Ejecutoria num. P./J. 31/97 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26829574

Ejecutoria num. P./J. 31/97 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P./J. 31/97
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Mayo de 1997
RESUMEN

AMPARO EN REVISIÓN 1516/94. PORCELANITE, S.A. DE C.V.RENTA. LA TASA FIJA DEL 35% QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO ES VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

AMPARO EN REVISI�N 1516/94. PORCELANITE, S.A. DE C.V.

M�xico, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n correspondiente a la sesi�n del d�a cuatro de marzo de mil novecientos noventa y siete.

VISTOS; Y RESULTANDO:

PRIMERO

Por escrito presentado el diez de marzo de mil novecientos noventa y cuatro ante el secretario de acuerdos del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de M�xico, con residencia en Naucalpan de J., J.�s S. de la Vega, en representaci�n de Porcelanite, Sociedad An�nima de Capital Variable, solicit� el amparo y protecci�n de la Justicia de la Uni�n en contra de las autoridades y por los actos que enseguida se precisan:

"AUTORIDADES RESPONSABLES: a) El Congreso de la Uni�n; b) El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; c) El secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico; ch) El secretario de G.�n; d) El administrador local de R.�n de Naucalpan de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico; e) El administrador local jur�dico de Ingresos de Naucalpan de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico; y, f) El administrador local de Auditor�a F. de Naucalpan de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico.

ACTOS RECLAMADOS: a) Del Congreso de la Uni�n, reclamo: la tramitaci�n, aprobaci�n y expedici�n de la ley que establece las reducciones impositivas acordadas en el pacto para la estabilidad, la competitividad y el empleo, publicada en la segunda secci�n del Diario Oficial de la Federaci�n correspondiente al viernes 3 de diciembre de 1993, por cuanto que en t�rminos de su art�culo cuarto se reforma el art�culo 10, primer p�rrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; b) Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, reclamo: 1. La presentaci�n de la iniciativa, la sanci�n, promulgaci�n y publicaci�n de la ley reclamada. 2. La emisi�n del decreto de fecha 2 de diciembre de 1993, promulgatorio de la ley que se reclama; c) Del secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico, reclamo: 1. En general, la aplicaci�n que bajo cualquier concepto, tanto de hecho como de derecho, pretenda o haya de hacer, en el �mbito de su competencia y en contra de la quejosa, del ordenamiento que se reclama, atribuy�ndole desde luego a los actos inherentes el car�cter de inminentes e imputando directamente su pr�xima y necesaria emisi�n a la referida responsable. 2. Espec�ficamente, la definici�n, dise�o y emisi�n, mediante reglas de car�cter general, de las formas oficiales de declaraci�n que son necesarias para efectuar la manifestaci�n y pago del impuesto sobre la renta, provisional y definitivo, que en su caso, se generare y/o enterare por la quejosa durante 1994, en t�rminos del ordenamiento reclamado. Desde ahora preciso que ya se produjo el primero de los enteros tributarios relativos, por parte de Porcelanite, S.A. de C.V., a trav�s de la declaraci�n fiscal que habi�ndose por ella interpuesto el 17 de febrero pr�ximo pasado, en la especie constituye el primer acto concreto de aplicaci�n de la norma combatida en su perjuicio como quejosa. Las caracter�sticas precisas de dicha declaraci�n se referir�n dentro del primer concepto de violaci�n. 3. Asimismo, espec�ficamente reclamo los actos de cobro, administraci�n y aplicaci�n del impuesto de que se trata; ch) Del secretario de G.�n, reclamo: 1. El refrendo constitucional otorgado al decreto presidencial de fecha 2 de diciembre de 1993, promulgatorio de la ley que se reclama. 2. La publicaci�n oficial, a trav�s del Diario Oficial de la Federaci�n del 3 de diciembre de 1993, de la ley y decreto presidencial promulgatorio reclamados; d) De los CC. administradores locales de R.�n, jur�dico de Ingresos y de Auditor�a F. de Naucalpan, como responsables ejecutoras que son, reclamo: la aplicaci�n que bajo cualquier concepto, tanto de hecho como de derecho, pretendan o hayan de hacer en el �mbito de sus respectivas competencias, en contra de la quejosa de la ley y del decreto promulgatorio reclamados, atribuy�ndole a los actos inherentes el car�cter de inminentes e imputando su pr�xima y necesaria emisi�n a las referidas responsables; e) De todas las autoridades se�aladas como responsables, reclamo: todos los efectos y consecuencias, tanto de hecho como de derecho, que se deriven de los actos reclamados en forma concreta, mismos que les atribuyo a cada una dentro del �mbito de sus respectivas competencias.

SEGUNDO

En la demanda se narraron los siguientes antecedentes del caso:

1o. Porcelanite, S.A. de C.V., es una sociedad mercantil mexicana, constituida de conformidad con lo dispuesto por las leyes respectivas, que da cumplimiento integral y cabalmente a las obligaciones que le resultan imputables con motivo de los diversos ordenamientos legales a que se encuentra sujeta. 2o. Espec�ficamente, Porcelanite, S.A. de C.V. ha sido contribuyente del impuesto sobre la renta y se encuentra empadronada bajo la clave del Registro Federal de Contribuyentes n�mero POR-830520-NU2, y consolida como controladora para efectos fiscales. 3o. Por saberla violatoria de la Constituci�n y estimarla gravemente lesiva del orden jur�dico nacional, en su oportunidad, el 25 de abril de 1988, Porcelanite, S.A. de C.V. reclam� en v�a de amparo indirecto contra leyes y de manera procedente y fundada, al igual que impugn� otros ordenamientos concomitantes, la expedici�n y entrada en vigor del 'Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta' que fue publicado en la Segunda Secci�n del Diario Oficial de la Federaci�n del 31 de diciembre de 1986 y entr� en vigor el 1o. de enero siguiente, por cuanto que dicho decreto, en t�rminos de su art�culo primero, adicion� la ley especial de que se trata con el establecimiento de los entonces novedosos art�culos 7o., 7o.-A y 7o.-B y tambi�n reform� los diversos numerales 10, 15, primer p�rrafo y 17, fracci�n X, de la misma. 4o. El juicio constitucional relativo se radic� bajo el expediente n�mero 542/88 ante el entonces Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de M�xico, con sede en Naucalpan de J., cuya titular tuvo a bien fallarlo por sentencia definitiva engrosada el 31 de agosto de 1990, concedi�ndole integralmente el amparo y protecci�n de la Justicia Federal a la entonces quejosa Porcelanite, S.A. de C.V., quien habiendo quedado sujeta a la alzada que promovieron algunas de las entonces autoridades responsables, mereci� por parte del honorable Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, la concesi�n definitiva del amparo y protecci�n de la Justicia de la Uni�n contra el art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en t�rminos de la ejecutoria dictada por dicho m�ximo tribunal, con fechas 7 y 19 de enero de 1993, dentro de los autos del toca de amparo en revisi�n 6141/90. 5o. Es el caso que en t�rminos del ordenamiento en la especie reclamado, el art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta -que en su oportunidad fue objeto de concesi�n del amparo a favor de Porcelanite, S.A. de C.V.- sufri� a partir del 1o. de enero de 1994, una reforma consistente en reducir la tasa fija por �l prevista del 35% al 34%, la que ahora ad cautelam, de acuerdo con lo que en el relativo concepto de violaci�n se razona, estamos reclamando.

TERCERO

La quejosa se�al� como garant�as violadas en su perjuicio las consagradas en los art�culos 14, 16 y 31, fracci�n IV, de la Constituci�n General de la Rep�blica, por los conceptos de violaci�n que en seguida se precisan:

