Ejecutoria num. P./J. 105/2005 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26823462

Ejecutoria num. P./J. 105/2005 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P./J. 105/2005
Localizacion:JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Diciembre de 2005
RESUMEN

AMPARO EN REVISIÓN 11/2005. ROMA DE TORREÓN FRACCIONADORA, S.A. DE C.V.PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO PUGNA CON LA FACULTAD EXCLUSIVA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR EN MATERIA CONTRACTUAL CIVIL Y DE BIENES INMUEBLES.PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. EL ARTÍCULO 87, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL IMPEDIR QUE LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON INMUEBLES DESTINADOS A CASA HABITACIÓN O DE TIEMPO COMPARTIDO SURTAN EFECTOS CONTRA EL CONSUMIDOR CUANDO EL PROVEEDOR NO LOS HAYA REGISTRADO PREVIAMENTE ANTE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, CONTIENE UNA CAUSA DE NULIDAD RELATIVA.PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LOS ARTÍCULOS 73, 73 BIS, 73 TER, 75, 86, PÁRRAFO TERCERO, Y 87 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLAN EL ARTÍCULO 13 CONSTITUCIONAL.PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LOS ARTÍCULOS 73, 73 BIS, 73 TER Y 75 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO LIMITAN LA LIBRE DISPOSICIÓN DE LA PROPIEDAD REGIDA POR EL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

 
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CONTENIDO

AMPARO EN REVISI�N 11/2005. ROMA DE TORRE�N FRACCIONADORA, S.A. DE C.V.

MINISTRO PONENTE: JOS� RAM�N COSS�O D�AZ.

SECRETARIO: R.L.C.

CONSIDERANDO:

CUARTO

La parte quejosa impugn� los art�culos 36, 73, 73 bis, 73 ter, 75, 82, 85, 86, 87, 91, 92, 92 ter, 92 in fine, 98 bis, 100, 114, 114 bis, 114 ter y 128 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor.

Por su parte, el J. de Distrito que conoci� del asunto resolvi�, por un lado, sobreseer en el juicio respecto de los art�culos 36, 92, 92 ter y 98 bis de la ley impugnada, por considerar que se trataba de normas heteroaplicativas y, por otro lado, negar el amparo por lo que respecta a los art�culos 73, 73 bis, 73 ter, fracci�n V, 85, 86 y 87 de la misma ley, por considerar que los conceptos de violaci�n esgrimidos por la quejosa resultaban infundados.

El Tribunal Colegiado que conoci� del asunto determin� remitir el presente recurso a esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por considerar que carec�a de competencia legal para conocer del mismo. En tales condiciones, la litis en el presente asunto se constri�e a determinar si los agravios vertidos por la quejosa recurrente logran desvirtuar las consideraciones que tom� en cuenta el J. de Distrito para negar el amparo.

QUINTO

Se procede al an�lisis del primer agravio que la quejosa recurrente esgrimi� en su recurso de revisi�n, el cual a la letra dice:

Primero. En primer lugar se debe se�alar que la sentencia combatida es ilegal en virtud de que se incumpli� gravemente con lo ordenado por el art�culo 79 de la Ley de Amparo en vigor, debido a que simplemente omiti� el estudio de dos de los conceptos de violaci�n expresados al demandar. En efecto, seg�n de mi escrito de demanda, adem�s de los razonamientos que resumi� el a quo en los incisos que lista en el ?considerando? cuarto, se formularon expresamente otros conceptos de agravio distintos e independientes de �stos, los cuales se expresaron en los puntos segundo y quinto, de los que se transcriben los respectivos primeros p�rrafos, en obvio de repeticiones: ?Segundo. Los art�culos 73, 73 bis, 73 ter y 75 reformados de la Ley de Protecci�n al Consumidor que se reclaman en este juicio son violatorios de los numerales 1o. y 13 de la Constituci�n Federal, en cuanto se constituyen en una ley privativa, que no respeta el principio de igualdad de los gobernados, al imponer de manera injustificada e inequitativa obligaciones individualizadas o dirigidas concretamente a un n�mero determinado o grupo espec�fico de personas, las que enajenan inmuebles destinados a vivienda. ... Quinto. Por �ltimo violenta el numeral 128 reformado de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor en agracio (sic) de mi representada el art�culo 22 de la Constituci�n Federal, ya que establece multas excesivas a su cargo, por el eventual incumplimiento de las otras normas tambi�n reclamadas, sin que se haya creado un tipo administrativo espec�fico, que describa las conductas sancionables con la precisi�n debida.?. Como se puede ver, mucho mejor si se contin�a la lectura de la exposici�n completa de dichos conceptos de agravio, la (sic) que se deber� hacer para que sean resueltas las cuestiones que se plantearon en cada apartado, sencillamente se ignor� la existencia de argumentos orientados a demostrar que las normas que reclam� son privativas, por muy diversas razones, y tambi�n que se violent� el numeral 122 de la Constituci�n, sin que haya merecido ni siquiera su inclusi�n en los conceptos analizables. Entonces, es evidente que se incumpli� lo ordenado por el art�culo 79, primer p�rrafo, de la Ley de Amparo, pues no fue resuelta la cuesti�n efectivamente planteada, en la totalidad de sus elementos integrantes. Por ende, estimo que la sentencia recurrida deber� revocarse, para el efecto de que se analicen y resuelvan las cuestiones que fueron omitidas.

No asiste la raz�n a la parte quejosa cuando se�ala que el a quo no analiz� los argumentos esgrimidos por ella en su demanda de amparo, dirigidos a cuestionar la constitucionalidad de los art�culos 73, 73 bis y 73 ter, pues de la lectura de la resoluci�n recurrida se advierte que el juzgador de amparo s� valor� dichos argumentos, por ello, dicho argumento debe declararse infundado en esa parte. En cambio, tiene la raz�n cuando afirma que el J. de Distrito no analiz� los conceptos de violaci�n encaminados a demostrar la inconstitucionalidad de los art�culos 75 y 128 de la ley impugnada, pues de la lectura del fallo recurrido se desprende que, efectivamente, el juzgador de amparo nada se�al� con respecto a tales art�culos, por lo que en esa parte debe considerarse como fundado el agravio que se analiza.

En tales condiciones, con fundamento en el art�culo 91, fracci�n I, de la Ley de Amparo se procede a analizar los conceptos de violaci�n cuyo estudio omiti� el J. de Distrito.

SEXTO

De la lectura �ntegra de la demanda de garant�as se desprende que la quejosa impugn�, adem�s de los referidos art�culos 75 y 128, los preceptos 75, 82, 91, 100, 114, 114 bis, 114 ter y 128 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor.

  1. Por cuesti�n de orden, se proceder�, en primer lugar, a decretar el sobreseimiento por lo que respecta a los art�culos 100, 114, 114 bis, 114 ter y 128 antes referidos, habida cuenta de que se trata de normas de naturaleza heteroaplicativa que por su mera entrada en vigor no afectan la esfera jur�dica de la quejosa pues, para que as� fuera, es menester que exista un acto de aplicaci�n, lo cual, en el presente caso, no acontece.

    Es de explorado derecho que cuando una norma que se reclama por su sola vigencia y se observa que la obligaci�n que de ella surge no se actualiza de manera autom�tica, sino que requiere de diverso acto para que la obligaci�n se torne exigible y sancionable para el caso de incumplimiento, entonces el juicio de amparo ser� improcedente, con fundamento en la analizada fracci�n VI del art�culo 73 de la Ley de Amparo, pues se entiende que esa norma s�lo admite impugnaci�n hasta que surja el evento que materialice sus efectos y consecuencias en perjuicio del gobernado.

    As�, a juicio de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, los art�culos 100, 114, 114 bis, 114 ter y 128 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, reformada y adicionada mediante decreto del veintisiete de enero de dos mil cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el cuatro de febrero del mismo a�o, que la quejosa reclama por su sola entrada en vigor, no tienen las caracter�sticas que los ubiquen como normas de car�cter autoaplicativo y, por ende, el juicio de amparo contra dichos preceptos, por su sola vigencia, es improcedente.

    El contenido de las disposiciones reclamadas es el siguiente:

    "Art�culo 100. Las reclamaciones podr�n desahogarse a elecci�n del reclamante, en el lugar en que se haya originado el hecho motivo de la reclamaci�n; en el del domicilio del reclamante, en el del proveedor, o en cualquier otro que se justifique, tal como el del lugar donde el consumidor desarrolla su actividad habitual o en el de su residencia.

    "En caso de no existir una unidad de la procuradur�a en el lugar que solicite el consumidor, aqu�lla har� de su conocimiento el lugar o forma en que ser� atendida su reclamaci�n."

    "Art�culo 114. El conciliador podr� en todo momento requerir a las partes los elementos de convicci�n que estime necesarios para la conciliaci�n, as� como para el ejercicio de las atribuciones que a la procuradur�a le confiere la ley. Asimismo, podr� acordar la pr�ctica de diligencias que permitan acreditar los hechos constitutivos de la reclamaci�n. Las partes podr�n aportar las pruebas que estimen necesarias para acreditar los elementos de la reclamaci�n y del informe.

    "El conciliador podr� suspender cuando lo estime pertinente o a instancia de ambas partes, la audiencia de conciliaci�n hasta en tres ocasiones. Asimismo, podr� requerir la emisi�n de un dictamen a trav�s del cual se cuantifique en cantidad l�quida la obligaci�n contractual.

    "En caso de que se suspenda la audiencia, el conciliador se�alar� d�a y hora para su reanudaci�n, dentro de los quince d�as siguientes, donde en su caso, har� del conocimiento de las partes el dictamen correspondiente, las cuales podr�n formular durante la audiencia observaciones al mismo.

    "La procuradur�a podr� emitir un acuerdo de tr�mite que contenga el dictamen a que se refieren los p�rrafos anteriores, que constituir� t�tulo ejecutivo no negociable a favor del consumidor, siempre y cuando la obligaci�n contractual incumplida que en �l se consigne sea cierta, exigible y l�quida a juicio de la autoridad judicial, ante la que el proveedor podr� controvertir el monto del t�tulo, presentar las pruebas y oponer las excepciones que estime convenientes.

    "De toda audiencia se levantar� el acta respectiva. En caso de que el proveedor no firme el acta, ello no afectar� su validez, debi�ndose hacer constar dicha negativa.

    "Para la sustanciaci�n del procedimiento de conciliaci�n a que se refiere el presente cap�tulo, se aplicar� supletoriamente el C�digo Federal de Procedimientos Civiles."

    "Art�culo 114 bis. El dictamen a que se refiere el art�culo anterior se efectuar� en base a las siguientes consideraciones:

    "I. Se calcular� el monto de la obligaci�n contractual, atendiendo a las cantidades originalmente pactadas por las partes;

    "II. Se analizar� el grado de cumplimiento efectuado por el proveedor con relaci�n a la obligaci�n objeto del procedimiento;

    "III. Con los datos antes se�alados, se estimar� la obligaci�n incumplida y, en su caso, la bonificaci�n a que se refiere el art�culo 92 ter, y

    "IV. La bonificaci�n se�alada en la fracci�n anterior, se calcular� conforme al siguiente criterio:

    "a) En los casos en que el consumidor hubiere entregado la totalidad del monto de la operaci�n al proveedor, la bonificaci�n ser� del 30% del monto de la obligaci�n contractual que se determine en el dictamen;

    "b) Cuando el consumidor hubiere entregado m�s del 50% de la totalidad del monto de la operaci�n al proveedor, la bonificaci�n ser� del 25% del monto de la obligaci�n contractual que se determine en el dictamen;

    "c) En los supuestos en los que el consumidor hubiere entregado hasta el 50% de la totalidad del monto de la operaci�n al proveedor, la bonificaci�n ser� del 20% del monto de la obligaci�n contractual que se determine en el dictamen, y

    "d) En los dem�s casos, la bonificaci�n correspondiente ser� del 20% del monto de la obligaci�n contractual que se determine en el dictamen.

    "Las bonificaciones se�aladas con anterioridad, se fijar�n sin perjuicio de las sanciones a que se hubiese hecho acreedor el proveedor o de que sean modificadas por la autoridad judicial."

    "Art�culo 114 ter. El dictamen emitido deber� contener lo siguiente:

    "I.L. y fecha de emisi�n;

    "II. I.�n de quien emite el dictamen;

    "III. Nombre y domicilio del proveedor y del consumidor;

    "IV. La obligaci�n contractual y tipo de bien o servicio de que se trate;

    "V. El monto original de la operaci�n y materia de la reclamaci�n;

    "VI. La determinaci�n del importe de las obligaciones a cargo del proveedor, y

    "VII. La cuantificaci�n l�quida de la bonificaci�n al consumidor.

    "La determinaci�n del importe consignado en el dictamen, para efectos de ejecuci�n se actualizar� por el transcurso del tiempo desde el momento en que se emiti� hasta el momento en que se pague, tomando en consideraci�n los cambios de precios en el pa�s, de conformidad con el factor de actualizaci�n que arroje el �ndice Nacional de Precios al Consumidor que mensualmente d� a conocer el Banco de M�xico.

