Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 29071809

Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Marzo de 1997
RESUMEN

AMPARO EN REVISION 2996/96. MANUEL CAMACHO SOLIS.CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. EL JUICIO DE AMPARO ES PROCEDENTE CONTRA EL PROCESO LEGISLATIVO QUE DA LUGAR A SU REFORMA.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

AMPARO EN REVISI�N 2996/96. MANUEL CAMACHO SOL�S.

M�xico, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente a la sesi�n del d�a tres de febrero de mil novecientos noventa y siete.

VISTO para resolver el recurso de revisi�n con facultad de atracci�n, al que correspondi� el toca n�mero 2996/96, interpuesto en contra del auto de fecha treinta de agosto de mil novecientos noventa y seis, mediante el cual se desech� la demanda de amparo promovida contra actos del Congreso de la Uni�n y otras autoridades; y,

RESULTANDO:

PRIMERO

Por escrito presentado en la Oficial�a de Partes Com�n de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal el d�a veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y seis, M.C.S.�s, por su propio derecho, solicit� el amparo y protecci�n de la Justicia de la Uni�n en contra de las autoridades y por los actos que enseguida se precisan:

"AUTORIDADES RESPONSABLES:

"a) Congreso de la Uni�n. b) Las Legislaturas de los Estados que conforman la Federaci�n: de Aguascalientes, Baja California Norte, Baja California Sur, C., Coahuila, Colima, Chiapas, C., Durango, Guanajuato, G., H., Jalisco, M�xico, M.�n, Morelos, Nayarit, Nuevo Le�n, Oaxaca, Puebla, Q.�taro, Q.R., San Luis Potos�, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Y.�n y Zacatecas. c) La Comisi�n Permanente del Congreso de la Uni�n. d) El Presidente C.onal de los Estados Unidos Mexicanos.

"ACTOS RECLAMADOS:

"Del Congreso de la Uni�n:

"1. El acto por virtud del cual la C�mara de Diputados de dicho Congreso aprob�, como c�mara de origen, y parte del proceso legislativo, con fecha treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y seis, la iniciativa de reformas a la C.�n General de la Rep�blica presentada el d�a veintis�is del mismo mes y a�o, como consta en el Diario de los Debates, n�mero 3, del a�o II, correspondiente al d�a mi�rcoles treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y seis, que publica el Poder Legislativo, a foja 59.

"2. Del propio Congreso de la Uni�n, el acto por virtud del cual la C�mara de Senadores, con fecha primero de agosto del a�o en curso, aprob�, como c�mara revisora y parte del proceso legislativo, la iniciativa de reformas constitucionales presentada con fecha veintis�is de julio de mil novecientos noventa y seis, seg�n se desprende del Diario de los Debates correspondiente.

"3. De las Legislaturas de los Estados libres y soberanos que conforman la Rep�blica Mexicana, la aprobaci�n de las reformas constitucionales a que se ha hecho m�rito, mediante el decreto aprobatorio correspondiente, que le fueron enviadas para tal efecto por el Congreso de la Uni�n.

"4. De la Comisi�n Permanente del Congreso de la Uni�n, el c�mputo que realiz�, con fecha veintiuno del mes y a�o en curso, de los votos aprobatorios emitidos por las Legislaturas de los Estados; por la declaraci�n que emiti� con fecha veintiuno de agosto del mismo a�o en el sentido de haber sido aprobadas las supuestas reformas constitucionales; as� como por el decreto que contiene el c�mputo y la declaraci�n se�alados, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n correspondiente al d�a jueves veintid�s de agosto del a�o corriente.

5. Del Presidente C.onal de los Estados Unidos Mexicanos, reclamo el decreto de veintiuno de agosto en curso, por virtud del cual orden� la promulgaci�n y publicaci�n de las supuestas reformas constitucionales que se impugnan por medio de este juicio constitucional de garant�as.

SEGUNDO

En la demanda se narraron como antecedentes del caso los siguientes:

"1. Como es p�blico y notorio y por tanto no es necesario acreditar, fui jefe del Departamento del Distrito Federal en el periodo comprendido del primero de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho al veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y tres.

"2. Con fecha veinticinco de julio de mil novecientos noventa y seis, los se�ores ciudadanos Presidente C.onal de los Estados Unidos Mexicanos, E.Z.P. de Le�n; los diputados federales R.G.�a C., H.R.V., Jes�s O.M.�nez y A.P.R.�os V�zquez; as� como los senadores G.J.R., F.O.A., H�ctor S�nchez L�pez e I.S.C.D.�nguez, en contra de lo dispuesto por la C.�n y las leyes, suscribieron y presentaron a la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n una iniciativa por virtud de la cual propusieron reformas a diversos art�culos de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. En la iniciativa de referencia, a fojas III y IV, se asent� textualmente lo siguiente: ?En esta instancia de trabajo, los dirigentes nacionales de los partidos pol�ticos representados en el Congreso y los coordinadores de los grupos parlamentarios en el Senado y en la C�mara de Diputados, arribaron a conclusiones que fueron el punto de partida para las deliberaciones en el seno de las comisiones especiales de car�cter plural creadas en ambas c�maras para tales efectos.?. Y se sigue diciendo: ?En dichas comisiones, cuyos trabajos incluyeron reuniones en conferencias, se enriqueci� el proceso de an�lisis de las propuestas derivadas de los acercamientos entre el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revoluci�n D.�tica y el Partido del Trabajo, mediante la consideraci�n de distintas iniciativas presentadas por el grupo parlamentario del Partido Acci�n Nacional en la C�mara de Diputados sobre materias coincidentes. As�, el foro del Congreso constituy� un �mbito institucional para la evoluci�n del di�logo entre los partidos a trav�s de sus legisladores.?. Contin�a: ?Esta iniciativa de reformas y adiciones a la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos representa la culminaci�n de un esfuerzo que habr� de contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de las instituciones pol�ticas y de la vida democr�tica de la Naci�n.?.

"3. Para los efectos de que se discutiera y, en su caso, aprobara la iniciativa, de reformas contenidas en la iniciativa, con fecha veintis�is de julio de mil novecientos noventa y seis, la Comisi�n Permanente acord� convocar al Congreso de la Uni�n a un periodo extraordinario de sesiones que se incoar�a el d�a treinta de ese mismo mes de julio, public�ndose el decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federaci�n el d�a veintisiete de dicho mes.

"4. La ilegal iniciativa de reformas a la C.�n fue dictaminada por las Comisiones de G.�n y Puntos C.onales de la C�mara de Diputados con fecha treinta de julio de mil novecientos noventa y seis.

"5. Dado el consenso previo a que se ha hecho referencia, una vez que fue dictaminada la iniciativa por las comisiones correspondientes, pas� al pleno de la C�mara de Diputados, simplemente para su aprobaci�n. En la sesi�n de esa c�mara, correspondiente al d�a treinta y uno de julio �ltimo, seg�n se asienta en el Diario de los Debates n�mero 3, del a�o II, correspondiente a ese d�a, se dio cuenta con la iniciativa y con el dictamen de las comisiones. En dicha sesi�n, seg�n consta a foja 15, se sostuvo expresamente: ?En la sesi�n del d�a 14 de diciembre de 1995, las C�maras de Diputados y Senadores determinaron la integraci�n de sendas comisiones plurales con representaci�n paritaria de los grupos parlamentarios de cada una de ellas, cuyo objetivo fundamental fue el de constituir un foro para la discusi�n y b�squeda del consenso en los temas fundamentales de la reforma electoral y la reforma del Distrito Federal. Esta comisi�n plural celebr� m�ltiples sesiones de trabajo en las que se adoptaron acuerdos sobre el procedimiento para lograr consensos en los acuerdos b�sicos de dichas reformas, particularmente para convertir en texto formal de iniciativa las conclusiones de la mesa central establecida por los partidos pol�ticos, con la intervenci�n de la Secretar�a de G.�n.?.

"6. En ese contexto, es claro que desde mil novecientos noventa y cinco se resolvi� expresamente que los diputados y senadores al Congreso de la Uni�n presentaran en forma conjunta la iniciativa de reformas a la C.�n.

"7. Los legisladores quebrantaron asimismo el art�culo 147 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que en sus fracciones II y IV ordena lo siguiente: ?La votaci�n nominal se har� del modo siguiente: ... II. Un secretario apuntar� los que aprueben y otros los que reprueben ... IV. Los secretarios o prosecretarios har�n en seguida la computaci�n de los votos, y leer�n desde la tribuna, uno, los nombres de los que hubiesen aprobado y otro, el de los que reprobaron; despu�s dir�n el n�mero total de cada lista y publicar�n su votaci�n.?.

"8. Seg�n consta en el acta levantada en la sesi�n, que aparece publicada en el mencionado ejemplar del Diario de los Debates, foja cincuenta y nueve, ?Se emitieron cuatrocientos cincuenta votos en pro y ninguno en contra.?. Siendo que, como consta a todos los diputados asistentes, hubo cinco votos en contra. Lo anterior denota la mala fe de violentar la ley y el resultado de una votaci�n, para aparentar concordancia total y unanimidad, donde no existi�.

"9. En este contexto, agotado lo que fue requisito de tr�mite en la c�mara de origen, que en el caso lo fue la de diputados, la iniciativa pas� a la colegisladora, la C�mara de Senadores; ella tambi�n, sin discusi�n, la aprob� en sus t�rminos.

"10. Hecho lo anterior, el proyecto aprobado por ambas c�maras fue enviado a las Legislaturas de los Estados para los efectos de su aprobaci�n.

"11. Con fecha veintiuno de agosto en curso, la Comisi�n Permanente del Congreso de la Uni�n, en ejercicio de las atribuciones que para ella derivan del art�culo 135 constitucional, hizo el c�mputo de los votos de las Legislaturas de los Estados y en virtud de haber estimado que hab�a mayor�a de votos aprobatorios, declar� aprobadas las ilegales reformas.

"12. Las aparentes reformas a la C.�n Pol�tica del pa�s fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federaci�n, con fecha veintid�s de agosto en curso, como ya qued� asentado con anterioridad.

"13. En el art�culo primero transitorio de la reforma aparente, se dispuso de manera literal: ?El presente decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n, con excepci�n de lo previsto en los siguientes art�culos (sic).?.

14. Sin importar qu� partes del decreto promulgatorio entran o no en vigor, lo cierto es que las autoridades que se�alo como responsables, por el simple hecho de haber aprobado y promulgado unas reformas que no fueron hechas con observancia de los principios y procedimientos que por virtud de la C.�n y las leyes que regulan el proceso legislativo, y pretenden que formen parte de la Carta Magna, han atentado contra los principios de legalidad, seguridad jur�dica y de Estado de Derecho que a favor de los individuos consagra la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO

En la demanda se se�alaron como garant�as violadas las consagradas en los art�culos 1o., 14, 16 y 17, en relaci�n con los numerales 49, 50, 71, 72 y 135 de la C.�n General de la Rep�blica, por los conceptos de violaci�n que a continuaci�n se transcriben:

"CONSIDERACIONES JURIDICAS DE CARACTER GENERAL. Esta demanda se presenta ante usted, con el efecto de que me sea concedido el amparo y la protecci�n de la Justicia Federal respecto de violaciones a derechos de naturaleza individual, como son los de legalidad y de seguridad jur�dica que se consignan en forma expresa a favor de los habitantes del pa�s, en el sentido de que las relaciones entre particulares y autoridades se deben dar bajo el principio de que en M�xico existe un Estado de Derecho, con todo lo que ello significa: autoridades que apegan sus actos a lo que dispone la ley, la sanci�n de nulidad para lo que se hace en contravenci�n a ella y el castigo de los infractores.