"1. Tal y como en los antecedentes se describe, Porcelanite, S.A. de C.V. impugn� constitucionalmente la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) en vigor a partir del 1o. de enero de 1987 y en definitiva obtuvo el amparo contra su art�culo 10, siendo el caso que �ste, a partir de la fecha indicada define la tasa, la base, la forma y la �poca de pago -elementos esenciales todos ellos- del impuesto sobre la renta (ISR) que se genera por las sociedades, sujetos contribuyentes, que obtienen ingresos derivados del desahogo y desarrollo de las actividades empresariales o mercantiles as� conceptuadas por la propia ley. La ejecutoria que ampar� a mi representada se encuentra actualmente en proceso de cumplimiento por parte de las autoridades responsables y bajo el control del Juzgado de Distrito sede de la primera instancia. Ahora bien, el referido art�culo 10 sufri� en su primer p�rrafo y a partir del 1o. de enero de 1994, la reforma descrita en antecedentes, evento frente al cual Porcelanite, S.A. de C.V. ha tenido que tomar una posici�n jur�dica, habiendo decidido, fundamentalmente por razones de prudencia y no obstante que disfruta del amparo que gan�, instar el presente juicio de garant�as ad cautelam. As�, siempre teniendo en cuenta la perspectiva de su peculiar situaci�n de contribuyente amparada contra tan esencial numeral de la LISR, y aun cuando t�cnicamente est� convencida de que no obstante la reforma legislativa que se reclama -la cual no modifica la sistem�tica operativo-gravatoria del precepto por ella afectado, mismo que ya fue declarado inconstitucional de manera firme para mi representada- contin�a encontr�ndose constitucionalmente protegida en contra del precepto 10 de la LISR, Porcelanite, S.A. de C.V. decidi� reclamarlo nuevamente aunque se encuentra advertida de la probabilidad de que el �rgano de control constitucional que corresponda, haya de sobreseer integralmente en el juicio, vista la muy peculiar y excepcional situaci�n jur�dico-constitucional que dicha quejosa guarda. As� las cosas, en debida representaci�n de Porcelanite, S.A. de C.V. y para todos los efectos legales y constitucionales a que haya lugar, categ�ricamente manifiesto que de ninguna manera dicha quejosa reniega de la situaci�n de protecci�n constitucional que disfruta respecto del numeral en la especie impugnado, sino que, antes bien y muy por el contrario, la ostenta y ejerce de buena fe y de manera abierta y categ�rica, esgrimiendo su situaci�n jur�dica ante su Se�or�a, para que, en el momento procesal oportuno, declare usted lo que tenga a bien. Bajo los indicados planteamientos y siempre guardando la perspectiva de la descrita muy especial situaci�n f�ctico-jur�dica que vive Porcelanite, S.A. de C.V., sin menoscabarla en un �pice, porque contra ella en manera alguna habremos de re�ir, el presente juicio de garant�as se promueve: a) oportunamente en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 21 de la Ley de Amparo; b) bajo criterio de heteroaplicaci�n de la norma legal ad cautelam reclamada en virtud de su reforma; y, c) bajo criterio de consumaci�n de agravio personal y directo, porque el art�culo 10 reclamado nos es directamente aplicable para determinar el ISR a generarse, y dicha aplicaci�n se ha producido desde luego, a partir del 17 de febrero de 1994, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 12 de la LISR. Efectivamente, aun declarado y enterado provisionalmente tal tributo, en funci�n de la norma reclamada (art�culo 10), causa agravio a la quejosa, con independencia de su declaraci�n y pago definitivo en el ejercicio. La aducida heteroaplicaci�n resulta de que la norma impugnada se le ha opuesto a la quejosa 'por primera vez', desde la perspectiva de la nueva tasa que ostenta en 1994, mediante la declaraci�n del primer pago provisional del ISR de 1994, relativo a enero pr�ximo pasado que Porcelanite, S.A. de C.V. interpuso voluntariamente, pero sin consentirlo (por lo que puede ahora discutir el relativo problema constitucional), el 17 de febrero de 1994, por conducto de una de las cajas de Banco Mexicano, S.A. enterando N$695,597.00 a t�tulo de ISR, a la tasa del 34%. As� las cosas, dicho 'primer' acto concreto de aplicaci�n de la norma reclamada, provino de la propia gobernada quejosa quien, como sujeto particular y para efectos de acudir al amparo, actu� por 'mandato expreso de la ley', en t�rminos de la jurisprudencia n�mero 129 del honorable Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que es consultable en las p�ginas 233 y 234 de la Primera P. del Ap�ndice de jurisprudencia 1917-1988, bajo el rubro: 'LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE POR ACTOS PROVENIENTES DE UN PARTICULAR QUE ACT�A POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY.' No obstante, se reitera la aclaraci�n de que al enterar el tributo reclamado, la quejosa actu� voluntariamente pero sin consentirlo y sin mellar su situaci�n excepcional de gobernada constitucionalmente protegida, esto es, de entidad jur�dica amparada en contra de la norma, por lo cual ha quedado t�cnicamente abierta la posibilidad de declarar expresamente que el 'mandato expreso' de la ley reclamada realmente no obliga a Porcelanite, S.A. de C.V., de suerte que la presente impugnaci�n constitucional se hace tambi�n a la vera de la declaraci�n judicial de que la reforma impugnada no priv� ni priva ni ha de privar de eficacia protectora a la sentencia definitiva de amparo contra leyes de la cual Porcelanite, S.A. de C.V. disfruta. 2. El dispositivo y el impuesto reclamados son inconstitucionales, porque la tasa fija que aqu�l precept�a es desproporcional y por lo tanto, violatoria de la garant�a de justicia tributaria. A. Dando por sentado el criterio que se revela en t�rminos de la jurisprudencia plenaria n�mero 81, consultable bajo el rubro 'IMPUESTOS, EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD DE LOS.' (visible en las p�ginas 146 y 147 de la Primera P. del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988), en t�rminos del cual resulta de explotado (sic) derecho que la fracci�n IV del art�culo 31 constitucional estatuye garant�as individuales de naturaleza tributaria para todos los mexicanos sin distinci�n, a trav�s de su honorable Tribunal Pleno, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n sent� desde 1984 criterio firme acerca de la interpretaci�n que al aludido numeral y fracci�n constitucionales debe darse, en trat�ndose de las garant�as de proporcionalidad y de equidad fiscales, cuando se aborde la problem�tica del ISR bajo cualquier an�lisis constitucional contradictorio. Efectivamente, respecto de la importante materia jur�dica que se indica y analizando exclusivamente casos que involucraron como quejosas a contribuyentes personas morales (sociedades mercantiles 'an�nimas de capital variable' y sociedades civiles) y no a personas f�sicas, el Tribunal Pleno estableci� las siguientes destacadas jurisprudencias: a) N�mero 10 consultable en las p�ginas 325 a 327 de la Primera P. del Informe de 1984 del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, bajo el siguiente texto oficial: 'RENTA, APORTACIONES AL SEGURO SOCIAL, POR CUENTA DE LOS TRABAJADORES. SON INCONSTITUCIONALES LOS ART�CULOS 27, FRACCI�N I Y 25, FRACCI�N I, DE LA LEY DEL IMPUESTO EN LA MATERIA (VIGENTES EN LOS A�OS DE 1979, 1980 Y 1981), EN CUANTO ADMITEN EN UN CASO Y PROH�BEN EN OTRO SU DEDUCIBILIDAD. De acuerdo con lo establecido por el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n, los impuestos deben ser proporcionales y equitativos. La proporcionalidad consiste, en esencia, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos p�blicos en funci�n de su capacidad econ�mica, debiendo fijarse los grav�menes de tal manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos, lo que se logra a trav�s de las tarifas progresivas. La equidad toralmente, es la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento id�ntico en lo concerniente a hip�tesis de causaci�n, acumulaci�n de ingresos gravados, deducciones permitidas, plazos de pago, etc., debiendo variar �nicamente las tarifas aplicables de acuerdo con la capacidad econ�mica de cada contribuyente para respetar el principio de proporcionalidad. Ahora bien, los preceptos especificados no cumplen con los anteriores requisitos pues, por una parte al permitir en un caso la deducci�n de un gasto y prohibirlo en otros, a pesar de ser de la misma naturaleza, propicia que los contribuyentes que se encuentran en la misma situaci�n jur�dica frente a la ley sean colocados en situaci�n desigual, pues mientras los que pueden hacer la deducci�n ver�n disminuir su ingreso gravable, los que no pueden hacerla lo ver�n incrementado, atent�ndose contra la equidad en los tributos. Por otra parte, se falta a la proporcionalidad porque el que se tengan trabajadores con salario m�nimo o con salario mayor al m�nimo no es determinante de la capacidad econ�mica del contribuyente y por lo mismo al propiciarse que se aplique una tarifa mayor a quien no puede hacer la deducci�n frente al que puede realizarla, a quien se facilitar� que se le aplique una menor, se vulnera el principio de proporcionalidad pues el pago del tributo no se encontrar�, en lo que toca a este punto, en proporci�n a la capacidad econ�mica, sino que depender� de una situaci�n extra�a a ella.'; b) N�mero 98, consultable en las p�ginas 190 y 191 de la Primera P. del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1985, bajo el siguiente texto oficial: 'PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ART�CULO 31, FRACCI�N IV, CONSTITUCIONAL. El art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos p�blicos en funci�n de su respectiva capacidad econ�mica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los grav�menes deben fijarse de acuerdo con la capacidad econ�mica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativa (sic) superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a trav�s de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de m�s elevados recursos. Expresado en otros t�rminos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad econ�mica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto, no s�lo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminuci�n patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporci�n a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento id�ntico en lo concerniente a hip�tesis de causaci�n, acumulaci�n de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etc., debiendo �nicamente variar las tarifas tributarias aplicables, de acuerdo con la capacidad econ�mica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situaci�n de igualdad frente a la norma jur�dica que lo establece y regula.'; c) N�mero 162, consultable en las p�ginas 275 y 276 de la Primera P. del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, bajo el mismo texto oficial transcrito en el apartado precedente, por lo que en raz�n de econom�a procesal no se reproduce nuevamente; ch) Ahora bien, m�s recientemente, durante 1990, y de nuevo en trat�ndose del an�lisis de la garant�a de proporcionalidad tributaria en materia del ISR (comparando �ste con el impuesto al activo de las empresas), seg�n estudio constitucional hecho, s�lo en asuntos controversiales que involucraron a contribuyentes quejosas personas morales (puras sociedades mercantiles -an�nimas de capital variable- y una c�mara industrial) y no a contribuyentes personas f�sicas, el Plenoreiter� las jurisprudencias antes transcritas, al sustentar su diversa n�mero 44 (que es m�s moderna y se encuentra consultable en las p�ginas 42 y 43 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n n�mero 25, correspondiente a enero de 1990), ratificando su criterio bajo el siguiente texto oficial: 'PROPORCIONALIDAD DE LAS CONTRIBUCIONES. DEBE DETERMINARSE ANALIZANDO LAS CARACTER�STICAS PARTICULARES DE CADA UNA. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver asuntos relativos al impuesto sobre la renta, ha establecido que el principio de proporcionalidad consiste en que cada causante contribuya a los gastos p�blicos en funci�n de su respectiva capacidad econ�mica, aportando una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos, y a�ade que ese objetivo se cumple fijando tasas progresivas. Sin embargo, trat�ndose de tributos distintos del impuesto sobre la renta, no puede regir el mismo criterio para establecer su proporcionalidad, pues este principio debe determinarse analizando la naturaleza y caracter�sticas especiales de cada tributo.'. B. Es importante destacar que las transcritas jurisprudencias son, todas obligatorias para su Se�or�a, como J. de Distrito, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 192 de la Ley de Amparo y que resultan exactamente aplicables al negocio que nos ocupa. C. Expuesto lo anterior, y una vez que con claridad establecimos el criterio firme de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que es operante en la materia a que se contrae la litis constitucional planteada en la presente demanda, debido a que Porcelanite, S.A. de C.V., estima que todos los razonamientos jurisprudenciales aludidos y transcritos son estrictamente apegados a derecho, t�cnicamente correctos, justos, concluyentes, sostenibles en sus propios t�rminos y espec�ficamente aplicables, en este caso los asume, haci�ndolos suyos de manera integral y en v�a de conceptos de violaci�n, para to-dos los efectos legales a que haya lugar, debiendo tenerse por reproducidos, como si a la letra se insertaran en lo sucesivo. Como el reclamado art�culo 10 de la LISR reitera y estipula una tasa fija y no una tarifa progresiva para calcular el ISR oponible a las sociedades contribuyentes que obtienen ingresos derivados del desahogo de actividades empresariales o mercantiles, viola la garant�a constitucional de proporcionalidad tributaria en la medida en que ostensiblemente transgrede las jurisprudencias plenarias aplicables que la han interpretado y caracterizado con toda precisi�n, al abordar su an�lisis bajo la perspectiva concreta del indicado impuesto. La fundamental causa de la desproporcionalidad del precepto reclamado consiste en que toda vez que a no dudarlo en la actualidad, las sociedades mercantiles y dem�s empresas personas morales contribuyentes del ISR son sujetos definitivos y finales, esto es, terminales del mismo, la tasa fija que dicho numeral 10 dispone, no consigue que las referidas personas morales contribuyentes que obtienen m�s elevados recursos y/o utilidades, cubran un ISR mayor en calidad y en cantidad que las que menos obtienen, ni que �stas paguen uno menor en calidad y cantidad, que aquellas otras, ello no obstante que la gravaci�n diferencial que es producto de tasas progresivas -indispensables para la constitucionalidad de todo impuesto directo, personal y al ingreso, que grava la riqueza din�mica y en formaci�n- constituye el alma de la garant�a individual en comentario, porque propende a generar un mayor sacrificio tributario cualitativo y no s�lo cuantitativo, para los contribuyentes que disponen de mayor capacidad econ�mico-contributiva para sostener los gastos y la cosa p�blica, respecto de los que tienen una menor, sosteni�ndose que es de justicia que la disminuci�n y sacrificio patrimoniales inherentes al acto de contribuci�n, v�a desprendimiento patrimonial deben ser m�s acentuados, en calidad para las capacidades m�s altas que para las m�s bajas, porque adem�s de que por raz�n natural de las cosas, las primeras son las que en s� mismas consideradas m�s pueden aportar, tambi�n son las que obteniendo m�s riqueza, m�s se han beneficiado de la cosa p�blica a sostener, que las segundas. As�, en trat�ndose del ISR aplicable a los contribuyentes personas morales que generan ingresos por el desahogo de actividades mercantiles o empresariales, la tasa respetuosa de la Constituci�n es aquella que, constituida de acuerdo a una estructura tarifaria progresiva, consigue mayores recursos fiscales, cualitativa y cuantitativamente hablando, a mayores niveles de ingresos y/o de utilidades obtenidas, y no la que cualitativa o cuantitativamente produce los mismos, seg�n una relaci�n fija y aritm�ticamente inamovible, que no se modifique de conformidad con la variaci�n del monto de los ingresos base, siendo el caso que la norma reclamada estatuye una tasa que no resulta acorde con lo �ltimamente planteado. Adem�s, debe tenerse en cuenta que la violaci�n constitucional expuestaresulta mucho m�s ostensible cuando en t�rminos de su estructura, sistema y tipo de tasa, se compara la norma reclamada con la que constituy� el art�culo 13 de la LISR, en vigor hasta el 31 de diciembre de 1986 y con el diverso 13-bis de la misma en vigor hasta el 31 de diciembre de 1988, porque �stos previeron, siendo conformes con la Constituci�n y con la jurisprudencia, aut�nticas tarifas con tasas progresivas y gravaron diferencialmente a los contribuyentes que son sociedades o personas morales realizantes de actividades mercantiles o empresariales, en t�rminos de una relaci�n matem�tica m�s que proporcional, formal y materialmente hablando, vinculada, estrecha y esencialmente a la capacidad contributiva de unas y otras, revelada, para efectos del ISR, en t�rminos de los vol�menes de ingresos mayores o menores que tuvieran y consecuentemente de las mayores o menores utilidades que lograran. As� las cosas, en raz�n de los argumentos que han sido brevemente expuestos y en debida aplicaci�n de las jurisprudencias transcritas, que integralmente los sostienen y perfeccionan, ha lugar a la concesi�n del amparo y protecci�n de la Justicia Federal en favor de Porcelanite, S.A. de C.V., respecto del numeral reclamado. A la misma conclusi�n se�alada arrib� ya el honorable Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al fallar con fecha 4 de noviembre de 1992 y por mayor�a de once votos en el sentido de concederle el amparo contra el art�culo 10 de la LISR, el amparo en revisi�n AR 2058/91, promovido por URO, S.C., y al sentenciar en el mismo sentido, pero ahora por mayor�a de trece votos, con fechas 7 y 10 de enero de 1993, a Porcelanite, S.A. de C.V., conviniendo destacar que a prop�sito de la causa de esta quejosa, el Pleno razon� diciendo: '... el J. de Distrito en forma correcta estim� que el art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es inconstitucional al ser desproporcional la tasa fija del 35%, que establece dicho precepto, pues si bien el numeral 31, fracci�n IV, constitucional no exige la tarifa progresiva a fin de cumplir con el requisito de proporcionalidad tributaria, sino que el cumplimiento de este requisito debe determinarse analizando la naturaleza y caracter�sticas especiales de cada contribuci�n, lo cierto es que es criterio firme de la Suprema Corte que trat�ndose del impuesto sobre la renta el principio de proporcionalidad debe cumplirse por medio de tasas progresivas, puesto que se trata de un impuesto que grava la utilidad fiscal de los contribuyentes y por lo tanto la tasa fija no logra que cada uno de ellos contribuya al gasto p�blico en funci�n de su respectiva capacidad contributiva.'. Ahora bien, como dicho art�culo 10 es esencial para determinar el ISR de la quejosa y de todas las sociedades contribuyentes que son como ella, porque establece no s�lo el elemento esencial del tributo denominado tasa, sino tambi�n los diversos denominados base y forma y �poca de pago, y porque adem�s indisolublemente estructura el sistema de interacci�n de todos esos elementos, seg�n el cual el primero (la tasa) se aplica y aplicar� sobre el segundo (la base, que consiste en el 'resultado fiscal' producto de la diversa interacci�n particular, entre otros de los art�culos 1o., 7o., 7o.-A, 7o.-B, 15, 17, 22, 24, 25, 55, 57-A a 57-P de la LISR), al ser integralmente inconstitucional la norma estatuidora de dicho sistema, de acuerdo con su estructura, tambi�n lo es, integralmente, el ISR impugnado. No ocurrir�a as� y tal tributo resultar�a v�lidamente oponible a la quejosa en otras condiciones (debiendo entenderse esta �ltima expresi�n argumental bajo la perspectiva de la peculiar situaci�n de Porcelanite, S.A. de C.V. que ha sido brevemente descrita en los antecedentes y en el primer concepto de violaci�n), si el art�culo 10 impugnado estatuyera una tarifa progresiva y, con ella, mantuviera el mismo sistema estructural de interacci�n de los diversos elementos esenciales del ISR que prev�. En tal virtud, resulta no s�lo apropiado y conteste, sino t�cnicamente indispensable, que al declararse la concesi�n del amparo y protecci�n de la Justicia Federal a la quejosa en contra del art�culo 10 de la LISR que reclama, dicha concesi�n se haga extensiva a todos los dem�s numerales del mismo ordenamiento que con �l �ntimamente se vinculan, ya porque lo integran transcrito a su texto o bien a �l expresamente se remiten de manera indubitable y sustancial en tanto que ellos tambi�n y por la descrita causa de fondo, se reclaman en la especie. D. No obstante lo hasta aqu� argumentado, la quejosa estima que es conveniente producir los siguientes silogismos impugnativos a mayor abundamiento. a) La quejosa se encuentra convencida de que el reclamado art�culo 10 de la LISR es todo �l inconstitucional porque de acuerdo con su estructura, esto es, con el sistema seg�n el cual est� integrado como un todo, sus partes interact�an de manera indisoluble, y es el caso que de forma preponderante y condicionante de las dem�s en su primera secci�n la norma reitera y establece, como elemento esencial del ISR, una tasa �nica, fija y m�xima, ahora del 34%, la que es indispensable para determinar el ISR -su quantum- generado por los contribuyentes sociedades mercantiles, esto es, empresas personas morales como la quejosa, de ingresos derivados del desahogo de actividades empresariales o mercantiles. b) Es un hecho que como ya se afirm�, dicha tasa univalente no provoca en los causantes de mayores ingresos y/o utilidades, un impacto contributivo distinto al que sufren los de menores ingresos y/o utilidades, no obstante que lo contrario es lo que corresponde conseguir, habida cuenta del tributo de que se trata, por un elemento fiscal esencial de su naturaleza. c) Es tambi�n un hecho que la indicada falta de impacto fiscal distintivo, no s�lo en cantidad sino en lo tocante a un mayor sacrificio tributario reflejado cualitativamente en la disminuci�n patrimonial que proceda con proporci�n a los ingresos y/o utilidades obtenidos por unos y otros contribuyentes, es determinante para juzgar y declarar la desproporcionalidad del precepto reclamado, porque en ese diferencial cualitativo radica, de acuerdo con los principios de justicia fiscal distributiva claramente identificados por la jurisprudencia de la Suprema Corte que es aplicable, la m�dula de la garant�a de proporcionalidad a que se contrae la fracci�n IV del art�culo 31 constitucional. En efecto, basta leer las tesis transcritas para asegurarse de lo fundado del previo argumento, ya que seg�n lo que ense�a el Pleno, la indicada garant�a o principio constitucional se respeta cuando el impuesto sobre la renta atiende a la capacidad contributiva de los sujetos causantes y esto medularmente se logra cuando la tasa del indicado tributo es progresiva, lo que s�lo se consigue si se establece como tarifa. En efecto, resulta indispensable una estructura tarifaria y progresiva de la tasa del impuesto sobre la renta para gravar los ingresos y/o las utilidades de las empresas sociedades mercantiles, esto es, personas morales, pues s�lo mediante ella se consigue que cubran un impuesto mayor en calidad, y no s�lo en cantidad los contribuyentes de m�s elevados recursos y capacidad econ�mico-contributiva y uno menor tanto en calidad como en cantidad los de menores recursos y posibilidades para contribuir al sostenimiento de los gastos p�blicos. Lo anterior no obstante, es el caso que la norma reclamada reiter� una tasa �nica, fija, m�xima y de inamovilidad progresiva, menor en un punto porcentual a la que desde el 1o. de enero de 1987 existe, manteniendo con ello la inadecuada situaci�n jur�dica seg�n la cual aunque dicho elemento impositivo esencial formalmente opere en relaci�n de igualdad proporcional aritm�tico-matem�tico sobre las bases de los distintos contribuyentes a los que se les aplique, independientemente de los montos de �stas, ni material ni sustancialmente operar� con arreglo a la esencia de la garant�a constitucional de proporcionalidad tributaria, porque �sta exige tanto la progresividad proporcional como la cuantitativa, y no la igualdad proporcional, en relaci�n con los montos de las bases a las que la tasa debe aplicarse. Dicho de otra manera, el caso es que la tasa de esencia unicista que se ha reiterado en la norma reclamada produce una incidencia formal y cuantitativa igual que proporcional (aritm�ticamente hablando) en el patrimonio de los contribuyentes por ella afectados, sea cual fuere el volumen de sus ingresos, y por ello resulta material y cualitativamente regresiva, en vez de ser material y cualitativamente progresiva, como en seguida se demuestra. En efecto, dada la naturaleza del tributo (impuesto personal, directo y al ingreso), la no progresividad de la tasa del ISR necesariamente desatiende la capacidad econ�mico-contributiva de los causantes gravados, lo cual es constitucionalmente inadmisible desde la perspectiva definida por la jurisprudencia firme y vigente del Pleno de la Suprema Corte que se ha expedido en la materia. As�, cualitativamente hablando, la tasa fija que se combate afecta, de hecho y de derecho, m�s que proporcionalmente a los contribuyentes sociedades de menores recursos y menos que proporcionalmente a los contribuyentes sociedades de mayores ingresos. Siguiendo la l�nea de la jurisprudencia aplicable, l�gicamente resulta que tanto las tasas del ISR formalmente fijas -que son las matem�ticamente iguales que proporcionales a mayores y menores niveles de ingresos y/o utilidades- como las formalmente regresivas -que son las matem�ticamente menos que proporcionales a mayores niveles de ingresos y/o utilidades- son materialmente inconstitucionales, por desproporcionadas, cabiendo s�lo la procedencia de las progresivas -que son las matem�ticamente m�s que proporcionales a mayores niveles de ingresos y/o utilidades-. Para ejemplificar, resulta f�cil advertir que en cantidad pero sobre todo en calidad de sacrificio econ�mico contributivo, cubrir�n un impuesto materialmente m�s que proporcionalmente mayor las personas morales contribuyentes que tengan un resultado fiscal o base gravable de N$5,000.00 (Cinco mil nuevos pesos M.N.), que las que tengan una base de N$100,000.00 (Cien mil nuevos pesos M.N.) o de N$1'000,000.00 (Un mill�n de nuevos pesos M.N.) y que las que acumulen una de N$10'000,000.00 (Diez millones de nuevos pesos M.N.) o m�s. En efecto, de la segunda a la �ltima, las subsecuentes cubrir�n un impuesto menos que proporcionalmente mayor y m�s f�cilmente enterable al fisco que el que han de cubrir las precedentes, bajo la perspectiva del esfuerzo contributivo que es necesario realizar para desprenderse de lo que, seg�n los diferentes estratos de recursos disponibles, para los mayores podr� resultar superfluo o conveniente, mientras que para las menores ser� necesario e incluso indispensable. En efecto, mientras que para una sociedad mercantil de bajo nivel de ingreso y/o utilidad, el pagar 34% de ella a t�tulo de ISR puede significar no s�lo la no consolidaci�n de su situaci�n y el no crecimiento de su negocio, sino la no satisfacci�n de sus meros gastos normales de operaci�n e incluso de ruina, bajo las condiciones econ�micas y de entorno tan dif�ciles y adversas como las que en la actualidad todos estamos enfrentando -que invoco como hecho notorio, en t�rminos del art�culo 88 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles de aplicaci�n supletoria- el pagar dicha al�cuota por parte de una sociedad mercantil de mediano, de alto o de muy alto nivel de ingresos y/o utilidades, no ser� tan significativo ni las impactar� de igual manera que a las respectivamente menores a ellas, pues si para las m�s poderosas el pago de tal proporci�n tributaria ha de significar tan s�lo ganar menos o no crecer tanto, para las menos fuertes, que son extremadamente sensibles a las tasas marginales de utilidad y de rendimiento de sus recursos operativos, el egreso de la misma proporci�n impositiva representar� a lo mejor dejar de subsistir. Del ejemplo descrito se advierte que la garant�a de proporcionalidad tributaria no opera, en un impuesto como el de la renta, con estricto apego a reglas matem�ticas ni aritm�ticas r�gidas, sino a un entorno de justicia mucho m�s omnicomprensivo, porque tal contribuci�n atiende al proceso din�mico de creaci�n de riqueza, ya que lo que en justicia la Suprema Corte sostiene, es que el sistema fiscal mexicano persigue y debe perseguir que quien m�s riqueza din�mica genera, porque as� se le permita y favorezca la cosa p�blica de M�xico, se responsabilice contributivamente en mayor medida y calidad de la propia cosa p�blica que tanto le d� a ganar, en comparaci�n con aquellos que menos fortuna logren o que incluso la pierdan, a prop�sito de la propia cosa p�blica, ya que las capacidades inherentes son obviamente distintas. Por las descritas razones, la norma reclamada es inconstitucional; ch) En su oportunidad dijimos que la inconstitucionalidad del precepto reclamado se adviene ostensiblemente cuando �ste se contrasta con lo dispuesto por la norma que, a partir de 1987, fue por �l derogado dentro del t�tulo II de la LISR. Pues bien, como circunstancia de hecho cuya consideraci�n es relevante para juzgar de manera adecuada nuestros planteamientos impugnativos de fondo, debe tenerse presente que a partir del 1o. de enero de 1987 y abandonando su criterio sustentado durante por lo menos veintid�s a�os -contados a partir del 1o. de enero de 1965- y mediante los art�culos 34 y 45 de la LISR de 30 de diciembre de 1964, en vigor desde el 1o. de enero de 1965 y hasta el 31 de diciembre de 1980; 13 de la LISR de 31 de diciembre de 1980, en vigor a partir del 1o. de enero de 1981 y hasta el 31 de diciembre de 1986 y 13-bis de la propia ley, en vigor a partir del 1o. de enero de 1987 y hasta el 31 de diciembre de 1988, todos los cuales establecieron tarifas progresivas para gravar los ingresos y las utilidades de los contribuyentes personas morales que desahogaran actividades mercantiles o empresariales, el Congreso de la Uni�n decidi� introducir a la Ley del Impuesto sobre la Renta, dentro del entonces novedoso y actual t�tulo II de la misma, un totalmente reformado art�culo 10, en el cual se determinaron y definieron algunos de los elementos esenciales del impuesto (tasa, base, forma y �poca de su pago), siendo el caso que uno de los cambios sustanciales introducidos a la ley con la nueva norma, consisti� en el establecimiento de una tasa fija y �nica del 35% para gravar los ingresos percibidos por los contribuyentes personas morales que desahogaron actividades mercantiles o empresariales, a diferencia de lo que dispuso la ley en su art�culo 13 vigente hasta el 31 de diciembre de 1986 (el cual se convirti� en 13-bis a partir del 1o. de enero de 1987 y subsisti� hasta el 31 de diciembre de 1988, en que fue derogado). Contra la descrita reforma, Porcelanite, S.A. de C.V. accion� en v�a constitucionaldefensiva y gan� el amparo seg�n se relata en los antecedentes. Pues bien, ahora a partir del 1o. de enero de 1994, sin variar el sistema estructuralmente establecido por el art�culo 10 que se reclama, y mediante una reforma meramente formal, el Congreso de la Uni�n redujo la cuant�a de la tasa fija que ha mantenido en vigor durante siete a�os, en tan s�lo un punto porcentual del 35% al 34%, permaneciendo as� en la situaci�n de violaci�n constitucional que, desde 1988, la quejosa denunci� y combati� con �xito. El Congreso actu� como se indica en lugar de abandonar su previa posici�n, por respeto a la jurisprudencia de la Suprema Corte y de introducir una reforma estructural, esto es, de fondo, de acuerdo con la cual debi� haber establecido de nuevo una tasa con estructura tarifaria progresiva para gravar a las empresas personas morales que desahogan actividades mercantiles y obtienen ingresos por hacerlo. Dicho restablecimiento era no s�lo deseable sino debido, para que el sistema operara, con porcentajes actualizados a la realidad presente, desde luego, al igual que el que tradicionalmente vino observando la LISR hasta el 31 de diciembre de 1986, dentro de su t�tulo II y hasta el fin de 1988 dentro de su extinto t�tulo VII (dentro del cual y mediante su art�culo 13-bis, contempl� una tarifa con tasas progresivas, aplicable a empresas no personas f�sicas, con la que se gravaba m�s que proporcionalmente a los causantes de mayor capacidad econ�mica y contributiva y menos que proporcionalmente a los causantes de menor capacidad econ�mica y contributiva, medidas estas, ambas en funci�n de los vol�menes de ingresos percibidos y de utilidades generadas). En virtud de lo expuesto, debe sernos concedido el amparo y protecci�n de la Justicia Federal que se demanda. 3. Ahora bien, de ninguna manera resultan desvirtuados nuestros argumentos impugnativos por los que las autoridades fiscales suelen oponer para defender la por ellas pretendida constitucionalidad del art�culo 10 que se reclama, tal y como en adelante se demuestra. Primer argumento autoritario justificativo: 'que a diferencia de lo que acontece con las personas f�sicas la tarifa progresiva no es necesaria para gravar a las empresas personas morales porque en M�xico �impera el sistema de la transparencia fiscal�, de acuerdo con el cual las empresas son estructuras jur�dicas utilizadas por las personas f�sicas para hacer negocios, de manera que las ganancias �siempre tendr�n como destino final los bolsillos de los socios accionistas�, por lo que tales empresas son entes intermedios y nunca sujetos finales o terminales del ISR, por lo que no ameritan ser gravados con una tarifa progresiva, de suerte que al grav�rseles a una tasa fija m�xima cuando generan sus ingresos y las relativas ganancias y �stas se encuentran en su poder como personas jur�dicas que son, ello s�lo importa un �pago temporal o transitorio o provisional o a cuenta� del impuesto definitivo que habr� de pagarse definitivamente por las personas f�sicas quienes, al recibirlas, acumular�n dichas ganancias a sus dem�s ingresos del ejercicio y entonces ser�n gravados con tarifas progresivas como sujetos finales del ISR. Por otro lado, ese impuesto �transitoria y no definitivamente� pagado a nivel de la empresa persona moral se recuperar� despu�s, por la persona f�sica, cuando reciba los dividendos o ganancias repartidas y acumule estos ingresos a todos los dem�s que perciba en el ejercicio de que se trate, porque adem�s de que entonces a �sta se le gravar� definitivamente con una tarifa progresiva, la persona moral �recuperar� el impuesto que transitoriamente pag� y �quedar� totalmente desgravada� y �transparente�.' As�, en funci�n de tal supuesta 'transparencia fiscal', como si en los t�rminos descritos alguna vez hubiera existido en nuestro derecho positivo mexicano, han sabido las autoridades tributarias defender la constitucionalidad de la tasa fija del ISR oponible a las empresas personas morales. Respuesta impugnativa: nada de lo anterior es exacto. Absolutamente todas las proposiciones referidas son dogm�ticas e irreales. La realidad de nuestro derecho positivo es totalmente diferente. 1. La posici�n contestada desconoce toda la teor�a jur�dica que reconoci�ndoles personalidad distinta e independiente de la de sus miembros y respet�ndoles todos los atributos relativos, se ha elaborado por la doctrina, las leyes y la jurisprudencia, a nivel mundial, respecto de las personas morales, jur�dicas o incorporadas. M�xico no se sustrae de esa corriente, muy por el contrario, tanto la doctrina nacional como la reiterada jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n y de los m�s variados Tribunales Colegiados de Circuito la sostienen. Adem�s, las m�s recientes reformas fiscales (1991, 1992 y 1994), sufridas espec�ficamente por la LISR en materia del r�gimen fiscal de dividendos y reparto de ganancias distribuibles, se animan en ella porque ahora, sin lugar a duda alguna, el sujeto del impuesto sobre quien �ste incide y quien directa y definitivamente tiene que pagarlo, lo es la sociedad o empresa persona moral que genera ingresos empresariales y en su momento resulta distribuidora de la ganancia de que se trate, siendo el objeto del impuesto el dividendo o la ganancia distribuible por ella egresada. Ya no es sujeto gravado por el ISR derivado de los ingresos y utilidades de la sociedad a que pertenece el accionista o socio persona f�sica perceptora de las ganancias, ni es objeto gravable el dividendo que recibe ni la ganancia distribuida que se le entrega. La posici�n contestada pasa por alto que, para todo efecto frente al derecho, incluso frente al fiscal, las 'morales, jur�dicas o incorporadas' son personas, al igual que las f�sicas que cuentan con personalidad jur�dica propia y que disfrutan y disponen de todos sus atributos, a saber: nombre, denominaci�n o raz�n social, domicilio, patrimonio e imputabilidad tributaria definitiva y terminal del ISR. Ello les corresponde en s� mismas consideradas, con independencia por completo, de las personas f�sicas que en �ltima instancia las hayan incorporado y las mantengan integradas a las que, desde luego, pueden trascender y supervivir, como consecuencia de que com�nmente adquieren una entidad y existencia institucional. Nota: cabe aclarar que en lo sucesivo y para efectos pr�cticos de nuestra exposici�n, al invocar los t�rminos 'empresa', 'persona moral', 'empresa persona moral', 'sociedad', 'contribuyente sociedad' y 'persona jur�dica o incorporada', ellos equivaldr�n a persona moral o jur�dica o incorporada, contribuyente del ISR, gravada por percibir ingresos derivados del desahogo de actividades empresariales o mercantiles as� identificadas en t�rminos de la LISR, con objeto de distinguirlas de cualquier persona f�sica. 2. La proposici�n toral del planteamiento contestado es falsa. En M�xico no 'impera' el sistema de la 'transparencia fiscal' y nunca ha 'imperado'. Es m�s, en la �poca de los hechos, 1994, no existe. Las personas morales son, en cambio, entes fiscales no s�lo 'opacos', sino totalmente 'oscuros' o 'negros'. a) El sistema de transparencia fiscal no impera ni ha imperado en M�xico, porque adem�s de que no ha sido permanente, cuando existi� nunca fue �nico, sino alternativo, ni integral, sino parcial, ni obligatorio, sino opcional. Para que algo o alguien 'impere' es necesario, seg�n el Diccionario de la Real Academia, que 'mande', que 'domine', lo que se logra s�lo cuando es ineludible, inexcusable, obligatorio e insalvable cumplir con ello o con �l y no hacer las cosas de otra manera. Bajo este tenor, resulta un hecho f�cilmente comprobable, con la lectura y el estudio de nuestra legislaci�n positiva, el consistente en la absoluta 'no imperancia o imperatividad' de la transparencia fiscal en M�xico; b) La historia de los sistemas de gravaci�n de las ganancias distribuidas y distribuibles (entre las que se ubican primordialmente los dividendos) por parte de personas morales -empresas b�sicamente- a otras personas morales y f�sicas que sean sus socias o accionistas, que han existido en M�xico, es, resumidamente, �sta: b.1) Ley 'D.C.' de 10 de julio de 1921. Ni previ� la existencia de esas ganancias ni las grav�. b.2) LISR de 27 de febrero de 1924 (Ley de 1924). No grav� las utilidades distribuidas ni las distribuibles por las sociedades. b.3) LISR del 18 de marzo de 1925 (Ley de 1925). Tampoco grav� los dividendos o utilidades distribuidos ni los distribuibles por las sociedades. b.4) LISR del 31 de diciembre de 1941 (Ley de 1941). Inicialmente no grav� tales utilidades o dividendos distribuidos ni los distribuibles, sin embargo, a partir del 20 de enero de 1943 grav� las utilidades que se distribuyeran (tasa del 8%), no as� las susceptibles de distribuirse. S�lo a partir del 12 de marzo de 1945 se consideraron gravables las ganancias distribuibles o distribuidas por toda clase de sociedades mexicanas (tasa del 8%). La gravaci�n pes� sobre los sujetos que percibieran tales ingresos distribuibles y distribuidos, adicionalmente a la que se hubiera dado sobre las utilidades de la sociedad distribuidora. La reforma de 1945 sufri�, a partir del 1o. de enero de 1951, algunas aclaraciones sobre la determinaci�n de la base y tambi�n la tasa se increment� al 10%. b.5) LISR del 31 de diciembre de 1953 (Ley de 1954). Esta ley cedular, contempl� y grav� con algunas excepciones y cambios importantes dados a lo largo de su vigencia, a las utilidades o dividendos distribuidos y distribuibles por sociedades a cargo de los perceptores, seg�n el articulado de su cap�tulo III, de la 'C�dula VI. I.�n de capitales', habi�ndose incrementado la tasa al 15%. Destaca la reforma de 28 de diciembre de 1961, en vigor desde el 1o. de enero de 1962, porque todo lo relativo a la gravaci�n de las ganancias distribuidas o susceptibles de distribuirse se concret� en una nueva 'C�dula VII. Ganancias distribuibles'. b.6) LISR del 30 de diciembre de 1964 (Ley de 1964). b.6.1. Esta ley, ya no cedular,cambi� por primera vez al sistema de r�gimen global de ingresos gravables. Respecto de la gravaci�n de las utilidades, ganancias o dividendos distribuidos o distribuibles por las empresas sociedades, a lo largo de su vigencia la ley sufri� m�ltiples cambios y adecuaciones. Inicialmente no fueron acumulables los dividendos distribuidos por una empresa si se percib�an por otra que operara en el pa�s. El impuesto sobre 'ganancias distribuidas' fue a cargo de las personas f�sicas perceptoras del dividendo, a quienes se grav� con una tarifa progresiva que oscil� entre el 15% y el 20% y era pagadero v�a retenci�n. A partir del 1o. de enero de 1966 se exentaron, para las personas f�sicas, los ingresos de dividendos que se reinvirtieran dentro de los 30 d�as siguientes a su percepci�n. A partir del 1o. de enero de 1968, se inici� la gravaci�n de los dividendos percibidos por las empresas sociedades, habi�ndose producido varias adecuaciones en 1969 y 1971. A partir del 1o. de enero de 1972 se introduce, por primera vez, el concepto de 'dividendos fictos' gravables. Las empresas pagaban el ISR sobre su utilidad gravable, adem�s, eran sujetos del impuesto sobre dividendos sus perceptores, aunque exist�a responsabilidad solidaria por su entero a cargo de las sociedades distribuidoras, quienes, en algunos casos, ten�an que retener. Se produjeron algunos ajustes en 1973 y 1976. b.6.2. Reforma de 1979. Por su importancia, para los efectos del asunto que nos ocupa, destaco en este apartado la reforma sufrida por la 'Ley de 1964', seg�n decreto del 29 de diciembre de 1978, en vigor a partir del 1o. de enero de 1979. �sta es trascendente porque tanto la LISR como otros ordenamientos fiscales especiales sufrieron cambios de enorme consideraci�n. La tasa m�xima del ISR para personas f�sicas subi� del 50% al 55% y en materia del r�gimen fiscal aplicable a los dividendos o utilidades que distribuyeran las empresas se cre� un nuevo mecanismo opcional, denominado 'de integraci�n o de transparencia fiscal'. Este sistema de 'transparencia', que era opcional, no obligatorio, se regulaba por los art�culos 81 a 84 de la ley, dentro de cuyo cap�tulo relativo (Cap�tulo VII. De los ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas por las empresas) se conten�an dos reg�menes. A este respecto, la exposici�n de motivos se�al� lo siguiente: '... el primero de ellos mantiene el tratamiento actual (a 1978), el segundo es el de integraci�n, que tiene por prop�sito evitar la doble tributaci�n pagando impuesto por las mismas utilidades, la empresa y la persona f�sica. El r�gimen de integraci�n es optativo salvo en los siguientes casos: 1. Dividendos provenientes del extranjero y pagados al extranjero. 2. Dividendos generados en ejercicios anteriores al de 1979. 3. Dividendos provenientes de acciones al portador, salvo que se trate de acciones con bursatilidad. La opci�n de integraci�n es personal de cada contribuyente y en su caso deber� ejercerse por todos los dividendos decretados por la empresa en un a�o de calendario. La opci�n puede ejercerse en relaci�n con una empresa sin que sea obligatorio hacerlo con los dem�s. Quienes opten por el sistema de integraci�n acumular�n a su ganancia la parte proporcional del impuesto pagado por la empresa y acreditar�n este mismo impuesto en su declaraci�n final. Para determinar el impuesto acreditable, se separar� de la ganancia decretada la parte proporcional de ingresos no acumulables puesto que por estos �ltimos la empresa no pag� impuesto. Se except�a de esta regla a los dividendos provenientes de otras empresas cuando en la otra empresa pagaron al 42%. Una vez hecha esta separaci�n se considerar� una parte como ingreso acumulable sin tener derecho al impuesto acreditable y la otra parte, como ingreso acumulable con impuesto acreditable. A la parte de la ganancia en donde se mantiene el derecho al impuesto acreditable se le aplicar� el por ciento que corresponda a la tasa de impuesto que cause la empresa, conforme a la tabla que contiene la iniciativa. A quienes opten por el sistema de integraci�n no se les efectuar� la retenci�n del 21% y la empresa les proporcionar� una constancia en donde se indique con todo detalle la cantidad que deben acumular y el impuesto que pueden acreditar.'. Los numerales reformados especificaron lo indicado. De su lectura y an�lisis se advierte, de entrada, que este sistema opcional no implic� cambio alguno en lo que respecta a la tributaci�n de la empresa, sino solamente a nivel de la persona f�sica; adem�s, de inmediato se advierte que la transparencia no fue absoluta, porque nunca fue posible a la persona f�sica, contar con el acreditamiento integral del ISR pagado por la empresa distribuidora del dividendo, respecto de la ganancia distribuible que lo constituy�. En cambio, el sistema permit�a �nicamente a la persona f�sica acreditar, y s�lo en determinados casos, de ninguna manera en todos, parte del impuesto, no todo, que hab�a pagado la empresa de la que era accionista, bajo la condici�n de acumular tanto el monto del dividendo recibido como el importe del impuesto acreditable a sus dem�s ingresos gravables. Como se ve, a este sistema se asemeja el de 'transparencia' al que se han referido las autoridades fiscales al defender causas constitucionales semejantes a la presente, pero a primera vista se advierten tres diferencias radicales entre la realidad positiva y lo postulado por ellas, que consisten, primero, en que el r�gimen fue opcional, no obligatorio, segundo, en que nunca la persona f�sica acredit� en su totalidad el impuesto pagado por la empresa persona moral, por lo que el sistema de acreditamiento no fue integral sino parcial y sustancialmente condicionado, y, finalmente, en que la empresa no recuperaba -nunca recuperaba- ning�n peso ni centavos del impuesto que hab�a pagado, como consecuencia de que su socio o accionista persona f�sica realizara el acreditamiento. Las anteriores conclusiones se alcanzan f�cilmente si se observa la mec�nica del indicado sistema de integraci�n o de transparencia fiscal opcional, que consisti� en lo siguiente: I) Los dividendos por los que se eligiera la opci�n de acumular, se agregar�an a los dem�s ingresos en el a�o en que dichos dividendos fuesen decretados, independientemente de que fuesen cobrados o no; II) En caso de ejercitar la opci�n, la empresa pagadora del dividendo no efectuar�a la retenci�n del gravamen, siempre y cuando el accionista le diera aviso de que iba a ejercer tal opci�n; III) En el caso de que no se ejerciera o no se pudiera ejercer la opci�n, los dividendos causar�an el impuesto a la tasa del 21% teniendo obligaci�n, la empresa pagadora, de retener el impuesto; IV) El impuesto pagado por la empresa y acreditable para el accionista, tambi�n se consideraba como un ingreso acumulable; V) El acreditamiento del impuesto pagado por la empresa que podr�a acreditar (sic) el accionista se determinaba de la siguiente manera: a) Se obten�a la tasa real del ISR causado por la empresa, relativa a las utilidades decretadas, de acuerdo al a�o en el que se generaron (es decir, que se divid�a el monto del impuesto causado entre la utilidad gravable); b) La ganancia decretada se multiplicaba por el factor que le correspond�a de acuerdo con la tabla que establec�a la ley, obteni�ndose de esta forma el impuesto acreditable (en el caso de empresas que ten�an la tasa m�xima de impuesto del 42%, el factor de acreditamiento era s�lo del 77%. Si la tasa del impuesto sobre la renta era inferior al 42%, el factor de acreditamiento se iba reduciendo en funci�n de la tasa del impuesto causado por la empresa); c) Al impuesto acreditable, obtenido conforme al inciso anterior, se le sumaba el dividendo decretado, obteni�ndose as� el monto del ingreso acumulable. El sistema opcional de transparencia fiscal oper� en t�rminos de la LISR de 1964, durante 1979 y 1980. b.7) LISR de 31 de diciembre de 1980 (Ley de 1981 o actual). b.7.1. En t�rminos generales, el tratamiento fiscal aplicable a los dividendos y utilidades distribuidas no sufri� ning�n cambio de importancia en el t�tulo de personas f�sicas, durante 1981 y 1982, debido b�sicamente a que apenas en 1979, dentro de la ley anterior, se hab�a reestructurado totalmente dicho t�tulo. Esto quiere decir que durante 1981 y 1982, subsisti� el r�gimen de 'transparencia fiscal' ya brevemente explicado, pero solamente durante esos dos a�os. b.7.2. Reforma de 1983. Por su importancia, para los efectos del caso que nos ocupa, destaco en este apartado la important�sima reforma sufrida, a partir del 1o. de enero de 1983, al r�gimen fiscal de los dividendos o utilidades distribuidas por las empresas. En 1983 desapareci� la 'transparencia fiscal' de que hab�amos venido hablando. En efecto, la 'transparencia fiscal' que hab�a existido s�lo opcionalmente durante 4 a�os, se sustituy� por un sistema obligatorio y radicalmente distinto, que se conoci� como de 'deducibilidad y acumulabilidad de dividendos', en funci�n del cual los ingresos percibidos a t�tulo de dividendos o de ganancias distribuidas por las empresas, eran acumulables para el perceptor y deducibles para la empresa distribuidora. Con este nuevo sistema muri� el r�gimen de transparencia fiscal err�neamente preconizado como 'imperante' por algunas autoridades fiscales responsables en juicios similares al presente. En funci�n de su mec�nica, la persona f�sica acumulaba integralmente los ingresos percibidos a t�tulo de dividendos, a sus dem�s ingresos del ejercicio; determinaba su base gravable y tributaba sujeto a una tarifa progresiva con tasa m�xima del 55%. Por su parte, la empresa pagadora del dividendo deduc�a el egreso correspondiente, determinaba su base gravable y tributaba sujeta a una tarifa progresiva con tasa m�xima del 42%. El r�gimen fue obligatorio, de manera tal que de plano, ni la persona f�sica pod�a considerar como acreditable el ISR que ya hubierapagado la empresa de la cual era socia o accionista, aunque fuese s�lo una parte, ni cab�a la posibilidad de que la empresa recuperara ni un solo peso de tal impuesto pagado. Este nuevo sistema result� t�cnicamente muy complicado y deficiente, caus� severos agravios jur�dicos y financieros tanto a las empresas como a los socios y accionistas de todo tipo, pero principalmente a las personas f�sicas. En su virtud, se produc�a la retenci�n sobre los dividendos pagados a los accionistas personas f�sicas a la tasa del 55% por regla general, que se ten�a como pago provisional a cuenta del impuesto anual, que normalmente resultaba menor. Los dividendos eran deducibles para la empresa, pero el socio o accionista, que ten�a que acumularlos, no pod�a reconocer el impuesto pagado por aqu�lla a su respecto. Dicho reconocimiento s�lo era factible mediante el procedimiento conocido como 'desdoblamiento de utilidades', que siempre fue objetado e incluso perseguido por las autoridades fiscales, tanto oficiosa como contenciosa y penalmente inclusive. De esta suerte, resulta obvio que no existi� transparencia fiscal alguna sobre todo al estilo propugnado por las antes referidas autoridades fiscales responsables. b.7.3) Reforma de diciembre de 1984. Fueron tan delicadas las consecuencias negativas del r�gimen de deducibilidad-acumulabilidad de dividendos operante en la forma en que hab�a sido implantado, que el Congreso de la Uni�n aprob� en diciembre de 1984, una reforma masiva a la ley, que debido a su extraordinaria complejidad, en t�rminos de los art�culos transitorios relativos disfrutar�a de una vacatio legis de un a�o y entrar�a en vigor el 1o. de enero de 1986. Esta reforma se conoci� como la del 'acreditamiento del impuesto de dividendos' y consisti� en proponer bajo una sistem�tica complicad�sima y materialmente extenuante, el retorno, pero ahora obligatorio, al r�gimen de transparencia fiscal que en los apartados b.6.2. y 6.7 refer�, �qu� se pretend�a? que el fisco reconociera y que la persona f�sica aprovechara finalmente, mediante el acreditamiento respectivo, el impuesto que hubiera pagado la empresa respecto de las utilidades que motivaran la distribuci�n de dividendos, de suerte que se tratara a la persona f�sica como a un verdadero contribuyente final. Pues bien, dadas sus caracter�sticas t�cnico-mec�nicas y su insostenibilidad jur�dica, la indicada reforma nunca entr� en vigor, pues fue derogada dentro del proceso de reformas sufrido por la ley en diciembre de 1985, lo que a la postre signific� la subsistencia hasta diciembre de 1988, del r�gimen de deducci�n de dividendos que a lo largo de su operancia sufri� variados ajustes sin cambiar en lo esencial. As� las cosas, entre 1983 y 1988, comprendi�ndose la �poca en que el actual t�tulo II de la LISR, con su art�culo 10 reclamado en la especie, fue instaurado -1987-, no existi� 'transparencia fiscal' en M�xico. Conviene destacar que aun cuando algunos sugieren que el r�gimen de deducci�n y acumulaci�n de dividendos lo fue de integraci�n e incluso lo refieren como de transparencia fiscal obligatoria, ciertamente no fue as�, ni t�cnica ni realmente, ni desde el punto de vista jur�dico, ni desde el econ�mico, ni del financiero, ni del contable, pues en la pr�ctica origin� muy graves distorsiones en estos campos que s�lo perjudicaban a las empresas pagadoras y a sus socios o accionistas y beneficiaban al fisco, pero, adem�s si alguien acepta denominarlo como 'r�gimen de transparencia', definitivamente no est� aludiendo al r�gimen de 'transparencia fiscal' al que se han referido las autoridades fiscales para justificar la existencia de la combatida tasa fija y su aplicaci�n al resultado fiscal de cualquier empresa sociedad mercantil, esto es, persona moral que es hipot�tico y ut�pico. Debo insistir, porque esto es de la mayor importancia para el asunto, en que las autoridades s�lo han hecho planteamientos de gabinete, que en ninguna medida corresponden a la realidad a la que dicen referirse y para corroborar este aserto, basta consultar la legislaci�n fiscal federal mexicana que como derecho positivo estuvo vigente en los a�os previamente indicados. 6.7.4. (sic) Reforma de 1989. A partir de 1989, despu�s de 5 a�os de subsistencia del r�gimen de deducci�n-acumulaci�n de dividendos, en materia de gravaci�n de utilidades distribuidas por las empresas se produjo otro cambio sustancial del sistema fiscal operante. En efecto, a partir del 16 de enero de 1989, los dividendos distribuidos o distribuibles dejaron de ser deducibles para la empresa distribuidora y acumulables para la persona f�sica perceptora, de manera que los dividendos que provinieran de la 'cufin' (cuenta de utilidad fiscal neta) de la empresa distribuidora, pagar�an impuesto sobre la renta a cargo de la persona f�sica perceptora a la tasa del 10%, mientras que los que �stas percibieran sin provenir de la 'cufin', lo pagar�an a la tasa del 40%. La 'cufin' es una cuenta que debe llevarse por las empresas para efectos fiscales donde se calculan las utilidades generadas y repartibles por las que ya dichas empresas -como la quejosa- pagaron impuesto sobre la renta. El nuevo sistema fue obligatorio de suerte que tampoco bajo su �gida existi� 'transparencia fiscal' alguna. Estuvo vigente en sus t�rminos, con alguna adecuaci�n en el segundo a�o durante 1989 y 1990. b.7.5. Reforma de 1991. A partir del 1o. de enero de 1991, la ley sufri� una reforma trascendental (en su art�culo 123, fracci�n II, y dem�s relativos), que es important�sima en la materia y a�n m�s definitiva en la eliminaci�n de cualquier especie de transparencia fiscal que cualquiera de las antes rese�adas, porque despu�s de 40 a�os de gravaci�n, v�a impuesto sobre la renta, de los dividendos o utilidades distribuidas o distribuibles por las empresas a las personas f�sicas, estableci�ndose el impuesto a cargo de �stas, por ser las perceptoras del ingreso relativo, el legislador determin� el cambio de sujeto pasivo dentro de la relaci�n tributaria, as� como de objeto del impuesto, estableciendo que, ahora desde el 1o. de enero de 1991, el sujeto generador del ISR y �nico obligado a su pago en definitiva, lo es la empresa distribuidora del dividendo y ya no la persona f�sica perceptora del mismo, porque lo que ahora se grava es el egreso del dividendo y no su ingreso. Bajo este novedoso sistema, si durante 1991 el dividendo se distribu�a proviniendo de la 'cufin' de la empresa, la persona f�sica 'se lo llevaba libre', es decir, no lo acumulaba y pod�a disponer �ntegramente de su monto, mientras que la empresa que lo distribu�a tampoco enteraba ya mayor cantidad de impuesto a su respecto, porque ya lo hab�a cubierto. Lo anterior significa, ni m�s ni menos, que desde 1991 y a�n ahora, en 1994, todo el ISR es a cargo de las empresas sociedades mercantiles o personas morales como la quejosa, absolutamente por todos sus ingresos y utilidades. Ahora bien, si durante 1991 el dividendo no proven�a de la 'cufin' de la empresa distribuidora, la persona f�sica tambi�n 'se lo llevaba libre', pero la empresa pagaba un impuesto sobre la renta potenciado, a una tasa total real del 54% del monto del dividendo distribuido, porque deb�a en 1991 aplicar la tasa fija y �nica del 35% del ISR sobre una base piramidada, consistente en la cantidad que resultara de multiplicar el monto del dividendo distribuido o empresarialmente cubierto, por el factor del 1.54. Lo anterior significa que, ya sin ning�n asomo de duda, las empresas personas morales son contribuyentes finales, terminales y definitivos del ISR -m�s que como de hecho y de derecho siempre lo hab�an venido siendo-, y, por lo tanto, totalmente 'opacos' y, m�s bien dicho 'negros', en lugar de 'transparentes'. b.7.6. Reforma de 1992. El descrito sistema, establecido en t�rminos de la reforma de 1991, prevaleci� durante 1992 y 1993, pero ahora en t�rminos de lo dispuesto por el, a partir del 1o. de enero de 1992, totalmente reformado art�culo 10-A de la ley y no ya del diverso numeral 123, fracci�n II, modificado para 1991. No obstante, debe destacarse que desde 1992 el sistema fue endurecido al m�ximo porque, en t�rminos de lo dispuesto por los novedosos art�culos 112-A, 112-B, 112-C y 112-D y dem�s relativos de la LISR, al igual que las empresas personas morales, la personas f�sicas que desahogan actividades empresariales tienen que calcular una cuenta de capital de aportaci�n actualizado (equivalente a la cuenta de capital de aportaci�n de las empresas personas morales) y una cuenta de utilidad fiscal empresarial neta ('cufen' equivalente a la 'cufin' de las empresas personas morales) registran y manejan sus ingresos derivados de la actividad empresarial por separado de los dem�s que perciban en el ejercicio, a los que ya no pueden acumularlos, y por aqu�llos pagan ISR a la tasa fija, �nica y m�xima del 35%, habiendo quedado imposibilitados de aplicar la tarifa progresiva del art�culo 141 de la ley. Pero esto no es todo, porque si la persona f�sica empresaria retira un peso que no provenga de su 'cufen', por �l genera ISR y tiene que pagarlo a la tasa real del 54%, resultante de aplicar la fija, del 35% a una base piramidada que surge de aplicarle al monto de utilidad reiterado, el factor del 1.54. As� las cosas y aunque parezca incre�ble, a partir de 1992 la LISR trata de manera exactamente igual a los empresarios personas morales y personas f�sicas, a quienes ya priv�, como a la quejosa, de tarifa progresiva para tributar en materia del ISR, no obstante que ambos son sujetos terminales del tributo. b.7.7. Reforma de 1994. En realidad no la hay, materialmente hablando no hay ninguna. Actualmente prevalece, en sus t�rminos, el sistema indicado en el apartado precedente, s�lo que la tasa fija del ISR es del 34% y ya no del 35% y el factor de piramidaci�n es del 1.515, en vez de ser del 1.54. b.8) As� las cosas, es totalmente inexacto que en M�xico 'haya imperado' o m�s a�n, 'que impere' el sistema de 'transparencia fiscal' y como corolario natural de la extensa exposici�n anal�tica que hemos realizado para fortalecer nuestros conceptos de violaci�n y destruir la posici�n de las autoridades fiscales legislativa y administrativas, resulta que en la actualidad ni remotamente existe u opera r�gimen alguno de 'transparencia fiscal' en M�xico porque ahora el sujeto del impuesto sobre la renta lo es, desde todos los �ngulos y bajo todas las perspectivas, la empresa persona moral. En efecto, dicha especie de contribuyente es sujeto terminal del ISR derivado de todos sus ingresos y utilidades provenientes del desahogo de sus actividades mercantiles, y del ISR derivado de cualquier especie de dividendos o ganancias por ellas distribuibles y distribuidas. Son las empresas personas morales como la quejosa, quienes pagan el tributo y no ya la persona f�sica, lo que quiere decir que el ISR siempre se queda ya definitiva e indiscutiblemente a nivel de la persona moral, jur�dica o incorporada, quien, en lugar de ser 'transparente', ahora es totalmente 'oscura', 'opaca' o m�s bien, 'negra' seg�n como coloquialmente quiera caracteriz�rsele, porque padece, de manera integral y definitiva, la incidencia absoluta, esto es, el impacto total del indicado tributo. De lo anterior se sigue que bajo ninguna hip�tesis resulta adecuado ni razonable pretender que legal o constitucionalmente se justifica la existencia de una tasa fija del ISR para gravar a las empresas personas morales, en lugar de una tarifa progresiva, en tanto que la capacidad contributiva de todas y cada una de las empresas personas morales contribuyentes es definible, definida, definitiva y muy distinta de las dem�s, seg�n las propias y peculiares caracter�sticas de cada cual, lo que no s�lo amerita el tratamiento tasatorio diferencial que, en justicia, la jurisprudencia de la Suprema Corte estipula como apropiado y necesario sino que lo hace indispensable. Segundo argumento autoritario justificativo: 'todas las ganancias de las empresas sociedades mercantiles o personas morales que realicen actividades empresariales tiene, como destino final e ineludible, los bolsillos de las personas f�sicas que son sus socias o accionistas, quienes, al percibirlas, las acumular�n a sus dem�s ingresos y ser�n gravadas con una tarifa progresiva. Adem�s, a virtud de la �transparencia fiscal imperante�, la persona f�sica acredita la totalidad del impuesto pagado por la empresa respecto de los dividendos que �sta le distribuye y, a su vez, cuando as� obra la persona f�sica, la empresa �recupera� integralmente el impuesto que pag� y queda �desgravada�, esto es, �transparente�.' Respuesta impugnativa: todo lo dicho es mera ficci�n, utop�a e hip�tesis, nada de eso es real. Para decirlo en t�rminos pedestres o populares, adem�s de que, seg�n lo visto, nunca en M�xico ha 'imperado' la mencionada 'transparencia fiscal'; cuando existi� el sistema correspondiente siempre fue 'turbio', temporal, opcional y eminent�simamente parcial, razones por las cuales, aunque ofrec�a ciertos aparentes beneficios hipot�ticos para las personas f�sicas socias o accionistas de empresas sociedades, en la pr�ctica result� materialmente in�til y poco o nunca usado. A prop�sito de esta aseveraci�n, existen numerosos textos escritos para analizar el r�gimen en comentario, los cuales dan testimonio de lo que aqu� argumento y los pondr� a disposici�n de su Se�or�a en el momento procesal oportuno. Ahora bien, la descrita postura autoritaria tendr�a raz�n s�lo por cuanto que las ganancias de las empresas personas morales tendr�an como �nico destino final los bolsillos de sus socios o accionistas personas f�sicas, si las bases contable y fiscal que las empresas sociedades mercantiles utilizan para determinar lo que realmente ganaron para efectos civiles o mercantiles en cada ejercicio social, y lo que ganaron para efectos fiscales, coincidiera o hubieran alguna vez coincidido, esto es, equivalido o resultado iguales. Sin embargo, es un hecho p�blico, notorio y t�cnicamente inobjetable, tanto jur�dica como contable y financieramente, que tales bases jam�s han sido iguales, que en la actualidad no coinciden y que nunca han coincidido y probablemente nunca coincidir�n. Es m�s, ante la desesperaci�n de los contribuyentes y resignaci�n de abogados o contadores, cada vez se separan mayormente, se divorcian o divergen en mayor proporci�n y medida, tanto conceptual como pr�cticamente. En estas condiciones, permanentemente ha ocurrido, ocurre y ocurrir� que, por una parte, ni a nivel de ingresos coinciden las cifras contables -que servir�n para determinar, civil y mercantilmente, adem�s de econ�mica y financieramente, qu� ganancias o qu� p�rdidas habr�n de recibir o de resarcir los socios o accionistas propietarios o poseedores de acciones y partes sociales de las empresas- con las que fiscalmente deben considerarse para efectos de pagar ISR y as� compartir la riqueza generada por la sociedad empresa con el Estado, o bien para no pagarlo -aunque el impuesto al activo, tan injusto como es, opera si se incurre en p�rdida-.La diferencia entre los ingresos reales, que son computables para efectos contables, y los ingresos acumulables, que son computables para efectos fiscales, se origina, entre otras cosas, por los llamados 'ingresos inflacionarios', entre los que se cuenta la 'ganancia inflacionaria', que materialmente, desde el punto de vista jur�dico, es irreal, ficticia e inexistente. En efecto, ni jur�dica ni contable ni financieramente puede la empresa repartir ni un solo peso a sus accionistas que se tome de la supuesta 'ganancia inflacionaria' la cual, seg�n la LISR 'habr� percibido' porque tal supuesto ingreso ni existe, no hay tal, no significa ni un solo centavo real, con ella no se puede abrir una cuenta bancaria ni mantenerla, ni comprar el m�s barato chicle que haya en el mercado. Sin embargo, para el fisco ocurre que una empresa altamente endeudada, con saldos bancarios en rojo, es 'riqu�sima', inflacionariamente hablando, por lo que debe compartir 'ingresos' para efectos fiscales, que la conducir�an a tener que erogar pesos reales para pagar un ISR artificiosamente inflado, no obstante que dichos 'ingresos', que en la realidad no existen, por lo mismo no son repartibles entre los accionistas, porque de hecho no hay tal 'riqueza' contable ni financiera. Con mayor raz�n, si a nivel de ingresos jam�s concuerdan las bases contable y fiscal, siendo �sta usualmente la mayor, a nivel de base-resultado de la operaci�n del ejercicio social son, todav�a, m�s diferentes y disparejas �por qu�? simple y sencillamente, entre otras causas, por los conceptos no deducibles, que siempre han existido entre los que destacan como t�picos (a) el propio impuesto sobre la renta a cargo del causante de que se trata, (b) la participaci�n de utilidades a los trabajadores de la empresa, totalmente hasta 1990 y parcialmente despu�s; y, (c) todos los gastos reales afectos a no deducibilidad por los vicios formales de comprobaci�n. En efecto, contablemente hablando, los gastos no deducibles que s� se erogan por la empresa porque son necesarios para su funcionamiento mercantil real, esto es, para el desahogo de su giro, en su misma medida reducen la ganancia contable que podr� repartirse a los accionistas, porque en la cuant�a en que el patrimonio social disminuye con tales erogaciones, es obvio que �ste no permitir� pagar a los socios lo que no tenga incorporado a su haber. Nadie da lo que no tiene. Sin embargo, no obstante que esa es la realidad econ�mica 'verdadera' de la empresa y aunque tales gastos se hayan erogado, disminuyendo el patrimonio social, al ser no deducibles por vicios formales de comprobaci�n de su realizaci�n o egreso, no pueden reducir la base tributaria que constituye -siendo ficticia, por supuesto y siempre mayor que la real- la 'ganancia' fiscalmente considerable como obtenida en la operaci�n empresarial, respecto de la que el Estado desea participar fiscalmente, para compartir la riqueza generada por el ente particular. Entonces, es sobre esta base, normalmente inflada y no coincidente con la realidad contable, que se aplica la tasa fija �nica y m�xima que se reclama -que no la tarifa progresiva- y resulta el ISR a tributar de manera inconstitucional e injusta, porque no existe un mayor sacrificio cualitativo ni cuantitativo a cargo de las sociedades que realmente m�s ganan respecto de las que menos obtienen. Pues bien, en la medida en que la ganancia contable o real, repartible tanto jur�dica cuanto contable, financiera, fiscal y efectivamente entre las personas f�sicas que sean socios, accionistas y propietarios o poseedores de acciones y partes sociales de las empresas sociedades es siempre inferior a la ganancia determinada exclusivamente y bajo un criterio eminentemente recaudador, para efectos fiscales, permanentemente, desde 1987, existe un pago de ISR definitivo en la empresa sociedad, calculado a la tasa fija �nica y m�xima existente en la actualidad, que jam�s se repercutir� a las personas f�sicas, las que no podr�n aprovecharlo por ninguna v�a de acreditamiento, sino que la carga se asume, �nica y exclusivamente, por las empresas sociedades. Planteo este argumento a su Se�or�a porque en la actualidad no cabe duda alguna de que desde 1991 las empresas sociedades son, legalmente, los sujetos definitivos finales, directos, terminales y por dem�s 'oscuros' del ISR generado por los ingresos que producen sus actividades. Como se ve, es falso que las utilidades generadas por las empresas sociedades a consecuencia de sus operaciones, tengan siempre como destino final el bolsillo de sus socios o accionistas personas f�sicas, porque en m�ltiples ocasiones, tales ganancias y recursos han encontrado, encuentran y encontrar�n como final e ineludible destino, s�lo la bolsa del fisco, ni m�s ni menos, y no la del socio o accionista indicados. Desde otro punto de vista resulta, tambi�n, que jam�s ha existido la autoritariamente invocada'transparencia fiscal', porque nunca existi� alguna mec�nica que permitiera a las empresas sociedades 'recuperar' el impuesto que hubieran 'temporalmente' pagado por sus ingresos y/o utilidades, al momento o por el hecho de que la persona f�sica, perceptora del dividendo, acreditara alguna parte de �l. Nunca fue posible dicha recuperaci�n, ni jur�dica ni financieramente hablando y menos a�n fue posible de manera integral, esto es, al 100% del tributo ya enterado por ella. En cambio, la supuesta 'recuperaci�n' tributaria indicada, la 'desgravaci�n' de la empresa persona moral y su remanencia como 'ente transparente' al final del proceso, s�lo han sido factibles en el papel y �nicamente han quedado materializadas en la tinta impresa en los informes justificados de las autoridades responsables, nunca en la realidad. As� las cosas, respetuosamente estimamos que en justicia y conforme a la t�cnica jur�dica, debe conced�rsenos el amparo contra la norma reclamada, porque es inconstitucional. 4. Ahora bien, por cuanto hace a los actos reclamados consistentes en el decreto presidencial promulgatorio de la ley combatida, en el refrendo secretarial de dicho decreto, en la 'circular miscel�nea' establecedora de reglas generales en materia fiscal federal y, concretamente, de la determinaci�n de las formas oficiales necesarias para manifestar y enterar el ISR por parte de las empresas personas morales; as� como en el primer acto concreto de aplicaci�n de la norma reclamada, todos ellos deber�n declararse inconstitucionales, como consecuencia de que as� se declare la ley combatida, porque, constituyendo los dos primeros parte integral del proceso legislativo que arroj� el producto viciado que estamos atacando y siendo los dos �ltimos instrumentos de perfeccionamiento de su aplicaci�n contra la quejosa en la pr�ctica, participan de la naturaleza inconstitucional de la ley que les da sentido existencial respecto de mi representada, como quejosa en la presente causa."

