaci�n con la camioneta de que se trata, ya que dicho peritaje y la ponderaci�n realizada por el Ministerio P�blico al respecto, s�lo constituyen pesquisas o indagaciones realizadas para la persecuci�n de hechos que se estiman delictuosos, los cuales, una vez sometidos a la consideraci�n jurisdiccional y confirmado su sentido, podr�n estimarse como jur�dicamente ciertos.

  2. El Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito, por su parte, estim� que del examen integral y relacionado de las constancias de autos, en espec�fico del parte informativo suscrito por el suboficial de la Polic�a Federal de Caminos; inspecci�n ocular del veh�culo tipo S., marca Chrysler practicada por el agente del Ministerio P�blico del fuero com�n adscrito en Valladolid, Yucat�n; declaraci�n del solicitante del amparo en su car�cter de indiciado, as� como del informe justificado rendido por la autoridad responsable en el juicio de amparo, revela que el agente de la Polic�a Federal de Caminos, en su calidad de �rgano auxiliar de la autoridad investigadora de delitos, asegur� el veh�culo del quejoso cuyos datos coinciden con un autom�vil reportado como robado relativo a una averiguaci�n previa, adem�s de que el veh�culo del quejoso contiene huellas que presumiblemente confirman la existencia de alteraciones en sus registros de identificaci�n, pues aparece que alguno de los datos de identificaci�n fueron manufacturados ya que el n�mero de serie es diferente en cada caso con los que aparecen tanto en el tablero, seguro del picaporte como en la llanta trasera derecha del veh�culo, hechos que ponen de manifiesto que con tal documentaci�n el quejoso no est� en aptitud de demostrar la propiedad del bien de que se trata, m�xime que, adicionalmente, existen datos suficientes para presumir que dicho automotor es el reportado robado.

Adicionalmente, el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito se�al� que la tenencia f�sica del veh�culo, por s� sola, no otorga inter�s jur�dico al peticionario de garant�as, puesto que al existir datos que revelan que su origen puede tener un hecho delictuoso, su detentaci�n no puede producir consecuencias jur�dicas a su favor porque en esas circunstancias la detentaci�n de la cosa, desde el instante en que se comete el delito, permanece en un estado de ilicitud en relaci�n con los posteriores detentadores del bien, sin que tal situaci�n pueda convalidarse con actos aparentemente l�citos, ello sin perjuicio de que durante la secuela de la averiguaci�n previa el quejoso demuestre que la tenencia material del autom�vil objeto de la litis no encuadra en ese estado de ilicitud ni antijuridicidad.

Es decir, mientras un Tribunal Colegiado sostiene que independientemente de las manifestaciones realizadas por las autoridades responsables, la sola exhibici�n del t�tulo cuyos datos coinciden con el veh�culo despose�do es suficiente para tener por acreditado el inter�s jur�dico en el juicio de amparo, ya que la nulidad del t�tulo debe ser declarada por el �rgano jurisdiccional competente; el otro Tribunal Colegiado s� examina el t�tulo y llega a la conclusi�n de que los argumentos expuestos por las autoridades responsables demuestran su falta de eficacia para conferir el derecho de posesi�n reclamado.

Ahora bien, en cuanto al tema de la posesi�n jur�dica, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en resoluci�n dictada el veintis�is denoviembre del a�o dos mil uno, al resolver la contradicci�n de tesis 17/91 entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y la sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia del Primer Circuito, determin� los elementos de la posesi�n jur�dica protegida por el juicio de amparo, por lo que, en dicho aspecto, la presente denuncia de contradicci�n queda sin materia.

En efecto, las consideraciones del Tribunal Pleno del Alto Tribunal son las siguientes:

