Ejecutoria num. P./J. 105/2005 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26823479

Ejecutoria num. P./J. 105/2005 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P./J. 105/2005
Localizacion:JUAN DÍAZ ROMERO.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Diciembre de 2005
RESUMEN

AMPARO EN REVISIÓN 64/2005. AUGE INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO PUGNA CON LA FACULTAD EXCLUSIVA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR EN MATERIA CONTRACTUAL CIVIL Y DE BIENES INMUEBLES.PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. EL ARTÍCULO 87, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL IMPEDIR QUE LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON INMUEBLES DESTINADOS A CASA HABITACIÓN O DE TIEMPO COMPARTIDO SURTAN EFECTOS CONTRA EL CONSUMIDOR CUANDO EL PROVEEDOR NO LOS HAYA REGISTRADO PREVIAMENTE ANTE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, CONTIENE UNA CAUSA DE NULIDAD RELATIVA.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

AMPARO EN REVISI�N 64/2005. AUGE INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.

MINISTRO PONENTE: JUAN D�AZ ROMERO.

SECRETARIA: M.A.S.M..

CONSIDERANDO:

SEGUNDO

La parte quejosa hizo valer, en la materia del presente recurso de revisi�n, el siguiente agravio.

�nico. V.�n a lo dispuesto por el art�culo 222 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles de aplicaci�n supletoria a la Ley de Amparo y 77 de la Ley de Amparo, en relaci�n a la inexacta aplicaci�n e interpretaci�n de lo establecido por los art�culos 73, 73 bis, 73 ter, 75, 86, �ltimo p�rrafo y 87 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 4 de febrero de 2004 y por los art�culos 14, 16, 28, 73, fracci�n XXX y 121, fracci�n II, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. I. A fojas 12, 13 y 14 de la sentencia que por este medio se combate, al entrar en el estudio del fondo de las cuestiones planteadas por esta parte respecto a los art�culos 73, 73 bis, 73 ter, 75, 86, �ltimo p�rrafo y 87 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 4 de febrero de 2004, el a quo indebidamente resuelve declarar infundado el concepto de violaci�n hecho valer por la quejosa, respecto a que estos dispositivos invaden la esfera de facultades de las Legislaturas Locales, al regular una materia reservada a estas �ltimas, de acuerdo a lo dispuesto por el art�culo 121 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior bajo el argumento de que conforme al art�culo 28, p�rrafo tercero y 73, fracci�n XXX, el Poder Legislativo Federal cuenta con facultades suficientes para proteger a los consumidores y propiciar su organizaci�n para mejor cuidado de sus intereses, afirmaci�n que es correcta pero que desde luego no tiene el alcance que el inferior pretende otorgarle, para la resoluci�n del concepto de violaci�n del que se duele la impetrante de garant�as. En efecto, si bien es cierto que de acuerdo a los numerales antes enunciados el Poder Legislativo tiene facultades para emitir normatividad que tienda a proteger a los consumidores de este pa�s, ello de ninguna manera implica que bajo las disposiciones en comento el legislador pueda emitir regulaciones que por disposici�n expresa le corresponden a los Poderes Legislativos Locales de acuerdo a lo dispuesto por la fracci�n II del art�culo 121 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Lo antes expuesto es as�, ya que ser�a absurdo justificar una clara invasi�n de competencias, bajo el torcido argumento de que la autoridad federal cumple con el mandato de protecci�n al consumidor dispuesto en el art�culo 28 de nuestra Carta Magna, porque ello implicar�a que por dar cumplimiento a cualquiera de los deberes o facultades que impone la Constituci�n a cada poder o entidad, �stas ejercieran sus funciones sin cortapisa alguna, aun en contra de preceptos de car�cter constitucional como lo es el caso. M�s a�n, llevando al extremo el criterio indebidamente aplicado al presente caso por el a quo, ser�a posible que de acuerdo al art�culo 4o. de nuestra Constituci�n, el cual dispone que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, el Legislativo Federal procediera a legislar en cuestiones relativas al matrimonio, concubinato, r�gimen conyugal o estado civil en defensa de los derechos de la mujer, lo cual por supuesto es una sinraz�n. Por lo anterior, queda claro que el hecho de que exista una disposici�n constitucional que haga menci�n a un deber por parte de la autoridad federal, de ninguna manera implica o faculta a dicha autoridad, para que en cumplimiento a tal deber, emita e imponga normatividad que modifique y condicione de manera significativa los contratos de compraventa de inmuebles para uso habitacional, como lo es el caso del art�culo 73 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor que se impugna por inconstitucional, funci�n que es de reconocido derecho que corresponde a las Legislaturas Locales atento a lo dispuesto por el art�culo 121, fracci�n II, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. II. Asimismo, a fojas 14, 15 y 16, el inferior desestima el concepto de violaci�n hecho valer por esta parte, consistente en que el art�culo 86, �ltimo p�rrafo, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 4 de febrero de 2004, viola los art�culos 14 y 16 de la Ley Fundamental, al establecer como cl�usula forzosa de los contratos relativos a inmuebles celebrados con proveedores inmobiliarios, la obligaci�n de designar como �rbitro a la Procuradur�a Federal del Consumidor para la resoluci�n de cualquier controversia que se suscite con relaci�n a esos contratos. El a quo arrib� a tal conclusi�n, toda vez que de acuerdo a su entender, el art�culo 17 constitucional al establecer que ?toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estar�n expeditos para impartirla en los plazos y t�rminos que fijen las leyes?, no proh�be de forma alguna el arreglo extrajudicial, como el arbitraje, para dar por concluida una controversia antes de ser llevada ante los tribunales o como v�a alterna de soluci�n de conflictos. Lo anterior es una verdad parcial que causa perjuicio a la quejosa, ya que si bien es cierto que el arbitraje es una v�a l�cita para soluci�n de conflictos de acuerdo al derecho positivo mexicano, tambi�n lo es que la cl�usula en �rbitros o compromiso arbitral implica forzosamente un acuerdo de voluntades que en el caso no existe, en atenci�n a que de acuerdo con el �ltimo p�rrafo del citado art�culo 86 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, la inclusi�n de la cl�usula arbitral es forzosa y condicionante del registro del contrato ante la Procuradur�a Federal del Consumidor, requisito que a su vez, de conformidad con el art�culo 87, in fine, del mencionado ordenamiento, importa su validez y oponibilidad al consumidor. Por lo antes expuesto, es evidente que lo preceptuado en el �ltimo p�rrafo del art�culo 86 citado, no versa o refiere a un pacto arbitral t�pico como ligeramente lo afirma el Juez del conocimiento, sino de una ilegal e irregular pr�rroga de jurisdicci�n a un organismo desconcentrado del Gobierno Federal, que evidentemente no puede ni tiene facultades para juzgar y, por supuesto, no constituye un tribunal previamente establecido, por lo que es clara la violaci�n que el precepto en comento causa con relaci�n a (sic) establecido por los art�culos 16 y 17 de nuestra Constituci�n. Finalmente, es preciso se�alar que resulta ocioso el �nfasis que el a quo pretende hacer valer en su resoluci�n, respecto a que se trata de arbitrajes que se verifican en la esfera o v�a administrativa, ya que es de explorado derecho que independientemente de que los actos sean formalmente administrativos o de otra �ndole, lo que importa para determinar si un acto de autoridad se encuentra apegado a lo ordenado por la Ley Fundamental, lo es el dato duro de la naturaleza material del acto en cuesti�n y, en la especie, se puede afirmar sin temor alguno, que los actos a los que se refiere el �ltimo p�rrafo del art�culo 86 combatido, son de �ndole jurisdiccional. Debido a que es incontestable que el a quo no efectu� una relaci�n sucinta de las cuestiones planteadas y tampoco tom� en cuenta las consideraciones jur�dicas aplicables en el juicio de origen, viol� (sic) perjuicio de la quejosa lo establecido en el art�culo 222 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria a la Ley de Amparo, as� como el art�culo 77 de la Ley de Amparo, por lo que con base en lo anteriormente mencionado y, en la inteligencia de que se ha demostrado la existencia de los agravios causados a esta parte en detrimento de sus derechos, lo procedente es que sus Se�or�as revoquen la sentencia definitiva dictada el d�a 29 de octubre de 2004, en los autos del juicio en que promuevo y emitan otra en su lugar, en la que se conceda a esta parte el amparo y protecci�n de la Justicia Federal, con respecto a los actos se�alados como reclamados.