    "La acci�n ejecutiva derivada del dictamen prescribir� a un a�o de su emisi�n."

    "Art�culo 128. Las infracciones a lo dispuesto por los art�culos 7o., 8o., 10, 12, 44, 63, 63 bis, 63 ter, 63 quintus, 65, 73, 73 bis, 73 ter, 74, 76 bis, 80, 86 bis, 87, 87 ter, 92, 92 ter, 98 bis y 121 ser�n sancionadas con multa de $465.60 a $1'821,026.22."

    Conviene precisar que los art�culos 100, 114, 114 bis y 114 ter forman parte del cap�tulo XIII de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, titulado "Procedimientos"; mientras que el art�culo 128 forma parte del cap�tulo XIV de la misma ley, titulado "Sanciones".

    La quejosa no acredit� en modo alguno que estuviera sujeta a alg�n procedimiento de reclamaci�n (art�culo 100), o conciliatorio (art�culos 114, 114 bis y 114 ter), ni tampoco que se le hubiera impuesto la sanci�n referida en el art�culo 128, por alguno de los supuestos ah� indicados.

    De este modo, es claro que cada uno de dichos art�culos carecen por s� mismos de un car�cter autoaplicativo, pues para su actualizaci�n y aplicaci�n requieren de un acto posterior que origine la afectaci�n de la esfera jur�dica de los gobernados, por lo que, en relaci�n con la quejosa, s�lo constituyen normas abstractas y simples expectativas de una obligaci�n a su cargo, lo cual resulta insuficiente para hacer procedente la acci�n constitucional.

  2. Por otra parte, esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n estima que, con fundamento en el art�culo 73, fracci�n XII, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse el juicio de amparo con respecto al art�culo 91 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, porque el mismo no sufri� reforma alguna mediante el decreto de fecha cuatro de febrero de dos mil cuatro, que fue impugnado por la quejosa. En tales condiciones, es claro que la quejosa consinti� el acto reclamado consistente en la presunta inconstitucionalidad del referido art�culo, por lo que la demanda, respecto del mismo, debe tenerse por extempor�nea.

  3. A continuaci�n, se procede al an�lisis de los argumentos planteados por la quejosa dirigidos a demostrar la inconstitucionalidad de los art�culos 75 y 82 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor.

    El texto de los mismos es el siguiente:

    "Art�culo 75. En los contratos de adhesi�n relacionados con inmuebles se estipular� la informaci�n requerida en el cap�tulo VII, fecha de entrega, especificaciones, plazos y dem�s elementos que individualicen el bien, as� como la informaci�n requerida en el art�culo 73 ter. Los proveedores no podr�n recibir pago alguno hasta que conste por escrito la relaci�n contractual, excepto el relativo a gastos de investigaci�n."

    "Art�culo 82. El consumidor puede optar por pedir la restituci�n del bien o servicio, la rescisi�n del contrato o la reducci�n del precio, y en cualquier caso, la bonificaci�n o compensaci�n, cuando la cosa u objeto del contrato tenga defectos o vicios ocultos que la hagan impropia para los usos a que habitualmente se destine, que disminuyan su calidad o la posibilidad de su uso, o no ofrezca la seguridad que dada su naturaleza normalmente se espere de ella y de su uso razonable. Cuando el consumidor opte por la rescisi�n, el proveedor tiene la obligaci�n de reintegrarle el precio pagado y, en su caso, los intereses a que se refiere el segundo p�rrafo del art�culo 91 de esta ley.

    "La bonificaci�n o compensaci�n a que se refiere el p�rrafo anterior se determinar� conforme a lo dispuesto en el art�culo 92 ter de esta ley.

    Lo anterior sin perjuicio de la indemnizaci�n que en su caso corresponda por da�os y perjuicios.

    Tal como se desprende de los conceptos de violaci�n que quedaron transcritos en el resultando primero del presente fallo, con respecto a dichos art�culos, la quejosa alega esencialmente que los art�culos 75 y 82 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor son normas privativas y que vulneran la libertad de comercio.

    1. En cuanto al argumento relativo a que se trata de normas privativas, la quejosa se�ala esencialmente que los preceptos impugnados violan los art�culos 1o. y 13 de la Constituci�n Federal, porque no respetan el principio de igualdad de los gobernados, al imponer de manera injustificada e inequitativa obligaciones individualizadas o dirigidas concretamente a un n�mero determinado o grupo espec�fico de personas, las que enajenan inmuebles destinados a vivienda.

      El concepto de violaci�n referido resulta infundado, por las siguientes razones:

      El art�culo 13 de la Constituci�n Federal establece:

      Art�culo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporaci�n puede tener fuero, ni gozar m�s emolumentos que los que sean compensaci�n de servicios p�blicos y est�n fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ning�n caso y por ning�n motivo podr�n extender su jurisdicci�n sobre personas que no pertenezcan al Ej�rcito. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocer� del caso la autoridad civil que corresponda.

      Esto es, el art�culo 13 constitucional citado proh�be a las autoridades juzgar a los justiciables bajo leyes privativas y tribunales especiales; asimismo, proh�be a las personas o corporaciones tener fuero o gozar de m�s emolumentos que los que sean compensaci�n de servicios p�blicos y est�n fijados por la ley, subsistiendo el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; el que no puede extenderse sobre personas que no pertenezcan al Ej�rcito.

      Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P.C., de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina 204 del Tomo VI, correspondiente al mes de septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, en su Novena �poca, cuyo contenido es:

      IGUALDAD. LAS GARANT�AS PREVISTAS EN EL ART�CULO 13 CONSTITUCIONAL LA CONSAGRAN, EN EL ASPECTO JURISDICCIONAL, PROHIBIENDO LAS LEYES PRIVATIVAS, LOS TRIBUNALES ESPECIALES Y LOS FUEROS. De la interpretaci�n hist�rica del art�culo 13 constitucional, y particularmente del debate que suscit� el mismo precepto de la Constituci�n de 1857, se desprende que la teleolog�a de tal norma es la de consagrar la plena igualdad ante la ley, eliminando las manifestaciones m�s evidentes que atentan contra ella, como son las leyes privativas, los tribunales especiales y los fueros; de lo que se sigue que la igualdad que consagra el citado precepto se refiere a un aspecto espec�fico: el de la jurisdicci�n. As�, el art�culo 13 constitucional proscribe la aplicaci�n de ?leyes? que no sean generales, abstractas y permanentes; de tribunales distintos a los ordinarios creados por la ley con competencia gen�rica y jurisdicci�n diferente para las personas, en funci�n de su situaci�n social.

      En ese sentido, es infundado lo considerado por la quejosa al estimar que la ley en estudio es un ordenamiento privativo que establece un fuero especial en favor de los consumidores.

      Lo anterior es as�, pues de la lectura de los art�culos 75 y 82 (que son los que se analizan), en relaci�n con el 73, 73 bis, 73 ter, 85, 86, �ltimo p�rrafo y 87 (mismos que la quejosa impugna y que ser�n materia del an�lisis de los agravios en esta misma resoluci�n), no se advierte que sean disposiciones que formen un sistema privativo en detrimento de la promovente, pues no se dirigen a ella en forma espec�fica, esto es, no regulan s�lo los actos de la empresa quejosa, sino que sus dispositivos se dirigen a un sector indeterminado de proveedores, siendo esa indeterminaci�n lo que le da el car�cter de ley general y abstracta.

      Es aplicable al caso, la jurisprudencia de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consultable con el n�mero P./J. 18/98, en la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho, en la p�gina 7, que a la letra dice:

      LEYES PRIVATIVAS. SU DIFERENCIA CON LAS LEYES ESPECIALES. Las leyes privativas se caracterizan porque se refieren a personas nominalmente designadas, atendiendo a criterios subjetivos y por el hecho deque despu�s de aplicarse al caso previsto y determinado de antemano pierden su vigencia, encontr�ndose prohibidas por el art�culo 13 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que atentan contra el principio de igualdad jur�dica; mientras que las leyes especiales, aun cuando se aplican a una o a varias categor�as de personas relacionadas con hechos, situaciones o actividades espec�ficas, s� se encuentran investidas de las caracter�sticas de generalidad, abstracci�n y permanencia, dado que se aplican a todas las personas que se colocan dentro de las hip�tesis que prev�n y no est�n dirigidas a una persona o grupo de ellas individualmente determinado, adem�s de que su vigencia jur�dica pervive despu�s de aplicarse a un caso concreto para regular los casos posteriores en que se actualicen los supuestos contenidos en ellas, no transgrediendo, por tanto, el citado precepto constitucional.

      Aunado a que no constituyen ning�n fuero o privilegio en favor de los consumidores, ya que no pueden considerarse como prerrogativas prohibidas por la Constituci�n las protecciones que ella misma ordena en su art�culo 28 y que pormenoriza la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, la que, adem�s, no erige a la Procuradur�a Federal del Consumidor como un tribunal especial, pues no es creado exprofeso y con posterioridad a determinados hechos para juzgarlos, ni desaparece una vez dictado el fallo correspondiente; por el contrario, dicha instituci�n se define como un organismo del Poder Ejecutivo Federal con facultades para dirimir en la v�a administrativa las controversias relativas a esta materia suscitadas con posterioridad a la vigencia de la ley, sea como conciliador o como �rbitro, y esto �ltimo siempre que las partes as� lo convengan.

      En ese contexto, contrariamente a lo se�alado por la quejosa, la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, en particular los numerales 73, 73 bis, 73 ter, 75, 82 86, �ltimo p�rrafo y 87 (aunque ahora el an�lisis se constri�e a los art�culos 75 y 82, lo cierto es que el resto de los preceptos tambi�n son impugnados y el estudio de constitucionalidad subsiste en la presente instancia), no establecen privilegios ni fuero especial en favor de los consumidores ni constituyen un tribunal especial, de donde resulta infundado el concepto de violaci�n que se analiza.

    2. Por otra parte, la quejosa afirma, tambi�n en sus conceptos de violaci�n, que los art�culos 75 y 82 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor resultan violatorios de la libertad de comercio, porque, a su juicio, limitan la posibilidad de negociar la celebraci�n de contratos con los particulares.

      Resulta infundado el argumento relativo a que los dispositivos reclamados de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor infringen la garant�a de libertad de comercio que consagra el art�culo 5o. constitucional, teniendo en cuenta los siguientes razonamientos.

      El art�culo 5o. de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos dice, en lo que interesa:

      Art�culo 5o. A ninguna persona podr� impedirse que se dedique a la profesi�n, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo l�citos. El ejercicio de esta libertad s�lo podr� vedarse por determinaci�n judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resoluci�n gubernativa, dictada en los t�rminos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad.

      De lo transcrito se deduce lo siguiente:

      ? Que la libertad contenida en el precepto constitucional es permisiva, esto es, que la actividad est� permitida por la ley;

      ? Que el ejercicio de esta libertad permisiva s�lo podr� vedarse por determinaci�n judicial cuando se afecten los derechos de tercero; y,

      ? Que dicha libertad tambi�n podr� vedarse por resoluci�n gubernativa cuando se ofendan los derechos de la sociedad.

      En ese orden de ideas, es inconcuso que los preceptos reclamados no vulneran en forma alguna la garant�a que consagra el art�culo 5o. constitucional, en virtud de que este dispositivo garantiza la libertad de comercio al se�alar que a nadie podr� imped�rsele que se dedique a la profesi�n, industria, comercio o trabajo que le acomode y que el ejercicio concreto de esta libertad s�lo puede limitarse por las tres razones antes precisadas, por tanto, teniendo en cuenta que esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sostenido el criterio de que la obligaci�n de los gobernados de cumplir con las leyes, reglamentos y normas generales que si bien pueden representar una carga administrativa, ello no coarta la libertad de comercio, ya que no les impide que se dediquen a la profesi�n, industria, comercio o trabajo que les acomode, aun en el caso de que una actividad no sea lo suficientemente productiva a juicio del gobernado.

      En raz�n de lo anterior, se concluye que la circunstancia de que los art�culos reclamados establezcan que las empresas que tengan el car�cter de proveedores cuyo objeto social sea la compraventa de bienes inmuebles destinados a casa-habitaci�n, tendr�n la obligaci�n de insertar determinadas cl�usulas en sus contratos de adhesi�n y que �stos deben ser registrados ante la Procuradur�a Federal del Consumidor so pena de que el incumplimiento de esto conllevar� a que no surta efectos el contrato contra el consumidor, no quebranta la garant�a constitucional citada, pues el establecimiento de dichas obligaciones administrativas no implica un obst�culo para la realizaci�n de las actividades en �l comprendidas, por el contrario, conlleva impl�cita una certeza jur�dica y un provecho al regular en favor de proveedores y consumidores una forma de evitar problemas de interpretaci�n o conflicto por la celebraci�n y efectos de tales contratos, pues no debe perderse de vista que el art�culo 5o. constitucional establece, en primer t�rmino, una garant�a de igualdad que se traduce en que todos los gobernados puedan elegir la profesi�n, comercio o trabajo que deseen.

