Ejecutoria num. P./J. 8/2001 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26827018

Ejecutoria num. P./J. 8/2001 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P./J. 8/2001
Localizacion:JUAN N. SILVA MEZA.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Abril de 2001
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/95. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL SEXTO CIRCUITO.COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE.COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 1/95. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL SEXTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: J.N.S.M..

SECRETARIO: J.F. CRUZ.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO

El Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver el d�a quince de junio de mil novecientos noventa y cuatro, el toca de revisi�n R.551/93, relativo al juicio de amparo n�mero 1200/93, tramitado ante el Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala, lo hizo en los t�rminos que enseguida, en lo conducente, se pasan a transcribir:

RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el cuatro de agosto de mil novecientos noventa y tres, E.A.P.�n U., por su propio derecho, solicit� ante el J.Q. de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el amparo y protecci�n de la Justicia Federal, contra actos que estim� violatorios de los art�culos 14 y 16 constitucionales, precisando lo siguiente: ?III. Autoridades responsables: a) En su car�cter de ordenadora se�alo al C. J. Cuarto de Primera Instancia del Distrito J. de Q.�taro, Estado del mismo nombre, con domicilio conocido. b) Como autoridades responsables ejecutoras, se�alo: 1. C.D. de la Polic�a Investigadora del Estado de Q.�taro; y elementos a su mando; 2. C.J.P. de lo Penal, de esta ciudad de Tlaxcala, Estado del mismo nombre; 3. C.P. general de Justicia del Estado de Tlaxcala; y 4. C.J. de la Polic�a J. del Estado de Tlaxcala y elementos a su mando. IV. Actos reclamados: a) D.C.J.C. de Primera Instancia del Distrito J. de Q.�taro, Estado de Q.�taro, reclamo la orden de busca, aprehensi�n y detenci�n decretada en mi contra, de fecha siete de febrero de mil novecientos noventa y dos, en el proceso n�mero 291/91 que, con otras personas, se me instruye como probable responsable de los delitos de fraude, asociaci�n delictuosa y administraci�n fraudulenta, previstos y sancionados por los art�culos 193, fracci�n II, 220 y 197 del C�digo Penal vigente en el Estado de Q.�taro. b) 1. D.C.D. de la Polic�a Investigadora del Estado de Q.�taro, por conducto de los elementos a su mando, reclamo la ejecuci�n que pretendan dar a la orden de captura decretada en mi contra por el J. ordenador, priv�ndome ilegalmente de mi libertad. 2. D.C.J.P. de lo Penal de esta ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, reclamo la ejecuci�n de la orden de aprehensi�n que recibi� mediante exhorto del J. ordenador priv�ndome de mi libertad. 3. D.C.P. general de Justicia del Estado de Tlaxcala, reclamo la ejecuci�n que pretende dar a la orden de aprehensi�n decretada en mi contra por el J. ordenador, y que para ello recibi� del se�or J. exhortado, Primero de lo Penal, de esta ciudad. 4. D.C.D. de la Polic�a J. del Estado de Tlaxcala, reclamo la ejecuci�n de la orden de aprehensi�n decretada en mi contra, que recibi� del se�or procurador general de Justicia de este mismo Estado, para privarme ilegalmente de mi libertad. Las referidas autoridades se�aladas como responsables, la ordenadora y primera de las ejecutoras, tienen sus domicilios oficiales y bien conocidos en la ciudad de Q.�taro, Estado de Q.�taro; y las tres �ltimas ejecutoras tienen sus domicilios oficiales y bien conocidos en esta ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala. SEGUNDO. En la audiencia constitucional celebrada el diez de septiembre de mil novecientos noventa y tres, el J. de Distrito en el Estado de Tlaxcala, pronunci� sentencia cuyos puntos resolutivos son los siguientes: ?PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de garant�as respecto de los actos que se reclaman del J. Primero de lo Penal del Distrito J. de G. y A., procurador general de Justicia del Estado y director general de la Polic�a J. del Estado, los tres residentes en esta ciudad, los que se precisan en el resultando primero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Uni�n no ampara ni protege a E.A.P.�n U. en contra de los actos que reclama del J. Cuarto de Primera Instancia Penal del Distrito J. de Q.�taro, Q.�taro y director de la Polic�a Investigadora del Estado de Q.�taro, los que se precisan en el resultando primero de esta resoluci�n.?. CONSIDERANDO: ...TERCERO. Antes que nada es pertinente se�alar que este cuerpo colegiado, advierte que las autoridades se�aladas como responsables ejecutoras residentes en el Estado de Tlaxcala, negaron el acto reclamado, sin que haya prueba en contrario, en tales circunstancias el J. de Distrito abord� el examen del acto reclamado a las autoridades responsables residentes en el Estado de Q.�taro, es decir, de autoridades que ejercen sus funciones fuera de la circunscripci�n territorial de competencia del J. de Distrito, lo que lleva a considerar que t�citamente acept� su competencia, cuesti�n de orden p�blico que una vez fallado el juicio no puede ser examinada de oficio por este tribunal. Sirve de apoyo por analog�a la jurisprudencia n�mero 418, publicada en el Ap�ndice al Semanario J. de la Federaci�n 1917-1988, Segunda Parte, p�gina 712, que dice: ?COMPETENCIA IMPROCEDENTE. No ha lugar a una cuesti�n de competencia de amparo, cuando el juicio entablado ante uno de los Jueces contendientes ha sido ya fallado o sobrese�do por �ste.?. Atento a lo anterior, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, sostenido al resolver el dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y dos, el amparo en revisi�n 115/92, que motiv� la tesis siguiente: ?COMPETENCIA. NEGACI�N DEL ACTO RECLAMADO, PARA LOS EFECTOS DE LA. Si la autoridad se�alada como responsable reside dentro de la jurisdicci�n del J. de Distrito al rendir su informe justificado niega la existencia del acto reclamado y no se rinde prueba en contrario, debe inferirse que dentro de aquel territorio no trata de ejecutarse ese acto reclamado y por ende es competente otro J..?. En tal virtud, en cumplimiento a lo dispuesto por el art�culo 197-A de la Ley de Amparo, lo pertinente es denunciar la contradicci�n de tesis a la honorable Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. CUARTO. Este tribunal considera procedente desestimar los agravios hechos valer ... las consideraciones precedentes ponen de relieve la ineficacia de los agravios hechos valer, que vuelve procedente confirmar la sentencia que se revisa en la parte que fue materia de esta revisi�n. Finalmente, debe decirse que queda firme el primer punto resolutivo de la sentencia impugnada, ya que el antes quejoso no esgrimi� agravio alguno tendiente a combatirlo y no hay queja deficiente que suplir. Por lo expuesto y fundado y con apoyo adem�s en los art�culos 83, fracci�n IV, 85, fracci�n II, 86, 90, 91, de la Ley de Amparo y 44, fracci�n III, de la Ley Org�nica del Poder J. de la Federaci�n, se

resuelve: PRIMERO. Se confirma la sentencia sujeta a revisi�n. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 1200/93 del Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala promovido por E.A.P.�n U., contra actos que reclama del J. Primero de lo Penal del Distrito J. de G. y A., con residencia en la ciudad de Tlaxcala, procurador general de Justicia y director general de la Polic�a J., ambos del Estado de Tlaxcala, mismos que se precisan en el resultando primero de esta ejecutoria. TERCERO. La Justicia de la Uni�n no ampara ni protege a E.A.P.�n U., contra los actos que reclama del J. Cuarto de Primera Instancia Penal de Q.�taro y director de la Polic�a Investigadora del propio Estado, los que quedaron especificados en el resultando primero de este fallo.

TERCERO

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver los tocas de revisi�n que a continuaci�n se pasan a especificar, lo hizo en los t�rminos que en lo conducente, se transcriben enseguida:

  1. En el toca de revisi�n n�mero 115/94, relativo al juicio de amparo n�mero 2143/93-3, tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, fallado el d�a diez de agosto de mil novecientos noventa y cuatro.

    RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el d�a seis de diciembre de mil novecientos noventa y tres, R.V.M. o R.V.R. y C.E.O.L.�n, por su propio derecho, solicitaron ante el Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Puebla, el amparo y protecci�n de la Justicia Federal, contra actos que estimaron violatorios de los art�culos 14 y 16 constitucionales, precisando lo siguiente: ?Autoridades responsables. El C. J. Cuarto de Distrito con residencia en Nogales, S., autoridad con domicilio oficial bien conocido en la ciudad de Nogales, S.. Acto reclamado. La orden de aprehensi�n dictada en nuestra contra dentro del proceso 6/993, por el C. J. Cuarto de Distrito con residencia en Nogales, S., as� como de la ejecuci�n que de ella pretenden hacer los elementos de la Polic�a J. Federal.?. SEGUNDO. Previos los tr�mites legales correspondientes el J. Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, quien conoci� del negocio, dict� sentencia con fecha ocho de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, cuyo punto resolutivo es el siguiente: ?�NICO. La Justicia de la Uni�n no ampara ni protege a R.V.M. y C.E.O.L.�n, en contra de las autoridades y por los actos que se especificaron en el resultando primero de este fallo. N.�quese.?. TERCERO. Inconformes los quejosos y la autoridad responsable, J. Cuarto de Distrito en el Estado de S., con residencia en la ciudad de Nogales, J.R.V.R., con el fallo mencionado, interpusieron recursos de revisi�n, los cuales fueron admitidos por el presidente de este Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con fechas veinticinco de marzo y doce de abril, ambas de mil novecientos noventa y cuatro. CONSIDERANDO: ... TERCERO. Por raz�n de m�todo se estudia el agravio aducido en primer t�rmino por la autoridad responsable, el cual es fundado y suficiente para revocar la sentencia recurrida y ordenar al J. Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, declare su legal incompetencia para conocer del asunto de conformidad con el art�culo 42 de la Ley de Amparo, de acuerdo con las siguientes consideraciones: El J. Cuarto de Distrito en el Estado de S., con residencia en la ciudad de Nogales, se�ala que el J. Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla viol� lo dispuesto por el art�culo 42 de la Ley de Amparo, al omitir declararse incompetente para conocer del juicio de garant�as promovido por R.V.M. o R.V.R. y C.E.O.L.�n, toda vez que en el caso concreto se debe aplicar la regla especial establecida por el citado precepto, y que si el juicio de amparo se promovi� en contra de actos del J. Cuarto de Distrito en el Estado de S., con residencia en la ciudad de Nogales, de acuerdo con el invocado numeral, el J. competente lo era otro juzgador de la misma categor�a dentro del mismo distrito, es decir, los Jueces Quinto o Sexto de Distrito en el Estado de S., con residencia en la ciudad de Nogales, violando con ello las normas del procedimiento, adem�s de que la aprehensi�n del inculpado podr� realizarse en cualquier lugar de la Rep�blica, y dicha ejecuci�n debe llevarse a cabo dentro de la jurisdicci�n territorial del J. de Distrito que orden� la captura. En efecto, le asiste la raz�n al J. Cuarto de Distrito en el Estado de S., con residencia en la ciudad de Nogales, en su car�cter de autoridad responsable, toda vez que el art�culo 42 de la Ley de Amparo, dispone: ?Es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un J. de Distrito, otro de la misma categor�a dentro del mismo distrito, si lo hubiere, o, en su defecto, el m�s inmediato dentro de la jurisdicci�n del Tribunal Colegiado de Circuito a que pertenezca dicho J.. Para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de un Tribunal Unitario de Circuito, es competente el J. de Distrito que, sin pertenecer a su jurisdicci�n, est� m�s pr�ximo a la residencia de aqu�l.?. De la correcta interpretaci�n del citado precepto se advierte que el mismo es una excepci�n de la regla general prevista por el numeral 36 del invocado ordenamiento legal, puesto que establece que trat�ndose de la competencia de los juicios promovidos contra actos de un J. de Distrito, el competente es otro de su misma categor�a, dentro del propio distrito en el Estado de S. en turno, siendo que el acto reclamado en la demanda de garant�as lo constituye la orden de aprehensi�n dictada por el J. Cuarto del aludido distrito, en contra de C.E.O.L.�n y R.V.M. o R.V.R., dentro del proceso n�mero 6/93. Lo anterior pone de manifiesto que no se surte la competencia del J. Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, por no actualizarse, en el caso, ninguna de las hip�tesis que contempla el art�culo 36 de la ley de la materia, ya que no est� demostrado en autos que en esta entidad federativa, debe ejecutarse, se trate de ejecutar o se haya ejecutado la orden de aprehensi�n reclamada. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 52 de la citada ley, se deber� dejar insubsistente la sentencia recurrida y ordenar al a quo declare su legal incompetencia para conocer del juicio constitucional. No pasa desapercibido por este Tribunal Colegiado que la parte quejosa, en su demanda de garant�as presentada ante el J. Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, manifest� que su domicilio se encontraba dentro de esta ciudad de Puebla, pero tambi�n se advierte que los amparistas omitieron designar en el cap�tulo de autoridades responsables a las ejecutoras, toda vez que dicha ejecuci�n de la orden de captura no puede presumirse por el simple hecho de que los promoventes de amparo hayan signado su demanda en determinado lugar, en este caso, en el Estado de Puebla, porque hubieren manifestado ser vecinos del lugar, puesto que para la ejecuci�n del acto reclamado es necesaria la intervenci�n de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicci�n del J. Federal, siendo evidente, por tanto, que sin el se�alamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicci�n del J. Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, no puede estimarse que la resoluci�n correspondiente forzosamente deba ejecutarse en esta entidad federativa, por lo que se concluye que el J. de Distrito competente es aquel que resida en el mismo lugar de la autoridad de quien emana el acto reclamado, en la especie, el J. de Distrito en el Estado de S., con residencia en la ciudad de Nogales, en turno. Lo antes expuesto tiene apoyo en la tesis relacionada en sexto lugar con la jurisprudencia n�mero 404 del Semanario J. de la Federaci�n 1917-1988, Segunda Parte, visible a foja 695, misma que a la letra dice: ?COMPETENCIA EN AMPARO. Si no se ha se�alado por la autoridad responsable, a ninguna otra parte que ejecute el acto que se reclama, es competente para conocer del juicio de garant�as, el J. de Distrito del lugar en donde resida la autoridad de quien emana el acto.?. Por lo expuesto y con apoyo adem�s en los art�culos 1o., fracci�n I, 83, fracci�n IV, y 85, fracci�n II, de la Ley de Amparo; 43 y 44, fracci�n III, de la Ley Org�nica del Poder J. de la Federaci�n, es de resolverse y se resuelve: PRIMERO. Se declara insubsistente la sentencia dictada el ocho de febrero de mil novecientos noventa y cuatro por el J. Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo n�mero 2143/93-3, promovido por R.V.M. o R.V.R. y C.E.O.L.�n en contra del acto del J. Cuarto de Distrito en el Estado de S., con residencia en la ciudad de Nogales, mismo que ha quedado precisado en el resultando primero de esta ejecutoria. SEGUNDO. Se ordena al J. Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, declarar su legal incompetencia para conocer del juicio de amparo n�mero 2143/93-3, promovido por R.V.M. o R.V.R. y C.E.O.L.�n en contra de acto del J. Cuarto de Distrito en el Estado de S., con residencia en la ciudad de Nogales, mismo que ha quedado precisado en el resultando primero de esta ejecutoria. Por lo que deber� remitir los autos al mencionado J. de Distrito en el Estado de S., con residencia en Nogales, en turno, a fin de que determine lo que corresponda. N.�quese; con testimonio de esta resoluci�n, devu�lvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, arch�vese este toca como asunto concluido. As� por unanimidad de votos lo resolvieron los se�ores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados G.C.R., C.R.M.G. y H.C.V.�zquez, siendo ponente la segunda de los nombrados, quienes firman con el secretario de Acuerdos que da fe.

  2. En el toca de revisi�n n�mero 115/92, relativo al juicio de amparo n�mero 1924/91, tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Puebla, fallado el d�a dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y dos:

    RESULTANDO: PRIMERO. Mediante demanda presentada ante el Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Puebla, con fecha treinta de diciembre de mil novecientos noventa y uno, G.J.R.�guez C.�o, por su propio derecho, solicit� el amparo y protecci�n de la Justicia Federal, contra actos del J. local, como autoridad ordenadora, y como ejecutoras: alcaide de la c�rcel municipal, procurador general de Justicia, jefe de la Polic�a J., �stos de Tlaxcala, Tlaxcala; procurador general de Justicia y coordinador de la Polic�a J., ambos del Estado de Puebla y agente del Ministerio P�blico de Cholula, Puebla, que estim� violatorios de los art�culos 14, 16 y 19 de la Constituci�n General de la Rep�blica; consistentes en el auto de formal prisi�n decretado en el proceso n�mero 11/91, seguido en su contra como presunta responsable de los delitos de amenazas e injurias cometidos en agravio de T.G.�a P�rez; y de las dem�s autoridades, la ejecuci�n que de la orden de reaprehensi�n emitida lleven a cabo. SEGUNDO. Admitida y tramitada la demanda de que se trata, con fecha veintitr�s de enero de mil novecientos noventa y dos, el J. Tercero de Distrito en el Estado de Puebla, a quien correspondi� conocer del asunto, dict� sentencia conforme a los siguientes puntos resolutivos: ?PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de garant�as, en contra de los actos que se reclamaron del J. local del Municipio de Tlaxcala, jefe de la Polic�a J. de la citada localidad, agente del Ministerio P�blico de Cholula, Puebla, procurador general de Justicia y coordinador de la Polic�a J., ambos del Estado, tal como se mencion� en el considerando segundo de esta resoluci�n. SEGUNDO. La Justicia de la Uni�n no ampara ni protege a G.J.R.�guez C.�o, en contra de los actos que se reclamaron del J. local del Municipio de Tlaxcala, alcaide de la c�rcel municipal y procurador general de Justicia de la referida localidad, actos precisados en el resultando primero de este fallo.?. TERCERO. Inconforme la propia quejosa con el fallo del J. Federal interpuso revisi�n. CONSIDERANDO: �NICO. No habr�n de transcribirse los agravios hechos valer por la recurrente, ni las consideraciones en que se sustent� la sentencia impugnada, por las razones que a continuaci�n se expresan: G.J.R.�guez C.�o, promoviendo por su propio derecho, solicit� la protecci�n de la Justicia Federal contra actos del J. local, alcaide de la c�rcel municipal, procurador general de Justicia, jefe de la Polic�a J., �stos de Tlaxcala, Tlaxcala; procuradorgeneral de Justicia y coordinador de la Polic�a J., ambos del Estado de Puebla y agente del Ministerio P�blico de Cholula, Puebla; de la primera de dichas autoridades reclam� el auto de formal prisi�n decretado en el proceso n�mero 11/91, seguido en su contra como presunta responsable de los delitos de amenazas e injurias cometidos en agravio de T.G.�a P�rez, y de las dem�s, la ejecuci�n que de la orden de reaprehensi�n emitida lleven a cabo. El J. Tercero de Distrito en el Estado de Puebla, sobresey� en el juicio de garant�as por lo que hace a los actos reclamados del procurador general de Justicia, coordinador de la Polic�a J., ambos del Estado de Puebla y del agente del Ministerio P�blico de Cholula, Puebla, al advertir que en sus respectivos informes justificados (fojas siete, ocho y diez), negaron la existencia de los actos que de ellos se reclaman, sin que dicha negativa hubiese sido desvirtuada por prueba en contrario. Por otra parte, dicho J. Federal tuvo por ciertos los actos reclamados del J. local de Tlaxcala, por lo que procedi� a analizar su constitucionalidad y al estimar que el auto de bien preso combatido reun�a los requisitos de fondo y forma a que se refiere el art�culo 19 constitucional, neg� el amparo solicitado. Ahora bien, dicha sentencia que resolvi� el juicio de garant�as debe declararse insubsistente en virtud de que el J. a quo resulta incompetente para conocer del mismo, por las siguientes razones: El art�culo 36 de la Ley de Amparo, establece: ?Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo ser� aquel en cuya jurisdicci�n deba tener ejecuci�n, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecut�ndose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevenci�n, ser� competente. Es competente el J. de Distrito en cuya jurisdicci�n resida la autoridad que hubiese dictado la resoluci�n reclamada, cuando �sta no requiera ejecuci�n material.?. En este orden de ideas y tomando en cuenta que tanto el procurador general de Justicia como el coordinador de la Polic�a J., ambos del Estado de Puebla y el agente del Ministerio P�blico de Cholula, Puebla, negaron la existencia de los actos reclamados, sin prueba en contrario, resulta que no se surte la competencia del J. de Distrito en esta entidad federativa, para conocer del juicio de garant�as de que se trata, por no actualizarse en la especie la hip�tesis que contempla el numeral en cita. Sirve de apoyo a lo anterior, por analog�a, la jurisprudencia n�mero 54, visible en la p�gina 91, Segunda Parte, del Ap�ndice al Semanario J. de la Federaci�n 1917-1988, que dice: ?ACTO RECLAMADO, NEGACI�N DEL, PARA LOS EFECTOS DE LA COMPETENCIA EN AMPARO. Si la declaratoria de incompetencia se hace en la audiencia constitucional del juicio de amparo, y contra el informe negativo de la autoridad responsable residente dentro de la jurisdicci�n del J. de Distrito, no se rinde prueba en contrario, debe inferirse que dentro de aquel territorio no trata de ejecutarse el acto reclamado y que es competente el otro J. competidor.?. Las consideraciones que preceden conducen a declarar insubsistente la sentencia sujeta a revisi�n y mandar reponer el procedimiento, para el efecto de que el J. Federal a quo, conforme a lo dispuesto por el art�culo 52 de la Ley de Amparo, sustancie su incompetencia. Por lo expuesto y con fundamento en los art�culos 83, fracci�n IV, y 85, fracci�n II, de la Ley de Amparo; 43 y 44, fracci�n III, de la Ley Org�nica del Poder J. de la Federaci�n, se

    resuelve: PRIMERO. Se declara insubsistente la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena al J. de Distrito declarar su legal incompetencia y, por tanto, remita los autos al J. de Distrito en el Estado de Tlaxcala, para que conforme a sus atribuciones, determine lo que corresponda.

  3. En el toca de revisi�n n�mero 101/992, relativo al juicio de amparo n�mero 38/92, tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, fallado el d�a diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y dos.

    RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el diez de enero de mil novecientos noventa y dos, I.T.I., B.R.C. y E.T.C., por su propio derecho, solicitaron ante el Juzgado de Distrito en el Estado de Puebla en turno, el amparo y protecci�n de la Justicia Federal, contra los actos que estimaron violatorios de los art�culos 14, 16 y 17 constitucionales, precisando lo siguiente: ?Autoridades responsables, son las siguientes: a) El C. J. Mixto de Primera Instancia de J., Veracruz, en su car�cter de ordenadora y con domicilio oficial conocido en el Palacio Municipal de la ciudad de J., Veracruz. b) Los ciudadanos agente del Ministerio P�blico, comandante de la Polic�a J., ambos de la ciudad de J., Veracruz, procurador general de Justicia y coordinador de la Polic�a J., ambos de esta ciudad de Puebla, todos en su car�cter de ejecutoras y respectivamente con domicilio oficial conocido en la ciudad de J., Veracruz, y en esta ciudad de Puebla, Puebla. Actos reclamados. De la autoridad que se�alo como responsable ordenadora, reclamo: La orden de aprehensi�n y detenci�n que dict� en nuestra contra sin estar legalmente motivada y fundada. De las restantes autoridades que se�alamos como responsables ejecutoras, reclamamos: La ejecuci�n de la orden de aprehensi�n y detenci�n que tratan de llevar a cabo en nuestra contra; as� como los dem�s efectos y consecuencias legales que deriven de los actos anteriores reclamados.?. SEGUNDO. Previos los tr�mites procesales correspondientes, el treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y dos, el J. Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, a quien correspondi� conocer del asunto, dict� sentencia negando el amparo solicitado. TERCERO. Inconformes con dicha resoluci�n, los quejosos interpusieron revisi�n, recurso que fue admitido el veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y dos, por este Segundo Tribunal Colegiado al que por turno correspondi� el conocimiento del asunto. CONSIDERANDO: SEGUNDO. No se transcribir�n ni analizar�n los agravios hechos valer por los recurrentes, por las razones que a continuaci�n se expresan: De la demanda de garant�as se aprecia que I.T.I., B.R.C. y E.T.C. reclamaron del J. Mixto de Primera Instancia de J., Veracruz, en su car�cter de autoridad ordenadora, la orden de busca, aprehensi�n y detenci�n que dict� en su contra, en el proceso n�mero 381/991; del agente del Ministerio P�blico y comandante de la Polic�a J., ambos de J., Veracruz, as� como del procurador general de Justicia y comandante de la Polic�a J., estas dos �ltimas autoridades del Estado de Puebla, la ejecuci�n de dicho mandamiento. Para negar la protecci�n constitucional, en primer lugar, el J. de Distrito advirti� que el procurador general de Justicia y el coordinador de la Polic�a J., ambos del Estado de Puebla, negaron la existencia de los actos de ejecuci�n que se les reclamaron, sin embargo, se ocup� del estudio de la constitucionalidad de la orden de aprehensi�n reclamada, considerando que no es violatoria de garant�as. Del expediente de amparo, se observa que, efectivamente, el procurador general de Justicia del Estado de Puebla y coordinador de la Polic�a J. de esta misma entidad federativa, en sus respectivos informes justificados (fojas 28 y 29), negaron la existencia de los actos que se les reclamaron, sin que los quejosos hayan aportado prueba alguna para desvirtuar esa negativa; sobre el mismo punto, de la copia al carb�n certificada de las constancias del proceso generador de los actos reclamados, que el J. responsable acompa�� a su informe justificado (fojas 10 a 24), no se aprecia dato alguno que evidencia que el mandamiento de captura reclamado deba ejecutarse, habr� de ejecutarse o se haya ejecutado en el Estado de Puebla, pues incluso del contenido del acto reclamado se advierte que el J. responsable dio instrucciones s�lo al agente del Ministerio P�blico de J., Veracruz, para el cumplimiento de la referida orden. En las condiciones relatadas, debe declararse insubsistente la sentencia combatida, dada la incompetencia por raz�n de territorio del J. Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, para fallar el juicio constitucional. En efecto, el art�culo 36 de la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 Constitucionales, dispone: ?Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo ser� aquel en cuya jurisdicci�n deba tener ejecuci�n, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecut�ndose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevenci�n, ser� competente. Es competente el J. de Distrito en cuya jurisdicci�n reside la autoridad que hubiese dictado la resoluci�n reclamada, cuando �sta no requiera ejecuci�n material.?. Lo anterior pone de manifiesto que no se surte la competencia del J. Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, para conocer del presente juicio de amparo, por no actualizarse, en el caso, ninguna de las hip�tesis que contempla el referido precepto, esto es, porque no est� demostrado que en esta entidad federativa deba ejecutarse, se trate de ejecutar o se haya ejecutado la orden de aprehensi�n reclamada. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 52 de la Ley de Amparo, se deber� dejar insubsistente el fallo recurrido y ordenar al J. a quo declarar su incompetencia para conocer del juicio constitucional. Como corolario de lo anterior, es pertinente se�alar que cuando la parte quejosa, en su demanda de garant�as presentada ante el J. de Distrito de otra jurisdicci�n territorial a la de la autoridad se�alada como ordenadora, reclama determinado acto atribuyendo su ejecuci�n a autoridades del Estado, cuya jurisdicci�n corresponde a ese juzgador, dada la negativa de los actos de ejecuci�n expresada por las autoridades se�aladas como ejecutoras y la carencia de pruebas o datos que desvirt�en esa negativa, en t�rminos de lo dispuesto por los art�culos 36 y 52 de la Ley de Amparo, el J. ante quien se present� la demanda constitucional debe declararse incompetente y remitir los autos al J. de Distrito en cuya jurisdicci�n aparezca debe tener ejecuci�n, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, para que conforme a sus atribuciones legales determine lo que corresponda. Por lo expuesto y con fundamento en los art�culos 83, fracci�n IV, 85, fracci�n II, 86, 88, 90 y 91 de la Ley de Amparo; 43 y 44, fracci�n III, de la Ley Org�nica del Poder J. de la Federaci�n, se

    resuelve: PRIMERO. Se declara insubsistente la sentencia dictada el treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y dos, por el J. Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo n�mero 38/92, promovido por I.T.I., B.R.C. y E.T.C., contra los actos que reclaman del J. Mixto de Primera Instancia, agente del Ministerio P�blico y comandante de la Polic�a J., todas estas autoridades de J., Veracruz, procurador general de Justicia y coordinador de la Polic�a J., ambos del Estado de Puebla, actos que fueron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria. SEGUNDO. Se ordena al J. Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, declarar su legal incompetencia para conocer del juicio de amparo n�mero 38/92, promovido por I.T.I., B.R.C. y E.T.C., por lo que deber� remitir los autos al J. de Distrito en el Estado de Veracruz en turno, para que conforme a sus atribuciones determine lo que corresponda. N.�quese; con testimonio de la presente resoluci�n, devu�lvanse los autos al juzgado de su origen y en su oportunidad arch�vese el toca. As�, por unanimidad de votos lo resolvieron los se�ores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados G.C.R., J.G.�n R. y A.N.V., siendo ponente el segundo de los mencionados, quienes firman, con el secretario de Acuerdos que da fe.

  4. En el toca de revisi�n n�mero 219/92, relativo al juicio de amparo n�mero 385/92, tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Puebla, fallado el d�a veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y dos.

    RESULTANDO: PRIMERO. Mediante demanda presentada el nueve de marzo de mil novecientos noventa y dos, R.D.H.�ndez, por su propio derecho, solicit� ante el Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Puebla, el amparo y protecci�n de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuaci�n se mencionan: ?Autoridades responsables, lo son: a) El C.P. general de Justicia del Distrito Federal; b) El C.D. general de la Polic�a J. del Distrito Federal; y c) El C. Coordinador de la Polic�a J. en el Estado. Las dos primeras con domicilio perfectamente conocido en esta ciudad de Puebla; la primera autoridad en su car�cter de ordenadora y las dos restantes en su car�cter de ejecutoras. Acto reclamado. De la primera autoridad se�alada como responsable reclamo la orden de aprehensi�n librada en mi contra, y de las dos �ltimas autoridades se�aladas como responsables reclamo el tratar de hacer efectiva dicha orden por conducto de los elementos bajo sus �rdenes.?. Dichos actos los estimo violatorios de los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n General de la Rep�blica. SEGUNDO. Previos los tr�mites legales, el J. Primero de Distrito en el Estado de Puebla, quien conoci� del negocio, dict� sentencia con fecha veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y dos, cuyo punto resolutivo es el siguiente: ?�NICO. Se sobresee el presente juicio de amparo, promovido por R.D.H.�ndez, contra actos del procurador general de Justicia y del director general de la Polic�a, ambos de M�xico, Distrito Federal y del coordinador de la Polic�a J. en el Estado de Puebla.?. TERCERO. Inconforme el quejoso con dicho fallo, interpuso recurso de revisi�n el cual fue admitido por el presidente de este Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito con fecha veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y dos. CONSIDERANDO: ... TERCERO. No obstante haberse transcrito los agravios hechos valer por el recurrente, los mismos no ser�n objeto de estudio, por las razones que a continuaci�n se expresan. De la lectura de la demanda de garant�as se aprecia que R.D.�az H.�ndez, reclam� del procurador general de Justicia del Distrito Federal, en su car�cter de autoridad ordenadora, la orden de aprehensi�n librada en su contra; del director general de la Polic�a J. del Distrito Federal y del coordinador de la Polic�a J. del Estado de Puebla, la ejecuci�n de dicho mandamiento. Para sobreseer en el presente juicio de garant�as, el J. de Distrito advirti� que las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados y que el quejoso no desvirtu� tal negativa, lo que en efecto es cierto seg�n se aprecia de los informes respectivos visibles a fojas seis, ocho y nueve, de los que se desprende que la autoridad ordenadora y las se�aladas como ejecutoras, negaron la existencia del acto reclamado y, consecuentemente, no se aprecia en las constancias, dato alguno que evidencie que el mandamiento de captura reclamado deba ejecutarse, habr� de ejecutarse o se haya ejecutado en el Estado de Puebla. En las condiciones relatadas, debe declararse insubsistente la sentencia combatida, dada la incompetencia por raz�n de territorio del J. Primero de Distrito en el Estado de Puebla, para fallar el juicio constitucional. En efecto, el art�culo 36 de la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 Constitucionales, dispone: ?Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo ser� aquel en cuya jurisdicci�n deba tener ejecuci�n, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecut�ndose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevenci�n, ser� competente. Es competente el J. de Distrito en cuya jurisdicci�n reside la autoridad que hubiese dictado la resoluci�n reclamada, cuando �sta no requiera ejecuci�n material.?. Lo anterior, pone de manifiesto que no se surte la competencia del J. Primero de Distrito en el Estado de Puebla, por no actualizarse, en el caso, ninguna de las hip�tesis que contempla el referido precepto, esto es, porque no est� demostrado que en esta entidad federativa, deba ejecutarse, se trate de ejecutar o se haya ejecutado la orden de aprehensi�n reclamada. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 52 de la Ley de Amparo, se deber� dejar insubsistente el fallo recurrido y ordenar al J. a quo declarar su incompetencia para conocer del juicio constitucional. Es pertinente se�alar que cuando la parte quejosa, en su demanda de garant�as presentada ante el J. de Distrito de otra jurisdicci�n territorial a la de la autoridad se�alada como ordenadora, reclama determinado acto atribuyendo su ejecuci�n a autoridades del Estado, cuya jurisdicci�n corresponde a ese juzgador, dada la negativa de los actos de ejecuci�n expresada por las autoridades se�aladas como ejecutoras y la carencia de pruebas o datos que desvirt�en esa negativa, en t�rminos de lo dispuesto por los art�culos 36 y 52 de la Ley de Amparo, el J. ante quien se present� la demanda constitucional debe declararse incompetente y remitir los autos al J. de Distrito en cuya jurisdicci�n aparezca debe tener ejecuci�n, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, para que conforme a sus atribuciones legales determine lo que corresponda. Todo lo anterior, encuentra apoyo en el criterio que sobre el particular sostuvo este Tribunal Colegiado al resolver el amparo en revisi�n 101/92, en la tesis que dice: ?INCOMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCI�N RADICA LA AUTORIDAD SE�ALADA COMO EJECUTORA, CUANDO �STA NIEGA EL ACTO QUE SE LE RECLAMA Y NO SE DESVIRT�A TAL NEGATIVA. Cuando la parte quejosa en su demanda de garant�as presentada ante un J. de Distrito de otra jurisdicci�n territorial a la de la autoridad se�alada como ordenadora, reclama determinado acto atribuyendo su ejecuci�n a autoridades del Estado, cuya jurisdicci�n corresponde a ese juzgador, dada la negativa de los actos de ejecuci�n expresada por las autoridades se�aladas como ejecutoras y la carencia de pruebas o datos que desvirt�en esa negativa, en t�rminos de lo dispuesto por los art�culos 36 y 52 de la Ley de Amparo, el J. ante quien se present� la demanda constitucional debe declararse incompetente y remitir los autos al J. de Distrito en cuya jurisdicci�n aparezca debe tener ejecuci�n, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, para que conforme a sus atribuciones legales determine lo que corresponda.?. Por lo expuesto y con fundamento en los art�culos 83, fracci�n IV, 85, fracci�n II, de la Ley de Amparo; 43 y 44, fracci�n III, de la Ley Org�nica del Poder J. de la Federaci�n, se

    resuelve: PRIMERO. Se declara insubsistente la sentencia dictada el veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y dos por el J. Primero de Distrito en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo n�mero 385/92, promovido por R.D.�az H.�ndez en contra de los actos del procurador general de Justicia y director general de la Polic�a J. del Estado de Puebla, mismos que han quedado precisados en el resultandoprimero de esta ejecutoria. SEGUNDO. Se ordena al J. Primero de Distrito en el Estado de Puebla, declarar su legal incompetencia para conocer del juicio de amparo n�mero 385/92, promovido por R.D.�az H.�ndez, por lo que deber� remitir los autos al J. de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, en turno, para que determine lo que corresponda. N.�quese; con testimonio de esta resoluci�n devu�lvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, arch�vese este toca como asunto concluido. As�, por unanimidad de votos lo resolvieron los se�ores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados G.C.R., J.G.�n R. y J.M.M.C., este �ltimo secretario en funciones de Magistrado por ministerio de ley, en t�rminos del art�culo 42 de la Ley Org�nica del Poder J. de la Federaci�n, siendo relator el �ltimo de los nombrados, quienes firman ante el secretario de Acuerdos que da fe.

  5. En el toca de revisi�n n�mero 369/992, relativo al juicio de amparo n�mero 735/92-5, tramitado ante el Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala, fallado el d�a diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y dos.

    RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado con fecha treinta de abril de mil novecientos noventa y dos, P.P.�n Luna y J.L.P.�n H.�ndez, por su propio derecho, solicitaron ante el Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el amparo y protecci�n de la Justicia Federal, contra actos del director de Averiguaciones Previas de la Procuradur�a General de Justicia del Estado de Puebla, coordinador de la Polic�a J. de esa entidad federativa, comandante del Grupo Especial en Robos de la Polic�a J., adscrito a esa D.�n de Averiguaciones Previas y comandante de grupo de la Polic�a J. destacado en el Distrito J. de Zaragoza, con residencia en Zacatelco, Tlaxcala, estimaron violatorios de los art�culos 14 y 16 constitucionales, los que concretamente se hicieron consistir en la orden de detenci�n dictada dentro de la averiguaci�n previa n�mero 265/92/D, as� como los actos tendientes a su ejecuci�n, por virtud de los cuales se pretende privarlos de su libertad personal. SEGUNDO. Previos los tr�mites legales, el J. de Distrito en el Estado de Tlaxcala, dict� sentencia el quince de junio de mil novecientos noventa y dos, sobreseyendo el presente juicio de garant�as. TERCERO. Inconforme la parte quejosa con el fallo del J. Federal, interpuso revisi�n, recurso que fue admitido por el presidente de este Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el siete de julio de mil novecientos noventa y dos. CONSIDERANDO: ... TERCERO. No se examinan los agravios antes transcritos, por las razones siguientes: P.P.�n Luna y J.L.P.�n H.�ndez, reclamaron del director de Averiguaciones Previas de la Procuradur�a General de Justicia del Estado de Puebla, la orden de detenci�n dictada dentro de la averiguaci�n previa n�mero 265/92/D y del coordinador de la Polic�a J. de esa entidad federativa, del comandante del Grupo Especial en Robos de la Polic�a J. adscrito a la misma D.�n de Averiguaciones Previas y del comandante de grupo de la Polic�a J. destacado en el Distrito J. de Zaragoza, con residencia en Zacatelco, Tlaxcala, la ejecuci�n de la misma y dem�s consecuencias legales. El director de Averiguaciones Previas de la Procuradur�a General de Justicia del Estado de Puebla, rindi� informe justificado negando la existencia del acto reclamado (foja veinte). El coordinador de la Polic�a J. de esa entidad y el comandante del Tercer Grupo de la Polic�a J. comisionado en el Distrito J. de Zaragoza, con residencia en Zacatelco, Tlaxcala, tambi�n rindieron informe negando la existencia de los actos de ejecuci�n reclamados (fojas doce y diecinueve). Por su parte, el comandante del Grupo Especial en Robos de la Polic�a J. adscrito a la D.�n de Averiguaciones Previas de la Procuradur�a General de Justicia del Estado de Puebla, omiti� rendir su informe justificado. Por �ltimo, el J. de Distrito a quo, decret� el sobreseimiento del juicio de garant�as con fundamento en el art�culo 74, fracci�n IV, de la Ley de Amparo, dada la inexistencia de los actos reclamados y por considerar que no se surt�a la presunci�n de certeza de los actos de ejecuci�n reclamados a la �ltima de las autoridades mencionadas, en virtud de que no podr�a ejecutar una orden inexistente. Ante tal situaci�n, este tribunal estima que debe declararse insubsistente la sentencia recurrida en virtud de la incompetencia por raz�n de territorio del J. de Distrito en el Estado de Tlaxcala, para resolver el juicio constitucional. En efecto, el art�culo 36 de la Ley de Amparo establece: ?Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo ser� aquel en cuya jurisdicci�n deba tener ejecuci�n, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecut�ndose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevenci�n, ser� competente. Es competente el J. de Distrito en cuya jurisdicci�n resida la autoridad que hubiese dictado la resoluci�n reclamada, cuando �sta no requiera ejecuci�n material.?. Con base en esta disposici�n, se advierte que en el caso no se surte la competencia del J. de Distrito en el Estado de Tlaxcala, por no actualizarse ninguna de las hip�tesis contempladas en ese art�culo, es decir, porque no se encuentra demostrado que en esa entidad federativa deba tener ejecuci�n, trate de ejecutarse o se haya ejecutado la orden de detenci�n reclamada, sino que por el contrario la �nica autoridad del Estado de Tlaxcala que se�al� como ejecutora, neg� en forma categ�rica la existencia de los actos de ejecuci�n reclamados, sin que se haya ofrecido prueba alguna para desvirtuar tal negativa. En consecuencia, y con apoyo en lo dispuesto por el art�culo 52 de la Ley de Amparo, debe dejarse insubsistente la sentencia recurrida y ordenar al J. de Distrito a quo, que declare su incompetencia para conocer del juicio de garant�as. Cabe se�alar que cuando la parte quejosa, en su demanda de garant�as presentada ante el J. de Distrito de otra jurisdicci�n territorial a la de la autoridad se�alada como ordenadora, reclama determinado acto atribuyendo su ejecuci�n a autoridades del Estado, cuya jurisdicci�n corresponde a ese J. Federal, ante la negativa de los actos de ejecuci�n expresada por las autoridades se�aladas como ejecutoras y la carencia de pruebas o datos que desvirt�en esa negativa, en t�rminos de lo dispuesto por los art�culos 36 y 52 de la Ley de Amparo, el J. ante quien se present� la demanda de amparo debe declararse incompetente y remitir los autos al J. de Distrito en cuya jurisdicci�n aparezca que debe tener ejecuci�n, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, para que conforme a sus atribuciones legales determine lo procedente. Es aplicable en la especie, la tesis que este propio tribunal ha sustentado al resolver los amparos en revisi�n n�meros 101/992 y 219/992, que dice: ?INCOMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCI�N RADICA LA AUTORIDAD SE�ALADA COMO EJECUTORA, CUANDO �STA NIEGA EL ACTO QUE SE LE RECLAMA Y NO SE DESVIRT�A TAL NEGATIVA. Cuando la parte quejosa en su demanda de garant�as presentada ante un J. de Distrito en otra jurisdicci�n territorial a la de la autoridad se�alada como ordenadora, reclama determinado acto atribuyendo su ejecuci�n a autoridades del Estado, cuya jurisdicci�n corresponde a ese juzgador, dada la negativa de los actos de ejecuci�n expresada por las autoridades se�aladas como ejecutoras y la carencia de pruebas o datos que desvirt�en esa negativa, en t�rminos de lo dispuesto por los art�culos 36 y 52 de la Ley de Amparo, el J. ante quien se present� la demanda constitucional debe declararse incompetente y remitir los autos al J. de Distrito en cuya jurisdicci�n aparezca debe tener ejecuci�n, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, para que conforme a sus atribuciones legales determine lo que corresponda.?. No es �bice para lo anterior, el hecho de que en el caso tanto la autoridad se�alada como ordenadora, como las ejecutoras del Estado de Puebla, hayan negado la existencia de los actos reclamados, pues de acuerdo con lo alegado por los recurrentes, se encuentra en entredicho el informe justificado rendido por la autoridad ordenadora, pues seg�n los quejosos, dentro de la averiguaci�n previa n�mero 265/92/D, cuya copia certificada solicitaron, se encuentra la orden de detenci�n reclamada, de tal suerte que corresponder� al J. de Distrito en turno en el Estado de Puebla, proveer lo conducente respecto de la solicitud que hicieron los quejosos en su escrito de quince de junio de mil novecientos noventa y dos, que obra a foja veintitr�s del expediente de amparo. En las condiciones anteriores procede declarar insubsistente la sentencia recurrida y ordenar al J. de Distrito en el Estado de Tlaxcala, que declare su legal incompetencia para conocer del juicio de garant�as. Por lo expuesto y con fundamento en los art�culos 83, fracci�n IV, y 85, fracci�n II, de la Ley de Amparo; 43 y 44, fracci�n III, de la Ley Org�nica del Poder J. de la Federaci�n, se

    resuelve: PRIMERO. Se declara insubsistente la sentencia de quince de junio de mil novecientos noventa y dos, dictada por el J. de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en el juicio de amparo n�mero 735/92-5, promovido por P.P.�n Luna y J.L.P.�n H.�ndez, contra actos del director de Averiguaciones Previas de la Procuradur�a General de Justicia del Estado de Puebla y otras, los cuales quedaron precisados en el resultando primero de esta resoluci�n. SEGUNDO. Se ordena al J. de Distrito en el Estado de Tlaxcala, declarar su legal incompetencia para conocer del juicio de amparo n�mero 735/92-5, promovido por P.P.�n Luna y J.L.P.�n H.�ndez, contra actos del director de Averiguaciones Previas de la Procuradur�a General de Justicia del Estado de Puebla y otras; en consecuencia y por las razones expresadas en esta ejecutoria, deber� remitir los autos al J. de Distrito en turno en el Estado de Puebla, para que proceda conforme a derecho. N.�quese, con testimonio de la presente ejecutoria, devu�lvase el expediente de amparo al J. a quo, y en su oportunidad, arch�vese el toca. As� por unanimidad de votos, lo resolvieron los se�ores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados G.C.R., J.G.�n R. y T.O.�n L., siendo ponente el primero de los nombrados, quienes firman con el secretario de Acuerdos que da fe.

  6. En el toca de revisi�n n�mero 35/994, relativo al juicio de amparo n�mero 1542/993, tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Puebla, fallado el d�a veintitr�s de febrero de mil novecientos noventa y cuatro.

    RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado con fecha veintid�s de septiembre de mil novecientos noventa y tres, la negociaci�n denominada Esquit�n Gas, S. de C.V., por conducto de su apoderado V�ctor F.A.�n, solicit� ante el Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Puebla, el amparo y protecci�n de la Justicia Federal, contra actos del secretario de Comercio y Fomento Industrial, oficial mayor, director general de D.ones Federales, director de Gas, subdirector jur�dico, subdirector de Gas y jefe del Departamento de Regulaci�n de Gas, todos de la S.retar�a de Comercio y Fomento Industrial, con residencia en M�xico, Distrito Federal, director general de Normas y director de Electricidad y Gas, tambi�n de dicha secretar�a, pero con residencia en Naucalpan, Estado de M�xico; director general de Salud Ambiental, Ocupacional y Saneamiento B�sico y director de Control Sanitario y Riesgos Ambientales, ambos de la S.retar�a de Salud, con residencia en M�xico, Distrito Federal; delegada de la S.retar�a de Comercio y Fomento Industrial en el Estado de Puebla; presidente municipal, director de Obras P�blicas y director general de Desarrollo Urbano y Ecolog�a, todos del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, estimados violatorios de los art�culos 1o., 14 y 16 constitucionales, los que concretamente se hicieron consistir en las resoluciones contenidas en el oficio n�mero 4382 de veintitr�s de agosto de mil novecientos noventa y tres, suscrito por el oficial mayor de la S.retar�a de Comercio y Fomento Industrial, por el cual se resolvi� el recurso administrativo de inconformidad interpuesto por la quejosa en contra del diverso oficio n�mero 588; aclarando que este oficio contiene otras determinaciones que no constituyen actos reclamados, esto es, que solamente enderezaba la demanda de amparo en contra de las resoluciones contenidas en las p�ginas dos (inciso tres), tres y cuatro de dicho oficio; todos y cada uno de los actos tendientes al otorgamiento de autorizaciones, permisos, aprobaciones, licencias o en general, cualquiera que sea la denominaci�n que se le haya dado o se le vaya a dar, para la distribuci�n de gas L.P., emitidas o que se pretendan emitir para ejercerlas dentro de la zona de servicios de la cual es titular la quejosa, en los t�rminos de la autorizaci�n n�mero 285, expedida a su favor por la S.retar�a de Comercio y Fomento Industrial; as� como los actos tendientes a su ejecuci�n. SEGUNDO. Previos los tr�mites legales respectivos, el J.S. de Distrito en el Estado de Puebla, a quien correspondi� por turno el conocimiento del asunto, dict� sentencia el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y tres, conforme a los siguientes puntos resolutivos: ?PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de garant�as en los t�rminos anotados en el primero y cuarto considerando de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Uni�n no ampara ni protege a V�ctor F.A.�n, apoderado general para pleitos y cobranzas de Esquit�n Gas, Sociedad An�nima de Capital Variable, en t�rminos del tercer considerando de esta resoluci�n. TERCERO. Tan pronto como cause ejecutoria esta determinaci�n, h�gase efectiva la multa impuesta a las autoridades denominadas director general de Normas y director de Electricidad y Gas, residentes en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, por la cantidad de ciento cuarenta y dos nuevos pesos, gir�ndose el oficio correspondiente a la Administraci�n Local Jur�dica de Ingresos del Estado.?. TERCERO. Inconforme la parte quejosa con el fallo del J. Federal, concretamente en contra del considerando cuarto y resolutivos primero y segundo, interpuso revisi�n, recurso que fue admitido por el presidente de este Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el diez de febrero de mil novecientos noventa y cuatro. CONSIDERANDO: ... TERCERO. No se examina la parte considerativa de la sentencia recurrida ni los agravios que se hacen valer en su contra, por las siguientes razones: La negociaci�n denominada Esquit�n Gas, S. de C.V., promovi� el amparo a que se refiere la presente revisi�n contra actos del secretario de Comercio y Fomento Industrial, oficial mayor, director general de D.ones Federales, director de Gas y subdirector jur�dico, subdirector de Gas y jefe del Departamento de Regulaci�n de Gas, todos de la S.retar�a de Comercio y Fomento Industrial, con residencia en M�xico, Distrito Federal; director general de Normas y director de Electricidad y Gas, tambi�n de dicha secretar�a, pero con residencia en Naucalpan, Estado de M�xico; director general de Salud Ambiental, Ocupacional y Saneamiento B�sico y director de Control Sanitario de Riesgos Ambientales, ambos de la S.retar�a de Salud, con residencia en M�xico, Distrito Federal; delegada de la S.retar�a de Comercio y Fomento Industrial en el Estado de Puebla, presidente municipal, director de Obras P�blicas y director general de Desarrollo Urbano y Ecolog�a, todos del Ayuntamiento del Municipio de Puebla; tales actos los hizo consistir en las resoluciones contenidas en el oficio n�mero 4382 de veintitr�s de agosto de mil novecientos noventa y tres, suscrito por el oficial mayor de la S.retar�a de Comercio y Fomento Industrial, por el cual se resolvi� el recurso administrativo de inconformidad interpuesto por la quejosa en contra del diverso oficio n�mero 588; en la demanda de garant�as aclar� que este oficio contiene otras determinaciones que no constituyen actos reclamados, esto es, que solamente enderezaba dicha demanda en contra de las resoluciones contenidas en las p�ginas dos (inciso tres), tres y cuatro de dicho oficio; igualmente se�al� como reclamados todos y cada uno de los actos tendientes al otorgamiento de autorizaciones, permisos, aprobaciones, licencias o en general cualquiera que sea la denominaci�n que se les haya dado o se les vaya a dar, para la distribuci�n de gas L.P., emitidas o que se pretendan emitir para ejercerlas dentro de las zonas de servicio de la cual es titular la quejosa, en t�rminos de la autorizaci�n n�mero 285, expedida a su favor por la S.retar�a de Comercio y Fomento Industrial; finalmente, impugn� los actos tendientes a la ejecuci�n de aquellas resoluciones y actos. Ahora bien, el secretario de Comercio y Fomento Industrial, el director general de D.ones Federales, el subdirector jur�dico, el subdirector de Gas y el jefe del Departamento de Regulaci�n de Gas, todos de la S.retar�a de Comercio y Fomento Industrial, con residencia en M�xico, Distrito Federal; el director general de Salud Ambiental, Ocupacional y Saneamiento B�sico y el director de Control Sanitario de Riesgos Ambientales, ambos de la S.retar�a de Salud, con residencia en M�xico, Distrito Federal; la delegada de la S.retar�a de Comercio y Fomento Industrial en el Estado de Puebla; el presidente municipal, el director de Obras P�blicas y el director general de Desarrollo Urbano y Ecolog�a, todos del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, rindieron informe justificado negando la existencia de los actos reclamados (fojas ochenta, ciento cuarenta y tres, ciento cuarenta y cuatro, ciento cuarenta y seis, ciento cuarenta y siete, ciento cuarenta y ocho, sesenta y cuatro, cincuenta y nueve, sesenta y tres, sesenta y dos y sesenta y uno, respectivamente). El oficial mayor y el director de Gas, ambos de la S.retar�a de Comercio y Fomento Industrial, con residencia en M�xico, Distrito Federal, rindieron informe justificado aceptando la existencia de los actos reclamados (fojas ochenta y uno y ciento cuarenta y cuatro). El director general de Normas y el director de Electricidad y Gas, ambos tambi�n de la S.retar�a de Comercio y Fomento Industrial, pero con residencia en Naucalpan, Estado de M�xico, omitieron rendir su informe justificado. Con base en lo anterior, el J. de Distrito a quo decret� el sobreseimiento del juicio de garant�as con fundamento en el art�culo 74, fracci�n IV, de la Ley de Amparo, respecto de las autoridades responsables que negaron la existencia de los actos reclamados en vista de que la parte quejosa no ofreci� prueba alguna que desvirtuara tal negativa. Igualmente sobresey� el juicio por lo que hace a los actos reclamados del oficial mayor y director de Gas, ambos de la S.retar�a de Comercio y Fomento Industrial, con residencia en M�xico, Distrito Federal; director general de Normas y director de Electricidad y Gas, tambi�n de la misma secretar�a, pero con residencia en Naucalpan, Estado de M�xico, porque aun cuando aqu�llos aceptaron la certeza de los actos reclamados y estos �ltimos omitieron rendir su informe justificado, surgiendo la presunci�n de existencia de tales actos, en concepto del se�or J. de Distrito se surt�a la causal de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n XV, de la Ley de Amparo, porque de las constancias de autos sedesprend�a que la quejosa interpuso el recurso administrativo de inconformidad en contra de los mismos actos reclamados; e impuso multa a las autoridades que omitieron rendir su informe justificado. Ante tal situaci�n, este Tribunal Colegiado considera que el J. de Distrito a quo carece de competencia por raz�n de territorio, para resolver el juicio de garant�as. En efecto, el art�culo 36 de la Ley de Amparo, establece: ?Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo ser� aquel en cuya jurisdicci�n deba tener ejecuci�n, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecut�ndose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevenci�n, ser� competente. Es competente el J. de Distrito en cuya jurisdicci�n resida la autoridad que hubiese dictado la resoluci�n reclamada, cuando �sta no requiera ejecuci�n material.?. De acuerdo con esta disposici�n legal, se advierte que en el caso no se surte la competencia de los Jueces de Distrito en el Estado de Puebla, porque no se actualiza alguna de las hip�tesis previstas en ese art�culo, es decir, por no estar demostrado que en esta entidad federativa debe tener ejecuci�n, trate de ejecutarse o se hayan ejecutado las resoluciones reclamadas, sino por el contrario, las �nicas autoridades se�aladas como responsables ordenadoras y que aceptaron la existencia de los actos reclamados, fueron el oficial mayor y el director de Gas, ambos de la S.retar�a de Comercio y Fomento Industrial, con residencia en M�xico, Distrito Federal. Cabe precisar que las autoridades residentes en el Estado de Puebla, que por cierto tambi�n fueron se�aladas como ordenadoras, negaron la existencia de dichos actos; y aun cuando se estimara que tales autoridades hubiesen sido se�aladas como ejecutoras, de cualquier modo quedar�a en pie dicha negativa contenida en sus informes, lo cual, en opini�n del J. de Distrito no fue desvirtuado y con base en ello sobresey� el presente juicio sin que la ahora recurrente hubiera rebatido esa parte del fallo. Es decir, lo considerado por el a quo, a prop�sito de la inexistencia de los actos atribuidos a las autoridades que residen en el Estado de Puebla, no fue rebatido por la recurrente en sus agravios y por lo mismo subsisten las razones que sobre el particular se expresaran siendo lo mismo atendibles para el caso de que se tratara de autoridades ordenadoras o tambi�n en ejecutoras. En consecuencia y con apoyo en lo dispuesto por el art�culo 52 de la Ley de Amparo, procede dejar insubsistente la sentencia recurrida y ordenar al J. de Distrito a quo, declare su legal incompetencia para conocer del juicio de garant�as. Cabe se�alar que cuando la parte quejosa, en su demanda de amparo presentada ante el J. de Distrito de otra jurisdicci�n territorial a la de las autoridades se�aladas como ordenadoras, reclama determinado acto atribuyendo su ejecuci�n a autoridades del Estado, cuya jurisdicci�n corresponde a ese J. Federal, ante la negativa de los actos de ejecuci�n expresada por las autoridades se�aladas como ejecutoras y la carencia de pruebas o datos que desvirt�en esa negativa, en t�rminos de lo dispuesto por los art�culos 36 y 52 de la Ley de Amparo, el J. ante quien se present� la demanda de garant�as debe declararse incompetente y remitir los autos al J. de Distrito en cuya jurisdicci�n aparezca que debe tener ejecuci�n, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto o actos reclamados, para que conforme a sus atribuciones legales determine lo procedente tal como lo ha externado este Tribunal Colegiado, en la tesis que sustent� al resolver los amparos en revisi�n n�meros 101/92, 219/92 y 369/92, que dice: ?INCOMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCI�N RADICA LA AUTORIDAD SE�ALADA COMO EJECUTORA, CUANDO �STA NIEGA EL ACTO QUE SE LE RECLAMA Y NO SE DESVIRT�A TAL NEGATIVA. Cuando la parte quejosa en su demanda de garant�as presentada ante un J. de Distrito de otra jurisdicci�n territorial a la que la autoridad se�alada como ordenadora, reclama determinado acto atribuyendo su ejecuci�n a autoridades del Estado, cuya jurisdicci�n corresponde a ese juzgador, dada la negativa de los actos de ejecuci�n expresada por las autoridades se�aladas como ejecutoras y la carencia de pruebas o datos que desvirt�en esa negativa, en t�rminos de lo dispuesto por los art�culos 36 y 52, de la Ley de Amparo, el J. ante quien se present� la demanda constitucional debe declararse incompetente y remitir los autos al J. de Distrito en cuya jurisdicci�n aparezca, debe tener ejecuci�n, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, para que conforme a sus atribuciones legales determine lo que corresponda.?. En la especie, con mayor raz�n es aplicable el criterio de referencia, porque las autoridades residentes en el Estado de Puebla, adem�s de que no fueron se�aladas como ejecutoras, en su car�cter de ordenadoras, como se ha visto anteriormente, negaron la existencia de los actos reclamados, sin que se desvirtuara tal negativa. En las condiciones anteriores, procede declarar insubsistente la sentencia recurrida y ordenar al J. de Distrito a quo, que declare su legal incompetencia para conocer del juicio de garant�as y remita los autos al J. de Distrito en Materia Administrativa, residente en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal. Por lo expuesto y con fundamento en los art�culos 83, fracci�n IV, y 85, fracci�n II, de la Ley de Amparo, 43 y 44, fracci�n III, de la Ley Org�nica del Poder J. de la Federaci�n, se

    resuelve: PRIMERO. Se declara insubsistente la sentencia de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y tres, dictada por el J.S. de Distrito en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo n�mero 1542/993, promovido por la negociaci�n denominada Esquit�n Gas, S. de C.V., contra actos del secretario de Comercio y Fomento Industrial, con residencia en M�xico, Distrito Federal y otras, los cuales quedaron precisados en el resultando primero de esta resoluci�n. SEGUNDO. Se ordena al J.S. de Distrito en el Estado de Puebla, declarar su legal incompetencia para conocer del juicio de amparo n�mero 1542/993, promovido por la negociaci�n denominada Esquit�n Gas, S. de C.V., contra actos del secretario de Comercio y Fomento Industrial, con residencia en M�xico, Distrito Federal y otras; en consecuencia, por las razones expresadas en esta ejecutoria, deber� remitir los autos al J. de Distrito en turno en Materia Administrativa, residente en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, para que proceda conforme a derecho. N.�quese, con testimonio de la presente ejecutoria, devu�lvase el expediente de amparo al J. a quo y, en su oportunidad, arch�vese el toca. As� por unanimidad de votos, lo resolvieron los se�ores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados G.C.R., J.G.�n R. y C.R.M.G., siendo ponente el primero de los nombrados, quienes firman con el secretario de Acuerdos que da fe.

  7. En el toca de revisi�n n�mero 54/994, relativo al juicio de amparo n�mero 1699/993-4, tramitado ante el Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala, fallado el d�a dos de marzo de mil novecientos noventa y cuatro.

    RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado con fecha veintid�s de noviembre de mil novecientos noventa y tres, D.U. L�pez, por su propio derecho, solicit� ante el Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el amparo y protecci�n de la Justicia Federal, contra actos de la J. de lo Civil de Huejotzingo, Puebla y comandante de la Polic�a J. del Estado, comisionado en ese lugar; J. Primero de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Distrito J. de H., con residencia en la ciudad de Tlaxcala y comandante de la Polic�a J. de esa entidad, comisionado en dicha ciudad; coordinador de la Polic�a J. del Estado de Puebla, director de la Polic�a J. del Estado de Tlaxcala y comandante de la Polic�a J. del Estado, comisionado en San M.�n Texmelucan, Puebla, estimados violatorios de los art�culos 14 y 16 constitucionales, los que concretamente se hicieron consistir en: De la J. de lo Civil de Huejotzingo, Puebla, la orden de arresto decretada en el expediente 1063/993, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por R.R.H.�ndez en contra del quejoso; del J. Primero de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Distrito J. de H., con residencia en la ciudad de Tlaxcala, el cumplimiento de la misma a trav�s del exhorto 38/993, y de las dem�s autoridades los actos tendientes a su ejecuci�n. SEGUNDO. Previos los tr�mites legales respectivos, el J. de Distrito en el Estado de Tlaxcala, dict� sentencia el cuatro de enero de mil novecientos noventa y cuatro, conforme a los siguientes puntos resolutivos: ?PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de garant�as. SEGUNDO. En t�rminos de lo expresado en el considerando cuarto de esta resoluci�n, se impone al quejoso D.U. L�pez, as� como a cada uno de sus abogados licenciados H�ctor M.S.E. y R.M.�nez Montes, una multa de treinta d�as de salario m�nimo vigente en el Distrito Federal.?. TERCERO. Inconforme la parte quejosa con el fallo del J. Federal, interpuso revisi�n, recurso que fue admitido por el presidente de este Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el veintiuno de febrero del a�o en curso. CONSIDERANDO: ... TERCERO. No se examina la parte considerativa de la sentencia recurrida ni los agravios que se hacen valer en su contra, por las siguientes razones: D.U. L�pez interpuso demanda de garant�as contra actos de la J. de lo Civil de Huejotzingo, Puebla y comandante de la Polic�a J. del Estado, comisionado en ese lugar; J. Primero de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Distrito J. de H., con residencia en la ciudad de Tlaxcala y comandante de la Polic�a J. de esa entidad, comisionado en dicha ciudad; coordinador de la Polic�a J. del Estado de Puebla; director de la Polic�a J. del Estado de Tlaxcala; y comandante de la Polic�a J. del Estado, comisionado en San M.�n Texmelucan, Puebla, mismos que hizo consistir en: De la J. de lo Civil de Huejotzingo, Puebla, la orden de arresto dictada en el expediente 1063/993, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por R.R.H.�ndez en contra del quejoso; del J. Primero de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Distrito J. de H., con residencia en la ciudad de Tlaxcala, el cumplimiento de la misma a trav�s del exhorto 38/993 y de las dem�s autoridades, los actos tendientes a su ejecuci�n. Ahora bien, la J. de lo Civil de Huejotzingo, Puebla, rindi� informe justificado aceptando la certeza de los actos reclamados, concretamente de la orden de arresto. El J. Primero de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Distrito J. de H., con residencia en la ciudad de Tlaxcala, el comandante de la Polic�a J. de esa entidad, comisionado en dicha ciudad, y el coordinador de la Polic�a J. del Estado de Puebla, rindieron informe justificado negando la existencia de los actos reclamados (fojas diecis�is, cuarenta y nueve, cincuenta y doscientos cincuenta y uno). Los comandantes de la Polic�a J. del Estado, comisionados en Huejotzingo y en San M.�n Texmelucan, Puebla, omitieron rendir su informe justificado. Con base en lo anterior, el J. de Distrito en el Estado de Tlaxcala, decret� el sobreseimiento del juicio de garant�as con fundamento en el art�culo 74, fracci�n IV, de la Ley de Amparo, respecto de las autoridades responsables que negaron la existencia de los actos reclamados, en vista de que la parte quejosa no ofreci� prueba alguna que desvirtuara tal negativa. Igualmente sobresey� el juicio por lo que hace a los actos reclamados de la J. de lo Civil de Huejotzingo, Puebla, y comandantes de la Polic�a J. del Estado, comisionados en Huejotzingo y San M.�n Texmelucan, Puebla, respectivamente, porque aun cuando aqu�lla acept� la existencia de la orden de arresto reclamada y estos �ltimos omitieron rendir su informe justificado, surgiendo la presunci�n de certeza de los actos de ejecuci�n, en concepto del J. de Distrito en el Estado de Tlaxcala, se surt�a la causal de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n IV, de la Ley de Amparo, porque de las constancias remitidas por la J. responsable, se desprend�a que los actos reclamados ya fueron materia de una ejecutoria de amparo, pronunciada por el J. Primero de Distrito en el Estado de Puebla, en el expediente 102/993; se impuso multa al quejoso y a sus abogados, por estimar que el presente juicio de amparo se promovi� con el �nico prop�sito de entorpecer la ejecuci�n del arresto. Ante tal situaci�n, este Tribunal Colegiado considera que el J. de Distrito en el Estado de Tlaxcala, carece de competencia por raz�n de territorio, para resolver el juicio de garant�as. En efecto, el art�culo 36 de la Ley de Amparo establece: ?Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo ser� aquel en cuya jurisdicci�n deba tener ejecuci�n, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado. Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecut�ndose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevenci�n, ser� competente. Es competente el J. de Distrito en cuya jurisdicci�n resida la autoridad que hubiese dictado la resoluci�n reclamada, cuando �sta no requiera ejecuci�n material.?. De acuerdo con esta disposici�n legal, se advierte que en el caso no se surte la competencia del J. de Distrito en el Estado de Tlaxcala, pues no se actualiza alguna de las hip�tesis previstas en ese art�culo, es decir, por no estar demostrado que en aquella entidad federativa deba tener ejecuci�n, trate de ejecutarse o se haya ejecutado la orden de arresto reclamada, sino por el contrario la �nica autoridad se�alada como responsable ordenadora y que acept� la existencia de los actos reclamados fue la J. de lo Civil de Huejotzingo, Puebla, y como los comandantes de la Polic�a J. del Estado, comisionados en Huejotzingo y San M.�n Texmelucan, Puebla, respectivamente, omitieron rendir su informe justificado se tuvieron por presuntivamente ciertos los actos de ejecuci�n. Cabe destacar que las autoridades residentes en el Estado de Tlaxcala fueron se�aladas �nicamente como ejecutoras y negaron la existencia de los actos reclamados, sin que se rebata ahora en revisi�n, la consideraci�n del J. de Distrito a quo, en el sentido de que tal negativa no fue desvirtuada, por lo que subsisten las razones expresadas sobre el particular. Ciertamente, cuando la parte quejosa, en su demanda de amparo presentada ante el J. de Distrito de otra jurisdicci�n territorial a la de las autoridades se�aladas como ordenadoras, reclama determinado acto atribuyendo su ejecuci�n a autoridades del Estado, cuya jurisdicci�n corresponda a ese J. Federal, ante la negativa de los actos de ejecuci�n expresados por las autoridades se�aladas como ejecutoras y la carencia de pruebas o datos que desvirt�en esa negativa, en t�rminos de lo dispuesto por los art�culos 36 y 52 de la Ley de Amparo, el J. ante quien se present� la demanda de garant�as debe declararse incompetente y remitir los autos al J. de Distrito en cuya jurisdicci�n aparezca que debe tener ejecuci�n, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto o los actos reclamados, para que conforme a sus atribuciones legales determine lo procedente, tal como lo ha externado este Tribunal Colegiado, en la tesis que sustent� al resolver los amparos en revisi�n n�meros 101/92, 219/92, 369/92 y 35/94, que dice: ?INCOMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCI�N RADICA LA AUTORIDAD SE�ALADA COMO EJECUTORA, CUANDO �STA NIEGA EL ACTO QUE SE LE RECLAMA Y NO SE DESVIRT�A TAL NEGATIVA. Cuando la parte quejosa en su demanda de garant�as presentada ante un J. de Distrito de otra jurisdicci�n territorial a la de la autoridad se�alada como ordenadora, reclama determinado acto atribuyendo su ejecuci�n a autoridades del Estado, cuya jurisdicci�n corresponde a ese juzgador, dada la negativa de los actos de ejecuci�n expresada por las autoridades se�aladas como ejecutoras y la carencia de pruebas o datos que desvirt�en esa negativa, en t�rminos de lo dispuesto por los art�culos 36 y 52 de la Ley de Amparo, el J. ante quien se present� la demanda constitucional debe declararse incompetente y remitir los autos al J. de Distrito en cuya jurisdicci�n aparezca debe tener ejecuci�n, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, para que conforme a sus atribuciones legales determine lo que corresponda.?. En las condiciones anteriores, procede declarar insubsistente la sentencia recurrida y ordenar al J. de Distrito a quo, que declare su legal incompetencia para conocer del juicio de garant�as y remita los autos al J. de Distrito en turno en el Estado de Puebla. Por lo expuesto y con fundamento en los art�culos 83, fracci�n IV y 85, fracci�n II, de la Ley de Amparo; 43 y 44, fracci�n III, de la Ley Org�nica del Poder J. de la Federaci�n, se

    resuelve: PRIMERO. Se declara insubsistente la sentencia de cuatro de enero de mil novecientos noventa y cuatro, dictada por el J. de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en el juicio de amparo 1699/93-4, promovido por D.U. L�pez, contra actos del J. de lo Civil de Huejotzingo, Puebla, y otras, los cuales quedaron precisados en el resultando primero de esta resoluci�n. SEGUNDO. Se ordena al J. de Distrito en el Estado de Tlaxcala, declarar su legal incompetencia para conocer del juicio de amparo n�mero 1699/993-4, promovido por D.U. L�pez contra actos de la J. de lo Civil de Huejotzingo, Puebla, y otras; en consecuencia, por las razones expresadas en esta ejecutoria, deber� remitir los autos al J. de Distrito en turno en el Estado de Puebla, para que proceda conforme a derecho. N.�quese; con testimonio de la presente ejecutoria, devu�lvase el expediente de amparo al J. a quo y, en su oportunidad, arch�vese el toca. As�, por unanimidad de votos, lo resolvieron los se�ores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados G.C.R., J.G.�n R. y C.R.M.G., siendo ponente el primero de los nombrados, quienes firman con el secretario de Acuerdos que da fe.

CUARTO

S� existe contradicci�n de criterios entre los sustentados por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Sexto Circuito, en raz�n y funci�n de lo que enseguida se pasa a puntualizar:

El Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver el toca de revisi�n R.551/93, relativo al juicio de amparo indirecto n�mero 1200/93, en los t�rminos que han quedado transcritos en el resultando segundo de la presente resoluci�n, formul� en lo que aqu� interesa destacar, las siguientes consideraciones: que las autoridades se�aladas como responsables ejecutoras (residentes en lugar distinto de la residencia de la autoridad se�alada como ordenadora), negaron el acto reclamado sin que hubiera prueba en contrario; que en tales circunstancias, el J. de Distrito abord� el examen del acto reclamado de las autoridades responsables residentes fuera de la circunscripci�n territorial de competencia del J. de Distrito donde resid�an las indicadas autoridades se�aladas como ejecutoras; que lo anterior, precis�, lleva a considerar que t�citamente acept� su competencia, cuesti�n de orden p�blico que una vez fallado el juicio no puede ser examinada de oficio por este tribunal (sic); enseguida, paraapoyar tal consideraci�n, invoc� la jurisprudencia siguiente:

"Quinta �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Ap�ndice de 1995

"T.o: VI, Parte SCJN

"Tesis: 150

"P�gina: 100

"COMPETENCIA IMPROCEDENTE. No ha lugar a una cuesti�n de competencia en amparo, cuando el juicio entablado ante uno de los Jueces contendientes ha sido ya fallado o sobrese�do por �ste.

"Quinta �poca:

"T.o V, p�g. 221. Competencia. Suscitada entre los Jueces Quinto y Sexto S.s de Distrito. 31 de julio de 1919. Unanimidad de once votos.

"T.o VII, p�g. 187. Competencia. Suscitada entre los Jueces de Distrito de Tuxpan y Quinto S. de Distrito del Distrito Federal. 8 de julio de 1920. Unanimidad de nueve votos.

"T.o VII, p�g. 1529. Competencia. Terrenos de Algara Guadalupe. 15 de julio de 1920.

"T.o IX, p�g. 388. Competencia. Suscitada entre los Jueces Primero y Segundo S.s de Distrito del Distrito Federal. 22 de agosto de 1921. Unanimidad de ocho votos.

"T.o XII, p�g. 182. Competencia 164/22. Suscitada entre los Jueces Tercero S. de Distrito de la Capital y de Distrito de Tuxpan. 25 de enero de 1923."

Inmediatamente despu�s, el aqu� referido Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, puntualiz� lo que sigue: Atento a lo anterior, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito al resolver el dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y dos, el amparo en revisi�n n�mero 115/92, que motiv� la tesis siguiente: "COMPETENCIA. NEGACI�N DEL ACTO RECLAMADO PARA LOS EFECTOS DE LA. Si la autoridad se�alada como responsable residente dentro de la jurisdicci�n del J. de Distrito al rendir su informe justificado niega la existencia del acto reclamado y no se rinde prueba en contrario, debe inferirse que dentro de aqu�l territorio no trata de ejecutarse ese acto reclamado y por ende es competente otro J..".

Asimismo, si bien es cierto que el precitado Tribunal Colegiado no fue muy preciso en sus se�alamientos, sin embargo, se advierte que los mismos se refieren a la regla de competencia de los Jueces de Distrito para conocer de las demandas de amparo, prevista en el primer p�rrafo del art�culo 36 de la ley de la materia y a los alcances interpretativos que le confiere.

Por otro lado, de la lectura de las diversas ejecutorias que emiti� el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, se advierte en lo que aqu� interesa destacar, que las correspondientes demandas de amparo materia de las revisiones respectivas, lo fueron en varias materias: en la penal (reclamando �rdenes de aprehensi�n); en materia administrativa (reclamando una determinaci�n emitida por el oficial mayor de la S.retar�a de Comercio y Fomento Industrial); y, otra m�s en materia mercantil (reclamando una orden de arresto como medida de apremio); en la inteligencia de que los Jueces de Distrito ante quienes se promovieron las demandas de amparo, siguieron conociendo de las mismas, a pesar de que las autoridades responsables se�aladas como ejecutoras, residentes en el �mbito territorial de su jurisdicci�n, negaron los actos reclamados y no se desvirtu� esa negativa; ante lo cual, en todas las mencionadas ejecutorias, el Tribunal Colegiado en cita, determin� que era el caso de que esos Jueces de Distrito, ante la negativa de las indicadas autoridades se�aladas como responsables ejecutoras, dejaran insubsistentes sus resoluciones, se declarasen incompetentes y remitieran los autos a los diversos Jueces de Distrito que en cada una de esas ejecutorias se precis� (y para los efectos indicados en esas mismas resoluciones).