... Siendo la Constituci�n Federal la estructura jur�dica fundamental de un r�gimen de derecho como el nuestro, cuando el Constituyente incluy� la posesi�n como uno de los derechos protegidos por su art�culo 14, lo hizo indudablemente pensando en proteger aquella que deriva de un derecho, esto es, la que se funda en un t�tulo sustentado en una figura jur�dica prevista por la ley, que genere el derecho a poseer. Ello es as�, porque s�lo interpretando de esa manera dicho precepto constitucional, armoniza con el r�gimen de derecho implantado, adem�s de que, por otra parte, en esa forma se asume una posici�n congruente con lo que desde los tiempos de D.A.e.S. se entendi� por posesi�n. Para demostrar lo anterior, es necesario desentra�ar el contenido del art�culo 790 del C�digo Civil para el Distrito Federal (similar al art�culo 840 del C�digo Civil para el Estado de Jalisco y a las disposiciones civiles del resto de las entidades federativas), que literalmente dice: ?Art�culo 790. Es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, salvo lo dispuesto en el art�culo 793. Posee un derecho el que goza de �l.?. Al respecto, cabe precisar que una cosa es la posesi�n como relaci�n o estado de hecho y otra muy diferente es que por virtud de un t�tulo sustentado en una figura jur�dica prevista por la ley se adquiera el derecho a la posesi�n. En efecto, el ejercicio del poder de hecho, por s� solo, no es suficiente para determinar qui�n es poseedor, por la sencilla raz�n de que ese ejercicio por s� solo, es un hecho, y el c�digo, a pesar de que en la definici�n que da en su art�culo 790 no tiene por objeto describir los hechos, sino atribuirlos. Es decir, la posesi�n jur�dica es un derecho y no un hecho que en s� y por s� solo tenga consecuencias jur�dicas a favor del que lo ejercita. No hay que perder de vista que todos los derechos reales y personales son la atribuci�n de actividades determinadas a personas determinadas, pero la posesi�n es la atribuci�n del ejercicio de todas las actividades l�citas a todas las personas, independientemente de que la actividad de usar, disfrutar, etc�tera, haya sido atribuida al mismo tiempo a la misma persona que posee o a otra distinta. Para mayor claridad de lo anteriormente expuesto, cabe se�alar ejemplificativamente el caso en que el propietario de un bien se enfrenta con un tercero que lo despoja, ya no se enfrenta con los detentadores subordinados ni con los poseedores derivados, sino con el que no tiene derecho y s�lo tiene el ejercicio del poder de hecho sobre la cosa. Durante un a�o a partir de la fecha de la amenaza o del despojo, el propietario puede pedir ser mantenido o restituido en virtud de que �l se ha hecho la atribuci�n directa del poder de hecho y la circunstancia de que lo est� ejercitando o no, es indiferente. El hecho es diferente porque lo importante es su atribuci�n, el derecho de posesi�n. Sin embargo, ya sea que el propietario haya abandonado la cosa o permitido que pase un a�o despu�s del despojo, pierde la posesi�n, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 828, fracciones I y V, del C�digo Civil para el Distrito Federal, que literalmente, dicen: ?Art�culo 828. La posesi�n se pierde: I. Por abandono; ... V. Por despojo, si la posesi�n del despojado dura m�s de un a�o.?. Lo anterior no implica que se ha perdido el derecho de propiedad, es decir, no ha perdido su derecho a usar, gozar y disponer de la cosa, ni ha perdido la posesi�n de su derecho, sino que ha perdido el derecho al ejercicio del poder de hecho sobre la cosa, la posesi�n jur�dica de la cosa. Por otra parte, si interpretamos en forma literal el art�culo 790 del C�digo Civil para el Distrito Federal y concluimos que el ejercicio del poder de hecho sobre la cosa se refiere a una relaci�n o estado de hecho entre una persona y una cosa, caer�amos en el absurdo de decir que el propietario que es despojado de su bien carece de inter�s jur�dico para acudir a trav�s de la v�a del amparo a solicitar se le respete su garant�a de audiencia, dado que quien tiene el poder de hecho es un poseedor derivado, ya sea usufructuario, depositario, arrendatario, etc�tera. En efecto, los art�culos 791 y 792 del dispositivo legal en consulta, textualmente, disponen: ?Art�culo 791. Cuando en virtud de un acto jur�dico el propietario entrega a otro una cosa, concedi�ndole el derecho de retenerla temporalmente en su poder en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro t�tulo an�logo, los dos son poseedores de la cosa. El que la posee a t�tulo de propietario tiene una posesi�n originaria, el otro, una posesi�n derivada.?. ?Art�culo 792. En caso de despojo, el que tiene la posesi�n originaria goza del derecho de pedir que sea restituido el que ten�a la posesi�n derivada, y si �ste no puede o no quiere recobrarla, el poseedor originario puede pedir que se le d� la posesi�n a �l mismo.?. Lo transcrito robustece el criterio de que la posesi�n es un derecho y no un simple poder de hecho, y que �ste no es otra cosa que una manifestaci�n del derecho a la posesi�n jur�dica; toda vez que es poseedor tanto quien tiene el ejercicio de ese poder de hecho por virtud de alg�n t�tulo apto para trasmitir el derecho de usar y disfrutar de la cosa, como el que tiene los derechos de propiedad sobre �sta. La confusi�n se origina al interpretarse que el ejercicio del poder de hecho a que alude el art�culo 790, es el objeto mismo de la posesi�n, lo cual es incorrecto como se explicar� enseguida. Como se dijo en p�rrafos anteriores, no puede considerarse poseedor jur�dico al poseedor de hecho, a pesar de que est� ejercitando el poder de hecho sobre la cosa, por la sencilla raz�n de que a �l no se le hizo la atribuci�n del hecho y el derecho es la atribuci�n, como es el caso del supuesto previsto en el art�culo 793 del propio cuerpo de normas en menci�n, que literalmente dice: ?Art�culo 793. Cuando se demuestre que una persona tiene en su poder una cosa en virtud de la situaci�n de dependencia en que se encuentra respecto del propietario de esa cosa, y que la retiene en provecho de �ste, en cumplimiento de las �rdenes e instrucciones que de �l ha recibido, no se le considera poseedor.?. Por tanto, de considerarse que el objeto de la posesi�n es el ejercicio del poder de hecho sobre la cosa, se refiere a la tenencia material de �sta como fen�meno natural y no a la posibilidad de su realizaci�n, no podr�a considerarse al propietario como poseedor, pues nos encontrar�amos con una atribuci�n o derecho sin objeto. Por el contrario, existe una clara distinci�n entre el titular del ejercicio del poder de hecho, el facultado a hacer, el propietario, quien tiene un derecho cuyo objeto es la posibilidad de ejercitar determinada conducta y el poseedor jur�dico que tiene un derecho cuyo objeto es el ejercicio del poder de hecho. El propietario tiene la facultad de usar, disfrutar y disponer del bien aunque no lo est� haciendo, pero cuando no es poseedor no tiene la facultad de estar usando o disfrutando, puesto que la posesi�n es un impedimento jur�dico al ejercicio de sus derechos. Por su parte, el poseedor tambi�n tiene derecho a no ejercitar el poder de hecho sin dejar por ello de ser poseedor, mientras que para encontrar el contenido u objeto de su derecho frente al propietario, no es necesario que dicho objeto sea el fen�meno natural, el ejercicio del poder de hecho. Para tener una mayor claridad respecto de por qu� el objeto de la posesi�n no es el hecho actual, es conveniente abordar el concepto de abandono y continuidad de la posesi�n. Al respecto, con anterioridad se dijo que la posesi�n es un derecho subjetivo y que no tiene por objeto el hecho actual sino la posibilidad de su ejercicio otorgada como facultad (derecho) al poseedor jur�dico. Esto significa que el titular tiene la facultad de optar por el ejercicio o no ejercicio del poder de hecho. Esta �ltima caracter�stica es esencial a todo derecho fundante, ya que si no se tiene derecho al no ejercicio se trata m�s bien de un deber jur�dico que de un derecho. Respecto al no ejercicio, existen cuatro posibilidades: Que el ejercicio sea obligatorio, en cuyo caso claramente se trata de un deber jur�dico y no de un derecho, de una actividad permitida obligatoria y no de una actividad permitida potestativa; que la actividad, como hecho actual, sea el objeto del derecho, en cuyo caso la actividad no es obligatoria, pero su no ejercicio produce la inexistencia del objeto del derecho y, como consecuencia, la del derecho; que el no ejercicio sea obligatorio, en cuyo caso se trata de una prohibici�n atribuida como deber jur�dico de abstenci�n; y, que la actividad se otorgue como facultad potestativa, esto es, que se otorgue junto con la facultad de optar por el ejercicio o no ejercicio. Ahora bien, cuando el objeto del derecho es el hecho actual y no la posibilidad de realizarlo, entonces el abandono o falta de ejercicio del poder de hecho trae como efecto la inexistencia del objeto del derecho y, como consecuencia, la del derecho, encontr�ndonos en el supuesto n�mero 2. El art�culo 828, fracci�n I, del C�digo Civil para el Distrito Federal, establece que se pierde el derecho de posesi�n por abandono, lo cual ocurre si se renuncia expresa o t�citamente al derecho, arrojando la cosa pose�da a la calle o dej�ndola tirada al caerse. En este caso, podemos hablar del abandono como hecho extintivo del derecho, por extinci�n o desaparici�n de la cosa pose�da, del objeto mediato del derecho. Al desaparecer la cosa por voluntad del titular, desaparece la posibilidad de ejercitar el poder de hecho sobre ella y nos encontramos con que la renuncia evidentemente constituye una forma de abandono que produce la p�rdida del derecho. Esta clase de abandono es una verdadera renuncia del derecho que afecta a su existencia tanto cuando el objeto es la posibilidad de realizar el hecho como cuando es el hecho actual mismo. Ahora bien, el significado literal o gramatical de la palabra continuidad supone la no interrupci�n del ejercicio por parte del poseedor, independientemente de que otro tome la cosa en su poder. El art�culo 824 del c�digo en consulta, dispone que: ?Posesi�n continua es la que no se ha interrumpido por alguno de los medios enumerados en el cap�tulo V, t�tulo VII, de este libro.?. Por tanto, si partimos del hecho de que el objeto de la posesi�n es el hecho actual, encontraremos que el simple abandono ser� considerado como interrupci�n. Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo que el art�culo 1168 define como interrupci�n (sin�nimo de falta de continuidad, de conformidad con el art�culo 824), que dice: ?Art�culo 1168. La prescripci�n se interrumpe: I. Si el poseedor es privado de la posesi�n de la cosa o del goce del derecho por m�s de un a�o; II. Por demanda u otro cualquier g�nero de interpelaci�n judicial notificada al poseedor o al deudor en su caso; se considerar� la prescripci�n como no interrumpida por la interpelaci�n judicial, si el actor desistiese de ella, o fuese desestimada su demanda; III. Porque la persona a cuyo favor corre la prescripci�n reconozca expresamente, de palabra o por escrito, o t�citamente por hechos indudables, el derecho de la persona contra quien prescribe. Empezar� a contarse el nuevo t�rmino de la prescripci�n en caso de reconocimiento de las obligaciones, desde el d�a en que se haga; si se renueva el documento, desde la fecha del nuevo t�tulo y si se hubiere prorrogado el plazo del cumplimiento de la obligaci�n, desde que �ste hubiere vencido.?. De lo anterior se advierte que el c�digo en consulta no dispone que el simple abandono constituya interrupci�n o falta de continuidad, sino por el contrario, expresamente se dice que existe abandono (falta de continuidad) cuando el poseedor es privado de la posesi�n por m�s de un a�o. De lo anterior se sigue que el hecho actual no es necesario para la existencia del derecho de posesi�n, sino que lo �nico que es indispensable es que un tercero no llegue a adquirir el derecho mediante la posesi�n si es un hecho generador del derecho. Ahora bien, como se vio con antelaci�n, el ejercicio del poder de hecho, como fen�meno natural (detentaci�n material), no es el objeto del derecho de posesi�n, en cambio s� es el hecho generador de dicho derecho y su manifestaci�n una vez adquirido. Lo anterior se obtiene al tomar en cuenta que cuando se entrega la cosa adquirida al comprador, �ste adquiere el derecho de propiedad por virtud del contrato, as� como tambi�n el derecho de posesi�n del cual era titular el vendedor; pero se requiere la entrega de la cosa para adquirir la posesi�n jur�dica. Tambi�n puede cederse el derecho de posesi�n por el poseedor jur�dico que no es propietario sino simplemente poseedor. En todos estos casos, se trata de medios para adquirir el derecho de posesi�n ya existente. Empero, la �nica forma original de nacimiento del derecho de posesi�n aparece cuando se ejercita el poder de hecho en la forma legal. Todo el mundo, incluso el propietario que no es poseedor, tiene que realizar el hecho (ejercicio del poder de hecho) en la forma prescrita por la ley, para dar nacimiento al derecho de posesi�n. Bajo ese orden de ideas, se desprende que el hecho de la posesi�n es el supuesto jur�dico para el nacimiento del derecho de posesi�n. De todo lo argumentado hasta aqu�, podemos concluir que la expresi�n ?ejercicio del poder de hecho? contenida en el art�culo 790 del C�digo Civil para el Distrito Federal (similar al resto de ordenamientos civiles del resto del pa�s), contiene dos elementos condicionantes del ejercicio del derecho de posesi�n, los cuales prueban plenamente que no se trata simplemente de la relaci�n material y pasiva entre la persona y la cosa: primero, la palabra ejercicio establece la necesidad de que el hombre haga algo; es la voluntad en acci�n; segundo, voluntad que recae sobre la cosa. �ste es el ejercicio actual del poder de hecho, el cual no basta por s� solo para integrar la posesi�n; es decir, aun estos dos elementos juntos son hechos y no derechos; ya que el hecho actual no es el objeto del derecho. Esta aparente contradicci�n entre el derecho a usar y disfrutar, que no es la posesi�n, y el ejercicio del uso y disfrute, que es la manifestaci�n de la posesi�n, ha obligado a la doctrina a decir que la posesi�n es un hecho y no un derecho, aunque sea un hecho con consecuencias jur�dicas. El derecho es la atribuci�n de facultades, como facultades normativas su objeto espec�fico y privativo es el ejercicio de actividades, que consisten exclusivamente en el poder de hecho y no en el uso y disfrute; que el objeto del derecho aparezca ante nuestros sentidos cuando se est� usando y disfrutando es natural; pero ya sabe el poseedor de mala fe, por ejemplo, que si adem�s de retener la cosa la usa y la disfruta, est� obligado a devolver los frutos y a perder los gastos porque el derecho de posesi�n (del cual es titular) no le atribuye el uso y disfrute. Ahora bien, respecto a la esencia del derecho de posesi�n, podemos precisar lo siguiente: Todos los derechos que otorgan actividades relativas al uso, disfrute y aprehensi�n de las cosas, inclusive el derecho de posesi�n, se refieren a las actividades exteriores humanas cuando recaen sobre las cosas; ninguno de los derechos anteriores, incluso el derecho de posesi�n, tienen por objeto el hecho actual, el fen�meno natural, sino la posibilidad de su realizaci�n; al manifestarse todos los derechos que otorgan el uso, disfrute, aprehensi�n, etc�tera, de los bienes, se confunden con la manifestaci�n del derecho de posesi�n, supuesto que �ste, en su manifestaci�n actual tambi�n es el fen�meno natural; esto es, todos los derechos anteriores, inclusive el de posesi�n, son en su ejercicio o manifestaci�n la conjugaci�n del verbo (ejercicio de la actividad), atribuido en el tiempo presente y modo indicativo; pero este ejercicio les est� vedado a los titulares de los derechos de usar y disfrutar cuando no son al mismo tiempo poseedores. En efecto, el propietario, el usufructuario, el arrendatario, etc�tera, no pueden ni f�sica ni jur�dicamente ejercitar sus derechos de uso y disfrute cuando no son