Ejecutoria num. P./J. 97/2005 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26823482

Ejecutoria num. P./J. 97/2005 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P./J. 97/2005
Localizacion:JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Diciembre de 2005
RESUMEN

AMPARO EN REVISIÓN 579/2005. BCB IMPULSE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. Y OTRAS.PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. EL CONGRESO DE LA UNIÓN, EN USO DE LAS FACULTADES PARA LEGISLAR EN ESA MATERIA, QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 73, FRACCIONES X Y XXIX-E, 25 Y 28 CONSTITUCIONALES, CREÓ LA PROCURADURÍA RELATIVA Y EMITIÓ DISPOSICIONES EN DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES.PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LOS ARTÍCULOS 73, PÁRRAFO SEGUNDO, 86 Y 87 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER QUE LOS CONTRATOS A QUE SE REFIEREN DEBEN REGISTRARSE EN LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR NO VIOLAN LA SOBERANÍA DE LOS ESTADOS.PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LOS ARTÍCULOS 73, PÁRRAFO SEGUNDO, 86 Y 87 DE LA LEY RELATIVA, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

AMPARO EN REVISI�N 579/2005. BCB IMPULSE ADMINISTRACI�N INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. Y OTRAS.

MINISTRO PONENTE: JOS� RAM�N COSS�O D�AZ.

SECRETARIA: DOLORES RUEDA AGUILAR.

CONSIDERANDO:

CUARTO

La recurrente en s�ntesis adujo lo siguiente:

  1. Contrario a lo se�alado por el J. de Distrito existen operaciones en materia de compraventa de bienes inmuebles para casa habitaci�n, iguales a los que construyen las quejosas, por lo que tambi�n ambos deber�an ser sujetos de inquisici�n administrativa.

  2. No puede se�alarse que la ley tutele la seguridad jur�dica de los gobernados involucrados en este tipo de relaciones de compra y venta de bienes inmuebles, si las disposiciones reclamadas conceden la atribuci�n para que la Procuradur�a Federal del Consumidor, en un momento dado y de manera espont�nea, revoque autorizaciones concedidas por su parte con relaci�n a dichos contratos, aun para el caso de que �stos hubieran sido �ntegramente cumplidos.

  3. Existe un trato inequitativo en la ley, ya que la obligaci�n establecida en el sentido de registrar contratos de compraventa, opera solamente con relaci�n a bienes inmuebles destinados a la vivienda, adem�s de que en caso de no registrarlos en t�rminos del art�culo 87, no surten sus efectos, s�lo respecto de la clase compradora y no respecto de la clase vendedora.

  4. La discriminaci�n establecida en la ley, mediante la cual el perfeccionamiento del contrato de compraventa de inmuebles se sujeta a la condici�n de ser aprobado por la Procuradur�a Federal del Consumidor, s�lo trat�ndose de aquellas operaciones en que intervienen fraccionadores o constructores, sin establecerse la misma condici�n para los contratos de ventas entre particulares, deviene en un trato inequitativo del legislador que coloca injustificadamente a los primeros en una situaci�n de desventaja respecto del mercado de casas usadas, siendo que a la postre, el perjuicio econ�mico-social que se pretende evitar, no se ve salvaguardado.

  5. La discriminaci�n establecida, sin justificaci�n aparente que la legitime, debe llevar a concluir que la ley reclamada es violatoria del art�culo 5o. constitucional, circunstancia que debi� ser advertida en el fallo recurrido y que, al no haberla sido, debe dar lugar a la revocaci�n de la resoluci�n y en su lugar a la emisi�n de una nueva, mediante la cual se conceda a la quejosa el amparo y protecci�n de la Justicia Federal.

  6. El establecimiento de la obligaci�n legalmente constituida, de tener que someter los contratos de las quejosas a autorizaci�n previa de la Procuradur�a Federal del Consumidor, s�lo puede ser constitucionalmente v�lido, si dicho tr�mite y, por ende, condicionamiento de su libertad, est� sustentado en una ley que prevenga cualquier afectaci�n a los derechos e intereses de la sociedad; lo cual en el caso no ocurre, por lo que es evidente que los art�culos combatidos violan lo dispuesto en los art�culos constitucionales.

  7. Contrario a lo se�alado por el a quo el concepto de violaci�n planteado, en el que se sustenta en la incompetencia del Congreso de la Uni�n para legislar en materia de protecci�n al consumidor, mediante el establecimiento de figuras e instituciones jur�dicas cuyo alcance implica la posibilidad de una autoridad federal para intervenir e impedir la celebraci�n de un contrato de compraventa de bienes inmuebles, es fundado. Aunado a lo anterior el J. de Distrito no realiz� el estudio y calificaci�n, ya que de la lectura de su texto �ntegro no se aprecia apartado alguno en el que se hubiera contradicho el argumento elaborado, en sus aspectos sustantivos.

  8. El Congreso no tiene la facultad para intervenir y sujetar la operatividad de toda la legislaci�n com�n a la voluntad de un organismo descentralizado del Gobierno Federal, para supuestamente proteger a los consumidores. La intromisi�n de la Federaci�n en el �mbito de competencia de los Estados y en la decisi�n sobre la validez de la voluntad expresada por las partes en un contrato para la adquisici�n de un inmueble, bien que por su naturaleza y disposici�n constitucional se rige por las leyes del lugar en el que se encuentran.

  9. De la lectura de la sentencia se denota que el J. no estudi� correctamente los conceptos de violaci�n, ya que no s�lo se reclam� el art�culo 87 por cuanto a las consecuencias que prev� por s� mismo y hasta que esa situaci�n dada llegue a presentarse, sino que tambi�n se reclam� porque de �l deviene la naturaleza y alcance del registro, y de �l se vician los dem�s numerales reclamados en el amparo, ya que prev� la posibilidad de que un contrato no registrado no surta sus efectos, por lo que el registro y la autorizaci�n del contrato por parte de la Procuradur�a Federal del Consumidor, devengan en un acto del Estado del que depender� el perfeccionamiento del contrato de compraventa.

  10. Contrario a lo que estima el a quo, la intervenci�n de la Federaci�n s� incide en el perfeccionamiento de una operaci�n t�pica del derecho com�n, por causas que adem�s son reguladas por el derecho com�n y que, por tal motivo, no le corresponden a la Federaci�n, como bien lo son los elementos esenciales del contrato de compraventa, por lo que es evidente que las disposiciones reclamadas s� son inconstitucionales.

QUINTO

Los agravios esgrimidos por la recurrente son infundados en atenci�n a lo siguiente:

  1. Respecto al argumento de la quejosa consistente en que los preceptos reclamados de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor violan la garant�a de igualdad consagrada en la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos porque a su juicio, limitan la posibilidad de negociar la celebraci�n de contratos con los particulares, es menester se�alar lo siguiente:

    El art�culo 1o. constitucional es una declaraci�n de car�cter general que aun cuando consagra una garant�a de igualdad no establece �sta de manera espec�fica, por lo que su violaci�n debe relacionarse con la de otra garant�a individual, es decir, los conceptos de violaci�n que se hagan valer respecto a la garant�a prevista en dicho art�culo, no pueden entenderse si no es en relaci�n directa con las libertades que la C.�n consagra, la violaci�n que se producir�a, en su caso, al art�culo 1o., s�lo puede advertirse de un estudio conjunto de dicho ordinal con la correlativa libertad que se arguye violada.

    En ese sentido se ha pronunciado este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la tesis identificada con el n�mero P. CXXXIII/2000, visible en la p�gina 27 del Tomo XII, correspondiente al mes de septiembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, que a continuaci�n se inserta.

    IGUALDAD. LOS CONCEPTOS DE VIOLACI�N QUE SE HAGAN VALER RESPECTO A LA GARANT�A PREVISTA EN EL ART�CULO 1o. DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL, NO PUEDEN ENTENDERSE SI NO ES EN RELACI�N DIRECTA CON LAS LIBERTADES QUE �STA CONSAGRA. Si bien es cierto que las garant�as que otorga la C.�n Federal s�lo pueden restringirse por disposici�n de la propia Ley Fundamental o por otra ley a la que la misma remita, tambi�n lo es que los conceptos de violaci�n que haga valer el quejoso en el juicio de amparo, respecto al art�culo 1o. de la Carta Magna que prev� la garant�a de igualdad, s�lo pueden entenderse en relaci�n directa con las libertades que la propia C.�n consagra. Esto es, la violaci�n que se producir�a, en su caso, al art�culo 1o. s�lo puede advertirse de un estudio conjunto de dicho ordinal con la correlativa libertad que se arguye violada.

    Asimismo resulta ilustrativa la tesis aislada de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n publicada con el n�mero 1a. C/2001, a fojas 192, del Tomo XIV, correspondiente al mes de diciembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, que es del tenor literal siguiente:

    IGUALDAD. L�MITES A ESTE PRINCIPIO. La C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminaci�n alguna por raz�n de nacionalidad, raza, sexo, religi�n o cualquier otra condici�n o circunstancia personal o social, de manera que los poderes p�blicos han de tener en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situaci�n deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. As�, el principio de igualdad se configura como uno de los valores superiores del orden jur�dico, lo que significa que ha de servir de criterio b�sico para la producci�n normativa y su posterior interpretaci�n y aplicaci�n, y si bien es cierto que el verdadero sentido de la igualdad es colocar a los particulares en condiciones de poder acceder a derechos reconocidos constitucionalmente, lo que implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo, ya que si la propia C.�n protege la propiedad privada, la libertad econ�mica y otros derechos patrimoniales, est� aceptando impl�citamente la existencia de desigualdades materiales y econ�micas; es decir, el principio de igualdad no implica que todos los sujetos de la norma se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho principio se refiere a la igualdad jur�dica, que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio (o privarse de un beneficio) desigual e injustificado. En estas condiciones, el valor superior que persigue este principio consiste en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicaci�n la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones an�logas, o bien, propicien efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jur�dica.

    Pues bien, resulta infundado el argumento relativo a que los dispositivos reclamados de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor infringen la garant�a de libertad de comercio que consagra el art�culo 5o. constitucional, teniendo en cuenta los siguientes razonamientos.

    El art�culo 5o. de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos dice, en lo que interesa:

    Art�culo 5o. A ninguna persona podr� impedirse que se dedique a la profesi�n, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo l�citos. El ejercicio de esta libertad s�lo podr� vedarse por determinaci�n judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resoluci�n gubernativa, dictada en los t�rminos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. ...

    De lo transcrito se deduce lo siguiente:

    1. Que la libertad contenida en el precepto constitucional es permisiva; esto es, que la actividad est� permitida por la ley.

    2. Que el ejercicio de esta libertad permisiva s�lo podr� vedarse por determinaci�n judicial cuando se afecten los derechos de tercero.

    3. Que dicha libertad tambi�n podr� vedarse por resoluci�n gubernativa cuando se ofendan los derechos de la sociedad.

    En ese orden de ideas, es inconcuso que los preceptos reclamados no vulneran en forma alguna la garant�a que consagra el art�culo 5o. constitucional, en virtud de que este dispositivo garantiza la libertad de comercio al se�alar que a nadie podr� imped�rsele que se dedique a la profesi�n, industria, comercio o trabajo que le acomode y que el ejercicio concreto de esta libertad s�lo puede limitarse por las tres razones antes precisadas, por tanto, teniendo en cuenta que esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sostenido el criterio de que la obligaci�n de los gobernados de cumplir con las leyes, reglamentos y normas generales que si bien pueden representar una carga administrativa, ello no coarta la libertad de comercio, ya que no les impide que se dediquen a la profesi�n, industria, comercio o trabajo que les acomode, aun en el caso de que una actividad no sea lo suficientemente productiva a juicio del gobernado.

    En raz�n de lo anterior, se concluye que la circunstancia de que los art�culos reclamados establezcan que las empresas que tengan el car�cter de proveedores cuyo objeto social sea la compraventa de bienes inmuebles destinados a casa habitaci�n, tendr�n la obligaci�n de insertar determinadas cl�usulas en sus contratos de adhesi�n y que �stos deben ser registrados ante la Procuradur�a Federal del Consumidor so pena de que el incumplimiento de esto conllevar� a que no surta efectos el contrato contra el consumidor, no quebranta la garant�a constitucional citada, pues el establecimiento de dichas obligaciones administrativas no implica un obst�culo para la realizaci�n de las actividades en �l comprendidas; por lo contrario, conlleva impl�cita una certeza jur�dica y un provecho al regular en favor de proveedores y consumidores una forma de evitar problemas de interpretaci�n o conflicto por la celebraci�n y efectos de tales contratos, pues no debe perderse de vista que el art�culo 5o. constitucional establece, en primer t�rmino, una garant�a de igualdad que se traduce en que todos los gobernados puedan elegir la profesi�n, comercio o trabajo que deseen.

    Cabe destacar que si bien es cierto que conforme a la ley reclamada se imponen a los proveedores que se dedican a la compraventa de inmuebles destinados a casa habitaci�n una serie de obligaciones que no se exigen en general a los que, sin resultar proveedores, venden inmuebles, tambi�n es verdad que con este trato diferente no se viola la garant�a de igualdad puesto que como se pone de manifiesto en otros considerandos, los proveedores no se hallan en plan de identidad en cuanto a sus actividades, a un vendedor espor�dico de inmuebles.