As� las cosas, resulta que la confrontaci�n de las consideraciones que se rese�an de los dos Tribunales Colegiados de Circuito en cita, ponen de manifiesto que existe la contradicci�n de criterios denunciada al actualizarse los requisitos t�cnico-jur�dicos para la existencia de tal contradicci�n, tomando en cuenta que ambos Tribunales Colegiados, bajo el mismo supuesto consistente en que la parte quejosa habiendo reclamado determinados actos, atribuyendo su ejecuci�n a autoridades residentes en la jurisdicci�n territorial del J. de Distrito (ante quien se presenta la demanda de garant�as), dichas autoridades nieguen esos actos y no se desvirt�e esa negativa; arriban a consideraciones jur�dicas opuestas, habida cuenta de que el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, estima que el J. de Distrito ante quien se promovi� la demanda de garant�as, acept� t�citamente su competencia para seguir conociendo de la misma y, por ende, para fallar respecto de los actos reclamados de autoridades responsables residentes fuera de su �mbito territorial de jurisdicci�n; en tanto que el Segundo Tribunal Colegiado, tambi�n del Sexto Circuito, sustenta el diverso criterio consistente en que el J. de Distrito ante quien se promoviere la demanda de amparo en las condiciones ya aludidas, debe dejar insubsistente su fallo, declararse incompetente y remitir los autos al J. de Distrito en cuya jurisdicci�n aparezca que deba tener ejecuci�n, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, para que conforme a sus atribuciones legales determine lo que corresponda.

Asimismo, se advierte que en la especie existe contradicci�n de criterios por parte de los Tribunales Colegiados del caso, por cuanto se refiere a la determinaci�n que debe tomar el propio colegiado cuando advierte que el J. de Distrito, a pesar de la negativa por parte de las autoridades se�aladas como responsables sin prueba alguna que la desvirt�e, sigue conociendo del juicio hasta emitir sentencia; pues el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, estima que una vez fallado el asunto no ha lugar a plantear cuestiones de competencia, mientras que el Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito, considera que aun cuando el J. de Distrito haya fallado el juicio de amparo, ello no es �bice para que se le ordene deje insubsistente su sentencia, se declare incompetente y haga remisi�n de los autos, en t�rminos de lo previsto en el primer p�rrafo del art�culo 36 de la Ley de Amparo.

As� las cosas, resulta que en la especie, la contradicci�n de criterios en an�lisis, se da en dos vertientes o aspectos:

?Cu�l debe ser la determinaci�n del J. de Distrito cuando las autoridades se�aladas como ejecutoras niegan el acto reclamado sin que exista prueba que desvirt�e tal negativa, y

?Cu�l debe ser la determinaci�n del Tribunal Colegiado cuando en el supuesto del p�rrafo que antecede, el J. de Distrito sigue conociendo del juicio hasta fallar el asunto.

En estas condiciones, se re�nen los requisitos para que exista contradicci�n de tesis, mismos a que se refiere la jurisprudencia que a continuaci�n se transcribe:

"Octava �poca

"Instancia: Cuarta Sala

"Fuente: Gaceta del Semanario J. de la Federaci�n

"T.o: 58, octubre de 1992

"Tesis: 4a./J. 22/92

"P�gina: 22

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicci�n de tesis 76/90. Entre los Tribunales Colegiados Primero del Cuarto Circuito y Primero del D�cimo Noveno Circuito. 12 de agosto de 1991. Cinco votos. Ponente: I.M.�a C�rdenas. S.retario: N�stor G.D.�nguez.

"Contradicci�n de tesis 30/91. Entre los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos del Primer Circuito en Materia de Trabajo. 2 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: I.M.�a C�rdenas. S.retario: P.J.�s H.�ndez M..

"Contradicci�n de tesis 33/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el actual Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Tercer Circuito. 16 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: J.D.�az R.. S.retario: R.�n G.A.�n.

"Contradicci�n de tesis 71/90. Entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del D�cimo Tercer Circuito. 30 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: C.G.�a V�zquez. S.retario: El�as �lvarez Torres.

"Contradicci�n de tesis 15/91. Sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del S�ptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 17 de agosto de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: C.G.�a V�zquez. S.retario: El�as �lvarez Torres.

"Tesis de jurisprudencia 22/92. Aprobada por la Cuarta Sala de este Alto Tribunal en sesi�n privada celebrada el cinco de octubre de mil novecientos noventa y dos. Unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: presidente C.G.�a V�zquez, J.D.R., I.M.�a C�rdenas y J.A.L.D.. Ausente: F.L.C., previo aviso."

No pasa inadvertido para este Tribunal Pleno, la circunstancia de que el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al emitir su criterio, haya manifestado que el J. de Distrito "t�citamente acept� su competencia", aludiendo a que una vez fallado el juicio no puede ser examinada de oficio la misma; al respecto cabe referir que lo se�alado en esa forma por dicho Tribunal Colegiado, no conduce a establecer la inexistencia de la presente contradicci�n de tesis, en virtud de que el an�lisis de �sta procede, aun cuando la divergencia de criterios sea impl�cita, pero para ello es necesario que pueda deducirse de manera indubitable, como sucede en el presente asunto, en el que el J. de Distrito, no obstante que las autoridades responsables, en sus informes justificados negaron el acto que se les reclamaba, resolvi� el juicio de amparo que fue puesto a su consideraci�n, lo que condujo al aludido Tribunal Colegiado a pronunciarse sobre la cuesti�n de competencia, al se�alar que el juzgador t�citamente acept� su competencia.

Es aplicable a lo expuesto, el criterio que a continuaci�n se transcribe:

"Novena �poca

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n y su Gaceta

"T.o: II, septiembre de 1995

"Tesis: 2a. LXXVIII/95

"P�gina: 372

"CONTRADICCI�N DE TESIS. PROCEDE SU AN�LISIS AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS DIVERGENTES SEA IMPL�CITO, SIEMPRE Y CUANDO EL SENTIDO DE �STE PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE. El hecho de que uno de los criterios divergentes materia de la contradicci�n de tesis denunciada, sea impl�cito, no impide que pueda analizarse y resolverse la contradicci�n planteada, pero para que la divergencia tenga jur�dicamente los mismos efectos que un desacuerdo expreso al resolver cuestiones esencialmente iguales, se requiere que el sentido atribuido al criterio t�cito sea indubitable.

Contradicci�n de tesis 33/94. Entre los Tribunales Colegiados Primero y Noveno en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 23 de junio de 1995. Cinco votos. Ponente: G.D.G.�ngora P.. S.retaria: R.B.V.�zquez.

QUINTO

Se estima oportuno puntualizar, antes de pasar al an�lisis de la contradicci�n de criterios de referencia, que si bien es cierto que el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, dentro de sus consideraciones hizo referencia al art�culo 42 de la Ley de Amparo, mismo que tambi�n establece otras reglas de competencia de los Jueces de Distrito para conocer de demandas de garant�as, sin embargo, no existe contradicci�n en cuanto a este particular aspecto, toda vez que el Primer Tribunal Colegiado de ese mismo circuito, en ning�n momento aludi� a cuestiones relacionadas con dicho numeral.

SEXTO

H.�ndose determinado que existe la contradicci�n de tesis denunciada, en los t�rminos precisados en el considerando que antecede, es que a continuaci�n este Tribunal Pleno se aboca a determinar cu�l es el criterio que debe prevalecer con el car�cter de jurisprudencia, haci�ndolo en los siguiente t�rminos:

El art�culo 36 de la Ley de Amparo previene que:

Art�culo 36. Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo ser� aquel en cuya jurisdicci�n deba tener ejecuci�n, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecut�ndose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevenci�n, ser� competente. Es competente el J. de Distrito en cuya jurisdicci�n resida la autoridad que hubiese dictado la resoluci�n reclamada, cuando �sta no requiera ejecuci�n material.

Del an�lisis de este precepto se obtienen tres reglas b�sicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensi�n t�cnica se puntualizan a continuaci�n en el orden siguiente:

  1. En el �ltimo p�rrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resoluci�n reclamada en el juicio de garant�as no requiera de ejecuci�n material, resulta ser competente el J. de Distrito en cuya jurisdicci�n resida la autoridad que hubiese emitido esa resoluci�n. Como se observa, en este supuesto, basta que quede debidamente evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (mismo que no requiere de ejecuci�n material) radica dentro de ese �mbito territorial de jurisdicci�n del J. Federal, para que �ste sea el que naturalmente conozca del juicio de garant�as.

  2. La segunda regla se encuentra contenida en el primer p�rrafo del se�alado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el par�metro que se toma en consideraci�n para determinar la competencia del J. de Distrito consiste en que ejerza jurisdicci�n en el lugar donde deba tener ejecuci�n, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que despu�s de su emisi�n, por su �ndole, requieren de ejecuci�n por parte de una autoridad diversa a la ordenadora.

  3. La tercera previsi�n normativa que se contiene en el aqu� comentado art�culo 36 de la Ley de Amparo, m�s que una regla diversa en cuanto a la tem�tica en an�lisis, constituye m�s bien un matiz de la segunda regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinaci�n de la competencia del correspondiente J. de Distrito, a que se ha hecho alusi�n en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecut�ndose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, ser� el competente para conocer de la demanda de amparo.

Conviene se�alar aqu� que el legislador, con relaci�n a la regla de competencia que ha quedado se�alada en el inciso b) que antecede, estableci� en el art�culo 41 de la mencionada Ley de Amparo, la disposici�n que tiene por finalidad el sancionar al promovente de la demanda, cuando con fines ajenos a la adecuada tramitaci�n del juicio de garant�as, no acredite que la autoridad se�alada como ejecutora resida dentro de la jurisdicci�n del J. ante quien haya presentado la citada demanda, precepto este que reza como sigue:

Art�culo 41. En los casos a que se refieren los art�culos anteriores, si el promovente del amparo no justificare que la autoridad ejecutora se�alada en la demanda reside dentro de la jurisdicci�n del J. ante quien la haya presentado, el J. de Distrito impondr�, sin perjuicio de las sanciones penales que procedan, al quejoso o a su apoderado, o a quien haya promovido en su nombre, o a su abogado, o a ambos, una multa de treinta hasta ciento ochenta d�as de salario, salvo que se trate de los actos mencionados en el art�culo 17. Esta multa se impondr� aun cuando se sobresea en el juicio por desistimiento del quejoso o por cualquier otro motivo legal.

Si como ha quedado puntualizado en l�neas precedentes, en trat�ndose de actos reclamados que requieran de ejecuci�n material, el J. de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo ser� aquel en cuya jurisdicci�n deba tener ejecuci�n, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, entonces resulta natural que en el caso de que la o las autoridades se�aladas como responsables ejecutoras nieguen los actos que a ellas se les reclama y no se desvirt�e esa negativa por la parte quejosa, al celebrarse totalmente la audiencia constitucional que es el momento en el que tambi�n se podr�an desvirtuar los informes justificados de las autoridades ejecutoras que niegan los actos reclamados, emerja la incompetencia del J. de Distrito en cuya jurisdicci�n radiquen esas autoridades se�aladas como ejecutoras, pero que respecto de las cuales no haya quedado acreditado en autos la existencia de los actos que se les reclamaron, ya que de lo contrario se estar�a estableciendo una competencia para conocer del juicio de amparo, contraria a la teleolog�a que el legislador dej� plasmada en el p�rrafo primero, del ya mencionado art�culo 36 de la Ley de Amparo y sin que v�lidamente pudiera considerarse que el J. de Distrito, que en estas concretas circunstancias siguiera conociendo del juicio y que incluso emitiera la resoluci�n respectiva, haya aceptado t�citamente la competencia, como lo consider� el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, pues dej� de lado una raz�n b�sica que se deriva del contenido del referido art�culo 36 de la ley en cita: El �nico caso normativamente previsto en este numeral en que un J. de Distrito puede conocer de una demanda de amparo, a prevenci�n, es cuando el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecut�ndose en otro, en cuyo supuesto, cualesquiera de los Jueces Federales correspondientes a esas jurisdicciones territoriales, ser� legalmente competente, pero siempre y cuando, como es l�gico, est� debidamente acreditada la existencia de esos actos reclamados de autoridades ejecutoras. En suma, ser�a a esta competencia a prevenci�n la que, en todo caso, podr�a denomin�rsele competencia t�cita, mas no a aquella competencia que se pretendiese fincar por un J. de Distrito para seguir conociendo de la demanda de garant�as presentada ante �l, cuando las autoridades se�aladas como responsables ejecutoras residentes en su �mbito territorial de jurisdicci�n, hubiesen negado los actos a ellas atribuidos y esa negativa no hubiera sido desvirtuada por la parte quejosa.

Conviene se�alar aqu� lo siguiente: toda vez que las autoridades se�aladas como responsables ejecutoras pueden, desde la emisi�n de su informe justificado negar los actos que se les reclamen, entonces el quejoso, jur�dicamente tiene como oportunidad para controvertir y desvirtuar esa negativa, desde que se le da vista con el contenido de esos informes justificados, hasta la celebraci�n de la audiencia constitucional; de manera tal que t�cnicamente hablando, si iniciada la celebraci�n de la audiencia de referencia, en su fase de pruebas, no queda acreditada en autos la existencia de esos actos reclamados a autoridades ejecutoras, esta particular situaci�n debe motivar el desarrollo total de dichaaudiencia, salvo el dictado de la sentencia, y entonces el J. de Distrito debe proceder a formular la declaraci�n de incompetencia respectiva, declin�ndola en favor del diverso J. de Distrito en cuya jurisdicci�n y de acuerdo a las constancias de autos, aparezca que deba tener ejecuci�n, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo anterior de conformidad con lo que dispone el art�culo 52 de la Ley de Amparo, que a la letra dice:

Art�culo 52. Cuando ante un J. de Distrito se promueva un juicio de amparo de que otro deba conocer, se declarar� incompetente de plano y comunicar� su resoluci�n al J., que, en su concepto, deba conocer de dicho juicio, acompa��ndole copia del escrito de demanda. Recibido el oficio relativo por el J. requerido, decidir� de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si el J. requerido aceptare el conocimiento del juicio, comunicar� su resoluci�n al requeriente para que le remita los autos, previa notificaci�n a las partes y aviso a la Suprema Corte de Justicia. Si el J. requerido no aceptare el conocimiento del juicio, har� saber su resoluci�n al J. requeriente, quien deber� resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste se limitar� a comunicar su resoluci�n al J. requerido, d�ndose por terminado el incidente. Cuando el J. requeriente insista en declinar su competencia y la cuesti�n se plantea entre Jueces de Distrito de la jurisdicci�n de un mismo Tribunal Colegiado de Circuito, dicho J. remitir� los autos a �ste y dar� aviso al J. requerido, para que exponga ante el tribunal, lo que estime pertinente. Si la contienda de competencia se plantea entre Jueces de Distrito que no sean de la jurisdicci�n de un mismo Tribunal Colegiado de Circuito, el J. requeriente remitir� los autos a la Suprema Corte de Justicia y dar� aviso al J. requerido para que exponga ante �sta lo que estime conducente, debi�ndose estar, en todo lo dem�s, a lo que se dispone en el p�rrafo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo del J. requerido, en la Suprema Corte de Justicia o en el Tribunal Colegiado de Circuito, seg�n se trate, se tramitar� el expediente con audiencia del Ministerio P�blico, debiendo resolver la Sala correspondiente de aqu�lla o el Tribunal Colegiado de Circuito, seg�n el caso, dentro de los ocho d�as siguientes, qui�n de los dos Jueces contendientes debe conocer del juicio, comunic�ndose la ejecutoria a los mismos Jueces y remiti�ndose los autos al que sea declarado competente. En los casos previstos por este art�culo y por el anterior, la Sala que corresponda de la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Colegiado de Circuito, en su caso, en vista de las constancias de autos, podr� declarar competente a otro J. de Distrito distinto de los contendientes, si fuere procedente con arreglo a esta ley.

En relaci�n con lo anterior, se estima oportuno citar aqu� el criterio que a la letra dice:

"S�ptima �poca

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n

"T.o: 217-228, Tercera Parte

"P�gina: 73

"COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCI�N DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCI�N DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicci�n se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea �bice para resolver as� el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro J. de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a �ste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecuci�n del acto reclamado.

"Competencia 28/87. J. Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de M�xico. 28 de mayo de 1987. Unanimidad de 4 votos. Ponente: F.M.F..

"Volumen 80, p�g. 27. Competencia 50/75. Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas. 27 de agosto de 1975. 5 votos. Ponente: A.R.C..

Ap�ndice 1917-1985, Octava Parte, Com�n al Pleno y las Salas, primera tesis relacionada con la jurisprudencia 104, p�g. 161.

A mayor abundamiento, la determinaci�n del J. de Distrito mediante la cual declina la competencia en uno diverso, no es impugnable mediante el recurso de revisi�n, precisamente porque no se encuentra dentro de los supuestos contenidos en el art�culo 83 de la Ley de Amparo; adem�s porque los aspectos de competencia persiguen un inter�s de orden p�blico y otro inter�s especial de orden preferente, que es el relativo al �mbito de las facultades que la ley otorga al J. para resolver dentro del orden de su competencia.

En apoyo a las anteriores consideraciones, se transcribe la siguiente jurisprudencia:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n y su Gaceta

"T.o: V, junio de 1997

"Tesis: P./J. 35/97

"P�gina: 46

"INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA, DICTADA EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. NO ES RECURRIBLE EN REVISI�N. Es improcedente el recurso de revisi�n hecho valer en contra de la resoluci�n de un J. de Distrito que declina en la audiencia constitucional su competencia a favor de un J. Federal de otro circuito, en virtud de que tal hip�tesis no encuadra dentro de los supuestos contenidos en el art�culo 83 de la Ley de Amparo, toda vez que no resuelve en definitiva la instancia, concediendo, negando o sobreseyendo en el juicio de amparo. Adem�s, se trata de procedimientos diferentes contenidos dentro del ordenamiento jur�dico mencionado y que se pueden suceder en el tr�mite de un juicio de garant�as; el que resuelve la litis constitucional cuyo inter�s, por ser de orden p�blico, compete a las partes y sobre el cual el J. de Distrito determina la procedencia de las pretensiones reclamadas; y otro especial de orden preferente, que es el relativo al �mbito de las facultades que la ley otorga al J. para resolver dentro del orden de su competencia, y en el que intervienen �nicamente los �rganos federales, sin que se conceda participaci�n alguna a los particulares.

"Contradicci�n de tesis 6/92. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 6 de mayo de 1997. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: M.A.G.�itr�n y O.M.�a S�nchez C.. Ponente: H.R.P.. S.retario: Jes�s E.F.G.�lez.

El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada el veintis�is de mayo en curso, aprob�, con el n�mero 35/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. M�xico, Distrito Federal, a veintis�is de mayo de mil novecientos noventa y siete.

Es importante precisar que el criterio que informa la anterior jurisprudencia, se refiere a la improcedencia del recurso de revisi�n cuando la incompetencia por declinatoria la determina el J. de Distrito en la audiencia constitucional, es decir, no obstante que se verifica dicha audiencia, no se culmina la etapa procedimental con el dictado de la sentencia correspondiente; lo que constituye una hip�tesis diferente a cuando el J. de Distrito, no obstante que las autoridades se�aladas como responsables niegan el acto que se les reclama, consistente en la ejecuci�n material del acto dentro de la circunscripci�n territorial de aqu�l, dicta la sentencia y el quejoso en el recurso de revisi�n plantea aspectos relacionados con cuestiones de competencia, o cuando el tribunal revisor las advierte de oficio, t�pico que se analizar� en los p�rrafos siguientes.

Por lo que se refiere a si un Tribunal Colegiado, al realizar la revisi�n correspondiente advierte que el J. de Distrito dict� sentencia, no obstante que las autoridades se�aladas como ejecutoras negaran la existencia del acto reclamado y el quejoso no aportara prueba alguna que desvirtuara dicha negativa, este Tribunal Pleno estima lo siguiente:

En estos casos, lo procedente es que dicho Tribunal Colegiado, ya sea que la incompetencia del J. de Distrito la advierta de oficio o a petici�n de parte, de conformidad con lo establecido en los art�culos 91, fracci�n IV y 94, de la Ley de Amparo, revoque la sentencia recurrida dej�ndola insubsistente y remita los autos al J. en cuya jurisdicci�n deba tener ejecuci�n, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, como lo prev�n los art�culos 107, fracci�n VII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y el 36, p�rrafo primero, de la referida Ley de Amparo, en virtud de que las cuestiones de competencia territorial de los Jueces de Distrito, est�n elevadas a norma de rango constitucional y reglamentadas por la ley de la materia, independientemente de que se constituyen en presupuestos procesales y naturalmente de orden p�blico.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que informa la tesis que se transcribe:

"Quinta �poca

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n

"T.o: XCVII

"P�gina: 309

"COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden p�blico, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario p�blico o al error que �ste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso.

Competencia 75/48. Suscitada entre los Jueces de Distrito, Primero del Distrito Federal, en Materia Civil, del Estado de Q.�taro y del Estado de H. (Southern Pacific Company).10 de julio de 1948. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: L.C.G.. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente.

En este mismo orden de ideas, ha sido preocupaci�n constante de la actual integraci�n de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, el hecho de que los quejosos o quien promueve en nombre de ellos, a su libre arbitrio o a su discrecional elecci�n, determinen la competencia del J. de Distrito para que conozca de un juicio de amparo; lo que sin lugar a dudas va en contra de la voluntad del legislador al establecer las reglas para distribuir, seg�n el territorio, la competencia entre los distintos Juzgados de Distrito, y que prev�n los numerales precitados.

Lo establecido en este sentido, se ve reflejado en el criterio sostenido por la Primera Sala de este Alto Tribunal, y que informa la jurisprudencia que a continuaci�n se transcribe:

"Novena �poca

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n y su Gaceta

"T.o: II, septiembre de 1995

"Tesis: 1a./J. 12/95

"P�gina: 97

"COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSI�N, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garant�as el quejoso reclama la orden de aprehensi�n dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero se�ala domicilio para o�r notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el J. de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldr�a a dejar al arbitrio del quejoso la determinaci�n de la competencia, con el solo hecho de se�alar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervenci�n de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicci�n del J. de Distrito, cuando �stas se se�alen como responsables, debe fincarse la competencia al J. Federal de ese lugar.

"Competencia penal 297/94. Suscitada entre los Jueces Sexto de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal y Cuarto de Distrito en el Estado de M�xico. 3 de marzo de 1995. Cinco votos. Ponente: J.V.C. y C.. S.retario: Te�dulo �ngeles E..

"Competencia penal 198/94. Suscitada entre la J. Sexto de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal y el J. Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 de marzo de 1995. Cinco votos. Ponente: O.S.C. de G.�a V.. S.retario: M.�.C.H.�ndez.

"Competencia penal 313/94. Suscitada entre el J. Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua y el J. S�ptimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal. 3 de marzo de 1995. Cinco votos. Ponente: H.R.P.. S.retaria: G.C.M.�nez.

"Competencia penal 334/94. Suscitada entre los Jueces Octavo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal y Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla. 3 de marzo de 1995. Mayor�a de cuatro votos, en contra del voto emitido por el Ministro Jos� de Jes�s G.�o P.. Ponente: J.V.C. y C.. S.retaria: Mar�a E.L.�zamo F..

"Competencia penal 6/95. Suscitada entre el J. Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz y el J.Q. de Distrito en el Estado de Puebla. 28 de abril de 1995. Mayor�a de cuatro votos en contra del emitido por el Ministro Jos� de Jes�s G.�o P., quien formul� voto particular. Ponente: J.V.C. y C.. S.retaria: Mar�a E.L.�zamo F..

Tesis de jurisprudencia 12/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesi�n de dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros: presidente en funciones H.R.P., Jos� de Jes�s G.�o P., J.N.S.M. y O.S.C. de G.�a V.. Ausente: J.V.C. y C..

Siguiendo este orden de ideas, el art�culo 107, fracci�n VII, de la Constituci�n Federal, se�ala lo siguiente:

Art�culo 107. Todas las controversias de que habla el art�culo 103 se sujetar�n a los procedimientos y formas del orden jur�dico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o despu�s de concluido, o que afecten a personas extra�as al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondr� ante el J. de Distrito bajo cuya jurisdicci�n se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitaci�n se limitar� al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citar� en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibir�n las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oir�n los alegatos, pronunci�ndose en la misma audiencia la sentencia.

El precepto magno transcrito, es claro al establecer que el juicio de amparo se interpondr� ante el J. de Distrito bajo cuya jurisdicci�n se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando que para efectos de su tramitaci�n, entre otros requisitos, se limitar� al informe de la autoridad se�alada como responsable; por ende, siendo �sta la intenci�n del legislador, no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier J. de Distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente.

En cuanto a lo anterior, conviene sacar a colaci�n los criterios cuyos rubros y textos son los siguientes:

"Quinta �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n

"T.o: XXV

"P�gina: 1975

"COMPETENCIA EN AMPARO. La fracci�n IX del art�culo 107 constitucional, somete el conocimiento de los juicios de garant�as, de la competencia de los Jueces de Distrito, al de la jurisdicci�n en que est� el lugar en que se ejecuta o trate de ejecutarse el acto reclamado, sin distinguir si el amparo se endereza contra actos de autoridades judiciales o distintas de �stas.

"Consulta del J. Tercero de Distrito del Distrito Federal. Mar�n �ngel. 15 de abril de 1929. Unanimidad de trece votos. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente."

"Quinta �poca

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n

"T.o: XXII

"P�gina: 45

"COMPETENCIA EN AMPARO. Interpretando rectamente la fracci�n IX del art�culo 107 constitucional, el lugar de la ejecuci�n real y material del acto reclamado, es lo que fija la competencia del J. de Distrito, pues la autoridad ejecutora no es la secundaria en la ejecuci�n del acto, sino m�s bien la principal, y la autoridad que ordena el acto, es una simple autoridad secundaria, o intermediaria, para alcanzar la ejecuci�n del acto que se reclama.