      Cabe destacar que si bien es cierto que conforme a la ley reclamada se impone a los proveedores que se dedican a la compraventa de inmuebles destinados a casa-habitaci�n una serie de obligaciones que no se exigen, en general, a los que, sin resultar proveedores, venden inmuebles, tambi�n es verdad que con este trato diferente no se viola la garant�a de igualdad, puesto que, como se pone de manifiesto en otros considerandos, los proveedores no se hallan en plan de identidad en cuanto a sus actividades, que un vendedor espor�dico de inmuebles.

      Resulta aplicable en la especie la tesis sostenida por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible con el n�mero P. XC/2000, a foja 26 del Tomo XI, correspondiente al mes de junio de 2000, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, en su Novena �poca, que establece:

      GARANT�A DE IGUALDAD. EST� CONTENIDA IMPL�CITAMENTE EN EL ART�CULO 5o. CONSTITUCIONAL. El an�lisis del primer p�rrafo del art�culo 5o. constitucional, que establece: ?A ninguna persona podr� impedirse que se dedique a la profesi�n, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo l�citos. ...?, permite constatar, en principio, que este precepto garantiza a todos los gobernados, entre otras cosas, el ejercicio de las libertades de comercio y de industria que sean l�citas y, en segundo t�rmino, que esa facultad se otorga a todas las personas sin distinci�n alguna, es decir, sin hacer diferencias de nacionalidad, raza, religi�n o sexo, ya que su contenido no establece salvedad alguna al respecto; circunstancia que constituye un fundamento importante de la garant�a de libertad de comercio, ya que el art�culo 5o. constitucional, al permitir a todas las personas ejercer el comercio o la industria que les acomode, siempre y cuando sean l�citos y no opere alguna de las limitantes a que alude el mismo numeral, excluye impl�citamente de tal prerrogativa todo trato desigual que no pueda ser justificado constitucionalmente o apoyado en el inter�s p�blico, puesto que no debe soslayarse que el disfrute pleno de la garant�a otorgada por la Carta Magna en el imperativo de cuenta exige necesariamente la actualizaci�n del principio de igualdad material o real entre los titulares de esa garant�a, dado que jur�dicamente la igualdad se traduce en que varias personas, cuyo n�mero es indeterminado, que participen de la misma situaci�n, tengan la posibilidad y la capacidad de ser titulares cualitativamente de los mismos derechos y obligaciones que emanen de la ley aplicable frente al Estado, lo cual estar� en funci�n de sus circunstancias particulares. En este sentido, el numeral 5o. constitucional prev� sustancialmente ese principio fundamental de igualdad, en virtud de que tiene como finalidad colocar a todos los gobernados, cualquiera que sea su categor�a o condici�n social, en igualdad de condiciones frente a la necesidad de vida de escoger el comercio, el oficio, el trabajo o la industria que les acomode, con las �nicas salvedades de que �stos sean l�citos y de que no ataquen los derechos de terceros ni ofendan los intereses de la sociedad.

      De lo hasta aqu� expuesto se colige que no puede considerarse que con la implantaci�n de obligaciones administrativas la empresa quejosa se vea privada del producto de su actividad comercial, por lo que las normas impugnadas no transgreden las garant�as individuales de la recurrente consagradas en el art�culo 5o. constitucional, m�xime si se considera que el legislador, en los preceptos reclamados, no estableci� limitantes para el l�cito ejercicio de la actividad de los sujetos de la norma, sino s�lo normas de orden p�blico que, en concordancia con el art�culo 28 constitucional, protegen a los consumidores.

      Resulta ilustrativa al respecto la tesis de jurisprudencia de este Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en su anterior integraci�n, publicada con el n�mero P./J. 26/92, en la Octava �poca de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, N�mero 57, correspondiente al mes de septiembre de 1992, p�gina 12, cuyo contenido es el siguiente:

      FRACCIONAMIENTOS. EL ART�CULO 77, F.I., DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE PUEBLA QUE, EN DETERMINADOS CASOS, PROH�BE LA RESCISI�N DE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA, NO VIOLA EL ART�CULO 5o. CONSTITUCIONAL. La limitaci�n que establece el precepto referido a los fraccionadores autorizados por el Gobierno del Estado de Puebla, de no rescindir los contratos de compraventa a plazos de terrenos o de casas habitaci�n, por falta de pago o de incumplimiento de las obligaciones a cargo del comprador, no vulnera su libertad contractual, por lo que no contraviene el art�culo 5o. constitucional. No vulnera su libertad contractual, puesto que el precepto en cuesti�n solamente regula los efectos del contrato de compraventa a plazos de terrenos o casas, pero el fraccionador conserva su plena libertad para celebrar o no tales contratos y para darles el contenido que convenga con sus co-contratantes, convenios que, de ser celebrados, tienen el alcance y efectos obligatorios que la ley se�ala, sin que el citado art�culo 5o. constitucional establezca limitaci�n alguna al legislador para precisar tales efectos y alcances como mejor corresponda a las circunstancias socioecon�micas que prevalezcan. La garant�a de libertad de contrataci�n contenida en el art�culo 5o. constitucional no se viola cuando el legislador precisa el alcance y efectos obligatorios de un contrato, pues con ello no se afecta la libertad de contrataci�n de los fraccionadores que se sit�an dentro del supuesto legal, pues mantienen la posibilidad de dedicarse al comercio o contrataci�n que deseen, siendo l�citos.

S�PTIMO

Se procede ahora al estudio del segundo agravio, mismo que a la letra se�ala:

Segundo. Por otra parte, respecto de las cuestiones que si fueron consideradas para resolver, soslayando tambi�n otras, en forma precautoria se debe decir que la sentencia que se recurre, agravia el inter�s jur�dico de mi mandante en virtud de que se decidi� negar el amparo con apoyo en una radicalmente equivocada interpretaci�n del contenido y el alcance de las normas legales que fueron reclamadas. En efecto, el a quo resolvi� negar el amparo con razonamientos orientados a desestimar s�lo algunos de los conceptos de violaci�n que se expusieron al demandar, seg�n los relaciona en los incisos 6 al 10 del ?considerando? cuarto de su texto. En lo que respecta al argumento que se expuso para se�alar que las normas que se reclamaron vulneran la soberan�a de los Estados, el que fue analizado en primer t�rmino al sentenciar, se debe (sic) expuso que, trat�ndose s�lo de la compraventa de casas-habitaci�n, las reformas que se reclamaron hacen de la inscripci�n ante la Procuradur�a Federal del Consumidor un requisito de existencia de los contratos de adhesi�n que los promotores inmobiliarios celebran en el territorio de los Estados, sin que tal aparezca en las legislaciones civiles correspondientes. Tambi�n se afirm� que, a trav�s de las reformas reclamadas, se derogaron las normas locales que regulan los efectos de los actos jur�dicos que se realizan sobre inmuebles ubicados dentro del Estado, las cuales establecen que trat�ndose de cosas ciertas y determinadas individualmente, la venta es perfecta y obligatoria para las partes, por solo acuerdo de las mismas en la cosa y en el precio, perteneciendo la primera al comprador aun cuando no se le haya entregado y a pesar de que no haya satisfecho el precio, as� como que el contrato de compraventa no requiere para su validez formalidad alguna especial, sino cuando recae sobre un inmueble, cuando deber� constar en escritura p�blica. Por ello se dijo que la exigencia de inscribir ante la Procuradur�a Federal del Consumidor el contrato privado de compraventa de bienes inmuebles destinados a casa-habitaci�n, como requisito para su existencia misma es contrario a la facultad de los Congresos Locales, a quienes corresponde legislar en lo concerniente a la forma de los actos jur�dicos que se celebren dentro del territorio del Estado, ya que dicha facultad no est� de manera exclusiva reservada a la Federaci�n. Asimismo se dijo que las normas reclamadas vulneran la soberan�a de los Estados federados cuando establece que la �nica competente para conocer de cualquier controversia que se suscite con motivo de la aplicaci�n de los contratos relativos a inmuebles destinados a casa-habitaci�n ser� la Procuradur�a Federal del Consumidor, por cl�usula especial obligadamente inserta en los mismos, dejando a un lado a las autoridades judiciales de las entidades correspondientes, es decir, que las reformas que nos ocupan prorrogan la jurisdicci�n de estas �ltimas. Por �ltimo, se se�al� en mi demanda sobre este particular que las obligaciones y restricciones que se pretenden imponer a los promotores de vivienda deber�an ser impuestas, de manera m�nimamente congruente para ambas partes contratantes y respecto de todas las normas de la materia, en el C�digo Civil de cada Estado, pues �ste es el conjunto normativo que regula los contratos de compraventa y no mediante la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, en forma aislada e incongruente, derogando de facto las disposiciones relativas a dicho contrato del mismo C�digo Civil y creando un conflicto de leyes. Sin embargo, el J. de Distrito consider� que no fueron vulneradas las garant�as individuales tampoco por tal concepto, esencialmente por estimar que el Congreso de la Uni�n legisl� en materia de comercio, de inmuebles, conforme a las facultades con las que cuenta. Ahora bien, estimo que tal apreciaci�n es err�nea, debido a que las normas que se reclamaron no son simples regulaciones comerciales, sino que con toda claridad inciden en la forma en que deben ser formalizados los contratos, en este caso s�lo los relativos a inmuebles casa-habitaci�n, crean requisito de validez jur�dica y obliga a someterse a una jurisdicci�n, contrariando sin sustento constitucional las facultades a los Estados para disponer sobre tales temas, pues son abiertamente opuestas al sentido de las que existen en las legislaciones estatales y no s�lo ata�e a la manera en que se deber�a establecer la relaci�n comercial como sostiene el a quo, sino a elementos de esencia de la contrataci�n y la jurisdicci�n en la materia. Sin embargo, el J. de Distrito consider� que tal norma no violenta la garant�a constitucional establecida por el numeral 25 de nuestra Carta Magna, pero sin abordar directamente la cuesti�n planteada, pues aduce razones de equilibrio entre las partes, que considera desiguales en este caso, pero concluye que dicha imputaci�n espec�fica no implica violaci�n de garant�as. Por lo que hace a las consideraciones vertidas, seg�n el dicho del fallo que recurro, respecto del segundo de los agravios, lo que no es exacto, pues no se analizaron los argumentos que demuestran que se trata de leyes privativas, sino que s�lo se refiri� a la garant�a de igualdad por el J. a quo, as� como a la de libertad contractual, con base en una serie de argumentos subjetivos, que no justifican el notorio desequilibrio creado por la ley a cargo de las empresas como la quejosa. En las siguientes consideraciones, que el J. de Distrito relaciona con el tercer agravio expuesto al demandar, simplemente afirm� que se realiz� entonces una interpretaci�n err�nea de las normas reclamadas, pero nada dice respecto de los argumentos relativos a su inconstitucionalidad, cuando claramente se acus� violaci�n de garant�as por la falta de respeto del principio de igualdad consagrado por el art�culo 1o. de la Constituci�n Federal, al establecer la obligaci�n a cargo de los proveedores como mi mandante de celebrar contratos de adhesi�n, con t�rminos y condiciones determinados legalmente, que pueden ser terminados a petici�n del consumidor, obligando la restituci�n del precio, su disminuci�n, la bonificaci�n o compensaci�n, quedando a cargo de la Procuradur�a Federal del Consumidor la interpretaci�n de tales contratos, cuando se trata de una instituci�n creada expresamente para defender los intereses de esa parte, lo que vicia su imparcialidad. Tampoco se dijo nada en la sentencia recurrida sobre los razonamientos orientados a demostrar que las normas que se reclamaron violentan las garant�as constitucionales de mi mandante al restringir su derecho de concurrir en igualdad de condiciones con la parte consumidora, se dijo que esas disposiciones le causan agravio en virtud de que imponen obligaciones s�lo a cargo de una de las contratantes otorgando al consumidor un trato desigual en su relaci�n con el proveedor, ya que en caso de que aqu�l no cumpla con la obligaci�n actual celebrada por el proveedor no tiene ninguna consecuencia legal siquiera remotamente proporcional a las establecidas por los art�culos que se reclaman a su cargo por cualquier incumplimiento. Se argument� tambi�n que como otra desventaja contraria a la quejosa, la Procuradur�a Federal del Consumidor tiene la atribuci�n de ordenar se informe, inclusive a trav�s de los medios de comunicaci�n masiva, a los consumidores sobre las acciones u omisiones de los proveedores que afecten sus intereses o derechos, as� como la forma en que los proveedores los retribuir�n o compensar�n, debiendo �stos acreditar el cumplimiento de dicha orden, so pena de aplicarles la sanci�n que corresponda, cuando a las empresas del ramo les es imposible utilizar los mismo s medios para exigir el cumplimiento de los compromisos a su favor, por prohibici�n expresa de la misma ley. De igual manera, no fueron analizado (sic), ni resuelto, el se�alamiento relativo a la violaci�n de la garant�a de libre disposici�n de la propiedad, cuando se afirm� expresamente al demandar que este derecho, por lo que hace a los bienes inmuebles de los promotores de vivienda, se ve limitado por las normas que reclame al restringir que se estipulen las condiciones especiales que las partes libremente contratantes convengan a su respecto, es decir, quela ley combatida limita la manera y el modo de ejercer la facultad de disposici�n libre de los bienes propios. Se debe hacer �nfasis en que fue alegado al demandar que la norma que se reclama obliga someterse a la competencia de la procuradur�a del consumidor en absolutamente todas las operaciones celebradas por la quejosa, tornando forzoso el arbitraje, cuesti�n �sta que abord� el a quo, se�alando al cuarto concepto de violaci�n, para s�lo decir que no hay tal, sino que, conforme a su juicio, sigue siendo libre el sometimiento a la jurisdicci�n, que insiste es administrativa, de la procuradur�a, cuando evidentemente el sentido de las normas que se reclamaron es el de obligar a dicho sometimiento, en claro perjuicio de la quejosa. Respecto del art�culo 73 ter, fracci�n V, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, reclamado espec�ficamente, se dijo al demandar que viola la libertad contractual porque restringe la forma en que se deber� fijar el precio en las operaciones de que se trata, se dijo que, al disponer que podr� serlo en moneda nacional o incluso extranjera, excluyendo la posibilidad de que se pueda convenir con el comprador que el precio de la vivienda sea, dependiendo del modelo de la misma, hasta de trescientas veces el salario m�nimo mensual del Distrito Federal, se establece una limitaci�n clara y directa de la voluntad de los contratantes para poder pactar en esa forma, precio en veces el salario m�nimo, cuando as� lo deseen, pese a que es evidentemente necesaria considerando las variantes condiciones econ�micas del pa�s, tanto as� que incluso se ha autorizado y se utiliza por las instituciones p�blicas de financiamiento de vivienda. Sin embargo, este razonamiento tambi�n fue desestimado, pero s�lo abundando sobre la interpretaci�n que dio el J. a la ley reclamada, que a su juicio no limita la voluntad de las partes para determinar el precio de las viviendas en salarios m�nimos, cuando es claro que la norma reclamada no considera tal posibilidad. Por consecuencia de lo expuesto, estimo que es claro que la resoluci�n que se recurre es ilegal y deber� ser revocada, para otorgar en favor de mi mandante el amparo y la protecci�n de la Justicia Federal que he demandado.

