Ejecutoria num. 1a./J. 10/94 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26823376

Ejecutoria num. 1a./J. 10/94 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 10/94
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Enero de 2006
RESUMEN

VARIOS 9/2005-PS. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 1a./J. 10/94, DERIVADA DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/92. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO DEL SEXTO CIRCUITO. SOLICITANTE: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.VIOLACIÓN. SE INTEGRA ESE DELITO AUN CUANDO ENTRE EL ACTIVO Y PASIVO EXISTA EL VÍNCULO MATRIMONIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

 
ÍNDICE
CONTENIDO

VARIOS 9/2005-PS. SOLICITUD DE MODIFICACI�N A LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 1a./J. 10/94, DERIVADA DE LA CONTRADICCI�N DE TESIS 5/92, ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO DEL SEXTO CIRCUITO. SOLICITANTE: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

M�xico, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al d�a diecis�is de noviembre de dos mil cinco.

VISTOS, para resolver los autos del expediente varios n�mero 9/2005-PS, relativo a la solicitud de modificaci�n de jurisprudencia sustentada por esta Primera S. de la Suprema Corte de la Naci�n, publicada con el n�mero 1a./J. 10/94, en la p�gina dieciocho, del N�mero 77, mayo de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, con rubro: "VIOLACI�N ENTRE C�NYUGES, SINO DE EJERCICIO PROHIBIDO DE UN DERECHO. NO CONFIGURACI�N DEL DELITO DE."

RESULTANDO:

PRIMERO

Mediante oficio sin n�mero, recibido el veintisiete de mayo de dos mil cinco, en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito por conducto del Magistrado presidente, formul� solicitud para que se realice la modificaci�n de la jurisprudencia n�mero 1a./J. 10/94, emitida por esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver la contradicci�n de tesis 5/92. Dicha petici�n es del tenor literal siguiente:

M.B.�ibar C., J.N.L.C. y A.S.O., Magistrados de Circuito, los dos primeros integrantes del Segundo Tribunal Colegiada en Materia Penal del Segundo Circuito y, el tercero actualmente adscrito al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del propio circuito, con apoyo en lo dispuesto en el p�rrafo cuarto del art�culo 197 de la Ley de Amparo, respetuosamente solicitamos a los Ministros integrantes de la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, la modificaci�n de la jurisprudencia 1a./J. 10/94 con rubro: ?VIOLACI�N ENTRE C�NYUGES. SINO DE EJERCICIO PROHIBIDO DE UN DERECHO. NO CONFIGURACI�N DEL DELITO DE.?. Lo anterior con motivo de su aplicaci�n por los suscritos precisamente al resolver el amparo directo 731/2004, promovido por ... del �ndice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, en sesi�n celebrada el siete de enero de dos mil cinco; bajo los siguientes antecedentes: En el referido juicio de amparo se reclam� la sentencia definitiva pronunciada por la hoy Primera S. Colegiada Penal de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de M�xico, que modific� la sentencia condenatoria dictada en contra de ... por el Juez, por los delitos de violaci�n y lesiones calificadas, en la que se le impusieron las penas de diecisiete a�os cuatro meses catorce d�as de prisi�n y trescientos seis d�as multa, resultante de sumar las penas que le asign� por cada uno de los il�citos. En su demanda de garant�as el quejoso, al respecto apunt�: Que la S. se�alada como responsable inexactamente consider� que como nunca hubo cohabitaci�n con la ofendida, en el sentido de vivir bajo un mismo techo y comportarse p�blicamente como marido y mujer, no hab�a derecho al d�bito carnal, por lo que se estaba, seg�n la responsable en un caso an�logo de excepci�n de lo que menciona la jurisprudencia 1a./J. 10/94, con rubro: ?VIOLACI�N ENTRE C�NYUGES. SINO DE EJERCICIO PROHIBIDO DE UN DERECHO. NO CONFIGURACI�N DEL DELITO DE.?. El quejoso se�al� que ello es inexacto porque la S. responsable considera una situaci�n diversa que no se asemeja a la gravedad de las conductas se�aladas en la tesis que invoca la responsable; argument� que la ley no faculta a la S. para crear una figura que no existe dentro del matrimonio, como lo es que no existe el d�bito carnal o cu�ndo no est� vigente, lo que revelaba lo inmotivado e infundado de su resoluci�n, ya que los razonamientos l�gico-jur�dicos vertidos por la autoridad, relativos a las circunstancias de hecho que formula, deben encontrar adecuaci�n del caso concreto a la hip�tesis legal, pero en la especie no existe, porque la S. responsable se�ala una hip�tesis inexistente en la ley, porque ni la sustantiva civil ni la sustantiva penal, ni ley alguna, prev� la hip�tesis de que cuando en el matrimonio los c�nyuges viven separados por propia voluntad, que es el supuesto del caso, ello traiga como consecuencia que no exista el d�bito carnal. Tambi�n expuso, que el caso de excepci�n al ejercicio indebido del propio derecho que se�al� la responsable no es aplicable, dado que la tesis 1a./J. 10/94 que lo sustenta, si bien refiere que las hip�tesis ah� contempladas son ejemplificativas y no limitativas, las diversas que pueden actualizar dichas hip�tesis deben ser de tal naturaleza especialmente grave y trascendental que ameriten el cese de la obligaci�n de cohabitar; por lo que la responsable debi� aplicar a favor del quejoso la jurisprudencia que invoc� en sus conceptos de agravio, sin que la S. estuviera en aptitud de crear una causa para el cese de cohabitar, que no participa de la naturaleza grave de los casos mencionados en la tesis, careciendo de facultades para determinar la inexistencia del d�bito carnal por considerar que los c�nyuges no viv�an juntos. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, estim� que de la lectura de la ejecutoria que resolvi� la contradicci�n de tesis 5/92, de la cual deriv� la jurisprudencia que nos ocupa, derivan las siguientes consideraciones: 1. El derecho mutuo al d�bito carnal, lo adquieren los c�nyuges con la celebraci�n del matrimonio. 2. La imposici�n de un c�nyuge hacia el otro de la c�pula normal, mediante la violencia, no configura el delito de violaci�n, sino que se traduce en el ejercicio indebido de un derecho, por lo que de existir este tipo legal s�lo se podr� sancionar por este delito, y en caso contrario, �nicamente por las lesiones que resulten de la ejecuci�n de la violencia. 3. La existencia de que la c�pula no sea anormal o contra natura, deriva de que a este �ltimo ayuntamiento sexual no se comprometi� la pareja al contraer matrimonio, ni se encuentra dentro de las permitidas para la procreaci�n de la especie, por tanto, en este supuesto s� se configura el delito de violaci�n. 4. De manera excepcional, la imposici�n de la c�pula normal, mediante la violencia, de un c�nyuge hacia otro, puede configurar el delito de violaci�n, cuando: 4.1 Se imponga la c�pula encontr�ndose el activo en estado de ebriedad o drogadicci�n; toda vez que la ebriedad inspira un natural rechazo hacia la pareja, adem�s del peligro que implica para el ser que se pudiera engendrar. 4.2 El activo padezca una enfermedad ven�rea o s�ndrome de inmunodeficiencia adquirida, por el riesgo que implica para la salud del pasivo y la probable descendencia. 4.3 Cuando la mujer tenga alg�n padecimiento que le impida sostener relaciones sexuales, como podr�a ser el de una paral�tica, en cuyo caso se justifica la resistencia de la pasivo. 4.4 Cuando se haya decretado judicialmente la separaci�n de los c�nyuges, puesto que durante ese periodo cesa la obligaci�n de cohabitar. 4.5 Se pretenda imponer la c�pula en p�blico, porque se ofende a la pareja con la pretendida pr�ctica de un acto inmoral, de donde proviene su ilicitud. Y la citada ejecutoria concluye de la siguiente manera: ?... Del tratamiento otorgado a los casos precisados, podemos llegar a la conclusi�n, de que la ilicitud de las conductas ya examinadas, proviene de valoraciones socioculturales que trascienden a la norma jur�dica; de tal manera que la protecci�n legal a la salud y a la sanidad de la estirpe se perjudican con la pr�ctica de la c�pula con ebrios, farmacodependientes o enfermos. Por otra parte, la moral y el derecho a la intimidad, se ven afectados cuando la c�pula violenta se lleva a cabo de manera anormal o en p�blico respectivamente; y el mero desacato a las disposiciones legales, por la inobservancia del mandato judicial que decreta la separaci�n provisional de los c�nyuges.?. Ahora bien, en la referida ejecutoria tambi�n se apunta: ?... En estas hip�tesis que s�lo tienen car�cter ejemplificativo, mas no limitativo, pues para concluir si se presenta la violaci�n entre c�nyuges, debe examinase la situaci�n particular, cesa la obligaci�n de cohabitar ...?. De todo lo relatado con anterioridad, se concluye l�gica y jur�dicamente lo siguiente: 1. Todas estas hip�tesis de excepci�n, si bien su raz�n de ser se basa en diversas consideraciones de car�cter sociocultural y legal, tienen como denominador com�n que en todas ellas cesa la obligaci�n de cohabitar. 2. Que cualquier otro caso particular que se quisiera agregar como excepci�n al criterio establecido en la ejecutoria, en el sentido de que la imposici�n al c�nyuge de la c�pula normal mediante la violencia no configura el delito de violaci�n, debe ser un caso an�logo a los ya expuestos, en tanto que, al compartir la misma raz�n (cese del d�bito carnal) se justifica que se erija tambi�n como caso de excepci�n. Ahora bien, los argumentos de la responsable para considerar que en el asunto examinado se estaba en un caso de excepci�n an�loga a los puntualizados con antelaci�n fueron los siguientes: ?... En respuesta a estos argumentos, debe decirse que independientemente de que el acusado y la pasivo, se encuentren unidos bajo el r�gimen del matrimonio, ello no le daba derecho al inculpado para sostener relaciones sexuales en contra de la voluntad de la pasivo y mucho menos a obligarla, toda vez que si bien el c�nyuge tiene derecho a la relaci�n sexual con su pareja, no puede permitirse que �ste la obtenga violentamente. Y si bien dicha ofendida anteriormente (seis meses anteriores) hab�a aceptado y constantemente sosten�a relaciones sexuales con el activo, ello no justifica que el d�a de los hechos el activo copulara a la pasivo sin la voluntad de �sta, y el hecho de que s� hubo lesiones anteriores o posteriores a la imposici�n de la c�pula, ello resulta irrelevante atendiendo a la confesi�n calificada vertida por �ste, en donde acept� haber sostenido relaciones sexuales con la pasivo y sobre todo haberla lesionado de la forma tan brutal que lo hizo. En cuanto a que el a quo en la sentencia que dict�, en el reverso de la foja 516 manifiesta: �... sin embargo, cabe ponderar que no le asiste raz�n al defensor particular en su pliego de conclusiones, al momento que invoca el criterio jurisprudencial, bajo el rubro: ... En efecto, el apelante de manera esencial refiere como agravio que el a quo: 1. Debi� tomar en cuenta para considerar no acreditado el il�cito de violaci�n que se atribuy� al activo, la tesis jurisprudencial cuyo rubro se�ala: ; la cual establece que no existe violaci�n entre c�nyuges, salvo los casos que est�n se�alados, porque se adecua a la relaci�n que existi� entre el activo y su esposa ... 2. Porque adem�s no se estaba en los supuestos de excepci�n que la misma precisa. En relaci�n con ello, esta alzada considera que el Juez natural estuvo en lo correcto al considerar que el criterio jurisprudencial, cuyo rubro dice: ; no beneficia a los intereses del recurrente, al se�alar que si bien la Corte se ha pronunciado que no existe violaci�n entre c�nyuges, salvo los casos de excepci�n que se�ala, tambi�n lo es que en la especie, de autos se advierte que el activo y la pasivo no realizaban vida marital y que ante ello no se justifica que el d�a de los hechos, �ste copulara a la pasivo sin la voluntad de �sta. Ante ello y previo el estudio de los argumentos de agravio expresados, es necesario transcribir el citado criterio jurisprudencial para el an�lisis correspondiente: .�. Es por ello que esta alzada estima que el criterio en comento que indudablemente es aplicable en el caso en estudio, tal como acertadamente lo resolvi� el iudex a quo ya que del mismo se evidencia que entre c�nyuges existe el derecho de cohabitar, sin embargo, tambi�n existen diversas excepciones a este derecho, aun cuando no se haya declarado la separaci�n de los c�nyuges judicialmente, dentro de las cuales se encuentran las causas mencionadas en la jurisprudencia por contradicci�n que se analiza, con car�cter ejemplificativo, mas no limitativo, por tanto, debe considerarse que en autos se encuentra demostrado que la ofendida y el sentenciado aun siendo c�nyuges no hac�an vida marital, pues �nicamente, por tanto, si bien, s� sosten�an relaciones sexuales, esto no significa que hayan estado cohabitando, llevando una vida marital como esposos, ya que no se puede soslayar, que tanto la ofendida como el sentenciado, en sus primeras declaraciones sostuvieron que eran novios, y durante la instrucci�n se demostr� que hab�an contra�do matrimonio a escondidas de sus familiares, es por ello que se advierte que no existi� vida marital entre ambos y, por ende, no puede considerarse la existencia de un d�bito carnal, por tanto, la conducta atribuida al activo s� es t�pica, ya que el d�a en que acontecieron los hechos, lesion� a la pasivo y por medio de amenazas la ingres� en un hotel, en donde la violent� f�sica y moralmente, para imponerle la c�pula sin su consentimiento. Es por ello, que esta alzada considera que el criterio jurisprudencial en comento es aplicable al caso en estudio, pero no en cuanto al alcance que pretende darle el recurrente, sino en cuanto a que s� se tipifica el delito de violaci�n, en virtud de que la conducta desplegada por el sentenciado, es considerada como un caso de excepci�n al ejercicio indebido de un derecho, por no existir cohabitaci�n entre los c�nyuges, ya que como se ha dicho, en la especie, se demuestra que no estaba vigente el d�bito carnal al encontrarse separados la denunciante y el encausado, por ello, las consideraciones que al efecto emiti� el a quo, son totalmente v�lidas y correctas que igualmente esta S. las hace suyas para complementar la respuesta al agravio que, como ha quedado evidenciado, es infundado ...?. Como se desprende de la parte final del p�rrafo precedente, la responsable tambi�n convalid� los razonamientos del a quo sobre este tema, quien expres�: ?... Sin embargo, cabe ponderar que no le asiste la raz�n al defensor particular en su pliego de conclusiones, al momento que invoca el criterio jurisprudencial bajo el rubro: �VIOLACI�N ENTRE C�NYUGES, SINO DE EJERCICIO INDEBIDO DE UN DERECHO. NO CONFIGURACI�N DEL DELITO DE.�, porque si bien es verdad que la Corte se ha pronunciado en este sentido y ha resuelto que no existe violaci�n entre c�nyuges, salvo los casos de excepci�n, cuando la mujer es obligada encontr�ndose aqu�l en estado de ebriedad, drogadicci�n, padeciendo enfermedad ven�rea, s�ndrome de inmunodeficiencia adquirida o en presencia de otras personas, o si aqu�lla tiene un padecimiento, como puede ser par�lisis que le impida producirse en sus relaciones sexuales, o estando decretada la separaci�n legal de los esposos, entendi�ndose que estas hip�tesis tienen car�cter ejemplificativo mas no limitativo. Tambi�n es verdad, que todos y cada uno de estos criterios sostienen que �subsista la obligaci�n de cohabitar�, entendiendo por este vocablo mismo que proviene del lat�n (cohabitare, de cum, con, y habitare, habitar). Que es habitar juntamente con otro u otros. Llevar vida marital el hombre y la mujer; lo que implica que en la especie nunca subsisti� esa vida marital, sencillamente porque jam�s la llevaron a cabo, pues �nicamente se casaron, tal como lo aceptan y debidamente convalidado con la documental p�blica n�mero 546878 consistente en el acta de matrimonio, pero eso no implica que se d� satisfacci�n a dicho requisito, m�s a�n porque de conformidad al art�culo 149 del C�digo Civil abrogado (vigente en la �poca de los hechos), se establece que los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio, entre otros, son �Los c�nyuges vivir�n juntos en el domicilio conyugal, los tribunales con conocimiento de causa podr�n eximir de esta obligaci�n a alguno de ellos cuando el otro traslade su domicilio a pa�s extranjero, a no ser que lo haga en servicio p�blico o social, o se establezca en lugar insalubre o indecoroso.�. De aqu� se advierte que ... no pod�a hacer uso de un derecho que jam�s ejercit� (cohabitar) y menos en la forma tan brutal como lo hizo, a pesar de que haya manifestado que cada ocasi�n que se reun�a con ... sosten�a relaciones sexuales, hecho que parcialmente acept� �sta, empero sin que implique la satisfacci�n �ntegra del matrimonio, porque entonces caer�amos en lo absurdo legal, al considerar que por el simple hecho de encontrarse casados, un c�nyuge tenga derecho a violentar la voluntad del otro (sin cohabitar), por tanto, las apreciaciones del defensor aunque respetables no son compartidas por el suscrito.?. En resumen, en la resoluci�n que fue materia de reclamo en la ejecutoria de amparo se precisan como casos de excepci�n los siguientes: 1. Que el activo y la pasivo no realizaban vida marital. 2. Que si bien sosten�an relaciones sexuales, ello no significa que hayan estado cohabitando; esto es, llevando una vida marital como esposos. 