"A pesar de que los actos que se�alo como reclamados, violan mis derechos como ciudadano en lo particular y los de la ciudadan�a en general, la demanda no est� encaminada a defender derechos de naturaleza pol�tica, su defensa, como ya lo han resuelto los tribunales federales, en forma reiterada, no puede entablarse por la v�a de amparo; al respecto conozco que son abundantes las ejecutorias que niegan esa posibilidad y que, en especial, existe el siguiente criterio jurisprudencial: ?DERECHOS POLITICOS. La violaci�n de los derechos pol�ticos no da lugar al juicio de amparo, porque no se trata de garant�as individuales.? Tomo III, p. 1312. Amparo en revisi�n. V.G.�a, vecinos, de. 16 de diciembre de 1918. Mayor�a de 9 votos. Tomo IV, p. 862. Amparo en revisi�n. H.M.. 17 de abril de 1919. Unanimidad de 11 votos. Tomo IV, p. 1135. Amparo en revisi�n. Guerra Alvarado Jos� y coags. 13 de junio de 1919. Mayor�a de 7 votos. Tomo VI, p. 463. Amparo en revisi�n. O.M. y coag. 9 de marzo de 1920. Unanimidad de 8 votos. Tomo VII, p. 941. Amparo en revisi�n. Ayuntamiento de Acayucan. 4 de septiembre de 1920. Unanimidad de 10 votos. Ap�ndice al Tomo LXXVI, tesis 312, p. 516. Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, Segunda Parte, tesis 623, p. 1061. Conozco, asimismo, que la doctrina, en un sector importante, se ha pronunciado en el sentido de que a trav�s de la combinaci�n de Poderes, prevista en el art�culo 135 constitucional, se puede reformar la Carta Magna en todas sus partes; que de acuerdo con dicha doctrina no existen principios que est�n al margen de la acci�n reformadora, entre los autores est�n don Ram�n R.�guez, Derecho C.onal, 1875, reimpresi�n de la UNAM, M�xico, 1978; don E.R., Derecho C.onal, 1902, reeditado por UNAM, 1978, pp. 400 y 401; don E.R., la C.�n y la Dictadura, Revista de Revistas, M�xico, 1912, p. 316 y E.A.N., Derecho C.onal, Instituciones Federales, Estatales y Municipales, C.�n de. Humanidades, UNAM, M�xico, 1994, T. III, pp. 19 y siguientes. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n se ha pronunciado por ese punto de vista: ?PODER CONSTITUYENTE DE LA NACION. En �l radica la facultad suprema de modificar las leyes y las instituciones, sin m�s l�mites que los que fijan el inter�s nacional, la civilizaci�n y los derechos naturales del hombre.? Tomo III, p. 586. Amparo mixto en revisi�n. H.�ndez I.. 28 de agosto de 1918. Mayor�a de 6 votos. En este contexto, esta demanda no va encaminada a cuestionar ante la Justicia Federal el fondo de una reforma; tampoco se pone en duda el principio de que por voluntad de los Constituyentes de 1857 y de 1917, la combinaci�n de �rganos prevista en el art�culo 135 constitucional, es competente para reformar la C.�n Pol�tica, en todas sus partes. Si bien se trata de algo que formalmente no es cuestionable, no deja de repugnar el hecho de que hasta la fecha, muchas de las reformas hechas a la C.�n no responden a los altos fines que se supone deben perseguir cada uno de sus preceptos. Con vista a esa legalidad formal, por virtud de la reforma aludida, se me han disminuido mis derechos como ciudadano, al priv�rseme de la posibilidad de presentarme como candidato al Gobierno del Distrito Federal; se han limitado, asimismo, los derechos que la ciudadan�a tiene a elegir y ello se ha hecho en forma retroactiva. Tan se trata s�lo de un simple tr�mite, en el que se aparenta cubrir formalmente el proceso legislativo, que habi�ndose presentado la ilegal iniciativa por diputados y senadores el d�a veintis�is de julio, en un plazo menor a un mes ya hab�an sido aprobadas y promulgadas las supuestas reformas. Ciertamente, si la C.�n Pol�tica establece el principio general de retroactividad, a ella misma, a trav�s de una reforma hecha en los t�rminos del art�culo 135, le es dable establecer limitaciones y salvedades, as� lo ha reconocido expresamente la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n: ?RETROACTIVIDAD. Es punto fuera de discusi�n, que el Poder Constituyente de la Naci�n tiene facultades, por razones sociales de pol�tica y de inter�s general, para expedir leyes retroactivas, las cuales deben aplicarse as�, retroactivamente.? Tomo XVIII, p. 1034. Amparo administrativo en revisi�n. C�a. de Tranv�as del Comercio de la Barca, S.A. 15 de mayo de 1926. Mayor�a de 7 votos. A pesar de que es un asunto debatible y que muchos lo consideran un derecho humano, no se funda mi demanda en este argumento. La reforma aprobada ilegalmente, que viola el principio de seguridad jur�dica en mi perjuicio, me ha privado, en lo personal, del derecho que como ciudadano ten�a para poder registrarme y presentarme como candidato a ocupar el cargo de jefe de Gobierno del Distrito Federal en las elecciones que deben tener verificativo en el a�o de 1997. En efecto, la reforma al art�culo 122 del Pacto Federal, base segunda, inciso C, segundo p�rrafo del apartado I, textualmente establece: ?Para ser jefe de Gobierno del Distrito Federal deber�n reunirse los requisitos que establezca el Estatuto de Gobierno, entre los que deber�n estar: ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos, con una residencia efectiva de tres a�os inmediatamente anteriores al d�a de la elecci�n si es originario del Distrito Federal o de cinco a�os ininterrumpidos para los nacidos en otra entidad, tener cuando menos treinta a�os cumplidos al d�a de la elecci�n; y no haber desempe�ado anteriormente el cargo de jefe de Gobierno del Distrito Federal con cualquier car�cter ...?. Consecuentemente, como lo consigno en los antecedentes, en el periodo del primero de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho al veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y tres, me desempe�� como jefe del Departamento del Distrito Federal y, por tanto, de acuerdo a la supuesta reforma, se me inhabilita para postularme como candidato a ocupar la jefatura de Gobierno del Distrito Federal ya que, por lo dem�s, cumplo sobradamente con el resto de los requisitos. La reforma es confusa; va m�s all�; llega al absurdo de inhabilitar bajo el argumento de la no reelecci�n a quienes no fueron electos y a cambio, posibilita a quienes s� lo fueron como titulares del Gobierno del Distrito Federal, es decir, a los expresidentes de la Rep�blica. A quien es agraviado por virtud de un acto ilegal e irregular que tiene un destinatario cierto, dado que no le est� permitido impugnar el fondo, s� le es dable cuestionar la forma y procurar enmendar el atropello a trav�s de impugnar la v�a, irregular, seguida para la adopci�n de la reforma. Se est� frente a un acto legislativo defectuoso; no se impugna una reforma constitucional por cuanto a su contenido, cuyos alcances est�n siendo debatidos por la opini�n p�blica nacional, lo que est� de por medio en este amparo es el cuestionamiento v�lido de que se est� simplemente ante una apariencia de reforma de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Los tribunales federales, garantes de la justicia real y no s�lo de la formal, son competentes, deben conocer y resolver de la materia objeto de este amparo por cuanto a que, finalmente, se viola en mi perjuicio el Estado de Derecho, que como un bien supremo anida en el cap�tulo de garant�as individuales de la C.�n y, en lo particular, los de legalidad y seguridad jur�dica. El juicio de amparo est� para enmendar todo tipo de violaciones a los derechos individuales que consagra la C.�n; cuando se invoca como garant�a violada la de legalidad, en ella se comprenden los actos contrarios a la Carta Magna, sin importar tengan que ver con el fondo o con la forma; nada hay que lleve a suponer que s�lo se trata de una especie de violaciones. En elart�culo primero transitorio del decreto de reformas se dispone: ?El presente decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n, con excepci�n de los art�culos siguientes ...? Por su parte, el decreto emitido por el presidente de la Rep�blica ordena su publicaci�n y su inmediata observancia. Lo anterior significa, entre otras cosas, que se trata de una ley autoaplicativa, por virtud de la cual se pretende dar vigencia a un acto realizado en contravenci�n a lo que la C.�n establece como proceso legislativo, cuya existencia se explica con vista a garantizar operen oportuna y adecuadamente los principios que regula el sistema de dos c�maras instaurado en 1874.

"CONCEPTOS DE VIOLACION.

"PRIMERO. Las autoridades que se�alo como responsables quebrantan en mi perjuicio las garant�as de legalidad y de seguridad jur�dica consignadas en los art�culos 1o., 14, 16 y 17 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos por la inobservancia del art�culo 71 de dicha Carta Fundamental, al aprobar la reforma constitucional que constituye el acto reclamado, existiendo las violaciones que a continuaci�n se citan y hacen valer.

"En efecto, de conformidad con el art�culo 71 de la C.�n, el derecho de iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Uni�n, compete al presidente de la Rep�blica, a los diputados, senadores y a las Legislaturas de los Estados. Por no existir una norma que establezca un principio especial, hasta ahora se ha entendido que el citado precepto contiene uno de car�cter general, que dentro del derecho de iniciar leyes se comprenden las iniciativas que tienen por objeto reformar a la propia C.�n. Eso es lo �nico que puede deducirse del contexto constitucional, de otra manera, con vista al derecho positivo, no existir�a v�a para proponer reformas ni autoridad competente para hacerlo. Sentado lo anterior, habr�a que determinar cu�les son los principios que regulan el derecho de iniciar leyes, y si en el caso se comprenden las iniciativas que se presentan con vista a reformar la C.�n. El presidente de la Rep�blica y las Legislaturas de los Estados pueden presentar iniciativas, indistintamente, ante cualquiera de las c�maras que integran el Congreso de la Uni�n. Existen salvedades, algunas de ellas est�n contenidas en el inciso h) del art�culo 72 constitucional. Los diputados y senadores al Congreso de la Uni�n, de conformidad con el art�culo 71 constitucional, como se ha reconocido, gozan del derecho de presentar iniciativas por virtud de las cuales se reforme la C.�n, pero sobre ellos existen algunas limitantes: no pueden presentar iniciativas por virtud de las cuales se suspendan garant�as individuales en los t�rminos del art�culo 29 constitucional, se proponga un proyecto de presupuesto o se someta a la consideraci�n del Senado una renuncia de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n; no lo pueden hacer por virtud de que �sas son materias cuya iniciativa s�lo compete al presidente de la Rep�blica, por virtud de un mandamiento constitucional expreso. Existen otros casos, uno es el que se plantea por v�a de este amparo y que es el que ha contemplado ampliamente la doctrina: a los diputados s�lo les es dable ejercer su derecho de iniciar ante su propia c�mara; lo mismo sucede con los senadores, a ellos s�lo les es dable ejercer su derecho de provocar la acci�n del Poder Legislativo ante su propia c�mara. El principio existe con el prop�sito de que no se desvirt�e el proceso legislativo, que busca, por virtud del concurso de dos pareceres diferentes, que una iniciativa se enriquezca y, en su caso, afloren sus vicios y defectos; ese prop�sito no se alcanza o se desvirt�a en el momento en que se permite, impunemente, que un diputado inicie en la C�mara de Senadores o viceversa. El criterio diferenciador est� encaminado, tambi�n, a evitar se violen las prelaciones que respecto de ciertas materias se establecen a favor de determinada c�mara, como son las siguientes: prelaciones existentes a favor de la C�mara de Diputados para conocer, como c�mara de origen, respecto de iniciativas que versen sobre empr�stitos, reclutamiento de tropas, impuestos, solicitudes de desafuero y acusaciones respecto de violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P�blicos, que ellos cometan en el desempe�o de sus cargos, art�culos 72, inciso h, 109, 110 y 111 constitucionales; prelaciones y materias exclusivas establecidas a favor de la C�mara de Senadores respecto de las materias previstas en los art�culos 76, 96 y 100 constitucionales; prelaciones y materias exclusivas establecidas a favor del presidente de la Rep�blica en los art�culos 27, fracci�n XIX, 29, 76, fracci�n I, 86, 88, 99, 102 A, 131, constitucionales, entre otros. Todas esas prelaciones tienen una raz�n de ser; as�, por ejemplo, las establecidas a favor de la C�mara de Diputados, que surgieron en el derecho ingl�s y que llegaron a nuestro pa�s por v�a del derecho constitucional norteamericano, van encaminadas a hacer operante el principio de que todo aquello que tenga que ver con la sangre y el dinero de la poblaci�n debe ser presentado en la C�mara de Comunes, la c�mara baja, la de diputados, por cuanto a que se consider�, durante muchos siglos, que en ellas se hallaban los aut�nticos, naturales y directos representantes de la poblaci�n. Si ellos aprobaban una iniciativa respecto a impuestos, empr�stitos o reclutamiento de tropas, entonces la iniciativa pasaba a la C�mara de los Lores, o de senadores. Esa es la misma raz�n que informa el hecho de que las acusaciones por responsabilidades en el ejercicio del cargo, deban ser presentadas en la C�mara de Diputados. Por otra, de conformidad con el �ltimo p�rrafo del art�culo 71 constitucional, las iniciativas que ?... presentaren los diputados o los senadores se sujetar�n a los tr�mites que designe el Reglamento de Debates.?. Pues bien, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su art�culo 30, fracci�n III, dispone lo siguiente: ?En las sesiones se dar� cuenta con los negocios en el orden siguiente: ... III. Iniciativas del Ejecutivo, de las legislaturas y de los individuos de la c�mara.?. De lo transcrito se desprende un principio general que no admite excepciones, es uno de los que da fundamento claro a mi demanda de amparo: que en cada c�mara s�lo pueden iniciar los que son individuos de cada una de ellas. En ese contexto, permitir que un senador presente una iniciativa ante la C�mara de Diputados implicar�a violar tanto el art�culo 71 constitucional como el art�culo 30 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte antes transcrita; se trata de una injerencia ilegal que vicia de nulidad el acto, dado que el acto que le dio origen estaba viciado. De permitirse lo anterior, asimismo se acabar�a con el principio que explica la existencia de dos c�maras, como �rganos integrantes del Congreso de la Uni�n, que act�an en forma separada, sucesiva e independiente; permitirlo es actuar en contra de lo dispuesto por el art�culo 50 constitucional. No justifica la intervenci�n de los senadores, como firmantes de la iniciativa, el hecho de que se trata de presentarla como el consenso logrado respecto de un fin buscado por muchos, que se trata de albarda sobre aparejo. Esto, que si bien es dado hacerlo a los particulares, no est� permitido a las autoridades y, en el caso concreto, a los senadores. Una cosa es el consenso, que puede quedar consignado en un documento y otra cosa es actuar en contra de lo dispuesto por la C.�n Pol�tica y el reglamento. La acci�n de los senadores ha desvirtuado la naturaleza de la iniciativa legislativa y la ha convertido en un acto protocolario al que pretende darse car�cter de ley, al margen de lo que como proceso legislativo establecen la C.�n y las leyes respectivas. Tal y como se desprende de la iniciativa que motiv� la reforma que ahora impugno por la v�a de amparo, fue firmada por los senadores G.J.R., F.O.A., H�ctor S�nchez L�pez e I.S. y presentada ante la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n. Lo anterior viola un principio impl�cito que se desprende de la C.�n, que es el de que a los senadores s�lo les es dable iniciar ante su propia c�mara; ello implica desconocer el principio de que los actos de autoridad deben ser emitidos con estricta observancia de los principios que regulan su formulaci�n. En el caso se violaron los principios que regulan el proceso legislativo. La doctrina ha puesto su atenci�n en este punto; el maestro don M.H. y L., una indiscutible autoridad, sosten�a: ?El estudio de las diputaciones instituidas por la C.�n para otorgarles una �nica y poco importante prerrogativa en la iniciaci�n de leyes y decretos, resulta invitaci�n y est�mulo para enfrentar la cuesti�n fundamental del derecho de iniciativa dentro de los t�rminos del art�culo 71 de la ley primaria, en la cual ni son todos los que est�n, ni est�n todos los que son. Las excepciones que en uno y otro sentido figuran, diseminadas, en el texto constitucional o se infieren doctrinalmente de �l, las ignora el reglamento que debiera sistematizarlas. No son todos los que est�n, porque no todos los enumerados en el precepto constitucional -presidente de la Rep�blica, diputados, senadores y Legislaturas de los Estados- pueden, indistintamente, en todos los casos, ejercer la facultad de iniciativa. No la tienen los diputados ante la C�mara de Senadores ni �stos ante la de diputados. (Hay que corregir en el reglamento la omisi�n de la C.�n art�culo 71-II precisando en su respectiva c�mara). No la tienen tampoco los senadores cuando se trata de contribuciones o de reclusiones de tropas (art�culo 71-b) ...?. Estudios Pol�ticos y C.onales, M.A.P.�a, M�xico, 1986, pp. 157 y 158. Por su parte, E.A.N., siguiendo a don M.H. y L., sostiene: ?La facultad de iniciar que corresponde a los diputados y senadores tambi�n es amplia; no lo es tanto como la de que goza el presidente. Lo pueden hacer respecto de toda materia con excepci�n de aquellas que en forma privativa corresponden al Ejecutivo y que por la naturaleza de las instituciones corresponden a otros �rganos. Existe una limitaci�n adicional: los legisladores pueden ejercitar su derecho en sus propias c�maras; un diputado no puede presentar una iniciativa en la C�mara de Senadores.? Derecho C.onal, Instituciones Federales, Estatales y Municipales, C.�n de Humanidades, Universidad Nacional Aut�noma de M�xico, M�xico, 1994, p. 262. Por virtud de lo anterior, pretender que forme parte de la C.�n, que norme la conducta de sus habitantes, que limite sus derechos, un cuerpo de normas viciado por cuanto a que en su iniciativa, presentaci�n y discusi�n, no se observaron los principios que para tales actos establecen la C.�n y el reglamento, viola en forma grave mis garant�as individuales de legalidad y seguridad jur�dica. Del t�tulo primero de la Carta Magna, de las garant�as individuales y, concretamente, de los art�culos 1o., 14, 16 y 17, se desprende que es fin de la C.�n Pol�tica el establecer un Estado de Derecho; que por virtud de ello autoridades y particulares estamos sometidos a lo que disponga la ley; que nada nos dispensa de esa obligaci�n. Pero en el momento en que se pretende que sea parte de ella algo que no ha sido aprobado siguiendo el estricto procedimiento que la C.�n establece para la emisi�n y reforma de las leyes, se viola el principio de legalidad que nos regula, en lo personal, y agravia, por lo que recurro ante usted a solicitar el amparo y protecci�n, para los efectos de que no me sea aplicada la ilegal reforma. Tambi�n se viola la garant�a individual de seguridad jur�dica por cuanto a que, como mexicano, se me pretende aplicar una supuesta reforma en cuya aprobaci�n no se observan los requisitos que marcan la C.�n y la ley. Tambi�n se atenta, con la supuesta reforma, contra el Estado de Derecho que se entiende es el que debe prevalecer y regir en nuestro pa�s.