    Resulta aplicable en la especie, la tesis sostenida por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible con el n�mero P. XC/2000, p�gina 26, del Tomo XI, correspondiente al mes de junio de 2000, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, en su Novena �poca, que establece:

    GARANT�A DE IGUALDAD. EST� CONTENIDA IMPL�CITAMENTE EN EL ART�CULO 5o. CONSTITUCIONAL. El an�lisis del primer p�rrafo del art�culo 5o. constitucional, que establece: ?A ninguna persona podr� impedirse que se dedique a la profesi�n, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo l�citos. ...?, permite constatar, en principio, que este precepto garantiza a todos los gobernados, entre otras cosas, el ejercicio de las libertades de comercio y de industria que sean l�citas y, en segundo t�rmino, que esa facultad se otorga a todas las personas sin distinci�n alguna, es decir, sin hacer diferencias de nacionalidad, raza, religi�n o sexo, ya que su contenido no establece salvedad alguna al respecto; circunstancia que constituye un fundamento importante de la garant�a de libertad de comercio, ya que el art�culo 5o. constitucional, al permitir a todas las personas ejercer el comercio o la industria que les acomode, siempre y cuando sean l�citos y no opere alguna de las limitantes a que alude el mismo numeral, excluye impl�citamente de tal prerrogativa todo trato desigual que no pueda ser justificado constitucionalmente o apoyado en el inter�s p�blico, puesto que no debe soslayarse que el disfrute pleno de la garant�a otorgada por la Carta Magna en el imperativo de cuenta exige necesariamente la actualizaci�n del principio de igualdad material o real entre los titulares de esa garant�a, dado que jur�dicamente la igualdad se traduce en que varias personas, cuyo n�mero es indeterminado, que participen de la misma situaci�n, tengan la posibilidad y la capacidad de ser titulares cualitativamente de los mismos derechos y obligaciones que emanen de la ley aplicable frente al Estado, lo cual estar� en funci�n de sus circunstancias particulares. En este sentido, el numeral 5o. constitucional prev� sustancialmente ese principio fundamental de igualdad, en virtud de que tiene como finalidad colocar a todos los gobernados, cualquiera que sea su categor�a o condici�n social, en igualdad de condiciones frente a la necesidad de vida de escoger el comercio, el oficio, el trabajo o la industria que les acomode, con las �nicas salvedades de que �stos sean l�citos y de que no ataquen los derechos de terceros ni ofendan los intereses de la sociedad.

    De lo hasta aqu� expuesto se colige que no puede considerarse que con la implantaci�n de obligaciones administrativas las empresas quejosas se vean privadas del producto de su actividad comercial, por lo que no transgreden las garant�as individuales de la recurrente consagradas en el art�culo 5o. constitucional, m�xime si se considera que el legislador en los preceptos reclamados no estableci� limitantes para el l�cito ejercicio de la actividad de los sujetos de la norma, sino s�lo normas de orden p�blico que en concordancia con el art�culo 28 constitucional, protegen a los consumidores.

    Resulta ilustrativa al respecto, la tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en su anterior integraci�n, publicada con el n�mero P./J. 26/92, en la Octava �poca, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, N�mero 57, correspondiente al mes de septiembre de 1992, p�gina 12, cuyo contenido es el siguiente:

    FRACCIONAMIENTOS. EL ART�CULO 77, F.I.I, DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE PUEBLA QUE, EN DETERMINADOS CASOS, PROH�BE LA RESCISI�N DE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA, NO VIOLA EL ART�CULO 5o. CONSTITUCIONAL. La limitaci�n que establece el precepto referido a los fraccionadores autorizados por el Gobierno del Estado de Puebla, de no rescindir los contratos de compraventa a plazos de terrenos o de casas habitaci�n, por falta de pago o de incumplimiento de las obligaciones a cargo del comprador, no vulnera su libertad contractual, por lo que no contraviene el art�culo 5o. constitucional. No vulnera su libertad contractual, puesto que el precepto en cuesti�n solamente regula los efectos del contrato de compraventa a plazos de terrenos o casas, pero el fraccionador conserva su plena libertad para celebrar o no tales contratos y para darles el contenido que convenga con sus co-contratantes, convenios que, de ser celebrados, tienen el alcance y efectos obligatorios que la ley se�ala, sin que el citado art�culo 5o. constitucional establezca limitaci�n alguna al legislador para precisar tales efectos y alcances como mejor corresponda a las circunstancias socioecon�micas que prevalezcan. La garant�a de libertad de contrataci�n contenida en el art�culo 5o. constitucional no se viola cuando el legislador precisa el alcance y efectos obligatorios de un contrato, pues con ello no se afecta la libertad de contrataci�n de los fraccionadores que se sit�an dentro del supuesto legal, pues mantienen la posibilidad de dedicarse al comercio o contrataci�n que deseen, siendo l�citos.

  2. Por otra parte, la quejosa plantea que las normas reclamadas otorgan a la Procuradur�a Federal del Consumidor, atribuciones que no son acordes con su naturaleza jur�dica, para dar respuesta a ello se se�ala lo siguiente:

    De conformidad con el art�culo 20 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, la Procuradur�a Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jur�dica y patrimonio propio. Tiene funciones de autoridad administrativa y est� encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jur�dica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Su funcionamiento se rige por lo dispuesto en la ley de la materia, los reglamentos de �sta y su estatuto.

    Los derechos tutelados por esta ley son de car�cter eminentemente social. El sentido de dicha tutela es evitar que la inferioridad econ�mica de grandes grupos de consumidores les lleve a aceptar relaciones de consumo injustas.

    Se trata de una legislaci�n intervencionista yasistencialista de las clases m�s desprotegidas, bajo la premisa de garantizar la intervenci�n del poder p�blico en la protecci�n de los grupos econ�micamente m�s d�biles y evitar que se cometan injusticias al aplicar en las relaciones de consumo algunos preceptos de derecho privado que tienen como presupuesto la igualdad de los contratantes, principio que no existe entre proveedores y consumidores, ya que �stos constituyen el sector necesitado de protecci�n.

    En sus inicios, la Procuradur�a Federal del Consumidor adopt� una pol�tica de protecci�n al consumidor que justificaba cierto grado de paternalismo estatal bajo el argumento de que algunos consumidores no eran capaces de tomar decisiones de consumo que resultaran ben�ficas para sus finanzas personales o familiares.

    Con el paso del tiempo, los cambios legislativos que ha sufrido esta legislaci�n originaron una importante evoluci�n de la Procuradur�a Federal del Consumidor, para situarla no s�lo como un organismo de car�cter eminentemente social, sino tambi�n econ�mico.

    La globalizaci�n de la econom�a, causada por la apertura en el comercio exterior y la modernizaci�n de la planta productiva, influy� de manera determinante en las relaciones comerciales, modificando inevitablemente los patrones de consumo.

    Esta complejidad de la econom�a global de mercado ha modificado tambi�n la actitud del legislador respecto a la pol�tica de la procuradur�a, en el sentido de determinar c�mo se pueden obtener mejores resultados en cuanto a la protecci�n efectiva del consumidor. De este modo, se ha transformado el entorno de la protecci�n legal al consumidor.

    El fen�meno de la globalizaci�n gener� la necesidad insoslayable de informaci�n por la parte que se considera vulnerable en las relaciones de consumo: el consumidor, quien en la actualidad, gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnolog�a, as� como a la participaci�n activa del Estado, est� en posibilidades de conocer e informarse respecto de los mercados, productos, distribuidores y servicios.

    Conviene se�alar que el consumidor es un componente esencial del funcionamiento de la econom�a nacional, por lo que su protecci�n y asesor�a por parte del Estado se justifica tambi�n por esas razones y no s�lo por considerar que se trata de un grupo vulnerable.

    Se considera, pues, que una pol�tica de protecci�n al consumidor permite elevar la calidad de los productos que se adquieren y mejorar el consumo bas�ndose en pr�cticas justas, lo cual apoya al crecimiento econ�mico y al bienestar de la poblaci�n.

    As�, el enfoque de la Procuradur�a Federal del Consumidor sin dejar de ser asistencialista y tutelar, privilegia tambi�n una pol�tica preventiva para mejorar la econom�a nacional.

    La actual pol�tica de protecci�n al consumidor se puede definir como un instrumento econ�mico y social que permite mejorar el funcionamiento de los mercados, con una visi�n preventiva, basada en la distribuci�n de informaci�n y la educaci�n para el consumo.

    En suma, con la actual legislaci�n, puede decirse que la Procuradur�a Federal del Consumidor orienta su pol�tica a procurar equidad y seguridad en las relaciones de consumo para favorecer el mejor funcionamiento de los mercados y garantizar los derechos e intereses de los consumidores, mediante acciones de car�cter preventivo y correctivo.

    Ahora bien, para poder hacer efectivos los fines antes descritos, la Procuradur�a Federal del Consumidor est� dotada de ciertas facultades legales que, como autoridad administrativa, puede ejercer.

    Del articulado de la ley de la materia, pueden encontrarse diferentes tipos de facultades, las que pueden agruparse bajo la siguiente clasificaci�n:

  3. Facultades de car�cter preventivo.

  4. Facultades de car�cter educativo.

  5. Facultades de representaci�n y procuraci�n.

  6. Facultades de resoluci�n de conflictos.

    Las facultades de resoluci�n de conflictos todav�a pueden dividirse en:

    d.1) Facultades de car�cter administrativo-sancionador.

    d.2) Facultades de car�cter conciliatorio.

    d.3) Facultades de car�cter arbitral.

    Las facultades preventivas le permiten requerir a los proveedores o a las autoridades competentes a que tomen medidas adecuadas para combatir, detener, modificar o evitar todo g�nero de pr�cticas que lesionen los intereses de los consumidores, y cuando lo considere pertinente publicar dicho requerimiento (art�culo 24, fracci�n XX). Asimismo, ordenar se informe a los consumidores sobre las acciones u omisiones de los proveedores que afecten sus intereses o derechos, as� como la forma en que los proveedores los retribuir�n o compensar�n (art�culo 24, fracci�n XXI). Por �ltimo, dentro de las facultades preventivas tambi�n se encuentra la obligaci�n de los proveedores de inscribir los contratos de adhesi�n ante la Procuradur�a Federal del Consumidor cuando as� lo establezca la ley de la materia o la S.�a de Econom�a mediante normas oficiales mexicanas (art�culo 86, primer p�rrafo).

    Como ejemplos de facultades educativas, pueden mencionarse la de la elaboraci�n de material informativo, de orientaci�n y de educaci�n a los consumidores, as� como su divulgaci�n en los lugares o establecimientos respectivos; y la creaci�n de m�dulos o sistemas de atenci�n y orientaci�n a los consumidores (art�culo 8o. bis). Asimismo, la de promover y realizar directamente, en su caso, programas educativos y de capacitaci�n en las materias a que se refiere esta ley y prestar asesor�a a consumidores y proveedores (art�culo 24, fracci�n VIII).

    En cuanto a las facultades de procuraci�n y representaci�n, puede decirse que se trata de prerrogativas propias del car�cter social de la Procuradur�a Federal del Consumidor (tratadas en p�rrafos precedentes). Ese car�cter, permite que el Estado pueda intervenir como parte en una relaci�n procesal, tomando en cuenta que se representa a los consumidores que se encuentran en desventaja frente a los proveedores. Con esta procuraci�n y representaci�n se busca en todo momento un equilibrio entre las fuerzas econ�micas del Estado con miras a un desarrollo econ�mico equitativo y sustentable.

    Ejemplos de este tipo de facultades son: procurar y representar los intereses de los consumidores, mediante el ejercicio de las acciones, recursos, tr�mites o gestiones que procedan (art�culo 24, fracci�n II); representar individualmente o en grupo a los consumidores ante autoridades jurisdiccionales y administrativas, y ante los proveedores (art�culo 24, fracci�n III); y aquella que se�ala que la procuradur�a tendr� legitimaci�n procesal activa para ejercer ante los tribunales competentes acciones de grupo en representaci�n de consumidores (art�culo 26).

    Respecto de las facultades de resoluci�n de conflictos, concretamente las de car�cter administrativo-sancionador, conviene precisar lo siguiente.

    Las facultades de una autoridad administrativa con potestad sancionadora, como lo es la Procuradur�a Federal del Consumidor, derivan del art�culo 21 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se lee:

    Art�culo 21. ... Compete a la autoridad administrativa la aplicaci�n de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de polic�a, las que �nicamente consistir�n en multa o arresto hasta por treinta y seis horas. ...

    As�, la Procuradur�a Federal del Consumidor cuenta con facultades de aplicar sanciones administrativas, igual que otras autoridades administrativas, como el Servicio de Administraci�n Tributaria de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, la Procuradur�a Federal de Protecci�n al Ambiente y la Direcci�n General de Aeron�utica Civil, entre otras.

    La Procuradur�a Federal del Consumidor est� facultada en la propia ley de la materia para imponer sanciones de car�cter administrativo. En efecto, el art�culo 24 se�ala:

    "Art�culo 24. La procuradur�a tiene las siguientes atribuciones:

    "...

    XIX. Aplicar las sanciones y dem�s medidas establecidas en esta ley, en la Ley Federal sobre M.�a y N.�n y dem�s ordenamientos aplicables.