TERCERO

Queda intocado, por falta de impugnaci�n, el sobreseimiento decretado por el Juez Federal en el primer punto resolutivo de la sentencia recurrida y considerandos segundo y cuarto que lo rigen.

CUARTO

Son infundados los agravios que formula la parte recurrente.

En efecto, en primer t�rmino, es menester puntualizar que, contrariamente a lo que se argumenta en el �ltimo de los agravios, el Juez Federal no incurri� en incongruencia, en virtud de que se avoc� al an�lisis de las cuestiones efectivamente planteadas en el escrito inicial de demanda, seg�n deriva de la simple lectura del libelo inicial y de la sentencia que ahora se revisa, de tal manera que tal planteamiento deviene infundado.

Por otra parte, carece de raz�n la parte agraviada en cuanto aduce que los preceptos impugnados son violatorios del r�gimen de soberan�a de los Estados.

En efecto, para abordar el an�lisis de este t�pico es menester precisar el sustento y fundamento constitucional de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, que la recurrente pretende desconocer, y que impl�citamente se refiere a las facultades del Congreso de la Uni�n para legislar en materia de comercio (compra-venta de bienes inmuebles destinados a casa-habitaci�n) y de protecci�n al consumidor.

Al respecto, se estima conveniente mencionar que la doctrina se�ala que los principios para distribuir las competencias entre la Federaci�n y las entidades federativas son los siguientes:

1) Facultades atribuidas a la Federaci�n.

2) Facultades atribuidas a las entidades federativas.

3) Facultades prohibidas a la Federaci�n.

4) Facultades prohibidas a las entidades federativas.

5) Facultades coincidentes.

6) Facultades coexistentes.

7) Facultades de auxilio.

8) Facultades que emanan de la jurisprudencia, ya sea reformando o

adicionando la anterior clasificaci�n.

De las facultades antes precisadas, es menester hacer una breve referencia a las que interesan para efectos del presente estudio.

En cuanto a las facultades atribuidas a la Federaci�n, se puntualiza que son atribuciones de �sta, las que v�lidamente puede realizar; se encuentran precisadas de dos maneras:

  1. En forma expresa. Es la conferida por la Constituci�n Federal a cualquiera de los Poderes Federales, concreta y determinadamente en alguna materia dentro de un marco perfectamente acotado.

  2. En forma impl�cita. Es aquella que el Poder Legislativo puede concederse a s� mismo o a cualquiera de los otros Poderes Federales como medio necesario para ejercer alguna de las facultades expl�citas.

    Concretamente, en cuanto a las facultades otorgadas al Congreso de la Uni�n, la Constituci�n Federal, en su art�culo 73, establece en sus primeras veintinueve fracciones aquellas atribuciones con que expresamente cuenta, mientras que las facultades impl�citas se encuentran previstas en la fracci�n XXX del precepto constitucional en cita. Cabe precisar que en dicha fracci�n no se autoriza la creaci�n de facultades nuevas, sino las que hagan efectivas las atribuciones establecidas en las veintinueve primeras fracciones del art�culo en comento que son, como ya se apunt�, las facultades expresas que la Ley Fundamental asigna al Legislativo Federal.

    En otro orden de ideas, las facultades atribuidas a las entidades federativas se encuentran previstas en el art�culo 124 de la Carta Magna, que establece que todo lo que no corresponde a la Federaci�n es facultad de los Estados.

    Es importante resaltar la diferencia que existe entre las facultades impl�citas y las facultades reservadas a las Legislaturas Locales, pues en tanto las primeras no pueden existir sin atribuciones constitucionalmente expresas y cuya normaci�n importa su objeto o fin, las segundas son susceptibles de desempe�o en materias que la Constituci�n Federal no reserva al Congreso de la Uni�n, en observancia del principio contenido en el citado art�culo 124 constitucional, que literalmente establece:

    Art�culo 124. Las facultades que no est�n expresamente concedidas por esta Constituci�n a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.

    Del precepto transcrito se advierte que las entidades federativas cuentan con las facultades que por exclusi�n no se encuentren concedidas expresamente a los funcionarios federales.

    Existen adem�s las facultades coincidentes que son las que se ejercen simult�neamente por la Federaci�n y por los Estados, y que constituyen en realidad una excepci�n al r�gimen federal, seg�n el cual una atribuci�n conferida a la Federaci�n supone necesariamente la supresi�n de la misma a la esfera de competencia estatal.

    A efecto de determinar la distribuci�n de las materias susceptibles de gravarse exclusivamente por la Federaci�n, las que son concurrentes a �sta y a las entidades federativas, y las reservadas a estas �ltimas, se recurre a lo dispuesto en los art�culos 117 y 118 constitucionales, cuyo tenor literal es:

    "Art�culo 117. Los Estados no pueden, en ning�n caso:

    "...

    "IV. Gravar el tr�nsito de personas o cosas que atraviesen su territorio;

    "V. Prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida de �l a ninguna mercanc�a nacional o extranjera;

    "VI. Gravar la circulaci�n ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o derechos cuya exenci�n se efect�e por aduanas locales, requiera inspecci�n o registro de bultos, o exija documentaci�n que acompa�e la mercanc�a;

    "VII. Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impuesto o requisitos por raz�n de la procedencia de mercanc�as nacionales o extranjeras, ya sea que estas diferencias se establezcan respecto de la producci�n similar de la localidad, o ya entre producciones semejantes de distinta procedencia.

    "...

    "IX. Gravar la producci�n, el acopio o la venta del tabaco en rama, en forma distinta o con cuotas mayores de las que el Congreso de la Uni�n autorice. ..."

    "Art�culo 118. Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Uni�n:

    "I.E. derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones. ..."

    Los numerales transcritos forman parte de las reglas que delimitan la competencia de la Federaci�n y de los Estados. En el primero, se establecen para los Estados prohibiciones absolutas, y en el segundo, lo que podr�a denominarse prohibiciones relativas, porque el Congreso de la Uni�n puede autorizar a las entidades federativas para legislar respecto de materias que originalmente competen a la Federaci�n.

    Ahora bien, en cuanto al �mbito de atribuciones que prev� la Constituci�n Federal respecto a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, debe tenerse presente que este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ya defini� tal aspecto en el criterio que sustenta la tesis de jurisprudencia n�mero 49/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo X, correspondiente al mes de agosto de 1999, p�gina 546, de rubro: "DISTRITO FEDERAL. AL CONGRESO DE LA UNI�N LE CORRESPONDE LEGISLAR EN LO RELATIVO A DICHA ENTIDAD, EN TODAS LAS MATERIAS QUE NO EST�N EXPRESAMENTE CONFERIDAS A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA POR LA CONSTITUCI�N FEDERAL."

    En la acci�n de inconstitucionalidad 5/99, fallada el once de marzo de mil novecientos noventa y nueve, que dio origen a la tesis antes referida, el Tribunal Pleno precis� que conforme al sistema federal que consagra la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, el Distrito Federal no s�lo no tiene calidad de Estado Federal, sino que las reglas aplicables a la competencia de su Asamblea Legislativa son exactamente opuestas al sistema establecido para las dem�s entidades federativas, antes expuesto, conforme al cual, a los Estados toca todo lo que no est� reservado expresamente a la Federaci�n. En efecto, trat�ndose del Distrito Federal a su Asamblea Legislativa s�lo corresponde lo que expresamente le se�ala la Constituci�n Federal; lo dem�s, o sea todo lo que no se le reserva, corresponder� al Congreso de la Uni�n en su car�cter de Legislatura Local.

    As� se corrobora de los art�culos 44 y 122 de la Constituci�n Federal, de cuya lectura esencialmente destaca, para efectos del presente estudio, que el ejercicio de la funci�n legislativa en el Distrito Federal est� encomendado al Congreso de la Uni�n y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, conforme al siguiente sistema de distribuci�n de competencias:

  3. Un r�gimen expreso y cerrado de facultades para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que se enumeran y detallan en el apartado C, base primera, fracci�n V, del art�culo 122 de la Constituci�n Federal, adem�s de las que expresamente le otorgue la propia Constituci�n.

  4. La reserva a favor del Congreso de la Uni�n respecto de las materias no conferidas expresamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, as� como lo relativo al Estatuto de Gobierno y a la deuda p�blica de esa entidad, a las normas que aseguren el debido, oportuno y eficaz funcionamiento de los Poderes de la Uni�n y las dem�s atribuciones que le se�ale la Ley Suprema, como lo estatuye su art�culo 122, apartado A, fracciones I a V.

