Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Sentencia

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Juez	José Ramón Cossío Díaz,José de Jesús Gudiño Pelayo,Sergio Valls Hernández,Juan N. Silva Meza
Localizador	Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tomo XXX, Julio de 2009, 219
Fecha de publicación	01 Julio 2009
Fecha	01 Julio 2009
Número de resolución	1a./J. 42/2009
Número de registro	21625
Materia	Derecho Penal
Emisor	Primera Sala

CONTRADICCIÓN DE TESIS 147/2008-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de naturaleza penal, que es una de las materias de especialización de esta Primera Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima ya que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quienes se encuentran facultados para ello, de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo, que en su parte conducente, establece lo siguiente:

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia la que decidirá cuál tesis debe prevalecer."

TERCERO. Es pertinente precisar que de los presentes autos se advierte que por oficio número IX-450-P del siete de enero de dos mil nueve, se le dio vista al procurador general de la República, con la denuncia de contradicción de tesis que nos ocupa, mismo que fue recibido en su fecha, en la Dirección General de Constitucionalidad de dicha institución, según se desprende del sello impreso en la constancia que obra a fojas 935 de autos.

Ahora bien, el artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dispone que en la denuncia de contradicción de tesis, el procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

En la especie, el plazo de los treinta días para que el procurador general de la República emita su parecer en relación con la contradicción en estudio, comenzó a correr del nueve de enero al veintitrés de febrero del presente año, descontándose los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de enero, primero, siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós de febrero de dos mil nueve, por ser sábados y domingos, respectivamente, inhábiles de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Amparo; dos y cinco de febrero del presente año, con fundamento en el punto primero, incisos c) y e) del Acuerdo Número 2/2006, del Pleno de este Alto Tribunal, del treinta de enero de dos mil seis y 286 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la ley de la materia, ya que durante los días en que no tienen lugar actuaciones judiciales, no corren términos.

Por oficio DGC/DCC/064/2009, de fecha veintidós de enero de dos mil nueve, recibido al día siguiente, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el agente del Ministerio Público de la Federación emitió su opinión en el presente asunto, estimando que sí existe la contradicción de criterios y que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio consistente en que las disposiciones de la legislación penal del Estado de México, que contemplan la inhabilitación por veinte años, tratándose de delitos cometidos por servidores públicos, son violatorios de los artículos 14 y 22 de la Constitución Federal.

CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en sesión del diecisiete de octubre de dos mil ocho, resolvió el amparo directo 221/2008 y en lo que es materia de contradicción, esencialmente sostuvo:

"El veinte de marzo del año dos mil, se publicó en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, el mencionado decreto legislativo 165, que actualiza el anterior Código Penal del Estado de México, el cual entre otros contiene el artículo 129, fracción II, sometido a estudio. Lo relatado, pone de manifiesto que la intención del legislador al actualizar el artículo 129, fracción II, del código punitivo local, fue ampliar a veinte años, la sanción de inhabilitación a los servidores públicos que cometan un delito, para disminuir la incidencia de esa clase de delitos. En estas condiciones, el principio de exacta aplicación de la ley penal, el cual se encuentra relacionado con las garantías de legalidad y seguridad jurídicas, previstas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obliga a la autoridad legislativa a emitir normas claras en las que se precise la conducta reprochable y la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito en donde se establezca su duración mínima y máxima; en el caso de la porción normativa consistente en que tratándose del delito de cohecho, además de las penas de prisión, pecuniaria, destitución definitiva, el servidor público será ‘... inhabilitado por veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos ...’ a que se contrae el ya referido artículo 129, fracción II, del Código Penal del Estado de México, no infringe lo dispuesto en el mencionado precepto constitucional. Lo anterior es así, en atención a que si bien el precepto ordinario de referencia, no establece un mínimo y un máximo para efectos de la inhabilitación que contempla como consecuencia jurídica del despliegue de la conducta delictiva, no constituye una omisión legislativa, en virtud de que del análisis del proceso respectivo que le dio origen, se desprenden diversas razones mediante las cuales el legislador justificó en forma expresa su establecimiento en la ley, considerando en dicho precepto, en principio, al delito de cohecho, asimismo, tomó en cuenta al sujeto activo que llevaba a cabo ese ilícito (servidor público) y, principalmente, el bien jurídico que tutela el tipo penal, que es contra la administración pública, lo que plenamente justifica la constitucionalidad de la porción normativa que prevé la mencionada consecuencia jurídica. Y es que si bien la inhabilitación se menciona como sanción en términos del artículo 24 del Código Federal de Procedimientos Penales, no se puede desconocer que en tratándose del delito de cohecho, puede considerarse igualmente como medida de seguridad en protección de la propia sociedad, que se ve traicionada por todo servidor público que utiliza su encargo para la comisión de delitos, pues tal comportamiento no es sino una forma de corrupción que atenta contra la colectividad misma de manera grave, por tanto, al igual que la destitución, en realidad no se trata de aspectos graduables, y que correspondan al grado de culpabilidad, sino de consecuencias lógicas de la constatación del indebido ejercicio público (delictivo), respecto del cual la sociedad tiene pleno derecho para protegerse impidiendo mediante la prevención, que tales enjuiciados vuelvan a realizar funciones públicas. Luego, si la corrupción o deshonestidad no pueden graduarse en función de la culpabilidad personal derivada del hecho, no tienen por qué condicionarse a la existencia de un marco con mínimo y máximo, pues se trata de excepciones justificadas para la individualización legal del legislador, que de ese modo, es decir asignando carácter definitivo o de temporalidad fija, cumple no obstante con el principio de proporcionalidad precisamente por la importancia de salvaguardar a la sociedad de esa clase de comportamientos. Es por lo anterior, que el artículo 129, en su fracción II, del Código Penal del Estado de México, no vulnera el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; motivos por los cuales, el motivo de inconformidad que el quejoso hace valer al respecto, deviene infundado."

QUINTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver los juicios de amparo 73/2005, 432/2005 y 228/2007, en sesiones del doce de mayo y veintiocho de octubre de dos mil cinco y veintinueve de noviembre de dos mil siete, respectivamente, sostuvo en la parte que interesa, lo siguiente:

AD. 73/2005

"Ahora bien, retomando nuestro estudio, es de verse que, en esencia, la inconformidad central que sobre constitucionalidad se hace valer, recae sobre si se debe considerar que el artículo 136, parte in fine, del Código Penal del Estado de México, es violatorio de garantías por contener penas inusitadas; sin embargo, es de destacarse que las alegaciones del inconforme están direccionadas a combatir el arbitrio judicial del juzgador por haberle impuesto la pena de inhabilitación por veinte años para desempeñar toda clase de funciones, empleos y comisiones en la administración pública del Estado, a la cual se hizo acreedor por haberse acreditado plenamente su responsabilidad en orden a la comisión del delito de abuso de autoridad tipificado en el numeral en comento. Sin embargo, como ya se dijo, en suplencia de la queja deficiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, es conveniente analizar si, en la especie, puede válidamente señalarse si en ese precepto ordinario se contienen sanciones prohibidas constitucionalmente. Al respecto, es de indicarse que nuestro Máximo Tribunal ha calificado como pena inusitada, de acuerdo a su acepción gramaticalmente hablando, lo no usado. Sin embargo, en su acepción constitucional, debe de entenderse aquella que ha sido abolida por inhumana, cruel, infamante, excesiva, que no corresponde a los fines que persigue la penalidad, porque no llene las características de una eficaz sanción, como las de ser moral, personal, divisible, popular, tranquilizadora, reparable y, en cierta forma ejemplar; o bien, aquellas penas que, aun cuando no hayan existido, sean de la misma naturaleza o índole de las citadas. Al respecto tiene aplicación la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Quinta Época, Instancia Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XL, visible en la página 2398, que dice: ‘PENAS INUSITADAS Y TRASCENDENTALES, QUÉ SE ENTIENDE POR.’ (se transcribe). Así como la tesis de la Primera Sala, de la Quinta Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLII, visible en la página 2103, que dice: ‘PENAS INUSITADAS Y TRASCENDENTALES.’ (se transcribe). Igualmente se cita la tesis de la Primera Sala de la Sexta Época, Fuente Semanario Judicial de la Federación, Tomo XX, Segunda Parte, página 151, que dice: ‘PENA INUSITADA.’ (se transcribe). En ese contexto, el artículo 136, del Código Penal del Estado de México, en su parte conducente establece: ‘Artículo 136. Comete el delito de abuso de autoridad, el servidor público que incurre en alguna de las siguientes conductas: ... Al responsable de este delito se le impondrán de uno a cinco años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa, la destitución del cargo será definitiva y la inhabilitación será por veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos. La anterior redacción obedece a la exposición de motivos contenida en la iniciativa del Decreto Número 165, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México (gaceta del gobierno), el veinte de marzo del dos mil, en el que se abrogó el Código Penal del Estado de México, publicado en la gaceta del Gobierno el veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y seis, en la que se estableció, incrementar las penalidades y sancionar con mayor energía algunas conductas delictivas tales como: desobediencia, ultrajes, incumplimiento, ejercicio indebido y abandono de funciones públicas, coalición, abuso de autoridad ... en veinte años la sanción de inhabilitación a los servidores públicos que cometan un delito; buscando responder con ello a los requerimientos y expectativas de la población mexiquense para hacer frente a la diversidad de delitos que hoy día la aquejan. En esa tesitura, es dable advertir que la naturaleza jurídica de la pena de inhabilitación, es entendida como la sanción que repercute en el status jurídico de la persona, pues es la pérdida absoluta de la capacidad para desempeñar cargos públicos, durante el tiempo de la condena. Precisado lo anterior, es evidente que el precepto que se tilda de inconstitucional, en su concepto de inhabilitación, establece una sanción fija e invariable de veinte años, de ahí que válidamente se puede establecer que dicha pena es violatoria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se prohíbe penas inusitadas puesto que la misma se considera excesiva, desproporcionada y fija, la cual no corresponde a los fines que persigue la pena, porque no corresponde con las características de una eficaz sanción, es decir, la de reformar al delincuente creando en él por el sufrimiento motivos que le aparten del delito en el futuro, ni tampoco se considera ejemplar para patentizar en los ciudadanos pacíficos la necesidad de respetar la ley, ni mucho menos justa, puesto que no garantiza al imponer una pena desproporcional la seguridad y el bienestar social, ni intimidatorio, dado que con ello no constituye la salvaguarda de la sociedad, tampoco se considera correctiva, pues con penas severas no se puede readaptar a la vida normal al penado; de lo que se sigue, que la imposición de esta pena en esa clase de delitos cometidos por los servidores públicos, elimina el arbitrio judicial, convirtiendo al J. en un simple aplicador de la literalidad del artículo que la contiene, contraviniendo así lo señalado en los artículos 57 y 58 del código punitivo estatal, que establecen las reglas generales para la imposición de las penas que el juzgador estime justas, dentro de los límites establecidos en dicha legislación para cada delito, es decir, el quántum de la pena entre un mínimo y un máximo, atendiendo a la gravedad del delito y el grado de culpabilidad del sentenciado, a que está obligado para fijar una pena justa, utilizando para ello su arbitrio judicial; de tal manera que la imposición de la pena de inhabilitación, debe tener correspondencia entre la gravedad del delito y el grado de culpabilidad del reo, para que esté en proporción con el daño causado por el ilícito cometido, circunstancias que no se encuentran presentes en la parte conducente del precepto que se reclama de inconstitucional, dado que impone una sanción fija e invariable, la que se considera inusitada por ser excesiva, dado que no contiene un mínimo y un máximo para su aplicación. Por consiguiente, si la disposición en comento no otorga a la autoridad jurisdiccional pleno arbitrio para valorar el ilícito en los términos apuntados (gravedad del delito y el grado de culpabilidad del reo), e imponer las sanciones que estime justas de acuerdo al quántum de la pena dentro de un mínimo y un máximo, de acuerdo a los numerales 57 y 58 del código punitivo estatal, necesariamente es de concluir que la parte conducente del numeral en estudio respecto a la pena de inhabilitación por veinte años para desempeñar cargo público, al no conceder a la autoridad responsable esa facultad, riñe directamente con la garantía consagrada en el artículo 22 de la Carta Magna. A mayor abundamiento, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como este tribunal, han considerado que el artículo 22 constitucional, prohíbe la multa excesiva, entendida ésta, como aquella pena pecuniaria que no corresponde a las condiciones económicas de la persona afectada, o que razonablemente es desproporcional con el valor del negocio en que se cometió, de tal suerte que cuando la sanción pecuniaria es fija e invariable, impide con ello a la autoridad administrativa individualizar la multa, es decir tomar en consideración las condiciones económicas del infractor y la gravedad del ilícito fiscal. Al respecto se cita tesis aislada 2a. CXXXV/99, de la Novena Época, Instancia Segunda Sala, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, visible en la página 484, que dice: ‘MULTAS. EL ARTÍCULO 76, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, VIOLA LOS ARTÍCULOS 22 Y 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 10/95).’ (se transcribe). Así como la tesis II.1o.P.A.2 A, de la Novena Época, Instancia Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, julio de 1995, visible en la página 275, del rubro y tenor literal siguientes: ‘SANCIÓN PECUNIARIA FIJA E INVARIABLE. ES INCONSTITUCIONAL LA.’ (se transcribe). Conforme a lo expresado en líneas precedentes y de una armónica interpretación analógica, en virtud que en la especie existe identidad de razón entre las situaciones concretas mencionadas debe haber al respecto una misma razón jurídica. Ante tal panorama lo procedente es conceder al quejoso ********** el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y pronuncie otra, en la que dejando firmes los aspectos relativos a la comprobación del delito de abuso de autoridad, la plena responsabilidad penal demostrada del referido quejoso, el grado de culpabilidad en el que lo ubicó, las penas impuestas de un año de prisión y treinta días multa, la destitución definitiva de su cargo como ********** así como el beneficio de la conmutación de la pena de prisión, la absolución de la reparación del daño, y la amonestación; siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria estime inconstitucional la aplicación al quejoso de la parte conducente del artículo 136 del Código Penal del Estado de México vigente, respecto de la pena de inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, y por ende, deje sin efecto la aplicación de la misma."