poseedores. Entonces, la atribuci�n del verbo en el tiempo presente y en el modo indicativo, es la manifestaci�n del derecho de posesi�n, exclusivamente. Todos los derechos que protegen las actividades humanas que act�an sobre las cosas, inclusive el derecho de posesi�n, son la atribuci�n de actividades como posibilidad potestativa de conducta y no como deber jur�dico, y por esto tales derechos van acompa�ados invariablemente de la facultad de optar por el ejercicio o no ejercicio de las actividades facultadas. Esto da una facultad fundada que no nos da derecho a usar, disfrutar, etc�tera, sino a optar por el ejercicio o no ejercicio; es la atribuci�n del verbo (actividad) en el modo optativo o potestativo. El derecho de posesi�n nace cuando se conjuga el verbo (se ejercita la actividad) en el tiempo presente y modo indicativo, cuando se realizan las actividades como si fueran la manifestaci�n o ejercicio de un derecho, y es entonces cuando el derecho objetivo hace la atribuci�n del derecho subjetivo de posesi�n. �ste es un fen�meno relativo al nacimiento de derechos y no a su ejercicio. El objeto de todos los derechos que otorgan el uso, disfrute, aprehensi�n, etc�tera, de los bienes, con excepci�n del derecho de posesi�n, es el verbo (actividad) atribuido en el modo infinitivo, es el derecho a usar, disfrutar, etc�tera, con exclusi�n del modo indicativo, el cual queda reservado como atribuci�n exclusiva y espec�fica del derecho de posesi�n. Por esta raz�n evidente, no corresponde al propietario, usufructuario, arrendatario, etc�tera, el derecho a estar usando, disfrutando, etc�tera, sino cuando son poseedores al mismo tiempo. En otras palabras, la posesi�n jur�dica es un derecho subjetivo potestativo que tiene por objeto la posibilidad de ejercitar, solamente en el modo indicativo, el poder de hecho sobre los bienes apropiados. Por tanto, mientras existe el derecho de posesi�n en relaci�n con determinado bien y a favor de determinada persona, dicho derecho excluye a todos los dem�s de la posibilidad jur�dica de realizar actividades sobre dicho bien. Frente al poseedor nadie tiene derecho a ejercitar el poder de hecho, ni en consecuencia, a usar o disfrutar, en tanto que no se declare que ha quedado extinguido el derecho de posesi�n. Pero si bien el derecho de posesi�n, mientras subsiste, excluye el ejercicio de los dem�s derechos, cuando est�n en conflicto con �l, por ser el derecho de posesi�n la atribuci�n parcial del verbo, el aludido derecho desaparece cuando se prueba frente al poseedor que se es titular de cualquier derecho que atribuya actividades en el modo infinitivo, o sea en la forma m�s general posible; es decir, se le da preferencia a este �ltimo modo y se extingue el derecho de posesi�n. En este caso, el titular del verbo, esto es, el sujeto de la atribuci�n de la acci�n en el modo infinitivo, absorbe la atribuci�n parcial y finalmente se impone poseedor, en virtud del principio de que el que es titular del todo es tambi�n titular de cada una de sus partes y de que la atribuci�n del todo incluye la atribuci�n de sus partes. Pero es necesario que antes destruya el derecho provisional, en la forma legal, en virtud del principio de que nadie puede hacerse justicia por s� mismo, y en virtud de que es underecho potestativo que s�lo puede extinguirse por voluntad de su titular o por declaraci�n judicial. De lo anterior se puede concluir lo siguiente: El poseedor tiene un derecho absoluto (facultas agendi), cuyo objeto exclusivo es el ejercicio del poder de hecho sobre la cosa; derecho que se le otorga solamente en el modo indicativo. Esta limitaci�n se deriva de la naturaleza subordinada y provisional del derecho de posesi�n. Su derecho absoluto est� sujeto a ser extinguido por la facultas exigendi del propietario, usufructuario, etc�tera. La obligaci�n correlativa de la anterior facultas exigendi es el deber que tiene el poseedor de no usar o disfrutar. Cuando viola este deber no viola su derecho de posesi�n sino su obligaci�n de abstenerse de usar y disfrutar. Por este motivo, el derecho de posesi�n cuando no coincide en la misma persona con el derecho de usar y disfrutar (cuando no es de buena fe) es un hierro candente que permite apoderarse de la cosa con la condici�n de que al hacerlo no se use o disfrute de ella. Cuando el propietario, usufructuario, etc�tera, es poseedor, tiene derecho a usar y disfrutar y a apoderarse de la cosa. Ya no tiene derecho a exigir la devoluci�n de la cosa y de los frutos, sino que por estar �l mismo en poder de la cosa puede y debe usarla y disfrutarla. Su facultad de usar y disfrutar se ha convertido en un derecho absoluto oponible a todo el mundo; se ha transformado en facultas agendi. Por otro lado, su facultas exigendi ahora recae sobre sujetos pasivos indeterminados; todo el resto de las personas que est�n obligadas a respetar sus actividades. Desde otro aspecto, demostrado que la posesi�n es un derecho y no un simple hecho con consecuencias jur�dicas, y que el objeto inmediato del derecho de posesi�n no es el ejercicio del poder de hecho como hecho actual (como fen�meno natural), sino la posibilidad jur�dica de su realizaci�n otorgada al poseedor jur�dico; procede a continuaci�n determinar cu�l es la posesi�n que define el C�digo Civil para el Distrito Federal (que contiene disposiciones comunes a la mayor�a de las legislaciones estatales), y si �sta debe estar fundada en alg�n t�tulo apto para tal efecto, a fin de que el quejoso demuestre su inter�s jur�dico en el juicio de amparo. Sobre el particular debe se�alarse que existen diversas figuras jur�dicas que otorgan el derecho a poseer y que son traslativas del dominio, tales como la compraventa, la donaci�n y la permuta. �stas generan el derecho de propiedad y, consecuentemente, el de posesi�n. Quien tiene la posesi�n por virtud de cualquiera de esas figuras u otra an�loga, se dice que es poseedor originario. Por otra parte, existen otras figuras jur�dicas que generan el derecho a poseer, pero que no transfieren el dominio. A esa posesi�n se le llama derivada. Ejemplos de �sta son las que detentan el arrendatario y el comodatario, entre otros. Ahora bien, en los t�rminos del art�culo 826 del C�digo Civil para el Distrito Federal, actualmente en vigor, y su equivalente el art�culo 833 del C�digo Civil del Estado de Jalisco, s�lo la posesi�n que se adquiere y disfruta en concepto de due�o de la cosa pose�da puede producir la prescripci�n. Como m�s adelante quedar� establecido, la adquisici�n en concepto de propietario significa que se entra en ella por virtud de un t�tulo traslativo de dominio, aunque ese t�tulo o causa generadora de la posesi�n sea imperfecto. Consecuentemente, s�lo la posesi�n que se adquiere en esa forma es susceptible de convertir en propietario al poseedor a trav�s de la prescripci�n adquisitiva. Todas las disposiciones legales tienen una raz�n de ser o ratio legis. En un r�gimen de derecho como el nuestro, es l�gico pensar que las que protegen la posesi�n tienen su fundamento racional en la presunci�n de que, atr�s del hecho posesorio, existe una figura jur�dica prevista por la ley, que genera el derecho a poseer. Luego, es perfectamente inteligible que para que opere la usucapi�n es necesario que se entre a poseer por virtud de un acto traslativo de dominio que genere el derecho de propiedad y que constituye el t�tulo y, por lo mismo, es tambi�n razonable que para proteger la posesi�n en el amparo se acredite que se adquiri� por virtud de un t�tulo que se funda en un precepto legal o figura jur�dica que genere el derecho a poseer, independientemente de que este t�tulo pudiera estar viciado, pues ya se sabe que esto �ltimo, en todo caso, debe dilucidarse ante la potestad com�n. Dicho en otros t�rminos, as� como es contrario a la raz�n que en un r�gimen de derecho se llegue a adquirir la propiedad de una cosa por virtud de la prescripci�n por quien no ha realizado acto jur�dico alguno traslativo de dominio, como la compraventa, la donaci�n, la permuta o cualquier otro an�logo, tampoco es razonable que se proteja a trav�s del juicio constitucional a aquel que solicita el amparo sin ninguna base que objetiva y razonablemente le haga suponer que tiene derecho a la posesi�n y, con mayor raz�n, es inaceptable que se proteja a quien solicita el amparo con la plena conciencia de que posee sin derecho alguno. La postura contraria, como se dijo, equivale a hacer prevalecer el hecho en lugar del derecho y producir�a una situaci�n verdaderamente ca�tica, porque si se acepta que puede producir la prescripci�n adquisitiva, la posesi�n que se adquiere sin derecho y no solamente la que derive de un t�tulo traslativo de dominio, con ello podr�a indebidamente darse la raz�n a quien entr� a ocupar la propiedad o posesi�n de otro, con la plena conciencia de que no tiene derecho alguno, y de paso se estar�a alentando a las personas que hasta la fecha han respetado las propiedades y posesiones de otros para que las invadieran, pues sabr�an de antemano que aun en esas condiciones podr�an convertirse en sus due�os. En virtud de lo anterior y toda vez que con frecuencia se opina err�neamente que para la prescripci�n adquisitiva no es necesario que la posesi�n se adquiera por virtud de un t�tulo traslativo de dominio, entendido como causa generadora de la posesi�n, y que basta que interna y subjetivamente el poseedor tenga el prop�sito de ser el propietario o due�o de la cosa y que se comporte como tal, se hace indispensable justificar el porqu� s� es necesario dicho t�tulo, pues seg�n qued� establecido, en gran medida de eso depende la raz�n o el fundamento de proteger a trav�s del amparo, s�lo aquella posesi�n que se funda en un t�tulo que genere el derecho a poseer. Por otra parte, respecto a la prescripci�n adquisitiva, debe se�alarse, en primer t�rmino, que el art�culo 1151, fracci�n I, del C�digo Civil para el Distrito Federal, que actualmente rige, no determina de manera exhaustiva y completa los requisitos de toda usucapi�n y, por ende, que las cualidades de toda posesi�n apta para la prescripci�n positiva se agotan en la siguiente enumeraci�n, en concepto de propietario, pac�fica, continua y p�blica. La postura contraria significa una mutilaci�n de los principios que conforme a ese ordenamiento rigen la instituci�n de la prescripci�n adquisitiva y, entre esos principios, el fundamental y b�sico es el contenido en su art�culo 826. Este dispositivo establece que s�lo la posesi�n que se adquiere en concepto de due�o y se disfruta en el mismo concepto puede producir la prescripci�n adquisitiva, y fue copiado pr�cticamente igual del 447 del C�digo Civil espa�ol, como se advierte en la transcripci�n que de �l se hace: S�lo la posesi�n que se adquiere y se disfruta en concepto de due�o puede servir de t�tulo para adquirir el dominio. Los autores de nuestro actual C�digo Civil para el Distrito Federal usaron la f�rmula del precepto espa�ol, no para alterar el concepto de justo t�tulo a que se refer�a el C�digo Civil de 1884, sino para clarificarlo. El citado art�culo 1151, fracci�n I, de nuestro actual C�digo Civil del Distrito Federal, se�ala los t�rminos generales para toda prescripci�n positiva, siendo el primero que la posesi�n debe ser en concepto de propietario. El art�culo 1152 regula las dos usucapiones de inmuebles, la de mala fe y la de buena fe. Respecto de la primera establece en la fracci�n III que los bienes inmuebles se prescriben en diez a�os, cuando se poseen de mala fe, si la posesi�n es en concepto de propietario, pac�fica, continua y p�blica. Surge entonces la primera dificultad para interpretar los textos en que se habla de la posesi�n en concepto de due�o, a los que debe adicionarse el art�culo 813, que se refiere tambi�n a la posesi�n en concepto de due�o por m�s de un a�o aunque sea de mala fe, con tal de que no sea delictuosa. El art�culo 826, que es un precepto clave para el estudio de que se trata, lo trajeron nuestros legisladores del c�digo espa�ol y con �l la idea de posesi�n en concepto de propietario. Esta idea tiene su origen en la clasificaci�n que el art�culo 432 del c�digo espa�ol establec�a en la siguiente forma: La posesi�n en los bienes y derechos puede tenerse en uno de dos conceptos: o en el de due�o, o en el de tenedor de la cosa o derecho para conservarlos o disfrutarlos, perteneciendo el dominio a otra persona. En el art�culo 1947 del proyecto de don F.G.�a G. formulado en 1851, que sirvi� de base a dicho C�digo Civil espa�ol, cuya vigencia empez� el primero de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, se establec�a: la posesi�n debe ser continua y no interrumpida, p�blica, pac�fica, no equ�voca y en concepto de propietario. Aun cuando el C�digo Civil espa�ol no conten�a definici�n alguna sobre lo que se debe entender por posesi�n en concepto de due�o, G.�a G. al exponer los motivos del art�culo 1947, entre otras cosas, dijo: En concepto de propietario: es decir, a virtud de un t�tulo h�bil para transferir la propiedad, lo cual da materia para sostener que por posesi�n en concepto de propietario, o de due�o, como indistintamente lo llama el C�digo Civil vigente para el Distrito Federal y la mayor�a de las legislaciones del pa�s, debe entenderse la que se adquiere por medio de un t�tulo apto para transferir la propiedad. Esta definici�n la acepta el C�digo Civil para el Distrito Federal en sus art�culos 812 y 813, el primero de los cuales se refiere a la restituci�n de los frutos por el poseedor de mala fe que tiene menos de un a�o, y el segundo, a la posesi�n tambi�n de mala fe pero por m�s de un a�o. Ahora bien, no obstante que ambos preceptos sirven para regular los efectos de la misma posesi�n (de mala fe), diferenci�ndose solamente en cuanto al tiempo (antes de un a�o y despu�s que �ste se ha cumplido), en el primero se habla del poseedor a t�tulo traslativo de dominio, y en el segundo al que posee en concepto de due�o, todo lo cual indudablemente implica que el legislador consider� que detentar la posesi�n en concepto de due�o es lo mismo que a t�tulo traslativo de dominio. Esta equivalencia se corrobora tomando en cuenta que en el primer p�rrafo del art�culo 2960 del propio C�digo Civil, se establece, en esencia, que la transacci�n no es un acto traslativo de dominio, y en el segundo se establece como consecuencia, que el reconocimiento de los derechos respecto de los cuales se realiz� la transacci�n, no importa un t�tulo propio en que fundar la prescripci�n. En virtud de lo anterior, debe estimarse que para que se produzca la prescripci�n adquisitiva, adem�s de ser pac�fica, continua y p�blica la posesi�n, debe adquirirse en concepto de due�o y disfrutarse en ese mismo concepto. Es decir, no basta que el poseedor se conduzca con respecto a la cosa como lo hace un propietario que bardea, siembra y cosecha, celebra arrendamientos, etc�tera, pues todo esto significa disfrutar la cosa como due�o, sino que la ley previene que el poseedor que as� se conduce, s�lo podr� llegar a la usucapi�n si empez� a poseer en concepto de due�o por haber adquirido esa posesi�n en tal concepto, es decir, a t�tulo de due�o, y no existe m�s t�tulo que el acto traslativo de dominio, aunque por s� solo no lo haya transmitido por los defectos y vicios internos de que adolezca. A efecto de evitar confusiones, debe se�alarse lo ambiguo o equ�voco del ya citado art�culo 826 del C�digo Civil al aplicar el concepto de due�o tanto a la adquisici�n como al disfrute de la cosa, siendo que no es lo mismo, pues la adquisici�n en concepto de due�o debe ser necesariamente por virtud de un acto que sea apto para transmitir el dominio, y el disfrutar la cosa en ese mismo concepto, se refiere al comportamiento del poseedor, que es igual al que observan los propietarios, seg�n los usos, pr�cticas y costumbres. Por otra parte, se ha llegado a sostener que como es posesi�n de mala fe aquella en que se entra a poseer sin t�tulo alguno, seg�n la definici�n que de esta clase de posesi�n da el art�culo 806, p�rrafo segundo, del referido C�digo Civil para el Distrito Federal, cuando el art�culo 1152, fracci�n III, del propio c�digo, alude a la prescripci�n de diez a�os para la posesi�n de mala fe en concepto de due�o, pac�fica, p�blica y continua, no se requiere que se haya adquirido la posesi�n mediante acto traslativo de dominio, lo cual es incorrecto. Efectivamente, el art�culo 806 textualmente dice: ?Art�culo 806. Es poseedor de buena fe el que entra en la posesi�n en virtud de un t�tulo suficiente para darle derecho de poseer. Tambi�n es el que ignora los vicios de su t�tulo que le impiden poseer con derecho. Es poseedor de mala fe el que entra a la posesi�n sin t�tulo alguno para poseer; lo mismo que el que conoce los vicios de su t�tulo que le impiden poseer con derecho. E.