CUARTO

Por auto de fecha once de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, la J. Cuarto de Distrito en el Estado de M�xico, con residencia en Naucalpan de J., admiti� a tr�mite la demanda, registr�ndola con el n�mero 100/94. Seguidos los tr�mites de ley, con fecha diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, se autoriz� la sentencia, la cual culmin� con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio, en t�rminos del considerando primero de esta resoluci�n. SEGUNDO. La Justicia de la Uni�n ampara y protege a Porcelanite, Sociedad An�nima de Capital Variable, en t�rminos del considerando cuarto de esta sentencia. N.�quese personalmente."

El fallo se apoy� en las siguientes consideraciones:

"PRIMERO. No son ciertos los actos que se reclaman al presidente de la Rep�blica, secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico, administrador local de R.�n (con las excepciones que m�s adelante se anotar�n), administrador local jur�dico de Ingresos y administrador local de Auditor�a F. de Naucalpan, Estado de M�xico, toda vez que as� lo expresan al rendir su informe justificado. Ahora bien, como esa negativa no fue desvirtuada con prueba en contrario, procede sobreseer en el juicio con apoyo en el art�culo 74, fracci�n IV, de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Son ciertos los actos que se reclaman al Congreso de la Uni�n, presidente de los Estados Unidos Mexicanos (�nicamente en cuanto a la emisi�n del decreto promulgatorio de la ley combatida), secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico (en cuanto a la emisi�n de las formas oficiales que son necesarias para la declaraci�n del impuesto sobre la renta provisional y definitiva) y secretario de G.�n, toda vez que as� lo manifiestan al rendir su informe justificado, adem�s de que esa certeza se acredita con la publicaci�n del ordenamiento reclamado al tenor de lo previsto por el art�culo 86 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles de aplicaci�n supletoria a la ley de la materia. TERCERO. Previo al estudio de la litis constitucional, resulta menester analizar las causales de improcedencia relativas al juicio de garant�as, sea que se invoque por las partes o se advierta de oficio por el juzgador, por ser este examen de estudio preferente y de orden p�blico al tenor de lo previsto por el �ltimo p�rrafo del art�culo 73 de la Ley de Amparo. El presidente de la Rep�blica y secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico, en su informe justificado, aducen que se actualizan las siguientes causales de improcedencia: a) La prevista en la fracci�n IV del art�culo 74 de la ley de la materia, en m�rito a que el art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, s�lo se aplicar� al quejoso hasta la fecha que termine el ejercicio fiscal, ya que ser� hasta entonces en que se conocer�n con precisi�n los ingresos que deba declarar; b) La contemplada en la fracci�n V del numeral 73 citado, en virtud de que no existe acto concreto de aplicaci�n de la norma impugnada, siendo que la ley combatida es heteroaplicativa; c) La se�alada en la fracci�n XVIII del art�culo 73, en relaci�n a la fracci�n V del art�culo 116 y 74, fracci�n III, en m�rito a que el quejoso no expres� concepto de violaci�n; d) La prevista en la fracci�n V del art�culo 73 indicado, ya que carece de inter�s jur�dico para impugnar la transparencia fiscal a que alude en su escrito de demanda. Las causales de improcedencia invocadas por las responsables son ineficaces para decretar el sobreseimiento del presente juicio. En efecto, contrariamente a lo que afirman en el motivo de improcedencia sintetizado en el apartado a), el impuesto sobre la renta se causa en el momento del ingreso, o bien sea en efectivo (sic) como lo establece el art�culo 15 del mismo ordenamiento, en consecuencia, si se genera en el acto mismo de que existen ingresos no puede decirse que se cause hasta el momento en que termina el ejercicio fiscal respectivo. Lo anterior es as�, toda vez que este impuesto se va generando operaci�n tras operaci�n en la medida de que se van obteniendo ingresos y el hecho de que el art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se�ale que ser� hasta el fin del ejercicio final (sic) en que se haga el c�mputo de todos los ingresos acumulables, se resten las deducciones permitidas para determinar la utilidad fiscal que va a constituir la base del tributo, ello de ninguna manera implica que esa utilidad sea el objeto del impuesto y que �ste no se hubiese generado con anterioridad. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial n�mero 71, publicada en las p�ginas 873 y 874 del Informe de Labores de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al a�o 1988, cuyo rubro dice: 'RENTA. SOCIEDADES MERCANTILES. OBJETO Y MOMENTO EN QUE SE GENERA EL IMPUESTO.'. En relaci�n a la inejercitabilidad sintetizada en el apartado b) de esta resoluci�n, debe decirse tambi�n que es inatendible, toda vez que la quejosa acredit� su inter�s jur�dico al autoaplicarse la ley reclamada, mediante el pago provisional del impuesto sobre la renta para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y cuatro, como se advierte con la forma IPIA940.059, correspondiente al primer mes de este a�o y que fue recibido el diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y cuatro por el Banco Mexicano, Sociedad An�nima, en consecuencia, s� acredita el acto de aplicaci�n de la norma impugnada. La causal de improcedencia sintetizada en el apartado c) tambi�n es ineficaz. En efecto, de la lectura integral de la demanda de garant�as, se advierte que contrariamente a lo expresado por las responsables la quejosa Porcelanite, Sociedad An�nima de Capital Variable, s� expresa conceptos de violaci�n contra la ley reclamada, pues contienen (sic) los razonamientos l�gico-jur�dicos en que pretenden justificar su inconstitucionalidad, en consecuencia, no es dable sobreseer en el juicio por este motivo. En cuanto hace a la causa de improcedencia sintetizada en el apartado d), debe decirse tambi�n que es ineficaz, cuenta habida de que si bien es verdad que el quejoso hace referencia a la figura de transparencia fiscal, tambi�n lo es que esa menci�n la hace para demostrar la inconstitucionalidad de la ley combatida y no como acto reclamado, en consecuencia, el solo se�alamiento de tal figura no implica que se deba demostrar la afectaci�n del inter�s jur�dico. La administradora local jur�dica de Ingresos de Naucalpan, Estado de M�xico, aduce que el juicio debe sobreseerse en m�rito a que la quejosa ya promovi� demanda de garant�as contra el art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del cual correspondi� conocer al Juzgado Tercero (hoy Quinto) de Distrito en Naucalpan, Estado de M�xico. Resulta inatendible dicho motivo de inejercitabilidad, cuenta habida de que si bien es verdad que la quejosa con anterioridad hab�a promovido diverso juicio de garant�as contra el art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tambi�n lo es que dicho acto es diverso al que se reclama en este juicio, pues aqu�l lo fue el vigente en el a�o de mil novecientos ochenta y seis, en cambio, en el presente lo es el de mil novecientos noventa y cuatro. Al no existir motivo de inejercitabilidad que se invoque por las partes, o se advierta de oficio por esta juzgadora, procede el an�lisis de la litis constitucional planteada. CUARTO. La parte quejosa hace valer entre otros conceptos de violaci�n, el siguiente: a) Que la tasa fija del 34% que prev� el art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es inconstitucional, porque dicha tasa no atiende a la capacidad econ�mica de los contribuyentes. El anterior concepto de violaci�n resulta fundado. El art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se�ala: 'Art�culo 10. Las personas morales deber�n calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio, la tasa del 34%. El resultado fiscal del ejercicio se determinar� como sigue: I. Se obtendr� la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por este t�tulo. II. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuir�n, en su caso, las p�rdidas fiscales pendientes de aplicar de otros ejercicios. El impuesto del ejercicio se pagar� mediante declaraci�n que presentar�n ante las oficinas autorizadas, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que termine el ejercicio fiscal.'. Ahora bien, el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, establece que es obligaci�n de los mexicanos contribuir a los gastos p�blicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha definido los requisitos de proporcionalidad y equidad de la forma que sigue: 'PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ART�CULO 31, FRACCI�N IV, CONSTITUCIONAL. El art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n, establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos p�blicos en funci�n de su respectiva capacidad econ�mica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los grav�menes deben fijarse de acuerdo con la capacidad econ�mica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a trav�s de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de m�s elevados recursos. Expresado en otros t�rminos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad econ�mica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto, no s�lo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminuci�n patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporci�n a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento id�ntico en lo concerniente a hip�tesis de causaci�n, acumulaci�n de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etc�tera., debiendo �nicamente variar las tarifas tributarias aplicables, de acuerdo con la capacidad econ�mica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situaci�n de igualdad frente a la norma jur�dica que lo establece y regula. (Todos los asuntos que integran esta jurisprudencia, se refieren al impuesto sobre la renta).'. Dicho criterio se encuentra publicado en la p�gina 275 de la Primera P., Tribunal Pleno, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988. Tomando en consideraci�n la tesis en cita, se impone concluir que el art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al establecer una tasa fija de 34% para calcular el impuesto relativo, transgrede el principio de proporcionalidad y equidad consagrado en el art�culo 31, fracci�n IV, de la Carta Magna, en atenci�n a que de acuerdo al criterio ya referido, el principio de proporcionalidad y equidad trat�ndose del impuesto sobre la renta, se cumple cuando se fijan tarifas progresivas, pues a trav�s de �stas es como se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de m�s elevados recursos, lo que implica que mediante este sistema el impuesto es distinto, no s�lo en cantidad, sino tambi�n en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en esa disminuci�n patrimonial que proceda y que debe encontrarse en vinculaci�n a los ingresos obtenidos. Dicho requisito no se cumple por el art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta al establecer la tasa fija, pues da un trato igual a los de mayores y menores ingresos, impact�ndoles de manera similar, por lo que ante esta circunstancia, se impone conceder a la quejosa la protecci�n constitucional solicitada. Similar criterio sostuvo el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en el amparo en revisi�n 6141/90, promovido por Porcelanite, Sociedad An�nima de Capital Variable, fallado el diecinueve de enero de mil novecientos noventa y tres, por mayor�a de trece votos de los se�ores Ministros De Silva Nava, M.�a C�rdenas, L.C.�rdenas, M.G.�a, L�pez Contreras, L.D., Cal y M.G.�rrez, G. de L., M.F., G.�a V�zquez, A.G.�itr�n, D�az R. y presidente S.O.��ez." QUINTO. Inconformes con la sentencia, el promovente del juicio y el procurador F. de la Federaci�n, en ausencia del secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico, en nombre de �ste y del presidente de la Rep�blica, interpusieron recursos de revisi�n.

Por auto del presidente de esta Suprema Corte de Justicia, del tres de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, se admitieron a tr�mite los recursos hechos valer por la quejosa y el presidente de la Rep�blica, y se desech� el relativo al titular del ramo hacendario.

El agente del Ministerio P�blico Federal de la adscripci�n formul� pedimento n�mero III-187/94, en el sentido de que se sobresea integralmente en el juicio con apoyo en las siguientes razones:

El suscrito estima innecesario efectuar la transcripci�n de los agravios aducidos, porque en la especie se advierte que se actualiza una causal de improcedencia no considerada por el juzgador y que consiste en la falta total de legitimaci�n activa del promovente J.�s S. de la Vega, para accionar en este proceso el amparo en representaci�n de Porcelanite, S.A. de C.V., lo cual obliga a sobreseer en el juicio de garant�as. Es primordial que la parte a quien perjudica el acto reclamado debe promover el juicio de amparo, pudiendo hacerlo por s� o por su representante legal, segunda situaci�n que acontece en el presente caso y que encuentra su apoyo en lo dispuesto por el art�culo 4o., del cap�tulo II, 'De la capacidad y personalidad', de la ley de la materia. Tambi�n es elemental que las cuestiones de personalidad deben ser estudiadas en cualquier estado del juicio y aun de oficio, por ser base fundamental del procedimiento, tal y como lo dispone el p�rrafo segundo de la fracci�n XVIII del art�culo 73 de la Ley de Amparo y los criterios jurisprudenciales que m�s adelante se precisar�n. Ahora bien, las constancias de los autos, las que merecen prueba plena en los t�rminos de los art�culos 129, 200 y 202 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles de aplicaci�n supletoria, como lo previene el art�culo 2o. de la Ley de Amparo, acreditan: a) La quejosa Porcelanite, S.A. de C.V., otorg� ante el notario p�blico n�mero 197 del Distrito Federal, poder general a favor del licenciado J.�s A.S. de la Vega (fojas 18 a 23); b) Quien se aperson� en este proceso de amparo como se desprende del escrito de garant�as (fojas 1 a 17), fue J.�s S. de la Vega; c) La anterior irregularidad de car�cter sustancial, demuestra que se trata de dos personas distintas; d) Que tal irregularidad incide en la falta de personalidad del promovente en su calidad de representante legal de la impetrante, afectando necesariamente sus intervenciones que constan a fojas 1 a 17, 29, 30, 33, 90 a 92, 104, 191 a 193, 1139 a 1143; e) Que el promovente J.�s S. de la Vega, de manera arbitraria y caprichosa, incurri� en la ilegal variaci�n de su nombre J.�s A.S. de la Vega, con las consecuencias legales inherentes. Por tanto, en este orden de ideas, se impone definir nombre y persona en derecho, su naturaleza jur�dica, elementos, funci�n, la regla general de su inmutabilidad y sus excepciones, etc�tera. 'Nombre: (del lat�n nomen-inis, nombre) palabra que sirve para designar las personas o las cosas. Concepto jur�dico: palabra o conjunto de palabras con que se designa a las personas para individualizarlas y distinguirlas unas de otras. En la persona f�sica, el nombre cumple una doble funci�n: de individualizaci�n y como signo de filiaci�n. Naturaleza jur�dica: El nombre es un atributo de las personas, entendi�ndose como atributo una caracter�stica que existe. Los sujetos tienen el deber de ostentarse con su propio nombre en sus relaciones civiles en raz�n del valor de la seguridad jur�dica. No deben ocultar su identificaci�n con un nombre falso, ni cambiar el mismo sin autorizaci�n judicial. El uso indebido de un nombre diferente puede constituir el delito de falsedad cuando se realiza al declarar ante la autoridad judicial (art�culo 249 del C�digo Penal). Elementos: el nombre de las personas f�sicas se compone de dos elementos esenciales: el nombre propio o de pila y uno o m�s apellidos. Funci�n: es doble, como medio de identificaci�n y como signo de filiaci�n.'. B.�a: Instituto de Investigaciones Jur�dicas. Diccionario Jur�dico Mexicano. Tomo V. Universidad Nacional Aut�noma de M�xico, M�xico, 1984. Por su parte, I.G.G., en su obra Derecho Civil, P. General, Persona, Familia, Editorial Porr�a, S.A., p�gina 327 refiere: 'El nombre de las personas f�sicas est� constituido por un conjunto de palabras: nombre propio o de pila y los apellidos (paterno y materno) o patron�mico. La uni�n de estos vocablos constituye en su conjunto, el nombre de la persona. La part�cula que podr�amos llamar elemento principal del nombre es el apellido, en tanto que el nombre propio sirve para integrar la denominaci�n y para aludir con mayor precisi�n a la persona a la cual se refieren aquellas part�culas. El nombre propio o los apellidos por s� mismos, tomados aisladamente, no logra concretar la alusi�n a una persona individualmente determinada, launi�n de todos los elementos del nombre s� particularizan al sujeto al que se refiere una determinada relaci�njur�dica (en este caso el mandato), porque los apellidos (paterno y materno) son comunes a todos los hijos de mujer y hombre ciertos, en tanto que el nombre propio sirve para distinguir a cada uno de ellos en particular. De esta manera, este �ltimo elemento del nombre, aunque sea de naturaleza gen�rica, adquiere al unirse a los apellidos una funci�n distinta que es indispensable. Los apellidos atraen al nombre propio o nombre de pila; comprenden o son susceptibles de comprender a todas las personas de una misma familia y, por tanto, no bastan por s� solos para distinguirlos. El nombre es un signo de identidad de la persona y este atributo de la personalidad sirve para distinguir a una persona de todas las dem�s. En este orden de ideas, el nombre permite atribuir al sujeto de una o varias relaciones jur�dicas, un conjunto de facultades, derechos y obligaciones. En general, por medio de esta funci�n individualizante del nombre, la persona puede colocarse y exteriorizar esa ubicaci�n propia en el campo del derecho, con todas las consecuencias que de ah� se derivan.'. Consecuentemente, es v�lido establecer que el nombre impone a quien lo lleva la obligaci�n de ostentar su personalidad bajo el nombre que consta en el acta correspondiente del Registro Civil, ya se trate de nacimiento, de legitimaci�n, de reconocimiento de una persona como hijo de otra, o de una sentencia judicial que declare cu�l es el nombre y apellido que debe usar el individuo, tal y como lo dispone la fracci�n II del art�culo 135 del C�digo Civil. El nombre, en principio, es inmutable, en tanto que es un atributo de la personalidad y su funci�n es identificadora de la persona que lo lleva y el deber para ella de no variarlo, seg�n se expuso y, en esta situaci�n, la variaci�n del nombre en que incurri� el promovente, as� lo impide. El cambio de nombre en que incurri� el promovente de manera arbitraria y caprichosa, �nica y exclusivamente tiene lugar como una excepci�n a la regla de inmutabilidad en nuestra legislaci�n, en los siguientes casos: a) Por legitimaci�n, respecto de los hijos habidos antes de declararse el matrimonio, art�culo 354 del C�digo Civil; b) Por reconocimiento, en el caso de hijos habidos fuera del matrimonio, seg�n lo dispuesto por los numerales 360 a 369 del C�digo Civil; c) Por adopci�n, el adoptado tiene el derecho de usar el apellido del adoptante, seg�n lo dispone el art�culo 396 del C�digo Civil; d) Por sentencia judicial que declare la paternidad o maternidad, conforme a lo dispuesto por los art�culos 345 y 348 del C�digo Civil; y, e) Por sentencia que decrete la modificaci�n por cambio de nombre de una acta del Registro Civil, como lo establece la fracci�n II del art�culo 135 del C�digo Civil. Ahora bien, fuera de estas limitantes, el nombre de las personas f�sicas descansa sobre el aludido principio de su inmutabilidad. En este aspecto, esa Suprema Corte de Justicia de la Naci�n estableci�: 'NOMBRE, VARIACI�N DEL. ES POSIBLE OBTENERLA MEDIANTE LA CERTIFICACI�N (sic) DEL ACTA DEL ESTADO CIVIL. En principio el nombre de una persona es inmutable; pero el art�culo 135 del C�digo Civil claramente autoriza la modificaci�n del mismo por v�a de rectificaci�n del acta correspondiente, toda vez que en forma expresa admite que el acta se rectifique, �por enmienda, cuando se solicite variar alg�n nombre u otra circunstancia, sea esencial o accidental�, de lo que se sigue que una persona puede variar su nombre siempre que haya razones fundadas y no se ataque la moral. Son los oficiales del Registro Civil los legitimados para ser demandados, ya que es funci�n exclusiva suya extender las actas y hacer constar las modificaciones que por resoluci�n judicial puedan sufrir aqu�llas.'. Amparo directo 450/1953, C.B.. Enero 2 de 1954. 4 votos.' (sic) Ciertamente que el promovente en este juicio de amparo, para justificar su personalidad exhibi� copia certificada de la actuaci�n notarial, tercer testimonio, escritura 12601, del notario p�blico n�mero 197 del Distrito Federal, de 22 de febrero de 1993, instrumento en el que la quejosa Porcelanite, S.A. de C.V., confiri� poder general para pleitos y cobranzas, a favor de J.�s A., persona distinta al que se ostenta como representante legal de la impetrante. Por lo tanto, es concluyente que se trata de dos personas f�sicas distintas, motivo por el cual se arriba a la conclusi�n de que al no identificarse correctamente el aceptante del poder aludido, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracci�n XVIII del art�culo 73, relacionada con los art�culos 4o. y 8o., lo que obliga al sobreseimiento, con apoyo en la fracci�n III del art�culo 74, todos ellos de la Ley de Amparo.

Por auto del presidente del d�a veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, notificado el d�a siguiente, se turnaron los autos a la ponencia del se�or Ministro Alba Leyva para que se formulara el proyecto de resoluci�n.

SEXTO

Por escrito recibido en el Juzgado de Distrito que conoci� de la primera instancia el d�a catorce de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, el promovente del juicio interpuso recurso de revisi�n adhesiva a la promovida por la autoridad responsable, recurso que fue admitido a tr�mite por auto de treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, dictado por el presidente de este alto tribunal.

Con motivo de las reformas a la Constituci�n Federal y a la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, seg�n decretos publicados en el Diario Oficial de la Federaci�n de los d�as treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro y tres de febrero de mil novecientos noventa y cinco, por auto de fecha diez de febrero del �ltimo a�o citado, notificado el d�a trece siguiente, se dispuso el returno de los autos al se�or Ministro G�ngora P., para que formulara el proyecto de resoluci�n.

En cumplimiento del acuerdo plenario del d�a veinticinco de enero de mil novecientos noventa y seis, mediante prove�do del d�a seis de febrero de mil novecientos noventa y seis, se return� el asunto al se�or Ministro ahora ponente.

Por oficios recibidos en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de este alto tribunal los d�as siete de junio y veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, el procurador F. de la Federaci�n, en ausencia del secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico, y en representaci�n del Ejecutivo Federal, solicit� se dictara resoluci�n en esta instancia. CONSIDERANDO:

PRIMERO

Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer del recurso, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n VIII, inciso a), de la Constituci�n Federal; 84, fracci�n I, inciso a), de la Ley de Amparo y 10, fracci�n II, inciso a), de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, porque el mismo se interpone en contra de la sentencia pronunciada por un J. de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio en que se reclam� la Ley del Impuesto sobre la Renta, expedida por el Congreso de la Uni�n, por estimar que es directamente violatoria de la Constituci�n Federal, y en el recurso subsiste el problema relativo a la constitucionalidad de dicho ordenamiento.

SEGUNDO

No es el caso de transcribir los agravios expresados por el promovente del juicio en su recurso de revisi�n principal, pues se advierte que al respecto se ha actualizado el supuesto de caducidad de la instancia previsto en los art�culos 107, fracci�n XIV, de la Constituci�n General de la Rep�blica y 74, fracci�n V, p�rrafo segundo, de la Ley de Amparo.

Dichos preceptos establecen que en los juicios de amparo en donde se reclamen actos del orden civil, administrativo o laboral (siendo recurrente el patr�n, en este �ltimo caso), operar� la caducidad de la instancia si transcurre el t�rmino de trescientos d�as sin que el recurrente presente promoci�n o se realice actuaci�n procesal alguna.

El presidente de esta Suprema Corte, en acuerdo de veintitr�s de mayo de mil novecientos noventa y seis, orden� que se recabaran informes de la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia, para determinar si se presentaron promociones durante el lapso comprendido del veintis�is de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (d�a siguiente al en que se dict� el primer auto de turno) al cinco de febrero de mil novecientos noventa y seis (d�a anterior al �ltimo auto de turno), ordenando que, cumplido lo anterior, se diera vista a las recurrentes por el t�rmino de tres d�as para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.

Con fecha veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, el jefe de la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia expidi� la certificaci�n que a continuaci�n se transcribe:

"C.: que en la tarjeta de control de registros correspondiente al toca 1516/94 de esta oficina, consta que en el per�odo del veintis�is de octubre de mil novecientos noventa y cuatro al cinco de febrero de mil novecientos noventa y seis, se recibieron los documentos que siguen, para el toca mencionado, relativo al juicio de amparo promovido por Porcelanite, S.A. de C.V. contra actos del Congreso de la Uni�n y de otras autoridades: un oficio de la Procuradur�a F.F. de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, el d�a siete de junio de mil novecientos noventa y cinco (n�mero de entrada 23500); un oficio de la Procuradur�a F.F. de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, el d�a veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (n�mero de entrada 30281) y un oficio del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de M�xico, el d�a trece de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (n�mero de entrada 31132). Expido este primer certificado en el Distrito Federal, el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, para el toca 1516/94, de la Subsecretar�a de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia.".