AD. 432/2005

"Ahora bien, retomando nuestro estudio, es de verse que, en esencia, la inconformidad central que sobre constitucionalidad se hace valer, recae sobre si se debe considerar que el artículo 133, parte in fine, del Código Penal del Estado de México, es violatorio de garantías por contener penas inusitadas, en lo particular, respecto de la pena de inhabilitación por veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión pública. Sin embargo, como ya se dijo, en suplencia de la queja deficiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, es conveniente analizar si, en la especie, puede válidamente señalarse, si en ese precepto ordinario se contienen sanciones prohibidas constitucionalmente. Al respecto, es de indicarse que nuestro Máximo Tribunal ha calificado como pena inusitada, de acuerdo a su acepción gramaticalmente hablando, lo no usado. Sin embargo, en su acepción constitucional, debe de entenderse aquella que ha sido abolida por inhumana, cruel, infamante, excesiva, que no corresponde a los fines que persigue la penalidad, porque, no llene las características de una eficaz sanción, como las de ser moral, personal, divisible, popular, tranquilizadora, reparable y, en cierta forma ejemplar; o bien, aquellas penas que, aun cuando no hayan existido, sean de la misma naturaleza o índole de las citadas. Al respecto, tiene aplicación la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Quinta Época, Instancia Primera Sala, Fuente Semanario Judicial de la Federación, Tomo XL, visible en la página 2398, que dice: ‘PENAS INUSITADAS Y TRASCENDENTALES, QUÉ SE ENTIENDE POR.’ (se transcribe). Así como, la tesis de la Primera Sala, de la Quinta Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLII, visible en la página 2103, que dice: ‘PENAS INUSITADAS Y TRASCENDENTALES.’ (se transcribe). Igualmente, se cita la tesis de la Primera Sala de la Sexta Época, Fuente Semanario Judicial de la Federación, Tomo XX, Segunda Parte, página 151, que dice: ‘PENA INUSITADA.’ (se transcribe). En ese contexto, el artículo 133 del Código Penal del Estado de México, en su parte conducente, establece: ‘Artículo 133. También comete el delito de ejercicio indebido de función pública, el servidor público que: ... IV. Se atribuya funciones o comisiones distintas a las que legalmente tenga encomendadas, en perjuicio de terceros o de la función pública. A quien cometa el delito previsto en la fracción IV, se le impondrán de uno a cinco años de prisión, de treinta a doscientos días multa y destitución definitiva e inhabilitación por veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.’. La anterior redacción, obedece a la exposición de motivos contenida en la iniciativa del Decreto Número 165, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México (Gaceta del Gobierno), el veinte de marzo del dos mil, en el que se abrogó el Código Penal del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno, el veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y seis, en la que se estableció, incrementar las penalidades y sancionar con mayor energía algunas conductas delictivas, tales como: desobediencia, ultrajes, incumplimiento, ejercicio indebido y abandono de funciones públicas, coalición, abuso de autoridad ... en veinte años la sanción de inhabilitación a los servidores públicos que cometan un delito; buscando responder con ello a los requerimientos y expectativas de la población mexiquense para hacer frente a la diversidad de delitos que hoy día la aquejan. En esa tesitura, es dable advertir que la naturaleza jurídica de la pena de inhabilitación, es entendida como la sanción que repercute en el status jurídico de la persona, pues, es la pérdida absoluta de la capacidad, para desempeñar cargos públicos, durante el tiempo de la condena. Precisado lo anterior, es evidente que el precepto que se tilda de inconstitucional, en su concepto de inhabilitación, establece una sanción fija e invariable de veinte años, de ahí que válidamente se puede establecer que dicha pena es violatoria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se prohíbe penas inusitadas, puesto que la misma se considera excesiva, desproporcionada y fija, la cual no corresponde a los fines que persigue la pena, porque no corresponde con las características de una eficaz sanción, es decir, la de reformar al delincuente creando en él por el sufrimiento motivos que le aparten del delito en el futuro, ni tampoco se considera ejemplar para patentizar en los ciudadanos pacíficos la necesidad de respetar la ley, ni mucho menos justa, puesto que no garantiza al imponer una pena desproporcional, la seguridad y el bienestar social, ni intimidatorio, dado que con ello, no constituye la salvaguarda de la sociedad, tampoco se considera correctiva, pues con penas severas no se puede readaptar a la vida normal al penado; de lo que se sigue, que la imposición de esta pena en esa clase de delitos cometidos por los servidores públicos, elimina el arbitrio judicial, convirtiendo al J. en un simple aplicador de la literalidad del artículo que la contiene, contraviniendo así lo señalado en los artículos 57 y 58 del código punitivo estatal, que establecen las reglas generales para la imposición de las penas que el juzgador estime justas, dentro de los límites establecidos en dicha legislación para cada delito, es decir, el quántum de la pena entre un mínimo y un máximo, atendiendo a la gravedad del delito y el grado de culpabilidad del sentenciado, a que está obligado para fijar una pena justa, utilizando para ello su arbitrio judicial; de tal manera que la imposición de la pena de inhabilitación, debe tener correspondencia entre la gravedad del delito y el grado de culpabilidad del reo, para que esté en proporción con el daño causado por el ilícito cometido, circunstancias que no se encuentran presentes en la parte conducente del precepto que se reclama de inconstitucional, dado que impone una sanción fija e invariable, la que se considera inusitada por ser excesiva, dado que no contiene un mínimo y un máximo para su aplicación. Por consiguiente, si la disposición en comento no otorga a la autoridad jurisdiccional pleno arbitrio para valorar el ilícito en los términos apuntados (gravedad del delito y el grado de culpabilidad del reo), e imponer las sanciones que estime justas de acuerdo al quántum de la pena dentro de un mínimo y un máximo, de acuerdo a los numerales 57 y 58 del código punitivo estatal, necesariamente es de concluir que la parte conducente del numeral en estudio respecto a la pena de inhabilitación por veinte años para desempeñar cargo público, al no conceder a la autoridad responsable esa facultad, riñe directamente con la garantía consagrada en el artículo 22 de la Carta Magna. A mayor abundamiento, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como este tribunal, han considerado que el artículo 22 constitucional, prohíbe la multa excesiva, entendida ésta, como aquella pena pecuniaria que no corresponde a las condiciones económicas de la persona afectada, o que razonablemente es desproporcional con el valor del negocio en que se cometió, de tal suerte que cuando la sanción pecuniaria es fija e invariable, impide con ello a la autoridad administrativa individualizar la multa, es decir tomar en consideración las condiciones económicas del infractor y la gravedad del ilícito fiscal. Al respecto, se cita la tesis aislada 2a. CXXXV/99, de la Novena Época, Instancia Segunda Sala, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, visible en la página 484, que dice: ‘MULTAS. EL ARTÍCULO 76, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, VIOLA LOS ARTÍCULOS 22 Y 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 10/95).’ (se transcribe). Así como, la tesis II.1o.P.A.2 A, de la Novena Época, Instancia Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, julio de 1995, visible en la página 275, del rubro y tenor literal siguientes: ‘SANCIÓN PECUNIARIA FIJA E INVARIABLE. ES INCONSTITUCIONAL LA.’ (se transcribe). Conforme a lo expresado en líneas precedentes y de una armónica interpretación analógica, en virtud que en la especie, existe identidad de razón, entre las situaciones concretas mencionadas, debe haber al respecto, una misma razón jurídica. De ahí, lo inaplicable de las tesis que cita el impetrante, bajo los rubros: ‘PENA, INDIVIDUALIZACIÓN INDEBIDA DE LA.’ ‘PENAS, APLICACIÓN DE LAS, EN FUNCIÓN DE LA GRAVEDAD DEL DELITO Y LA CULPABILIDAD DEL SUJETO ACTIVO. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 52 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.’ y ‘PENA, INUSITADA. SU ACEPCIÓN CONSTITUCIONAL.’. Ante tal panorama, lo procedente es conceder al quejoso ********** el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y pronuncie otra, en la que reiterando los aspectos relativos a la comprobación del delito de ejercicio indebido de funciones públicas, la plena responsabilidad penal demostrada del referido quejoso, el grado de culpabilidad en el que lo ubicó, las penas impuestas de un año de prisión y treinta días multa, así como el beneficio de la conmutación de la pena de prisión, la absolución de la reparación del daño, y la amonestación; siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria de manera fundada y motivada, se pronuncie respecto de la absolución o condena, en cuanto a la pena pública, consistente en la destitución definitiva del cargo que venía fungiendo el ahora quejoso como ********** asimismo, motive adecuadamente, el por qué únicamente le concedió al impetrante, el beneficio sustitutivo de conmutación de la pena de prisión por multa y no por el de igual número de jornadas de trabajo a favor de la comunidad, como lo establece el artículo 70 del Código Penal del Estado de México; finalmente, estime inconstitucional, la aplicación al quejoso de la parte conducente del artículo 133 del código en cita, respecto de la pena de inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos y, por ende, deje sin efecto la aplicación de la misma."