�ndese por t�tulo la causa generadora de la posesi�n.?. De lo anterior se advierte que ese precepto en su segundo p�rrafo contempla dos casos de posesi�n de mala fe: 1. La del poseedor que entr� a poseer sin ning�n t�tulo; y, 2. La del que entr� a poseer con t�tulo viciado y conoce esos vicios que le impiden poseer con derecho. Por su parte, el art�culo 1152, que se refiere al tiempo en que prescriben los inmuebles, en su fracci�n III, establece: ?Art�culo 1152. Los bienes inmuebles se prescriben: ... III. En diez a�os, cuando se poseen de mala fe, si la posesi�n es en concepto de propietario, pac�fica, cont�nua y p�blica.?. Analizando sistem�ticamente estos dos preceptos, en el inaceptable supuesto de que s�lo ellos estuvieran relacionados con la materia de la usucapi�n de mala fe, justa y correctamente se inferir�a que la posesi�n de mala fe de este �ltimo precepto habr�a de ser o bien porque se entr� a poseer sin t�tulo o porque se entr� a la posesi�n con t�tulo viciado y con conocimiento de los vicios. Sin embargo, la sistematizaci�n de esos dos preceptos exclusivamente, resulta incorrecta porque se trata de la usucapi�n que expresa y directamente est� regida por el principio contenido en el art�culo 826 anteriormente citado, que establece como requisito indispensable para la usucapi�n, que la posesi�n sea adquirida en concepto de due�o, es decir, a t�tulo de due�o. Consecuentemente, el estudio sistem�tico s�lo de los art�culos 806 y 1152, fracci�n III, resulta evidentemente incompleto, pues en esas condiciones se mutila el ordenamiento jur�dico que regula esta materia y pretende, de manera indebida, excluir de la sistematizaci�n, precisamente al art�culo 826 que contiene el principio b�sico y fundamental de la prescripci�n adquisitiva. Adem�s, el estudio sistem�tico as� realizado, convierte en in�til, igualmente sin causa justificada, la segunda hip�tesis contenida en el p�rrafo segundo del art�culo 806, relativa al t�tulo viciado, pues es claro que si se pudiera usucapir de mala fe, sin t�tulo, ser�a irrelevante cualquier defecto que el t�tulo posesorio tuviera y el conocimiento que del vicio tuviese el poseedor, todo ello, en contravenci�n al principio fundamental interpretativo de conservaci�n de las leyes, seg�n el cual, en toda interpretaci�n y aplicaci�n de ellas, deben quedar vivas todas sus normas y no excluir a algunas por preferir arbitrariamente a otras, as� como en contravenci�n al principio de la naturaleza org�nica de todo ordenamiento jur�dico, conforme al cual, cada uno de sus elementos est� en relaci�n con la totalidad de los elementos que lo integran. El art�culo 806, p�rrafo segundo, es una norma definitoria de la mala fe en la posesi�n, y la define en dos formas, a saber: I.P.�n de mala fe es la del que entr� a ella sin t�tulo alguno para poseer; y, II.P.�n de mala fe es la del que entr� a poseer con t�tulo viciado y conoce esos vicios que le impiden poseer con derecho. En el caso de sostener que se debe relacionar el numeral 1152, fracci�n III, con la primera definici�n del diverso 806 y que, en consecuencia, aqu�l se refiere a la posesi�n sin t�tulo, se hace manifiesta la elecci�n arbitraria de la primera de las dos definiciones, pues no habr�a explicaci�n de por qu� se excluye a la segunda. Adem�s, en esa forma se destruye el principio fundamental del art�culo 826, en el sentido de que para que se produzca la usucapi�n es requisito que la posesi�n se adquiera en concepto de propietario, o sea, a trav�s de un t�tulo traslativo de dominio, obviamente que no sea perfecto, puesto que si lo fuera no ser�a necesario recurrir a la prescripci�n; todo ello, como se dijo, en abierta pugna con el principio interpretativo de conservaci�n de las leyes. La �nica forma de evitar esa mutilaci�n a la ley es interpretar, como se hizo, sistem�tica y coordinadamente los art�culos 806, 826 y 1152, fracci�n III, pues s�lo de esa manera se cumple con la primera y b�sica condici�n del segundo de esos preceptos, consistente en que se adquiera la posesi�n por medio de un t�tulo traslativo del dominio para que pueda operar la prescripci�n, requisito este que a la vez implica que la posesi�n por la posesi�n no es apta para prescribir. La raz�n fundamental por la que se ha llegado a sostener que no es necesario dicho t�tulo, y que es la que origina confusiones al respecto, es que en lugar de estudiar sistem�ticamente los art�culos 806 y 1152, fracci�n III, relacion�ndolos con el 826, err�neamente se han sistematizado s�lo aquellos dos preceptos con el diverso 1155 del propio C�digo Civil para el Distrito Federal, que prev� la prescripci�n adquisitiva por medio de delito, y que textualmente dice: ?La posesi�n adquirida por medio de un delito, se tendr� en cuenta para la prescripci�n, a partir de la fecha en que haya quedado extinguida la pena o prescriba la acci�n penal, consider�ndose la posesi�n como de mala fe.?. En efecto, hecha la sistematizaci�n en esta forma, o sea, excluyendo injustificadamente el art�culo 826, que contiene el ya indicado principio rector de la instituci�n e incluyendo en su lugar el 1155 que, desde el momento que contempla el delito como medio de apropiarse de las cosas o bienes de otro, ya produce un rechazo natural y que, por tanto, no puede razonablemente regir ni subordinar a los otros dos art�culos (806 y 1152, fracci�n III), se ha llegado a formular el siguiente razonamiento del todo err�neo; que como la posesi�n adquirida por medio de delito, que aprior�sticamente supone la inexistencia de alg�n t�tulo, puede producir la prescripci�n, consecuentemente, no se requiere t�tulo para usucapir. Tal razonamiento tiene a su vez como causa principal que cuando se habla de delito en el art�culo 1155, equ�vocamente se parte del supuesto que se refiere al despojo, que hace suponer, aprior�sticamente, que el poseedor no tiene t�tulo alguno. Sin embargo, toda esa confusi�n se desvanece y tiene por efecto que se vea con toda claridad que para la prescripci�n es indispensable que la posesi�n se adquiera por virtud de t�tulo traslativo de dominio, si atendiendo el principio rector que en ese sentido establece el art�culo 826, se considera que el delito no es ni puede ser el de despojo, en que el sujeto activo s�lo invoque a su favor la posesi�n por la posesi�n, sino que debe ser un delito que se cometa en el acto mismo traslativo del dominio, en virtud del cual se entr� a poseer, como podr�a ser habercomprado el bien que se pretende usucapir a sabiendas de que era robado, o el haber participado de alguna manera en el abuso de confianza del vendedor, o si sab�a que el t�tulo de �ste era falso, etc�tera, pues vista la cuesti�n de esta manera, el art�culo 1155 relativo a la prescripci�n por medio de delito, deja de ser un obst�culo para la conclusi�n a que se ha arribado resultando, en cambio, perfectamente compatibles con los diversos 806, 826 y 1152, fracci�n III, del C�digo Civil para el Distrito Federal, actualmente en vigor, a los cuales se ha hecho referencia. Los anteriores razonamientos encuentran apoyo en las diversas jurisprudencias que sobre prescripci�n adquisitiva ha sustentado esta Suprema Corte de Justicia, s�lo que al no ser del todo clara su redacci�n, han dado margen a las confusiones e interpretaciones err�neas de que antes se habl�. Sin embargo, contienen lo necesario para concluir que en ellas se establece, como en el presente fallo, que para que se produzca la prescripci�n es necesario que la posesi�n se adquiera a virtud de un t�tulo traslativo de dominio. Una de esas tesis es la que aparece publicada con el n�mero 1377 en la p�gina 2222 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, Segunda Parte (n�mero 218, p�gina 631 del Ap�ndice de 1985; n�mero 272, p�gina 817 del Ap�ndice de 1975 y n�mero 259, p�gina 780 del Ap�ndice de 1965), cuyo texto es el siguiente: ?PRESCRIPCI�N ADQUISITIVA. NECESIDAD DE REVELAR LA CAUSA DE LA POSESI�N.? (la transcribe). Como se advierte de lo anterior, al hablarse de la necesidad de revelar la causa generadora de la posesi�n, se est� exigiendo que se exprese el porqu� se entr� a poseer, para que con esa informaci�n el juzgador est� en aptitud de determinar si existi� o no t�tulo traslativo de dominio o, por el contrario, se trata de una posesi�n derivada, para resolver en consecuencia. Otra jurisprudencia que trata el tema de referencia es la que con el n�mero 1379 aparece publicada en la Segunda Parte, p�gina 2227 del mismo Ap�ndice (n�mero 220, p�gina 637 del Ap�ndice de 1985; n�mero 274, p�gina 824 del Ap�ndice de 1975 y n�mero 261, p�gina 787 del Ap�ndice de 1965), que a la letra dice: ?PRESCRIPCI�N ADQUISITIVA. POSESI�N EN CONCEPTO DE PROPIETARIO.? (la transcribe). No obstante que en la redacci�n se confunde el significado de adquirir en concepto de due�o con el comportamiento del poseedor respecto de la cosa en ese mismo concepto, confusi�n que se origina en la anfibolog�a del art�culo 826 del C�digo Civil del Distrito Federal y sus equivalentes de otros Estados, al sostenerse al final de la tesis: ?siempre que haya comenzado a poseer en virtud de una causa diversa de la que origina la posesi�n derivada?, es claro que hace referencia a la necesidad de que se entre a poseer por virtud de un t�tulo traslativo de dominio que da derecho a una posesi�n originaria, no siendo obst�culo que antes se exprese: ?aun cuando carezca de un t�tulo leg�timo, frente a todo el mundo?, pues es obvio que en este fragmento se pretendi� hacer referencia a que el t�tulo puede estar viciado. Finalmente, en la p�gina 2223 de la Segunda Parte del propio Ap�ndice, aparece publicada la tesis 1378 (n�mero 219, p�gina 632 del Ap�ndice de 1985; 273, p�gina 818 de la compilaci�n de 1975 y 260, p�gina 781 del Ap�ndice de 1965), que es del tenor literal que sigue: ?PRESCRIPCI�N ADQUISITIVA. POSESI�N CON JUSTO T�TULO.? (la transcribe). Es verdad que en esta tesis se hace referencia al C�digo Civil de 1884, sin embargo, los razonamientos en ella contenidos son aplicables en relaci�n con el actual C�digo Civil para el Distrito Federal, pues ya qued� establecido que conforme a este �ltimo ordenamiento, tambi�n se requiere t�tulo justo en la medida que la posesi�n apta para prescribir debe ser adquirida por virtud de un t�tulo que transfiera la propiedad, y con antelaci�n se expresa que los autores del actual C�digo Civil para el Distrito Federal usaron la f�rmula del art�culo 447 del C�digo Civil espa�ol (iguales en cuanto a que hablan de que la posesi�n apta para prescribir debe adquirirse en concepto de due�o), no para alterar el concepto de justo t�tulo a que se refer�a el C�digo Civil de 1884, sino para clarificarlo. A manera de aclaraci�n, debe quedar establecido que en los razonamientos a que este considerando se refiere, s�lo se involucraron los art�culos del C�digo Civil para el Distrito Federal, a fin de eliminar datos o elementos de confusi�n en el estudio de que se trata, que de suyo es complejo. Sin embargo, como la mayor�a de las legislaciones del pa�s, incluyendo la del Estado de Jalisco, contienen disposiciones iguales a aquel ordenamiento, tales razonamientos son aplicables a este �ltimo c�digo y a todos los de las dem�s entidades del pa�s que contienen disposiciones sustancialmente iguales. Ahora bien, habi�ndose demostrado que s�lo la posesi�n que se adquiere en concepto de due�o, o sea por virtud de un t�tulo traslativo de dominio puede producir la prescripci�n, debe concluirse que, para efectos de proteger la posesi�n en el amparo, s� es necesaria la existencia de un t�tulo sustentado en alguna de las figuras jur�dicas previstas por la ley, que genere el derecho a poseer, toda vez que, seg�n qued� establecido con anterioridad, el fundamento racional que existe para exigir el t�tulo en el primer caso, es el mismo que hay para exigirlo en el segundo. Este �ltimo t�tulo, o sea, el de la posesi�n en el amparo, contrariamente a lo que sostiene el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, no necesariamente debe ser en concepto de propietario, pues ello implicar�a sostener que s�lo debe protegerse a trav�s del juicio constitucional la posesi�n originaria, que es la que deriva de un t�tulo que transfiere la propiedad, lo cual es incorrecto, puesto que el C�digo Civil para el Distrito Federal, en su art�culo 791 y su equivalente el art�culo 834 del C�digo Civil del Estado de Jalisco, como todas las legislaciones del pa�s, contemplan la posesi�n derivada, como es la del arrendatario, la del usufructuario, la del depositario o cualquier otra an�loga, misma que, aunque no proviene de un t�tulo traslativo de dominio y, por tanto, no puede ser en concepto de propietario, debe tambi�n ser protegida en el amparo. Al respecto, cabe reproducir el contenido del art�culo 791 del C�digo Civil para el Distrito Federal, que dispone: ?Art�culo 791. Cuando en virtud de un acto jur�dico el propietario entrega a otro una cosa, concedi�ndole el derecho de retenerla temporalmente en su poder en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro t�tulo an�logo, los dos son poseedores de la cosa. El que la posee a t�tulo de propietario tiene una posesi�n originaria, el otro, una posesi�n derivada.?. Las objeciones que frecuentemente se hacen en torno a la exigencia del t�tulo en el amparo, esencialmente consisten en que si a las personas con un nivel cultural medio les resulta dif�cil distinguir cu�ndo un t�tulo les otorga el derecho a poseer, con mayor raz�n sucede esto trat�ndose de personas que carecen de la m�s elemental preparaci�n, adem�s de que, en muchas ocasiones, no obstante que s� se tiene el derecho a poseer, se carece del t�tulo respectivo. Tales objeciones parten del supuesto de que el t�tulo debe constar preferentemente en un documento y que, adem�s, no deber� tener vicio alguno que lo invalide para generar el derecho a poseer, lo cual es incorrecto. Efectivamente, aunque es verdad que en el pa�s existen personas sin la m�s elemental preparaci�n,todo mundo sabe, incluso en los lugares m�s apartados, por ser una cuesti�n no de conocimientos jur�dicos sino de sentido com�n que, por ejemplo, si A estuvo con B en un lugar determinado y ah� se pusieron de acuerdo o convinieron en que A le entregar�a en propiedad a B un inmueble y que B, como contraprestaci�n le entreg� a A una determinada cantidad de dinero, ambos celebraron una compraventa y que, por virtud de ella, B tiene el derecho de poseer el inmueble. Esto, independientemente de que se haya firmado o no documento alguno. Resulta dif�cil de aceptar que por el hecho de que B sea una persona sumamente ignorante, piense que no obstante que le pag� a A el importe del bien, no tiene derecho a poseerlo. Por m�s ignorante que sea B, seguramente que tan luego como haya entregado el importe del terreno, o incluso sin haber hecho esto �ltimo, consciente de que ya se pusieron de acuerdo sobre el particular, confiadamente ir� a comportarse como due�o del mismo, esto es, ir� a poseerlo. Esa confianza deriva de que su sentido com�n le dice que por haber comprado el bien tiene derecho a poseerlo. En cambio, el mismo B, vali�ndose igualmente de su sentido com�n, sabr�a que si nunca habl� con A respecto a la compra del inmueble y menos a�n convino con �l en que se lo vendiera, ni le entreg� dinero alguno por ese concepto, carece totalmente de derecho a comportarse como propietario. Lo mismo suceder�a si A y B, en lugar de ponerse de acuerdo sobre la compraventa del predio, convinieran respecto del arrendamiento de una casa. Es evidente que el contrato de