"SEGUNDO. Las autoridades que se�alo como responsables quebrantan en mi perjuicio las garant�as individuales de legalidad y de seguridad jur�dica a que se refieren los art�culos 1o., 14, 16 y 17 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos por la flagrante violaci�n del art�culo 72 de dicho ordenamiento fundamental, por las razones que a continuaci�n se exponen. De conformidad con el art�culo 72 de la C.�n Pol�tica, las leyes, y dentro de ellas se comprenden las reformas constitucionales, deben ser el producto de eso que se conoce como proceso legislativo. El proceso legislativo, cuyos principios fundamentales est�n previstos en el art�culo 72 antes citado, tiende a garantizar la libre discusi�n de las iniciativas, a permitir afloren, en los recintos parlamentarios, los diferentes pareceres, se reciban objeciones, se aporten sugerencias de cambios. La C.�n, con el fin de lograr que las leyes sean justas, adecuadas y oportunas, no establece excepciones a las reglas generales que regulan el proceso legislativo; las leyes secundarias, lo que m�s han previsto, son principios por virtud de los cuales se obvien lecturas. Seg�n lo he dicho, la reforma constitucional que ahora impugno fue producto de un consenso alcanzado entre los l�deres de los partidos pol�ticos representados ante el Congreso de la Uni�n y el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El consenso tiene un alto valor pol�tico y representa un avance que es necesario reconocer. Lo que no es aceptable es que no se hayan respetado los procedimientos establecidos para reformar nuestra Carta Magna. Cuando hay un consenso previo respecto de una iniciativa del presidente de la Rep�blica, diputados y senadores, y por virtud de �l, al margen del tr�mite legislativo, se conviene en la aprobaci�n de ella, aunque no est� prohibido por la C.�n o las leyes, se viola el principio que explica la existencia de dos c�maras como partes integrantes del Congreso de la Uni�n y los principios que regulan la formaci�n de las leyes. Anula el principio de la existencia de dos c�maras cuando pretende sea considerada como ley algo que no se ha formalizado o alcanzado a trav�s del procedimiento que establece la C.�n ni derivado del hecho de haber agotado el procedimiento ordinario que ella establece. El que el Congreso de la Uni�n est� conformado por dos c�maras, que ellas tengan una composici�n y organizaci�n diversa, tiene como finalidad de que un doble estudio, una doble discusi�n, con dos puntos de vista diferentes, enriquezca y depure una iniciativa. Pero en el momento en que se llega a un consenso entre diputados y senadores fuera del recinto de cada una de ellas, respecto de una iniciativa, sin respetarse los procedimientos constitucionales, se hacen nugatorios los principios que regulan el proceso legislativo. Lo anterior implica violar los principios de legalidad y seguridad jur�dica que se desprenden en general del t�tulo primero de la C.�n Pol�tica. El que en otras ocasiones se haya hecho, que se haya violado impunemente la C.�n, no implica que ese proceder sea principio v�lido que haya derogado un principio fundamental. En consecuencia, dado lo manifestado de las violaciones constitucionales y el quebranto de las garant�as individuales del suscrito quejoso, en especial las de legalidad y seguridad jur�dica, procede que la Justicia de la Uni�n me ampare y proteja, puesto que se me pretende aplicar una supuesta reforma en cuya aprobaci�n no se acataron los lineamientos que marcan la C.�n y la ley.

TERCERO. Las autoridades que se�alo como responsables quebrantan en mi perjuicio las garant�as de legalidad y de seguridad jur�dica a que se refieren los art�culos 1o., 14, 16 y 17 constitucionales, por la violaci�n del art�culo 71, en correlaci�n con el art�culo 49, todos ellos de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos jur�dicos que a continuaci�n se exponen (sic). Asimismo, el hecho de que el presidente de la Rep�blica hubiera firmado, junto con los senadores y diputados, la iniciativa correspondiente, viola en mi perjuicio el principio de divisi�n de poderes consignado en el art�culo 49 constitucional. En efecto, cuando una iniciativa es suscrita, en forma simult�nea por el presidente de la Rep�blica, los diputados y senadores l�deres de cada una de la c�maras que integran el Congreso de la Uni�n, se anula el principio de divisi�n de poderes y desaparece el Estado de Derecho. Una desaparici�n temporal del principio de divisi�n de poderes s�lo se puede dar en los t�rminos previstos en los art�culos 29 y 131 y ello, en el caso ahora cuestionado, no se ha dado. Consecuentemente, la Justicia de la Uni�n deber� ampararme y protegerme para los efectos de que no se me aplique la supuesta reforma, en cuya aprobaci�n, como se ha dicho, no se observaron los requisitos que marcan la C.�n y la ley.

CUARTO

El Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, a quien por raz�n de turno toc� conocer del asunto, lo registr� con el n�mero de expediente aclaratorio n�mero 207/96 y por auto de fecha treinta de agosto de mil novecientos noventa y seis, desech� la demanda de garant�as.

QUINTO

Inconforme con tal determinaci�n, el quejoso interpuso el recurso de revisi�n, el cual fue admitido a tr�mite por auto dictado el dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y seis por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quedando registrado con el n�mero de toca 3272/96.

SEXTO

Por escrito recibido en la Oficina de Certificaci�n y Correspondencia, de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, el d�a diez de septiembre de mil novecientos noventa y seis, M.C.S.�s solicit� a este m�ximo tribunal de la Rep�blica, que ejerciera la facultad de atracci�n, a fin de conocer y resolver el amparo en revisi�n.

SEPTIMO

El escrito anterior fue radicado el mismo d�a diez, mediante auto de presidencia, y se registr� con el n�mero de expediente varios 631/96. Se turn� al se�or M.G.I.O.M. para que propusiera el tr�mite correspondiente.

OCTAVO

En sesi�n p�blica del d�a veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y seis, se decidi� ejercer la facultad de atracci�n para conocer del presente asunto, al tenor de las consideraciones sentadas en la ejecutoria respectiva, y por diverso prove�do de la Presidencia de fecha veintinueve de noviembre del a�o citado, se admiti� a tr�mite el recurso y se orden� que, en su oportunidad, se turnara el asunto al Ministro Ponente.

NOVENO

El agente del Ministerio P�blico Federal de la adscripci�n formul� pedimento n�mero II/01/97, fechado el d�a trece de enero de mil novecientos noventa y siete, con la siguiente opini�n:

El Ministerio P�blico de la Federaci�n opina que los agravios que pretende hacer valer la parte recurrente, resultan infundados en virtud de las consideraciones siguientes: 1. Con relaci�n al primer agravio, en principio, es preciso establecer que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, con objeto de que el �rgano jurisdiccional est� en posibilidad de entrar al estudio de todos y cada uno de los conceptos de violaci�n que pretenda hacer valer el quejoso. As� lo establecen las tesis de jurisprudencia que se transcriben a continuaci�n: ?DEMANDA DE AMPARO. ACTOS RECLAMADOS Y CONCEPTOS DE VIOLACION. SU ORDENACION. La demanda de amparo debe ser considerada como un todo, y la designaci�n de los actos reclamados y la expresi�n de los conceptos de violaci�n, deben buscarse en cualquier parte de la misma, aunque no sea enel cap�tulo destacado correspondiente, ya que aunque se acostumbre se�alar cada elemento en un lugar destacado, no hay precepto legal alguno que establezca que ello es un requisito formal y solemne que sea indispensable para el estudio de todas las cuestiones planteadas en la demanda.? ?DEMANDA DE AMPARO, DEBE ESTUDIARSE EN SU INTEGRIDAD. Tomando en consideraci�n que la demanda de garant�as constituye un todo, es incuestionable que el a quo est� obligado a analizarla en su integridad y atender a todos aquellos actos que en la misma se se�alen como reclamados, ya que de no hacerlo as� resulta claro que con tal omisi�n el Juez de Distrito, deja de observar lo dispuesto por el art�culo 77, fracci�n I, de la Ley de Amparo, pues la sentencia que pronuncie en forma alguna contiene la fijaci�n clara y precisa de los actos reclamados.? Tesis de jurisprudencia n�mero 741 y 744, visibles a fojas 499 y 501 del Tomo VI, Materia Com�n, Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995. Adem�s, lo anterior encuentra sustento en lo dispuesto por el art�culo 145 de la Ley de Amparo que establece lo siguiente: ?Art�culo 145. El Juez de Distrito examinar�, ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechar� de plano, sin suspender el acto reclamado.?. Es evidente que el �rgano jurisdiccional debe analizar la demanda de amparo en su integridad, toda vez que, de lo contrario, se ver�a impedido para resolver todos y cada uno de los conceptos de violaci�n en forma congruente. Ahora bien, tal y como lo afirma el Juez de Distrito, del an�lisis integral de la demanda de amparo presentada por el recurrente, se desprende con claridad el planteamiento de conceptos de violaci�n en contra del art�culo 122, inciso C) base segunda, fracci�n I, segundo p�rrafo, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. La disposici�n constitucional citada establece, entre los requisitos para ser jefe de Gobierno del Distrito Federal, el no haber ejercido dicho encargo con anterioridad bajo cualquier car�cter. Por su parte, en la demanda de amparo presentada por el hoy recurrente, en distintos apartados, se�ala lo siguiente: ?Con vista a esa ilegalidad formal, por virtud de la reforma aludida, se me han disminuido mis derechos como ciudadano, al priv�rseme de la posibilidad de presentarme como candidato al Gobierno del Distrito Federal. La reforma aprobada ilegalmente, que viola el principio de seguridad jur�dica en mi perjuicio, me ha privado, en lo personal, del derecho que como ciudadano ten�a para registrarme y presentarme como candidato a ocupar el cargo de jefe de Gobierno del Distrito Federal en las elecciones que deben tener verificativo en el a�o de 1997. Consecuentemente ... en el periodo de primero de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho al veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y tres, me desempe�� como jefe del Departamento del Distrito Federal, y por tanto, de acuerdo a la supuesta reforma, se me inhabilita para postularme como candidato a ocupar la jefatura de Gobierno del Distrito Federal ... se viola el principio de legalidad que nos regula, en lo personal me agravia ... para los efectos de que no me sea aplicada la ilegal reforma. Consecuentemente, la Justicia de la Uni�n deber� ampararme y protegerme para los efectos de que no se me aplique la supuesta reforma ...?. De lo anterior se sigue que el quejoso, en su demanda de garant�as, reclama el contenido de la reforma al art�culo 122, inciso C), base segunda, fracci�n I, segundo p�rrafo, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el 22 de agosto de 1996, toda vez que le causa como perjuicio la imposibilidad de postularse como candidato a jefe de Gobierno del Distrito Federal. Luego entonces, contrariamente a los agravios que el recurrente pretende hacer valer, s� se impugna el contenido de la reforma constitucional y no el procedimiento que le dio origen. En consecuencia, es correcto que el Juez de Distrito haya desechado la demanda de amparo por su notoria improcedencia, en los t�rminos que dispone el art�culo 73, fracci�n XVIII, de la Ley de Amparo, con relaci�n a los art�culos 103, fracci�n I, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., fracci�n I, y 145, de la Ley de Amparo, en virtud de las consideraciones siguientes: a) No se afectan las garant�as individuales del quejoso. b) El juicio de amparo es el medio de defensa m�s eficaz para atacar leyes o actos que sean contrarios a la C.�n y que, al mismo tiempo, transgredan las garant�as individuales en perjuicio de un gobernado. No es posible que el medio de defensa se extienda al grado que el propio juicio de amparo sea eficaz para que el �rgano jurisdiccional pueda examinar normas de car�cter constitucional, independientemente de que �stas sean producto de una reforma. Las normas constitucionales gozan de un mismo nivel jer�rquico y, por lo tanto, no pueden vulnerarse entre s� mismas, sino por el contrario, se complementan y articulan de manera congruente. En todo caso, afirmar que una norma constitucional es contraria a la Ley Fundamental, supone la existencia de una norma superior a la C.�n misma, lo cual rompe con el principio de jerarqu�a de leyes. c) La reforma constitucional, cuyo contenido pretende impugnar el quejoso, es de car�cter pol�tico y, en todo caso, el juicio de amparo no es procedente contra la violaci�n de derechos pol�ticos, toda vez que no constituyen garant�as individuales. 2. El segundo agravio que pretende hacer valer el recurrente, en el sentido de que el Juez de Distrito resolvi� el fondo de los conceptos de violaci�n al sostener que la C.�n no es una ley ordinaria sino la fundamental, contra la que no procede la intervenci�n de la autoridad jurisdiccional para declararla inconstitucional, tambi�n resulta infundado. En efecto, el Juez de Distrito determin� que la demanda de amparo era improcedente por haberse actualizado una de las causales que la ley establece al efecto. Ahora bien, la consecuencia l�gica y necesaria de la improcedencia de la demanda, consiste en que el �rgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para entrar al estudio de los conceptos de violaci�n. En todo caso, las consideraciones formuladas por el Juez de Distrito tienen por objeto fundamentar la improcedencia decretada, sin que ello implique el an�lisis de los conceptos de violaci�n. 3. En los agravios tercero y cuarto el recurrente pretende establecer que la reforma constitucional, cuando no se ajusta a los procedimientos establecidos en la propia C.�n, puede ser objeto de revisi�n por el Juez de amparo. En todo caso, la afirmaci�n del recurrente no constituye un agravio que pueda ser materia de estudio en el presente recurso de revisi�n, sino que se traduce en un concepto de violaci�n que debi� hacerse valer en la demanda de amparo. En consecuencia, los agravios tercero y cuarto expresados por el recurrente, resultan inatendibles, dado que el objeto del presente recurso de revisi�n es precisamente el auto de desechamiento del Juez de Distrito, no as� los conceptos de violaci�n que se argumentan en el fondo del amparo. En efecto, los argumentos vertidos por el recurrente en los agravios se�alados, tienen por objeto establecer que el procedimiento de reforma constitucional no se llev� a cabo de conformidad con las normas que la propia C.�n contiene, lo cual, evidentemente, es objeto del an�lisis del fondo del asunto y no de la causal de improcedencia. Independientemente de lo anterior, el recurrente se�ala que se violan los art�culos 135 y 136 constitucionales, dado que se vulnera el procedimiento para la formaci�n de leyes y se quebranta el principio de inviolabilidad de la C.�n. Sin embargo, el recurrente en su demanda no se�ala las razones por las que considera violados los preceptos constitucionales y as� demostrar sus afirmaciones, de lo cual resulta inatendible el estudio de los agravios. Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia que se transcribe a continuaci�n: ?AGRAVIOS EN LA REVISION INATENDIBLES. No pueden tenerse como agravios en la revisi�n, las violaciones que no fueron invocadas en la demanda de amparo, dando lugar con ello a que no se oiga a las autoridades responsables.? Tesis de jurisprudencia n�mero 31, visible a fojas 20 y 21 del Tomo VI, Materia Com�n, Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995. Por otra parte, como qued� plenamente demostrado en el punto 1 anterior, no obstante que el quejoso se�ala que no ataca el contenido de la reforma constitucional, sino los vicios del procedimiento que le dieron origen, del an�lisis de su demanda se desprende que es precisamente el contenido de dicha reforma lo que pudiera afectar sus intereses pol�ticos. Ahora bien, el procedimiento de reforma a la C.�n, en s� mismo, no vulnera los intereses jur�dicos del quejoso, toda vez que no constituye una violaci�n a sus derechos pol�ticos y mucho menos a sus garant�as individuales. Luego entonces, suponiendo sin conceder que el objeto del amparo fuese el de impugnar los vicios de procedimiento que dieron origen a la reforma constitucional, la demanda de garant�as debe ser desechada, dado que se actualiza la hip�tesis de improcedencia a que se refiere la fracci�n V del art�culo 73 de la Ley de Amparo. En efecto, el procedimiento que dio origen a la reforma constitucional no produce un perjuicio personal y directo al quejoso y, por ende, no afecta su inter�s jur�dico. En consecuencia, debe confirmarse el auto dictado por el Juez a quo, por el que se desecha de plano el escrito inicial de demanda presentado por el quejoso. De conformidad con lo anteriormente expuesto, esta representaci�n social de la Federaci�n, formula atento pedimento en el sentido siguiente: PRIMERO. Tenerme por presentado en tiempo y forma con el presente pedimento. SEGUNDO. Tomar en consideraci�n el presente pedimento en la resoluci�n que se pronuncie. TERCERO. Confirmar el auto que desech� la demanda, materia del presente recurso de revisi�n, por ser acorde a las normas procedimentales establecidas en la Ley de Amparo. CUARTO. En su oportunidad, se me obsequie copia certificada de la resoluci�n que se dicte en el presente toca, relativo al recurso de revisi�n con facultad de atracci�n, atento a lo dispuesto por el art�culo 278 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles de aplicaci�n supletoria, en relaci�n con el segundo p�rrafo del art�culo 2o. de la Ley de Amparo.

DECIMO

Concluido el tr�mite del recurso, se puso el asunto a disposici�n del se�or Ministro Juan D�az R., quien present� un proyecto a la consideraci�n del Tribunal Pleno, el cual se discuti� en la sesi�n p�blica celebrada el d�a tres de febrero de mil novecientos noventa y siete; y, puesto a votaci�n, por mayor�a de seis votos se fall�, encarg�ndose el engrose al se�or Ministro G.D.G.�ngora P..

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para resolver el recurso de revisi�n, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 107, fracci�n VIII, pen�ltimo p�rrafo, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracci�n III, de la Ley de Amparo; y 10, fracci�n XI, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, por haberse ejercido la facultad de atracci�n para conocer del mismo en t�rminos de la ejecutoria dictada en el expediente Varios n�mero 631/96 a que se ha hecho referencia.

SEGUNDO

Las consideraciones que sustentan el desechamiento de la demanda de amparo, son del tenor siguiente:

"VISTA la demanda promovida por M.C.S.�s en contra de actos del Congreso de la Uni�n y otras autoridades, reg�strese en el libro de gobierno con el n�mero que le corresponda. Ahora bien, una vez analizada la mencionada demanda de amparo, en los t�rminos del art�culo 145 de la Ley de Amparo, que se�ala lo siguiente: ?El Juez de Distrito examinar�, ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechar� de plano, sin suspender el acto reclamado.?.

"En ese orden de ideas, de la lectura de la misma se advierte que la parte quejosa reclam� los siguientes actos: ?Del Congreso de la Uni�n reclamo: el acto por virtud del cual la C�mara de Diputados de dicho Congreso aprob�, como c�mara de origen, y parte del proceso legislativo, con fecha treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y seis, la iniciativa de reformas a la C.�n General de la Rep�blica presentada el d�a veintis�is del mismo mes y a�o, como consta en el Diario de los Debates, n�mero 3, del a�o II, correspondiente al d�a mi�rcoles treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y seis, que publica el Poder Legislativo Federal, a foja 59. Del propio Congreso de la Uni�n reclamo el acto por virtud del cual la C�mara de Senadores, con fecha primero de agosto del a�o en curso, aprob�, como c�mara revisora, y parte del proceso legislativo, la iniciativa de reformas constitucionales presentada con fecha veintis�is de julio de mil novecientos noventa y seis, seg�n se desprende del Diario de los Debates correspondiente. De las Legislaturas de los Estados libres y soberanos que conforman la Rep�blica Mexicana y que se�alo como responsables, reclamo la aprobaci�n de las reformas constitucionales a que se ha hecho m�rito, mediante el decreto aprobatorio correspondiente, que le fueron enviadas para tal efecto por el Congreso de la Uni�n. De la Comisi�n Permanente del Congreso de la Uni�n, reclamo el c�mputo que realiz�, con fecha veintiuno del mes y a�o en curso, de los votos aprobatorios emitidos por las Legislaturas de los Estados; por la declaraci�n que emiti� con fecha veintiuno de agosto del mismo mes a�o (sic) en el sentido de haber sido aprobadas las supuestas reformas constitucionales; as� como por el decreto que contiene el c�mputo y la declaraci�n se�alados, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n correspondiente al d�a jueves veintid�s de agosto del a�o corriente. Del Presidente C.onal de los Estados Unidos Mexicanos, reclamo el decreto de veintiuno de agosto en curso, por virtud del cual orden� la promulgaci�n y publicaci�n de las supuestas reformas constitucionales que se impugnan por medio de este juicio constitucional de garant�as.?. Igualmente, como la demanda de amparo constituye un todo �ntegramente, de la lectura de la misma, concretamente en el cap�tulo denominado CONSIDERACIONES JURIDICAS DE CARACTER GENERAL, a foja diez, reclama la reforma al art�culo 122 de la C.�n, base segunda, segundo p�rrafo, del apartado I, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el d�a veintid�s de agosto de mil novecientos noventa y seis, que reza en los siguientes t�rminos: ?BASE SEGUNDA. Respecto al jefe de Gobierno del Distrito Federal: ?I. ... Para ser jefe de Gobierno del Distrito Federal deber�n reunirse los requisitos que establezca el Estatuto de Gobierno, entre los que deber�n estar: ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos con una residencia efectiva de tres a�os inmediatamente anteriores al d�a de la elecci�n si es originario del Distrito Federal o de cinco a�os ininterrumpidos para los nacidos en otra entidad; tener cuando menos treinta a�os cumplidos al d�a de la elecci�n, y no haber desempe�ado anteriormente el cargo de jefe de Gobierno del Distrito Federal con cualquier car�cter. La residencia no se interrumpe por el desempe�o de cargos p�blicos de la Federaci�n en otro �mbito territorial ...?. De lo transcrito, se desprende que la parte quejosa reclama: a) Los vicios que dice fueron cometidos durante el proceso de formaci�n que concluy� con la reforma constitucional. b) La reforma constitucional contenida en el 122, base segunda, segundo p�rrafo, del apartado I, del Pacto Federal. En ese orden de ideas, es conveniente analizar supuestos (sic) de procedencia del amparo, los que est�n limitativamente indicados en los preceptos 103 de la C.�n y 1o. de la Ley de Amparo; al efecto, los mismos establecen: ?Art�culo 103. Los Tribunales de la Federaci�n resolver�n toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garant�as individuales; II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberan�a de los Estados; III. Por leyes o actos de las autoridades de �stos que invadan la esfera de la autoridad federal.?-?Art�culo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que suscite: (sic) I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garant�as individuales; II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberan�a de los Estados; III. Por leyes o actos de las autoridades de �stos que invadan la esfera de la autoridad federal.?. Ahora bien, debe decirse que en el presente caso, los actos que se impugnan no est�n comprendidos en las hip�tesis de procedencia del juicio de garant�as, precisados en los art�culos transcritos. Lo anterior es as�, puesto que los actos reclamados no encuadran en la fracci�n II, ni en la fracci�n III de los art�culos 103 constitucional y 1o. de la Ley de Amparo, porque el promovente no alega invasi�n alguna de soberan�as entre la Federaci�n y los Estados, ni est� comprendido el caso que se analiza en la fracci�n I de los referidos art�culos, debido que para que juicio (sic) fuera procedente en t�rminos de la fracci�n mencionada, ser�a preciso que el t�rmino ?leyes? a que aluden tales disposiciones, comprendiese a la C.�n, lo que es inaceptable, ya que el juicio de garant�as es un medio de defensa, el m�s eficaz de nuestra C.�n, por lo cual resulta contra toda l�gica jur�dica que se pretenda utilizar ese medio de defensa para reclamar y, en el caso, destruir la C.�n, de la que forma (sic) la aludida reforma contenida en el art�culo 122, base segunda, segundo p�rrafo, del apartado I.