AD. 228/2007

"Ahora bien, retomando nuestro estudio, es de verse que, en esencia, el tema central recae sobre si se debe considerar que el artículo 259, penúltimo párrafo, del Código Penal del Estado de México, es violatorio de garantías por contener penas inusitadas; dado que como ya se dijo, en suplencia de la queja deficiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, es conveniente analizar si, en la especie, puede válidamente señalarse si en ese precepto ordinario se contienen sanciones prohibidas constitucionalmente. Al respecto, es de indicarse que nuestro Máximo Tribunal ha calificado como pena inusitada, de acuerdo a su acepción gramaticalmente hablando, lo no usado. Sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado en la jurisprudencia 1/2006, que su acepción constitucional, se constriñe a tres supuestos: a) Que tenga por objeto causar en el cuerpo del sentenciado un dolor o una alteración física, b) Que sea excesiva en relación con el delito cometido, que no corresponda la finalidad que persigue la pena, o que se deje al arbitrio de la autoridad judicial o ejecutora su determinación al no estar prevista en la ley pena alguna exactamente aplicable al delito de que se trate; y, c) Que siendo utilizada en determinado lugar no le sea ya en otros por ser rechazada en la generalidad de los sistemas punitivos. Al respecto, tiene aplicación la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Quinta Época, Instancia Primera Sala, Fuente Semanario Judicial de la Federación, Tomo XL, visible en la página 2398, que dice: ‘PENAS INUSITADAS Y TRASCENDENTALES, QUÉ SE ENTIENDE POR.’ (se transcribe). De igual forma converge, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia P./J. 1/2006 sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta a la Novena Época, del T.X.I, febrero de 2006, materias constitucional penal, página 6, cuyo epígrafe y sinopsis son: ‘PRISIÓN VITALICIA. NO CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’ (se transcribe). Igualmente se cita la tesis de la Primera Sala de la Sexta Época, Fuente Semanario Judicial de la Federación, Tomo XX, Segunda Parte, página 151, que dice: ‘PENA INUSITADA.’ (se transcribe). En ese contexto, el artículo 259, penúltimo párrafo, del Código Penal del Estado de México, en su parte conducente establece: ‘Artículo 259. ... Cuando en la comisión del este delito participe un elemento perteneciente a una corporación policíaca, se agravará la pena en una mitad más de la que le corresponda destitución definitiva e inhabilitación por veinte años para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión público.’. En esa tesitura, es dable advertir que la naturaleza jurídica de la pena de inhabilitación, es entendida como la sanción que repercute en el status jurídico de la persona, pues es la pérdida absoluta de la capacidad para desempeñar cargos públicos, durante el tiempo de la condena. Precisado lo anterior, es evidente que este precepto es inconstitucional, en su concepto de inhabilitación, pues establece una sanción fija e invariable de veinte años, de ahí que válidamente se puede establecer que dicha pena es violatoria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se prohíbe penas inusitadas puesto que la misma se considera excesiva, desproporcionada y fija, la cual no corresponde a los fines que persigue la pena, porque no corresponde con las características de una eficaz sanción, es decir, la de reformar al delincuente creando en él por el sufrimiento motivos que le aparten del delito en el futuro, ni tampoco se considera ejemplar para patentizar en los ciudadanos pacíficos la necesidad de respetar la ley, ni mucho menos justa, puesto que no garantiza al imponer una pena desproporcional la seguridad y el bienestar social, ni intimidatorio, dado que con ello no constituye la salvaguarda de la sociedad, tampoco se considera correctiva, pues con penas severas no se puede readaptar a la vida normal al penado; de lo que se sigue, que la imposición de esta pena en esa clase de delitos cometidos por los servidores públicos, elimina el arbitrio judicial, convirtiendo al J. en un simple aplicador de la literalidad del artículo que la contiene, contraviniendo así lo señalado en los artículos 57 y 58 del código punitivo estatal, que establecen las reglas generales para la imposición de las penas que el juzgador estime justas, dentro de los límites establecidos en dicha legislación para cada delito, es decir, el quántum de la pena entre un mínimo y un máximo, atendiendo a la gravedad del delito y el grado de culpabilidad del sentenciado, a que está obligado para fijar una pena justa, utilizando para ello su arbitrio judicial; de tal manera que la imposición de la pena de inhabilitación, debe tener correspondencia entre la gravedad del delito y el grado de culpabilidad del reo, para que esté en proporción con el daño causado por el ilícito cometido, circunstancias que no se encuentran presentes en la parte conducente del precepto que se reclama de inconstitucional, dado que impone una sanción fija e invariable, la que se considera inusitada por ser excesiva, dado que no contiene un mínimo y un máximo para su aplicación. Por consiguiente, si la disposición en comento no otorga a la autoridad jurisdiccional pleno arbitrio para valorar el ilícito en los términos apuntados (gravedad del delito y el grado de culpabilidad del reo), e imponer las sanciones que estime justas de acuerdo al quántum de la pena dentro de un mínimo y un máximo, de acuerdo a los numerales 57 y 58 del código punitivo estatal, necesariamente es de concluir que la parte conducente del numeral en estudio respecto a la pena de inhabilitación por veinte años para desempeñar cargo público, al no conceder a la autoridad responsable esa facultad, riñe directamente con la garantía