Ejecutoria num. P./J. 51/97 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26829275

Ejecutoria num. P./J. 51/97 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P./J. 51/97
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Agosto de 1997
RESUMEN

AMPARO EN REVISIÓN 1116/96. HOTELES LOS ARCOS, S.A. DE C.V.CESACIÓN DE EFECTOS. APLICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL QUE LLEVA POR RUBRO "LEY DEROGADA. ESTUDIO IMPROCEDENTE DE SU CONSTITUCIONALIDAD, SIN ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN." (PUBLICADA CON EL NÚMERO 192 EN EL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995, TOMO I, MATERIA CONSTITUCIONAL, PÁGINA 189).HOSPEDAJE, IMPUESTO SOBRE. EL ARTÍCULO 56 DEL DECRETO 16025, QUE LO PREVÉ, VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, VIGENTE DEL 1o. DE ENERO AL 2 DE MAYO DE 1996).LEYES AUTOAPLICATIVAS. CUANDO ESTABLECEN HIPÓTESIS NORMATIVAS DE NATURALEZA POSITIVA SU DEROGACIÓN NO IMPLICA, GENERALMENTE, LA CESACIÓN DE SUS EFECTOS.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

AMPARO EN REVISI�N 1116/96. HOTELES LOS ARCOS, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

QUINTO

Previamente a cualquier otro examen se emprende el de los agravios de la revisi�n adhesiva, toda vez que en �stos se argumenta la improcedencia del juicio de garant�as en relaci�n con los actos reclamados.

No es �bice a lo anterior, que si bien por regla general primero se estudian los agravios de la revisi�n principal y luego, de haber prosperado, los de la adhesiva, por tener este �ltimo medio de impugnaci�n un car�cter accesorio de aqu�lla y que, consecuentemente, si los agravios de la principal no prosperan resulta innecesario el an�lisis de los expresados en la adhesiva, pues en el caso se actualiza como excepci�n a esa regla, el que se alegue en la revisi�n adhesiva la improcedencia del juicio de garant�as, cuesti�n que debe analizarse previamente a la principal, por ser la procedencia del juicio constitucional de orden p�blico y, por tanto, de estudio oficioso y preferente, en t�rminos del �ltimo p�rrafo del art�culo 73 de la Ley de Amparo.

El criterio que antecede tiene sustento en la tesis n�mero XLIII/96 de la Segunda Sala de este alto tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.o III-Junio, p�gina 373, que dice:

REVISI�N ADHESIVA. SI EN ELLA SE PLANTEA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANT�AS, DEBEN ANALIZARSE PREVIAMENTE LOS AGRAVIOS A LOS EXPRESADOS EN LA REVISI�N PRINCIPAL. La regla general es que si los agravios de la revisi�n principal no prosperan, es innecesario el examen de los expresados en la revisi�n adhesiva, o bien que primero se estudien los agravios en la principal y luego, de haber prosperado aqu�llos, los de la adhesiva, por tener �sta un car�cter accesorio de aqu�lla. Sin embargo, cuando lo que se alega en la revisi�n adhesiva es la improcedencia del juicio de garant�as, debe analizarse previamente a la revisi�n principal, por ser una cuesti�n de orden p�blico en t�rminos del �ltimo p�rrafo del art�culo 73 de la Ley de Amparo.

Del contenido del recurso de revisi�n adhesiva se observa que, en v�a de agravios, la parte adherente aduce que se surte como causa superveniente de improcedencia la prevista por la fracci�n XVI del art�culo 73 de la Ley de Amparo, porque mediante el decreto 16082 de dos de abril de mil novecientos noventa y seis, se reformaron diversos art�culos de la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, entre los que se encuentran los reclamados en el juicio constitucional.

Carece de sustento jur�dico lo alegado por la autoridad responsable adherente, toda vez que en el caso concreto no se actualiz� esa causa de improcedencia que hace valer, como a continuaci�n se expone.

En la demanda de garant�as, la sociedad quejosa reclam� el Decreto 16025, emitido el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y cinco por el Congreso del Estado de Jalisco y vigente a partir del uno de enero de mil novecientos noventa y seis, con motivo de su sola entrada en vigor, sin acto concreto de aplicaci�n en su perjuicio, disposiciones del siguiente tenor:

"SECCI�N PRIMERA. D.O.

"Art�culo 56. Es objeto de este impuesto, la prestaci�n de servicios de hospedaje, que se realicen en el Estado de Jalisco, debi�ndose entender que existen tales servicios, cuando por lo menos uno de los bienes objeto de los mismos se encuentren dentro de su territorio. Asimismo, para los efectos de este impuesto, se entiende por prestaci�n de servicios de hospedaje, el otorgamiento de albergue y de los servicios inherentes al mismo, a cambio de una contraprestaci�n, sea cual fuere la denominaci�n.

"SECCI�N SEGUNDA. De los Sujetos

"Art�culo 57. Son sujetos de este impuesto, las personas quienes reciban los servicios de hospedaje que se�ala esta ley, mediante las retenciones que deber�n efectuarles los prestadores de los mismos.

"Art�culo 58. Las personas que presenten (sic) los servicios de hospedaje, as� como las que tengan a su cargo la administraci�n u operaci�n de sistemas de tiempo compartido, est�n obligadas a lo siguiente:-I.S. su inscripci�n en el Registro Estatal de Contribuyentes ante la autoridad fiscal que corresponda, mediante la forma oficial del caso y proporcionando la informaci�n relacionada con su identidad, su domicilio y aquella que les sea solicitada y. II. Retener a los usuarios de sus servicios, el impuesto correspondiente y enterarlo a las oficinas autorizadas por los periodos y en las fechas se�aladas conforme a este cap�tulo. Los retenedores de este impuesto est�n obligados a enterar una cantidad equivalente a la que se debiera retener conforme a esta ley, aun cuando no hubieren hecho la retenci�n o no hayan recibido el pago de las contraprestaciones relativas al servicio prestado.

"SECCI�N TERCERA. De la Base del Impuesto

"Art�culo 59. La base para el c�lculo de este impuesto se integra con el valor total de la contraprestaci�n pactada a favor de quien preste el servicio, as� como con las cantidades que se carguen o cobren a quien lo reciba por intereses normales, penas convencionales, mantenimiento, cuotas ordinarias, extraordinarias o por administraci�n, gastos de toda clase y cualquier otro concepto inherente a los mismos.

"SECCI�N CUARTA. De la Cuota

"Art�culo 60. Este impuesto se liquidar� y pagar� de conformidad con la tarifa que al efecto se�ale la Ley de Ingresos del Estado.

"SECCI�N QUINTA. Del Pago

Art�culo 61. El pago del impuesto se har� mediante el entero de las retenciones que debi� efectuar el prestador que se�ale esta ley cada bimestre, teniendo como m�ximo un plazo de quince d�as siguientes al mismo. Se tendr� obligaci�n de pagar este impuesto, en el momento en que sean exigibles las contraprestaciones a favor de su prestador, incluyendo los anticipos que se reciban.

Con independencia de que la totalidad de los preceptos legales transcritos sean de car�cter autoaplicativo, tambi�n conocidos como de individualizaci�n incondicionada porque con su sola vigencia causan perjuicio a las personas que se encuentren colocadas dentro de sus supuestos normativos; o bien, que algunos de esos preceptos sean heteroaplicativos o de individualizaci�n condicionada porque requieran de un acto concreto de aplicaci�n para que el perjuicio se actualice, lo cierto es que la parte quejosa los reclama argumentando que por su sola entrada en vigor le causan perjuicio, sin acto concreto de aplicaci�n en su perjuicio, ya que dice que es propietaria del negocio denominado Hoteles los Arcos de Occidente, S.A. de C.V., y que como tal se le obliga a retener el impuesto sobre hospedaje y a inscribirse en el Registro Estatal de Contribuyentes.

Ahora bien, es verdad que mediante el Decreto 16082, publicado el dos de mayo de mil novecientos noventa y seis en el Peri�dico Oficial del Estado de Jalisco, el Congreso de esa entidad federativa reform� diversos art�culos de la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, entre los que se encuentran los art�culos 56, 57, 58, 59 y 61, que se reclaman en la v�a constitucional, cuyo texto actual dice:

"Art�culo 56. Es objeto de este impuesto, la prestaci�n de servicios de hospedaje, en las edificaciones regidas por la modalidad de uso en tiempo compartido, hoteles, moteles, campamentos y paraderos de casas rodantes, en inmuebles ubicados en el Estado de Jalisco.

"Asimismo, para los efectos de este impuesto, se entiende por prestaci�n de servicios de hospedaje, el otorgamiento de albergue a cambio de una contraprestaci�n, sea cual fuere la denominaci�n que �sta tenga.

"Art�culo 57. Son sujetos de este impuesto, las personas quienes reciban los servicios de hospedaje, mediante la retenci�n que deber�n efectuar los prestadores de los mismos.

"Art�culo 58. Las personas que presten los servicios de hospedaje, as� como las que tengan a su cargo la administraci�n u operaci�n de sistemas de tiempo compartido, est�n obligadas a lo siguiente:

"...

