Ejecutoria num. 1a./J. 5/93 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26867089

Ejecutoria num. 1a./J. 5/93 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 5/93
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Mayo de 2005
RESUMEN

VARIOS 12/2004-PS. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 1a./J. 5/93, DERIVADA DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/91. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. SOLICITANTE: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.CONCURSO DE DELITOS, FACULTAD EXCLUSIVA DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES EN LA IMPOSICIÓN DE LAS PENAS.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

VARIOS 12/2004-PS. SOLICITUD DE MODIFICACI�N A LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 1a./J. 5/93, DERIVADA DE LA CONTRADICCI�N DE TESIS 12/91, ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIG�SIMO PRIMER CIRCUITO. SOLICITANTE: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

M�xico, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al d�a veintitr�s de febrero de dos mil cinco.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO

Mediante oficio presentado el cuatro de junio de dos mil cuatro, ante la Oficina de Certificaci�n J. y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, el Magistrado A.S.O., integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, formul� solicitud de modificaci�n a la jurisprudencia n�mero 1a./J. 5/93, de la Primera S. de este Alto Tribunal.

SEGUNDO

Por auto de veintitr�s de junio de dos mil cuatro, la Ministra presidenta de esta Primera S. admiti� a tr�mite la solicitud de modificaci�n de la jurisprudencia referida, form�ndose el expediente varios 12/2004-PS; asimismo, en dicho prove�do orden� dar vista al procurador general de la Rep�blica para que expusiera su parecer dentro del plazo de treinta d�as, si lo estimaba conveniente.

TERCERO

Mediante escrito presentado el doce de julio de dos mil cuatro, los Magistrados M.B.�ibar C. y J.N.L.C., integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, se adhirieron a la solicitud referida.

CUARTO

Por acuerdo de treinta de agosto de dos mil cuatro, se tuvo por expuesto el parecer del agente del Ministerio P�blico de la Federaci�n, en el sentido de que s� procede la modificaci�n de la jurisprudencia 1a./J. 5/93, propuesta por los Magistrados integrantes del citado Tribunal Colegiado de Circuito, y se orden� turnar los autos al Ministro Jos� de Jes�s G.�o P. para que elaborara el proyecto de resoluci�n correspondiente.

QUINTO

En sesi�n de diecinueve de enero de dos mil cinco, celebrada en esta Primera S. de este M�ximo Tribunal, se dio cuenta con el presente asunto, desech�ndose el proyecto por mayor�a de cuatro votos, y se acord� retirarlo para que fuera remitido a la presidencia de la citada Primera S., para el efecto de que se returnara a uno de los Ministros de la mayor�a para la elaboraci�n del proyecto correspondiente.

SEXTO

Por acuerdo de veinte de enero de dos mil cinco, la presidenta de la Primera S. de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, orden� se returnaran los autos al Ministro Jos� R.�n C.�o D�az para que formule el proyecto de resoluci�n respectivo y con �l d� cuenta a la S. que preside.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, es competente para conocer y resolver el presente asunto de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 197, �ltimo p�rrafo, de la Ley de Amparo y 21, fracci�n XI, de la Ley Org�nica del Poder J. de la Federaci�n, en relaci�n con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal el veintiuno de junio de dos mil uno, y publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintinueve de junio siguiente, en atenci�n a que se trata de una solicitud de modificaci�n de jurisprudencia emitida en materia penal durante la Octava �poca del Semanario J. de la Federaci�n, por la anterior integraci�n de la Primera S., y es de su exclusiva competencia.

SEGUNDO

La solicitud de modificaci�n de jurisprudencia formulada por el Magistrado A.S.O., integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, es procedente, en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 197, p�rrafo cuarto, de la Ley de Amparo.

El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en su anterior integraci�n, al resolver en sesi�n de catorce de noviembre de mil novecientos noventa y uno, la contradicci�n de tesis 25/90, interpret� los alcances jur�dicos del citado p�rrafo, bajo las siguientes consideraciones:

"Por su lado, el art�culo 197, p�rrafo cuarto, de la Ley de Amparo, dispone:

"?Las S. de la Suprema Corte de Justicia y los Ministros que las integren y los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren, con motivo de un caso concreto podr�n pedir al Pleno de la Suprema Corte o a la S. correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificaci�n; el procurador general de la Rep�blica, por s� o por conducto del agente que al efecto designe, podr�, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta d�as. El Pleno o la S. correspondiente resolver�n si modifican la jurisprudencia, sin que su resoluci�n afecte las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios en las cuales se hubiesen dictado las sentencias que integraron la tesis jurisprudencial modificada. Esta resoluci�n deber� ordenar su publicaci�n y remisi�n en los t�rminos previstos por el art�culo 195.?

"De lo anterior se deriva que por lo que hace a la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno o en S.s con posterioridad al quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, podr� reexaminarse cuando se formule la solicitud correspondiente por los �rganos colegiados o funcionarios judiciales a que alude el cuarto p�rrafo del citado art�culo 197.

"Recapitulando lo antes dicho puede sostenerse que respecto de la jurisprudencia de este Alto Tribunal establecida conforme al sistema actual, su reexamen no puede hacerse en v�a de una contradicci�n de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, pues aun cuando pudieran llegar a darse, ello implicar� que uno de los tribunales indebidamente desobedeci� la jurisprudencia instaurada, lo que podr� dar lugar a hacerlo del conocimiento del Pleno a fin de que se estudie la posibilidad de imponer medidas disciplinarias.

"Debe decirse que esta situaci�n no se presenta en el caso concreto, pues la Primera S., como se dijo con anterioridad, estableci� la jurisprudencia relativa al resolver la contradicci�n de tesis 4/89 el doce de junio de mil novecientos ochenta y nueve, y el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que sustent� el criterio contrario, lo hizo con anterioridad a aqu�lla, esto es, el veintis�is de agosto de mil novecientos ochenta y seis, al resolver la revisi�n incidental 337/86.

"A prop�sito del procedimiento de modificaci�n de la jurisprudencia de este Alto Tribunal, que previene el dispositivo citado en �ltimo lugar, es conveniente destacar que de �l se desprende lo siguiente:

"1. La solicitud relativa s�lo puede provenir de las S.s de la Suprema Corte y los Ministros que las integren, de los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren;

"2. Deben ser con motivo de un caso concreto y en la solicitud respectiva se expondr�n las razones que justifiquen la petici�n de modificaci�n;

"3. La solicitud de modificaci�n debe ser respecto de la jurisprudencia de alguna de las S.s o del Tribunal Pleno; y,

"4. Si se acepta la modificaci�n solicitada, la resoluci�n respectiva no afecta las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias que integraron la tesis jurisprudencial modificada.

"Establecido lo anterior se est� en condiciones de hacer las siguientes precisiones:

"a) Las S. y los Ministros que las integren s�lo pueden hacer valer la solicitud de modificaci�n respecto de la jurisprudencia del Tribunal Pleno, pero no la establecida por alguna otra S..

"Esto es as� porque de acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 192 de la Ley de Amparo, a las S. s�lo las obliga la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno, mas no la establecida por otra de ellas, de manera que si una S. en un asunto de su competencia llegara a estimar que no comparte el criterio jurisprudencial de otra diversa, est� en aptitud de fallar desde luego el negocio de que se trate y sustentar una postura contraria, lo que se corrobora si se tiene en cuenta que en ese caso se dar� lugar a que se denuncie y resuelva por el Tribunal Pleno la contradicci�n relativa acorde con lo previsto por el art�culo 197, p�rrafos primero, segundo y tercero, de la propia ley.

"b) Los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren, pueden formular la solicitud de modificaci�n tanto de la jurisprudencia del Tribunal Pleno como de alguna de las S.s.

"Lo anterior encuentra justificaci�n en el propio art�culo 192 que expresamente se�ala que la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno y la sustentada por las S.s obliga, entre otros, a los referidos Tribunales Colegiados, de aqu� que si �stos est�n obligados a acatar la jurisprudencia que emitan las S.s o el Tribunal Pleno debe entenderse que tambi�n est�n facultados para pedir de cualquiera la modificaci�n correspondiente.

"c) Previamente a la solicitud de modificaci�n que formulen las S. o los Ministros que las integren al Tribunal Pleno, a �ste o a aqu�llas al Tribunal Colegiado de Circuito o los Magistrados que los integren, debe resolverse el caso concreto que la origina aplicando la jurisprudencia cuya modificaci�n se pida.

"Esta conclusi�n se obtiene a trav�s de la interpretaci�n arm�nica del art�culo 197, p�rrafo cuarto, de la Ley de Amparo, con otros preceptos de la propia ley. En efecto, ya se ha se�alado que de acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 192 del citado ordenamiento, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en S.s, es obligatoria para �stas en trat�ndose de la que decrete el Pleno y la de ambos �rganos, entre otros, para los Tribunales Colegiados de Circuito.

"Por otra parte, el mencionado art�culo 197, p�rrafo cuarto, exige que la solicitud de modificaci�n debe ser con motivo de un caso concreto, lo que debe interpretarse en el sentido de que en la S. o en el Tribunal Colegiado de Circuito que pretenda formular, o uno de sus integrantes, la solicitud de modificaci�n, se encuentre un negocio que tiene que resolverse observando la jurisprudencia que los obligue.

"La existencia de un asunto de amparo en la Suprema Corte de Justicia o en los Tribunales Colegiados de Circuito se rige, para su resoluci�n, de acuerdo con lo que dispone sobre el particular la ley de la materia. As� basta observar lo previsto por los art�culos 90, 182, 184 y 185 de la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 Constitucionales para advertir los t�rminos con que cuentan el Magistrado o el Ministro relator para formular el proyecto de resoluci�n y los Tribunales Colegiados o las S.s para resolver el negocio despu�s de que aqu�l se ha presentado.

"De esta suerte, no ser�a correcto que la S. o el Tribunal Colegiado de Circuito que pretenda pedir por s� o de uno de sus integrantes al �rgano respectivo la modificaci�n de la jurisprudencia que lo obligue, retrasando la resoluci�n del negocio del que haga derivar la solicitud en espera de que �sta se resuelva, en primer lugar porque no existe precepto legal que as� lo autorice, y en segundo lugar porque independientemente de que se estar�an contraviniendo las disposiciones relativas que constri�en a los �rganos jurisdiccionales a fallar los asuntos de su competencia en los t�rminos establecidos en la ley, sobrevendr�a otra situaci�n grave que se traducir�a en el rehusamiento del tribunal o la S. a acatar la jurisprudencia que lo obliga, con lo cual se vulnerar�a el art�culo 192 de la propia ley, a lo que debe sumarse que si de conformidad con el diverso 194 la jurisprudencia se interrumpe dejando de tener car�cter obligatorio, siempre que se pronuncie ejecutoria en contrario por catorce Ministros, si se trata de la sustentada por el Pleno y por cuatro si es de una S., debe inferirse que mientras no se produzca la resoluci�n con los votos necesarios que interrumpa una jurisprudencia, �sta debe de acatarse y aplicarse por los �rganos judiciales que se encuentren obligados en los asuntos que tienen para resolver.

As� pues, mediante la facultad que a favor de los Tribunales Colegiados de Circuito prev� el art�culo cuarto transitorio de la reforma de veintiuno de diciembre de mil novecientos ochenta y siete a la Ley de Amparo, que entr� en vigor a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, y del procedimiento establecido por el art�culo 197, p�rrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se conserva el dinamismo en todas las tesis jurisprudenciales de esta Suprema Corte de Justicia, de manera que, como se indic� con anterioridad, las mismas no tienen, necesariamente, que permanecer inalterables.

Las anteriores consideraciones dieron lugar a las tesis aisladas cuyos rubros, textos y datos de identificaci�n se transcriben a continuaci�n:

"Octava �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n

"Tomo: IX, enero de 1992

"Tesis: P. XXIX/92

"P�gina: 33

"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS MAGISTRADOS QUE LOS INTEGREN PUEDEN SOLICITAR SU MODIFICACI�N TANTO DE LA PRODUCIDA POR EL TRIBUNAL PLENO, COMO POR ALGUNA DE LAS SALAS. El art�culo 197, p�rrafo cuarto de la Ley de Amparo, en lo conducente se�ala que ?Las S. de la Suprema Corte de Justicia y los Ministros que las integren y los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren, con motivo de un caso concreto podr�n pedir al Pleno de la Suprema Corte o a la S. correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificaci�n ...?. Ahora bien, si de acuerdo con el art�culo 192 de la citada ley, los referidos Tribunales Colegiados est�n obligados a acatar la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno o en S.s, debe entenderse que tambi�n est�n facultados para pedir de cualquiera de �stos, la modificaci�n de la jurisprudencia que tuviesen establecida."

"Octava �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n

"Tomo: IX, enero de 1992

"Tesis: P. XXVIII/92

"P�gina: 34

"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. NO TIENE NECESARIAMENTE QUE PERMANECER INALTERABLE. De lo dispuesto por el art�culo sexto transitorio de la reforma de veintiuno de diciembre de mil novecientos ochenta y siete a la Ley de Amparo, que entr� en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se desprende que los Tribunales Colegiados de Circuito pueden interrumpir y modificar la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n hasta esta �ltima fecha, en las materias cuyo conocimiento les corresponda. Por otra parte, de lo previsto por el art�culo 197, p�rrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se deriva que por lo que hace a la jurisprudencia establecida por este Alto Tribunal funcionando en Pleno o en S.s, con posterioridad a la fecha �ltimamente citada, podr� reexaminarse cuando se formule la solicitud de modificaci�n correspondiente por los �rganos judiciales o funcionarios a que alude. De ah� que, deba sostenerse que mediante la facultad que en favor de los Tribunales Colegiados establece el citado art�culo transitorio y del procedimiento referido en el mencionado art�culo 197, p�rrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se conserva el dinamismo en todas las tesis de jurisprudencia de esta Suprema Corte, por lo que las mismas no tienen, necesariamente, que permanecer inalterables."

"Octava �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n

"Tomo: IX, enero de 1992

"Tesis: P. XXXI/92

"P�gina: 35

JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. PREVIAMENTE A LA SOLICITUD DE SU MODIFICACI�N DEBE RESOLVERSE EL CASO CONCRETO QUE LA ORIGINA. El art�culo 197, p�rrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en lo conducente se�ala que ?Las S. de la Suprema Corte de Justicia y los Ministros que las integren y los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren, con motivo de un caso concreto podr�n pedir al Pleno de la Suprema Corte de Justicia o a la S. correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificaci�n ...?. Ahora bien, una recta interpretaci�n de este dispositivo lleva a concluir que no ser�a correcto que la S. o el Tribunal Colegiado que pretenda pedir al �rgano respectivo la modificaci�n de la jurisprudencia que lo obligue, retrasara la soluci�n del negocio del que haga derivar la solicitud en espera de que �sta se resuelva, en primer lugar porque no existe precepto legal que as� lo autorice, y en segundo lugar porque independientemente de que se estar�an contraviniendo las disposiciones relativas que constri�en a los �rganos jurisdiccionales a fallar los asuntos de su competencia en los t�rminos establecidos, sobrevendr�a otra situaci�n grave que se traducir�a en el rehusamiento, en su caso, del Tribunal Colegiado o la S., a acatar la jurisprudencia que lo obliga, con lo cual se vulnerar�a el art�culo 192 de la propia ley. A lo anterior debe sumarse que si de conformidad con lo dispuesto por el diverso 194 del mismo ordenamiento, la jurisprudencia se interrumpe dejando de tener car�cter obligatorio, siempre que se pronuncia ejecutoria en contrario por catorce Ministros, si se trata de la sustentada por el Pleno y por cuatro si es de una S., debe inferirse que mientras no se produzca la resoluci�n con los votos mayoritarios que interrumpa una jurisprudencia, �sta debe de acatarse y aplicarse por los �rganos judiciales que se encuentren obligados, todo lo cual permite sostener que previamente a elevar al �rgano respectivo la solicitud de modificaci�n de la jurisprudencia que tuviese establecida, debe resolverse el caso concreto que origine la petici�n aplic�ndose la tesis jurisprudencial de que se trate.