    Cabe acotar que del art�culo 122 constitucional no se advierte que el Constituyente haya establecido la facultad expresa para la Asamblea Legislativa para legislar en materia de protecci�n al consumidor.

    Expuesto el sistema federal de competencias que rige la Constituci�n General, y a efecto de determinar a qu� �rgano compete legislar en materia de protecci�n al consumidor, es necesario tener en consideraci�n lo siguiente:

    El Congreso de la Uni�n es la instituci�n encargada de crear todos los instrumentos legales que considere necesarios para sentar las bases de un desarrollo econ�mico, pol�tico y social, as� como la permanencia de los principios de justicia, democracia, independencia e identidad nacional.

    De esta forma, es comprensible que, por regla general, los temas o materias sobre los cuales el Congreso de la Uni�n est� autorizado para legislar sean m�s amplios que los de las Legislaturas Locales, pues se refieren a todos los aspectos que son de inter�s general para los mexicanos conforme a los principios del federalismo, tales como la justa y equilibrada distribuci�n de la riqueza nacional, el fortalecimiento econ�mico, pol�tico y social de los Estados y la promoci�n del desarrollo regional. Por ello, las leyes federales se orientan a la coordinaci�n entre la Federaci�n, los Estados y los Municipios para cumplir de forma integral sus funciones, con el respeto pleno de sus espacios de autoridad, pero, al mismo tiempo, promoviendo un fin com�n.

    Bajo tal perspectiva, se advierte que por regla general los temas o materias sobre los cuales el Congreso de la Uni�n est� autorizado para legislar es sobre la rector�a econ�mica basada en los principios antes destacados. Las fracciones X y XXIX-E del art�culo 73 de la Constituci�n Federal, que rige lo anterior, establecen:

    "Art�culo 73. El Congreso de la Uni�n tiene facultad:

    "...

    "X. Para legislar en toda la Rep�blica sobre hidrocarburos, miner�a, industria cinematogr�fica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediaci�n y servicios financieros, energ�a el�ctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del art�culo 123;

    "...

    XXIX-E. Para expedir leyes para la programaci�n, promoci�n, concertaci�n y ejecuci�n de acciones de orden econ�mico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producci�n suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios.

    Las citadas fracciones de dicho numeraldeben ser interpretadas en forma arm�nica con los art�culos 25 y 28 de la propia Constituci�n Federal, que en la parte que interesa dicen:

    "Art�culo 25. Corresponde al Estado la rector�a del desarrollo nacional para garantizar que �ste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberan�a de la naci�n y su r�gimen democr�tico y que, mediante el fomento del crecimiento econ�mico y el empleo y una m�s justa distribuci�n del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constituci�n.

    "El Estado planear�, conducir�, coordinar� y orientar� la actividad econ�mica nacional, y llevar� al cabo la regulaci�n y fomento de las actividades que demande el inter�s general en el marco de libertades que otorga esta Constituci�n.

    "Al desarrollo econ�mico nacional concurrir�n, con responsabilidad social, el sector p�blico, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad econ�mica que contribuyan al desarrollo de la naci�n.

    "...

    "Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyar� e impulsar� a las empresas de los sectores social y privado de la econom�a, sujet�ndolos a las modalidades que dicte el inter�s p�blico y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservaci�n y el medio ambiente.

    "La ley establecer� los mecanismos que faciliten la organizaci�n y la expansi�n de la actividad econ�mica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organizaci�n social para la producci�n, distribuci�n y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

    "La ley alentar� y proteger� la actividad econ�mica que realicen los particulares y proveer� las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo econ�mico nacional, en los t�rminos que establece esta Constituci�n."

    "Art�culo 28. ...

    "En consecuencia, la ley castigar� severamente, y las autoridades perseguir�n con eficacia, toda concentraci�n o acaparamiento en una o pocas manos de art�culos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinaci�n de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre s� y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del p�blico en general o de alguna clase social.

    "Las leyes fijar�n bases para que se se�alen precios m�ximos a los art�culos, materias o productos que se consideren necesarios para la econom�a nacional o el consumo popular, as� como para imponer modalidades a la organizaci�n de la distribuci�n de esos art�culos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, as� como el alza de precios. La ley proteger� a los consumidores y propiciar� su organizaci�n para el mejor cuidado de sus intereses.

    "...

    El Estado contar� con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las �reas estrat�gicas a su cargo y en las actividades de car�cter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por s� o con los sectores social y privado.

    Del examen integral, arm�nico y sistem�tico del texto de los art�culos 73, fracciones X y XXIX-E, 25 y 28 constitucionales preinsertos, deriva que al Congreso de la Uni�n compete legislar en aquella materia de comercio relacionada con la programaci�n, promoci�n, concertaci�n y ejecuci�n de acciones de orden econ�mico, fundamentalmente las de abasto y las que tengan como fin la producci�n suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios, tutelando la rector�a econ�mica del Estado para garantizar el crecimiento econ�mico del pa�s, alentando la producci�n y concediendo subsidios, estimular la exportaci�n de productos y facilitar la importaci�n de materias primas, entre otras acciones.

    Adem�s, en el mencionado art�culo 28 constitucional se precisa que la legislaci�n que al efecto se emita debe cumplir con una serie de principios rectores de pol�tica econ�mica y social, aspectos que reflejan una de las manifestaciones esenciales del Estado que configura la Constituci�n Federal, con la intenci�n de resolver los problemas de la sociedad actual que, por otro lado, se ha llegado a denominar sociedad de consumo.

    La protecci�n de los consumidores se erige, por tanto, como una de las preocupaciones del Constituyente, que en t�rminos generales trae como consecuencia la actividad que deben desarrollar los poderes p�blicos tendentes a garantizar una adecuada protecci�n de los derechos de dichos consumidores que constituyen la parte m�s d�bil en las relaciones de mercado; as� la intervenci�n de los poderes p�blicos, en sus diversas modalidades, es necesaria para corregir aquellas circunstancias que el mercado, por s� solo, es incapaz de subsanar. De esta manera, en la Constituci�n Federal se establece el principio general a favor de los consumidores y se predica el deber de los poderes p�blicos de ejercer una serie de actuaciones encaminadas a su protecci�n, dentro de las cuales cabe la regulaci�n y vigilancia de los contratos de compraventa de casa-habitaci�n celebrados por aquellos que hacen de dicha actividad su ocupaci�n habitual.

    As�, la protecci�n de los consumidores queda enmarcada como uno de los principios rectores de la pol�tica social y econ�mica que enuncia la Constituci�n Federal con las importantes consecuencias que derivan de ello, partiendo del reconocimiento de que existe una gran mayor�a de personas que al realizar operaciones que van m�s all� de las ordinarias, como las que tienen por objeto la adquisici�n de bienes inmuebles para casa-habitaci�n con motivo de las ofertas que hacen empresarios (proveedores) al p�blico en general, que carece de la asesor�a profesional para verificar si los contratos o condiciones bajo las que se pactan son equitativas y apegadas a derecho, o son totalmente ventajosas para el empresario. Por ello, el Constituyente estim� necesario que el Estado intervenga, los proteja y establezca las condiciones indispensables para que puedan, efectivamente, ejercer los derechos que la ley les concede.

    El Estado, conforme a la Constituci�n Federal, trat�ndose de este tipo de relaciones, tutela a los m�s d�biles, precisando las directrices normativas que impidan o mitiguen las desigualdades.

    Lo anterior permite precisar que la institucionalizaci�n de la protecci�n al consumidor, en donde el Estado es un ente activo en su defensa y ayuda, se inserta como facultad del Congreso de la Uni�n en el tema del desarrollo econ�mico nacional, cuyo fin es lograr una distribuci�n m�s equitativa del producto nacional y, al mismo tiempo, hacer m�s eficiente el aparato productivo corrigiendo los vicios y deformaciones de los sistemas de comercializaci�n que puedan afectar el desarrollo econ�mico en donde el consumidor est� ubicado.

    Tales argumentos se confirman con el texto de los trabajos legislativos que dieron origen tanto a la fracci�n XXIX-E del art�culo 73 como a la modificaci�n del art�culo 28 de la Constituci�n Federal en menci�n, que a continuaci�n se detallan.

    En la exposici�n de motivos de la iniciativa enviada a la C�mara de Diputados que fungi� como C�mara de Origen, el siete de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, en la parte que interesa, se dijo:

    "La Constituci�n estableci� las bases para forjar la unidad cultural y pol�tica de la naci�n y de una democracia que contara con instituciones s�lidas para conducir la transformaci�n social y garantizar, en la libertad, el constante mejoramiento de las condiciones materiales y culturales del pueblo.

