Ejecutoria num. 1a./J. 28/97 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26829492

Ejecutoria num. 1a./J. 28/97 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 28/97
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Julio de 1997
RESUMEN

COMPETENCIA 172/97. SUSCITADA ENTRE EL JUEZ CUARTO DE LO CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA Y EL JUEZ SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL MISMO ESTADO.COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO ORDINARIO CIVIL EN QUE SEA PARTE DEMANDADA LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA (CORETT).

 
ÍNDICE
CONTENIDO

COMPETENCIA 172/97. SUSCITADA ENTRE EL JUEZ CUARTO DE LO CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA Y EL JUEZ S�PTIMO DE DISTRITO EN EL MISMO ESTADO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO

Por ser una cuesti�n de previo pronunciamiento, debe analizarse el planteamiento de extemporaneidad de promoci�n de declinatoria que formula el representante social federal adscrito, que se basa en lo siguiente:

"En la especie, la excepci�n de incompetencia por declinatoria se plante� dentro de los autos del juicio ordinario civil n�mero 360/92, del �ndice del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil en el Partido Judicial de Tijuana, Baja California, promovido por R.I.R.�guez I. en contra de Emilia de Luna R�os y la C.�n para la Regularizaci�n de la Tenencia de la Tierra, Corett, motivo por el cual para establecer cu�l es el t�rmino de su presentaci�n, debe atenderse a lo establecido en el C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California.

"Ahora bien, en dicho c�digo, concretamente en su cap�tulo I, denominado 'De la competencia', que se encuentra en el t�tulo tercero, no se prev� t�rmino alguno para la promoci�n de la competencia por declinatoria, pues en los art�culos 263 y 265 s�lo se establece la forma en que �sta debe sustanciarse y resolverse.

"En consecuencia, debe estarse a los t�rminos que prev�n en el cap�tulo VI 'T�rminos', que se refieren a las disposiciones generales del juicio ordinario civil, cuyo art�culo 137, fracci�n IV, dispone:

"'Art�culo 137. Cuando este c�digo no se�ale t�rminos para la pr�ctica de alg�n acto judicial, o para el ejercicio de alg�n derecho, se tendr�n por se�alados los siguientes:

"'...

"'II (sic). Tres d�as para cualquier otro caso (sic).'

"La transcrita fracci�n II (sic) del art�culo 137 es aplicable para establecer el t�rmino a que se debe sujetar la interposici�n de la declinatoria, en virtud de que no existe uno espec�fico para ello que la ley se�ale.

"En estas condiciones, se procede a examinar si la declinatoria se present� dentro del t�rmino legal que es el gen�rico de tres d�as, a que se refiere la transcrita fracci�n II (sic) del art�culo 137 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California.

"En el caso a estudio y seg�n se desprende de las constancias que obran a foja 15 del expediente del juicio principal, la parte demandada se�alada como Emilia de Luna R�os y que fue quien promovi� la declinatoria a cuesti�n, fue emplazada con fecha 15 de marzo de 1996.

"En estas circunstancias y conforme al art�culo 137 del propio c�digo, el t�rmino de tres d�as empez� a correr al d�a siguiente, de manera que si como se advierte del sello de recibido, del escrito por el cual se plante� la declinatoria, se present� el d�a 27 de marzo de 1996, es claro que su interposici�n resulta extempor�nea.

En este orden de ideas, si la competencia por declinatoria se plante� extempor�neamente, propiamente dej� de existir el conflicto competencial que dio lugar al asunto a cuesti�n, por lo que m�s que determinar qu� J. resulta competente, como si se tratara de definir un conflicto competencial, s�lo debe determinarse cu�l es el J. que debe continuar conociendo y lo es, sin lugar a dudas, el que primero previno, en este caso, el J. Cuarto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, toda vez que de manera estricta dej� de existir el conflicto competencial.

Resultan infundadas las consideraciones de extemporaneidad que aduce el agente del Ministerio P�blico Federal adscrito, en virtud de que contrariamente a lo que arguye, en la especie el t�rmino para el planteamiento de la excepci�n de incompetencia por declinatoria no encuadra dentro de los supuestos generales previstos por el art�culo 137, fracci�n II, del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California.

En efecto, seg�n lo dispone el numeral transcrito, solamente puede tener aplicaci�n cuando no exista en tal ordenamiento adjetivo alguna norma que establezca un t�rmino espec�fico para el supuesto procesal que corresponda.