3. Que el activo no podr�a hacer uso de un derecho (cohabitar) en la forma brutal en que realiz� el acto sexual. La Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la ejecutoria en comento, al justificar cada uno de los casos de excepci�n, esencialmente destaca lo siguiente: a) En el caso de la imposici�n de la c�pula anormal, la afectaci�n a la moral y el no haberse comprometido en el matrimonio a ese ayuntamiento carnal. b) En el caso de la ebriedad o drogadicci�n, el natural rechazo de la pareja y el peligro para el probable producto. c) En el caso del c�nyuge que padece una enfermedad ven�rea contagiosa o s�ndrome de inmunodeficiencia adquirida, el peligro para la pareja y la eventual descendencia. d) En el caso de la mujer cuya enfermedad (por ejemplo par�lisis) que le impida sostener relaciones sexuales, su afinidad con la figura de la violaci�n equiparada. e) En los casos de la separaci�n judicial de cuerpos, la figura legal respectiva, que interpreta en el sentido de que durante ese periodo cesa la obligaci�n de cohabitar. Ahora bien, sentado lo anterior, es menester que en el caso que nos ocupa, la responsable no s�lo adujo que el d�bito carnal no estaba vigente por no llevar los esposos una vida marital normal, sino que tambi�n apunt� la brutal forma en que la imposici�n de la c�pula se llev� a cabo, por lo que per se nos lleva a determinar que s� ces� la obligaci�n de cohabitar y, por ende, que se est� en presencia del delito de violaci�n que se atribuye al impetrante de garant�as. Esto es, en la especie, se advierte, sin mayor esfuerzo, que la violencia ejercida por el inculpado sobre la pasivo ... antes y para lograr la imposici�n de la c�pula, no se limit� a procurar vencer su resistencia, sino que su proceder fue guiado por un malsano deseo de que la c�pula misma tuviese lugar, mientras la v�ctima se encontrase seriamente (sic) lesionada por �l, en una acci�n de castigo, sometimiento, vejaci�n y humillaci�n por las dudas que abrigaba de que lo hab�a enga�ado; ello se revela con las siguientes expresiones que seg�n la pasivo le extern�, el inculpado: ?... vamos a discutir esto y posiblemente nos arreglemos, vamos, si no te mato a ti y a tu madre?, ?... que si yo quer�a verle la cara de pendejo, yo le pregunt� por qu� y �l me dec�a que no me iba a seguir burlando ...?, ?... �l me dec�a, que yo no ten�a derecho a irme con mi mam�, me dijo que �l me iba a ense�ar arespetarlo, �l me dio unas cachetadas, entonces yo le dije que por qu� me pegaba y �l me segu�a ofendiendo, me dec�a groser�as y me dec�a que era una hija de mi pinche madre, que ya estaba harto de m� y de mi madre ...?, ?... me dijo que antes me iba a cargar mi pinche madre y que no iba a ser lo que yo dijera, sino lo que �l quisiera, fue ah� cuando sac� la navaja y me dio el primer piquete en el brazo izquierdo, yo sangrando, le dije que est� bien, que no continuara pic�ndome y me dijo que me callara ...?, ?... �l me dec�a que yo lo hab�a enga�ado, que siempre ment�a, que yo a esa fiesta no me hab�a ido con mi mam� ...?, ?... me estuvo reclamando que desde que �bamos en la prepa, que por qu� no lo hab�a buscado, que por qu� �l era el que me ten�a que haber buscado, me reclamaba que yo le hab�a mentido, que nunca lo hab�a querido y �l me dec�a que nunca les iba a decir a mis padres que yo estaba casada, que me iba a matar y que nunca lo iba a saber nadie, que jam�s iba a permitir que lo dejara, porque me prefer�a ver muerta, yo trat� de decirle que no lo iba a dejar, pero que no me fuera a hacer da�o, le dec�a que nos fu�ramos a mi casa, que me estaba saliendo sangre del brazo que ya me hab�a herido, �l me dec�a que no importaba que lo iba a escuchar hasta que �l terminara ...?, ?... me dec�a que esta vez iba a morir, siendo de �l, que nunca iba a permitir que nadie m�s estuviera conmigo ...?, ?... cuando empec� a gritar me empez� a enterrar la navaja en la espalda, me dec�a, que mi muerte iba a ser lenta, me dec�a que me iba a empezar a cortar la cabeza, me dio cuatro piquetes en el cuello, me dio seis piquetes en la espalda ...?, y en la diligencia de careos la ofendida le dijo al inculpado: ?... acu�rdate que hasta me iba a morir siendo tuya ...?. Adem�s de que de otra manera, no se entiende por qu� desde los primeros momentos que se encuentran la empieza a agredir f�sicamente, y despu�s sin ni siquiera intentar la obtenci�n de la c�pula de manera voluntaria e insistir en ello esperando su consentimiento (el que podr�a haber logrado pues seg�n la pareja ya hab�an voluntariamente sosteniendo relaciones sexuales a lo largo de seis meses); sin m�s, y ante la sola manifestaci�n de la pasivo de que se fuera de all� (del hotel donde ocurrieron los hechos), e intentara salir del cuarto, le entierra la navaja en su costado derecho, dici�ndole: ?m�a o de nadie?, provoc�ndole la lesi�n que puso en peligro su vida, e incluso despu�s de imponerle la c�pula la sigue lastimando. Por tanto, el inculpado no lesion� a la pasivo s�lo para vencer la resistencia que se hizo m�s patente desde el momento en que �sta le pidi�, ya lesionada del brazo, que se retiraran del cuarto, y se levant� para salirse del cuarto, y despu�s de mantener cerradas las piernas, pidi�ndole que ya no la penetrara (?... �l me puso la navaja en el seno derecho y me estaba enterrando la navaja, me dec�a que las abriera o me iba a doler m�s, yo le suplicaba que no lo hiciera, que ya me hab�a herido ...?) no obstante que ya la hab�a lesionado, lo que revela, se insiste, que le impuso la c�pula con un �nimo de castigo y humillaci�n. En suma, desde el momento que la intenci�n del activo no fue s�lo el satisfacer su l�bido, sin prioritariamente realizar un acto de ultraje, de demostraci�n de superioridad y dominio hacia la pasivo, someti�ndola para imponerle la c�pula en condiciones humillantes (habi�ndola seriamente lesionado), el d�bito carnal perdi� su vigencia, pues la c�nyuge con el matrimonio no se oblig� a prestarse a una relaci�n sexual en esas circunstancias. En tal virtud, son estas las razones (y no s�lo la de no convivir bajo un mismo techo y mantener su matrimonio en secreto) las que justifican plenamente la negativa de la c�nyuge a realizar el acto sexual con el inculpado, y por tanto a la no actualizaci�n del d�bito carnal, y por ende, la configuraci�n de acuerdo con la jurisprudencia en comento del delito de violaci�n, pues incluso podr�a afirmarse que es una excepci�n an�loga a la imposici�n de la c�pula anormal o contra natura. S.� de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia n�mero 1a./J. 9/94, visible en la p�gina 18, de la Octava �poca, Primera S., Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, N�mero 77, mayo de 1994, del rubro y texto siguientes: ?VIOLACI�N ENTRE C�NYUGES, DELITO DE. La instituci�n del matrimonio tiene entre sus finalidades, la procreaci�n de la especie, en virtud de lo cual, los c�nyuges deben prestarse a la relaci�n carnal, que como consecuencia l�gica s�lo concibe la pr�ctica de la c�pula normal; de tal manera que si el c�nyuge la impusiera de manera anormal y violentamente, lesionar�a la moral y la libertad sexual de su pareja, que en ning�n momento consinti� tales pr�cticas, y por ende, se configurar� el delito de violaci�n.?. Y por consiguiente se neg� la protecci�n constitucional al quejoso de m�rito. Ahora bien, como lo refleja la existencia de pol�micos casos como el que da lugar a esta solicitud, no obstante que la tesis en cuesti�n trat� de lograr esclarecer la tem�tica en contradicci�n y establecer un criterio rector en aras de la seguridad jur�dica, se advierte que a la fecha siguen produci�ndose hip�tesis de no f�cil soluci�n mediante la determinaci�n o no de la aplicaci�n del criterio, ello se estima, debido a que se basa en s�lo un par�metro que hoy en d�a resultar�a incluso discutible desde diversas perspectivas, dicho par�metro es la idea de la prevalencia del llamado ?d�bito carnal? derivado del matrimonio. Esa es la raz�n por la que, como regla se establece la inexistencia del delito de violaci�n entre c�nyuges y s�lo como excepci�n se admite en los casos en que se entienda interrumpido y suspendido ese ?d�bito?, por lo que se llega a concluir que, fuera de los casos de excepci�n se actualiza el diverso delito de ?ejercicio indebido de un derecho?, pero no el de violaci�n. Dicho sea con el respeto debido, se considera que esa postura dif�cilmente podr�a ser congruente con las crecientes demandas de un mayor reconocimiento a las necesidades de justicia e igualdad, destacando en este aspecto, el inhibir toda clase de discriminaci�n por razones de g�nero. El an�lisis hist�rico, sistem�tico y teleol�gico de la tipificaci�n del llamado delito de ?ejercicio indebido de un derecho?, demuestra que viene a constituir el inter�s legislativo para sancionar, acorde al principio de intervenci�n necesaria del derecho penal, el comportamiento de aquel que ejercita su propio derecho con el solo prop�sito de perjudicar a un tercero, ese derecho generalmente vinculado con la figura de la propiedad y los tradicionales atributos de �sta, entre ellos el llamado ius abutendi que hist�ricamente se reconoc�a a favor del due�o de una casa; luego la tipificaci�n del referido delito implica una necesaria limitaci�n a ese derecho, cuando ello traspasa el �mbito estrictamente civilista o com�n y se penetra al exclusivo �mbito del derecho penal. Por tanto, la idea que subyace en dicha figura no puede aplicarse sin reparos, como pretendida soluci�n al problema legal de la potencial violaci�n entre c�nyuges, pues ello presupondr�a una concepci�n o criterio que, dada la peculiaridad de que una c�pula normal s�lo puede ser impuesta por el hombre a la mujer y no a la inversa, llevar�a impl�cita o ?sub-inteligenda?, la aceptaci�n de un v�nculo generador de un derecho semejante al de la propiedad en particular a uno de sus hist�ricos atributos que es el supuesto derecho de abusar de lo propio. Dicha concepci�n adem�s, resultar�a desigual o discriminatoria por raz�n de g�nero en virtud de que, no obstante que el llamado ?d�bito conyugal? se supone igual para ambos c�nyuges unidos en matrimonio (esto desde una percepci�n meramente civilista), sin embargo, en realidad, la posibilidad de lograr la c�pula forzada no es equitativa a partir de la naturaleza misma del potencial ayuntamiento carnal necesario para una c�pula entendida en sentido estricto. Por otro lado, afirmar que la c�pula forzada da lugar al delito de ?ejercicio indebido de un derecho? pero no al de violaci�n, representa una soluci�n criticable desde la perspectiva de la dogm�tica jur�dico penal y en particular conforme a la teor�a del delito. En efecto, la tipificaci�n de las conductas relevantes para el derecho penal implica el reconocimiento de una serie de principios necesarios para lograr los fines del derecho, sintetizados por algunos como la seguridad jur�dica, la justicia y el bien com�n; uno de esos principios fundamentales en un sistema de derecho penal propio de un Estado democr�tico de derecho, es el de intervenci�n necesaria del derecho primitivo, el que presupone que el ius puniendi s�lo se justifica (al menos legalmente) respecto de aquellas conductas verdaderamente intolerables para la convivencia social, ello en funci�n de su gravedad y reproche necesario. Ahora bien, la libertad sexual es actualmente reconocida como un bien jur�dico digno de tutela penal y el delito de violaci�n que atenta contra dicho bien, es considerado en nuestro medio, como delito grave por su lesividad y trascendencia. Por tanto, cuando la conducta de un var�n encuadra de manera exacta en la descripci�n t�pica de la violaci�n, es porque se est� en presencia de un injusto t�pico en el que se constata la afectaci�n al bien jur�dico protegido que, se insiste, es la libertad sexual que incide en el precepto integral de libertad y que participa del car�cter de derecho fundamental del ser humano, sin admitir distinci�n alguna y menos por raz�n de g�nero. En tal virtud, no puede soslayarse la verdadera naturaleza del bien jur�dico y confundirlo con aquel que pudiera entenderse afectado con el ?ejercicio indebido de un derecho?, pues �ste, ya se (sic) la propiedad; la convivencia social; el equilibrio necesario en el ejercicio de las libertades y derechos o el respeto a los derechos ajenos en abstracto, seg�n el caso, constituir�an un bien jur�dico de muy diversa densidad. Como es de verse, mientras el llamado ?ejercicio indebido de un derecho? representa una tipificaci�n gen�rica, que puede comprender supuestos vinculados con la titularidad de derechos de car�cter civil, el delito de violaci�n es espec�fico y da muestra de la gravedad de afectaci�n del bien jur�dico concretamente tutelado y que es la libertad sexual, de manera que, aun en el extremo, aceptar que, en principio, pudiera captarse la conducta de una c�pula obtenida mediante la violencia, en ambas descripciones t�picas, es evidente que se tratar�a de un concurso aparente de normas que debe resolverse conforme al principio de especialidad (lex especialis derogat lex generalius), no existiendo lugar a dudas que es el delito de violaci�n el que debe prevalecer pues es el que recoge espec�ficamente no s�lo la descripci�n de la conducta constitutiva del n�cleo t�pico (c�pula) y los medios de ejecuci�n (mediante violencia), sino que es tambi�n el que protege de modo directo y racional el bien jur�dico igualmente espec�fico y particular que es la libertad sexual del ser humano. Ya F.C. al comentar el delito de ejercicio arbitrario de pretendidos derechos propios, consideraba como uno de sus requisitos el que con el proceder t�pico no concurriere la violaci�n de otro derecho, de la cual nazca un t�tulo especial. En la iniciativa del Ejecutivo del a�o de 1983 que dio nacimiento a dicho delito en el C�digo Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Com�n y para toda la Rep�blica en Materia de Fuero Federal, se lee: ?En diversos foros se ha planteado la necesidad, que el proyecto recoge, de sancionar a quien, siendo titular de un derecho y ostent�ndose como tal, lo ejerce con violencia, esto es, sin atenerse a las normas legales relativas al ejercicio de su pretensi�n. Con ello se procura impedir la autojusticia, proscrita por el art�culo 17 constitucional. El texto que la iniciativa sugiere para el art�culo 266 no trata de discutir el derecho que posee o pretende poseer el sujeto activo, sino s�lo de sancionar la ileg�tima forma de ejercitarlo.? Luego, es patente que viene a llenar vac�os que la legislaci�n penal conten�a, empero de manera alguna rivaliza con otras descripciones t�picas ya creadas. Y, si bien se reconoce que actualmente bajo el enfoque contractualista del matrimonio, nuestra legislaci�n y la doctrina consideran como uno de los fines del matrimonio la procreaci�n, as� como una de sus consecuencias el d�bito carnal y la mutua fidelidad, entre los contrayentes, y que con ello, se acota su libertad sexual; de ello no se sigue que desaparezca su libertad de negarse en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, a la c�pula con el c�nyuge al margen de que si tal negativa resulta injustificada pueda este �ltimo hacerla valer para obtener la disoluci�n del matrimonio. Sostener lo contrario nos retrotraer�a a la concepci�n del matrimonio en la que a la mujer se le considera como un objeto, que el var�n adquiere en propiedad, teniendo sobre ella un poder absoluto e ilimitado, y desconocer la naturaleza sublime y consensual que debe tener toda uni�n sexual entre marido y mujer. Esto es, la libertad de decidir no copular con persona alguna, no se pierde con el matrimonio con respecto al marido, pues �ste no se excluye del total universo de varones, en relaci�n con quienes la mujer puede siempre decidir no tener c�pula. Y si bien, cuando este rechazo se trata del c�nyuge, y puede significarse como una ofensa e incumplimiento de lo pactado; ello no trae otra consecuencia que el derecho del agraviado a pedir la disoluci�n del v�nculo matrimonial. En otras palabras, si bien los c�nyuges ven acotada su libertad sexual, en cuanto a que no son libres de sostener relaciones sexuales con terceros, en observancia del deber mutuo de fidelidad; no la pierden en cuanto a su libertad de rechazar, en todo momento y bajo cualquier circunstancia, la relaci�n sexual con su c�nyuge, pues del dato de que tal rechazo cuando es injustificado, se reconozca como una causal de divorcio no se sigue que no se tenga esa libertad, sino en todo caso que el ejercicio de la libertad en ese sentido se viene a significar como una retractaci�n de su consentimiento en ese �mbito, expresado al contraer matrimonio y con ello surge el derecho del otro c�nyuge a solicitar su disoluci�n. La jurisprudencia 1a./J. 10/94 sostiene que la conducta del marido a imponer la c�pula a su mujer aun contra su voluntad, no configura el delito de violaci�n, cuando subsiste el d�bito carnal, esto es, asume que de ese pacto de sostener una vida marital contra�do en el matrimonio, surge el derecho del var�n de tener c�pula con su mujer aun contra su voluntad, empero que si utiliza la violencia para tal efecto, su conducta se adecuar�a al tipo penal de ejercicio indebido de un derecho. Ahora bien, aun aceptando ese ?derecho?, el ejercicio indebido de ese derecho no infringe siquiera (y menos a�n s�lo) la prohibici�n de hacerse justicia por propia mano (cuyo bien jur�dico es el que tutela el tipo penal de ?ejercicio indebido de un derecho?), pues de considerarlo as� tendr�amos que aceptar que el marido puede acudir al Estado, para obligar mediante la fuerza a que la mujer acceda a sostener con �l relaciones, cuando tal rechazo lo �nico que genera es que legitima al marido para solicitar la disoluci�n del matrimonio. Luego, si tal actuar violento del marido como ya se apunt�, lesiona injustificadamente la libertad sexual de la mujer y este proceder est� sancionado de manera especial a trav�s del delito de violaci�n; este delito es el que se configura. Adem�s, el hecho de que el delito acreditable sea el de violaci�n y no el de ?ejercicio indebido de un derecho?, no implica que este factor no pueda atenderse o considerarse en cada caso concreto no s�lo para ponderar la demostraci�n de la afectaci�n o no al bien jur�dico tutelado (antijuridicidad), sino, para regular la individualizaci�n de las penas o en su caso, evidenciar la necesidad de una punibilidad racional o incluso la necesidad de adecuaciones legislativas, empero, ninguno de tales supuestos justifican el sostener en esta �poca un criterio susceptible de considerarse discutible conforme a las premisas de la teor�a del delito y, controvertible desde el punto de vista de la igualdad de g�nero ante la ley. Es por lo anterior que, consideramos pertinente solicitar a ese Alto Tribunal revisar y en su caso, modificar el criterio que prevalece como regla en la tesis de jurisprudencia multireferida, pues en todo caso, la excepci�n debiera ser el inacreditamiento del delito, dependiendo del an�lisis concreto del supuesto de que se trate. Al tenor de lo expuesto en los p�rrafos que preceden y que constituyen los razonamientos vertidos en la ejecutoria pronunciada por este �rgano jurisdiccional en el juicio de amparo directo 731/2004, promovido por ... es que sometemos a la consideraci�n de ese Alto Tribunal, la modificaci�n de la tesis jurisprudencial 1a./J. 10/94.