    Por lo dem�s, este Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha determinado que la Procuradur�a Federal del Consumidor est� en aptitud de aplicar sanciones por infracciones directas a la ley de la materia, sin que ello implique violaci�n alguna a las garant�as de legalidad y seguridad jur�dica.

    El criterio aludido se plasm� en la tesis consultable con el n�mero P. LXX/96, en la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo III, correspondiente al mes de mayo de 1996, p�gina 116, que a la letra dice:

    "PROTECCI�N AL CONSUMIDOR. EL ART�CULO 131 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA OBSERVA LAS GARANT�AS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JUR�DICA CONTENIDAS EN LOS ART�CULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. El art�culo 131 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, respeta las garant�as constitucionales de legalidad y seguridad jur�dica, pues en el mismo se establecen los diversos medios que permiten a la autoridad pronunciarse de manera objetiva sobre la imposici�n de sanciones por infracciones a la propia ley; adem�s, la resoluci�n sancionadora sobrevendr� como culminaci�n del procedimiento previsto en los art�culos 123 de la ley en cita y 16 de su reglamento, que se�ala ante qu� autoridad ha de substanciarse, y se da oportunidad al afectado de hacerse o�r y aportar las pruebas que a su inter�s convenga, mismas que, desde luego, deber� tomar en consideraci�n la autoridad para emitir su resoluci�n. Por tanto, se concluye que el referido dispositivo legal contiene las condiciones de legalidad y seguridad jur�dica que permiten al gobernado una eficaz defensa dentro de una situaci�n jur�dica cierta y definida."

    Como ejemplos de estas facultades administrativo-sancionadoras, cabe mencionar las siguientes: aplicar las sanciones y dem�s medidas establecidas en esta ley, en la Ley Federal sobre M.�a y N.�n y dem�s ordenamientos aplicables (art�culo 24, fracci�n XIX); aplicar medidas de apremio (art�culo 25); sancionar a los especialistas o auditores externos que no cumplan con las obligaciones que les fije el reglamento, conforme a lo dispuesto en el art�culo 128 de la ley, sin perjuicio de las dem�s acciones legales que correspondan (art�culo 63 quintus); o bien, sancionar con la prohibici�n de comercializaci�n de bienes o productos, cuando habiendo sido suspendida �sta, se determine que no es posible su acondicionamiento, reproceso, reparaci�n o sustituci�n, o bien cuando su comercializaci�n no pueda realizarse conforme a las disposiciones de esta ley. La procuradur�a podr� ordenar la destrucci�n de los bienes o productos que correspondan. Trat�ndose de servicios, la prohibici�n de comercializaci�n proceder� cuando habiendo sido suspendida, no se garantice que su prestaci�n pueda realizarse conforme a las disposiciones de ley (art�culo 128 quater).

    Por otra parte, la facultad conciliatoria de la Procuradur�a Federal del Consumidor, adem�s de estar contenida en una ley general (concretamente, en el cap�tulo XIII, secci�n segunda, procedimiento conciliatorio), responde a la propia naturaleza del organismo, pues su finalidad esencial es promover relaciones de consumo justas, siendo la "amigable composici�n" y la conciliaci�n, medios preferentes a la contienda efectiva para lograr dichas relaciones.

    Dentro de este tipo de facultades, puede mencionarse que el art�culo 113 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, establece que el conciliador expondr� a las partes un resumen de la reclamaci�n y del informe presentado, se�alando los elementos comunes y los puntos de controversia, y las exhortar� para llegar a un arreglo; que les presentar� una o varias opciones de soluci�n, salvaguardando los derechos del consumidor.

    Asimismo, el art�culo 115 de la ley en menci�n dispone que los acuerdos de tr�mite que emita el conciliador no admitir�n recurso alguno; y que los convenios celebrados por las partes ser�n aprobados por la procuradur�a cuando no vayan en contra de la ley, y el acuerdo que los apruebe no admitir� recurso alguno.

    Finalmente, en cuanto a la facultad arbitral, puede decirse que la ley faculta a la Procuradur�a Federal del Consumidor a intervenir en la resoluci�n de conflictos como autoridad arbitral cuando no se llegue a un arreglo mediante el procedimiento conciliatorio (art�culo 116). Se trata de una posibilidad m�s que la ley prev� para lograr su objetivo gen�rico de promoci�n y protecci�n de los derechos del consumidor.

    Al respecto la ley se�ala, en su art�culo 117, que la procuradur�a podr� actuar como �rbitro entre consumidores y proveedores cuando los interesados as� la designen y sin necesidad de reclamaci�n o procedimiento conciliatorio previos, observando los principios de legalidad, equidad y de igualdad entre las partes. Asimismo, en el art�culo 121 se prev� que el laudo arbitral emitido por la procuradur�a o por el �rbitro designado por las partes deber� cumplimentarse o, en su caso, iniciar su cumplimentaci�n dentro de los quince d�as siguientes a la fecha de su notificaci�n, salvo pacto en contrario.

    El procedimiento arbitral es la actividad desarrollada por las partes y por los �rbitros en virtud de la funci�n jurisdiccional asumida por �stos. Se trata, pues, del conjunto de actividades realizadas por las partes y los �rganos arbitrales cuyo fin es la declaraci�n de las relaciones jur�dicas concretas y la resoluci�n de las controversias relativas, sometidas al examen del juicio de �rbitros. Es un procedimiento �gil, en el que se busca un ambiente de cordialidad entre las partes, ya que ellas, de com�n acuerdo, fijan el procedimiento y el �rbitro no s�lo juzga el conflicto, sino que busca mantener la relaci�n contractual o comercial a trav�s de los diferentes medios que tiene a su alcance, concluyendo el conflicto por un laudo.

    Finalmente, es conveniente mencionar que para que la Procuradur�a Federal del Consumidor pueda cumplir cabalmente sus funciones de garante de la equidad y seguridad en las relaciones de consumo, se hace necesario el uso de una importante herramienta jur�dica: la publicidad de sus actuaciones.

    En efecto, para promover adecuadamente la cultura del consumo, resulta indispensable que la autoridad pueda difundir p�blicamente sus pol�ticas, as� como sus actuaciones concretas, con lo que puede alcanzar el objetivo de formar una conciencia del consumo basado en principios equitativos.

    Como puede verificarse de todo lo antes relacionado, no resulta fundada la argumentaci�n de la quejosa que se analiza, pues si de los art�culos 25, 73, fracciones X y XXIX-E, en relaci�n con el 28, todos de la C.�n Federal, se infiere que la Procuradur�a Federal del Consumidor es el �rgano que fundado en tales normas, tiene por objeto proteger a los consumidores y sanear la econom�a de consumo, resulta l�gico concluir que todas las facultades pormenorizadas que la ley le concede son perfectamente acordes con lo establecido en la C.�n.

  7. La recurrente manifiesta que el Congreso de la Uni�n carece de facultades para legislar en materia de protecci�n al consumidor.

    A efecto de abordar el an�lisis de este t�pico es menester precisar el fundamento constitucional de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, en cuanto implica verificar si el Congreso de la Uni�n tiene facultades para legislar en materia de ventas que los proveedores hacen al p�blico en general (consumidores), de bienes inmuebles destinados a casa habitaci�n o de tiempo compartido.

    Al respecto, se estima conveniente destacar, en primer t�rmino, los principios fundamentales que rigen la divisi�n de competencias legislativas entre la Federaci�n y los Estados de la Rep�blica y, en segundo lugar, la distribuci�n competencial que la C.�n Federal establece entre la Federaci�n y el Distrito Federal, tambi�n en materia legislativa.

    En cuanto a los principios mencionados inicialmente, cabe se�alar que de modo muy general, las facultades atribuidas a la Federaci�n, se encuentran precisadas en el art�culo 73 constitucional de dos maneras:

    En forma expresa, esto es, de manera concreta y espec�fica sobre algunas materias; y en forma impl�cita, que son aquellas facultades que constituyen el medio necesario para ejercer las expresas o expl�citas.

    Como ya se indic�, la C.�n Federal, en su art�culo 73, establece en sus primeras veintinueve fracciones aquellas atribuciones legislativas con que expresamente cuenta, mientras que las facultades impl�citas se encuentran previstas en la fracci�n XXX del precepto constitucional en cita. Cabe precisar que en esta fracci�n no se autoriza la creaci�n de facultades nuevas, sino las que hagan efectivas las atribuciones establecidas en las veintinueve primeras fracciones del art�culo en comento.

    Por otra parte, las facultades atribuidas a los Estados de la Rep�blica se encuentran previstas en el art�culo 124 de la Carta Magna, en cuanto establece que todas aquellas facultades que no est�n concedidas expresamente a la Federaci�n, corresponden a los Estados.

    Es importante resaltar la diferencia que existe entre las facultades impl�citas y las facultades reservadas a las Legislaturas Locales, pues en tanto las primeras no pueden existir sin atribuciones constitucionalmente expresas y en cuya normaci�n importa su objeto o fin, las segundas son susceptibles de desempe�o en materias que la C.�n Federal no reserva al Congreso de la Uni�n, en observancia del principio contenido en el citado art�culo 124 constitucional que literalmente establece:

    "Art�culo 124. Las facultades que no est�n expresamente concedidas por esta C.�n a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados."

    Del precepto transcrito se advierte que los Estados cuentan con las facultades que, por exclusi�n, no se encuentren concedidas expresamente a los funcionarios federales.

    En cuanto al �mbito de atribuciones que se�ala la C.�n Federal a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, debe tenerse presente que este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ya defini� tal aspecto en el criterio que sustenta la tesis de jurisprudencia n�mero 49/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo X, correspondiente al mes de agosto de 1999, p�gina 546, de rubro: "DISTRITO FEDERAL. AL CONGRESO DE LA UNI�N LE CORRESPONDE LEGISLAR EN LO RELATIVO A DICHA ENTIDAD, EN TODAS LAS MATERIAS QUE NO EST�N EXPRESAMENTE CONFERIDAS A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA POR LA CONSTITUCI�N FEDERAL."

    En la acci�n de inconstitucionalidad 5/99, fallada el once de marzo de mil novecientos noventa y nueve, que dio origen a la tesis antes referida, el Tribunal Pleno precis� que conforme al sistema federal que consagra la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, el Distrito Federal no s�lo no tiene calidad de Estado Federal sino que las reglas aplicables a la competencia de su Asamblea Legislativa son exactamente opuestas al sistema establecido para las dem�s entidades federativas antes expuesto, conforme al cual a los Estados toca todo lo que no est� reservado expresamente a la Federaci�n. En efecto, trat�ndose del Distrito Federal a su Asamblea Legislativa s�lo corresponde lo que expresamente le se�ala la C.�n Federal; lo dem�s, o sea todo lo que no se le reserva, corresponder� al Congreso de la Uni�n en su car�cter de Legislatura Local.

    As� se corrobora de los art�culos 44 y 122 de la C.�n Federal, de cuya lectura destaca, para efectos del presente estudio, que el ejercicio de la funci�n legislativa en el Distrito Federal est� encomendado al Congreso de la Uni�n y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, conforme al siguiente sistema de distribuci�n de competencias:

  8. Un r�gimen expreso y cerrado de facultades para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quese enumeran y detallan en el apartado C, base primera, fracci�n V, del art�culo 122 de la C.�n Federal, adem�s de las que expresamente le otorgue la propia C.�n.

  9. La reserva a favor del Congreso de la Uni�n respecto de las materias no conferidas expresamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, as� como lo relativo al Estatuto de Gobierno y a la deuda p�blica de esa entidad, a las normas que aseguren el debido, oportuno y eficaz funcionamiento de los Poderes de la Uni�n y las dem�s atribuciones que le se�ale la Ley Suprema, como lo estatuye su art�culo 122, apartado A, fracciones I a V.

    Expuesto a grandes rasgos el sistema general de divisi�n de competencias que establece la C.�n General, y a efecto de determinar a qu� �rgano compete legislar en materia de protecci�n al consumidor, es necesario tener en consideraci�n que el Congreso de la Uni�n es, por antonomasia, el poder encargado de crear los instrumentos legales que deriven de la C.�n y que considere necesarios para el desarrollo econ�mico, pol�tico y social dentro del marco dise�ado por otros preceptos constitucionales, regido por los principios de justicia, democracia, independencia e identidad nacional.

    As�, es comprensible que por regla general, los temas o materias sobre los cuales el Congreso de la Uni�n est� autorizado para legislar sean m�s amplios que los de las Legislaturas Locales, en cuanto se refieren a cuestiones que pueden interesar a toda la Rep�blica y a los mexicanos en general, conforme a los principios del federalismo, tales como la justa y equilibrada distribuci�n de la riqueza nacional, el fortalecimiento econ�mico, pol�tico y social de los Estados y la promoci�n del desarrollo regional, sin desconocer que las leyes que de tal �rgano provienen, tambi�n pueden orientar la coordinaci�n entre la Federaci�n, los Estados y los Municipios para cumplir de forma integral sus funciones, con respeto a sus espacios de competencia.

    Bajo tal perspectiva se advierte, inicialmente, que conforme al art�culo 73, fracciones X y XXIX-E, de la C.�n Federal, el Congreso de la Uni�n tiene facultad:

    "X. Para legislar en toda la Rep�blica sobre hidrocarburos, miner�a, industria cinematogr�fica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediaci�n y servicios financieros, energ�a el�ctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del art�culo 123;

    "...