compraventa como el de arrendamiento celebrado en la forma indicada, puede llegar a adolecer de vicios que lo nulifiquen o que lo hagan inexistente, como podr�a ser, si se demostrara que A vendi� su terreno bajo un estado de inconsciencia. Sin embargo, esto �ltimo tendr�a que dilucidarse ante la potestad com�n y por lo pronto B tendr�a derecho a que se le protegiera en el juicio de amparo en el caso de que alguna autoridad lo privara de la posesi�n, porque �sta se sustent� en una figura jur�dica contemplada por la ley, como es la compraventa, independientemente de que una vez ventilado el correspondiente juicio ante la potestad com�n, se demostrara que el contrato fuera nulo por falta de consentimiento del vendedor. En torno a esta misma cuesti�n, conviene se�alar que de la forma en que se han planteado las cosas, el t�tulo que se debe exigir para proteger la posesi�n en el amparo, no necesariamente tiene que ser por escrito, pues el comprador estar� en aptitud de demostrar ante los tribunales de amparo la existencia de la compraventa, por ejemplo, por medio de testigos y, en su caso, ante la potestad com�n, el vendedor podr�a demostrar que la misma es nula por vicio en el consentimiento derivado de su estado de inconsciencia, todo lo cual pone de relieve que para otorgar el amparo el t�tulo tampoco tiene que ser perfecto en el sentido de que no adolezca de ning�n vicio. En otras palabras, en el caso de que se viene hablando, bastar�a que B demostrara que celebr� el contrato de compraventa figurando �l como comprador, para que tuviera derecho al otorgamiento de la protecci�n constitucional, ya que esto, en principio, le otorga el derecho a poseer, independientemente de que con posterioridad se demostrara que el contrato es nulo. Esto es precisamente lo que se quiso expresar al sustentar, la que fuera Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, la jurisprudencia identificada con el n�mero 740, publicada como obsoleta en la p�gina 541 del Tomo IV del Ap�ndice de 1995, integrada con las ejecutorias emitidas el dieciocho de marzo de mil novecientos veinticinco, quince, diecinueve, y treinta y uno de enero y seis de abril de mil novecientos veintinueve; dicha tesis jurisprudencial se lee como sigue: ?POSESI�N, SUS CARACTER�STICAS.? (la transcribe). En el mismo tenor se sigui� pronunciando la Suprema Corte de Justicia durante los a�os siguientes, es decir, que sigui� reiterando que no basta la simple detentaci�n para estimar poseedora a una persona, sino que es preciso que �sta acredite, en alguna forma, el segundo elemento jur�dico de la posesi�n, o sea el �nimo con que posea, aunque no acredite el t�tulo de la misma posesi�n; y derivado de ello, en junio de mil novecientos treinta y nueve integr� la siguiente tesis de jurisprudencia: Quinta �poca. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Ap�ndice al Tomo LXXVI. Tesis: 737. P�gina: 1172. ?POSESI�N, PRUEBA DE LA, PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO.? (la transcribe). Hasta aqu�, no cabe duda de la postura asumida por la Tercera Sala respecto a la posesi�n que debe ser protegida en el juicio de garant�as con fundamento en lo dispuesto por el art�culo 14 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Aparentemente esa postura fue abandonada; esto es, pareciera que fue superado el criterio de que la posesi�n implicaba la tenencia material m�s la intenci�n de poseer a t�tulo de propietario o acreditar el t�tulo o causa legal de la posesi�n. Esto, a ra�z de la tesis de jurisprudencia invocada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito en el asunto que motiv� esta contradicci�n, que con el n�mero 1348 aparece publicada en la p�gina 2177 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n de 1988, Segunda Parte, y que en el Ap�ndice de 1995 se identifica de la forma siguiente: Quinta �poca. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Ap�ndice de 1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 384. P�gina: 259. ?POSESI�N.? (la transcribe). Sin embargo, no procede arribar a esa conclusi�n porque dicha tesis jurisprudencial no refleja el verdadero criterio que se sostuvo en las ejecutorias que se tomaron como base para integrarla, como se demostrar� a continuaci�n: a) El acto que se reclam� en el juicio 3637/36, se hizo consistir en la orden para lanzar de una casa a la quejosa. El J. de Distrito neg� la protecci�n constitucional y la peticionaria interpuso recurso de revisi�n. La Tercera Sala de esta Suprema Corte dict� sentencia confirmando la negativa, misma que en la parte que interesa, dice: (lo transcribe). b) En el amparo en revisi�n 480/41, se sostuvieron los argumentos siguientes: (los transcribe). c) En el amparo en revisi�n civil 4790/40, destacan las consideraciones siguientes: (las transcribe). d) En el amparo 1606/42, se dijo: (lo transcribe). e) Por �ltimo, en el amparo administrativo en revisi�n 4156/41, en lo que interesa, se sostuvo: (lo transcribe). De la transcripci�n de las ejecutorias relativas, se advierte con toda claridad que, en el primer caso, el amparo se neg� porque no obstante que la peticionaria adujo tener la posesi�n de la casa por virtud de un t�tulo sustentado en una figura jur�dica prevista por la ley, que otorga el derecho a poseer, como es la compraventa, no demostr� su existencia en tanto que el supuesto contrato que exhibi� carec�a de firmas, lo cual implicaba que no exist�a, esto es, que no era el caso de que estuviera viciado de nulidad, sino que simplemente nunca tuvo vida jur�dica. Por ello, se neg� a la quejosa la protecci�n federal solicitada. Por otra parte, en el amparo en revisi�n civil 480/41, se consider� que con la prueba testimonial rendida por el quejoso, relacionada con la instrumental consistente en la diligencia de posesi�n llevada a cabo que se entendi� con el mismo quejoso, �ste demostr� estar en posesi�n de los instrumentos y maquinaria de la f�brica de hielo referida en su demanda; y que demostrado el hecho de la posesi�n debe respetarse sin que los Jueces Federales tengan facultad para decidir si esa posesi�n es buena o mala, y siendo el quejoso tercero extra�o al juicio ejecutivo mercantil, se le concedi� el amparo para que no fuera privado de la posesi�n de los bienes que componen la f�brica de hielo. A su vez, en el tercer precedente, esto es, en el amparo en revisi�n 3790/40, aparece que el J. de Distrito neg� el amparo contra la pretendida orden de desposesi�n de semovientes e inmuebles, pues se dijo que al no justificar la posesi�n del inmueble en concepto de propietaria, tampoco se acreditaba la posesi�n jur�dica del ganado; sin embargo, en la resoluci�n de la Suprema Corte se conviene sobre la existencia de una jurisprudencia relativa a que acreditado el hecho de la posesi�n �sta debe ser respetada, sin que los Jueces Federales puedan decidir si es buena o mala. As�, se revoc� la sentencia de primera instancia y se concedi� el amparo a la parte quejosa. Mientras que, en el cuarto precedente, amparo en revisi�n 1606/42, se concedi� el amparo porque se acredit� por el quejoso la posesi�n, que incluso le fue reconocida por su contraparte, pues en v�a de jurisdicci�n voluntaria se le previno para que desalojara el inmueble. Y, por �ltimo, en el amparo administrativo en revisi�n 4156/41, nuevamente se conviene en que demostrado el hecho de la posesi�n �sta debe ser respetada y que si el J. de Distrito reconoci� que los quejosos estaban en posesi�n de los terrenos de que se trata, ello era bastante para que no se les molestara y perturbara en dicha posesi�n. Como se advierte, no existe uniformidad en los criterios que sostuvo la Tercera Sala en esos precedentes, pues por lo menos el primero resulta notoriamente distinto al de los restantes y, por tanto, no se refleja en la tesis de jurisprudencia que, como se dijo, es base de las consideraciones que apoyan el criterio del Tribunal Colegiado del Tercer Circuito en el asunto que motiv� la contradicci�n. Por tanto, debe entenderse que dicha tesis no reuni� los requisitos necesarios para ser considerada jurisprudencia por el sistema de reiteraci�n de criterios, lo cual, desde luego, no implicaba que se siguiera observando de manera obligatoria las jurisprudencias que le antecedieron y que fueron transcritas antes en este propio considerando, dado que el pronunciamiento en contrario en una sola de las ejecutorias de los amparos en revisi�n 480/41, 4790/40 o 4156/41, claramente las interrump�an. Lo anteriormente destacado es relevante, pues con ello se desprende que la jurisprudencia invocada por uno de los Tribunales Colegiados contendientes, realmente no resultaba obligatoria porque no reun�a los requisitos para ello; de ah� que al apartarse en esta ejecutoria de lo que aparentemente establec�a dicho criterio, resulta innecesario explicar, en t�rminos del art�culo 194 de la Ley de Amparo, espec�ficamente las razones por las que este Tribunal Pleno adopta otra posici�n. A mayor abundamiento, existe otra causa aut�noma e independiente de todo lo dicho con anterioridad, que por s� sola justifica la exigencia del t�tulo de la posesi�n para efectos del amparo y que est� vinculada con los problemas y consecuencias, del todo inaceptables, que se presentan en la pr�ctica al adoptar la postura contraria. En efecto, conforme al art�culo 790 del C�digo Civil para el Distrito Federal, con la salvedad que prev�n los art�culos 793 del propio c�digo y 843 del C�digo Civil para el Estado de Jalisco (este �ltimo se cita a pesar de que es el vigente y no el abrogado en que se apoyaron los Tribunales Colegiados contendientes, toda vez que es similar al vigente en su contenido); es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho. Estos dos �ltimos preceptos establecen: ?Art�culo 793. Cuando se demuestre que una persona tiene en su poder una cosa en virtud de la situaci�n de dependencia en que se encuentra respecto del propietario de esa cosa, y que la retiene en provecho de �ste, en cumplimiento de las �rdenes e instrucciones que de �l ha recibido, no se le considera poseedor.?. ?Art�culo 843. Cuando se demuestre que una persona tiene en su poder un bien en virtud de la situaci�n de dependencia en que se encuentre respecto del propietario, o de otro poseedor del mismo y que la retiene en provecho de �ste, en cumplimiento de las �rdenes e instrucciones que de �l ha recibido, no se le considerar� poseedor.?. Lo anterior tiene como consecuencia que con excepci�n de las personas a que se refieren los preceptos transcritos, todo aquel que ejerce sobre una cosa un poder de hecho, tiene la posesi�n de ella. En esa virtud, debe admitirse que el arrendatario de una casa, como su esposa, sus hijos y dem�s familiares que con �l viven, son poseedores de la misma, ya que todos ejercen sobre ella un poder de hecho, pues el comportamiento del arrendatario en relaci�n con la casa, esexactamente igual que el de todos y cada uno de sus familiares que la habitan, diferenci�ndose el primero solamente en una cosa que nada tiene que ver para que exista o no posesi�n, como es el hecho de figurar en el contrato como arrendatario y, por otra parte, es evidente que sus familiares no se encuentran en la hip�tesis a que se refiere el art�culo 793, en la medida que no retienen la casa en provecho del arrendatario y en cumplimiento de �rdenes e instrucciones de �l recibidas, sino que la habitan por el solo hecho de ser miembros de su familia. Consecuentemente, todos poseen la casa. En la pr�ctica frecuentemente ocurre que despu�s de que el arrendatario agota todos los recursos en relaci�n con el juicio que el arrendador promovi� para lanzarlo por no pagar la renta o porque el contrato de arrendamiento se venci�, sus familiares promuevan juicios de amparo alegando que se les ha privado o pretende priv�rseles de la posesi�n de la casa sin previo juicio. En esas condiciones, si se aceptara que tanto el arrendatario como su esposa, sus hijos y dem�s familiares son poseedores de la casa, y toda vez que con toda seguridad el arrendador, al promover el juicio en contra del arrendatario no pidi� que se le llamara al mismo a sus familiares, puesto que no ten�a motivo ni base legal para ello; en estricto rigor, si se estima que no es necesario t�tulo alguno que genere el derecho a poseer, en el supuesto que la esposa promoviera por separado juicio de amparo contra la desposesi�n sin previo juicio, deber�a otorg�rsele la protecci�n constitucional, puesto que en las condiciones se�aladas tendr�a la posesi�n de la casa y se le pretender�a privar de ella sin previo juicio, y en la misma situaci�n estar�an los hijos del arrendador, de tal manera que podr�an promover de manera sucesiva y alternada, tantos amparos como miembros de la familia fueran, lo que puede dar lugar y en la pr�ctica ocurre, a una cadena interminable de amparos; todo esto por no exigir el t�tulo que genere el derecho a poseer, el cual s�lo podr�a tenerlo el suscriptor del contrato de arrendamiento, mas no su esposa e hijos. Debe quedar establecido que una situaci�n no menos absurda e injusta que la anterior es la que se presentar�a en el caso del usurpador, del ladr�n o el despojante, puesto que al no exig�rseles el t�tulo, como tambi�n son poseedores en los t�rminos del art�culo 790 del C�digo Civil y sus equivalentes de las legislaciones de los Estados, en tanto demuestren que poseen la cosa objeto de tales il�citos y que se les pretende privar de ella sin o�rlos y vencerlos en juicio, contra toda raz�n y el m�s elemental concepto de justicia, si se estima que no debe exigirse t�tulo y que basta la tenencia material de la cosa con el �nimo de apropi�rsela o de poseerla, tendr�a que conced�rseles el amparo. Por otra parte, debe se�alarse que ante estas situaciones absurdas para evitar la comisi�n de injusticias tan evidentes, los tribunales de amparo, no obstante que con frecuencia admiten que no se requiere t�tulo para proteger la posesi�n en el amparo, suelen negar la protecci�n federal en las hip�tesis de referencia bajo argumentos diversos que no resistir�an un an�lisis porque, como ya se dijo, si la esposa, hijos y dem�s familiares, como el ladr�n, el usurpador o el despojante son poseedores, una vez demostrado que se les priv� o pretende priv�rseles de la posesi�n sin previo juicio, debe conced�rseles el amparo si se estima que no es necesario el t�tulo. Por todo lo anteriormente dicho, procede concluir que es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho como manifestaci�n de un derecho, esto es, siempre y cuando dicho poder de hecho tenga una causa u origen que lo faculte a usar, disfrutar y disponer de la cosa, ya sea a t�tulo de poseedor originario o derivado, pues la simple posesi�n material de un bien no es la posesi�n jur�dica a que alude la legislaci�n civil y, por ende, no puede ser tutelada por la garant�a de audiencia a que se refiere el art�culo 14 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, en caso de que la posesi�n que se aduce no se encuentre sustentada en un t�tulo (entendi�ndose por t�tulo no un documento sino la causa jur�dica por la que entr� a poseer el bien relativo), los juzgadores de garant�as deber�n sobreseer en el juicio por falta de inter�s jur�dico, en t�rminos de la fracci�n V del art�culo 73 de la Ley de Amparo. Como consecuencia de todo lo hasta aqu� expuesto, se resuelve que ninguna de las dos tesis que se encuentran en contradicci�n debe prevalecer sobre la otra, puesto que, aun cuando la del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito es correcta en parte, no lo es en otro aspecto. En virtud de lo anterior, la tesis que debe regir con el car�cter de jurisprudencia en los t�rminos de los art�culos 192, 193, 195 y 197-A de la Ley de Amparo, es la que sustenta este Tribunal Pleno, la cual es del tenor literal siguiente: ?POSESI�N. PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRA�A AL JUICIO CIVIL O MERCANTIL DE ORIGEN, Y RECLAMA LA AFECTACI�N A UN BIEN INMUEBLE, REQUIERE LA EXISTENCIA DE UN T�TULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JUR�DICA O PRECEPTO LEGAL DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS, QUE OTORGUE EL DERECHO A POSEER.?.