El actuario adscrito a este tribunal, en cumplimiento de lo ordenado por el auto de la Presidencia, hizo constar que con fecha veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y seis se fij� la lista para notificar a las partes la certificaci�n aludida.

El plazo concedido, que corri� del veintinueve al treinta y uno de mayo del a�o citado, seg�n la certificaci�n asentada el d�a tres de junio siguiente por el subsecretario de Acuerdos de esta Suprema Corte, transcurri� sin que la recurrente desahogara la vista, seg�n puede verse del certificado expedido el cuatro de junio de mil novecientos noventa y seis por el jefe de la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia ya mencionada, que dice:

C.: que en esta oficina no obra constancia de haberse recibido documento alguno en el periodo del veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y seis al treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y seis, para el toca 1516/94 relativo al juicio de amparo promovido por Porcelanite, S.A. de C.V. contra actos del Congreso de la Uni�n y de otras autoridades. Expido este segundo certificado en el Distrito Federal, el cuatro de junio de mil novecientos noventa y seis, para el toca 1516/94 de la Subsecretar�a de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia.

Si de las certificaciones transcritas aparece que durante el periodo comprendido del quince de febrero de mil novecientos noventa y cinco (d�a siguiente al en que surti� efectos la notificaci�n del segundo auto de turno) al cinco de febrero de mil novecientos noventa y seis (d�a anterior al tercer auto de turno), no se recibieron promociones por parte del promovente del juicio, sino �nicamente de la autoridad tambi�n recurrente, y durante ese lapso tampoco se realiz� actuaci�n procesal alguna, resulta procedente decretar la caducidad de la instancia respecto del recurso de revisi�n intentado por aqu�l, pues entre las fechas se�aladas transcurrieron m�s de los trescientos d�as a que se refieren los preceptos invocados al inicio de este considerando.

Es aplicable al caso la tesis jurisprudencial publicada con el n�mero 117 del Tomo VI, Materia Com�n, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995; p�gina 95, que dice:

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. LAS PROMOCIONES Y OFICIOS DE PARTE DIVERSA A LA RECURRENTE, NO LA INTERRUMPEN. No es obst�culo para declarar que opera la caducidad de la instancia la circunstancia de que en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia se reciba un oficio de una de las autoridades se�aladas como responsables, puesto que si dicho oficio no proviene de la recurrente no le puede beneficiar, ya que la caducidad opera como sanci�n a la inactividad de la parte que interpuso el recurso, considerando que la misma ha dejado de tener inter�s en que se pronuncie la resoluci�n que revoque o modifique la sentencia impugnada.

As� las cosas, lo procedente es decretar la caducidad de la instancia respecto del recurso de revisi�n principal intentado por J.�s S. de la Vega en nombre de la quejosa.

No es el caso, en cambio, de decretar la caducidad de la instancia en relaci�n con el recurso de revisi�n adhesiva intentado por el representante de la quejosa, pues aunque de las certificaciones antes insertas se siga que en el periodo comprendido del quince de febrero de mil novecientos noventa y cinco (d�a siguiente al en que surti� efectos la notificaci�n del segundo auto de turno) al cinco de febrero de mil novecientos noventa y seis (d�a anterior al tercer auto de turno), no se practicaron actuaciones judiciales ni se recibieron promociones por parte del recurrente, ha de advertirse que se est� en presencia de un recurso que sigue la suerte procesal del principal, este �ltimo hecho valer por la responsable, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 83 de la Ley de Amparo, que a la letra dice:

"Art�culo 83. Procede el recurso de revisi�n:

"...

En todos los casos a que se refiere este art�culo, la parte que obtuvo resoluci�n favorable a sus intereses, puede adherirse a la revisi�n interpuesta por el recurrente, dentro del t�rmino de cinco d�as, contados a partir de la fecha en que se le notifique la admisi�n del recurso, expresando los agravios correspondientes; en este caso, la adhesi�n al recurso sigue la suerte procesal de �ste.

Este p�rrafo del art�culo 83 de la Ley de Amparo se introdujo mediante el decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n del d�a cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, derivado de la aprobaci�n de la iniciativa presidencial en cuya exposici�n de motivos se asent�:

"En el cuarto apartado se incluyen las reformas y adiciones que tienen por prop�sito dar mayor claridad y celeridad al procedimiento y cubrir lagunas existentes en la Ley de Amparo, que son consecuencia del enorme inter�s que despert� la reforma constitucional que se ha mencionado, reformas y adiciones que fueron propuestas en algunos casos por la Suprema Corte de Justicia en decidida colaboraci�n con el Poder Ejecutivo, en otros casos, por la Procuradur�a General de la Rep�blica, en cumplimiento de sus funciones, y en otros m�s por juristas y estudiosos de la materia.

"En este apartado podemos ubicar la adici�n del segundo p�rrafo al art�culo 9o., la reforma a los art�culos ... 83, fracciones I y II, y adici�n de un p�rrafo final, 103 ...

"Entre estas importantes aportaciones son especialmente relevantes:

"...

"La adici�n al p�rrafo final del art�culo 83 para establecer la posibilidad de adhesi�n a la revisi�n interpuesta, sin la cual, en algunos casos, se colocaba en indefensi�n a la parte que habr�a obtenido sentencia favorable de primera instancia."

La revisi�n adhesiva prevista en los t�rminos apuntados se dispone para quienes, no obstante haber obtenido una sentencia de amparo favorable, temen que la misma sea revocada a consecuencia del recurso de su contraparte, por estar fundada en razonamientos o argumentos insuficientes o err�neos, lo que da lugar a que la parte que obtuvo en la primera instancia pueda hacer valer no s�lo argumentaciones tendientes a fortalecer el sentido del fallo en la parte que le fue favorable, sino tambi�n aquellas otras cuestiones que hayan sido resueltas de manera contraria a sus intereses, seg�n ha precisado este alto tribunal al fallar el asunto del cual derivaron las tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo IV, noviembre de 1996, p�ginas ciento cuarenta y uno y siguientes, que dicen: "REVISI�N ADHESIVA. QUIEN LA HACE VALER PUEDE EXPRESAR AGRAVIOS TENDIENTES NO S�LO A MEJORAR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA EN LA PARTE RESOLUTIVA QUE LE FAVORECE, SINO TAMBI�N A IMPUGNAR LAS DE LA PARTE QUE LE PERJUDICA. La adhesi�n al recurso de revisi�n prevista por el art�culo 83, fracci�n V, �ltimo p�rrafo, de la Ley de Amparo, tiene por finalidad que quien obtuvo sentencia favorable pueda expresar agravios que integren la litis de segunda instancia, cuando su contrario a trav�s del recurso de revisi�n impugn� la parte que le perjudica; agravios que pueden relacionarse con una materia diversa a la que es objeto de los argumentos vertidos por el recurrente, en tanto que al interponerse el recurso de revisi�n surge para quien obtuvo sentencia favorable el derecho a expresar agravios encaminados a fortalecer las consideraciones de la sentencia que orientaron al resolutivo favorable a sus intereses, y tambi�n a impugnar las que concluyan en un punto decisorio que le perjudica. Esto obedece a que quien obtiene un fallo que le favorece parcialmente tiene legitimaci�n activa, en la medida del agravio, para interponer el recurso de revisi�n dentro de los diez d�as siguientes a la notificaci�n de la sentencia y el hecho de no hacerlo solamente implica que hasta ese momento queda conforme con el resultado obtenido, porque tiene una sentencia que es parcialmente ben�fica a sus intereses y no tiene la intenci�n de continuar el litigio por todas las consecuencias inherentes del tr�mite de la segunda instancia; pero cuando otra de las partes en el juicio de amparo se inconforma con esa sentencia y hace valer el recurso de revisi�n, la pasividad mantenida hasta antes de la admisi�n del recurso, no supone que ha consentido el aspecto del fallo que le perjudica, porque la ley en la disposici�n que se analiza le otorga el derecho a adherirse a la revisi�n y expresar los agravios correspondientes, sin taxativa alguna, pues no limita el objeto de �stos a fortalecer las consideraciones de la sentencia que derivan en la parte resolutiva favorable, sino que la redacci�n gen�rica de la ley al establecer 'los agravios correspondientes', comprende tambi�n la impugnaci�n de las consideraciones que le perjudican y hayan producido un punto resolutivo expreso, contrario a sus intereses. Una limitaci�n sobre el particular no puede deducirse de lo establecido por el citado precepto legal en cuanto a que la revisi�n adhesiva sigue la suerte 'procesal' de la principal, ya que tambi�n se�ala que el recurrente adhesivo expresar� los agravios que corresponda, es decir, que exponga los agravios que a su derecho convengan. En este orden de ideas, queda justificado ocuparse de los agravios expuestos en la adhesi�n, porque aun cuando su contenido tiende a impugnar la parte de la sentencia que le perjudica al que la hace valer y no a mejorar las consideraciones de la parte resolutiva que le favorece, ello es acorde con la finalidad de ese medio procesal de defensa." "REVISI�N ADHESIVA. SU FINALIDAD ES DIVERSA DE LA QUE PERSIGUEN LAS OBLIGACIONES QUE AL TRIBUNAL REVISOR IMPONEN LAS FRACCIONES I, III Y IV DEL ART�CULO 91 DE LA LEY DE AMPARO. La finalidad de la adhesi�n al recurso de revisi�n que prev� el art�culo 83, fracci�n V, �ltimo p�rrafo, de la Ley de Amparo, es la de que quien obtuvosentencia favorable en el juicio constitucional pueda expresar agravios que integren la litis de segunda instancia, cuando su contraparte a trav�s del recurso impugn� la parte que le perjudica; agravios que pueden involucrar una materia diversa a la que es objeto de los argumentos vertidos por el recurrente y que deben ser analizados por el tribunal revisor, por regla general, de prosperar los agravios de la revisi�n. Esta finalidad debe distinguirse de las obligaciones que al revisor impone el art�culo 91, fracciones I, III y IV de la Ley de Amparo, conforme a las cuales de ser fundados los agravios del recurso de revisi�n, debe considerar los conceptos de violaci�n cuyo estudio omiti� el juzgador de primer grado, porque en este supuesto se subsana, oficiosamente, una omisi�n del �rgano de primera instancia, que deriva de que estimen fundados los agravios de la recurrente contra las consideraciones que se ocuparon �nicamente de alg�n concepto de violaci�n, y no se hizo pronunciamiento expreso sobre otros; asimismo, que cuando resulte infundada la causa de improcedencia que motiva el sobreseimiento y no existe otro motivo legal para confirmar el sobreseimiento, debe revocar la resoluci�n para estudiar los conceptos de violaci�n, o sea, la cuesti�n de fondo y conceder o negar el amparo. Y, finalmente, la facultad de ordenar la reposici�n del procedimiento cuando advierta que se ha incurrido en alguna omisi�n que hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia correspondiente; o bien cuando indebidamente no ha sido o�da alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley. La distinci�n radica en que para los casos previstos en el art�culo 91 de la Ley de Amparo, que se han descrito, no es precisa la intervenci�n de la parte que obtuvo sentencia favorable, porque queda a cargo del tribunal revisor el deber y la facultad de subsanar la omisi�n del �rgano de primera instancia, resolver con plenitud de jurisdicci�n la litis de primera instancia u ordenar la reposici�n del procedimiento, seg�n sea el caso; mientras que en el supuesto de la adhesi�n a la revisi�n, se trata de un derecho expreso para quien obtuvo sentencia favorable, y que opera a partir de que se admite el recurso de revisi�n y s�lo est� sujeto procesalmente a que proceda el estudio de los agravios de la adhesi�n a la revisi�n, despu�s de que el tribunal revisor haya estudiado los agravios de la revisi�n principal, siempre que en la adhesi�n no se plantee alguna cuesti�n de orden preferente al de fondo, como ser�an la procedencia del juicio o del recurso."

"REVISI�N ADHESIVA. SU NATURALEZA JUR�DICA. Conforme a lo que establece el art�culo 83, fracci�n V, �ltimo p�rrafo, de la Ley de Amparo, en todos los supuestos de procedencia del recurso de revisi�n la parte que obtuvo resoluci�n favorable a sus intereses puede adherirse a la revisi�n interpuesta por su contrario, dentro del t�rmino de cinco d�as, contados a partir de la fecha en que se le notifique la admisi�n del recurso, expresando los agravios correspondientes, los que �nicamente carecen de autonom�a en cuanto a su tr�mite y procedencia, pues la adhesi�n al recurso sigue la suerte procesal de �ste. Tal dependencia al destino procesal, o situaci�n de subordinaci�n procesal de la adhesi�n al recurso de revisi�n, lleva a determinar que la naturaleza jur�dica de �sta, no es la de un medio de impugnaci�n -directo- de un determinado punto resolutivo de la sentencia, pero el tribunal revisor est� obligado, por regla general, a estudiar en primer lugar los agravios de quien interpuso la revisi�n y, posteriormente, debe pronunciarse sobre los agravios expuestos por quien se adhiri� al recurso. En ese orden de ideas, la adhesi�n no es, por s� sola, id�nea para lograr la revocaci�n de una sentencia, lo que permite arribar a la convicci�n de que no es propiamente un recurso, pero s� un medio de defensa en sentido amplio que garantiza, a quien obtuvo sentencia favorable, la posibilidad de expresar agravios tendientes a mejorar y reforzar la parte considerativa de la sentencia que condujo a la resolutiva favorable a sus intereses, y tambi�n a impugnar las consideraciones del fallo que concluya en un punto decisorio que le perjudica."

Si de acuerdo con lo anterior la segunda instancia se abre con motivo de la interposici�n del recurso de revisi�n principal y al autor de la adhesiva no queda m�s que esperar que, en su caso, se resuelva aqu�lla para que, de ser procedente y fundada, se puedan analizar los argumentos que plantee, debe concluirse que su autor se halla liberado del deber de promover para impedir la consumaci�n de la caducidad, toda vez que esa carga s�lo corresponde al recurrente en la principal en cuanto �l es el �nico autor de la instancia.

Prueba de lo anterior es que la subsistencia de la revisi�n adhesiva depende en todo caso de la subsistencia de la revisi�n principal, de suerte tal que de resultar �sta improcedente o de no ser resuelta por cualquier otra causa -pi�nsese en caducidad o desistimiento, por ejemplo- tampoco lo ser� aqu�lla, lo cual revela queentre ambas existe un v�nculo de dependencia que impide aplicar a la adhesiva las reglas propias de cualquier revisi�n aut�noma.

As� las cosas, como antes se dijo, s�lo procede decretar la caducidad por lo que hace al recurso de revisi�n principal intentado por la quejosa.

TERCERO

Procede a continuaci�n analizar la causal de sobreseimiento aducida por el agente del Ministerio P�blico Federal de la adscripci�n en el pedimento transcrito en el resultando quinto de esta ejecutoria, por falta de personalidad del promovente del juicio.

Sostiene la representaci�n social que quien promovi� la demanda de garant�as, J.�s S. de la Vega, no acredit� contar con la representaci�n que ostenta como apoderado de Porcelanite, Sociedad An�nima de Capital Variable, porque el �nico documento que exhibi� para acreditar su car�cter fue el instrumento notarial en donde consta el poder concedido por dicha sociedad en favor de J.�s A.S. de la Vega, persona distinta del promovente.

Igualmente se�ala que el promovente incurri� en la variaci�n caprichosa, ilegal y arbitraria de su nombre sin encontrarse en alguno de los supuestos en que dicha variaci�n se autoriza, por lo cual debe concluirse que al no identificarse correctamente el aceptante del poder se est� ante dos personas f�sicas distintas, lo que da lugar al sobreseimiento en el juicio conforme a los art�culos 4o., 8o., 73, fracci�n XVIII, y 74, fracci�n III, de la Ley de Amparo.

Resulta infundada esta proposici�n de sobreseimiento, atentas las siguientes razones:

Es exacto lo afirmado en el sentido de que la demanda de garant�as, al igual que otras promociones formuladas durante el juicio, aparecen suscritas por J.�s S. de la Vega, quien se ostenta como representante de Porcelanite, Sociedad An�nima de Capital Variable.

Tambi�n es exacto que para acreditar su personalidad, dicha persona exhibi� el tercer testimonio de la escritura p�blica n�mero doce mil seiscientos uno, otorgada ante la fe del notario p�blico n�mero ciento noventa y siete de esta ciudad capital, que contiene "el poder general que otorga Porcelanite, Sociedad An�nima de Capital Variable, representada por el contador p�blico M.A.E.C., a favor del licenciado J.�s A.S. de la Vega" para que lo ejercite al tenor de las cl�usulas que en el mismo instrumento se disponen.

Asiste pues raz�n al Ministerio P�blico Federal al se�alar que mientras en el poder se asent� un nombre compuesto por dos nombres de pila -J.�s A.- y dos apellidos -S. de la Vega-, en la demanda de garant�as s�lo se asent� uno de tales nombres propios -J.�s- seguido de los dos patron�micos mencionados.

Sin embargo, a partir de esta observaci�n no puede tenerse por demostrado fehacientemente que se trata de dos personas distintas y que por ello la documental p�blica exhibida es insuficiente para acreditar la representaci�n del promovente del juicio, considerando que, por una parte, es pr�ctica com�n en nuestro pa�s que trat�ndose de nombres propios compuestos -formados por dos o m�s vocablos- se suprima alguno de ellos por razones de comodidad o de brevedad y, por otra, que en el expediente no obran pruebas, siquiera indiciarias, que pudieran avalar la afirmaci�n de que se trata de personas distintas.

En este sentido, aun siendo del todo exacta la apreciaci�n del agente del Ministerio P�blico Federal sobre la naturaleza jur�dica del nombre como atributo de la personalidad (seg�n la corriente de opini�n m�s generalizada) y signo distintivo de las personas que las identifica e individualiza en sus relaciones con los dem�s miembros del grupo social, sujeto a un r�gimen legal de orden p�blico que lo sustrae de la autonom�a privada y lo sujeta a diversos principios como son los de obligatoriedad, oponibilidad, incomerciabilidad, imprescriptibilidad y particularmente el de inmutabilidad invocado en el pedimento, que por razones de orden y seguridad en las relaciones privadas y p�blicas proh�be a su titular modificar libremente su estructura gramatical, sea agregando, sustituyendo o suprimiendo alguno de sus vocablos, lo cierto es que para los efectos que a este asunto interesa, es decir, la representaci�n en juicio, este tribunal debe orientarse por aceptar que en el caso no se trata de un problema de identidad de personas sino propiamente de la expresi�n correcta del nombre de una sola persona, fund�ndose para ello en la presunci�n humana que deriva de atender a la pr�ctica usual en el medio de emplear s�lo un nombre de pila cuando son varios los que componen el nombre civil.

Frente a esta presunci�n humana, dotada de valor probatorio en t�rminos de los art�culos 190 a 195 y 218 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al caso seg�n el numeral 2o. de la ley de la materia, la afirmaci�n del agente del Ministerio P�blico Federal, de que la persona que promueve la demanda es distinta de aquella en favor de la cual se otorg� el poder, carece de eficacia, porque no est� respaldada en prueba alguna y por lo mismo es insuficiente para destruir la presunci�n de que se viene hablando, considerando adem�s que no existen motivos o circunstancias particulares para dudar fundadamente de la buena fe con la cual debe entenderse que se conduce el promovente del juicio al exhibir el poder de m�rito.

Prueba de lo anterior es que el propio agente del Ministerio P�blico Federal, en algunas partes de su pedimento, se inclina por afirmar que se trata de un supuesto en que el apoderado ha modificado irregularmente su nombre al comparecer a juicio, lo cual corrobora que los nombres de m�rito no corresponden a personas distintas. As� las cosas, no estando plenamente acreditada la causal de improcedencia alegada, no ha lugar a sobreseer en el juicio.

CUARTO

La autoridad recurrente expresa los siguientes agravios:

PRIMERO. Violaci�n a lo dispuesto en los art�culos 77 y 78 de la Ley de Amparo, en relaci�n con lo establecido en el art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, toda vez que el a quo no valor� adecuadamente las causales de improcedencia previstas en la fracci�n IV del art�culo 74 y en las diversas V y VI del numeral 73, todos de la Ley de Amparo, que se hicieron valer por las responsables. El J. de autos no sobresey� en el juicio con apoyo en la causal de inexistencia del acto de aplicaci�n, en virtud de que consider� que el impuesto sobre la renta se causa al momento del ingreso, y que por ello es suficiente que con un pago provisional se acredite estar bajo los supuestos de la norma, lo cual resulta incorrecto, y es lo que ocasiona el agravio que se hace valer. En principio, el a quo no observ� que el amparista controvierte el art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque a su juicio vulnera lo dispuesto por el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional, y si dicho precepto legal establece el procedimiento para el c�lculo del impuesto anual causado por el contribuyente, resulta l�gico concluir que para estar bajo los supuestos de la norma era necesario que se tratara del mencionado impuesto anual, extremo que en modo alguno acredit� el promovente. No es �bice para lo anterior el hecho de que el impuesto se cause desde el momento en que se obtienen los ingresos, puesto que ese acto no lleva impl�cito el entero del impuesto, ya que esto �ltimo se efect�a en los plazos que la ley prev�, y el desconocimiento de esta situaci�n fue lo que ocasion� en el a quo el convencimiento de la existencia de un acto de aplicaci�n de la norma legal combatida. Esto quiz�s se debi� a que el a quo confunde el momento de causaci�n del impuesto con la hip�tesis que prev� el art�culo impugnado, consistente en el procedimiento para el c�lculo del impuesto anual, por lo que era necesario acreditar tal extremo para que hubiera aplicaci�n de lo dispuesto por el art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que en esencia controvierte la amparista. Es importante resaltar el hecho de que la amparista hubiese efectuado un pago provisional del impuesto, ello no la legitimaba para impugnar el art�culo 10 en comento, ya que �ste de manera expresa y clara se�ala que se trata del impuesto que se pagar� de manera anual, hip�tesis dentro de la cual no pod�a ubicarse el quejoso en raz�n de que a�n no conclu�a el ejercicio fiscal correspondiente a 1994, en consecuencia es evidente el agravio que se irroga por el a quo al no haber sobrese�do en el juicio. Por otra parte, tampoco atendi� la causal de improcedencia relativa a la falta de inter�s jur�dico de la demandante, toda vez que estim� que �ste se acreditaba a trav�s de la supuestamente autoaplicaci�n de la citada ley con el pago provisional del impuesto, correspondiente al primer mes del presente a�o, lo cual tampoco es cierto, pues como se ha manifestado, el quejoso, al impugnar lo dispuesto en el art�culo 10 de la ley se�alada, obligaba al J. de autos que al realizar el estudio y an�lisis constitucional de la norma debatida, atendiera �nicamente a los supuestos que en ella se plasman, es decir, que debi� haber observado que en ella se establece el mecanismo para el c�lculo del impuesto anual, y por ello era indispensable que el particular acreditara estar bajo los supuestos del art�culo, y al no haberlo demostrado se constata la falta de inter�s jur�dico de la demandante para impugnarlo. Lo anterior es as�, ya que trat�ndose del amparo contra leyes, es necesario que el particular acredite estar bajo los supuestos de la norma que reclama, para que de esta forma el J. pueda entrar al an�lisis constitucional, centrando y limitando su estudio a la luz de los art�culos constitucionales en contraste con los preceptos reclamados, acorde con los conceptos de violaci�n; de tal suerte que si en el asunto que nos ocupa, el a quo observ� que el quejoso impugn� lo dispuesto en el art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, �ste, ten�a la obligaci�n de acreditar ubicarse en los supuestos previstos en ella, es decir, que demostrara que se hab�a aplicado la hip�tesis consistente en el c�lculo anual del impuesto, comprob�ndolo a trav�s de la declaraci�n del impuesto correspondiente, y el a quo, al percatarse de que esto no se hab�a realizado, debi� invariablemente decretar el sobreseimiento del juicio por falta de inter�s jur�dico. No era obst�culo para lo anterior, el hecho de que se hubiese presentado un pago provisional del impuesto ya que �sta no es la hip�tesis normativa que contempla el art�culo reclamado, por lo cual el a quo no debi� haber realizado el estudio constitucional, sin embargo, se centr� en verlo a trav�s de la obligaci�n de enterar el impuesto, sin circunscribirlo a la obligaci�n que realmente se encuentra regulada en la norma legal impugnada (pago del impuesto anual). Por ello es que resolvi� indebidamente como infundada la causal de improcedencia esgrimida por estas autoridades, de ah� que se irroga el agravio que se hace valer. En efecto, el a quo en principio debi� centrar la litis constitucional planteada, a fin de que una vez realizado esto analizara la operancia o inoperancia de las causales de improcedencia, de los conceptos de violaci�n y finalmente resolviera sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma combatida, de ah� que al no haberlo efectuado, esto trajo consigo el que hubiera desatendido las causales de improcedencia sostenidas por estas autoridades, mismas que son del todo fundadas, cuando se vean a la luz de lo debatido en el juicio de garant�as. Por otra parte, al estar �ntimamente relacionados el art�culo impugnado y el sistema de transparencia fiscal, es evidente que el quejoso ataca dicha figura como si le ocasionara alg�n perjuicio, a fin de lograr la declaraci�n de inconstitucionalidad del precepto se�alado, lo cual resulta incorrecto ya que �ste s�lo constituye una parte �nfima de dicho sistema, por lo que el amparista no pod�a impugnar �ste en su totalidad, circunstancia que el a quo no tom� en consideraci�n. En este sentido, cabe recordar que uno de los principios fundamentales para la interposici�n del juicio de amparo, resulta ser el acreditar debidamente el inter�s jur�dico para accionar tal v�a, requisito que no fue atendido en el presente caso. Lo anterior es as�, en virtud de que el querellante no expres� razonamientos por los que se demostrara que el sistema de transparencia fiscal contraven�a las garant�as individuales del amparista ni que ten�a un inter�s jur�dico para combatirlo, circunstancia que el J. del conocimiento no tom� en consideraci�n. Por todo lo antes manifestado se solicita se revoque la sentencia que se recurre y sean analizadas cada una de las causales de improcedencia sostenidas en el informe con justificaci�n, y se emita otra en la que se declaren fundadas. SEGUNDO. Violaci�n a lo dispuesto por los art�culos 77 y 192, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el J. del conocimiento desestim� la jurisprudencia firme y el criterio jurisprudencial hechos valer por la autoridad responsable en las p�ginas 16, 17 y 18 del escrito en que rindi� su informe justificado, as� como las argumentaciones aducidas por las mismas y sostenidas en diversas ejecutorias por esa Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. En efecto, es evidente que al resolver el amparo en cuesti�n el a quo no tom� en cuenta las argumentaciones de la responsable, fundamentadas en jurisprudencia y criterios de ese m�ximo tribunal de justicia del pa�s, en las que se demostraba la plena constitucionalidad del art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, m�xime que ten�a la obligaci�n de considerarlas, pues �stas est�n �ntimamente relacionadas con el precepto combatido, esto a pesar de que de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 192 de la Ley de Amparo se encontraba obligado a observar su contenido. En este sentido, cabe aclarar que el J. del conocimiento �nicamente se bas� en una tesis gen�rica que versa sobre la proporcionalidad y equidad tributarias, para concluir que el art�culo impugnado es inconstitucional y conceder el amparo a la quejosa, sin tomar en cuenta que dicha tesis no resulta aplicable al caso concreto, en virtud de las razones expuestas por la autoridad responsable en su informe justificado y en especial, por la existencia de jurisprudencia firme y criterios de esa Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la que han estudiado la cuesti�n debatida, en el sentido de sostener que la tasa fija establecida en el precepto cuestionado no contraviene los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, por ello era notoriamente obligatoria su aplicaci�n y acatamiento. En efecto, como se desprende de las tesis hechas valer por la autoridad responsable en las p�ginas 16, 17 y 18 del informe justificado, y que el J. del conocimiento desestim�, los conceptos sobre proporcionalidadtributaria establecidos por esa Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que afirman que aqu�lla se logra mediante la aplicaci�n de tarifas progresivas (en los que se bas� el a quo para conceder el amparo), no rigen para la determinaci�n del impuesto de las sociedades mercantiles, en virtud del principio de transparencia fiscal que impera en la estructura tributaria del pa�s, de manera que el juzgador no debi� concluir que el art�culo 10 impugnado viola el principio de proporcionalidad, apoy�ndose en tesis generales que inclusive no analizan en espec�fico la cuesti�n planteada, pues precisamente cuando se trata de personas morales la proporcionalidad no necesariamente se logra con el establecimiento de tarifas progresivas, como se observa en la jurisprudencia y criterios mencionados por estas autoridades. A mayor abundamiento, de acuerdo con la tesis hecha valer y desestimada por el a quo, la proporcionalidad lograda con base en tarifas progresivas es la que rige para la determinaci�n del impuesto de las personas f�sicas pero no de las sociedades mercantiles en virtud, como ya se se�al�, del principio de transparencia fiscal, por lo que el hecho de que las sociedades mercantiles se apliquen una tasa fija para efectos de tributaci�n en materia de impuesto sobre la renta, s� cumple con el principio de proporcionalidad. De la misma manera, el J. del conocimiento tampoco tom� en consideraci�n la jurisprudencia invocada por la ahora recurrente en la p�gina 16 de su informe justificado, lo cual evidentemente vulnera lo ordenado por el art�culo 192 de la Ley de Amparo, m�xime cuando dicha jurisprudencia sostiene que la tasa fija establecida en el art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta no contraviene el principio de proporcionalidad tributaria 'ni la jurisprudencia firme establecida por este tribunal' (esta �ltima jurisprudencia firme, que en forma general se refiere a la proporcionalidad de las contribuciones, en la cual se bas� el a quo para conceder el amparo) por lo que de ninguna manera se viola precepto constitucional alguno. Asimismo, cabe se�alar que el criterio sostenido al respecto por esa Suprema Corte de Justicia de la Naci�n se ha aplicado en numerosos casos que han constituido la jurisprudencia se�alada, en el sentido de determinar la plena constitucionalidad del art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y por tal motivo dicha jurisprudencia obligaba a�n m�s al juzgador a resolver conforme al criterio adoptado por ese Pleno. En este orden de ideas, lo que se debe resaltar es que el a quo indebidamente desatendi� una jurisprudencia que era del todo aplicable al asunto debatido, ya que en ella se analiza con detalle lo dispuesto por el art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y que por tal motivo incurre en el agravio que se hace valer, ya que se encontraba obligado legalmente a resolver conforme a la citada jurisprudencia, ya que �stas (sic) son la interpretaci�n que efect�a el Poder Judicial Federal de determinadas normas legales, y que si son sostenidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n obliga a todos los tribunales del pa�s, dentro de los cuales se encuentra el a quo. En efecto, el establecimiento de la jurisprudencia tiene su raz�n de ser, ya que a trav�s de ellas se norman y unifican los criterios de interpretaci�n del alcance de las normas legales, desentra�ando su sentido, su esp�ritu, es decir, lo que el legislador trat� de imprimirle, lo cual conlleva la obligaci�n de los Jueces de Distrito, que una vez integrada tal jurisprudencia, deban acatarla cuando el asunto controvertido se ubique en el contenido de la misma, de ah� que si el a quo omiti� tal cumplimiento incurri� con ello en una flagrante violaci�n de lo dispuesto por el art�culo 192 de la Ley de Amparo; y por ende, irrog� el presente agravio a las responsables, por lo que se solicita a ese Pleno se sirva revocar la sentencia y aplique la jurisprudencia invocada en el informe justificado a foja 18. Sirve de apoyo a lo antes se�alado, lo descrito en las tesis que a continuaci�n se transcriben: 'INTERPRETACI�N Y JURISPRUDENCIA. Interpretar la ley es desentra�ar su sentido y por ello la jurisprudencia es una forma de interpretaci�n judicial, la de mayor importancia, que tiene fuerza obligatoria seg�n lo determinan los art�culos 193 y 193 bis de la Ley de Amparo reformada en vigor, seg�n se trate de jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno o al trav�s de sus S.. En s�ntesis: la jurisprudencia es la obligatoria interpretaci�n y determinaci�n del sentido de la ley, debiendo acatarse, la que se encuentra vigente en el momento de aplicar aqu�lla a los casos concretos; resulta absurdo el pretender que en el periodo de validez de una cierta jurisprudencia se juzguen algunos casos con interpretaciones ya superados y modificados por ella que es la �nica aplicable.' Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, Segunda P., S. y Tesis Comunes, p�gina 1696. 'JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE. OBLIGATORIEDAD DE APLICAR LA ACTUAL. En lo tocante a que las autoridades deben aplicar la jurisprudencia vigente en la �poca de la comisi�n de los delitos, cabe se�alar que esta Suprema Corte tiene, dentro de sus altas funciones, la de interpretar la ley y dar a conocer dicha interpretaci�n a fin de que sea observada por las autoridades judiciales; luego entonces, la jurisprudencia constituye un medio de desentra�ar el sentido de la ley; para el efecto de que los juzgadores puedan aplicar esta �ltima en forma debida y con criterio uniforme precisamente cuando pronuncien el fallo correspondiente, lo cual quiere decir que no se encuentran en obligaci�n de aplicar jurisprudencia en desuso, a pesar de que el hecho delictivo haya tenido lugar cuando aqu�llas s� se aplicaban, pues la obligatoriedad de su observancia es tan determinante, que impele al �rgano jurisdiccional a su acatamiento inmediato y exige su aplicaci�n actual por encima de consideraciones de tiempo en la ejecuci�n del delito; y sobre todo, si no ha sufrido modificaci�n alguna el art�culo que lo describe.' Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, 1917-1988, Segunda P., S. y Tesis Comunes, p�gina 1697. TERCERO. Violaci�n a lo dispuesto en los art�culos 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, por la inexacta aplicaci�n de los mismos, toda vez que el a quo en la sentencia que se recurre no consider� las argumentaciones externadas por la autoridad responsable por las que demostr� la constitucionalidad del art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con base en el sistema de transparencia fiscal que opera en nuestro pa�s. Cabe recordar que seg�n el sistema se�alado las personas morales constituyen una forma de organizaci�n de los individuos para hacer negocios, por lo que evidentemente est�n integradas por personas f�sicas. En este sentido, las ganancias o utilidades de una sociedad mercantil son objeto de distribuci�n entre los accionistas, pues �stos son los que realmente llevan a cabo la actividad con fines lucrativos, y por ende, son los que deben soportar la carga fiscal, ya que lo que se busca es que �nicamente sean gravados a un solo nivel evit�ndose as� una doble imposici�n. Es por ello que en la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, se ha establecido un sistema que permite que cuando las utilidades generadas por la empresa ya hayan cubierto el impuesto correspondiente, sean repartidas a los socios o accionistas libres de gravamen, permiti�ndose a estos �ltimos, si as� lo desean, ejercitar la opci�n de acumular o no dichos ingresos, ya que con ello podr�an obtener un beneficio mayor al tributar en un rango menor de impuesto. En consecuencia, queda plenamente demostrado que el art�culo 10 impugnado no viola el principio de proporcionalidad tributaria, en virtud de que quienes finalmente pagar�n el impuesto correspondiente con base en tarifas progresivas son las personas f�sicas entre quienes se distribuyen las ganancias de la sociedad, circunstancia que no tom� en consideraci�n el a quo en la sentencia que se recurre. De esta forma, las sociedades mercantiles �nicamente deben llevar una cuenta de utilidad fiscal neta (cufin), que constituye una bolsa en la que se acumulan todas las utilidades que ya pagaron impuesto sobre la renta y que por lo tanto, son susceptibles de impartirse libre de gravamen, sin embargo, si los socios o accionistas consideran que por la ganancia obtenida, ellos pudieron estar en un rango impositivo menor, la ley de la materia les otorga en su art�culo 122 la opci�n de acumularlos a sus dem�s ingresos y acreditar la parte del impuesto que le corresponda a dicha ganancia. El hecho de que sea opcional la acumulaci�n, en modo alguno evita el que en la realidad se den los beneficios del sistema de transparencia fiscal, ya que precisamente si el socio o accionista considera que independientemente de que acumule o no sus ganancias, se encuentran en la tasa marginal del 34%, entonces se exime del problema de acumularlo y optar porque el pago del impuesto que le corresponde a su utilidad y que fue enterado por la persona moral, quede en forma definitiva pero en muchas ocasiones sucede que la tasa que le corresponda sea menor y entonces s� ejerce la opci�n y obtiene un saldo a favor. Lo anterior, ha sido de igual manera reconocido por la doctrina mexicana, dentro de la cual sobresale el libro del C.L.M.P.�rez Inda, titulado 'Estudio Pr�ctico del R�gimen F. de Dividendos Pagados por Personas Morales', de Ediciones F.es ISEF, S.A. y que en su p�gina 68, apartado 5.1. establece: '5.1. Opci�n de acumulaci�n de un ingreso para obtener devoluci�n del impuesto. Las personas f�sicas tienen la opci�n de acumular el ingreso por dividendos en su declaraci�n anual personal. Esta opci�n se establece en su beneficio, porque en determinadas circunstancias que se�alaremos en cada caso, la acumulaci�n del ingreso conlleva el acreditamiento de una parte proporcional del ISR pagado por la empresa a la tasa del 34% sobre las ganancias originales, pudiendo resultarle saldo a favor en su declaraci�n anual, el cual lepuede ser devuelto. La opci�n de acumulaci�n y acreditamiento beneficia en mayor medida a las personas que s�lo tienen ingresos por dividendos, y tambi�n a aquellas que tengan ingresos por otros conceptos que tampoco sean acumulables, como pueden ser los ingresos por rendimientos de renta fija. En el caso de que las personas tengan adem�s otros ingresos acumulables, el beneficio s�lo se alcanzar�a si esos otros ingresos se encuentran por debajo del l�mite a partir del cual en la tarifa combinada de los art�culos 141 y 141-A de la ley se causa el impuesto a la tasa m�xima del 35%.'. Lo anterior tambi�n ya ha sido debidamente estudiado y discutido por ese Pleno y fue lo que lo llev� a concluir la plena constitucionalidad del art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, convencimiento total que lo plasm� en la jurisprudencia que se form� con motivo de los diversos precedentes que se sostuvieron en ese mismo sentido y que el a quo indebidamente dej� de aplicar, a pesar de la obligaci�n legal de efectuarlo. Por otra parte, se solicita se tengan por reproducidos los argumentos expuestos por esta autoridad al momento de rendir su informe, relacionado con la defensa del art�culo impugnado y que en obvio de repeticiones innecesarias debe tenerse como si a la letra constare. En consecuencia, la sentencia que se recurre no fue emitida conforme a derecho, ante la evidencia de los agravios que se irrogan a las responsables, por lo que deber� revocarse y dictarse otra en la que se declare la plena constitucionalidad del art�culo impugnado (lo cual ya fue efectuado por ese Pleno en la jurisprudencia que se invoca), y por ende negar el amparo y protecci�n de la Justicia Federal a la quejosa.