As� se tiene que, en la especie, en relaci�n con el t�rmino que la parte demandada tiene para producir su contestaci�n a la demanda, as� como para oponer en la promoci�n correspondiente las excepciones que considere respecto a la pretensi�n deducida en su contra, los art�culos 261 y 263 del citado ordenamiento procesal otorgan a la parte demandada la oportunidad de formular en t�rminos generales excepciones de manera coet�nea a la contestaci�n de la demanda, disposiciones que textualmente dicen:

"Art�culo 261. El demandado formular� la contestaci�n refiri�ndose a las peticiones y a cada uno de los hechos aducidos por el actor en la demanda; confirm�ndolos o neg�ndolos y expresando los que ignore por no ser hechos propios. Cuando el demandado aduzca hechos incompatibles con los referidos por el actor en la demanda, se tendr� como negativa de estos �ltimos. El silencio y las evasivas har�n que se tengan por admitidos los hechos sobre los que no se suscit� controversia. El demandado podr� exponer lo que le convenga respecto a los puntos de hecho y de derecho contenidos en la demanda.

"Las excepciones que tenga, cualquiera que sea su naturaleza, se har�n valer simult�neamente en la contestaci�n y nunca despu�s, a menos que fueren supervenientes.

"En la misma contestaci�n el demandado puede hacer valer la compensaci�n y la reconvenci�n.

"Si se opusiere como �nica excepci�n la de cosa juzgada, a petici�n del demandado se podr� continuar y decidir el pleito sumariamente."

"Art�culo 263. Si entre las excepciones opuestas hubiere de previo y especial pronunciamiento, se sustanciar�n, dejando en suspenso el principal. Resueltas que sean, continuar� en su caso el curso del juicio.

"La declinatoria de jurisdicci�n se propondr� ante el J. pidi�ndole que se abstenga del conocimiento del negocio. El J. remitir� desde luego los autos a su inmediato superior, emplazando a los interesados para que en un t�rmino de diez d�as comparezcan ante �ste, el cual, en una audiencia en que se reciban las pruebas y alegatos de las partes, resolver� la cuesti�n y mandar� sin retardo los autos al J. que estime competente, quien deber� hacerlo saber a los litigantes. En este caso, la demanda y la contestaci�n se tendr�n como presentadas ante �ste. En los incidentes en que se afecten los derechos de familia, ser� imprescindible o�r al Ministerio P�blico."

Como puede advertirse de los preceptos transcritos, no existe restricci�n alguna en funci�n del t�rmino para proponer las excepciones que el demandado tenga, en relaci�n con la demanda instaurada en su contra. Es m�s, tales numerales no hacen distinci�n alguna en torno a las excepciones dilatorias o bien a las perentorias, en cuanto al t�rmino de su proposici�n, de tal forma que al no hacer distinci�n el legislador, no es dable que el juzgador pueda hacerlo.

Luego entonces, debe concluirse que el t�rmino para oponer las excepciones dilatorias, entre las que se encuentra la incompetencia por declinatoria, es de la misma duraci�n que el previsto, en t�rminos generales, para producir la contestaci�n de la demanda, que en el caso particular de la ordinaria civil es de nueve d�as, contados a partir del siguiente al de la notificaci�n o emplazamiento; de tal manera que si en relaci�n con la codemandada Emilia de Luna R�os se llev� a efecto el trece de marzo del a�o pr�ximo pasado, el fenecimiento de dicho t�rmino ocurri� el d�a veintisiete del citado mes y a�o, por lo cual la propuesta de la declinatoria formulada en la contestaci�n que se present� el d�a final del t�rmino, result� oportuna y no es acertada la petici�n de extemporaneidad que argumenta el representante social adscrito.

TERCERO

La presente competencia debe decidirse declarando que en el fuero com�n radica la jurisdicci�n.

La demanda fue presentada en contra de la C.�n para la Regularizaci�n de la Tenencia de la Tierra "Corett" y de Emilia de Luna R�os, quien al contestar la pretensi�n de referencia propuso la excepci�n de incompetencia por declinatoria, alegando fundamentalmente que por tratarse de un organismo p�blico descentralizado del Gobierno Federal que tiene por objeto la administraci�n para la regularizaci�n de la tenencia de la tierra de bienes inmuebles estrictamente de dominio privado de la Federaci�n en favor de particulares, el conocimiento del asunto corresponde a un J. de Distrito.

La Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California concluy� que el J. Cuarto de lo Civil de Primera Instancia del Partido Judicial de Tijuana es incompetente para conocer del juicio ordinario de que se trata, esencialmente por raz�n de fuero, porque consider� que el bien inmueble objeto de la acci�n de nulidad intentada por la actora corresponde al dominio privado de la Federaci�n, conforme a lo dispuesto en la fracci�n VIII del art�culo 3o. de la Ley General de Bienes Nacionales.

Por su parte, el J. S�ptimo de Distrito en el Estado de Baja California, a quien toc� conocer de la incompetencia por declinatoria declarada por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del mencionado Estado, dentro del toca civil n�mero 824/96, se neg� a aceptar la competencia declinada en su favor porque estim� que aun cuando la C.�n para la Regularizaci�n de la Tenencia de la Tierra es un organismo descentralizado del Ejecutivo Federal, con personalidad jur�dica y patrimonio propios, el cual se integra con los recursos que se mencionan en el art�culo d�cimo del primero de los decretos en cita, como lo son las expropiaciones de inmuebles efectuadas por causa de utilidad p�blica en favor de dicho organismo, �ste no puede ser considerado como parte integrante de la Federaci�n, ni los bienes inmuebles que forman parte de su patrimonio, incluyendo las aportaciones que recibe del Gobierno Federal, no pueden estimarse como bienes nacionales; por consiguiente, por el solo hecho de que en el juicio sea parte un organismo descentralizado y se afecte o pueda afectarse su patrimonio, no se surte la competencia de los Tribunales Federales para conocer de los juicios que se entablen en contra de los mismos.

Al respecto, el art�culo 53 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n establece:

"Art�culo 53. Los Jueces de Distrito Civiles Federales conocer�n:

"I. De las controversias del orden civil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicaci�n de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. Cuando dichas controversias s�lo afecten intereses particulares podr�n conocer de ellas, a elecci�n del actor, los Jueces y tribunales del orden com�n de los Estados y del Distrito Federal;

"II. De los juicios que afecten bienes de propiedad nacional;

"III. De los juicios que se susciten entre una entidad federativa y uno o m�s vecinos de otra, siempre que alguna de las partes contendientes est� bajo la jurisdicci�n del J.;

"IV. De los asuntos civiles concernientes a miembros del cuerpo diplom�tico y consular;

"V. De las diligencias de jurisdicci�n voluntaria que se promuevan en materia federal;

"VI. De las controversias ordinarias en que la Federaci�n fuere parte, y

VII. De los asuntos de la competencia de los Juzgados de Distrito en materia de procesos federales que no est�n enumerados en los art�culos 50, 52 y 55 de esta ley.

De lo establecido en el precepto legal transcrito, se concluye que un J. de Distrito, trat�ndose de asuntos civiles, es competente para conocer de un juicio en tal materia, cuando el conflicto se suscite con motivo del cumplimiento y aplicaci�n de leyes federales o de una controversia ordinaria en que la Federaci�n fuese parte.

En este orden de ideas, como se ha precisado y contrariamente a lo considerado por la Sala del fuero com�n, el organismo p�blico descentralizado denominado C.�n para la Regularizaci�n de la Tenencia de la Tierra, demandado en el juicio civil promovido por R.I.R.�guez I., no forma parte del Ejecutivo Federal y, como consecuencia, de la Federaci�n, como se precisa a continuaci�n:

En efecto, el art�culo 80 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente:

Art�culo 80. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Uni�n en un solo individuo, que se denominar� Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

A su vez, el art�culo 90 de la propia C.�n dice:

Art�culo 90. La Administraci�n P�blica Federal ser� centralizada y paraestatal conforme a la ley org�nica que expida el Congreso, que distribuir� los negocios del orden administrativo de la Federaci�n que estar�n a cargo de las secretar�as de Estado y departamentos administrativos y definir� las bases generales de creaci�n de las entidades paraestatales y la intervenci�n del Ejecutivo Federal en su operaci�n.- Las leyes determinar�n las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre �stas y las secretar�as de Estado y departamentos administrativos.

Por su parte, los art�culos 1o., 2o., 3o., 9o., 26, 45, 48, 49 y 50 de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica Federal, disponen lo siguiente:

"Art�culo 1o. La presente ley establece las bases de organizaci�n de la Administraci�n P�blica Federal, centralizada y paraestatal.- La Presidencia de la Rep�blica, las secretar�as de Estado, los departamentos administrativos y la Procuradur�a General de la Rep�blica integran la Administraci�n P�blica Centralizada.- Los organismos descentralizados, las empresas de participaci�n estatal, las instituciones nacionales de cr�dito, las organizaciones auxiliares nacionales de cr�dito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la Administraci�n P�blica Paraestatal."

"Art�culo 2o. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Uni�n, habr� las siguientes dependencias de la Administraci�n P�blica Centralizada:-I. Secretar�as de Estado; y-II. Departamentos administrativos."

"Art�culo 3o. El Poder Ejecutivo de la Uni�n se auxiliar� en t�rminos de las disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la Administraci�n P�blica Paraestatal:-I. Organismos descentralizados;-II. Empresas de participaci�n estatal."

"Art�culo 26. Para el estudio, planeaci�n y despacho de los negocios del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Uni�n contar� con las siguientes dependencias: ..." (Enumera a todas las secretar�as de Estado y al Departamento del Distrito Federal).

"Art�culo 45. Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Uni�n o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jur�dica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten."

"Art�culo 48. A fin de que se pueda llevar a efecto la intervenci�n que, conforme a las leyes, corresponde al Ejecutivo Federal en la operaci�n de las entidades de la Administraci�n P�blica Paraestatal, el presidente de la Rep�blica las agrupar� por sectores definidos, considerando el objeto de cada una de dichas entidades en relaci�n con la esfera de competencia que �sta y otras leyes atribuyen a las secretar�as de Estado y departamentos administrativos."

"Art�culo 49. La intervenci�n a que se refiere el art�culo anterior se realizar� a trav�s de la dependencia que corresponda seg�n el agrupamiento que por sectores haya realizado el propio Ejecutivo, la cual fungir� como coordinadora del sector respectivo.- Corresponde a los coordinadores de sector coordinar la programaci�n y presupuestaci�n, conocer la operaci�n, evaluar los resultados y participar en los �rganos de gobierno de las entidades agrupadas en el sector a su cargo, conforme a lo dispuesto en las leyes.- Atendiendo a la naturaleza de las actividades de dichas entidades, el titular de la dependencia coordinadora podr� agruparlas en subsectores, cuando as� convenga para facilitar su coordinaci�n y dar congruencia al funcionamiento de las citadas entidades."

Art�culo 50. Las relaciones entre el Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales, para fines de congruencia global de la Administraci�n P�blica Paraestatal, con el sistema nacional de planeaci�n y con los lineamientos generales en materia de gasto, financiamiento, control y evaluaci�n, se llevar�n a cabo en la forma y t�rminos que dispongan las leyes, por conducto de las Secretar�as de Hacienda y Cr�dito P�blico, de Programaci�n y Presupuesto y de la Contralor�a General de la Federaci�n, sin perjuicio de las atribuciones que competan a las coordinadoras de sector.

A su vez, los art�culos 1o., 2o., 8o., 11, 14 y 46 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales establecen lo siguiente:

"Art�culo 1o. La presente ley, reglamentaria en lo conducente del art�culo 90 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto regular la organizaci�n, funcionamiento y control de las entidades paraestatales de la Administraci�n P�blica Federal.- Las relaciones del Ejecutivo Federal o de sus dependencias, con las entidades paraestatales, en cuanto unidades auxiliares de la Administraci�n P�blica Federal, se sujetar�n, en primer t�rmino, a lo establecido en esta ley y sus disposiciones reglamentarias y, s�lo en lo no previsto, a otras disposiciones seg�n la materia que corresponda."

"Art�culo 2o. Son entidades paraestatales las que con tal car�cter determina la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica Federal."

"Art�culo 8o. Corresponder� a los titulares de las secretar�as de Estado o departamentos administrativos encargados de la coordinaci�n de los sectores, establecer las pol�ticas de desarrollo para las entidades del sector correspondiente, coordinar la programaci�n y presupuestaci�n de conformidad, en su caso, con las asignaciones sectoriales de gasto y financiamiento previamente establecidas y autorizadas, conocer la operaci�n y evaluar los resultados de las entidades paraestatales y las dem�s atribuciones que les conceda la ley."

"Art�culo 14. Son organismos descentralizados las personas jur�dicas creadas conforme a lo dispuesto por la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica Federal y cuyo objeto sea:-I. La realizaci�n de actividades correspondientes a las �reas estrat�gicas o prioritarias;-II. La prestaci�n de un servicio p�blico o social; o-III. La obtenci�n o aplicaci�n de recursos para fines de asistencia o seguridad social."

"Art�culo 46. Los objetivos de las entidades paraestatales se ajustar�n a los programas sectoriales que formule la coordinadora de sector ..."

Del contenido de los preceptos constitucionales y de las disposiciones legales de car�cter secundario que se reprodujeron l�neas arriba, se infiere que jur�dicamente no es posible considerar que la Administraci�n P�blica Paraestatal, dentro de la que se encuentran comprendidos los organismos descentralizados, tales como el mencionado demandado, forme parte del Poder Ejecutivo Federal, toda vez que los citados preceptos establecen con precisi�n que el ejercicio de dicho Poder corresponde al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas atribuciones las llevar� a cabo a trav�s de las dependencias de la Administraci�n P�blica Centralizada, como lo son las secretar�as de Estado y los departamentos administrativos a que se refieren los art�culos 2o. y 26 de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica Federal.

Ahora bien, el hecho de que conforme a lo dispuesto en los art�culos 90 constitucional y 1o. de la citada ley org�nica, la Administraci�n P�blica Federal se organice en centralizada y paraestatal, incluyendo en esta �ltima a los organismos descentralizados, ello no implica que las entidades paraestatales formen parte del Poder Ejecutivo Federal, toda vez que dichas entidades no tienen por objeto el despacho de losnegocios del orden administrativo relacionados con las atribuciones del titular Ejecutivo Federal, sino que en su car�cter de unidades auxiliares tienen por finalidad la ejecuci�n de los programas de desarrollo establecidos por la secretar�a de Estado o departamento administrativo a que corresponda el sector dentro del cual se encuentra agrupada cada una de las mencionadas entidades, en los t�rminos de los art�culos 48 y 49 de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica Federal, as� como de los numerales 1o., 8o. y 46 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

El art�culo 89, fracci�n I, de la C.�n Federal, confirma lo aseverado en el sentido de que los organismos paraestatales no forman parte del Poder Ejecutivo, ya que, entre otras facultades y obligaciones, concede al presidente de la Rep�blica las de ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Uni�n, leyes que generalmente, si no en su totalidad, tienen car�cter coactivo; consecuentemente, el Ejecutivo es una autoridad con imperium, concepto relacionado con el de coacci�n. Por lo tanto, al regular la conducta de los gobernados, el Congreso de la Uni�n establece obligaciones e impone sanciones en caso de incumplimiento, obligaciones que generalmente se aplican, en ciertos aspectos, por los �rganos administrativos y cuando act�an de esta manera, act�an como autoridades. Al lado de estas funciones autoritarias, los preceptos constitucionales encargan a estos mismos �rganos la tarea de realizar otro tipo de funciones, ya no como facultades, sino como obligaciones tendientes a proporcionar educaci�n, construir hospitales, fomentar la econom�a nacional, realizar actividades econ�micas, pero como al actuar as�, no son esencialmente autoridades, ni su funci�n es estrictamente de poder, de coacci�n, esos fines se pueden encargar a los organismos descentralizados y a las empresas de participaci�n estatal, como lo es el demandado. La diferencia justifica que la regulaci�n jur�dica de las relaciones laborales con esa administraci�n paraestatal deba ser distinta del apartado B del art�culo 123 constitucional, pues no tiene por objeto establecer la normatividad de las relaciones laborales entre el Poder Ejecutivo y sus trabajadores, sino que es aplicable el apartado A, donde queda comprendida la referida administraci�n paraestatal, en tanto que no constituye autoridad o imperio.

Corrobora claramente este argumento, lo establecido en el propio art�culo 90 de la C.�n, al se�alar que la ley org�nica que expida el Congreso "... definir� las bases generales de creaci�n de las entidades paraestatales y la intervenci�n del Ejecutivo Federal en su operaci�n.", as� como que "las leyes determinar�n las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal", con lo que claramente la propia C.�n distingue a esos organismos del Ejecutivo Federal y no los identifica.

Por consiguiente, si el demandado tiene el car�cter de organismo descentralizado y como tal constituye una unidad auxiliar de la Administraci�n P�blica Federal, se concluye que no forma parte del Poder Ejecutivo Federal ni de la Federaci�n, ya que como entidad paraestatal que es, no tiene por finalidad la realizaci�n de las funciones que corresponden al �rea de atribuciones del titular del Ejecutivo Federal; por tanto, la naturaleza de las actividades que realiza el mencionado organismo descentralizado no determina su integraci�n al citado Poder, puesto que dichas actividades consisten, entre otras, en asesorar a los organismos oficiales o semioficiales, lo cual corrobora el car�cter de unidad auxiliar que el demandado tiene reconocido en la ley en su calidad de organismo descentralizado.

Precisado como est� que los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo Federal, ha de considerarse que el organismo de que se trata no se encuentra comprendido dentro de la Federaci�n pues, dada la naturaleza del mismo, no existe base jur�dica para considerar que se encuentra comprendido dentro de los Poderes de la Uni�n o del Gobierno del Distrito Federal.

Consecuentemente, si el demandado de que se trata, de conformidad con su decreto de creaci�n publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veinte de agosto de mil novecientos setenta y tres y con apoyo adem�s en los distintos decretos de reestructuraci�n y de reforma de la C.�n para la Regularizaci�n de la Tenencia de la Tierra, tiene el car�cter de �rgano p�blico descentralizado, de car�cter t�cnico y social, con personalidad jur�dica y patrimonio propios, es de considerarse que, como as� lo estim� el J. de Distrito contendiente en el presente conflicto competencial, el citado organismo no es parte de la Federaci�n ni se compromete patrimonio de �sta.

Por otro lado, de un estudio cuidadoso de la demanda que dio origen al problema competencial se desprende, plena y fehacientemente, que la actora est� fundando su pretensi�n exclusivamente en preceptos del C�digo Civil vigente en el Estado de Baja California yen cuanto al procedimiento en el c�digo adjetivo de esa localidad; por tanto, no se suscita controversia sobre el cumplimiento y aplicaci�n de leyes federales.

Debe tomarse en consideraci�n que est� a cargo del demandante la responsabilidad de ejercer bien o mal sus derechos, si intenta una v�a y una acci�n civil ante un tribunal de esa especialidad, pero si en el procedimiento respectivo, en el que su contraparte despliega la defensa que estima pertinente, se llega a demostrar que la v�a elegida y la acci�n hecha valer no son las adecuadas, tendr� que dictarse una sentencia en la que as� se determine y se precisen las consecuencias de tal resoluci�n; por el contrario, si aqu�llas resultan adecuadas, deber� dictarse la sentencia que resuelva el fondo del asunto; sin embargo, en ambas hip�tesis tendr� que llegarse a la soluci�n correspondiente en el juicio promovido por la actora, en el que previamente se deber�n haber cumplido las formalidades esenciales del procedimiento.

Esta Sala reitera el criterio que en casos similares sostuvo la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, respecto de que en la resoluci�n de un conflicto competencial no debe entrarse al estudio de la procedencia de la v�a y de la acci�n ejercitadas, pues no es el medio para determinar si aqu�llas son o no las adecuadas para que el demandante haga valer sus derechos, en virtud de que �stas son cuestiones que �nica y exclusivamente corresponde conocer y resolver, previos los tr�mites legales, a la autoridad jurisdiccional que se declare competente.

El anterior criterio, en lo conducente, fue sostenido por la entonces Cuarta Sala de este alto tribunal, el veintis�is de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, por unanimidad de cuatro votos, al conocer de la competencia 248/85, que aparece publicada en las p�ginas 21 y 22, Segunda Parte, del Informe de labores rendido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al terminar el a�o de mil novecientos ochenta y ocho, cuyo texto es el siguiente:

COMPETENCIA, RESOLUCIONES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA EN MATERIA DE. ALCANCE.? La resoluci�n de un conflicto competencial por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, s�lo tiene por objeto precisar qu� autoridad jurisdiccional debe resolver sobre la existencia o inexistencia de una prestaci�n reclamada atendiendo a la naturaleza de las prestaciones que se exigen por el actor, pero no tiene facultades la propia Corte para que, sin previo juicio, desconozca los derechos y prestaciones que demanda aqu�l, ni obligarlo a fundar sus prestaciones o acciones en un ordenamiento legal distinto, al que el demandado (sic) cree tener derecho. Si el actor ejercita una acci�n laboral, no se puede, sin previo juicio, obligarlo a que deduzca sus derechos mediante una acci�n civil o mercantil, y corresponde a las autoridades del trabajo, mediante el debido proceso legal, resolver si el actor tiene derecho a las prestaciones legales que demanda. Est� bajo la responsabilidad del actor el ejercitar bien o mal sus derechos, si ejercita una acci�n laboral mediante los procedimientos seguidos ante los tribunales del trabajo (en el cual la contraparte tiene plenitud de derechos para defenderse) y se demuestra que no exist�a relaci�n laboral, sino una regida por el derecho civil o mercantil, se dictar� una sentencia que absuelva al demandado, pero en un juicio en que se cumplan las formalidades esenciales de un procedimiento.

