Ejecutoria num. P. I/2000 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26827343

Ejecutoria num. P. I/2000 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P. I/2000
Localizacion:OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Diciembre de 2000
RESUMEN

AMPARO EN REVISIÓN 804/98. JUANA MARÍA DE JESÚS TORRES JAIME.REMATE. EL AMPARO EN CONTRA DE UN PRECEPTO QUE FIJA REGLAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, NO AFECTA LA SENTENCIA EJECUTORIADA QUE CONDENÓ AL MISMO.REMATE. EL ARTÍCULO 480 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, QUE DETERMINA QUE SERVIRÁ DE BASE EN ESE PROCEDIMIENTO EL VALOR COMERCIAL QUE INFORME LA OFICINA CATASTRAL, ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.REMATE. LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE AUDIENCIA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, DA LUGAR A SU REPOSICIÓN PARA QUE EL EJECUTADO SEA OÍDO Y VENCIDO (ARTÍCULO 480 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES).REMATE. LA SENTENCIA EJECUTORIA QUE CONDENA AL PAGO DE DIVERSAS PRESTACIONES, NO PRIVA DE INTERÉS JURÍDICO AL CONDENADO PARA RECLAMAR EN AMPARO LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO QUE ESTABLECE REGLAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

AMPARO EN REVISI�N 804/98. J.M.�A DE JES�S TORRES JAIME.

MINISTRA PONENTE: O.S.C.D.G.V..

SECRETARIO: C.M.A..

MINISTRO ENCARGADO DEL ENGROSE: MARIANO AZUELA G�ITR�N

CONSIDERANDO:

TERCERO

Son esencialmente fundados los agravios expresados por la quejosa recurrente.

Como antecedentes destacados del caso tenemos los siguientes:

  1. Nacional Financiera, S.N.C., en su car�cter de fiduciaria del F. denominado Fondo de Garant�a y P.�n a la Peque�a Industria del Estado de A., demand� a J.E.�n E.G.L. y J.M.�a de Jes�s T.J. en la v�a especial hipotecaria, la terminaci�n y rescisi�n del contrato de cr�dito de habilitaci�n o av�o y refaccionario que celebr� con los demandados.

  2. Del referido juicio correspondi� conocer al J. S�ptimo de lo Civil y de Hacienda en la ciudad de A., quien mediante resoluci�n de siete de mayo de mil novecientos noventa y seis, en el expediente 410/96 declar� legalmente terminado y rescindido por vencimiento anticipado el contrato de cr�dito de habilitaci�n o av�o, conden� a los demandados al pago de diversas prestaciones y orden� el trance y remate del inmueble sujeto a c�dula hipotecaria y con su producto que se paguen dichas prestaciones, si los demandados no lo hiciesen voluntariamente en el t�rmino de ley (foja 32 y vuelta del expediente).

  3. Por prove�do de doce de julio de mil novecientos noventa y seis, el J. S�ptimo de lo Civil y de Hacienda en la ciudad de A., acus� recibo del oficio 5471 suscrito por la Secretar�a de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vig�simo Tercer Circuito, en el que se acompa�� la ejecutoria de tres de julio del mismo a�o de la que se desprende que se neg� el amparo a los demandados (foja 33).

  4. El J. de m�rito, por acuerdo de trece de agosto de mil novecientos noventa y seis, requiri� a los demandados para que en el t�rmino de cinco d�as cumplieran con la sentencia dictada en el juicio especial hipotecario y por diverso de once de septiembre siguiente, a solicitud del promovente, abri� el periodo de ejecuci�n de conformidad con el art�culo 480 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de A., y orden� girar oficio al director de Catastro e Impuesto a la Propiedad Ra�z en el Estado, para que informe el valor comercial del inmueble hipotecado en el presente juicio.

  5. Por acuerdo de diez de octubre de mil novecientos noventa y seis, el J. de la causa acus� recibo del aval�o que fue solicitado al director general de Catastro e Impuesto a la Propiedad Ra�z y con el mismo orden� dar vista a las partes para que se impusieran de su contenido, y por diverso de veinte de febrero de mil novecientos noventa y siete, mand� anunciar el remate del inmueble embargado por medio de edictos y se�al� fecha para que tuviera verificativo la audiencia de remate (foja 39).

  6. El d�a 10 de marzo de 1997, tuvo verificativo la audiencia de remate, adjudic�ndose en favor de la actora el inmueble hipotecado. En acuerdo de veintis�is de la misma fecha, el J. S�ptimo de lo Civil y de Hacienda aprob� el remate (foja 40).

  7. Los demandados interpusieron recurso de apelaci�n contra el referido auto de veintis�is de marzo de mil novecientos noventa y siete, dictado por el J. S�ptimo de lo Civil y de Hacienda. Del recurso correspondi� conocer a la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia de A., la cual el dieciocho de septiembre del citado a�o resolvi�:

Vistos, para sentencia los autos del toca civil n�mero 657/97, formado con motivo del recurso de apelaci�n interpuesto por J.E.�n E.G.L. y J.M.�a de Jes�s T.J., en contra del auto de fecha veintis�is de marzo de mil novecientos noventa y siete, dictado por el J. S�ptimo de lo Civil y de Hacienda de esta capital, en el expediente n�mero 410/96, dentro del juicio especial hipotecario promovido por Ang�lica de S.V., apoderada general para pleitos y cobranzas de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Cr�dito, Instituci�n de Banca de Desarrollo, en su car�cter de fiduciaria del fideicomiso denominado Fondo de Garant�a y P.�n a la Peque�a Industria del Estado de A., en contra de los apelantes, misma que hoy se dicta bajo los siguientes: CONSIDERANDOS: I. Los agravios expresados por los recurrentes J.E.�n E.G.L. y J.M.�a de Jes�s T.J., son del tenor que se expresan a fojas de la ochenta y dos a la ochenta y cinco de los autos del principal, los cuales aqu� se dan por reproducidos como si a la letra lo fueren, en obvio de espacio y tiempo, y esencialmente por no ser un requisito formal de las sentencias, seg�n se infiere del art�culo 83 del C�digo de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. II. Los agravios expresados por los quejosos J.E.�n E.G.L. y J.M.�a de Jes�s T.J., son inatendibles por un lado e infundados e improcedentes por otro. En efecto, manifiestan los apelantes en su escrito de expresi�n de agravios que el laudo de fecha veintis�is de marzo de mil novecientos noventa y siete, dictado por el J. S�ptimo de lo Civil y de Hacienda de esta capital, en los autos del juicio especial hipotecario n�mero 410/96, les causa agravio en atenci�n a la inconstitucionalidad de que adolece el art�culo 480 del C�digo de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, y que en base a dicha inconstitucionalidad se vulnera en su perjuicio lo dispuesto en los art�culos 14 y 133 constitucionales, manifestaciones que son inatendibles por esta Primera Sala, en observancia de lo dispuesto por el art�culo 103 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, dispositivo que establece que: ?Los Tribunales de la Federaci�n resolver�n toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garant�as individuales; II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberan�a de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.?, por lo que, si los ahora impetrantes reclaman la inconstitucionalidad del referido numeral 480, deber�n acudir a la instancia correspondiente a hacer la reclamaci�n que consideren pertinente a efecto de que les reparen el perjuicio que dicen haber recibido con la aplicaci�n de tal precepto legal. III. Dispone el art�culo 493 del C�digo de Procedimientos Civiles vigente en el Estado que: ?Dentro de los tres d�as siguientes al en que se finc� el remate, el J., de oficio, revisar� el procedimiento de ejecuci�n y dictar� auto aprobando o no el remate. Contra esa resoluci�n se da el recurso de apelaci�n.?, y en observancia del mismo, el juzgador impugnado procedi� a la revisi�n del procedimiento de ejecuci�n y dado que el bien embargado y rematado lo fue la fracci�n del lote urbano n�mero seis, de la manzana seis, del fraccionamiento R., de la ciudad de Rinc�n de Romos, Municipio del mismo nombre, de esta entidad federativa, mismo que fue valuado por la Direcci�n General de Catastro e Impuesto a la Propiedad Ra�z, mediante dictamen de fecha cuatro de octubre de mil novecientos noventa y seis, en t�rminos de lo dispuesto por el numeral 480 de la ley adjetiva de la materia y anunciada su venta de conformidad al art�culo 481 del mismo cuerpo legal, sin haber comparecido m�s postores que la titular de la acci�n real hipotecaria a quien se le adjudic� el inmueble objeto del remate, previa calificaci�n de su postura, en la cantidad de cincuenta y ocho mil novecientos noventa y tres pesos con treinta y tres centavos, cabe concluir que obrando en congruencia con los dispositivos legales citados, el juzgador impugnado, dict� el auto de aprobaci�n del remate, que por lo mismo no causa agravio alguno a los apelantes. No es �bice a la anterior conclusi�n el argumento que hacen valer los apelantes en el sentido de que la almoneda se celebr� con un valor catastral que data del d�a tres de diciembre de mil novecientos noventa y tres, fecha en la que, dicen, fue la �ltima ocasi�n en que se reuni� la Junta Catastral del Estado de A., para revisar los valores catastrales de los inmuebles que se ubican en todo el territorio del Estado de A., y que dicha actualizaci�n fue publicada el diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y tres, en el P.�dico Oficial del Estado, y tampoco que el bien inmueble que fue objeto del remate tuviese un valor de ciento cincuenta millones de viejos pesos al momento en que celebraron el contrato de habilitaci�n o av�o y refaccionario con garant�a hipotecaria, que lo fue en el mes de agosto de mil novecientos noventa y dos, pues de lo primero no obra constancia alguna en los autos del principal, y respecto a lo segundo, es el valor que se desprende del dictamen emitido por la Direcci�n General de Catastro e Impuesto a la Propiedad Ra�z, el que debe tomarse en cuenta para la fijaci�n del precio del remate, en observancia de lo dispuesto por el art�culo 480 del C�digo de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Ahora bien, contrario a lo expuesto por los impetrantes, el dictamen emitido por la Direcci�n General de Catastro e Impuesto a la Propiedad Ra�z s� indica los par�metros en los que se bas� para llevar a cabo el aval�o del bien objeto del remate, a saber: que el inmueble tiene toma de agua domiciliaria; que existe energ�a el�ctrica; que existe servicio de limpia; que en cuanto a su vialidad, el tr�fico es local; que tiene descarga domiciliaria de alcantarillado; que tiene alumbrado p�blico; que la banqueta es de concreto al igual que el pavimento de la calle; que existe red de servicio telef�nico y que no pasa por el predio ninguna falla geol�gica; aunado al hecho de que en dicho aval�o se expresan como observaciones que el valor unitario de las construcciones incluye el dem�rito por antig�edad y estado de conservaci�n, por lo que en tal sentido no se les causa agravio alguno a los ahora inconformes. Asimismo, del an�lisis del dictamen emitido por la Direcci�n General de Catastro e Impuesto a la Propiedad Ra�z, se desprende que la fecha en que le otorg� al inmueble ya referido, el valor de ochenta y ocho mil cuatrocientos noventa pesos, lo fue el d�a cuatro de octubre de mil novecientos noventa y seis, luego entonces s� se llev� a cabo el remate del inmueble el d�a diez de marzo de mil novecientos noventa y siete, es decir, cinco meses despu�s de la emisi�n del dictamen, �ste se encontraba vigente en t�rminos de lo dispuesto por el precitado art�culo 480, al no haber transcurrido m�s de un a�o de su expedici�n, por lo que es de concluirse que no hubo err�nea ni defectuosa interpretaci�n por parte del J. S�ptimo de lo Civil y de Hacienda de esta capital del numeral indicado, y con ello ning�n agravio se causa a los reclamantes. As� pues, habi�ndose cumplido con todos y cada uno de los requisitos que establece la ley procesal en cita para llevar a cabo el remate ya referido, pues como se desprende de los autos del juicio del que emana el prove�do que se impugna, se dio cumplimiento a lo ordenado por los art�culos 476, 477, 480, 481, 483, 484, 485, 486, 487, 491, 492 y 493 de tal cuerpo legal, y con apoyo en los razonamientos anteriormente expuestos, es de concluirse que el auto recurrido no causa agravio alguno a los apelantes, motivo por el cual se confirma en todas y cada una de sus partes el auto recurrido. En virtud de lo anterior, en seguimiento a lo reglamentado por el art�culo 493 del c�digo procesal en comentario, se adjudica a Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Cr�dito, Instituci�n de Banca de Desarrollo, en su car�cter de fiduciaria del fideicomiso denominado Fondo de Garant�a y P.�n a la Peque�a Industria del Estado de A., en la cantidad de cincuenta y ocho mil novecientos noventa y tres pesos con treinta y tres centavos, la fracci�n del lote urbano n�mero seis, de la manzana seis del fraccionamiento R., de la ciudad de Rinc�n de Romos, Municipio del mismo nombre, del Estado de A., por lo que con fundamento en lo indicado por el dispositivo 494 del mismo ordenamiento jur�dico requi�rase a la adjudicataria para que consigne ante el J. natural la cantidad de cuarenta y siete mil ciento noventa y cuatro pesos con sesenta y siete centavos, que representa el remanente del precio completo del remate, en un t�rmino de diez d�as, apercibida que de no hacerlo se proceder� a declarar que por su culpa dej� de tener efecto la venta en su favor y que perder� el dep�sito a que se refiere el art�culo 485 del conjunto normativo preindicado. Por lo expuesto y fundado y con apoyo adem�s en las disposiciones legales contenidas por los art�culos 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 398, 399, 400, 401, 402 y 403 del C�digo de Procedimientos Civiles es de resolverse y se resuelve: PRIMERO. Se confirma en todas y cada una de sus partes el auto de fecha veintis�is de marzo de mil novecientos noventa y siete, prove�do por el J. S�ptimo de lo Civil y de Hacienda de esta capital, dentro del juicio especial hipotecario n�mero 410/96, promovido por Ang�lica de S.V., en su car�cter de apoderada general para pleitos y cobranzas de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Cr�dito, Instituci�n de Banca de Desarrollo, en su car�cter de fiduciaria del fideicomiso denominado Fondo de Garant�a y P.�n a la Peque�a Industria del Estado de A., en contra de J.E.�n E.G.L. y J.M.�a de Jes�s T.J.. SEGUNDO. Se adjudica a Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Cr�dito, Instituci�n de Banca de Desarrollo en su car�cter de fiduciaria del fideicomiso denominado Fondo de Garant�a y P.�n a la Peque�a Industria del Estado de A., en la cantidad de cincuenta y ocho mil novecientos noventa y tres pesos con treinta y tres centavos, la fracci�n del lote urbano n�mero seis, de la manzana seis, del fraccionamiento R., de la ciudad de Rinc�n de Romos, Municipio del mismo nombre, Estado de A.. TERCERO. Requi�rase a la adjudicataria, para que consigne, ante el J. natural la cantidad de cuarenta y siete mil ciento noventa y cuatro pesos con sesenta y siete centavos, que representa el remanente del precio completo del remate, en un t�rmino de diez d�as, apercibida que de no hacerlo se proceder� a declarar que por su culpa dej� de tener efecto la venta en su favor y que perder� el importe del dep�sito a que se refiere el art�culo 485 del ordenamiento legal en cita. CUARTO. Con testimonio de la presente resoluci�n rem�tanse los autos originales al juzgado de su procedencia y en su oportunidad arch�vese el presente toca como asunto concluido. N.�quese personalmente.