    "A partir de este orden normativo, M�xico ha podido construir sus instituciones de fomento del desarrollo econ�mico, las instituciones pol�ticas que le dar�an vialidad al proyecto nacional y crear los instrumentos de intervenci�n del Estado en la econom�a para promover un desarrollo m�s acelerado y equilibrado de las fuerzas productivas, hacer frente a los impactos de las crisis econ�micas internacionales manteniendo la soberan�a de la naci�n y dar sustento a un proceso de industrializaci�n mediante la orientaci�n, regulaci�n y fomento de las actividades econ�micas.

    "La Constituci�n de 1917 aport� una nueva concepci�n de los fines del Estado. Es una norma integradora y program�tica que da al Estado la responsabilidad fundamental en la promoci�n del desarrollo integral de la colectividad. Por la naturaleza y las exigencias de la lucha revolucionaria, la preocupaci�n central de los Constituyentes de 1917 fue establecer el esquema normativo de la organizaci�n y ejercicio del poder, y los principios que dieran sustento al nacionalismo, la democracia y la justicia social. Para ello, establecieron las directrices para lograr la integraci�n territorial y cultural de la naci�n, as� como las bases para la ruptura de la econom�a de enclave que hab�a fomentado el porfiriato. En respuesta a la bandera inicial del sufragio efectivo y la no reelecci�n, instituyeron los derechos pol�ticos del r�gimen democr�tico. Para la realizaci�n de los prop�sitos sociales del pueblo definieron los derechos a la tierra y a mejores condiciones del trabajo.

    "Las condiciones de aquella �poca, de exigencias sociales, de defensa de la naci�n y participaci�n social y pol�tica, llevaron al Constituyente a adoptar las decisiones pol�ticas fundamentales sobre el r�gimen de propiedad y los derechos de las mayor�as a participar en la vida pol�tica y social, con lo que defini� visionariamente las orientaciones pol�ticas y sociales del desarrollo econ�mico.

    "...

    "La sociedad tambi�n ha cambiado. Las clases sociales y los diversos agrupamientos se han ampliado y fortalecido. El tejido social es hoy m�s rico y complejo. Existe ya un amplio y fuerte movimiento obrero, organizaciones campesinas, de clases medias, empresariales, de t�cnicos y profesionistas, cada vez m�s participantes e interconectados en un sistema de comunicaci�n nacional y con posibilidades crecientes para expresar sus puntos de vista.

    "...

    "Se ha dado en M�xico una acelerada modernizaci�n. Sin embargo, �sta no ha podido resolver con la celeridad necesaria los graves problemas de desigualdad social, de ineficiencia y baja productividad, de escasa competitividad de nuestros productos en el exterior y la generaci�n de suficiente ahorro interno para financiar el desarrollo.

    "...

    "Ante esta situaci�n el pa�s requiere asumir el problema de la definici�n del rumbo de la estrategia de desarrollo a partir de principios constitucionales del desarrollo econ�mico nacional que actualicen y ordenen las atribuciones existentes, establezcan la seguridad jur�dica y permitan romper con los principales obst�culos que en mayor medida limitan el cumplimiento de los fines de la naci�n.

    "Es necesario, para fortalecer la estructura constitucional del sistema econ�mico de la naci�n, que �sta, de nuevo, se reencuentre en sus or�genes, reafirme sus valores y recupere la esencia de la Constituci�n para que, sobre esas bases, lleguemos a la s�ntesis de la orientaci�n que nos dan nuestros valores con las necesidades de instrumentaci�n. S�lo as� podremos arribar a una nueva etapa de desarrollo en todos los �rdenes de la vida nacional, sobre bases de seguridad jur�dica, solidez, dinamismo, permanencia, eficiencia y mayor igualdad social.

    "En nuestro pa�s, y en la �poca actual, no es posible separar el �mbito de la econom�a del de la participaci�n pol�tica y de los valores de la sociedad. La legitimidad que en nuestro r�gimen deriva de su origen revolucionario y del proceso de renovaci�n democr�tica de los poderes, est� cada vez m�s relacionada con las apreciaciones de la sociedad sobre la capacidad del sector p�blico para conducir con justicia y eficiencia el desarrollo integral.

    "...

    "Los principios constitucionales del desarrollo econ�mico nacional, que esta reforma propone, est�n referidos a la naturaleza y funcionamiento de nuestro sistema pol�tico que establece la Constituci�n. Estos son correspondientes con el r�gimen de propiedad y las formas de relaci�n del Estado y la sociedad que ella determina, as� como con nuevos mecanismos de participaci�n social que lleven a fortalecer y perfeccionar nuestro r�gimen democr�tico.

    "...

    "Estas reformas y adiciones, junto con las principales atribuciones del Estado en materia econ�mica, que se encuentran tambi�n consignadas en los art�culos 3o., 5o, 31, 73, 74, 89, 115, 117, 118, 123, 131 y dem�s relativos de nuestra Ley Suprema, dotan al Estado mexicano de las bases constitucionales -en los casos que proceda- para la modernizaci�n de la legislaci�n de fomento industrial, agr�cola, minero, de aprovechamiento de los energ�ticos, ciencia y tecnolog�a, pecuario, pesquero, forestal y de turismo; de los estatutos reguladores del comercio exterior y la pol�tica cambiaria, antimonopolios, de la inversi�n extranjera, la empresa transnacional, la adquisici�n de tecnolog�a, as� como la legislaci�n sobre regulaci�n del abasto y los precios, y la organizaci�n y defensa de los consumidores; tambi�n para el derecho penal econ�mico y la legislaci�n reglamentaria de la participaci�n y gesti�n del Estado en la econom�a nacional.

    "...

    "Se introducen las bases para regular el abasto y los precios, as� como para imponer aquellas limitaciones que eviten intermediaciones innecesarias o excesivas que provocan el alza de los precios. Se sientan las bases jur�dicas para la vital modernizaci�n del comercio interno.

    "Se introduce la protecci�n de los consumidores propiciando su organizaci�n.

    "...

    "El art�culo 73 es adicionado con fracciones que hacen expl�citas las facultades del Congreso para expedir leyes sobre las nuevas materias objeto de la reforma, as� como aquellas tendientes a la promoci�n de la inversi�n mexicana, la regulaci�n de la inversi�n extranjera, sobre transferencia de tecnolog�a y generaci�n, difusi�n y aplicaci�n de los conocimientos cient�ficos y tecnol�gicos que requiere el desarrollo nacional.

    "...

    "Al desarrollo econ�mico nacional concurrir�n, con responsabilidad social, el sector p�blico, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad econ�mica que contribuyan al desarrollo de la naci�n.

    "...

    Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyar� e impulsar� al sector social y al sector privado de la econom�a, sujet�ndolos, junto con las actividades econ�micas que realiza el Estado, a las modalidades que dicte el inter�s p�blico y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservaci�n y el medio ambiente.

    En el dictamen de origen del veintitr�s de diciembre de mil novecientos ochenta y dos se expuso, en la parte que informa la litis, lo siguiente:

    "El Constituyente de 1917 estableci� que la propiedad de tierras y aguas comprendidas dentro de los l�mites del territorio nacional corresponde originalmente a la naci�n, la cual ha tenido y tiene derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

    "Instituy�, asimismo, que la naci�n tendr� en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el inter�s p�blico, as� como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de apropiaci�n, con objeto de hacer una distribuci�n equitativa de la riqueza p�blica, cuidar de su conservaci�n, lograr el desarrollo equilibrado del pa�s y el mejoramiento de las condiciones de vida de la poblaci�n.

    "...

    "La gesti�n directa del Estado se ha diversificado, asimismo, con diversas instituciones, organismos y empresas para atender el desarrollo econ�mico independiente de la naci�n. La acci�n econ�mica y social del Estado tiene en este campo un car�cter din�mico. Alienta y regula las energ�as productivas para establecer un sano equilibrio de las reacciones entre los factores de la producci�n que contribuyan al fortalecimiento de la econom�a y la realizaci�n de la justicia social. Frente a las tendencias de las fuerzas del mercado y de los intereses meramente privatistas, ha realizado una acci�n deliberada y ha trascendido de manera irreversible la concepci�n decimon�nica de un soterrado Estado guardi�n.

    "...