Cabe precisar que la ?C.�n? y la ?ley? son conceptos que no deben confundirse pues mientras la C.�n es un conjunto de normas supremas que rigen la organizaci�n y funcionamiento de los poderes p�blicos y sus relaciones de orden social, la ley es el conjunto de normas que derivan su validez y eficacia de la propia C.�n. Asimismo, ?C.�n? y ?ley?, ya sea �sta federal y local se diferencian por su jerarqu�a, por su proceso de elaboraci�n y por su contenido. Por lo que respecta a su jerarqu�a, es incuestionable que prevalece la norma constitucional respecto de la ordinaria, cuando �sta se encuentra en contravenci�n con aqu�lla; en lo que ata�e su proceso de elaboraci�n, la C.�n emana del Poder Constituyente y �nicamente puede ser reformada o adicionada por el poder revisor tambi�n llamado Constituyente Permanente, en tanto que la ley proviene de los poderes constituidos y, por lo que se refiere a su contenido, la C.�n se�ala originalmente los aspectos mencionados, en tanto que la ley desarrolla los preceptos constitucionales sin poder alterarlos. En conclusi�n, como el concepto ?leyes? a que aluden los art�culos 103 constitucional y 1o. de la Ley de Amparo, ambos en su fracci�n I, no se comprende el de la Ley Suprema o sea la ?C.�n?, atendiendo a lo ya manifestado. Consecuentemente, este juzgador concluye que la demanda de amparo de que se trata, en la cual se reclaman adiciones al art�culo 122, base segunda, p�rrafo segundo, del apartado I, del Pacto Federal, tild�ndola de inconstitucional; de ah� que deba desecharse por notoriamente improcedente, con fundamento en el art�culo 145 de la Ley de Amparo, en relaci�n con los art�culos 73, fracci�n XVIII y 1o. de la misma ley y 103 y 107 de la C.�n General de la Rep�blica. En apoyo a la anterior consideraci�n, cabe citar por analog�a la tesis sustentada por el Primer TribunalColegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la p�gina cincuenta y seis, Sexta Parte de los Vol�menes 169-174, de la S�ptima Epoca del Semanario Judicial de la Federaci�n, cuyo rubro es: ?CONSTITUCION, REFORMAS A LA. AMPARO IMPROCEDENTE, BANCA Y CREDITO.?. Am�n, ya que de admitir la procedencia del juicio, implicar�a necesariamente, la posibilidad de destruir la reforma constitucional con que culmin� el procedimiento de su formaci�n, se insiste que es inadmisible analizar la constitucionalidad de los actos que tienen lugar durante la secuela de ese procedimiento. N.�quese.

TERCERO

El quejoso expres� los siguientes agravios:

"PRIMERO. El a quo vulner� en mi perjuicio los art�culos 103, fracci�n I, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracci�n I, 73, fracci�n XVIII y 145, de la Ley de Amparo, toda vez que declara improcedente mi demanda de amparo, argumentando, como causal de improcedencia, la que resulta de haber solicitado la protecci�n de la Justicia Federal en contra de una norma constitucional (en sentido material), cuando, como evidentemente se desprende de la propia demanda de garant�as, no se formul� el reclamo en contra del contenido mismo de la reforma constitucional.

"En el auto recurrido argumenta el Juez inferior que toda demanda de amparo, seg�n lo dispuesto por la fracci�n I del art�culo 103 constitucional, debe estar encaminada a declarar la inconstitucionalidad de leyes o actos de la autoridad que violen las garant�as individuales y que, en el caso concreto, una reforma a la C.�n no puede ser inconstitucional ni mucho menos utilizarse el amparo, medio de defensa m�s eficaz de nuestra Carta Fundamental, para transgredir, precisamente, a dicha C.�n. El a quo, para concluir en la improcedencia de la demanda, sin embargo, se fundament� en un silogismo con premisa falsa que, necesariamente, contiene una conclusi�n que constituye un sofisma jur�dico. As�, como premisa mayor, sostiene que lo que en realidad se demand� fue la inconstitucionalidad a la reforma del art�culo 122, base segunda, segundo p�rrafo, del apartado I, de la C.�n General de la Rep�blica; como premisa menor, argumenta que la fracci�n I del art�culo 103 constitucional y la fracci�n I del art�culo 1o. de la Ley de Amparo, establecen la procedencia del juicio constitucional de garant�as en contra de leyes y actos de autoridad que vulneren garant�as individuales; y concluye que una reforma a la C.�n, por estar incluida en la Carta Fundamental, no tiene el car�cter de ley y, as�, no se actualiza el supuesto a que se refieren los numerales invocados. Contrariamente a lo sostenido por el Juez inferior, la demanda de amparo no fue planteada contra la reforma al art�culo 122 constitucional, puesto que en ninguna parte del escrito postulatorio se desprende que se hubiera se�alado a dicho numeral como acto reclamado a las autoridades se�aladas como responsables. El reclamo de protecci�n de la Justicia Federal se enderez� contra la reforma constitucional toda (publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintid�s de agosto del a�o en curso), en su sentido formal, por los vicios de inconstitucionalidad en su proceso de creaci�n; es decir, se plante� el reclamo contra actos de las autoridades que intervinieron en dicho proceso legislativo. El a quo confundi�, por ignorancia o mala fe, lo que debe entenderse por ley en su aspecto material y su aspecto formal. No me inconform� contra la norma constitucional, cuyo contenido es obra de la soberan�a del Estado (ley en sentido material); la inconformidad se hizo consistir en no sujetarse el Constituyente Permanente a las disposiciones que regulan el proceso de creaci�n de las normas constitucionales (ley en sentido formal). Se confirma el corolario que formulo en el p�rrafo inmediato anterior de una simple lectura de la demanda de garant�as, de cuyo texto se desprende de manera di�fana que no se�al� como actos reclamados la reforma al art�culo 122 de la C.�n y, adem�s, porque no formul� concepto de violaci�n en ese sentido. Sin embargo, el a quo, en franca contradicci�n con lo demandado, forzadamente, argumenta que del estudio integral del escrito postulatorio se desprende que el amparo est� planteado en contra del citado art�culo 122, base segunda, segundo p�rrafo del apartado I, de la C.�n Federal, puesto que del estudio integral de la demanda as� se desprende. Y debe insistirse en que el inferior confundi� el sentido de lo que debe entenderse por ley en sentido material y formal. Y tambi�n cabe insistir en que el amparo fue interpuesto porque el Poder Constituyente Permanente viol� en forma flagrante el procedimiento de formaci�n de la norma constitucional. As�, en virtud de que en nuestro pa�s se estableci� un r�gimen de derecho garantizado por la propia Carta Fundamental, cuando en el proceso de formaci�n de la reforma o adici�n a la misma se cometen violaciones como las alegadas en el amparo se quebrantan en perjuicio del quejoso las garant�as individuales de legalidad y de seguridad jur�dica. El a quo, en el auto recurrido, como se ha dicho, sostiene que como la demanda de amparo constituye un todo, de la lectura del cap�tulo denominado CONSIDERACIONES JURIDICAS DE CARACTER GENERAL, se reclama: a. Los vicios que dice fueron cometidos durante el proceso de formaci�n que concluy� con la reforma constitucional; b. La reforma constitucional contenida en el 122, base segunda, segundo p�rrafo del apartado I, del Pacto Federal. Pues bien, asumiendo que aunque no se hubiera reclamado la inconstitucionalidad de la reforma al 122, as� se desprendiera desde el punto de vista de las normas que regulan el procedimiento de amparo, lo cierto es que, como lo reconoce de manera expresa el inferior, se reclamaron los vicios cometidos durante el proceso de formaci�n que concluy� con la reforma constitucional, y �stos, evidentemente, no tienen el car�cter de ley, sino de actos, actualiz�ndose as� la procedencia de la demanda en t�rminos de lo dispuesto por las fracciones I del art�culo 103 constitucional y I del art�culo 1o. de la Ley de Amparo. De seguir sosteniendo los tribunales federales en materia de amparo el criterio del a quo, se llegar�a al absurdo de que toda reforma constitucional, aun cuando no se hubieran cumplido los requisitos a que se refiere el art�culo 135, en correlaci�n con el 71 y 72 del Pacto Federal, fuera inatacable, porque tal circunstancia derivar�a en la violentaci�n del control constitucional. Si, resulta claro que el Constituyente Permanente debe acatar el proceso legislativo de la norma constitucional, porque tal extremo implica la mejor garant�a de la salvaguarda de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. No debe perderse de vista que, como se ha dicho, el propio a quo reconoce que se reclamaron los vicios cometidos durante el proceso de formaci�n de toda la reforma constitucional, que se insiste, constituyen actos y no leyes, por lo que ese Tribunal Colegiado debe revocar el auto recurrido y dictar, sustituyendo al Juez del amparo, otro diverso en el que se admita a tr�mite la demanda, dejando fuera de la litis la reforma constitucional contenida en el 122, base segunda, segundo p�rrafo del apartado I, del Pacto Federal.

"SEGUNDO. El Juez inferior quebranta en mi perjuicio los art�culos 73, fracci�n XVIII, en correlaci�n con el 145, 76 y 77 de la Ley de Amparo, toda vez que en el auto recurrido, con pretexto de la improcedencia de la demanda, se resuelve el fondo del negocio sin que hubiere sido o�do ni vencido en juicio. En el auto materia de revisi�n, argumenta el a quo: ?... este juzgador concluye que la demanda de amparo de que trata, en la cual se reclaman adiciones al art�culo 122, base segunda, p�rrafo segundo, del apartado I, del Pacto Federal tild�ndola de inconstitucional; de ah� que deba desecharse notoriamente por improcedente, con fundamento en el art�culo 145 de la Ley de Amparo, en relaci�n con los art�culos 73, fracci�n XVIII y 1o. de la misma ley y 103 y 107 de la C.�n General de la Rep�blica.?. En este tenor, como se argumenta en el primero de los agravios, el a quo sostuvo que de lo transcrito en la demanda se desprend�a, como una de las dos cuestiones reclamadas, los vicios que fueron cometidos durante el proceso de formaci�n que concluy� con la reforma constitucional, que no son leyes sino actos, y teniendo este car�cter y adecu�ndose por tanto a la procedencia del juicio de garant�as en t�rminos de lo dispuesto en las fracciones I de los art�culos 103 constitucional y 1o. de la Ley de Amparo, en el auto recurrido resuelve el fondo de los conceptos de violaci�n planteados al sostener que la C.�n no es una ley ordinaria sino la fundamental contra la que no procede la intervenci�n de la autoridad jurisdiccional para declararla inconstitucional. En otras palabras, sin admitir a tr�mite la demanda por lo que respecta a los vicios en el proceso de formaci�n de la reforma constitucional, la desecha resolviendo el fondo, como si se tratare de una sentencia definitiva regulada por los art�culos 76 y 77 de la Ley de Amparo. El desechamiento de la demanda, aunque no se exprese, declara la constitucionalidad de los vicios de formaci�n de la norma constitucional, pero lo hace sin que se haya sustanciado el procedimiento y, por lo tanto, sin haber sido o�do ni vencido en juicio. M�s de lo mismo, el a quo, para fundar el auto de desechamiento de la demanda, invoca, en aplicaci�n por analog�a, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la p�gina cincuenta y seis, Sexta Parte de los Vol�menes 169-174, de la S�ptima Epoca del Semanario Judicial de la Federaci�n, de cuyo texto se desprende que de admitir la procedencia del juicio implicar�a necesariamente la posibilidad de destruir reformas constitucionales. Sin embargo, la ejecutoria invocada fue dictada en el juicio de amparo que se interpuso en contra de la aprobaci�n de una enmienda que adicion� un p�rrafo quinto al art�culo 28 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, donde el acto reclamado se centr� en la norma constitucional en su sentido material, en su contenido, no en vicios (como actos) en el proceso de formaci�n de la reforma. Por lo tanto, reconociendo el inferior que en el caso a estudio se reclamaron actos consistentes en los vicios que fueron cometidos durante el proceso de formaci�n que concluy� con la reforma constitucional, el desechamiento de la demanda con el argumento ya citado deviene en notoriamente improcedente e ilegal, porque, insisto, me resuelve el fondo del amparo sin sustanciarse el procedimiento y sin haber sido o�do y vencido en juicio.