De lo anteriormente transcrito se aprecian esencialmente los siguientes argumentos: 1) que las normas impugnadas vulneran la soberan�a de los Estados, 2) que se trata de normas privativas, 3) que las mismas vulneran la garant�a de libre disposici�n de la propiedad, 4) que obligan a la quejosa a someterse a la competencia de la Procuradur�a Federal del Consumidor, torn�ndose forzoso el arbitraje, y finalmente, 5) que el art�culo 73 ter, fracci�n V, impugnado, es violatorio de la garant�a de libertad contractual.

Tales argumentos ser�n analizados en el orden indicado.

  1. Dado que el Congreso de la Uni�n tiene facultades expresas para legislar en materia de comercio y de protecci�n al consumidor, es claro que puede emitir leyes regulatorias de la actividad de los proveedores que se dedican, entre otras, a la venta de casa-habitaci�n al p�blico en general pues, por un lado, ellos tienen la calidad de comerciantes y, por otra, sus contrapartes son consumidores.

Ahora bien, como se advierte, las obligaciones que establecen los dispositivos combatidos a cargo de los proveedores ata�en m�s que a las formalidades de los contratos, a las convenciones que aquellos pactan con los consumidores en actos mercantiles, caracter�stica esta �ltima que deriva de los art�culos 75, fracci�n II y 371 del C�digo de Comercio, y que conllevan ciertas protecciones, tales como la de registrar sus modelos de contratos ante la Procuradur�a Federal de Protecci�n al Consumidor, la de incluir en dichos modelos ciertas cl�usulas e informaci�n sobre diversos aspectos de los inmuebles que ofrecen al p�blico, etc�tera, y que en conjunto desarrollan una facultad espec�ficamente encomendada al Congreso de la Uni�n y, en general, a la Federaci�n, por el art�culo 28 constitucional, que consiste en brindar protecci�n al sector de los consumidores frente a los empresarios proveedores, trat�ndose de los actos mercantiles que celebran, independientemente de que al formalizarse en definitiva las ventas, deban acatarse las normas locales.

Por tanto, la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor no pugna con la facultad de los Estados y del Distrito Federal para legislar en las materias contractual y de bienes inmuebles.

La facultad constitucional de los Estados y del Distrito Federal para regular el derecho contractual deriva de un principio jur�dico que recoge expresamente el art�culo 13, fracci�n IV, del C�digo Civil Federal, pero que es de jerarqu�a mayor, ya que proviene de la interpretaci�n arm�nica de los art�culos 121, fracciones I, II y III; 122, base primera, fracci�n V, inciso h) y 124 constitucionales, principalmente.

El principio general de derecho que de tales dispositivos deriva, postula que es la ley del lugar en donde el contrato se otorga la que lo rige (locus regit actum).

El art�culo 124 prev� la facultad residual a favor de los Estados para legislar en cualquier �mbito que no est� reservado expresamente a la Federaci�n, mientras que el art�culo 122, base primera, fracci�n V, inciso h), faculta expresamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para legislar en materia civil (en la que, indudablemente, se ubica la regulaci�n de los contratos):

"Art�culo 124. Las facultades que no est�n expresamente concedidas por esta Constituci�n a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados."

"Art�culo 121. En cada Estado de la Federaci�n se dar� entera fe y cr�dito de los actos p�blicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la Uni�n, por medio de leyes generales, prescribir� la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujet�ndose a las bases siguientes:

"I. Las leyes de un Estado s�lo tendr�n efecto en su propio territorio, y, por consiguiente, no podr�n ser obligatorias fuera de �l.

"II. Los bienes muebles e inmuebles se regir�n por la ley del lugar de su ubicaci�n.

"III. Las sentencias pronunciadas por los tribunales de un Estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro Estado, s�lo tendr�n fuerza ejecutoria en �ste, cuando as� lo dispongan sus propias leyes.

"Las sentencias sobre derechos personales s�lo ser�n ejecutadas en otro Estado, cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por raz�n de domicilio, a la justicia que las pronunci�, y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio."

"Art�culo 122. Definida por el art�culo 44 de este ordenamiento la naturaleza jur�dica del Distrito Federal, su gobierno est� a cargo de los Poderes Federales y de los �rganos ejecutivo, legislativo y judicial de car�cter local, en los t�rminos de este art�culo.

"...

"Base primera. Respecto a la Asamblea Legislativa:

"...

"V. La Asamblea Legislativa, en los t�rminos del Estatuto de Gobierno, tendr� las siguientes facultades:

"...

h) Legislar en las materias civil y penal; normar el organismo protector de los derechos humanos, participaci�n ciudadana, defensor�a de oficio, notariado y registro p�blico de la propiedad y de comercio.

As�, mientras que los art�culos 28 y 73, fracci�n X, constitucionales sirven de apoyo al Congreso Federal para emitir leyes protectoras de los consumidores, el fundamento constitucional de que los Estados y el Distrito Federal tienen competencia para legislar en materia contractual civil en cuanto a los actos que se celebran en su territorio, resulta de la conjugaci�n del principio general de derecho descrito y de la concatenaci�n de diversos dispositivos de la propia Carta Magna.

Sirven de apoyo, en lo conducente, las siguientes tesis consultables en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, Tomo CXXI, p�gina 2121, y la publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo II, correspondiente al mes de octubre de 1995, bajo el n�mero P. LXXVII/95, p�gina 77, respectivamente, que a la letra dicen:

"LEGISLATURAS LOCALES, FACULTADES DE LAS, EN MATERIA CIVIL (DECRETO DE 10 DE ABRIL DE 1916 DEL C�DIGO DEL GOBIERNO DE PUEBLA). Las autoridades legislativas de los Estados tienen competencia constitucional para legislar en materia civil, y en las leyes relativas siempre se establecen restricciones a la autonom�a contractual, por razones de forma o de capacidad, por motivos referentes a la ilicitud del fin, del objeto o de la causa del acto jur�dico, o con la idea de garantizar una verdadera libertad de consentimiento en los particulares y de mantener la igualdad entre los contratantes; por lo que estando los Estados autorizados para legislar sobre la propiedad privada en todo aquello que no est� expresamente reservado a la Federaci�n, tal facultad lleva impl�cita la obligaci�n que tienen las mismas entidades, de velar por los intereses de la colectividad. Aunque en las legislaciones hay normas liberales, de car�cter individualista, que consagran el respeto a la libertad de los particulares, y la protecci�n m�s amplia a la autonom�a contractual, tambi�n hay otras que limitan justificadamente los derechos privados. Una de ellas es precisamente el decreto de 10 de abril de 1916, que establece que ?la acci�n de rescisi�n a que se refiere el art�culo 1509 del C�digo Civil no es renunciable, y su renuncia no producir� efecto jur�dico alguno?. Ya la Suprema Corte, a trav�s de la Sala Auxiliar, expres� el criterio de que es justificada la disposici�n por la que se proh�be y priva de todo efecto jur�dico la renuncia a la acci�n rescisi�n por causa de lesi�n, dado que esta �ltima, adem�s de viciar el libre consentimiento y el pleno conocimiento que deben inspirar la celebraci�n de los contratos, es fuente de actos que la moral reprueba y que vulneran en forma directa los intereses colectivos. La facultad de prohibir la renuncia a la acci�n rescisoria por causa de lesi�n no se halla otorgada al Congreso Federal de modo expreso por los art�culos 27 y 73 a 77 de la Constituci�n de la Rep�blica y tampoco de una manera t�cita, puesto que no se comprende dentro de las llamadas ?facultades impl�citas? (art�culo 73, fracci�n XXX), ni se incluye tampoco en las diversas prohibiciones o limitaciones que la Carta Magna impone a las entidades federativas, (art�culos 116 a 119 y 121). Por tanto, de acuerdo con el art�culo 124 de la Ley Suprema, se concluye que las mencionadas facultades se entienden concedidas a los Estados."

C�DIGO CIVIL Y C�DIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, AMBOS PARA EL DISTRITO FEDERAL. EL CONGRESO DE LA UNI�N TEN�A LA FACULTAD PARA EXPEDIRLOS. (SITUACI�N ANTERIOR A LA REFORMA DEL PRECEPTO 122, F.I., INCISO G), CONSTITUCIONAL, DE FECHA VEINTICINCO DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES). Aun cuando es verdad que en ning�n art�culo de la Constituci�n se establec�a de modo expreso la facultad del Congreso de la Uni�n para expedir el C�digo Civil y el C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, dichas atribuciones se encontraban asentadas de manera impl�cita en diversos art�culos constitucionales, entre ellos, el 14, 16 y 17 de la Ley Fundamental. En efecto, el art�culo 14 establece que nadie puede ser privado de sus derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; que en los juicios del orden civil, la sentencia deber� ser conforme a la letra o a la interpretaci�n jur�dica de la ley y, a falta de �sta, se fundar� en los principios generales del derecho; asimismo, el art�culo 16 previene que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito que funde y motive la causa legal del procedimiento; el art�culo 17 proh�be a las personas hacerse justicia por s� mismas o ejercer violencia para reclamar su derecho, estableciendo la obligaci�n correlativa, a cargo del Estado, de instituir tribunales que administren justicia a las personas en los t�rminos y plazos que fijen las leyes. Por tanto, de las disposiciones legales en comento, se advierte la necesidad de que la comunidad cuente con ordenamientos de orden civil y procesal; de ah� que la facultad legislativa se conced�a al Congreso de la Uni�n, en la materia de las bases antes mencionadas. Adem�s, el art�culo 73, fracci�n VI, constitucional, como aparec�a en 1917, ya establec�a las reglas para el nombramiento de Magistrados y Jueces del Distrito Federal, preven�a la expedici�n de la Ley Org�nica del Poder Judicial y la responsabilidad de los titulares. De lo anterior se infiere, l�gicamente y de manera congruente, que el Congreso de la Uni�n tiene facultades para expedir los ordenamientos necesarios en materia civil y procesal, de lo contrario, la existencia de los tribunales a que se refiere la mencionada base 4a., ser�a completamente est�ril, pues ser�a incongruente tener la facultad de integrar los tribunales si �stos carecen de leyes conforme a las cuales han de dictar sus resoluciones.