SEGUNDO

Por auto de fecha seis de junio de dos mil cinco, la presidenta de la Primera S. admiti� a tr�mite la solicitud de modificaci�n de la jurisprudencia, se form� el expediente varios 9/2005-PS, se orden� dar vista al procurador general de la Rep�blica y turnar los autos a la ponencia de la Ministra Olga S�nchez C. de G.�a V., para la formulaci�n del proyecto de resoluci�n correspondiente.

TERCERO

El agente del Ministerio P�blico de la Federaci�n designado para intervenir en este asunto, contest� la vista mediante oficio n�mero DGC/DCC/768/2005, de fecha primero de agosto de dos mil cinco, en el que solicit� se declare que no procede la modificaci�n a la jurisprudencia 1a./J. 10/94.

Este asunto fue aplazado a petici�n de la Ministra Ponente, en sesi�n de fecha diecinueve de noviembre de dos mil cinco, de esta Primera S..

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 197, �ltimo p�rrafo, de la Ley de Amparo y 21, fracci�n XI, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en relaci�n con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintinueve de junio de dos mil uno, en atenci�n a que se trata de la solicitud de modificaci�n de jurisprudencia emitida por esta S. y en materia penal, de su exclusiva competencia.

SEGUNDO

La presente solicitud de modificaci�n de jurisprudencia proviene de parte leg�tima, en virtud de que fue formulada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito por conducto del Magistrado presidente, quien se encuentra facultado para ello de conformidad con el art�culo 197, �ltimo p�rrafo, de la Ley de Amparo.

Al respecto, es aplicable el siguiente criterio:

"Octava �poca.

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: IX, enero de 1992

"Tesis: P. XXIX/92

"P�gina: 33

"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS MAGISTRADOS QUE LOS INTEGREN PUEDEN SOLICITAR SU MODIFICACI�N TANTO DE LA PRODUCIDA POR EL TRIBUNAL PLENO, COMO POR ALGUNA DE LAS SALAS. El art�culo 197, p�rrafo cuarto de la Ley de Amparo, en lo conducente se�ala que ?Las S. de la Suprema Corte de Justicia y los Ministros que las integren y los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren, con motivo de un caso concreto podr�n pedir al Pleno de la Suprema Corte o a la S. correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificaci�n ...?. Ahora bien, si de acuerdo con el art�culo 102 (sic) de la citada ley, los referidos Tribunales Colegiados est�n obligados a acatar la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno o en S.s, debe entenderse que tambi�n est�n facultados para pedirde cualquiera de �stos, la modificaci�n de la jurisprudencia que tuviesen establecida.

Contradicci�n de tesis 25/90. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. 14 de noviembre de 1991. El proyecto se aprob� por unanimidad de quince votos de los se�ores Ministros presidente S.O., de S.N., M.�a C�rdenas, L.C.�rdenas, Alba Leyva, L�pez Contreras, F.�ndez Doblado, L.D., Cal y M.G.�rrez, G. de L., V.L., M.F., G.�a V�zquez, A.G.�itr�n y C.G.�rrez. Ausentes: Casta��n Le�n, A.G., R.�guez R.�n, G.M.�nez y D�az R.. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretario: Di�genes C.F..

TERCERO

Es procedente la presente solicitud de modificaci�n de jurisprudencia por encontrarse satisfechos los requisitos que para tal efecto se se�alan en el art�culo 197, �ltimo p�rrafo, de la Ley de Amparo.

Dicho precepto legal se�ala:

Art�culo 197. ... Las S. de la Suprema Corte de Justicia y los Ministros que las integren y los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren, con motivo de un caso concreto podr�n pedir al Pleno de la Suprema Corte o a la S. correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificaci�n; el procurador general de la Rep�blica, por s� o por conducto del agente que al efecto designe, podr�, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta d�as. El Pleno o la S. correspondiente resolver�n si modifican la jurisprudencia, sin que su resoluci�n afecte las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias que integraron la tesis jurisprudencial modificada. Esta resoluci�n deber� ordenar su publicaci�n y remisi�n en los t�rminos previstos por el art�culo 195.

De la disposici�n legal antes transcrita se desprende que, para que proceda la solicitud de modificaci�n de jurisprudencia, deben actualizarse los siguientes presupuestos:

  1. Que previamente a la solicitud se resuelva el caso concreto que la origina y,

  2. Que se expresen los razonamientos en que se apoye la pretensi�n de su modificaci�n.

En efecto, dichos extremos legales se encuentran colmados en atenci�n a que, por cuanto hace al primero de ellos, el Tribunal Colegiado solicitante resolvi� el juicio de amparo directo n�mero 731/2004, promovido por ... en el que se aplic� la tesis de jurisprudencia cuya modificaci�n se solicita, y por cuanto hace al segundo de los requisitos en comento manifest� los razonamientos legales en que se apoya la pretensi�n de modificar la jurisprudencia, transcritos en el resultando primero de este fallo, a los que se har� referencia precisa en otro apartado.

Es aplicable al caso la tesis cuyos rubro, texto y datos de identificaci�n se citan enseguida:

"Octava �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: IX, enero de 1992

"Tesis: P. XXXI/92

"P�gina: 35

"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. PREVIAMENTE A LA SOLICITUD DE SU MODIFICACI�N DEBE RESOLVERSE EL CASO CONCRETO QUE LA ORIGINA. El art�culo 197, p�rrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en lo conducente se�ala que ?Las S. de la Suprema Corte de Justicia y los Ministros que las integren y los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren, con motivo de un caso concreto podr�n pedir al Pleno de la Suprema Corte de Justicia o a la S. correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificaci�n ...?. Ahora bien, una recta interpretaci�n de este dispositivo lleva a concluir que no ser�a correcto que la S. o el Tribunal Colegiado que pretenda pedir al �rgano respectivo la modificaci�n de la jurisprudencia que lo obligue, retrasara la soluci�n del negocio del que haga derivar la solicitud en espera de que �sta se resuelva, en primer lugar porque no existe precepto legal que as� lo autorice, y en segundo lugar porque independientemente de que se estar�an contraviniendo las disposiciones relativas que constri�en a los �rganos jurisdiccionales a fallar los asuntos de su competencia en los t�rminos establecidos, sobrevendr�a otra situaci�n grave que se traducir�a en el rehusamiento, en su caso, del Tribunal Colegiado o la S., a acatar la jurisprudencia que lo obliga, con lo cual se vulnerar�a el art�culo 192 de la propia ley. A lo anterior debe sumarse que si de conformidad con lo dispuesto por el diverso 194 del mismo ordenamiento, la jurisprudencia se interrumpe dejando de tener car�cter obligatorio, siempre que se pronuncia ejecutoria en contrario por catorce Ministros, si se trata de la sustentada por el Pleno y por cuatro si es de una S., debe inferirse que mientras no se produzca la resoluci�n con los votos mayoritarios que interrumpa una jurisprudencia, �sta debe de acatarse y aplicarse por los �rganos judiciales que se encuentren obligados, todo lo cual permite sostener que previamente a elevar al �rgano respectivo la solicitud de modificaci�n de la jurisprudencia que tuviese establecida, debe resolverse el caso concreto que origine la petici�n aplic�ndose la tesis jurisprudencial de que se trate.

Contradicci�n de tesis 25/90. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. 14 de noviembre de 1991. El proyecto se aprob� por unanimidad de quince votos de los se�ores Ministros presidente S.O., de S.N., M.�a C�rdenas, L.C.�rdenas, Alba Leyva, L�pez Contreras, F.�ndez Doblado, L.D., Cal y M.G.�rrez, G. de L., V.L., M.F., G.�a V�zquez, A.G.�itr�n y C.G.�rrez. Ausentes: Casta��n Le�n, A.G., R.�guez R.�n, G.M.�nez y D�az R.. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretario: Di�genes C.F..

CUARTO

Previamente al an�lisis de la solicitud de que se trata, resulta conveniente determinar los alcances de la facultad que la Ley de Amparo otorga a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n para modificar una jurisprudencia.

Para ello, se hace necesario tener presente lo establecido en los art�culos 194 y 197 de la ley de la materia, cuyo texto es el siguiente:

"Art�culo 194. La jurisprudencia se interrumpe dejando de tener car�cter obligatorio, siempre que se pronuncie ejecutoria en contrario por ocho Ministros, si se trata de la sustentada por el Pleno; por cuatro, si es de una S. y por unanimidad de votos trat�ndose de la de un Tribunal Colegiado de Circuito.

"...

"Para la modificaci�n de la jurisprudencia se observar�n las mismas reglas establecidas por esta ley, para su formaci�n."

"Art�culo 197. ...

"Las S. de la Suprema Corte de Justicia y los Ministros que las integren y los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren, con motivo de un caso concreto podr�n pedir al Pleno de la Suprema Corte o a la S. correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificaci�n; el procurador general de la Rep�blica, por s� o por conducto del agente que al efecto designe, podr�, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta d�as. El Pleno o la S. correspondiente resolver�n si modifican la jurisprudencia, sin que su resoluci�n afecte las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios en las cuales se hubiesen dictado las sentencias que integraron la tesis jurisprudencial modificada. Esta resoluci�n deber� ordenar su publicaci�n y remisi�n en los t�rminos previstos por el art�culo 195."

De las disposiciones legales antes transcritas se desprende la facultad del Tribunal Pleno y de las S.s de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n para modificar la jurisprudencia que tengan establecida atendiendo a las razones que se expresen para justificar la solicitud de modificaci�n; para lo cual, como requisitos formales, se requiere �nicamente que la solicitud provenga de parte leg�tima, que previamente se haya resuelto el caso concreto que la motiva y que se expresen las argumentaciones jur�dicas en que se apoya la pretensi�n de modificaci�n.

Cabe destacar que, como es f�cil de advertir del �ltimo p�rrafo del art�culo 194 antes transcrito, en este precepto la palabra "modificaci�n" no est� constre�ida a su significado literal que solamente permitir�a tocar los elementos accidentales de la jurisprudencia, sin alterar su esencia, pues es claro que el proceso ah� previsto permite el cambio total de lo anteriormente sostenido; se trata de interrumpir un criterio jur�dico para sustituirlo por otro nuevo que puede ser, inclusive, en sentido contrario al que se abandon�.

Luego, conforme a la intenci�n del legislador, "modificar la jurisprudencia" significa cambiar de criterio, interrumpir la obligatoriedad de una tesis y emitir otra nueva que la sustituya.

Ahora bien, es importante se�alar que la jurisprudencia como instituci�n constitucional y jur�dica tiene, como un primer efecto, la interpretaci�n de las leyes que regulan el marco de actuaci�n de las autoridades y las relaciones entre particulares, y entre �stos con los �rganos del Estado y, como una segunda consecuencia de igual trascendencia, el dar certeza jur�dica a trav�s del establecimiento de un criterio obligatorio que vincula de manera general a su observancia.

De ello se sigue que frente a lo est�tico de las disposiciones normativas y ante la necesidad de adecuar a las circunstancias actuales la interpretaci�n de las leyes, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n cuenta con facultades ampl�simas para transformar el criterio jurisprudencial respecto del cual se solicita su modificaci�n, sin mayor limitaci�n que la de interpretar la ley y establecer la regla jur�dica a aplicar, pues de restringir dichas facultades al an�lisis de las cuestiones particulares que se analizaron en los casos concretos que dieron lugar a la tesis de jurisprudencia, equivaldr�a a convertir en letra muerta las normas legales que crean la figura de la modificaci�n de jurisprudencia.

Lo anterior no implica, en modo alguno, desconocer las reglas que para la formaci�n de la jurisprudencia se�ala la ley, en tanto que, como ya qued� se�alado, en el caso se encuentran satisfechos los requisitos formales relativos.