Ahora bien, en el caso a que este expediente se refiere, quedan debidamente acreditados los presupuestos de procedencia de la solicitud de modificaci�n de jurisprudencia formulada por el Magistrado solicitante.

En efecto, por una parte el promovente est� legitimado, por tratarse de un Magistrado en funciones adscrito, al momento de formular su solicitud, al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. Adem�s, los Magistrados compa�eros de la misma adscripci�n, mediante escrito posterior se adhirieron a la petici�n referida.

La solicitud de modificaci�n de jurisprudencia deriva s�lo de un caso concreto, se trata del amparo directo 605/2003, del �ndice del Tribunal Colegiado aludido, en el que por unanimidad de votos se decidi� conceder el amparo solicitado.

TERCERO

La solicitud de modificaci�n se refiere a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 5/93, emitida por la Primera S. de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, cuyo contenido y datos de publicaci�n se transcriben a continuaci�n:

"Octava �poca

"Instancia: Primera S.

"Fuente: Gaceta del Semanario J. de la Federaci�n

"N�mero: 75, marzo de 1994

"Tesis: 1a./J. 5/93

"P�gina: 11

"CONCURSO DE DELITOS POR DOBLE HOMICIDIO, RESULTA INAPLICABLE POR EL JUEZ, CUANDO NO LO SOLICIT� EL MINISTERIO P�BLICO. Cuando en la secuela procesal se estima demostrada la existencia de un concurso real de delitos, cualquiera que sea el car�cter de �ste, para que el juzgador de instancia se encuentre en la aptitud de imponer las que correspondan, s�lo por el de mayor entidad o bien acumularlas por cada il�cito demostrado hasta por un monto que queda a su criterio, es evidente que conforme a una correcta t�cnica procesal, dicha actuaci�n judicial debe sustentarsea los lineamientos del pliego de conclusiones del Ministerio P�blico, quien es el titular indiscutible de la acci�n penal, mismo que por ser un �rgano t�cnico, no corresponde al J. subsanar sus deficiencias u omisiones, de manera que si en la acusaci�n omite esgrimir pedimento alguno para sancionar al procesado como responsable de un concurso real de delitos, a pesar de la prueba de �ste, es obvio que dicho funcionario judicial se encuentra legalmente impedido para sancionar por ese concepto, por no existir acusaci�n de parte de quien correspond�a hacerla. En efecto, conforme al art�culo 21 constitucional, el juzgador tiene una amplia potestad sancionadora, la cual constituye una de sus funciones inmanentes, sin embargo, la misma no puede ser absoluta, oficiosa, ni arbitraria, pues atento a los principios de legalidad, exacta aplicaci�n de la ley penal, de defensa para un procesado y de equilibrio procesal de las partes, que se deducen de los preceptos 14, 20 y 21 de la Carta Magna, esa actuaci�n punitiva judicial debe ser consecuencia de previa petici�n por parte del titular de la acci�n penal; de modo que, cuando �ste omita efectuar consideraci�n a ese respecto, no cabe justificar la imposici�n de las penas, subsanando la deficiencia ministerial, en detrimento a las garant�as del acusado pues el argumento de que solamente corresponde a la autoridad judicial la imposici�n de las penas, deviene ineficaz en raz�n de que �sta, como se ha dicho, no es arbitraria, sino acorde y consecuente a una normatividad y a un Estado de derecho en vigor, pues admitir lo contrario equivaldr�a a trastocar el sistema penal vigente hacia una postura eminentemente inquisitiva.

"Contradicci�n de tesis 12/91. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito. 31 de mayo de 1993. Mayor�a de cuatro votos, en contra del Ministro S.A.L.. Ponente: S.A.L.. Secretario: R.A.S.V.. Engros� Ministra V.A.G..

Tesis de jurisprudencia 5/93. Aprobada por la Primera S. de este Alto Tribunal, en sesi�n del nueve de agosto de mil novecientos noventa y tres, por unanimidad de votos de los se�ores Ministros: presidente I.M.C. y M.G.�rrez, S.A.L., V.A.G., C.G. de L. y L.F.�ndez Doblado.

Las consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia que antecede, en la parte conducente, son las siguientes:

"En principio, conviene destacar que los ordenamientos legales en los que se apoyaron los �rganos de control constitucional contendientes, son los C�digos Penal y de Procedimientos Penales, tanto del Distrito Federal como del Estado de G., cuyos preceptos legales ante el tema del concurso real de delitos prev�n:

"El art�culo 21 del C�digo Penal del Estado de G., define el concurso real delictivo de la siguiente manera:

"?Art�culo 21. ... Existe concurso real cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos.?

"En el propio ordenamiento sustantivo estatal, en cuanto a la punibilidad, establece en el segundo p�rrafo de su art�culo 67:

"?Art�culo 67. ... Trat�ndose de concurso real, se impondr� la penalidad correspondiente al delito que tenga se�alada la mayor, misma que podr� aumentarse hasta la suma de las sanciones establecidas para cada uno de los dem�s delitos.?

"Por su parte, el numeral 18 del C�digo Penal para el Distrito Federal prev�:

"?Art�culo 18. ... Existe concurso real, cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos.?

"En cuanto al aspecto punitivo, el ordenamiento local para el Distrito Federal se�ala en el segundo p�rrafo de su precepto 64, que:

"?Art�culo 64. ... En caso de concurso real, se impondr� la pena correspondiente al delito que merezca la mayor, la cual podr� aumentarse hasta la suma de las penas correspondientes por cada uno de los dem�s delitos, sin que exceda de los m�ximos se�alados en el t�tulo segundo del libro primero.?

"De las anteriores transcripciones, se deduce que existe id�ntica regulaci�n en derecho positivo, entre los C�digos Penales para el Estado de G. y del Distrito Federal, ya que coinciden en esencia con los elementos requeridos para tener por demostrado un concurso real de delitos, por dem�s acorde tambi�n con los lineamientos de la doctrina jur�dico-penal, esto es, ante la demostraci�n de cuando un sujeto activo comete varias acciones, temporal y f�cticamente distinguibles entre s�, las que de manera causal y eficiente producen diversas infracciones penales, con resultados a la vez independientes. Por lo que, ante esa diversidad de actos y de resultados lesivos a bienes jur�dicos, se ocasiona la actualizaci�n de una pluralidad de delitos que, de acuerdo a la doctrina, da origen a un concurso real homog�neo (cuando versa en il�citos iguales), o heterog�neo (al tratarse de delitos de distinta naturaleza).

"Ahora bien, por lo que hace al aspecto de las normas de procedimiento que rigen el actuar del Ministerio P�blico y del �rgano judicial, debe destacarse que los art�culos 316, de los C�digos de Procedimientos Penales del Estado de G. y para el Distrito Federal, respectivamente dicen:

"?Art�culo 316. El Ministerio P�blico formular� sus conclusiones por escrito, haciendo una relaci�n sucinta y met�dica de los hechos conducentes, propondr� las cuestiones de derecho que de ellos surjan y citar� las leyes, jurisprudencia, ejecutorias y doctrinas aplicables, terminando su pedimento en proposiciones concretas.?

"?Art�culo 316. El Ministerio P�blico, al formular sus conclusiones, har� una exposici�n sucinta y met�dica de los hechos conducentes, propondr� las cuestiones de derecho que de ellos surjan, citar� las leyes, ejecutorias o doctrinas aplicables y terminar� su pedimento en proposiciones concretas.?

"Asimismo el C�digo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en su art�culo 317, adicionalmente establece diversos requisitos que debe satisfacer el pliego de conclusiones del representante social, sin que exista precepto an�logo en el ordenamiento adjetivo del Estado de G., donde se establece:

"?Art�culo 317. En las conclusiones, que deber�n presentarse por escrito, se fijar� en proposiciones concretas los hechos punibles que se atribuyan al acusado, solicitando la aplicaci�n de las sanciones correspondientes, incluyendo la reparaci�n del da�o y perjuicio, con cita de las leyes y de la jurisprudencia aplicables al caso. Estas proposiciones deber�n contener los elementos de prueba relativos a la comprobaci�n del cuerpo del delito y los conducentes a establecer la responsabilidad penal.?

"Ahora bien, de una interpretaci�n sistem�tica del contenido de los art�culos 316 transcritos, respecto de los requisitos t�cnicos que deben satisfacer las conclusiones del �rgano de acusaci�n, se advierten los siguientes: 1) Que el Ministerio P�blico debe formular sus conclusiones por escrito; 2) Que en ellas deber� efectuar una relaci�n de los hechos demostrados durante el proceso; 3) Deber� proponer las cuestiones de derecho aplicables, a trav�s de la cita de leyes, jurisprudencias, ejecutorias y doctrina aplicables; y, 4) Terminar� su pedimento en proposiciones concretas.

"Es de reiterar el consenso existente en la teor�a del proceso penal, as� como en las disposiciones v�lidas de derecho positivo de la materia, en cuanto a que el acto procesal de la acusaci�n, que se atribuye de manera singular, �nica y circunscrita al agente del Ministerio P�blico, constituye el momento culminante y definitivo de la acci�n penal, la que se actualiza en la etapa final del proceso, y propiamente durante la llamada etapa de juicio, durante la cual deben satisfacerse ciertos requisitos con la finalidad de otorgar al juzgador los elementos indispensables para decir el derecho y resolver la controversia de car�cter penal puesta a su consideraci�n, asimismo, en atenci�n al imperio del Estado de derecho en el que se act�a, as� como en irrestricto acatamiento a los principios de legalidad, seguridad jur�dica, defensa y estricta aplicaci�n de la ley penal, a que se refieren los art�culos 14, 16, 20 y 21 de la Constituci�n General de la Rep�blica, es que deben adecuarse los par�metros establecidos en la petici�n ministerial, puntualizada en el pliego acusatorio, respecto a lo que decida el juzgador al momento de dictar sentencia definitiva que ponga fin a la instancia, de modo que, en prioridad t�cnica, es indispensable que en las conclusiones se contengan los elementos de prueba relativos a la comprobaci�n del cuerpo del delito, para establecer la responsabilidad penal del procesado, con las circunstancias, modificativas o agravantes, que maticen su actuaci�n t�pica, para terminar su pedimento en la forma prevista en los art�culos 316, de los C�digos de Procedimientos Penales para el Estado de G. y para el Distrito Federal, es decir, en proposiciones concretas, que no significa otra cosa, en que la penalidad se encuentre prevista por la ley y sea exactamente aplicable como consecuencia de la conducta atribuida al procesado destacando en forma relevante que la punici�n a aplicar sea expresamente solicitada por el Ministerio P�blico; siendo este �ltimo aspecto, no obstante el car�cter p�blico de la pena, ya que el inter�s com�n que sustenta la imposici�n de sanciones de naturaleza penal no autoriza, ni da margen para el actuar independiente del juzgador, ya que, acorde a los principios de divisi�n de la carga procesal, la autoridad judicial se encuentra imposibilitada para imponer en forma oficiosa la pena, la cual t�cnicamente corresponde solicitarla al Ministerio P�blico conforme a lo dispuesto en el art�culo 21 constitucional, pues de lo contrario se llegar�a a confundir el sistema procesal de acusatorio a inquisitorio, al permitir al �rgano jurisdiccional aplicar sanciones no solicitadas por el Ministerio P�blico, convirti�ndose con ello la autoridad judicial en J. y parte al mismo tiempo, lo cual no debe ser, ya que los juzgadores no est�n capacitados legalmente para introducir en sus fallos elementos o modalidades que no hayan sido motivo de la acusaci�n, como acontece, en la imposici�n de las penas en los concursos de delitos, no solicitada por el representante social, ya que con ello, es obvio que se agravar�a la situaci�n jur�dica del procesado, en virtud de que implican una mayor penalidad, lo que equivale a que el J. invada la �rbita del Ministerio P�blico, a quien por mandato constitucional, corresponde la persecuci�n de los delitos.

"De este modo, conforme a una correcta t�cnica procesal y en estricto apego a las garant�as de legalidad, exacta aplicaci�n de la ley, seguridad jur�dica, defensa para todo individuo sujeto a un proceso de naturaleza penal, y debida actuaci�n de las partes en un procedimiento de esa naturaleza, sustentadas en los preceptos 14, 16 y 20, fracci�n IX, y 21 de la Carta Magna, la actuaci�n de la autoridad judicial al momento de dictar sentencia definitiva, debe estar limitada formal y materialmente a los lineamientos establecidos en el pliego acusatorio del Ministerio P�blico, no existiendo la posibilidad de ir m�s all� del mismo, pues de lo contrario es evidente que se estar�a supliendo la deficiencia de la acusaci�n, en perjuicio del acusado.

Ahora bien, entrando a la materia de la controversia, cuando en la etapa de un proceso penal se acredite en forma indubitable que se est� ante un concurso real de delitos, conforme a los planteamientos indicados, corresponde al �rgano de acusaci�n hacer valer esa circunstancia al momento procesal de puntualizar el ejercicio de la acci�n penal, donde en forma extensiva y consecuente, aunque no por ello menos importante, debe precisar en su pedimento, y desde la perspectiva de su car�cter de parte t�cnica, los elementos que permitan al juzgador imponer las penas que correspondan al actuar t�pico, antijur�dico y culpable del acusado; de modo que, ante la ausencia de alguno de los elementos anotados, no cabe de parte del juzgador subsanar omisi�n alguna de la acusaci�n, toda vez que el Ministerio P�blico como perito en derecho no debe incurrir en omisiones al formular sus conclusiones, por lo que si en el caso, el Ministerio P�blico omiti� efectuar una petici�n expresa sobre la sanci�n que correspond�a imponer al acusado, como resultado de un concurso real delictivo, limit�ndose ante este tema a solicitar la pena como si se tratase de delito singular, lo procedente en tal caso, como de manera adecuada lo estim� el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito, en su tesis sujeta a contradicci�n, era sancionar al sentenciado como responsable de un delito, no obstante que estuviese acreditado el concurso solicitado, sin que dicho juzgador subsanara tal deficiencia de la acusaci�n, conforme a una inexacta interpretaci�n de la potestad del juzgador para sancionar, pues una situaci�n es que �ste guarde la facultad absoluta para hacerlo, al constituir su inmanente raz�n de ser, y otra distinta es que se llegue al extremo de incurrir en arbitrariedad en tanto se sancione por un aspecto que no fue materia de acusaci�n, en detrimento de las garant�as de legalidad, seguridad jur�dica, defensa y de la actuaci�n procesal de las partes, antes referidas.