    "Asimismo, del mandato constitucional se desprenden normas precisas que proh�ben los monopolios, formas inconvenientes de concentraci�n en la industria y los servicios, permitiendo adem�s la regulaci�n del comercio interno y del intercambio con el exterior. Por tanto, el nuestro no es un r�gimen de libre concurrencia, seg�n la concepci�n del individualismo posesivo, sino un sistema que entra�a un profundo sentido de justicia y solidaridad, que protege los intereses populares, tutela y promueve los derechos de los trabajadores y establece las instituciones de seguridad social.

    "En este contexto hist�rico y jur�dico surge la iniciativa de reformas del presidente M. de la Madrid. La comisi�n considera que este proyecto del Ejecutivo implica la configuraci�n de un derecho constitucional econ�mico que recoge la tendencia del derecho p�blico moderno de establecer en la Ley Fundamental los principios, medios y t�cnicas que deben regir la actuaci�n del Estado en materia econ�mica.

    "...

    "El papel que se asigna al sector social como integrante de la econom�a mixta responde a las demandas mayoritarias y fortalece la alianza hist�rica popular en que se funda nuestro proyecto social, en lo fundamental, el de lograr una distribuci�n cada vez m�s equitativa de los beneficios que genera el quehacer econ�mico del pa�s.

    "...

    "Esta modificaci�n a la iniciativa es consecuente con la doctrina constitucional mexicana, con el concepto del Estado como rector de la econom�a y con la responsabilidad pol�tica y social que la historia y las demandas populares han otorgado al Estado nacional.

    "...

    "Las modificaciones propuestas al art�culo 28 constituyen un paso trascendente en la doctrina constitucional mexicana. Al superar expl�citamente el principio nunca acreditado hist�ricamente de la libre competencia, se da curso legal a una concepci�n propia del juego de los factores productivos y, en funci�n de ella, se fijan las normas operativas a seguir. Introducir el concepto de pr�cticas monop�licas, regular la concentraci�n de poder econ�mico y enfrentar los nuevos fen�menos del oligopolio y el consumismo son importantes avances en los derechos fundamentales que el pueblo de M�xico se otorga por su soberana voluntad y que en el nuevo texto propuesto para el art�culo 28 encuentran su definici�n.

    "Se ampl�a as� una interpretaci�n estrecha del monopolio, y las nuevas manifestaciones de concentraci�n en la industria, el comercio y los servicios, podr�n enfrentarse con mejores instrumentos, dentro de un empe�o que avanza desde los mismos or�genes de nuestro constitucionalismo y que aspira a que las actividades econ�micas del Estado, los grupos y los particulares, se desenvuelvan con un sentido de progreso social.

    "...

    De especial inter�s resulta la reforma propuesta al art�culo 28, tendiente a proteger a los consumidores, propiciando su organizaci�n y especificando las actividades que el Estado ha de realizar en forma exclusiva, sin sujetarlas a concepci�n de los particulares. Con base en estos criterios se fortalece la tesis del derecho constitucional mexicano que justifica y fundamenta la existencia de las instituciones, organismos y empresas que requiera el Estado para realizar con eficacia las actividadesestrat�gicas que demanda la soberan�a nacional y el inter�s p�blico.

    Al pasar a la C�mara Revisora, que en la especie fue la de Senadores, el texto de los preceptos constitucionales de que se trata no sufrieron modificaci�n alguna.

    Con base en todo lo antes expuesto, es dable afirmar que en t�rminos de las fracciones X y XXIX-E del art�culo 73, y art�culos 25 y 28 de la Constituci�n Federal, el Congreso de la Uni�n tiene facultad expresa para legislar en materia de comercio especialmente en el tema de los contratos de compraventa mercantiles en examen por tratarse del proveedor de casas-habitaci�n que hace del comercio su actividad habitual; del mismo modo, el citado Congreso tiene igual facultad en materia de regulaci�n econ�mica para fortalecer el crecimiento econ�mico nacional a trav�s, entre otras acciones, del abasto y producci�n suficiente y oportuna de los bienes y servicios, aspecto dentro del que se encuentra inmersa la protecci�n al consumidor como clase social que pugna por lograr el mejoramiento de sus condiciones de vida, mediante el fortalecimiento de su poder de compra, a trav�s de la adquisici�n en el mercado de productos de calidad a precios adecuados a su ingreso.

    En otras palabras, la regulaci�n econ�mica del Estado garantiza que mediante la institucionalizaci�n de la protecci�n al consumidor circulen en forma efectiva las mercanc�as en el mercado nacional, pues en este caso aquel ente se erige como promotor de la equidad econ�mica garantizando la circulaci�n del dinero, lo que impide la ruptura del equilibrio entre la oferta y la demanda, y se propicia, as�, el respeto al valor del dinero y se genera el movimiento de las fuerzas de producci�n y adquisici�n de productos.

    Es corolario de lo anterior que la expedici�n y aprobaci�n de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, por parte del Congreso de la Uni�n, resulta acorde con la facultad que en favor de este cuerpo legislativo consagran los art�culos 73, fracciones X y XXIX-E, 25 y 28 de la Constituci�n Federal, por lo que no se actualizan las hip�tesis de los diversos art�culos 122 y 124 del mismo Pacto Federal, que disponen que las facultades que no est�n expresamente concedidas a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados, ni la facultad expresa de la Asamblea Legislativa para legislar en dicha materia, es decir, que no se actualiza la competencia de los Congresos Locales y del Distrito Federal para legislar en materia de la compraventa de inmuebles destinados a casa-habitaci�n, por lo que resulta infundado el concepto de violaci�n en estudio.

    De ello se sigue que en la especie no se vulnera el art�culo 121, fracci�n II, constitucional, en cuanto dispone que los bienes muebles e inmuebles se rigen por la ley del lugar en que se ubican, de manera que una norma federal, como la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, al imponer un requisito de validez (o una causa de nulidad, seg�n se vea) de los contratos sobre inmuebles lo contraviene.

    El art�culo referido, en la parte que interesa, es del tenor siguiente:

    "Art�culo 121. En cada Estado de la Federaci�n se dar� entera fe y cr�dito de los actos p�blicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la Uni�n, por medio de leyes generales, prescribir� la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujet�ndose a las bases siguientes:

    "I. Las leyes de un Estado s�lo tendr�n efecto en su propio territorio, y, por consiguiente, no podr�n ser obligatorias fuera de �l.

    "II. Los bienes muebles e inmuebles se regir�n por la ley del lugar de su ubicaci�n.

    III. Las sentencias pronunciadas por los tribunales de un Estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro Estado, s�lo tendr�n fuerza ejecutoria en �ste, cuando as� lo dispongan sus propias leyes.

    La fracci�n II dispone que la regulaci�n de los bienes es materia local, propia del derecho civil interno de cada entidad federativa; en concatenaci�n con el primer p�rrafo del mismo art�culo, y con las fracciones I y III, primer p�rrafo, se desprende que, adem�s, la regulaci�n de los procedimientos judiciales que versen sobre derechos reales es propia de cada entidad federativa.

    As�, en virtud de dicho dispositivo, cada Estado de la Rep�blica (y el Distrito Federal, se entiende) cuenta con un C�digo Civil que, para efectos de su propio territorio y respetando el conjunto de dispositivos constitucionales que regulan la propiedad, como el art�culo 27, rige aspectos tales como la forma de clasificar los bienes (inmuebles, muebles, mostrencos, vacantes, etc�tera), la manera de adquirirlos (prescripci�n positiva, por ejemplo), el derecho de propiedad sobre ellos, el usufructo, el uso, las servidumbres o la posesi�n, y cuenta con leyes procesales que consignan procedimientos para resolver las controversias que deriven de derechos reales.

    Dicho dispositivo, en cambio, nada dice en relaci�n con la materia contractual, esto es, a la regulaci�n de los contratos en cuanto a su objeto, a la capacidad de las partes, a sus cl�usulas, cumplimiento, etc�tera.

    Como se aprecia, el alegato resulta infundado, al partir de una base falsa: que el dispositivo impugnado regula a los bienes inmuebles, esto es, que se trata de una norma sustantiva referida a su clasificaci�n o a los modos de disfrutarlos (posesi�n, propiedad, servidumbre, uso, usufructo) o de adquirirlos (prescripci�n positiva).

    Y ello no es as�, pues la norma cuestionada contiene, m�s bien y sin g�nero de duda, una regulaci�n espec�fica de la materia contractual referida a los acuerdos de voluntades celebrados entre proveedores y consumidores sobre el fraccionamiento, construcci�n, promoci�n o venta de inmuebles destinados a casa-habitaci�n.