"II. Retener a los usuarios de los servicios de hospedaje el impuesto correspondiente y enterarlo a las oficinas autorizadas dentro del plazo se�alado en este cap�tulo. Los retenedores de este impuesto est�n obligados a enterarlo, aun cuando no hubieren hecho la retenci�n, pero s� hubiesen prestado el servicio.

"Art�culo 59. La base para el c�lculo de este impuesto se integra con el valor total de la contraprestaci�n del servicio de hospedaje y, en el caso de los tiempos compartidos, por el monto de la contraprestaci�n que hace el usuario del servicio cada vez que haga uso de sus derechos convenidos sobre un bien o parte del mismo."

Art�culo 61. El pago del impuesto lo har� el prestador de servicios de hospedaje mediante entero que se efectuar� el �ltimo d�a de cada bimestre natural, teniendo como m�ximo un plazo de quince d�as siguientes al mismo, debiendo enterarlas en las Oficinas de Recaudaci�n F. de la Secretar�a de Finanzas o ante las instituciones de cr�dito autorizadas.

La circunstancia de que los art�culos 57, 58 y 61 reclamados hayan quedado, entre otros, reformados a partir de la entrada en vigor del Decreto 16082, ocurrida al d�a siguiente de su publicaci�n, contrariamente a lo aducido por la autoridad recurrente, no conduce a decretar el sobreseimiento en el juicio, toda vez que si bien este alto tribunal ha sostenido, en la jurisprudencia que m�s adelante se transcribir�, que ante la derogaci�n de la ley reclamada cesan sus efectos y resulta improcedente el estudio de su constitucionalidad, tal criterio se encuentra limitado para aquellas leyes cuya naturaleza sea prohibitiva y bajo determinadas condiciones, hip�tesis que en el caso no se actualiz�.

Ciertamente, el referido criterio jurisprudencial se public� con el n�mero ciento noventa y dos en el Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, T.o I, Materia Constitucional, p�gina 189, que dice:

"LEY DEROGADA. ESTUDIO IMPROCEDENTE DE SU CONSTITUCIONALIDAD, SIN ACTO CONCRETO DE APLICACI�N. Si la ley combatida ha sido derogada, sus efectos han cesado, y aunque se se�alen en la demanda actos de aplicaci�n, si �stos no se refieren a un caso concreto y espec�fico en que el quejoso resulte perjudicado, sino que la aplicaci�n se relacione a una prohibici�n in generis, esta situaci�n prevalece durante la vigencia de la ley, pero resulta ya de imposible modificaci�n de estudiarse el fondo del negocio y de concederse en su caso el amparo y protecci�n de la Justicia Federal, que ning�n efecto puede, en estas condiciones, surtir sobre el pasado. Por lo tanto, con fundamento en la fracci�n XVI del art�culo 73 de la Ley de Amparo, el juicio es improcedente y debe sobreseerse con apoyo adem�s en la fracci�n III del art�culo 74 del mismo ordenamiento antes citado." (S�ptima �poca: Amparo en revisi�n 4876/64 (est� equivocado el n�mero que aparece en la publicaci�n). �ngel T.B.. 27 de junio de 1974. Unanimidad de veinte votos. Amparo en revisi�n 6167/77. J.A.M.B.. 6 de mayo de 1980. Unanimidad de veinte votos. Amparo en revisi�n 6361/77. T.�s G.�a V�zquez. 6 de mayo de 1980. Unanimidad de veinte votos. Amparo en revisi�n 6433/77. J.A.A.F.S.. 6 de mayo de 1980. Unanimidad de veinte votos. Amparo en revisi�n 6558/77. E.C.V.. 6 de mayo de 1980. Unanimidad de veinte votos).

Ahora bien, al tener a la vista las ejecutorias con las que se integr� la jurisprudencia invocada, se observa que la primera de ellas (rectora del criterio) fue emitida a prop�sito del amparo en revisi�n n�mero 4876/54 promovido por �ngel T.B., en donde se examin� la procedencia del juicio de amparo en contra de una ley que estableci� un deber a cargo de los abogados litigantes de registrar su t�tulo o c�dula profesional, la cual se reclam� con motivo de su aplicaci�n concreta en la expedici�n de ciertas circulares que prohibieron a aqu�llos actuar en los procesos llevados ante las responsables, sin cumplir previamente con el registro correspondiente, seg�n puede constatarse de la transcripci�n del fallo en la parte conducente:

"El quejoso impugna la constitucionalidad del art�culo 35, fracci�n VII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado de Baja California, expedida el 31 de diciembre de 1953, cuyo texto es el siguiente: 'Cap�tulo Cuarto. Del presidente del Tribunal Superior de Justicia. Art�culo 35. Corresponde al presidente del Tribunal Superior de Justicia: ... VII. Registrar los t�tulos de abogados, cercior�ndose de la identidad de las personas, y de que han sido expedidas por autoridad o corporaci�n legalmente autorizada para ello, excepto cuando el profesionista tenga c�dula expedida por la Direcci�n de Profesiones de la Secretar�a de Educaci�n P�blica, en que s�lo se tomar� raz�n de este documento. Sin dicho registro los interesados no podr�n ejercer en el Estado. De las listas de registro que ir� formando el presidente del tribunal, enviar� copias a los jueces de los distintos partidos judiciales, con el objeto de que �stos no permitan el ejercicio de la profesi�n a las personas que no se encuentren registradas.' Considera que el precepto combatido es aplicable, porque desde 23 a�os anteriores a la presentaci�n de la demanda ha desempe�ado la labor de abogado pr�ctico, sin tener t�tulo de licenciado en derecho, ni c�dula expedida por la Direcci�n General de Profesiones de la Secretar�a de Educaci�n P�blica. Y al efecto, se�ala como actos de aplicaci�n del precepto impugnado las circulares que expidi� el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, para el efecto de que en ejecuci�n del precepto ahora combatido, se concediera un t�rmino perentorio para que las personas que ejercieran la profesi�n, registraran sus t�tulos o exhibieran su c�dula, con la advertencia que de no hacerlo, se les impida el ejercicio de dicha profesi�n; as� como la orden librada a los Jueces citados como autoridades responsables para que cumplan con el precepto que combate ahora. Adem�s, de los Jueces responsables, la ejecuci�n de las �rdenes dictadas por su superior. Sigue diciendo el quejoso en su demanda, que con los actos reclamados se le priva de inmediato del producto de su trabajo al imped�rsele ejercitar la profesi�n de abogado pr�ctico, �nico medio con cuyo producto, sostiene a su familia, mutil�ndose adem�s su patrimonio. Ahora bien, la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado combatida ha sido abrogada, seg�n el art�culo primero transitorio del decreto de 5 de enero de 1971, que crea una nueva Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado de Baja California. Por tanto, los efectos de la ley combatida han cesado. Y aunque se se�alan en la demanda actos de aplicaci�n, �stos no se refieren a un caso concreto y espec�fico en que el quejoso resulte perjudicado porque se le haya impedido obtener determinados emolumentos como producto de su trabajo como abogado pr�ctico, sino que la aplicaci�n se relaciona a una prohibici�n in genere para presentarse ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California y los juzgados que dependen de �l para ejercer la profesi�n de abogado, situaci�n esta que prevaleci� durante la vigencia de la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado de Baja California de 31 de diciembre de 1953, que se combate, pero que resulta ya de imposible modificaci�n de estudiarse el fondo del negocio y de concederse en su caso el amparo y protecci�n de la Justicia Federal que ning�n efecto puede, en estas condiciones, surtir sobre el pasado. Por lo tanto, con fundamento en la fracci�n XVI del art�culo 73 de la Ley de Amparo, el juicio es improcedente, y debe sobreseerse con apoyo adem�s en la fracci�n III del art�culo 74 del mismo ordenamiento antes citado, sin que sea el caso de hacer reserva de jurisdicci�n alguna, pues los actos de aplicaci�n del ordenamiento combatido no se impugnan por vicios propios."

Como se ve, del asunto que form� la tesis, que entonces fue aislada y ahora ya es jurisprudencia, se desprende con claridad que el origen de ese criterio yace en la existencia de un juicio de amparo en el que se reclama una norma cuya aplicaci�n entra�a una prohibici�n in generis, que s�lo prevalece durante la vigencia de la ley, pero que derogada cesa su efecto prohibitivo, permitiendo al particular actuar, hip�tesis ante la que una concesi�n de la protecci�n constitucional ning�n efecto podr�a tener, dado que en ning�n caso podr�a surtir efectos sobre el pasado, esto es, no podr�a volver en el tiempo para reparar la violaci�n causada por la aplicaci�n de dicha norma, permitiendo al particular realizar aquello que le fue vedado y que ahora ya le es permitido. Adem�s, ning�n caso tendr�a que se otorgara un amparo por virtud del cual se permitiera al particular actuar en aquellos aspectos prohibidos por la ley, si al ya no estar �sta vigente, bien puede hacerlo con libertad.