consagrada en el artículo 22 de la Carta Magna. Al respecto, se cita la tesis aislada II.1o.P.142 P de la Novena Época emitida por este Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T.X., agosto de dos mil cinco, visible en la página 1928, bajo el rubro y tenor literal siguientes: ‘INHABILITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 136, IN FINE, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO, QUE ESTABLECE DICHA PENA SIN SEÑALAR UN LÍMITE MÍNIMO Y UNO MÁXIMO DE APLICACIÓN, VIOLA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe). A mayor abundamiento, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como este tribunal, han considerado que el artículo 22 constitucional, prohíbe la multa excesiva, entendida ésta, como aquella pena pecuniaria que no corresponde a las condiciones económicas de la persona afectada, o que razonablemente es desproporcional con el valor del negocio en que se cometió, de tal suerte que cuando la sanción pecuniaria es fija e invariable, impide con ello a la autoridad administrativa individualizar la multa, es decir tomar en consideración las condiciones económicas del infractor y la gravedad del ilícito fiscal. Al respecto, se cita la tesis aislada 2a. CXXXV/99, de la Novena Época, Instancia Segunda Sala, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, visible en la página 484, que dice: ‘MULTAS. EL ARTÍCULO 76, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, VIOLA LOS ARTÍCULOS 22 Y 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 10/95).’ (se transcribe). Así como, la tesis II.1o.P.A.2 A, de la Novena Época, Instancia Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, julio de 1995, visible en la página 275, del rubro y tenor literal siguientes: ‘SANCIÓN PECUNIARIA FIJA E INVARIABLE. ES INCONSTITUCIONAL LA.’ (se transcribe). Conforme a lo expresado en líneas precedentes y de una armónica interpretación analógica, en virtud que en la especie existe identidad de razón entre las situaciones concretas mencionadas debe haber al respecto una misma razón jurídica. Igual consideración cabe hacer a propósito de cuándo debe empezar a computase la pena privativa de libertad, en razón a los motivos siguientes. Previamente a expresar las razones por las que este tribunal llega a tal conclusión, conviene dejar establecido que acorde con el artículo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ... En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención ... De lo anterior se desprende que dicho precepto legal lleva implícito el juicio de razón de que toda sentencia condenatoria que impone pena de prisión, el órgano judicial está obligado a establecer a partir de cuándo se computará la pena privativa de libertad impuestas, a fin de no dejar en estado de incertidumbre al reo, lo que conduce a concluir que es la autoridad judicial quien al emitir la sentencia respectiva debe realizar dicho cómputo. Luego, si el J. del proceso no precisó a partir de cuándo se computará la pena privativa de la libertad impuesta y la Sala responsable soslayó esa circunstancia, y al no hacerlo así, es evidente que la omisión de ese aspecto vuelva ilegal la sentencia reclamada, y por ende, que dicha resolución sea violatoria de la garantía de seguridad jurídica contenida en la norma constitucional en comento, a más que resulta incuestionable que no es dable para este órgano colegiado pronunciarse respecto a ese tópico, ya que si lo hiciera se estaría sustituyendo en las funciones de aquélla; por tanto, a dicha autoridad le corresponde realizar la respectiva sustitución."

Dicho criterio fue reiterado por el citado tribunal al resolver los amparos directos 461/2005, 511/2005, 698/2005, 310/2006, 345/2006, 357/2006 y 273/2007. Las referidas ejecutorias originaron las tesis aisladas cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"XXII, agosto de 2005

"Tesis: II.1o.P.142 P

"Página: 1928

"INHABILITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 136, IN FINE, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO, QUE ESTABLECE DICHA PENA SIN SEÑALAR UN LÍMITE MÍNIMO Y UNO MÁXIMO DE APLICACIÓN, VIOLA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 136, in fine, del Código Penal del Estado de México que prevé como pena fija e invariable la inhabilitación de veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, viola el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que no contiene un límite mínimo y uno máximo de aplicación, lo que impide al juzgador decretar las penas que estime justas, acorde a la gravedad del injusto y el grado de culpabilidad apreciado en su autor.

"PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

"Amparo directo 73/2005. 28 de abril de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: A.L.S.. Secretario: E.R.F.."

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"XXIII, enero de 2006

"Tesis: II.1o.P.145 P

"Página: 2387

"INHABILITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 133, IN FINE, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO, QUE ESTABLECE DICHA PENA SIN SEÑALAR UN LÍMITE MÍNIMO Y UNO MÁXIMO DE APLICACIÓN, VIOLA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 133, in fine, del Código Penal para el Estado de México, que prevé como pena fija e invariable la inhabilitación de veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, viola el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que no contiene un límite mínimo y uno máximo de aplicación, lo que impide al juzgador decretar las penas que estime justas, acorde a la gravedad del injusto y el grado de culpabilidad apreciado en su autor.

"PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

"Amparo directo 432/2005. 4 de agosto de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: A.L.S.. Secretario: E.R.F.."