Debe admitirse, por tanto, que si de acuerdo con los art�culos 25, 28 y 73, fracci�n X, de la Constituci�n Federal, en relaci�n con los art�culos 75, fracci�n II y 371 del C�digo de Comercio, toca a la Federaci�n la tutela de los consumidores en el acto mercantil que celebran con los proveedores con motivo de la venta de casas-habitaci�n y de tiempo compartido, mientras que conforme a lo establecido en los art�culos 121, fracciones I, II y III; 122, base primera, fracci�n V, inciso h) y 124 constitucionales, corresponde a los Estados y al Distrito Federal legislar sobre las formalidades, elementos y requisitos de los contratos civiles con que, en su caso, habr�n de culminar aquellas convenciones mercantiles, deber� concluirse que los preceptos reclamados de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor no invaden la esfera de competencia local, sino que, por el contrario, se complementan y armonizan entre s�.

Tambi�n son infundadas las alegaciones en que se invoca violaci�n al r�gimen federativo por parte del art�culo 87, tercer p�rrafo, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, en cuanto establece que no surten efectos en perjuicio del consumidor los contratos sobre casa-habitaci�n si los proveedores no cumplen con la obligaci�n de registrarlos ante la Procuradur�a Federal del Consumidor.

Cabe observar que el numeral cuestionado no obliga al consumidor, sino en todo caso al proveedor, quien tiene la calidad de comerciante y, por ello, est� sujeto a las normas federales tanto en materia de comercio como de protecci�n al consumidor.

En el alegato se parte de la base de que dicha sanci�n es, en verdad, una causa de nulidad, pues el no surtimiento de efectos supone que el registro es una condici�n de validez del contrato.

Debe se�alarse al respecto que el art�culo 73 de la ley reclamada establece en su primer p�rrafo que la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor es aplicable a la materia inmobiliaria cuando se trate de actos relacionados con el fraccionamiento, construcci�n, promoci�n, asesor�a o venta al p�blico de casa-habitaci�n, por parte de proveedores.

En su segundo p�rrafo, el mismo precepto dispone que los contratos relacionados con el fraccionamiento, construcci�n, promoci�n, asesor�a o venta al p�blico de casa-habitaci�n deben registrarse ante la Procuradur�a Federal de Protecci�n al Consumidor.

Es claro que si, conforme al primer p�rrafo del art�culo 73, las normas de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor son aplicables a la materia inmobiliaria en el supuesto del fraccionamiento, construcci�n, promoci�n, asesor�a o venta al p�blico de casa-habitaci�n por parte de proveedores, y una de esas normas es la relativa a la obligaci�n de inscribir ante la procuradur�a los contratos referidos a dichas actividades, basta con que una persona que tenga la calidad de proveedor se dedique a ellas para que autom�ticamente est� obligada a inscribir los contratos relativos ante la procuradur�a; de no cumplir con dicha obligaci�n, el art�culo 87, segundo p�rrafo, impide el surtimiento de efectos del mismo contra el consumidor.

As�, el segundo p�rrafo del art�culo 87 dice a la letra:

"Art�culo 87. ...

Los contratos que deban registrarse conforme a esta ley, las normas oficiales mexicanas y dem�s disposiciones aplicables, y no se registren, as� como aquellos cuyo registro sea negado por la procuradur�a, no producir�n efectos contra el consumidor.

En relaci�n con la naturaleza de la figura jur�dica prevista en el segundo p�rrafo del art�culo 87, se entiende que es, por una parte, una causa de nulidad relativa del contrato y, por otra, el facultamiento al consumidor de oponer una excepci�n ante la eventual exigencia de pago por parte del proveedor. Su prop�sito es garantizar que los contratos se registren.

Se trata de una nulidad relativa, en tanto constituye una sanci�n instituida en ley que produce la ineficacia de los actos realizados en contra de las formas legales, pero que puede ser convalidada.

Este dispositivo debe ser visto en armon�a con los art�culos 78 y 79, fracci�n I, del C�digo de Comercio, que aunque establecen la regla general de que en materia contractual mercantil cada uno se obliga en los t�rminos en que aparece que quiso obligarse sin necesidad de agotar formalidades determinadas, introduce la excepci�n de que ello opera salvo que exista alguna forma o solemnidad prevista en el propio c�digo o cualesquiera otra ley que condicionen la eficacia del acuerdo de voluntades.

As�, el art�culo 2228 del C�digo Civil Federal (al cual cabe remitirse, en supletoriedad) previene que la falta de forma establecida por la ley produce la nulidad relativa del acto. Si se concede que el registro del contrato al que se refiere el art�culo 87, segundo p�rrafo, es una formalidad, debe aceptarse que su falta ocasiona la nulidad relativa. En ese tenor, es dable la convalidaci�n, al tenor de los numerales 2233 y 2234 del propio ordenamiento sustantivo.

Por otra parte, es una causa de nulidad que perjudica al proveedor y no al consumidor, quien puede aprovecharse de todos los efectos del contrato; ello se infiere de la propia redacci�n del precepto, que dispone que el contrato no registrado no surtir� efectos contra el consumidor, pero no proh�be el surtimiento de efectos en lo que le aprovechen.

Y ser�a il�gico que el no surtimiento de efectos alcanzara tambi�n al proveedor, porque es a �ste, y no al consumidor, a quien corresponde la carga de registrar el contrato, so pena, precisamente, de que no pueda aprovecharse de �l. El proveedor no podr�a aprovecharse de su propio dolo, alegando que, como el contrato no est� registrado, no puede dar cumplimiento al contrato celebrado con un consumidor, pues la obligaci�n de inscribirlo corre a su cargo. La circunstancia de que el consumidor pueda aprovecharse del contrato en lo que le beneficie, por lo dem�s, es acorde con el principio constitucional de protecci�n a la clase de los consumidores.

En ese orden, es claro que la prevenci�n contenida en el segundo p�rrafo del art�culo 87 de la ley reclamada es una causa de nulidad relativa que puede ser convalidada, que el consumidor puede aprovecharse de los efectos del contrato en lo que le beneficien, y que puede oponer una excepci�n en contra del proveedor, si eventualmente �ste lo demandara.

Se reitera el argumento de que existe vulneraci�n al r�gimen federal, en tanto que el art�culo 121, fracci�n II, constitucional dispone que los bienes muebles e inmuebles se rigen por la ley del lugar en que se ubican, esto es, la ley local de la entidad federativa donde se encuentre ubicado el bien inmueble objeto de compraventa, de manera que una norma federal, como el art�culo 87, tercerp�rrafo, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, al imponer ese requisito, lo contraviene.

El art�culo referido, en la parte que interesa es del tenor siguiente:

"Art�culo 121. ...

"II. Los bienes muebles e inmuebles se regir�n por la ley del lugar de su ubicaci�n.

III. Las sentencias pronunciadas por los tribunales de un Estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro Estado, s�lo tendr�n fuerza ejecutoria en �ste, cuando as� lo dispongan sus propias leyes.

La fracci�n II del art�culo preinserto dispone que la regulaci�n de los bienes es materia local, propia del derecho civil interno de cada entidad federativa; en concatenaci�n con el primer p�rrafo del mismo art�culo, y con las fracciones I y III, primer p�rrafo, se desprende que, adem�s, la regulaci�n de los procedimientos judiciales que versen sobre derechos reales es propia de cada entidad federativa.

As�, en virtud de dicho dispositivo cada Estado de la Rep�blica (y el Distrito Federal, se entiende) cuenta con un C�digo Civil que, para efectos de su propio territorio -y respetando el conjunto de dispositivos constitucionales que regulan la propiedad, como el art�culo 27-, regula aspectos tales como la forma de clasificar los bienes (inmuebles, muebles, mostrencos, vacantes, etc�tera) y los derechos reales que se ejercen sobre ellos (propiedad, usufructo, uso, las servidumbres o la posesi�n), y cuenta con leyes procesales que consignan procedimientos para resolver las controversias que deriven de derechos reales.

Como se aprecia, el alegato resulta infundado, al partir de una base falsa: que el dispositivo impugnado (art�culo 87, segundo p�rrafo) regula la materia contractual civil propia respecto de bienes inmuebles, esto es, que se trata de una norma sustantiva referida al contrato de compraventa de esa clase de bienes.

Y ello no es as�, pues la norma cuestionada contiene sin g�nero de duda una regulaci�n espec�fica de la materia mercantil y de protecci�n al consumidor, referida a los acuerdos de voluntades celebrados entre proveedores y consumidores sobre el fraccionamiento, construcci�n, promoci�n o venta de inmuebles destinados a casa-habitaci�n o de tiempo compartido.

En ese orden, no existe la posibilidad de contrastar el art�culo 87, tercer p�rrafo, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor con el 121, fracci�n II, de la Constituci�n, en tanto ambos se refieren a cuestiones diversas: por un lado, la norma federal sobre la materia de protecci�n al consumidor y que establece una obligaci�n a cargo de comerciantes y, por otro, una norma local sobre la materia de bienes.

En apoyo de las consideraciones precedentes, resulta oportuno citar algunos criterios, tanto del Pleno como de Sala, que permiten ver cu�l ha sido la interpretaci�n que esta Suprema Corte ha hecho del art�culo 121, fracci�n II, de la Carta Magna.

Tesis sustentadas por el Pleno de este Alto Tribunal, en su anterior integraci�n, visibles en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, Tomo XX, p�gina 1004, y la consultable en la S�ptima �poca, Vol�menes 217-228, Primera Parte, p�gina 13, respectivamente, que dicen:

"BIENES INMUEBLES. El hecho de que los bienes inmuebles est�n sujetos a la ley de su ubicaci�n, no pueden traer la consecuencia forzosa de que los tribunales de esa ubicaci�n, sean los competentes para conocer de las controversias que se susciten sobre aqu�llos, porque son cosas distintas las leyes relativas al r�gimen de la propiedad, y las concernientes a la jurisdicci�n de los tribunales. Las leyes territoriales versan, fundamentalmente, sobre la organizaci�n de la propiedad y por eso se dice que los inmuebles est�n siempre sujetos a la ley local de su ubicaci�n; estas leyes son inseparables de las ideas que han precedido a la constituci�n de la propiedad individual en cada Estado, son territoriales, porque el soberano local es el m�s interesado en su aplicaci�n. No existe inconveniente alguno para que tribunales de distinto Estado apliquen la ley territorial a una cuesti�n sometida a su jurisdicci�n, aun cuando el inmueble se encuentre dentro de otra entidad. Lo que no ser�a posible es que el juzgador aplicara su ley territorial sobre constituci�n de la propiedad inmobiliaria, trat�ndose de un inmueble ubicado en otra entidad, teor�a que se conforma con lo que manda el art�culo 121 constitucional, cuando dispone que las sentencias pronunciadas por tribunales de un Estado, sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro, tendr�n fuerza ejecutoria en �ste, cuando as� lo dispongan sus propias leyes. En otros t�rminos, el juicio puede substanciarse, aun cuando verse sobre bienes inmuebles ubicados fuera de la jurisdicci�n del J.; pero la ejecuci�n forzada del fallo queda sujeta a lo que dispongan las leyes del Estado en donde tal ejecuci�n ha de realizarse. En resumen: las leyes de un Estado s�lo tienen efecto en su propio territorio y no son obligatorias fuera de �l; pero esto no impide que se pueda aplicar la ley de un Estado fuera de su territorio y por tribunales ajenos a la misma, cuando as� se haya estipulado, o cuando corresponda legalmente hacerlo, por la naturaleza de los bienes en litigio; los bienes muebles e inmuebles se rigen por la ley de su ubicaci�n en lo que se refiere al r�gimen de la organizaci�n de la propiedad, pero por lo que toca a la capacidad de los contratantes, a la existencia del acto y a su prueba, se aplica el principio locus regit actum."

ART�CULO 121 CONSTITUCIONAL. NO ESTABLECE BASES PARA LA DIVISI�N DE PODERES TRIBUTARIOS ENTRE LA FEDERACI�N Y LOS ESTADOS. El art�culo 121 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos es el cimiento establecido por el federalismo para que pueda aplicarse de manera ordenada y arm�nica el derecho de un Estado de la Federaci�n en otro y constituye tambi�n el ligamento de los diversos ordenamientos jur�dicos estatales. Sin los principios que sienta, los Estados no tendr�an la obligaci�n de reconocer como v�lidas las leyes de los otros miembros de la Federaci�n. Espec�ficamente, la fracci�n II de dicho precepto, al asentar que ?los bienes muebles e inmuebles se regir�n por la ley del lugar de su ubicaci�n?, establece la base de que en todos los Estados miembros se dar� entera fe y cr�dito a los actos p�blicos, registros y procedimientos judiciales que referidos a dichos bienes provengan del Estado donde se hallan, teniendo plenos efectos si est�n conformes con el ordenamiento jur�dico de dicho Estado. Consecuentemente, el art�culo 121, fracci�n II, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, es ajeno a la formulaci�n de reglas de divisi�n de poderes en materia tributaria, y s�lo establece bases o principios para prevenir posibles diferencias entre los Estados, mas no entre la Federaci�n y uno de sus miembros.