    XXIX-E. Para expedir leyes para la programaci�n, promoci�n, concertaci�n y ejecuci�n de acciones de orden econ�mico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producci�n suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios. ...

    Tambi�n de manera preliminar, debe tomarse en consideraci�n que el art�culo 25 de la C.�n Federal, establece:

    "Art�culo 25. Corresponde al Estado la rector�a del desarrollo nacional para garantizar que �ste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberan�a de la naci�n y su r�gimen democr�tico y que, mediante el fomento del crecimiento econ�mico y el empleo y una m�s justa distribuci�n del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta C.�n.

    "El Estado planear�, conducir�, coordinar� y orientar� la actividad econ�mica nacional, y llevar� al cabo la regulaci�n y fomento de las actividades que demande el inter�s general en el marco de libertades que otorga esta C.�n.

    "Al desarrollo econ�mico nacional concurrir�n, con responsabilidad social, el sector p�blico, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad econ�mica que contribuyan al desarrollo de la naci�n.

    "...

    "Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyar� e impulsar� a las empresas de los sectores social y privado de la econom�a, sujet�ndolos a las modalidades que dicte el inter�s p�blico y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservaci�n y el medio ambiente.

    "La ley establecer� los mecanismos que faciliten la organizaci�n y la expansi�n de la actividad econ�mica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organizaci�n social para la producci�n, distribuci�n y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

    La ley alentar� y proteger� la actividad econ�mica que realicen los particulares y proveer� las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo econ�mico nacional, en los t�rminos que establece esta C.�n.

    Pero los principios que resultan fundamentales para decidir la cuesti�n planteada, se hallan en las normas de tutela social que forman el art�culo 28 constitucional que a continuaci�n se transcribe en su integridad, resaltando las partes m�s relevantes para el tema planteado.

    "Art�culo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la (sic) pr�cticas monop�licas, los estancos y las exenciones de impuestos en los t�rminos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dar� a ls (sic) prohibiciones a t�tulo de protecci�n a la industria.

    "En consecuencia, la ley castigar� severamente, y las autoridades perseguir�n con eficacia, toda concentraci�n o acaparamiento en una o pocas manos de art�culos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinaci�n de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre s� y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del p�blico en general o de alguna clase social.

    "Las leyes fijar�n bases para que se se�alen precios m�ximos a los art�culos, materias o productos que se consideren necesarios para la econom�a nacional o el consumo popular, as� como para imponer modalidades a la organizaci�n de la distribuci�n de esos art�culos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, as� como el alza de precios. La ley proteger� a los consumidores y propiciar� su organizaci�n para el mejor cuidado de sus intereses.

    "No constituir�n monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes �reas estrat�gicas: correos, tel�grafos y radiotelegraf�a; petr�leo y los dem�s hidrocarburos; petroqu�mica b�sica; minerales radioactivos y generaci�n de energ�a nuclear; electricidad y las actividades que expresamente se�alen las leyes que expida el Congreso de la Uni�n. La comunicaci�n v�a sat�lite y los ferrocarriles son �reas prioritarias para el desarrollo nacional en los t�rminos del art�culo 25 de esta C.�n; el Estado al ejercer en ellas su rector�a, proteger� la seguridad y la soberan�a de la naci�n, y al otorgar concesiones o permisos mantendr� o establecer� el dominio de las respectivas v�as de comunicaci�n de acuerdo con las leyes de la materia.

    "El Estado contar� con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las �reas estrat�gicas a su cargo y en las actividades de car�cter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por s� o con los sectores social y privado.

    "El Estado tendr� un banco central que ser� aut�nomo en el ejercicio de sus funciones y en su administraci�n. Su objetivo prioritario ser� procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rector�a del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podr� ordenar al banco conceder financiamiento.

    "No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a trav�s del banco central en las �reas estrat�gicas de acu�aci�n de moneda y emisi�n de billetes. El banco central, en los t�rminos que establezcan las leyes y con la intervenci�n que corresponda a las autoridades competentes, regular� los cambios, as� como la intermediaci�n y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulaci�n y proveer a su observancia. La conducci�n del banco estar� a cargo de personas cuya designaci�n ser� hecha por el presidente de la Rep�blica con la aprobaci�n de la C�mara de Senadores o de la Comisi�n Permanente, en su caso; desempe�ar�n su encargo por periodos cuya duraci�n y escalonamiento provean al ejercicio aut�nomo de sus funciones; s�lo podr�n ser removidas por causa grave y no podr�n tener ning�n otro empleo, cargo o comisi�n, con excepci�n de aquellos en que act�en en representaci�n del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, cient�ficas, culturales o de beneficencia (sic). Las personas encargadas de la conducci�n del banco central, podr�n ser sujetos de juicio pol�tico conforme a lo dispuesto por el art�culo 110 de esta C.�n.

    "No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del inter�s general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la regi�n en que se produzcan o que no sean art�culos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones est�n bajo vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de los Estados, y previa autorizaci�n que al efecto se obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas legislaturas, por s� o a propuesta del Ejecutivo podr�n derogar, cuando as� lo exijan las necesidades p�blicas, las autorizaciones concedidas para la formaci�n de las asociaciones de que se trata.

    "Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producci�n de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

    "El Estado, sujet�ndose a las leyes, podr� en casos de inter�s general, concesionar la prestaci�n de servicios p�blicos o la explotaci�n, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federaci�n, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijar�n las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestaci�n de los servicios y la utilizaci�n social de los bienes, y evitar�n fen�menos de concentraci�n que contrar�en el inter�s p�blico.

    "La sujeci�n a reg�menes de servicio p�blico se apegar� a lo dispuesto por la C.�n y s�lo podr� llevarse a cabo mediante ley.

    "Se podr�n otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, de car�cter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la naci�n. El Estado vigilar� su aplicaci�n y evaluar� los resultados de �sta."

    Del examen integral, arm�nico y sistem�tico de estas normas constitucionales, deriva que al Congreso de la Uni�n compete legislar en materia de comercio; asimismo, que corresponde al Estado -aqu� entendido como Federaci�n- la programaci�n, promoci�n, concertaci�n y ejecuci�n de acciones de orden econ�mico, fundamentalmente las de abasto y las que tengan como fin la producci�n suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios, tutelando la rector�a econ�mica del Estado para garantizar el crecimiento econ�mico del pa�s, alentando la producci�n y concediendo subsidios, estimular la exportaci�n de productos y facilitar la importaci�n de materias primas, entre otras acciones.

    Lo anterior es la cobertura necesaria para considerar que, conforme al art�culo 28 constitucional, la legislaci�n que al efecto se emita debe cumplir con una serie de principios rectores de pol�tica econ�mica y social, que reflejan, en la materia que se viene analizando, la intenci�n del Constituyente de proteger o tutelar al sector de consumidores que en la vida contempor�nea ha adquirido tan gran relevancia que, inclusive, a la colectividad actual se le identifica como sociedad de consumo.

    En esta parte es importante se�alar que la expresi�n "Estado" utilizado por el multicitado art�culo 28 se refiere a la Federaci�n, pues cuando ha querido aludir a las entidades federativas las menciona espec�ficamente como "Estados", como acontece con el p�rrafo octavo que en la parte conducente, que se reitera, dice:

    No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del inter�s general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la regi�n en que se produzcan o que no sean art�culos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones est�n bajo vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de los Estados, y previa autorizaci�n que al efecto se obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso.

    El mismo tratamiento distintivo se observa en la fracci�n VI del art�culo 27 de dicha N. Superior, que es del tenor literal siguiente:

    "VI. Los Estados y el Distrito Federal, lo mismo que los Municipios de toda la Rep�blica, tendr�n plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes ra�ces necesarios para los servicios p�blicos.

    Las leyes de la Federaci�n y de los Estados en sus respectivas jurisdicciones, determinar�n los casos en que sea de utilidad p�blica la ocupaci�n de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa har� la declaraci�n correspondiente. ...

    Por tanto, la protecci�n de los consumidores se erige en una de las prioridades del Constituyente cuyo desarrollo se encomienda a la Federaci�n con el prop�sito de que garantice la adecuada protecci�n de los derechos de dichos consumidores, en cuanto constituyen la parte d�bil en las relaciones de mercado; as�, la intervenci�n de los poderes p�blicos, en la medida de sus respectivas competencias, es necesaria para corregir aquellas disparidades que el mercado, por s� solo, es incapaz de subsanar. De esta manera, la C.�n Federal establece un principio general a favor de los consumidores y predica el deber de los poderes p�blicos de ejercer una serie de actuaciones encaminadas a su protecci�n, dentro de las cuales cabe la regulaci�n y vigilancia de los contratos de compraventa de casas habitaci�n celebrados por aquellos que hacen de dicha actividad su ocupaci�n habitual.

    Dicha protecci�n de los consumidores queda enmarcada como uno de los principios rectores de la pol�tica social y econ�mica que enuncia la C.�n Federal con las importantes consecuencias que derivan de ello, partiendo del reconocimiento de que existe una gran mayor�a de personas que al realizar operaciones que van m�s all� de las que le son conocidas y ordinarias, como las que tienen por objeto la adquisici�n de bienes inmuebles para casa habitaci�n con motivo de las ofertas que hacen empresarios (proveedores) al p�blico en general, carecen de la asesor�a profesional para verificar si los contratos o condiciones bajo las que se pactan son equitativas y apegadas a derecho, o son totalmente ventajosas para el empresario. Por ello, el Constituyente estim� necesario que la Federaci�n intervenga, los proteja y establezca las condiciones indispensables para que puedan, efectivamente, ejercer los derechos que la ley les concede.

    La Federaci�n, conforme a la C.�n Federal, trat�ndose de este tipo de relaciones, tutela a los econ�micamente m�s desprotegidos, precisando las directrices normativas que impidan o mitiguen las desigualdades.

    Lo anterior permite precisar que la institucionalizaci�n de la protecci�n al consumidor en donde el Estado es un ente activo en su defensa y ayuda, se inserta como facultad del Congreso de la Uni�n en el tema del desarrollo econ�mico nacional, cuyo fin es lograr una distribuci�n m�s equitativa del producto nacional y, al mismo tiempo, hacer m�s eficiente el aparato productivo corrigiendo los vicios y deformaciones de los sistemas de comercializaci�n que puedan afectar el desarrollo econ�mico en donde el consumidor est� ubicado.

    Tales argumentos se confirman con el texto de los trabajos legislativos que dieron origen tanto a la fracci�n XXIX-E del art�culo 73, como a la modificaci�n del art�culo 28 de la C.�n Federal en menci�n, que a continuaci�n se detallan.

    En la exposici�n de motivos de la iniciativa, enviada a la C�mara de Diputados que fungi� como C�mara de Origen, el siete de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, en la parte que interesa, se dijo:

    "La C.�n estableci� las bases para forjar la unidad cultural y pol�tica de la naci�n y de una democracia que contara con instituciones s�lidas para conducir la transformaci�n social y garantizar, en la libertad, el constante mejoramiento de las condiciones materiales y culturales del pueblo.

    "A partir de este orden normativo, M�xico ha podido construir sus instituciones de fomento del desarrollo econ�mico, las instituciones pol�ticas que le dar�an vialidad al proyecto nacional y crear los instrumentos de intervenci�n del Estado en la econom�a para promover un desarrollo m�s acelerado y equilibrado de las fuerzas productivas, hacer frente a los impactos de las crisis econ�micas internacionales manteniendo la soberan�a de la naci�n y dar sustento a un proceso de industrializaci�n mediante la orientaci�n, regulaci�n y fomento de las actividades econ�micas.

    "La C.�n de 1917 aport� una nueva concepci�n de los fines del Estado. Es una norma integradora y program�tica que da al Estado la responsabilidad fundamental en la promoci�n del desarrollo integral de la colectividad. Por la naturaleza y las exigencias de la lucha revolucionaria, la preocupaci�n central de los constituyentes de 1917 fue establecer el esquema normativo de la organizaci�n y ejercicio del poder, y los principios que dieran sustento al nacionalismo, la democracia y la justicia social. Para ello, establecieron las directrices para lograr la integraci�n territorial y cultural de la naci�n, as� como las bases para la ruptura de la econom�a de enclave que hab�a fomentado el porfiriato. En respuesta a la bandera inicial del sufragio efectivo y la no reelecci�n, instituyeron los derechos pol�ticos del r�gimen democr�tico. Para la realizaci�n de los prop�sitos sociales del pueblo definieron los derechos a la tierra y a mejores condiciones de trabajo.

    "Las condiciones de aquella �poca, de exigencias sociales, de defensa de la naci�n y participaci�n social y pol�tica, llevaron al Constituyente a adoptar las decisiones pol�ticas fundamentales sobre el r�gimen de propiedad y los derechos de las mayor�as a participar en la vida pol�tica y social, con lo que defini� visionariamente las orientaciones pol�ticas y sociales del desarrollo econ�mico.

    "...

    "La sociedad tambi�n ha cambiado. Las clases sociales y los diversos agrupamientos se han ampliado y fortalecido. El tejido social es hoy m�s rico y complejo. Existe ya un amplio y fuerte movimiento obrero, organizaciones campesinas, de clases medias, empresariales, de t�cnicos y profesionistas, cada vez m�s participantes e interconectados en un sistema de comunicaci�n nacional y con posibilidades crecientes para expresar sus puntos de vista.

    "...