SEXTO. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en sesión del siete de mayo de dos mil ocho, resolvió los amparos directos 42/2008 y 47/2008 y en lo que es materia de contradicción, esencialmente sostuvo:

AD. 42/2008

"IX. En cambio, en suplencia de los conceptos de violación en términos del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, este cuerpo colegiado advierte que la sentencia reclamada transgrede los derechos subjetivos públicos del quejoso; únicamente, en lo concerniente a las penas de prisión y multa impuestas, así como en lo relativo a la inhabilitación por veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos. Lo que se afirma, porque en cuanto a las penas de prisión y multa impuestas la autoridad judicial responsable, contrario a lo esgrimido por la representación social en su pliego de conclusiones, partió de la premisa de que el quejoso era autor material en términos del artículo 11, fracción I, inciso c), del Código Penal del Estado de México, al referir en tal sentido lo siguiente: ‘... esto es así, porque no debe perderse de vista que la forma de intervención pretendida por el Ministerio Público acusador es la fusión de la autoría material (quien realiza la conducta núcleo del tipo) y la participación primaria (cooperación previa o simultánea). Luego, si de los autos de la causa penal se logra determinar que los sentenciados recibieron de un particular una dádiva en numerario, ello con la finalidad de que omitieran un acto lícito con motivo de sus funciones, y que lo era ponerlo a disposición del órgano investigador de los delitos por encontrarse vinculado con el homicidio de una persona, es evidente que ambos realizaron la conducta núcleo del tipo y se afirma ello dado que de las constancias, como bien lo justipreció el natural, obran datos que evidencian que materialmente cada uno por su cuenta tuvo en su poder el numerario que se les entregara y que de manera independiente realizaron la conversión de los dólares recibidos a pesos mexicanos, y los cuales cada uno de los sentenciados puso a disposición del Ministerio Público, pues por lo que hace a ********** puso a disposición de la autoridad ministerial la cantidad de mil novecientos noventa pesos; mientras que el justiciable ********** puso a disposición la cantidad de dos mil quinientos pesos. Por lo tanto, es correcto que se les considere como autores materiales del delito en términos del artículo 11, fracción I, inciso c), del Código Penal vigente en la entidad ...’. De ahí que si se toma en consideración la suma que por tal motivo ilícito recibió cada uno de los involucrados (doscientos cuarenta dólares americanos), al ser cambiados en moneda mexicana equivale alrededor de **********, habida cuenta de que el tipo de cambio al día cinco de junio de dos mil cinco era de "**********"; por lo que es claro que se vulneraron los derechos subjetivos públicos del hoy quejoso, puesto que la autoridad judicial responsable debió aplicar en ese aspecto lo establecido, no en la fracción II, sino en la fracción I del artículo 129 del Código Penal del Estado de México; porque tal pecunia, no excede del equivalente a noventa veces el salario mínimo diario vigente en la zona económica donde se cometió el delito que era de **********; ya que, en tal aspecto, dicho dispositivo establece lo siguiente: ‘Al servidor público que cometa este delito, se le impondrán las siguientes sanciones: I. De uno a tres años de prisión y de treinta a trescientos días multa, destitución definitiva e inhabilitación por veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, cuando el beneficio obtenido o la cantidad o el valor de la dádiva no exceda el equivalente de noventa veces el salario mínimo diario general vigente en la zona económica donde se cometa el delito, o no sean cuantificables; y ...’. Circunstancia que, evidentemente, también debe incidir en la aplicación de la pena a que se refiere el diverso numeral 131, párrafo segundo, del código punitivo estatal en consulta, que es del tenor literal siguiente: ‘Cuando el delito de cohecho sea cometido por algún elemento de los cuerpos policiacos o servidor de seguridad pública o servidor de la administración o procuración de justicia se considerará como delito grave, aumentándose la pena hasta en una mitad, la destitución será definitiva y la inhabilitación será de veinte años.’. Lo anterior, porque con base en las penas que al aquí quejoso se le deberán de imponer en términos de la transcrita fracción I del numeral 129 del Código Penal del Estado de México, deberá además atenderse lo relativo ‘aumentándose la pena hasta una mitad’, en virtud de que el quejoso tenía la calidad policíaca a que se refiere el transcrito numeral 131, párrafo segundo, del código punitivo estatal."

AD. 47/2008

"Ahora bien, como puede observarse claramente, atendiendo al grado de punición mínimo en que la responsable ubicó al sentenciado, tenemos que convalidó correctamente las penas privativa de libertad (un año de prisión), sanción pecuniaria (treinta días multa) y la destitución definitiva del cargo. Empero, la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos durante dos años con que la juzgadora primigenia sancionó al ahora quejoso ********** es una sanción que no estaba contemplada en la ley sustantiva vigente en la época de los hechos, que preveía que esa inhabilitación debía ser por veinte años. No obstante, debe decirse que esta autoridad de amparo no considera que en el caso deba otorgarse la protección constitucional para que la responsable aplique la pena específica que estaba prevista para sancionar el caso concreto, toda vez que la inhabilitación por veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, es una sanción que resulta inconstitucional. En efecto, el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que nadie puede ser privado de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Una de las formalidades esenciales del procedimiento a las que se refiere el citado dispositivo constitucional, es la relativa a la reglas para la imposición de las sanciones. De esta forma, tenemos que conforme al artículo 57 del Código Penal del Estado de México, el juzgador debe fijar las penas dentro de los límites establecidos en la ley punitiva para cada delito, apreciando en cada caso sometido a su consideración, la gravedad del delito y el grado de culpabilidad del sentenciado, teniendo en cuenta todas las circunstancias especificadas en el citado arábigo, lo que le permite moverse del límite mínimo al máximo conforme a su prudente arbitrio y de acuerdo con las circunstancias de ejecución del delito, gravedad del hecho y peculiaridades del acusado o del ofendido, para obtener el grado de culpabilidad del justiciable y en forma acorde y congruente con éste, imponer las penas respectivas en forma prudente, discrecional y razonable. Entonces, como se anticipó, es inconstitucional la sanción contenida en el último párrafo del artículo 136 del Código Penal del Estado de México, pues al prever como pena fija e invariable la inhabilitación por veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, sin contener un límite mínimo y uno máximo de aplicación, impide al juzgador decretar las penas que estime justas, acorde a la gravedad del injusto y el grado de culpabilidad apreciado en su autor, como dispone el citado numeral 57 de la misma ley punitiva."

SÉPTIMO. Por cuestión de orden sistemático, antes de proceder al análisis correspondiente, es oportuno establecer si en el caso sujeto a estudio existe contradicción entre el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 221/2008, con el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del propio circuito, al resolver los amparos directos 73/2005, 432/2005 y 228/2007; así como con el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en la propia materia y circuito, en los amparos directos 42/2008 y 47/2008; cuyas consideraciones esenciales se precisarán a continuación, ya que sólo bajo ese supuesto es posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar cuál es el criterio que debe prevalecer.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en cuanto a que, para que exista materia a dilucidar respecto del criterio que debe prevalecer, debe darse, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión, es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidos dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas.