"Competencia 512/27. Suscitada entre los Jueces de Distrito Primero Numerario del Distrito Federal y de A.. 5 de enero de 1928. Presidente: F.D.�az L.."

"Quinta �poca

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n

"T.o: CXXX

"P�gina: 119

"COMPETENCIA DE JUECES DE DISTRITO POR EL LUGAR DE EJECUCI�N DEL ACTO RECLAMADO. Si el acto revocatorio reclamado tiene ejecuci�n material, pues de otro modo resultar�a simplemente declarativo y no causar�a, por su solo dictado violaci�n alguna de garant�as; y la ejecuci�n fue ya ordenada a funcionarios o empleados federales en determinada entidad federativa y han tratado de llevarse a efecto, el caso est� regido por el p�rrafo primero del art�culo 36 de la Ley de Amparo, que establece que cuando conforme a las prescripciones de esa ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo ser� aquel en cuya jurisdicci�n se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado y de acuerdo tambi�n con la tesis jurisprudencial n�mero 228 del Ap�ndice al T.o XCVII del Semanario J. de la Federaci�n que sostiene que para fijar la jurisdicci�n en el juicio de garant�as, la fracci�n IX del art�culo 107 constitucional tiene en cuenta el lugar en que el acto reclamado se ejecuta o trate de ejecutarse siendo esto lo que principalmente fija la competencia.

Competencia 87/56. Jueces Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas y Segundo de Distrito del Distrito Federal, en Materia Administrativa. 8 de octubre de 1956. Unanimidad de cuatro votos. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente.

Es por lo anterior, que el Tribunal Colegiado a quien corresponda conocer del recurso de revisi�n que se haya hecho valer en contra de una sentencia dictada por un J. de Distrito incompetente, debe revocar y dejar insubsistente dicha sentencia y remitir los autos al J. de Distrito que considere que es el competente, para conocer por raz�n de jurisdicci�n territorial de dicho asunto, para que sea �ste quien dicte la sentencia correspondiente; lo anterior con fundamento en los art�culos 91, fracci�n IV y 94 de la Ley de Amparo, que a la letra dicen:

"Art�culo 91. El tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisi�n, observar�n las siguientes reglas: ... IV. Si en la revisi�n de una sentencia definitiva, en los casos de la fracci�n IV del art�culo 83, encontraren que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o que el J. de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia, incurri� en alguna omisi�n que hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, revocar�n la recurrida y mandar�n reponer el procedimiento, as� como cuando aparezca tambi�n que indebidamente no ha sido o�da alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley."

Art�culo 94. Cuando la Suprema Corte de Justicia o alguno de los Tribunales Colegiados de Circuito conozca de la revisi�n interpuesta contra la sentencia definitiva dictada en un juicio de amparo, de que debi� conocer un Tribunal Colegiado de Circuito en �nica instancia conforme al art�culo 44, por no haber dado cumplimiento oportunamente el J. de Distrito o la autoridad que haya conocido de �l conforme a lo dispuesto en el art�culo 49, la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Colegiado declarar� insubsistente la sentencia recurrida y lo remitir� al correspondienteTribunal Colegiado de Circuito o se avocar� al conocimiento del amparo, dictando las resoluciones que procedan.

No pasa inadvertida, la circunstancia de que existen criterios sustentados por las diversas integraciones de este Alto Tribunal, que aluden a que las cuestiones de competencia de los Jueces de Distrito no pueden decidirse a trav�s del recurso de revisi�n, dado que el J. de Distrito al dictar la sentencia ya agot� su jurisdicci�n; que no es el recurso de revisi�n donde puede impugnarse la competencia de los Jueces de Distrito; que una vez fallada la instancia, no es dable discutir cuestiones de competencia, por lo que el tribunal revisor deber� avocarse al conocimiento del propio recurso; que no se puede aducir como agravio la incompetencia del J. que dict� la sentencia; que el hecho de que un J. de Distrito sin competencia territorial conozca de un asunto, no significa pr�rroga de jurisdicci�n, sino que en el proceso ninguna parte (ni el juzgador) promovieron oportunamente el incidente de incompetencia; que el agraviado puede ocurrir en demanda de amparo, ya sea ante el J. del lugar en que se dicte u ordene el acto reclamado, o ante el de aquel en que se ejecute o trate de ejecutarse dicho acto, a menos que s�lo se promueva el juicio contra las autoridades ejecutoras; o bien, que no existe ning�n agravio por el hecho de que el juicio de amparo lo resuelva un J. y no otro, porque todos los Jueces de Distrito ejercen la misma competencia constitucional.

Lo rese�ado en este sentido respecto de las anteriores tesis, permite advertir que lo que la actual integraci�n de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n est� realizando, en cuanto a este segundo aspecto que constituye la materia de la presente contradicci�n de tesis, es fijar debidamente el criterio que en �pocas pasadas se hab�a emitido, claro est�, atendiendo para ello al estricto acatamiento y observancia de las reglas, que sobre el tema, han sido elevadas a normas de rango constitucional y que reglamenta la Ley de Amparo, ordenamientos magno y legal que establece las bases jur�dicas que este Tribunal Pleno no puede soslayar, para orientar el criterio que ahora se sustenta.

Ahora bien, se estima oportuno puntualizar que el hecho de que el Tribunal Colegiado deje insubsistente la sentencia y remita los autos a un diverso J. de Distrito, no implica, conforme a la t�cnica jur�dica, que en caso de que el diverso J. no la aceptara, se dejare sin efecto lo resuelto por el colegiado; toda vez que en el supuesto de que pudiera suscitarse el correspondiente conflicto competencial, no debe perderse de vista que de conformidad con lo previsto en la fracci�n VI del art�culo 37 de la Ley Org�nica del Poder J. de la Federaci�n, dicho conflicto ser� resuelto por el Tribunal Colegiado que ejerza jurisdicci�n sobre ambos Jueces de Distrito y que obviamente es el mismo que en su oportunidad dej� insubsistente la sentencia y finc� la competencia en el diverso J. de Distrito.

Ahora bien, aun suponiendo que el conflicto se suscitara entre Jueces de distintas jurisdicciones, tampoco surgir�a ninguna incongruencia t�cnica en el aspecto en comento, pues en esta otra hip�tesis, resulta que de conformidad con la ya citada fracci�n VI del art�culo 37 de la Ley Org�nica del Poder J. de la Federaci�n, el conflicto competencial ser� resuelto por el Tribunal Colegiado que ejerza jurisdicci�n sobre el J. de Distrito que previno, mismo que igualmente resultar�a ser aquel que revoc� la sentencia y remiti� los autos al diverso J. de Distrito (toda vez que el J. que previene ser� precisamente aquel que fall� el asunto; por ende, necesariamente debi� ser el que previno), por lo que en este supuesto, lo �nico que tendr�a que hacer el Tribunal Colegiado ser�a determinar si realmente el J. a quien remiti� los autos, resulta ser el competente, pero en ning�n momento quedar�a sin efecto su determinaci�n en el sentido de haber revocado la sentencia, atendiendo a que a pesar de que el J. de Distrito haya dictado sentencia, era incompetente por no ejecutarse, tratarse de ejecutar o haberse ejecutado el acto reclamado dentro de su jurisdicci�n.

Cabe destacar, que lo actuado por el J. de Distrito incompetente es v�lido, hasta la audiencia constitucional, porque aqu� todav�a se podr�an desvirtuar los informes justificados de las autoridades ejecutoras que niegan el acto reclamado, adem�s de que hasta ese momento el J. de Distrito que estaba conociendo era competente, es decir, que la nulidad �nicamente se produce respecto del fallo dictado, en virtud de que en el caso estamos en presencia de una incompetencia superveniente.

En relaci�n al aspecto que se analiza, el C�digo Federal de Procedimientos Civiles, en su art�culo 17, aplicable supletoriamente al juicio de garant�as de conformidad con el art�culo 2o. de la Ley de Amparo, establece lo siguiente:

Art�culo 17. Es nulo de pleno derecho lo actuado por el tribunal que fuere declarado incompetente, salva (sic) disposici�n contraria a la ley. En los casos de incompetencia superveniente, la nulidad s�lo opera a partir del momento en que sobrevino la incompetencia. No obstante esta nulidad, las partes pueden convenir en reconocer como v�lidas todas o algunas de las actuaciones practicadas por el tribunal declarado incompetente.

El p�rrafo segundo del precepto transcrito, alude a los casos en que se presenta la incompetencia superveniente, previniendo que en esos casos, la nulidad de lo actuado s�lo opera a partir del momento en que sobrevino la incompetencia, por lo que corresponder� al Tribunal Colegiado que conozca del recurso de revisi�n se�alar que la nulidad de actuaciones se produce �nicamente respecto del fallo dictado por el J. de Distrito incompetente, y no as� por lo que hace a la audiencia constitucional; esto independientemente de la responsabilidad en la que pudo haber incurrido el referido J. de Distrito.

De acuerdo a lo anterior, es por lo que el criterio que se sostiene en el segundo punto que se analiza, no contrar�a lo dispuesto en el art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que todas las actuaciones del J. de Distrito que sustanci� en el juicio de amparo, ser�n v�lidas hasta la audiencia constitucional, tal y como lo dispone el art�culo 17 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, por lo que el diverso J. de Distrito a quien, por determinaci�n del Tribunal Colegiado que conozca de la revisi�n respectiva, le sea remitido el asunto, lo �nico que tendr� que hacer es dictar la sentencia en el mismo sentido al que se hab�a hecho con anterioridad o en sentido diferente.

La interpretaci�n sistem�tica de todos los preceptos aludidos en este apartado conducen a establecer que cuando el Tribunal Colegiado advierta, de oficio o a petici�n de parte, que la sentencia sujeta a revisi�n, fue dictada por un J. de Distrito incompetente, debe revocar dejando insubsistente dicha sentencia y remitir los autos a quien considere que s� es competente, en estricto cumplimiento a los principios y reglas, que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito, han sido elevados a normas de rango constitucional, asimismo, para el debido cumplimiento de la ley reglamentaria que regula esos aspectos.

S�PTIMO

Este Tribunal Pleno, estima oportuno realizar algunas precisiones sobre la jurisprudencia que cit� el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al fallar el juicio de amparo en revisi�n registrado con el n�mero 551/93, as� como de otra diversa jurisprudencia que se transcribir� en su oportunidad; lo anterior para el efecto de establecer si se refieren o no al tema de contradicci�n que fue expuesto en la segunda parte del considerando que antecede, es decir, si las jurisprudencias aludidas se refieren a la denominada competencia constitucional de los Jueces de Distrito que establece el art�culo 107, fracci�n VII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y que reglamenta el art�culo 36, espec�ficamente el p�rrafo primero de la Ley de Amparo.

La jurisprudencia, con la cual el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, robusteci� sus consideraciones, al fallar el juicio de amparo en revisi�n registrado con el n�mero 551/93, es del tenor siguiente:

"Quinta �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Ap�ndice de 1995

"T.o: VI, Parte SCJN

"Tesis: 150

"P�gina: 100

"COMPETENCIA IMPROCEDENTE. No ha lugar a una cuesti�n de competencia en amparo, cuando el juicio entablado ante uno de los Jueces contendientes ha sido ya fallado o sobrese�do por �ste.

"Quinta �poca:

"T.o V, p�g. 221. Competencia. Suscitada entre los Jueces Quinto y Sexto S.s de Distrito. 31 de julio de 1919. Unanimidad de once votos.

"T.o VII, p�g. 187. Competencia. Suscitada entre los Jueces de Distrito de Tuxpan y Quinto S. de Distrito del Distrito Federal. 8 de julio de 1920. Unanimidad de nueve votos.

"T.o VII, p�g. 1529. Competencia. Terrenos de Algara Guadalupe. 15 de julio de 1920.

"T.o IX, p�g. 388. Competencia. Suscitada entre los Jueces Primero y Segundo S.s de Distrito del Distrito Federal. 22 de agosto de 1921. Unanimidad de ocho votos.

T.o XII, p�g. 182. Competencia 164/22. Suscitada entre los Jueces Tercero S. de Distrito de la capital y de Distrito de Tuxpan. 25 de enero de 1923.

A continuaci�n, se analizan las ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia transcrita, en el orden cronol�gico en que fueron pronunciadas por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

  1. Competencia suscitada entre los Jueces Quinto y Sexto S.s de Distrito del Distrito Federal.

    M�xico, treinta y uno de julio de mil novecientos diecinueve. Acuerdo Pleno. Vista la competencia suscitada entre los Jueces Quinto y Sexto, S.s, de Distrito, del Distrito Federal, para conocer de las demandas de amparo promovidas por F.C.C., contra actos del J.Q. de Instrucci�n Militar de esta ciudad; y, RESULTANDO: Que el se�or F.C.C. pidi� amparo ante el J. Sexto S. de Distrito, por varias violaciones de procedimiento cometidas en un proceso que por los delitos de suplantaci�n de grado en el ej�rcito y abuso de autoridad, le instru�a el J.Q. de Instrucci�n Militar de esta capital. Posteriormente el referido C. se present� ante el J.Q., S., de Distrito, pidiendo amparo porque en el proceso que le instru�a el J.Q. de Instrucci�n Militar, del que se acaba de hacer menci�n, se hab�a dictado auto de prisi�n preventiva, y adem�s, porque, con motivo de no haber regresado el quejoso al hospital militar, a donde fue internado temporalmente, por causa de enfermedad, y de donde se le permiti� salir un d�a, el mismo J.Q., de Instrucci�n Militar hab�a dictado una orden de reaprehensi�n. H.endo tenido conocimiento el J.Q., S., de Distrito, por informes que le dio la autoridad responsable, del amparo promovido por C., ante el Juzgado Sexto S., dio el aviso correspondiente, y este funcionario, al enviar a esta Corte copia de la demanda de amparo, para los efectos del art�culo seiscientos noventa y cuatro del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, remiti� tambi�n copia de la sentencia que ya hab�a dictado en el juicio de amparo de su conocimiento. CONSIDERANDO: Que la prevenci�n del art�culo seiscientos noventa y cuatro del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, seg�n la cual los Jueces de Distrito que conozcan de una demanda de amparo, que se refiera a los mismos hechos, deben remitir a esta Corte copia de aquel documento, para que se decida qui�n de ellos debe conocer del recurso, supone que los juicios de amparo, a que dichas demandas han dado origen, est�n en tramitaci�n, pues, de no ser as�, y estando ya fallado uno de dichos juicios, como sucede en el presente caso, s�lo habr� lugar, si concurren adem�s otras circunstancias, a dictar el auto de improcedencia, a que se refiere la fracci�n tercera del art�culo setecientos dos del mismo c�digo. De manera es que lo que procede en el caso de que se trata, es que el J.Q., S., de Distrito, contin�e el procedimiento hasta dictar la resoluci�n final que corresponda, sin perjuicio de que a este funcionario se env�en copias de la otra demanda y de la sentencia dictada por el J. Sexto, para los efectos a que hubiere lugar. Por lo tanto, se resuelve: PRIMERO. Se declara que no ha lugar a resolver competencia alguna entre los Jueces, Quinto y Sexto, S.s, de Distrito, del Distrito Federal, con motivo de las demandas de amparo promovidas por F.C.C. contra actos del J.Q. de Instrucci�n Militar de esta capital. SEGUNDO. Prev�ngase al J.Q., S., de Distrito, que debe continuar tramitando el juicio de amparo de su conocimiento, hasta dictar la resoluci�n final que corresponda; y rem�tase a este funcionario copia de la demanda de amparo presentada por C. ante el J. Sexto, y de la resoluci�n que �ste dict�, para los efectos a que hubiere lugar. TERCERO. C.�quese a las dos autoridades, exp�dase el correspondiente testimonio y arch�vese el toca. As�, por unanimidad de once votos lo resolvi� la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. Doy fe.

    1.1. Este asunto se refiere a un conflicto competencial, en el que el quejoso present� dos demandas de amparo ante sendos Jueces de Distrito, y en donde los actos reclamados var�an, pues en la primera de dichas demandas hizo valer violaciones al procedimiento en el proceso que se le instru�a y en el segundo, reclam� el auto de prisi�n preventiva y la orden de reaprehensi�n, que la autoridad se�alada como responsable dict� y gir� en su contra; asimismo, destaca la circunstancia de que uno de los Jueces de Distrito del conocimiento dict� sentencia, por lo que se estim� que al no estar ya en tr�mite uno de los juicios de amparo a que dio origen una de las demandas, puesto que se dict� el fallo correspondiente, que no hab�a lugar para resolver controversia alguna.

  2. Competencia suscitada entre los Jueces de Distrito de Tuxpan y Quinto S. de Distrito del Distrito Federal.

    Ciudad de M�xico. Acuerdo Pleno del d�a 8 de julio de 1920. Vista la cuesti�n de competencia, suscitada entre los Jueces de Distrito de Tuxpan y Quinto S. de Distrito, Distrito Federal, para conocer de las demandas de amparo promovidas por la Compa��a Petrolera Capuchinas, S., contra actos de la S.retar�a de Industria y Comercio; y, RESULTANDO: Que ante el J.Q. S. de Distrito, del Distrito Federal, la Compa��a Petrolera de Capuchinas, S., interpuso una demanda de amparo, contra actos de la S.retar�a de Industria y Comercio, consistentes en haber negado la revalidaci�n de un permiso para continuar los trabajos de perforaci�n de un pozo, en el lote n�mero uno de ?Comales?, Municipio de Chontla, Cant�n de Ozuluama, Veracruz. D.J. dict� sentencia, previos los dem�s tr�mites, y en este estado los autos, recibi� un oficio inhibitorio del J. de Distrito de Tuxpan, quien, por haber recibido una demanda semejante, y haber tenido conocimiento de la interpuesta ante el J.Q. S., obraba de acuerdo con lo que dispone el art�culo 35, fracci�n III, de la Ley de Amparo. Este �ltimo funcionario resolvi� que, aunque ya hab�a fallado el juicio de que hab�a conocido, proced�a dirigirse a esta Corte, para los efectos del citado art�culo, y en atenci�n a esto, ambos Jueces remitieron copia de las demandas. CONSIDERANDO: Que aunque hay completa identidad entre las demandas interpuestas por la Compa��a Petrolera Capuchinas, S., contra actos de la S.retar�a de Industria y Comercio, no es el caso designar J. que deba conocer de dichas demandas, puesto que uno de los juicios ya est� fallado y las cuestiones de competencia son, por su naturaleza, de previo y especial pronunciamiento. Lo �nico que procede en el presente caso, es que el J. de Distrito de Tuxpan tome en cuenta esta circunstancia, para dictar la resoluci�n que corresponda. En consecuencia, se resuelve: PRIMERO. Se declara que no ha lugar a dirimir competencia entre los Jueces, Quinto S. de Distrito, del Distrito Federal y de Distrito de Tuxpan, con motivo de las demandas de amparo promovidas por la Compa��a Petrolera Capuchinas, S., contra actos de la S.retar�a de Industria y Comercio, seg�n la relaci�n que se ha hecho anteriormente. SEGUNDO. N.�quese; comun�quese a ambos Jueces, ex�janse los timbres y arch�vese el toca. As�, por unanimidad de nueve votos, lo resolvi� la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. Los ciudadanos Ministros G.�lez y A., no estuvieron presentes en la votaci�n de este asunto. Doy fe. E.M.. A.A.. B.F.. I.N.. P.S.. A.. U.. E.G. P�rez. G.A.V.. J.M.M.. F.P.G., secretario.

    2.2. El anterior asunto se refiere a un conflicto competencial, en el que la quejosa present� dos demandas de amparo ante sendos Jueces de Distrito, en donde exist�a identidad en las demandas; asimismo, se advierte que uno de los Jueces de Distrito a quien correspondi� conocer de una de las demandas, pronunci� el fallo en el juicio de amparo, por lo que se consider� que no hab�a lugar para dirimir el conflicto competencial.

  3. Competencia. Terrenos de Algara Guadalupe.

    M�xico, quince de julio de mil novecientos veinte. Acuerdo Pleno. Vista la cuesti�n de competencia suscitada entre los Jueces de Distrito del Estado de H. y del de M�xico, con motivo de las demandas de amparo promovidas por la sucesi�n de la se�ora Guadalupe Terreros de Algara contra actos de la Comisi�n Local Agraria del Estado de M�xico, y RESULTANDO: Que seg�n aparece de las constancias respectivas, la expresi�n sucesi�n, por medio de su representante el se�or Jos� R.G.�n, estableci� una demanda de amparo ante el J.S. Propietario de Distrito del Distrito Federal, contra una resoluci�n de la Comisi�n Nacional Agraria, porque se mand� dotar de tierras al pueblo de Santiago Tlaltepaxco, en perjuicio de la Hacienda del Salto. Por incompetencia del J.S. de Distrito propietario se fall� este juicio por el J. de Distrito del Estado de M�xico, negando el amparo a la quejosa. Ante el J. de Distrito del Estado de H., se present� el mismo se�or R.G.�n, con la personalidad ya dicha, entablando nueva demanda de amparo contra la misma orden del presidente del Comit� Particular Ejecutivo de la Comisi�n Nacional Agraria del Estado de M�xico, en virtud de la cual se iba a dar posesi�n al pueblo de Santiago Tlaltepaxco de los terrenos de que hab�a sido dotado, seg�n la resoluci�n de la Comisi�n Nacional Agraria reclamada en la primera demanda de amparo. Al tener conocimiento este J. de Distrito de la interposici�n de la otra demanda, lo comunic� a la autoridad respectiva y previos algunos tr�mites que no son del caso referir, ambos Jueces contendientes se dirigieron a esta Corte para los efectos de la fracci�n tercera, del art�culo treinta y cinco, de la Ley de Amparo. CONSIDERADO: Que aunque hay semejanza entre las dos demandas de amparo presentadas por el se�or R.G.�n, pues en ambas se reclaman el despojo de que se dice v�ctima la Hacienda del Salto, por la resoluci�n de la Comisi�n Nacional Agraria; hay que tomar en cuenta que la disposici�n contenida en el art�culo treinta y cinco, de la Ley de Amparo, en su fracci�n tercera, inciso quinto, supone que los juicios de amparo originados por las dos demandas a�n est�n en tramitaci�n y el objeto que persigue es de que no se sigan separadamente. Como en el caso presente, uno de los juicios ya est� fallado por el J. de Distrito del Estado de M�xico, s�lo procede comunicar esta circunstanciaal del Estado de H., para que este funcionario, tom�ndola en consideraci�n, dicte la resoluci�n que corresponda. Por lo expuesto, se resuelve: PRIMERO. Se declara que no ha lugar a dirimir competencia entre los Jueces de Distrito de H. y del Estado de M�xico, con motivo de las demandas de amparo formuladas por la sucesi�n de la se�ora Guadalupe Terreros de Algara y a que se han hecho referencia. SEGUNDO. N.�quese, comun�quese esta resoluci�n al J. de Distrito del Estado de H., para los efectos a que se refiere el considerando de este fallo, y arch�vese el toca. As�, por unanimidad de nueve votos, lo resolvi� la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. Se hace constar que no votaron los se�ores Ministros G.�lez y A., por no haber estado presentes. Doy fe.

    3.3. El anterior asunto se refiere a un conflicto competencial, en el que la quejosa present� dos demandas de amparo ante sendos Jueces de Distrito, en donde exist�a semejanza en las demandas; asimismo, se advierte que uno de los Jueces de Distrito a quien correspondi� conocer de la primera de las demandas que fueron presentadas, pronunci� el fallo en el juicio de amparo, por lo que se consider� que no hab�a lugar para dirimir el conflicto competencial, ya que para ello es necesario que ambas demandas est�n en tr�mite.