CUARTO

Los argumentos que sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, cuyos integrantes promueven la presente solicitud, al resolver el amparo directo 605/2003, en la parte que interesa, son del tenor literal siguiente:

... si bien es cierto de acuerdo a lo establecido por el art�culo 59 del C�digo Penal del Estado de M�xico, la responsable, tom� en cuenta las circunstancias objetivas del hecho y las subjetivas del acusado, no menos cierto es, pas� por alto que al imponer las sanciones correspondientes aplic� las reglas del concurso de delitos, sin que as� lo hubiere solicitado el representante social adscrito al juzgado de origen, al formular su respectivo pliego de conclusiones acusatorias, las cuales obran en la causa penal a fojas cuatrocientos sesenta y uno a cuatrocientos setenta, de las que se observa que efectivamente no solicit� y mucho menos motiv� y fundament� la aplicaci�n de las reglas del concurso de delitos, en el sentido de sumar las penas correspondientes a cada uno de los il�citos cometidos por el peticionario de garant�as, ya que dicho �rgano acusador s�lo se�al� lo siguiente: ?I.�n de la pena. Para los efectos de este apartado se podr� apreciar que son de diecinueve y veinti�n a�os de edad, de instrucci�n tercero de secundaria y de programador analista sin sostener a ninguna persona y que a consideraci�n de esta representaci�n social, la conducta que desplegaran los ahora procesados es de considerarse de alta peligrosidad, que como ellos manifiestan su �nico objeto era robar, pero lleg� a tal grado su peligrosidad que le quitaron la vida a otra persona por lo que su peligrosidad oscila entre la media y la m�xima y llegando hasta la segunda. Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted C.J., atentamente formulo las siguientes: Conclusiones: I. Ha lugar a acusar y acuso. II. ... (sic), son penalmente responsables de la comisi�n del delito de homicidio cometido en agravio de ... Por lo que el juzgador al momento de dictar su fallo deber� estar en lo dispuesto por los art�culos 244 y 251 en relaci�n con el 7o., fracci�n I y 11, fracciones II y V, del C�digo Penal vigente. III. ... son penalmente responsables de la comisi�n del delito de robo y asociaci�n delictuosa, cometido en agravio de ... y la seguridad p�blica. Por lo que el juzgador al momento de dictar su sentencia deber� de estar en lo establecido por los art�culos 295, 297, 298, fracci�n V, 299, 301, p�rrafo segundo y 178, en relaci�n con el 7o., fracci�n I y 11, fracciones II y V, del C�digo Penal vigente. IV. Ha lugar a hacer la reparaci�n del da�o en t�rminos de ley. V.A.�stesele p�blicamente a los reos para el efecto de que no reincidan.?. As� pues, si bien es cierto que el juzgador tiene una amplia potestad sancionadora, y que esta facultad constituye una de sus funciones inmanentes, �sta no puede ser absoluta, oficiosa, ni arbitraria, sino que debe ser una consecuencia de la previa solicitud del �rgano acusador, por lo que la S. responsable al aplicar las reglas del concurso de delitos, acumulando las penas que por cada il�cito se le impusieron al impetrante de garant�as, subsan� las deficiencias y omisiones en que incurri� el titular de la acci�n penal, pues ello no fue solicitado por �ste en su pliego de conclusiones, y en consecuencia, la responsable al rebasar la acusaci�n formulada por el Ministerio P�blico, viol� en perjuicio del quejoso sus garant�as de legalidad y seguridad jur�dica. Tiene aplicaci�n al caso, la jurisprudencia n�mero 83, que aparece publicada en la p�gina cincuenta y nueve del Ap�ndice al Semanario J. de la Federaci�n 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, sustentada por la anterior Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver la contradicci�n de tesis n�mero 12/91, que a la letra dice: ?CONCURSO DE DELITOS POR DOBLE HOMICIDIO, RESULTA INAPLICABLE POR EL JUEZ, CUANDO NO LO SOLICIT� EL MINISTERIO P�BLICO. Cuando en la secuela procesal se estima demostrada la existencia de un concurso real de delitos, cualquiera que sea el car�cter de �ste, para que el juzgador de instancia se encuentre en la aptitud de imponer las que correspondan, s�lo por el de mayor entidad o bien acumularlas por cada il�cito demostrado hasta por un monto que queda a su criterio, es evidente que conforme a una correcta t�cnica procesal, dicha actuaci�n judicial debe sustentarse a los lineamientos del pliego de conclusiones del Ministerio P�blico, quien es el titular indiscutible de la acci�n penal, mismo que por ser un �rgano t�cnico, no corresponde al J. subsanar sus deficiencias u omisiones, de manera que si en la acusaci�n omite esgrimir pedimento alguno para sancionar al procesado como responsable de un concurso real de delitos, a pesar de la prueba de �ste, es obvio que dicho funcionario judicial se encuentra legalmente impedido para sancionar por ese concepto, por no existir acusaci�n de parte de quien correspond�a hacerla. En efecto, conforme al art�culo 21 constitucional, el juzgador tiene una amplia potestad sancionadora, la cual constituye una de sus funciones inmanentes, sin embargo, la misma no puede ser absoluta, oficiosa, ni arbitraria, pues atento a los principios de legalidad, exacta aplicaci�n de la ley penal, de defensa para un procesado y de equilibrio procesal de las partes, que se deducen de los preceptos 14, 20 y 21 de la Carta Magna, esa actuaci�n punitiva judicial debe ser consecuencia de previa petici�n por parte del titular de la acci�n penal; de modo que, cuando �ste omita efectuar consideraci�n a ese respecto, no cabe justificar la imposici�n de las penas, subsanando la deficiencia ministerial, en detrimento a las garant�as del acusado pues el argumento de que solamente corresponde a la autoridad judicial la imposici�n de las penas, deviene ineficaz en raz�n de que �sta, como se ha dicho, no es arbitraria, sino acorde y consecuente a una normatividad y a un Estado de derecho en vigor, pues admitir lo contrario equivaldr�a a trastocar el sistema penal vigente hacia una postura eminentemente inquisitiva.?. En estas condiciones, lo procedente es conceder al quejoso ... el amparo y protecci�n de la Justicia Federal, para el efecto de que la S. responsable deje insubsistente la resoluci�n reclamada por cuanto a dicho peticionario de garant�as se refiere, y siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria dicte una nueva, en la que dejando intocado lo relativo al acreditamiento del cuerpo de los delitos de homicidio y robo calificado con violencia en casa habitaci�n, previstos y sancionados porlos art�culos 244, 246, 295, en relaci�n con el 299 y 301, p�rrafo segundo, del C�digo Penal para el Estado de M�xico, vigente en la �poca en que sucedieron los hechos, as� como su responsabilidad penal en la comisi�n de dichos il�citos, grado de peligrosidad estimado, y atendiendo al pliego de conclusiones del Ministerio P�blico, deje de aplicar las reglas del concurso de delitos e imponga al acusado, la pena del delito de mayor entidad.

QUINTO

Los argumentos esgrimidos por los promoventes para solicitar la modificaci�n de la jurisprudencia 1a./J. 5/93, en la parte que interesa, son del tenor literal siguiente:

"Ninguno de los anteriores respetables argumentos, a nuestro juicio, resulta v�lido.

"Veamos:

"a) En relaci�n con el primero, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n como los Tribunales Colegiados de Circuito han reiteradamente sostenido que el determinar el grado de culpabilidad as� como la gravedad del delito, corresponde �nica y exclusivamente al �rgano jurisdiccional, sin que para tal efecto se encuentre vinculado a las consideraciones que formule el Ministerio P�blico en su pliego acusatorio.

"Al respecto, son de citarse las siguientes tesis:

"Quinta �poca, Primera S., Semanario J. de la Federaci�n, Tomo LXXXV, p�gina 1078.

"?CULPABILIDAD DEL REO, AL JUEZ CORRESPONDE FIJAR SU GRADO. Basta para cumplir con el requisito del art�culo 21 constitucional, que el agente del Ministerio P�blico se�ale al reo responsable del delito, puesto que este concepto legal s�lo establece que la persecuci�n de los delitos incumbe al Ministerio P�blico, lo que indica que es a esta instituci�n a la que corresponde presentar su acusaci�n por delito que se juzgue cometido; pero si el propio precepto constitucional determina tambi�n que la imposici�n de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial, y si la pena que debe imponerse tendr� que estar de acuerdo con el grado de culpabilidad en que haya incurrido el acusado, evidentemente que es a la autoridad judicial y no al Ministerio P�blico, a quien corresponde fijar el grado de culpabilidad.

"?Amparo penal directo 2646/45. Nieto R.�guez J.. 13 de agosto de 1945. Unanimidad de cinco votos. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente.?

"Quinta �poca, Primera S., Informes 1930, p�gina 110.

"?PENAS, FACULTAD DE IMPONERLAS. Si bien el ejercicio de la acci�n penal corresponde al Ministerio P�blico, la imposici�n de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial, de donde se deriva la facultad para los tribunales, de fijar el grado de responsabilidad y aplicar la penal que las leyes se�alan, sin estar obligados a sujetarse de modo estricto, al pedimento del Ministerio P�blico.

"?Amparo 4743/27. J.T.. La publicaci�n no menciona la fecha de resoluci�n, el sentido de la votaci�n ni el nombre del ponente.?

"Quinta �poca, Pleno, Semanario J. de la Federaci�n, Tomo XVI, p�gina 275.

"?ACCI�N PENAL. Si al ejercitarla el Ministerio P�blico, deja en libertad a los tribunales para fijar la pena que corresponda, la fijaci�n que de esa pena hagan los mismos tribunales, no puede reputarse violatoria del art�culo 21 constitucional.

"?Amparo penal directo. T.J.. 14 de febrero de 1925. Mayor�a de siete votos. Disidente: S.M.O. y S.U.. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente.?

"Quinta �poca, Primera S., Semanario J. de la Federaci�n, Tomo XXXII, p�gina 86.

"?PENAS, GRADUACI�N DE LAS. Conforme al art�culo 21 constitucional, el ejercicio de la acci�n penal corresponde al Ministerio P�blico, pero la imposici�n de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial; de aqu� se deriva la facultad para los tribunales, de fijar el grado de responsabilidad y aplicar la pena que las leyes se�alan, con la sola taxativa de que la condena no rebase los l�mites de la acusaci�n, ni exceda la pena que se imponga, de la que determina la ley para el delito. Si pues el Ministerio P�blico acusa por un delito de culpa, y el sentenciador califica esta culpa de grave, no existe ninguna violaci�n.

"?Amparo penal directo 1304/28. T.A.I.. 7 de mayo de 1931. Unanimidad de cinco votos. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente.?

"Quinta �poca, Primera S., Semanario J. de la Federaci�n, Tomo L, p�gina 872.

"?MINISTERIO P�BLICO, SU APRECIACI�N, NO ES DECISIVA EN CUANTO A LA DETERMINACI�N DE LA PENA. No es facultad del Ministerio P�blico fijar, en forma precisa, la pena aplicable, ni, por lo tanto, pedir la reducci�n de la misma al minimun, porque la aplicaci�n de las penas es facultad privativa de los Jueces, en la sentencia y de los tribunales de segunda instancia, al resolver en el recurso de apelaci�n, de conformidad con el art�culo 21 constitucional, en contraposici�n al Ministerio P�blico, cuya misi�n es la de perseguir a los responsables de un hecho delictuoso; y por tanto, la autoridad judicial est� facultada para no imponer el minimun de la penal, cuando la pida el Ministerio P�blico.

"?Amparo penal directo 2416/36. Su�rez F.. 4 de noviembre de 1936. Unanimidad de cuatro votos. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente.?

"Quinta �poca, Primera S., Semanario J. de la Federaci�n, Tomo LXXV, p�gina 1816.

"?PENAS, IMPOSICI�N DE LAS. La circunstancia de que el Ministerio P�blico haya pedido una pena menor que la que se impuso al quejoso, no es motivo para suponer que el fallo condenatorio sea anticonstitucional, porque conforme al art�culo 21 del C�digo Fundamental de la Rep�blica, la persecuci�n de los delitos incumbe al Ministerio P�blico, y por lo mismo, a �ste corresponde fijar la naturaleza del delito por el cual acusa, pero la imposici�n de la pena que corresponde a este delito es atribuci�n propia y exclusiva de la autoridad judicial, seg�n lo determina el mismo art�culo 21 constitucional.

"?Amparo penal directo 3312/42. H.�ndez L.. 22 de enero de 1943. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Te�filo O. y Leyva. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente.?

"S�ptima �poca, Primera S., Semanario J. de la Federaci�n, Volumen 82, Segunda Parte, p�gina 34.

"?PENA INDIVIDUALIZACI�N DE LA. PELIGROSIDAD. ARBITRIO JUDICIAL. Ninguna garant�a se viola en perjuicio del inculpado al tener en consideraci�n los informes, de lo que aparece que fue internado en diversas ocasiones, por otros tantos delitos, y sentenciado, sirvi�ndose la autoridad de instancia de tales informes, no para tener dicho inculpado como reincidente o habitual, sino �nicamente para demostrar su mala conducta, y en consecuencia su peligrosidad, para individualizar la pena en grado m�ximo aunque no lo hubiera solicitado as� el Ministerio P�blico en sus conclusiones, toda vez que la autoridad jurisdiccional es la que, conforme a su prudente arbitrio y con base en las constancias de autos, determina la temibilidad de un sujeto activo.

"?Amparo directo 2986/75. L.G.�a P.. 10 de octubre de 1975. Cinco votos. Ponente: E.A. �lvarez.?

"Quinta �poca, Primera S., Semanario J. de la Federaci�n, Tomo CXVII, p�gina 1630.

"?CONCLUSIONES DEL MINISTERIO P�BLICO, NO VINCULAN AL JUEZ. El �rgano jurisdiccional, de acuerdo con su arbitrio, al sancionar el injusto t�pico no est� obligado a se�alar la pena sugerido por el Ministerio P�blico y a conceder la condena condicional, si la pena impuesta excede de la que se�ala como presupuesto el precepto que establece la suspensi�n condicional de la pena, sin que pueda decirse, que en la individualizaci�n de la misma hubiera rebasado el �mbito de la acusaci�n.

"?Amparo directo 1402/49. Por acuerdo de la Primera S., de fecha 8 de junio de 1953, no se menciona el nombre del promovente. 22 de julio de 1953. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: L.G.C.R.. Ponente: Te�filo O. y Leyva.?

"Novena �poca, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario J. de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo IX, marzo de 1999, p�gina 1412, tesis V.1o.35 P.

"?INDIVIDUALIZACI�N DE LA PENA. NO ENTRA�A SUPLENCIA DE LAS CONCLUSIONES QUE EL JUEZ CONSIDERA CIRCUNSTANCIAS NO PROPUESTAS POR EL MINISTERIO P�BLICO, SI LAS MISMAS EST�N ACREDITADAS EN EL PROCESO (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE SONORA). Atento al art�culo 280 del C�digo de Procedimientos Penales del Estado de Sonora, el Ministerio P�blico est� obligado a fijar en proposiciones concretas, entre otras cosas, las circunstancias que deben tomarse en cuenta para individualizar la pena o medida; empero, esa obligaci�n no restringe ni excluye la que tiene a su vez el J., de establecer la temibilidad del reo y la sanci�n que le corresponda, pues as� lo ordenan los art�culos 56 y 57 del C�digo Penal del mismo Estado, que disponen, entre otras cuestiones, que el juzgador al dictar sentencia, fijar� la sanci�n que estime justa, conforme a su prudente arbitrio y dentro de los l�mites que el propio c�digo establece, sin que al cumplir con esa obligaci�n se pueda sostener que al tomar en consideraci�n cuestiones acreditadas en el proceso, que no fueron precisadas en las conclusiones acusatorias, est� supliendo incorrectamente la deficiencia de tales conclusiones, pues s�lo acata y satisface la obligaci�n que le imponen los art�culos 56 y 57 en comento.

"?PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.

"?Amparo directo 660/98. R.C.M.�nez. 10 de diciembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: A.M.�a S.O. de Torres. Secretario: L.H.M..?

"Por tanto consideramos inexacta la afirmaci�n que se hace en la ejecutoria que se comenta en el sentido de que en las conclusiones acusatorias del Ministerio P�blico, �ste debe destacar expresamente la punici�n a aplicar. Am�n de que, si por punici�n entendemos la ?fijaci�n de la particular y concreta privaci�n o restricci�n de bienes del autor del delito, realizada por el J. para reafirmar la prevenci�n general y determinada cuantitativamente por la magnitud de la culpabilidad.? (Islas de G.M., O.. An�lisis l�gico de los delitos contra la vida. P�g. 23). Tendr�amos que entender que en dicho pliego conclusivo el representante social tendr�a no solamente que considerar el grado de culpabilidad y la gravedad del delito sino incluso la pena concreta y espec�fica que considera le corresponde al acusado, cuando en la pr�ctica tal representaci�n social se limita a solicitar la aplicaci�n de los preceptos que prev�n la punibilidad que les corresponde a los delitos atribuidos al acusado, en virtud de estimar que es s�lo al J. al que corresponde ponderar la referida culpabilidad y la gravedad del delito, y que en todo caso las consideraciones que el Ministerio P�blico vierta sobre el particular no son vinculantes para el juzgador.