    En ese orden, no hay siquiera la posibilidad de contrastar el numeral combatido con el art�culo 121, fracci�n II, de la Constituci�n, en tanto ambos se refieren a cuestiones diversas: por un lado, una norma sobre la materia de contratos y, por otro, una norma sobre la materia de bienes.

    Por tanto, el alegato resulta infundado, al partir de una premisa equivocada.

    En apoyo de las consideraciones precedentes, resulta oportuno citar un par de los m�ltiples criterios que permiten ver cu�l ha sido la interpretaci�n que esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha hecho del art�culo 121, fracci�n II, constitucional:

    Tesis emitida por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n 1a. XLII/2000, Novena �poca, visible a foja 256 del Tomo XII, correspondiente al mes de diciembre de 2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice:

    PROPIEDAD PRIVADA, MODALIDADES A LA. EL CONGRESO DE LA UNI�N NO ES EL �NICO FACULTADO PARA IMPONERLAS, EN T�RMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ART�CULO 27 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL. Si bien es cierto que el Congreso de la Uni�n est� facultado legalmente para imponer las modalidades a la propiedad privada, a trav�s de las leyes que expida, tambi�n lo es que dicha facultad legislativa no opera en todos los casos, pues es menester para ello que el inter�s p�blico que legitime constitucionalmente la imposici�n de la modalidad, incida en alguno de los ramos o materias que formen el cuadro competencial del citado Congreso; de manera tal que si, por el contrario, el ramo o materia incumbe legislativamente a los Congresos de los Estados por virtud del principio contenido en el art�culo 124 de la Constituci�n Federal, las leyes que impongan modalidades a la propiedad privada pueden provenir de �stos, lo que encuentra apoyo en lo previsto en la fracci�n II del art�culo 121 de la Ley Fundamental que consagra el principio lex rei sitae, al disponer que los bienes muebles e inmuebles se regir�n por la ley del lugar de su ubicaci�n. As�, al ser evidente que la propiedad es un derecho real que se ejerce sobre un bien mobiliario o inmobiliario, sin el cual tal derecho ser�a inconcebible, la imposici�n de modalidades a la propiedad repercute necesariamente en su objeto constituido por dichos bienes en cuanto a la manera o forma de usarlos, disfrutarlos y disponer de ellos. De ah� que respecto de los bienes muebles e inmuebles que se ubiquen dentro de su territorio, las Legislaturas Locales pueden dictar las leyes que regulen su uso, goce y disponibilidad, siempre que el inter�s p�blico que funde dicha regulaci�n no concierna a ninguno de los ramos o materias que sean de la competencia constitucional del Congreso de la Uni�n, integrada por las facultades expresas e impl�citas de dicho �rgano legislativo federal, pues considerar lo contrario, es decir, que el mencionado Congreso, en todos los casos, es el �nico facultado para imponer modalidades a la propiedad privada en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 27 constitucional, implicar�a un impedimento para aqu�llas de establecer las modalidades necesarias en funci�n del inter�s p�blico.

    Tesis sustentada por la anterior Tercera Sala de este M�ximo Tribunal, visible en la p�gina 2272 del Tomo LIII, Quinta �poca, compilada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, que se�ala:

    "SOCIEDAD CONYUGAL, DETERMINACI�N DE LOS BIENES DE LA. El estatuto relativo a la organizaci�n de la propiedad y a que se refiere el art�culo 121 de la Constituci�n Federal, es muy distinto de la organizaci�n de ciertos estados civiles o situaciones jur�dicas que demarcan los derechos y obligaciones de los titulares de los bienes, que nada tienen que ver con la naturaleza de los bienes mismos; por lo que el hecho de que unas propiedades adquiridas por los consortes, pertenezcan a ambos o a uno solo de ellos, es algo independiente y diverso del r�gimen p�blico de la propiedad que organiza y define su naturaleza, sus modalidades, las distintas maneras de transferirse, etc�tera. La ley que se refiere a la forma de organizaci�n de la sociedad conyugal o a la separaci�n de bienes entre los c�nyuges, no es un estatuto de car�cter territorial, por lo que no puede tener aplicaci�n en estos casos lo dispuesto por la fracci�n II del art�culo constitucional citado, que establece que los bienes muebles e inmuebles deben regirse por la ley del lugar de su ubicaci�n."

    Otro tanto cabe decir de la supuesta vulneraci�n a los art�culos 124 en relaci�n con el 73 constitucionales.

    Conforme al numeral 124 de la Carta Magna "Las facultades que no est�n expresamente concedidas por esta Constituci�n a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados."; el art�culo 73 constitucional establece la competencia para legislar por materia del Congreso de la Uni�n. Como en este precepto no se confiere al Congreso la facultad de regular la materia de bienes inmuebles, �sta se entiende reservada a los Estados.

    Y ello es correcto, pero de esta constataci�n no se desprende la inconstitucionalidad, por violaci�n al r�gimen federativo, de los numerales reclamados, pues �stos, como se ha visto, regulan un aspecto contractual muy diverso de la regulaci�n en materia de bienes inmuebles que, en efecto, es propia de las leyes locales de cada entidad federativa.

    Por lo dem�s, como ha quedado puntualizado, el Congreso s� tiene facultades para legislar en materia contractual mercantil y de protecci�n a los consumidores, seg�n se desprende, primordialmente, de los art�culos 28 y 73, fracciones X y XXX-E, constitucionales.

    Por otra parte, tambi�n resulta infundado el planteamiento que se endereza a demostrar que en la especie se vulnera el art�culo 17 constitucional.

    El art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece que:

    "Art�culo 17. Ninguna persona podr� hacerse justicia por s� misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

    "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estar�n expeditos para impartirla en los plazos y t�rminos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio ser� gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

    "Las leyes federales y locales establecer�n los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecuci�n de sus resoluciones.

    "Nadie puede ser aprisionado por deudas de car�cter puramente civil."

    Del precepto constitucional transcrito, se advierte que prev� cinco garant�as:

    1) La prohibici�n de la autotutela o "hacerse justicia por propia mano";

    2) El derecho a la tutela jurisdiccional;

    3) La abolici�n de costas judiciales;

    4) La independencia judicial; y,

    5) La prohibici�n de la prisi�n por deudas del orden civil.

    Para efectos del presente estudio �nicamente se analizar� el derecho a la tutela jurisdiccional que puede definirse como el derecho p�blico subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y t�rminos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensi�n o defenderse de ella, con el fin de que a trav�s de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades se decida sobre la pretensi�n o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisi�n.

    En estas condiciones, el poder p�blico (Ejecutivo, Legislativo o Judicial) no puede supeditar el acceso a los tribunales a condici�n alguna pues, de establecer cualquiera, �sta constituir�a un obst�culo entre los gobernados y los tribunales.

    La reserva de ley, en virtud de la cual el precepto constitucional se�ala que la justicia se administrar� en los plazos y t�rminos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional, sino que, con esa reglamentaci�n, debe perseguir la consecuci�n de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtenci�n se establecen trabas o etapas previas no previstas en el Texto Constitucional.

    En consecuencia, si un ordenamiento secundario establece condiciones al gobernado para hacer valer el derecho a la justicia, el legislador, en ejercicio de las facultades delegadas, estar�a obstaculizando los fines que persigue el precepto constitucional.

    Sin embargo, tal garant�a no proh�be el arreglo arbitral para dar por concluida una controversia antes de ser llevada ante los tribunales o como v�a alterna de soluci�n de conflictos.

    Ahora bien, a fin de determinar si el art�culo 86 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor reclamado transgrede o no el derecho a la tutela jurisdiccional en comento, es menester transcribir dicho precepto secundario.

    "Art�culo 86. La secretar�a, mediante normas oficiales mexicanas podr� sujetar contratos de adhesi�n a registro previo ante la procuradur�a cuando impliquen o puedan implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o altas probabilidades de incumplimiento.

    "Las normas podr�n referirse a cualesquiera t�rminos y condiciones, excepto precio.

    "Los contratos de adhesi�n sujetos a registro deber�n contener una cl�usula en la que se determine que la procuradur�a ser� competente en la v�a administrativa para resolver cualquier controversia que se suscite sobre la interpretaci�n o cumplimiento de los mismos.

    Asimismo, deber�n se�alar el n�mero de registro otorgado por la procuradur�a.