Expuestos los antecedentes del caso, este Tribunal Pleno se avoca al estudio del agravio de la recurrente en el que sostiene que fue indebido el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo, en virtud de que lo promovi� de conformidad con el art�culo 114, fracci�n III de la Ley de Amparo, que se�ala que cuando se trata de actos de ejecuci�n de sentencia, s�lo podr� promoverse el amparo contra la �ltima resoluci�n dictada en el procedimiento y que trat�ndose de remates, �nicamente podr� promoverse en contra de la resoluci�n definitiva en que se aprueben o desaprueben y que esto aconteci�, pues interpuso juicio de amparo indirecto en contra de la �ltima resoluci�n dictada en el procedimiento respectivo, es decir, contra la sentencia dictada por la H. Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en la que resolvi� el recurso de apelaci�n en contra del auto del J. S�ptimo de lo Civil y de Hacienda de la ciudad de A., en el que aprob� el remate del bien inmueble hipotecado, resoluci�n en la que confirm� ese auto.

Como se apunt� con antelaci�n, el agravio formulado por la quejosa es fundado.

La J. de Distrito para sobreseer en el juicio, se apoy� en la fracci�n XII del art�culo 73 de la Ley de Amparo, porque consider� que el quejoso debi� controvertir los art�culos 480 y 481 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de A., a trav�s de su primer acto de aplicaci�n y que se dieron en los prove�dos de once de septiembre de mil novecientos noventa y seis y veinte de febrero de mil novecientos noventa y siete, respectivamente, y si la quejosa present� su demanda hasta el d�a trece de noviembre de mil novecientos noventa y siete, resulta evidente que el t�rmino otorgado por la ley para los efectos pretendidos transcurri� con exceso, por lo que en la especie se actualiz� la causal de improcedencia invocada.

Contrariamente a lo afirmado por el a quo, la quejosa promovi� el juicio de amparo en contra de la �ltima resoluci�n definitiva que aprob� el remate como lo precept�a el �ltimo p�rrafo de la fracci�n III, del art�culo 114 de la Ley de Amparo:

Art�culo 114. El amparo se pedir� ante el J. de Distrito:... III. ... Si se trata de actos de ejecuci�n de sentencia, s�lo podr� promoverse el amparo contra la �ltima resoluci�n dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las dem�s violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Trat�ndose de remates, s�lo podr� promoverse el juicio contra la resoluci�n definitiva en que se aprueben o desaprueben.

Efectivamente, como se desprende de autos, la quejosa promovi� el juicio de garant�as en contra de la resoluci�n de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y siete, que confirm� en todas sus partes el auto aprobatorio de remate de veintis�is de marzo del mismo a�o.

La anterior Tercera Sala y este Tribunal Pleno, han sostenido de manera reiterada el criterio de que trat�ndose de remates el amparo s�lo procede contra la �ltima determinaci�n en que se aprueben o desaprueben, y la misma Tercera Sala estableci� que esta �ltima resoluci�n s�lo puede ser la de la alzada.