Es aplicable al caso la tesis aislada del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que se identifica y lee como sigue:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIX, mayo de 2004

"Tesis: P. XIII/2004

"P�gina: 142

"JURISPRUDENCIA. ALCANCES DE LA FACULTAD DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N PARA MODIFICARLA. Los art�culos 194 y 197 de la Ley de Amparo, facultan al Tribunal Pleno y a las S.s de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n para modificar su jurisprudencia, para lo cual, como requisitos formales, se requiere solicitud de parte leg�tima, que previamente se haya resuelto el caso concreto y que se expresen las argumentaciones jur�dicas en que se apoya la pretensi�n de modificaci�n. Ahora bien, la palabra ?modificaci�n? contenida en el indicado art�culo 194, no est� constre�ida a su significado literal, conforme al cual s�lo podr�an cambiarse los elementos accidentales de la jurisprudencia sin alterar su esencia, sino que permite el cambio total de lo anteriormente sostenido, esto es, se trata no s�lo de interrumpir un criterio jur�dico, sino sustituirlo por otro que puede ser, inclusive, en sentido contrario, de manera que acorde con la intenci�n del legislador, ?modificar la jurisprudencia? significa cambiar de criterio, interrumpir la obligatoriedad de una tesis y emitir una nueva que la sustituya. Asimismo, es importante se�alar que la jurisprudencia tiene, como primer efecto, la interpretaci�n de las leyes que regulan el marco de actuaci�n de las autoridades y las relaciones entre particulares, as� como entre �stos y los �rganos del Estado y, como segunda consecuencia, de igual trascendencia, dar certeza jur�dica a trav�s del establecimiento de un criterio obligatorio que vincule de manera general, de lo que se sigue que frente a lo est�tico de las disposiciones normativas y ante la necesidad de actualizar su interpretaci�n la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n cuenta con facultades ampl�simas para transformar el criterio jurisprudencial respecto del cual se solicita su modificaci�n.

Solicitud de modificaci�n de jurisprudencia 3/2002. Magistrados integrantes del D�cimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 9 de marzo de 2004. Unanimidad de diez votos. Ausente: M.A. G�itr�n. Ponente: G.I.O.M.. Secretaria: Mar�a D.O.�a R.�rez.

QUINTO

La tesis de jurisprudencia cuya modificaci�n se solicita es la n�mero 1a./J. 10/94, sustentada por esta Primera S. al resolver, en sesi�n de fecha veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, bajo la ponencia del se�or Ministro Luis F.�ndez Doblado, por mayor�a de tres votos, la contradicci�n de tesis 5/92, cuyos rubro, texto y datos de identificaci�n son:

"Octava �poca

"Instancia: Primera S.

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n

"N�mero: 77, Mayo de 1994

"Tesis: 1a./J. 10/94

"P�gina: 18

"VIOLACI�N ENTRE C�NYUGES, SINO DE EJERCICIO INDEBIDO DE UN DERECHO. NO CONFIGURACI�N DEL DELITO DE. El que uno de los c�nyuges imponga al otro la c�pula normal de manera violenta, cuando subsiste la obligaci�n de cohabitar, no es suficiente para que se configure el delito de violaci�n previsto en el art�culo 265 del C�digo Penal para el Distrito Federal, a pesar de la utilizaci�n de los medios t�picos previstos para su integraci�n; ya que si bien el c�nyuge tiene derecho a la relaci�n sexual con su pareja, no puede permitirse que lo obtenga violentamente; por lo que de observar tal conducta se adecuar� a lo establecido en el art�culo 226 del ordenamiento en cita, al ejercitar indebidamente su derecho. Se considera que cesa la obligaci�n de cohabitar, aunque no est� decretada judicialmente, cuando se pretende imponer la c�pula encontr�ndose el sujeto activo en estado de ebriedad, drogadicci�n, padeciendo enfermedad ven�rea, s�ndrome de inmuno deficiencia adquirida, o en presencia de otras personas; asimismo, si la mujer tiene alg�n padecimiento, como puede ser par�lisis que le impida producirse en sus relaciones sexuales, o estando decretada la separaci�n legal de los esposos. Entendi�ndose que las hip�tesis mencionadas tienen car�cter ejemplificativo, mas no limitativo.

Contradicci�n de tesis 5/92. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero del Sexto Circuito. 28 de febrero de 1994. Mayor�a de tres votos de los Ministros C.G. de L., L.F.�ndez Doblado y Victoria A.G., en contra de los emitidos por los Ministros Samuel Alba Leyva e I.M.C. y M.G.�rrez. Ponente: L.F.�ndez Doblado. Secretaria: Ma. E.R.�rez de Vidal.

La ejecutoria de la que deriv� la referida tesis es del siguiente tenor:

"CUARTO. La contradicci�n de tesis se hace consistir en que el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito opina que s� puede darse la violaci�n entre c�nyuges, porque el ejercicio del derecho a copular no puede obtenerse mediante violencia, mientras que el Tercer Tribunal Colegiado de ese circuito, opina que a�n present�ndose los medios t�picos no se integra el delito de violaci�n, sino uno diverso debiendo destacarse que el hecho que constituy� el objeto de su resoluci�n ocurri� al estar decretada judicialmente la separaci�n de cuerpos de los esposos. Esta S. considera que el problema planteado, no puede resolverse generalizando la respuesta para todos los casos que se puedan presentar, sino que la soluci�n aplicable depender� de las circunstancias existentes en cada uno en particular. La doctrina ofrece tres soluciones para esta cuesti�n; en una corriente de opini�n, se afirma que s� puede existir el delito de violaci�n entre c�nyuges, pero tambi�n est� la de los que piensan lo contrario, al considerar que se trata del ejercicio de un derecho; y por �ltimo, los que estiman que no se comete delito de violaci�n, aunque admiten la posibilidad de que integre alguno distinto. Para estar en aptitud de resolver sobre el particular, en primer t�rmino debe atenderse a los fines que tiene la instituci�n del matrimonio, entre los cuales se cuenta el de la procreaci�n de la especie; por lo que es l�gico deducir que los c�nyuges deban prestarse a la relaci�n sexual siempre y cuando �sta se lleve a cabo de manera normal, entendiendo por ello que la c�pula se limite a la introducci�n total o parcial del pene en el �rgano sexual femenino; pues solamente tiene derecho a una relaci�n sexual de esta naturaleza. Ahora bien si el c�nyuge impone la c�pula normal de manera violenta, estima esta S. que no se integra el delito de violaci�n, a pesar del empleo de los medios t�picos, porque ejercita indebidamente su derecho, adecu�ndose su conducta a lo previsto en el art�culo 226 del C�digo Penal del Distrito Federal, que prev�: ?Al que para hacer efectivo un derecho o pretendido derecho que deba ejercitar, empleare violencia, se le aplicar� prisi�n de tres meses a un a�o. En estos casos s�lo se proceder� por querella de la parte ofendida.?. En consecuencia, esta S. sostiene el criterio de que no hay violaci�n entre c�nyuges, sino ejercicio indebido del propio derecho, en la hip�tesis precisada; sin embargo, como la contradicci�n de tesis surge de la aplicaci�n del C�digo de Defensa Social del Estado de P., que no prev� la se�alada figura t�pica, ante esta situaci�n, s�lo podr�a sancionarse por el delito que pudiera configurarse al ejecutarse la violencia f�sica o moral para la obtenci�n de la c�pula. Por otra parte, esta S. s� comparte la opini�n de que se pueda cometer el delito de violaci�n entre c�nyuges, en casos de excepci�n, pues efectivamente existe el derecho a la prestaci�n carnal, pero tal comportamiento ha de llevarse a cabo en condiciones que no afecten la moral, la salud o alguna disposici�n legal expresa. Una de las hip�tesis en que puede actualizarse la figura a estudio, ser�a la imposici�n de la c�pula anormal de manera violenta; en cuyo caso es innegable que el c�nyuge es afectado en su libertad sexual, bien jur�dico que se tutela en el il�cito que se analiza, pues si bien ha consentido a prestarse a la relaci�n carnal con su pareja, esto se limita, como ya se dijo, a la pr�ctica de la c�pula normal; por lo que la realizaci�n de actos sexuales contra natura a trav�s de violencia, s� lesionan el bien jur�dico que se protege en el delito de violaci�n y se integra el mismo, pues a tales ayuntamientos carnales no se comprometi� la pareja al contraer matrimonio, ni se encuentran estos actos comprendidos dentro de los permisibles para la obtenci�n de los fines propuestos por esta instituci�n. Ahora bien, aun trat�ndose de c�pula normal, el c�nyuge puede cometer el delito de violaci�n en los siguientes casos de excepci�n: La imposici�n de la c�pula encontr�ndose el activo en estado de ebriedad, drogadicci�n, padeciendo enfermedad ven�rea, s�ndrome de inmuno deficiencia adquirida; cuando se pretenda que el acto sexual se cometa en presencia de otras personas; o bien, si la mujer tiene alg�n padecimiento, como puede ser par�lisis que se le impida producirse en sus relaciones sexuales, o estando decretada la separaci�n legal de los esposos. En estas hip�tesis que s�lo tienen car�cter ejemplificativo, mas no limitativo, pues para concluir si se presenta la violaci�n entre c�nyuges debe examinarse la situaci�n particular, cesa la obligaci�n de cohabitartoda vez que la ebriedad o drogadicci�n inspiran un natural rechazo hacia la pareja que se encuentra en ese estado; adem�s del peligro que implica la posibilidad de engendrar un ser en tales momentos, y no puede exig�rsele a ninguna persona que acepte una relaci�n en esas condiciones. Si se tratara de que el c�nyuge padezca una enfermedad ven�rea o sea v�ctima del s�ndrome de inmunodeficiencia adquirida, es leg�tima la oposici�n al coito de parte de la pareja inocente, por el riesgo que implica para su salud y la probable descendencia. En ese sentido ha captado esta cuesti�n el legislador, que en el art�culo 277 del C�digo Civil para el Distrito Federal en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia Federal, al determinar que: ?El c�nyuge que no quiera pedir el divorcio fundado en las causas enumeradas en las fracciones VI y VII del art�culo 267 podr�, sin embargo, solicitar que se suspenda su obligaci�n de cohabitar con el otro c�nyuge, y el Juez, con conocimiento de causa, podr� decretar esa suspensi�n, quedando subsistentes las dem�s obligaciones creadas por el matrimonio.?. El art�culo 267 al que remite ese precepto, establece entre las causales de divorcio: ?VI. P. s�filis, tuberculosis o cualquiera otra enfermedad cr�nica o incurable, que sea, adem�s contagiosa o hereditaria, y la impotencia incurable que sobrevenga despu�s de celebrar el matrimonio.?. El C�digo Civil del Estado de P., tambi�n ha tratado esta cuesti�n en el art�culo 461 que establece: ?Cuando las causales enumeradas en las fracciones IV, V, XI y XII del art�culo 454 no sean utilizadas como fundamento de divorcio, podr�n, sin embargo, ser motivo para que el Juez, con conocimiento de causa, a instancia del c�nyuge sano, y oyendo al otro, mande suspender, en cualquiera de dichos casos, el d�bito conyugal entre ellos y el deber de vivir juntos, subsistiendo los dem�s deberes y obligaciones para con el c�nyuge enfermo.?. Al respecto el art�culo 454 de ese ordenamiento establece las causales de divorcio, precis�ndose en las fracciones IV, XI, y XII como tales, sufrir una enfermedad som�tica, cr�nica, que sea adem�s contagiosa y hereditaria; el alcoholismo cr�nico; el uso no terap�utico de enervantes, estupefacientes o psicotr�picos o de cualquiera otra sustancia que altere la conducta del individuo y que produzca farmacodependencia. Otra situaci�n que puede presentarse es cuando el padecimiento lo tiene la mujer, que estuviera imposibilitada para sostener relaciones sexuales, como podr�a ser el de una paral�tica, en cuyo caso se justifica la resistencia de la pasivo, por lo que de llevarse a cabo la c�pula sin su consentimiento se presentar�a el delito de violaci�n equiparada, atento al art�culo 266, fracci�n II del C�digo Penal del Distrito Federal, cuyo texto es el siguiente: ?Al que sin violencia realice c�pula con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo ...?. La disposici�n relativa de la transcrita, es el art�culo 272 del C�digo de Defensa Social del Estado de P., que establece: ?Se equipara a la violaci�n, la c�pula con persona privada de raz�n o de sentido, o que por enfermedad o cualquier otra causa, no pudiera resistir, as� como la c�pula con persona menor de doce a�os de edad. En los casos previstos en este art�culo, se impondr�n al autor del delito, de ocho a veinte a�os de prisi�n y multa de ciento veinte a mil doscientos d�as de salario.?. En este orden de ideas, el art�culo 275 del C�digo Civil del Distrito Federal prev�: ?Mientras que se decrete el divorcio, el Juez autorizar� la separaci�n de los c�nyuges de una manera provisional y dictar� las medidas necesarias para asegurar la subsistencia de los hijos, a quienes haya obligaci�n de dar alimentos.?. Este dispositivo que se refiere a la separaci�n provisional de los c�nyuges decretada por autoridad judicial, previa a la resoluci�n que decrete el divorcio y durante el procedimiento de �ste, obliga a concluir l�gicamente que durante ese periodo cesa la obligaci�n de cohabitar; motivo por el cual si el marido forzara a la mujer a efectuar el acto carnal en ese lapso, tambi�n cometer�a el il�cito de violaci�n, ya que estar�amos en presencia de una c�pula il�cita, porque al estar suspendido el derecho, con base en una disposici�n civil, �ste ya no se puede ejercitar. Otra cuesti�n que amerita examen, es cuando se pretende por el c�nyuge que la c�pula se realice en p�blico, con lo cual se ofende a la pareja con la pretendida pr�ctica de un acto inmoral, de donde proviene su ilicitud; por lo que es fundada la oposici�n a tal hecho, y en consecuencia, la c�pula impuesta por el c�nyuge en tales condiciones constituye delito de violaci�n. Del tratamiento otorgado a los casos precisados, podemos llegar a la conclusi�n, de que la ilicitud de las conductas ya examinadas, proviene de valoraciones socioculturales que trascienden a la norma jur�dica; de tal manera que la protecci�n legal a la salud y la sanidad de la estirpe se perjudican con la pr�ctica de la c�pula con ebrios, farmacodependientes o enfermos. Por otra parte, la moral y el derecho a la intimidad, se ven afectados cuando la c�pula violenta se lleva a cabo de manera anormal o en p�blico respectivamente; y el mero desacato a las disposiciones legales, por la inobservancia del mandato judicial que decreta la separaci�n provisional de los c�nyuges. En virtud de los razonamientos expuestos, cabe se�alar que ninguna de las tesis examinadas debe prevalecer, ya que el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito sostiene que trat�ndose de c�pula normal violenta entre c�nyuges, s� hay violaci�n porque se ejercita un derecho a trav�s de medios ilegales, mientras que en la presente resoluci�n que es diversa a las sustentadas por los Tribunales Colegiados y que han sido relatadas, se afirma que en esa hip�tesis, es ejercicio indebido de propio derecho, esto es, un diverso tipo que si bien no forma parte del cat�logo penal del C�digo de Defensa Social del Estado de P., debe tomarse en cuenta que la jurisprudencia emanada de esta S., es de observancia obligatoria en toda la Rep�blica, y por ello se han invocado disposiciones de otro cuerpo legal distinto al ordenamiento en cita; pero tambi�n es pertinente subrayar que para las entidades federativas que no prevean el il�cito precisado, s�lo podr�a sancionarse por aquel que pudiera integrarse al ejecutarse la violencia f�sica o moral para la obtenci�n de la c�pula. En cuanto al criterio del Tercer Tribunal Colegiado del se�alado circuito, quien opina que trat�ndose de la c�pula violenta efectuada con la esposa durante el lapso en que se ha decretado la separaci�n de cuerpos judicialmente, no constituye delito de violaci�n, tambi�n es contrario al plasmado en esta resoluci�n en el sentido de que s� se actualiza esa figura t�pica. En consecuencia, esta S. estima que con eficacia de jurisprudencia debe prevalecer el siguiente criterio: a) No hay delito de violaci�n cuando se impone la c�pula normal de manera violenta entre c�nyuges, tipific�ndose el delito de ejercicio indebido del propio derecho, que prev� el art�culo 226 del C�digo Penal del Distrito Federal; si en este evento, la conducta se presentase en alguna entidad federativa que no prevea esa figura legal, s�lo se podr�a sancionar por el il�cito que pudiera configurarse derivado de la violencia ejercida para copular. b) La c�pula anormal entre c�nyuges impuesta con violencia, es integradora del il�cito de violaci�n. c) La c�pula normal entre c�nyuges impuesta de manera violenta, tambi�n configura el delito de violaci�n, en los casos siguientes: encontrarse el activo en estado de ebriedad, drogadicci�n, padeciendo enfermedad ven�rea, s�ndrome de inmuno deficiencia adquirida; cuando se pretenda que el acto sexual se cometa en presencia de otras personas; o bien, si la mujer tiene alg�n padecimiento, como puede ser par�lisis que le impida producirse en sus relaciones sexuales, o estando decretada la separaci�n legal de los esposos."