  4. Competencia suscitada entre los Jueces Primero y Segundo S.s de Distrito, del Distrito Federal.

    M�xico, veintid�s de agosto de mil novecientos veintiuno. Acuerdo Pleno. Vista la cuesti�n de competencia, suscitada entre los Jueces, Primero y Segundo S.s de Distrito, del Distrito Federal, con motivo de las demandas de amparo interpuestas por M.�n A., contra actos del J.S. de lo Penal de esta capital; y, RESULTANDO: Que, con fecha siete de junio pr�ximo pasado, el licenciado I.C. y O. present�, como defensor del se�or M.�n A., una demanda de amparo, ante el J.S. S. de Distrito, del Distrito Federal, manifestando: que, en un juicio seguido en contra del se�or Jos� L. de la Pe�a, fue nombrado el se�or A. como depositario de un cr�dito de $22,000.00, que fue embargado; que, posteriormente, se exigi� al depositario la entrega de ese cr�dito, por lo que el se�or A., no estando conforme, interpuso demanda de amparo y obtuvo la suspensi�n del acto reclamado; que, con posterioridad, se le volvi� a exigir la entrega de este cr�dito y �l volvi� a obtener la suspensi�n del acto, en un nuevo amparo que interpuso; pero no estando conforme el colitigante con estos procedimientos, ocurri� ante el J.S. de lo Penal, de quien obtuvo una orden de aprehensi�n en contra de su defenso, la que se�alaba como motivo de su demanda de amparo. En diez del mismo mes de junio, el se�or M.�n A. present� una nueva demanda, ante el J. Primero S. de Distrito, reclamando el mismo hecho, esto es, la orden de aprehensi�n dictada en su contra, por el J.S. de lo Penal de esta capital, y originada por los hechos expuestos anteriormente. Al tener conocimiento el J. Primero S., de la interposici�n de la primer demanda, lo hizo saber al J.S. y ambos funcionarios se dirigieron a esta Corte, en los t�rminos prevenidos por el art�culo 35, fracci�n tercera, de la Ley de Amparo, haciendo notar el J.S. que, por su parte, hab�a dictado auto de sobreseimiento en el juicio interpuesto ante �l. Con motivo de esta �ltima observaci�n, se recabaron los informes necesarios, a efecto de determinar si se hab�a interpuesto revisi�n de ese auto de sobreseimiento, los cuales demostraron que no se hab�a hecho valer ning�n recurso. CONSIDERANDO: Fallado como est� el juicio de amparo interpuesto ante el J.S. S. de Distrito, del Distrito Federal, no procede ya resolver la presente cuesti�n, en el sentido de que se declare competente a determinado J., puesto que desapareci� el motivo que dio origen a la presente controversia; pero s� es indispensable, en vista de la semejanza que hay entre las dos demandas de amparo, que el J. Primero de Distrito tenga conocimiento de la resoluci�n dictada por el J.S., por si esta resoluci�n tuviera que influir de alguna manera, en la tramitaci�n del juicio de que �l tiene conocimiento. En tal concepto, se resuelve: Se declara que no ha lugar a hacer designaci�n alguna, en los t�rminos expuestos por el art�culo 35, fracci�n tercera, de la Ley de Amparo, por haberse sobrese�do en uno de los juicios que dieron origen a la presente controversia. C.�quese esta resoluci�n al J. Primero S. de Distrito, y prev�ngase al Segundo, que ponga en conocimiento del primero, la que dict� al sobreseer en el juicio de amparo interpuesto por �l. N.�quese; exp�danse los correspondientes testimonios y arch�vese el toca. As�, por unanimidad de ocho votos, lo resolvi� la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. No estuvieron presentes los Ministros M., Mena y U., por las razones que se exponen en el acta del d�a. Doy fe. E.G. P�rez. A.M.G.�lez. A.A.. B.F.. I.N.. P.S.. G.A.V.. A.A.. F.P.G., secretario.

    4.4. El anterior asunto se refiere a un conflicto competencial, en el que el quejoso present� dos demandas de amparo ante sendos Jueces de Distrito, en donde exist�a semejanza en las demandas; asimismo, se advierte que uno de los Jueces de Distrito, a quien correspondi� conocer de una de las demandas que fueron presentadas, pronunci� el fallo en el juicio de amparo, por lo que se consider� que no hab�a lugar para hacer designaci�n alguna.

  5. Competencia 164/22, suscitada entre los Jueces Tercero S. de Distrito de la capital y de Distrito de Tuxpan.

    M�xico, veinticinco de enero de mil novecientos veintitr�s. Presidencia. Agr�guese el escrito del, licenciado Perfecto Irabi�n Rosado, de fecha dieciocho del actual, y, teniendo en consideraci�n, que del informe rendido por el J. de Distrito de Tuxpan, que obra a fojas diecinueve, aparece que dicho funcionario fall� definitivamente el negocio que motiva la presente contienda jurisdiccional, carece de materia la competencia suscitada, de acuerdo con la fracci�n III del art�culo 35, de la Ley de Amparo vigente, puesto que esta disposici�n previene que ambos Jueces contendientes est�n conociendo de los amparos respectivos, y, en consecuencia, cuando una de las autoridades competidoras ha dejado de conocer del juicio constitucional que ante ella se promovi�, cesa el origen de la controversia de jurisdicci�n. En tal virtud, y con apoyo, a contrario sensu, en la disposici�n legal invocada, se resuelve: PRIMERO. Se declara sin materia la competencia suscitada entre los Jueces, Tercero S. de Distrito de esta capital y de Distrito en Tuxpan, para conocer del amparo promovido por el Condue�azgo de la Aguada, contra actos del J.S. de lo Civil de M�xico y de Primera Instancia de Ozuluama. SEGUNDO. N.�quese; exp�danse los testimonios respectivos; ex�janse los timbres que sean necesarios y, en su oportunidad, arch�vese el toca. As�, lo provey� y firma el ciudadano presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. Doy fe.

    5.5. El anterior asunto se refiere a un conflicto competencial, en el que el quejoso present� dos demandas de amparo ante sendos Jueces de Distrito; asimismo, se advierte que uno de los Jueces de Distrito a quien correspondi� conocer de una de las demandas que fueron presentadas, pronunci� el fallo en el juicio de amparo, por lo que se consider�, mediante prove�do emitido por el entonces presidente de este Alto Tribunal, que hab�a que declararse sin materia el conflicto competencial.

    El examen minucioso de las ejecutorias y prove�do transcritos, que pronunci� con anterioridad el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, permite establecer que existen constantes que son comunes a todas ellas, siendo �stas que se trata de un conflicto competencial, en el que el mismo quejoso present� dos demandas ante sendos Jueces de Distrito, y durante la tramitaci�n del conflicto de competencia, uno de dichos Jueces pronunci� sentencia en el juicio de amparo que se origin� a ra�z de una de esas demandas; lo que condujo al entonces Tribunal Pleno a determinar que no hab�a lugar para resolver controversia alguna, para dirimir el conflicto competencial, para hacer designaci�n alguna y que hab�a que declararse sin materia el conflicto competencial.

    Como puede observarse, los criterios que contienen los precedentes que conforman la jurisprudencia sustentada en este sentido por el entonces Tribunal Pleno, se refieren a conflictos competenciales que se originaron entre Jueces de Distrito, en raz�n de que el quejoso present� dos demandas ante diversos juzgadores, y uno de ellos, pronunci� la sentencia correspondiente en el juicio de amparo, circunstancia que origin� que en forma concreta se estableciera que en esos supuestos la competencia resultaba improcedente, como lo establece el rubro de la jurisprudencia aludida.

    Las constantes que son comunes y que inciden en los anteriores asuntos, conducen n�tidamente a establecer la diferencia entre lo resuelto en ellas y el segundo aspecto que constituye la materia de la presente contradicci�n de tesis, como a continuaci�n se expone:

    En atenci�n al tema jur�dico que en dichos asuntos fue planteado, en ning�n momento se abord�, a la luz de disposiciones similares a las vigentes, la competencia constitucional de los Jueces de Distrito a que se contrae el art�culo 107, fracci�n VII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y que reglamenta el art�culo 36, p�rrafo primero, de la Ley de Amparo, preceptos que fueron analizados en el considerando que antecede; asimismo, en dicha jurisprudencia se analizan temas relativos a conflictos competenciales y no de amparos en revisi�n como se hizo en el segundo punto de estudio de esta contradicci�n de tesis.

    Independientemente de lo anterior, tambi�n cabe se�alar que, en primer lugar, en el segundo t�pico que se analiza en la presente contradicci�n de tesis, el quejoso no present� dos demandas de amparo ante sendos Jueces de Distrito y, en segundo lugar, que es consecuencia de lo anterior, no fue pronunciado el fallo en uno de los juicios de amparo de los que dieron origen a esas demandas.

    En atenci�n a lo anterior, es indudable que la jurisprudencia sujeta a estudio, con la cual robusteci� sus consideraciones el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al fallar el juicio de amparo en revisi�n 551/93, es aplicable a otro tipo de asuntos, pero no es id�nea para orientar el criterio de este Tribunal Pleno sobre el segundo aspecto que se analiz� en la presente contradicci�n de tesis, por no referirse a la competencia constitucional y legal, en los t�rminos se�alados de los Jueces de Distrito, y porque alude a casos con caracter�sticas diferentes, ajenos al que es materia de estudio, esto es, a conflictos competenciales y no a amparos en revisi�n.

    La segunda de las jurisprudencias, cuyo estudio no puede pasar inadvertido para este Tribunal Pleno, es la que a continuaci�n se transcribe:

    "Sexta �poca

    "Instancia: Pleno

    "Fuente: Ap�ndice de 1995

    "T.o: T.o IV, Parte SCJN

    "Tesis: 163

    "P�gina: 114

    "COMPETENCIA SIN MATERIA UNA VEZ DICTADA LA RESOLUCI�N QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO. Una vez dictada la resoluci�n que pone fin al proceso, sentencia o auto de sobreseimiento, la autoridad judicial agota totalmente su jurisdicci�n en el asunto, por lo que no existe ya materia para una controversia competencial y as� debe declararse expresamente, dado que la incompetencia por declinatoria debe interponerse durante el procedimiento, y �ste termina con la sentencia o el sobreseimiento.

    "Sexta �poca:

    "Competencia 47/55. Suscitada entre el J. de Primera Instancia del R.o Civil de Mazatl�n, Sinaloa y el J.S. de Distrito en el Estado de Jalisco. 11 de marzo de 1958. Unanimidad de diecisiete votos.

    "Competencia 106/61. Suscitada entre los Jueces Segundo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz y S�ptimo de lo Civil de esta capital. 18 de septiembre de 1962. Unanimidad de diecisiete votos.

    "Competencia 35/61. Suscitada entre los Jueces Primero de Distrito en el Estado de Veracruz y Mixto de Primera Instancia del Distrito J. de Misantla, Veracruz. 19 de febrero de 1963. Unanimidad de diecis�is votos.

    "Competencia 80/61. Suscitada entre los Jueces Segundo de lo Civil de Durango, D.. y Segundo de lo Civil de San Luis Potos�, S.L.P. 26 de febrero de 1963. Unanimidad de diecisiete votos.

    Competencia 160/62. Suscitada entre el Grupo Especial N�mero Siete de la Junta Central de Conciliaci�n y Arbitraje del Distrito Federal y el Grupo N�mero Nueve de la Federal de Conciliaci�n y Arbitraje. 14 de abril de 1964. Unanimidad de diecisiete votos.

    Las ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia transcrita, en el orden cronol�gico en que fueron pronunciadas por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, son las siguientes:

    1) Competencia 47/55, suscitada entre el J. de Primera Instancia del R.o Civil de Mazatl�n, Sinaloa y el J.S. de Distrito en el Estado de Jalisco.

    M�xico, Distrito Federal. Acuerdo Pleno del d�a once de marzo de mil novecientos cincuenta y ocho. Vistos; y, RESULTANDO: PRIMERO. Ante el J.S. de Distrito en el Estado de Jalisco, por escrito fechado el veintiocho de marzo de mil novecientos cincuenta y cinco, el licenciado I.G.L.M., como endosatario en procuraci�n de ?O.A. y Compa��a, Sociedad An�nima?, promovi� juicio ejecutivo mercantil contra C.C. y J.C., demand�ndoles el pago de la cantidad de veintinueve mil quinientos cuarenta y ocho pesos, diecinueve centavos, como importe de la letra de cambio girada por la expresada se�orita a cargo de C.C. y a favor de la mencionada sociedad an�nima, con fecha dos del mismo mes de marzo, as� como los intereses legales relativos y el pago de las costas del juicio, con salvedad, de que el aceptante hab�a abonado con fecha veintis�is de ese mismo mes, la suma de tres mil pesos a cuenta del t�tulo de cr�dito en cuesti�n. Admitida la demanda y despachada la ejecuci�n correspondiente, se practicaron las diligencias de embargo que proced�an, en la ciudad y puerto de Mazatl�n, por medio de exhorto que para ello se gir� al J. de Distrito en el Estado de Sinaloa, con fecha primero de abril del mismo a�o de mil novecientos cincuenta y cinco en forma personal con ambos demandados. Aparece del expediente, que se continu� la prosecuci�n del juicio en forma legal, y que con fecha veintid�s del propio mes de abril de mil novecientos cincuenta y cinco se dict� sentencia condenando a los demandados al pago de las prestaciones reclamadas, y que por auto de siete de mayo siguiente se admitieron, en ambos efectos, los recursos de apelaci�n que hicieron valer contra dicho fallo, ambos demandados, en escritos fechados el cuatro de ese mismo mes, en la ciudad de Mazatl�n. SEGUNDO. El J. de Primera Instancia del R.o Civil de Mazatl�n, a solicitud de los demandados C.C. y J.C., por interlocutoria de veinte del mismo mes de abril de mil novecientos cincuenta y cinco, se declar� competente para conocer del precitado juicio ejecutivo mercantil, y libr� el oficio inhibitorio correspondiente al J.S. de Distrito en el Estado de Jalisco, constando de los autos del juicio relativo que se recibi� por dicho funcionario el precitado oficio, con fecha veintis�is del propio mes de abril, esto es, despu�s de haberse notificado la sentencia respectiva, por lista, a las partes, en el juicio de que se ha hecho m�rito, como qued� asentado en el expediente, y por auto de dos de mayo del repetido a�o de mil novecientos cincuenta y cinco, el J.S. de Distrito en el Estado de Jalisco, sostuvo su competencia para continuar conociendo del asunto, comunicando su resoluci�n al J. de Primera Instancia del R.o Civil de Mazatl�n. TERCERO. Formado este expediente por disposici�n de la Presidencia de esta Suprema Corte, y una vez que ambas autoridades judiciales enviaron sus respectivos autos, se tramit� en forma legal. El agente del Ministerio P�blico Federal que intervino en �l, formul� pedimento en el sentido de que se radique la competencia que se dirime en el J.S. de Distrito en el Estado de Jalisco. CONSIDERANDO: �NICO. Como de los autos relativos al juicio ejecutivo mercantil promovido por I.G.L.M., como representante de la sociedad an�nima ?O.A. y Compa��a?, contra C. y J.C. que remiti� el J.S. de Distrito en el Estado de Jalisco, aparece que en dicho juicio se dict� sentencia en veintid�s de abril de mil novecientos cincuenta y cinco, y el oficio inhibitorio que le gir� el J. de Primera Instancia del R.o Civil de Mazatl�n, para que dejara de conocer de ese juicio, fue recibido por el precitado J. Federal, en veintis�is del mismo mes de abril, esto es, despu�s de haberse notificado el fallo en cuesti�n, por lista, a las partes, como qued� asentado en el expediente, salta a la vista que no puede considerarse como legalmente establecido el conflicto de competencia entre ambas autoridades judiciales, porque la primera de ellas hab�a agotado ya totalmente su jurisdicci�n en el asunto, d�ndolo por concluido en forma legal cuando recibi� la solicitud de inhibitoria por parte del J. requeriente. En casos semejantes al presente y como puede verse de las tesis que enseguida se insertan, la Suprema Corte ha declarado sin materia los conflictos jurisdiccionales surgidos en tales condiciones, por lo que procede hacer tal declaraci�n en el presente caso, y ordenarse que se devuelvan a las autoridades judiciales que tuvieron el car�cter de contendientes los autos que hab�an remitido para la resoluci�n de la controversia. ?INHIBITORIA. Aunque la ley no es expl�cita, dada su naturaleza, y los fines con que ha sido establecida, la inhibitoria s�lo puede hacerse valer dentro del juicio, y no cuando ya se ha dictado sentencia. (Inhibitoria de jurisdicci�n, promovida por Mexicana Gulf Oil Co., en el interdicto que contra la misma, promovi� el Lic. J.I. de Alba, ante el J. de Primera Instancia de lo Civil de Tampico). Resuelta el siete de abril de mil novecientos veinticuatro, por unanimidad de nueve votos. T.o XIV del Semanario J. de la Federaci�n, p�ginas 1197 y 1198.?. ?INHIBITORIA PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER ESTADO DEL NEGOCIO ANTES DE QUE SE DICTE SENTENCIA. El silencio de la ley, al no fijar plazo alguno para promover la incompetencia por inhibitoria, ha hecho que los tribunales acepten en la pr�ctica, que puede hacerse en cualquier estado del negocio, antes de dictarse la sentencia; pr�ctica que seguramente se apoya en que no es l�cito arrebatar al interesado un derecho que la ley no le ha limitado. (Competencia suscitada entre el J. Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas y el J. de Primera Instancia de P�nuco. N�m. 69 de 1939, S.. de Acuerdos). Fallada el veintitr�s de octubre de mil novecientos treinta y nueve, por unanimidad de diecis�is votos. T.o LXII del mismo Semanario p�ginas 999 y 1002.?. ?COMPETENCIA SIN MATERIA. Si la inhibitoria correspondiente se plantea despu�s de que el J. requerido dict� sentencia en el juicio y la declar� ejecutoriada, no existe materia para la competencia, porque dicha autoridad hab�a agotado ya totalmente su jurisdicci�n en el asunto, d�ndolo por concluido en forma legal, debiendo hacerse, en consecuencia, declaraci�n en tal sentido. Competencia No. 81-948, entre el J. de Primera Instancia de lo Civil de Culiac�n, Estado de Sinaloa, y el J. D�cimo Cuarto de lo Civil de esta capital para conocer del juicio hipotecario promovido por �Cr�ditoHotelero, S. de C.V.�, contra �Hotel Rosales, S.�. Fallada en 9 de mayo de 1950, por mayor�a de 15 votos, contra el del presidente U., que lo emiti� en el sentido de que se declarara ilegalmente planteada la controversia. Informe rendido por su presidente al concluir el a�o de 1950 (p�ginas 73 y 74). ?COMPETENCIA SIN MATERIA. Si el demandado en un juicio promueve cuesti�n de competencia, despu�s de que se dict� sentencia definitiva en el mismo, debe declararse que no existe materia para la cuesti�n jurisdiccional, tanto porque el fin que se persegu�a que era el determinar a cu�l J. correspond�a conocer y fallar el asunto, ya se realiz� ... Competencia n�mero 21/43, entre el J. de Primera Instancia de Tehuantepec, Oaxaca, y el J. de Primera Instancia de Coatzacoalcos, Veracruz, para conocer del juicio de alimentos promovido por Rosa Mendoza de R.�guez, contra L.R.�guez. Fallada en 3 de abril de 1951, por unanimidad de 15 votos. Informe del presidente de esta propia Suprema Corte al finalizar el a�o de 1951 (p�ginas 164 y 165).?. ?COMPETENCIA SIN MATERIA. (Juicios sucesorios). Si cuando se le plante� la inhibitoria, el J. requerido manifest� que se encontraba concluida legalmente la tramitaci�n del juicio intestamentario de que hab�a conocido, habi�ndose extendido ya la escritura p�blica de adjudicaci�n del �nico inmueble que constituy� el acervo hereditario, al �nico heredero reconocido, la competencia surgida en el caso carece de materia, por cuyo motivo debe hacerse la declaraci�n correspondiente en ese sentido, y devolverse a cada una de las autoridades judiciales que tuvieron el car�cter de contendientes los expedientes que remitieron. Competencia N�m. 43/53, entre el J. D�cimo de lo Civil del Partido J. de M�xico, con residencia en esta capital, y el J.S. de Primera Instancia de Jalapa, Estado de Veracruz, para conocer del juicio intestamentario de M.C.�eda Sald�var. Fallada en 2 de marzo de 1953, por mayor�a de 17 votos de los Ministros O. y Leyva, R. de Ch�vez, M., S.G., Mercado Alarc�n, M.G.�lez, E., R., G.�a R., C.E., V., G.�n N., D�az Infante, R., M.A., P. y presidente O.T., contra el voto del M.R.V..?. ?COMPETENCIA SIN MATERIA. Si la demandada en el juicio promueve la incompetencia del J. que conoc�a del mismo, despu�s de que hab�a dictado sentencia, debe declararse que no existe materia para la controversia competencial, porque dicha autoridad judicial hab�a agotado ya totalmente su jurisdicci�n en el asunto, habi�ndolo dado por concluido en forma legal, antes de recibir el oficio inhibitorio por parte del J. requeriente. Competencia No. 108/42, entre el J. de Primera Instancia de Badiraguato, Estado de Sinaloa y el J. D�cimo de lo Civil del Partido J. de M�xico, Distrito Federal, con residencia en esta capital, para conocer del juicio de divorcio promovido por R.H.�ndez M., contra su esposa C.T. de H.�ndez. Fallada en 24 de abril de 1956, por unanimidad de 16 votos. Casos semejantes: Competencia No. 25/96, entre el J. Primero de lo Civil de la ciudad de Durango, Estado del mismo nombre y el J. Primero de lo Civil del Partido J. de M�xico, Distrito Federal, con residencia en esta capital, para conocer del juicio sumario promovido por Ra�l Garza contra �P.B., S. de C.V.�. Fallada el 17 de julio de 1956, por mayor�a de 17 votos de los Ministros O. y Leyva, R. de Ch�vez, M., R., M.G.�lez, G.�a R., Ch�vez, C.E., V., G.�n N., D�az Infante, R. V�zquez, M.A., P., M.E., Mercado Alarc�n y presidente S.G., contra el voto del Ministro C.�o. Competencia n�mero 18/56, entre el J. Mixto de Primera Instancia de Valle de Santiago, Estado de Guanajuato, y el J.Q. de lo Civil de esta capital para conocer del juicio testamentario de Mar�a M.R.�rez vda. de D.. Fallada el 17 de julio de 1956, por unanimidad de 17 votos.?. Por lo expuesto es de resolverse y se resuelve: �NICO. Carece de materia la presente contienda de competencia surgida entre el J. de Primera Instancia del R.o Civil de Mazatl�n, Estado de Sinaloa y el J.S. de Distrito en el Estado de Jalisco, para conocer del juicio ejecutivo mercantil promovido por ?O.A. y Compa��a, Sociedad An�nima?, por conducto del licenciado I.G.L.M., contra C.C. y J.C.. Por consiguiente, devu�lvanse a dichas autoridades los expedientes que remitieron para la resoluci�n del presente conflicto competencial, y env�enseles testimonio de este fallo, para su conocimiento y efectos legales que sean procedentes. N.�quese; publ�quese; y, en su oportunidad, arch�vese el expediente. As�, por unanimidad de diecisiete votos, lo resolvi� la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. Firman los ciudadanos presidente y dem�s Ministros que intervinieron con el secretario general de Acuerdos que da fe.

    2) Competencia 106/61, suscitada entre los Jueces Segundo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz y S�ptimo de lo Civil de esta capital.