"b) Con respecto al segundo argumento, en principio, no compartimos la impl�cita clasificaci�n de acusatorio que, de nuestro procedimiento penal realiza la respetable ejecutoria en comento, pues sobre el particular m�s bien convenimos con los que la catalogan como un sistema mixto en virtud de que considera tanto elementos del r�gimen inquisitorio como acusatorio. Adem�s cuando el Ministerio P�blico en su pliego conclusivo, una vez determinado que el acusado es responsable de varios delitos, solicita la aplicaci�n de las penas que le correspondan por cada uno de ellos (sin invocar la existencia de un concurso real de delitos ni la regla conducente de aplicaci�n de las penas), y el J. procede conforme a lo pedido, realizando la suma de cada una de las penas impuestas por cada delito, teniendo como l�mite el extremo m�ximo de punibilidad que establece el c�digo de la materia, para el delito de mayor gravedad (como lo indica la citada regla); tal proceder no conlleva la imposici�n de sanciones no solicitadas por el representante social, ni menos a�n de penas m�s graves a las pedidas, por el contrario, s�lo se imponen las penas solicitadas y en algunos casos (cuando la suma de las penas excede del l�mite aludido) se aplica una pena m�s benigna de la pedida. Por tanto, no existe rebasamiento de lo solicitado por el Ministerio P�blico. Luego la conclusi�n (en el sentido de que la actuaci�n del juzgador transforma el sistema acusatorio en inquisitivo), que la resoluci�n en estudio deriva de esa inexacta premisa, nos parece inacertada.

"c) T. al tercer argumento, ha de precisarse que la facultad exclusiva del Ministerio P�blico de perseguir delitos, prevista en el numeral 21 de la Ley Suprema del que err�neamente se deriva del procedimiento inquisitivo que imperaba en aquella �poca, en tanto que los Jueces eran los encargados de averiguar los delitos, recabar las pruebas y decidir finalmente la inocencia o culpabilidad del reo, con el consecuente detrimento en la imparcialidad de la justicia, puesto que en las relatadas condiciones es evidente, el peligro del J. de ser parcial, pues s�lo raras veces el que ha averiguado y recabado pruebas est� en condiciones de apreciar su resultado en forma imparcial. Pero, desde luego, no puede considerarse que el �rgano jurisdiccional deje de ser parcial, s�lo porque en ejercicio de su plena autonom�a y jurisdicci�n, una vez que ha determinado que alguien es penalmente responsable de varios delitos, imponga las penas que correspondan, aunque el Ministerio P�blico no hubiera invocado en su pliego conclusivo:

"1. Se estaba en presencia de un concurso de delitos, ni

"2. El fundamento que regula la imposici�n de las penas en este particular supuesto.

"Por lo anterior, estimamos es perfectamente v�lida la interpretaci�n que en el voto particular de la ejecutoria comentada se realiza del art�culo 21 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, as� como correcta la tesis sustentada por la otrora Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, localizable a foja 86, Vol�menes 181-186 de la S�ptima �poca, del Semanario J. de la Federaci�n de rubro: ?PENAS, ACUMULACI�N DE. ES FUNCI�N EXCLUSIVA DEL �RGANO JURISDICCIONAL.?, en el sentido de que la atribuci�n propia y exclusiva del juzgador para la aplicaci�n de las penas, no requiere que se invoquen en el pliego de conclusiones, las dos circunstancias referidas, para que el �rgano jurisdiccional imponga la pena que corresponda conforme a la regla que regula la imposici�n de sanciones en caso de concurso de delitos.

"Ahora bien, el que el representante social incurra en las omisiones apuntadas, de acuerdo con las normas procesales que regulan el contenido del pliego de conclusiones (al margen de que, como ya se apunt�, tales normas no tienen el alcance de exigir que se precise la punici�n a aplicar), s�lo significa eso, que se est� en presencia de un pedimento defectuoso, en todo caso por exceso y falta de fundamento, empero de tal circunstancia no se sigue necesariamente que el referido error de car�cter t�cnico en que incurre el agente del Ministerio P�blico, debe derivar en dejar impune alguno de los delitos (en caso de ser dos) o todos menos uno (en caso de ser m�s de dos), de los cometidos por el acusado.

"Al respecto la actual integraci�n del honorable Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha dicho: ?Todo rigorismo t�cnico debe estar subordinado siempre a la observancia del fin supremo esencial de impartir justicia? (contradicci�n de tesis 30/90, del Tribunal Pleno). Incluso la H. Primera S. ha considerado que no toda deficiencia en el pliego acusatorio (como lo podr�a ser el que se omita citar el art�culo 13 del C�digo Penal Federal o no se invoque la fracci�n o fracciones respectivas para delimitar el grado de autor�a o participaci�n del acusado, cuando se contienen los razonamientos y la relaci�n de las pruebas que los apoyen, de tal manera que queda claro a qu� supuesto de los previstos en las diversas fracciones se refiere la acusaci�n CT. 8/94) deja en estado de indefensi�n al acusado, ni impide al juzgador en sentencia se pronuncie al respecto. Ciertamente, adem�s de establecer que las conclusiones de la referida manera elaboradas no cumplen con los preceptos que regulan su formulaci�n, lo importante es constatar, si como lo afirma la respetable resoluci�n en estudio, el proceder del J. al obsequiar lo que solicita el Ministerio P�blico, o incluso menos, y sumar las penas de cada uno de los delitos (sin traspasar el l�mite previsto en la ley), sin haber �ste destacado en sus conclusiones acusatorias que se trataba de un concurso de delitos ni fundamentar su petici�n para que se sumen las penas de cada uno de ellos; infringe las garant�as de legalidad, seguridad jur�dica, defensa y estricta aplicaci�n de la ley penal a que se refieren los art�culos 14, 16, 20, fracci�n IX y 21 de la Constituci�n General de la Rep�blica.

"En efecto, en las legislaciones (como son las que se tomaron en consideraci�n en la comentada contradicci�n de tesis y en el referido amparo directo n�mero 605/2003), en las que se le concede discrecionalmente al juzgador la facultad de decidir si aumenta o no la pena del delito mayor con la suma de las correspondientes a los dem�s delitos, si el J. decide hacerlo deber� exponer las razones que tuvo para ello, porque de lo contrario la determinaci�n de dicha pena, estar� inmotivada. De igual manera, tambi�n ser�a violatorio del principio de legalidad el proceder del juzgador cuando imponga la resultante de la suma de las penas de cada uno de los delitos si �sta excede del m�ximo permitido por la ley. Sin embargo, no advertimos c�mo se pueda razonar que el juzgador infringe la garant�a de legalidad cuando, sin incurrir en estas deficiencias, obra como se ha rese�ado y para aducir tal infracci�n se invoca como �nico argumento las omisiones se�aladas del pliego acusatorio; pues no existe disposici�n legal que indique de manera expresa ni impl�cita que ante tales deficiencias, el juzgador s�lo podr� imponer la pena correspondiente a un delito como lo precisa la respetable ejecutoria de m�rito, dejando impune el resto.

"Asimismo, tampoco advertimos que s�lo podr�a violentarse garant�a de seguridad jur�dica alguna (entendidas �stas como el conjunto de modalidades jur�dicas a que tiene que sujetarse un acto de cualquier autoridad para producir v�lidamente, desde el punto de vista jur�dico la afectaci�n de los derechos de una persona), puesto que como ya se explic�, inexiste norma alguna que condicione el obrar del J. a que el Ministerio P�blico en sus conclusiones precise la ?punici�n a aplicar?, o a que exprese que se est� en presencia de un concurso de delitos o a que invoque el precepto que regula en este supuesto la aplicaci�n de penas; y si, por el contrario, la norma constitucional expresa que ?la aplicaci�n de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial?.

"La garant�a de defensa tampoco la vemos menguada con el proceder del J., pues al solicitar el Ministerio P�blico en sus conclusiones la aplicaci�n de cada una de las penas (omitiendo la referencia de que est� en presencia de un concurso de delitos y la regla respectiva reguladora de la aplicaci�n de sanciones en este supuesto) no le impide al inculpado ni a su defensa realizar las consideraciones pertinentes sobre este t�pico, como podr�a ser, que en su caso, s�lo se le impusiese la pena por el delito de mayor cantidad y no por el resto, de acuerdo precisamente a la regla antes indicada. Esto es, la sola menci�n que se realice en el pliego de conclusiones en el sentido de considerar al acusado como penalmente responsable de 2 o m�s delitos, y el pedimento de que se apliquen las normas que contienen las respectivas punibilidades, ya que le permiten a la defensa formular las consideraciones pertinentes, porque las reglas que regulan la individualizaci�n de las sanciones en esos supuestos se encuentran contenidas en la ley no en el pedimento ni en los razonamientos del Ministerio P�blico.

"Menos a�n vemos c�mo, el proceder deljuzgador, en el supuesto que nos ocupa podr�a vulnerar la garant�a de exacta aplicaci�n de la ley (nulla poena, nullum delictum sine lege), bajo el argumento de que las conclusiones del �rgano de acusaci�n adolece de esas omisiones. Si el juzgador impone al acusado el total de la suma de cada una de las penas de los delitos, sin exceder el l�mite establecido en la ley, y razona justificadamente el porqu� de la adici�n del resto de las penas a la pena del il�cito que merezca la pena mayor, no se infringe ni la garant�a de legalidad ni la de exacta aplicaci�n de la ley penal, a pesar de las omisiones relatadas en el pliego acusatorio; puesto que, estar�a aplicando exactamente la punibilidad prevista para ese concurso de delitos. En otras palabras, las omisiones de referencia, no hacen que la citada imposici�n sea infundada, como tampoco que la pena que imponga el J. no sea la que la norma jur�dica prev� para ese caso.

"d) En relaci�n con el cuarto argumento, como ya creemos haber evidenciado l�neas atr�s, es inexacto que resulte m�s grave la aplicaci�n de la regla especial que regula la aplicaci�n de sanciones en casos de concurso (otorgando al J. la facultad discrecional de sancionar s�lo por el delito que tenga la pena mayor o adicionar a �sta las penas correspondientes a los dem�s delitos hasta cierto l�mite) con respecto a las penas solicitadas por el Ministerio P�blico en sus conclusiones (sin precisar que se est� ante un concurso real de delitos ni la mencionada regla especial), por el contrario, conforme a aquella regla, el J. puede sancionar s�lo el delito que tenga la pena mayor y en caso de que decida acumularlas, �stas no pueden exceder de cierto l�mite; lo cual en ciertos casos, pudiera no acontecer de acatar puntualmente el pedimento del representante social, pues conforme a esto se tendr�an necesariamente que sumar todas las penas de cada uno de los delitos sin l�mite alguno.

"Ahora bien, aun reconociendo que el juzgador ante el supuesto que nos ocupa (conclusiones defectuosas en los t�rminos tantas veces planteados) al precisar en su sentencia que se est� en presencia de un concurso de delitos y aplicar la multicitada regla especial corrige de cierta manera el defectuoso pliego petitorio, de ello no se sigue jur�dicamente que tal suplencia sea indebida, m�s a�n no si se considera, como nosotros lo hacemos, que tal proceder qued� debidamente amparado en la norma constitucional que establece: ?La imposici�n de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial?. Algo an�logo acontece con la correcci�n que realiza el juzgador del encuadramiento legal de los hechos realizado por el Ministerio P�blico al momento de promover el ejercicio de la acci�n penal, cuando el �rgano jurisdiccional decide dictar la orden de aprehensi�n o el auto de formal prisi�n por un delito diverso al considerado por el Ministerio P�blico aunque los hechos sean los mismos. Luego, lo indebido es que so pretexto de esa deficiencia el juzgador: a) abdique de esa facultad discrecional de aplicar la pena correspondiente al delito que merece la mayor y adicionante la pena de los dem�s il�citos, cuando considera que hay razones para hacerlo (sistema de la acumulaci�n jur�dica), o b) incluso ya en algunas legislaciones como la del Estado de M�xico o la Federal, desacate la norma que le ordena realizar tal adici�n, hasta cierto l�mite (sistema de acumulaci�n material o aritm�tica como l�mite).

Finalmente, en el tema que nos ocupa en el cual cobra especial importancia el tan debatido problema de la impunidad, no podemos desconocer la ineficacia y falta de preparaci�n, salvo contadas excepciones, que prevalece en los agentes del Ministerio P�blico adscritos a los Juzgados tanto Federales como Locales, lo que origina que a pesar de los m�s de 10 a�os que tiene en vigor la jurisprudencia 1a./J. 5/93, siguen incurriendo en las multicitadas omisiones, lo que genera que su aplicaci�n, se traduzca en un dejar sin castigo muchos delitos.

SEXTO

Previo a determinar la conveniencia de hacer la modificaci�n solicitada, es necesario determinar cu�les son los alcances de la facultad que la Ley de Amparo otorga a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n para modificar la jurisprudencia.

Para ello, se hace necesario tener presente lo establecido en los art�culos 194 y 197 de la ley de la materia, cuyo texto es el siguiente:

"Art�culo 194. La jurisprudencia se interrumpe dejando de tener car�cter obligatorio, siempre que se pronuncie ejecutoria en contrario por ocho Ministros, si se trata de la sustentada por el Pleno; por cuatro, si es de una S., y por unanimidad de votos trat�ndose de la de un Tribunal Colegiado de Circuito.

"En todo caso, en la ejecutoria respectiva deber�n expresarse las razones en que se apoye la interrupci�n, las cuales se referir�n a las que se tuvieron en consideraci�n para establecer la jurisprudencia relativa.

"Para la modificaci�n de la jurisprudencia se observar�n las mismas reglas establecidas por esta ley, para su formaci�n."

"Art�culo 197. Cuando las S.s de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, cualquiera de dichas S. o los Ministros que las integren, el procurador general de la Rep�blica o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la misma Suprema Corte de Justicia, la que decidir� funcionando en Pleno cu�l es la tesis que debe observarse. El procurador general de la Rep�blica, por s� o por conducto del agente que al efecto designe, podr�, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta d�as.

"La resoluci�n que se dicte no afectar� las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias.

"El Pleno de la Suprema Corte deber� dictar la resoluci�n correspondiente dentro del t�rmino de tres meses, y deber� ordenar su publicaci�n y remisi�n en los t�rminos previstos por el art�culo 195.

"Las S. de la Suprema Corte de Justicia y los Ministros que las integren y los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren, con motivo de un caso concreto podr�n pedir al Pleno de la Suprema Corte o a la S. correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificaci�n; el procurador general de la Rep�blica, por s� o por conducto del agente que al efecto designe, podr�, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta d�as. El Pleno o la S. correspondiente resolver�n si modifican la jurisprudencia, sin que su resoluci�n afecte las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios en las cuales se hubiesen dictado las sentencias que integraron la tesis jurisprudencial modificada. Esta resoluci�n deber� ordenar su publicaci�n y remisi�n en los t�rminos previstos por el art�culo 195."

De las disposiciones legales antes transcritas, se desprende la facultad del Tribunal Pleno y de las S.s de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, para modificar la jurisprudencia que tengan establecida atendiendo a las razones que se expresen para justificar la solicitud de modificaci�n; para lo cual, como requisitos formales, se requiere �nicamente que la solicitud provenga de parte leg�tima, que previamente se haya resuelto el caso concreto que la motiva y que se expresen las argumentaciones jur�dicas en que se apoya la pretensi�n de modificaci�n.

Cabe destacar que, como es f�cil advertir del �ltimo p�rrafo del art�culo 194 antes transcrito, en este precepto la palabra "modificaci�n" no est� constre�ida a su significado literal que solamente permitir�a tocar los elementos accidentales de la jurisprudencia sin alterar su esencia, pues es claro que el proceso ah� previsto permite el cambio total de lo anteriormente sostenido; se trata de interrumpir un criterio jur�dico para sustituirlo por otro nuevo que puede ser, inclusive, en sentido contrario al que se abandon�.

Luego, conforme a la intenci�n del legislador, "modificar la jurisprudencia" significa cambiar de criterio, interrumpir la obligatoriedad de una tesis y emitir otra nueva que la sustituye.

Ahora bien, es importante se�alar que la jurisprudencia como instituci�n constitucional y jur�dica tiene, como un primer efecto, la interpretaci�n de las leyes que regulan el marco de actuaci�n de las autoridades y las relaciones entre particulares, y entre �stos con los �rganos del Estado; y como una segunda consecuencia, de igual trascendencia, el dar certeza jur�dica a trav�s del establecimiento de un criterio obligatorio que vincula de manera general a su observancia.