"TERCERO. El a quo, al dictar el auto recurrido, quebranta en mi perjuicio la fracci�n XVIII del art�culo 73 y el art�culo 145 de la Ley de Amparo, al desechar la demanda de garant�as con el argumento de que la C.�n General de la Rep�blica no constituye una ley y que, por ende, no se surte el supuesto contemplado en las fracciones I, de los art�culos 103 constitucional y 1o. de la Ley de Amparo, haciendo improcedente el reclamo de protecci�n de la Justicia Federal. En otras palabras, sostiene el inferior que ninguna norma constitucional, en su sentido material, puede ser revisada, cuando menos as� se entiende, por un Poder constituido, concretamente el Poder Judicial de la Federaci�n. Contrariamente a lo sostenido en el auto que desech� la demanda por notoriamente improcedente, y aun en contra de la ejecutoria que en la misma se invoca, es dable sostener que toda reforma constitucional, cuando es obra de un �rgano distinto al que previene el art�culo 135 de nuestra Carta Magna, o cuando no se sujeta a los procedimientos establecidos en la misma, es materia de enjuiciamiento la validez de la misma a trav�s del amparo. As� se desprende de la propia C.�n, concretamente de sus art�culos 135 y 136, en correlaci�n con el 71 y 72 del mismo C�digo Fundamental. En efecto, el primero de los numerales establece a un Poder Constituyente Permanente como �nico facultado para reformar, derogar o adicionar a la C.�n. El 136 claramente establece la inviolabilidad de la C.�n. Y en consecuencia, siendo inviolable la C.�n, no la puede violentar el Constituyente Permanente cuando no se sujeta a los procedimientos de formaci�n de la norma.

"Sobre el particular, en nuestro derecho, T.R.�rez admite expresamente que una reforma a la C.�n se puede declarar inconstitucional por violaci�n del art�culo 135 de la Carta Magna que instituye para el efecto el �rgano id�neo, y expresa que esta violaci�n puede ser por haberse realizado por un �rgano distinto a aqu�l o por haberse omitido las formalidades se�aladas por dicho precepto, advirtiendo que en este caso ser�a procedente enjuiciar la validez de la misma por medio del juicio de amparo, que es el medio de definir los casos de inconstitucionalidad, Derecho C.onal Mexicano, 12a. edici�n, P.�a, M�xico, 1973, p�g. 68, citado por los licenciados Ram�n S�nchez M. y licenciado V.A.A.�n, hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en su demanda de amparo planteada en contra de la adici�n al art�culo 28 constitucional por reforma de diecis�is de noviembre de mil novecientos ochenta y dos. Por lo tanto, atendiendo al imperativo contenido en el 136 constitucional respecto de la inviolabilidad de la C.�n, as� como a lo dispuesto en el art�culo 135, en correlaci�n con el 71 y 72 de nuestra Carta Fundamental, tambi�n resultan cuestionables en juicio constitucional de garant�as las reformas constitucionales, desde su punto de vista material o de contenido, no dejando duda de su procedencia por lo que respecta a la reforma constitucional en su sentido formal. Consecuentemente, ese Tribunal Colegiado, sustituyendo al a quo, debe revocar el auto de desechamiento recurrido y dictar uno nuevo en el que se admita a tr�mite el juicio de amparo planteado.

"CUARTO. El inferior, al desechar por notoriamente improcedente mi demanda de amparo, quebrant� en mi perjuicio el art�culo 1o., fracci�n I (de id�ntica redacci�n al 103, fracci�n I, constitucional), al establecer, como fundamento de su resoluci�n, que en la especie no son revisables por v�a de amparo las reformas constitucionales, aun cuando se evidencien crasas violaciones en el proceso de su formaci�n que violentan los art�culos 135 y 136, en correlaci�n con el 71 y 72 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, por actos imputables a las entidades que conforman el Constituyente Permanente y que, por tal motivo, encuadran en el supuesto de procedencia a que se refiere la segunda hip�tesis fracci�n del art�culo 1o. citado (sic). Atendiendo a la inviolabilidad de la C.�n, establecida imperativamente en el 136 de nuestra Carta Fundamental, toda reforma constitucional debe tener por autor a los �rganos que colegiadamente integran al Constituyente Permanente, pero solamente ellos. En el caso que nos ocupa, como se desprende indubitablemente (hecho notorio que no es necesario probar), la iniciativa de reforma constitucional fue presentada por la C�mara de Senadores y la C�mara de Diputados, as� como por el Presidente C.onal de los Estados Unidos Mexicanos, previamente consensada entre los dirigentes nacionales de los partidos pol�ticos en el Congreso y los coordinadores de los grupos parlamentarios en el Senado y en la C�mara de Diputados, por lo que dicha iniciativa no fue ni formal ni materialmente discutida, s�lo aprobada. En efecto, como se consigna en el antecedente segundo de la demanda de amparo: ?2. Con fecha veinticinco de julio de mil novecientos noventa y seis, los se�ores ciudadanos, Presidente C.onal de los Estados Unidos Mexicanos, E.Z.P. de Le�n; los diputados federales R.G.�a C., H.R.V., Jes�s O.M.�nez y A.P.R.�o V�zquez; as� como los senadores G.J.R., F.O.A., H�ctor S�nchez L�pez e I.S.C.D.�nguez, en contra de lo dispuesto por la C.�n y las leyes, suscribieron y presentaron a la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n una iniciativa por virtud de la cual propusieron reformas a diversos art�culos de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. En la iniciativa de referencia, a fojas III y IV, se asent� textualmente lo siguiente: En esta instancia de trabajo, los dirigentes nacionales de los partidos pol�ticos representados en el Congreso y los coordinadores de los grupos parlamentarios en el Senado y en la C�mara de Diputados, arribaron a conclusiones que fueron el punto de partida para las deliberaciones en el seno de los comicios especiales de car�cter plural creadas en ambas c�maras para tales efectos. Y se sigue diciendo: en dichas comisiones, cuyos trabajos incluyeron reuniones en conferencias, se enriqueci� el proceso de an�lisis de las propuestas derivadas de los acercamientos entre el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revoluci�n D.�tica y el Partido del Trabajo, mediante la consideraci�n de distintas iniciativas presentadas por el grupo parlamentario del Partido Acci�n Nacional en la C�mara de Diputados sobre materias coincidentes. As�, el foro del Congreso constituy� un �mbito institucional para la evoluci�n del di�logo entre los partidos a trav�s de sus legisladores. Contin�a: Esta iniciativa de reformas y adiciones a la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos representa la culminaci�n de un esfuerzo que habr� de contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de las instituciones pol�ticas y de la vida democr�tica de la Naci�n.?, Con ello, en t�rminos de los conceptos de violaci�n hechos valer en la demanda de amparo, como afirmo, por la intervenci�n del Ejecutivo Federal, el proyecto de ley no fue discutido, sino simplemente votado en cada una de las c�maras integrantes del Congreso Federal.

"As�, porque el Constituyente Permanente no admite otros �rganos a los contemplados en el 135 constitucional, se vulner� este numeral y por extensi�n tambi�n se violentaron el 136, en correlaci�n con el 71 y 72 de la propia Carta Fundamental. La conclusi�n es evidente, el inferior notoriamente interpret� de manera inexacta el art�culo 1o., fracci�n I, de la Ley de Amparo, al desechar mi demanda de garant�as con el argumento de que se reclamaba a las autoridades responsables el art�culo 122 constitucional, cuando se evidencia que lo reclamado fueron actos imputables a las mismas. Por lo tanto, el auto que desech� la demanda por notoriamente improcedente, debe ser revocado y dictar otro en el que se admita el juicio constitucional de garant�as a tr�mite."

CUARTO

Previamente al examen de los agravios, se precisa la litis materia de esta alzada.

El Juez de Distrito, para desechar la demanda de amparo, se bas� en las consideraciones que a continuaci�n se sintetizan:

I.D.�, en t�rminos del art�culo 145 de la Ley de Amparo, los actos reclamados.

  1. A.� la procedencia del juicio constitucional seg�n los preceptos 103 de la C.�n y 1o. de la Ley de Amparo y estim� que los actos que se impugnaban no estaban comprendidos en las hip�tesis contenidas en esos numerales, con base en las consideraciones que a continuaci�n se precisan:

    1. El promovente no alega invasi�n alguna de soberan�as; b) el t�rmino ?leyes? no comprende a la C.�n; la ?C.�n? y la ?ley? son conceptos que no deben confundirse pues mientras la primera es un conjunto de normas supremas que rigen la organizaci�n y funcionamiento de los poderes p�blicos y sus relaciones de orden social, la ley es el conjunto de normas que derivan su validez y eficacia de la propia C.�n; dichos ordenamientos se diferencian por su jerarqu�a,por su proceso de elaboraci�n y por su contenido: la norma constitucional tiene supremac�a respecto de la ordinaria; la C.�n emana del Poder Constituyente y �nicamente puede ser reformada o adicionada por el ?Constituyente Permanente?, en tanto que la ley, proviene de los poderes constituidos; por lo que se refiere a su contenido, la C.�n se�ala originalmente los aspectos mencionados, en tanto que la ley desarrolla los preceptos constitucionales sin poder alterarlos.

  2. Consecuentemente, la demanda de amparo debe desecharse por notoriamente improcedente, con fundamento en los art�culos 1o., 145 y 73, fracci�n XVIII, de la Ley de Amparo; 103 y 107 constitucionales y con apoyo, por analog�a, en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, rubro: ?CONSTITUCION, REFORMAS A LA. AMPARO IMPROCEDENTE, BANCA Y CREDITO?, ya que de admitir la procedencia del juicio, implicar�a la posibilidad de destruir la reforma constitucional con que culmin� el procedimiento de su formaci�n.

    Por su parte, el recurrente enderez� en contra de dichas consideraciones los siguientes motivos de inconformidad:

    Violaci�n de los art�culos 103, fracci�n I, constitucional; 1o., fracci�n I, 73, fracci�n XVIII, 145, 76 y 77 de la Ley de Amparo, al desechar la demanda por notoriamente improcedente, por lo siguiente:

    I) La demanda de amparo no fue planteada contra la reforma al art�culo 122 constitucional, sino contra toda la reforma, en su sentido formal, por los vicios de inconstitucionalidad en su proceso de creaci�n; ni se se�al� en la demanda como acto reclamado dicho numeral, ni se formul� concepto de violaci�n en su contra; el a quo lo desprendi�, forzadamente, del estudio integral del escrito de amparo.

    II) La inconformidad se hizo consistir en no sujetarse el ?Constituyente Permanente? a las disposiciones que regulan el proceso de creaci�n de las normas constitucionales (ley en sentido formal).

    III) El Juez de Distrito confundi� el sentido de lo que debe entenderse por ley en sentido material y formal. En nuestro pa�s se estableci� un r�gimen de derecho garantizado por la propia Carta Fundamental, cuando en el proceso de formaci�n de la reforma se quebrantan las garant�as de legalidad y de seguridad jur�dica.

    IV) Asumiendo que aunque no se hubiera reclamado la inconstitucionalidad de la reforma al 122, as� se desprendiera desde el punto de vista de las normas que regulan el procedimiento de amparo, lo cierto es que se reclamaron los vicios cometidos durante el proceso de formaci�n que concluy� con la reforma y �stos, evidentemente, no tienen el car�cter de ley, sino de actos, actualiz�ndose as� la procedencia de la demanda.

    V) El Juez quebranta los art�culos invocados, pues en el auto recurrido, resuelve el fondo del negocio sin que hubiere sido o�do ni vencido en juicio al sostener que la C.�n no es una ley ordinaria sino la fundamental contra la que no procede la intervenci�n de la autoridad jurisdiccional para declararla inconstitucional.

    VI) El desechamiento de la demanda, aunque no se exprese, declara la constitucionalidad de los vicios de formaci�n de la norma constitucional, pero lo hace sin que se haya sustanciado el procedimiento y, por lo tanto, sin haber sido o�do ni vencido en juicio; adem�s invoca, en aplicaci�n por analog�a, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, pero la ejecutoria fue dictada en el juicio de amparo donde el acto reclamado se centr� en la norma constitucional en su sentido material, en su contenido, no en vicios (como actos) en el proceso de formaci�n de la reforma.

    VII) El a quo desatiende que toda reforma constitucional, cuando es obra de un �rgano distinto al que previene el art�culo 135 de nuestra Carta Magna, o cuando no se sujeta a los procedimientos establecidos en la misma, es materia de enjuiciamiento la validez de la misma a trav�s del amparo, lo que se desprende de la propia C.�n, concretamente de sus art�culos 135 y 136, en correlaci�n con el 71 y 72 del mismo C�digo Fundamental. El primero de los numerales establece a un ?Poder Constituyente Permanente?, como �nico facultado para reformar, derogar o adicionar a la C.�n. El 136 claramente establece la inviolabilidad de la C.�n. Y en consecuencia, siendo inviolable la C.�n no la puede violentar el ?Constituyente Permanente? cuando no se sujeta a los procedimientos de formaci�n de la norma. De conformidad con dichos preceptos, no hay duda de la procedencia del amparo por lo que respecta a la reforma constitucional en su sentido formal.