Asimismo, es ilustrativa la tesis de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n consultable con el n�mero 1a. XLII/2000, en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., correspondiente al mes de diciembre de 2000, p�gina 256:

PROPIEDAD PRIVADA, MODALIDADES A LA. EL CONGRESO DE LA UNI�N NO ES EL �NICO FACULTADO PARA IMPONERLAS, EN T�RMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ART�CULO 27 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL. Si bien es cierto que el Congreso de la Uni�n est� facultado legalmente para imponer las modalidades a la propiedad privada, a trav�s de las leyes que expida, tambi�n lo es que dicha facultad legislativa no opera en todos los casos, pues es menester para ello que el inter�s p�blico que legitime constitucionalmente la imposici�n de la modalidad, incida en alguno de los ramos o materias que formen el cuadro competencial del citado Congreso; de manera tal que si, por el contrario, el ramo o materia incumbe legislativamente a los Congresos de los Estados por virtud del principio contenido en el art�culo 124 de la Constituci�n Federal, las leyes que impongan modalidades a la propiedad privada pueden provenir de �stos, lo que encuentra apoyo en lo previsto en la fracci�n II del art�culo 121 de la Ley Fundamental que consagra el principio lex rei sitae, al disponer que los bienes muebles e inmuebles se regir�n por la ley del lugar de su ubicaci�n. As�, al ser evidente que la propiedad es un derecho real que se ejerce sobre un bien mobiliario o inmobiliario, sin el cual tal derecho ser�a inconcebible, la imposici�n de modalidades a la propiedad repercute necesariamente en su objeto constituido por dichos bienes en cuanto a la manera o forma de usarlos, disfrutarlos y disponer de ellos. De ah� que respecto de los bienes muebles e inmuebles que se ubiquen dentro de su territorio, las Legislaturas Locales pueden dictar las leyes que regulen su uso, goce y disponibilidad, siempre que el inter�s p�blico que funde dicha regulaci�n no concierna a ninguno de los ramos o materias que sean de la competencia constitucional del Congreso de la Uni�n, integrada por las facultades expresas e impl�citas de dicho �rgano legislativo federal, pues considerar lo contrario, es decir, que el mencionado Congreso, en todos los casos, es el �nico facultado para imponer modalidades a la propiedad privada en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 27 constitucional, implicar�a un impedimento para aqu�llas de establecer las modalidades necesarias en funci�n del inter�s p�blico.

Por �ltimo, debe atenderse al criterio de la Sala Auxiliar de este Alto Tribunal, en su anterior integraci�n, publicada en el Informe de 1969, S�ptima �poca, p�gina 96, que es del tenor literal siguiente:

"IMPUESTOS, EL ART�CULO 121 CONSTITUCIONAL, F.I., NO IMPIDE LA CREACI�N DE, RESPECTO A BIENES MUEBLES O INMUEBLES O SUS PRODUCTOS, POR RAZ�N DEL LUGAR DE SU UBICACI�N. Es inexacto que a virtud de ?que los bienes muebles e inmuebles se regir�n por la ley del lugar de su ubicaci�n?, seg�n los t�rminos de la fracci�n II del art�culo 121 de la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica, no puedan decretarse impuestos con respecto a ellos o al producto que se obtiene de los mismos, mediante la concertaci�n de un contrato de arrendamiento o de cualquiera otro contrato de diversa naturaleza. En rigor, la disposici�n constitucional invocada es de aplicaci�n a leyes no impositivas, generalmente civiles, m�xime que la facultad del Congreso de la Uni�n provenientes de la celebraci�n de determinados contratos de arrendamiento o de cualquier otro acto relacionado con el capital o el trabajo, o en funci�n de �stos, est� consignada en la fracci�n VII del art�culo 73 de la mencionada Constituci�n, lo que funda la imposici�n de cargos fiscales en esas materias."

Otro tanto cabe decir de la supuesta vulneraci�n al art�culo 124 en relaci�n con el 73 constitucionales.

Conforme al citado 124, seg�n se vio, "Las facultades que no est�n expresamente concedidas por esta Constituci�n a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados."; el 73 establece la competencia para legislar por materia del Congreso de la Uni�n. Como en este precepto no se confiere al Congreso la facultad de regular la materia de bienes inmuebles, �sta se entiende reservada a los Estados.

Y ello es correcto, pero de all� no se desprende la inconstitucionalidad por violaci�n al r�gimen federativo del art�culo 87, tercer p�rrafo, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, pues �ste, como se ha visto, regula un aspecto referido a la actuaci�n de los proveedores (comerciantes) en beneficio de los consumidores, muy diverso de la regulaci�n en materia de bienes que, en efecto, es propia de las leyes locales de cada entidad federativa.

Por lo dem�s, como se ha visto, el Congreso s� tiene facultades para legislar en materia contractual mercantil y de protecci�n a los consumidores, seg�n se desprende, primordialmente, de los art�culos 28 y 73 constitucionales.

2) En cuanto al alegato, seg�n el cual las normas impugnadas son privativas, debe se�alarse que, tal como se estableci� en el considerando sexto, n�mero 3, inciso A), del presente fallo, resulta infundado el argumento planteado por la quejosa, ahora recurrente.

Lo infundado del argumento se sustenta, esencialmente, en que no se advierte que los art�culos impugnados sean disposiciones que formen un sistema privativo que cause perjuicio a la quejosa, porque dichos preceptos no se dirigen a ella en forma espec�fica, esto es, no regulan s�lo los actos de la empresa quejosa, sino que sus dispositivos se dirigen a un sector indeterminado de proveedores, siendo esa indeterminaci�n lo que le da el car�cter de ley general y abstracta.

Por lo dem�s, los mismos no constituyen ning�n fuero o privilegio alguno en favor de los consumidores porque, contrariamente a la naturaleza del fuero, los consumidores no quedan excluidos de la observancia de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, la que, adem�s, no erige a la Procuradur�a Federal del Consumidor como un tribunal especial u �rgano creado exprofeso con posterioridad a determinados hechos para juzgarlos, concluyendo sus labores una vez dictado el fallo correspondiente, por el contrario, dicha instituci�n se define como un organismo del Poder Ejecutivo Federal con facultades para dirimir en la v�a administrativa controversias suscitadas con posterioridad a la vigencia de la ley.

3) Tampoco asiste la raz�n a la quejosa cuando afirma que los art�culos reclamados vulneran la garant�a de libre disposici�n de la propiedad, por las siguientes razones.

A fin de precisar lo que debe entenderse por limitante y modalidad a la propiedad privada resulta ilustrativa la tesis de jurisprudencia de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en su anterior integraci�n, publicada en la S�ptima �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, Vol�menes 157-162, Primera Parte, p�gina 315, que a continuaci�n se transcribe:

PROPIEDAD PRIVADA, MODALIDAD A LA. ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE SE CONFIGURE. Por modalidad a la propiedad privada debe entenderse el establecimiento de una norma jur�dica de car�cter general y permanente que modifique, esencialmente, la forma de ese derecho. Son, pues, elementos necesarios para que se configure la modalidad, primero, el car�cter general y permanente de la norma que la impone y el segundo, la modificaci�n sustancial del derecho de propiedad en su concepci�n vigente. El primer elemento requiere que la regla jur�dica se refiera al derecho de propiedad sin especificar ni individualizar cosa alguna, es decir, que introduzca un cambio general en el sistema de propiedad y, a la vez, que esa norma llegue a crear una situaci�n jur�dica estable. El segundo elemento implica una limitaci�n o transformaci�n del derecho de propiedad; as�, la modalidad viene a ser un t�rmino equivalente a limitaci�n o transformaci�n. El concepto de modalidad a la propiedad privada se aclara con mayor precisi�n si se estudia desde el punto de vista de los efectos que produce en relaci�n con los derechos del propietario. Los efectos de la modalidad que se imponga a la propiedad privada consisten en una extinci�n parcial de los atributos del propietario, de manera que �ste no sigue gozando, en virtud de las limitaciones estatuidas por el Poder Legislativo, de todas las facultades inherentes a la extensi�n actual de su derecho.

De igual forma, debe atenderse a la tesis aislada sustentada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consultable con el n�mero 1a. XLI/2000, en la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., correspondiente al mes de diciembre de 2000, p�gina 257, que a la letra dice:

PROPIEDAD PRIVADA, MODALIDADES A LA. SU IMPOSICI�N, CONFORME AL ART�CULO 27 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL, EST� REFERIDA A LOS DERECHOS REALES QUE SE TENGAN SOBRE LA COSA O EL BIEN. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, Vol�menes 157-162, Primera Parte, p�gina 315, de rubro: ?PROPIEDAD PRIVADA, MODALIDAD A LA. ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE SE CONFIGURE.?, estableci� que por modalidad a la propiedad privada debe entenderse el establecimiento de una norma jur�dica de car�cter general y permanente que modifique, esencialmente, la forma de ese derecho y que sus efectos consisten en una extinci�n parcial de los atributos del propietario, de manera que �ste no sigue gozando, en virtud de las limitaciones estatuidas por el Poder Legislativo, de todas las facultades inherentes a la extensi�n actual de su derecho. De lo anterior puede estimarse que la imposici�n de modalidades a la propiedad privada se traduce necesariamente en la supresi�n o en la limitaci�n de alguno de los derechos reales inherentes y consustanciales a ella, como lo son el derecho a usar la cosa, el de disfrutar de la misma y el de disponer de �sta, de manera que s�lo a trav�s de estos elementos puede existir la posibilidad de que se impongan las referidas modalidades y no simplemente cuando se afecte de cualquier manera la cosa o bien, pues debe tenerse en cuenta que no es lo mismo la materia de un derecho, que el derecho en cuanto tal; es decir, la imposici�n de modalidades a una cosa o bien no equivale a la imposici�n de modalidades a los derechos reales que sobre dicha cosa o bien se tengan, sino s�lo en la medida que �stos se limiten o restrinjan.

Ahora bien, como se ha precisado, los art�culos impugnados regulan los actos de los proveedores que sean fraccionadores, constructores, promotores y dem�s personas que intervengan en la asesor�a y venta al p�blico de viviendas destinadas a casa-habitaci�n y de tiempo compartido, as� como los requisitos que deben contener esos actos y los contratos de adhesi�n respectivos, el deber de registrarlos ante la Procuradur�a Federal del Consumidor y las diversas obligaciones a que se encuentran sujetos sus destinatarios al desarrollar esta actividad.

Con base en lo anterior, puede afirmarse que los preceptos reclamados no establecen ni regulan modalidades o limitaciones que impidan la libre disposici�n de la propiedad de bienes inmuebles ubicados en el Distrito Federal o en las entidades federativas, pues la ley que contiene tales dispositivos tildados de inconstitucionales no constituye el sistema jur�dico en el que se establecen las diversas instituciones y principios que rigen los actos y hechos entre particulares, en cuanto a la propiedad, posesi�n y derechos reales, entre otras figuras jur�dicas propias del derecho civil o mercantil que regulan en sus aspectos sustantivos a �stas, ya que la obligaci�n de insertar determinadas cl�usulas o datos en los contratos de compraventa no puede implicar una modalidad o limitante que incida en el objeto del contrato que es el inmueble mismo y los derechos que sobre �l tenga la empresa vendedora, pues en todo caso la compraventa del inmueble se puede realizar con s�lo cumplir lo exigido por la ley reclamada; por tanto, no se dan las figuras pretendidas por la recurrente, ya que, como se expres� con antelaci�n, una modalidad a la propiedad implica la extinci�n parcial de los atributos del propietario como son poder usar, disfrutar y disponer de la cosa, de manera que �ste no pueda seguir gozando, en virtud de las limitaciones establecidas por el legislador, de todas las facultades inherentes a la misma, lo que no ocurre en la especie.

Adem�s, es evidente que en cualquier acto jur�dico traslativo de dominio (como lo es la venta de inmuebles), el propietario que transmite la cosa se ver� mermado en la disponibilidad de �sta, desde el momento en que la enajena, sin que en ello sea aplicable la ley reclamada.

Por otra parte, los preceptos impugnados de ninguna manera limitan a la recurrente a disponer de sus bienes inmuebles, pues �sta es libre de llevar a cabo las transacciones que estime convenientes, con la �nica salvedad de que el contrato re�na los requisitos establecidos en dichosart�culos que regulan la comercializaci�n del bien inmueble y en nada afectan la propiedad del proveedor del inmueble como tal.

En esas condiciones, es claro que los art�culos reclamados no son violatorios del art�culo 27 de la Constituci�n Federal y, por ende, es infundado el agravio en estudio.