    "Se ha dado en M�xico una acelerada modernizaci�n. Sin embargo, �sta no ha podido resolver con la celeridad necesaria los graves problemas de desigualdad social, de ineficiencia y baja productividad, de escasa competitividad de nuestros productos en el exterior y la generaci�nde suficiente ahorro interno para financiar el desarrollo.

    "...

    "Ante esta situaci�n el pa�s requiere asumir el problema de la definici�n del rumbo de la estrategia de desarrollo a partir de principios constitucionales del desarrollo econ�mico nacional que actualicen y ordenen las atribuciones existentes, establezcan la seguridad jur�dica y permitan romper con los principales obst�culos que en mayor medida limitan el cumplimiento de los fines de la naci�n.

    "Es necesario, para fortalecer la estructura constitucional del sistema econ�mico de la naci�n, que est�, de nuevo, se reencuentre en sus or�genes, reafirme sus valores y recupere la esencia de la C.�n para que, sobre esas bases, lleguemos a la s�ntesis de la orientaci�n que nos dan nuestros valores con las necesidades de instrumentaci�n. S�lo as� podremos arribar a una nueva etapa de desarrollo en todos los �rdenes de la vida nacional, sobre bases de seguridad jur�dica, solidez, dinamismo, permanencia, eficiencia y mayor igualdad social.

    "En nuestro pa�s, y en la �poca actual, no es posible separar el �mbito de la econom�a del de la participaci�n pol�tica y de los valores de la sociedad. La legitimidad que en nuestro r�gimen deriva de su origen revolucionario y del proceso de renovaci�n democr�tica de los poderes, est� cada vez m�s relacionada con las apreciaciones de la sociedad sobre la capacidad del sector p�blico para conducir con justicia y eficiencia el desarrollo integral.

    "...

    "Los principios constitucionales del desarrollo econ�mico nacional, que esta reforma propone, est�n referidos a la naturaleza y funcionamiento de nuestro sistema pol�tico que establece la C.�n. Estos son correspondientes con el r�gimen de propiedad y las formas de relaci�n del Estado y la sociedad que ella determina, as� como con nuevos mecanismos de participaci�n social que lleven a fortalecer y perfeccionar nuestro r�gimen democr�tico.

    "...

    "Estas reformas y adiciones, junto con las principales atribuciones del Estado en materia econ�mica, que se encuentran tambi�n consignadas en los art�culos 3o., 5o, 31, 73, 74, 89, 115, 117, 118, 123, 131 y dem�s relativos de nuestra Ley Suprema, dotan al Estado mexicano de las bases constitucionales -en los casos que proceda- para la modernizaci�n de la legislaci�n de fomento industrial, agr�cola, minero, de aprovechamiento de los energ�ticos, ciencia y tecnolog�a, pecuario, pesquero, forestal y de turismo; de los estatutos reguladores del comercio exterior y la pol�tica cambiaria, antimonopolios, de la inversi�n extranjera, la empresa transnacional, la adquisici�n de tecnolog�a, as� como la legislaci�n sobre regulaci�n del abasto y los precios, y la organizaci�n y defensa de los consumidores; tambi�n para el derecho penal econ�mico y la legislaci�n reglamentaria de la participaci�n y gesti�n del Estado en la econom�a nacional.

    "...

    "Se introducen las bases para regular el abasto y los precios, as� como para imponer aquellas limitaciones que eviten intermediaciones innecesarias o excesivas que provocan el alza de los precios. Se sientan las bases jur�dicas para la vital modernizaci�n del comercio interno.

    "Se introduce la protecci�n de los consumidores propiciando su organizaci�n.

    "...

    "El art�culo 73 es adicionado con fracciones que hacen expl�citas las facultades del Congreso para expedir leyes sobre las nuevas materias objeto de la reforma, as� como aquellas tendientes a la promoci�n de la inversi�n mexicana, la regulaci�n de la inversi�n extranjera, sobre transferencia de tecnolog�a y generaci�n, difusi�n y aplicaci�n de los conocimientos cient�ficos y tecnol�gicos que requiere el desarrollo nacional.

    "...

    "Al desarrollo econ�mico nacional concurrir�n, con responsabilidad social, el sector p�blico, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad econ�mica que contribuyan al desarrollo de la naci�n.

    "...

    Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyar� e impulsar� al sector social y al sector privado de la econom�a, sujet�ndolos, junto con las actividades econ�micas que realiza el Estado, a las modalidades que dicte el inter�s p�blico y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservaci�n y el medio ambiente. ...

    En el dictamen de origen del veintitr�s de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, se expuso en la parte que informa la litis, lo siguiente:

    "El Constituyente de 1917 estableci� que la propiedad de tierras y aguas comprendidas dentro de los l�mites del territorio nacional corresponde originalmente a la naci�n, la cual ha tenido y tiene derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

    "Instituy�, asimismo, que la naci�n tendr� en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el inter�s p�blico, as� como el de regular, en beneficio social el aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de apropiaci�n, con objeto de hacer una distribuci�n equitativa de la riqueza p�blica, cuidar de su conservaci�n, lograr el desarrollo equilibrado del pa�s y el mejoramiento de las condiciones de vida de la poblaci�n.

    "...

    "La gesti�n directa del Estado se ha diversificado, asimismo, con diversas instituciones, organismos y empresas para atender el desarrollo econ�mico independiente de la naci�n. La acci�n econ�mica y social del Estado tiene en este campo un car�cter din�mico. Alienta y regula las energ�as productivas para establecer un sano equilibrio de las relaciones entre los factores de la producci�n que contribuyan al fortalecimiento de la econom�a y la realizaci�n de la justicia social. Frente a las tendencias de las fuerzas del mercado y de los intereses meramente privatistas, ha realizado una acci�n deliberada y ha trascendido de manera irreversible la concepci�n decimon�nica de un soterrado Estado guardi�n.

    "...

    "Asimismo, del mandato constitucional se desprenden normas precisas que proh�ben los monopolios, formas inconvenientes de concentraci�n en la industria y los servicios, permitiendo adem�s la regulaci�n del comercio interno y del intercambio con el exterior. Por tanto, el nuestro no es un r�gimen de libre concurrencia, seg�n la concepci�n del individualismo posesivo, sino un sistema que entra�a un profundo sentido de justicia y solidaridad, que protege los intereses populares, tutela y promueve los derechos de los trabajadores y establece las instituciones de seguridad social.

    "En este contexto hist�rico y jur�dico surge la iniciativa de reformas del presidente M. de la Madrid. La comisi�n considera que este proyecto del Ejecutivo implica la configuraci�n de un derecho constitucional econ�mico que recoge la tendencia del derecho p�blico moderno de establecer en la Ley Fundamental los principios, medios y t�cnicas que deben regir la actuaci�n del Estado en materia econ�mica.

    "...

    "El papel que se asigna al sector social como integrante de la econom�a mixta responde a las demandas mayoritarias y fortalece la alianza hist�rica popular en que se funda nuestro proyecto social, en lo fundamental, el de lograr una distribuci�n cada vez m�s equitativa de los beneficios que genera el quehacer econ�mico del pa�s.

    "...

    "Esta modificaci�n a la iniciativa es consecuente con la doctrina constitucional mexicana, con el concepto del Estado como rector de la econom�a y con la responsabilidad pol�tica y social que la historia y las demandas populares han otorgado al Estado nacional.

    "...

    "Las modificaciones propuestas al art�culo 28 constituyen un paso trascendente en la doctrina constitucional mexicana. Al superar expl�citamente el principio nunca acreditado hist�ricamente de la libre competencia, se da curso legal a una concepci�n propia del juego de los factores productivos y, en funci�n de ella, se fijan las normas operativas a seguir. Introducir el concepto de pr�cticas monop�licas, regular la concentraci�n de poder econ�mico y enfrentar los nuevos fen�menos del oligopolio y el consumismo son importantes avances en los derechos fundamentales que el pueblo de M�xico se otorga por su soberana voluntad y que en el nuevo texto propuesto para el art�culo 28 encuentran su definici�n.

    "Se ampl�a as� una interpretaci�n estrecha del monopolio, y las nuevas manifestaciones de concentraci�n en la industria, el comercio y los servicios, podr�n enfrentarse con mejores instrumentos, dentro de un empe�o que avanza desde los mismos or�genes de nuestro constitucionalismo y que aspira a que las actividades econ�micas del Estado, los grupos y los particulares, se desenvuelvan con un sentido de progreso social.

    "...

    "De especial inter�s resulta la reforma propuesta al art�culo 28, tendiente a proteger a los consumidores, propiciando su organizaci�n y especificando las actividades que el Estado ha de realizar en forma exclusiva, sin sujetarlas a concepci�n de los particulares. Con base en estos criterios se fortalece la tesis del derecho constitucional mexicano que justifica y fundamenta la existencia de las instituciones, organismos y empresas que requiera el Estado para realizar con eficacia las actividades estrat�gicas que demanda la soberan�a nacional y el inter�s p�blico. ..."

    Al pasar a la C�mara Revisora que en la especie fue la de Senadores, el texto de los preceptos constitucionales de que se trata no sufrieron modificaci�n alguna.

    Con base en lo antes expuesto es dable afirmar que en t�rminos de las consideraciones anteriores, as� como en las normas invocadas de la C.�n Federal, el Congreso de la Uni�n tiene facultad expresa para legislar sobre las relaciones derivadas de los actos en los que el proveedor dedicado al fraccionamiento, construcci�n, promoci�n o asesor�a de inmuebles realiza ventas al p�blico en general (consumidores), con la finalidad de proteger a �stos y al mismo tiempo, lograr el mejoramiento de sus condiciones de vida mediante el fortalecimiento de su poder de compra a trav�s de la adquisici�n en el mercado de productos de buena calidad, en condiciones jur�dicamente correctas y precios justos.

    No es obst�culo para la conclusi�n anterior, el hecho de que el objeto de los convenios entre proveedor y consumidores sean, en este supuesto espec�fico, contratos de compraventa de inmuebles que, por regla general, son de naturaleza civil y, por tanto, regidos por las leyes locales, en virtud de que en el supuesto de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, el proveedor es un comerciante, dado que la fracci�n II de su art�culo 2o. lo define como tal, cuando lo identifica como "... la persona f�sica o moral que habitual o peri�dicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios"; se trata, pues, de un comerciante, en los t�rminos del art�culo 3o. del C�digo de Comercio; y como por otra parte, de los art�culos 75, fracci�n II, y 371 de este mismo ordenamiento, son mercantiles las compraventas de bienes inmuebles cuando se hagan con prop�sito de especulaci�n comercial, que es precisamente lo que sucede en la materia que se analiza, ha de concluirse que los aspectos tutelares de los consumidores que regulan los preceptos reclamados, son propios del Congreso Federal.

    Se invoca en apoyo de estas consideraciones la tesis sustentada por la Tercera Sala de la anterior integraci�n de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consultable en la S�ptima �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n, Vol�menes 187-192, Cuarta Parte, p�gina 171, que a la letra dice:

    PROTECCI�N AL CONSUMIDOR, LEY FEDERAL DE. NO ES APLICABLE A LA COMPRAVENTA DE INMUEBLES CELEBRADA EVENTUALMENTE POR PARTICULARES. El art�culo 2o. de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor dice: ?Quedan obligados al cumplimiento de esta ley los comerciantes, industriales, prestadores de servicios, as� como las empresas de participaci�n estatal, organismos descentralizados y los �rganos del Estado, en cuanto desarrollen actividades de producci�n, distribuci�n de bienes o prestaciones de servicios a consumidores?; y el art�culo 3o. del mismo ordenamiento, precept�a: ?Para los efectos de esta ley, por consumidor se entiende a quien contrata, para su utilizaci�n la adquisici�n, uso o disfrute de bienes o la prestaci�n de un servicio. Por proveedores, a las personas f�sicas o morales a que se refiere el art�culo 2o., y por comerciantes, a quienes hagan del comercio su ocupaci�n habitual o realicen, aunque fuere accidentalmente, un acto de comercio y su objeto sea la compraventa o arrendamiento de bienes muebles o la prestaci�n de servicios?. Como se ve, la ley federal en cuesti�n s�lo ser�a aplicable, trat�ndose de contratos de compraventa de inmuebles, cuando el vendedor haya sido una persona f�sica o moral cuyo trabajo ordinario es la realizaci�n de operaciones de compraventa sobre inmuebles, pues en este supuesto se tratar�a de personas que hacen ?del comercio su ocupaci�n habitual?; pero el mencionado ordenamiento es inaplicable cuando dos personas f�sicas celebran accidentalmente un contrato de compraventa que tenga por objeto un bien inmueble, pues este caso est� fuera de los supuestos previstos en los art�culos antes transcritos.

    Es corolario de lo anterior, que la expedici�n y aprobaci�n de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor por parte del Congreso de la Uni�n, resulta acorde con la facultad que en favor de este cuerpo legislativo consagran los art�culos 73, fracciones X y XXIX-E, 25 y 28 de la C.�n Federal, pues en defensa de los consumidores los preceptos impugnados establecen modalidades, condiciones y requisitos para la celebraci�n de contratos relacionados con proveedores dedicados al fraccionamiento, construcci�n, promoci�n, asesor�a y venta al p�blico en general de viviendas destinadas a casa habitaci�n.