    VIII) Atendiendo a la inviolabilidad de la C.�n, toda reforma constitucional debe tener por autor a los �rganos que colegiadamente integran al ?Constituyente Permanente?. En el caso que nos ocupa, la iniciativa fue presentada por la C�mara de Senadores y la C�mara de Diputados, as� como por el presidente de la Rep�blica, previamente consensada entre los dirigentes nacionales de los partidos pol�ticos en el Congreso y los coordinadores de los grupos parlamentarios en el Senado y en la C�mara de Diputados, por lo que dicha iniciativa no fue ni formal ni materialmente discutida, s�lo aprobada, viol�ndose as� el art�culo 135 constitucional, y por extensi�n el 136, en correlaci�n con los numerales 71 y 72 de la propia Carta Fundamental.

    IX) De lo anterior se concluye que el a quo interpret� de manera inexacta el art�culo 1o., fracci�n I, de la Ley de Amparo, al desechar la demanda de garant�as con el argumento de que se reclamaba a las autoridades responsables el art�culo 122 constitucional, cuando se evidencia que lo reclamado fueron actos imputables a las mismas.

    De la lectura de lo resuelto por el Juez de Distrito se advierte que el auto desechatorio de la demanda de amparo, que motiv� el presente recurso de revisi�n, contiene dos decisiones del juzgador, a saber:

    1. ) Que la demanda de amparo es improcedente contra reformas a la C.�n; y, 2.) que la causal de improcedencia es notoria.

    Asimismo, se obtiene de la lectura de los agravios que, si bien el recurrente s�lo ataca las consideraciones tendientes a sostener la improcedencia del amparo contra "la reforma al art�culo 122 constitucional" en el sentido de que su reclamo no fue de ese jaez, sino que lo impugnado lo fueron actos del procedimiento legislativo, sin atacar la consideraci�n consistente en que la improcedencia es, adem�s, notoria, los agravios no pueden considerarse inoperantes, porque aun cuando no hay expreso cuestionamiento en contra de la especificaci�n relativa a que la causal de improcedencia es notoria, si resultaran fundados los agravios enderezados en contra de la primera decisi�n, esto es, la relativa a estimar la improcedencia del juicio contra "reformas a la C.�n", por mayor�a de raz�n, la segunda decisi�n del juzgador tambi�n se destruir�a, ya que la notoriedad deriva de la improcedencia y demostrada la procedencia del amparo, en su caso, el adjetivo de la causal desaparecer�a en forma simult�nea.

    En consecuencia, aun cuando no se combatan la totalidad de las consideraciones que sustentan el auto desechatorio de m�rito, esa circunstancia no hace inoperantes los agravios por la �ntima vinculaci�n de las mismas, siendo suficiente con el desvirtuamiento de una de las consideraciones para que la otra se vea afectada y m�s a�n en el presente caso, en el que se impugnan las consideraciones que sostienen la improcedencia del amparo promovido, pues si los agravios llegaran a ser fundados, ello implicar�a que el amparo fuera procedente, por lo que la calificaci�n de "notoriedad", desaparecer�a en forma simult�nea con la de "improcedencia".

    En estas condiciones, la presente ejecutoria se ocupar� de establecer si el auto de fecha treinta de agosto del a�o en curso, dictado por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, dentro del expediente 207/96-AUX, por el que desech�, por notoriamente improcedente, la demanda de garant�as promovida por M.C.S.�s, se encuentra o no apegado a derecho, por lo que en el caso s�lo se analizar�n aquellos motivos de inconformidad que est�n directamente encaminados a combatir las consideraciones que sirvieron de sustento a tal determinaci�n, con base en los agravios planteados por el quejoso-recurrente.

QUINTO

Establecida la materia sobre la cual versar� el presente recurso de revisi�n, debe decirse que resulta fundado el primero de los motivos de inconformidad referente a que en la demanda de garant�as no se reclama el contenido mismo de la reforma constitucional, en particular la relativa al art�culo 122, base segunda, segundo p�rrafo del apartado I, sino la inconstitucionalidad de actos atribuidos a las autoridades que intervinieron en su proceso de creaci�n, toda vez que de la simple lectura de dicha demanda se advierte que, efectivamente, los actos reclamados se hicieron consistir en los vicios que asegura el quejoso fueron cometidos por las autoridades que intervinieron durante el proceso legislativo que culmin� con lo que formalmente se public� como reformas constitucionales en el Diario Oficial de la Federaci�n, el veintid�s de agosto del a�o en curso, no habi�ndose formulado ning�n planteamiento en cuanto al contenido material de la reforma al citado art�culo 122; sin embargo, esta situaci�n por s� sola no basta para establecer la ilegalidad del auto impugnado, habida cuenta que el a quo consider�, adem�s, que el acto reclamado consistente en los vicios, que dice fueron cometidos durante el proceso de formaci�n que concluy� con la reforma constitucional, tampoco queda comprendo en las hip�tesis de procedencia del juicio de garant�as a que se refiere el art�culo 103 de la C.�n Federal.

Ahora bien, para dar soluci�n al agravio formulado sobre este particular, y determinar si dentro del sistema jurisdiccional de control constitucional establecido en el citado art�culo 103, fracci�n I, de la C.�n Federal, es posible el cuestionamiento de alg�n precepto de la propia Carta Magna, a trav�s del proceso de su formaci�n cuando, como en el caso, se sostiene la violaci�n a lo dispuesto por el art�culo 135 en correlaci�n con el 71 y 72 constitucionales, se hace indispensable que este Tribunal Pleno de la Suprema Corte desentra�e el sentido y alcance del indicado art�culo 103.

En efecto, ante el hecho de que nuestra Carta Magna no contiene reglas espec�ficas de interpretaci�n de sus propios preceptos, conforme a nuestro sistema y atendiendo a los principios m�s generales relativos a la tutela o salvaguarda de la C.�n, esta trascendental tarea debe considerarse reservada al Poder Judicial de la Federaci�n y espec�ficamente a la Suprema Corte, pues de lo dispuesto por el s�ptimo p�rrafo del art�culo 94 constitucional debe concluirse que el Poder Judicial Federal es el int�rprete �ltimo de la Ley Fundamental.

Dicho numeral establece: "La ley fijar� los t�rminos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federaci�n sobre la interpretaci�n de la C.�n, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, as� como los requisitos para su interpretaci�n y modificaci�n.".

Esta encomiable tarea se vio acentuada al tener lugar las recientes reformas a la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federaci�n, el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, que tuvieron por objeto, entre otros aspectos, buscar el fortalecimiento de la Suprema Corte de Justicia y su consolidaci�n como tribunal de constitucionalidad, como puede desprenderse de la iniciativa presentada por el jefe del Ejecutivo Federal a la C�mara de Senadores del Congreso de la Uni�n, la cual en lo conducente dice:

"En esta iniciativa se somete a la consideraci�n de esa soberan�a un conjunto de reformas a la C.�n para avanzar en la consolidaci�n de un Poder Judicial fortalecido en sus atribuciones y poderes, m�s aut�nomo y con mayores instrumentos para ejercer sus funciones.

"La fortaleza, autonom�a y capacidad de interpretaci�n de la Suprema Corte de Justicia son esenciales para el adecuado funcionamiento del r�gimen democr�tico y todo sistema de justicia. La Suprema Corte ha sabido ganarse el respeto de la sociedad mexicana por su desempe�o �tico y profesional. En los �ltimos a�os se ha vigorizado su car�cter de �rgano responsable de velar por la constitucionalidad de los actos de la autoridad p�blica. Hoy debemos fortalecer ese car�cter.

Consolidar a la Suprema Corte como tribunal de constitucionalidad exige otorgar mayor fuerza a sus decisiones; exige aplicar su competencia para emitir declaraciones sobre la constitucionalidad de leyes que produzcan efectos generales, para dirimir controversias entre los tres niveles de gobierno y para fungir como garante del federalismo. Al otorgar nuevas atribuciones a la Suprema Corte, se hace necesario revisar las reglas de su integraci�n a fin de facilitar la deliberaci�n colectiva entre sus miembros, asegurar una interpretaci�n coherente de la C.�n, permitir innovaci�n peri�dica de criterios y actitudes ante las necesidades cambiantes del pa�s, favorecer el pleno cumplimiento de su encargo.

Posteriormente, el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y cinco, se public� en el Diario Oficial de la Federaci�n, la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n vigente, que abrog� la anterior de cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho y sus reformas, la cual reiter� la tarea primordial de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consistente en salvaguardar la supremac�a normativa constitucional, precisando y ampliando sus �reas de competencia, como se puede desprender de la lectura de la iniciativa presentada por el jefe del Ejecutivo Federal a la asamblea del Senado de la Rep�blica, cuando se afirma que:

"... en esta Ley Org�nica se establece en relaci�n al r�gimen de competencias de la Suprema Corte de Justicia un nuevo marco normativo, que le ha de permitir, por un lado, cumplir con sus nuevas funciones de m�ximo tribunal jurisdiccional ..."

"... La presente iniciativa se refiere a las facultades que la Suprema Corte tiene cuando funcione en Pleno; se�alando y resaltando, entre otras importantes funciones, que conocer� de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que est�n precisadas en las fracciones I y II del art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, obedeciendo esto a la necesidad de fincar expresamente en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n la potestad m�s alta en el orden jurisdiccional de establecer, con car�cter definitivo e inatacable, la interpretaci�n y alcance de los textos constitucionales y la de mantener la autonom�a de los �rganos en que se distribuye la competencia para impartir justicia."

Esta alta atribuci�n que le asiste a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n para interpretar cualquier precepto de la C.�n Federal, se ha destacado tambi�n en la doctrina judicial mexicana, dentro de la cual aparece la tesis de jurisprudencia publicada en la p�gina 9, Primera Parte, Sexta Epoca, V.L., que en la parte conducente establece "... la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, de acuerdo con el art�culo 133 constitucional y con la teor�a jur�dica del Poder Judicial, es la �nica autoridad a la que se encomienda la funci�n esencial de interpretar la C.�n y mantener la integridad del Pacto Federal.".

De acuerdo con lo anterior, este Tribunal Pleno entrar� al an�lisis de una cuesti�n medular del orden constitucional, de evidentes repercusiones para la vida jur�dica del pa�s, como lo es el propio sustento constitucional del amparo contra leyes, previsto en el art�culo 103 de la C.�n General de la Rep�blica, cuyo contenido normativo, por obvias razones, no puede quedar reducido a una simple discusi�n terminol�gica respecto de si dentro del t�rmino ley, para efectos del amparo, queda o no comprendida la propia Carta Magna.

La problem�tica planteada no resulta novedosa pues la anterior integraci�n del Tribunal Pleno ya hab�a sostenido algunos criterios aislados un tanto autolimitativos como puede apreciarse de las tesis que en seguida se transcriben:

CONSTITUCION, TODAS SUS NORMAS TIENEN LA MISMA JERARQUIA Y NINGUNA DE ELLAS PUEDE DECLARARSE INCONSTITUCIONAL. De conformidad con el art�culo 133 de la C.�n de la Rep�blica todos sus preceptos son de igual jerarqu�a y ninguno de ellos prevalece sobre los dem�s, por lo que no puede aceptarse que alguna de sus normas no deban observarse por ser contrarias a lo dispuesto por otras. De ah� que ninguna de sus disposiciones pueda ser considerada inconstitucional. Por otro lado, la C.�n �nicamente puede ser modificada o adicionada de acuerdo con los procedimientos que ella misma establece.

Tesis XXXIX/90, aprobada por el Tribunal en Pleno en Sesi�n privada celebrada el jueves diecisiete de mayo de mil novecientos noventa. Unanimidad de dieciocho votos. Consultable en el Tomo V, Enero-Junio, Primera Parte, 1990, p�gina 17, Octava Epoca del Semanario Judicial de la Federaci�n. Amparo en revisi�n 2083/88. C.M.�a M.. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de veinte votos. Amparo en revisi�n 8165/62. Salvador Pi�a M.. 22 de marzo de 1972. Unanimidad de diecis�is votos.

"CONSTITUCION FEDERAL. SUS ESTATUTOS NO PUEDEN SER CONTRADICTORIOS ENTRE SI. Las reformas a los art�culos 49 y 131 de la C.�n, efectuadas por el Congreso de la Uni�n, no adolecen de inconstitucionalidad, ya que jur�dicamente la Carta Magna no tiene ni puede tener contradicciones, de tal manera que, siendo todos sus preceptos de igual jerarqu�a, ninguno de ellos prevalece sobre los dem�s; por lo que no se puede decir que algunos de sus estatutos no deban observarse por ser contrarios a lo dispuesto por otros. La C.�n es la N.F. que unifica y da validez a todas las dem�s normas que constituyen un orden jur�dico determinado y conforme a su art�culo 133, la C.�n no puede ser inconstitucional; es un postulado sin el cual no se podr�a hablar de orden jur�dico positivo, porque es precisamente la Carta Fundamental la que unifica la pluralidad de normas que componen el derecho positivo de un Estado. Adem�s, siendo ?la Ley Suprema de toda la Uni�n?, �nicamente puede ser modificada o adicionada de acuerdo con las disposiciones de la misma que en el derecho mexicano se contienen en el art�culo 135 constitucional, y �nicamente por conducto de un �rgano especialmente calificado pueden realizarse las modificaciones o adiciones, y por exclusi�n, ning�n otro medio de defensa legal como el juicio de amparo es apto para modificarla."