    M�xico, Distrito Federal. Acuerdo Pleno del d�a dieciocho de septiembre de mil novecientos sesenta y dos. Vistos, y RESULTANDO: PRIMERO. G.C.O. de M. por escrito de fecha 7 de noviembre de 1958, con apoyo en los art�culos 205 a 215 del C�digo de Procedimientos Civiles, solicit� ante el J. S�ptimo de lo Civil de la Ciudad de M�xico, que con la urgencia que el caso ameritaba le depositara con sus dos hijos menores de edad, en la casa que se�al�, en virtud de que viv�a al lado de su marido, en el hogar conyugal establecido en la calle de Atoyac n�mero 54, pero intentaba demandarle el divorcio necesario por los malos tratos, amenazas y otros motivos que en su d�a especificar�a y adem�s, porque le era imposible continuar en el domicilio conyugal por el temor de nuevas agresiones, pues las que hab�a sufrido anteriormente, ya las ten�a denunciadas a la polic�a. M.� que contrajo matrimonio con �ngel M.S. el 24 de agosto de 1951 y han procreado dos hijos llamados M.A. y �ngel A., seg�n lo comprobaba con las actas del Registro Civil que acompa��. Por auto de 8 de noviembre de 1958, con los fundamentos legales invocados el J. mencionado acord� favorablemente el dep�sito solicitado y el 10 del mismo mes y a�o, el personal del juzgado se traslad� a la casa n�mero 54 de la calle de Atoyac, C.C.�moc de esta Ciudad de M�xico, con el fin de trasladar de ella a la esposa y sus pertenencias al domicilio en que quedar�a constituido su dep�sito. Llenados los requisitos legales, el d�a siguiente, aceptado el cargo de depositario por el se�or M.C.O., qued� la promovente en la casa n�mero 632 de la calle de P. con su menor hijo de nombre M.A.. SEGUNDO. Por escrito fechado el 15 del mismo mes de noviembre de 1958, ante el propio J. S�ptimo de lo Civil, G.C. Olvera de M., present� en la v�a ordinaria civil, demanda de divorcio necesario en contra de su esposo �ngel M.S. por lo que pidi� que se declarara disuelto el v�nculo matrimonial, c�nyuge culpable al demandado, con p�rdida de la patria potestad sobre los dos hijos procreados y pago de pensi�n alimenticia. Relat� que la vida matrimonial se hab�a vuelto imposible por los continuos golpes, injurias graves, que mencion� y amenazas de muerte que frecuentemente recib�a; por los golpes y lesiones sufridos, ya hab�a levantado acta en la S�ptima D.�n del Distrito Federal, ante el agente investigador del Ministerio P�blico, adscrito al segundo turno. Como causa legal del divorcio invoc� la de sevicia, amenazas e injurias graves de un c�nyuge para el otro, que establece el art�culo 267, fracci�n XI del C�digo Civil para el Distrito y Territorios Federales. El demandado, por escrito de 29 del mismo mes de noviembre contest� la demanda neg�ndola por ser falsos los hechos aducidos e inaplicables consecuentemente sus fundamentos legales, y opuso la excepci�n de incompetencia del J. en raz�n de que el domicilio conyugal no era exacto que estuviera en la casa n�mero 54 de las calles de Atoyac de la Ciudad de M�xico sino en la casa n�mero 266 de la calle de F.M.�n en la ciudad de Veracruz, Ver., de donde su esposa el d�a 8 de ese mes de noviembre se vino a la Ciudad de M�xico a vivir al lado de sus familiares con su menor hijo M.A., dej�ndole el otro hijo �ngel A., que tiene en su poder, y a causa de cuyo abandono, se vio obligado a presentar por su parte, demanda de divorcio ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Veracruz, Ver., que �l registr� con el n�mero 1278/958 y en el cual, como medida provisional dicho J. decret� que su hijo mencionado quedara bajo su guarda durante la tramitaci�n del juicio; concluy� pidiendo al J., que se declarara incompetente, con apoyo en los art�culos 143, 156 y 163 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales. A ad cautelam, que lo tuviera por presentado contestando la demanda, oponi�ndose en su totalidad a la misma. La excepci�n de competencia por declinatoria, propuesta ante el J. S�ptimo de lo Civil, se sustanci� y fue resuelta el 7 de mayo de 1959 por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales declar�ndola improcedente. TERCERO. El 19 de abril de 1960, �ngel M.S. present� ante el J.S. de Primera Instancia en la ciudad de Veracruz, Ver., demanda de divorcio en contra de su esposa G.C. de M. con domicilio en la casa n�mero 34 de la Av. X., Col. Ciudad Jard�n en Coyoac�n, D.F., basado en la causa que se�ala la fracci�n VII del art�culo 141 del C�digo Civil del Estado de Veracruz, consistente en la separaci�n de la casa conyugal por m�s de seis meses, sin causa justificada y demand� tambi�n la p�rdida de la patria potestad de su esposa como c�nyuge culpable, la cesaci�n de la sociedad conyugal y su liquidaci�n. Entre los hechos que relat� expuso, que con anterioridad el domicilio conyugal lo establecieron en la casa n�mero 54 de la calle de Atoyac de la Ciudad de M�xico, en donde vivieron en completa armon�a, hasta que ?habi�ndose separado de dicho hogar mi esposa por primera vez en el a�o de 1958, habiendo formulado al respecto, ambos, mutuas demandas de las cuales previamente nos desistimos, volviendo a reanudar nuestra vida marital en el mismo domicilio antes se�alado, por razones de trabajo tuve la necesidad de trasladarme a vivir en esta ciudad de Veracruz, por tal virtud y a fin de que ella se incorporara a mi nuevo domicilio le notifiqu� por conducto del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Coyoac�n, D.F., requiri�ndola para que viniese, como no lo ha hecho e inclusive ha manifestado que por ning�n concepto vendr�?. Como es el caso de que hace aproximadamente unos once meses abandon� el domicilio conyugal, sin causa justificada, neg�ndose a volver, a pesar de que en repetidas ocasiones he intentado convencerla de que regrese a reanudar nuestra vida matrimonial, a brindarles ejemplo y cari�o a nuestro hijos, ante su negativa me he visto obligado aun en contra de mi voluntad a demandarle el divorcio necesario por la causal anotada. Acompa�� entre otros documentos fundatorios, copia certificada de la notificaci�n que en v�a de jurisdicci�n voluntaria, hizo a su esposa G.C.O. de M. personalmente, en la casa n�mero 34 de la Av. X., Col. Ciudad Jard�n, entreg�ndole copia simple del escrito relativo sobre que con fecha once de abril de 1960, qued� establecido el domicilio conyugal de �ngel M. y G.C. de M., en la ciudad y puerto de Veracruz, en la casa n�mero 226 de la calle de F.M.�n, a donde por razones de su trabajo su esposo se ha visto precisado a poner el asiento de sus negocios y por tanto en v�a de jurisdicci�n voluntaria le notifica a su esposa, que debe incorporarse desde luego al hogar conyugal ya mencionado. Por auto de 21 de abril de 1960, se dio entrada a la demanda y orden� que se corriera traslado a la demandada, emplaz�ndola para que la contestara en el t�rmino de nueve d�as, ampliados en nueve d�as m�s, por raz�n de la distancia, en el domicilio se�alado por el actor en Coyoac�n, D.F., a cuyo fin se libr� el exhorto respectivo y obsequiado en sus t�rminos, hasta el 22 de marzo de 1961 se evacu� la diligencia de notificaci�n y emplazamiento. CUARTO. G.C.O. de M., por escrito de 7 de abril de 1961 acudi� al J. S�ptimo de lo Civil promoviendo competencia por inhibitoria; con motivo del juicio de divorcio necesario promovido por su esposa ante el J.S. de Primera Instancia de la ciudad de Veracruz, Ver., en el que hab�a sido emplazada por exhorto el 22 de marzo anterior. Invoc� que ante el propio J., se tramitaba el juicio de divorcio promovido por ella, en el que su esposo demandado, opuso excepci�n de incompetencia por declinatoria y ad cautelam, contest� la demanda; la excepci�n fue desechada por improcedente, por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales, en sentencia interlocutoria de 7 de mayo de 1959, despu�s de lo cual, se tuvo por contestada la demanda y se efectu� el 3 de mayo de 1960, la audiencia de r�plica y d�plica, habi�ndose notificado los acuerdos reca�dos, por lista del B.�n J., del 4 de mayo del mismo a�o, a partir de cuya fecha, se dej� de actuar, pero no habi�ndose concluido la tramitaci�n del juicio, claramente se desprend�a que no pudo ser demandada de divorcio por su marido, ni menos por separaci�n sin causa del hogar conyugal que aqu�l ubica en la ciudad de Veracruz, afirmando que el abandono ocurri�, once meses antes de la fecha de su demanda. Desde el mes de noviembre de 1958, �l fue emplazado por ella y la competencia del J. S�ptimo de lo Civil qued� reconocida, por todo lo cual le promov�a cuesti�n de competencia por inhibitoria y solicitaba que se dirigiera al J.S. de Primera Instancia de Veracruz, Ver., pidi�ndole que se inhibiera del conocimiento de la demanda de divorcio que ante �l present� su esposo, y en su caso, que remita los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, para que la decida. Como no pudieron localizarse los autos del juicio de divorcio iniciado con la demanda de fecha 15 de noviembre de 1958, se promovi� incidente de reposici�n de dichos autos; el esposo sostuvo que el extrav�o o la p�rdida s�lo pod�a favorecer a su esposa, porque en ellos ya hab�a desistido de su demanda a consecuencia de la reconciliaci�n que hubo entre los c�nyuges, aunque s�lo por breve tiempo y que tambi�n dio lugar a que �l desistiera a fines de 1958, de la que hab�a formulado por primera vez, en el juzgado de Veracruz, Ver. A.�, que con posterioridad, surgieron nuevas dificultades, que provocaron la situaci�n en que actualmente se encontraba, y pidi� que la reposici�n del expediente se hiciera incluyendo el desistimiento de la actora y la resoluci�n correspondiente a la terminaci�n del juicio. Por interlocutoria de 21 de julio de 1961, se declar� repuesto el procedimiento del juicio ordinario civil de divorcio hasta el estado en que se encontraba el expediente al extraviarse, y era el de haber sido presentado el escrito de la contestaci�n a la demanda sin que existiera constancia de que hubiera reca�do resoluci�n, teniendo por contestada la demanda. En 29 del mismo mes y a�o, fue prove�do el escrito en que se interpon�a la inhibitoria, declar�ndose competente el J. S�ptimo de lo Civil, para conocer del juicio de divorcio seguido por �ngel M.S., ante el J.S. de Primera Instancia de la ciudad de Veracruz, Ver., y que se girara el oficio inhibitorio correspondiente, lo que hizo con fecha 31 de julio de 1961. QUINTO. Entre tanto se tramitaba el incidente de reposici�n de los autos, G.C. Olvera de M., por escrito de fecha 14 de abril de 1961, dirigido al J.S. de Primera Instancia en Veracruz, Ver., sin reconocerle m�s competencia que la que en derecho le correspondiera, contest� la demanda de divorcio de su esposo, sosteniendo ser falso que ella hubiera desistido de la que hab�a presentado en el Juzgado S�ptimo de lo Civil y negando que se hubiera separado del hogar conyugal, que se dice radicado en la ciudad de Veracruz, puesto que desde el mes de noviembre de 1958, se encontraba en la situaci�n consecuente al decreto de separaci�n provisional de su c�nyuge y dep�sito de ella decretado por el J. que conoc�a de su demanda de divorcio y bajo protesta expuso, que hab�a promovido competencia por inhibitoria, ante el J. S�ptimo de lo Civil de la Ciudad de M�xico, por ser el competente, toda vez, que as� se hab�a resuelto al fallar sobre la excepci�n de competencia por declinatoria que hab�a hecho valer el demandado en dicho juicio, y pidi� que se tuviera por anunciada la interposici�n de la inhibitoria; que el J. dejara de seguir conociendo de la demanda planteada por su esposo y sin reconocerle m�s jurisdicci�n que la que por derecho le correspondiera, tuviera por contestada, negando la demanda. A tal escrito recay� auto de 18 de mayo, teniendo por contestada en tiempo la demanda neg�ndola y ?por cuanto a las peticiones de que el J. se abstenga de seguir conociendo del negocio, promovido que sea conforme a derecho, se acordar� lo procedente?. SEXTO. Recibido el oficio de inhibitoria, en 4 de agosto de 1961, el J.S. de Primera Instancia en Veracruz, Ver., acord� no acceder a la inhibitoria y sostener su competencia, con suspensi�n de la tramitaci�n del juicio en el que con fecha 31 de julio pr�ximo anterior, hab�a dictado sentencia definitiva, en cuyo considerando primero, estableci� la competencia del juzgado para conocer del litigio, con apoyo en lo que dispone el art�culo 116, fracci�n XII, del c�digo procesal, sobre que es J. competente, en los juicios de divorcio, el del domicilio conyugal y en caso de abandono de hogar, el del domicilio del c�nyuge abandonado y con apoyo en los art�culos 121 y 123, del mismo ordenamiento, dispuso que se remitieran los autos a esta Suprema Corte de Justicia, para que resolviera la cuesti�n planteada, de conformidad con los art�culos 36 y 38 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles. S�PTIMO. Formado este expediente, por acuerdo del presidente de esta Suprema Corte de Justicia, se tramit� en forma legal y el Ministerio P�blico Federal pidi� que se declarara competente, al J.S. de Primera Instancia de Veracruz, Ver. CONSIDERANDO: PRIMERO. Corresponde al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, resolver esta cuesti�n competencial de acuerdo con los art�culos 106 de la Constituci�n General de la Rep�blica, 11, fracci�n V de la Ley Org�nica del Poder J. de la Federaci�n y 18 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles. SEGUNDO. Est� acreditado que el J. S�ptimo de lo Civil, dict� como medida provisional, que tiene vigencia mientras dure el juicio de divorcio promovido por la esposa G.C.O. de M., la separaci�n de los c�nyuges, a virtud de solicitud de la mujer casada, para no seguir viviendo al lado del marido demandado, y decret� su dep�sito, que llev� al cabo, en el domicilio de su hermano, quien acept� encargarse del dep�sito seg�n aparece del auto de 8 de noviembre y diligencia del d�a 11 del mismo mes de 1958, todo ello, de conformidad con lo que disponen los art�culos 282, fracciones I y II del C�digo Civil y 205 a 212 del de Procedimientos Civiles. Ese juicio se encuentra en tramitaci�n y por lo mismo, est� surtiendo sus efectos la separaci�n y dep�sito de la esposa demandante. Consta igualmente, en los autos enviados por el J.S. de Primera Instancia de Veracruz, Ver., queel esposo �ngel M.S., seg�n escrito de 19 de abril de 1960, demand� el divorcio a su esposa por la causa que se�ala el art�culo 141, fracci�n VII del C�digo Civil del Estado de Veracruz, seg�n la cual, es causa de divorcio la separaci�n de la casa conyugal, por m�s de seis meses, sin causa justificada, en la que se afirm� que incurri� G.C. Olvera de M., aproximadamente once meses atr�s de su demanda mencionada o sea a mediados del mes de mayo de 1959; que a dicho J. le anunci� la esposa la interposici�n de su incompetencia por inhibitoria as� como que, efectivamente, fue planteada, en escrito de 7 de abril de 1960 o sea, antes de que el J. requerido, dictara sentencia en el juicio ordinario de divorcio de que conoc�a, puesto que �sta la dict�, con fecha 31 de julio de 1960, con los siguientes puntos resolutivos: I. El actor prob� su acci�n de divorcio. La demandada no opuso excepci�n ni ofreci� pruebas. II. Se decreta el divorcio de los se�ores �ngel M.S. y G.C.. III. Se condena a la se�ora G.C. a la p�rdida de la patria potestad de los menores �ngel A. y M.A.M.C. quedando sujeta a todas las dem�s obligaciones que los padres tienen para con los hijos. IV. La se�ora G.C. no tiene derecho a percibir alimentos por cuanto a que es la c�nyuge culpable. V. Los c�nyuges recobran su capacidad para contraer nuevas nupcias, pero la se�ora G.C. podr� hacerlo hasta pasados dos a�os de la fecha en que cause ejecutoria este fallo. VI. Se declara que para la se�ora G.C. cesaron los derechos sobre la sociedad conyugal, en todo aquello que la favorezca a partir de la fecha en que abandon� el hogar. VII. Para los efectos del art�culo 524 del C�digo de Procedimientos Civiles, rem�tanse los autos a la superioridad. VIII. De causar estado la presente resoluci�n, c�mplase con lo ordenado por el art�culo 165 del C�digo Civil. IX. N.�quese personalmente. La causal de divorcio invocada por el marido, para que se constituya, es preciso que exista matrimonio; que los c�nyuges tengan establecido su hogar conyugal; que de ese hogar, se haya separado uno de ellos, durante un tiempo continuo, mayor de 6 meses y que esa separaci�n haya sido sin causa justificada, esto es, voluntaria, sin motivo, no provocada por el que la hace valer, en solicitud de divorcio, ni justificable el hecho de haberse ido del hogar conyugal. Y en el presente caso se desprende que la esposa estaba separada provisionalmente del marido, por decreto del J. que conoc�a del juicio de divorcio instaurado por ella.?. TERCERO. Esta Suprema Corte de Justicia, reiteradamente ha sostenido, que la cuesti�n de competencia por inhibitoria, que siempre se plantea ante el J. que se estima competente, a fin de evitar que el que est� conociendo de un asunto, lo siga haciendo, puede proponerse en cualquier tiempo, pero hasta antes de que se haya dictado sentencia definitiva, por el J. que se estima que es incompetente. Las circunstancias que concurren en el presente asunto, relatadas pormenorizadamente en los resultandos, imponen admitir, que la inhibitoria se hizo valer, con oportunidad procesal y que el J. competente para conocer del juicio de divorcio lo es, el S�ptimo de lo Civil de la Ciudad de M�xico, ante el que fue emplazado el c�nyuge con la consecuencia de quedar sujeto al juicio, pues habiendo invocado la incompetencia por declinatoria, en definitiva le fue desechada por improcedente y tambi�n por haber quedado sometido t�citamente a dicho J., al contestar la demanda de su esposa (art�culos 259, fracciones I, II y III, 262, 263 y 153, fracci�n II del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales). Adem�s conforme al art�culo 156, fracci�n XII del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales es J. competente en los juicios de divorcio, el del domicilio conyugal y seg�n el art�culo 116, fracci�n XII del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, tambi�n es J. competente en los juicios de divorcio el del domicilio conyugal y como la esposa plante� su demanda de divorcio, por la causal prevista en el art�culo 267, fracci�n XI del C�digo Civil para el Distrito y Territorios Federales, que se contrae a la sevicia, las amenazas o las injurias graves de un c�nyuge para el otro, las constancias de autos acreditan, sin lugar a dudas, que el domicilio conyugal estaba en la casa n�mero 54 de la calle de Atoyac, colonia Cuauht�moc de esta Ciudad de M�xico y seg�n el art�culo 32 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, cuando las leyes de los Estados cuyos Jueces compitan, tengan la misma disposici�n, respecto del punto jurisdiccional controvertido, conforme a ella se decidir� la competencia. En las disposiciones procesales citadas, se consigna tambi�n, que el J. competente, en los juicios de divorcio, en el caso de abandono del hogar conyugal, lo ser� el del domicilio del c�nyuge abandonado, pero en el caso presente, sin prejuzgar en modo alguno, sobre el particular, para los solos fines de decidir la controversia competencial, es pertinente considerar que el marido demandante, con domicilio en la ciudad de Veracruz, no pudo ser c�nyuge abandonado, en la �poca que afirma, es decir, a mediados del mes de mayo del a�o de mil novecientos cincuenta y nueve, porque entonces, su mujer estaba separada de �l, por virtud de su dep�sito a cargo de su hermano, en el domicilio de �ste, en la Ciudad de M�xico, decretada como medida provisional, por el J. S�ptimo de lo Civil, con efectos legales, mientras dure el juicio de divorcio en que se pronunci�. Por lo expuesto y fundado es de resolverse y se

    resuelve: �NICO. Se declara que es competente el J. S�ptimo de lo Civil de la Ciudad de M�xico, D.F., para conocer del juicio de divorcio necesario promovido por �ngel M.S. en contra de G.C. Olvera de M.. En consecuencia, con testimonio de esta resoluci�n rem�tansele los autos de dicho juicio y devu�lvansele los correspondientes al juicio de divorcio seguido por G.C. Olvera de M. en contra de �ngel M.S.. Igual testimonio env�ese al J.S. de Primera Instancia de la ciudad de Veracruz, Ver. N.�quese, publ�quese, en su oportunidad arch�vese el expediente. As�, por unanimidad de diecisiete votos lo resolvi� la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. Firman los CC. Presidente y Ministros que intervinieron con el C.S. general de Acuerdos que da fe.

    3) Competencia 35/61, suscitada entre los Jueces Primero de Distrito en el Estado de Veracruz y Mixto de Primera Instancia del Distrito J. de Misantla, Veracruz.

    M�xico, Distrito Federal. Acuerdo Pleno del d�a diecinueve de febrero de mil novecientos sesenta y tres. Vistos; y, RESULTANDO: PRIMERO. H�ctor C.P., como apoderado de la se�orita Guadalupe V. Huesca y en escrito de veintiocho de noviembre de mil novecientos cincuenta y seis, presentado ante el agente del Ministerio P�blico de Misantla, Estado de Veracruz, denunci� el delito de despojo cometido por M.M.�as y otros, entre ellos G.M., por haber invadido, sin el consentimiento de su poderdante, una parte de la finca denominada ?El Roble?, en el Municipio de M.�nez de la Torre, haciendo en el terreno siembras, y como no han querido desocuparlo por convencimiento, se ve obligado a denunciar el hecho que constituye delito. El agente del Ministerio P�blico, al d�a siguiente orden� se abriera la averiguaci�n correspondiente; y en la misma fecha el denunciante ratific� el contenido de su escrito de denuncia, agregando que entre los responsables se encuentran los miembros del Comit� Ejecutivo Agrario del Ejido Vega de San Marcos y El Cuerillo. Hasta el ocho de agosto de mil novecientos cincuenta y siete, volvi� a comparecer H�ctor C. ante el agente del Ministerio P�blico, exhibiendo un oficio del subdirector de la D.�n General de Agricultura y G.�a del Estado de Veracruz, en el que se trata de la ocupaci�n del predio r�stico ?El Roble? por un grupo de campesinos, y el acta levantada por el Juzgado Municipal de M.�nez de la Torre, Veracruz, de la inspecci�n que practic� en dicho predio, y en la que aparece que uno de los campesinos de nombre J.O. dijo: ?que se hab�an instalado all� porque los llev� un capit�n?, arguyendo que las tierras no ten�an due�o, que despu�s supieron que el propietario era la se�orita Guadalupe V. Huesca, y no las han podido desocupar porque no tiene donde sembrar, y dio los nombres de los ocupantes. El mismo denunciante pidi� se examinara a H�ctor Casta�et Metret y G.F.G.�lez, a los que les consta el hecho de la invasi�n. Estos testigos declararon: que les consta que un grupo de campesinos est� ocupando las tierras de la se�orita G.V.H. en la finca ?El Roble?, en el Municipio de M.�nez de la Torre, Veracruz, y que entre los ocupantes conocen a M.M.�as, J.�n H.�ndez, M.M., C.S., �ngel A. y G.M.; quienes saben que la ocupaci�n es sin autorizaci�n de la due�a, porque as� se los ha dicho el apoderado de la misma. El agente, en oficio de catorce de agosto de mil novecientos cincuenta y siete, consign� al J. Mixto de Primera Instancia de Misantla, Veracruz, el acta de Polic�a J. levantada, ejercitando la acci�n penal y de reparaci�n del da�o, en contra de M.M.�as, J.�n H.�ndez, M.M., C.S., �ngel A. y G.M., y quienes m�s resulten responsables del delito de despojo cometido en agravio de la se�orita G.V.H., y pidi� librara la orden de aprehensi�n correspondiente. Al d�a siguiente, el J. Mixto de Primera Instancia de Misantla, Veracruz, dict� auto, teniendo por presentado el Ministerio P�blico con la consignaci�n respectiva, ejercitando la acci�n penal en contra de los acusados por el delito de despojo, y orden� se librara la orden de aprehensi�n en contra de los mismos. A instancias del citado agente del Ministerio P�blico, el J. decret� la detenci�n de los inculpados adem�s por los delitos de da�o y calumnia, por cuyos delitos el agente ejercit� tambi�n la acci�n penal. El denunciante ratific� ante el J. sus denuncias, y a pedimento del mismo, el juzgado practic� diligencia de inspecci�n judicial en la finca ?El Roble?, dando fe de los da�os ocasionados en dicho lugar. SEGUNDO. El denunciante pidi� al J. se declare incompetente para seguir conociendo del proceso, por tratarse de un delito federal, y el J. en auto de catorce de julio de mil novecientos cincuenta y ocho, neg� la petici�n diciendo, que aun suponiendo sin conocer, que el delito de despojo fuera federal, los delitos de da�o y calumnias son del orden com�n. H.�ndose logrado la aprehensi�n de G.M., se le tom� su declaraci�n preparatoria el veintid�s de mayo de mil novecientos cincuenta y nueve en la que dijo: ?que desde el a�o de mil novecientos cincuenta y siete tiene el cargo de presidente del Comit� Ejecutivo Agrario del poblado ��rsulo G.�n�, en donde radica?, y que efectivamente el declarante y sus compa�eros que son treinta y dos individuos, desde hace catorce a�os est�n ocupando o poseyendo el predio denominado ?El Roble?, ubicado en el Municipio de M.�nez de la Torre, que es propiedad actualmente de A.L.G., que vive en Teziutl�n, Puebla y que cuando ellos ocuparon el predio era del finado M.�.C. y posteriormente de la se�orita G.V.H.. Que hace como dos a�os trataron de comprarle el predio a la se�orita V., y no se los quiso vender; que despu�s arreglaron con ella que les pagar�a las plantaciones y desocupar�an el terreno, pero que despu�s se arrepinti�, por lo que �l, en su car�cter de presidente del comit�, entrevist� al gobernador del Estado, y �ste le indic� que continuaran en el terreno; que aproximadamente ocupan trescientas cincuenta hect�reas del predio, con siembras de ma�z, pl�tano y naranjo; que posteriormente hicieron solicitud al gobernador, de dotaci�n de ejidos del predio citado, encontr�ndose el expediente en tramitaci�n; que �l y sus compa�eros no est�n dispuestos a desocupar el predio, hasta que el gobierno resuelva su petici�n de ejidos. Que efectivamente �l, en uni�n de M.M. y �ngel A., firm� la carta que dirigieron al Departamento Consultivo, que se le puso a la vista, y que firm� esa carta para demostrar que los datos que dio la se�orita V. para obtener el certificado de inafectabilidad son falsos: que por lo que hace a los da�os causados en la finca hizo tumbas de monte alto con todos sus compa�eros, pero no tumb� ning�n �rbol de madera fina; que sac� del predio un ganado de C.M., porque le estaba haciendo da�o, que entre los que actualmente ocupan el predio recuerda los siguientes: M.M.�as, D.D.�az, H.D.�az, L.S., C.S., J.�n H.�ndez, P.G.�a, F.H.�ndez, M.B., S.P. y otros que en el momento no recuerda. Con fecha veinticuatro del mismo mes de mayo, el juzgado dict� auto de formal prisi�n, en contra del acusado como presunto responsable de los delitos de despojo, calumnias y da�os en perjuicio de la se�orita G.V.H.. TERCERO. El J., en auto de diecisiete de junio del mismo a�o, 1959, tuvo por agotada la averiguaci�n y orden� se diera vista al Ministerio P�blico, para los efectos legales. Este funcionario pidi� la pr�ctica de alguna diligencia, y desahogadas, present� conclusiones inacusatorias a favor del inculpado, las que fueron confirmadas por el procurador de Justicia del Estado de Veracruz, por lo que el juzgado con fecha siete de octubre del mismo a�o, 1959, dict� auto de sobreseimiento, en el proceso, ordenando se pusiera al acusado en absoluta libertad, y dejando insubsistentes las �rdenes de aprehensi�n dictadas en contra de los coacusados. CUARTO. A pedimento del Ministerio P�blico, el J., en interlocutoria de diecinueve de octubre de mil novecientos sesenta, se declar� incompetente para seguir conociendo del proceso, fund�ndose en la fracci�n III del art�culo 353 del C�digo Agrario, y orden� se remitieran los autos al J. de Distrito en turno en la ciudad y puerto de Veracruz. El J. Primero de Distrito del Estado de Veracruz, en resoluci�n de veinte de febrero de mil novecientos sesenta y uno, se declar� a su vez, incompetente para conocer del proceso, en virtud de que el proceso se sigui� por despojo, da�os y calumnias, delitos del orden com�n, sin que se haya ejercitado la acci�n penal por el delito a que se refiere la fracci�n III del art�culo 353 del C�digo Agrario, que s� es de car�cter federal, y orden� se remitieran los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, para la resoluci�n de la competencia. QUINTO. Formado este expediente, por acuerdo del presidente de este Alto Cuerpo, se tramit� en forma legal, y el agente del Ministerio P�blico Federal, que en �l intervino, pidi� se declare competente al J. de Distrito. CONSIDERANDO: PRIMERO. Corresponde al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, resolver esta cuesti�n competencial, de acuerdo con los art�culos 106 de la Constituci�n General de la Rep�blica, 11, fracci�n V de la Ley Org�nica del Poder J. de la Federaci�n y 11, fracci�n II del C�digo Federal de Procedimientos Penales. SEGUNDO. En el proceso seguido en contra de M.M.�as y socios por el delito de despojo con fecha siete de octubre de mil novecientos cincuenta y nueve se dict� por el J. de Primera Instancia de Misantla, Veracruz, auto de sobreseimiento, por haber presentado el agente del Ministerio conclusiones inacusatorias a favor del acusado G.M.; y dej� insubsistentes las �rdenes de aprehensi�n giradas en contra de los otros acusados. El trece de octubre de mil novecientos sesenta, el mismo agente promovi� la incompetencia del juzgado para seguir conociendo del proceso, y con fecha diecinueve del mismo mes, el J. se declar� incompetente por las razones expuestas por el citado funcionario. Ahora bien, una vez dictada la resoluci�n que pone fin al proceso, sentencia o auto de sobreseimiento, la autoridad judicial agota totalmente su jurisdicci�n en el asunto, por lo que no existe ya materia para la controversia competencial, y as� debe declararse expresamente, dado que, la incompetencia por declinatoria debe interponerse durante el procedimiento, y �ste termina con la sentencia o el sobreseimiento. Por lo expuesto se resuelve: �NICO. Se declara que es improcedente la presente contienda competencial entre el J. Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, y el Mixto de Primera Instancia del Distrito J. de Misantla, del mismo Estado, entablada en el proceso seguido en contra de M.M.�as y socios por los delitos de despojo, da�o en propiedad ajena y calumnia. En consecuencia, con testimonio de esta resoluci�n, rem�tase el expediente del juicio, al J. Mixto de Primera Instancia de Misantla, Estado de Veracruz. Al J. Primero de Distrito en el mismo Estado, con igual testimonio, devu�lvasele el expediente de inhibitoria. N.�quese, publ�quese y en su oportunidad arch�vese el expediente. As�, por unanimidad de diecis�is votos lo resolvi� la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. Firman los CC. Presidente y Ministros que intervinieron con el C. Subsecretario de Acuerdos que da fe.