La anterior reflexi�n conduce a distinguir del supuesto en el que la ley reclamada entra�e, no una prohibici�n, sino una obligaci�n de actuar en determinado sentido, o sea, una obligaci�n de hacer o permitir que se haga, caso en el que la derogaci�n de esa ley no libera, a quienes fueron destinatarios de la ley, de las consecuencias que hayan podido o puedan derivar de su observancia o inobservancia por todo el periodo durante el que estuvo vigente, lo cual explica que, a pesar de la derogaci�n, los obligados a acatarla deban responder de los actos realizados al amparo de la misma y, por ende, sufrir las consecuencias desfavorables derivadas de su aplicaci�n; m�xime que, por regla general y salvo disposici�n expresa (como ser�a aquella norma transitoria que impidiera la aplicaci�n de la ley derogada incluso a los hechos ocurridos bajo su vigencia, en cuyo caso quedar�a destruida la ley desde su promulgaci�n misma), la derogaci�n de la ley s�lo produce efectos hacia el futuro, impidiendo que ella se aplique a hechos realizados con posterioridad a la fecha en que se produjo, pero no abarca los realizados durante la �poca en que estuvo en vigor.

En esa tesitura, mientras subsistan los efectos de la ley por lo que hace al periodo durante el cual estuvo rigiendo, no puede afirmarse que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracci�n XVI del art�culo 73 de la Ley de Amparo y que es aplicable la jurisprudencia en estudio, como sucede en la especie, dado que las disposiciones legales reclamadas son de naturaleza positiva, no negativa o prohibitiva y, por tanto, obligaron a sus sujetos a actuar de determinada forma, dejando huella en la esfera jur�dica del quejoso, que s�lo puede ser borrada por una concesi�n del amparo.

En efecto, de acuerdo con lo dispuesto por los art�culos reclamados, la empresa quejosa ten�a las obligaciones de retener el impuesto sobre hospedaje desde el mismo primero de enero de mil novecientos noventa y seis, fecha a partir de la que entraron en vigor las normas reclamadas, a enterar, a m�s tardar, el quince de marzo siguiente, el impuesto que retuvo durante el primer bimestre del a�o y, de inmediato, a inscribirse en el Registro Estatal de Contribuyentes de Jalisco. De lo que se sigue que si bien las reformas que entraron en vigor al d�a siguiente de la publicaci�n del Decreto 16082, esto es, el tres de mayo de mil novecientos noventa y seis, privaron de vigencia a los preceptos legales impugnados, no hicieron desaparecer los efectos que �stos produjeron durante el tiempo en que estuvieron vigentes, traducidos en todas esas obligaciones de hacer que la ley impon�a a la quejosa, en la que se incluye la de pagar el impuesto aun cuando no hubiera hecho la retenci�n, respecto de las que naturalmente tiene que responder, pues inclusive, esa retenci�n subsiste en los mismos t�rminos, por lo que en esta hip�tesis es insostenible la postura de que los efectos de los art�culos reclamados hayan cesado.

Por consiguiente, debe concluirse que en el caso no es aplicable la jurisprudencia antes transcritacuyo rubro es "LEY DEROGADA. ESTUDIO IMPROCEDENTE DE SU CONSTITUCIONALIDAD, SIN ACTO CONCRETO DE APLICACI�N.", aunado a que en la especie, seg�n se ha precisado, algunas de las normas que se reclaman son autoaplicativas y se impugnan con motivo de su sola vigencia y no de un acto concreto de aplicaci�n, porque desde tal momento obligan a la quejosa, mientras que en la jurisprudencia se observa una hip�tesis diferente en la que la ley se impugna con motivo de actos concretos de aplicaci�n, ya que dice "... y aunque se se�alen en la demanda actos de aplicaci�n, si �stos no se refieren a un caso concreto y espec�fico en que el quejoso resulte perjudicado, sino que la aplicaci�n se relacione ...".

Es corolario de lo expuesto, que resulta infundada la proposici�n de la autoridad inconforme de que en el caso se sobresea conforme a lo dispuesto en el art�culo 74, fracci�n III, de la Ley de Amparo, en relaci�n con la fracci�n XVI del numeral 73 de la misma legislaci�n. Conviene a�adir que trat�ndose de amparo contra leyes, aun en el supuesto de que el mismo se otorgue y su efecto sea proteger al quejoso en contra de su aplicaci�n presente y futura, ello s�lo se refiere a la ley reclamada y durante el periodo de su vigencia, sin que pueda extenderse a un acto legislativo diverso, como lo es la reforma legislativa posterior que por ser ajena al juicio de amparo no podr�a ser afectada por la sentencia emitida en el mismo.

SEXTO

De los agravios hechos valer por la parte quejosa, resultan sustancialmente fundados los vertidos en los incisos d) y e) del escrito correspondiente, mismos que se estiman suficientes para revocar la sentencia impugnada y conceder el amparo y la protecci�n de la Justicia Federal.

En efecto, la sociedad quejosa inconforme expres�, en el primero de los incisos antes referidos, literalmente lo siguiente:

d) En relaci�n a lo anterior, estimo que tales razonamientos se encuentran err�neamente fundados y motivados, ya que en trat�ndose de la prestaci�n del servicio de hospedaje, si el usuario del servicio no cubre el pago de las contraprestaciones mucho menos del impuesto, �por qu� la prestadora del servicio debe enterarlo? Pretendiendo ser sabio el a quo se�ala que 'la retenci�n debe aplicarse �nicamente sobre el servicio prestado' pero si el costo de tal servicio no es cubierto por el usuario al prestador, �qui�n pagar� el impuesto?, la contestaci�n nos la da el decreto impugnado se�alando que el entero deber� hacerlo el prestador del servicio, luego entonces, surge la pregunta �por qu� debe cubrirlo el prestador del servicio de hospedaje cuando el causante del impuesto lo es el usuario? tal situaci�n obviamente contraviene el esp�ritu de la Constituci�n, no solamente en los art�culos 5o. y 31, fracci�n IV, sino tambi�n en los numerales 14 y 16, en cuanto se proh�be todo acto de molestia en perjuicio de la persona (debi�ndose entender tanto la f�sica como la moral, puesto que donde la ley no distingue la autoridad no puede hacerlo); el alcance o interpretaci�n dado por el juzgador a la fracci�n IV del art�culo 31 constitucional, indudablemente que rebasa los l�mites que el legislador pretendi� darle, ya que de la lectura de las garant�as individuales se desprende la protecci�n a la libertad del trabajo, como tambi�n de los actos de molestia o de privaci�n que pudiera sufrir la persona (bien sea �sta f�sica o moral) por parte de la autoridad, entonces pues, el imponer el decreto impugnado obligaciones a los prestadores del servicio de hospedaje sin ser causantes del impuesto sobre hospedaje, llegando al extremo de pretender que realice el pago de dicho impuesto, aun cuando ni siquiera hubiere recibido el pago de la contraprestaci�n por el servicio prestado, viola garant�as individuales de la quejosa; ahora bien, la interpretaci�n correcta que debe darse a la fracci�n IV del art�culo 31 constitucional, lo es en el sentido de que toda persona mexicana debe contribuir para los gastos p�blicos tanto de la Federaci�n, como de los Estados y Municipios, pero ello no implica que se convierta en gestora, ya que tal actividad o facultad le corresponde a la Secretar�a de Finanzas del Estado, conforme a la Ley Org�nica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, que inclusive cuenta con la facultad econ�mico-coactiva para su cobro, facultad de la que adolece el particular. No puede estimarse aberrante afirmar que quien debe darse de alta debe ser el contribuyente, puesto que �l es el obligado a enterar el impuesto sobre hospedaje, aun cuando se considere una cuesti�n pr�ctica, porque si cientos, miles o millones de personas estuvieran en posici�n de usar el servicio que aqu� interesa, regresando sobre lo dicho, ello implicar�a para la quejosa desarrollar un trabajo extra como lo son las actividades de c�lculo, cobro y entero del impuesto en la oficina que la Secretar�a de Finanzas se�ale, sin obtener de la quejosa su previo consentimiento y sin fijarse una justa retribuci�n por su labor, ya que no obstante cumplir con su obligaci�n de contribuir a los gastos p�blicos en los t�rminos de las leyes tanto federales, estatales, como municipales, ahora se pretende se convierta en una especie de trabajador (sin sueldo) de la Secretar�a de Finanzas con obligaciones tales como tener que inscribirse en el Registro Estatal de Contribuyentes (sin serlo en relaci�n al impuesto que nos ocupa), retener (que implica cuantificar) del causante (quien es el usuario del servicio) el pago del impuesto sobre hospedaje y enterarlo en las fechas indicadas a la oficina correspondiente, sino que adem�s, si el causante no cubre al prestador del servicio la contraprestaci�n respectiva, no libra la obligaci�n de enterar el impuesto, luego entonces, si el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional, se�ala la obligaci�n de contribuir, no puede el juzgador, como indebidamente lo hace, darle una interpretaci�n que no tiene, es decir, no puede obligarse a una persona que no sea la causante a enterar un impuesto del cual no es sujeto pasivo ni tampoco se le puede obligar a desarrollar una actividad sin su previo consentimiento, aun cuando se trate de una persona moral la quejosa, puesto que el art�culo 5o. constitucional no hace distinci�n alguna; el Estado, contrariamente a lo afirmado por el a quo, para el control de la recaudaci�n del impuesto que aqu� importa, cuenta con la infraestructura necesaria para ello como lo es la Secretar�a de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, cuyo personal que labora en la misma en sus funciones cuenta con la recaudaci�n de impuestos y adem�s con la facultad econ�mico-coactiva para su cobro, sin que pueda estimarse, como err�neamente lo afirma el juzgador, que la obligaci�n contenida en la fracci�n IV del art�culo 31 constitucional, incluya tambi�n los servicios personales, porque ello viola la garant�a contenida en el art�culo 5o. constitucional.