Los anteriores criterios son del siguiente tenor:

REMATES. Las violaciones cometidas en el curso de los procedimientos para llevar a cabo el remate de bienes embargados, no deben juzgarse sino hasta que se apruebe o desapruebe en definitiva aqu�l, porque de otra manera se har�a imposible llegar a realizar la venta de los bienes, demor�ndose indefinidamente la ejecuci�n de la sentencia, con notorio perjuicio para la administraci�n de justicia, sin que esto sea contrario a lo que dispone la fracci�n IX del art�culo 107 constitucional, que admite el amparo contra actos ejecutados despu�s del juicio, porque al interponer el de garant�as contra las resoluciones que preceden al remate, lo que se reclama es el remate mismo, y �ste no tiene eficacia jur�dica sino hasta que se aprueba por resoluci�n judicial o causa estado; y adem�s, como los embargados gozan durante los procedimientos de remate, de todos los derechos que la ley les concede, para hacer que aqu�l se verifique con estricto apego a las disposiciones legales, y puedan, en �ltimo t�rmino, apelar del auto que apruebe el remate, no puede decirse que carezcan de medios legales para defender sus derechos. Por todas estas razones, es inconcuso que el amparo es improcedente, contra las actos que preceden al remate.

(Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, Tercera Sala, Tomo XXVII, p�gina 797).

REMATES. Las violaciones cometidas en el curso de los procedimientos, para llevar a a cabo el remate de bienes embargados, no deben juzgarse sino hasta que el remate se aprueba en definitiva; pues de otra suerte, ser�a imposible llegar hasta la venta de los bienes, demor�ndose indefinidamente la ejecuci�n de las sentencias, con notorio perjuicio de la administraci�n de justicia; sin que pueda alegarse que tal teor�a pugna con lo mandado por la fracci�n IX del art�culo 107 constitucional;porque al reclamar los actos que preceden al remate, lo que se reclama es el remate mismo, que no tiene eficacia jur�dica sino hasta que se aprueba por resoluci�n que causa estado, y, adem�s, durante los procedimientos, se puede hacer uso de todos los derechos que la ley concede, para que la almoneda se verifique con tal apego a la ley misma; pudi�ndose en �ltimo t�rmino, apelar del auto que apruebe o desapruebe el remate; por todo lo cual el amparo es improcedente contra los repetidos procedimientos que preceden al remate.

(Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, Tercera Sala, T.X., p�gina 469).

REMATES, AMPARO EN CASO DE. Trat�ndose de remates, el amparo s�lo cabe contra la �ltima determinaci�n en que se aprueben o desaprueben, y esa �ltima resoluci�n s�lo puede ser la de alzada, por lo que si no se hace valer antes de acudir al amparo contra dicho remate, �ste es improcedente.

(Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, Tercera Sala, Tomo LXI, p�gina 3141).

AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCI�N DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, S�LO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCI�N DEFINITIVA RESPECTIVA. El art�culo 114, fracci�n III, p�rrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, establece que cuando se impugnen actos dictados en un procedimiento de ejecuci�n de sentencia, el juicio de amparo indirecto s�lo podr� promoverse contra la �ltima resoluci�n dictada en dicho procedimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las dem�s violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso, y que trat�ndose de remates, s�lo podr� promoverse contra la resoluci�n definitiva en que se aprueben o desaprueben. Esta regla espec�fica de procedencia del juicio de amparo indirecto rige, inclusive, cuando la resoluci�n dictada dentro del procedimiento de ejecuci�n de sentencia, que no es la definitiva, constituye el primer acto de aplicaci�n de una ley en perjuicio del quejoso y se reclama tambi�n �sta, pues esos actos procesales tienen como base la existencia de una sentencia que tiene el car�cter de cosa juzgada, cuya ejecuci�n no debe obstaculizarse, de modo que, mientras no se emita la resoluci�n definitiva correspondiente, los actos realizados dentro de ese procedimiento, as� como el problema de inconstitucionalidad del precepto legal aplicado, no podr�n impugnarse a trav�s del juicio de amparo indirecto, sino hasta que se pronuncie la �ltima resoluci�n del procedimiento de ejecuci�n, y si se trata del remate, contra la resoluci�n que lo apruebe o desapruebe.

(Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Pleno, Tomo V, abril de 1997, tesis P. LVI/97, p�gina 15).

AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESI�N ?�LTIMA RESOLUCI�N?, A QUE SE REFIERE EL P�RRAFO SEGUNDO DE LA FRACCI�N III DEL ART�CULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. El art�culo 114, fracci�n III, p�rrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnaci�n de los actos dictados en un procedimiento de ejecuci�n de sentencia, como presupuesto de procedencia de la v�a indirecta, que se reclame la �ltima resoluci�n dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposici�n de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de garant�as, lo que se obtiene si la procedencia de �ste contra violaciones sufridas en la ejecuci�n de una sentencia, se limita a la impugnaci�n de la ?�ltima resoluci�n? que se dicte en esa fase ejecutiva, resoluci�n que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jur�dica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 113 de la legislaci�n invocada, al que se acude en forma anal�gica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretaci�n diferente.

(Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Pleno, Tomo V, abril de 1997, tesis P. LVII/97, p�gina 16).

Habiendo resultado fundado el agravio expresado por la quejosa, procede avocarse al estudio de las causales de improcedencia propuestas en el presente juicio de garant�as, conforme a lo dispuesto por los art�culos 91, fracci�n III y parte final del art�culo 73, ambos de la Ley de Amparo, as� como de las que aparezcan de oficio.

CUARTO

El secretario general de Gobierno encargado del despacho del Gobernador Constitucional del Estado de A., por ministerio de ley y el tercero perjudicado, manifiestan que este juicio constitucional es improcedente y debe sobreseerse con fundamento en la fracci�n V del art�culo 73, porque el precepto legal que reclama no le causa ning�n perjuicio, al establecerse en el mismo que el aval�o comercial del inmueble otorgado en garant�a hipotecaria, lo dar� la Direcci�n de Catastro, dependencia gubernamental que no tiene inter�s en el asunto y que, por lo tanto, es imparcial al emitirlo.

Es infundada la causal de improcedencia que se propone.

En efecto, la circunstancia de que el acto reclamado emane de un procedimiento en forma de juicio en el que la quejosa fue parte, le da a �sta, por s� sola, el inter�s jur�dico necesario para accionar ante el �rgano de control constitucional.