QUINTO

La quejosa aduce en la revisi�n adhesiva los siguientes agravios:

I. Son correctas las declaraciones hechas dentro del considerando tercero del fallo en revisi�n, en el sentido de ser infundadas las causales de improcedencia y de sobreseimiento integral en el juicio que las autoridades responsables plantearon y fueron resumidas, por la propia J., bajo los incisos a), b), c) y d) del indicado considerando. En efecto: a) Por lo que hace a la correlativa, adem�s de las razones desestimatorias expuestas por la inferior dentro de los p�rrafos antepen�ltimo y �ltimo de la p�gina 2 vuelta de su sentencia resulta que: a.1. Contrariamente a lo expuesto por las responsables en sus informes justificados, de ninguna manera se satisfacen las hip�tesis a que se contrae la fracci�n IV del art�culo 74 de la Ley de Amparo, porque en el caso es evidente que de autos aparece claramente demostrado que s� existe el acto reclamado, a saber, el art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuya existencia, por tratarse de una disposici�n legislativa, no es objeto de prueba, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 86 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria, y por la reiterada jurisprudencia establecida en ese sentido en la materia, por parte de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, como com�n al Pleno y a las S., ya que la norma reclamada fue oficialmente publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n del 3 de diciembre de 1993. a.2. Tampoco se colmaron los extremos hipot�ticos previstos en las fracciones V y VI del art�culo 73 de la ley de la materia, en la medida en que tanto el acto legislativo reclamado como los actos concretos de aplicaci�n del mismo sucedidos en perjuicio de la quejosa -advi�rtase que la declaraci�n fiscal del pago provisional del impuesto sobre la renta relativa a enero de 1994 no constituye un acto propio de autoridad sino, en cambio, uno proveniente de un particular que act�a por mandato expreso de la ley y como auxiliar de la administraci�n de la justicia, bajo la perspectiva de la correspondiente jurisprudencia plenaria- afectan los intereses jur�dicos de la misma promovente del amparo, en forma personal, inmediata y directa, am�n de que la ley reclamada, que le fue 'heteroaplicada', caus� perjuicios a mi representada en virtud del correspondiente acto posterior de aplicaci�n, desprendi�ndose de los autos, con toda claridad, que el correspondiente precepto no se impugn� bajo criterio de autoaplicaci�n. En trat�ndose de asuntos propuestos en amparo bajo situaciones de procedencia id�nticas al que nos ocupa, la misma ya ha sido estudiada y admitida, declar�ndose operante por el propio tribunal ad quem del presente conocimiento, bastando referir al respecto, en v�a de muestra, lo en tal sentido resuelto al fallarse los siguientes juicios de amparo en revisi�n, donde los quejosos procedieron a reclamar el art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 1990 y en 1987, a prop�sito de la 'heteroaplicaci�n' de dicha norma que result�, contra los indicados quejosos, de la presentaci�n, por su parte, de sendas declaraciones de pagos provisionales del impuesto sobre la renta, interpuestas, respectivamente, los d�as 11 de abril de 1990 y 9 de febrero de 1987. Se trata de los amparos en revisi�n 2058/91 y 181/88, promovidos por Uro, S.C., y por L.M., S.A. y coagraviados, que fueron fallados por cuanto al fondo, con la concesi�n y con la negativa del amparo, respectivamente, y, por lo tanto, declar�ndose procedentes las instancias constitucionales relativas a prop�sito de los correspondientes actos de declaraci�n provisional de tributos (impuesto sobre la renta del ejercicio en ambos casos e impuesto al activo del ejercicio s�lo en el primero), en sesiones p�blicas plenarias de 4 de noviembre de 1992 y de 19 de mayo de 1993. Ahora bien, a mayor abundamiento debo precisar que la problem�tica espec�fica de procedencia de la demanda de amparo promovida contra el art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, entre otros ordenamientos combatidos, a prop�sito del acto concreto de aplicaci�n consistente en la interposici�n de una declaraci�n de pago provisional del tributo correspondiente, se ha estudiado ya varias veces por el honorable Tribunal Pleno en forma directa y expresa, resolvi�ndose en el sentido de que la instancia constitucional es procedente y que a la quejosa asiste pleno inter�s jur�dico para haber procedido as�. En v�a de ejemplo concreto, me remito tambi�n a lo establecido por dicho m�ximo ad quem al fallar, en sesi�n p�blica celebrada el 6 de abril de 1994 y por unanimidad de 18 votos en el punto, as� como por mayor�a de 16 votos contra dos por cuanto al fondo, el amparo en revisi�n 1211/91, promovido por T�cnica y Productos Industriales, S.A. de C.V., consultado bajo la ponencia de la se�ora M.F.M.F., haciendo integralmente nuestros los argumentos de la Corte que se contienen en el tercer considerando de la ejecutoria, que se refiere exclusivamente a la materia de la procedencia del juicio constitucional a que el presente agravio adhesivo se alude, para todos los efectos legales a que haya lugar, solicitando que el contenido del relativo fallo de �ltima instancia se tenga aqu� como insertado a la letra y se mantenga a la vista al momento de sentenciar la presente causa, evitando ahora su transcripci�n literal por econom�a procesal y toda vez que dicho contenido resulta hecho notorio para el Pleno, que lo determin�, invocable como tal en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 88 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria. En forma id�ntica a la ya planteada, con normalidad, consistencia y firmeza de criterio se ha pronunciado el honorable y ya multirreferido Tribunal Pleno de la Suprema Corte, en favor de la defensi�n de los quejosos, al analizar tambi�n la referida problem�tica procedimental en los casos en que se han planteado asuntos que ata�en a los impuestos al activo de las empresas y al activo, mismos que se generan momento a momento, al igual que el impuesto sobre la renta, y se declaran tanto provisional como definitivamente a lo largo de los ejercicios de los contribuyentes. Por �ltimo, resulta que las autoridades responsables perdieron totalmente de vista en sus informes justificados que, con independencia de lo ya expuesto, lo que produjo la indiscutible heteroaplicaci�n o, m�s bien, la autoaplicaci�n voluntaria por parte de la quejosa y en su propio perjuicio, exclusivamente para los efectos del amparo, de la norma 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta reclamada, fue la operancia y toma de la tasa fija que la misma prev�, determina y establece, como elemento esencial sine qua non para calcular el impuesto sobre la renta, que, no obstante ser estimada francamente inconstitucional por Porcelanite, S.A. de C.V., fue necesaria, directa e indubitablemente utilizada por ella para calcular y enterar el tributo que 'gener�' -dicho esto con todas las reservas que amerita la particular�sima situaci�n contributivo-constitucional que corresponde a mi representada- y pag� a nivel provisional, seg�n la declaraci�n fiscal que constituy� el primer acto concreto de aplicaci�n en la especie; b) Por lo que hace a la correlativa, adem�s de las razones desestimatorias expuestas directamente por la inferior dentro del segundo p�rrafo de la p�gina 3 frente de su sentencia, resultan plenamente aplicables los dem�s argumentos por nosotros expresados en el previo agravio adhesivo; c) y d) Por lo que hace a las correlativas, estimamos innecesario vertir agravio adhesivo alguno, dada la solidez de los concretos, precisos y jur�dicamente correctos argumentos desestimatorios expuestos por la inferior contra las causas de inejercitabilidad autoritariamente planteadas. 2. Por cuanto al fondo del asunto y dejando a salvo lo argumentado dentro del tercer concepto de agravio a que se contrae el escrito de interposici�n del recurso de revisi�n que mi representada promovi�, con fecha 6 de septiembre de 1994, en contra de la sentenciaen la especie apoyada adhesivamente, cabe precisar que el contexto argumental bajo el cual la a quo declar� fundados los conceptos de violaci�n con que la quejosa demostr� la inconstitucionalidad del precepto 10 reclamado, en tanto que �ste sustancialmente violenta la garant�a de proporcionalidad tributaria, aunque tambi�n interesa y lesiona la de equidad, en ambos campos con perjuicio de Porcelanite, S.A. de C.V., es correcto y jur�dicamente fundado, por lo que en todo caso deber� prevalecer el sentido concesor del amparo, que la sentencia precisa en t�rminos del indicado cuarto considerando y de su segundo resolutivo, regido por aqu�l. No obstante, en abono de lo sostenido por la J. de Distrito y por cuanto hace a la tesis jurisprudencial que menciona el C. procurador F. de la Federaci�n en el informe justificado que suscribi�, pretendiendo demostrar la constitucionalidad del art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, as� como la serie de precedentes que tambi�n invoca, cabe precisar que tanto aqu�lla como �stos son inaplicables en la especie e inoperantes para mudar el criterio amparatorio que convenci� a la inferior de que deb�a proteger a la quejosa, en virtud de que la materia jur�dica sujeta a an�lisis y resoluci�n dentro de los asuntos y, consecuentemente, de los fallos que los definieron, conformando la sustancia de la referida jurisprudencia y precedentes, ya fue variada, esto es, modificada y superada, de manera estructural y definitiva en M�xico. En efecto, tal y como lo afirmo, el entorno jur�dico de derecho positivo dentro del cual se encontr� inmerso el conjunto de casos a que alude el procurador, es el que rigi� en M�xico durante 1987, pero es el caso que �ste es radicalmente distinto al que hoy d�a -durante 1994, cuando se plante� la demanda inicial de garant�as- prevalece, tal y como detenida y exhaustivamente la quejosa lo explic� en su demanda. En efecto, a partir del 1o. de enero de 1991, pero sobre todo desde el 1o. de enero de 1992 hasta la fecha, las personas morales -concepto jur�dico que desde luego incluye a las empresas mercantiles incorporadas, como la quejosa- son, sin lugar a dudas -aunque ya lo eran desde 1987-, sujetos �ltimos y definitivos de la percusi�n e impacto del impuesto sobre la renta en todas sus modalidades, en tanto que ellas son las que irrepercutiblemente cargan con el peso de tal tributo con motivo de todos los ingresos que generan como resultado de desahogar la actividad empresarial que sea su vocaci�n (hip�tesis a la que precisamente se contrae el numeral 10 en la especie reclamado), al igual que lo soportan cuando, con independencia de pagarlo por tal ya indicado motivo, distribuyen dividendos o cualquier especie de ganancia repartible entre sus socios o accionistas, sean �stos personas morales o f�sicas (hip�tesis a la que se contrae el art�culo 10-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta impugnada). Lo dicho se demostrar� enseguida con toda abundancia, siendo �til desde luego aducir que, en realidad, esto es, materialmente, la a quo estim� fundados todos y cada uno de los argumentos a los que se contrajeron los conceptos de violaci�n 2 y 3 de la demanda promovida por la quejosa, porque, en sus t�rminos, dicha gobernada demostr� que la jurisprudencia plenaria 162, referida dentro de la foja 4 de la sentencia objeto de la presente revisi�n adhesiva, s� es exactamente aplicable al caso concreto, toda vez que interpreta la garant�a de proporcionalidad tributaria operante a favor de personas morales, exclusivamente (sociedades mercantiles y sociedades civiles), y en concreto desde la perspectiva del impuesto sobre la renta, estructurado por la ley de la materia, que es la que nos ocupa, y porque, adem�s, describe pormenorizadamente las razones y la medida en que una norma que sustancialmente construye tal tributo -como lo es la especie reclamada- disponiendo como uno de los elementos esenciales del mismo una tasa fija, agrede la justicia impositiva en perjuicio de todos los sujetos de aqu�l. Adem�s, la convicci�n juzgatoria de la a quo obedece a la demostraci�n que no s�lo racional y doctrinalmente le aport� la quejosa dentro de los autos, sino tambi�n a la que a nivel f�ctico-probatorio desahog�, en el sentido de que la teor�a del supuesto 'transparentismo fiscal' de las personas morales, sobre la que tanto �nfasis hicieron las responsables, aunque nunca ha operado como ellas lo pretenden, qued� material y plenamente destrozada por la realidad de los cambios sufridos por nuestra legislaci�n desde 1991, como se ha dicho, porque ahora, sin duda alguna, las empresas personas morales son los sujetos m�s oscuros y definitivos del impacto del impuesto sobre la renta corporativo. En efecto, de acuerdo con lo aducido por las responsables en el informe justificado suscrito por el procurador F. de la Federaci�n, de ninguna manera podr�a resultar inconstitucional la tasa fija del impuesto sobre la renta de las personas morales empresarias, toda vez que, seg�n �l, �stas no son m�s que estructuras ficticias creadas por las personas f�sicas para hacer negocios, por lo que siempre resultan sujetos intermedios y nunca definitivos de gravaci�n, de suerte que carecen de una capacidad contributiva definitiva, que por ende no es claramente mensurable ni identificable, que se ve impuesta por el tributo s�lo en forma transitoria, en la medida en que cuando repartan a favor de sus socios personas f�sicas las ganancias repartibles que su actividad corporativa genere, 'recuperaran el impuesto que transitoriamente hayan pagado' y, consecuentemente, 'quedar�n desgravadas y por ende transparentes'. Pues bien, aunque lo anterior no es m�s que pura ficci�n, porque adem�s de que ninguna ley ha dispuesto en M�xico lo indicado, el hecho es que, a partir de 1991, ahora las personas morales empresarias son las �nicas que pagan el impuesto sobre la renta, y no sus socios personas f�sicas, tienen capacidad tributaria perfectamente definitiva y mensurable, y, adem�s, no pueden repercutir el impacto del tributo de ninguna manera y en ninguna medida, todo lo cual echa por tierra los argumentos autoritarios. En consecuencia, cae por su peso el argumento que en los informes justificados fue hecho valer, en el sentido de que la inferior deber�a aplicar como obligatoria, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 192 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia y precedentes que el procurador F.F. invoc�, toda vez que �stos, suponiendo sin conceder que as� existan, son ya francamente inoperantes e inaplicables, porque en su caso se refirieron a una realidad legal ya superada, mudada y abandonada, raz�n que por s� sola liber� a la J. de Distrito de la supuesta obligaci�n de sujeci�n jurisprudencial pretendida y, en cambio, la sujet�, de manera definitiva y total, a observar la jurisprudencia 162 que en su sentencia invoca, a la que se ci�� precisamente en observancia del mandato previsto por el numeral 192 en cita, toda vez que esa, adem�s de las otras que adelante invocar�, es exacta y no gen�ricamente aplicable al caso en la actualidad -de la misma manera en que, por cierto, realmente lo ha venido siendo aun desde 1987-. Para sostener lo argumentado dentro de los dos p�rrafos previos, en v�a de agravios adhesivos que por cuanto al fondo fortalecen la sentencia autoritariamente recurrida, aduzco todos los siguientes razonamientos. 1. El dispositivo y el impuesto reclamados son inconstitucionales, porque la tasa fija que aqu�l precept�a es desproporcional y, por lo tanto, violatoria de la garant�a de justicia tributaria. A. Dando por sentado el criterio que se revela en t�rminos de la jurisprudencia plenaria n�mero 81, consultable bajo el rubro 'IMPUESTOS, EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD DE LOS' (visible en las p�ginas 146 y 147 de la primera parte del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988), en t�rminos del cual resulta de explorado derecho que la fracci�n IV del art�culo 31 constitucional estatuye garant�as individuales de naturaleza tributaria para todos los mexicanos, sin distinci�n, a trav�s de su honorable Tribunal Pleno, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n sent�, desde 1984, criterio firme acerca de la interpretaci�n que al aludido numeral y fracci�n constitucionales debe darse, en trat�ndose de las garant�as de proporcionalidad y de equidad fiscales, cuando se aborde la problem�tica del ISR, bajo cualquier an�lisis constitucional contradictorio. Efectivamente, respecto de la importante materia jur�dica que se indica y analizando exclusivamente casos que involucraron como quejosas a contribuyentes personas morales (sociedades mercantiles an�nimas y an�nimas de capital variable) y sociedades civiles y no a personas f�sicas, el Tribunal Pleno estableci� las siguientes destacadas jurisprudencias: a) N�mero 10, consultable en las p�ginas 325 a 327 de la primera parte del Informe 1984 del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, bajo el siguiente texto oficial: 'RENTA. APORTACIONES AL SEGURO SOCIAL POR CUENTA DE LOS TRABAJADORES. SON INCONSTITUCIONALES LOS ART�CULOS 27 FRACCI�N I Y 25 FRACCI�N I DE LA LEY DEL IMPUESTO EN LA MATERIA (VIGENTES EN LOS A�OS DE 1979, 1980 Y 1981), EN CUANTO ADMITEN EN UN CASO Y PROH�BEN EN OTRO SU DEDUCIBILIDAD. De acuerdo con lo establecido por el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n los impuestos deben ser proporcionales y equitativos. La proporcionalidad consiste, en esencia, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos p�blicos en funci�n de su capacidad econ�mica debiendo fijarse los grav�menes de tal manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos, lo que se logra a trav�s de las tarifas progresivas. La equidad toralmente es la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento id�ntico en lo concerniente a hip�tesis de causaci�n, acumulaci�n de ingresos gravados, deducciones permitidas, plazos de pago, etc�tera, debiendo variar �nicamente las tarifas tributarias aplicables de acuerdo con la capacidad econ�mica de cada contribuyente para respetar el principio de proporcionalidad. Ahora bien, los preceptos especificados no cumplen con los anteriores requisitos pues, por una parte, al permitir en un caso la deducci�n de un gasto y prohibirlo en otros, a pesar de ser de la misma naturaleza, propicia que los contribuyentes que se encuentran en la misma situaci�n jur�dica frente a la ley sean colocados en situaci�n desigual, pues mientras los que pueden hacer la deducci�n ver�n disminuir su ingreso gravable, los que no pueden hacerla lo ver�n incrementado, atent�ndose contra la equidad de los tributos. Por otra parte, se falta a la proporcionalidad porque el que se tengan trabajadores con salario m�nimo o con salario mayor al m�nimo no es determinante de la capacidad econ�mica del contribuyente y por lo mismo al propiciarse que se aplique una tarifa mayor a quien no puede hacer la deducci�n frente al que puede realizarla, a quien se facilitar� que se le aplique una menor, se vulnera el principio de proporcionalidad, pues el pago del tributo no se encontrar�, en lo que toca a este punto, en proporci�n a la capacidad econ�mica, sino que depender� de una situaci�n extra�a a ella.'; b) N�mero 98, consultable en las p�ginas 190 y 191 de la Primera P. del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1985, bajo el siguiente texto oficial: 'PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ART�CULO 31, FRACCI�N IV, CONSTITUCIONAL. El art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos p�blicos en funci�n de su respectiva capacidad econ�mica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los grav�menes deben fijarse de acuerdo con la capacidad econ�mica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativa (sic) superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a trav�s de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de m�s elevados recursos. Expresado en otros t�rminos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad econ�mica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto, no s�lo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminuci�n patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporci�n a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir tratamiento id�ntico en lo concerniente a hip�tesis de causaci�n, acumulaci�n de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etc., debiendo �nicamente variar las tarifas tributarias aplicables, de acuerdo con la capacidad econ�mica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situaci�n de igualdad frente a la norma jur�dica que lo establece y regula.'; c) N�mero 162, consultable en las p�ginas 275 y 276 de la Primera P. del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, bajo el mismo texto oficial transcrito en el apartado procedente, por lo que en raz�n de econom�a procesal no se reproduce nuevamente; ch) Ahora bien, m�s recientemente, durante 1990, y de nuevo en trat�ndose del an�lisis de la garant�a de proporcionalidad tributaria en materia del ISR (comparando �ste con el impuesto al activo de las empresas), seg�n estudio constitucional hecho, s�lo en asuntos controversiales que involucraron a contribuyentes quejosas personas morales (puras sociedades mercantiles -an�nimas de capital variable- y una c�mara industrial) y no a contribuyentes personas f�sicas, el Pleno reiter� las jurisprudencias antes transcritas, al sustentar su diversa n�mero 44 (que es m�s moderna y se encuentra consultable en las p�ginas 42 y 43 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n n�mero 25, correspondiente a enero de 1990), ratificando su criterio bajo el siguiente texto oficial: 'PROPORCIONALIDAD DE LAS CONTRIBUCIONES. DEBE DETERMINARSE ANALIZANDO LAS CARACTER�STICAS PARTICULARES DE CADA UNA. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver asuntos relativos al impuesto sobre la renta, ha establecido que el principio de proporcionalidad consiste en que cada causante contribuya a los gastos p�blicos en funci�n de su respectiva capacidad econ�mica, aportando una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos, y a�ade que eseobjetivo se cumple fijando tasas progresivas. Sin embargo, trat�ndose de tributos distintos del impuesto sobre la renta, no puede regir el mismo criterio para establecer su proporcionalidad, pues este principio debe determinarse analizando la naturaleza y caracter�sticas especiales de cada tributo.'. B. Es importante destacar que las transcritas jurisprudencias son, todas, obligatorias para la J. de Distrito recurrida, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 192 de la Ley de Amparo, y que resultan exactamente aplicables al negocio que nos ocupa. C. Expuesto lo anterior y una vez que con claridad establecimos el criterio firme de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que es operante en la materia a que se contrae la litis constitucional planteada en la presente demanda, debido a que Porcelanite, S.A. de C.V. estima que todos los razonamientos jurisprudenciales aludidos y transcritos son estrictamente apegados a derecho, t�cnicamente correctos, justos, concluyentes, sostenibles en sus propios t�rminos y espec�ficamente aplicables en este caso, los asume, haci�ndolos suyos de manera integral y en v�a de conceptos de violaci�n, para todos los efectos legales a que haya lugar, debiendo tenerse por reproducidos, como si a la letra se insertaran en lo sucesivo. Como el reclamado art�culo 10 de la LISR reitera y estipula una tasa fija y no una tarifa progresiva para calcular el ISR oponible a las sociedades contribuyentes que obtienen ingresos derivados del desahogo de actividades empresariales o mercantiles, viola la garant�a constitucional de proporcionalidad tributaria en la medida en que ostensiblemente transgrede las jurisprudencias plenarias aplicables que la han interpretado y caracterizado con toda precisi�n, al abordar su an�lisis bajo la perspectiva concreta del indicado impuesto. La fundamental causa de la desproporcionalidad del precepto reclamado consiste en que toda vez que a no dudarlo en la actualidad, las sociedades mercantiles y dem�s empresas personas morales contribuyentes del ISR son sujetos definitivos y finales, esto es, terminales, del mismo, la tasa fija, que dicho numeral 10 dispone, no consigue que las referidas personas morales contribuyentes que obtienen m�s elevados recursos y/o utilidades, cubran un ISR mayor, en calidad y en cantidad, que las que menos obtienen ni que �stas paguen uno menor, en calidad y cantidad, que aquellas otras, ello no obstante que la gravaci�n diferencial que es producto de tasas progresivas -indispensables para la constitucionalidad de todo impuesto directo, personal y al ingreso, que grava la riqueza din�mica y en formaci�n- constituye el alma de la garant�a individual en comentario, porque propende a generar un mayor sacrificio tributario cualitativo, y no s�lo cuantitativo, para los contribuyentes que disponen de mayor capacidad econ�mico-contributiva para sostener los gastos y la cosa p�blica, respecto de los que tienen una menor, sosteni�ndose que es de justicia que la disminuci�n y sacrificio patrimoniales inherentes al acto de contribuci�n, v�a desprendimiento patrimonial deben ser m�s acentuados en calidad para las capacidades m�s altas que para las m�s bajas porque adem�s de que por raz�n natural de las cosas, las primeras son las que, en s� mismas consideradas, m�s pueden aportar, tambi�n son las que obteniendo m�s riqueza, m�s se han beneficiado de la cosa p�blica a sostener, que las segundas. As�, en trat�ndose del ISR aplicable a los contribuyentes personas morales que generan ingresos por el desahogo de actividades mercantiles o empresariales, la tasa respetuosa de la Constituci�n, es aquella que constituida de acuerdo a una estructura tarifaria progresiva, consigue mayores recursos fiscales, cualitativa y cuantitativamente hablando, a mayores niveles de ingresos y/o de utilidades obtenidos, y no la que cualitativa y cuantitativamente produce los mismos, seg�n una relaci�n fija y aritm�ticamente inamovible que no se modifique de conformidad con la variaci�n del monto de los ingresos base, siendo el caso que la norma reclamada estatuye una tasa que no resulta acorde con lo �ltimamente planteado. Adem�s, debe tenerse en cuenta que la violaci�n constitucional expuesta resulta mucho m�s ostensible cuando, en t�rminos de su estructura, sistema y tipo de tasa, se compara la norma reclamada con la que constituy� el art�culo 13 de la LISR, en vigor hasta el 31 de diciembre de 1986, y con el diverso 13-bis de la misma, en vigor hasta el 31 de diciembre de 1988, porque �stos previeron, siendo conformes con la Constituci�n y con la jurisprudencia, aut�nticas tarifas con tasas progresivas y gravaron diferencialmente a los contribuyentes que son sociedades o personas morales realizantes de actividades mercantiles o empresariales, en t�rminos de una relaci�n matem�tica m�sque proporcional, formal y materialmente hablando, vinculada estrecha y esencialmente a la capacidad contributiva de unas y otras revelada para efectos del ISR en t�rminos de los vol�menes de ingresos mayores o menores que tuvieran y consecuentemente de las mayores o menores utilidades que lograran. As� las cosas, en raz�n de los argumentos que han sido brevemente expuestos y en debida aplicaci�n de las jurisprudencias transcritas que integralmente los sostienen y perfeccionan, ha lugar a la concesi�n del amparo y protecci�n de la Justicia Federal en favor de Porcelanite, S.A. de C.V., respecto del numeral reclamado. A la misma conclusi�n se�alada arrib� ya el honorable Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al fallar, con fecha 4 de noviembre de 1992 y por mayor�a de once votos, en el sentido de concederle el amparo contra el art�culo 10 de la LISR, el amparo en revisi�n A.R. 2058/91 promovido por URO, S.C., y al sentenciar en el mismo sentido, pero ahora por mayor�a de trece votos con fechas 7 y 19 de enero de 1993 a Porcelanite, S.A. de C.V., conviniendo destacar que, a prop�sito de la causa de esta quejosa el Pleno razon� diciendo '... el J. de Distrito en forma correcta estim� que el art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es inconstitucional al ser desproporcional la tasa fija del 35% que establece dicho precepto, pues si bien el numeral 31, fracci�n IV, constitucional no exige la tarifa progresiva a fin de cumplir con el requisito de proporcionalidad tributaria sino que el cumplimiento de este requisito debe determinarse analizando la naturaleza y caracter�sticas especiales de cada contribuci�n, lo cierto es que es criterio firme de la Suprema Corte que trat�ndose del impuesto sobre la renta el principio de proporcionalidad debe cumplirse por medio de tasas progresivas puesto que se trata de un impuesto que grava la utilidad fiscal de los contribuyentes y por lo tanto la tasa fija no logra que cada uno de ellos contribuya al gasto p�blico en funci�n de su respectiva capacidad contributiva.'. Ahora bien, como dicho art�culo 10 es esencial para determinar el ISR de la quejosa y de todas las sociedades contribuyentes que son como ella, porque establece no s�lo el elemento esencial del tributo denominado tasa, sino tambi�n los diversos denominados base y forma y �poca de pago y porque adem�s indisolublemente estructura el sistema de interacci�n de todos esos elementos, seg�n el cual el primero (la tasa) se aplica y aplicar� sobre el segundo (la base que consisten el 'resultado fiscal' producto de la diversa interacci�n particular entre otros, de los art�culos 1o., 7o., 7o. A, 7o. B, 15, 17, 22, 24, 25, 55, 57-A a 57-P de la LISR), al ser integralmente inconstitucional la norma estatuidora de dicho sistema, de acuerdo con su estructura tambi�n lo es, integralmente, el ISR impugnado. No ocurrir�a as� y tal tributo resultar�a v�lidamente oponible a la quejosa en otras condiciones (debiendo entenderse esta �ltima expresi�n argumental bajo la perspectiva de la peculiar situaci�n de Porcelanite, S.A. de C.V., que ha sido brevemente descrita en los antecedentes y en el primer concepto de violaci�n), si el art�culo 10 impugnado estatuyera una tarifa progresiva y con ella, mantuviera el mismo sistema estructural de interacci�n de los diversos elementos esenciales del ISR que prev�. En tal virtud, resulta no s�lo apropiado y conteste, sino t�cnicamente indispensable que al declararse la concesi�n del amparo y protecci�n de la Justicia Federal a la quejosa en contra del art�culo 10 de la LISR que reclama, dicha concesi�n se haga extensiva a todos los dem�s numerales del mismo ordenamiento que con �l �ntimamente se vinculan porque lo integran transcrito a su texto o bien a �l expresamente se remiten de manera indubitable y sustancial, en tanto que ellos tambi�n y por la descrita causa de fondo se reclaman en la especie. D. No obstante lo hasta aqu� argumentado, la quejosa estima que es conveniente producir los siguientes silogismos impugnativos a mayor abundamiento: a) La quejosa se encuentra convencida de que el reclamado art�culo 10 de la LISR es, todo �l inconstitucional porque de acuerdo con su estructura, esto es, con el sistema seg�n el cual est� integrado como un todo, sus partes interact�an de manera indisoluble y es el caso que de forma preponderante y condicionante de las dem�s, en su primera secci�n la norma reitera y establece, como elemento esencial del ISR una tasa �nica, fija y m�xima ahora del 34% la que es indispensable para determinar el ISR -su quantum- generado por los contribuyentes sociedades mercantiles, esto es, empresas personas morales como la quejosa de ingresos derivados del desahogo de actividades empresariales o mercantiles; b) Es un hecho que, como ya se afirm�, dicha tasa univalente no provoca en los causantes de mayores ingresos y/o utilidades un impacto contributivo distinto al que sufren los de menores ingresos y/o utilidades, no obstante que lo contrario es lo que corresponde conseguir habida cuenta del tributo de que se trata, por un elemento fiscal esencial de su naturaleza; c) Es tambi�n un hecho que la indicada falta de impacto fiscal distintivo, no s�lo en cantidad sino en lo tocante a un mayor sacrificio tributario, reflejado cualitativamente en la disminuci�n patrimonial que proceda con proporci�n a los ingresos y/o utilidades obtenidos por unos y otros contribuyentes, es determinante para juzgar y declarar la desproporcionalidad del precepto reclamado porque en ese diferencial cualitativo radica de acuerdo con los principios de justicia fiscal distributiva claramente identificados por la jurisprudencia de la Suprema Corte que es aplicable, la m�dula de la garant�a de proporcionalidad a que se contrae la fracci�n IV del art�culo 31 constitucional. En efecto, basta leer las tesis transcritas para asegurarse de lo fundado del previo argumento, ya que seg�n lo que ense�a el Pleno, la indicada garant�a o principio constitucional se respeta cuando el impuesto sobre la renta atiende a la capacidad contributiva de los sujetos causantes y esto medularmente se logra cuando la tasa del indicado tributo es progresiva lo que s�lo se consigue si se establece como tarifa. En efecto, resulta indispensable una estructura tarifaria y progresiva de la tasa del impuesto sobre la renta para gravar los ingresos y/o las utilidades de las empresas sociedades mercantiles, esto es, personas morales, pues s�lo mediante ella se consigue que cubran un impuesto mayor en calidad y no s�lo en cantidad los contribuyentes de m�s elevados recursos y capacidad econ�mico-contributiva y uno menor, tanto en calidad como en cantidad, los de menores recursos y posibilidades para contribuir al sostenimiento de los gastos p�blicos. Lo anterior no obstante, es el caso que la norma reclamada reiter� una tasa �nica, fija, m�xima y de inamovilidad progresiva menor en un punto porcentual a la que desde el 1o. de enero de 1987 existe, manteniendo con ello la inadecuada situaci�n jur�dica seg�n la cual, aunque dicho elemento impositivo esencial formalmente opere en relaci�n de igualdad proporcional aritm�tico-mat�matica sobre las bases de los distintos contribuyentes a los que se les aplique, independientemente de los montos de �stas, ni material ni sustancialmente operar� con arreglo a la esencia de la garant�a constitucional de proporcionalidad tributaria porque �sta exige tanto la progresividad proporcional como la cuantitativa, y no la igualdad proporcional en relaci�n con los montos de las bases a las que la tasa debe aplicarse. Dicho de otra manera, el caso es que la tasa de esencia unicista que se ha reiterado en la norma reclamada, produce una incidencia formal y cuantitativa igual que proporcional (aritm�ticamente hablando) en el patrimonio de los contribuyentes por ella afectados sea cual fuere el volumen de sus ingresos, y por ello resulta material y cualitativamente regresiva en vez de ser material y cualitativamente progresiva como enseguida se demuestra. En efecto, dada la naturaleza del tributo (impuesto personal, directo y al ingreso) la no progresividad de la tasa del ISR necesariamente desatiende la capacidad econ�mico-contributiva de los causantes gravados lo cual es constitucionalmente inadmisible desde la perspectiva definida por la jurisprudencia firme y vigente del Pleno de la Suprema Corte que se ha expedido en la materia. As�, cualitativamente hablando la tasa fija que se combate afecta, de hecho y de derecho m�s que proporcionalmente a los contribuyentes sociedades de menores recursos y menos que proporcionalmente a los contribuyentes sociedades de mayores ingresos. Siguiendo la l�nea de la jurisprudencia aplicable, l�gicamente resulta que tanto las tasas del ISR formalmente fijas -que son las matem�ticamente iguales que proporcionales a mayores y menores niveles de ingresos y/o utilidades- como las formalmente regresivas -que son las matem�ticamente menos que proporcionales a mayores niveles de ingresos y/o utilidades- son materialmente inconstitucionales por desproporcionadas cabiendo s�lo la procedencia de las progresivas -que son las matem�ticamente m�s que proporcionales a mayores niveles de ingresos y/o utilidades. Para ejemplificar, resulta f�cil advertir que en cantidad, pero sobre todo en calidad de sacrificio econ�mico contributivo cubrir�n un impuesto materialmente m�s que proporcionalmente mayor las personas morales contribuyentes que tengan un resultado fiscal o base gravable de N$5,000.00 (Cinco mil nuevos pesos, M.N.), que las que tengan una base de N$100,000.00 (Cien mil nuevos pesos, M.N.) o de N$1'000.000.00 (Un mill�n de nuevos pesos, M.N.) y que las que acumulen una de N$10'000.000.00 (Diez millones de nuevos pesos, M.N.). En efecto, de la segunda a la �ltima, las subsecuentes cubrir�n un impuesto menos que proporcionalmente mayor y m�s f�cilmente enterable al fisco que el que han de cubrir las precedentes, bajo la perspectiva del esfuerzo contributivo que es necesario realizar para desprenderse de lo que, seg�n los diferentes estratos de recursos disponibles, para las mayores podr� resultar superfluo o conveniente, mientras que para las menores ser� necesario e incluso indispensable. En efecto, mientras que para una sociedad mercantil de bajo nivel de ingreso y/o utilidad, el pagar 34% de ella a t�tulo de ISR puede significar no s�lo la no consolidaci�n de su situaci�n y el no crecimiento de su negocio, sino la no satisfacci�n de sus meros gastos normales de operaci�n e incluso la ruina, bajo las condiciones econ�micas y de entorno tan dif�ciles y adversas como las que en la actualidad todos estamos enfrentando -que invoco como hecho notorio, en t�rminos del art�culo 88 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria- el pagar dicha al�cuota por parte de una sociedad mercantil de mediano, de alto o de muy alto nivel de ingresos y/o utilidades, no ser� tan significativo ni las impactar� de igual manera que a las respectivamente menores a ellas, pues si para las m�s poderosas el pago de tal proporci�n tributaria ha de significar tan s�lo ganar menos o no crecer tanto, para las menos fuertes que son extremadamente sensibles a las tasas marginales de utilidad y de rendimiento de sus recursos operativos, el egreso de la misma proporci�n impositiva representar� a lo mejor dejar de subsistir. Del ejemplo descrito se advierte que la garant�a de proporcionalidad tributaria no opera en un impuesto como el de la renta, con estricto apego a las reglas matem�ticas ni aritm�ticas r�gidas sino a un entorno de justicia mucho m�s omnicomprensivo, porque tal contribuci�n atiende al proceso din�mico de creaci�n de riqueza, ya que lo que en justicia la Suprema Corte sostiene es que el sistema fiscal mexicano persigue y debe perseguir que quien m�s riqueza din�mica genere, porque as� se lo permita y favorezca la cosa p�blica de M�xico, se responsabilice contributivamente en mayor medida y calidad de la propia cosa p�blica que tanto le d� a ganar en comparaci�n con aquellos que menos fortuna logren o que incluso la pierdan, a prop�sito de la propia cosa p�blica, ya que las capacidades inherentes son obviamente distintas. Por las descritas razones, la norma reclamada es inconstitucional; d) En su oportunidad dijimos que la inconstitucionalidad del precepto reclamado se advierte ostensiblemente cuando �ste se contrasta con lo dispuesto por la norma que, a partir de 1987, fue por �l derogado dentro del t�tulo II de la LISR. Pues bien, como circunstancia de hecho cuya consideraci�n es relevante para juzgar de manera adecuada nuestros planteamientos impugnativos de fondo, debe tenerse presente que a partir del 1o. de enero de 1987 y abandonando su criterio sustentado durante por lo menos veintid�s a�os -contados a partir del 1o. de enero de 1965- y mediante los art�culos 34 y 45 de la LISR de 30 de diciembre de 1964, en vigor desde el 1o. de enero de 1965 y hasta el 31 de diciembre de 1980, 13 de la LISR de 31 de diciembre de 1980, en vigor a partir del 1o. de enero de 1981 y hasta el 31 de diciembre de 1986, y 13-bis de la propia ley en vigor a partir del 1o. de enero de 1987 y hasta el 31 de diciembre de 1988, todos los cuales establecieron tarifas progresivas para gravar los ingresos y las utilidades de los contribuyentes personas morales que desahogaran actividades mercantiles o empresariales, el Congreso de la Uni�n decidi� introducir a la Ley del Impuesto sobre la Renta dentro del entonces novedoso y actual t�tulo II de la misma, un totalmente reformado art�culo 10, en el cual se determinaron y definieron algunos de los elementos esenciales del impuesto (tasa, base, forma y �poca de su pago) siendo el caso que uno de los cambios sustanciales introducidos a la ley con la nueva norma, consisti� en el establecimiento de una tasa fija y �nica del 35% para gravar los ingresos percibidos por los contribuyentes personas morales que desahogaran actividades mercantiles o empresariales a diferencia de lo que dispuso la ley en su art�culo 13 vigente hasta el 31 de diciembre de 1986 (el cual se convirti� en 13-bis a partir del 1o. de enero de 1987 y subsisti� hasta el 31 de diciembre de 1988 en que fue derogado). Contra la descrita reforma, Porcelanite, S.A. de C.V. accion� en v�a constitucional defensiva y gan� el amparo, seg�n se relata en los antecedentes. Pues bien, ahora a partir del 1o. de enero de 1994, sin variar el sistema estructuralmente establecido por el art�culo 10 que se reclama y mediante una reforma meramente formal, el Congreso de la Uni�n redujo la cuant�a de la tasa fija que ha mantenido en vigor durante siete a�os, en tan s�lo un punto porcentual del 35% al 34% permaneciendo as� en la situaci�n de violaci�n constitucional que, desde 1988, la quejosa denunci� y combati� con �xito. El Congreso actu� como se indica en lugar de abandonar su previa posici�n, por respeto a la jurisprudencia de la Suprema Corte, y de introducir una reforma estructural, esto es, de fondo de acuerdo con la cual debi� haber establecido de nuevo una tasa con estructura tarifaria progresiva para gravar a las empresas personas morales que desahogan actividades mercantiles y obtienen ingresos por hacerlo. Dicho restablecimiento era no s�lo deseable sino debido, para que el sistema operara, con porcentajes actualizados a la realidad presente, desde luego al igual que el que tradicionalmente vino observando la LISR hasta el 31 de diciembre de 1986 dentro de su t�tulo II y hasta el fin de 1988 dentro de su extinto t�tulo VII (dentro del cual y mediante su art�culo 13-bis contempl� una tarifa con tasas progresivas, aplicable a empresas no personas f�sicas, con las que se gravaba m�s que proporcionalmente a los causantes de mayor capacidad econ�mica y contributiva y menos que proporcionalmente a los causantes de menor capacidad econ�mica y contributiva, medidas estas, ambas, en funci�n de los vol�menes de ingresos percibidos y de utilidades generadas). En virtud de lo expuesto debe sernos concedido el amparo y protecci�n de la Justicia Federal que se demanda. II. Ahora bien, de ninguna manera resultan desvirtuados nuestros argumentos impugnativos por los que las autoridades fiscales suelen oponer para defender la por ellas pretendida constitucionalidad del art�culo 10 que se reclama tal y como en adelante se demuestra. Primer argumento autoritario justificativo. 