La consideraci�n expuesta en la sentencia constitucional que controvierte la peticionaria de garant�as, ahora recurrente, es del tenor siguiente:

"Tampoco se advierte que la disposici�n del decreto impugnado conculque las garant�as que se contienen en la fracci�n IV del art�culo 31 de la Constituci�n, en la medida en que se atribuye que el impuesto a que alude el decreto es desproporcionado e inequitativo, dado que, se afirma, obliga a la empresa solicitante del amparo, a pagar el impuesto sin haber obtenido el ingreso correspondiente del servicio, o en perjuicio del prestador en cuyo favor se erijan deudas, produciendo as� la inequidad y la desproporcionalidad por la que, afirman, solamente el contribuyente y no el retenedor tiene la obligaci�n de darse de alta. A ello debe responderse que aunque es verdad que los retenedores est�n obligados a enterar una cantidad equivalente a la que deber�n de retener aun cuando no se hubiese hecho la retenci�n o no hayan recibido el pago de la contraprestaci�n, inherentes al servicio de hospedaje prestado, tambi�n lo es que partiendo de lo establecido en el art�culo 61 del propio decreto, la obligaci�n de pagar el impuesto que corre, rep�tese, a cargo del usuario del servicio, se actualiza en el momento en que sean exigibles las contraprestaciones a favor de su prestador incluyendo los anticipos que se reciban, lo que significa que la retenci�n debe aplicarse �nicamente sobre el servicio prestado. Por lo dem�s, carece de sustento la alegaci�n que hace respecto de que quien debe darse de alta ser�a el contribuyente, pues como ya se apunt�, por razones pr�cticas, es obvio que lo anterior ser�a aberrante, pues equivaldr�a a que miles y quiz�s millones de personas que estuvieran en posici�n de usar el servicio que aqu� interesa, se dieran de alta s�lo por el lapso que utilizaran dicho servicio, lo cual ser�a ca�tico para los efectos pretendidos por la ley hacendaria, am�n de que el verdadero esp�ritu del decreto sobre este punto es justamente que el Estado pueda controlar y hacer m�s expedita la recaudaci�n del impuesto que aqu� importa, lo cual no implica que tal circunstancia sea inconstitucional, pues esa facultad se encuentra prevista en el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n. Adem�s, ya se ha puntualizado que una interpretaci�n del art�culo 31 en esa fracci�n, en el aspecto que se involucra, determina que en materia tributaria es obligaci�n de los ciudadanos mexicanos contribuir a los gastos p�blicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes; esta obligaci�n no se limita a contribuir con aportaciones en dinero o en especie, sino que establece una obligaci�n que comprende tambi�n los servicios personales, y aun cuando expresamente no se se�ala en dicho precepto, la interpretaci�n debe ser en tal sentido, porque no se puede exigir que un precepto de la Constituci�n detalle la obligaci�n hacia los particulares, porque esa tarea corresponde al int�rprete, o sea al �rgano estatal competente a trav�s de la creaci�n de normas jur�dicas generales."

El an�lisis realizado por el Juez de Distrito, que se impugna en el agravio marcado con el inciso d), antes transcrito, resulta incorrecto, como lo aduce la recurrente, toda vez que si bien es cierto que de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 31 constitucional, es obligaci�n de los mexicanos contribuir al gasto p�blico, el principio de justicia tributaria que se desprende del mismo precepto constitucional, obliga a los legisladores a observar la equidad en la imposici�n de los tributos, lo que no sucedi� en el establecimiento de las obligaciones a cargo de los "retenedores", contenidas en el art�culo 58 de la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, en especial, en la fracci�n II, �ltimo p�rrafo de ese precepto, como a continuaci�n se ver�.

Para observar c�mo se refiere la ley a los sujetos del impuesto y, en especial, a los retenedores, es necesario volver a transcribir los siguientes art�culos:

"Art�culo 57. Son sujetos de este impuesto, las personas quienes reciban los servicios de hospedaje que se�ala esta ley, mediante las retenciones que deber�n efectuarles los prestadores de los mismos.

"Art�culo 58. Las personas que presenten (sic) los servicios de hospedaje, as� como las que tengan a su cargo la administraci�n u operaci�n de sistemas de tiempo compartido, est�n obligadas a lo siguiente: I.S. su inscripci�n en el Registro Estatal de Contribuyentes ante la autoridad fiscal que corresponda, mediante la forma oficial del caso y proporcionando la informaci�n relacionada con su identidad, su domicilio y aquella que les sea solicitada; y II. Retener a los usuarios de sus servicios, el impuesto correspondiente y enterarlo a las oficinas autorizadas por los periodos y en las fechas se�aladas conforme a este cap�tulo. Los retenedores de este impuesto est�n obligados a enterar una cantidad equivalente a la que se debiera retener conforme a esta ley, aun cuando no hubieren hecho la retenci�n o no hayan recibido el pago de las contraprestaciones relativas al servicio prestado."

De lo establecido por tales preceptos, se advierte que el legislador impone a los retenedores la obligaci�n de enterar el impuesto, aun en los casos en que no hayan recibido el pago del servicio ni el importe del tributo, lo que, en t�rminos del art�culo 61 de la ley impugnada, implica que la obligaci�n surge cuando se actualiza la obligaci�n de pago del hecho imponible, a pesar de que no considera a los retenedores como sujetos pasivos directos del tributo.

En efecto, los art�culos 56 a 61 de la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, crearon el gravamen denominado "Del Impuesto sobre H., en el que de conformidad con el art�culo 57 del ordenamiento impugnado, se consideran contribuyentes a los sujetos pasivos del impuesto, quienes reciben el servicio de hospedaje, y como responsables de la "retenci�n" a los prestadores de �ste.

Aunado a lo anterior, el examen conjunto de los preceptos legales que regulan ese tributo, que han quedado transcritos en el considerando que antecede, lleva a la estimaci�n de que a las personas (f�sicas o morales) que presten servicios de hospedaje, se les obliga a cumplir en forma solidaria con las siguientes cuestiones:

  1. Efectuar las retenciones del impuesto.

  2. Solicitar su inscripci�n en el Registro Estatal de Contribuyentes ante la autoridad fiscal que corresponda, proporcionando la informaci�n relacionada con su identidad, su domicilio y aquella otra que les fuere solicitada.

  3. Enterar el impuesto correspondiente a las oficinas autorizadas por los periodos y en las fechas se�aladas conforme a la ley.

  4. Como retenedoras del impuesto, a enterar una cantidad equivalente a la que debieran retener conforme a la ley, aun cuando no hubieran hecho la retenci�n o no hayan recibido el pago de las contraprestaciones relativas al servicio prestado.

Como se ve, la ley impugnada se refiere a "retener", con una connotaci�n distinta al concepto literal de ese verbo, pues propiamente se trata de una recaudaci�n, porque la retenci�n supone que el sujeto que realiza la acci�n efect�a el pago de una suma, de la cual conserva para el fisco cierta porci�n y, en el caso, el hotelero no paga al usuario por los servicios, sino es �ste el que entrega a aqu�l la contraprestaci�n pactada; sobre todo al considerar que el concepto de "retener" tiene un significado diverso al de "recaudar", seg�n se desprende de lo que, al respecto, asienta el Diccionario de la Real Academia Espa�ola:

"Retener. Suspender en todo o en parte el pago del sueldo, salario u otro haber que uno ha devengado, hasta que satisfaga lo que debe, por disposici�n judicial, gubernativa o administrativa. Descontar de un pago o de un cobro una cantidad como impuesto fiscal."

Recaudar. (Del lat. recapitare, recoger). Cobrar o percibir caudales o efectos.

Por tanto, si en el caso el hecho imponible consiste en la prestaci�n del servicio de hospedaje y el que recibe �ste tiene el car�cter de contribuyente, el prestador de aqu�l tiene el car�cter de acreedor en relaci�n con el causante y le corresponde cobrar por el servicio, aunado al importe del tributo. De tal suerte que el acreedor en la relaci�n jur�dica de coordinaci�n que origin� el hecho que genera la causaci�n del impuesto, tendr� el car�cter de recaudador, pues el deudor de esa relaci�n a su vez tendr� el car�cter de contribuyente y efectuar� el pago aumentado por el importe del impuesto, lo que lo libera de la obligaci�n de enterar directamente al fisco.