Adem�s, cualquier actuaci�n judicial encaminada a la ejecuci�n de la sentencia, afecta el inter�s jur�dico de la peticionaria de garant�as, puesto que se aprueba el remate de un bien de su propiedad, tom�ndose como base de la almoneda el valor comercial que se�al� la Direcci�n General de Catastro e Impuesto a la Propiedad Ra�z del Estado de A., a fin de cubrirse las diversas prestaciones a las que se le conden� en sentencia de siete de mayo de mil novecientos noventa y seis, en el expediente 410/96, infiri�ndose, adem�s, que tendr�a el derecho, en su caso, al remanente que pudiera existir despu�s de cubrirse la deuda referida.

El agente del Ministerio P�blico adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en A., afirma debe sobreseerse con fundamento en el art�culo 73, fracci�n XVIII de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados al C. Director de Catastro e Impuesto a la Propiedad Ra�z, del cual se reclama la emisi�n y valor asignado al inmueble de la quejosa, por tratarse de actos derivados de actos consentidos, contra los cuales es improcedente el juicio, en atenci�n a que �sta tuvo conocimiento del valor asignado al inmueble, desde el momento en que la responsable se lo determin�, para el correspondiente pago del impuesto predial y no lo impugn�.

Es infundada la causal de improcedencia anterior.

En efecto, es infundada la causal de improcedencia que se propone, en tanto que el aval�o que realiz� el referido director de Catastro para el pago del impuesto predial, es diferente al que le solicit� el J. S�ptimo de lo Civil y de Hacienda, toda vez que �ste �ltimo se hizo para valuar el inmueble de la quejosa para efectuar el remate, con fundamento en el art�culo 480 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de A. y, por tanto, no es consecuencia directa y necesaria de aqu�l.

Apoya a la anterior consideraci�n la tesis del Tribunal Pleno visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, Vol�menes 217-228, Primera Parte, p�gina 9, cuyo rubro y texto es el siguiente:

ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia n�mero 19 contenida en la p�gina 38 de la Octava Parte del �ltimo Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aqu�l.

No obstante lo antes expuesto, en el caso aparece una causal de improcedencia cuyo examen debe hacerse de oficio en relaci�n con el acto reclamado del J. de lo Civil y de Hacienda de la ciudad de A..

En efecto, de la relaci�n de los antecedentes del caso se advierte que en contra del acto especificado se hizo valer el recurso de apelaci�n que culmin� con la sentencia de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y siete, que confirm� el auto referido. Por consiguiente, se produjo la causal de improcedencia prevista en la fracci�n X del art�culo 73 de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto emanado de un procedimiento judicial, lo que implica que por virtud del cambio de situaci�n jur�dica deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poderse decidir en relaci�n a tal procedimiento sin afectar la nueva situaci�n jur�dica derivada de la referida sentencia dictada en apelaci�n.

Resultan aplicables al respecto las siguientes tesis, en forma anal�gica, en cuanto al criterio que se sustenta:

"SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACI�N JUR�DICA. Si en el amparo se reclaman las sentencias de primera y segunda instancias pronunciadas en un juicio, aqu�l es improcedente contra la de primer grado, pues si �sta fue recurrida y se dict� sentencia en la apelaci�n, con ello se efectu� un cambio en la situaci�n jur�dica que hace que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse sin afectar la nueva situaci�n jur�dica (art�culos 73, fracci�n X, y 74, fracci�n III, de la Ley de Amparo). Amparo civil directo 3879/34. Banco Central Mexicano, S.A. en liquidaci�n. 3 de agosto de 1950. Mayor�a de tres votos. Disidentes: V.S.G. y R.E.. R.: H.M.."

CESACI�N DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE PRODUCE SI HABI�NDOSE RECLAMADO LA EJECUCI�N DE UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA APELADA QUE CONDENA AL LANZAMIENTO, AL DICTARSE LA SENTENCIA DE AMPARO YA SE PRONUNCI� LA DE APELACI�N. El amparo promovido contra la ejecuci�n anticipada de una sentencia de primera instancia que condena al lanzamiento de la parte demandada en un juicio sumario de desahucio, deviene improcedente al pronunciarse sentencia de segunda instancia, por operar un cambio de situaci�n jur�dica en el procedimiento que dio origen al juicio de garant�as, debiendo considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, en virtud de que la obligaci�n de desocupar el inmueble deriva de la sentencia de segunda instancia, �nica que debe legalmente cumplirse, no de la ejecuci�n anticipada de la sentencia de primera instancia, sin poder decidir respecto a �sta, sin afectar la nueva situaci�n jur�dica que surgi� con motivo de la sentencia de segunda instancia. Por otra parte, el cambio de situaci�n jur�dica origina que cesen los efectos del acto reclamado, sin que sea necesario que la autoridad responsable pronuncie acuerdo en el sentido de que lo revoca. Amparo en revisi�n 3030/96. Proyectos y P.ones Inmobiliarias, S.A. 26 de febrero 1997. Cinco votos. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretario: H.S.C..

Tambi�n se presenta en el caso la causal de improcedencia prevista en la fracci�n XIII del propio art�culo 73, toda vez que se est� en presencia de una resoluci�n judicial respecto de la que no s�lo concede la ley un recurso, a saber el de apelaci�n, por virtud del cual el auto especificado pod�a ser modificado o revocado, sino que ese recurso se hizo valer y fue resuelto, produci�ndose el cambio de situaci�n jur�dica que se ha explicado.

Por consiguiente, con base en el art�culo 74, fracci�n III, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio, en relaci�n con el auto mencionado.

QUINTO

Antes de entrar al examen de los conceptos de violaci�n encaminados a demostrar la inconstitucionalidad de los art�culos 480 y 481 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de A., que se reclaman con motivo de su aplicaci�n en el procedimiento de remate que culmin� con el auto de aprobaci�n del mismo, que fue confirmado por la sentencia de apelaci�n, conviene precisar que tales cuestiones resultan completamente ajenas a la resoluci�n del J. S�ptimo de lo Civil y de Hacienda en la ciudad de A., en el expediente 460/96 de siete de mayo de mil novecientos noventa y seis, en la que declar� legalmente terminado y rescindido por vencimiento anticipado el contrato de cr�dito de habilitaci�n o av�o; conden� a los demandados al pago de diversas prestaciones y orden� el trance y remate del inmueble sujeto a c�dula hipotecaria y que con su producto se pagaran dichas prestaciones, m�xime que de las constancias de autos aparece que el Tribunal Colegiado del Vig�simo Tercer Circuito neg� el amparo solicitado en relaci�n con esa sentencia, lo que significa que las cuestiones especificadas tienen valor de cosa juzgada que en nada pueden ser alteradas por la decisi�n que se tome en relaci�n con un problema posterior relativo al procedimiento de remate iniciado, en virtud de que los demandados no cumplieron voluntariamente con la sentencia que los conden�.