    Conforme al precepto preinserto se advierte que en su �ltimo p�rrafo establece que en los contratos de adhesi�n sujetos a registro debe insertarse una cl�usula en la que se establezca que la Procuradur�a Federal del Consumidor es competente en la v�a administrativa para resolver las controversias sobre interpretaci�n o cumplimiento de los citados contratos de adhesi�n.

    Debe tenerse en cuenta que la parte quejosa se encuentra obligada a cumplir con tal disposici�n, en virtud de que debe registrar ante la citada procuradur�a los contratos que celebre en raz�n de su objeto social, es decir, los relacionados con inmuebles, en su calidad de proveedora que se dedica a la construcci�n y venta al p�blico de bienes inmuebles destinados a casa-habitaci�n, de acuerdo a lo previsto en el diverso art�culo 73 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, que establece:

    (Reformado, D.O.F. 4 de febrero de 2004)

    "Art�culo 73. Los actos relacionados con inmuebles s�lo estar�n sujetos a esta ley, cuando los proveedores sean fraccionadores, constructores, promotores y dem�s personas que intervengan en la asesor�a y venta al p�blico de viviendas destinadas a casa habitaci�n o cuando otorguen al consumidor el derecho de usar inmuebles mediante el sistema de tiempo compartido, en los t�rminos de los art�culos 64 y 65 de la presente ley.

    Los contratos relacionados con las actividades a que se refiere el p�rrafo anterior, deber�n registrarse ante la procuradur�a.

    En ese contexto, diversos ordenamientos legales de la esfera administrativa facultan a las autoridades administrativas a llevar a cabo funciones de arbitraje de estricto derecho para la soluci�n de controversias; as�, el art�culo 117 de la ley reclamada se�ala que la Procuradur�a Federal del Consumidor podr� actuar como �rbitro entre consumidores y proveedores cuando los interesados as� la designen y sin necesidad de reclamaci�n o procedimiento conciliatorio previo.

    Ello es as�, en tanto que para dirimir las controversias suscitadas entre proveedores y consumidores la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor en comento prev� los procedimientos conciliatorio y arbitral, regulados en los art�culos 111 a 122, cuya transcripci�n se estima conveniente realizar.

    "Art�culo 111. La Procuradur�a se�alar� d�a y hora para la celebraci�n de una audiencia de conciliaci�n en la que se procurar� avenir los intereses de las partes, la cual deber� tener lugar, por lo menos, cuatro d�as despu�s de la fecha de notificaci�n de la reclamaci�n al proveedor.

    (Reformado, D.O.F. 4 de febrero de 2004)

    "La conciliaci�n podr� celebrarse v�a telef�nica o por otro medio id�neo, en cuyo caso la procuradur�a o las partes podr�n solicitar que se confirmen por escrito los compromisos adquiridos."

    "Art�culo 112. En caso de que el proveedor no se presente a la audiencia o no rinda informe relacionado con los hechos, se le impondr� medida de apremio y se citar� a una segunda audiencia, en un plazo no mayor de 10 d�as, en caso de no asistir a �sta se le impondr� una nueva medida de apremio y se tendr� por presuntamente cierto lo manifestado por el reclamante.

    En caso de que el reclamante no acuda a la audiencia de conciliaci�n y no presente dentro de los siguientes 10 d�as justificaci�n fehaciente de su inasistencia, se tendr� por desistido de la reclamaci�n y no podr� presentar otra ante la procuradur�a por los mismo (sic) hechos.

    (Reformado, D.O.F. 4 de febrero de 2004)

    "Art�culo 113. Previo reconocimiento de la personalidad y de la relaci�n contractual entre las partes el conciliador expondr� a las partes un resumen de la reclamaci�n y del informe presentado, se�alando los elementos comunes y los puntos de controversia, y las exhortar� para llegar a un arreglo. Sin prejuzgar sobre el conflicto planteado, les presentar� una o varias opciones de soluci�n, salvaguardando los derechos del consumidor.

    Trat�ndose de bienes o servicios de prestaci�n o suministro peri�dicos tales como energ�a el�ctrica, gas o telecomunicaciones, el solo inicio del procedimiento conciliatorio suspender� cualquier facultad del proveedor de interrumpir o suspender unilateralmente el cumplimiento de sus obligaciones en tanto concluya dicho procedimiento.

    (Reformado, D.O.F. 4 de febrero de 2004)

    "Art�culo 114. El conciliador podr� en todo momento requerir a las partes los elementos de convicci�n que estime necesarios para la conciliaci�n, as� como para el ejercicio de las atribuciones que a la procuradur�a le confiere la ley. Asimismo, podr� acordar la pr�ctica de diligencias que permitan acreditar los hechosconstitutivos de la reclamaci�n. Las partes podr�n aportar las pruebas que estimen necesarias para acreditar los elementos de la reclamaci�n y del informe.

    "El conciliador podr� suspender cuando lo estime pertinente o a instancia de ambas partes, la audiencia de conciliaci�n hasta en tres ocasiones. Asimismo, podr� requerir la emisi�n de un dictamen a trav�s del cual se cuantifique en cantidad l�quida la obligaci�n contractual.

    "En caso de que se suspenda la audiencia, el conciliador se�alar� d�a y hora para su reanudaci�n, dentro de los quince d�as siguientes, donde en su caso, har� del conocimiento de las partes el dictamen correspondiente, las cuales podr�n formular durante la audiencia observaciones al mismo.

    "La procuradur�a podr� emitir un acuerdo de tr�mite que contenga el dictamen a que se refieren los p�rrafos anteriores, que constituir� t�tulo ejecutivo no negociable a favor del consumidor, siempre y cuando la obligaci�n contractual incumplida que en �l se consigne sea cierta, exigible y l�quida a juicio de la autoridad judicial, ante la que el proveedor podr� controvertir el monto del t�tulo, presentar las pruebas y oponer las excepciones que estime convenientes.

    "De toda audiencia se levantar� el acta respectiva. En caso de que el proveedor no firme el acta, ello no afectar� su validez, debi�ndose hacer constar dicha negativa.

    Para la sustanciaci�n del procedimiento de conciliaci�n a que se refiere el presente cap�tulo, se aplicar� supletoriamente el C�digo Federal de Procedimientos Civiles.

    (Adicionado, D.O.F. 4 de febrero de 2004)

    "Art�culo 114 bis. El dictamen a que se refiere el art�culo anterior se efectuar� en base a las siguientes consideraciones:

    "I. Se calcular� el monto de la obligaci�n contractual, atendiendo a las cantidades originalmente pactadas por las partes;

    "II. Se analizar� el grado de cumplimiento efectuado por el proveedor con relaci�n a la obligaci�n objeto del procedimiento;

    "III. Con los datos antes se�alados, se estimar� la obligaci�n incumplida y, en su caso, la bonificaci�n a que se refiere el art�culo 92 ter, y

    "IV. La bonificaci�n se�alada en la fracci�n anterior, se calcular� conforme al siguiente criterio:

    "a) En los casos en que el consumidor hubiere entregado la totalidad del monto de la operaci�n al proveedor, la bonificaci�n ser� del 30% del monto de la obligaci�n contractual que se determine en el dictamen;

    "b) Cuando el consumidor hubiere entregado m�s del 50% de la totalidad del monto de la operaci�n al proveedor, la bonificaci�n ser� del 25% del monto de la obligaci�n contractual que se determine en el dictamen;

    "c) En los supuestos en los que el consumidor hubiere entregado hasta el 50% de la totalidad del monto de la operaci�n al proveedor, la bonificaci�n ser� del 20% del monto de la obligaci�n contractual que se determine en el dictamen, y

    "d) En los dem�s casos, la bonificaci�n correspondiente ser� del 20% del monto de la obligaci�n contractual que se determine en el dictamen.

    Las bonificaciones se�aladas con anterioridad, se fijar�n sin perjuicio de las sanciones a que se hubiese hecho acreedor el proveedor o de que sean modificadas por la autoridad judicial.

    (Adicionado, D.O.F. 4 de febrero de 2004)

    "Art�culo 114 ter. El dictamen emitido deber� contener lo siguiente:

    "I.L. y fecha de emisi�n;

    "II. I.�n de quien emite el dictamen;

    "III. Nombre y domicilio del proveedor y del consumidor;

    "IV. La obligaci�n contractual y tipo de bien o servicio de que se trate;

    "V. El monto original de la operaci�n y materia de la reclamaci�n;

    "VI. La determinaci�n del importe de las obligaciones a cargo del proveedor, y

    "VII. La cuantificaci�n l�quida de la bonificaci�n al consumidor.

    "La determinaci�n del importe consignado en el dictamen, para efectos de ejecuci�n se actualizar� por el transcurso del tiempo desde el momento en que se emiti� hasta el momento en que se pague, tomando en consideraci�n los cambios de precios en el pa�s, de conformidad con el factor de actualizaci�n que arroje el �ndice Nacional de Precios al Consumidor que mensualmente d� a conocer el Banco de M�xico.

    "La acci�n ejecutiva derivada del dictamen prescribir� a un a�o de su emisi�n."

    "Art�culo 115. Los acuerdos de tr�mite que emita el conciliador no admitir�n recurso alguno.

    Los convenios celebrados por las partes ser�n aprobados por la procuradur�a cuando no vayan en contra de la ley, y el acuerdo que los apruebe no admitir� recurso alguno.

    (Reformado primer p�rrafo, D.O.F. 4 de febrero de 2004)

    "Art�culo 116. En caso de no haber conciliaci�n, el conciliador exhortar� a las partes para que designen como �rbitro a la procuradur�a o a alg�n �rbitro independiente para solucionar el conflicto. Para efectos de este �ltimo caso, la procuradur�a podr� poner a disposici�n de las partes informaci�n sobre �rbitros independientes.

    En caso de no aceptarse el arbitraje se dejar�n a salvo los derechos de ambas partes.

    (Reformado, D.O.F. 4 de febrero de 2004)

    "Art�culo 117. La procuradur�a podr� actuar como �rbitro entre consumidores y proveedores cuando los interesados as� la designen y sin necesidad de reclamaci�n o procedimiento conciliatorio previos, observando los principios de legalidad, equidad y de igualdad entre las partes.

    (Actualizado en su monto D.O.F. 21 de diciembre de 2004)

    "Cuando se trate de aquellas personas f�sicas o morales a que se refiere la fracci�n primera del art�culo 2o. de esta ley, que adquieren, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producci�n, transformaci�n, comercializaci�n o prestaci�n de servicios a terceros, la procuradur�a podr� fungir como �rbitro siempre que el monto de lo reclamado no exceda de $310,402.20."

    "Art�culo 118. La designaci�n de �rbitro se har� constar mediante acta ante la procuradur�a, en la que se se�alar�n claramente los puntos esenciales de la controversia y si el arbitraje es en estricto derecho o en amigable composici�n."

    Art�culo 119. En la amigable composici�n se fijar�n las cuestiones que deber�n ser objeto del arbitraje y el �rbitro tendr� libertad para resolver en conciencia y a buena fe guardada, sin sujeci�n a reglas legales, pero observando las formalidades esenciales del procedimiento. El �rbitro tendr� la facultad de allegarse todos los elementos que juzgue necesarios para resolver las cuestiones que se le hayan planteado. No habr� t�rminos ni incidentes.

    (Reformado, D.O.F. 4 de febrero de 2004)

    "Art�culo 120. En el juicio arbitral de estricto derecho las partes formular�n compromiso en el que fijar�n las reglas del procedimiento, acordes con los principios de legalidad; equidad e igualdad entre las partes. En el caso de que las partes no las propongan o no se hayan puesto de acuerdo, el �rbitro las establecer�. En todo caso se aplicar� supletoriamente el C�digo de Comercio y a falta de disposici�n en dicho c�digo, el ordenamiento procesal civil local aplicable."

    Art�culo 121. El laudo arbitral emitido por la procuradur�a o por el �rbitro designado por las partes deber� cumplimentarse o, en su caso, iniciar su cumplimentaci�n dentro de los quince d�as siguientes a la fecha de su notificaci�n, salvo pacto en contrario.

    (Reformado, D.O.F. 4 de febrero de 2004)

    Art�culo 122. Las resoluciones que se dicten durante el procedimiento arbitral admitir�n como �nico recurso el de revocaci�n, que deber� resolverse por el �rbitro designado en un plazo no mayor de tres d�as. El laudo arbitral s�lo estar� sujeto a aclaraci�n dentro de los dos d�as siguientes a la fecha de su notificaci�n.

    De la lectura de estas disposiciones se advierte que la Procuradur�a Federal del Consumidor ser� competente en la v�a administrativa para resolver cualquier diferencia que se suscite entre proveedores y consumidores, ya sea de manera inicial por el procedimiento conciliatorio, y si no se logra la avenencia de las partes, existe la oportunidad de manera opcional de acudir a la figura arbitral, cuya finalidad es la soluci�n de tales conflictos.

    De lo hasta aqu� expuesto se tiene, por una parte, que los procedimientos previstos en la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor para dirimir las diferencias entre proveedores y consumidores son el conciliatorio y el arbitral, previstos en sus art�culos 111 a 122, los cuales son de agotamiento optativo, debiendo resaltarse que, conforme al diverso numeral 1o. de la misma ley, las disposiciones de �sta son irrenunciables.

    De la lectura de estas disposiciones y del art�culo 86, �ltimo p�rrafo, reclamado se advierte que la Procuradur�a Federal del Consumidor ser� competente en la v�a administrativa para resolver cualquier controversia que se suscite sobre la interpretaci�n o cumplimiento de los contratos de compraventa de bienes inmuebles destinados a casa-habitaci�n, ya sea de manera inicial por el procedimiento conciliatorio, y si no se logra la avenencia de las partes, existe la oportunidad de acudir a la figura arbitral, cuya finalidad es la soluci�n de las controversias entre el consumidor y el proveedor.

    Por tanto, la inclusi�n de esta cl�usula en t�rminos del citado art�culo 86, �ltimo p�rrafo, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, a efecto de que se constituya como �rbitro en caso de controversia por la interpretaci�n o cumplimiento de los contratos de adhesi�n, tiene como fin una soluci�n de las controversias que surjan de los mismos; adem�s de que no hace nugatoria la garant�a de audiencia porque, aunado a que se trata de un procedimiento optativo y no obligatorio, el proveedor tendr� la posibilidad de actuar en el procedimiento conforme a reglas precisas, haciendo valer lo a su inter�s convenga en cumplimiento a lo establecido en el art�culo 14 constitucional.

    Tampoco impide o retrasa el acceso a la justicia de los proveedores justiciables, en raz�n de que no proh�be que las partes se sometan a las instancias judiciales correspondientes, sino que s�lo puntualiza que si las partes en conflicto optan por la v�a administrativa a trav�s del arbitraje, la autoridad administrativa que tiene competencia para conocer de esas controversias es la Procuradur�a Federal del Consumidor.

    En otras palabras, la funci�n de la cl�usula es incluir en los contratos sujetos a registro, la menci�n de que las controversias suscitadas entre consumidores y proveedores pueden someterse para su soluci�n, v�a arbitraje, a la Procuradur�a Federal del Consumidor.

    En m�rito de lo hasta aqu� expuesto, procede declarar infundados los agravios analizados y confirmar la sentencia recurrida.

    Por lo expuesto y fundado, se

    resuelve:

PRIMERO

Se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO

La Justicia de la Uni�n no ampara ni protege a Auge Inmobiliario, Sociedad An�nima de Capital Variable en contra de los art�culos 73, 73 bis, 73 ter, 75, 86, �ltimo p�rrafo y 87 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, publicados en el Diario Oficial de la Federaci�n el cuatro de febrero de dos mil cuatro.

N.�quese; con testimonio de esta resoluci�n vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, arch�vese el toca como asunto concluido.

As� lo resolvi� el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en sesi�n de veinte de junio del a�o dos mil cinco, por unanimidad de once votos de los se�ores Ministros: A.A., C.�o D�az, L.R., D�az R., G�ngora P., G.�o P., O.M., V.H.�ndez, S.C., S.M. y presidente A.G.�itr�n. Se aprob� el proyecto excepto por lo que hace a la negativa del amparo en contra del art�culo 86, �ltimo p�rrafo, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el cuatro de febrero de dos mil cuatro, propuesta en el resolutivo segundo, respecto de la cual hubo siete votos de los se�ores Ministros C.�o D�az, D�az R., G�ngora P., V.H.�ndez, S.C., S.M. y presidente A.G.�itr�n; votaron en contra los se�ores Ministros A.A., L.R., G.�o P. y O.M. y reservaron su derecho de formular voto de minor�a. El se�or Ministro ponente manifest� que, en su caso, adecuar�a las consideraciones de su proyecto para atender las sugerencias formuladas durante el an�lisis gen�rico de los temas. El se�or Ministro presidente declar� que el asunto se resolvi� en los t�rminos propuestos. Fue ponente el se�or Ministro Juan D�az R..