SEXTO

Las razones que exponen los Magistrados solicitantes para justificar la modificaci�n de jurisprudencia de que se trata son las siguientes:

  1. Que no obstante que la tesis 1a./J. 10/94 trat� de lograr esclarecer la tem�tica en contradicci�n y establecer un criterio rector en aras de la seguridad jur�dica, a la fecha siguen produci�ndose hip�tesis de no f�cil soluci�n mediante la determinaci�n o no de la aplicaci�n del criterio, ello debido a que se basa en un par�metro que hoy en d�a resultar�a discutible desde diversas perspectivas, esto es, el "d�bito carnal" derivado del matrimonio.

    Que esa es la raz�n por la que, como regla general, se establece la inexistencia del delito de violaci�n entre c�nyuges y s�lo como excepci�n se admite en los casos que se entienda interrumpido y suspendido ese "d�bito", por lo que se llega a concluir que fuera de los casos de excepci�n se actualiza el diverso delito de "ejercicio indebido de un derecho", pero no el de violaci�n.

    Que esa postura dif�cilmente puede ser congruente con las crecientes demandas de un mayor reconocimiento a las necesidades de justicia e igualdad, destacando en este aspecto, el inhibir toda clase de discriminaci�n por razones de g�nero.

  2. Que el an�lisis hist�rico, sistem�tico y teleol�gico de la tipificaci�n del llamado delito de "ejercicio indebido de un derecho" demuestra que viene a constituir el inter�s legislativo para sancionar, acorde al principio de intervenci�n necesaria del derecho penal, el comportamiento de aquel que ejercita su propio derecho con el solo prop�sito de perjudicar a un tercero, derecho generalmente vinculado con la figura de la propiedad y los tradicionales atributos de �sta, entre ellos, el llamado ius abutendi que hist�ricamente se reconoc�a a favor del due�o de una casa; luego, la tipificaci�n del referido delito implica una necesaria limitaci�n a ese derecho, cuando ello traspasa el �mbito estrictamente civilista o com�n y se penetra al exclusivo �mbito del derecho penal.

    Que, por tanto, la idea que subyace en dicha figura no puede aplicarse sin reparos, como pretendida soluci�n al problema legal de la potencial violaci�n entre c�nyuges, pues ello presupondr�a una concepci�n o criterio que, dada la peculiaridad de que una c�pula normal s�lo puede ser impuesta por el hombre a la mujer y no a la inversa, llevar�a impl�cita la aceptaci�n de un v�nculo generador de un derecho semejante al de propiedad, en particular a uno de sus hist�ricos atributos que es el de abusar de lo propio.

    Que dicha concepci�n, adem�s, resultar�a desigual o discriminatoria por raz�n de g�nero, en virtud de que no obstante que el llamado "d�bito conyugal" se supone igual para ambos c�nyuges unidos en matrimonio (desde una percepci�n meramente civilista), en realidad, la posibilidad de lograr la c�pula forzada no es equitativa a partir de la naturaleza misma del potencial ayuntamiento carnal necesario para la c�pula entendida en sentido estricto.

  3. Que afirmar que la c�pula forzada da lugar al delito de "ejercicio indebido de un derecho" pero no al de violaci�n, representa una soluci�n criticable desde la perspectiva de la dogm�tica jur�dico penal y en particular conforme a la teor�a del delito.

    Que la libertad sexual es actualmente reconocida como un bien jur�dico digno de tutela penal y el delito de violaci�n que atenta contra dicho bien es considerado en nuestro medio como delito grave por su lesividad y trascendencia; que por tanto, cuando la conducta de un var�n encuadra de manera exacta en la descripci�n t�pica de la violaci�n es porque se est� en presencia de un injusto t�pico en el que se constata la afectaci�n al bien jur�dico protegido que es la libertad sexual y que participa del car�cter de derecho fundamental del ser humano, sin admitir distinci�n alguna y menos por raz�n de g�nero.

    Que no se puede soslayar la verdadera naturaleza del bien jur�dico y confundirlo con aquel que pudiera verse afectado con el "ejercicio indebido de un derecho", pues mientras �ste representa una tipificaci�n gen�rica, que puede comprender supuestos vinculados con la titularidad de derechos de car�cter civil, el delito de violaci�n es espec�fico y da muestra de la gravedad de afectaci�n del bien jur�dico concretamente tutelado que es la libertad sexual, de manera que aun en el extremo de aceptar que la conducta de una c�pula obtenida mediante la violencia se pudiera captar en ambas descripciones t�picas, se tratar�a de un concurso aparente de normas que debe resolverse conforme al principio de especialidad lex especialis derogat lex generalius, no existiendo lugar a dudas que es el delito de violaci�n el que debe prevalecer, pues es el que recoge espec�ficamente no s�lo la descripci�n de la conducta (c�pula) y los medios de ejecuci�n (mediante violencia), sino que es tambi�n el que protege de modo directo y racional el bien jur�dico igualmente espec�fico y particular que es la libertad sexual del ser humano.

    Que de la iniciativa del Ejecutivo Federal de mil novecientos ochenta y tres, que dio nacimiento, en el C�digo Penal para el Distrito Federal, al delito de "ejercicio indebido de un derecho", se advierte que tal delito viene a llenar vac�os que la legislaci�n penal conten�a, pero que de ninguna manera rivaliza con otras descripciones t�picas ya creadas.

  4. Que bajo el enfoque contractualista del matrimonio nuestra legislaci�n y la doctrina consideran como uno de los fines del matrimonio la procreaci�n, as� como una de sus consecuencias: el d�bito carnal y la mutua fidelidad entre los contrayentes, con lo cual se acota su libertad sexual; sin embargo, de ello no se sigue que desaparezca su libertad de rechazar en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia la relaci�n sexual con su c�nyuge, al margen de que si tal negativa resulta injustificada �ste pueda hacerla valer como causa de divorcio.

    Que la libertad de decidir no copular con persona alguna no se pierde con el matrimonio con respecto al marido, pues �ste no se excluye del universo de varones.

    Que el hecho de que la libertad de rechazo injustificado de la c�pula se reconozca como una causal de divorcio no significa que no se tenga esa libertad, pues lo que viene a significar es una retractaci�n del consentimiento expresado al contraer matrimonio, surgiendo con ello el derecho de solicitar su disoluci�n.

  5. Que de considerar, como lo hace la tesis jurisprudencial cuya modificaci�n se solicita, que cuando subsiste el "d�bito carnal" surge el derecho del var�n de tener c�pula con su mujer aun en contra de su voluntad y que si utiliza la violencia f�sica para tal efecto su conducta se adecua al tipo penal de "ejercicio indebido de un derecho", se tendr�a que aceptar que el marido, de no ejercer indebidamente ese derecho, podr�a acudir al Estado para obligarla a tener relaciones con �l, esto es, para evitar que tenga que hacerse justicia por su propia mano (bien jur�dico tutelado por el tipo penal de "ejercicio indebido de un derecho").

    Que la solicitud de modificaci�n de jurisprudencia obedece esencialmente a que el criterio en ella contenido es discutible conforme a las premisas de la teor�a del delito y controvertible desde el punto de vista de la igualdad de g�nero ante la ley.

S�PTIMO

Esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n estima que debe modificarse la tesis de jurisprudencia n�mero 1a./J. 10/94, de rubro: "VIOLACI�N ENTRE C�NYUGES, SINO DE EJERCICIO INDEBIDO DE UN DERECHO. NO CONFIGURACI�N DEL DELITO DE."

Para la modificaci�n de una tesis de jurisprudencia se requiere no s�lo la satisfacci�n de requisitos formales, como son la legitimaci�n de los solicitantes y la procedencia de la solicitud, sino adem�s y de manera fundamental, que dicha modificaci�n tenga como finalidad que su aplicaci�n a situaciones jur�dicas concretas permita, por un lado, cumplir con la observancia de la misma, en t�rminos del art�culo 192 de la Ley de Amparo y, por otro, generar certeza jur�dica.