Las precisiones anteriores resultan necesarias para, en su caso, fijar el alcance de esta sentencia.

SEXTO

Al no existir alguna otra causal de improcedencia que deba ser analizada, ni otra cuesti�n previa que analizar, procede estudiar los conceptos de violaci�n aludidos sobre la inconstitucionalidad de los art�culos impugnados en la demanda, en los t�rminos a que se refiere el art�culo 91, fracciones I y III de la Ley de Amparo.

Como conceptos de violaci�n, en esencia, la quejosa plantea los siguientes:

Los art�culos 480 y 481 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de A., violan en su perjuicio las garant�as de audiencia, seguridad jur�dica y estricto cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento consagradas en el art�culo 14 constitucional, toda vez que el primero de los art�culos del c�digo adjetivo mencionado, no le permite intervenir al momento de la valoraci�n del inmueble, cuyo remate y adjudicaci�n a favor de un tercero, habr� de servir para el pago de un cr�dito; y el segundo, porque una vez que se obtenga el valor del inmueble por parte de la Direcci�n de Catastro, se anunciar� su venta, priv�ndola de la oportunidad para impugnar el aval�o.

Son fundados los conceptos de violaci�n.

El C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de A. en los art�culos 480 y 481, establecen:

"Art�culo 480. Para el aval�o de los bienes inmuebles el J. pedir� a la oficina catastral que corresponda, informes sobre el valor comercial de dichos bienes, y �ste servir� de aval�o para el remate. Este aval�o tendr� vigencia de un a�o."

"Art�culo 481. Obtenido el informe del valor de los bienes, si fueren ra�ces, se anunciar� su venta se�alando d�a y hora para la almoneda por medio de edictos que se publicar�n por una sola vez en el P.�dico Oficial del Estado y en tres diarios de circulaci�n estatal.

A petici�n de cualquiera de las partes, y a su costa, el J. puede usar, adem�s de los dichos, alg�n otro medio de publicidad para convocar postores.

Por su parte, el art�culo 14 constitucional precept�a:

"Art�culo 14. A ninguna ley se dar� efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

"Nadie podr� ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

"En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analog�a, y aun por mayor�a de raz�n, pena alguna que no est� decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deber� ser conforme a la letra o a la interpretaci�n jur�dica de la ley, y a falta de �sta se fundar� en los principios generales del derecho.

La garant�a de audiencia contenida en el precepto mencionado, otorga a toda persona el derecho de que, previamente a cualquier acto de autoridad que pueda llegar a privarle de sus derechos o posesiones, se le d� oportunidad de defenderse en juicio, de probar y de alegar ante un tribunal previamente establecido.

Ante todo debe destacarse que de los antecedentes precisados en el considerando tercero de este fallo, se aprecia que la quejosa fue demandada en la v�a especial hipotecaria y seguido el juicio en todas sus etapas se dict� sentencia, en la que se le conden� al pago de diversas prestaciones y en caso de no cubrirlas voluntariamente dentro del t�rmino de ley, se proceder�a al trance y remate del inmueble hipotecado.

Tambi�n se aprecia que a la demandada, ahora quejosa, se le neg� el amparo solicitado, por lo que el J. de la causa, por acuerdo de trece de agosto de mil novecientos noventa y seis, le requiri� el cumplimiento de la sentencia de siete de mayo del mismo a�o.

Al no atender la quejosa el anterior prove�do y a solicitud del promovente, el J. del conocimiento abri� el periodo de ejecuci�n con fundamento en el art�culo 480 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de A..

Por tales motivos, se aplicaron los dispositivos que se controvierten en el procedimiento de ejecuci�n de sentencia.

Ahora bien, todas estas situaciones en nada pueden afectar un problema diverso, a saber, si los art�culos que han quedado transcritos son o no constitucionales, pues los mismos regulan el procedimiento de remate que en los aspectos cuestionados es ajeno al juicio que culmin� con la sentencia condenatoria. Debe precisarse, al respecto, que la ahora quejosa, no obstante su calidad de condenada por sentencia ejecutoria, conservaba sus derechos en relaci�n con el bien, objeto del remate, puesto que respecto de �l ten�a calidad de propietaria, adem�s de que al rematarse tendr�a el derecho de quedar liberada del cumplimiento de las prestaciones a que se le conden�, as� como a recibir, en su caso, el remanente que se diera.

De la lectura del referido art�culo 480 deriva que la base para el remate de bienes inmuebles ser� el informe que sobre su valor comercial rendir� la oficina de catastro que corresponda y que servir� de aval�o para dicho remate.

Por otra parte, respecto a la inconstitucionalidad que la quejosa atribuye a los art�culos 480 y 481 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de A., se estima que si bien se trata de la ejecuci�n de una sentencia dictada dentro de un procedimiento judicial, en el que �sta ya fue o�da y tuvo la oportunidad de defenderse y aportar pruebas y que, por ello, ya no es posible establecer otras instancias en contra de lo ya definido, sin embargo, cabe hacer notar que en la especie el valor del inmueble hipotecado establecido en el aval�o comercial realizado por la Direcci�n General de Catastro e Impuesto a la Propiedad Ra�z del Estado de A., que constituye la base para obtener la postura legal del remate, no fue materia de la sentencia ejecutoria y, por ende, respecto del valor de dicho inmueble no existe cosa juzgada y, por tanto, es inaceptable que pueda inferirse de esa situaci�n que ya no sea necesario o�r al afectado.

�ntimamente vinculada con la conclusi�n anterior, es la que deriva del an�lisis del art�culo 489 del mismo c�digo, que establece:

Art�culo 489. Desde que se anuncia el remate y durante �ste, se pondr�n de manifiesto los planos que hubiere y estar�n a la vista los aval�os.