    Debe, sin embargo, hacerse la precisi�n fundamental de que las facultades tutelares o protectoras de los consumidores, que corresponden al Congreso de la Uni�n, en las relaciones de ventas de viviendas de casa habitaci�n o de tiempo compartido que ofertan los proveedores, no invaden las esferas de competencia que constitucionalmente corresponden a los Estados de la Rep�blica y al Distrito Federal; antes bien, se armonizan y complementan, porque mientras a los �rganos federales compete normar y vigilar que las relaciones jur�dicas entre proveedores y consumidores se establezcan dentro de un marco de seguridad y legalidad, y conforme a un tratamiento equilibrado y exento de abusos, a los Estados y al Distrito Federal toca dictar leyes que con fundamento en los art�culos 121, fracciones I y II; 122, base primera, fracci�n V, inciso h) y 124 constitucionales, establezcan las formalidades de los contratos de compraventa, sus elementos y sus requisitos de existencia y validez.

  10. Dado que el Congreso de la Uni�n tiene facultades expresas para legislar en materia de comercio y de protecci�n al consumidor, es claro que puede emitir leyes regulatorias de la actividad de los proveedores que se dedican, entre otras, a la venta de casa-habitaci�n al p�blico en general, pues por un lado, ellos tienen la calidad de comerciantes y, por otra, sus contrapartes son consumidores.

    Ahora bien, como se advierte, las obligaciones que establecen los dispositivos combatidos a cargo de los proveedores ata�en, m�s que a las formalidades de los contratos, a las convenciones que aquellos pactan con los consumidores en actos mercantiles, caracter�stica esta �ltima que deriva de los art�culos 75, fracci�n II y 371 del C�digo de Comercio, y que conllevan ciertas protecciones, tales como la de registrar sus modelos de contratos ante la Procuradur�a Federal del Consumidor, la de incluir en dichos modelos ciertas cl�usulas e informaci�n sobre diversos aspectos de los inmuebles que ofrecen al p�blico, etc�tera, y que en conjunto desarrollan una facultad espec�ficamente encomendada al Congreso de la Uni�n y, en general, a la Federaci�n por el art�culo 28 constitucional, que consiste en brindar protecci�n al sector de los consumidores frente a los empresarios proveedores, trat�ndose de los actos mercantiles que celebran, independientemente de que al formalizarse en definitiva las ventas, deban acatarse las normas locales.

    Por tanto, la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor no pugna con la facultad de los Estados y del Distrito Federal para legislar en las materias contractual y de bienes inmuebles.

    La facultad constitucional de los Estados y del Distrito Federal para regular el derecho contractual deriva de un principio jur�dico que recoge expresamente el art�culo 13, fracci�n IV, del C�digo Civil Federal, pero que es de jerarqu�a mayor, ya que proviene de la interpretaci�n arm�nica de los art�culos 121, fracciones I, II y III; 122, base primera, fracci�n V, inciso h, y 124 constitucionales, principalmente.

    El principio general de derecho que de tales dispositivos deriva, postula que es la ley del lugar en donde el contrato se otorga, la que lo rige (locus regit actum).

    El art�culo 124 prev� la facultad residual a favor de los Estados, para legislar en cualquier �mbito que no est� reservado expresamente a la Federaci�n, mientras que el art�culo 122, base primera, fracci�n V, inciso h, faculta expresamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para legislar en materia civil (en la que, indudablemente, se ubica la regulaci�n de los contratos):

    "Art�culo 124. Las facultades que no est�n expresamente concedidas por esta C.�n a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados."

    "Art�culo 121. En cada Estado de la Federaci�n se dar� entera fe y cr�dito de los actos p�blicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la Uni�n, por medio de leyes generales, prescribir� la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujet�ndose a las bases siguientes:

    "I. Las leyes de un Estado s�lo tendr�n efecto en su propio territorio, y, por consiguiente, no podr�n ser obligatorias fuera de �l.

    "II. Los bienes muebles e inmuebles se regir�n por la ley del lugar de su ubicaci�n.

    "III. Las sentencias pronunciadas por los tribunales de un Estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro Estado, s�lo tendr�n fuerza ejecutoria en �ste, cuando as� lo dispongan sus propias leyes.

    "Las sentencias sobre derechos personales s�lo ser�n ejecutadas en otro Estado, cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por raz�n de domicilio, a la justicia que las pronunci�, y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio."

    "Art�culo 122. Definida por el art�culo 44 de este ordenamiento la naturaleza jur�dica del Distrito Federal, su gobierno est� a cargo de los Poderes Federales y de los �rganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de car�cter local, en los t�rminos de este art�culo.

    "...

    "Base primera. Respecto a la Asamblea Legislativa:

    "...

    "V. La Asamblea Legislativa, en los t�rminos del estatuto de gobierno, tendr� las siguientes facultades:

    "...

    h). Legislar en las materias civil y penal; normar el organismo protector de los derechos humanos, participaci�n ciudadana, defensor�a de oficio, notariado y Registro P�blico de la Propiedad y de Comercio.

    As�, mientras que los art�culos 28 y 73, fracci�n X, constitucionales sirven de apoyo al Congreso Federal para emitir leyes protectoras de los consumidores, el fundamento constitucional de que los Estados y el Distrito Federal tienen competencia para legislar en materia contractual civil en cuanto a los actos que se celebran en su territorio, resulta de la conjugaci�n del principio general de derecho descrito y de la concatenaci�n de diversos dispositivos de la propia Carta Magna.

    Sirven de apoyo, en lo conducente, las siguientes tesis consultables en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta�poca, Tomo CXXI, p�gina 2121, y la publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo II, correspondiente al mes de octubre de 1995, bajo el n�mero P. LXXVII/95, p�gina 77, respectivamente, que a la letra dicen:

    "LEGISLATURAS LOCALES, FACULTADES DE LAS, EN MATERIA CIVIL (DECRETO DE 10 DE ABRIL DE 1916 DEL C�DIGO DEL GOBIERNO DE PUEBLA). Las autoridades legislativas de los Estados tienen competencia constitucional para legislar en materia civil, y en las leyes relativas siempre se establecen restricciones a la autonom�a contractual, por razones de forma o de capacidad, por motivos referentes a la ilicitud del fin, del objeto o de la causa del acto jur�dico, o con la idea de garantizar una verdadera libertad de consentimiento en los particulares y de mantener la igualdad entre los contratantes; por lo que estando los Estados autorizados para legislar sobre la propiedad privada en todo aquello que no est� expresamente reservado a la Federaci�n, tal facultad lleva impl�cita la obligaci�n que tienen las mismas entidades, de velar por los intereses de la colectividad. Aunque en las legislaciones hay normas liberales, de car�cter individualista, que consagran el respeto a la libertad de los particulares, y la protecci�n m�s amplia a la autonom�a contractual, tambi�n hay otras que limitan justificadamente los derechos privados. Una de ellas es precisamente el decreto de 10 de abril de 1916, que establece que ?la acci�n de rescisi�n a que se refiere el art�culo 1509 del C�digo Civil no es renunciable, y su renuncia no producir� efecto jur�dico alguno?. Ya la Suprema Corte, a trav�s de la Sala Auxiliar, expres� el criterio de que es justificada la disposici�n por la que se prohibe y priva de todo efecto jur�dico la renuncia a la acci�n rescisoria por causa de lesi�n, dado que �sta �ltima, adem�s de viciar el libre consentimiento y el pleno conocimiento que deben inspirar la celebraci�n de los contratos, es fuente de actos que la moral reprueba y que vulneran en forma directa los intereses colectivos. La facultad de prohibir la renuncia a la acci�n rescisoria por causa de lesi�n no se halla otorgada al Congreso Federal de modo expreso por los art�culos 27 y 73 a 77 de la C.�n de la Rep�blica y tampoco de una manera t�cita, puesto que no se comprende dentro de las llamadas ?facultades impl�citas? (art�culo 73, fracci�n XXX), ni se incluye tampoco en las diversas prohibiciones o limitaciones que la Carta Magna impone a las entidades federativas (art�culos 116 a 119 y 121). Por tanto, de acuerdo con el art�culo 124 de la Ley Suprema, se concluye que las mencionadas facultades se entienden concedidas a los Estados."

    C�DIGO CIVIL Y C�DIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, AMBOS PARA EL DISTRITO FEDERAL. EL CONGRESO DE LA UNI�N TEN�A LA FACULTAD PARA EXPEDIRLOS. (SITUACI�N ANTERIOR A LA REFORMA DEL PRECEPTO 122, F.I., INCISO G), CONSTITUCIONAL, DE FECHA VEINTICINCO DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES). Aun cuando es verdad que en ning�n art�culo de la C.�n se establec�a de modo expreso la facultad del Congreso de la Uni�n para expedir el C�digo Civil y el C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, dichas atribuciones se encontraban asentadas de manera impl�cita en diversos art�culos constitucionales, entre ellos, el 14, 16 y 17 de la Ley Fundamental. En efecto, el art�culo 14 establece que nadie puede ser privado de sus derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; que en los juicios del orden civil, la sentencia deber� ser conforme a la letra o a la interpretaci�n jur�dica de la ley y, a falta de �sta, se fundar� en los principios generales del derecho; asimismo, el art�culo 16 previene que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito que funde y motive la causa legal del procedimiento; el art�culo 17 proh�be a las personas hacerse justicia por s� mismas o ejercer violencia para reclamar su derecho, estableciendo la obligaci�n correlativa, a cargo del Estado, de instituir tribunales que administren justicia a las personas en los t�rminos y plazos que fijen las leyes. Por tanto, de las disposiciones legales en comento, se advierte la necesidad de que la comunidad cuente con ordenamientos de orden civil y procesal; de ah� que la facultad legislativa se conced�a al Congreso de la Uni�n, en la materia de las bases antes mencionadas. Adem�s, el art�culo 73, fracci�n VI, constitucional, como aparec�a en 1917, ya establec�a las reglas para el nombramiento de Magistrados y Jueces del Distrito Federal, preven�a la expedici�n de la Ley Org�nica del Poder Judicial y la responsabilidad de los titulares. De lo anterior se infiere, l�gicamente y de manera congruente, que el Congreso de la Uni�n tiene facultades para expedir los ordenamientos necesarios en materia civil y procesal, de lo contrario, la existencia de los tribunales a que se refiere la mencionada base 4a., ser�a completamente est�ril, pues ser�a incongruente tener la facultad de integrar los tribunales si �stos carecen de leyes conforme a las cuales han de dictar sus resoluciones.

    Debe admitirse, por tanto, que si de acuerdo con los art�culos 25, 28 y 73, fracci�n X, de la C.�n Federal, en relaci�n con los art�culos 75, fracci�n II, y 371 del C�digo de Comercio, toca a la Federaci�n la tutela de los consumidores en el acto mercantil que celebran con los proveedores con motivo de la venta de casa-habitaci�n y de tiempo compartido, mientras que conforme a lo establecido en los art�culos 121, fracciones I, II y III; 122, base primera, fracci�n V, inciso h), y 124 constitucionales, corresponde a los Estados y al Distrito Federal legislar sobre las formalidades, elementos y requisitos de los contratos civiles con que, en su caso, habr�n de culminar aquellas convenciones mercantiles, deber� concluirse que los preceptos reclamados de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor no invaden la esfera de competencia local, sino que por el contrario, se complementan y armonizan entre s�.

    Tambi�n son infundadas las alegaciones en que se invoca violaci�n al r�gimen federativo por parte del art�culo 87, tercer p�rrafo, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, en cuanto establece que no surten efectos en perjuicio del consumidor los contratos sobre casa-habitaci�n si los proveedores no cumplen con la obligaci�n de registrarlos ante la Procuradur�a Federal del Consumidor.

    Cabe observar que el numeral cuestionado no obliga al consumidor, sino en todo caso al proveedor, quien tiene la calidad de comerciante y, por ello, est� sujeto a las normas federales tanto en materia de comercio como de protecci�n al consumidor.

    En el alegato se parte de la base de que dicha sanci�n es, en verdad, una causa de nulidad, pues el no surtimiento de efectos supone que el registro es una condici�n de validez del contrato.

    Debe se�alarse al respecto que el art�culo 73 de la ley reclamada establece en su primer p�rrafo que la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor es aplicable a la materia inmobiliaria cuando se trate de actos relacionados con el fraccionamiento, construcci�n, promoci�n, asesor�a o venta al p�blico de casa-habitaci�n, por parte de proveedores.

    En su segundo p�rrafo, el mismo precepto dispone que los contratos relacionados con el fraccionamiento, construcci�n, promoci�n, asesor�a o venta al p�blico de casa-habitaci�n deben registrarse ante la Procuradur�a Federal del Consumidor.

    Es claro que si conforme al primer p�rrafo del art�culo 73, las normas de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor son aplicables a la materia inmobiliaria en el supuesto del fraccionamiento, construcci�n, promoci�n, asesor�a o venta al p�blico de casa-habitaci�n por parte de proveedores, y una de esas normas es la relativa a la obligaci�n de inscribir ante la procuradur�a los contratos referidos a dichas actividades, basta con que una persona que tenga la calidad de proveedor se dedique a ellas para que autom�ticamente est� obligada a inscribir los contratos relativos ante la procuradur�a; de no cumplir con dicha obligaci�n, el art�culo 87, segundo p�rrafo, impide el surtimiento de efectos del mismo contra el consumidor.