'Que a diferencia de lo que acontece con las personas f�sicas, la tarifa progresiva no es necesaria para gravar a las empresas personas morales porque en M�xico impera el sistema de la transparencia fiscal', de acuerdo con el cual las empresas son estructuras jur�dicas utilizadas por las personas f�sicas para hacer negocios de manera que las ganancias 'siempre tendr�n como destino final los bolsillos de los socios o accionistas', por lo que tales empresas son entes intermedios y nunca sujetos finales o terminales del ISR, por lo que no ameritan ser gravados con una tarifa progresiva, de suerte que al grav�rseles a una tasa fija m�xima cuando generan sus ingresos y las relativas ganancias y �stas se encuentran en su poder como personas jur�dicas que son, ello s�lo importa un 'pago temporal o transitorio o provisional o a cuenta' del impuesto definitivo que habr� de pagarse definitivamente por las personas f�sicas, quienes al recibirlas acumular�n dichas ganancias a sus dem�s ingresos del ejercicio y entonces ser�n gravadas con tarifas progresivas como sujetos finales del ISR. Por otro lado, ese impuesto 'transitoria y no definitivamente' pagado a nivel de la empresa persona moral se recuperar� despu�s por la persona f�sica, cuando reciba los dividendos o ganancias repartidas y acumule estos ingresos a todos los dem�s que perciba en el ejercicio de que se trate, porque adem�s de que entonces a �sta se le gravar� definitivamente con una tarifa progresiva, la persona moral 'recuperar� el impuesto que transitoriamente pag�' y 'quedar� totalmente desgravada' y 'transparente'. As�, en funci�n de tal supuesta 'transparencia fiscal' como si en los t�rminos descritos alguna vez hubiera existido en nuestro derecho positivo mexicano, han solido las autoridades tributarias defender la constitucionalidad de la tasa fija del ISR oponible a las empresas personas morales. Respuesta impugnativa: nada de lo anterior es exacto. Absolutamente todas las proposiciones referidas son dogm�ticas e irreales. La realidad de nuestro derecho positivo es totalmente diferente. 1. La posici�n contestada desconoce toda la teor�a jur�dica que reconoci�ndoles personalidad distinta e independiente de la de sus miembros y respet�ndoles todos los atributos relativos se ha elaborado por la doctrina las leyes y la jurisprudencia a nivel mundial respecto de las personas morales, jur�dicas o incorporadas. M�xico no se sustrae de esa corriente, muy por el contrario, tanto la doctrina nacional como la reiterada jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n y de los m�s variados Tribunales Colegiados de Circuito la sostienen. Adem�s, las m�s recientes reformas fiscales (1991, 1992 y 1994) sufridas espec�ficamente por la LISR en materia del r�gimen fiscal de dividendos y reparto de ganancias distribuibles, se animan en ella, porque ahora sin lugar a duda alguna el sujeto del impuesto sobre quien �ste incide y quien directa y definitivamente tiene que pagarlo, lo es la sociedad o empresa persona moral que genera ingresos empresariales y en su momento resulta distribuidora de la ganancia de que se trate, siendo el objeto del impuesto el dividendo o la ganancia distribuible por ella egresada. Ya no es sujeto gravado por el ISR derivado de los ingresos y utilidades de la sociedad a que pertenece el accionista o socio persona f�sica perceptora de las ganancias ni es objeto gravable el dividendo que recibe ni la ganancia distribuida que se le entrega. La posici�n contestada pasa por alto que para todo efecto, frente al derecho, incluso frente alfiscal, las 'morales jur�dicas o incorporadas' son personas al igual que las f�sicas que cuentan con personalidad jur�dica propia y que disfrutan y disponen de todos sus atributos, a saber: nombre, denominaci�no raz�n social; domicilio, patrimonio e imputabilidad tributaria definitiva y terminal del ISR. Ello les corresponde en s� mismas consideradas, con independencia por completo de las personas f�sicas que en �ltima instancia las hayan incorporado y las mantengan integradas, a las que desde luego pueden trascender y supervivir, como consecuencia de que com�nmente adquieren una entidad y existencia institucional. Nota: Cabe aclarar que en lo sucesivo y para efectos pr�cticos de nuestra exposici�n al invocar los t�rminos 'empresa', 'persona moral', 'empresa persona moral', 'sociedad', 'contribuyente sociedad' y 'persona jur�dica o incorporada', ellos equivaldr�n a persona moral o jur�dica o incorporada, contribuyente del ISR, gravada por percibir ingresos derivados del desahogo de actividades empresariales o mercantiles as� identificadas en t�rminos de la LISR, con objeto de distinguirlas de cualquier persona f�sica. 2. La proposici�n toral del planteamiento contestado es falsa. En M�xico no 'impera' el sistema de la 'transparencia fiscal', y nunca ha imperado. Es m�s, en la �poca de los hechos, 1994, no existe. Las personas morales son en cambio, entes fiscales no s�lo 'opacos', sino totalmente 'oscuros' o 'negros'. a) El sistema de transparencia fiscal no impera ni ha imperado en M�xico, porque adem�s de que no ha sido permanente, cuando existi� nunca fue �nico, sino alternativo, ni integral sino parcial, ni obligatorio, sino opcional. Para que algo o alguien 'impere' es necesario, seg�n el Diccionario de la Real Academia, que 'mande', que 'domine', lo que se logra s�lo cuando es ineludible, inexcusable, obligatorio e insalvable cumplir con ello o con �l y no hacer las cosas de otra manera. Bajo este tenor, resulta un hecho f�cilmente comprobable con la lectura y el estudio de nuestra legislaci�n positiva, el consistente en la absoluta 'no imperancia o imperatividad' de la transparencia fiscal en M�xico; b) La historia de los sistemas de gravaci�n de las ganancias distribuidas y distribuibles (entre las que se ubican primordialmente los dividendos) por parte de personas morales -empresas b�sicamente- a otras personas, morales y f�sicas, que sean sus socias o accionistas que han existido en M�xico, es resumidamente, �sta: b.1. Ley 'D.C.' de 20 de julio de 1921. Ni previ� la existencia de esas ganancias ni las grav�. b.2. LISR de 27 de febrero de 1924 ('Ley de 1924'). No grav� las utilidades distribuidas ni las distribuibles por las sociedades. b.3. LISR del 18 de marzo de 1925 ('Ley de 1925'). Tampoco grav� los dividendos o utilidades distribuidos ni los distribuibles por las sociedades. b.4. LISR del 31 de diciembre de 1941 ('Ley de 1941'). Inicialmente no grav� tales utilidades o dividendos distribuidos ni los distribuibles, sin embargo, a partir del 20 de enero de 1943 grav� las utilidades que se distribuyeran (tasa del 8%), no as� las susceptibles de distribuirse. S�lo a partir del 12 de marzo de 1945 se consideraron gravables las ganancias distribuibles o distribuidas por toda clase de sociedades mexicanas (tasa del 8%). La gravaci�n pes� sobre los sujetos que percibieran tales ingresos distribuibles y distribuidos adicionalmente a la que se hubiera dado sobre las utilidades de la sociedad distribuidora. La reforma de 1945 sufri�, a partir del 1o. de enero de 1951, algunas aclaraciones sobre la determinaci�n de la base y tambi�n la tasa se increment� al 10%. b.5. LISR del 31 de diciembre de 1953 ('Ley de 1954'). Esta ley, cedular, contempl� y grav� con algunas excepciones y cambios importantes dados a lo largo de su vigencia a las utilidades o dividendos distribuidos y distribuibles por sociedades, a cargo de los perceptores seg�n el articulado de su capitulo III, de la 'C�dula VI. I.�n de capitales', habi�ndose incrementado la tasa al 15%. Destaca la reforma de 28 de diciembre de 1961 en vigor desde el 1o. de enero de 1962, porque todo lo relativo a la gravaci�n de las ganancias distribuidas o susceptibles de distribuirse, se concret� en una nueva 'C�dula VII. Ganancias distribuibles'. b.6. LISR del 30 de diciembre de 1964 ('Ley de 1964'). b.6.1. Esta ley, ya no cedular, cambi� por primera vez al sistema de r�gimen global de ingresos gravables. Respecto de la gravaci�n de las utilidades, ganancias o dividendos distribuidos o distribuibles por las empresas sociedades, a lo largo de su vigencia la ley sufri� m�ltiples cambios y adecuaciones. Inicialmente, no fueron acumulables los dividendos distribuidos por una empresa si se percib�an por otra que operara en el pa�s. El impuesto sobre 'ganancias distribuidas' fue a cargo de las personas f�sicas perceptores del dividendo a quienes se grav� con una tarifa progresiva que oscil� entre el 15% y el 20% y era pagadero v�a retenci�n. A partir del 1o. de enero de 1966 se exentaron para las personas f�sicas los ingresos de dividendos que se reinvirtieran dentro de los 30 d�as siguientes a su percepci�n. A partir del 1o. de enero de 1968 se inici� la gravaci�n de los dividendos percibidos por las empresas sociedades, habi�ndose producido varias adecuaciones en 1969 y 1971. A partir del 1o. de enero de 1972 se introduce por primera vez el concepto de 'dividendos fictos' gravables. Las empresas pagaban el ISR sobre su utilidad gravable; adem�s, eran sujetos del impuesto sobre dividendos sus perceptores aunque exist�a responsabilidad solidaria por su entero a cargo de las sociedades distribuidoras, quienes en algunos casos ten�an que retener. Se produjeron algunos ajustes en 1973 y 1976. b.6.2. Reforma de 1979. Por su importancia para los efectos del asunto que nos ocupa destaco en este apartado la reforma sufrida por la 'Ley de 1964', seg�n decreto del 29 de diciembre de 1978 en vigor a partir del 1o. de enero de 1979. �sta es trascendente porque tanto la LISR como otros ordenamientos fiscales especiales sufrieron cambios de enorme consideraci�n. La tasa m�xima del ISR para personas f�sicas subi� del 50% al 55% y en materia del r�gimen fiscal aplicable a los dividendos o utilidades que distribuyeran las empresas se cre� un nuevo mecanismo, opcional, denominado 'de integraci�n o de transparencia fiscal'. Este sistema de 'transparencia' que era opcional, no obligatorio, se regulaba por los art�culos 81 a 84 de la ley dentro de cuyo cap�tulo relativo (Cap�tulo VII. de los ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas por las empresas) se conten�an dos reg�menes. A este respecto la exposici�n de motivos se�al� lo siguiente: '... el primero de ellos mantiene el tratamiento actual (a 1978); el segundo es el de integraci�n que tiene por prop�sito evitar la doble tributaci�n pagando impuesto por las mismas utilidades, la empresa y la persona f�sica. El r�gimen de integraci�n es optativo salvo en los siguientes casos: 1. Dividendos provenientes del extranjero y pagados al extranjero. 2. Dividendos generales en ejercicios anteriores al de 1979. 3. Dividendos provenientes de acciones al portador salvo que se trate de acciones con bursatilidad. La opci�n de integraci�n es personal de cada contribuyente y en su caso deber� ejercerse por todos los dividendos decretados por la empresa en un a�o de calendario. La opci�n puede ejercerse en relaci�n con una empresa sin que sea obligatorio hacerlo con los dem�s. Quienes opten por el sistema de integraci�n acumular�n a su ganancia la parte proporcional del impuesto pagado por la empresa y acreditar�n este mismo impuesto en su declaraci�n final. Para determinar el impuesto acreditable se separar� de la ganancia decretada la parte proporcional de ingresos no acumulables puesto que por estos �ltimos la empresa no pag� impuesto. Se except�a de esta regla a los dividendos provenientes de otras empresas cuando en la otra empresa pagaron al 42%. Una vez hecha esta separaci�n se considerar� una parte como ingreso acumulable sin tener derecho al impuesto acreditable y la otra parte como ingreso acumulable con impuesto acreditable. A la parte de la ganancia en donde se mantiene el derecho al impuesto acreditable se le aplicar� el por ciento que corresponda a la tasa de impuesto que cause la empresa, conforme a la tabla que contiene la iniciativa. A quienes opten por el sistema de integraci�n no se les efectuar� la retenci�n del 21% y la empresa les proporcionar� una constancia en donde se indique con todo detalle la cantidad que deben acumular y el impuesto que pueden acreditar.'. Los numerales reformados especificaron lo indicado. De su lectura y an�lisis se advierte, de entrada, que este sistema opcional no implic� cambio alguno en lo que respecta a la tributaci�n de la empresa, sino solamente a nivel de la persona f�sica; adem�s, de inmediato se advierte que la transparencia no fue absoluta porque nunca fue posible a la persona f�sica contar con el acreditamiento integral del ISR pagado por la empresa distribuidora del dividendo respecto de la ganancia distribuible que lo constituy�. En cambio, el sistema permit�a �nicamente a la persona f�sica acreditar y s�lo en determinados casos, de ninguna manera en todos, parte del impuesto, no todo, que hab�a pagado la empresa de la que era accionista bajo la condici�n de acumular tanto el monto del dividendo recibido como el importe del impuesto acreditable a sus dem�s ingresos gravables. Como se ve, a este sistema se asemeja el de 'transparencia' al que se han referido las autoridades fiscales al defender causas constitucionales semejantes a la presente pero a primera vista se advierten tres diferencias radicales entre la realidad positiva y lo postulado por ellas que consisten, primero en que el r�gimen fue opcional no obligatorio, segundo en que nunca la persona f�sica acredit� en su totalidad el impuesto pagado por la empresa persona moral por lo que el sistema de acreditamiento no fue integral sino parcial y sustancialmente condicionado y, finalmente, en que la empresa no recuperaba -nunca recuperaba- ning�n peso ni centavo del impuesto que hab�a pagado como consecuencia de que su socio o accionista persona f�sica realizara el acreditamiento. Las anteriores conclusiones se alcanzan f�cilmente si se observa la mec�nica del indicado sistema de integraci�n o de transparencia fiscal opcional que consisti� en lo siguiente: I) Los dividendos por los que se eligiera la opci�n de acumular se agregar�an a los dem�s ingresos en el a�o en que dichos dividendos fuesen decretados independientemente de que fuesen cobrados o no; II) En caso de ejercitar la opci�n, la empresa pagadora del dividendo no efectuar�a la retenci�n del gravamen siempre y cuando el accionista le diera aviso de que iba a ejercer tal opci�n; III) En el caso de que no se ejerciera o no se pudiera ejercer la opci�n, los dividendos causar�an el impuesto a la tasa del 21% teniendo obligaci�n la empresa pagadora, de retener el impuesto; IV) El impuesto pagado por la empresa y acreditable para el accionista, tambi�n se consideraba como un ingreso acumulable; V) El acreditamiento del impuesto pagado por la empresa que podr�a acreditar el accionista se determinaba de la siguiente manera: a) Se obten�a la tasa real del ISR causado por la empresa, relativa a las utilidades decretadas, de acuerdo al a�o en el que se generaron (es decir, que se divid�a el monto del impuesto causado entre la utilidad gravable); b) La ganancia decretada se multiplicaba por el factor que le correspond�a de acuerdo con la tabla que establec�a la ley, obteni�ndose de esta forma el impuesto acreditable (en el caso de empresas que ten�an la tasa m�xima de impuesto del 42%, el factor de acreditamiento era s�lo del 77%. Si la tasa del impuesto sobre la renta era inferior al 42%, el factor de acreditamiento se iba reduciendo en funci�n de la tasa del impuesto causado por la empresa); c) Al impuesto acreditable obtenido conforme al inciso anterior se le sumaba el dividendo decretado obteni�ndose as� el monto del ingreso acumulable. El sistema opcional de transparencia fiscal oper�, en t�rminos de la LISR de 1964, durante 1979 y 1980. b.7. LISR de 31 de diciembre de 1980 ('Ley de 1981' o actual). b.7.1. En t�rminos generales, el tratamiento fiscal aplicable a los dividendos y utilidades distribuidas no sufri� ning�n cambio de importancia en el t�tulo de personas f�sicas durante 1981 y 1982, debido b�sicamente a que apenas en 1979 dentro de la ley anterior se hab�a reestructurado totalmente dicho t�tulo. Esto quiere decir que durante 1981 y 1982 subsisti� el r�gimen de 'transparencia fiscal' ya brevemente explicado, pero solamente durante esos dos a�os. b.7.2. Reforma de 1983. Por su importancia para los efectos del caso que nos ocupa destaco en este apartado la important�sima reforma sufrida a partir del 1o. de enero de 1983, al r�gimen fiscal de los dividendos o utilidades distribuidas por las empresas. En 1983 desapareci� la 'transparencia fiscal' de que hab�amos venido hablando. En efecto, la 'transparencia fiscal' que hab�a existido s�lo opcionalmente durante 4 a�os, se sustituy� por un sistema obligatorio y radicalmente distinto que se conoci� como de 'deducibilidad y acumulabilidad de dividendos' en funci�n del cual los ingresos percibidos a t�tulo de dividendos o de ganancias distribuidas por las empresas, eran acumulables para el perceptor y deducibles para la empresa distribuidora. Con este nuevo sistema muri� el r�gimen de transparencia fiscal err�neamente preconizado como 'imperante' por algunas autoridades fiscales responsables en juicios similares al presente. En funci�n de su mec�nica la persona f�sica acumulaba integralmente los ingresos percibidos a t�tulo de dividendos a sus dem�s ingresos del ejercicio, determinaba su base gravable y tributaba sujeto a una tarifa progresiva con tasa m�xima del 55%. Por su parte, la empresa pagadora del dividendo deduc�a el egreso correspondiente, determinaba su base gravable y tributaba sujeta a una tarifa progresiva con tasa m�xima del 42%. El r�gimen fue obligatorio de manera tal que, de plano, ni la persona f�sica pod�a considerar como acreditable el ISR que ya hubiera pagado la empresa de la cual era socia o accionista aunque fuese s�lo una parte, ni cab�a la posibilidad de que la empresa recuperara ni un solo peso de tal impuesto pagado. Este nuevo sistema result� t�cnicamente muy complicado y deficiente; caus� severos agravios jur�dicos y financieros tanto a las empresas como a los socios y accionistas de todo tipo pero principalmente a las personas f�sicas. En su virtud, se produc�a la retenci�n sobre los dividendos pagados a los accionistas personas f�sicas a la tasa del 55%, por regla general que se ten�a como pago provisional a cuenta del impuesto anual que normalmente resultaba menor. Los dividendos eran deducibles para la empresa pero el socio o accionista que ten�a que acumularlos no pod�a reconocer el impuesto pagado por aqu�lla a su respecto. Dicho reconocimiento s�lo era factible mediante el procedimiento conocido como 'desdoblamiento de utilidades' que siempre fue objetado e incluso perseguido por las autoridades fiscales tanto oficiosa como contenciosa y penalmente, inclusive. De esta suerte, resulta obvio que no existi� transparencia fiscal alguna sobre todo al estilo propugnado por las antes referidas autoridades fiscales responsables. b.7.3. Reforma de diciembre de 1984. Fueron tan delicadas las consecuencias negativas del r�gimen de deducibilidad-acumulabilidad de dividendos operante en la forma en que hab�a sido implantado que el Congreso de la Uni�n aprob� en diciembre de 1984, una reforma masiva a la ley que, debido a su extraordinaria complejidad en t�rminos de los art�culos transitorios relativos disfrutar�a de una vacatio legis de un a�o y entrar�a en vigor el 1o. de enero de 1986. Esta reforma se conoci� como la del 'acreditamiento del impuesto de dividendos' y consisti� en proponer, bajo una sistem�tica complicad�sima y materialmente extenuante, el retorno, pero ahora obligatorio, al r�gimen de transparencia fiscal que en los apartados b.6.2. y b.7. refer�. �Qu� se pretend�a? Que el fisco reconociera y que la persona f�sica aprovechara, finalmente mediante el acreditamiento respectivo el impuesto que hubiera pagado la empresa respecto de las utilidades que motivaran la distribuci�n de dividendos, de suerte que se tratara a la persona f�sica como a un verdadero contribuyente final. Pues bien, dadas sus caracter�sticas t�cnico-mec�nicas y su insostenibilidad jur�dica, la indicada reforma nunca entr� en vigor, pues fue derogada dentro del proceso de reformas sufrido por la ley en diciembre de 1985, lo que a la postre signific� la subsistencia hasta diciembre de 1988 del r�gimen de deducci�n de dividendos, que a lo largo de su operancia sufri� variados ajustes sin cambiar en lo esencial. As� las cosas, entre 1983 y 1988 comprendi�ndose la �poca en que el actual t�tulo II de la LISR, con su art�culo 10 reclamado en la especie, fue instaurado -1987-, no existi� 'transparencia fiscal' en M�xico. Conviene destacar que aun cuando algunos sugieren que el r�gimen de deducci�n y acumulaci�n de dividendos lo fue de integraci�n e incluso lo refieren como de transparencia fiscal obligatoria, ciertamente no fue as�, ni t�cnica ni realmente, ni desde el punto de vista jur�dico, ni desde el econ�mico, ni del financiero, ni del contable, pues en la pr�ctica origin� muy graves distorsiones en esos campos, que s�lo perjudicaban a las empresas pagadoras y a sus socios o accionistas y beneficiaban al fisco, pero adem�s, si alguien acepta denominarlo como 'r�gimen de transparencia', definitivamente no est� aludiendo al r�gimen de 'transparencia fiscal' al que se han referido las autoridades fiscales para justificar la existencia de la combatida tasa fija y su aplicaci�n al resultado fiscal de cualquier empresa sociedad mercantil, esto es, persona moral que es hipot�tico y ut�pico. Debo insistir, porque esto es de la mayor importancia para el asunto en que las autoridades s�lo han hecho planteamientos de gabinete que en ninguna medida corresponden a la realidad a la que dicen referirse y para corroborar este aserto, basta consultar la legislaci�n fiscal federal mexicana que como derecho positivo estuvo vigente en los a�os previamente indicados. b.7.4. Reforma de 1989. A partir de 1989, despu�s de 5 a�os de subsistencia del r�gimen de deducci�n acumulaci�n de dividendos, en materia de gravaci�n de utilidades distribuidas por las empresas, se produjo otro cambio sustancial del sistema fiscal operante. En efecto, a partir del 1o. de enero de 1989, los dividendos distribuidos o distribuibles dejaron de ser deducibles para la empresa distribuidora y acumulables para la persona f�sica perceptora de manera que los dividendos que provinieran de la 'cufin' (cuenta de utilidad fiscal neta) de la empresa distribuidora pagar�an impuesto sobre la renta a cargo de la persona f�sica perceptora a la tasa del 10% mientras que los que �stas percibieran sin provenir de la 'cufin' lo pagar�an a la tasa del 40%. La 'cufin' es una cuenta que debe llevarse por las empresas para efectos fiscales, donde se calculan las utilidades generadas y repartibles por las que ya dichas empresas -como la quejosa- pagaron impuesto sobre la renta. El nuevo sistema fue obligatorio, de suerte que tampoco bajo su �gida existi� 'transparencia fiscal' alguna. Estuvo vigente en sus t�rminos con alguna adecuaci�n en el segundo a�o durante 1989 y 1990. b.7.5. Reforma de 1991. A partir del 1o. de enero de 1991 la ley sufri� una reforma trascendental (en su art�culo 123, fracci�n II y dem�s relativos) que es important�sima en la materia y a�n m�s definitiva en la eliminaci�n de cualquier especie de transparencia fiscal que cualquiera de las antes rese�adas, porque despu�s de 40 a�os de gravaci�n, v�a impuesto sobre la renta, de losdividendos o utilidades distribuidas o distribuibles por las empresas a las personas f�sicas estableci�ndose el impuesto a cargo de �stas, por ser las perceptoras del ingreso relativo, el legislador determin� el cambio de sujeto pasivo dentro de la relaci�n tributaria, as� como de objeto del impuesto estableciendo que ahora, desde el 1o. de enero de 1991, el sujeto generador del ISR y �nico obligado a su pago en definitiva lo es la empresa distribuidora del dividendo y ya no la persona f�sica perceptora del mismo, porque lo que ahora se grava es el egreso del dividendo y no su ingreso. Bajo este novedoso sistema, si durante 1991 el dividendo se distribu�a proviniendo de la 'cufin' de la empresa, la persona f�sica 'se lo llevaba libre', es decir, no lo acumulaba y pod�a disponer �ntegramente de su monto, mientras que la empresa que lo distribu�a tampoco enteraba ya mayor cantidad de impuesto a su respecto, porque ya lo hab�a cubierto. Lo anterior significa, ni m�s ni menos, que desde 1991 y a�n ahora, en 1994 todo el ISR es a cargo de las empresas sociedades mercantiles o personas morales como la quejosa, absolutamente por todos sus ingresos y utilidades. Ahora bien, si durante 1991 el dividendo no proven�a de la 'cufin' de la empresa distribuidora, la persona f�sica tambi�n 'se lo llevaba libre' pero la empresa pagaba un impuesto sobre la renta, potenciado a una tasa total real del 54% del monto del dividendo distribuido porque deb�a en 1991 aplicar la tasa fija y �nica del 35% del ISR sobre una base piramidada consistente en la cantidad que resultara de multiplicar el monto del dividendo distribuido o empresarialmente cubierto por el factor del 1.54. Lo anterior significa que, ya sin ning�n asomo de duda, las empresas personas morales son contribuyentes finales, terminales y definitivos del ISR -m�s que como de hecho y de derecho siempre lo hab�an venido siendo- y, por lo tanto, totalmente 'opacos' y, m�s bien dicho 'negros', en lugar de 'transparentes'. b.7.6. Reforma de 1992. El descrito sistema establecido en t�rminos de la reforma de 1991 prevaleci� durante 1992 y 1993, pero ahora en t�rminos de lo dispuesto por el, a partir del 1o. de enero de 1992, totalmente reformado art�culo 10-A de la ley y no ya del diverso numeral 123, fracci�n II, modificado para 1991. No obstante, debe destacarse que desde 1992 el sistema fue endurecido al m�ximo porque en t�rminos de lo dispuesto por los novedosos art�culos 112-A, 112-B, 112-C y 112-D y dem�s relativos de la LISR al igual que las empresas personas morales, las personas f�sicas que desahogan actividades empresariales tienen que calcular una cuenta de capital de aportaci�n actualizado (equivalente a la cuenta de capital de aportaci�n de las empresas personas morales) y una cuenta de utilidad fiscal empresarial neta ('cufen', equivalente a la 'cufin' de las empresas personas morales), registran y manejan sus ingresos derivados de la actividad empresarial por separado de los dem�s que perciban en el ejercicio a los que ya no pueden acumularlos y por aqu�llos pagan ISR a la tasa fija, �nica y m�xima del 35% habiendo quedado imposibilitados de aplicar la tarifa progresiva del art�culo 141 de la ley. Pero esto no es todo porque si la persona f�sica empresaria retira un peso que no provenga de su 'cufen', por �l genera ISR y tiene que pagarlo a la tasa real del 54% resultante de aplicar la fija del 35% a una base piramidada que surge de aplicarle al monto de utilidad retirado el factor del 1.54. As� las cosas y aunque parezca incre�ble, a partir de 1992 la LISR trata de manera exactamente igual a los empresarios personas morales y personas f�sicas, a quienes ya priv�, como a la quejosa, de tarifa progresiva para tributar en materia del ISR, no obstante que ambos son sujetos terminales del tributo. b.7.7. Reforma de 1994. En realidad no la hay, materialmente hablando no hay ninguna. Actualmente prevalece en sus t�rminos, el sistema indicado en el apartado precedente, s�lo que la tasa fija del ISR es del 34% y ya no del 35% y el factor de piramidaci�n es del 1.515. en vez de ser del 1.54. b.8. As� las cosas es totalmente inexacto que en M�xico 'haya imperado' o m�s a�n 'que impere' el sistema de 'transparencia fiscal' y como corolario natural de la extensa exposici�n anal�tica que hemos realizado para fortalecer nuestros conceptos de violaci�n y destruir la posici�n de las autoridades fiscales legislativa y administrativas, resulta que en la actualidad ni remotamente existe u opera r�gimen alguno de 'transparencia fiscal' en M�xico, porque ahora el sujeto del impuesto sobre la renta lo es, desde todos los �ngulos y bajo todas las perspectivas, la empresa persona moral. En efecto, dicha especie de contribuyente es sujeto terminal del ISR derivado de todos sus ingresos y utilidades provenientes del desahogo de sus actividades mercantiles y del ISR derivado de cualquier especie de dividendos o ganancias por ellas distribuibles y distribuidas. Son las empresas personas morales, como la quejosa, quienes pagan el tributo y no ya la persona f�sica, lo que quiere decir que el ISR siempre se queda, ya definitiva e indiscutiblemente, a nivel de la persona moral, jur�dica o incorporada, quien, en lugar de ser'transparente', ahora es totalmente 'oscura', 'opaca' o m�s bien, 'negra', seg�n como coloquialmente quiera caracteriz�rsele, porque padece de manera integral y definitiva, la incidencia absoluta, esto es, el impacto total del indicado tributo. De lo anterior se sigue que bajo ninguna hip�tesis resulta adecuado ni razonable pretender que legal o constitucionalmente se justifica la existencia de una tasa fija del ISR para gravar a las empresas personas morales, en lugar de una tarifa progresiva, en tanto que la capacidad contributiva de todas y cada una de las empresas personas morales contribuyentes es definible, definida, definitiva y muy distinta de las dem�s, seg�n las propias y peculiares caracter�sticas de cada cual, lo que no s�lo amerita el tratamiento tasatorio diferencial que, en justicia, la jurisprudencia de la Suprema Corte estipula como apropiado y necesario sino que lo hace indispensable. Segundo argumento autoritario justificativo: 'Todas las ganancias de las empresas sociedades mercantiles o personas morales que realicen actividades empresariales tienen, como destino final e ineludible, los bolsillos de las personas f�sicas que son sus socias o accionistas, quienes al percibirlas las acumular�n a sus dem�s ingresos y ser�n gravadas con una tarifa progresiva.'. Adem�s, a virtud de la 'transparencia fiscal' imperante, la persona f�sica acredita la totalidad del impuesto pagado por la empresa respecto de los dividendos que �sta le distribuye y a su vez, cuando as� obra la persona f�sica, la empresa 'recupera' integralmente el impuesto que pag� y queda 'desgravada', esto es, 'transparente'. Respuesta impugnativa: Todo lo dicho es mera ficci�n, utop�a e hip�tesis, nada de eso es real. Para decirlo en t�rminos pedestres o populares, adem�s de que, seg�n lo visto, nunca en M�xico ha 'imperado' la mencionada 'transparencia fiscal' cuando existi� el sistema correspondiente siempre fue 'turbio', temporal, opcional y eminent�simamente parcial, razones por las cuales, aunque ofrec�a ciertos aparentes beneficios hipot�ticos para las personas f�sicas socias o accionistas de empresas sociedades, en la pr�ctica result� materialmente in�til y poco o nunca usado. A prop�sito de esta aseveraci�n, existen numerosos textos escritos para analizar el r�gimen en comentario, los cuales dan testimonio de lo que aqu� argumento y los pondr� a disposici�n de su Se�or�a en el momento procesal oportuno. Ahora bien, la descrita postura autoritaria tendr�a raz�n s�lo por cuanto que las ganancias de las empresas personas morales tendr�an como �nico destino final los bolsillos de sus socios o accionistas personas f�sicas, si las bases contable y fiscal que las empresas sociedades mercantiles utilizan para determinar lo que realmente ganaron para efectos civiles y mercantiles en cada ejercicio social, y lo que ganaron para efectos fiscales coincidiera o hubieran alguna vez coincidido, esto es, equivalido o resultado iguales. Sin embargo es un hecho p�blico notorio y t�cnicamente inobjetable, tanto jur�dica como contable y financieramente, que tales bases jam�s han sido iguales, que en la actualidad no coinciden y que nunca han coincidido y probablemente nunca coincidir�n. Es m�s, ante la desesperaci�n de los contribuyentes y resignaci�n de abogados y contadores, cada vez se separan mayormente, se divorcian y divergen en mayor proporci�n y medida, tanto conceptual como pr�cticamente. En estas condiciones permanentemente ha ocurrido, ocurre y ocurrir� que por una parte ni a nivel de ingresos coinciden las cifras contables -que servir�n para determinar, civil y mercantilmente, adem�s de econ�mica y financieramente qu� ganancias o qu� p�rdidas habr�n de recibir o de resarcir los socios o accionistas propietarios o poseedores de acciones y partes sociales de las empresas- con las que fiscalmente deben considerarse para efectos de pagar ISR y as� compartir la riqueza generada por la sociedad empresa con el Estado, o bien para no pagarlo -aunque el impuesto al activo, tan injusto como es, opera si se incurre en p�rdida-. La diferencia entre los ingresos reales, que son computables para efectos contables y los ingresos acumulables que son computables para efectos fiscales se origina entre otras causas por los llamados 'ingresos inflacionarios' entre los que se cuenta la 'ganancia inflacionaria' que materialmente, desde el punto de vista jur�dico es irreal, ficticia e inexistente. En efecto, ni jur�dica ni contable ni financieramente puede la empresa repartir ni un solo peso a sus accionistas que se tome de la supuesta 'ganancia inflacionaria' la cual, seg�n la LISR, 'habr� percibido' porque tal supuesto ingreso no existe, no hay tal, no significa ni un solo centavo real, con ella no se puede abrir una cuenta bancaria ni mantenerla, ni comprar el m�s barato chicle que haya en el mercado. Sin embargo, para el fisco ocurre que una empresa altamente endeudada con saldos bancarios en rojo, es 'riqu�sima' inflacionariamente hablando por lo que debe computar 'ingresos' para efectos fiscales que la conducir�n a tener que erogar pesos reales para pagar un ISR artificiosamente inflado, no obstante que dichos 'ingresos', que en la realidad no existen, por lo mismo no son repartibles entre los accionistas, porque de hecho no hay tal 'riqueza' contable ni financiera. Con mayor raz�n, si a nivel de ingresos jam�s concuerdan las bases contable y fiscal, siendo �sta usualmente la mayor, a nivel de base-resultado de la operaci�n del ejercicio social son todav�a, m�s diferentes y disparejas,. �por qu�?, simple y sencillamente entre otras causas, por los conceptos no deducibles que siempre han existido entre los que destacan como t�picos (a) el propio impuesto sobre la renta a cargo del causante de que se trata; (b) la participaci�n de utilidades a los trabajadores de la empresa, totalmente hasta 1990 y parcialmente despu�s y (c) todos los gastos reales afectos a no deducibilidad por vicios formales de comprobaci�n. En efecto, contablemente hablando, los gastos no deducibles que s� se erogan por la empresa porque son necesarios para su funcionamiento mercantil real, esto es, para el desahogo de su giro, en su misma medida reducen la ganancia contable que podr� repartirse a los accionistas porque en la cuant�a en que el patrimonio social disminuye con tales erogaciones es obvio que �ste no permitir� pagar a los socios lo que no tenga incorporado a su haber. Nada (sic) da lo que no tiene. Sin embargo, no obstante que esa es la realidad econ�mica 'verdadera' de la empresa y aunque tales gastos se hayan erogado, disminuyendo el patrimonio social, al ser no deducibles por vicios formales de comprobaci�n de su realizaci�n o egreso no pueden reducir la base tributaria que constituye -siendo ficticia por supuesto y siempre mayor que la real- la 'ganancia' fiscalmente considerable como obtenida en la operaci�n empresarial, respecto de la que el Estado desea participar fiscalmente para compartir la riqueza generada por el ente particular. Entonces, es sobre esta base, normalmente inflada y no coincidente con la realidad contable que se aplica la tasa fija, �nica y m�xima que se reclama -que no la tarifa progresiva- y resulta el ISR a tributar de manera inconstitucional e injusta porque no existe un mayor sacrificio cualitativo ni cuantitativo a cargo de las sociedades que realmente m�s ganan respecto de las que menos obtienen. Pues bien, en la medida en que la ganancia contable o real, repartible tanto jur�dica cuanto contable, financiera, f�sica y efectivamente entre las personas f�sicas que sean socios, accionistas y propietarios o poseedores de acciones y partes sociales de las empresas sociedades, es siempre inferior a la ganancia determinada exclusivamente y bajo un criterio eminentemente recaudador para efectos fiscales permanentemente, desde 1987, existe un pago de ISR definitivo en la empresa sociedad, calculado a la tasa fija, �nica y m�xima existente en la actualidad, que jam�s se repercutir� a las personas f�sicas las que no podr�n aprovecharlo por ninguna v�a de acreditamiento, sino que la carga se asume, �nica y exclusivamente por las empresas sociedades. Planteo este argumento a sus Se�or�as porque en la actualidad no cabe duda alguna de que, desde 1991, las empresas sociedades son legalmente los sujetos definitivos, finales, directos, terminales y por dem�s 'oscuros' del ISR generado por los ingresos que producen sus actividades. Como se ve, es falso que las utilidades generadas por las empresas sociedades a consecuencia de sus operaciones, tengan siempre como destino final el bolsillo de sus socios o accionistas personas f�sicas, porque en m�ltiples ocasiones tales ganancias y recursos han encontrado, encuentran y encontrar�n, como final e ineludible destino, s�lo la bolsa del fisco ni m�s ni menos y no del socio o accionista indicados. Desde otro punto de vista, resulta tambi�n que jam�s ha existido la autoritariamente invocada 'transparencia fiscal' porque nunca existi� alguna mec�nica que permitiera a las empresas sociedades 'recuperar' el impuesto que hubieran 'temporalmente' pagado por sus ingresos y/o utilidades, al momento o por el hecho de que la persona f�sica perceptora del dividendo, acreditara alguna parte de �l. Nunca fue posible dicha recuperaci�n ni jur�dica ni financieramente hablando, y menos a�n fue posible de manera integral, esto es, al 100% del tributo ya enterado por ella. En cambio, la supuesta 'recuperaci�n' tributaria indicada, la 'desgravaci�n' de la empresa persona moral y su remanencia como 'ente transparente' al final del proceso, s�lo han sido factibles en el papel y �nicamente han quedado materializadas en la tinta impresa en los informes justificados de las autoridades responsables, nunca en la realidad. As� las cosas, respetuosamente estimamos que en justicia y conforme a la t�cnica jur�dica debe confirmarse la concesi�n del amparo contra la norma reclamada porque es inconstitucional. 3. Por �ltimo, resulta indispensable destacar que la inferior adujo como argumento sustancial, esto es, toral de su sentencia, el que se expone en el p�rrafo final del cuarto considerando de la misma, legible en su p�gina 5 frente, en el sentido de que tal y como ella razon� y declar� la verdad legal de fondo en el fallo, lo hizo, en su oportunidad, el honorable tribunal ad quem del presente conocimiento, respecto de lo cual ninguna idea ni objeci�n se plante� en ninguno de los informes justificados -como tampoco se combati� en el recurso de revisi�n interpuesto por el procurador F. de la Federaci�n el 12 de septiembre de 1994- no obstante que un argumento en tal sentido se hizo valer claramente por la quejosa dentro de su demanda inicial de amparo. As� las cosas, basta esta sola circunstancia para confirmar el sentido amparatorio del fallo recurrido, en la medida en que debe prevalecer el referido razonamiento como uno de los sustentos torales del fallo, toda vez que ha permanecido autoritariamente intacto a lo largo de todas las fases del procedimiento, siendo aplicables a favor de la quejosa las jurisprudencias plenarias 104 y 105 que son consultables a p�ginas 175 a 177 de la Segunda P., Volumen I, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, bajo el siguiente texto oficial: 'AGRAVIOS EN LA REVISI�N. DEBEN ATACAR TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Cuando son varias las consideraciones que sustentan la sentencia impugnada y en los agravios s�lo se combaten algunas de ellas, los mismos resultan ineficaces para conducir a su revocaci�n o modificaci�n, tomando en cuenta que, para ese efecto, deben destruirse todos los argumentos del J. de Distrito.'. 'AGRAVIOS EN LA REVISI�N. DEBEN ESTAR EN RELACI�N DIRECTA CON LOS FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA. Los agravios deben estar en relaci�n directa e inmediata con los fundamentos contenidos en la sentencia que se recurre, y forzosamente deben contener, no s�lo la cita de las disposiciones legales que se estimen infringidas y su concepto, sino tambi�n la concordancia entre aqu�llas, �ste y las consideraciones que fundamenten esa propia sentencia, pues de adoptar lo contrario, resultar�a la introducci�n de nuevas cuestiones en la revisi�n, que no constituyen su materia, toda vez que �sta se limita al estudio integral del fallo que se combate, con vista de los motivos de inconformidad que plantean los recurrentes'.