De la lectura del numeral transcrito podr�a inferirse, en un examen superficial, que el prop�sito de que el aval�o est� a la vista, es precisamente para que las partes expresen lo que a su derecho convenga y, en su caso, puedan objetarlo y demostrar su objeci�n a trav�s de las pruebas id�neas, que en este caso ser�a la pericial, mediante la cual podr�a acreditarse que el valor real del inmueble en elmercado es diverso de aquel asignado por la oficina de catastro, con lo que se llegar�a a la conclusi�n de que no se viola la garant�a de audiencia, puesto que el condenado en el juicio antecedente estar�a en posibilidad de hacer valer sus derechos en relaci�n con el valor comercial determinado por dicha oficina. Sin embargo, un estudio cuidadoso del tema impide arribar a ello. Efectivamente, ni en los cap�tulos relativos a la hipoteca y al remate del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de A., ni en ning�n otro, se contempla procedimiento alguno que permita la impugnaci�n del aval�o realizado por la oficina de catastro, mediante el ofrecimiento y admisi�n de las pruebas conducentes.

Asimismo, debe destacarse que la exposici�n de motivos del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de A., publicado en su P.�dico Oficial el diecis�is de julio de mil novecientos ochenta y nueve, en la parte relativa a los remates, es del tenor literal siguiente:

"En el cap�tulo de remates el procedimiento se agiliza al establecerse, en congruencia con el art�culo 295, que el aval�o de los bienes inmuebles que se saquen a remate se har� mediante el informe de la oficina catastral sobre su valor comercial, evit�ndose el tr�mite de un aval�o pericial que en �ltima instancia y mediante el dictamen de un perito tercero, se establece por un peritaje oficial. El aval�o de los bienes muebles se hace por un perito �nico designado por el J..

El remate judicial enfrenta severas dificultades en la pr�ctica; por una parte, sus tr�mites son dif�ciles y cuando un postor comparece convocado por edictos, resulta frecuente que despu�s que se finca el remate a su favor debe esperar meses y aun a�os para que se haga efectivo el remate y en tanto, permanece improductivo el precio del remate que exhibi�, que en ocasiones le es devuelto porque se deja sin efecto el remate. Todo esto motiva que no sea com�n que a los remates comparezcan postores ?

Como puede advertirse de la exposici�n de motivos de que se trata, el legislador estim� conveniente agilizar el procedimiento de remate, en congruencia con el art�culo 295 cuyo texto es el siguiente:

"Art�culo 295. Los peritos deben tener t�tulo en la ciencia o arte a que pertenezca la cuesti�n sobre la que ha de o�rse su parecer, si la profesi�n o el arte estuvieren reglamentados.

"Todo nombramiento de perito que haga el J., deber� recaer en servidor p�blico del Gobierno del Estado o de los Municipios y en caso de no haberlo, se designar� un profesor en la materia de una instituci�n educativa oficial superior, quienes est�n obligados a desempe�ar el cargo sin pago de honorarios.

"Si la profesi�n o el arte no estuvieren legalmente reglamentados, o est�ndolo, no hubiere peritos en el lugar, podr�n ser nombradas cualesquiera personas entendidas, a juicio del tribunal, aun cuando no tengan t�tulo."

Es decir, dicha exposici�n de motivos establece que el aval�o de los bienes inmuebles que deben ser rematados, se har� mediante el informe que rinda sobre su valor comercial, la oficina catastral, desde luego, por conducto del funcionario correspondiente, evit�ndose as� el tr�mite de un aval�o pericial, que en �ltima instancia se establecer�a a trav�s del dictamen elaborado por perito oficial tercero en discordia.

De lo anterior se colige, que aun cuando el c�digo disponga en su art�culo 489 que los aval�os estar�n a la vista desde que se anuncie el remate y durante �ste, la parte que se sienta perjudicada por el aval�o realizado por el perito de la oficina del catastro, podr� manifestar posiblemente ante el J. natural su inconformidad, pero no podr� demostrarla, dado que, se reitera, en el c�digo adjetivo de que se trata no se establece ning�n procedimiento mediante el cual se otorgue al inconforme la oportunidad de probar el valor comercial real del inmueble materia del remate, afirmaci�n que se demuestra con toda claridad con la mencionada exposici�n de motivos, de la que se advierte que espec�ficamente se suprimi� esa posibilidad.

A mayor abundamiento, cabe hacer notar que en la exposici�n de motivos de referencia se expresa que se pretende agilizar el procedimiento del remate al establecerse, en congruencia con lo dispuesto por el art�culo 295 del propio c�digo, que el valor del inmueble materia del mismo se determine mediante el aval�o realizado por un perito �nico designado por el J., en la inteligencia de que el art�culo 295 establece los requisitos que deben satisfacer los peritos que �ste designe. Consecuentemente, se estima que el art�culo 480 impugnado, desvirt�a la naturaleza de la prueba pericial al tener por demostrado el valor comercial del inmueble sujeto al remate, mediante el dictamen rendido por un perito singular, cuando la prueba pericial, salvo acuerdo de las partes, debe ser colegiada.

Por otra parte, si bien la resoluci�n que aprueba el remate es apelable en t�rminos del art�culo 493 del c�digo en comento, el prop�sito de dicho recurso es solamente que el superior jer�rquico del J. natural revise la legalidad de la resoluci�n que apruebe el remate y determine si �sta se ajust� o no a lo dispuesto por la ley. Por tanto, en el aspecto que aqu� se analiza, dicho recurso resultar� ineficiente para lograr que al perjudicado con el aval�o realizado por la oficina de catastro, se le d� oportunidad de ofrecer la prueba pericial para desvirtuar el contenido de dicho aval�o, ya que en dicho c�digo no se encuentra prevista esa posibilidad y, en todo caso, la Sala correspondiente se limitar� a examinar si dicha oficina tom� en consideraci�n o no los elementos necesarios para la integraci�n del aval�o, y si la actuaci�n del J. se ajust� a las disposiciones del c�digo procesal, pero no podr� determinar si las conclusiones expresadas en el multicitado aval�o son acertadas o no, puesto que para ello ser�a indispensable la intervenci�n de un perito valuador, calidad que los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de A. no tienen.

En las relatadas condiciones, debe concluirse que el art�culo 480 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de A., es violatorio de la garant�a de audiencia al ordenar que el aval�o que constituye la base para el remate, se realice por la oficina de catastro correspondiente, privando a la parte que resulte inconforme con el mismo, de la oportunidad de participar en la fijaci�n del valor del inmueble, y sin que exista en el c�digo adjetivo de referencia, ning�n procedimiento que le permita ofrecer la prueba pericial que es la id�nea para desvirtuarlo, dej�ndolo, en consecuencia, en estado de indefensi�n. En tanto que el art�culo 481, que tambi�n se se�al� regula el mismo procedimiento sin indicar tampoco que el ejecutado deba ser o�do para continuarlo una vez aportado el informe sobre el valor comercial, adolece del mismo vicio.