En el caso, debe destacarse que la contradicci�n de tesis que se resolvi� en la ejecutoria de la que deriv� la jurisprudencia cuya modificaci�n se analiza surgi� de la oposici�n de criterios entre Tribunales Colegiados de Circuito con residencia en la ciudad de P., quienes aplicaron el C�digo de Defensa Social de ese Estado.

En efecto, tanto el Primero como el Tercer Tribunales Colegiados del Sexto Circuito, en las resoluciones en las que sostuvieron los criterios contradictorios, analizaron la integraci�n del delito de violaci�n a la luz del art�culo 267 del C�digo de Defensa Social del Estado de P., y si bien la ejecutoria de la Primera S. de este Alto Tribunal en su anterior integraci�n consider� el C�digo Penal del Distrito Federal, lo cierto es que �nicamente lo hizo en relaci�n con el delito de ejercicio indebido de un derecho que, a su juicio, es el que se actualiza cuando el c�nyuge impone la c�pula normal de manera violenta.

As�, dicha ejecutoria precis� que en virtud de que el C�digo de Defensa Social del Estado de P. no prev� la figura t�pica de ejercicio indebido de un derecho, cuando en ese Estado un c�nyuge obtenga la c�pula con violencia f�sica o moral, s�lo podr� sancionarse por el delito que con tal conducta pudiera configurarse, pero no con el de violaci�n, tipificado en dicho ordenamiento legal.

Lo anterior se corrobora de la siguiente transcripci�n:

Ahora bien si el c�nyuge impone la c�pula normal de manera violenta, estima esta S. que no se integra el delito de violaci�n, a pesar del empleo de los medios t�picos, porque ejercita indebidamente su derecho, adecu�ndose su conducta a lo previsto en el art�culo 226 del C�digo Penal del Distrito Federal, que prev�: ?Al que para hacer efectivo un derecho o pretendido derecho que deba ejercitar, empleare violencia, se le aplicar� prisi�n de tres meses a un a�o. En estos casos s�lo se proceder� por querella de la parte ofendida.?. En consecuencia, esta S. sostiene el criterio de que no hay violaci�n entre c�nyuges, sino ejercicio indebido del propio derecho, en la hip�tesis precisada; sin embargo, como la contradicci�n de tesis surge de la aplicaci�n del C�digo de Defensa Social del Estado de P., que no prev� la se�alada figura t�pica, ante esta situaci�n, s�lo podr�a sancionarse por el delito que pudiera configurarse al ejecutarse la violencia f�sica o moral para la obtenci�n de la c�pula.

En tales condiciones, la presente modificaci�n de jurisprudencia debe hacerse considerando la legislaci�n sustantiva penal del Estado de P., en donde se encuentra tipificada la conducta relativa a la obtenci�n de la c�pula con uso de violencia.

Ahora bien, al emitir la ejecutoria referida la Primera S. de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, esencialmente consider� que no se integra el delito de violaci�n si el c�nyuge impone la c�pula normal de manera violenta a pesar del empleo de los medios t�picos, toda vez que con tal actuar ejercita indebidamente su derecho; ello, atendiendo a que uno de los fines del matrimonio es el de la procreaci�n de la especie, por lo que los c�nyuges deben prestarse a la relaci�n sexual siempre y cuando �sta se lleve a cabo de manera normal.

Es de destacarse que la presente modificaci�n de jurisprudencia tiene como finalidad actualizar la vigencia del criterio sustentado por esta Primera S. en su anterior integraci�n, pues los elementos que fueron considerados por �sta en aquel momento han cambiado, por lo que ahora debe modificarse el criterio referido, considerando la actualizaci�n de esos elementos.

Ahora bien, a efecto de demostrar las razones por las que se estima que el referido criterio debe modificarse, conviene tener presente el tipo penal de violaci�n, el cual se contiene en el art�culo 267 del C�digo de Defensa Social del Estado de P..

"Art�culo 267. Al que por medio de laviolencia f�sica o moral tuviere c�pula con una persona sea cual fuere su sexo, se le aplicar�n de seis a veinte a�os de prisi�n y multa de cincuenta a quinientos d�as de salario.

Cuando el sujeto pasivo sea menor de dieciocho a�os de edad, se duplicar� la sanci�n establecida en el p�rrafo anterior.

Cabe se�alar que el art�culo en cuesti�n ha sufrido diversas reformas y adiciones desde la �poca en la que se emitieron las ejecutorias a que esta resoluci�n se refiere; sin embargo, dichas modificaciones se han referido, en lo fundamental, a incrementos en la penalidad del delito y otros aspectos que no afectan a la disposici�n normativa en lo referente a la descripci�n del tipo b�sico del il�cito en cuesti�n.

Ahora bien, la descripci�n t�pica del delito de violaci�n requiere de los siguientes elementos para su integraci�n:

  1. Tener c�pula con una persona sea cual fuere su sexo, y

  2. Obtener dicho ayuntamiento carnal por medio de la violencia f�sica o moral.

Estos elementos son suficientes para integrar el tipo b�sico del delito de violaci�n que es motivo de an�lisis en la presente resoluci�n, quedando fuera de la misma las modalidades agravadas o equiparables del il�cito en cuesti�n, ya que el C�digo de Defensa Social para el Estado de P. no contempla, en forma espec�fica, ninguna modalidad del delito de violaci�n cuando dicho il�cito se comete entre c�nyuges.

As� las cosas, basta que el activo tenga acceso carnal con persona de uno u otro sexo por medio de la violencia f�sica o de la intimidaci�n moral ejercidas sobre el pasivo, para que queden debidamente integrados los elementos de la figura b�sica de violaci�n. Ello implica, en consecuencia, que la descripci�n del il�cito no requiere de otros elementos objetivos o subjetivos ni de circunstancias especiales para su integraci�n.

Por otra parte, si bien en �pocas pasadas se lleg� a considerar -aun por parte de la doctrina m�s reconocida- que el bien jur�dico tutelado por el delito de violaci�n lo era la pudicia individual (Carrara), o la honestidad de la mujer (Beling), es evidente que en la actualidad existe un consenso generalizado que sostiene que el inter�s vital tutelado por el tipo penal de m�rito es la libertad sexual, que reconoce en el ser humano, por el solo hecho de serlo, su derecho a la libre autodeterminaci�n sexual.

Lo anterior es as�, si se considera que la din�mica del delito de violaci�n presupone la ausencia de consentimiento de la v�ctima, la cual es forzada a una relaci�n sexual no deseada, anulando su resistencia por medio de la violencia f�sica sobre su persona o mediante amagos y amenazas intimidatorias de males graves; violencias ambas -f�sica y moral- que son, precisamente, las que acaban por vencer su resistencia, impidiendo a la v�ctima la libre determinaci�n de su conducta.

Ahora bien, debe determinarse si el delito de violaci�n contemplado en el p�rrafo primero del art�culo 267 del C�digo de Defensa Social para el Estado de P., cuyos elementos han quedado precisados l�neas arriba, puede cometerse cuando entre la v�ctima y su victimario existe el v�nculo matrimonial.

Al respecto, es de se�alarse que el v�nculo matrimonial entre el activo y el pasivo del il�cito de que se trata no conlleva ninguna excepci�n que impida la integraci�n del tipo delictivo de violaci�n. Ni la legislaci�n penal del Estado, ni el C�digo Civil para el Estado Libre y Soberano de P., en la regulaci�n que hace de la figura del matrimonio, contienen dispositivo alguno que pudiera excluir la integraci�n de la figura t�pica trat�ndose de la comisi�n del delito entre c�nyuges.

En efecto, en tanto el tipo fundamental del delito de violaci�n no requiere para su configuraci�n cualidades especiales entre los sujetos activo y pasivo del mismo, y en los tipos agravados o equiparables no se incluye la relaci�n conyugal como una modalidad del il�cito, resulta claro que la sola obtenci�n de la c�pula entre c�nyuges por medio de la violencia es suficiente para integrar el tipo penal de violaci�n a que se refiere el p�rrafo primero del art�culo 267 del C�digo de Defensa Social para el Estado de P..

Por lo que se refiere al v�nculo matrimonial, el art�culo 294 del C�digo Civil para el Estado de P. define al matrimonio en los siguientes t�rminos:

Art�culo 294. El matrimonio es un contrato civil, por el cual un solo hombre y una sola mujer, se unen en sociedad para perpetuar la especie y ayudarse en la lucha por la existencia.

Ahora bien, si el art�culo transcrito establece como uno de los fines primordiales del matrimonio la procreaci�n de la especie, ello no puede interpretarse como que cualquiera de los c�nyuges pueda obligar al otro a acceder al acto carnal so pretexto que el ayuntamiento tiene como finalidad cumplir con dicho fin, pues por encima del mismo existe el derecho de la persona de pronunciarse con la m�s estricta libertad, no s�lo respecto a su libertad sexual y a la libre disposici�n de su cuerpo, sino tambi�n al hecho mismo de determinar el momento en que habr� de procurarse la perpetuaci�n de la especie. Ello es un derecho fundamental consagrado en el p�rrafo segundo del art�culo 4o. de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que establece textualmente:

"Art�culo 4o. ...

"Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el n�mero y el espaciamiento de sus hijos."

En efecto, el derecho que asiste a los c�nyuges de acceder a la relaci�n sexual con la intenci�n de cumplir el fin del matrimonio de perpetuaci�n de la especie en t�rminos de la legislaci�n civil del Estado de P. no representa un derecho absoluto entre ambos c�nyuges, sino que implica la libertad de los mismos, para determinar de com�n acuerdo y en pleno uso de su libertad sexual cu�ndo habr�n de proceder al ayuntamiento carnal con fines de procreaci�n.

Esta situaci�n resulta patente por el reconocimiento que hace el C�digo Civil para el Estado Libre y Soberano de P. en su art�culo 326, en el que establece la igualdad de derechos y obligaciones que nacen del matrimonio para los c�nyuges; el dispositivo se�ala textualmente:

"Art�culo 326. Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio ser�n iguales para los c�nyuges e independientes de su aportaci�n econ�mica al sostenimiento del hogar."

Pero adem�s, la igualdad y respeto que deben regir las relaciones derivadas del v�nculo matrimonial est�n protegidas por el propio c�digo, basta se�alar las causales de divorcio necesario que establecen las fracciones III, inciso d), VII y XIII, de su art�culo 454:

"Art�culo 454. Son causas de divorcio:

"...

"III. La perversi�n de alguno de los c�nyuges demostrada por:

"...

"d) La imposici�n de la c�pula con violencia y en contra de la voluntad de la mujer;

"...

"VIII. La sevicia, las amenazas, la difamaci�n o injurias graves, o los malos tratamientos de un c�nyuge para el otro, siempre que �stos y aqu�llas sean de tal naturaleza, que hagan imposible la vida en com�n;

"...

"XIII. Cometer un c�nyuge contra la persona o los bienes del otro, un hecho que ser�a punible de cometerlo una persona extra�a, si tal hecho tiene se�alada en la ley una pena que pase de un a�o de prisi�n."

De lo anterior puede deducirse que ning�n derecho derivado del v�nculo matrimonial asiste a un c�nyuge para acceder al acto sexual en forma violenta en contra de la manifiesta oposici�n de su pareja conyugal, pues en todo caso, aun la legislaci�n civil del Estado contempla una sanci�n espec�fica -la disoluci�n necesaria del v�nculo matrimonial- para todos aquellos actos que violenten la relaci�n conyugal en cualquiera de sus manifestaciones, entre ellas, la libertad sexual, derecho que corresponde al ser humano con independencia de su espec�fico estatus civil.

En consecuencia, si en t�rminos de la legislaci�n penal del Estado de P. no se contempla ninguna excepci�n, ni en el tipo penal b�sico del delito de violaci�n, ni en sus modalidades agravadas o equiparables, cuando dicho il�cito se comete entre c�nyuges, y, si por otra parte, la legislaci�n civil de la propia entidad no contempla ninguna disposici�n normativa que autorice, en el marco del v�nculo matrimonial, el ejercicio del derecho al acceso carnal aun en contra de la expresa voluntad del c�nyuge, debe concluirse que cuando uno de los c�nyuges obtiene la c�pula por medios violentos -sean �stos f�sicos o morales-, queda debidamente integrado el delito de violaci�n que contempla el p�rrafo primero del art�culo 267 del C�digo de Defensa Social para el Estado de P..