    As�, el segundo p�rrafo del art�culo 87 dice a la letra:

    "Art�culo 87. ...

    "...

    Los contratos que deban registrarse conforme a esta ley, las normas oficiales mexicanas y dem�s disposiciones aplicables, y no se registren, as� como aqu�llos cuyo registro sea negado por la procuradur�a, no producir�n efectos contra el consumidor.

    Con relaci�n a la naturaleza de la figura jur�dica prevista en el segundo p�rrafo del art�culo 87, se entiende que es, por una parte, una causa de nulidad relativa del contrato y, por otra, el facultamiento al consumidor de oponer una excepci�n ante la eventual exigencia de pago por parte del proveedor. Su prop�sito es garantizar que los contratos se registren.

    Se trata de una nulidad relativa, en tanto constituye una sanci�n instituida en ley que produce la ineficacia de los actos realizados en contra de las formas legales, pero que puede ser convalidada.

    Este dispositivo debe ser visto en armon�a con los art�culos 78 y 79, fracci�n I, del C�digo de Comercio que aunque establecen la regla general de que en materia contractual mercantil cada uno se obliga en los t�rminos en que aparece que quiso obligarse sin necesidad de agotar formalidades determinadas, introduce la excepci�n de que ello opera salvo que exista alguna forma o solemnidad prevista en el propio c�digo o cualesquiera otra ley que condicionen la eficacia del acuerdo de voluntades.

    As�, el art�culo 2228 del C�digo Civil Federal (al cual cabe remitirse, en supletoriedad) previene que la falta de forma establecida por la ley produce la nulidad relativa del acto. Si se concede que el registro del contrato al que se refiere el art�culo 87, segundo p�rrafo, es una formalidad, debe aceptarse que su falta ocasiona la nulidad relativa. En ese tenor, es dable la convalidaci�n, al tenor de los numerales 2233 y 2234 del propio ordenamiento sustantivo.

    Por otra parte, es una causa de nulidad que perjudica al proveedor y no al consumidor, quien puede aprovecharse de todos los efectos del contrato; ello se infiere de la propia redacci�n del precepto, que dispone que el contrato no registrado no surtir� efectos contra el consumidor, pero no proh�be el surtimiento de efectos en lo que le aprovechen.

    Y ser�a il�gico que el no surtimiento de efectos alcanzara tambi�n al proveedor, porque es a �ste, y no al consumidor, a quien corresponde la carga de registrar el contrato, so pena, precisamente, de que no pueda aprovecharse de �l. El proveedor no podr�a aprovecharse de su propio dolo, alegando que, como el contrato no est� registrado, no puede dar cumplimiento al contrato celebrado con un consumidor, pues la obligaci�n de inscribirlo corre a su cargo. La circunstancia de que el consumidor pueda aprovecharse del contrato en lo que le beneficie, por lo dem�s, es acorde con el principio constitucional de protecci�n a la clase de los consumidores.

    En ese orden, es claro que la prevenci�n contenida en el segundo p�rrafo del art�culo 87 de la ley reclamada es una causa de nulidad relativa que puede ser convalidada, que el consumidor puede aprovecharse de los efectos del contrato en lo que le beneficien, y que puede oponer una excepci�n en contra del proveedor, si eventualmente �ste lo demandara.

    Se reitera el argumento de que existe vulneraci�n al r�gimen federal, en tanto que el art�culo 121, fracci�n II, constitucional dispone que los bienes muebles e inmuebles se rigen por la ley del lugar en que se ubican, esto es, la ley local de la entidad federativa donde se encuentre ubicado el bien inmueble objeto de compraventa, de manera que una norma federal, como el art�culo 87, tercer p�rrafo, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, al imponer ese requisito, lo contraviene.

    El art�culo referido, en la parte que interesa, es del tenor siguiente:

    "Art�culo 121. ...

    "...

    "II. Los bienes muebles e inmuebles se regir�n por la ley del lugar de su ubicaci�n.

    III. Las sentencias pronunciadas por los tribunales de un Estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro Estado, s�lo tendr�n fuerza ejecutoria en �ste, cuando as� lo dispongan sus propias leyes. ...

    La fracci�n II del art�culo preinserto, dispone que la regulaci�n de los bienes es materia local, propia del derecho civil interno de cada entidad federativa; en concatenaci�n con el primer p�rrafo del mismo art�culo, y con las fracciones I y III, primer p�rrafo, se desprende que, adem�s, la regulaci�n de los procedimientos judiciales que versen sobre derechos reales es propia de cada entidad federativa.

    As�, por virtud de dicho dispositivo cada Estado de la Rep�blica (y el Distrito Federal, se entiende) cuenta con un C�digo Civil que, para efectos de su propio territorio -y respetando el conjunto de dispositivos constitucionales que regulan la propiedad, como el art�culo 27-, regula aspectos tales como la forma de clasificar los bienes (inmuebles, muebles, mostrencos, vacantes, etc�tera) y los derechos reales que se ejercen sobre ellos (propiedad, usufructo, uso, las servidumbres o la posesi�n), y cuenta con leyes procesales que consignan procedimientos para resolver las controversias que deriven de derechos reales.

    Como se aprecia, el alegato resulta infundado, al partir de una base falsa: que el dispositivo impugnado (art�culo 87, segundo p�rrafo) regula la materia contractual civil propia respecto de bienes inmuebles, esto es, que se trata de una norma sustantiva referida al contrato de compraventa de esa clase de bienes.

    Y ello no es as�, pues la norma cuestionada contiene sin g�nero de duda, una regulaci�n espec�fica de la materia mercantil y de protecci�n al consumidor, referida a los acuerdos de voluntades celebrados entre proveedores y consumidores sobre el fraccionamiento, construcci�n, promoci�n o venta de inmuebles destinados a casa-habitaci�n o de tiempo compartido.

    En ese orden, no existe la posibilidad de contrastar el art�culo 87, tercer p�rrafo, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor con el 121, fracci�n II, de la C.�n, en tanto ambos se refieren a cuestiones diversas: por un lado, la norma federal sobre la materia de protecci�n al consumidor y que establece una obligaci�n a cargo de comerciantes y, por otro, una norma local sobre la materia de bienes.

    En apoyo de las consideraciones precedentes, resulta oportuno citar algunos criterios, tanto del Pleno como de Sala, que permiten ver cu�l ha sido la interpretaci�n que esta Suprema Corte ha hecho del art�culo 121, fracci�n II, de la Carta Magna.

    Tesis sustentadas por el Pleno de este Alto Tribunal, en su anterior integraci�n, visibles en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, Tomo XX, p�gina 1004, y la consultable en la S�ptima �poca, Vol�menes 217-228, Primera Parte, p�gina 13, respectivamente, que dicen:

    "BIENES INMUEBLES. El hecho de que los bienes inmuebles est�n sujetos a la ley de su ubicaci�n, no pueden traer la consecuencia forzosa de que los tribunales de esa ubicaci�n, sean los competentes para conocer de las controversias que se susciten sobre aqu�llos, porque son cosas distintas las leyes relativas al r�gimen de la propiedad, y las concernientes a la jurisdicci�n de los tribunales. Las leyes territoriales versan, fundamentalmente, sobre la organizaci�n de la propiedad y por eso se dice que los inmuebles est�n siempre sujetos a la ley local de su ubicaci�n; estas leyes son inseparables de las ideas que han precedido a la constituci�n de la propiedad individual en cada Estado, son territoriales, porque el soberano local es el m�s interesado en su aplicaci�n. No existe inconveniente alguno para que tribunales de distinto Estado apliquen la ley territorial a una cuesti�n sometida a su jurisdicci�n, aun cuando el inmueble se encuentre dentro de otra entidad. Lo que no ser�a posible es que el juzgador aplicara su ley territorial sobre constituci�n de la propiedad inmobiliaria, trat�ndose de un inmueble ubicado en otra entidad, teor�a que se conforma con lo que manda el art�culo 121 constitucional, cuando dispone que las sentencias pronunciadas por tribunales de un Estado, sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro, tendr�n fuerza ejecutoria en �ste, cuando as� lo dispongan sus propias leyes. En otros t�rminos, el juicio puede sustanciarse aun cuando verse sobre bienes inmuebles ubicados fuera de la jurisdicci�n del J.; pero la ejecuci�n forzada del fallo queda sujeta a lo que dispongan las leyes del Estado en donde tal ejecuci�n ha de realizarse. En resumen: las leyes de un Estado s�lo tienen efecto en su propio territorio y no son obligatorias fuera de �l; pero esto no impide que se pueda aplicar la ley de un Estado fuera de su territorio y por tribunales ajenos a la misma, cuando as� se haya estipulado, o cuando corresponda legalmente hacerlo, por la naturaleza de los bienes en litigio; los bienes muebles e inmuebles se rigen por la ley de su ubicaci�n en lo que se refiere al r�gimen de la organizaci�n de la propiedad, pero por lo que toca a la capacidad de los contratantes, a la existencia del acto y a su prueba, se aplica el principio locus regit actum."

    ART�CULO 121 CONSTITUCIONAL. NO ESTABLECE BASES PARA LA DIVISI�N DE PODERES TRIBUTARIOS ENTRE LA FEDERACI�N Y LOS ESTADOS. El art�culo 121 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos es el cimiento establecido por el federalismo para que pueda aplicarse de manera ordenada y arm�nica el derecho de un Estado de la Federaci�n en otro y constituye tambi�n el ligamento de los diversos ordenamientos jur�dicos estatales. Sin los principios que sienta, los Estados no tendr�an la obligaci�n de reconocer como v�lidas las leyes de los otros miembros de la Federaci�n. Espec�ficamente, la fracci�n II de dicho precepto, al asentar que ?los bienes muebles e inmuebles se regir�n por la ley del lugar de su ubicaci�n?, establece la base de que en todos los Estados miembros se dar� entera fe y cr�dito a los actos p�blicos, registros y procedimientos judiciales que referidos a dichos bienes provengan del Estado donde se hallan, teniendo plenos efectos si est�n conformes con el ordenamiento jur�dico de dicho Estado. Consecuentemente, el art�culo 121, fracci�n II, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, es ajeno a la formulaci�n de reglas de divisi�n de poderes en materia tributaria, y s�lo establece bases o principios para prevenir posibles diferencias entre los Estados, mas no entre la Federaci�n y uno de sus miembros.

    Asimismo, es ilustrativa la tesis de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n consultable con el n�mero 1a. XLII/2000, en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XII, correspondiente al mes de diciembre de 2000, p�gina 256:

    PROPIEDAD PRIVADA, MODALIDADES A LA. EL CONGRESO DE LA UNI�N NO ES EL �NICO FACULTADO PARA IMPONERLAS, EN T�RMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ART�CULO 27 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL. Si bien es cierto que el Congreso de la Uni�n est� facultado legalmente para imponer las modalidades a la propiedad privada, a trav�s de las leyes que expida, tambi�n lo es que dicha facultad legislativa no opera en todos los casos, pues es menester para ello que el inter�s p�blico que legitime constitucionalmente la imposici�n de la modalidad, incida en alguno de los ramos o materias que formen el cuadro competencial del citado Congreso; de manera tal que si, por el contrario, el ramo o materia incumbe legislativamente a los Congresos de los Estados por virtud del principio contenido en elart�culo 124 de la C.�n Federal, las leyes que impongan modalidades a la propiedad privada pueden provenir de �stos, lo que encuentra apoyo en lo previsto en la fracci�n II del art�culo 121 de la Ley Fundamental que consagra el principio lex rei sitae, al disponer que los bienes muebles e inmuebles se regir�n por la ley del lugar de su ubicaci�n. As�, al ser evidente que la propiedad es un derecho real que se ejerce sobre un bien mobiliario o inmobiliario, sin el cual tal derecho ser�a inconcebible, la imposici�n de modalidades a la propiedad repercute necesariamente en su objeto constituido por dichos bienes en cuanto a la manera o forma de usarlos, disfrutarlos y disponer de ellos. De ah� que respecto de los bienes muebles e inmuebles que se ubiquen dentro de su territorio, las Legislaturas Locales pueden dictar las leyes que regulen su uso, goce y disponibilidad, siempre que el inter�s p�blico que funde dicha regulaci�n no concierna a ninguno de los ramos o materias que sean de la competencia constitucional del Congreso de la Uni�n, integrada por las facultades expresas e impl�citas de dicho �rgano legislativo federal, pues considerar lo contrario, es decir, que el mencionado Congreso, en todos los casos, es el �nico facultado para imponer modalidades a la propiedad privada en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 27 constitucional, implicar�a un impedimento para aqu�llas de establecer las modalidades necesarias en funci�n del inter�s p�blico.