De ello se sigue que frente a lo est�tico de las disposiciones normativas y ante la necesidad de adecuar a las circunstancias actuales la interpretaci�n de las leyes, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n cuenta con facultades ampl�simas para transformar el criterio jurisprudencial respecto del cual se solicita su modificaci�n, sin mayor limitaci�n que la de interpretar la ley y establecer la regla jur�dica a aplicar; pues de restringir dichas facultades al an�lisis de las cuestiones particulares que se analizaron en los casos concretos que dieron lugar a la tesis de jurisprudencia, equivaldr�a a convertir en letra muerta las normas legales que crean la figura de la modificaci�n de jurisprudencia.

Lo anterior no implica, en modo alguno, desconocer las reglas que para la formaci�n de la jurisprudencia se�ala la ley, en tanto que, como ya qued� se�alado, en el caso se encuentran satisfechos los requisitos formales relativos.

Encuentra apoyo lo anterior en la tesis cuyos rubro, texto y datos de identificaci�n, a continuaci�n se indican:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIX, mayo de 2004

"Tesis: P. XIII/2004

"P�gina: 142

"JURISPRUDENCIA. ALCANCES DE LA FACULTAD DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N PARA MODIFICARLA. Los art�culos 194 y 197 de la Ley de Amparo, facultan al Tribunal Pleno y a las S.s de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n para modificar su jurisprudencia, para lo cual, como requisitos formales, se requiere solicitud de parte leg�tima, que previamente se haya resuelto el caso concreto y que se expresen las argumentaciones jur�dicas en que se apoya la pretensi�n de modificaci�n. Ahora bien, la palabra ?modificaci�n? contenida en el indicado art�culo 194, no est� constre�ida a su significado literal, conforme al cual s�lo podr�an cambiarse los elementos accidentales de la jurisprudencia sin alterar su esencia, sino que permite el cambio total de lo anteriormente sostenido, esto es, se trata no s�lo de interrumpir un criterio jur�dico, sino sustituirlo por otro que puede ser, inclusive, en sentido contrario, de manera que acorde con la intenci�n del legislador, ?modificar la jurisprudencia? significa cambiar de criterio, interrumpir la obligatoriedad de una tesis y emitir una nueva que la sustituya. Asimismo, es importante se�alar que la jurisprudencia tiene, como primer efecto, la interpretaci�n de las leyes que regulan el marco de actuaci�n de las autoridades y las relaciones entre particulares, as� como entre �stos y los �rganos del Estado y, como segunda consecuencia, de igual trascendencia, dar certeza jur�dica a trav�s del establecimiento de un criterio obligatorio que vincule de manera general, de lo que se sigue que frente a lo est�tico de las disposiciones normativas y ante la necesidad de actualizar su interpretaci�n la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n cuenta con facultades ampl�simas para transformar el criterio jurisprudencial respecto del cual se solicita su modificaci�n.

Solicitud de modificaci�n de jurisprudencia 3/2002. Magistrados integrantes del D�cimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 9 de marzo de 2004. Unanimidad de diez votos. Ausente: M.A.G.�itr�n. Ponente: G.I.O.M.. Secretaria: Mar�a D.O.�a R.�rez.

Ahora bien, trat�ndose de la modificaci�n de una jurisprudencia emanada de una contradicci�n de tesis, como es el caso que nos ocupa, el pronunciamiento de la S. debe constre�irse al an�lisis concreto del tema jur�dico respecto del cual los �rganos contendientes sustentaron criterios discrepantes, lo que se traduce en que ello s�lo puede hacerse tomando en cuenta el tema o punto de contradicci�n que dio lugar a la misma, es decir, la materia se encuentra delimitada por las situaciones jur�dicas que de manera concreta se analizaron en la denuncia de contradicci�n de tesis relativa.

Ello es as�, en virtud de que, de abordarse aspectos jur�dicos ajenos a los analizados en la contradicci�n de tesis relativa, se dar�a lugar a la creaci�n de jurisprudencia en una forma no prevista por la Ley de Amparo.

As� pues, la materia de la modificaci�n de jurisprudencia se encuentra delimitada por el tema de la contradicci�n de tesis que le dio origen, sin poder abordar aspectos diversos que impliquen adiciones al criterio original o la soluci�n de planteamientos jur�dicos diversos.

S�PTIMO

De las consideraciones que sustentaron la ejecutoria de la Primera S. de este M�ximo Tribunal, en su anterior integraci�n, que dio lugar a la tesis de jurisprudencia cuya modificaci�n se solicita, se desprende que a fin de que el �rgano jurisdiccional pueda punir en sentencia un concurso real de delitos conforme a la regla establecida en el c�digo de la materia, deben concurrir las siguientes circunstancias:

  1. Que el Ministerio P�blico debe proponer las cuestiones de derecho aplicables, y terminar su pedimento en proposiciones concretas, lo cual significa que la penalidad se encuentre prevista por la ley y sea exactamente aplicable como consecuencia de la conducta atribuida al procesado, destacando en forma relevante que la punici�n a aplicar debe ser expresamente solicitada por el Ministerio P�blico;

  2. Que el permitir al �rgano jurisdiccional aplicar sanciones no solicitadas por el Ministerio P�blico convierte a aqu�l en J. y parte, y transforma el sistema procesal de acusatorio a inquisitorio;

  3. Que ese proceder infringe las garant�as de legalidad, seguridad jur�dica, defensa y estricta aplicaci�n de la ley penal a que se refieren los art�culos 14, 16, 20, fracci�n IX y 21 de la Constituci�n General de la Rep�blica; y,

  4. Que la imposici�n de penas en los concursos de delitos a trav�s de la regla especial, no solicitada por el representante social, agrava la situaci�n jur�dica del procesado, en virtud de que implican una mayor penalidad, supliendo la deficiencia de la acusaci�n en su perjuicio.

Contra los argumentos reci�n sintetizados se pronunci� el Magistrado que suscribi� la solicitud de modificaci�n de jurisprudencia, y al respecto manifest� lo siguiente:

  1. Respecto a las consideraciones sintetizadas en el primer inciso, referentes a que el Ministerio P�blico debe proponer en su pedimento conclusivo, expresamente, la punici�n aplicable; manifest� que tanto esta Suprema Corte como los Tribunales Colegiados de Circuito han sostenido reiteradamente que el determinar el grado de culpabilidad as� como la gravedad del delito, corresponde �nica y exclusivamente al �rgano jurisdiccional, sin que para tal efecto se encuentre vinculado a las consideraciones que formule el Ministerio P�blico en su pliego acusatorio. Para apoyar tales argumentos, el promovente transcribi� diversas tesis aisladas de la Primera S. y del Pleno de este Alto Tribunal, correspondientes a la Quinta �poca del Semanario J. de la Federaci�n, as� como una diversa tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, relativa a la Novena �poca del propio Semanario.

    Asimismo, afirm� que no puede establecerse que en las conclusiones acusatorias del Ministerio P�blico se deba destacar expresamente la punici�n a aplicar. Toda vez que si por punici�n se entiende la fijaci�n, por el J., de la particular y concreta privaci�n o restricci�n de bienes del autor del delito, determinada cuantitativamente por la magnitud de la culpabilidad, se deber�a entender que en dicho pliego conclusivo, el representante social tendr�a no solamente que considerar el grado de culpabilidad y la gravedad del delito, sino incluso la pena concreta y espec�fica que considere le corresponde al acusado. Lo que ser�a inadmisible, toda vez que s�lo al J. corresponde ponderar la referida culpabilidad y la gravedad del delito, y en todo caso las consideraciones que el Ministerio P�blico vierta sobre el particular no son vinculantes para el juzgador.

  2. Por lo que se refiere a las consideraciones sintetizadas en segundo lugar, respecto a que al permitir al �rgano jurisdiccional aplicar sanciones no solicitadas por el Ministerio P�blico convierte a aqu�l en J. y parte, y transforma el sistema procesal de acusatorio a inquisitorio, afirm� que cuando el Ministerio P�blico en su pliego conclusivo, una vez determinado que el acusado es responsable de varios delitos, solicita la aplicaci�n de las penas que le correspondan por cada uno de ellos (sin invocar la existencia de un concurso real de delitos ni la regla conducente de aplicaci�n de las penas), y el J. procede conforme a lo pedido, realizando la suma de cada una de las penas impuestas por cada delito, teniendo como l�mite el extremo m�ximo de la punibilidad que establece el c�digo de la materia para el delito de mayor gravedad (como lo indica la citada regla); tal proceder no conlleva la imposici�n de sanciones no solicitadas por el representante social, ni menos a�n de penas m�s graves a las pedidas. Por el contrario, s�lo se imponen las penas solicitadas y en algunos casos (cuando la suma de las penas excede del l�mite aludido) se aplica una pena m�s benigna de la pedida, por lo que no se rebasa lo solicitado por el Ministerio P�blico. De ah� que no le parezca aceptable al Magistrado solicitante la conclusi�n en el sentido de que la actuaci�n del juzgador transforma el sistema acusatorio en inquisitivo.

  3. En cuanto a la s�ntesis planteada en tercer lugar, relativa a que el permitir al �rgano jurisdiccional aplicar sanciones no solicitadas por el Ministerio P�blico infringe las garant�as de legalidad, seguridad jur�dica, defensa y estricta aplicaci�n de la ley penal, el Magistrado solicitante de la modificaci�n expres� que no puede considerarse que el �rgano jurisdiccional deje de ser imparcial, s�lo porque en ejercicio de su plena autonom�a y jurisdicci�n, una vez que ha determinado que alguien es plenamente responsable de varios delitos, imponga las penas que correspondan, aunque el Ministerio P�blico no hubiere invocado en su pliego conclusivo que se estaba en presencia de un concurso de delitos, ni el fundamento que regula la imposici�n de las penas en este particular supuesto.

    En esta misma l�nea, argument� que la omisi�n en que incurra el representante social de acuerdo con las normas procesales que regulan el contenido del pliego de conclusiones, s�lo significa que se est� en presencia de un pedimento defectuoso, en todo caso por exceso y falta de fundamento; pero de ese error t�cnico no debe derivar que se deje impune alguno de los delitos (en caso de ser dos) o todos menos uno (en caso de ser m�s de dos), de los cometidos por el acusado.

    Asimismo, considera que no se violenta la garant�a de seguridad jur�dica, puesto que no existe norma que condicione el obrar del J. a que el Ministerio P�blico en sus conclusiones precise la punici�n a aplicar, o bien, a expresar que se est� en presencia de un concurso de delitos o a invocar el precepto que regula en este supuesto la aplicaci�n de las penas; y s�, por el contrario, la norma constitucional expresa que la aplicaci�n de las penas es propia y exclusiva de la autoridadjudicial.

    Establece tambi�n, que tampoco se ve menguada la garant�a de defensa con el proceder del J., pues al solicitar el Ministerio P�blico en sus conclusiones la aplicaci�n de cada una de las penas, omitiendo la referencia de que se est� en presencia de un concurso de delitos y la regla respectiva reguladora de la aplicaci�n de sanciones en este supuesto, no le impide al inculpado ni a su defensa realizar las consideraciones pertinentes sobre este t�pico, como podr�a ser que, en su caso, s�lo se le impusiese la pena por el delito de mayor entidad y no por el resto, de acuerdo precisamente a la regla indicada, porque las propias reglas que regulan la individualizaci�n de las sanciones en esos supuestos se encuentran contenidas en la ley y no en el pedimento ni en los razonamientos del Ministerio P�blico.

    As�, tampoco considera que se vulnera la garant�a de exacta aplicaci�n de la ley, bajo el argumento de que las conclusiones del �rgano de acusaci�n adolec�an de esas omisiones, puesto que si el juzgador impone al acusado el total de la suma de cada una de las penas de los delitos, sin exceder el l�mite establecido en la ley, y razona justificadamente el porqu� de la adici�n del resto de las penas a la pena del il�cito que merezca la pena mayor, no infringe la garant�a de legalidad ni la de exacta aplicaci�n de la ley penal, a pesar de las omisiones relatadas en el pliego acusatorio; puesto que estar�a aplicando exactamente la punibilidad prevista para ese concurso de delitos.

  4. En relaci�n con las consideraciones sintetizadas en el �ltimo inciso, el promovente se�al� que es inexacto que resulte m�s grave la aplicaci�n de la regla especial que regula la aplicaci�n de sanciones en casos de concurso (otorgando al J. la facultad discrecional de sancionar s�lo por el delito que tenga la pena mayor o adicionar a �sta las penas correspondientes a los dem�s delitos hasta cierto l�mite) con respecto a las penas solicitadas por el Ministerio P�blico en sus conclusiones (sin precisar que se est� ante un concurso real de delitos ni la mencionada regla especial). Por el contrario, conforme a aquella regla, el J. puede sancionar s�lo el delito que tenga la pena mayor, y en caso de que decida acumularlas, �stas no pueden exceder de cierto l�mite; lo cual, en ciertos casos, pudiera no acontecer de acatar puntualmente el pedimento del representante social, pues conforme a esto se tendr�an necesariamente que sumar todas las penas de cada uno de los delitos sin l�mite alguno.

    Finalmente, afirma que en el tema expuesto cobra especial importancia el problema de la impunidad, sin que se pueda desconocer la ineficacia y falta de preparaci�n, salvo contadas excepciones, que prevalece en los agentes del Ministerio P�blico adscritos tanto federales como locales, lo que origina que a pesar de los m�s de diez a�os que tiene en vigor la jurisprudencia 1a./J. 5/93 siguen incurriendo en las omisiones mencionadas, lo que genera que su aplicaci�n se traduzca en un dejar sin castigo muchos delitos.

OCTAVO

Como ha quedado establecido, para determinar si es fundada una solicitud de modificaci�n de tesis de jurisprudencia, deben observarse las mismas reglas que las establecidas para su formaci�n, de tal suerte que el pronunciamiento del presente asunto debe constre�irse al an�lisis concreto del tema jur�dico materia de la contradicci�n de tesis 12/1991, de donde eman� la tesis de jurisprudencia cuya modificaci�n se solicita. Al respecto cabe se�alar que en la sentencia de treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y tres, que resolvi� la referida contradicci�n de tesis, se estableci� la materia de dicha contradicci�n, misma que consisti� en determinar si al acusarse a un procesado como responsable de un concurso real de delitos, corresponde s�lo a la autoridad judicial la imposici�n de sanciones, aun en el extremo de que el �rgano de acusaci�n, en su pedimento, haya omitido acusar expresamente en ese aspecto; o si por el contrario, si el Ministerio P�blico al formular conclusiones se abstiene de solicitar la aplicaci�n de la pena con base en el concurso real de delitos demostrado durante el proceso, el J. de instancia se encuentra impedido para rebasar el pedimento del �rgano de acusaci�n y, por tanto, no puede aplicar la pena correspondiente al mismo.

Ahora bien, en la mencionada resoluci�n, la Primera S. de este M�ximo Tribunal, en su entonces integraci�n, estim� que deb�a prevalecer el criterio de que el J. de instancia se encuentra impedido para rebasar el pedimento del �rgano de acusaci�n y, por tanto, si el Ministerio P�blico al formular conclusiones se abstiene de solicitar la aplicaci�n de la pena con base en el concurso real de delitos, la autoridad judicial no puede aplicar la pena correspondiente al mismo. Sin embargo, esta Primera S., en su actual composici�n, reconsiderando los argumentos expuestos entonces y los presentados ahora, motivo de la presente solicitud de modificaci�n de jurisprudencia, arriba a una conclusi�n distinta.

La entonces Primera S. de este tribunal, al abordar el tema de contradicci�n, destac�, en principio, que los ordenamientos legales en los que se apoyaron los �rganos de control constitucional entonces contendientes, son los C�digos Penal y de Procedimientos Penales, tanto del Estado de G. como del Distrito Federal, cuyos preceptos legales ante el tema del concurso real de delitos preve�an:

El art�culo 21 del C�digo Penal del Estado de G. define el concurso real delictivo de la siguiente manera:

Art�culo 21. ... Existe concurso real cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos. ...

En el propio ordenamiento sustantivo estatal, en cuanto a la punibilidad, establece en el segundo p�rrafo de su art�culo 67:

Art�culo 67. ... Trat�ndose de concurso real, se impondr� la penalidad correspondiente al delito que tenga se�alada la mayor, misma que podr� aumentarse hasta la suma de las sanciones establecidas para cada uno de los dem�s delitos.

Por su parte, el numeral 18 del C�digo Penal para el Distrito Federal prev�:

Art�culo 18. ... Existe concurso real, cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos.

En cuanto al aspecto punitivo, el ordenamiento local para el Distrito Federal se�ala en el segundo p�rrafo de su precepto 64, que:

Art�culo 64. ... En caso de concurso real, se impondr� la pena correspondiente al delito que merezca la mayor, la cual podr� aumentarse hasta la suma de las penas correspondientes por cada uno de los dem�s delitos, sin que exceda de los m�ximos se�alados en el t�tulo segundo del libro primero.

Con las anteriores transcripciones, se tuvo por demostrado que exist�a id�ntica regulaci�n en derecho positivo, entre los C�digos Penales para el Estado de G. y del Distrito Federal, ya que coinciden en esencia con los elementos requeridos para tener por demostrado un concurso real de delitos.

Cabe aclarar que la anterior observaci�n permanece vigente, toda vez que si bien cambiaron los textos de los se�alados ordenamientos respecto al concurso de delitos, su regulaci�n contin�a coincidiendo en ambos ordenamientos. Esto se desprende de la lectura de los art�culos que actualmente regulan la figura jur�dica en cuesti�n.

En efecto, el art�culo 21 del C�digo Penal del Estado de G., actualmente define el concurso real delictivo de la siguiente manera:

"Art�culo 21. ... Existe concurso real cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos.

"No hay concurso cuando la conducta constituye un delito continuado."

En el propio ordenamiento sustantivo estatal, en cuanto a la punibilidad, se establece en el segundo p�rrafo de su art�culo 67:

Art�culo 67. ... En caso de concurso real se impondr� la suma de las penas de los delitos cometidos, si ellos son de diversa especie; si son de la misma especie, se aplicar�n las correspondientes al delito que merezca la mayor penalidad, las cuales deber�n aumentarse en una mitad m�s, sin que se excedan de los m�ximos se�alados en este c�digo.

Por su parte, el numeral 28 del vigente C�digo Penal para el Distrito Federal prev�:

"Art�culo 28. ... Hay concurso real, cuando con pluralidad de acciones u omisiones se cometen varios delitos.

No hay concurso cuando las conductas constituyan un delito continuado. ...

En cuanto al aspecto punitivo, el ordenamiento local para el Distrito Federal se�ala en el segundo p�rrafo de su precepto 79, que:

"Art�culo 79. ... En caso de concurso real, se impondr� la pena del delito que merezca la mayor, la cual podr� aumentarse con las penas que la ley contempla para cada uno de los delitos restantes, sin que exceda del m�ximo se�alado en el art�culo 33 de este c�digo."

As� pues, se aprecia que ambas legislaciones secundarias coinciden, en esencia, con los elementos requeridos para tener por demostrado un concurso real de delitos, por dem�s acorde tambi�n con los lineamientos de la doctrina jur�dico-penal, esto es, ante la demostraci�n de cuando un sujeto activo comete varias acciones, temporal y f�cticamente distinguibles entre s�, las que de manera causal y eficiente producen diversas infracciones penales con resultados a la vez independientes. Por lo que ante esa diversidad de actos y de resultados lesivos a bienes jur�dicos, se ocasiona la actualizaci�n de una pluralidad de delitos que, de acuerdo a la doctrina, dan origen a un concurso real homog�neo (cuando versa en il�citos iguales), o heterog�neo (al tratarse de delitos de distinta naturaleza).

Ahora bien, por lo que hace al aspecto de las normas de procedimiento que rigen el actuar del Ministerio P�blico y del �rgano judicial, se destac� que los art�culos 316 de los C�digos de Procedimientos Penales del Estado de G. y para el Distrito Federal, respectivamente, establec�an:

"Art�culo 316. El Ministerio P�blico formular� sus conclusiones por escrito, haciendo una relaci�n sucinta y met�dica de los hechos conducentes, propondr� las cuestiones de derecho que de ellos surjan y citar� las leyes, jurisprudencia, ejecutorias y doctrinas aplicables, terminando su pedimento en proposiciones concretas."

Art�culo 316. El Ministerio P�blico, al formular sus conclusiones, har� una exposici�n sucinta y met�dica de los hechos conducentes, propondr� las cuestiones de derecho que de ellos surjan, citar� las leyes, ejecutorias o doctrinas aplicables y terminar� su pedimento en proposiciones concretas.

Asimismo, el C�digo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en su art�culo 317, adicionalmente establec�a los diversos requisitos que deb�a satisfacer el pliego de conclusiones del representante social, sin que existiera precepto an�logo en el ordenamiento adjetivo del Estado de G.:

Art�culo 317. En las conclusiones, que deber�n presentarse por escrito, se fijar� en proposiciones concretas los hechos punibles que se atribuyan al acusado, solicitando la aplicaci�n de las sanciones correspondientes, incluyendo la reparaci�n del da�o y perjuicio, con cita de las leyes y de la jurisprudencia aplicables al caso. Estas proposiciones deber�n contener los elementos de prueba relativos a la comprobaci�n del cuerpo del delito y los conducentes a establecer la responsabilidad penal.

Cabe se�alar que el vigente C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de G. regula lo concerniente a las conclusiones del Ministerio P�blico en sus art�culos 94 y 95, que a la letra dicen:

"Art�culo 94. En sus conclusiones, el Ministerio P�blico analizar� los hechos punibles y la responsabilidad del inculpado conforme a las pruebas reunidas, formular� las consideraciones jur�dicas pertinentes para fundar sus pretensiones, analizar� los elementos que sea debido tomar en cuenta, conforme a la ley, para la individualizaci�n de las sanciones y har�, en tal virtud, el pedimento que corresponda.

"Si el defensor del inculpado es perito en derecho, �ste presentar� sus conclusiones en la forma prevista para el Ministerio P�blico; en caso contrario, las conclusiones del inculpado no se encontrar�n sujetas a dichas formalidades.

Art�culo 95. Al abrirse la audiencia presentar�n conclusiones el Ministerio P�blico, primero y el inculpado y su defensa despu�s. Las conclusiones se presentar�n verbalmente, en todo caso, adem�s de hacer la presentaci�n por escrito en el mismo acto. A continuaci�n se dar� lectura a las constancias que las partes se�alen; se desahogar�n las pruebas solicitadas y ordenadas, y las partes formular�n verbalmente, los alegatos correspondientes. ...

Por su parte, los vigentes art�culos 316 y 317 del ordenamiento adjetivo para el Distrito Federal establecen:

"Art�culo 316. El Ministerio P�blico al formular sus conclusiones har� una breve exposici�n sucinta y met�dica de los hechos conducentes, evitando transcripciones innecesarias, realizando proposiciones concretas de los hechos punibles que se atribuyan al acusado, citando los elementos de prueba relativos a la comprobaci�n del delito y los conducentes a establecer la responsabilidad penal, solicitando la aplicaci�n de las sanciones correspondientes, incluyendo la reparaci�n del da�o con cita de las leyes, ejecutorias o doctrinas aplicables."

Art�culo 317. El Ministerio P�blico podr� formular la acusaci�n por delito diverso al determinado en el auto de formal prisi�n o de sujeci�n a proceso, de considerar que lo constituyen los mismos hechos que fueron objeto de la averiguaci�n.

De una interpretaci�n sistem�tica del contenido de los art�culos transcritos, respecto de los requisitos t�cnicos que deben satisfacer las conclusiones del �rgano de acusaci�n, se concluye, como originalmente hab�a sido ya determinado, que: 1) El Ministerio P�blico debe formular sus conclusiones por escrito; 2) En ellas deber� efectuar una relaci�n de los hechos demostrados durante el proceso; 3) Deber� formular las consideraciones jur�dicas pertinentes para fundar sus pretensiones y proponer las cuestiones de derecho aplicables; y, 4) Terminar� su pedimento en proposiciones concretas, solicitando la aplicaci�n de las sanciones correspondientes.

As� tambi�n se coincide con la consideraci�n hecha anteriormente por este �rgano colegiado, en su anterior integraci�n, de que el acto procesal de la acusaci�n, que se atribuye de manera singular, �nica y circunscrita al agente del Ministerio P�blico, constituye el momento culminante y definitivo de la acci�n penal, la que se actualiza en la etapa final del proceso, y propiamente durante la llamada etapa de juicio, durante la cual deben satisfacerse ciertos requisitos con la finalidad de otorgar al juzgador los elementos indispensables para decir el derecho y resolver la controversia de car�cter penal puesta a su consideraci�n.

Ahora bien, no obstante que esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en su actual integraci�n, coincide en esencia con las anteriores argumentaciones, la misma no comparte las subsecuentes conclusiones. Esto es, la Primera S., en su anterior integraci�n, de las consideraciones anteriores dedujo que:

"En atenci�n al imperio del Estado de derecho en el que se act�a, as� como en irrestricto acatamiento a los principios de legalidad, seguridad jur�dica, defensa y estricta aplicaci�n de la ley penal, a que se refieren los art�culos 14, 16, 20 y 21 de la Constituci�n General de la Rep�blica, es que deben adecuarse los par�metros establecidos en la petici�n ministerial, puntualizada en el pliego acusatorio, respecto a lo que decida el juzgador al momento de dictar sentencia definitiva que ponga fin a la instancia, de modo que, en prioridad t�cnica, es indispensable que en las conclusiones se contengan los elementos de prueba relativos a la comprobaci�n del cuerpo del delito, para establecer la responsabilidad penal del procesado, con las circunstancias, modificativas o agravantes, que maticen su actuaci�n t�pica, para terminar su pedimento en la forma prevista en los art�culos 316, de los C�digos de Procedimientos Penales para el Estado de G. y para el Distrito Federal, es decir, en proposiciones concretas, que no significa otra cosa, en que la penalidad se encuentre prevista por la ley y sea exactamente aplicable como consecuencia de la conducta atribuida al procesado destacando en forma relevante que la punici�n a aplicar sea expresamente solicitada por el Ministerio P�blico; siendo este �ltimo aspecto, no obstante el car�cter p�blico de la pena, ya que el inter�s com�n que sustenta la imposici�n de sanciones de naturaleza penal no autoriza, ni da margen para el actuar independiente del juzgador, ya que, acorde a los principios de divisi�n de la carga procesal, la autoridad judicial se encuentra imposibilitada para imponer en forma oficiosa la pena, la cual t�cnicamente corresponde solicitarla al Ministerio P�blico conforme a lo dispuesto en el art�culo 21 constitucional, pues de lo contrario se llegar�a a confundir el sistema procesal de acusatorio a inquisitorio, al permitir al �rgano jurisdiccional aplicar sanciones no solicitadas por el Ministerio P�blico, convirti�ndose con ello la autoridad judicial en J. y parte al mismo tiempo, lo cual no debe ser, ya que los juzgadores no est�n capacitados legalmente para introducir en sus fallos elementos o modalidades que no hayan sido motivo de la acusaci�n, como acontece, en la imposici�n de las penas en los concursos de delitos, no solicitada por el representante social, ya que con ello, es obvio que se agravar�a la situaci�n jur�dica del procesado, en virtud de que implican una mayor penalidad, lo que equivale a que el J. invada la �rbita del Ministerio P�blico, a quien por mandato constitucional, corresponde la persecuci�n de los delitos." (fojas 142 y 143 del expediente original).

De lo anterior se concluy� que:

"... la actuaci�n de la autoridad judicial al momento de dictar sentencia definitiva, debe estar limitada formal y materialmente a los lineamientos establecidos en el pliego acusatorio del Ministerio P�blico, no existiendo la posibilidad de ir m�s all� del mismo, pues de lo contrario es evidente que se estar�a supliendo la deficiencia de la acusaci�n, en perjuicio del acusado, lo que aplicado al caso concreto, llev� a concluir que cuando en la etapa de un proceso penal se acredite en forma indubitable que se est� ante un concurso real de delitos, conforme a los planteamientos indicados, corresponde al �rgano de acusaci�n hacer valer esa circunstancia al momento procesal de puntualizar el ejercicio de la acci�n penal, donde en forma extensiva y consecuente, aunque no por ello menos importante, debe precisar en su pedimento, y desde la perspectiva de su car�cter de parte t�cnica, los elementos que permitan al juzgador imponer las penas que correspondan al actuar t�pico, antijur�dico y culpable del acusado; de modo que, ante la ausencia de alguno de los elementos anotados, no cabe de parte del juzgador subsanar omisi�n alguna de la acusaci�n, toda vez que el Ministerio P�blico como perito en derecho no debe incurrir en omisiones al formular sus conclusiones, por lo que si en el caso, el Ministerio P�blico omiti� efectuar una petici�n expresa sobre la sanci�n que correspond�a imponer al acusado, como resultado de un concurso real delictivo, limit�ndose ante este tema a solicitar la pena como si se tratase de delito singular, lo procedente en tal caso, como de manera adecuada lo estim� el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito, en su tesis sujeta a contradicci�n, era sancionar al sentenciado como responsable de un delito, no obstante que estuviese acreditado el concurso solicitado, sin que dicho juzgador subsanara tal deficiencia de la acusaci�n, conforme a una inexacta interpretaci�n de la potestad del juzgador para sancionar, pues una situaci�n es que �ste guarde la facultad absoluta para hacerlo, al constituir su inmanente raz�n de ser, y otra distinta es que sellegue al extremo de incurrir en arbitrariedad en tanto se sancione por un aspecto que no fue materia de acusaci�n, en detrimento de las garant�as de legalidad, seguridad jur�dica, defensa y de la actuaci�n procesal de las partes, antes referidas." (foja 143 del expediente original).

Bajo una nueva reflexi�n, esta Primera S. del M�ximo Tribunal disiente de la anterior conclusi�n, en virtud de los siguientes argumentos:

El art�culo 21 constitucional, en lo que al tema concierne, establece:

Art�culo 21. La imposici�n de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigaci�n y persecuci�n de los delitos incumbe al Ministerio P�blico, el cual se auxiliar� con una polic�a que estar� bajo su autoridad y mando inmediato. Compete a la autoridad administrativa la aplicaci�n de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de polic�a, las que �nicamente consistir�n en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutar� �sta por el arresto correspondiente, que no exceder� en ning�n caso de treinta y seis horas.

De la anterior transcripci�n se desprende que el art�culo 21 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos claramente delimita atribuciones y establece que la imposici�n de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial, y que la investigaci�n y persecuci�n de los delitos incumbe al Ministerio P�blico.

As� pues, se aprecia una l�nea muy fina entre las atribuciones encomendadas al Ministerio P�blico respecto a la persecuci�n de los delitos, y la funci�n que de la imposici�n de las penas se otorga a la autoridad judicial, lo cual vuelve necesario hacer una estricta delimitaci�n del alcance de la funci�n que de persecuci�n de delitos ha sido encomendada al Ministerio P�blico, en concreto al momento de realizar su pedimento conclusivo y en relaci�n con la aplicaci�n de las penas correspondientes, para poder as� determinar si efectivamente el J. de instancia se encuentra impedido para rebasar, para la imposici�n de las penas, el pedimento del �rgano de acusaci�n y si, por tanto, el Ministerio P�blico al formular conclusiones, se abstiene de solicitar la aplicaci�n de la pena con base en el concurso real de delitos, la autoridad judicial no puede aplicar la pena correspondiente al mismo, como lo sostuvo la Primera S. de este Alto Tribunal, en su anterior integraci�n.

As� pues, para comprender la funci�n asignada al Ministerio P�blico por nuestra Carta Magna, es preciso hacer un breve an�lisis de sus antecedentes en M�xico.