Dichas consideraciones dieron origen a la tesis de jurisprudencia pendiente de publicaci�n que a continuaci�n se transcribe:

POSESI�N. PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRA�A AL JUICIO CIVIL O MERCANTIL DE ORIGEN, Y RECLAMA LA AFECTACI�N A UN BIEN INMUEBLE, REQUIERE LA EXISTENCIA DE UN T�TULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JUR�DICA O PRECEPTO LEGAL DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS, QUE OTORGUE EL DERECHO A POSEER. El art�culo 14 constitucional tutela la garant�a de audiencia a los poseedores, sin que precise qu� tipo de posesi�n protege. Asimismo, tal circunstancia tampoco se advierte de los antecedentes y reformas que ha sufrido al respecto nuestra Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y en especial su art�culo 14; lo que lleva a concluir que el precepto fundamental mencionado tutela la posesi�n definida en el derecho com�n. Ahora bien, en t�rminos del art�culo 790 del C�digo Civil para el Distrito Federal (similar a todas las legislaciones locales de todo el pa�s), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho. Sin embargo, debe entenderse que tal poder de hecho no constituye un hecho con consecuencias jur�dicas, sino m�s bien la manifestaci�n del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, lo que implica que debe tener una causa u origen en alguna de las figuras que contemplan las legislaciones relativas. Por tanto, debe estimarse que para que la posesi�n sea protegible a trav�s del juicio constitucional, es necesaria la existencia de un t�tulo que se sustente en alguna figura jur�dica o precepto legal, que genere el derecho a poseer, de tal manera, que el impetrante tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicci�n de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate; entendi�ndose por t�tulo no un documento, sino la causa generadora de esa posesi�n. Empero, las decisiones del �rgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del t�tulo, tienen efectos exclusivos al juicio de amparo, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesi�n del bien relativo, ya que estas cuestiones deber�n, en su caso, ser dilucidadas ante la potestad com�n.