SEXTO

Sostiene la autoridad responsable en su primer agravio, que la J. de Distrito viol� lo dispuesto por los art�culos 77 y 78 de la Ley de Amparo, al no resolver debidamente sobre las causales de improcedencia que se le propusieron en el informe justificado, en el sentido de que la quejosa carece de inter�s jur�dico para reclamar el art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el sistema de transparencia fiscal instrumentado en dicho ordenamiento tributario, por no encontrarse colocada en la hip�tesis prevista en ese precepto, ni tampoco haberse producido el primer acto de aplicaci�n del mismo.

Explica la recurrente que el inter�s jur�dico del quejoso no se actualiza con el pago provisional del gravamen, como inexactamente afirma la J. al atender al momento de causaci�n del tributo, porque la norma reclamada no se refiere a enteros provisionales, sino al c�lculo anual del impuesto y al procedimiento para su pago a la conclusi�n del ejercicio, de modo que mientras este evento no se produzca, el contribuyente no se halla en aptitud de reclamar aqu�lla y, por ende, se actualizan las hip�tesis del art�culo 73, fracciones V y VI, de la Ley de Amparo.

Resulta infundado este agravio, toda vez que, como acertadamente lo se�al� la a quo, el primer pago provisional efectuado por concepto del impuesto sobre la renta correspondiente al a�o de mil novecientos noventa y cuatro constituy�, sin duda, el acto de aplicaci�n que coloc� a la quejosa en aptitud de reclamar no s�lo las normas de la ley respectiva que espec�ficamente regulan dicho entero, sino todas las reglas legales que componen el sistema de causaci�n y pago del gravamen en lo que sean aplicable a la categor�a de contribuyentes a la que aqu�lla pertenezca, seg�n ha precisado este alto tribunal en la tesis publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n n�mero 67, p�gina 23, que dice:

AMPARO CONTRA LEYES. LA APLICACI�N A LA PARTE QUEJOSA DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEMUESTRA SU INTER�S JUR�DICO PARA RECLAMAR LOS QUE LE HAN SIDO APLICADOS, AS� COMO AQUELLOS QUE REGULAN EL SISTEMA ESPEC�FICO DENTRO DEL QUE SE UBICA. La aplicaci�n a la parte quejosa de determinados preceptos de la ley cuya inconstitucionalidad reclama en el juicio de amparo, demuestra su inter�s jur�dico para combatir tales preceptos, as� como aquellosque, por la �ntima relaci�n que guardan sus disposiciones, puedan resultarle aplicables como consecuencia, es decir, todos aquellos que regulen el sistema espec�fico dentro del que se ubique. Sin embargo, esto no significa que tenga, necesariamente, inter�s jur�dico para combatir todo el cuerpo legal que contiene los preceptos que le fueron aplicados, pues el mismo puede regular hip�tesis diversas, como podr�an ser impuestos diferentes o contribuyentes diversos que se rigen por otro sistema, o bien hip�tesis excluyentes entre s�, de manera tal que la aplicaci�n de determinados preceptos implique, precisamente, la imposibilidad de aplicaci�n de otros dispositivos del mismo ordenamiento legal.

En la especie, el criterio sostenido en la tesis es plenamente aplicable, considerando que desde el momento en que la quejosa efectu� el primer entero del impuesto a su cargo se someti� a todas las reglas que componen el sistema de causaci�n y pago del gravamen, entre las cuales se encuentran, precisamente, las del art�culo 10 del ordenamiento mencionado (que seg�n la autoridad consagran tambi�n el sistema de trasparencia fiscal), m�xime que las sumas entregadas como pago provisional son a cuenta del impuesto que llegue a resultar a su cargo conforme al procedimiento dispuesto en dicho precepto para el c�lculo del impuesto por todo el ejercicio.

Por las razones apuntadas, al no actualizarse las causales de improcedencia alegadas, debe declararse infundado el agravio en an�lisis y declararse igualmente que resulta innecesario ocuparse de los agravios que sobre el mismo tema de procedencia son aducidos por la quejosa en su recurso adhesivo, en relaci�n con el agravio de la autoridad, vista la ineficacia de este �ltimo.

S�PTIMO

En el segundo agravio arguye la autoridad recurrente, que la J. de Distrito infringi� lo dispuesto por los art�culos 77 y 192 de la Ley de Amparo, porque no acat� la tesis jurisprudencial obligatoria para todos los tribunales del pa�s que se invoc� en el informe justificado, conforme a la cual se declar� constitucional la tasa fija prevista en el art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Se�ala adem�s que el criterio sentado en la sentencia recurrida se apoya en una tesis jurisprudencial gen�rica sobre los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad, la cual s�lo es aplicable a las personas f�sicas, pero no a las personas morales para las cuales se prev� el sistema de transparencia fiscal, en cuyo supuesto aquellos principios no se logran necesariamente a trav�s del establecimiento de tarifas progresivas.

Resulta parcialmente fundado este agravio, seg�n se explica a continuaci�n:

Asiste raz�n a la autoridad cuando asevera que de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 192 de la Ley de Amparo, este �rgano plenario estableci� jurisprudencia de observancia obligatoria para todos los tribunales del pa�s, en el sentido de que la tasa fija prevista en el art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que en aquella �poca era del 35%, satisfac�a el principio constitucional de proporcionalidad, al fallar en la sesi�n del d�a diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y tres los amparos en revisi�n n�meros 181/88, promovido por L.M., Sociedad An�nima y coagraviados, resuelto por mayor�a de diecisiete votos en este tema; 911/88, promovido por Servicio y R.V., Sociedad An�nima de Capital Variable, resuelto por mayor�a de quince votos en el tema; 5793/90, promovido por H.C., Sociedad An�nima de Capital Variable y coagraviados, resuelto por mayor�a de catorce votos en el tema; 5892/90, promovido por S., Sociedad An�nima de Capital Variable y coagraviados, resuelto en la materia por mayor�a de quince votos; y 33/92, promovido por Industrial El�ctrica Filor, Sociedad An�nima, resuelto por mayor�a de quince votos.

En tales asuntos se asent� el siguiente criterio:

"Es cierto que este Tribunal en Pleno sustent� la tesis de jurisprudencia publicada a fojas trescientos setenta y uno y trescientos setenta y dos del informe de labores de este alto tribunal, correspondiente al a�o de mil novecientos ochenta y cinco, con el rubro: 'IMPUESTOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.', as� como que en dicha jurisprudencia se asienta que conforme al principio de proporcionalidad que establece el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal, los grav�menes deben fijarse de acuerdo con la capacidad econ�mica de los sujetos pasivos, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados, tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos, para luego concluir que el cumplimiento de ese principio se realiza a trav�s de tarifas progresivas, ya que mediante ellas se consigue que cubran un impuesto superior los contribuyentes de m�s elevados recursos y uno inferior los de menores ingresos, estableci�ndose, as�, una diferencia congruente entre los diversos niveles de ingresos. Es cierto, tambi�n, que dicha jurisprudencia se constituy� al resolver los amparos en revisi�n 2598/85, promovido por A.M.O.V.; 2980/85, promovido por J.�s Far�as Salcedo; 2982/85, promovido por R.P.�a A.; 4292/85, promovido por J.C.F.P. de Le�n y 4528/85, promovido por J.V.L., en los cuales se impugn� la Ley del Impuesto sobre la Renta en cuanto lo establece a cargo de las personas f�sicas; no siendo menos cierto que tal criterio jurisprudencial se sustent� atendiendo a la naturaleza y mec�nica de dicho tributo en particular, esto es, analizando las caracter�sticas propias del referido impuesto sobre la renta en cuanto afecta a personas f�sicas. Por otro lado, este Tribunal en Pleno, al analizar la constitucionalidad de otros impuestos y atendiendo igualmente a las caracter�sticas propias de cada tributo, as� como a la mec�nica de su causaci�n, ha considerado que son constitucionales aun cuando establecen tarifas proporcionales o fijas, porque se estim�, precisamente, que este tipo de tarifas no necesariamente generan desproporci�n en la tributaci�n, sino que tambi�n atienden proporcionalmente a la capacidad contributiva o econ�mica de los causantes. Ejemplo de estos criterios lo es la tesis de jurisprudencia P. 20/90, visible en las p�ginas de la 32 a la 34 de la Gaceta n�mero 35 del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: 'ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. EL ART�CULO 2o. DE LA LEY QUE ESTABLECE LA TASA FIJA DEL 2% NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. El art�culo 2o. de la ley que establece dicho tributo, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n de treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, que determina la tasa fija del dos por ciento para el c�lculo del monto del impuesto al activo de las empresas cumple con el requisito de proporcionalidad tributaria, toda vez que la capacidad contributiva de los causantes est� en relaci�n directa con sus activos. Al establecer este tributo, el legislador no tom� en cuenta la capacidad contributiva total, como acontece en el impuesto sobre la renta, sino el limitado objeto consistente en los activos del contribuyente, en m�rito de lo cual, la fijaci�n de una tasa �nica no viola el principio de proporcionalidad, ya que cada sujeto tributar� en proporci�n directa a su propia capacidad.'. Los criterios jurisprudenciales antes referidos conducen a concluir que para juzgar la constitucionalidad de un tributo, a la luz de los principios de proporcionalidad y equidad que consagra la fracci�n IV del art�culo 31 constitucional, debe atenderse a la naturaleza y mec�nica de causaci�n de cada impuesto, o sea, a sus caracter�sticas propias, debiendo agregarse que, en determinados casos, aun debe tambi�n atenderse a la finalidad de cada carga fiscal, para estar en posibilidad de determinar si la tarifa que establece atiende a la capacidad contributiva de los causantes, guardando proporci�n en la contribuci�n e, inclusive, si por el fin extrafiscal que persigue un tributo en especial desaliento de determinadas actividades, por ejemplo, se justifica constitucionalmente la tarifa establecida. (La jurisprudencia y la doctrina reconocen la existencia de al�cuotas progresivas ascendentes y descendentes, y aun la progresiva, entre otras). Estimar lo contrario, o sea, sostener criterios generales, r�gidos e inflexibles en cuanto a la constitucionalidad del sistema tarifario que debe utilizarse en la imposici�n, conducir�a a una injusticia tributaria, contraviniendo la finalidad perseguida por el Constituyente que no es otra sino la de que en el reparto de las cargas tributarias, cada quien aporte parte de su patrimonio de manera proporcional a las circunstancias econ�micas en que se encuentre, precisamente porque cada tributo tiene sus caracter�sticas propias y pesa sobre distintos grupos sociales o econ�micos. Consecuentemente, no por el hecho de que en la primera de las tesis de jurisprudencia citadas se haya sostenido que en trat�ndose del impuesto sobre la renta que afecta a personas f�sicas es la tarifa progresiva la que satisface el principio de proporcionalidad, deba considerarse que tal criterio es inaplicable necesariamente al impuesto sobre la renta en lo referente a personas morales, o que por simple extensi�n le es aplicable al analizar su constitucionalidad, porque de esa manera no se atender�a a las caracter�sticas propias del mencionado impuesto sobre la renta a las personas morales. En ese orden de ideas, para determinar si en el caso la tarifa del 35%, que establece el art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, viola o no los principios de proporcionalidad y equidad que tutela el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal, debe atenderse a la naturaleza y mec�nica de causaci�n de ese tributo en particular, en cuanto afecta a personas morales, o sea, que deben analizarse las caracter�sticas propias y particulares del impuesto sobre la renta, no considerando en lo general, esto es, en cuanto grava a personas f�sicas y a personas morales, sino �nicamente en cuanto a la mec�nica de causaci�n por parte de estas �ltimas. Ahora bien, sobre el particular cabe se�alar que con motivo de las reformas que se hicierona la Ley del Impuesto sobre la Renta, que entraron en vigor en el a�o de mil novecientos ochenta y siete, se modific� la mec�nica de dicho impuesto en cuanto tiene como sujetos pasivos a las personas morales, para buscar, mediante el principio de la transparencia fiscal, al sujeto definitivo del gravamen y, as�, lograr una mejor justicia tributaria. El referido principio de transparencia fiscal busca que en la tributaci�n se encuentre al sujeto pasivo real del gravamen, que es en quien debe recaer en definitiva el peso del tributo, evit�ndose as� que la carga tributaria gravite sobre sujetos pasivos aparentes, con el consiguiente beneficio para sujetos que, siendo en realidad quienes perciben el ingreso o la utilidad, logran eludir el impuesto mediante mecanismos que les permiten no aparecer en la estructura tributaria o aparecer con una posici�n econ�mica o capacidad contributiva no real. En otro aspecto, debe tenerse presente que en el derecho positivo mexicano se reconoce, incuestionablemente, a las sociedades mercantiles personalidad jur�dica y patrimonio propio, esto es, distintos de los de sus integrantes; empero, no debe perderse de vista que dichas estructuras jur�dicas son formas de organizaci�n de individuos para hacer negocios; de manera que aunque una sociedad est� formada por otras personas morales, �stas est�n integradas finalmente por personas f�sicas, que son las destinatarias reales y finales de las ganancias de la sociedad. Asimismo, debe precisarse que las personas f�sicas que realizan negocios a trav�s de la estructura mercantil lo hacen con distintos fines y por diversas razones, como pueden serlo aspectos de organizaci�n, de imagen comercial, de l�mites de responsabilidad, de permanencia del negocio, etc�tera, pero ello no significa que su prop�sito esencial no sea el de ser destinatarias finales y definitivas de las ganancias de la empresa. As� las cosas, es indudable que las utilidades que obtienen las sociedades mercantiles o personas morales permanecen en su patrimonio distinto del de sus accionistas o socios y que no es sino hasta que se hace la distribuci�n de los dividendos cuando esa utilidad ingresa al patrimonio de las personas f�sicas que la forman. Lo anterior significa que por un periodo determinado esas utilidades permanecen en el patrimonio de la persona moral y que es hasta que son distribuidas entre los accionistas o socios, ya en forma de dividendos o como reembolso al reducir su capital o entrar en liquidaci�n, cuando ingresan al patrimonio de las personas f�sicas. Por lo tanto, resulta claro que las personas morales, por tener utilidades que por un periodo determinado forman parte de su patrimonio, esto es, mientras no las distribuyen entre sus accionistas o socios, mantienen una capacidad contributiva determinada y, por ende, son sujetos pasivos del impuesto sobre la renta aspecto este que las legitima para impugnar actos que afecten ese patrimonio social; sin embargo, ello no significa que, como entes con personalidad y patrimonio propio, sean las destinatarias definitivas y finales de esas utilidades, sino que dichos destinatarios lo son, al final, del proceso econ�mico comercial, las personas f�sicas que las forman. En esa virtud, en aplicaci�n del principio de 'transparencia fiscal' y en busca de una debida distribuci�n de las cargas tributarias, lo cual conduce a una mejor justicia en la imposici�n, la Ley del Impuesto sobre la Renta establece un mecanismo que al mismo tiempo que evita que la recaudaci�n del Estado sea diferida o retardada, entorpeciendo la satisfacci�n inmediata de los reclamos sociales y, en general, del gasto p�blico, busca al sujeto pasivo real del impuesto. Para alcanzar esos fines, establece un mecanismo que le permite, de manera inmediata, obtener recursos gravando la utilidad de la empresa o sociedad mercantil, mientras esa utilidad permanece en su patrimonio; gravamen que se establece mediante la aplicaci�n de una tarifa fija (35%) que consigo trae facilidad en la determinaci�n y en el cumplimiento de la obligaci�n tributaria y que, por otro lado, permite al Estado la obtenci�n inmediata de recursos, para luego trasladar el peso de la carga fiscal al real y verdadero destinatario de las utilidades, como son los accionistas o socios, que son los que reciben en definitiva esas utilidades. El referido traslado del peso de la carga tributaria al destinatario real de las utilidades de la empresa se logra, dentro de la mec�nica establecida, autorizando a la sociedad distribuidora mercantil, o persona moral, a deducir la utilidad distributiva, con lo que �sta logra el desgravamiento y, entonces, el accionista o socio, persona f�sica, acumula a sus ingresos dicha utilidad para en seguida cubrir el impuesto sobre la renta correspondiente a personas f�sicas, aplic�ndose, ahora s�, la tarifa progresiva que al respecto establece la ley. En esas condiciones, es de concluirse que el impuesto sobre la renta que se establece a cargo de las sociedades mercantiles o personas morales, establecido mediante una tarifa fija o proporcional, es tan s�lo temporal o transitorio, ya que la definitividad del peso de la carga recae en las personas f�sicas que integran la empresa, las cuales cubren el impuesto mediante la aplicaci�n de una tarifa progresiva. Por lo tanto, atendiendo a la mec�nica del impuesto sobre la renta, sustentada en el principio de 'transparencia fiscal' y en la busca de una mejor y m�s justa distribuci�n de las cargas tributarias, sin menoscabar la recaudaci�n inmediata del Estado, resulta l�gico concluir que, lo que visto de manera aislada pudiera conducir a estimar que el establecimiento de una tarifa fija o proporcional (35%) en el impuesto sobre la renta respecto de personas morales no atiende proporcionalmente a la capacidad contributiva de dichos causantes, la visi�n o comprensi�n completa del sistema demuestra que no se infringen los principios de proporcionalidad y equidad, ya que la referida tarifa fija no pesa en definitiva en la persona moral, ni tampoco afecta al causante final y real de la utilidad, puesto que mientras la empresa queda desgravada de la carga tributaria al deducir la utilidad distribuida, el accionista o socio que recibe la utilidad, cubre el impuesto que le corresponde mediante la aplicaci�n de una tarifa progresiva, en la cual se atiende, precisa y cabalmente, a su capacidad contributiva, en cuanto grava diferencialmente sus ingresos, consigui�ndose un impacto diferente en el patrimonio del causante. En esas condiciones, como la tarifa fija o proporcional establecida en el art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al formar parte de toda la mec�nica de dicho impuesto, no genera desproporci�n en la carga tributaria, en tanto que la proporcionalidad y equidad campea en el impuesto, precisamente porque el fincamiento final del tributo se hace mediante la aplicaci�n de una tarifa progresiva, es de concluirse que, en el caso, no se viola, en perjuicio de la quejosa, el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal."