    4) Competencia 80/61, suscitada entre los Jueces Segundo de lo Civil de Durango, Durango y Segundo de lo Civil de San Luis Potos�, San Luis Potos�.

    M�xico, Distrito Federal. Acuerdo Pleno del d�a veintis�is de febrero de mil novecientos sesenta y tres. Vistos; y RESULTANDO: PRIMERO. J.E.C.�vez, en escrito de treinta y uno de octubre de mil novecientos cincuenta y nueve, presentado ante el J.S. del R.o Civil de la ciudad de Durango, capital del Estado del mismo nombre, demand� en la v�a ejecutiva mercantil al se�or A.�n M.�nez, el pago de la cantidad de $34,639.13 (treinta y cuatro mil, seiscientos treinta y nueve pesos, trece centavos) importe de dos letras de cambio giradas por el se�or �ngel H.�ndez a la orden de T.�s V. y a cargo del demandado, endosadas al actor. Acompa�� las citadas letras que aparecen giradas en la ciudad de Durango y pagaderos en la misma ciudad. El J., en auto de seis del mismo mes, admiti� la demanda y orden� se requiriera al demandado sobre el pago inmediato de la cantidad reclamada, y de no hacer el pago se le embargar�n bienes de su propiedad suficientes para garantizar el importe de la misma. Hecho el requerimiento al demandado, como no hizo el pago, se le embargaron bienes de su propiedad seg�n consta en el acta respectiva. Como el demandado ni hizo el pago, ni opuso excepciones dentro del t�rmino legal, el juzgado dict� en su contra sentencia de remate, la que fue declarada ejecutoriada, en auto de veintinueve de diciembre del mismo a�o. SEGUNDO. Con fecha veintiocho de septiembre de mil novecientos sesenta, el demandado interpuso ante el J.S. del R.o Civil de la ciudad de San Luis Potos�, incompetencia por inhibitoria en virtud de que en dicha ciudad tiene su domicilio. El J., en resoluci�n de ocho de octubre siguiente, se declar� competente para conocer del juicio referido, fund�ndola en que, de acuerdo con la informaci�n testimonial rendida, el demandado tiene su domicilio en dicha ciudad, y orden� se librara oficio inhibitorio al J.S. del R.o Civil de la ciudad de Durango, para los efectos legales consiguientes. Este �ltimo funcionario, en auto de catorce de noviembre del mismo a�o, sostuvo su competencia, fund�ndose en que en el juicio ya se hab�a dictado sentencia definitiva por lo que ya no pod�a existir conflicto jurisdiccional, y orden� se remitieran los autos a la Suprema Corte deJusticia de la Naci�n, para la resoluci�n correspondiente. El demandado apel� de esta resoluci�n, y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Durango, la confirm� en todas sus partes. TERCERO. Formado este expediente por acuerdo del presidente de este Alto Cuerpo, se tramit� en forma legal, y el agente del Ministerio P�blico Federal que en �l intervino, pidi� se declare competente al J. de la ciudad de Durango. CONSIDERANDO: PRIMERO. Corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, resolver esta cuesti�n competencial, de acuerdo con los art�culos 106 de la Constituci�n General de la Rep�blica, 11, fracci�n V de la Ley Org�nica del Poder J. de la Federaci�n y 18 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles. SEGUNDO. La incompetencia que se promueve por inhibitoria, tiene por fin lograr que la autoridad ante la que se inicia, conozca y resuelva el juicio de que est� conociendo otra autoridad, que es la que se concept�a como incompetente, de lo que se sigue, que ha de instaurarse antes de que se pronuncie sentencia en el juicio, y que si se plantea despu�s de dictada, es improcedente, puesto que con el fallo ya se agot� el conocimiento del juicio, y s�lo resta que la jurisdicci�n que lo conoci�, lleve adelante todo lo concerniente a la ejecuci�n de lo sentenciado. Ahora bien, en el caso, la sentencia definitiva se dict� el diez de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve, y se declar� ejecutoriada el veintinueve del mismo mes, y como la inhibitoria se plante� hasta el veintiocho de septiembre de mil novecientos sesenta, es decir, casi nueve meses despu�s, debe declararse improcedente por las razones antes expuestas. Como antecedentes, se citan las competencias siguientes, que sostienen la misma tesis n�mero 25/96, entre el J. Primero de lo Civil de la ciudad de Durango, Estado del mismo nombre y el J. Primero de lo Civil del Partido J. de M�xico, Distrito Federal, para conocer del juicio sumario promovido por Ra�l Garza, contra ?P.B., S. de C.V.?. Fallado el 17 de julio de 1956 por mayor�a de 17 votos de los CC. Ministros O. y Leyva, R. de Ch�vez, M., R., M.G.�lez, G.�a R., Ch�vez, C.E., V., G.�n N., D�az Infante, R. V�zquez, M.A., P., M.E., Mercado Alarc�n y presidente S.G., contra el voto del Ministro C.�o. N�mero 32/53, entre el J. de Primera Instancia del R.o Civil del Primer Distrito J. del Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca y el J.S. de lo Civil del Partido J. de M�xico en el juicio sumario seguido por el Hotel Gillow y Anexos, S., en contra de F. de P.C.. Fallado en la misma fecha, por unanimidad de 17 votos de los CC. Ministros C.�o, R. de Ch�vez, O. y Leyva, R., Mercado Alarc�n, M.G.�lez, G.�a R., M.E., Ch�vez, G.�n N., C.E., D�az Infante, V., R. V�zquez, M.A., P. y presidente S.G.. Por lo expuesto, se resuelve: �NICO. Se declara que es improcedente la presente contienda competencial entre el J.S. de lo Civil de Durango, Durango y Segundo de lo Civil de San Luis Potos�, San Luis Potos�. En consecuencia, el primero continuar� en el conocimiento del juicio ejecutivo mercantil sobre pago de pesos promovido por J.E.C.�vez en contra de A.�n M.�nez. Devu�lvansele los autos respectivos para los efectos legales consiguientes, con testimonio de esta resoluci�n. Al J.S. de lo Civil de San Luis Potos�, rem�tansele con igual testimonio, el expediente de inhibitoria. N.�quese, publ�quese, y en su oportunidad arch�vese el expediente. As�, por unanimidad de diecisiete votos lo resolvi� la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. Firman los CC. Presidente en funciones y Ministros que intervinieron con el C. Subsecretario de Acuerdos que da fe.

    5) Competencia 160/62, suscitada entre el Grupo Especial N�mero Siete de la Junta Central de Conciliaci�n y Arbitraje del Distrito Federal y el Grupo N�mero Nueve de la Federal de Conciliaci�n y Arbitraje.

    M�xico, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal en Pleno correspondiente al d�a catorce de abril de mil novecientos sesenta y cuatro. Visto; y, RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el 18 de octubre de 1961, ante la Junta Central de Conciliaci�n y Arbitraje del Distrito Federal, compareci� M.G.M., como apoderado de R.V.C. y L.H.�ndez S. (o Sordo), demandado de la raz�n social ?I.�a H.�ulica y Civil, S.?, el pago de la cantidad que resulte de las diversas prestaciones que la mencionada empresa dej� de cubrir a sus representados, m�s los salarios ca�dos hasta la terminaci�n del conflicto, fundando su demanda en que los se�ores V.C. y H.�ndez S. (o Sordo), estuvieron trabajando como ?operador de motoconformadoras? y ?chofer?, respectivamente, en los fraccionamientos y lugares en que los dirigentes de la empresa demandada les indicaban, a partir del 13 de agosto de 1959, el primero y del 28 de septiembre del mismo a�o, el segundo; y que, en el mes de septiembre de 1961, ambos fueron despedidos sin causa que lo justificara y sin liquid�rseles los salarios devengados, ni la indemnizaci�n y la antig�edad correspondiente. El promovente fund� su demanda en los art�culos que estim� pertinentes de la Constituci�n Federal, del C�digo Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley Federal del Trabajo. SEGUNDO. Por acuerdo de 25 de octubre de 1961, dio entrada a la demanda el Grupo Especial N�mero Siete de la Junta Central de Conciliaci�n y Arbitraje del Distrito Federal, ordenando correr traslado de la misma a la empresa demandada, sin que �sta compareciera a la audiencia de conciliaci�n, por lo que se le tuvo por inconforme con todo arreglo y se pas� al arbitraje. En esta audiencia, los actores ratificaron en todas y cada una de sus partes el escrito inicial de demanda. El representante de la empresa demandada compareci� con posterioridad al acuerdo en que la Junta tuvo por ratificada la reclamaci�n laboral y, a solicitud del apoderado de los actores, se tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo, reconoci�ndose la personalidad de A. L�pez V�zquez como apoderado sustituto de la empresa demandada, al tenor de la carta poder y de la copia certificada de la escritura constitutiva de la sociedad, exhibidas y se�al�ndose fecha para la celebraci�n de la audiencia de pruebas y alegatos. A esta audiencia comparecieron ambas partes ofreciendo las pruebas que estimaron pertinentes, pidiendo el apoderado de la empresa demandada que se decretara la nulidad de actuaciones a partir de la audiencia de demanda y excepciones, en virtud de haberse dejado en estado de indefensi�n a su representada al no permit�rsele el uso de la palabra para posteriores ocasiones. Por auto de 25 de noviembre de 1961, se desech� dicha solicitud de nulidad. Seguido el juicio en sus dem�s tr�mites, con fecha 8 de mayo de 1962, el Grupo Especial N�mero Siete de la referida Junta Central dict� laudo condenando a la empresa demandada en los t�rminos solicitados por los actores en su escrito inicial, a excepci�n del pago de s�ptimos d�as y d�as festivos. Previa certificaci�n del secretario de Acuerdos de la S.ci�n de Amparo de la citada Junta Central, en el sentido de no haberse interpuesto demanda de amparo por ?I.�a H.�ulica y Civil, S.?, se despach� ejecuci�n en su contra por la cantidad de $77,821.22, resultado de la liquidaci�n aprobada; y, el 22 de agosto de 1962, se trab� embargo en todos los bienes propiedad de la demandada, nombr�ndose depositario a un interventor con cargo a la caja. TERCERO. Por resoluci�n de 20 de septiembre de 1962, el Grupo Especial N�mero Nueve de la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, a solicitud de la empresa demandada se declar� competente para conocer de la mencionada reclamaci�n laboral, en los siguientes t�rminos: ?... (A) apareciendo de la escritura constitutiva que las actividades de I.�a H.�ulica y Civil, S., son las de operar como constructora en general de cualquier clase de obras y operar como fraccionadora y urbanizadora de predios urbanos y de acuerdo con la convocatoria para la elecci�n de representantes que delimite la competencia de los Grupos Especiales de esta Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje de fecha primero de octubre de mil novecientos sesenta y con fundamento en el art�culo 434 de la Ley Federal del Trabajo, este Grupo Especial N�mero Nueve, se declara competente para conocer del juicio seguido por V.C.R. y L.H.�ndez S.v.I.�a H.�ulica Civil que se tramita ante el Grupo Especial N�mero Siete, de la Junta Central de Conciliaci�n y Arbitraje, por lo que deber� girarse atento oficio al presidente de la referida Junta Central de Conciliaci�n y Arbitraje solicitando que se inhiba de seguir conociendo de la reclamaci�n ...?. CUARTO. La Junta Central de Conciliaci�n y Arbitraje del Distrito Federal, en acuerdo de fecha 21 de noviembre de 1962, sostuvo su competencia, razonando textualmente as�: ?A sus autos oficio de fecha veinte de septiembre �ltimo, procedente de la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje y por el cual solicita se le remitan los presentes autos en atenci�n a la inhibitoria promovida ante esa propia Junta y que motiva su oficio de cuenta, en que funda su competencia para conocer del presente negocio; y sin que sea de acordarse de conformidad, ya que en los presentes autos se dict� laudo con fecha ocho de mayo del presente a�o y por lo mismo ha culminado la funci�n jurisdiccional del grupo. En consecuencia y con fundamento en los art�culos 436 y 438, fracci�n IV, inciso b), de la Ley Federal del Trabajo, rem�tanse estos autos originales a la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n para los efectos legales precisados ...?. QUINTO. Estando concluida la tramitaci�n de este expediente, debe dictarse la resoluci�n que legalmente procede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. De acuerdo con los art�culos 106 de la Constituci�n General de la Rep�blica; 11, fracci�n VI, de la Ley Org�nica del Poder J. de la Federaci�n; y 438, fracci�n IV, inciso b), de la Ley Federal del Trabajo, corresponde al Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolver esta cuesti�n competencial, ya que ella est� planteada entre la Junta Central de Conciliaci�n y Arbitraje del Distrito Federal, Grupo Especial N�mero Siete, y la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, Grupo Especial N�mero Nueve. SEGUNDO. La Junta Central de Conciliaci�n y Arbitraje del Distrito Federal, sostuvo su competencia fund�ndose en que en la fecha en que recibi� el oficio inhibitorio de la Junta Federal (octubre 6 de 1962), ya hab�a dictado laudo en los autos del procedimiento laboral sustanciado ante ella, con motivo de la mencionada reclamaci�n, y, por tanto, hab�a culminado su funci�n jurisdiccional respecto del correspondiente conflicto de trabajo. Este Alto Tribunal ha sustentado el criterio de que si la competencia por inhibitoria se promovi� despu�s de que la Junta de trabajo requerida hab�a dictado laudo definitivo en el negocio principal, debe declararse que no existe materia para la controversia competencial, porque dicha autoridad laboral ya hab�a agotado totalmente su jurisdicci�n al recibir el oficio inhibitorio girado por la Junta de trabajo requeriente, en las siguientes cuestiones de competencia: Competencia n�mero 54/37, suscitada entre la Junta Especial N�mero 3, de la Federal de Conciliaci�n y Arbitraje y la Junta Central de Conciliaci�n y Arbitraje del Distrito Federal, con motivo de la reclamaci�n laboral promovida por A.M. y otros, en contra de la ?F�brica de C.K., S.?. Fallado el 9 de agosto de 1937, por unanimidad de 18 votos de los Ministros A.A.M., L.B., A.E.P., R.C.�vez, S.�n G.B., A.�n G�mez Campo, S.M.O., Jos� Ma. T., V.S.G., A.I.��rritu, A.P.G., F.H.R., Jes�s G.C., J.O.T., H. L�pez S�nchez, R.A.�n, A.�n A.G. y presidente D.V.V.. Competencia n�mero 67/45, suscitada entre la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, Grupo Especial N�mero 10 y la Junta Central de Conciliaci�n y Arbitraje del Estado de Morelos, con motivo de la reclamaci�n laboral promovida por J.M., en contra de Compa��a Industrial y Constructora Ziebarth, S. Fallada el 16 de enero de 1947, por unanimidad de 15 votos de los Ministros Franco C.�o, H.M., Te�filo O. y Leyva, A.�n Mercado Alarc�n, C.L. �ngeles, O.M.G.�lez, L.G.C., E.P.A., F. de la Fuente, A.�n T�llez, R.E., J.R., J.O.T., E.V. y presidente S.U.. Competencia n�mero 65/45, suscitada entre la Junta Central de Conciliaci�n y Arbitraje del Estado de Morelos y la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, Grupo Especial No. 10, con motivo de la reclamaci�n laboral promovida por H.S. en contra de Compa��a Industrial y Constructora Ziebarth, S. Fallada el 3 de junio de 1947, por mayor�a de 14 votos de los Ministros Franco C.�o, A.Z.O., Te�filo O. y Leyva, E.P.A., L.C.G., H.M., A.�n T�llez, A.�n Mercado Alarc�n, J.R., O.M.G.�lez, A.F.R., M.B.B., A.I.B., F. de la Fuente, contra los votos de los Ministros C.L. �ngeles y presidente S.U.. Competencia n�mero 75/44, suscitada entre la Junta Central de Conciliaci�n y Arbitraje del Estado de Coahuila, residente en Torre�n y la Junta Federal de Conciliaci�n N�mero 18, de la misma poblaci�n, con motivo de la reclamaci�n laboral promovida por A.�s G.�rrez y otros, en contra de la Sociedad Local de Cr�dito Colectivo Ejidal de Zaragoza. Fallado el 4 de junio de 1957, por unanimidad de 17 votos de los Ministros C.F.S., G.R. de Ch�vez, F.T.R., M.G.R., A.�n Mercado Alarc�n, O.M.G.�lez, G.G.�a R., J.R., �ngel G.�lez de la Vega, M.A., A.G.�n N., J.J.G.B., M.R.V.�zquez, A.F.R., A.M.A., A.P. y presidente H.M.. En consecuencia, procede declarar en el presente caso que no existe materia para el conflicto competencial y ordenar la devoluci�n de los expedientes respectivos a las Juntas de trabajo competidoras. Por lo expuesto y fundado, se

    resuelve: PRIMERO. Se declara sin materia la controversia competencial suscitada entre la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, Grupo Especial N�mero Nueve y la Junta Central de Conciliaci�n y Arbitraje, Grupo Especial N�mero Siete, del Distrito Federal, para conocer de la reclamaci�n laboral promovida ante esta �ltima por R.V.C. y L.H.�ndez S. (o Sordo), en contra de ?I.�a H.�ulica y Civil, S.?. SEGUNDO. Con sendos testimonios de esta resoluci�n, devu�lvanse los expedientes respectivos a las mencionadas Juntas de trabajo, para su conocimiento y efectos. N.�quese, publ�quese, y en su oportunidad arch�vese este expediente. As�, por unanimidad de diecisiete votos lo resolvi� la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. El C. Ministro S.G.B. integr� el Tribunal Pleno, en los t�rminos de la parte final del art�culo 2o. de la Ley Org�nica del Poder J. de la Federaci�n, por estar supliendo al C. Ministro Numerario licenciado A.R.V.. Firman los CC. Presidente y Ministros que intervinieron con el C.S. general de Acuerdos que da fe.

    El examen de cada una de las ejecutorias que pronunci� el entonces Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, permite advertir que se trata de asuntos en donde se plante� un conflicto competencial, para conocer de juicios ejecutivos mercantiles, un juicio de divorcio, un juicio penal y un juicio laboral, y en los que uno de los Jueces contendientes en cada asunto, pronunci� el fallo respectivo, lo que determin� que el conflicto competencial se declarara improcedente o sin materia.

    Lo expuesto con anterioridad, conduce a establecer que lo resuelto en los precedentes que dieron origen a la jurisprudencia de m�rito, tambi�n es diferente con el segundo aspecto que constituye la materia de la presente contradicci�n de tesis.

    En efecto, en dichos asuntos no se abord� tema alguno relacionado con el juicio de amparo, espec�ficamente sobre la competencia constitucional de los Jueces de Distrito a que se contrae el art�culo 107, fracci�n VII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y que reglamenta el art�culo 36, p�rrafo primero, de la Ley de Amparo.

    Conviene se�alar, que las cuestiones de competencia se tramitan de manera diferente en la materia com�n de las que corresponden a la materia de amparo.

    Las cuestiones de competencia en materia com�n, est�n sujetas a debate entre las partes, las cuales se pueden plantear a trav�s de una declinatoria o de una inhibitoria; por ende, son las partes involucradas quienes las pueden plantear.

    Lo expuesto, explica que en materia com�n una vez que ya resolvi� el �rgano jurisdiccional, ya no se puede volver a analizar el aspecto de competencia.

    En materia de amparo, las cuestiones de competencia dependen del propio juzgador, �l es el que debe declararse incompetente, con lo que se establecen otras reglas diferentes a las que corresponden a la materia com�n, dado que en materia de amparo, no se admite que se puedan plantear cuestiones competenciales a trav�s de declinatoria o de inhibitoria.

    Adem�s, los precedentes que dieron origen a la jurisprudencia transcrita, est�n abordando el estudio de conflictos competenciales, lo que constituye un aspecto diferente al que se analiza en el segundo punto de la presente contradicci�n de tesis, que lo es el amparo en revisi�n.

    Por tal motivo, las jurisprudencias de m�rito no pueden erigirse como sustento orientador del criterio de este Tribunal Pleno, sobre el segundo aspecto que fue analizado en su oportunidad.

OCTAVO

En raz�n y funci�n de todo lo anteriormente expuesto, cabe concluir que en la presente contradicci�n de tesis deben prevalecer con el car�cter de jurisprudencias, los criterios que emite al respecto este Tribunal Pleno, en los siguientes t�rminos:

COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGIN� NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRT�A, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer p�rrafo del art�culo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garant�as el J. de Distrito en cuya jurisdicci�n deba tener ejecuci�n, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicci�n territorial del J. de Distrito lo hac�a competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirt�a esta negativa, dicho J. debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los t�rminos establecidos por el art�culo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al J. que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda.

COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEG� EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISI�N, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERECOMPETENTE.-Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de un amparo en revisi�n, advierta, ya sea por el planteamiento del inconforme o aun de oficio, que el J. de Distrito continu� conociendo de un juicio de amparo y dict� la sentencia respectiva, no obstante que la autoridad que se se�al� como ejecutora y cuya residencia origin� su competencia, neg� la certeza del acto reclamado, sin que se desvirtuara tal negativa, debe revocar aqu�lla y remitir los autos al J. de Distrito que considere competente, para que �ste dicte la sentencia correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los art�culos 91, fracci�n IV y 94 de la Ley de Amparo. Adem�s, el mencionado �rgano colegiado deber� se�alar que la nulidad de actuaciones se produce �nicamente respecto al fallo dictado por el J. de Distrito incompetente y no as� por lo que hace a la audiencia constitucional, atendiendo para ello a lo que establece el art�culo 17, p�rrafo segundo, del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria al juicio de amparo; con independencia de la responsabilidad en la que pudo haber incurrido el J. de Distrito incompetente.

En t�rminos del art�culo 195 de la Ley de Amparo, las tesis de jurisprudencias que se sustentan en la presente resoluci�n, deber�n identificarse con los n�meros que por el orden progresivo les correspondan, dentro de las tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

Por lo expuesto y fundado y con fundamento en los art�culos 197-A de la Ley de Amparo y 10, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder J. de la Federaci�n, se

resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n entre las tesis sustentadas por el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados del Sexto Circuito, al resolver los tocas de revisi�n que han quedado respectivamente referidos en los resultandos segundo y tercero de la presente resoluci�n.

SEGUNDO

Se declara que deben prevalecer con el car�cter de jurisprudencias, los criterios sustentados por este Tribunal Pleno, en las tesis cuyos rubros y textos han quedado precisados en el considerando octavo de esta misma resoluci�n.

TERCERO

Rem�tanse los textos de las tesis jurisprudenciales a que se refiere el resolutivo anterior, al Semanario J. de la Federaci�n y su Gaceta, para su publicaci�n, as� como a los �rganos jurisdiccionales que se mencionan en la fracci�n III del art�culo 195 de la Ley de Amparo, para su conocimiento y efectos legales conducentes.

N.�quese y c�mplase y en su oportunidad, arch�vese el toca relativo a la presente contradicci�n de tesis 1/95, como asunto concluido.

As�, lo resolvi� la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en Pleno, por unanimidad de diez votos de los se�ores Ministros A.A., A.G.�itr�n, C. y C., D�az R., A.A.�n, O.M., R.P., S.C., S.M. y presidente G�ngora P.. No asisti� el se�or Ministro G.�o P., por estar disfrutando de vacaciones.

Nota: Los rubros a que se alude al inicio de esta ejecutoria corresponden a las tesis P./J. 9/2001 y P./J. 8/2001, publicadas en el Semanario J. de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., enero de 2001, p�gina 5.