En las relatadas consideraciones procede modificar la tesis jurisprudencial 1a./J. 10/94, de rubro: "VIOLACI�N ENTRE C�NYUGES, SINO DE EJERCICIO INDEBIDO DE UN DERECHO. NO CONFIGURACI�N DEL DELITO DE.", para quedar en los siguientes t�rminos:

VIOLACI�N. SE INTEGRA ESE DELITO AUN CUANDO ENTRE EL ACTIVO Y PASIVO EXISTA EL V�NCULO MATRIMONIAL (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE PUEBLA). En t�rminos del primer p�rrafo del art�culo 267 del C�digo para la Defensa Social del Estado de P., el delito de violaci�n requiere para su integraci�n: 1. tener c�pula con una persona sea cual fuere su sexo, y 2. obtener dicho ayuntamiento carnal por medio de la violencia f�sica o moral. El bien jur�dico tutelado por el tipo penal de m�rito es la libertad sexual, que reconoce en el ser humano, su derecho a la autodeterminaci�n sexual. Ahora bien, el tipo penal del delito de violaci�n contenido en la legislaci�n referida, no establece para su integraci�n excepci�n en relaci�n con la calidad de los sujetos, como pudiera ser la existencia de alg�n v�nculo o relaci�n entre ellos, pues s�lo requiere la actualizaci�n de violencia f�sica o moral para la realizaci�n de la c�pula; por tanto, debe concluirse que cuando uno de los c�nyuges obtiene la c�pula por medios violentos -sean �stos f�sicos y/o morales-, queda debidamente integrado el delito de violaci�n, sin importar la existencia del v�nculo matrimonial.

El criterio que se acaba de sustentar, si bien se realiz� a la luz del C�digo de Defensa Social del Estado de P., lo cierto es que puede ser aplicable en aquellas entidades cuyos ordenamientos legales sean similares al aqu� analizado.

OCTAVO

En virtud de que el criterio modificado sustentaba los contenidos en las jurisprudencias 1a./J. 5/94, 1a./J. 6/94, 1a./J. 7/94, 1a./J. 8/94, 1a./J. 9/94, 1a./J. 11/94 y 1a./J. 12/94, debe girarse oficio a la Direcci�n General de la Coordinaci�n de Compilaci�n y S.�n de Tesis, con el fin de que realice los actos necesarios para cancelar esas tesis, las cuales se transcriben para mayor precisi�n.

"Octava �poca

"Instancia: Primera S.

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n

"N�mero: 77, mayo de 1994

"Tesis: 1a./J. 5/94

"P�gina: 16

"VIOLACI�N ENTRE C�NYUGES, DURANTE EL LAPSO EN QUE SE DECRET� JUDICIALMENTE SU SEPARACI�N PROVISIONAL, DELITO DE. Si durante el tr�mite del juicio de divorcio, el Juez decret� la separaci�n provisional de los c�nyuges, a que se refiere el art�culo 275 del C�digo Civil del Distrito Federal, es l�gico que ces� la obligaci�n de cohabitar entre ambos; por ende, si el marido forzara a la mujer a efectuar el acto carnal en ese lapso, incurrir�a en el delito de violaci�n, por tratarse de una c�pula il�cita, pues al estar suspendido el derecho al d�bito carnal con base en una disposici�n civil, �ste ya no se puede ejercitar.

"Contradicci�n de tesis 5/92. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero del Sexto Circuito. 28 de febrero de 1994. Mayor�a de tres votos de los Ministros C.G. de L., L.F.�ndez Doblado y Victoria A.G., en contra de los emitidos por los Ministros Samuel Alba Leyva e I.M.C. y M.G.�rrez. Ponente: L.F.�ndez Doblado. Secretaria: Ma. E.R.�rez de Vidal."

"Octava �poca

"Instancia: Primera S.

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n

"N�mero: 77, mayo de 1994

"Tesis: 1a./J. 6/94

"P�gina: 16

"VIOLACI�N ENTRE C�NYUGES, DELITO DE. El derecho a la relaci�n carnal existente entre aquellos que se han unido en matrimonio, no es ilimitado, pues en ocasiones uno de los c�nyuges puede oponerse a la misma, como ser�a el caso de que su pareja estuviera en estado de ebriedad o drogadicci�n, pues no s�lo se advierte el natural rechazo para quien act�e en esas condiciones, sino que reviste mayor trascendencia el peligro que implica la posibilidad de engendrar un ser en esos momentos; lo que funda la oposici�n del pasivo, quien protege la sanidad de su estirpe, por lo que si es sometido a realizar la c�pula violentamente; aunque �sta sea normal, sin duda estaremos en presencia del il�cito de violaci�n.

"Contradicci�n de tesis 5/92. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero del Sexto Circuito. 28 de febrero de 1994. Mayor�a de tres votos de los Ministros C.G. de L., L.F.�ndez Doblado y Victoria A.G., en contra de los emitidos por los Ministros Samuel Alba Leyva e I.M.C. y M.G.�rrez. Ponente: L.F.�ndez Doblado. Secretaria: Ma. E.R.�rez de Vidal."

"Octava �poca

"Instancia: Primera S.

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n

"N�mero: 77, mayo de 1994

"Tesis: 1a./J. 7/94

"P�gina: 17

"VIOLACI�N EQUIPARADA ENTRE C�NYUGES, DELITO DE. El art�culo 266 del C�digo Penal del Distrito Federal, establece las hip�tesis del delito de violaci�n equiparada, previ�ndose en una de ellas, que se incurre en �sta, cuando se impone la c�pula a persona que por cualquier causa no pueda resistirlo; por lo que si se tratara de una mujer imposibilitada para sostener relaciones sexuales, como ser�a el caso de quien sufra par�lisis, a la que se someta con ese fin en contra de su voluntad, indudablemente se integrar�a el tipo precisado, no obstante que fuera su propio c�nyuge el sujeto activo, en virtud de que la disposici�n penal citada protege ampliamente a los que se encuentran en las hip�tesis se�aladas.

"Contradicci�n de tesis 5/92. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero del Sexto Circuito. 28 de febrero de 1994. Mayor�a de tres votos de los Ministros C.G. de L., L.F.�ndez Doblado y Victoria A.G., en contra de los emitidos por los Ministros Samuel Alba Leyva e I.M.C. y M.G.�rrez. Ponente: L.F.�ndez Doblado. Secretaria: Ma. E.R.�rez de Vidal."

"Octava �poca

"Instancia: Primera S.

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n

"N�mero: 77, mayo de 1994

"Tesis: 1a./J. 8/94

"P�gina: 17

"VIOLACI�N ENTRE C�NYUGES, DELITO DE. Al haber contra�do matrimonio, los c�nyuges adquieren el derecho al mutuo d�bito carnal, pero si el acto sexual se lleva a cabo en p�blico, en contra de la voluntad del pasivo, ofendiendo gravemente su moral y el derecho a la intimidad, se integra el delito de violaci�n, pues no hay duda de que el c�nyuge ofendido, puede negarse a la pr�ctica de la relaci�n en tales condiciones.

"Contradicci�n de tesis 5/92. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero del Sexto Circuito. 28 de febrero de 1994. Mayor�a de tres votos de los Ministros C.G. de L., L.F.�ndez Doblado y Victoria A.G., en contra de los emitidos por los Ministros Samuel Alba Leyva e I.M.C. y M.G.�rrez. Ponente: L.F.�ndez Doblado. Secretaria: Ma. E.R.�rez de Vidal."

"Octava �poca

"Instancia: Primera S.

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n

"N�mero: 77, mayo de 1994

"Tesis: 1a./J. 9/94

"P�gina: 18

"VIOLACI�N ENTRE C�NYUGES, DELITO DE. La instituci�n del matrimonio tiene entre sus finalidades, la procreaci�n de la especie, en virtud de lo cual, los c�nyuges deben prestarse a la relaci�n carnal, que como consecuencia l�gica s�lo concibe la pr�ctica de la c�pula normal; de tal manera que si el c�nyuge la impusiera de manera anormal y violentamente, lesionar�a la moral y la libertad sexual de su pareja, que en ning�n momento consinti� tales pr�cticas, y por ende, se configurar� el delito de violaci�n.

"Contradicci�n de tesis 5/92. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero del Sexto Circuito. 28 de febrero de 1994. Mayor�a de tres votos de los Ministros C.G. de L., L.F.�ndez Doblado y Victoria A.G., en contra de los emitidos por los Ministros Samuel Alba Leyva e I.M.C. y M.G.�rrez. Ponente: L.F.�ndez Doblado. Secretaria: Ma. E.R.�rez de Vidal."

"Octava �poca

"Instancia: Primera S.

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n

"N�mero: 77, mayo de 1994

"Tesis: 1a./J. 11/94

"P�gina: 19

"VIOLACI�N ENTRE C�NYUGES HABIENDO SUSPENDIDO EL DERECHO A COHABITAR, DELITO DE. A virtud de que uno de los c�nyuges padezca s�filis, tuberculosis o cualquiera otra enfermedad cr�nica o incurable, el art�culo 267 en relaci�n al 277 del C�digo Civil para el Distrito Federal, permite a su pareja que no desee divorciarse, el solicitar se suspenda judicialmente su obligaci�n de cohabitar; por lo que si estando decretada, el c�nyuge enfermo le impusiese violentamente la c�pula aunque fuera normal, se integrar�a el delito de violaci�n, porque ya no tiene derecho al d�bito carnal, adem�s de poner en peligro la salud del c�nyuge inocente y de la descendencia que pudiera procrearse en esas circunstancias.

"Contradicci�n de tesis 5/92. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero del Sexto Circuito. 28 de febrero de 1994. Mayor�a de tres votos de los Ministros C.G. de L., L.F.�ndez Doblado y Victoria A.G., en contra de los emitidos por los Ministros Samuel Alba Leyva e I.M.C. y M.G.�rrez. Ponente: L.F.�ndez Doblado. Secretaria: Ma. E.R.�rez de Vidal."

"Octava �poca

"Instancia: Primera S.

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n

"N�mero: 77, mayo de 1994

"Tesis: 1a./J. 12/94

"P�gina: 19

"EJERCICIO INDEBIDO DE UN DERECHO Y NO DE VIOLACI�N, DELITO DE. La c�pula normal violenta impuesta por el c�nyuge, cuando subsiste la obligaci�n de cohabitar, no es integradora del delito de violaci�n, sino del de ejercicio indebido de un derecho, previsto en el art�culo 226 del C�digo Penal para el Distrito Federal; pero si tal comportamiento se presentara en una diversa entidad federativa cuya legislaci�n penal no prevea esa figura, �nicamente podr�a sancionarse por el il�cito que se integre derivado de la violencia ejercida para copular.

Contradicci�n de tesis 5/92. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero del Sexto Circuito. 28 de febrero de 1994. Mayor�a de tres votos de los Ministros C.G. de L., L.F.�ndez Doblado y Victoria A.G., en contra de los emitidos por los Ministros Samuel Alba Leyva e I.M.C. y M.G.�rrez. Ponente: L.F.�ndez Doblado. Secretaria: Ma. E.R.�rez de Vidal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO

Es procedente y fundada la solicitud de modificaci�n de jurisprudencia formulada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.

SEGUNDO

Se modifica la jurisprudencia publicada con el n�mero 1a./J. 10/94, en la p�gina dieciocho del N�mero 77, mayo de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, sustentada por esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, para quedar en los t�rminos se�alados en el s�ptimo considerando de esta ejecutoria.

TERCERO

Se ordena la publicaci�n y remisi�n de la tesis en los t�rminos previstos por el art�culo 195 de la Ley de Amparo.

CUARTO

G�rese oficio a la Direcci�n General de la Coordinaci�n de Compilaci�n y S.�n de Tesis para que proceda en los t�rminos precisados en el �ltimo considerando de estaresoluci�n.

Notif�quese; rem�tase la tesis de jurisprudencia aprobada a las S.s de este Alto Tribunal, a los Tribunales de Circuito, a los Juzgados de Distrito y al Semanario Judicial de la Federaci�n, para su publicaci�n y, en su oportunidad, arch�vese este expediente como asunto concluido.

As�, lo resolvi� la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: Jos� de Jes�s G.�o P., S.A.V.H.�ndez, J.N.S.M., J.R.�n C.�o D�az y presidenta O.S.C. de G.�a V. (ponente).