Sin embargo, el criterio jurisprudencial as� sostenido fue interrumpido por este mismo �rgano colegiado en la sesi�n del d�a nueve de mayo de mil novecientos noventa y seis, al fallar por mayor�a de siete votos el amparo en revisi�n 2810/89, promovido por C.C. y G., Sociedad An�nima, asunto en el cual se expresaron las razones por las cuales la actual integraci�n de esta Suprema Corte no comparte el criterio que se funda en el sistema de "transparencia fiscal" para estimar constitucional la tasa fija prevista para el impuesto sobre la renta a cargo de las personas morales, en los t�rminos siguientes:

"... es dif�cil aceptar que a trav�s del principio de la 'transparencia fiscal', se pueda -en todos los casos- identificar al sujeto definitivo del gravamen, logr�ndose as� una mejor justicia tributaria. Esto es as�, ya que si bien es cierto que el art�culo 22, fracci�n IX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 1987, estableci� que los contribuyentes (sociedades mercantiles) pod�an deducir de sus ingresos los dividendos o utilidades distribuidos en efectivo o en bienes en el ejercicio, incluyendo los dem�s conceptos que de conformidad con dicha ley se consideraban dividendos, tambi�n lo es que no se puede compartir dicha conclusi�n para todos los casos, pues basta se�alar que en determinados ejercicios las sociedades mercantiles no decretan dividendos. En otras palabras, si la pr�ctica y legislaci�n comerciales permiten que, por ejemplo, una sociedad mercantil, en vez de decretar reparto de dividendos, pueda v�lidamente capitalizar esas ganancias, viene a producirse como consecuencia, de un lado, que la sociedad contribuyente no se desprenda de dichas utilidades y, del otro, que tampoco los socios obtengan ingresos gravables por los cuales deban tributar a trav�s de tarifas progresivas. Por ello, se advierte que el p�rrafo que se comenta parte de un supuesto (empresas que decretan dividendos a los socios), que no siempre ocurre en la realidad empresarial y por tanto, debe ser rechazado como argumento central para resolver sobre la proporcionalidad del impuesto sobre la renta para las sociedades mercantiles.". Se asienta por otra parte, que: "... Respecto al p�rrafo precedente, cabe hacer las siguientes apreciaciones: en primer lugar, es err�neo asegurar que las sociedades mercantiles son siempre sujetos pasivos aparentes, toda vez que, como se ha acreditado en el comentario anterior, la sociedad mercantil, por ejemplo, al obtener una utilidad que no se distribuye entre los socios, es, respecto de dicha utilidad, un aut�ntico sujeto pasivo del impuesto sobre la renta. El tributo que paga es absorbido s�lo por ella, yaque es quien ha realizado el hecho imponible; es decir, es quien ha obtenido un nivel de rentas susceptible de tributar. Por otro lado, en el p�rrafo que se comenta aparecen un par de argumentos que tampoco pueden compartirse. El primero que puede decirse es una consecuencia l�gica de la aplicaci�n de la teor�a de la 'transparencia fiscal', consistente en considerar a la sociedad mercantil como s�lo un sujeto pasivo aparente. No se comparte tal argumento dado que la sociedad mercantil no es un sujeto pasivo aparente, sino un sujeto pasivo a t�tulo propio, ya que nuestro derecho fiscal distingue perfectamente a los contribuyentes personas f�sicas de los contribuyentes sociedades mercantiles, determin�ndoles a cada uno de ellos su propio r�gimen tributario. En efecto, trat�ndose del impuesto sobre la renta vigente en 1987, el art�culo 1o. de la ley que lo regulaba, establec�a expresamente que: 'Las personas f�sicas y las morales est�n obligadas al pago del impuesto ...' distingui�ndose as� a dos tipos de contribuyentes: sociedades mercantiles y personas f�sicas. Las sociedades mercantiles tributaban en los t�rminos del t�tulo lo. de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En dicho t�tulo, art�culo 10, se establec�a la obligaci�n de las sociedades mercantiles de calcular el impuesto sobre la renta aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio, la tasa del 35%. El resultado fiscal, en s�ntesis, se obten�a disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas. Asimismo, el art�culo 15 de la ley que se trata, establec�a para las sociedades mercantiles la obligaci�n de acumular la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en cr�dito o de cualquier tipo, que obtuvieran en el ejercicio. En cambio, el art�culo 22 de la citada ley establec�a el cat�logo de deducciones que pod�an efectuar los contribuyentes sociedades mercantiles. Por su cuenta, el art�culo 12 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establec�a con claridad el procedimiento y �poca de cumplimiento de los pagos provisionales a que estaban obligadas las sociedades mercantiles. De acuerdo a las normas sintetizadas anteriormente, resulta del todo evidente que el legislador estableci� un r�gimen fiscal espec�fico para las sociedades mercantiles, con su materia imponible, base gravable, tasa, �poca de pago y dem�s componentes del tributo. Lo mismo ocurr�a con las personas f�sicas, ya que la ley tributaria referida, en su t�tulo IV, art�culos 74 y 107, establec�a que las personas f�sicas estaban obligadas al pago del impuesto por la obtenci�n de ingresos en efectivo, en bienes, en cr�dito y en servicios, provenientes de la realizaci�n de actividades industriales y otras. En cambio, los art�culos 80 (salarios), 85 (honorarios), 90 (arrendamiento), etc�tera, establec�an el cat�logo de deducciones que pod�an efectuar los contribuyentes personas f�sicas. Como se ve, la Ley del Impuesto sobre la Renta determinaba con toda claridad el r�gimen fiscal para cada tipo de contribuyente, sociedades mercantiles o personas f�sicas, de manera que no es posible jur�dicamente establecer que las sociedades mercantiles son s�lo contribuyentes aparentes, ya que si as� fuera, la ley referida no hubiera establecido dos reg�menes fiscales distintos, sino s�lo el de las personas f�sicas. Adem�s de lo anterior, no debe olvidarse una figura trascendental en el derecho tributario, esto es la relativa a la obligaci�n tributaria. Esta �ltima es el molde jur�dico sobre el cual se constituye el tributo. Ante esto, el legislador se preocupa de establecer el sujeto y objeto de dicha obligaci�n, a efecto de que se pueda vincular a una persona respecto a una manifestaci�n de capacidad econ�mica, fijada en el hecho imponible, cuantificada en la base gravable y expresada monetariamente por la aplicaci�n de la tasa impositiva. As�, la obligaci�n tributaria conlleva a la aplicaci�n del tributo en cabeza de todo aquel sujeto que sea el sujeto pasivo, es decir, el titular del hecho imponible. En el caso, la Ley del Impuesto sobre la Renta, seg�n se ha dicho anteriormente, estableci� dos obligaciones tributarias distintas, es decir, la del impuesto sobre la renta de las sociedades mercantiles y la del impuesto sobre la renta de las personas f�sicas, de manera que se�alar que las personas morales s�lo son sujetos pasivos aparentes, es tanto como dejar sin efecto todo el r�gimen tributario que establec�a la Ley del Impuesto sobre la Renta para las sociedades mercantiles. Lo anterior producir�a, adem�s, las siguientes consecuencias:-a) No tendr�a sentido que la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su t�tulo II, estableciera todo el esquema de la obligaci�n tributaria de las sociedades mercantiles, es decir, el hecho imponible, la base gravable, la tasa, la �poca de pago, etc�tera, pues si finalmente no se causa y recauda un impuesto, de nada servir�a que la ley tratara como tributo a una figura que no lo es;-b) Bastar�a, entonces, que la Ley del Impuesto sobre la Renta s�lo tuviera las normas del t�tulo IV (personas f�sicas), dejando a la legislaci�n mercantil todo lo referente a la constituci�n y operaci�n de las sociedades mercantiles;-c) Por otro lado, se dejar�a de tomar en cuenta que los contribuyentes principales del impuesto sobre la renta, son precisamente las sociedades mercantiles;-d) Se omitir�a considerar tambi�n que las sociedades mercantiles est�n legitimadas para impugnar actos que, en el �mbito fiscal, afecten su esfera jur�dica de derechos subjetivos e intereses leg�timos lo que significa que son contribuyentes distintos a los socios o accionistas, quienes no pueden, con dicho car�cter, confundirse con la sociedad mercantil, al efecto de ejercer las acciones procesales que pertenecen s�lo a la persona moral. e) En otras palabras, el 'impuesto sobre la renta' de las sociedades mercantiles ya no ser�a una figura tributaria, sino -quiz�- una donaci�n al Fisco Federal. Se afirma, adem�s, en el criterio que se cuestiona lo siguiente:-'... No se comparte tal argumento ya que resulta muy aventurado asegurar que aunque una sociedad est� formada por otras personas morales, ser�n las personas f�sicas las destinatarias reales y finales de las ganancias de la sociedad. Si una sociedad tiene como accionistas a otras personas morales, habr�a que determinar, en primer lugar, si estas personas morales, a pesar de que recibieron utilidades de la sociedad de la que son accionistas, obtienen ganancias en el ejercicio, de manera que el supuesto tributo que, en teor�a, debiera ser pagado por los socios de la sociedad accionista, quedar�a s�lo en buenos deseos para la Hacienda P�blica. En segundo t�rmino, ser�a necesario que las personas morales accionistas, habiendo recibido utilidades, decidieran distribuirlas entre sus socios, pues de otra manera tampoco vendr�a a pagarse el impuesto sobre la renta. En tercer lugar, ser�a necesario que los socios de las sociedades accionistas no tengan en su propio r�gimen fiscal (por ejemplo, honorarios, arrendamiento, etc�tera.), deducciones superiores a sus ingresos (entre �stos, las utilidades recibidas), pues si esto fuera as�, el fisco tendr�a que ser muy paciente y esperar el siguiente ejercicio para ver si tiene mayor suerte recaudatoria. Las condiciones anteriores acreditan que s�lo se trata de una cuesti�n aleatoria el hecho de que, en la realidad empresarial, las personas f�sicas (o sociedades mercantiles accionistas), son las destinatarias reales y finales de las ganancias de la sociedad, siendo entonces la teor�a de la �transparencia fiscal� -por s� misma- totalmente inadecuada para declarar constitucional la tasa del 35% que establece el art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Otro razonamiento que sustenta el criterio que se analiza se hace consistir en lo siguiente:- ... Respecto al p�rrafo anterior, adem�s de serle aplicables las consideraciones expresadas anteriormente, debe ser rechazado de plano, toda vez que, como se ha demostrado, no en todos los casos se observa que las personas f�sicas accionistas son las destinatarias finales y definitivas de las ganancias de la empresa. Esto es as�, porque la pr�ctica mercantil no conlleva siempre a que una empresa obtenga utilidades en un ejercicio social, as� como tampoco a que las mismas sean distribuidas entre sus socios, de manera que el supuesto de que parte el criterio que se analiza es posible, pero no aplicable a todos los casos que se observan en la pr�ctica corporativa. En el criterio que se analiza se sigue diciendo lo siguiente:- ... Por lo que toca a los p�rrafos precedentes, hay que advertir que, en efecto, si las utilidades permanecen en el patrimonio de la persona moral, �sta tendr� que pagar el impuesto sobre la renta por las ganancias obtenidas, lo que acredita que este impuesto es propio de las sociedades mercantiles que obtienen utilidades. Cosa distinta es que �stas, posteriormente, se distribuyan entre los accionistas, hip�tesis en la cual �stos tendr�an que acumularlos a sus otros ingresos y estar a las resultas de su nivel de rentas para que pueda conocerse si tienen o no que cubrir un eventual impuesto sobre la renta. Por ello, los p�rrafos que se comentan acreditan la existencia de dos impuestos sobre la renta totalmente independientes: el impuesto sobre la renta para las sociedades mercantiles y el impuesto sobre la renta para las personas f�sicas. Por otra parte, en el criterio que se analiza se sostiene que:- ... Los argumentos que se contienen en los tres p�rrafos precedentes quedan desvirtuados con las consideraciones expresadas con anterioridad, adem�s de que en dichos argumentos no se cita el fundamento que permita establecer que en todos los casos la sociedad mercantil puede deducir la utilidad distributiva desgrav�ndose as� la propia sociedad por el traslado de la carga tributaria a los socios o accionistas. Por otra parte, no se puede asegurar que los socios 'acumulan a sus ingresos dicha utilidad para enseguida cubrir el impuesto sobre la renta correspondiente a las personas f�sicas, aplic�ndose, ahora s�, la tarifa progresiva que al efecto establece la ley', pues seg�n se ha dicho, esa circunstancia es posible mas no obligada en la pr�ctica mercantil. Corrobora lo anterior, la circunstancia de que en la actual Ley del Impuesto sobre la Renta se derog� la fracci�n IX del art�culo 22 que establec�a la posibilidad de efectuar la deducci�n de que se habla. Finalmente, para sostener el criterio anterior se afirma lo siguiente:-... Los p�rrafos anteriores abordan en forma conclusiva las consideraciones de los apartados anteriores, remiti�ndonos por ello a las consideraciones expresadas l�neas arriba. Sin embargo, debemos advertir que es contradictorio se�alar, de un lado, que la tasa proporcional establecida en el art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, forme parte de toda la mec�nica de dicho impuesto y, del otro, que la proporcionalidad y equidad campea en el impuesto, precisamente porque el fincamiento final del tributo se hace mediante la aplicaci�n de la tarifa progresiva de las personas f�sicas, pues no se desprende con claridad con cu�l de las dos tasas se logra la proporcionalidad exigida por el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional. En tal orden de ideas y por las razones apuntadas, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n se aparta de los razonamientos vertidos por el citado �rgano judicial para sostener la constitucionalidad del art�culo 10 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al resolver los amparos en revisi�n n�meros 181/88, 911/88, 5793/90, 5897/90 y 33/92 y, por ende, en t�rminos de lo previsto por el art�culo 194 de la Ley de Amparo, se interrumpe la jurisprudencia sustentada por este �rgano judicial respecto a la teor�a de la transparencia fiscal en que se fundamentan tales resoluciones." En virtud de lo anterior, es ineficaz el agravio en el cual se hace valer la tesis jurisprudencial sentada por este tribunal sobre el tema, fundando la constitucionalidad de la tasa fija prevista en el art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en el sistema de transparencia fiscal, pues, como ha quedado precisado, dicho criterio ha sido interrumpido.

Sin embargo, cabe estimar fundada la parte restante del agravio que se hace valer porque, como afirma la autoridad recurrente, trat�ndose de personas morales no es preciso establecer una tarifa progresiva para satisfacer el principio constitucional de proporcionalidad tributaria.

Para fundar tal conclusi�n, este tribunal reitera los argumentos sentados en el amparo en revisi�n n�mero 2810/89 de que se ha dado noticia, fallado en la sesi�n del d�a nueve de mayo de mil novecientos noventa y seis, que condujeron a estimar constitucional la tasa fija del 35% prevista en el art�culo 10 de la Ley de Impuesto sobre la Renta vigente en la �poca de que se trataba, por resultar esos argumentos exactamente aplicables al caso, en la medida en que ahora se cuestiona el texto vigente de dicho precepto que prev� tambi�n una tasa fija aunque inferior en un punto porcentual a la antes mencionada.

Entonces se estableci�:

"Es cierto que este Tribunal en Pleno sustent� la tesis de jurisprudencia publicada a fojas trescientos setenta y uno y trescientos setenta y dos del informe de labores de este alto tribunal, correspondiente al a�o de mil novecientos ochenta y cinco, con el rubro: 'IMPUESTOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.', as� como que en dicha jurisprudencia se asienta que conforme al principio de proporcionalidad que establece el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal, los grav�menes deben fijarse de acuerdo con la capacidad econ�mica de los sujetos pasivos, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados, tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos, para luego concluir que el cumplimiento de ese principio se realiza a trav�s de tarifas progresivas, ya que mediante ellas se consigue que cubran un impuesto superior los contribuyentes de m�s elevados recursos y uno inferior los de menores ingresos, estableci�ndose, as�, una diferencia congruente entre los diversos niveles de ingresos."

Por otro lado, este Tribunal en Pleno, al analizar la constitucionalidad de otros impuestos y atendiendo igualmente a las caracter�sticas propias de cada tributo, as� como a la mec�nica de su causaci�n, ha considerado que son constitucionales aun cuando establecen tarifas proporcionales o fijas, porque se estim�, precisamente, que este tipo de tarifas no necesariamente generan desproporci�n en la tributaci�n, sino que tambi�n atienden proporcionalmente a la capacidad contributiva o econ�mica de los causantes. Ejemplo de estos criterios lo es la tesis de jurisprudencia de dicho Tribunal Pleno n�mero 20/90, visible en las p�ginas de la treinta y dos a la treinta y cuatro de la Gaceta n�mero 35 del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: "ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. EL ART�CULO 2o. DE LA LEY QUE ESTABLECE LA TASA FIJA DEL 2% NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. El art�culo 2o. de la ley que establece dicho tributo, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n de treinta y uno de diciembre de mil novecientosochenta y ocho, que determina la tasa fija del dos por ciento para el c�lculo del monto del impuesto al activo de las empresas cumple con el requisito de proporcionalidad tributaria, toda vez que la capacidad contributiva de los causantes est� en relaci�n directa con sus activos. Al establecer este tributo, el legislador no tom� en cuenta la capacidad contributiva total, como acontece en el impuesto sobre la renta, sino el limitado objeto consistente en los activos del contribuyente, en m�rito de lo cual, la fijaci�n de una tasa �nica no viola el principio de proporcionalidad, ya que cada sujeto tributar� en proporci�n directa a su propia capacidad.".

Los criterios jurisprudenciales antes referidos conducen a concluir que para juzgar la constitucionalidad de un tributo, a la luz de los principios de proporcionalidad y equidad que consagra la fracci�n IV, del art�culo 31, constitucional, debe atenderse a la naturaleza y mec�nica de causaci�n de cada impuesto, debiendo agregarse que, en determinados casos, debe tambi�n atenderse a la finalidad de cada tributo y a las caracter�sticas del contribuyente, para estar en posibilidad de determinar si la carga fiscal atiende a la capacidad contributiva de los causantes.

Estimar lo contrario, o sea, sostener criterios generales, r�gidos e inflexibles en cuanto a la constitucionalidad de los sistemas, de cuotas, tasas o tarifas que deben utilizarse en la imposici�n, conducir�a a una injusticia tributaria, contraviniendo la finalidad perseguida por el Constituyente que no es otra sino la de que en el reparto de las cargas tributarias, cada quien aporte parte de su patrimonio de manera proporcional a las circunstancias econ�micas en que se encuentre, precisamente porque cada tributo tiene sus caracter�sticas propias y pesa sobre distintos grupos sociales o econ�micos.

Consecuentemente, no por el hecho de que en la primera de las tesis de jurisprudencia citadas se haya sostenido que la tarifa progresiva satisface el principio de proporcionalidad, deba considerarse que tal tarifa, en trat�ndose de personas morales, sea la �nica que se apega a ese principio de proporcionalidad consignado por el Constituyente en el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal y que, por el contrario, la cuota del 35% contenida en el art�culo 10 que se examina, sea contraria al texto del art�culo 31, fracci�n IV, constitucional, pues bien pueden ambas en su instrumentaci�n satisfacer los requisitos de proporcionalidad y equidad exigidos por el citado precepto constitucional.

En ese orden de ideas, para determinar si en el caso la cuota del 35%, que establece el art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, viola o no el principio de proporcionalidad que tutela el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal, debe atenderse a la naturaleza y mec�nica de causaci�n de ese tributo.

Por otra parte, cabe apuntar que la tesis de que se ha venido hablando, relativa a la proporcionalidad y equidad de la tarifa progresiva, se inspira en la teor�a del sacrificio fiscal, conforme a la cual deben cubrir mayor impuesto aquellos que obtengan m�s con menor esfuerzo; teor�a que se encuentra en relaci�n directa con los ingresos gravables que se obtienen fundamentalmente con motivo del trabajo.

En este orden de ideas, esa teor�a no resulta un factor fundamental para determinar si la tasa proporcional del treinta y cinco por ciento consignada por el art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el a�o de mil novecientos ochenta y siete, conforme a la cual deben tributar las sociedades mercantiles, satisface el requisito de proporcionalidad consignado por el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional, pues estas �ltimas son organizaciones formadas por individuos, que aportan determinado capital, con el prop�sito fundamental de realizar negocios y es en funci�n de ese capital, puesto a trabajar en la realizaci�n de un fin com�n constituido por el objeto social, que en su caso se logra la obtenci�n de ingresos, sobre los que, hechas las deducciones autorizadas por la ley, se obtiene el ingreso gravable de la sociedad; pero no se grava un ingreso proveniente directamente del trabajo, sino del capital. De ah� que trat�ndose de sociedades mercantiles no resulta aplicable la teor�a del sacrificio fiscal, ya que el esfuerzo en la obtenci�n de ingresos o utilidades gravables, al ser producto del capital, es igual para todas ellas, encontrando su diferencia en cuanto a su monto, en factores como la administraci�n, comercializaci�n, calidad del producto, etc�tera.

Corrobora lo anterior, considerar que las sociedades mercantiles, como ficci�n jur�dica de la ley, con personalidad legaly patrimonio propios, no trabajan por s� mismas, sino que sus actividades las desarrollan a trav�s de trabajadores, personas f�sicas estas sujetas a un r�gimen fiscal distinto, y no es el n�mero de aqu�llos el que determina la obtenci�n de mayores o menores utilidades o el mayor o menor esfuerzo para lograr tales utilidades. As�, habr� peque�as empresas que, en proporci�n, obtengan mayores utilidades que otras de gran magnitud, significando para ambas, aunque con resultado distinto, el mismo esfuerzo en la captaci�n de utilidades derivadas de la aplicaci�n del capital social al desarrollo del objeto de la sociedad.

En cambio, s� les es aplicable a las personas morales el principio de la capacidad contributiva. Este principio, para efectos del impuesto sobre la renta exige que la distribuci�n del impuesto est� en funci�n de la naturaleza y del importe de los ingresos, teniendo en cuenta las particulares circunstancias de cada contribuyente.

As�, el principio de que se trata supone la titularidad de una renta, apta en cantidad y en calidad para hacer frente al pago del tributo, una vez cubiertos los gastos indispensables del sujeto pasivo; concepto que se encuentra en relaci�n directa con la composici�n de la base gravable del impuesto.

Seg�n se ha dicho, si bien la fracci�n IV del art�culo 31 constitucional, impone la obligaci�n a los mexicanos de contribuir al sostenimiento de los gastos p�blicos "de la manera" proporcional y equitativa que dispongan las leyes, resulta claro, sea cual fuere el criterio interpretativo que se maneje, que en la expresi�n "de la manera" tienen perfecta cabida no s�lo la tasa progresiva sino tambi�n la proporcional, esto es, el precepto constitucional en cita no proh�be la instauraci�n de las tasas proporcionales, y menos a�n consigna que s�lo mediante el establecimiento de tasas progresivas se satisfagan los principios de legalidad tributaria contenidos en el mismo.

En efecto, pagar tributos en proporci�n a la riqueza gravada, se puede conseguir mediante la utilizaci�n de tasas progresivas, pero tambi�n con tasas proporcionales, como sucede en el caso del impuesto sobre la renta a cargo de las sociedades mercantiles, y ello porque, simplemente, en la composici�n legal de la base gravable se tienen en cuenta, como ocurre en el impuesto que se trata, la distinta aptitud contributiva de la riqueza delimitada por medio de los componentes que determinan el contenido econ�mico del hecho imponible.

En otros t�rminos, en el impuesto sobre la renta de las sociedades, el respeto a la garant�a de proporcionalidad exigida por el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional, se consigue en una primera fase, con la determinaci�n de la base gravable del impuesto, a lo cual no conciernen los gastos indispensables de la negociaci�n; y despu�s, con la aplicaci�n de la cuota del 35% sobre esa base gravable que, independientemente de su monto, tendr� siempre la caracter�stica de ser producto del capital y no del trabajo.

Efectivamente, la base gravable viene a respetar la garant�a de proporcionalidad tributaria, desde el momento en que el contribuyente del impuesto sobre la renta, en el caso, las sociedades mercantiles, obtienen distintos niveles de renta social producto de su explotaci�n mercantil, es decir, de los resultados positivos que provienen de la actividad principal de la sociedad sujeta al impuesto.

As�, cada sociedad, seg�n el resultado de su actividad mercantil, tendr� una base gravable proporcionalmente distinta a la de las otras, lo que producir� que la cuota fija del 35% haga soportar cuantitativamente en forma distinta a cada contribuyente. Por ejemplo, si una sociedad tiene una base gravable de $100.00, pagar� $35.00; en cambio, si otra sociedad tiene una base gravable de $400.00, deber� pagar $140.00, obteni�ndose as� que en cuanto mayor sea el valor de la base gravable, m�s alto ser� el monto del impuesto, pero el impacto personal de la cuota, respeta las garant�as de proporcionalidad y equidad exigida por la fracci�n IV del art�culo 31 constitucional, ya que cada sociedad pagar� seg�n su capacidad contributiva.

De acuerdo a todo lo anterior, la proporcionalidad exigida constitucionalmente no est� determinada, por s� sola, en la tasa del 35% establecida en el art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sino en la constituci�n de la base gravable de cada sociedad mercantil contribuyente, de manera que entre m�s alta sea dicha base, mayor ser� el impuesto a pagar. A la inversa, entre menor sea la base gravable, menor ser� el tributo a cubrir.

En este orden de ideas, debe concluirse que la tasa del 35% contenida en el art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta no infringe el principio de proporcionalidad consignado por el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional, debiendo negarse en ese aspecto el amparo y la protecci�n de la Justicia Federal.

Por las razones expuestas, ha de declararse que el agravio de la autoridad, en el sentido de que la tasa fija del 34% prevista en el art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el a�o de mil novecientos noventa y cuatro no viola el principio constitucional de proporcionalidad tributaria, porque trat�ndose de personas morales es posible satisfacer el principio de proporcionalidad tributaria a trav�s de una tasa fija, es fundado y suficiente para dejar insubsistentes los motivos y fundamentos de la sentencia protectora recurrida.

No obstan para esta conclusi�n los argumentos expuestos por la quejosa en la revisi�n adhesiva ?distintos de los atinentes a la procedencia del juicio?, seg�n se explica a continuaci�n:

Sostiene el recurrente en la segunda parte de su pliego de agravios, que debe prevalecer la declaraci�n de inconstitucionalidad de la tasa �nica prevista en el art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues el an�lisis hist�rico y jur�dico de la evoluci�n legislativa del impuesto sobre la renta pone de manifiesto que de acuerdo con los criterios sentados por este Tribunal Pleno, hasta la ley reclamada hab�a regido una tasa progresiva para satisfacer el principio constitucional de proporcionalidad tributaria y que adem�s no ha existido ni existe la llamada transparencia fiscal en la cual pretende la autoridad fundar la constitucionalidad del tributo.

Explica que la tasa progresiva es la �nica que permite responder a la exigencia constitucional de que se trata, porque a trav�s de ella se logra que el impacto tributario sea realmente mayor para quienes gozan de mayor capacidad contributiva por raz�n de haber obtenido un gran provecho de la cosa p�blica y que resulte de menor impacto para quienes est�n en una posici�n menos favorable.

Por �ltimo, en el tercer agravio manifiesta que los agravios de la autoridad son inoperantes porque no razonan en contra de la consideraci�n sentada por la a quo en el sentido de que su decisi�n se apoy� en un criterio plenario de este alto tribunal y que, en esa medida, son insuficientes por cuanto no contradicen todos los motivos y fundamentos del fallo de primera instancia.

A juicio de este �rgano colegiado, los argumentos de la quejosa no conducen a variar la conclusi�n ya anunciada, toda vez que por lo que toca a la operancia o inoperancia de los agravios de la autoridad, basta destacar que en el recurso principal se vierten diversas reflexiones tendientes a desvirtuar las consideraciones en que se apoy� tanto la resoluci�n de la J. de Distrito como el criterio sentado por este alto tribunal, invocado por aqu�lla, en que se estima inconstitucional el tributo ahora cuestionado, de donde se sigue que los agravios son operantes en la medida en que la autoridad se opuso a la aplicaci�n del mismo criterio invocado en la sentencia por estimar arreglada a derecho la tasa �nica en cuesti�n.

Por lo que hace a los dem�s agravios de la quejosa, baste decir que se estiman infundados, pues si bien es cierto que para la actual integraci�n de esta Suprema Corte de Justicia no es posible examinar el tributo impugnado a la luz del mecanismo llamado de "transparencia fiscal", en contra del cual se enderezan los agravios, tambi�n lo es que atentas las consideraciones vertidas en la ejecutoria tantas veces invocada a lo largo de la presente, es criterio de este �rgano colegiado que trat�ndose del impuesto sobre la renta a cargo de las sociedades mercantiles no es indispensable que el legislador prevea una tasa progresiva, pues resulta ajustado al principio constitucional de proporcionalidad el empleo de una tasa fija que, considerada por su impacto sobre la base gravable, permita que contribuyan m�s quienes posean mayor capacidad de hacerlo, sin que obste para ello que hasta fechas recientes se haya regido el tributo reclamado por una tasa progresiva ya que la constitucionalidad de una ley tributaria debe analizarse a trav�s de confrontar su texto con el de la Constituci�n, sin necesidad de considerar, en principio, las reglas adoptadas por el legislador durante el desarrollo de la instituci�n regida por aqu�lla.

Al resultar fundado el agravio de la autoridad y correlativamente infundados los agravios de la quejosa, debe negarse el amparo a la quejosa en contra del art�culo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sin que sea el caso de analizar alg�n concepto de violaci�n omitido por el a quo, pues del an�lisis detallado de la demanda de garant�as aparece que el �nico vicio aducido por la quejosa para obtener la protecci�n federal en contra de dicho precepto, y por extensi�n en contra de los dem�s actos reclamados, fue el relativo a la inconstitucionalidad de la tasa fija por infracci�n del principio de proporcionalidad tributaria, como se demuestra observando que todas las argumentaciones vertidas en la demanda se refieren, atendiendo al orden en su exposici�n, a los siguientes temas: 1) la decisi�n de la quejosa de acudir al juicio en reclamo de la inconstitucionalidad del precepto citado, a pesar de gozar del amparo concedido en un juicio de amparo anterior, en el cual se examin� el texto de dicho art�culo vigente en a�os anteriores; 2) la inconstitucionalidad de la tasa fija por las razones ya analizadas; 3) la insuficiencia de las razones de constitucionalidad basadas en el sistema de transparencia fiscal; y 4) la inconstitucionalidad de la promulgaci�n y refrendo del decreto promulgatorio de la ley cuestionada, de la circular miscel�nea relativa a las formas oficiales para el entero del tributo y los actos de aplicaci�n, por ser a su vez inconstitucional el texto del art�culo 10 tantas veces mencionado.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

Se decreta la caducidad de la instancia en relaci�n con el recurso de revisi�n principal interpuesto por la quejosa.

SEGUNDO

Se modifica la sentencia recurrida.

TERCERO

Se sobresee en el juicio respecto de los actos a que se refiere el punto resolutivo primero de la sentencia recurrida.

CUARTO

Con la salvedad del punto resolutivo anterior, la Justicia de la Uni�n no ampara ni protege a Porcelanite, Sociedad An�nima de Capital Variable, en contra de los actos reclamados precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

N.�quese; con testimonio de esta resoluci�n, vuelvan los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, arch�vese el toca como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en Pleno, por unanimidad de once votos de los Ministros A.A., A.G.�itr�n, C. y C., D�az R., G�ngora P., G.�o P., O.M., R.P., S.C., S.M. y presidente A.A.�n respecto de los resolutivos primero, segundo y tercero y por mayor�a de ocho votos de los Ministros A.G.�itr�n, C. y C., G�ngora P., O.M., R.P., S.C., S.M. y presidente A.A.�n respecto del resolutivo cuarto; los Ministros A.A., D�az R. y G.�o P. votaron en contra y por la concesi�n del amparo a la quejosa. Fue ponente en este asunto el Ministro Juan D�az R..