Resulta aplicable al caso, por su sentido, la tesis de jurisprudencia de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en su anterior integraci�n, visible con el n�mero P./J. 28/92, en la Octava �poca, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, N�mero 57, correspondiente al mes de septiembre de 1992, p�gina 14, que es del tenor literal siguiente:

FRACCIONAMIENTOS. EL ART�CULO 77, F.I., DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE PUEBLA, NO VIOLA EL ART�CULO 27 CONSTITUCIONAL. El precepto legal mencionado no viola el art�culo 27 constitucional al prescribir que los fraccionadores, en su car�cter de vendedores, no pueden exigir de los compradores, en caso de falta de pago o de incumplimiento de sus obligaciones, la rescisi�n de los contratos de compraventa a plazos, pues ello no implica una modalidad a la propiedad privada, toda vez que el quejoso no la tiene respecto del bien objeto de la compraventa. En efecto, una modalidad de la propiedad privada se traduce en la extinci�n parcial de las facultades del propietario de usar, disfrutar y disponer de la cosa, lo que no ocurre en la hip�tesis examinada puesto que para ello ser�a necesario que el vendedor, con posterioridad a la celebraci�n del contrato fuera propietario del inmueble objeto del mismo. Ahora bien, teniendo en cuenta que el vendedor, no obstante que se trate de un contrato de compraventa a plazos transfiere el dominio de la cosa desde el momento en que las partes convienen en precio y cosa, resulta claro que el precepto citado no puede implicar una modalidad a la propiedad privada violatoria del precepto constitucional citado, ?sino, en todo caso, una modalidad a las obligaciones derivadas del contrato de compraventa consistente en no poder estipular el pacto comisorio en el contrato, as� como tampoco exigir la rescisi�n del mismo.?.

4) Resulta, asimismo, infundado el agravio seg�n el cual las normas impugnadas obligan a la quejosa a someterse a la competencia de la Procuradur�a Federal del Consumidor, torn�ndose forzoso el arbitraje. Ello es as�, si se atiende a las siguientes consideraciones:

El art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece que:

"Art�culo 17. Ninguna persona podr� hacerse justicia por s� misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estar�n expeditos para impartirla en los plazos y t�rminos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio ser� gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

"Las leyes federales y locales establecer�n los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecuci�n de sus resoluciones.

"Nadie puede ser aprisionado por deudas de car�cter puramente civil."

El precepto constitucional transcrito prev�, fundamentalmente, cinco garant�as:

1) La prohibici�n de la autotutela o "hacerse justicia por propia mano";

2) El derecho a la tutela jurisdiccional;

3) La abolici�n de costas judiciales;

4) La independencia judicial; y,

5) La prohibici�n de la prisi�n por deudas del orden civil.

Para efectos del presente estudio �nicamente se analizar� el derecho a la tutela jurisdiccional que puede definirse como el derecho p�blico subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y t�rminos que fijen las leyes, para comparecer ante tribunales independientes e imparciales para que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial y, en su caso, para que se ejecute la resoluci�n.

En acatamiento a esta garant�a, el poder p�blico (Ejecutivo, Legislativo o Judicial) no debe obstaculizar el acceso a los tribunales.

La reserva legal, en virtud de la cual el precepto constitucional se�ala que la justicia se administrar� en los plazos y t�rminos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional, sino que, con esa reglamentaci�n, debe perseguir la consecuci�n de sus fines.

En consecuencia, si un ordenamiento secundario establece obst�culos al gobernado para hacer valer el derecho a la justicia, el legislador, en ejercicio de las facultades delegadas, estar�a transgrediendo los fines que persigue el precepto constitucional.

Pues bien, ni la existencia de periodos conciliatorios ni el arbitraje obstaculizan el acceso a la justicia, puesto que permiten resolver una controversia antes de ser llevada ante los tribunales, o act�an como v�a alterna de soluci�n de conflictos. Se insiste, ni la conciliaci�n ni el arbitraje est�n prohibidos en el Estado de derecho; por el contrario, son instituciones auxiliares muy importantes dentro de la sociedad, porque sin desdoro de la disposici�n de los tribunales para impartir justicia, aquellas alternativas alivian la carga de litigios formales.

En el derecho mexicano son aceptados el procedimiento conciliatorio y el arbitraje en varias materias, como la civil y la laboral; en la materia mercantil, que es dentro de la cual opera la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, la conciliaci�n y el arbitraje datan de tiempo atr�s; en la actualidad encuentran su fundamento en los art�culos 1051 y 1052 del C�digo de Comercio, que establecen:

"Art�culo 1051. El procedimiento mercantil preferente a todos es el que libremente convengan las partes con las limitaciones que se se�alan en este libro, pudiendo ser un procedimiento convencional ante tribunales o un procedimiento arbitral.

"La ilegalidad del pacto o su inobservancia cuando est� ajustado a ley, pueden ser reclamadas en forma incidental y sin suspensi�n del procedimiento, en cualquier tiempo anterior a que se dicte el laudo o sentencia.

"El procedimiento convencional ante tribunales se regir� por lo dispuesto en los art�culos 1052 y 1053, y el procedimiento arbitral por las disposiciones del t�tulo cuarto de este libro."

Art�culo 1052. Los tribunales se sujetar�n al procedimiento convencional que las partes hubieren pactado siempre que el mismo se hubiere formalizado en escritura p�blica, p�liza ante corredor o ante el J. que conozca de la demanda en cualquier estado del juicio, y se respeten las formalidades esenciales del procedimiento.

Aunque la quejosa no menciona en su recurso de revisi�n a qu� art�culo se refiere cuando menciona que se le obliga al arbitraje forzoso, es claro que se refiere al art�culo 86, a prop�sito del cual le fue negado el amparo. Ahora bien, a fin de determinar si dicho art�culo transgrede o no el derecho a la tutela jurisdiccional en comento, es menester transcribir dicho precepto secundario.

"Art�culo 86. La secretar�a, mediante normas oficiales mexicanas podr� sujetar contratos de adhesi�n a registro previo ante la procuradur�a cuando impliquen o puedan implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o altas probabilidades de incumplimiento.

"Las normas podr�n referirse a cualesquiera t�rminos y condiciones, excepto precio.

Los contratos de adhesi�n sujetos a registro deber�n contener una cl�usula en la que se determine que la procuradur�a ser� competente en la v�a administrativa para resolver cualquier controversia que se suscite sobre la interpretaci�n o cumplimiento de los mismos. Asimismo, deber�n se�alar el n�mero de registro otorgado por la procuradur�a.

Conforme al precepto preinserto se advierte que en su �ltimo p�rrafo establece que en los contratos de adhesi�n sujetos a registro debe insertarse una cl�usula en la que se establezca que la Procuradur�a Federal del Consumidor es competente en la v�a administrativa para resolver las controversias sobre interpretaci�n o cumplimiento de los citados contratos de adhesi�n.

Debe tenerse en cuenta que la parte quejosa se encuentra obligada a cumplir con tal disposici�n, en virtud de que debe registrar ante la citada procuradur�a los contratos que celebre en raz�n de su objeto social, es decir, los relacionados con inmuebles, en su calidad de proveedora que se dedica a la construcci�n y venta al p�blico de bienes inmuebles destinados a casa-habitaci�n, de acuerdo a lo previsto en el diverso art�culo 73 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, que establece:

"Art�culo 73. Los actos relacionados con inmuebles s�lo estar�n sujetos a esta ley, cuando los proveedores sean fraccionadores, constructores, promotores y dem�s personas que intervengan en la asesor�a y venta al p�blico de viviendas destinadas a casa habitaci�n o cuando otorguen al consumidor el derecho de usar inmuebles mediante el sistema de tiempo compartido, en los t�rminos de los art�culos 64 y 65 de la presente ley.

Los contratos relacionados con las actividades a que se refiere el p�rrafo anterior, deber�n registrarse ante la procuradur�a.

En ese contexto, diversos ordenamientos legales de la esfera administrativa facultan a las autoridades administrativas a llevar a cabo funciones de arbitraje de estricto derecho para la soluci�n de controversias; as�, el art�culo 117 de la ley reclamada se�ala que la Procuradur�a Federal del Consumidor podr� actuar como �rbitro entre consumidores y proveedores cuando los interesados as� la designen y sin necesidad de reclamaci�n o procedimiento conciliatorio previo.

Ello es as�, en tanto que para dirimir las controversias suscitadas entre proveedores y consumidores la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor en comento prev� los procedimientos conciliatorio y arbitral, regulados en los art�culos 111 a 122, cuya transcripci�n se estima conveniente realizar.

"Art�culo 111. La procuradur�a se�alar� d�a y hora para la celebraci�n de una audiencia de conciliaci�n en la que se procurar� avenir los intereses de las partes, la cual deber� tener lugar, por lo menos, cuatro d�as despu�s de la fecha de notificaci�n de la reclamaci�n al proveedor.

(Reformado, D.O.F. 4 de febrero de 2004)

"La conciliaci�n podr� celebrarse v�a telef�nica o por otro medio id�neo, en cuyo caso la procuradur�a o las partes podr�n solicitar que se confirmen por escrito los compromisos adquiridos."

"Art�culo 112. En caso de que el proveedor no se presente a la audiencia o no rinda informe relacionado con los hechos, se le impondr� medida de apremio y se citar� a una segunda audiencia, en un plazo no mayor de 10 d�as, en caso de no asistir a �sta se le impondr� una nueva medida de apremio y se tendr� por presuntamente cierto lo manifestado por el reclamante.

"En caso de que el reclamante no acuda a la audiencia de conciliaci�n y no presente dentro de los siguientes 10 d�as justificaci�n fehaciente de su inasistencia, se tendr� por desistido de la reclamaci�n y no podr� presentar otra ante la procuradur�a por los mismo (sic) hechos."

(Reformado, D.O.F. 4 de febrero de 2004)

"Art�culo 113. Previo reconocimiento de la personalidad y de la relaci�n contractual entre las partes el conciliador expondr� a las partes un resumen de la reclamaci�n y del informe presentado, se�alando los elementos comunes y los puntos de controversia, y las exhortar� para llegar a un arreglo. Sin prejuzgar sobre el conflicto planteado, les presentar� una o varias opciones de soluci�n, salvaguardando los derechos del consumidor.

"Trat�ndose de bienes o servicios de prestaci�n o suministro peri�dicos tales como energ�a el�ctrica, gas o telecomunicaciones, el solo inicio del procedimiento conciliatorio suspender� cualquier facultad del proveedor de interrumpir o suspender unilateralmente el cumplimiento de sus obligaciones en tanto concluya dicho procedimiento."

(Reformado, D.O.F. 4 de febrero de 2004)

"Art�culo 114. El conciliador podr� en todo momento requerir a las partes los elementos de convicci�n que estime necesarios para la conciliaci�n, as� como para el ejercicio de las atribuciones que a la procuradur�a le confiere la ley. Asimismo, podr� acordar la pr�ctica de diligencias que permitan acreditar los hechos constitutivos de la reclamaci�n. Las partes podr�n aportar las pruebas que estimen necesarias para acreditar los elementos de la reclamaci�n y del informe.

"El conciliador podr� suspender cuando lo estime pertinente o a instancia de ambas partes, la audiencia de conciliaci�n hasta en tres ocasiones. Asimismo, podr� requerir la emisi�n de un dictamen a trav�s del cual se cuantifique en cantidad l�quida la obligaci�n contractual.

"En caso de que se suspenda la audiencia, el conciliador se�alar� d�a y hora para su reanudaci�n, dentro de los quince d�as siguientes, donde en su caso, har� del conocimiento de las partes el dictamen correspondiente, las cuales podr�n formular durante la audiencia observaciones al mismo.

"La procuradur�a podr� emitir un acuerdo de tr�mite que contenga el dictamen a que se refieren los p�rrafos anteriores, que constituir� t�tulo ejecutivo no negociable a favor del consumidor, siempre y cuando la obligaci�n contractual incumplida que en �l se consigne sea cierta, exigible y l�quida a juicio de la autoridad judicial, ante la que el proveedor podr� controvertir el monto del t�tulo, presentar las pruebas y oponer las excepciones que estime convenientes.

"De toda audiencia se levantar� el acta respectiva. En caso de que el proveedor no firme el acta, ello no afectar� su validez, debi�ndose hacer constar dicha negativa.

"Para la sustanciaci�n del procedimiento de conciliaci�n a que se refiere el presente cap�tulo, se aplicar� supletoriamente el C�digo Federal de Procedimientos Civiles."

(Adicionado, D.O.F. 4 de febrero de 2004)

"Art�culo 114 bis. El dictamen a que se refiere el art�culo anterior se efectuar� en base a las siguientes consideraciones:

"I. Se calcular� el monto de la obligaci�n contractual, atendiendo a las cantidades originalmente pactadas por las partes;

"II. Se analizar� el grado de cumplimiento efectuado por el proveedor con relaci�n a la obligaci�n objeto del procedimiento;

"III. Con los datos antes se�alados, se estimar� la obligaci�n incumplida y, en su caso, la bonificaci�n a que se refiere el art�culo 92 ter, y

"IV. La bonificaci�n se�alada en la fracci�n anterior, se calcular� conforme al siguiente criterio:

"a) En los casos en que el consumidor hubiere entregado la totalidad del monto de la operaci�n al proveedor, la bonificaci�n ser� del 30% del monto de la obligaci�n contractual que se determine en el dictamen;

"b) Cuando el consumidor hubiere entregado m�s del 50% de la totalidad del monto de la operaci�n al proveedor, la bonificaci�n ser� del 25% del monto de la obligaci�n contractual que se determine en el dictamen;

"c) En los supuestos en los que el consumidor hubiere entregado hasta el 50% de la totalidad del monto de la operaci�n al proveedor, la bonificaci�n ser� del 20% del monto de la obligaci�n contractual que se determine en el dictamen, y

"d) En los dem�s casos, la bonificaci�n correspondiente ser� del 20% del monto de la obligaci�n contractual que se determine en el dictamen.