As� tambi�n es aplicable al caso el criterio que aparece publicado en la p�gina 277, Primera Parte, Tomo II, Octava �poca, que dice:

COMPETENCIA CONSTITUCIONAL ENTRE UNA JUNTA Y UN TRIBUNAL DE CAR�CTER CIVIL. PARA RESOLVERLA DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACI�N LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN LA DEMANDA RESPECTIVA.? Para resolver un conflicto competencial de car�cter constitucional en que se disputa el fuero laboral o civil del negocio, no debe de entrarse en el estudio de la naturaleza real de la relaci�n jur�dica existente entre el actor y el demandado, ya que �sta es una cuesti�n de fondo que corresponde resolver y juzgar, previos los tr�mites de ley, a la autoridad jurisdicente ante la cual se ha planteado la demanda, por lo que si a las prestaciones reclamadas se les atribuye car�cter laboral, y se apoyan en disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, la competencia constitucional se surte en favor de la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje respectiva, no obstante el hecho de que el demandado niegue la existencia de la relaci�n laboral entre �l y el actor, pues esto constituye una defensa o excepci�n que la parte demandada debe hacer valer en el procedimiento laboral en el cual ha sido emplazada y en el que si logra demostrar los elementos de su defensa obtendr� el laudo absolutorio, pero esa negativa no puede dar base para cambiar a trav�s de una simple controversia competencial, el fuero laboral del negocio, el cual ha quedado fijado por los t�rminos propios de la demanda.

Asimismo, dicho criterio, en esencia, ha sido sostenido por el Pleno de este alto tribunal, al resolver, el diecisiete de junio de mil novecientos noventa y tres, la competencia 38/75, suscitada entre el J. Segundo de Distrito en Materia Civil y el Primero de Distrito en Materia Administrativa, ambos en el Distrito Federal, por unanimidad de votos, as� como la competencia 44/92, suscitada entre el J. Sexto de Distrito en Materia Civil y el J. Octavo de Distrito en Materia Administrativa, ambos en el Distrito Federal, por mayor�a de dieciocho votos.

Es aplicable al caso, por similitud de raz�n, el criterio que aparece publicado con el n�mero 3a. XXXIV/93, visible a foja 21, Tercera Sala, Octava �poca, Tomo XI-Mayo, del Semanario Judicial de la Federaci�n, que es del tenor literal siguiente:

AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100, LA COMPETENCIA EN UN JUICIO ORDINARIO CIVIL EN QUE SE DEMANDA DE TAL ORGANISMO DESCENTRALIZADO LA DESOCUPACI�N Y ENTREGA DE UN BIEN INMUEBLE. CORRESPONDE AL FUERO COM�N.? Cuando en un juicio ordinario civil se demanda del organismo p�blico descentralizado Autotransportes Urbanos de Pasajeros R-100, la desocupaci�n y entrega de un bien inmueble, la competencia para conocer del juicio corresponde al fuero com�n por no presentarse ninguna de las hip�tesis previstas por los art�culos 104, fracciones I y III, constitucionales, 54, fracci�n II, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n y 7o. de la Ley General de Bienes Nacionales, en virtud de que: a) la controversia no versa sobre el cumplimiento y aplicaci�n de leyes federales, sino que se rige por los C�digos Civiles y de Procedimientos Civiles de la entidad en que se celebr� el contrato de arrendamiento; b) no es parte en el juicio la Federaci�n, en la acepci�n que a este t�rmino otorgan los preceptos constitucional y secundario invocados, es decir, el ente jur�dico denominado Estados Unidos Mexicanos, por el solo hecho de que en la controversia sea parte un organismo descentralizado; c) por tratarse del cumplimiento de un contrato de arrendamiento s�lo se compromete el patrimonio del organismo descentralizado, que no tiene el car�cter de bien del dominio p�blico o de dominio privado de la Federaci�n; y d) no existe dispositivo alguno en el que el legislador ordinario haya establecido que competa a los tribunales federales el conocimiento de los juicios en que sea parte el organismo descentralizado Autotransportes Urbanos de Pasajeros R-100. En tal virtud, el hecho de que en el contrato de arrendamiento hayan acordado las partes someterse a la jurisdicci�n de los tribunales federales para el caso de la interpretaci�n o cumplimiento de dicho convenio, resulta intranscendente, pues en los t�rminos de lo previsto por los art�culos 23 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, 149 y 151 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, la �nica jurisdicci�n que se puede prorrogar es la que se establece por raz�n del territorio.