    Por �ltimo, debe atenderse al criterio de la Sala Auxiliar de este Alto Tribunal, en su anterior integraci�n, publicada en el Informe de 1969, S�ptima �poca, p�gina 96, que es del tenor literal siguiente:

    "IMPUESTOS, EL ART�CULO 121 CONSTITUCIONAL, F.I., NO IMPIDE LA CREACI�N DE, RESPECTO A BIENES MUEBLES O INMUEBLES O SUS PRODUCTOS, POR RAZ�N DEL LUGAR DE SU UBICACI�N.-Es inexacto que a virtud de ?que los bienes muebles e inmuebles se regir�n por la ley del lugar de su ubicaci�n?, seg�n los t�rminos de la fracci�n II del art�culo 121 de la C.�n Pol�tica de la Rep�blica; no puedan decretarse impuestos con respecto a ellos o al producto que se obtiene de los mismos, mediante la concertaci�n de un contrato de arrendamiento o de cualquiera otro contrato de diversa naturaleza. En rigor la disposici�n constitucional invocada es de aplicaci�n a leyes no impositivas, generalmente civiles, m�xime que la facultad del Congreso de la Uni�n, para decretar impuestos y gravar los ingresos provenientes de la celebraci�n de determinados contratos de arrendamiento o de cualquier otro acto relacionado con el capital o el trabajo, o en funci�n de estos, est� consignada en la fracci�n VII del art�culo 73 de la mencionada C.�n, lo que funda la imposici�n de cargos fiscales en esas materias."

    Otro tanto cabe decir de la supuesta vulneraci�n al art�culo 124 en relaci�n con el 73 constitucionales.

    Conforme al citado 124, seg�n se vio, "Las facultades que no est�n expresamente concedidas por esta C.�n a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados."; el 73 establece la competencia para legislar por materia del Congreso de la Uni�n. Como en este precepto no se confiere al Congreso la facultad de regular la materia de bienes inmuebles, �sta se entiende reservada a los Estados.

    Y ello es correcto, pero de all� no se desprende la inconstitucionalidad por violaci�n al r�gimen federativo, del art�culo 87, tercer p�rrafo, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, pues �ste, como se ha visto, regula un aspecto referido a la actuaci�n de los proveedores (comerciantes) en beneficio de los consumidores, muy diverso de la regulaci�n en materia de bienes que, en efecto, es propia de las leyes locales de cada entidad federativa.

    Por lo dem�s, como se ha visto, el Congreso s� tiene facultades para legislar en materia contractual mercantil y de protecci�n a los consumidores, seg�n se desprende, primordialmente, de los art�culos 28 y 73 constitucionales.

  11. En el concepto de violaci�n se aduce que los preceptos reclamados de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, en su conjunto, violentan la garant�a de supremac�a constitucional consagrada en el art�culo 133 de la C.�n Federal; al efecto es menester puntualizar lo siguiente:

    El art�culo 133 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se�ala textualmente:

    Art�culo 133. Esta C.�n, las leyes del Congreso de la Uni�n que emanen de ella y todos los tratados que est�n de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la Rep�blica, con aprobaci�n del Senado, ser�n la Ley Suprema de toda la Uni�n. Los Jueces de cada Estado se arreglar�n a dicha C.�n, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las C.ones o leyes de los Estados.

    En t�rminos generales este numeral establece expresamente la supremac�a constitucional y un orden jer�rquico de los ordenamientos legales en nuestro sistema legal. Adem�s, en su parte final consigna la obligaci�n para los Jueces de los Estados, de respetar la C.�n Federal, leyes federales y tratados internacionales, con preferencia a las disposiciones en contrario que pueda haber en las C.ones y leyes locales.

    No pocas discusiones doctrinales y judiciales ha suscitado la disposici�n de m�rito en torno a dos cuestiones b�sicas: una, el conflicto de leyes en el espacio, por cuanto a la validez del derecho federal y del derecho local cuando rigen de manera diversa una misma materia; y otra, el ejercicio del llamado control difuso de la C.�n por parte de las autoridades, fuera del procedimiento constitucional previsto por los art�culos 103 y 107 constitucionales.

    En la especie, se controvierte el primer aspecto, espec�ficamente en cuanto a la posibilidad de que, con fundamento en el art�culo constitucional en cita, el legislador ordinario dote de facultades a la Procuradur�a Federal del Consumidor para establecer e imponer estipulaciones en los contratos de compra venta de inmuebles celebrados entre los proveedores que se dediquen a tal actividad y los consumidores, siempre que sean destinados a casa habitaci�n; y tener que registrarlos, so pena de que no surtan efectos contra el consumidor, sin tener en cuenta la voluntad de las partes al celebrar el contrato, ni las disposiciones de los C�digos Civiles Federal o Locales y del C�digo de Comercio.

    Al respecto debe se�alarse que no existe conflicto alguno de leyes, pues si la quejosa reconoce que le es aplicable el C�digo de Comercio, que es de naturaleza federal, como tambi�n lo es la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, es inconcuso que no existe conflicto de leyes alguno, pues el primero de los ordenamientos citados rige el aspecto mercantil del contrato y la ley reclamada establece disposiciones tendentes a evitar que tal contrato afecte los derechos de los consumidores que son la parte desprotegida en la relaci�n que tienen con el proveedor, mientras que los C�digos Civiles rigen, en su caso, la etapa conclusiva de la convenci�n, de acuerdo con el r�gimen local aplicable, que incluye las normas notariales.

    Siguiendo esa tesitura, resulta inadmisible que exista violaci�n a lo dispuesto por el mencionado art�culo 133 de la C.�n Federal, pues los preceptos reclamados no facultan en modo alguno a que la Procuradur�a Federal del Consumidor se convierta en autoridad fiscalizadora de los contratos que celebren los gobernados o del registro de los mismos hasta el punto de que pueda desconocer y abstenerse de aplicar las leyes locales, aduciendo que por encima de todo se haya la protecci�n al consumidor. Lo inadmisible de este argumento radica en que los art�culos reclamados s�lo son aplicables en la etapa mercantil de la convenci�n entre proveedor y consumidores con el prop�sito de cumplir con el mandato protector del art�culo 28 constitucional, pero ello no implica desconocer los preceptos locales aplicables a los contratos.

    Resulta ilustrativa la tesis de jurisprudencia de la Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en su anterior integraci�n, consultable con el n�mero 3a./J. 10/91, en la Octava �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n, T.V., correspondiente al mes de marzo de 1991, en la p�gina 56, que es del tenor literal siguiente:

    LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACI�N JER�RQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CONSTITUCI�N.-El art�culo 133 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos no establece ninguna relaci�n de jerarqu�a entre las legislaciones federal y local, sino en el caso de una aparente contradicci�n entre las legislaciones mencionadas; �sta se debe resolver atendiendo a qu� �rgano es competente para expedir esa ley de acuerdo con el sistema de competencia que la N.F. establece en su art�culo 124. Esta interpretaci�n se refuerza con los art�culos 16 y 103 de la propia C.�n: el primero al se�alar que la actuaci�n por autoridad competente es una garant�a individual, y el segundo, al establecer la procedencia del juicio de amparo si la autoridad local o federal act�a m�s all� de su competencia constitucional.

    El art�culo 133 constitucional consagra la supremac�a constitucional en conflicto de leyes en el espacio y resalta que tal precepto no es fuente de facultades de control constitucional para los Jueces del orden com�n, sino del Poder Judicial de la Federaci�n, pues dicho dispositivo debe ser interpretado a la luz del r�gimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto, que se traduce en juicios espec�ficos cuya procedencia se encuentra sujeta a diversos requisitos con la finalidad de evitar la anarqu�a en la organizaci�n y distribuci�n de competencias de las autoridades estatales.

    Ahora bien, en cuanto a que los preceptos reclamados al otorgar facultades registrales violentan el art�culo 133 constitucional, porque ya existe tal obligaci�n de registro de los contratos de compra venta de inmuebles en el Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio que corresponda, debe puntualizarse lo siguiente.

    Mediante la publicidad de los contratos se lleva a cabo tambi�n la de los derechos, pues aqu�llos son el t�tulo de la adquisici�n y constituci�n de �stos. Los ordenamientos jur�dicos exigen, en ocasiones, que los terceros tengan conocimiento de esa adquisici�n o constituci�n a trav�s de su publicidad, pues �sta, adem�s de la forma, sirve para dar certeza a las partes celebrantes de un contrato.

    La publicidad cumple una funci�n de seguridad al impedir que los contratos y las relaciones jur�dicas permanezcan ocultos y representa una forma de expresi�n del negocio, que puede definirse como el acto que realiza un funcionario p�blico con fines de certeza, seguridad y de notificaci�n a terceros.

    Los registros p�blicos son institutos jur�dicos encargados de inscribir, anotar, poner de manifiesto y dar fe p�blica de los negocios jur�dicos y de las consecuencias relativas de tal manera que puedan ser consultados por cualquier interesado, quien podr� obtener copia, certificado, extractos, etc�tera, de los asientos. As�, tanto los terceros como el p�blico en general, pueden conocer el contenido de ciertos negocios jur�dicos, pues la publicidad opera �nicamente para ciertos tipos de contratos civiles, como para algunos mercantiles (publicidad constitutiva y la de hecho), pues en materia de contratos de adhesi�n, existe otro sistema de registro previsto en la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, mediante el cual la propia ley o la S.�a de Comercio y Fomento Industrial (actualmente S.�a de Econom�a), a trav�s de normas oficiales, determina que deben inscribirse ante la Procuradur�a Federal del Consumidor, dependencia que en este aspecto no se constituye en un registro p�blico, ni tiene la misma finalidad de aquellos a los que se ha hecho menci�n en p�rrafos precedentes.

    As�, con respecto al registro de los contratos de adhesi�n se�alados en la ley reclamada, debe precisarse que no es p�blico ni tiene por objeto dar certeza y seguridad a terceros, sino que �nicamente funge como medio de control y complemento de la actividad protectora de la Procuradur�a Federal del Consumidor.

    La funci�n de este registro es que un contrato de adhesi�n aprobado y registrado no pueda ser objetado, en principio, alegando desconocimiento o que contiene cl�usulas desproporcionadas o abusivas, lo que en s�, no puede violar la garant�a de supremac�a constitucional consagrada en el art�culo 133 de la Carta Magna, de donde resulta ineficaz el argumento de la quejosa, ya que la inscripci�n de este tipo de contratos en la multicitada procuradur�a es acorde con la funci�n tutelar que le encomienda la C.�n Federal, adem�s de que no interfiere con las instituciones registrales locales.

    Adem�s, el registro de los contratos de compra-venta de inmuebles destinados a casa habitaci�n ante la Procuradur�a Federal del Consumidor es un requisito de �ndole meramente administrativo tendiente a evitar cl�usulas abusivas en contra del consumidor y no evita o exime del registro del contrato relativo en el Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio que corresponda, que tienen efectos distintos como ha quedado puntualizado en p�rrafos precedentes.

    Conviene reiterar que lo anterior se concatena con lo analizado en considerandos precedentes, pudiendo resumirse que la obligaci�n establecida en los art�culos 86 y 87 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor de registrar los contratos de adhesi�n en materia de compra-venta de inmuebles destinados a casa-habitaci�n en el registro que al efecto tiene la propia procuradur�a, y la sanci�n de que ante la omisi�n de tal registro, el contrato no cause efectos contra el consumidor, no violenta garant�a constitucional alguna, pues el Congreso de la Uni�n se encuentra facultado para emitir leyes que protejan los intereses de los consumidores en t�rminos de las fracciones X y XXIX-E, en relaci�n con los diversos 25 y 28 de la propia C.�n Federal; y dentro de dicha atribuci�n queda comprendida la relativa al establecimiento de normas, como las reclamadas, que con el registro aludido coadyuvan a la protecci�n de los consumidores, pues el acto registral confiere a �stos certeza jur�dica en cuanto al contenido del acto jur�dico, que no podr� ser modificado o alterado en forma arbitraria por el proveedor.

    Por tanto, los preceptos impugnados no vulneran lo dispuesto en el art�culo 133 de la C.�n Federal pues como ha quedado evidenciado, las facultades de la Procuradur�a Federal del Consumidor son acordes con los principios constitucionales que en t�rminos del referido art�culo de la Carta Magna, constituye la Ley Suprema del Estado mexicano.

    Por lo expuesto y fundado, se

    resuelve:

PRIMERO

En la materia de la revisi�n, competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO

La Justicia de la Uni�n no ampara ni protege a BCB Impulse Administraci�n Inmobiliaria, Sociedad An�nima de Capital Variable; Promotora Deportivo El Roble, Sociedad An�nima de Capital Variable; Valladolid Tres Once, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; Durango 81, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; y Real 8, Sociedad An�nima de Capital Variable, respecto de los art�culos 73, 73 ter, 75, 86, �ltimo p�rrafo, y 87, segundo p�rrafo, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, publicados en el Diario Oficial de la Federaci�n el cuatro de febrero de dos mil cuatro.

N.�quese; con testimonio de este fallo, vuelvan los autos al Juzgado de su origen y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.

As� lo resolvi� el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la sesi�n celebrada el lunes veintisiete de junio de dos mil cinco, por unanimidad de diez votos, excepto por lo que hace a la negativa del amparo en contra del art�culo 86 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el cuatro de febrero de dos mil cuatro, propuesta en el resolutivo segundo, respecto de la cual hubo seis votos de los se�ores Ministros C.�o D�az, G�ngora P., V.H.�ndez, S.C., S.M. y presidente en funciones D�az R.; votaron en contra los se�ores Ministros A.A., L.R., G.�o P. y O.M. y reservaron su derecho de formular voto de minor�a. El se�or Ministro Mariano Azuela G�itr�n, por estar cumpliendo con otras funciones inherentes a su cargo no asisti�. Fue ponente el Ministro Jos� Ram�n C.�o D�az.

El se�or Ministro Presidente en funciones J.D.�az R. declar� que el asunto se resolvi� en los t�rminos propuestos.