La instituci�n del Ministerio P�blico, tal como la encontramos en la actualidad, se debe al Constituyente de mil novecientos diecisiete, que en los art�culos 21 y 102 de la Constituci�n Pol�tica de cinco de febrero de ese a�o le reconoci� el monopolio de la acci�n penal al Estado, encomend�ndolo a un solo �rgano: el Ministerio P�blico.

El texto original de dichos art�culos, en lo conducente, dec�an:

"Art�culo 21. La imposici�n de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La persecuci�n de los delitos incumbe al Ministerio P�blico y a la Polic�a J., la cual estar� bajo la autoridad y mando inmediato de aqu�l. Compete a la autoridad administrativa el castigo de las infracciones de los reglamentos gubernativos y de polic�a; el cual �nicamente consistir� en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutar� �sta por el arresto correspondiente, que no exceder� en ning�n caso de quince d�as.

"Si el infractor fuese jornalero u obrero, no podr� ser castigado con multa mayor del importe de su jornal o sueldo en una semana."

"Art�culo 102. La ley organizar� el Ministerio P�blico de la Federaci�n, cuyos funcionarios ser�n nombrados y removidos libremente por el Ejecutivo, debiendo estar presididos por un procurador general, el que deber� tener las mismas cantidades requeridas para ser Magistrado de la Suprema Corte.

"Estar� a cargo del Ministerio P�blico de la Federaci�n la persecuci�n, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a �l le corresponder� solicitar las �rdenes de aprehensi�n contra los reos; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de �stos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administraci�n de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicaci�n de las penas e intervenir en todos los negocios que la misma ley determinare.

"El procurador general de la Rep�blica intervendr� personalmente en todos los negocios en que la Federaci�n fuese parte; en los casos de los Ministros, diplom�ticos y c�nsules generales, y en aquellos que se suscitaren entre dos o m�s Estados de la Uni�n, entre un Estado y la Federaci�n o entre los poderes de un mismo Estado. En los dem�s casos en que deba intervenir el Ministerio P�blico de la Federaci�n, el procurador general podr� intervenir por s� o por medio de alguno de sus agentes.

"El procurador general de la Rep�blica ser� el consejero jur�dico del gobierno; tanto �l como los agentes se someter�n estrictamente a las disposiciones de la ley, siendo responsables de toda falta u omisi�n o violaci�n en que incurran con motivo de las funciones."

Con estas disposiciones se quita a los Jueces la facultad que ten�an de seguir de oficio todo proceso, se desvincula al Ministerio P�blico del J. de instrucci�n y se le organiza como un organismo aut�nomo e independiente del Poder J. con las atribuciones exclusivas de investigaci�n y persecuci�n del delito, as� como el mando de la Polic�a J..

De la exposici�n de motivos presentada por el entonces presidente de la Rep�blica, V.C., ante el Congreso Constituyente de primero de diciembre de mil novecientos diecis�is, en relaci�n con los art�culos 21 y 102 constitucionales, se desprende el motivo de esta nueva orientaci�n, mismo que se hizo consistir en la necesidad de erradicar la funci�n de los Jueces de averiguar los delitos y buscar las pruebas, toda vez que ello ocasionaba verdaderos asaltos contra los reos para obligarlos a confesar, lo que sin duda alguna desnaturalizaba las funciones de la judicatura.

Ante esta problem�tica, se busc� evitar dicho sistema procesal tan vicioso, y restituir a los Jueces toda la dignidad y respetabilidad de la magistratura, para lo cual se propuso otorgar al Ministerio P�blico la exclusiva facultad de perseguir los delitos, buscar los elementos de convicci�n y aprehender a los delincuentes previa orden de la autoridad judicial correspondiente.

Por otro lado, en la vig�simo s�ptima sesi�n ordinaria, celebrada el dos de enero de mil novecientos diecisiete, en el dictamen sobre el art�culo 21 del proyecto de Constituci�n, se estableci� la necesidad de que la Polic�a J. se constituya como auxiliar del Ministerio P�blico, y quedara bajo la autoridad y mando de aqu�l.

En relaci�n con el citado dictamen, en la trig�sima primera sesi�n ordinaria celebrada el cinco de enero de mil novecientos diecisiete, se le otorg� al Ministerio P�blico el car�cter de "representante de la sociedad".

As� tambi�n, en la cuadrag�sima s�ptima sesi�n ordinaria, celebrada el diecisiete de enero de mil novecientos diecisiete, se estableci� la organizaci�n del Ministerio P�blico de la Federaci�n. Al efecto se precis� que sus funcionarios deb�an ser nombrados y removidos libremente por el Poder Ejecutivo, debiendo estar presididos por un procurador general.

En la quincuag�sima cuarta sesi�n ordinaria, celebrada el veintiuno de enero de mil novecientos diecisiete, sin discusi�n y por unanimidad de votos fue aprobado el art�culo 102 del proyecto.

As� pues, con la introducci�n de la instituci�n del Ministerio P�blico, se busc� conservar al Poder J. enteramente independiente del Poder Ejecutivo o administrativo, y descentralizar al Poder J. de sus funciones para evitar la justicia inquisitiva.

Ahora bien, una vez contextualizada la funci�n de la instituci�n del Ministerio P�blico, procede entrar al an�lisis del alcance de estas funciones, en espec�fico, al momento de presentar sus conclusiones ante el J..

Como ha quedado establecido, el art�culo 21 constitucional otorga al Ministerio P�blico la funci�n de investigar y perseguir los delitos. As� tambi�n, el art�culo 102 constitucional, en lo conducente, dice:

"Art�culo 102.

"A. La ley organizar� el Ministerio P�blico de la Federaci�n, cuyos funcionarios ser�n nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva. El Ministerio P�blico de la Federaci�n estar� presidido por un procurador general de la Rep�blica, designado por el titular del Ejecutivo Federal con ratificaci�n del Senado o, en sus recesos, de la Comisi�n Permanente. Para ser procurador se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco a�os cumplidos el d�a de la designaci�n; contar, con antig�edad m�nima de diez a�os, con t�tulo profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputaci�n, y no haber sido condenado por delito doloso. El procurador podr� ser removido libremente por el Ejecutivo.

"Incumbe al Ministerio P�blico de la Federaci�n, la persecuci�n, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a �l le corresponder� solicitar las �rdenes de aprehensi�n contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de �stos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administraci�n de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicaci�n de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine."

De la anterior transcripci�n se aprecia que el art�culo 102 constitucional establece que en aras de cumplir con dicha funci�n de "investigaci�n y persecuci�n de los delitos", corresponde al Ministerio P�blico solicitar las �rdenes de aprehensi�n contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de �stos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administraci�n de justicia sea pronta y expedita; y pedir la aplicaci�n de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine.

Lo anterior, no obstante que se haga referencia al Ministerio P�blico Federal exclusivamente, pues ello no determina que haya sido la intenci�n del Constituyente crear instituciones diversas con funciones ajenas. De ser as�, hubiera sido expreso al respecto en el texto constitucional o en las aportaciones vertidas en la discusi�n, lo cual no se advierte del proceso legislativo correspondiente. De ello que la referencia al Ministerio P�blico Federal s�lo constituya un aspecto de organizaci�n para el desarrollo de la funci�n investigadora que tienen asignada todos los agentes del Ministerio P�blico, con independencia del fuero al que pertenezcan.

Resulta ilustrativa de lo anterior la siguiente tesis aislada:

"Quinta �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n

"Tomo: XIX

"P�gina: 252

"MINISTERIO P�BLICO. El art�culo 102 constitucional, aunque refiri�ndose al Ministerio P�blico Federal, en realidad no hace m�s que venir a desarrollar la misma instituci�n del Ministerio P�blico, definiendo, por decirlo as�, en qu� consiste el ejercicio de la acci�n penal, que, conforme al art�culo 21 de la misma Constituci�n, es exclusiva del Ministerio P�blico, sin distinguir que �ste sea federal o del fuero com�n; pues el �ltimo no puede tener funciones distintas o m�s limitadas que las que tiene el federal; por tanto, si el Ministerio P�blico no solicita la orden de aprehensi�n, el J. no tiene facultades para dictarla.

"Amparo penal en revisi�n 1921/24. R.�rez F. y coagraviado. 10 de agosto de 1926. Unanimidad de ocho votos. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente."

As� pues, la funci�n investigadora y persecutora de los delitos la desempe�a la instituci�n del Ministerio P�blico a lo largo de todo el procedimiento penal, comenzando por la integraci�n de la averiguaci�n previa, y concluyendo con las conclusiones ministeriales que se presentan antes del dictado de la sentencia por el J., mediante las cuales establece su posici�n definida respecto a la existencia y clasificaci�n del delito, as� como en relaci�n con la responsabilidad del inculpado.

Ahora bien, como ha quedado establecido, respecto a las conclusiones de la representaci�n social, los preceptos de los ordenamientos adjetivos penales tanto del Estado de G. como del Distrito Federal, transcritos en p�rrafos anteriores, enuncian que el Ministerio P�blico debe al formular sus conclusiones, hacerlo por escrito, efectuar una relaci�n de los hechos demostrados durante el proceso, formular las consideraciones jur�dicas pertinentes para fundar sus pretensiones y proponer las cuestiones de derecho aplicables, para finalmente terminar su pedimento en proposiciones concretas, solicitando la aplicaci�n de las sanciones correspondientes.

De lo anterior se puede deducir que las conclusiones ministeriales sirven de base a la resoluci�n del juzgador y se atribuyen de manera singular, �nica y circunscrita al agente del Ministerio P�blico. Las mismas constituyen el momento culminante y definitivo de la acci�n penal, la que se actualiza en la etapa final del proceso, y propiamente durante la llamada etapa de juicio, durante la cual deben satisfacerse ciertos requisitos con la finalidad de otorgar al juzgador los elementos indispensables para decir el derecho y resolver la controversia de car�cter penal puesta a su consideraci�n.

En ellas, el Ministerio P�blico puede adoptar dos posiciones diversas: acusatorias o no acusatorias. En ambas hip�tesis debe hacer una exposici�n sucinta y met�dica de los hechos conducentes e invocar las disposiciones legales y doctrinales aplicables, pero de manera relevante, debe terminar su pedimento en proposiciones concretas.

Resultan de importancia para el caso a estudio las conclusiones acusatorias, es decir, aquellas en que el Ministerio P�blico considera que en autos se encuentra comprobado el delito, que el procesado es penalmente responsable, y que, por tanto, ha lugar a acusar. Si el Ministerio P�blico formula conclusiones acusatorias, debe determinar, en proposiciones concretas, los hechos punibles que se le atribuyen al inculpado, se�alando los elementos constitutivos del delito y las circunstancias que deben tomarse en cuenta para la imposici�n de las sanciones correspondientes, incluyendo la reparaci�n del da�o. Es en las propias conclusiones en donde el Ministerio P�blico fija de manera definitiva los t�rminos de la acusaci�n y con ello culmina su funci�n persecutora.

Ahora bien, una vez delimitada la funci�n encomendada al Ministerio P�blico, procede analizar brevemente en qu� consiste la funci�n encomendada constitucionalmente al J. de imposici�n de sanciones.

Al respecto, cabe se�alar que el J., previo a la imposici�n de la pena o a la determinaci�n de la pena procedente en el caso, debe conocer los hechos concretos y cerciorarse que los mismos queden plenamente demostrados en autos, as� como que sean constitutivos de delito y, asimismo, debe cerciorarse que ha quedado demostrada la plena responsabilidad del enjuiciado. Una vez hecho lo anterior podr� entrar, entonces, al tema de la determinaci�n de la pena.

Para imponer una pena, el J. debe, en primer t�rmino, identificar la consecuencia sancionadora (pena) que la ley establece para el delito en cuesti�n, para poder posteriormente, con base en los "m�nimos" y "m�ximos" se�alados en la ley, individualizar la pena.

La individualizaci�n de la pena es la adecuaci�n de la misma al grado de culpabilidad del responsable en la comisi�n de un delito. La misma debe realizarse en la sentencia con respecto a un caso concreto y en relaci�n con una persona determinada. La decisi�n del J., al imponer las penas, es de gran importancia, toda vez que con ella declara cu�l es la punici�n justa y procedente que le corresponde a un individuo por la comisi�n de un il�cito.

Ahora bien, el J. requiere de un margen de discrecionalidad amplio para poder individualizar la pena, ello toda vez que para establecer la punici�n justa y procedente, es necesario adecuar �sta a las particularidades del caso, esto es, a la gravedad del il�cito cometido y a sus circunstancias de comisi�n, as� como a la personalidad del sujeto a quien se le impone, entre otras. Tarea que es imposible que los legisladores realicen al prever las penas aplicables a los delitos, en abstracto.

As� pues, ante el fracaso de la ley de prever en cada caso las particularidades de los sujetos y de los casos, cede paso a la individualizaci�n judicial, para que �sta lleve a cabo la adecuaci�n de la pena al delincuente, misma que deja en manos del J.. Para que los Jueces puedan realizar esta funci�n se les dota de "arbitrio judicial", entendiendo por �ste, la facultad legalmente concedida a los �rganos jurisdiccionales para dictar sus resoluciones, con un margen amplio de discrecionalidad, para poder as� resolver los conflictos que se les presenten a la luz de las particularidades de cada caso. En uso de este arbitrio judicial es que los Jueces pueden decidir las penas que consideren justas y procedentes en cada caso.

Sin embargo, como ha quedado se�alado, los Jueces deben necesariamente limitar la imposici�n de las penas a las exactamente previstas en la ley para cada caso, por lo que no cuentan con plena discrecionalidad para aplicar las penas que consideren procedentes en cada caso. Sin embargo, la ley abre paso a la discrecionalidad judicial al prever las penas aplicables a cada caso en t�rminos de "m�nimos" y "m�ximos", y es precisamente en este margen en que juega el arbitrio judicial del que goza el J. para, con plena autonom�a, fijar el monto que estime justo.

Cabe se�alar que el arbitrio del J. al individualizar la pena, se encuentra, asimismo, limitado por la normatividad existente al respecto. Esto es, la ley establece que para la individualizaci�n de las penas y medidas de seguridad, el J. debe tomar en cuenta la gravedad del il�cito y el grado de culpabilidad del agente, mismo que determinar� tomando en cuenta: a) La naturaleza de la acci�n u omisi�n y los medios empleados para ejecutarla; b) La magnitud del da�o causado al bien jur�dico o del peligro en que �ste fue colocado; c) Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasi�n del hecho realizado; d) La forma y grado de intervenci�n del agente en la comisi�n del delito; e) los v�nculos de parentesco, amistad o relaci�n entre el activo y el pasivo, as� como su calidad y la de la v�ctima u ofendido; f) La edad, el nivel de educaci�n, las costumbres, condiciones sociales, econ�micas y culturales del sujeto, as� como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir, debiendo tomar en cuenta, adem�s, sus usos y costumbres, en caso de ser ind�gena el enjuiciado; g) Las condiciones fisiol�gicas y ps�quicas espec�ficas en que se encontraba el activo en el momento de la comisi�n del delito; h) Las circunstancias del activo y pasivo antes y durante la comisi�n del delito, que sean relevantes para individualizar la sanci�n, as� como el comportamiento posterior del acusado en relaci�n con el delito cometido; e, i) Las dem�s circunstancias especiales del agente, que sean relevantes para determinar la posibilidad que tuvo de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.

Como puede apreciarse, la ley establece un marco que el juzgador debe atender para determinar el grado de culpabilidad del sujeto activo, y con ello fincar el reproche respectivo, mismo que encausa el arbitrio judicial al respecto, y en tal medida implica un l�mite a la actividad jurisdiccional en la labor de individualizar la punibilidad.

As� pues, de todo lo anteriorpuede concluirse que la cuantificaci�n y, por ende, imposici�n de la pena corresponde exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonom�a para fijar el monto que su amplio arbitrio estime justo, dentro de los "m�ximos" y "m�nimos" se�alados en la ley y sin m�s limitaci�n que la observancia de las reglas normativas de la individualizaci�n de la pena.