Es aplicable, igualmente, la siguiente tesis:

"COMPETENCIA FEDERAL. NO SE SURTE POR LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE SEA PARTE EN EL JUICIO UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO Y SE AFECTE O PUEDA AFECTARSE SU PATRIMONIO.? Si bien conforme a lo dispuesto por los art�culos 90 constitucional, 1o. y 3o. de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica Federal, los organismos descentralizados forman parte de la Administraci�n P�blica Paraestatal, lo cierto es que en t�rminos de lo establecido por los art�culos 45 de esta ley, 11, 14, 17, 18, 60 y dem�s relativos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, constituyen entes creados por el Congreso de la Uni�n o el Ejecutivo Federal, con personalidad jur�dica y patrimonio propios, cuyo objeto es la realizaci�n de actividades correspondientes a las �reas prioritarias, la prestaci�n de servicios p�blicos o sociales o la obtenci�n y aplicaci�n de recursos para la asistencia y seguridad sociales, que cuentan con su propia organizaci�n y administraci�n y gozan de autonom�a de gesti�n, aun cuando est�n sujetos a la supervisi�n y vigilancia del Ejecutivo Federal. Por tanto, los organismos descentralizados no pueden considerarse como la Federaci�n, en la acepci�n que le da el art�culo 104, fracci�n III, constitucional, es decir, como el ente jur�dico denominado Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, tanto los bienes muebles como los inmuebles patrimonio de los organismos descentralizados, incluidas la aportaciones que reciben del Gobierno Federal, como no est�n incluidos en los art�culos 1o. a 3o. de la Ley General de Bienes Nacionales, ni en ning�n otro dispositivo legal, como de dominio p�blico o de dominio privado de la Federaci�n, no constituyen bienes nacionales; por el contrario, la fracci�n IV del art�culo 3o. antes citado dispone que son bienes de dominio privado de la Federaci�n los que hayan formado parte del patrimonio de las entidades de la Administraci�n P�blica Paraestatal, que se extingan o liquiden, en la proporci�n que corresponda a la Federaci�n, por lo que mientras dichos bienes sean patrimonio de dichas entidades no son bienes nacionales, pues es necesario para ello que antes dejen de ser propiedad de las entidades con motivo de su extinci�n o liquidaci�n. En consecuencia, por el solo hecho de que en el juicio sea parte un organismo descentralizado y se afecte o puede afectarse su patrimonio, no se surte la competencia de los tribunales federales conforme a los art�culos 104, fracci�n III, constitucional, 54, fracciones II y VI, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n y 7o. de la Ley General de Bienes Nacionales, en virtud de que no puede considerarse que la Federaci�n sea parte ni que se afecten sus intereses. Atento a lo anterior, debe interrumpirse la jurisprudencia publicada con el n�mero 12 en el Informe de 1988, Segunda Parte, p�ginas 62 a 64, con el rubro: 'ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. COMPETENCIA DEL FUERO FEDERAL PARA CONOCER DE JUICIOS EN LOS QUE INTERVENGAN, Y SE COMPROMETA SU PATRIMONIO.'" (Octava �poca, Tercera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, n�mero 59, noviembre de 1992, tesis 3a./J. 24/92, p�gina 21).

Similar criterio fue sostenido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver los siguientes asuntos:

Competencia 224/95.? Suscitada entre el J. Segundo de lo Civil de Texcoco, Estado de M�xico y el J. Noveno de Distrito en Ciudad Nezahualc�yotl, Estado de M�xico.? 13 de octubre de 1995.? Cinco votos.? Ponente: J.V.C. y C..? Secretario: H.S.�nchez Cort�s.

Competencia 215/96.? Suscitada entre el J. Quinto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California y el J. S�ptimo de Distrito en el mismo Estado.? 14 de septiembre de 1996.? Unanimidad de cuatro votos.? Ausente: J.N.S.M., previo aviso a la Presidencia.? Ponente: H.R.P..? Secretario: T.R.H.�ndez.

Competencia 311/96.? Suscitada entre el J. D�cimo Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de M�xico y el J. Segundo de Distrito en el mismo Estado.? 22 de enero de 1997.? Cinco votos.? Ponente: H.R.P..? Secretario: Jes�s E.F.G.�lez.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO

? En el fuero com�n radica la jurisdicci�n para conocer de este asunto.

SEGUNDO

? Se declara competente al J. Cuarto de lo Civil de Primera Instancia del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, para conocer del juicio ordinario civil de nulidad de t�tulo, instaurado por R.I.R.�guez I. en contra de la C.�n para la Regularizaci�n de la Tenencia de la Tierra, Emilia de Luna R�os y del registrador p�blico de la Propiedad y del Comercio de dicha ciudad.

N.�quese; con testimonio de esta resoluci�n h�gase la comunicaci�n a los Jueces contendientes; devu�lvanse los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, arch�vese el toca como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los Ministros presidente J.V.C. y C., H.R.P. (ponente), Jos� de Jes�s G.�o P., J.N.S.M. y O.S.C. de G.�a V..