Finalmente, debe destacarse que no pasa inadvertido a este cuerpo colegiado, que el sistema previsto en el art�culo 480 a que se ha venido haciendo referencia, tiende a agilizar los procedimientos de remate, as� como que el aval�o comercial que debe servir como base del mismo, se encomienda a una dependencia t�cnica que, en principio, incluso por ser ajena a la controversia, deber� ser objetiva en su realizaci�n e informe. Sin embargo, ello no subsana la violaci�n a la garant�a de audiencia, puesto que, por un lado, con ello no se da la intervenci�n requerida al afectado y, por otro, ante la posibilidad de que la referida oficina no act�e del modo previsto, no existe oportunidad alguna de demostrarlo. Adem�s, en el art�culo 14 de la Constituci�n, no se establecen excepciones a la obligaci�n de respetar la garant�a de audiencia cuando a una persona se le pueda afectar en sus derechos, como ocurre en la hip�tesis del caso.

Por consiguiente, por todo lo expuesto, debe modificarse la sentencia recurrida, sobreseerse en el juicio en relaci�n con el acto reclamado del J. S�ptimo de lo Civil y de Hacienda en la ciudad de A., A. y, con esa salvedad, otorgar el amparo solicitado a la quejosa. Al respecto, y dadas las caracter�sticas del caso, que han quedado precisadas a lo largo de esta ejecutoria, debe se�alarse el alcance del amparo que se otorga. Al considerarse inconstitucionales los art�culos 480 y 481 del c�digo adjetivo civil para el Estado de A., en virtud de que vulneran la garant�a de audiencia, consignada en el art�culo 14 constitucional, la quejosa queda protegida frente a dichos preceptos, en cuanto a su aplicaci�n presente y futura, pero exclusivamente en el aspecto relativo a la vulneraci�n de la garant�a especificada. En cuanto a la aplicaci�n presente, el efecto del amparo es que la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, deje sin efectos la sentencia dictada el dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y siete, en el toca civil 657/97 en la que confirm� el auto aprobatorio del remate dictado por el J. S�ptimo de lo Civil y de Hacienda, con fecha veintis�is de marzo de mil novecientos noventa y siete, y emita otra en la que, con base en lo considerado en esta ejecutoria, revoque el auto acabado de especificar, para el efecto de que el J. mencionado emita un nuevo acuerdo en el que, con fundamento en el art�culo 14 de la Constituci�n, regularice el procedimiento de remate a que se refiere este asunto y conforme a la garant�a de audiencia y principios procesales que se deben cumplir para respetarla en los procedimientos judiciales, d� oportunidad a la quejosa para que pueda defenderse, incluso mediante el desahogo de la prueba pericial, del informe sobre el valor comercial que rindi� la oficina catastral correspondiente y, una vez hecho esto, contin�e con el procedimiento de remate en acatamiento de la sentencia de siete de mayo de mil novecientos noventa y seis, dictada en el expediente 410/96, en la que se declar� legalmente terminado y rescindido por vencimiento anticipado el contrato de cr�dito de habilitaci�n o av�o celebrado por Nacional Financiera, S.N.C., en su car�cter de fiduciaria del fideicomiso denominado Fondo de Garant�a y P.�n a la Peque�a Industria del Estado de A., y J.E.�n E.G.L. y J.M.�a de Jes�s T.J., y conden� a los demandados al pago de diversas prestaciones y orden� el trance y remate del inmueble sujeto a c�dula hipotecaria y con su producto se paguen dichas prestaciones, si los demandados no lo hiciesen voluntariamente en el t�rmino de ley, tomando en cuenta, adem�s, que este requisito ya se hab�a cumplido, habi�ndose iniciado el procedimiento de remate.

L�gicamente, consecuencia de esta sentencia de amparo deber� ser que queden sin efecto todos los actos posteriores a la fecha en que la autoridad catastral rindi� su informe.

Por lo expuesto, se resuelve:

PRIMERO

?Se modifica la sentencia recurrida.

SEGUNDO

?Se sobresee en el juicio respecto del acto reclamado del J. S�ptimo de lo Civil y de Hacienda en la ciudad de A., A., que se especifica en el primer resultando de este fallo.

TERCERO

?Con la salvedad anterior la Justicia de la Uni�n ampara y protege a J.M.�a de Jes�s T.J., en contra de las autoridades precisadas en el resultando primero de esta resoluci�n, respecto de la expedici�n y aplicaci�n de los art�culos 480 y 481 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de A., en los t�rminos y para los efectos precisados en esta ejecutoria.

N.�quese; h�gase del conocimiento de lo anterior al juzgado de origen y, en su oportunidad, arch�vese el expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� en sesi�n de once de enero de dos mil, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por mayor�a de ocho votos de los Ministros: A.G.�itr�n, C. y C., D�az R., G.�o P., O.M., R.P., S.M. y presidente G�ngora P.. Votaron en contra los Ministros A.A., A.A.�n y la Ministra S�nchez C. de G.�a V., que lo hicieron en el sentido del proyecto original que no fue aprobado y que se reservaron su derecho de formular voto de minor�a. La Ministra S�nchez C. de G.�a V. fue ponente en el asunto. El Ministro A.G.�itr�n fue comisionado por el Pleno para hacer el engrose de la resoluci�n.

Nota: Los rubros a que se alude al inicio de esta ejecutoria corresponden a las tesis P.I/2000, P.III/2000, P.IV/2000 y P. II/2000, publicadas en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XI, febrero de 2000, p�ginas 9, la primera de ellas, 10, la segunda y tercera, y 11, la �ltima.

Las tesis de rubros: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACI�N JUR�DICA." y "CESACI�N DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE PRODUCE SI HABI�NDOSE RECLAMADO LA EJECUCI�N DE UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA APELADA QUE CONDENA AL LANZAMIENTO, AL DICTARSE LA SENTENCIA DE AMPARO YA SE PRONUNCI� LA APELACI�N.", citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, Tomo CV, p�gina 2851 y en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo V, junio de 1997, p�gina 249, tesis 2a. LXII/97, respectivamente.