Lo anterior encuentra sustento en el siguiente criterio sustentado por esta Primera S.:

"Quinta �poca

"Instancia: Primera S.

"Fuente: Ap�ndice de 1995

"Tomo: II, Parte SCJN

"Tesis: 239

"P�gina: 136

"PENA, INDIVIDUALIZACI�N DE LA. ARBITRIO JUDICIAL.-La cuantificaci�n de la pena corresponde exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonom�a para fijar el monto que su amplio arbitrio estime justo dentro de los m�ximos y m�nimos se�alados en la ley y sin m�s limitaci�n que la observancia de las reglas normativas de la individualizaci�n de la pena."

Ahora bien, una vez analizadas ambas, tanto la funci�n que de persecuci�n de los delitos se atribuye al Ministerio P�blico, como la que de imposici�n de las penas se encomienda al J., puede concluirse que no obstante el J. no pueda imponer penas respecto de hechos que no hayan sido materia de las conclusiones presentadas por el Ministerio P�blico, ello no implica que el mismo �nicamente pueda aplicar las penas se�aladas por la representaci�n social en su pliego conclusorio.

Lo anterior, toda vez que ha quedado demostrado que el J. al imponer las penas, no realiza un acto meramente mec�nico, sino que el mismo goza de arbitrio judicial para calificar la gravedad del delito, as� como el grado de culpabilidad del agente, en funci�n a lo cual debe necesariamente determinar la pena, toda vez que �sta, por mandato de la ley, debe ser individualizada. I.�n que corresponde exclusivamente a la autoridad judicial y que de ning�n modo puede realizar el Ministerio P�blico en su pedimento conclusivo.

As� las cosas, resulta que si bien el J., al dictar sentencia, debe hacerlo en funci�n a la acusaci�n realizada por el Ministerio P�blico, ello no significa que si se presentan conclusiones acusatorias por hechos que constituyen un concurso de delitos, sin que se solicite expresamente la aplicaci�n de las penas conforme a las reglas del concurso, el J. no pueda hacerlo.

Todo lo contrario, si al J., al cumplir con su funci�n de imposici�n de penas, se le presenta un caso de concurso real o material, debe aplicar las reglas establecidas para el mismo, esto es, se�alar la pena correspondiente al delito mayor y el aumento que se haga de la misma por los dem�s delitos, no pudiendo exceder del l�mite m�ximo impuesto en la legislaci�n aplicable.

El concurso real de delitos, seg�n las legislaciones secundarias analizadas en p�rrafos anteriores, se produce si el agente comete varias acciones distintas que producen diversos delitos penales, jur�dicamente independientes, con pluralidad de fines delictivos. Una vez que el juzgador advierte del an�lisis del evento delictivo que se somete a su jurisdicci�n, al momento de dictar sentencia, que en el caso se actualiza un concurso real de delitos, a efecto de imponer la pena correspondiente, debe de estar a lo que el propio ordenamiento legal sustantivo prev� para tal fin.

Lo anterior, toda vez que el J. est� constitucionalmente facultado para la imposici�n de las penas por los delitos solicitados por el Ministerio P�blico en sus conclusiones, sin que sea necesario que dicha instituci�n le solicite expresamente la aplicaci�n de las penas conforme a las reglas para el concurso material, ello en virtud de que tal regla ata�e a la imposici�n de las sanciones.

En efecto, las reglas para la imposici�n de sanciones ante un concurso real de delitos, se encuentran, en ambas legislaciones secundarias analizadas, en el cap�tulo correspondiente a la "Aplicaci�n de sanciones". Por lo que hace al ordenamiento del Estado de G., se encuentran dentro del t�tulo IV de "Aplicaci�n de las sanciones y medidas de seguridad"; mientras que en el del Distrito Federal se encuentran en el t�tulo IV de "Aplicaci�n de penas y medidas de seguridad". De lo que se desprende que las mismas son reglas que conciernen a la imposici�n de las penas. De ello baste que la representaci�n social acuse por hechos delictivos, constitutivos de un concurso real, para que el J. pueda imponer las penas conforme a las normas exactamente aplicables al caso, que no son otras sino las que rigen a dicho concurso.

As� pues, el J. puede aplicar las reglas del concurso material de delitos, sin que ello implique que rebasa la acusaci�n del Ministerio P�blico, porque tal regla ata�e a la imposici�n de las sanciones, que compete al �rgano jurisdiccional independientemente de que la instituci�n acusadora encargada de ejercer la acci�n penal, haga expresa referencia o no, en sus conclusiones, a la aplicaci�n de dicha regla, pues el �rgano jurisdiccional goza de la m�s amplia facultad para la imposici�n de las penas, como se la otorga el art�culo 21 constitucional.

Concluir de manera distinta llevar�a al absurdo de dejar que la funci�n jurisdiccional permanecer�a supeditada a no poder hacer nada fuera de lo expresamente pedido por el representante social.

En efecto, la acusaci�n como momento final de la persecuci�n de los delitos atribuida al Ministerio P�blico, no debe ser otra cosa que la imputaci�n de los hechos, clasificarlos dentro de determinado tipo legal y, si en ella se pide la aplicaci�n de ciertas penas, ello no es m�s que una mera opini�n de una de las partes o sujetos procesales que no debe, de ninguna manera, ligar la libertad y atribuci�n exclusiva de la autoridad judicial para imponer las penas. Conceder tal privilegio al Ministerio P�blico ser�a abusivo si se considera que otra de las partes procesales, o sea la defensa, se encontrar�a en un plano inferior, al no poder, en igualdad de circunstancias, imponer su criterio al juzgador.

M�xime que de permitirse, el Ministerio P�blico se extralimitar�a en sus funciones e invadir�a las del juzgador, quien es el que debe apreciar los hechos que se imputan en la acusaci�n y aplicar las sanciones para ellos previstas en la ley, dando cumplimiento as� al art�culo 21 constitucional, que le atribuye exclusivamente la aplicaci�n de las penas.

Lo anterior sin que pueda interpretarse en el sentido de que la autoridad judicial est� facultada para imponer penas respecto de hechos, que si bien constitutivos de delito seg�n las constancias a su disposici�n, no hayan sido materia de las conclusiones ministeriales. Ello en virtud de que acorde a los principios de divisi�n de la carga procesal, la autoridad judicial se encuentra imposibilitada para imponer, en forma oficiosa, penas por delitos diversos a los constitutivos de la acusaci�n ministerial.

De ello que lo aqu� concluido no implique, como se establece en las consideraciones que sustentan la jurisprudencia cuya modificaci�n se solicita, que la autoridad judicial se convierta en J. y parte, y se transforme el sistema procesal de acusatorio a inquisitorio. As�, los juzgadores no est�n capacitados legalmente para introducir en sus fallos penas por delitos que no hayan sido motivo de la acusaci�n, ya que con ello s� se llegar�a a confundir el sistema procesal de acusatorio a inquisitorio, al permitir al �rgano jurisdiccional aplicar sanciones por delitos no solicitados por el Ministerio P�blico, con lo que no s�lo se agravar�a la situaci�n jur�dica del procesado, sino que incluso el J. estar�a invadiendo la �rbita del Ministerio P�blico, a quien por mandato constitucional corresponde la persecuci�n de los delitos, violando con ello el principio esencial de divisi�n de poderes.

Sin embargo, cuando en la etapa de un proceso penal se acredite en forma indubitable que se est� ante un concurso real de delitos, si bien corresponde al �rgano de acusaci�n hacer valer su acci�n contra los hechos constitutivos de los diversos delitos que conforman el citado concurso material, e idealmente se�alar la constituci�n del concurso, de no hacerlo expresamente, ello no es motivo para que la autoridad judicial se vea imposibilitada para imponer las penas con base en las reglas que rijan a dicho concurso.

Si el Ministerio P�blico omite efectuar una petici�n expresa sobre la sanci�n que correspond�a imponer al acusado, como resultado de un concurso real delictivo, limit�ndose a solicitar la pena por cada uno de los delitos acreditados como si se tratase de delito singular, lo procedente en tal caso, es sancionar al sentenciado como responsable del concurso y no s�lo de un delito, siempre y cuando el concurso se encuentre acreditado y la acusaci�n ministerial s� contemple a la pluralidad de delitos y no s�lo a uno, no obstante se limite a solicitar la pena sin hacer alusi�n a las reglas que sobre concursos sean aplicables.

Sin que con la anterior conclusi�n se infrinjan las garant�as de legalidad, seguridad jur�dica, defensa y estricta aplicaci�n de la ley penal, sustentadas en los art�culos 14, 16 y 20, fracci�n IX, de la Carta Magna, como se sostuvo en la jurisprudencia cuya modificaci�n se solicita, toda vez que con el presente criterio en ning�n momento se faculta al J. para actuar fuera de la legalidad, ni a imponer sanciones por delitos diversos a los consignados en las conclusiones ministeriales, ni mucho menos a que aplique normas no exactamente aplicables al caso.

En efecto, el criterio que ahora se establece no se contrapone con la garant�a de legalidad, toda vez que con el mismo, como ha quedado demostrado en el cuerpo de esta ejecutoria, no se autoriza al juzgador a actuar con base en atribuciones que no tiene expresamente concedidas en la Constituci�n y en las leyes secundarias; tampoco se transgrede la garant�a de seguridad jur�dica, toda vez que la posibilidad de que el J. aplique las reglas del concurso real, aun cuando el representante social no lo haya solicitado as� al formular sus conclusiones, est� necesariamente supeditado a que funde y motive suficientemente su actuaci�n, aunado a que en ning�n momento el juzgador podr� imponer pena alguna respecto de un delito que no haya sido materia de acusaci�n; adem�s de que en todo momento se respeta la garant�a de defensa, en virtud de que el acusado tendr� oportunidad de conocer las conclusiones del Ministerio P�blico y dar respuesta a las mismas al formular las que corresponden a su defensa, todo esto previo al dictado de la sentencia respectiva en la que se le determine la punici�n que le corresponda, actividad que como ha quedado establecido es exclusiva de la autoridad judicial a quien corresponde aplicar las sanciones.

M�xime que no existe norma expresa que condicione el obrar del J. a que el Ministerio P�blico en sus conclusiones precise la punici�n a aplicar, o a que exprese que se est� en presencia de un concurso de delitos e invoque los preceptos que regulan este supuesto; y s�, por el contrario, la norma constitucional, concretamente el art�culo 21, expresa que la aplicaci�n de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial.

As� pues, cabe concluir en oposici�n a lo anteriormente determinado por esta Primera S., en su anterior integraci�n, que con independencia de que el �rgano de acusaci�n en sus correspondientes conclusiones solicite o no, expresamente, la imposici�n de las penas en concurso real de delitos, la autoridad jurisdiccional puede aplicar la sanci�n con base en las reglas para ese efecto establecidas, y sin que por ello el J. rebase el pedimento del Ministerio P�blico, puesto que por mandato constitucional la imposici�n de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial.

Por ello, las consideraciones que sustentan la presente ejecutoria ponen de manifiesto que los argumentos planteados por los promoventes resultan fundados, por lo que se declara procedente y fundada la solicitud de modificaci�n de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 5/93, y por ello debe prevalecer como jurisprudencia, en su lugar, el criterio de esta Primera S., en los t�rminos siguientes:

CONCURSO DE DELITOS, FACULTAD EXCLUSIVA DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES EN LA IMPOSICI�N DE LAS PENAS.-Si la autoridad judicial, al analizar los hechos delictivos delimitados por el Ministerio P�blico en sus conclusiones, se percata que existe un concurso real de delitos, debe aplicar las penas correspondientes con base en dicho concurso, independientemente de que la instituci�n acusadora haga o no expresa referencia en sus conclusiones a la aplicaci�n de dicha regla. Sin que ello implique que la autoridad judicial rebase la acusaci�n del Ministerio P�blico, porque tal regla ata�e a la imposici�n de las sanciones que es facultad propia y exclusiva del �rgano jurisdiccional, en t�rminos del art�culo 21 constitucional. M�xime que el J., al imponer las penas, no realiza un acto meramente mec�nico, sino que goza de arbitrio judicial para calificar la gravedad del delito y el grado de culpabilidad del agente, en funci�n a lo cual debe necesariamente determinar la pena, toda vez que �sta, por mandato de ley, debe ser individualizada. Tal individualizaci�n que corresponde exclusivamente a la autoridad judicial y de ning�n modo puede realizar el Ministerio P�blico. As� pues, concluir de manera distinta anular�a de facto el arbitrio del que est� dotada la autoridad judicial para la imposici�n de las penas, y llevar�a al absurdo de dejar que la funci�n jurisdiccional permanecer�a supeditada a no poder hacer nada fuera de lo expresamente pedido por el representante social, con lo que se le otorgar�an a �sta facultades fuera del l�mite de sus funciones, invadiendo con ello las del juzgador. Lo anterior, con independencia de que el juzgador no puede introducir en sus fallos penas por delitos que no hayan sido motivo de la acusaci�n, ya que con ello no s�lo se agravar�a la situaci�n jur�dica del procesado, sino que incluso el J. estar�a invadiendo la �rbita del Ministerio P�blico, a quien por mandato constitucional corresponde la persecuci�n de los delitos, violando con ello el principio esencial de divisi�n de poderes. Es necesario precisar, que el criterio que ahora se establece no se contrapone con el contenido de las garant�as de legalidad, seguridad jur�dica, defensa y exacta aplicaci�n de la ley, previstas en los art�culos 14, 16 y 20, fracci�n IX, de la Carta Magna, ya que con el mismo no se autoriza al juzgador a actuar con base en atribuciones que no tiene expresamente concedidas en la Constituci�n y en las leyes secundarias; aunado a que la decisi�n del J. de actualizar la existencia de un concurso de delitos y sancionar por el mismo, est� supeditada a que funde y motive suficientemente su actuaci�n, aunado a que no podr� imponer pena alguna respecto de un delito que no haya sido materia de acusaci�n; adem�s, de que el acusado tendr� oportunidad de conocer las conclusiones del Ministerio P�blico y dar respuesta a las mismas al formular las que corresponden a su defensa, todo esto previo al dictado de la sentencia respectiva en la que se le determine la punici�n de la autoridad judicial, en t�rminos del numeral 21 de la Constituci�n Federal.

Lo anterior, sin afectar las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios que dieron origen a las sentencias originalmente en contradicci�n, de conformidad con el art�culo 197-A, p�rrafo segundo, de la Ley de Amparo.

Finalmente, rem�tase el texto de la tesis jurisprudencial a que se refiere la parte final de este considerando de la presente resoluci�n, a la Direcci�n General de la Coordinaci�n de Compilaci�n y S.�n de Tesis para su publicaci�n, as� como a los �rganos jurisdiccionales que menciona la fracci�n III del art�culo 195 de la Ley de Amparo, para su conocimiento.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO

Es procedente la solicitud de modificaci�n de tesis de jurisprudencia formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.

SEGUNDO

Es fundada la modificaci�n de la tesis jurisprudencial a que esta resoluci�n se refiere, en t�rminos de la parte considerativa de la misma.

TERCERO

Se declara que debe prevalecer con el car�cter de jurisprudencia la tesis sustentada por esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en los t�rminos precisados en esta resoluci�n, sin que se afecte la situaci�n jur�dica concreta, derivada de los juicios en que ocurri� originalmente la contradicci�n.

CUARTO

Rem�tase el texto de la tesis jurisprudencial a que se refiere el resolutivo anterior a la Direcci�n General de la Coordinaci�n de Compilaci�n y S.�n de Tesis para su publicaci�n, as� como a los �rganos jurisdiccionales que menciona la fracci�n III del art�culo 195 de la Ley de Amparo, para su conocimiento.

N.�quese; con testimonio de la presente resoluci�n h�gase del conocimiento de Tribunales Colegiados originalmente en controversia y, en su oportunidad, arch�vese el expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: Jos� de Jes�s G.�o P., S.A.V.H.�ndez, J.N.S.M., J.R.�n C.�o D�az (ponente) y presidenta O.S.C. de G.�a V..