"Las bonificaciones se�aladas con anterioridad, se fijar�n sin perjuicio de las sanciones a que se hubiese hecho acreedor el proveedor o de que sean modificadas por la autoridad judicial."

(Adicionado, D.O.F. 4 de febrero de 2004)

"Art�culo 114 ter. El dictamen emitido deber� contener lo siguiente:

"I.L. y fecha de emisi�n;

"II. I.�n de quien emite el dictamen;

"III. Nombre y domicilio del proveedor y del consumidor;

"IV. La obligaci�n contractual y tipo de bien o servicio de que se trate;

"V. El monto original de la operaci�n y materia de la reclamaci�n;

"VI. La determinaci�n del importe de las obligaciones a cargo del proveedor, y

"VII. La cuantificaci�n l�quida de la bonificaci�n al consumidor.

"La determinaci�n del importe consignado en el dictamen, para efectos de ejecuci�n se actualizar� por el transcurso del tiempo desde el momento en que se emiti� hasta el momento en que se pague, tomando en consideraci�n los cambios de precios en el pa�s, de conformidad con el factor de actualizaci�n que arroje el �ndice Nacional de Precios al Consumidor que mensualmente d� a conocer el Banco de M�xico.

"La acci�n ejecutiva derivada del dictamen prescribir� a un a�o de su emisi�n."

"Art�culo 115. Los acuerdos de tr�mite que emita el conciliador no admitir�n recurso alguno.

"Los convenios celebrados por las partes ser�n aprobados por la procuradur�a cuando no vayan en contra de la ley, y el acuerdo que los apruebe no admitir� recurso alguno."

(Reformado primer p�rrafo, D.O.F. 4 de febrero de 2004)

"Art�culo 116. En caso de no haber conciliaci�n, el conciliador exhortar� a las partes para que designen como �rbitro a la procuradur�a o a alg�n �rbitro independiente para solucionar el conflicto. Para efectos de este �ltimo caso, la procuradur�a podr� poner a disposici�n de las partes informaci�n sobre �rbitros independientes.

"En caso de no aceptarse el arbitraje se dejar�n a salvo los derechos de ambas partes."

(Reformado, D.O.F. 4 de febrero de 2004)

"Art�culo 117. La procuradur�a podr� actuar como �rbitro entre consumidores y proveedores cuando los interesados as� la designen y sin necesidad de reclamaci�n o procedimiento conciliatorio previos, observando los principios de legalidad, equidad y de igualdad entre las partes.

(Actualizado en su monto, D.O.F. 21 diciembre 2004)

"Cuando se trate de aquellas personas f�sicas o morales a que se refiere la fracci�n primera del art�culo 2o. de esta ley, que adquieren, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producci�n, transformaci�n, comercializaci�n o prestaci�n de servicios a terceros, la procuradur�a podr� fungir como �rbitro siempre que el monto de lo reclamado no exceda de $310,402.20."

"Art�culo 118. La designaci�n de �rbitro se har� constar mediante acta ante la procuradur�a, en la que se se�alar�n claramente los puntos esenciales de la controversia y si el arbitraje es en estricto derecho o en amigable composici�n."

"Art�culo 119. En la amigable composici�n se fijar�n las cuestiones que deber�n ser objeto del arbitraje y el �rbitro tendr� libertad para resolver en conciencia y a buena fe guardada, sin sujeci�n a reglas legales, pero observando las formalidades esenciales del procedimiento. El �rbitro tendr� la facultad de allegarse todos los elementos que juzgue necesarios para resolver las cuestiones que se le hayan planteado. No habr� t�rminos ni incidentes."

(Reformado, D.O.F. 4 de febrero de 2004)

"Art�culo 120. En el juicio arbitral de estricto derecho las partes formular�n compromiso en el que fijar�n las reglas del procedimiento, acordes con los principios de legalidad; equidad e igualdad entre las partes. En el caso de que las partes no las propongan o no se hayan puesto de acuerdo, el �rbitro las establecer�. En todo caso se aplicar� supletoriamente el C�digo de Comercio y a falta de disposici�n en dicho c�digo, el ordenamiento procesal civil local aplicable."

"Art�culo 121. El laudo arbitral emitido por la procuradur�a o por el �rbitro designado por las partes deber� cumplimentarse o, en su caso, iniciar su cumplimentaci�n dentro de los quince d�as siguientes a la fecha de su notificaci�n, salvo pacto en contrario."

(Reformado, D.O.F. 4 de febrero de 2004)

"Art�culo 122. Las resoluciones que se dicten durante el procedimiento arbitral admitir�n como �nico recurso el de revocaci�n, que deber� resolverse por el �rbitro designado en un plazo no mayor de tres d�as. El laudoarbitral s�lo estar� sujeto a aclaraci�n dentro de los dos d�as siguientes a la fecha de su notificaci�n."

De la lectura de estas disposiciones se advierte que la Procuradur�a Federal del Consumidor es competente en la v�a administrativa para resolver cualquier diferencia que se suscite entre proveedores y consumidores, ya sea de manera inicial por el procedimiento conciliatorio o, si no se logra la avenencia de las partes, mediante el arbitraje, siempre y cuando lo acepten ambas partes, ya que bastar� con que una no est� de acuerdo para que se dejen a salvo sus derechos.

De lo hasta aqu� expuesto se tiene, por una parte, que los procedimientos previstos en la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor para dirimir las diferencias entre proveedores y consumidores son el conciliatorio y el arbitral, previstos en sus art�culos 111 a 122, los cuales son de agotamiento optativo.

Es importante destacar que los art�culos acabados de mencionar no s�lo prescriben el procedimiento relativo a la conciliaci�n y al arbitraje, sino que tambi�n se�alan qui�nes pueden fungir como �rbitros a opci�n de las partes; el art�culo 116 es claro al respecto, ya que rehusada la conciliaci�n, "el conciliador exhortar� a las partes para que designen como �rbitro a la procuradur�a o a alg�n �rbitro independiente para solucionar el conflicto. Para efectos de este �ltimo caso, la procuradur�a podr� poner a disposici�n de las partes informaci�n sobre �rbitros independientes".

Tambi�n debe subrayarse que los procedimientos conciliatorios y arbitral constituyen la v�a administrativa para resolver cualquier controversia que se suscite entre proveedor y consumidor.

Del cotejo de las reglas generales a que se refieren dichas disposiciones con el art�culo 86, �ltimo p�rrafo, reclamado, se advierte que en la cl�usula que se exige poner en los contratos de adhesi�n se debe decir que la Procuradur�a Federal del Consumidor ser� competente en la v�a administrativa para resolver cualquier controversia que se suscite sobre la interpretaci�n o cumplimiento de dichos contratos.

De aqu� se infiere que esta disposici�n no tiene los alcances que le atribuye la parte recurrente, pues en ning�n momento transforma el arbitraje en obligatorio -no dice eso-, ni tampoco proh�be a las partes acudir ante los tribunales para dirimir la controversia, y mucho menos revoca la opci�n de rehusar el arbitraje.

La �nica modificaci�n que introduce esta reforma al p�rrafo �ltimo del art�culo 86, en lo que importa, es que en la cl�usula del contrato de adhesi�n se debe nombrar a la multicitada procuradur�a competente para resolver la controversia en la v�a administrativa, ya demarcada por los art�culos 111 y siguientes de la ley, pues no hay otra, pero las partes, en el aspecto examinado, ya no pueden nombrar a �rbitros independientes como permite el art�culo 116 como regla general.

En suma, la interpretaci�n conforme y arm�nica de los preceptos mencionados permite considerar que la �nica modificaci�n al sistema introducida por el art�culo 86, en la parte que se viene examinando, en que las partes ya no pueden escoger, en caso de que admitan el arbitraje, a �rbitros distintos de la Procuradur�a Federal del Consumidor, con lo cual no se violan la garant�as invocadas por la parte recurrente, pues no impide ni retrasa el acceso a la justicia de los proveedores justiciables, en raz�n de que no proh�be que las partes se sometan a las instancias judiciales correspondientes, sino que s�lo puntualiza que si las partes en conflicto optan por la v�a administrativa a trav�s del arbitraje, la autoridad administrativa que tiene competencia para conocer de esas controversias es la Procuradur�a Federal del Consumidor, competencia que ya ten�a desde antes de la reforma.

5) Finalmente, la recurrente alega que el art�culo 73 ter, fracci�n V, impugnado, es violatorio de la garant�a de libertad contractual, porque se�ala que se deber� precisar el precio del bien en moneda nacional o extranjera, excluyendo la posibilidad de que se haga en salarios m�nimos, medida que se utiliza por las instituciones p�blicas de financiamiento de vivienda.

El precepto aludido se�ala expresamente:

"Art�culo 73 ter. El contrato que se pretenda registrar en los t�rminos del p�rrafo segundo del art�culo 73, deber� cumplir al menos, con los siguientes requisitos:

"...

"V. Precisar las cantidades de dinero en moneda nacional, sin perjuicio de que puedan ser expresadas tambi�n en moneda extranjera; en el caso de que las partes no acuerden un tipo de cambio determinado, se estar� al tipo de cambio que rija en el lugar y fecha en que se realice el pago, de conformidad con la legislaci�n aplicable."

Resulta infundado el argumento que se estudia, si se tiene en cuenta que la norma cuestionada contiene una regulaci�n espec�fica de la materia contractual referida a los acuerdos de voluntades celebrados entre proveedores y consumidores sobre el fraccionamiento, construcci�n, promoci�n o venta de inmuebles destinados a casa-habitaci�n, que en modo alguno impide que se maneje la medida de "salarios m�nimos", siempre que �sta se convierta a una cantidad l�quida.

Es claro que la ratio legis del art�culo impugnado radica en que los contratos que celebren los proveedores de vivienda y los consumidores de las mismas deben dotar a las partes de elementos de seguridad para evitar cualquier tipo de abuso en detrimento del consumidor.

As�, cuando la norma impugnada se�ala que los contratos de adhesi�n deber�n registrarse cumpliendo, entre otros, con el requisito de "precisar las cantidades de dinero en moneda nacional, sin perjuicio de que puedan ser expresadas tambi�n en moneda extranjera", no tiene otro fin que generar seguridad al consumidor para que est� en condiciones de saber exactamente por qu� cantidad se va a obligar mediante el contrato respectivo.

Tal regulaci�n se encuentra plenamente justificada, pues de los art�culos 25, 73, fracciones X y XXIX-E, en relaci�n con el 28, todos de la Constituci�n Federal, se infiere que la Procuradur�a Federal del Consumidor es el �rgano que, fundado en tales normas, tiene por objeto proteger a los consumidores y sanear la econom�a de consumo, por lo que resulta l�gico concluir que todas las facultades pormenorizadas que la ley le concede son perfectamente acordes con lo establecido en la Constituci�n.

En esta tesitura, ante lo infundado de los conceptos de violaci�n y de los agravios hechos valer por la quejosa, en lo que es materia de la competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, lo procedente es negar el amparo a Roma de Torre�n Fraccionadora, Sociedad An�nima de Capital Variable.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

En la materia de la revisi�n, competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, se modifica la sentencia recurrida.

SEGUNDO

Se sobresee el juicio de amparo respecto de los art�culos 91, 100, 114, 114 bis, 114 ter y 128 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, publicados en el Diario Oficial de la Federaci�n el cuatro de febrero de dos mil cuatro.

TERCERO

La Justicia de la Uni�n no ampara ni protege a Roma de Torre�n Fraccionadora, Sociedad An�nima de Capital Variable, contra de los art�culos 73, 73 bis, 73 ter, 75, 82, 85, 86 y 87 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, publicados en el Diario Oficial de la Federaci�n el cuatro de febrero de dos mil cuatro.

N.�quese y c�mplase; con testimonio de la presente ejecutoria, vuelvan los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.

As� lo resolvi� el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la sesi�n celebrada el lunes veinte de junio de dos mil cinco, por unanimidad de once votos, excepto por lo que hace a la negativa del amparo en contra del art�culo 86, �ltimo p�rrafo, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el cuatro de febrero de dos mil cuatro, propuesta en el resolutivo tercero, respecto de la cual hubo siete votos de los se�ores Ministros Coss�o D�az, D�az R., G�ngora P., V.H.�ndez, S.C., S.M. y presidente A.G.�itr�n; votaron en contra los se�ores Ministros A.A., L.R., G.�o P. y O.M. y reservaron su derecho de formular voto de minor�a.