Para ello, debe tenerse presente el contenido de la siguiente tesis de jurisprudencia:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Según se desprende del criterio antes transcrito, para que exista contradicción de tesis deben reunirse los siguientes elementos:

a) Que al resolver los planteamientos jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias.

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Establecido lo anterior, es necesario analizar las ejecutorias, destacadas en los considerandos cuarto, quinto y sexto, que fueron remitidas en copia certificada por los correspondientes Tribunales Colegiados, con valor probatorio pleno, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos; ello con el objeto de determinar si existe la contradicción planteada.

En el caso sometido a la consideración del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en relación al tema en contradicción, esencialmente se sostuvo que el artículo 129, fracción II, del Código Penal del Estado de México, evidencia la intención del legislador de ampliar a veinte años la sanción de inhabilitación a los servidores públicos que cometan un delito, para disminuir la incidencia de esa clase de delitos, que el principio de exacta aplicación de la ley penal se encuentra relacionado con las garantías de legalidad y seguridad jurídicas, previstas en el artículo 14 constitucional, que obliga a la autoridad legislativa a emitir normas claras en las que se precise la conducta reprochable y la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito en donde se establezca su duración mínima y máxima.

Que en relación al delito de cohecho previsto por el referido precepto legal, además de las penas de prisión, pecuniaria y destitución definitiva, el servidor público será inhabilitado por veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, lo cual no infringe lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, pues aun cuando no establece un mínimo y un máximo para esta última sanción, ello no constituye una omisión legislativa ya que del análisis del proceso que le dio origen se desprenden diversas razones por las cuales el legislador justificó en forma expresa su establecimiento en la ley, considerando en principio al delito de cohecho, tomando en cuenta que el sujeto activo es un servidor público y que el bien jurídico que tutela es la administración pública, lo que justifica plenamente la constitucionalidad de la porción normativa que prevé la mencionada consecuencia jurídica.

Que si bien de conformidad con el artículo 24 del Código Federal de Procedimientos Penales, la inhabilitación se establece como sanción, no puede desconocerse que en lo relativo al delito de cohecho constituye una medida de seguridad en protección de la sociedad que se ve traicionada por el servidor público, que utiliza su encargo para la comisión de algún delito, ya que tal comportamiento es una forma de corrupción que atenta contra la colectividad de manera grave, por lo que al igual que la destitución no se trata de aspectos graduables que correspondan al grado de culpabilidad, sino de consecuencias lógicas por el indebido ejercicio público, respecto del cual la sociedad tiene pleno derecho para protegerse impidiendo mediante la prevención que tales enjuiciados vuelvan a realizar funciones públicas. Que por tanto, si la corrupción y deshonestidad no pueden graduarse en función de la culpabilidad personal derivada del hecho, no tienen porqué condicionarse a la existencia de un marco mínimo y uno máximo, pues se trata de excepciones justificadas para la individualización legal del legislador, asignando carácter definitivo o de temporalidad fija, con lo que se cumple con el principio de proporcionalidad, por la importancia de salvaguardar a la sociedad de esa clase de comportamientos.

Que por lo anterior, el artículo 129, fracción II, del Código Penal del Estado de México, no es violatorio del artículo 14 de la Constitución Federal.

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en el asunto sometido a su consideración sostuvo que la parte central de la inconformidad del quejoso es en la que se hace valer la inconstitucionalidad del artículo 136, parte in fine, del Código Penal del Estado de México al ser violatorio de garantías, por contener penas inusitadas.

Que en suplencia de la queja deficiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, se analiza si en la especie, se contienen sanciones prohibidas constitucionalmente en el artículo en comento.

Que el precepto que se tilda de inconstitucional, en su concepto de inhabilitación, establece una sanción fija e invariable de veinte años, de ahí que dicha pena es violatoria del artículo 22 constitucional, en el que se prohíben penas inusitadas puesto que la misma se considera excesiva, desproporcionada y fija, la cual no corresponde a los fines que persigue la pena, porque no corresponde con las características de una eficaz sanción, es decir, la de reformar al delincuente, ni tampoco se considera ejemplar para patentizar en los ciudadanos pacíficos la necesidad de respetar la ley, ni mucho menos justa, puesto que no garantiza al imponer una pena desproporcionada la seguridad y el bienestar social, ni intimidatoria, dado que con ello no constituye la salvaguarda de la sociedad, tampoco se considera correctiva, pues con penas severas no se puede readaptar a la vida normal al penado, por lo que la imposición de estas penas en delitos cometidos por los servidores públicos, elimina el arbitrio judicial, convirtiendo al J. en un simple aplicador de la ley, contraviniendo así lo señalado en los artículos 57 y 58 del Código Penal del Estado de México, en el que establece las reglas generales para la imposición de las penas que el Juzgador estime justas, dentro de los límites establecidos en dicha legislación para cada delito, es decir, el quántum de la pena de inhabilitación, debe tener correspondencia entre la gravedad del delito y el grado de culpabilidad del reo, para que esté en proporción con el daño causado por el delito cometido, circunstancias que no se encuentran presentes en la parte conducente del precepto que se reclama de inconstitucional, dado que impone una sanción fija e invariable, la que se considera inusitada por ser excesiva, dado que no contiene un mínimo y un máximo para su aplicación.

Que dicha disposición, no otorga a la autoridad jurisdiccional pleno arbitrio para valorar el ilícito en los términos apuntados (gravedad del delito y el grado de culpabilidad del reo), e imponer las sanciones que estime justas de acuerdo al quántum de la pena dentro de un mínimo y un máximo, de acuerdo a los numerales 57 y 58 del código punitivo estatal, concluyéndose que la pena de inhabilitación por veinte años para desempeñar cargo público al no conceder a la autoridad responsable esa facultad, viola directamente la garantía consagrada en el artículo 22 de la Constitución.

Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ese Tribunal Colegiado, han considerado que el artículo 22 constitucional prohíbe multas excesivas, entendiendo éstas como aquella pena pecuniaria que no corresponde a las condiciones económicas de la persona afectada, o que razonablemente es desproporcional con el valor del negocio en que se cometió, de tal suerte que cuando la sanción pecuniaria es fija e invariable, impide con ello a la autoridad administrativa individualizar la multa, es decir tomar en consideración las condiciones económicas del infractor y la gravedad del ilícito fiscal.

Que por ello se concede el amparo al quejoso para que la Sala responsable deje sin efectos la aplicación del artículo 136 en su parte conducente, del Código Penal del Estado de México, respecto de la pena de inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.

Es de señalar que el referido tribunal sostuvo similares consideraciones en dos diversas ejecutorias, pero relativas a la sanción contenida en el artículo 259, penúltimo párrafo y último párrafo del artículo 133, consistente en la inhabilitación por veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.