Por ello, se considera que para que los conceptos antes precisados tengan aplicaci�n correcta en la materia fiscal, es necesario que el retenedor o recaudador est�n expresamente identificados ante las autoridades, a diferencia de lo que sucede con el sujeto pasivo principal por adeudo propio (contribuyente), cuyo registro e identificaci�n ante el fisco no son necesarios, porque su calidad se deduce de la naturaleza misma del hecho imponible y porque respecto de �l se da la capacidad contributiva que es el fundamento del tributo, aunque lo entere a trav�s de un tercero que es auxiliar del Estado.

As�, la retenci�n que le corresponde desempe�ar a un sujeto distinto del contribuyente o causante, es la que tiene lugar cuando el obligado por la ley a efectuar la retenci�n y a enterar al sujeto activo el importe de lo retenido, descuenta el cr�dito tributario a su acreedor al pagarle o al abonarle en cuenta, es decir, el efecto de la retenci�n es reducir el pago de una deuda en la medida del impuesto que le corresponde pagar al acreedor; adem�s, el retenedor tiene que cumplir con otras obligaciones formales, tales como presentar declaraciones, enterar el tributo al sujeto activo, inscribirse en el registro correspondiente, etc�tera. El ejemplo t�pico del retenedor se observa en el impuesto sobre la renta, en lo que respecta a la obligaci�n que tiene el patr�n de deducir de los ingresos de las personas f�sicas que perciban como remuneraci�n del trabajo prestado a aqu�l, el importe del respectivo impuesto para enterarlo al fisco.

Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia y tesis:

"IMPUESTO SOBRE LA RENTA. OBLIGACI�N DEL PATR�N DE RETENERLO, CUANDO LAS PERSONAS SUJETAS A UNA RELACI�N LABORAL, OBTIENEN PRESTACIONES DERIVADAS DE LA MISMA. De conformidad con los art�culos 77, fracci�n X, 79 y 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el a�o de 1991, quienes hagan pagos por conceptos de prima de antig�edad, retiro, indemnizaciones y otros, deben, en principio, retener el tributo respectivo; esta regla general admite dos casos de excepci�n, la primera se da cuando la cantidad recibida no excede de noventa veces el salario m�nimo; la segunda, cuando el empleado s�lo ha percibido un sueldo m�nimo general correspondiente a su �rea geogr�fica; por tanto, si dichos preceptos legales no except�an de cubrir el impuesto sobre la renta a las personas que han estado sujetas a una relaci�n laboral, y obtienen prestaciones derivadas de una condena impuesta por un �rgano jurisdiccional, es obvio que el patr�n debe retener el tributo relativo, sin importar si existe separaci�n justificada o injustificada, pues el hecho de que el pago deba hacerse por determinaci�n judicial, como consecuencia de un despido o un no sometimiento al arbitraje, no priva a dicho pago de su car�cter indemnizatorio, cuya base impositiva deriva de la obligaci�n establecida en los art�culos 31, fracci�n IV y 73, fracci�n VII, de la Constituci�n Federal." (Jurisprudencia 17/92, Cuarta Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, p�gina 19, Octava �poca, n�mero 58, octubre de 1992).

"IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RETENCI�N DEL. Aunque una compa��a hubiera estado obligada, originalmente, a causar su impuesto sobre la renta, en c�dula quinta, si no lo hizo as�, sino en c�dula segunda, la obligaci�n de otra compa��a contratante, para descontar el diez por ciento a que se refiere el art�culo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de acuerdo con el 58 del reglamento de la misma ley, no puede existir, porque entre manifestar en c�dula quinta y retener el mencionado diez por ciento, hay una relaci�n de causa a efecto y no existiendo aqu�lla, tampoco puede existir �ste, y aunque originalmente la segunda compa��a estuviese obligada a retener el impuesto a que se contrae el citado art�culo 27, si legalmente qued� exenta la primera de la obligaci�n de hacer sus manifestaciones en c�dula quinta, relev� a la contratante de hacer la retenci�n aludida; por lo que las multas impuestas por esta omisi�n, son infundadas, m�xime, que no hay por qu� retener un impuesto que a la postre no habr� que causarse." (Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, T.o LVII, p�gina 172).

Aunado a lo anterior, debe aclararse que el recaudador es aquel sujeto al que el legislador le impone la obligaci�n de cobrar el tributo a su deudor, al mismo tiempo que le cobra el cr�dito particular. Ello se ve patente en el impuesto sobre el consumo de energ�ael�ctrica, en el que la compa��a que presta el servicio cobra por el servicio prestado al mismo tiempo que recauda el impuesto respectivo que deber� enterar al Fisco Federal. Es decir, la recaudaci�n ocurre, por regla general, con motivo de la relaci�n existente entre los sujetos que intervienen en la creaci�n del hecho imponible, pues el acreedor tiene car�cter de recaudador y el deudor tiene la calidad de contribuyente; de ah� que al obtenerse el pago, concomitantemente debe obtenerse el importe del tributo, pues la recaudaci�n nace en esa hip�tesis.

Las notas distintivas entre las figuras fiscales de la retenci�n y la recaudaci�n se encuentran en los sujetos que originan el hecho imponible, pues en el primero el deudor ser� el retenedor, quien no gozar� de la calidad de sujeto pasivo directo del impuesto y el acreedor ser� el contribuyente; en el segundo, el deudor tendr� el car�cter de contribuyente y el acreedor ser� el sujeto que tenga la obligaci�n de cobrar el servicio y el importe del tributo.

La creaci�n de esas figuras tiene como fundamento la facultad impl�cita en la fracci�n IV del art�culo 31 constitucional, en el que se establecen las contribuciones, figuras que no nacen de una relaci�n jur�dica simple, en la que el contribuyente s�lo tenga la obligaci�n de pagar el tributo y el Estado el derecho correlativo de cobrarlo, sino que se basa en el complejo de derechos, obligaciones y atribuciones contenidos en el derecho tributario, en el que se incluye la imposici�n de obligaciones a terceros para controlar el tributo y en lograr en forma eficiente la recaudaci�n. As� se ha sostenido por este alto tribunal en las siguientes tesis:

"IMPUESTOS, RETENCI�N DE, CON CARGO A TERCEROS (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). No son inconstitucionales los art�culos 528, 566 y 569 del C�digo Administrativo del Estado de Chihuahua, que imponen a los patrones la obligaci�n de retener del salario de sus trabajadores las cuotas correspondientes al impuesto sobre sueldos y emolumentos, presentar listas del personal a su servicio y enterar en las oficinas recaudadoras el monto del impuesto retenido, pues tales deberes impuestos a terceros corresponden a la facultad que el fisco tiene para controlar el impuesto y hacer m�s expedita su recaudaci�n, facultad impl�cita en la fracci�n IV del art�culo 31 constitucional, que al conceder atribuciones al Estado para establecer contribuciones, no consagra una relaci�n jur�dica simple, en la que el gobernado tenga s�lo la obligaci�n de pagar el tributo y el Estado el derecho correlativo de cobrarlo, sino que constituye uno de los basamentos del complejo de derechos, obligaciones y atribuciones que forman el contenido del derecho tributario, entre las que se hallan las de controlar el tributo mediante la imposici�n de obligaciones a terceros." (Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, Volumen 6, Primera Parte, p�gina 144).

"MATERIALES PARA CONSTRUCCI�N, IMPUESTO SOBRE. RETENCI�N POR TERCEROS (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE M�XICO). No es inconstitucional el art�culo 16, Tarifa L, de la Ley General de Hacienda del Estado de M�xico, reformado por el Decreto N�mero 72, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de M�xico de fecha 31 de diciembre de 1949, que impone a los productores de tabique, teja y materiales de construcci�n, especificados en el decreto mencionado, la obligaci�n de retener el impuesto a cargo de los compradores o consumidores de dichos materiales, pues tales deberes impuestos a terceros corresponden a la facultad que el fisco tiene para controlar los impuestos y hacer m�s r�pida y efectiva su recaudaci�n, facultad que se encuentra impl�cita en la fracci�n IV del art�culo 31 constitucional, que al conceder atribuciones a los Estados para establecer contribuciones, no consagra una relaci�n jur�dica simple en la que el gobernado tenga s�lo la obligaci�n de pagar el tributo y el Estado el derecho correlativo de cobrarlo, sino que constituye uno de los basamentos del complejo de derechos, obligaciones y atribuciones que forma el contenido del derecho tributario, entre las que se halla la de controlar el tributo mediante la imposici�n de obligaciones a terceros. No se trata en la retenci�n de impuestos de un trabajo personal de aquellos a que se refiere el art�culo 5o. de la Constituci�n, sino que tal actividad debe catalogarse como una cooperaci�n o colaboraci�n que deben realizar los productores de materiales para construcci�n, en beneficio del Estado; sin dejar de reconocer que ello implica algunas molestias, pero no debe olvidarse que en materia tributaria generalmente se requiere del concurso de los particulares, sean o no causantes directos, a fin de que colaboren con el fisco para lograr un perfecto control en la recaudaci�n de los impuestos y que el Estado pueda satisfacer los servicios p�blicos a su cargo; as�, puede contemplarse la existencia de diversas intervenciones que desempe�an personas ajenas a los causantes directos y que no pueden reputarse como trabajo o servicios personales; siendo �ste el caso de los patrones al retener el importe del impuesto por el trabajo de sus empleados (retenci�n en la fuente); en el caso de los notarios p�blicos la obligaci�n de vigilar el pago de los impuestos de las personas que ante ellos solicitan diversos actos, que requieren su intervenci�n por la fe p�blica que de ellos da; como tambi�n se obliga a terceros a retener las cotizaciones, tanto para el Seguro Social como para el ISSSTE; con la obligaci�n para todos ellos de convertirse en deudores solidarios del fisco o de las instituciones sociales mencionadas, en caso de no retener el importe de los pagos o ver que se cumplan con ellos en el caso de los notarios. Tales servicios se justifican por ser sumamente dif�cil para el Estado poder lograr directamente la recaudaci�n a trav�s de los causantes directos; e indudablemente que tales servicios de cooperaci�n se prestan por los gobernados en beneficio del Estado y de la colectividad, sin que por ello puedan estimarse contrarios al art�culo 5o. de la Constituci�n Federal." (Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, Volumen 30, Primera Parte, p�gina 39).

"LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA, POR ACTOS PROVENIENTES DE UN PARTICULAR QUE ACT�A POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY. La obligaci�n de retener un impuesto a cargo de compradores y posteriormente su entero a las oficinas hacendarias respectivas, son deberes impuestos a terceros que corresponden a la facultad que el fisco tiene para el m�s eficaz control de los impuestos y hacer r�pida y efectiva su recaudaci�n; esta facultad se encuentra impl�cita en la fracci�n IV del art�culo 31 constitucional, que al conceder atribuciones a la Federaci�n para establecer contribuciones, no consigna una relaci�n jur�dica simple en la que el gobernado tenga s�lo la obligaci�n de pagar el tributo y el Estado el derecho correlativo de recaudarlo, sino que de ese precepto se deriva un complejo de derechos, obligaciones y atribuciones, que forman el contenido del derecho tributario, y entre �stas se halla la de imponer medidas eficaces para la recaudaci�n del tributo mediante el se�alamiento de obligaciones a terceros. Esta actividad, puede catalogarse como una cooperaci�n o colaboraci�n de los particulares en la realizaci�n de los fines del Estado." (Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, Vol�menes 193-198, Primera Parte, p�gina 125).

As� las cosas, la obligaci�n de retener o recaudar debe nacer cuando el contribuyente pague el servicio o cuando le sea pagado el adeudo, disminuido por el importe del tributo, pero no antes del pago, como inconstitucionalmente se establece en el art�culo 61 de la ley impugnada, pues en el caso sujeto a estudio la naturaleza jur�dica de la "retenci�n" o propiamente de la recaudaci�n que establece el precepto en comento, obliga a hacerla antes del momento del nacimiento de la obligaci�n de contribuir, lo que obedece a que en esta hip�tesis no recae en el mismo sujeto la calidad de contribuyente y de recaudador, sino que �ste s�lo es sujeto obligado solidariamente por la recaudaci�n.

Es aplicable por analog�a la tesis visible en la p�gina 686 del T.o CVII, Quinta �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n, que este Tribunal Pleno hace suya, que dice:

SOCIEDADES, CU�NDO DEBEN RETENER EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. El pago de sueldos a empleados, sobre los cuales deben retener las sociedades el impuesto respectivo, debe entenderse hecho hasta el momento en que se hace la entrega de los sueldos, la obligaci�n de retener el impuesto, s�lo se concibe hasta el momento de hacer la entrega material correspondiente.

Ahora bien, el art�culo 24, fracci�n IV, del C�digo F. del Estado de Jalisco, es del tenor literal siguiente:

"Art�culo 24. Son responsables solidarios:

"...

IV. Las personas a quienes se imponga la obligaci�n de retener o recaudar cr�ditos fiscales a cargo de terceros.

De la recta interpretaci�n de la norma transcrita con anterioridad, se advierte que los retenedores o recaudadores tienen el car�cter de obligados solidarios de los contribuyentes, pues tienen que enterar el respectivo impuesto al fisco, pero tal obligaci�n tiene como premisa previa que est� determinado lo que produce la retenci�n o la recaudaci�n y que se haya efectuado el pago por el contribuyente o se le haya disminuido de �ste el importe del tributo, pues de lo contrario, a estos obligados solidarios se les pondr�a en un estado de incertidumbre que implicar�a, como consecuencia, la imposibilidad del cabal cumplimiento de la obligaci�n, imponi�ndosele la carga de cubrir el tributo no obstante que no tiene el car�cter de contribuyente ni obtuvo el importe del gravamen.

En efecto, la idea de retener los impuestos ha sido precisada en diversas ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia, partiendo de la base de que el sujeto obligado a efectuar la retenci�n tenga en su poder el importe de la misma, ante una relaci�n con el contribuyente, en el que �ste tiene la calidad de acreedor y el retenedor de deudor, pues la obligaci�n de retener el impuesto proviene de un deber jur�dico de exigencia por parte del fisco hacia la sociedad quejosa y responsable solidariamente; por ello, la retenci�n del impuesto no es otra cosa que un acto netamente fiscal que, al tener como hip�tesis previa que el contribuyente tenga la obligaci�n del pago del tributo, no constituye propiamente una obligaci�n de pagar el impuesto, sino que viene a ser una obligaci�n secundaria de colaboraci�n, que los particulares prestan en beneficio del Estado, como lo sostuvo este alto tribunal en la tesis visible en la p�gina 73, Vol�menes 163-168, Primera Parte, S�ptima �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice:

"IMPUESTO SOBRE REMUNERACI�N DEL TRABAJO PERSONAL. LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE SINALOA, PUBLICADA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 1978, NO ESTABLECE TRIBUTACIONES A CARGO DE INSTITUCIONES DE CR�DITO. La Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, contenida en el Decreto N�mero 41, publicada el 15 de noviembre de 1978, no establece en sus art�culos 157, 158, 160 y 162 contribuciones a cargo de instituciones de cr�dito, sino que fija un impuesto que grava las remuneraciones que los trabajadores perciben en dicho Estado por su trabajo personal. Del an�lisis de los preceptos mencionados, no se desprende que el que siempre va a pagar el impuesto de que se trata lo ser� el retenedor y no el trabajador, ni que por tal circunstancia se establezca en dichos art�culos alguna tributaci�n a cargo de instituciones de cr�dito, invadiendo con ello la esfera de facultades exclusivas del H. Congreso de la Uni�n. Lo que sucede es que, aun cuando es cierto que en el art�culo 162 de la ley combatida se estipulan a cargo de los patronos las obligaciones de retener y enterar el tributo, mediante las declaraciones mensuales respectivas, as� como tambi�n la sanci�n para el caso de incumplimiento, debe estimarse, sin embargo, que en la especie se trata de obligaciones secundarias establecidas en la ley a cargo de terceros para la mejor recaudaci�n y administraci�n del impuesto, que no constituyen, propiamente, la obligaci�n de pagar el impuesto mismo, sino que viene a ser una colaboraci�n que los particulares prestan en beneficio del Estado, lo cual es una caracter�stica propia del sistema impositivo mexicano, que encuentra su justificaci�n en el art�culo 31, fracci�n IV, de la Carta Magna."

Por consiguiente, si en autos est� acreditado que se trata de una persona moral, cuyo objeto, entre otros, es el de explotar, operar y administrar hoteles, bungal�s y albergues, habitaciones con sistema de tiempo compartido y dem�s establecimientos de hospedaje, ello demuestra que se le imponen las cargas fiscales del tributo combatido, al tener la obligaci�n, no s�lo de recaudar el impuesto, sino adem�s, la solidaria de enterarlo aun cuando no hubiera hecho la recaudaci�n o no haya recibido el pago de la contraprestaci�n relativa al servicio prestado, situaci�n que resulta, como ya se dijo, inconstitucional.

En esa tesitura, la obligaci�n de "retener" (recaudar) el importe del impuesto, que corre a cargo del prestador del servicio no debe existir en los casos en que el que recibe el servicio no realice el pago correspondiente a su prestador, pues este �ltimo, adem�s de encontrarse frente a una deuda por el impago del servicio, tiene una carga impositiva que la ley no le impone, lo que se traduce en una inequidad en el trato fiscal que recibe el "retenedor" (recaudador), cuya funci�n es la de cobrar al causante, adem�s del importe del servicio, el correspondiente al impuesto, no la de cubrir un impuesto al que, por disposici�n de la ley, no est� sujeto como causante directo.

En este orden de ideas, es claro que si la norma impugnada obliga al recaudador a enterar el tributo, incluso cuando no haya hecho la retenci�n o no haya recibido el pago del servicio, pues debe hacerlo al momento en que se genera la obligaci�n de cubrir el tributo, se desnaturaliza la obligaci�n de recaudar o de retener, pues �sta nace, como ya se dijo, cuando se hace el pago del servicio o el pago del adeudo que gener� el hecho imponible, y no como en la ley se prev�, cuando se genera la obligaci�n de cubrir el tributo, lo que implica que el recaudador o retenedor tenga que cubrir la contribuci�n de su propio peculio, lo que resulta notoriamente violatorio del art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n.