Expuesto lo anterior, se tiene que la posesi�n es un derecho y no un simple hecho con consecuencias jur�dicas, que el objeto inmediato del derecho de posesi�n no es el ejercicio del poder como fen�meno natural, sino la posibilidad jur�dica de su realizaci�n otorgada al poseedor jur�dico por un t�tulo, entendi�ndose por t�tulo no un documento, sino la causa generadora de la posesi�n.

En atenci�n a lo anteriormente considerado, existe criterio jurisprudencial en el que se determinan los elementos de la posesi�n jur�dica, por lo que, en este aspecto, la presente contradicci�n de tesis debe quedar sin materia.

SEXTO

Por lo que respecta al tema del inter�s jur�dico, como se dijo l�neas arriba, no existe la contradicci�n de tesis denunciada, por una parte, entre el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y por otra, el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito, en atenci�n a lo siguiente.

Como se desprende de la lectura de los antecedentes de los asuntos cuyo criterio jurisdiccional dio origen a la presente denuncia de contradicci�n de tesis, en ellos se plantea lo relativo a si debe sobreseerse o no el juicio de garant�as por falta de inter�s jur�dico, en virtud de la falta de coincidencia de los datos asentados en los documentos que amparan la titularidad del veh�culo con los datos de identificaci�n que tiene el propio veh�culo.

Ahora bien, en relaci�n con el examen previo que debe realizarse para determinar la existencia de la contradicci�n de tesis, esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sostenido el criterio de que la figura de la contradicci�n de tesis a que se refiere el art�culo 197-A de la Ley de Amparo, representa la oposici�n de criterios jur�dicos respecto de una misma situaci�n jur�dica.

Asimismo, este Alto Tribunal ha sustentado que para que se surta la procedencia de la contradicci�n, la oposici�n debe suscitarse entre las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, pues precisamente esas consideraciones constituyen las tesis sustentadas por los �rganos jurisdiccionales.

Tales requisitos han sido establecidos por la Segunda Sala en la tesis de jurisprudencia n�mero 24/95, visible en la p�gina 59 del Tomo II, julio de 1995, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, que se�ala:

CONTRADICCI�N DE TESIS. ES INEXISTENTE SI LOS CRITERIOS DIVERGENTES TRATAN CUESTIONES ESENCIALMENTE DISTINTAS. Para que se configure la contradicci�n de tesis a que se refiere el art�culo 197-A de la Ley de Amparo, es menester que las resoluciones pronunciadas por los Tribunales Colegiados que sustenten criterios divergentes traten cuestiones jur�dicas esencialmente iguales; por tanto, si la disparidad de criterios proviene de temas diferentes, la contradicci�n es inexistente.

En sentido similar, fueron sustentadas por la anterior Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia, los siguientes criterios:

Tesis n�mero CLXXIII/89, consultable en la p�gina 218, Tomo IV, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca.

CONTRADICCI�N DE TESIS. IMPROCEDENCIA DE LA DENUNCIA QUE SE FORMULA RESPECTO DE RESOLUCIONES DICTADAS POR TRIBUNALES COLEGIADOS EN LAS QUE EL PROBLEMA JUR�DICO ESPEC�FICAMENTE ABORDADO ES DIFERENTE, AUNQUE GEN�RICAMENTE SEAN DE SIMILAR NATURALEZA. Si lo que regulan los art�culos 107, fracci�n XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, es la contradicci�n de tesis sobre una misma cuesti�n jur�dica como forma o sistema de integraci�n de jurisprudencia, entendiendo por ?tesis? a la posici�n que asume el juzgador en la soluci�n del negocio jur�dico que se le ha planteado y que se manifiesta en una serie de proposiciones que se expresan con el car�cter de propias, consecuentemente, el que para un Tribunal Colegiado, la equivocaci�n del notario en el n�mero de hojas que certific� como integrantes de un testimonio de escritura p�blica, no represente un vicio que afecte el valor probatorio esencial de dicho documento y para otro �rgano colegiado, la omisi�n total del fedatario de se�alar de cu�ntas hojas consta el documento certificado por �l, as� como la de firmar y colocar su sello en cada una de ellas, s� afecte el valor demostrativo de ese documento, no constituye materialmente hablando contradicci�n de tesis alguna, porque aunque gen�ricamente se hayan referido a un problema de similar naturaleza, la realidad es que en forma espec�fica se trata de cuestiones diversas en cada caso.