Consultable en el Volumen treinta y nueve, p�gina veintid�s de la Primera Parte del Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima Epoca. Amparo en revisi�n 8165/62. Salvador Pi�a M.. Veintid�s de marzo de mil novecientos setenta y dos. Unanimidad de diecis�is votos. Ponente: E.M.U..

Sin embargo, adem�s de no existir pronunciamientos definitivos en torno al tema, tampoco los hay respecto del que se plantea espec�ficamente en este recurso, por lo que debe entrarse a su estudio y decisi�n.

Para llevar a cabo esa labor conviene tener en cuenta, entre otras, las reglas de interpretaci�n constitucional que refiere el distinguido tratadista argentino L.Q., en su obra "Derecho C.onal e Instituciones Pol�ticas", Tomo I, p�ginas trescientos sesenta y cuatro a trescientos setenta. Editorial Plus Ultra, Buenos Aires, Argentina, 1981, las cuales son:

  1. Debe prevalecer el contenido teleol�gico o finalista de la C.�n,que es el garantizar la libertad y dignidad humanas;

  2. Debe ser interpretada con un criterio amplio, liberal y pr�ctico y nunca estrecho, limitado y t�cnico, en forma que en la aplicaci�n pr�ctica de sus disposiciones, se cumplan cabalmente sus fines;

  3. Las palabras de la C.�n deben ser interpretadas en su sentido general y com�n, a menos que resulte claro de su texto que el Constituyente quiso referirse a un sentido t�cnico-legal;

  4. Debe ser interpretada en su conjunto, es decir, que ninguna disposici�n debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretaci�n que armonice y no la que coloque en pugna a los distintos preceptos de la Ley Suprema;

  5. Deben tenerse en cuenta las situaciones sociales, econ�micas y pol�ticas que existen en el momento de realizarse la interpretaci�n;

  6. Las excepciones y privilegios deben interpretarse con criterio restrictivo, y

  7. Los actos p�blicos se presumen constitucionales si mediante interpretaci�n pueden ser armonizados con la Ley Fundamental, pues no puede suponerse un prop�sito deliberado por parte de quienes ejercen las funciones p�blicas, de ejecutar actos contrarios a la Ley Suprema.

En este orden de ideas, habremos de decir que una de las finalidades de la Ley Fundamental se traduce en el reconocimiento y salvaguarda de los derechos que son consustanciales a toda persona, denominados "garant�as individuales", y para su protecci�n prev� un medio de defensa especial que puede hacerse valer ante los tribunales cuando el Estado, por medio de sus autoridades, infringe esos derechos.

El juicio de amparo o juicio de garant�as, al menos en su concepci�n original, fue dise�ado como un instrumento protector de los derechos humanos contra leyes y actos de autoridad, como se advierte del contenido de la fracci�n I del art�culo 103 constitucional, que a lo largo de su vigencia ha permanecido inalterada, la cual establece:

"Art�culo 103. Los tribunales de la Federaci�n resolver�n toda controversia que se suscite:

"I. Por leyes o actos de la autoridad que viole (sic) las garant�as individuales ..."

Una interpretaci�n del texto transcrito, hecha en sentido general y com�n, nos acerca a la conclusi�n de que, si el juicio de control constitucional fue establecido para la protecci�n de las garant�as individuales establecidas en la denominada "parte dogm�tica" de nuestro Ordenamiento Fundamental, en principio, cualquier ley o acto que las violente o conculque, es susceptible de ser reclamado.

En este contexto, considerando que las excepciones que establece la Ley Fundamental, deben interpretarse con criterio restrictivo, y atendiendo adem�s al principio general de derecho que dice que donde la ley no distingue, no procede hacer distinci�n, se entiende que �nicamente quedan excluidos de la protecci�n judicial mediante el juicio de garant�as, algunos supuestos se�alados de manera expresa por la propia C.�n, como son, entre otros, las cuestiones electorales, cuya v�a de impugnaci�n es a trav�s de los recursos establecidos por el c�digo de la materia y la acci�n de inconstitucionalidad establecida en el art�culo 105 de la Carta Magna.

En consecuencia, la interpretaci�n realizada por el Juez de Distrito en cuanto al alcance del art�culo 103 constitucional es contraria a la letra y al esp�ritu de tal precepto, al igual que a los principios generales de derecho, en tanto que, como ya se ha visto, la C.�n atribuye a los tribunales de la Federaci�n la competencia para resolver toda controversia que se suscite por actos de autoridad o leyes entendidas en sentido amplio, que violen las garant�as individuales, sin distinguir si son constitucionales, fundamentales, primarias, reglamentarias, org�nicas, secundarias o de cualquier otra �ndole, e independientemente de la relaci�n jer�rquica que exista entre ellas y de las diferencias en su proceso de creaci�n.

No obstante lo anterior, la procedencia del amparo no es ilimitada pues exige la existencia de un agravio o vulneraci�n de alg�n derecho fundamental establecido por la propia Carta Magna; sin embargo, no siempre suele ser evidente la violaci�n de garant�as, por ello, a fin de evitar el abuso del juicio, la ley reglamentaria ha establecido ciertas normas para condicionar su acceso, conocidas como causales de improcedencia.

En el caso, la parte quejosa, en su demanda de garant�as, se�ala como actos reclamados los realizados por el jefe del Ejecutivo Federal, el Congreso de la Uni�n y por las Legislaturas de los Estados, durante el proceso legislativo que dio lugar a una reforma a la Ley Fundamental. Al respecto, el Juez de Distrito sigue el criterio de que una vez aprobada la reforma o adici�n a la C.�n, por el llamado "poder reformador", conformado por el Congreso de la Uni�n y las Legislaturas de los Estados, de acuerdo con el art�culo 135 de la Carta Magna, aqu�lla pasa a formar parte integral del texto mismo de la Ley Fundamental, que es la Norma Suprema de toda la Uni�n, en t�rminos del art�culo 133; que, como tal, no puede vulnerar o restringir las garant�as individuales que ella misma establece y, por ello, no puede impugnarse a trav�s del juicio de garant�as, ya que esto implicar�a, por un lado, plantear la violaci�n de la C.�n en s� misma y, por otro, rectificar o destruir dicha reforma.

Tal argumento sucumbe en l�gica formal, por la circunstancia de que lo que se pone en tela de juicio no es la C.�n, sino el procedimiento legislativo que culmin� con su reforma y, aunque la consecuencia que pudiere traer aparejada sea el que uno o varios de los preceptos en ella contenidos, no sean aplicados, no se advierte cu�les puedan ser las razones para que los Jueces Federales est�n impedidos para realizar ese tipo de declaratorias, m�xime si se considera que el t�rmino "autoridad" rige aun para los actos reformatorios de los preceptos de la Carta Magna, por emanar de un �rgano constituido.

En efecto, aunque el �rgano reformador constituido en el art�culo 135 es de naturaleza compleja, pues lo componen el Congreso de la Uni�n y las Legislaturas de los Estados, lo cierto es que su actuar est� sujeto al procedimiento que le determina la propia C.�n; de ah� que, si quienes intervienen en el proceso de formaci�n de la reforma constitucional se apartan de ese procedimiento o lo contravienen, ciertamente podr�an viciar el resultado final. Esto �ltimo es lo que se denomina principio de legalidad, que consiste en que los actos de toda clase de autoridad, sin importar rango ni jerarqu�a, entre ellos los que realizan las autoridades que, interactuando, ejercen atribuci�n revisora, deben concordar con los l�mites que les son impuestos por la ley, pues no se concibe que puedan actuar al margen de la propia C.�n Federal, de manera que si su actuar no se ajusta a la forma preestablecida o a la esencia o al esp�ritu de los ordenamientos jur�dicos, su conducta puede ser impugnada, justamente, por haber violado ese principio de legalidad.

Sobre este particular, el connotado jurista F.T.R.�rez en su obra Derecho C.onal Mexicano, 12a. Edici�n, P.�a, M�xico, 1973, p�gina sesenta y ocho, admite expresamente que una reforma a la C.�n se puede declarar inconstitucional por violaci�n al art�culo 135 de la propia Carta Magna y expresa que esta violaci�n puede originarse por haberse realizado por un �rgano distinto al legalmente facultado o por haberse omitido las formalidades se�aladas por dicho precepto, advirtiendo que en este caso ser�a procedente enjuiciar la validez de la misma por medio del juicio de amparo, que es el medio de definir los casos de inconstitucionalidad.

En este contexto, contrariamente a lo que afirma el Juez de Distrito, el juicio de amparo es procedente contra el proceso legislativo que da lugar a una reforma a la Carta Magna, aun cuando aqu�lla haya sido elevada formalmente a la categor�a de norma suprema, en tanto que sostener lo contrario implicar�a desconocer la eficacia de este medio de control constitucional, en un punto de tanta trascendencia; adem�s de que no habr�a forma de remediar el posible incumplimiento de formalidades especiales establecidas, determinadas por el art�culo 135 constitucional, ni habr�a manera de reparar a los agraviados en sus derechos violados, pudiendo llegarse al extremo jam�s deseable, nunca admisible, de que por el simple hecho de elevar a la categor�a de norma suprema alguna disposici�n, se violentaran derechos fundamentales sin posibilidad de defensa.

Nuestra Ley Fundamental asigna al Poder Judicial de la Federaci�n, entre otras facultades, la del control de la constitucionalidad de los actos de cualquier autoridad que violen garant�as; as� pues, al desempe�ar esta funci�n, interviene y decide como �rgano judicial supremo del Estado Mexicano, teniendo como �nico l�mite al Constituyente Originario y a la C.�n.

Lo antes expuesto da sustento a las siguientes conclusiones:

la.) En la legislaci�n mexicana no existe disposici�n expresa que proh�ba el ejercicio de la acci�n de amparo en contra del proceso de reformas a la Carta Magna;

2a.) Es innegable que los tribunales de la Federaci�n est�n facultados para intervenir en el conocimiento de cualquier problema relativo a la violaci�n de derechos fundamentales;

3a.) La funci�n primordial, encomendada al Poder Judicial de la Federaci�n por el art�culo 103 constitucional, es la de resolver controversias por leyes o actos de la autoridad;

4a.) Las entidades que intervienen en el proceso legislativo de una reforma constitucional, que en ejercicio de sus atribuciones secuenciales integran el �rgano revisor, son autoridades constituidas, en tanto que se ha determinado que tienen tal car�cter las que dictan, promulgan, publican, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar la ley o el acto reclamado; y,

5a.) No obstante que el resultado del procedimiento reclamado hubiere quedado elevado formalmente a la categor�a de norma suprema; dicho procedimiento es impugnable a trav�s del juicio de amparo.

Las anteriores premisas evidencian plenamente que en el caso espec�fico no se surte el supuesto de notoria improcedencia en que el Juez de Distrito sustent� el desechamiento de la demanda de garant�as promovida por M.C.S.�s, raz�n por la cual procede revocar tal determinaci�n y ordenar la devoluci�n de los autos a dicho juzgador a efecto de que, actuando con libertad de jurisdicci�n, valore nuevamente el contenido de dicha demanda y, de no advertir alguna otra causal de notoria improcedencia, la admita a tr�mite.

Por �ltimo, en cuanto a los restantes motivos de inconformidad hechos valer por el ahora recurrente en el sentido de que la iniciativa de reforma no fue formal ni materialmente discutida, sino simplemente votada y aprobada en cada una de las C�maras integrantes del Congreso Federal, violentando con ello lo dispuesto por los art�culos 135, en relaci�n con el 71 y 72 de la propia Carta Fundamental, as� como las dem�s irregularidades que asegura se cometieron en el proceso legislativo en cuesti�n, este Tribunal Pleno no har� consideraci�n alguna, habida cuenta de que esas cuestiones deber�n ser ponderadas por el Juez de Distrito en caso de que decida admitir la demanda y tramitar el juicio, por constituir esos planteamientos argumentos de fondo, sujetos a debate en dicha instancia.

As� las cosas, lo procedente es revocar el auto recurrido.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

Se revoca el auto de fecha treinta de agosto del a�o en curso, dictado por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, dentro del expediente 207/96-AUX, por el que desech�, por notoriamente improcedente, la demanda de garant�as promovida por M.C.S.�s,

SEGUNDO

Con testimonio de esta resoluci�n, devu�lvanse los autos al mencionado Juez de Distrito a efecto de que, actuando con plenitud de jurisdicci�n, provea nuevamente sobre la admisi�n, o no, de la demanda.

N.�quese y c�mplase.

As�, el Tribunal Pleno, en sesi�n de tres de febrero de mil novecientos noventa y siete, por mayor�a de seis votos de los se�ores Ministros A.A., A.G.�itr�n, C. y C., G�ngora P., G.�o P. y S.M., resolvi� revocar el auto de fecha treinta de agosto de mil novecientos noventa y seis dictado por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el expediente AUX 207/96, relativo a la demanda de amparo promovida por M.C.S.�s en contra del Congreso de la Uni�n y otras autoridades; y, con testimonio de la resoluci�n, devolver los autos al mencionado Juez de Distrito a efecto de que, actuando con libertad de jurisdicci�n, provea lo conducente; los se�ores Ministros D�az R., O.M., R.P., S�nchez C. y presidente A.A.�n votaron en favor del proyecto que propon�a confirmar el auto, y manifestaron que dicho proyecto, con las adiciones correspondientes, constituir� voto particular de minor�a.