Por otro lado, y en relaci�n con la misma obligaci�n de recaudaci�n, la quejosa, ahora inconforme, expres� en el inciso e) de su escrito de agravios, literalmente lo siguiente:

e) Es indudable que tales razonamientos carecen de una correcta motivaci�n y fundamentaci�n, puesto que 'servicios inherentes' es un concepto demasiado vago e impreciso, que puede llegar al extremo de que a toda persona que use de alg�n servicio que preste la quejosa, extra�o al hospedaje, como puede ser el de restaurante, bar, cafeter�a o inclusive la compra de un chicle, deba cobrarse el impuesto sobre hospedaje, luego entonces si en materia de contribuciones no es v�lido utilizar t�rminos vagos e imprecisos, sino por el contrario debe puntualizarse qu� servicios deben causar el impuesto en comento, el t�rmino 'servicios inherentes' obviamente cae en el supuesto prohibido por la ley.

La consideraci�n expuesta en la sentencia constitucional que ahora se impugna, en su parte conducente, es del tenor siguiente:

Asimismo, en relaci�n con el concepto de violaci�n en que se argumenta que el decreto impugnado viola derechos p�blicos subjetivos, y espec�ficamente el de legalidad, porque aqu�l no concreta cu�les son 'los servicios inherentes al mismo' (refiri�ndose al servicio de hospedaje), pues pese a que en �l no se argumenta que en lo que ata�e al objeto del impuesto se incurre en imprecisi�n para emplear aquella expresi�n, o sea 'servicios inherentes al mismo', y que ello afecte a la quejosa porque provoca imposibilidad para cualquier (sic) el impuesto que tenga que cobrar, para el caso de que esa hubiese sido la intenci�n, a ello debe responderse que no le asiste raz�n, pues sobre ese t�pico deber� atenderse en todas hip�tesis, a las normas relativas que rigen ese servicio y si en el caso el prestador brinda alojamiento al contribuyente directo, y adem�s otros servicios como el de alimentos u otros diversos como parte de dicha prestaci�n, tendr� en todo caso, y como retenedor, que cobrar el impuesto relativo, para luego desplegar los actos correspondientes a la figura de retener en la que se encuentra inmersa, y aunque no se especifica en el precepto relatado cu�les son esos servicios inherentes, por los cuales debe cobrarse el impuesto, debe entenderse que son todos aquellos que preste junto con el alojamiento.

Resulta tambi�n fundado el agravio se�alado con el inciso e) transcrito, en virtud de que las consideraciones emitidas por el Juez de Distrito resultan inexactas, en tanto que, efectivamente, la imprecisi�n que aduce la ahora recurrente, en cuanto a la cantidad que deber� retener en relaci�n con los servicios que grava el impuesto, atenta contra los principios de legalidad tributaria que se consagran en la fracci�n IV del art�culo 31 constitucional.

En efecto, la norma impugnada que prev� el impuesto sobre hospedaje en el Estado de Jalisco, resulta inconstitucional, toda vez que no se precisan legalmente todos los elementos esenciales de ese tributo, es decir, se pone de manifiesto que la ley reclamada no observa el principio de legalidad tributaria consagrado por el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n General de la Rep�blica, a que se refieren las jurisprudencias publicadas con los n�meros ciento sesenta y dos y ciento sesenta y ocho, Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, T.o I, Materia Constitucional, que dicen:

"IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY. Al disponer el art�culo 31 constitucional, en su fracci�n IV, que son obligaciones de los mexicanos 'contribuir para los gastos p�blicos, as� de la Federaci�n como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes', no s�lo establece que para la validez constitucional de un tributo es necesario que, primero, est� establecido por ley; segundo, sea proporcional y equitativo y, tercero, sea destinado al pago de los gastos p�blicos, sino que tambi�n exige que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa y �poca de pago, est�n consignados de manera expresa en la ley, para que as� no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a t�tulo particular, sino que a la autoridad no quede otra cosa que aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la relaci�n tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos p�blicos de la Federaci�n, del Estado o Municipio en que resida."

IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCI�N FEDERAL. El principio de legalidad se encuentra claramente establecido por el art�culo 31 constitucional, al expresar, en su fracci�n IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos p�blicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y est�, adem�s, minuciosamente reglamentado en su aspecto formal, por diversos preceptos que se refieren a la expedici�n de la Ley General de Ingresos, en la que se determinan los impuestos que se causar�n y recaudar�n durante el periodo que la misma abarca. Por otra parte, examinando atentamente este principio de legalidad, a la luz del sistema general que informa nuestras disposiciones constitucionales en materia impositiva y deexplicaci�n racional e hist�rica, se encuentra que la necesidad de que la carga tributaria de los gobernados est� establecida en una ley, no significa tan s�lo que el acto creador del impuesto deba emanar de aquel Poder que, conforme a la Constituci�n del Estado, est� encargado de la funci�n legislativa, ya que as� se satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a trav�s de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, sino fundamentalmente que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligaci�n tributaria, est�n consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a t�tulo particular, sino que el sujeto pasivo de la relaci�n tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos p�blicos del Estado, y a la autoridad no quede otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante. Esto, por lo dem�s, es consecuencia del principio general de legalidad, conforme al cual ning�n �rgano del Estado puede realizar actos individuales que no est�n previstos y autorizados por disposici�n general anterior, y est� reconocido por el art�culo 14 de nuestra Ley Fundamental. Lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposici�n, la imprevisibilidad en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, deben considerarse absolutamente proscritos en el r�gimen constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que pretenda justific�rseles.

Sobre el particular, es necesario dejar claro que en el an�lisis para determinar si el creador de la norma impugnada observ� el principio de legalidad tributaria establecido por el art�culo 31 constitucional, es decir, que el tributo est� establecido por ley, que sea proporcional y equitativo, que sea destinado al gasto p�blico, y que est�n consignados de manera expresa los elementos esenciales del mismo, como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa y �poca de pago, es necesario atender a todas las normas que se encuentren vinculadas con la ley impugnada, m�xime que en la especie, la hermen�utica jur�dica del impuesto en estudio no permite el estudio aislado de la norma que establece los sujetos y obligaciones, o la cuesti�n relativa al pago, sin comprender el estudio de la base, pues aqu�llos parten del establecimiento de este elemento.

Lo anterior no se contrapone con la circunstancia de que en esta ejecutoria se confirme, por ausencia de agravio en su contra, el sobreseimiento decretado en relaci�n con los art�culos 56, 59 y 60 de la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, pues no se pretende resolver si son o no inconstitucionales estos preceptos, sino determinar si los retenedores, de acuerdo con las disposiciones que establecen los elementos esenciales del impuesto, se encuentran en posibilidad de realizar la retenci�n correspondiente.

La ley reclamada se refiere al objeto del gravamen de la manera siguiente:

Art�culo 56. Es objeto de este impuesto, la prestaci�n de servicios de hospedaje, que se realicen en el Estado de Jalisco, debi�ndose entender que existen tales servicios, cuando por lo menos uno de los bienes objeto de los mismos se encuentren dentro de su territorio.- Asimismo, para los efectos de este impuesto, se entiende por prestaci�n de servicios de hospedaje, el otorgamiento de albergue y de los servicios inherentes al mismo, a cambio de una contraprestaci�n, sea cual fuere la denominaci�n.

Al tenor de este precepto, podr�a afirmarse que el objeto del gravamen reclamado es la prestaci�n de los servicios de hospedaje, entendiendo por hospedaje, el otorgamiento de albergue y de los servicios inherentes al mismo a cambio de una contraprestaci�n.

Sin embargo, esta premisa merece algunas precisiones, considerando lo dispuesto por la propia ley cuando al referirse a los sujetos del impuesto establece:

"Art�culo 57. Son sujetos de este impuesto, las personas quienes reciban los servicios de hospedaje que se�ala esta ley, mediante las retenciones que deber�n efectuarles los prestadores de los mismos."

"Art�culo 58. Las personas que presenten (sic) los servicios de hospedaje, as� como las que tengan a su cargo la administraci�n u operaci�n de sistemas de tiempo compartido, est�n obligadas a lo siguiente:?I.S. su inscripci�n en el Registro Estatal de Contribuyentes ante la autoridad fiscal que corresponda, mediante la forma oficial del caso y proporcionando la informaci�n relacionada con su identidad, su domicilio y aquella que les sea solicitada, y?II. Retener a los usuarios de sus servicios, el impuesto correspondiente y enterarlo a las oficinas autorizadas por los periodos y en las fechas se�aladas conforme a este cap�tulo. Los retenedores de este impuesto est�n obligados a enterar una cantidad equivalente a la que se debiera retener conforme a esta ley, aun cuando no hubieren hecho la retenci�n o no haya recibido el pago de las contraprestaciones relativas al servicio prestado."

De lo establecido por tales preceptos se desprende, primero, que no obstante que el objeto del gravamen es la prestaci�n de los servicios de hospedaje, son los usuarios los causantes del gravamen y los obligados directos a su pago y, segundo, que para la ley, dentro del concepto de sujetos que prestan servicios de hospedaje quedan comprendidas tambi�n las personas que tengan a su cargo la administraci�n y operaci�n del sistema de tiempo compartido, entre las cuales queda incluida la quejosa, pues a ellas tambi�n impone el deber de "retener" o recaudar (propiamente recaudar, como se ha visto) el importe del gravamen para enterarlo a las arcas p�blicas. Siendo tal la descripci�n legal del objeto del impuesto, resulta que no est� determinado con toda precisi�n, lo cual da lugar a un estado de incertidumbre contrario a los intereses de los gobernados.

Para arribar a esta conclusi�n importa considerar que con motivo del contrato de hospedaje o al lado del mismo, las partes pueden pactar la prestaci�n de numerosos servicios, de la m�s variada �ndole, de acuerdo con la infraestructura del prestador de servicios, los intereses del hu�sped y las circunstancias presentes en cada caso concreto.

Por tanto, resulta de particular importancia destacar que la ley fiscal reclamada s�lo impone el gravamen sobre aquellos servicios que califica como "inherentes" al albergue, pero no establece los criterios, las reglas o los elementos que permitan distinguir entre tales servicios y aquellos otros que sin ser "inherentes" pueden otorgarse al hu�sped por parte del hotelero o administrador del sistema de tiempo compartido.

Cabe destacar que no fue la intenci�n del legislador la de gravar todos los servicios que pueden pactarse entre el prestador del servicio y el usuario, porque de haber sido no habr�a calificado como "inherentes" a los servicios gravados, sino simplemente habr�a previsto que quedaba sometido al r�gimen fiscal cualquier servicio concertado entre el hotelero y sus clientes. Sin embargo, la ley no atiende a la calidad y voluntad de las partes contratantes, sino que emplea un criterio puramente material que atiende a la "inherencia" de ciertos servicios respecto del albergue, sin que al hacerlo proporcione los elementos que permitan discernir con toda claridad tanto para el obligado como el retenedor o recaudador y para la autoridad exactora cu�les servicios est�n gravados y cu�les no lo est�n, sobre todo considerando que el concepto de "inherencia" puede dar lugar a diversas interpretaciones por parte de la autoridad aplicadora, seg�n se desprende de lo que al respecto asienta el Diccionario de la Real Academia Espa�ola cuando dice:

"Inherente. (Del lat. inhaerens, -entis, p. a. de inhaerere, estar unido) adj. Que por su naturaleza est� de tal manera unido a otra cosa, que no se puede separar de ella.// 2. F.. D�cese de toda determinaci�n de un sujeto que constituye un modo de ser intr�nseco a ese sujeto y no una relaci�n con otra cosa (sic)."

"Inherencia. (Del lat.. inhaerentia) f. Uni�n de cosas inseparables por su naturaleza, o que s�lo se pueden separar mentalmente y por abstracci�n.// 2. F.. El modo de existir los accidentes, o sea no en s�, sino en la sustancia que modifican."

En ese orden de ideas, es inconcuso que el texto de la ley no permite al retenedor conocer con precisi�n y certeza cu�les son los servicios (ni cu�les son las retenciones y pagos que debe efectuar), que por ser inseparables del hospedaje o del albergue, o estar de tal manera unidos a ellos, causan el gravamen reclamado, sobre todo considerando que de acuerdo con el C�digo Civil del Estado de Jalisco "al cual" por un principio general de interpretaci�n hay que acudir en ausencia de una norma fiscal espec�fica, el contrato de hospedaje comprende por definici�n s�lo el servicio de alojamiento, al cual pueden a�adirse cualesquiera otros servicios que deseen las partes, y el sistema de uso de tiempo compartido da derecho al compartidario de usar y gozar por cierto plazo una unidad vacacional con todos los bienes destinados a su servicio, seg�n puede constatarse de la inserci�n de los art�culos relativos de dicho ordenamiento:

"Art�culo 2321. Es contrato de hospedaje aquel por medio del cual una persona llamada hotelero se compromete a brindar alojamiento por un tiempo determinado a otra persona llamada hu�sped.- El hu�sped se obliga a pagar un precio cierto por el hospedaje.- En el contrato de hospedaje, adem�s del alojamiento, podr�n a�adirse otros servicios que preste el hotelero por un precio adicional o en el mismo precio del alojamiento, seg�n lo pacten las partes."

"Art�culo 1115. El derecho de uso en tiempo compartido es el r�gimen jur�dico a que se afecta una edificaci�n y el mobiliario �til para ello, con la finalidad de que sea aprovechado para fines tur�sticos en forma conjunta, separada y sucesivamente por los adquirentes a quienes se denominar� compartidarios y compartidor a los afectantes.- Se considera como operador para los fines de este art�culo a quien tiene el cuidado y mantenimiento del desarrollo."

"Art�culo 1124. Son derechos de los compartidarios, usar y gozar, por el tiempo asignado, la unidad vacacional, as� como los bienes muebles destinados y afectos a ese servicio, ceder parcial o totalmente sus derechos; cuando se haga en forma parcial, deber� notificarse con la debida antelaci�n al operador mediante comunicaci�n por escrito. Cuando sea en forma total, la comunicaci�n deber� ser aut�ntica y por escrito a efecto de que se hagan las anotaciones que correspondan en el libro de registro de compartidarios."

No est� por dem�s aclarar que el vicio que se atribuye a la ley no se ve remediado por la circunstancia de que su art�culo 59 establezca las reglas para cuantificar la base gravable, pues las mismas s�lo esclarecen algunos conceptos adicionales a la contraprestaci�n pactada que deben incluirse en el c�lculo correspondiente, pero no permiten establecer con diafanidad cu�les son los "servicios inherentes" al albergue que resultan gravados, seg�n puede constatarse con la transcripci�n de dicho numeral:

Art�culo 59. La base para el c�lculo de este impuesto se integra con el valor total de la contraprestaci�n pactada a favor de quien preste el servicio, as� como con las cantidades que se carguen o cobren a quien lo reciba por intereses normales, penas convencionales, mantenimiento, cuotas ordinarias, extraordinarias o por administraci�n, gastos de toda clase y cualquier otro concepto inherente a los mismos.

La incertidumbre en que se halla colocado el gobernado frente a la carga fiscal, le impide determinar cu�les son los conceptos por los que tiene que efectuar la retenci�n del impuesto y por ello tampoco puede conocer con certeza cualitativa y cuantitativamente los pagos a efectuar, pues al no estar claramente establecida la base del impuesto, sufren de vicios de inconstitucionalidad los art�culos 57, 58 y 61 de la norma impugnada, por resultar imprecisas las obligaciones de retenci�n y pago del tributo, lo que constituye, en consecuencia, una infracci�n al principio de legalidad tributaria que conduce a declarar fundados los conceptos de violaci�n aludidos, en lo tocante a la inconstitucionalidad del Decreto 16025, que contiene los citados preceptos, por lo que sin tener que examinar los dem�s motivos de inconformidad, debe otorgarse, al respecto, a la quejosa la protecci�n de la Justicia Federal.

Es corolario de todo lo expuesto en la presente ejecutoria, que debe modificarse la sentencia recurrida, reiterando el sobreseimiento en relaci�n con los actos reclamados consistentes en los art�culos 56, 59 y 60 de la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, por los motivos que quedaron precisados en el considerando cuarto de este fallo, y otorgando a la quejosa la protecci�n constitucional respecto de los actos relativos al Decreto 16025, en especial en cuanto a los art�culos 57, 58 y 61 de la referida ley hacendaria.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

Se modifica la sentencia sujeta a revisi�n.

SEGUNDO

Se confirma el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo promovido por Hoteles los Arcos de Occidente, Sociedad An�nima de Capital Variable, contra los actos que reclam� del Congreso, gobernador constitucional, secretario general de Gobierno y secretario de Finanzas del Gobierno, todos del Estado de Jalisco, consistentes en los art�culos 56, 59 y 60 de la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, contenidos en el Decreto 16025 emitido el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.

TERCERO

La Justicia de la Uni�n ampara y protege a la empresa denominada Hoteles los Arcos de Occidente, Sociedad An�nima de Capital Variable, en contra de los actos que reclam� del Congreso, gobernador constitucional, secretario general de Gobierno y secretario de Finanzas, todos del Estado de Jalisco, relativos al Decreto 16025 emitido el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en especial los art�culos 57, 58 y 61 de la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco y su aplicaci�n.

Notif�quese; con testimonio de esta resoluci�n, vuelvan los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, arch�vese el toca como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en Pleno, por unanimidad de diez votos de los Ministros A.A., A.G.�itr�n, D�az R., G�ngora P., G.�o P., O.M., R.P., S.C., S.M. y presidente en funciones C. y C.. El Ministro presidente A.A.�n, no asisti� por estar atendiendo otras responsabilidades inherentes a su cargo. El Ministro D�az R. y la Ministra S�nchez C. formularon salvedades en relaci�n con el contenido del considerando quinto y manifestaron que, al respecto, formular�n voto aclaratorio. Fue ponente el M.S.S.A.A..

Nota: De esta ejecutoria derivaron las tesis P./J. 51/97, P./J. 52/97 y P./J. 53/97 que fueron publicadas en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.o V-Junio, p�ginas 5, 69 y 45, respectivamente.

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