Tesis de jurisprudencia 38/93, consultable en la p�gina 45 del tomo 72, diciembre de 1993 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, que establece:

"CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA QUE SE GENERE SE REQUIERE QUE UNA TESIS AFIRME LO QUE LA OTRA NIEGUE O VICEVERSA. La existencia de una contradicci�n de tesis entre las sustentadas en sentencias de juicios de amparo directo, no se deriva del solo dato de que en sus consideraciones se aborde el mismo tema, y que en un juicio se conceda el amparo y en otro se niegue, toda vez que dicho tema pudo ser tratado en diferentes planos y, en consecuencia, carecer de un punto com�n respecto del cual lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa, oposici�n que se requiere conforme a las reglas de la l�gica para que se genere la referida contradicci�n."

Ahora bien, del contenido de las ejecutorias que motivaron la denuncia de que se trata, se observa que los Tribunales Colegiados contendientes examinaron asuntos relacionados con valoraci�n probatoria sobre evidencia distinta, pues si bien es cierto que en ambos asuntos se cuestion� la existencia del inter�s jur�dico, tambi�n es verdad que el estudio que sobre dicha cuesti�n efectuaron los �rganos colegiados de referencia, deriva de una comprensi�n, si bien semejante en cuanto se refiere a hechos de desposesi�n de veh�culos realizados por autoridades administrativas cuya funci�n es o est� relacionada con la persecuci�n de delitos y con motivo de irregularidades detectadas en el n�mero de serie de los propios veh�culos, tambi�n lo es que dicho juicio est� basado en prueba distinta.

En efecto, de la lectura de la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito se desprende que en ella se consider� que el quejoso tiene inter�s jur�dico para solicitar la protecci�n constitucional, pues aun cuando en el oficio por el que el director de Averiguaciones de la Procuradur�a General de Justicia del Estado de Colima se se�ala que "la plaquita del tablero" es falsa y que se encuentra remarcado el n�mero de serie del veh�culo tipo C., marca Chevrolet, modelo 1997, serie 1GCEC34K7VZ194457, motor VZ194457, lo cierto es que, adem�s de que no existe precepto jur�dico alguno que faculte a la autoridad responsable para determinar si los n�meros de identificaci�n de un veh�culo son falsos o est�n alterados, no hay constancia de fallo dictado por autoridad competente que determine que los derechos que otorgan la factura y la tarjeta de circulaci�n no correspondan a la camioneta cuya propiedad ostenta el solicitante del amparo; sin que el peritaje llevado a cabo en diversa averiguaci�n previa en el que se sostiene que los n�meros de identificaci�n del veh�culo son falsos, sea suficiente para desestimar el inter�s jur�dico del quejoso, puesto que tal situaci�n no se traduce en una resoluci�n que lo prive de los derechos que ostenta en relaci�n con la camioneta de que se trata, ya que dicho peritaje y la ponderaci�n realizada por el Ministerio P�blico al respecto, s�lo constituyen pesquisas o indagaciones realizadas para la persecuci�n de hechos que se estiman delictuosos, los cuales, una vez sometidos a la consideraci�n jurisdiccional y confirmado su sentido, podr�n estimarse como jur�dicamente ciertos.

Por otra parte, de la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito, se desprende que dicho �rgano jurisdiccional estim� que del examen integral y relacionado de las constancias de autos, en espec�fico del parte informativo suscrito por el suboficial de la Polic�a Federal de Caminos inspecci�n ocular del veh�culo tipo S., marca Chrysler practicada por el agente del Ministerio P�blico del fuero com�n adscrito en Valladolid, Yucat�n; declaraci�n del solicitante del amparo en su car�cter de indiciado, as� como del informe justificado rendido por la autoridad responsable en el juicio de amparo, revela que el agente de la Polic�a Federal de Caminos, en su calidad de �rgano auxiliar de la autoridad investigadora de delitos, asegur� el veh�culo del quejoso cuyos datos coinciden con un autom�vil reportado como robado relativo a una averiguaci�n previa, adem�s de que el veh�culo del quejoso contiene huellas que presumiblemente confirman la existencia de alteraciones en sus registros de identificaci�n, pues aparece que alguno de los datos de identificaci�n fueron manufacturados, ya que el n�mero de serie es diferente en cada caso con los que aparecen tanto en el tablero, seguro del picaporte como en la llanta trasera derecha del veh�culo; hechos que ponen de manifiesto que con tal documentaci�n el quejoso no est� en aptitud de demostrar la propiedad del bien de que se trata, m�xime que, adicionalmente, existen datos suficientes para presumir que dicho automotor es el reportado como robado.

Adicionalmente, el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito se�al� que la tenencia f�sica del veh�culo, por s� sola, no otorga inter�s jur�dico al peticionario de garant�as, puesto que al existir datos que revelan que su origen puede tener un hecho delictuoso, su detentaci�n no puede producir consecuencias jur�dicas a su favor porque en esas circunstancias la detentaci�n de la cosa, desde el instante en que se comete el delito, permanece en un estado de ilicitud en relaci�n con los posteriores detentadores del bien, sin que tal situaci�n pueda convalidarse con actos aparentemente l�citos; ello sin perjuicio de que durante la secuela de la averiguaci�n previa el quejoso demuestre que la tenencia material del autom�vil objeto de la litis no encuadra en ese estado de ilicitud ni antijuridicidad.

De los elementos sintetizados deriva que si bien las consideraciones vertidas por los �rganos colegiados contendientes son coincidentes en se�alar que, respecto de la desposesi�n de veh�culo realizada por autoridades relacionadas con la persecuci�n de delitos el inter�s jur�dico debe probarse fehacientemente, no menos lo es, que cuando los Tribunales Colegiados realizan la valuaci�n probatoria existente en autos, �sta se verifica sobre indicativos discordantes cuya conclusi�n produce que el razonamiento relativo est� basado en supuestos diferentes, causando la inexistencia de criterios contradictorios.

Lo anterior pone en evidencia que en las resoluciones que motivaron la denuncia de contradicci�n, los tribunales contendientes examinaron asuntos sobre temas en parte coincidentes y en parte distintos, y aunque abordan el an�lisis de la misma situaci�n respecto de la posesi�n jur�dica protegida por medio del juicio de amparo y sobre la existencia del inter�s jur�dico para solicitar la protecci�n constitucional, respecto de actos de desposesi�n de veh�culos realizada por autoridades cuya funci�n es o est� relacionada con la persecuci�n de delitos, lo cierto es que, en cuanto al segundo tema, relativo al inter�s jur�dico, realizan la valoraci�n probatoria respecto de evidencias diversas, pues mientras un Tribunal Colegiado no toma en consideraci�n las manifestaciones de las autoridades responsables, en espec�fico lo aducido por el director de Averiguaciones de la Procuradur�a General de Justicia del Estado de Colima, que se se�ala que "la plaquita del tablero" es falsa y que se encuentra remarcado el n�mero de serie del veh�culo tipo C., marca Chevrolet, modelo 1997, serie 1GCEC34K7VZ194457, motor VZ194457, y aclara que al respecto no existe precepto jur�dico alguno que faculte a la autoridad responsable para determinar si los n�meros de identificaci�n de un veh�culo son falsos o est�n alterados, adem�s de que tampoco hay constancia de fallo dictado por autoridad competente que determine que los derechos que otorgan la factura y la tarjeta de circulaci�n no correspondan a lacamioneta cuya propiedad ostenta el solicitante del amparo, puntualiza que, en cuanto al peritaje llevado al cabo en diversa averiguaci�n previa en el que se sostiene que los n�meros de identificaci�n del veh�culo son falsos, no es un elemento suficiente para desestimar el inter�s jur�dico del quejoso puesto que tal situaci�n no se traduce en una resoluci�n que lo prive de los derechos que ostenta en relaci�n con la camioneta de que se trata.

El otro Tribunal Colegiado subraya que las manifestaciones indicadas por las autoridades responsables, espec�ficamente la inspecci�n ocular del veh�culo tipo S., marca Chrysler practicada por el agente del Ministerio P�blico del fuero com�n adscrito en Valladolid, Yucat�n, revelan que el agente de la Polic�a Federal de Caminos, en su calidad de �rgano auxiliar de la autoridad investigadora de delitos, asegur� el veh�culo del quejoso cuyos datos coinciden con un autom�vil reportado como robado relativo a una averiguaci�n previa, aunado al hecho adem�s de que el veh�culo del quejoso contiene huellas que presumiblemente confirman la existencia de alteraciones en sus registros de identificaci�n, pues aparece que el n�mero de serie es diferente en cada caso con los que aparecen tanto en el tablero, seguro del picaporte como en la llanta trasera derecha del veh�culo, fueron manufacturados, lo que pone de manifiesto que con tal documentaci�n el quejoso no demuestra la propiedad del bien de que se trata.

Es decir, los criterios anteriores carecen de un punto com�n, puesto que la evaluaci�n probatoria gira en torno a evidencias distintas. En otras palabras, lo que se afirma en una sentencia no se niega en la otra, oposici�n que se requiere conforme a las reglas de la l�gica para que se genere la contradicci�n de tesis y que en los asuntos propuestos no acontece.

En m�rito de lo hasta aqu� expuesto, es incuestionable que en el caso no existe la contradicci�n de criterios denunciada.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver el amparo en revisi�n 358/2000 y el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito al resolver el amparo en revisi�n 139/97, en cuanto al tema relacionado con la posesi�n.

SEGUNDO

Se declara sin materia la contradicci�n de tesis a que se refiere el punto resolutivo anterior, en t�rminos del considerando respectivo.

TERCERO

No existe contradicci�n entre los criterios sustentados en los amparos que se se�alan en el resolutivo primero, en cuanto al tema relacionado con el inter�s jur�dico.

As� lo resolvi� el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de diez votos se aprobaron los resolutivos primero y segundo; y por mayor�a de seis votos de los se�ores Ministros Mariano Azuela G�itr�n, J.V.C. y C., J.V.A.A.�n, Jos� de Jes�s G.�o P., H.R.P. y presidente G.D.G.�ngora P., el resolutivo tercero, los Ministros S.S.A.A., J.D.R., G.I.O.M. y J.N.S.M. votaron en contra y manifestaron que formular�n voto de minor�a. Ausente la se�ora M.O.M.�a S�nchez C., previo aviso dado a la Presidencia.