Finalmente, en relación al tema en contradicción, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito sostuvo que la fracción I del artículo 129 al igual que el párrafo segundo del artículo 131 del Código Penal del Estado de México, contemplan como pena básica y agravada para el delito de cohecho, la inhabilitación por veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, pero la específica pena de inhabilitación resulta inconstitucional ya que de acuerdo a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, nadie puede ser privado de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Que una de las formalidades esenciales del procedimiento es la relativa a las reglas para la imposición de las penas, pues conforme a lo dispuesto en el artículo 57 del citado Código Penal, el juzgador debe fijar las penas dentro de los límites establecidos en la ley punitiva para cada delito, apreciando en cada caso sometido a su consideración la gravedad del delito y el grado de culpabilidad del sentenciado, teniendo en cuenta todas las circunstancias especificadas en dicho numeral, lo que le permite moverse del límite mínimo al límite máximo conforme a su prudente arbitrio y de acuerdo con las circunstancias de ejecución del delito, gravedad del hecho y peculiares del acusado o del ofendido para obtener el grado de culpabilidad del justiciable y en forma acorde con éste imponer las penas respectivas en forma prudente, discrecional y razonable.

Que por ello es inconstitucional la sanción de inhabilitación por veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, contenida en la pena básica y agravada en los referidos preceptos legales, pues al preverla como una sanción fija e invariable, sin contener un límite mínimo y un máximo de aplicación, impide al juzgador decretar las penas que estime justas acorde a la gravedad del delito y grado de culpabilidad apreciados en su autor, conforme lo dispuesto por el artículo 57 de la ley punitiva.

Sosteniendo similares consideraciones en una diversa ejecutoria, pero relativas a la sanción contenida en el último párrafo del artículo 136, consistente en la inhabilitación por veinte años para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos.

Sentado lo anterior, es evidente que los Tribunales Colegiados, en las ejecutorias de mérito, sí examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, llegando a conclusiones diversas, ya que en la litis sometida a la consideración del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, se analizó el tema relativo a la pena de inhabilitación por veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, impuesta al servidor público que incurrió en la conducta delictuosa prevista por el artículo 129, fracción II, del Código Penal del Estado de México, considerando dicho tribunal que dicha pena no obstante ser fija no es violatoria del artículo 14 de la Constitución Federal.

En tanto que en los asuntos del conocimiento del Primero y Cuarto Tribunales Colegiados en la propia materia y circuito se determinó que la sanción de inhabilitación que por veinte años se le impone al servidor público para desempeñar algún empleo, cargo o comisión públicos, por haber incurrido en alguna de las conductas descritas por los artículos 131, 133, 136 y 259 del Código Penal del Estado de México, es una pena excesiva, desproporcionada y fija y por tanto, violatoria de los artículos 14 y 22 de la Constitución Federal.

Asimismo, de las transcripciones de las respectivas ejecutorias se advierte que la diferencia de criterios se presenta en las consideraciones y razonamientos contenidos en cada una de las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados citados.

Finalmente, por lo que hace al tercer requisito, es de señalarse que de las referidas sentencias se desprende que los criterios en contradicción provienen del examen de los mismos elementos, pues resolvieron el tema relativo al análisis de la pena de inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos, que por el término de veinte años se impone al servidor público que incurra en alguna de las conductas delictuosas previstas por los artículos 129, 131, 133, 136 y 259 del Código Penal del Estado de México.

Conforme a lo antes expuesto, sí existe la contradicción de criterios denunciada, la cual se constriñe a determinar: Si la pena de inhabilitación por veinte años para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos, que prevé la legislación penal del Estado de México, resulta o no violatoria de los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

OCTAVO. Sentado lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio que se sustenta en la presente resolución.

En primer término, se tiene que la discrepancia de criterios propiamente gira en torno al análisis de la sanción de inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos, que por el término de veinte años, se impone a los servidores públicos que cometan uno de los delitos previstos en los artículos 129, 131, 136 y 259 del Código Penal del Estado de México.

Los aludidos dispositivos legales, en la parte que interesa al estudio de esta contradicción, establecen:

"Artículo 129. Incurre en el delito de cohecho, el servidor público que solicite u obtenga para sí o para otro u otros, de los particulares o de otros servidores públicos, por sí o por interpósita persona, dádivas de cualquier tipo, en numerario o en especie para permitir, realizar u omitir un acto o actos lícitos o ilícitos, relacionados con sus funciones.

"Al servidor público que cometa este delito, se le impondrán las siguientes sanciones:

"I. De uno a tres años de prisión y de treinta a trescientos días multa, destitución definitiva e inhabilitación por veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, cuando el beneficio obtenido o la cantidad o el valor de la dádiva no exceda el equivalente de noventa veces el salario mínimo diario general vigente en la zona económica donde se cometa el delito, o no sean cuantificables; y

"II. De cuatro a diez años de prisión, de quinientos a un mil días multa, destitución definitiva e inhabilitación por veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, cuando el beneficio obtenido o la cantidad o el valor de la dádiva exceda de noventa veces el salario mínimo diario general vigente en la zona económica donde se comete el delito."

"Artículo 131. En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádiva entregadas. Las mismas se aplicarán en beneficio de la procuración y administración de justicia.

"Cuando el delito de cohecho sea cometido por algún elemento de los cuerpos policiacos o servidor de seguridad pública o servidor de la administración o procuración de justicia se considerará como delito grave, aumentándose la pena hasta en una mitad, la destitución será definitiva y la inhabilitación será de veinte años."

"Artículo 133. También comete el delito de ejercicio indebido de función pública, el servidor público que:

"I.E. las funciones de un empleo, cargo o comisión sin haber rendido protesta constitucional;

"II.E. las funciones de un empleo, cargo o comisión sin satisfacer los requisitos legales;

"III.E. las funciones de un empleo, cargo o comisión después de haber sido notificado de la suspensión, destitución o revocación de su nombramiento o después de haber renunciado, salvo que por disposición legal o reglamentaria deba continuar ejerciendo sus funciones hasta ser relevado; y

"IV. Se atribuya funciones o comisiones distintas a las que legalmente tenga encomendadas, en perjuicio de terceros o de la función pública.

"A quien cometa el delito previsto en la fracción IV, se le impondrán de uno a cinco años de prisión, de treinta a doscientos días multa y destitución definitiva e inhabilitación por veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos."

"Artículo 259. Al que por cualquier medio prive a otro de la libertad, con el fin de obtener rescate o causar daños o perjuicios al secuestrado o a otra persona relacionada con éste, se le impondrá de treinta a sesenta años de prisión y de setecientos a cinco mil días multa.

"La pena señalada en el párrafo anterior se atenuará o agravará en los términos de las siguientes fracciones: