Voto num. P./J. 127/2005 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26933281

Voto num. P./J. 127/2005 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P./J. 127/2005
Materia:Voto Particular de la Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Diciembre de 2005
RESUMEN

LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. DEBEN DETERMINAR LAS NORMAS QUE CONSTITUYEN BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y LAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ RELATIVA CUANDO DERIVA DE LA OMISI�N DE LAS LEGISLATURAS DE PRECISAR QU� NORMAS SON IMPERATIVAS A LOS MUNICIPIOS Y CU�LES PUEDEN APLICAR SUPLETORIAMENTE.

LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. LOS AYUNTAMIENTOS PUEDEN FUNDAMENTAR SU ACTUACI�N EN LA NORMATIVIDAD EXPEDIDA POR LA LEGISLATURA ESTATAL HASTA EN TANTO EMITAN SUS NORMAS REGLAMENTARIAS.

LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. LOS CASOS A QUE SE REFIERE EL ART�CULO 115, F.I., INCISOS B) Y D), DE LA CONSTITUCI�N DE LA REP�BLICA QUE REQUIEREN EL ACUERDO DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS, SON ENUNCIATIVOS Y NO LIMITATIVOS.

LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. OBJETIVO Y ALCANCES DE LAS BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACI�N P�BLICA MUNICIPAL.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ESTUDIE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA O ACTO BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA LA CAUSA DE PEDIR.

ESTADO MEXICANO. �RDENES JUR�DICOS QUE LO INTEGRAN.

LEYES ESTATALES Y REGLAMENTOS EN MATERIA MUNICIPAL. ESQUEMA DE ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES QUE DERIVAN DE LA REFORMA AL ART�CULO 115, F.I., SEGUNDO P�RRAFO, DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

MUNICIPIOS. CONTENIDO Y ALCANCE DE SU FACULTAD REGLAMENTARIA.

MUNICIPIOS. EL ART�CULO 115, FRACCIONES I Y II, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL RECONOCE LA EXISTENCIA DE UN ORDEN JUR�DICO PROPIO.

Voto minoritario de los Ministros Olga S�nchez C. de G.�a V. y G.D.G.�ngora P..

No compartimos los razonamientos vertidos por los se�ores M.S.S.A., J.R.�n C.�o D�az, M.B.L.R., J.D.R., G.O.M., S.V.H.�ndez y J.N.S.M. en el considerando octavo de la presente ejecutoria, en cuanto a que la suplencia de la queja deficiente en controversia constitucional es una instituci�n procesal que, si bien fue establecida con la finalidad de hacer prevalecer la C.�n como ley suprema, tampoco puede ignorar las normas y cargas procesales que permean al litigio constitucional y que se encuentran previstas en el mismo sistema legal y que, por tanto, el Tribunal C.onal debe limitar su estudio a los puntos planteados por las partes, sin poder invocar otros respecto de los cuales la actora no hubiere se�alado, en el contexto del proceso, que le asiste alg�n inter�s leg�timo, ni hubiera denunciado su posible transgresi�n a la Carta Magna.

Por tal motivo, los Ministros de la mayor�a sostuvieron que la presente controversia constitucional se ocupar�a �nica y exclusivamente del an�lisis de los preceptos de la Ley Org�nica M. en cita que fueron expresamente impugnados en el cap�tulo de conceptos de invalidez de la demanda, y con respecto a los cuales se formularon argumentos jur�dicos tendentes a demostrar su inconstitucionalidad; en la inteligencia de que si la invalidez de alguno de ellos afecta a alg�n otro precepto del mismo sistema jur�dico estatal, pero que no fue impugnado expresamente por el actor, este Alto Tribunal estar� en condiciones de declarar, en v�a de consecuencia, su respectiva inconstitucionalidad.

Ahora bien, coincidimos con el criterio de la mayor�a en el sentido de que el legislador previ� como carga procesal que el actor iniciara la controversia constitucional y que en su escrito inicial se�alara cu�les son los conceptos de invalidez, esto es, los razonamientos jur�dicos que estimara pertinentes para sostener la inconstitucionalidad de la norma general o acto impugnado.

No obstante lo anterior, el an�lisis de tales conceptos no puede realizarse a la luz de un r�gido principio de estricto derecho, pues el art�culo 40 de la propia ley reglamentaria de la materia establece la figura jur�dica de la suplencia de la queja deficiente.

El referido precepto legal dispone lo siguiente:

Art�culo 40. En todos los casos la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n deber� suplir la deficiencia de la demanda, contestaci�n, alegatos o agravios."

Para abordar los alcances de la figura en an�lisis, conviene remitirse al dictamen de la C�mara de Diputados emitido con motivo de la iniciativa presidencial de la ley reglamentaria que nos ocupa:

En atenci�n al alto inter�s que se ventila en las controversias constitucionales, que no s�lo ata�en a los �rganos del poder p�blico actuantes, sino que involucran el equilibrio jur�dico-pol�tico del Estado de derecho, se estima conveniente que en la parte relativa a las sentencias, se obligue a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n a corregir errores en la cita de los preceptos que se invoquen y a suplir las deficiencias de la demanda, contestaci�n, alegatos y agravios, dado que no se trata de resolver sobre la mayor o menor capacidad y conocimientos de las partes, sino salvaguardar el Texto C.onal y los valores que del mismo se desprenden."

Del texto anterior se desprende que es obligaci�n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n suplir la deficiencia de la demanda, pues el prop�sito que se persigue es el de salvaguardar el texto de la C.�n y los valores que de ella se desprenden, sin que tal salvaguarda dependa de la pericia de los litigantes dentro del juicio de controversia constitucional.

Por tanto, si en la demanda de controversia la parte actora reclam� en forma gen�rica la Ley Org�nica M. del Estado de H., el an�lisis constitucional que emprenda este tribunal debe comprender �ntegramente el ordenamiento referido, toda vez que no hay que perder de vista que si bien es cierto que los conceptos de invalidez formulados por el actor deben constituir, idealmente, un planteamiento l�gico-jur�dico relativo al fondo del asunto, tambi�n lo es que este Alto Tribunal puede admitir como tal todo razonamiento que, cuando menos, contenga la expresi�n clara de la causa de pedir, a trav�s del cual la parte actora busque acreditar la existencia del inter�s leg�timo que le asiste para interponer el juicio de controversia constitucional, as� como para demostrar la inconstitucionalidad de la norma o actos impugnados, como sucedi� en la especie, toda vez que la parte actora impugn� la totalidad de la ley referida.

En este mismo sentido, procede hacer menci�n a lo previsto en el art�culo 39 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que se�ala:

Art�culo 39. Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n corregir� los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y examinar� en su conjunto los razonamientos de las partes a fin de resolver la cuesti�n efectivamente planteada."

Del precepto antes transcrito se aprecia que corresponde a este Alto Tribunal soslayar las incoherencias o las faltas de rigor l�gico que pudieran advertirse en el escrito de demanda, lo que no es otra cosa que interpretar la demanda misma. Lo anterior no es lo mismo que suplir la deficiencia de la queja, sino examinar cu�l es la cuesti�n efectivamente planteada, sin atender a la posible relaci�n confusa y equ�voca de los actos impugnados.

Es decir, interpretar la demanda de controversia es algo muy diferente de la suplencia de la queja, pues en el primer caso de lo que se trata es de examinar la demanda y desentra�ar lo que se plante� efectivamente por las partes, esto es, obtener la esencia, el elemento nuclear del problema. Sin embargo, a pesar de esa diferencia, estimamos que este Alto Tribunal est� comprometido a realizar ambas funciones, por lo que en el caso a estudio no s�lo debi� interpretarse de manera integral la demanda de controversia, sino tambi�n suplir de manera amplia la deficiencia en la expresi�n de los conceptos de invalidez.

En la sentencia se afirma que la controversia constitucional es un proceso dispositivo, sin embargo, consideramos que esa afirmaci�n es inexacta, toda vez que tanto la dispositividad de este proceso como la del derecho material controvertido, se encuentran matizados por los principios procesales especiales establecidos en la propia ley reglamentaria, propios de su naturaleza como medios de control constitucional.

En efecto, en materia de controversias constitucionales existen institutos como la suplencia de la deficiencia de la demanda, de la contestaci�n y de los agravios, la no operatividad del desistimiento de la demanda en caso de normas generales, la facultad de la Suprema Corte para ordenar la pr�ctica de pruebas para mejor proveer, entre otras, las cuales implican que el juzgador constitucional goza de importantes facultades en el impulso y direcci�n en las controversias constitucionales, adem�s de que las partes no disponen totalmente del derecho material.

Lo anterior es as�, porque las controversias constitucionales persiguen la tutela del ordenamiento en sentido objetivo, por tanto, no es un instrumento para la salvaguarda de intereses particulares de los �rganos constitucionales, toda vez que se trata de un proceso p�blico regido por principios que tienen como �ltima ratio, la protecci�n de la C.�n F. y sus principios, en donde la impericia de las partes no debe ser un pretexto para el incumplimiento de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese orden de ideas, toda vez que en la especie la parte actora se�al� como acto reclamado la Ley Org�nica M. del Estado de H. en su totalidad, estimamos que de la mera interpretaci�n de la demanda se debi� concluir que �sta fue la cuesti�n efectivamente planteada y que, por tanto, este Alto Tribunal debi� abordar su estudio integral.

El criterio anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia que se invoca por analog�a y que a continuaci�n se transcribe:

Novena �poca

Instancia: P.

Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

Tomo: XII, agosto de 2000

Tesis: P./J. 68/2000

P�gina: 38

CONCEPTOS DE VIOLACI�N. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANT�AS LA CAUSA DE PEDIR. El P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro �CONCEPTOS DE VIOLACI�N. REQUISITOS L�GICOS Y JUR�DICOS QUE DEBEN REUNIR.�, en la que, se exig�a que el concepto de violaci�n, para ser tal, deb�a presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusi�n la contraposici�n entre aqu�llas, demostrando as�, jur�dicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separaci�n de ese criterio radican en que, por una parte, los art�culos 116 y 166 de la Ley de A. no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresi�n de los conceptos de violaci�n se haga con formalidades tan r�gidas y solemnes como las que establec�a la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violaci�n todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no est�n en el cap�tulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma l�gica del silogismo, sino que ser� suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, se�al�ndose cu�l es la lesi�n o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resoluci�n o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo."

En estas condiciones y por los motivos apuntados, estimamos que debi� analizarse la Ley Org�nica M. del Estado de H. en su integridad, raz�n por la cual nos apartamos del considerando octavo de la presente ejecutoria.

Por tal motivo, en el presente documento se propone lo que debi� ser el estudio de todos y cada uno de los preceptos que fueron impugnados por la parte actora, m�s aquellos que del estudio pormenorizado de la Ley Org�nica M. del Estado de H. se consideraron inconstitucionales.

Cabe mencionar que la Ministra Olga S�nchez C. de G.�a V., integrante de esta minor�a, pese a que vot� a favor del punto resolutivo cuarto de esta ejecutoria en el que se declara la nulidad relativa de los art�culos 21, 22, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, fracci�n XXXVII, 51, 52, fracciones I, II, IV, V, VI, primer p�rrafo, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XXIX, XXX, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLIII, XLV, XLVII, XLVIII, L, LI, LII, LIII, L., LV, LVI, LVIII; 55, fracciones I, III, IV, V, VI y VII; 60, fracciones I, II, IV, V, VI VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV; 62, fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV XV; 63, 64, 65, 66, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 103, �ltimo p�rrafo, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, fracciones IV y V; 134, 137, 138, 139, 149, 150, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Org�nica M. del Estado de H., no comparte las consideraciones vertidas en el considerando noveno que lo sustentan.

Lo anterior, en virtud de que considera que correspond�a a este Alto Tribunal analizar y pronunciarse respecto de la naturaleza jur�dica de cada una de las normas impugnadas por el Municipio actor, por las razones expresadas en l�neas anteriores. En consecuencia, esta minor�a propone que las consideraciones del proyecto debieron ser en los siguientes t�rminos.

I.D.M. (generalidades).

El Municipio actor se�ala que el art�culo 1o. de la ley impugnada, al establecer que su objeto es regular la organizaci�n y funcionamiento de los Municipios, violenta la autonom�a municipal para auto-organizarse, con lo cual transgrede lo dispuesto en el art�culo 115 constitucional que se�ala que el objeto de la ley ser� establecer las bases generales de la administraci�n p�blica y de procedimiento administrativo, dejando como materia de la facultad reglamentaria municipal lo relativo a la organizaci�n y funcionamiento internos de los Ayuntamientos.

El art�culo impugnado se encuentra dentro del cap�tulo I, denominado "D.M., y se�ala:

Art�culo 1o. Las disposiciones de la presente ley son de orden p�blico y de inter�s social, tienen por objeto regular la organizaci�n y funcionamiento de los Municipios, de acuerdo con lo dispuesto en los art�culos 115 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 115 al 148 de la C.�n Pol�tica del Estado de H.."

Por su estrecha vinculaci�n con el art�culo 3o., que tambi�n fue impugnado, resulta conveniente analizarlos de manera conjunta. Este �ltimo precepto establece:

Art�culo 3o. Los Municipios del Estado, estar�n organizados y regular�n su funcionamiento de acuerdo con lo dispuesto por la presente ley, en lo interno se regir�n por su propia reglamentaci�n que se ajustar� a los principios establecidos en la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en la del Estado, en esta ley y en las correlativas, as� como en lo siguiente:

  1. Los Ayuntamientos quedan facultados para aprobar los bandos de gobierno y de polic�a, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci�n p�blica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia y promuevan la participaci�n de la sociedad.

  2. En los Municipios en los que no existan los bandos y reglamentos a que se refiere la fracci�n anterior, los Ayuntamientos aplicar�n las reglas que fije �sta u otra ley que se expidan en materia municipal, a fin de permitirles cumplir sus fines y ejercer todas las atribuciones establecidas en el art�culo 115 de la C.�n Pol�tica, de los Estados Unidos Mexicanos, el t�tulo IX de la C.�n Pol�tica del Estado de H..

  3. Para dirimir las controversias que se generen entre la administraci�n p�blica municipal y los particulares, en relaci�n a los recursos administrativos, se sujetar�n a lo dispuesto por el t�tulo octavo, cap�tulo tercero de esta ley, a partir de los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad."

    De lo expuesto en el marco jur�dico municipal se desprende que a pesar de que el art�culo 1o. de la ley impugnada se�ale como objetivo regular la organizaci�n y funcionamiento de los Municipios, y no el establecer las bases generales de la administraci�n p�blica y del procedimiento administrativo, como se asienta en la fracci�n II, inciso a), del art�culo 115 constitucional, no puede considerarse como violatorio de dicho precepto, toda vez que, como ha quedado expuesto, la legislatura tiene m�ltiples facultades en relaci�n con el Municipio que la propia Norma C.onal prev� en diversos art�culos, no s�lo en el 115, ni tampoco �nicamente en su fracci�n II, facultades que constituyen normas derivadas de la C.�n, cuya regulaci�n, por derivar de �sta, no puede considerarse inconstitucional. Incluso, el art�culo 3o. de la ley indica que los Municipios regular�n su funcionamiento de acuerdo con lo dispuesto por la presente ley y en lo interno se regir�n por su propia reglamentaci�n que se ajustar� a los principios establecidos en la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, lo que desde luego no se limita al art�culo 115.

    Adem�s, para verificar si la ley se apega o no a lo dispuesto en la C.�n F., es menester analizar individualmente cada uno de los art�culos que la integran, pues el contenido de los preceptos en estudio es una declaraci�n gen�rica que enuncia el objeto de la ley, el cual depende del contenido de la norma en su integridad, raz�n por la cual el concepto de invalidez debe declararse infundado.

    Ahora, respecto del art�culo 5o., el Municipio actor aduce que invade la esfera de su competencia, pues se refiere a cuestiones de la administraci�n p�blica municipal que corresponde determinar a cada Ayuntamiento.

    El precepto se�alado indica lo siguiente:

    Art�culo 5o. Los Municipios no tendr�n ning�n superior jer�rquico, ser�n independientes entre s� y no habr� ninguna autoridad intermedia entre �stos y los Poderes del Estado.

    As� mismo, podr�n coordinarse y asociarse en los t�rminos de la presente ley, para la m�s eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. Los acuerdos de coordinaci�n o asociaci�n ser�n aprobados por las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento. Cuando la asociaci�n est� referida a Municipios de dos o m�s entidades federativas, se requerir� de la aprobaci�n de las dos terceras partes de los miembros del Congreso del Estado."

    El art�culo anteriormente reproducido, en t�rminos generales, es una norma derivada del art�culo 115, fracci�n I, primer p�rrafo, y fracci�n III, pen�ltimo p�rrafo, de la C.�n F., que establecen:

    Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

  4. Cada Municipio ser� gobernado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa, integrado por un presidente municipal y el n�mero de regidores y s�ndicos que la ley determine. La competencia que esta C.�n otorga al Gobierno M. se ejercer� por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habr� autoridad intermedia alguna entre �ste y el Gobierno del Estado.

    ...

    Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podr�n coordinarse y asociarse para la m�s eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y trat�ndose de la asociaci�n de Municipios de dos o m�s Estados, deber�n contar con la aprobaci�n de las Legislaturas de los Estados respectivas. As� mismo cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste, de manera directa o a trav�s del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio."

    Las normas constitucionales reproducidas establecen que el Gobierno del Municipio se ejerce con exclusividad por el Ayuntamiento y, asimismo, la prohibici�n de que exista autoridad intermedia entre �ste y el Estado, as� como la posibilidad de que se celebren convenios entre los Municipios de un mismo Estado para la prestaci�n de servicios p�blicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan y, adem�s, la posibilidad de asociaci�n entre Municipios de dos o m�s entidades federativas, previa aprobaci�n de la Legislatura Local.

    Bajo este tenor, toda vez que la norma impugnada reproduce casi en su integridad el texto del art�culo 115, fracci�n I, primer p�rrafo, y fracci�n III, pen�ltimo p�rrafo, no puede considerarse inconstitucional y, por tanto, el concepto de invalidez en relaci�n con los p�rrafos primero y segundo, parte primera, del art�culo 5o. de la ley impugnada, resulta infundado.

  5. De la poblaci�n del Municipio.

    Manifiesta el Municipio actor que el art�culo 10 de la ley en estudio vulnera el �mbito de atribuciones que le reconoce la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

    El precepto en cuesti�n, que se contiene en el cap�tulo "De la poblaci�n del Municipio", se�ala:

    Art�culo 10. Esta ley es obligatoria para todos los habitantes de los Municipios del Estado de H., as� como para los que se encuentren temporal o transitoriamente dentro de su territorio."

    El precepto anotado establece el �mbito personal y espacial de validez de la Ley Org�nica M. del Estado de H., en tanto establece que la misma obliga a los habitantes del Estado de H. y a quienes se encuentren en su territorio.

    Bajo este tenor, la ley no puede considerarse inconstitucional por s� misma, puesto que tendr�a que acudirse al estudio individualizado de cada norma impugnada para estar en posibilidad de determinar lo conducente.

  6. De la participaci�n ciudadana.

    Por otra parte, el Municipio actor aduce que la Ley Org�nica M. del Estado de H., en sus art�culos 21 y 22, establece las figuras de iniciativa popular, plebiscito y refer�ndum, con la finalidad de concederle facultades a la ciudadan�a para participar con voz en el an�lisis y aprobaci�n de los bandos de polic�a y gobierno y dem�s reglamentos de observancia general, as� como tambi�n el derecho para la aprobaci�n y desaprobaci�n de dichos ordenamientos legales, lo dispuesto por la fracci�n II del art�culo 115 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ya que �ste no prev� tales supuestos, por lo que el art�culo impugnado en comento restringe la facultad exclusiva de los Ayuntamientos para aprobar las normas mencionadas, prevista en el numeral de la C.�n F. citado.

    El art�culo 21 de la Ley Org�nica M. del Estado de H. impugnado dispone lo siguiente:

    Art�culo 21. Con el fin de otorgar mayor participaci�n a los ciudadanos en el quehacer municipal, se establecen las figuras de iniciativa popular, plebiscito y refer�ndum.

    Se entiende por iniciativa popular, la facultad que tienen los ciudadanos de un Municipio, para proponer normas reglamentarias ante el Ayuntamiento. La iniciativa popular deber� se�alar los art�culos que se pretendan crear, reformar, adicionar o derogar, la redacci�n que se propone y la exposici�n de motivos. Los promoventes tendr�n el derecho de nombrar a un representante para que participe con voz en las sesiones del Ayuntamiento que tengan por objeto analizarla. Dichas sesiones deber�n realizarse a m�s tardar dentro de los tres meses siguientes a la presentaci�n de la iniciativa.

    Plebiscito, es la consulta a los ciudadanos a fin de que expresen su previa aprobaci�n o rechazo, para los actos de los Ayuntamientos que sean considerados como trascendentes para la vida de los Municipios, o para la erecci�n o supresi�n de los mismos.

    El refer�ndum, es el procedimiento mediante el cual los ciudadanos de los Municipios, seg�n sea el caso, manifiestan su aprobaci�n o desaprobaci�n respecto a los bandos y reglamentos municipales."

    Por su parte, el art�culo 22 dispone lo que sigue:

    Art�culo 22. La organizaci�n, desarrollo y procedimientos de las anteriores figuras, se llevar�n de conformidad a lo que establezca la ley de la materia o reglamentos municipales correspondientes, que al efecto se expidan.

    Son nulas de pleno derecho las convocatorias a plebiscito o refer�ndum, cuyo objeto pudiera conculcar garant�as individuales."

    De los preceptos transcritos se advierte que el establecimiento de las figuras de iniciativa popular, plebiscito y refer�ndum obedece al �nimo de otorgar mayor participaci�n a los ciudadanos en las tareas municipales, en cuanto a proponer normas reglamentarias ante el Ayuntamiento, en expresar previamente su aprobaci�n o rechazo para los actos de los Ayuntamientos considerados trascendentes para la vida de los Municipios; para la erecci�n o supresi�n de los mismos y en la manifestaci�n de aprobaci�n o desaprobaci�n de los bandos y reglamentos municipales.

    La participaci�n ciudadana es el reflejo del principio democr�tico en el Municipio y uno de los objetivos m�s dif�ciles de lograr en la pr�ctica, pero que ha venido revelando avances en los Ayuntamientos del pa�s. En las leyes org�nicas municipales que est�n vigentes en las entidades federativas se han establecido �rganos de participaci�n popular, a trav�s de los cuales los ciudadanos pueden hacer sus planteamientos y canalizar sus inquietudes.

    Del propio art�culo 115 de la C.�n F. se advierte que tanto las C.ones Locales como las leyes org�nicas municipales deben recoger instrumentos que permitan a los ciudadanos ejercer la importante funci�n de participaci�n y de control de las actividades municipales.

    Entre los m�s frecuentes medios de participaci�n y de control est�n: a) la consulta, sondeo que hacen las autoridades municipales para conocer el sentir de la ciudadan�a; b) la iniciativa popular, en la cual los ciudadanos pueden proponer un proyecto de reglamento municipal, o bien, reformas al mismo, si re�nen un cierto porcentaje del electorado o un determinado n�mero de firmas; c) el plebiscito, acto por el cual se someten a la decisi�n del electorado cuestiones de naturaleza pol�tica o administrativa; d) el refer�ndum, acto por el cual se someten a la decisi�n del electorado asuntos de naturaleza jur�dica, y e) la revocaci�n del mandato, posibilidad otorgada a la ciudadan�a para relevar del cargo a los funcionarios municipales en ejercicio.

    Ahora bien, producto de la reforma constitucional en estudio en la fracci�n II del art�culo 115 constitucional, se introdujo la facultad del Ayuntamiento para aprobar los reglamentos que organicen la administraci�n p�blica municipal y que aseguren la participaci�n ciudadana y vecinal.

    Ra�l O., en su art�culo "Reformas y adiciones al art�culo 115", incluido en el libro "Derecho M.: Una visi�n al derecho constitucional municipal", sostiene lo siguiente:

    En la fracci�n II se introduce la facultad del Ayuntamiento para aprobar los reglamentos �que organicen la administraci�n p�blica municipal� y que �aseguren la participaci�n ciudadana y vecinal�. Esta facultad podr�a ser muy importante para que cada Municipio busque las formas institucionales m�s adecuadas de asegurar la participaci�n ciudadana y vecinal, a trav�s de su representaci�n en el Ayuntamiento, en las decisiones, la planeaci�n y ejecuci�n de las pol�ticas municipales."

    Por las razones antes expuestas, esta minor�a estima que el art�culo 21 de la ley impugnada s� es constitucional.

    En relaci�n con el art�culo 22 constitucional, los Ministros que integramos esta minor�a sostenemos posturas diferentes, ya que la suscrita Ministra Olga S�nchez C. de G.�a V. estima que el referido precepto es inconstitucional; en cambio, el se�or Ministro G.D.G.�ngora P. considera que la norma es constitucional; sin embargo, como en este tema no se consolid� una postura predominante, nos limitamos a expresar el sentido en que hubi�ramos votado, reserv�ndonos las consideraciones, a fin de evitar alguna confusi�n.

  7. Funcionamiento del Ayuntamiento.

    En sus conceptos de invalidez, el Municipio actor manifiesta que los art�culos 37, 38, 39 y 40 de la Ley Org�nica M. del Estado de H. transgreden lo dispuesto en el art�culo 115 de la C.�n F., porque invaden la esfera de competencias que dicho precepto constitucional otorga a los Municipios, a m�s de que, seg�n su propio dicho, "en materia de mayor�as calificadas del Ayuntamiento, �stas s�lo son posibles de establecerse en la ley, trat�ndose de disposici�n de bienes muebles (sic), o actos jur�dicos que obliguen al Ayuntamiento m�s all� de su periodo de gobierno. Por tanto, es indebido imponer a los Ayuntamientos la toma de decisiones a partir de mayor�a calificada fuera de esos temas".

    Los art�culos 37, 38, 39 y 40 de la referida Ley Org�nica M. del Estado de H. disponen lo siguiente:

    Art�culo 37. Los Ayuntamientos deber�n resolver los asuntos de su competencia colegiadamente y podr�n funcionar con la asistencia de la mayor�a de sus integrantes. Los miembros del Ayuntamiento tendr�n iguales derechos y sus acuerdos se tomar�n por mayor�a de votos, salvo los casos en que la ley exija la asistencia total o mayor�a absoluta o calificada de votos de los regidores. En las sesiones del Ayuntamiento s�lo tendr�n derecho a voz y voto, el presidente municipal, los s�ndicos y los regidores.

    Los Ayuntamientos celebrar�n sesiones p�blicas ordinarias o extraordinarias e itinerantes, previo acuerdo de la mayor�a de sus integrantes; las sesiones podr�n ser privadas cuando as� lo aprueben las dos terceras partes de sus integrantes. Podr�n convocar a sesi�n extraordinaria las dos terceras partes de los regidores, cuando se requiera. En sesi�n extraordinaria, s�lo se tratar�n los asuntos objeto de la convocatoria.

    La sesiones del Ayuntamiento, ser�n presididas por el presidente municipal y moderadas por quien designe el Ayuntamiento.

    Para la atenci�n de los asuntos internos y la correspondencia, los Ayuntamientos podr�n contar con un oficial mayor, nombrado mediante acuerdo de la mayor�a de sus integrantes. El presupuesto de egresos contemplar� la remuneraci�n que le corresponda.

    Los Ayuntamientos, no podr�n revocar sus acuerdos, sino en aquellos casos en que deban acatar sentencias jurisdiccionales, al resolver recursos administrativos o se advierta que se oponen a las dem�s leyes y reglamentos en vigor, o afecten el inter�s de la sociedad.

    Compete al presidente municipal, ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento. Carecen de facultades de ejecuci�n y de ejercicio de jurisdicci�n, las comisiones, los s�ndicos y los regidores."

    Art�culo 38. Las sesiones de los Ayuntamientos, constar�n en un libro de actas en el cual deber�n asentarse la denominaci�n de los asuntos tratados, un extracto de ellos, as� como el resultado y sentido de la votaci�n. Cuando se refieran a normas de car�cter general que sean de observancia municipal o reglamentos, se har�n constar �ntegramente en el libro de actas, las que deber�n ser firmadas en ambos casos, por los miembros del Ayuntamiento."

    Art�culo 39. Para lo no previsto en esta ley, sobre el funcionamiento de los Ayuntamientos, se estar� a las disposiciones de su respectivo reglamento interior o las dem�s leyes de la materia."

    Art�culo 40. Las facultades otorgadas por la C.�n Pol�tica del Estado de H. y esta ley al presidente municipal, deber�n ejercitarse directa y personalmente bajo su estricta responsabilidad. Podr� delegar facultades en funcionarios municipales para proveer en la esfera administrativa al exacto cumplimiento de sus atribuciones, en los t�rminos que fija la presente ley, los bandos de gobierno y de polic�a, y los reglamentos de la administraci�n p�blica municipal."

    En el p�rrafo primero de la fracci�n I del art�culo 115 constitucional se declara categ�ricamente que "cada Municipio ser� gobernado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa, integrado por un presidente municipal y el n�mero de regidores y s�ndicos que la ley determine". Seg�n su etimolog�a, el t�rmino Ayuntamiento proviene del lat�n adiunctum, surgido de adiungere, que significa juntar, uni�n de dos o m�s individuos para formar un grupo (Diccionario de la Lengua Espa�ola, Larousse Editorial, S., 21a. reimpresi�n, M�xico, 1994).

    De ello resulta que el Ayuntamiento consiste en un cuerpo colegiado de car�cter deliberante y naturaleza eminentemente democr�tica, que toma sus decisiones a trav�s del voto de sus miembros.

    Por lo que se refiere a los miembros del Ayuntamiento, la propia norma constitucional dispone que �ste se integre por un presidente municipal y por el n�mero de s�ndicos y regidores que la ley determine y, por lo que hace a su funcionamiento, la doctrina (S.V.C., "Derecho M.", P., M�xico, 2003), se�ala que, por regla general, los Ayuntamientos funcionan en P. o en comisiones: en P. como cuerpos colegiados durante las sesiones de Cabildo, en tanto que sus miembros se distribuyen en comisiones para supervisar y vigilar las actividades que desarrolla el propio Ayuntamiento; asimismo, que las sesiones de Cabildo se celebran normalmente dentro del palacio municipal, en el cual existe un local que lleva el nombre de "sala de Cabildo"; que dichas sesiones suelen celebrarse una vez a la semana, dos veces al mes o, cuando menos, una vez al mes, pero que tambi�n pueden haber sesiones de car�cter extraordinario cuando se presentan asuntos urgentes que resolver, as� como sesiones solemnes, como sucede cuando se declara a un visitante hu�sped distinguido o cuando rinde su informe el presidente municipal.

    Ahora bien, los art�culos impugnados antes transcritos, en t�rminos generales, son acordes con la C.�n, salvo por lo que hace al primer p�rrafo del art�culo 37 impugnado, en el que se exige la presencia de la totalidad de ciertos miembros de dicho cuerpo colegiado para la toma de una resoluci�n, porci�n que s� resulta contraria al texto de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. A continuaci�n, procederemos a explicar estas afirmaciones.

    El p�rrafo primero del art�culo 37 es una norma que deriva del art�culo 115, fracci�n I, primer p�rrafo, de la C.�n F., en tanto establece la naturaleza colegiada y democr�tica del Ayuntamiento como �rgano de gobierno; la necesidad de que para su funcionamiento se cuente con la asistencia de la mayor�a de sus integrantes; la igualdad de los derechos de los miembros del Ayuntamiento en las deliberaciones del Cabildo y, por �ltimo, la obligaci�n de que sus decisiones se tomen por el voto mayoritario de dichos miembros. Como puede apreciarse, todas ellas son normas que, de una forma u otra, derivan directamente del Texto C.onal, pues son inherentes a su esencia de cuerpo colegiado y democr�tico, ya que son presupuesto de su funcionamiento regular.

    Por su parte, los p�rrafos segundo, tercero, cuarto y quinto del mismo art�culo 37, al establecer los tipos de sesiones del Cabildo, qui�n las preside y modera, la posibilidad de contar con un oficial mayor, y la obligaci�n gen�rica del Ayuntamiento de no revocar sus acuerdos, constituyen bases generales de administraci�n insertas dentro del objeto de las leyes en materia municipal, de aquellas a las que se refiere la fracci�n II, inciso a), del art�culo 115 constitucional, porque se trata de normas relativas a cuestiones municipales generales, que le dan un marco normativo homog�neo a los Municipios del Estado, sin intervenir en sus cuestiones espec�ficas.

    Y, por �ltimo, el p�rrafo sexto del propio art�culo 37 que se�ala que compete al presidente municipal ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento y, asimismo, que los s�ndicos, regidores y las comisiones carecen de facultades de ejecuci�n y de ejercicio de jurisdicci�n, estimamos que se trata de una norma por ausencia de las que regula el art�culo 115, fracci�n II, inciso e), constitucional, ya que corresponde al Ayuntamiento, dentro de su facultad de auto-organizaci�n, determinar si �nicamente el presidente tiene funciones ejecutivas, o si tambi�n cuentan con ellas algunos o todos los dem�s miembros del Ayuntamiento.

    Efectivamente, tal como lo se�ala C.F.Q.R.�n en su libro titulado "Derecho M." (P.�a, M�xico, 1999), frecuentemente se confunde la figura del presidente municipal con la de un "titular del ejecutivo" de la localidad. Esto es impreciso, pues nuestro Municipio no obedece en su concepci�n de gobierno a la idea cl�sica de divisi�n de Poderes en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a m�s de que dicha apreciaci�n es innecesaria para el Gobierno M.. Lo cierto es que al estar gobernado el Municipio por un cuerpo colegiado, solamente obedecer� su divisi�n de funciones a los aspectos pr�cticos y operativos, pero de ninguna manera a la interpretaci�n, forzada si se quiere, de una divisi�n de poderes.

    En ese sentido, el establecimiento por parte de la Legislatura Estatal de que el presidente municipal ser� la �nica o la principal autoridad ejecutiva del Ayuntamiento, es una norma que regir� en tanto los Ayuntamientos no lo regulen de una forma distinta, pues el Municipio no tiene por qu� estar organizado, necesariamente, conforme a la cl�sica divisi�n de poderes ni, por tanto, contar con un �rgano ejecutor espec�fico, aun cuando �sta sea una concepci�n seguida por varias legislaciones locales.

    Ahora bien, por lo que hace al art�culo 38 que establece la obligaci�n de llevar un libro de actas para las sesiones del Ayuntamiento, debe se�alarse que se trata de una base general de administraci�n derivada de la fracci�n II, inciso a), del art�culo 115 constitucional, en tanto que tiende a asegurar la transparencia del manejo del Municipio y que, adem�s, cumple a cabalidad con los principios contenidos en el art�culo 113 de la propia N.F., relativos a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempe�o de las atribuciones de los mun�cipes, as� como los principios de seguridad jur�dica, certeza y publicidad de las decisiones adoptadas por el Cabildo, tambi�n impl�citos en nuestro Texto C.onal.

    Finalmente, los art�culos 39 y 40 antes transcritos, en los que �nicamente se establece que en lo no previsto en la Ley Org�nica M. del Estado de H. sobre el funcionamiento de los Ayuntamientos, se estar� a las disposiciones de su respectivo reglamento o a las dem�s leyes de la materia, y que las facultades otorgadas al presidente municipal, si bien deber�n ejercitarse directa y personalmente bajo su responsabilidad, podr�n delegarse en los t�rminos de la misma ley o de los reglamentos municipales, tambi�n constituyen una base general de administraci�n inserta dentro del objeto de las leyes en materia municipal a las que alude la fracci�n II, inciso a), del art�culo 115 de la C.�n, porque se trata de normas relativas a cuestiones municipales generales que le dan un marco normativo homog�neo a los Municipios del Estado, sin intervenir en sus cuestiones espec�ficas.

    No obstante todo lo anterior, estimamos que son fundados los argumentos de la parte actora, suplidos en su deficiencia, en los que medularmente se�ala que es contrario al art�culo 115 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, el p�rrafo primero del art�culo 37 de la Ley Org�nica M. del Estado de H., en la parte en que dice que los miembros del Ayuntamiento tomar�n sus acuerdos por mayor�a de votos "salvo los casos en que la ley exija la asistencia total ... de los regidores".

    Dicho con m�s claridad, el p�rrafo primero del referido art�culo 37 de la Ley Org�nica M. del Estado de H., que para mayor precisi�n a continuaci�n se vuelve a transcribir, atenta contra el citado precepto de la C.�n F., en la parte subrayada:

    Art�culo 37. Los Ayuntamientos deber�n resolver los asuntos de su competencia colegiadamente y podr�n funcionar con la asistencia de la mayor�a de sus integrantes. Los miembros del Ayuntamiento tendr�n iguales derechos y sus acuerdos se tomar�n por mayor�a de votos, salvo los casos en que la ley exija la asistencia total o mayor�a absoluta o calificada de votos de los regidores. En las sesiones del Ayuntamiento s�lo tendr�n derecho a voz y voto, el presidente municipal, los s�ndicos y los regidores."

    El mandato constitucional de que el Ayuntamiento ejerza de manera exclusiva el Gobierno M., tiene como presupuesto la gobernabilidad del Municipio, esto es, que se den las condiciones que aseguren el ejercicio de poder en una sociedad a fin de que exista la posibilidad de que �sta sea encauzada conforme a reglas de buen gobierno, disminuyendo de esta forma el riesgo de que dicha sociedad llegue a desarticularse violentamente ante el entorpecimiento de la toma de decisiones que demanda el ejercicio del gobierno.

    En efecto, el Gobierno M. es por esencia din�mico, pues al ser la primera c�lula de poder organizado y la m�s cercana a la sociedad, requiere de la toma de decisiones constantes que resuelvan los problemas de la realidad local, raz�n por la cual la imposici�n de mayor�as calificadas para la toma de cualquier decisi�n, atenta contra la esencia democr�tica del Ayuntamiento y puede ser peligrosa, al limitar su facultad de decisi�n y de resoluci�n de problemas e impedir de esta manera que el Ayuntamiento ejerza el Gobierno del Municipio, lo cual se traduce en la transgresi�n al principio de gobernabilidad y trastoca la naturaleza jur�dica y funcionamiento de todo �rgano colegiado.

    Por tanto, los supuestos en los cuales la legislatura impone al Ayuntamiento la necesidad de que est�n presentes todos los regidores para la toma de alguna decisi�n del Cabildo, transgrede el art�culo 115 constitucional, pues de igual manera se trata de una injerencia inconstitucional en el ejercicio del Gobierno del Municipio que va m�s all� de lo regulado por la C.�n y que, adem�s, contradice el ya explicado principio de gobernabilidad.

    Por tanto, el p�rrafo primero del art�culo 37 de la Ley Org�nica M. del Estado de H., en la parte en la que establece el requisito de que una resoluci�n se tome con la presencia de todos los regidores, transgrede el art�culo 115 constitucional.

    Ahora bien, en suplencia de la queja, esta minor�a procede a analizar los art�culos 35 y 41 de la Ley Org�nica M. del Estado de H., toda vez que pese a que no fueron impugnados de manera destacada por el Municipio actor, se estima que est�n afectados de inconstitucionalidad.

    Los referidos art�culos establecen lo siguiente:

    Art�culo 35. El cargo de miembro del Ayuntamiento es renunciable s�lo por causas graves y justificadas que se calificar�n con admisi�n o rechazo en sesi�n privada dentro de las 72 horas de haberse presentado la renuncia. A la sesi�n concurrir�n todos los miembros, con excepci�n del que haya presentado la renuncia. Admitida la renuncia de inmediato se llamar� al suplente y se notificar� al renunciante la decisi�n acordada."

    Art�culo 41. El Ayuntamiento, deber� sesionar en P. para conocer del ejercicio de las facultades de cada uno de sus integrantes, pero no podr� oponerse al desempe�o de �stas, sin causa justificada, calificada por la mayor�a absoluta de sus miembros."

    Con respecto al art�culo 35 de la ley impugnada, esta minor�a considera que, en t�rminos generales, se trata de una base general de administraci�n inserta dentro del objeto de las leyes en materia municipal a las que alude la fracci�n II, inciso a), del art�culo 115 de la C.�n, porque fija reglas uniformes sobre las condiciones del ejercicio del cargo de miembro del Ayuntamiento, estableciendo que �ste es renunciable y, por tanto, se refiere a una cuesti�n general que le da un marco normativo homog�neo a los Municipios del Estado, sin intervenir en sus cuestiones espec�ficas.

    Adem�s, esa primera parte del precepto est� relacionada con el art�culo 36, fracci�n V, de la C.�n F., que establece como parte de las obligaciones de los ciudadanos mexicanos lo siguiente:

    Art�culo 36. Son obligaciones del ciudadano de la Rep�blica:

    ...

    V.D.�ar los cargos concejiles del Municipio donde resida, las funciones electorales y las de jurado."

    No obstante lo anterior, resulta inconstitucional la exigencia de que al acto de renuncia al cargo tengan que acudir todos los miembros del Ayuntamiento, porque con esa exigencia legal se le est� imponiendo, a trav�s del qu�rum de asistencia, una mayor�a calificada fuera de los casos que establece la fracci�n II, inciso b), del art�culo 115 de la C.�n F..

    En efecto, al referirse dicho precepto constitucional a casos concretos y excepcionales en los que se requiere una votaci�n calificada de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento, puede advertirse que se encuentran inmersos en el contenido de la fracci�n constitucional los principios de autonom�a municipal y de gobernabilidad, de ah� que no sea factible el establecimiento de un qu�rum de asistencia totalitaria para la instalaci�n y funcionamiento del �rgano, pues la simple inasistencia de uno de sus miembros paralizar�a la toma de la decisi�n del Ayuntamiento, lo cual pretendi� evitar el Constituyente Permanente al establecer de manera limitativa los casos excepcionales en los que se requiere una votaci�n calificada.

    En tal virtud, lo que procede es declarar la invalidez de la porci�n normativa del art�culo 35 en comento, en la parte que establece "todos", con lo cual dicho precepto, para efectos de la presente controversia constitucional y en lo que ata�e a su aplicaci�n futura al Municipio actor, deber� leerse de la siguiente manera:

    Art�culo 35. El cargo de miembro del Ayuntamiento es renunciable s�lo por causas graves y justificadas que se calificar�n con admisi�n o rechazo en sesi�n privada dentro de las 72 horas de haberse presentado la renuncia. A la sesi�n concurrir�n los miembros, con excepci�n del que haya presentado la renuncia. Admitida la renuncia de inmediato se llamar� al suplente y se notificar� al renunciante la decisi�n acordada."

    En la inteligencia de que se atender� a la regla general en materia de qu�rum de asistencia de los �rganos colegiados, consistente en la mayor�a simple.

    Ahora bien, con respecto al art�culo 41, se estima que, en t�rminos generales, dicha norma constituye una base general de administraci�n, inserta dentro del objeto de las leyes en materia municipal a las que alude la fracci�n II, inciso a), del art�culo 115 de la C.�n, porque es una norma relativa a una cuesti�n general, como lo es el funcionamiento ordinario de un Ayuntamiento en su car�cter de �rgano colegiado, pues establece el principio de que este �ltimo deber� sesionar para conocer del ejercicio de las facultades de cada uno de sus integrantes, con lo cual se le da un marco normativo homog�neo a los Municipios del Estado sin intervenir en sus cuestiones espec�ficas, lo cual, lejos de perjudicar al Municipio, le provee de una norma que garantiza en todo momento el conocimiento de la actividad de cada uno de los mun�cipes, lo que se traduce en eficiencia y eficacia en el desempe�o de las funciones del Ayuntamiento.

  8. Juntas de Acci�n C�vica y Cultural.

    Manifiesta asimismo el Municipio actor, que los art�culos 43, 44, 45, 46, 47 y 48 de la ley en estudio, atentan contra lo dispuesto en el art�culo 115 de la C.�n F., porque invaden la esfera de competencias que dicho precepto constitucional otorga al �mbito municipal.

    Los art�culos impugnados antes referidos establecen lo siguiente:

    Art�culo 43. En cada Municipio se integrar� una Junta de Acci�n C�vica y Cultural, que tendr� como objetivos fundamentales los de organizar actos c�vicos en las fechas hist�ricas tradicionales y desarrollar eventos o actividades que tiendan a fomentar la educaci�n c�vica y la superaci�n cultural de sus habitantes."

    Art�culo 44. La Junta de Acci�n C�vica y Cultural, se integrar� por el presidente municipal, dos secretarios vocales, un tesorero y sus respectivos suplentes.

    Art�culo 45. Los secretarios vocales, el tesorero y los suplentes, ser�n designados por el Ayuntamiento en el mes de enero de cada a�o, a propuesta del presidente municipal. Para su designaci�n, preferentemente se tomar� en cuenta su vinculaci�n con el sector educativo o su pertenencia a las asociaciones o colegios de profesionistas y t�cnicos."

    Art�culo 46. Los Ayuntamientos, solventar�n los gastos que eroguen las Juntas de Acci�n C�vica y Cultural, con los fondos que se destinen para ese objeto y con los que se arbitren por aportaciones p�blicas, sin que puedan dar inversi�n distinta a los fondos as� recaudados, salvo el caso en que los Ayuntamientos de acuerdo con las Juntas de Acci�n C�vica, los apliquen en la construcci�n de obras materiales o la prestaci�n de un servicio de notorio beneficio para el Municipio."

    Art�culo 47. El tesorero de la junta, administrar� los fondos de �sta, rendir� en los meses de junio y diciembre de cada a�o un informe al Ayuntamiento, que contenga la lista de los donantes y el monto de lo recaudado por medio distinto, los gastos erogados, as� como la declaraci�n de que quedan los comprobantes a la vista del p�blico para su examen."

    Art�culo 48. Los cargos de miembros de las Juntas de Acci�n C�vica y Cultural ser�n honor�ficos."

    En nuestra opini�n, no le asiste la raz�n a la parte actora, toda vez que las anteriores disposiciones deben considerarse normas por ausencia de reglamento municipal, en t�rminos del art�culo 115, fracci�n II, inciso e), de la C.�n F., toda vez que regulan un �rgano que tiene por misi�n esencial organizar actos de car�cter c�vico y cultural, preservar las tradiciones y fomentar la educaci�n c�vica y cultural de sus habitantes, lo cual, si bien no puede ser considerado como una base general de administraci�n, en virtud de que la regulaci�n de dichas cuestiones le corresponde a cada Ayuntamiento en atenci�n al principio de auto-organizaci�n que deriva del car�cter de �rgano de gobierno que constitucionalmente le est� atribuido al Municipio, tampoco puede estimarse inconstitucional, pues los fines que se le asignan a dichas juntas no son en s� mismos contrarios a ninguna norma de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

    As�, en caso de que el Ayuntamiento omita regular esta cuesti�n, puede actuar con fundamento en los art�culos 43 a 48 de la Ley Org�nica M. del Estado de H. para lograr las finalidades se�aladas, lo que desde luego no implica que el contenido de estas normas lo obliguen a prever en su normatividad interna o a instalar dentro del Municipio una Junta de Acci�n C�vica y Cultural.

    En ese sentido, si bien los preceptos antes referidos no resultan inconstitucionales, debe quedar claro que de ninguna manera es obligaci�n del Municipio actor contar con una Junta de Acci�n C�vica y Cultural, pues es facultad del Ayuntamiento decidir si le es o no necesario tener en su estructura dicho �rgano.

  9. Facultades y obligaciones de los Ayuntamientos.

    Dentro del cap�tulo de conceptos de invalidez, se�ala el Municipio actor que el art�culo 49, relativo a las facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en sus fracciones I, II, III, XVII, XXXI, XXXII y XXXVII, atenta contra lo dispuesto en el art�culo 115 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, porque invade la esfera de competencias que dicho precepto constitucional otorga a los Municipios y, asimismo, que espec�ficamente por lo que hace a las fracciones XVII y XXXII del mismo precepto, debe estimarse que las mismas son contrarias al referido art�culo 115 constitucional, porque "en materia de mayor�as calificadas del Ayuntamiento, �stas s�lo son posibles de establecerse en la ley, trat�ndose de disposici�n de bienes muebles (sic), o actos jur�dicos que obliguen al Ayuntamiento m�s all� de su periodo de gobierno. Por tanto, es indebido imponer a los Ayuntamientos la toma de decisiones a partir de mayor�a calificada fuera de esos temas".

    El referido art�culo 49, en las fracciones impugnadas antes precisadas, expresa lo siguiente:

    Art�culo 49. Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos:

    I.P. en la esfera administrativa lo necesario para la aplicaci�n de esta ley, as� como el mejor desempe�o de las funciones que le se�alen esta u otras leyes, bandos y reglamentos. El Ayuntamiento y sus comisiones, podr�n ser asistidos por los �rganos administrativos municipales a fin de cumplir con sus atribuciones;

  10. Elaborar y aprobar, de acuerdo con esta ley y las dem�s que en materia municipal expida la Legislatura del Estado, los bandos de gobierno y de polic�a, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen el funcionamiento del Ayuntamiento y de la administraci�n p�blica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia y aseguren la participaci�n de la sociedad.

    En lo conducente y de conformidad con los fines se�alados en el p�rrafo tercero del art�culo 27 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, expedir�n los reglamentos y disposiciones administrativas que fueran necesarios;

  11. Para el mejor cumplimiento de las funciones del Gobierno M., los reglamentos que organizan y regulan la administraci�n p�blica municipal y los servicios, podr�n contemplar el establecimiento de unidades de apoyo t�cnico en cada una de sus principales dependencias y tendr�n como referente las que dispone la presente ley; asimismo, los Municipios establecer�n en su presupuesto de egresos, una partida destinada a desarrollar programas para la formaci�n, capacitaci�n y actualizaci�n de los miembros del Ayuntamiento y de la administraci�n municipal, a fin de mejorar sus capacidades de gobierno, t�cnicas y administrativas;

    Las administraciones municipales, conforme a sus recursos econ�micos, establecer�n un sistema de profesionalizaci�n para la gesti�n de recursos humanos, a trav�s del desarrollo de metodolog�as de selecci�n, capacitaci�n y evaluaci�n de funcionarios, a efecto de propiciar una mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus funciones;

    ...

  12. Enajenar, a t�tulo gratuito u oneroso, los inmuebles de dominio privado del Municipio, �nicamente cuando as� lo aprueben las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento y previa localizaci�n y medici�n de la propiedad y aval�o por peritos; la venta se efectuar� en los t�rminos de la autorizaci�n y conforme a lo previsto por la ley de la materia. La donaci�n de inmuebles s�lo proceder�, cuando se destinen a la ejecuci�n de obras de beneficio com�n y mediante el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento;

    ...

  13. Suspender a sus miembros en caso de proceso por responsabilidad provenientes de faltas o delitos oficiales en tanto se defina su situaci�n jur�dica. En caso de inhabilitaci�n o de falta definitiva de un miembro del Ayuntamiento, se llamar� al suplente para que entre en funciones, conforme a esta ley;

    ...

  14. Proponer al Congreso del Estado, en el �mbito de su competencia, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; as� como las tasas de las contribuciones adicionales. Los ingresos obtenidos por tasas adicionales, deber�n destinarse �ntegramente al objeto de su establecimiento y en ning�n caso, por s� o de manera conjunta, rebasar�n el 10% del monto que arroje la contribuci�n base. Los Ayuntamientos y, en su caso, el Congreso del Estado, podr�n solicitar los criterios t�cnicos de las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, a fin de respaldar sus proyectos y resoluciones;

    XXXII.F. y aprobar anualmente su presupuesto de egresos, el cual deber� ser aprobado por las dos terceras partes del Ayuntamiento;

    ...

  15. Autorizar, mediante el voto aprobatorio de las dos terceras partes de sus integrantes, las solicitudes de expropiaci�n de bienes por causa de utilidad p�blica, como lo previene la C.�n Pol�tica del Estado de H.."

    A continuaci�n, procederemos a analizar una a una las fracciones impugnadas, con objeto de determinar su naturaleza y su apego o desapego al Texto C.onal.

    La fracci�n I del art�culo 49 de la Ley Org�nica M. del Estado de H. consagra la facultad de los Municipios para proveer en la esfera administrativa lo necesario para la aplicaci�n de las leyes y reglamentos, as� como la posibilidad de que tanto el Ayuntamiento como sus comisiones puedan ser asistidos por �rganos administrativos municipales.

    Esta disposici�n es una norma derivada de las fracciones I, primer p�rrafo, y II, segundo p�rrafo, del art�culo 115 de la C.�n F., en tanto que establece, por un lado, la facultad del Ayuntamiento para ejecutar las leyes y los reglamentos estatales y municipales que les sean aplicables y de auxiliarse de los �rganos administrativos municipales que requiera, lo cual es parte esencial de sus funciones administrativas y de gobierno y, por el otro, la atribuci�n para dictar los bandos, circulares y reglamentos que resulten necesarios para el correcto desempe�o de dichas funciones, a la cual hace especial referencia el segundo p�rrafo de la fracci�n II del citado precepto constitucional.

    La fracci�n II del art�culo 49 en comento consagra, en espec�fico, la atribuci�n del Ayuntamiento para dictar los bandos de gobierno y de polic�a, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones.

    Tal como qued� expresado en el estudio previo, sobre este particular S.V.C. ("Derecho M.", P., M�xico, 2003) expresa que los reglamentos municipales se han clasificado en la doctrina, seg�n su materia, en cuatro tipos, a saber: a) para regular la organizaci�n y funcionamiento interno del Ayuntamiento, b) para regular la organizaci�n y funcionamiento de la administraci�n municipal, c) para normar los servicios p�blicos y las formas en que se prestan, y d) para regular las actividades de los particulares.

    Corresponde al reglamento interior encargarse de la composici�n y estructura del Ayuntamiento, as� como de las atribuciones y deberes de cada uno de sus miembros. Los principales aspectos que es menester contemplar en este reglamento son: residencia e instalaci�n del Ayuntamiento, derechos y obligaciones de sus integrantes, sesiones de Cabildo, comisiones y votaci�n para los acuerdos y para su revocaci�n.

    Para que la administraci�n municipal trabaje de manera adecuada es preciso que se expidan reglamentos que detallen la estructura administrativa, las bases para manejar sus recursos y su personal, as� como un sistema que controle y eval�e sus actividades. Para estos prop�sitos deben expedirse cuando menos los siguientes ordenamientos: el reglamento interno de la administraci�n, en el cual se detallan los �rganos que conforman la administraci�n, sus funciones y responsabilidades; el reglamento de control de gesti�n, que permite supervisar, evaluar y controlar las actividades de las dependencias municipales, as� como normar la contralor�a, cuya actividad es muy importante en tales cometidos.

    Los reglamentos de servicios p�blicos regulan las actividades municipales que constitucionalmente se han declarado como tales, por lo cual pueden llegar a ser muy numerosos y heterog�neos. Entre los reglamentos que normalmente se expiden para los servicios p�blicos, est�n los de mercados, limpia p�blica, rastros, panteones, parques y jardines, seguridad p�blica, agua potable y alcantarillado. En este tipo de reglamentos se establece tambi�n cu�l es la forma en que se puede prestar el servicio p�blico correspondiente, sea de manera directa, en colaboraci�n o concesionado a particulares.

    Los particulares, por �ltimo, efect�an muchas actividades que el Municipio no puede ignorar y debe encauzar jur�dicamente de manera apropiada. Para tal efecto, se�ala derechos y obligaciones a los particulares en diferentes reglamentos, entre otros: los de fraccionamientos, construcci�n, establecimientos industriales, establecimientos comerciales, ambulantes, diversi�n y espect�culos p�blicos, anuncios y letreros, cantinas, bares y dep�sitos de cervezas y aparatos electromec�nicos y sonoros.

    Por �ltimo, conviene se�alar que en las circulares se contienen normalmente instrucciones o reglas dirigidas por los �rganos superiores a los inferiores para especificar interpretaciones de normas, decisiones o procedimientos. Las circulares pueden ser internas, si �nicamente se refieren a asuntos de la competencia interna de las unidades administrativas, o externas, si van dirigidas a los particulares. Pueden mencionarse de manera espec�fica en este rubro, las relativas al comercio establecido, los d�as del a�o que tienen el car�cter feriado, los horarios en que normalmente funcionar�n determinados servicios p�blicos o los lugares en que �stos se prestar�n, las horas l�mite en que pueden realizar sus actividades ciertos expendios o funcionar determinados negocios, etc�tera.

    De alguna manera, todas estas premisas doctrinarias son recogidas por la fracci�n II del art�culo 49 de la Ley Org�nica M. para el Estado de H..

    En efecto, debe estimarse que dicha fracci�n tambi�n es una norma derivada de la fracci�n II, segundo p�rrafo, del art�culo 115 de la C.�n F., en tanto que no hace sino reproducir la norma constitucional relativa a la facultad de los Ayuntamientos para emitir normas generales.

    No est� por dem�s insistir en que el Constituyente Permanente que reform� el art�culo 115 constitucional, para quedar en los t�rminos en que actualmente se encuentra consignado, tuvo la intenci�n de fortalecer el �mbito de competencia municipal y las facultades de sus �rganos de gobierno. Por ello, se delimit� el objeto y los alcances de las leyes estatales que versan sobre cuestiones municipales, lo que se traduce en que la competencia reglamentaria del Municipio implique, de forma exclusiva, los aspectos fundamentales para su desarrollo. De ah� precisamente que se haya modificado en la fracci�n II del art�culo 115 de la C.�n General de la Rep�blica, el concepto de bases normativas por el de leyes estatales en materia municipal, conforme a las cuales los Ayuntamientos expidan su normatividad propia.

    Lo anterior est� contenido en el punto 4.2 del dictamen de la C.�n de Gobernaci�n y Puntos C.onales de la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n, en los t�rminos siguientes:

    La intenci�n de esta C.�n D., consiste en fortalecer al �mbito de competencia municipal y las facultades de su �rgano de gobierno. Por ello se propone tal y como lo plantean los autores de las iniciativas antes descritas, delimitar el objeto y los alcances de las leyes estatales que versan sobre cuestiones municipales. Lo que se traduce en que la competencia reglamentaria del Municipio, implique de forma exclusiva, los aspectos fundamentales para su desarrollo. De ah� que se defina y modifique en la fracci�n II, el concepto de bases normativas, por el de leyes estatales en materia municipal, conforme a las cuales los Ayuntamientos expiden sus reglamentos, y otras disposiciones administrativas de orden general."

    Ahora bien, la fracci�n III del art�culo 49 de la Ley Org�nica M. del Estado de H. consagra tres normas distintas, a saber: a) la facultad de los Ayuntamientos para establecer unidades de apoyo t�cnico en cada una de sus principales dependencias; b) la obligaci�n de establecer en sus presupuestos de egresos una partida especial destinada a desarrollar programas para la formaci�n, capacitaci�n y actualizaci�n de los miembros del Ayuntamiento y de la administraci�n municipal, y c) la obligaci�n de establecer un sistema de profesionalizaci�n para la gesti�n de recursos humanos, a efecto de propiciar una mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las funciones de los funcionarios municipales. A continuaci�n, nos referiremos a cada una de ellas por separado.

    La facultad de los Ayuntamientos para establecer unidades de apoyo t�cnico en sus dependencias, es una norma derivada de la fracci�n II, segundo p�rrafo, del art�culo 115 de la C.�n F., toda vez que de acuerdo con dicho precepto constitucional, el Ayuntamiento tiene facultades para reglamentar todo lo relativo a su organizaci�n, funcionamiento interno y administraci�n p�blica y, por ende, para crear cualquier unidad de apoyo o, en general, �rgano administrativo que requiera para el correcto ejercicio de sus funciones. Todo lo anterior, en el entendido de que independientemente de que la legislatura le conceda o no esta facultad, el Ayuntamiento cuenta con ella, pues se la otorga la propia N.F..

    Caso distinto lo constituye la obligaci�n del Ayuntamiento de establecer en sus presupuestos de egresos una partida especial destinada a desarrollar programas para la formaci�n, capacitaci�n y actualizaci�n de los miembros del Ayuntamiento y de la administraci�n municipal, puesto que dicha norma resulta inconstitucional en atenci�n a que viola el principio de libertad presupuestaria del Municipio consagrada en la fracci�n IV del art�culo 115 de la N.F., en virtud de que la Legislatura Local no puede imponer a los Municipios la obligaci�n de contemplar partidas presupuestales espec�ficas, salvo cuando ello provenga de aportaciones federales o estatales y en los t�rminos de la regulaci�n correspondiente.

    Lo anterior encuentra sustento en las tesis P./J. 8/2000, P./J. 7/2000 y P./J. 6/2000, visibles en las p�ginas 509, 630 y 514, del Tomo XI, febrero de 2000, P., Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que a la letra dicen:

    APORTACIONES FEDERALES. CARACTER�STICAS. Estos fondos son de naturaleza federal y corresponden a una partida que la Federaci�n destina para coadyuvar al fortalecimiento de los Estados y Municipios en apoyo de actividades espec�ficas; se prev�n en el presupuesto de egresos de la Federaci�n, regul�ndose en el cap�tulo V de la Ley de Coordinaci�n F., resultando independientes de los que se destinan a los Estados y Municipios por concepto de participaciones federales."

    PARTICIPACIONES FEDERALES. CARACTER�STICAS. La caracter�stica particular de estos ingresos consiste en que tanto la Federaci�n como los Estados pueden gravar la misma fuente, pero convienen para que no se d� una doble tributaci�n; los montos que se obtengan se entregan a la Federaci�n quien a su vez los redistribuye, participando as� de ellos. Por lo mismo, como el Congreso de la Uni�n y las Legislaturas de los Estados pueden establecer contribuciones sobre las mismas fuentes por tener facultades concurrentes, el legislador estableci� la celebraci�n de convenios de coordinaci�n fiscal por virtud de los cuales los Estados, a cambio de abstenerse de imponer grav�menes sobre las materias que tambi�n prev�n las leyes federales, podr�n beneficiarse de un porcentaje del Fondo General de Participaciones formado con la recaudaci�n de grav�menes locales o municipales que las entidades convengan con la Federaci�n, en t�rminos de lo dispuesto por la Ley de Coordinaci�n F. y del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n. A las Legislaturas Locales corresponde establecer su distribuci�n entre los Municipios mediante disposiciones de car�cter general."

    HACIENDA MUNICIPAL. CONCEPTOS SUJETOS AL R�GIMEN DE LIBRE ADMINISTRACI�N HACENDARIA (ART�CULO 115, FRACCI�N IV, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL). El art�culo 115, fracci�n IV, de la C.�n F., establece que la hacienda municipal se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; b) Las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados; y, c) Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo. De una interpretaci�n arm�nica, sistem�tica y teleol�gica de la disposici�n constitucional, se concluye que la misma no tiende a establecer la forma en que puede integrarse la totalidad de la hacienda municipal, sino a precisar en lo particular aquellos conceptos de la misma que quedan sujetos al r�gimen de libre administraci�n hacendaria, toda vez que, por una parte, la hacienda municipal comprende un universo de elementos que no se incluyen en su totalidad en la disposici�n constitucional y que tambi�n forman parte de la hacienda municipal y, por otra, la disposici�n fundamental lo que instituye, m�s que la forma en que se integra la hacienda municipal, son los conceptos de �sta que quedan comprendidos en el aludido r�gimen de libre administraci�n hacendaria."

    Por �ltimo, en relaci�n con la �ltima parte de la fracci�n III en estudio, en la cual se dispone que el Ayuntamiento tendr� la obligaci�n de establecer un sistema de profesionalizaci�n para la gesti�n de recursos humanos a efecto de propiciar una mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las funciones de los funcionarios municipales, cabe decir que se trata de una norma por ausencia de reglamento en t�rminos del art�culo 115, fracci�n II, inciso e), constitucional, toda vez que se trata de una cuesti�n de auto-organizaci�n que le corresponde al Ayuntamiento decidir, pues a �l le corresponde dise�ar e implementar los programas de capacitaci�n de sus servidores, en pro de la mejora del servicio p�blico.

    En orden a todo lo anterior, estimamos que lo procedente era declarar la inconstitucionalidad parcial de la fracci�n III del art�culo 49 de la Ley Org�nica M. del Estado de H., en la porci�n normativa que dice "asimismo, los Municipios establecer�n en su presupuesto de egresos, una partida destinada a desarrollar programas para la formaci�n, capacitaci�n y actualizaci�n de los miembros del Ayuntamiento y de la administraci�n municipal, a fin de mejorar sus capacidades de gobierno, t�cnicas y administrativas", por lo que dicha fracci�n, para efectos de la presente controversia constitucional y en lo que ata�e a su aplicaci�n futura al Municipio actor, deber� leerse de la siguiente manera:

  16. Para el mejor cumplimiento de las funciones del Gobierno M., los reglamentos que organizan y regulan la administraci�n p�blica municipal y los servicios, podr�n contemplar el establecimiento de unidades de apoyo t�cnico en cada una de sus principales dependencias y tendr�n como referente las que dispone la presente ley.

    Las administraciones municipales, conforme a sus recursos econ�micos, establecer�n un sistema de profesionalizaci�n para la gesti�n de recursos humanos, a trav�s del desarrollo de metodolog�as de selecci�n, capacitaci�n y evaluaci�n de funcionarios, a efecto de propiciar una mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus funciones."

    Ahora bien, el Municipio actor impugna tambi�n la fracci�n XVII del art�culo 49 de la ley en comento. Este precepto legal consagra, esencialmente, la facultad del Ayuntamiento para enajenar los inmuebles de dominio privado del Municipio y los requisitos conforme a los cuales los Ayuntamientos podr�n donar bienes inmuebles.

    En lo referente a la primera parte de esta fracci�n, debe decirse que se trata de una ley en materia municipal, de las que establecen los casos en que se requiere el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento para afectar el patrimonio inmobiliario municipal, que regula el art�culo 115, fracci�n II, inciso b), de la C.�n F.. En ese sentido, se trata de una disposici�n que no va en contra del Texto C.onal, porque dicho precepto faculta a las Legislaturas de los Estados para establecer los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento, y la disposici�n impugnada �nicamente se concreta a establecer, dentro de los l�mites constitucionales, uno de tales casos.

    Sin embargo, por lo que hace a la segunda parte de la referida fracci�n XVII del art�culo 49 en an�lisis, conforme a la cual: "La donaci�n de inmuebles s�lo proceder�, cuando se destinen a la ejecuci�n de obras de beneficio com�n y mediante el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento", debe se�alarse que la parte subrayada resulta inconstitucional al excederse del contenido del art�culo 115, fracci�n II, inciso b), la que si bien establece como facultad de la legislatura la determinaci�n de los casos en que se requiere mayor�a calificada para la afectaci�n del patrimonio inmobiliario del Municipio, no otorga a dicho Congreso Local la atribuci�n de establecer restricciones a la disposici�n de los bienes inmuebles del Municipio por parte del Ayuntamiento.

    No est� por dem�s se�alar que si bien es cierto que no le asiste la raz�n a la parte actora cuando manifiesta, respecto de esta fracci�n, que resulta inconstitucional porque establece mayor�as calificadas de votaci�n para la toma de decisiones del Cabildo, pues en este caso espec�fico es claro que la norma se ajusta perfectamente a lo dispuesto por el art�culo 115, fracci�n II, inciso b), de la C.�n F., tambi�n lo es que la fracci�n impugnada que se analiza, en la porci�n normativa que establece "cuando se destinen a la ejecuci�n de obras de beneficio com�n" s� es parcialmente inconstitucional, por las razones antes expresadas.

    En orden a lo anterior y dada la declaraci�n de inconstitucionalidad parcial antes expresada, la fracci�n XVII del art�culo 49 de la Ley Org�nica M. del Estado de H., para efectos de la presente controversia constitucional y en lo que ata�e a su aplicaci�n futura al Municipio actor, deber� leerse de la siguiente manera:

  17. Enajenar, a t�tulo gratuito u oneroso, los inmuebles de dominio privado del Municipio, �nicamente cuando as� lo aprueben las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento y previa localizaci�n y medici�n de la propiedad y aval�o por peritos; la venta se efectuar� en los t�rminos de la autorizaci�n y conforme a lo previsto por la ley de la materia. La donaci�n de inmuebles s�lo proceder�, mediante el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento."

    Pasando a otro punto, el Municipio actor tambi�n se inconforma respecto de la fracci�n XXXI del art�culo 49 en comento, la cual establece, en esencia, que es facultad del Ayuntamiento proponer a la Legislatura del Estado, en el �mbito de su competencia, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, as� como las tasas de las contribuciones adicionales. Asimismo, dicha fracci�n tambi�n establece como obligaci�n de los Ayuntamientos, el que los ingresos obtenidos por tasas adicionales deban destinarse �ntegramente al objeto de su establecimiento y que en ning�n caso, por s� o de manera conjunta, rebasen el diez por ciento del monto que arroje la contribuci�n base.

    La primera parte del precepto en comento es una norma derivada del p�rrafo tercero del inciso c) de la fracci�n IV del art�culo 115 constitucional, pues dicho precepto expresamente establece la facultad de las Legislaturas de los Estados para aprobar las Leyes de Ingresos de los Municipios, revisar y fiscalizar sus cuentas p�blicas y aprobar sus presupuestos de egresos, por lo que las atribuciones que dicha porci�n normativa de la fracci�n XXXI del art�culo 49 de la Ley Org�nica M. del Estado de H. le confiere a la Legislatura Estatal, son plenamente conformes con dicha facultad y, desde luego, con el Texto C.onal.

    No obstante lo anterior, la segunda parte de dicho precepto legal s� resulta contraria a la N.F. pues, por una parte, el hecho de que la legislatura disponga en la ley en estudio que los ingresos obtenidos por tasas adicionales deber�n, necesaria e indefectiblemente, dedicarse de manera �ntegra al objeto de su establecimiento, afecta el principio de libre administraci�n hacendaria consagrado en el art�culo 115, fracci�n IV, primer p�rrafo, de la C.�n, al predeterminar el destino que deben tener sus ingresos.

    Adem�s, la parte en la que dicha fracci�n XXXI establece que en ning�n caso, por s� o de manera conjunta, tales tasas adicionales podr�n rebasar el diez por ciento del monto que arroje la contribuci�n base, viola la libertad de iniciativa del Municipio en materia de contribuciones a la propiedad inmobiliaria, pues de conformidad con la propia fracci�n IV del art�culo 115 constitucional, los Municipios tienen el derecho de proponer lo que consideren pertinente para su hacienda p�blica en lo referente a materia inmobiliaria, en la inteligencia de que ser� facultad exclusiva de la legislatura el aprobar, modificar o, en su caso, rechazar la iniciativa del Municipio al momento de discutir la correspondiente Ley de Ingresos.

    No est� por dem�s se�alar que la �ltima parte de la fracci�n XXXI que establece que tanto los Ayuntamientos como el Congreso del Estado podr�n solicitar los criterios t�cnicos de las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, a fin de respaldar sus proyectos y resoluciones, no constituye una norma obligatoria, porque establece una facultad potestativa y, por lo mismo, no atenta contra el �mbito de atribuciones que la C.�n F. le confiere al Municipio.

    En orden a todo lo anterior, lo que procede es declarar la inconstitucionalidad de la fracci�n XXXI del art�culo 49 de la Ley Org�nica M. del Estado de H., en la porci�n normativa en la que expresa que: "Los ingresos obtenidos por tasas adicionales, deber�n destinarse �ntegramente al objeto de su establecimiento y en ning�n caso, por s� o de manera conjunta, rebasar�n el 10% del monto que arroje la contribuci�n base", con lo cual, dicha fracci�n, para efectos de la presente controversia constitucional y en lo que ata�e a su aplicaci�n futura al Municipio actor, deber� leerse de la siguiente manera:

  18. Proponer al Congreso del Estado, en el �mbito de su competencia, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; as� como las tasas de las contribuciones adicionales. Los Ayuntamientos y, en su caso, el Congreso del Estado, podr�n solicitar los criterios t�cnicos de las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, a fin de respaldar sus proyectos y resoluciones."

    Por �ltimo, se�ala el Municipio actor que la fracci�n XXXVII, relativa a las facultades del Ayuntamiento en materia de expropiaci�n, es contraria al art�culo 115 constitucional. Esta norma se encuentra �ntimamente relacionada con lo que dispone la fracci�n XXIII del art�culo 52 de la ley en estudio, por lo que se proceder� a efectuar el an�lisis de ambas normas de manera conjunta.

    Las fracciones XXXVII del art�culo 49 y XXIII del art�culo 52 de la Ley Org�nica M. del Estado de H., a que se hace referencia, disponen lo siguiente:

    Art�culo 49. Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos:

    ...

  19. Autorizar, mediante el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los integrantes, las solicitudes de expropiaci�n de bienes por causa de utilidad p�blica, como lo previene la C.�n Pol�tica del Estado de H.."

    Art�culo 52. Son facultades y obligaciones de los presidentes municipales, las siguientes:

    ...

  20. Solicitar, con el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, la expropiaci�n de bienes por causa de utilidad p�blica, como lo previene la C.�n Pol�tica del Estado de H.."

    De los preceptos transcritos se desprenden los siguientes supuestos:

    1. En primer lugar, que el Ayuntamiento est� facultado para, por medio de la votaci�n de cuando menos las dos terceras partes, formular solicitud al gobernador de la entidad a fin de que �ste realice la expropiaci�n de bienes por causa de utilidad p�blica.

    2. Que esta autorizaci�n debe realizarse a trav�s del presidente municipal.

    3. Que en el proceso de expropiaci�n de bienes por causa de utilidad p�blica, el papel del Municipio se reduce a la realizaci�n de la solicitud, pues la declaraci�n de expropiaci�n le corresponde al gobernador.

    4. Que tal determinaci�n se basa en lo dispuesto por la C.�n del Estado de H..

    Esta minor�a considera que los supuestos jur�dicos anteriores son inconstitucionales, porque restringen los alcances de la facultad expropiatoria del Municipio al reducir sus facultades a las de un mero gestor en esta materia, invadiendo de esta manera el �mbito de acci�n municipal derivado de los art�culos 115, fracci�n I y 27, fracci�n VI, de la C.�n F..

    Ahora bien, el art�culo 27 de nuestra C.�n F., en materia de expropiaci�n, dispone lo siguiente:

    Art�culo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los l�mites del territorio nacional, corresponde originariamente a la naci�n, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

    Las expropiaciones s�lo podr�n hacerse por causa de utilidad p�blica y mediante indemnizaci�n.

    (Reformado, D.O.F. 6 de enero de 1992)

    La naci�n tendr� en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el inter�s p�blico, as� como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiaci�n, con objeto de hacer una distribuci�n equitativa de la riqueza p�blica, cuidar de su conservaci�n, lograr el desarrollo equilibrado del pa�s y el mejoramiento de las condiciones de vida de la poblaci�n rural y urbana. En consecuencia, se dictar�n las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras p�blicas y de planear y regular la fundaci�n, conservaci�n, mejoramiento y crecimiento de los centros de poblaci�n; para preservar y restaurar el equilibrio ecol�gico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los t�rminos de la ley reglamentaria, la organizaci�n y explotaci�n colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la peque�a propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganader�a, de la silvicultura y de las dem�s actividades econ�micas en el medio rural, y para evitar la destrucci�n de los elementos naturales y los da�os que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

    ...

  21. Los Estados y el Distrito F., lo mismo que los Municipios de toda la Rep�blica, tendr�n plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes ra�ces necesarios para los servicios p�blicos.

    Las leyes de la Federaci�n y de los Estados en sus respectivas jurisdicciones, determinar�n los casos en que sea de utilidad p�blica la ocupaci�n de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa har� la declaraci�n correspondiente. ..."

    El art�culo 27 de la C.�n F., en su p�rrafo segundo y en su fracci�n VI, en la parte que al estudio interesa, regulan la expropiaci�n.

    La expropiaci�n es un acto de derecho p�blico que impone unilateralmente a una persona la transferencia de la propiedad de determinados bienes, para la satisfacci�n de los fines del Estado, por causa de utilidad p�blica y mediante indemnizaci�n. �sta constituye, sin duda, uno de los m�s en�rgicos medios con que cuenta el Estado para el cumplimiento y satisfacci�n de sus objetivos.

    Ahora bien, en t�rminos del art�culo 27 de la C.�n F., para toda expropiaci�n por causa de utilidad p�blica se requieren los siguientes elementos: primero, ley que determine las causas en que sea de utilidad p�blica la ocupaci�n de la propiedad privada; segundo, declaraci�n de la autoridad administrativa de que es de utilidad p�blica esa ocupaci�n y, tercero, las diligencias de expropiaci�n que tengan por objeto fijar el monto de la indemnizaci�n.

    Para efectos de la presente resoluci�n, se har� referencia a los dos primeros elementos.

    1. Del primer elemento en el que se requiere que las leyes, bien sean de la Federaci�n o de los Estados, regulen las causas de utilidad p�blica, es dable interpretar que la C.�n F. establece una reserva de ley respecto de las mismas, lo que desde luego se entiende, pues la ley destaca por su importancia como producto normativo clave en el Estado de derecho, mismo que tiene un nutriente defensivo de dos de los derechos m�s importantes del ser humano: la libertad y la propiedad.

      El contenido de la reserva de ley consiste en que por medio de un mandamiento constitucional se reserva al legislador la regulaci�n de una materia, o de los aspectos esenciales de esta materia; la reserva de ley constituye una norma competencial que entrega a la potestad legislativa del Estado el control de una materia, por tanto, al mismo tiempo de que constituye una prerrogativa, lleva impl�cita una obligaci�n para el legislador.

      Desde esta perspectiva, corresponder� �nica y exclusivamente al Congreso de la Uni�n y a los Congresos Locales, mediante ley, la determinaci�n de los supuestos jur�dicos que lleven impl�cita la utilidad p�blica. Lo anterior queda circunscrito a que cada uno de �stos act�en dentro de su competencia, es decir, a la Federaci�n le corresponder� normar aquellos supuestos relacionados con sus facultades expresas, determinadas en la C.�n F., mientras que a las entidades federativas les corresponder� legislar en aquellos supuestos de utilidad p�blica relacionados con sus facultades, que en t�rminos del art�culo 124 son aquellas que no se encuentren determinadas expresamente para la Federaci�n; en t�rminos del art�culo 122, las facultades que expresamente se le confieran a la asamblea y respecto de las no conferidas legislar� el Congreso de la Uni�n y, adem�s, a las Legislaturas Estatales tambi�n les corresponder� legislar aquellos supuestos relativos a las facultades del Municipio, en virtud de que �ste carece de �rgano legislativo, en aquellas materias que la C.�n reserva en forma exclusiva al Municipio, en su art�culo 115.

      Sirve de apoyo al criterio anterior, la tesis de la Segunda Sala publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, Tomo LXXV, p�gina 4365, que a la letra indica:

      EXPROPIACI�N. El p�rrafo segundo de la fracci�n VI del art�culo 27 constitucional dice: �Las leyes de la Federaci�n y de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, determinar�n los casos en que sea de utilidad p�blica la ocupaci�n de la propiedad privada, y de acuerdo con dicha ley, la autoridad administrativa har� la declaraci�n correspondiente�. Ni en este p�rrafo ni en su ley reglamentaria, se establece la l�nea de demarcaci�n que separa la jurisdicci�n federal de la jurisdicci�n de los Estados. Por consiguiente, la soluci�n del problema hay que buscarla en otros preceptos de la misma C.�n, la que en su art�culo 41 establece: �el pueblo ejerce su soberan�a por medio de los Poderes de la Uni�n, en los casos de competencia de �stos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus reg�menes interiores, en los t�rminos establecidos por la C.�n F. y por las particulares de los Estados, que nunca podr�n contravenir las estipulaciones del Pacto F.�. De acuerdo con este precepto, la jurisdicci�n federal en materia de expropiaci�n, debe determinarse en raz�n de la competencia que la C.�n otorga a los Poderes de la Uni�n. Por su parte, el art�culo 124 del Pacto F., manda: �las facultades que no est�n expresamente concedidas por �sta, a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados�. As�, para demarcar la �rbita de la competencia federal en materia de expropiaci�n, debe atenderse a las facultades expresas concedidas a los funcionarios federales, por la propia C.�n. Ahora bien, conforme al art�culo 73, fracci�n VI, de la misma, la Federaci�n tiene jurisdicci�n territorial sobre todos los bienes ubicados en el Distrito y Territorios F.es, y dicha jurisdicci�n se integra con otros elementos a diferencia de la de los Estados, cuya jurisdicci�n es exclusivamente territorial, pues la Federaci�n, adem�s del elemento territorial integra su jurisdicci�n atendiendo a la naturaleza de los bienes y por raz�n de la materia, seg�n se desprende de los art�culos 28 y 73 fracciones X y XVII y dem�s relativos de la tan repetida C.�n. Tomando en cuenta estos antecedentes, ni por raz�n territorial ni por raz�n de la naturaleza del bien ni por raz�n de la materia, est� facultada la Federaci�n para expropiar un ingenio azucarero, sin que pueda alegarse en contra, que la Federaci�n est� facultada para legislar en materia de sociedades cooperativas, porque esta facultad debe ejercitarse para los fines que fue otorgada, entre los cuales no se encuentra favorecer a esta clase de sociedades, con menoscabo del patrimonio de los particulares, aplicando la Ley de Expropiaci�n a bienes que est�n sujetos a la soberan�a de los Estados.

      A. administrativo en revisi�n 8756/41. Compa��a A.d.M., S. 19 de febrero de 1943. Unanimidad de cinco votos. R.: F.C.�o."

    2. Por cuanto se refiere al segundo requisito, esto es, al de declaraci�n de la expropiaci�n por la autoridad administrativa, �ste resulta de suma importancia, puesto que la C.�n F. ordena que la regulaci�n de las causas de utilidad p�blica se realice a trav�s de ley por el Poder Legislativo, pero deja la declaraci�n de la existencia de dicha utilidad y la declaraci�n de expropiaci�n a la autoridad administrativa, la que deber� actuar de acuerdo con la ley.

      Lo anterior excluye de la declaraci�n de la expropiaci�n cualquier participaci�n de una autoridad que no sea administrativa, como la legislativa o la judicial. As� lo ha interpretado la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, Tomo XXVI, p�gina 2269, que indica:

      EXPROPIACI�N. Para toda expropiaci�n por causa de utilidad p�blica, se requieren los siguientes elementos: primero, ley que determine las causas en que sea de utilidad p�blica la ocupaci�n de la propiedad privada; segundo, declaraci�n de la autoridad administrativa, de que, en determinados casos, es de utilidad p�blica esa ocupaci�n; y tercero, diligencias de expropiaci�n, que tengan por objeto fijar el monto de la indemnizaci�n. Para que pueda llevarse a cabo la expropiaci�n, no es circunstancia indispensable que exista una ley org�nica o reglamentaria del art�culo 27 constitucional, pero s� lo es que se haga la declaraci�n por la autoridad administrativa, y si aqu�lla procede de un cuerpo legislativo, con esto se viola lo dispuesto por el art�culo 27 constitucional.

      A. administrativo en revisi�n 935/23. R.�n de I.E.. 23 agosto de 1929. M.�a de cuatro votos. Disidente: S.U.. R.: Jes�s G.�n Vaca."

      Ahora bien, en el caso es importante realizar la interpretaci�n de lo que se debe entender por autoridad administrativa, misma que es identificada con quien ejerce la administraci�n p�blica, esto es, en la mayor�a de los casos con el Poder Ejecutivo.

      Ciertamente, el p�rrafo segundo de la fracci�n VI del art�culo 27 constitucional faculta expresamente al Congreso de la Uni�n y a las Legislaturas Estaduales para expedir leyes de expropiaci�n, y de acuerdo con ellas, la autoridad administrativa, identificada �sta con el presidente de la Rep�blica, en t�rminos del art�culo 80, gobernadores de los Estados, de acuerdo con el 116, jefe de Gobierno del Distrito F., en t�rminos del art�culo 122 y, en lo que al caso interesa, el Ayuntamiento, en t�rminos del art�culo 115, fracci�n I, de la C.�n F., respectivamente, ser�n las facultadas para hacer las declaraciones de expropiaci�n.

      La afirmaci�n de que el Ayuntamiento constituye tambi�n un sujeto expropiante, se sostiene en una interpretaci�n hist�rica y sistem�tica.

      El art�culo 27 de la C.�n F. de 1857 regulaba lo siguiente:

      Art�culo 27. La propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento sino por causa de utilidad p�blica y previa indemnizaci�n. La ley determinar� la autoridad que debe hacer la expropiaci�n y los requisitos con que �sta haya de verificarse."

      En los debates del Congreso Constituyente de 1856 del antecedente del art�culo 27 constitucional citado, que fue presentado en la iniciativa como art�culo 23, se sostuvo:

      Sesi�n del 14 de agosto de 1856.

      Se pone a discusi�n el art�culo 23.

      El se�or Fuente dice que debe manifestarse que quien puede ocupar la propiedad particular es el gobierno.

      El se�or P.A. replica que no hay necesidad, porque ya se sabe que quien puede ocupar la propiedad es el representante del inter�s p�blico.

      El se�or Fuente dice que se han dado casos de expropiaci�n por algunos alcaldes o Municipios.

      El se�or A. contesta que para que no se den estos casos, se consigna el art�culo constitucional.

      El se�or P. dice que, seg�n el se�or A., los alcaldes o Municipios podr�n expropiar.

      El se�or A. replica que s�, cuando representen la causa p�blica."

      De lo anterior tenemos que desde la C.�n de 1857 se consider� al Municipio como sujeto expropiante.

      En los antecedentes legislativos que dieron origen a la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos vigente, no existieron realmente demasiados elementos respecto a la expropiaci�n.

      As�, en el Proyecto de C.�n presentado por don V.C. se expuso lo siguiente:

      El art�culo 27 de la C.�n de 1857 faculta para ocupar la propiedad de las personas sin el consentimiento de ellas y previa indemnizaci�n, cuando as� lo exija la utilidad p�blica. Esta facultad es, a juicio del gobierno de mi cargo, suficiente para adquirir tierras y repartirlas en la forma que se estime conveniente entre el pueblo que quiera dedicarse a los trabajos agr�colas, fundando as� la peque�a propiedad, que debe fomentarse a medida que las p�blicas necesidades lo exijan.

      La �nica reforma que con motivo de este art�culo se propone, es que la declaraci�n de utilidad sea hecha por la autoridad administrativa correspondiente, quedando s�lo a la autoridad judicial la facultad de intervenir para fijar el justo valor de la cosa de cuya expropiaci�n se trata."

      En lo que al tema respecta no hubo referencia directa en los debates del Constituyente.

      R. respecto del aspecto hist�rico, tenemos que desde la C.�n de 1857 se reconoci� al Ayuntamiento como sujeto expropiante, cuando �ste representare la causa p�blica y que en la C.�n de 1917 se determin� expresamente que corresponde a la autoridad administrativa realizar la declaraci�n respectiva.

      Adem�s, del aspecto hist�rico hay que atender uno sistem�tico.

      Ciertamente, cuando la C.�n F. alude a la "autoridad administrativa" en el art�culo 16, en el caso de las visitas domiciliarias; en el 21, en relaci�n con la facultad de emitir reglamentos gubernativos y de polic�a, y en el 27, en el caso de la expropiaci�n, hace referencia al Poder Ejecutivo F., al Poder Ejecutivo Estatal, al del Distrito F., as� como a los Ayuntamientos.

      As�, la C.�n F. al referirse a la "autoridad administrativa" faculta a los Ayuntamientos para realizar visitas domiciliarias, para emitir los reglamentos gubernativos y de polic�a y, adem�s, lo habilita como sujeto expropiante.

      Por otra parte, debe atenderse al contenido del art�culo 27, fracci�n VI, primer p�rrafo, de la C.�n F., que indica:

  22. Los Estados y el Distrito F., lo mismo que los Municipios de toda la Rep�blica, tendr�n plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes ra�ces necesarios para los servicios p�blicos."

    De lo anterior tenemos que la C.�n F. autoriza a los Estados, al Distrito F. y a los Municipios para adquirir y poseer todos los bienes ra�ces necesarios para la prestaci�n de los servicios p�blicos, lo anterior tambi�n conlleva a que una de las formas de adquisici�n de tales bienes es la expropiaci�n, a fin de que, en el caso de los Municipios, los mismos puedan prestar de manera eficiente las funciones y servicios p�blicos que con exclusividad le concede el art�culo 115, fracci�n III, de la C.�n F..

    En efecto, debemos acudir al principio interpretativo de fortalecimiento municipal reconocido por este Alto Tribunal al resolver las controversias constitucionales 18/2001 y 19/2001, falladas el dieciocho de marzo de dos mil tres, consistente en que la interpretaci�n del referido precepto constitucional y de sus art�culos transitorios se debe hacer siempre bajo la idea de fortalecer al Municipio, para as� darle eficacia material y no s�lo formal a la instituci�n del Municipio Libre, sin que esto signifique que se ignoren aquellas injerencias leg�timas y expresamente constitucionales que conserven los Ejecutivos o las Legislaturas Estatales.

    El citado principio se plasm� en la jurisprudencia P./J. 36/2003 del Tribunal P., publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., agosto de 2003, p�gina 1251, que a la letra indica:

    BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO. CUALQUIER NORMA QUE SUJETE A LA APROBACI�N DE LA LEGISLATURA LOCAL SU DISPOSICI�N, DEBE DECLARARSE INCONSTITUCIONAL (INTERPRETACI�N DEL ART�CULO 115, F.I., INCISO B), DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL, ADICIONADO POR REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACI�N EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999). El desarrollo legislativo e hist�rico del art�culo 115 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, revela que el Municipio Libre es la base sobre la que se construye la sociedad nacional, como lo demuestran los diversos documentos que integran los procesos legislativos de sus reformas, tales como la municipal de 1983, la judicial de 1994 y la municipal de 1999, siendo esta �ltima donde destaca la voluntad del �rgano reformador en pro de la consolidaci�n de su autonom�a, pues lo libera de algunas injerencias de los Gobiernos Estatales y lo configura expresamente como un tercer nivel de gobierno, m�s que como una entidad de �ndole administrativa, con un �mbito de gobierno y competencias propias y exclusivas, todo lo cual conlleva a determinar que la interpretaci�n del texto actual del art�culo 115 debe hacer palpable y posible el fortalecimiento municipal, para as� dar eficacia material y formal al Municipio Libre, sin que esto signifique que se ignoren aquellas injerencias leg�timas y expresamente constitucionales que conserven los Ejecutivos o las Legislaturas Estatales. Atento lo anterior, el texto adicionado del inciso b) de la fracci�n II del art�culo 115 constitucional debe interpretarse desde una �ptica restrictiva en el sentido de que s�lo sean esas las injerencias admisibles de la Legislatura Local en la actividad municipal, pues as� se permite materializar el principio de autonom�a y no tornar nugatorio el ejercicio legislativo realizado por el Constituyente Permanente, sino m�s bien consolidarlo, lo que significa que el inciso citado s�lo autoriza a las Legislaturas Locales a que se�alen cu�les ser�n los supuestos en que los actos relativos al patrimonio inmobiliario municipal requerir�n de un acuerdo de mayor�a calificada de los propios integrantes del Ayuntamiento, mas no las autoriza para erigirse en una instancia m�s exigible e indispensable para la realizaci�n o validez jur�dica de dichos actos de disposici�n o administraci�n, lo cual atenta contra el esp�ritu de la reforma constitucional y los fines perseguidos por �sta; de ah� que cualquier norma que sujete a la aprobaci�n de la Legislatura Local la disposici�n de los bienes inmuebles de los Municipios, al no encontrarse prevista esa facultad en la fracci�n citada, debe declararse inconstitucional."

    Bajo la orientaci�n de dicho principio debemos interpretar la fracci�n VI del art�culo 27 de la C.�n F., en el sentido de que al referirse a la autoridad administrativa se alude al Municipio como sujeto expropiante, en atenci�n a las siguientes razones:

    1. La C.�n F., en la fracci�n I del art�culo 115, indica que cada Municipio ser� gobernado por un Ayuntamiento de elecci�n popular.

      Como ha quedado sentado en el inicio del estudio, la sustituci�n del t�rmino "administrar" por "gobernar" es de radical importancia y no debe interpretarse como un simple cambio sem�ntico, pues su reconocimiento expreso como �mbito de gobierno es fundamental para sostener la existencia de una autonom�a verdadera del Municipio y una consolidaci�n de sus facultades de autogobierno, creaci�n normativa y toma de sus propias decisiones financieras y pol�ticas, que implican el que sea �ste quien determine su rumbo y destino, es decir, se le reconoce como un nivel de organizaci�n pol�tica con facultades aut�nomas cuya responsabilidad es con su poblaci�n y no directamente con los Poderes Estatales.

    2. Asimismo, la reforma otorg� al Municipio en la fracci�n III del multicitado art�culo 115, un cat�logo de funciones y servicios p�blicos exclusivos.

      Efectivamente, el art�culo en comento indica:

      Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

      ...

  23. Los Municipios tendr�n a su cargo las funciones y servicios p�blicos siguientes:

    (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    1. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici�n de sus aguas residuales;

    2. Alumbrado p�blico.

      (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    3. Limpia, recolecci�n, traslado, tratamiento y disposici�n final de residuos;

    4. Mercados y centrales de abasto.

    5. Panteones.

    6. Rastro.

      (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    7. Calles, parques y jardines y su equipamiento;

      (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    8. Seguridad p�blica, en los t�rminos del art�culo 21 de esta C.�n, Polic�a P. M. y Tr�nsito; e

    9. Los dem�s que las Legislaturas Locales determinen seg�n las condiciones territoriales y socio-econ�micas de los Municipios, as� como su capacidad administrativa y financiera.

      (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

      Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempe�o de las funciones o la prestaci�n de los servicios a su cargo, los Municipios observar�n lo dispuesto por las leyes federales y estatales.

      (Adicionado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

      Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podr�n coordinarse y asociarse para la m�s eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y trat�ndose de la asociaci�n de Municipios de dos o m�s Estados, deber�n contar con la aprobaci�n de las Legislaturas de los Estados respectivas. As� mismo cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste, de manera directa o a trav�s del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio;

      (Adicionado, D.O.F. 14 de agosto de 2001)

      Las comunidades ind�genas, dentro del �mbito municipal, podr�n coordinarse y asociarse en los t�rminos y para los efectos que prevenga la ley."

      El reconocimiento expreso de una esfera de competencias exclusivas en la fracci�n citada, lleva tambi�n impl�cita el reconocimiento de las facultades para poder prestar dichas funciones y servicios de manera eficaz y eficiente.

      Asimismo, en la fracci�n V se le reconocen importantes facultades al Municipio en materia de planeaci�n, asentamientos humanos y equilibrio ecol�gico. Dicha fracci�n indica:

      Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

      ...

      (Reformada, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

  24. Los Municipios, en los t�rminos de las leyes federales y estatales relativas, estar�n facultados para:

    1. Formular, aprobar y administrar la zonificaci�n y planes de desarrollo urbano municipal;

    2. Participar en la creaci�n y administraci�n de sus reservas territoriales;

    3. Participar en la formulaci�n de planes de desarrollo regional, los cuales deber�n estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federaci�n o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deber�n asegurar la participaci�n de los Municipios;

    4. Autorizar, controlar y vigilar la utilizaci�n del suelo, en el �mbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;

    5. Intervenir en la regularizaci�n de la tenencia de la tierra urbana;

    6. Otorgar licencias y permisos para construcciones;

    7. Participar en la creaci�n y administraci�n de zonas de reservas ecol�gicas y en la elaboraci�n y aplicaci�n de programas de ordenamiento en esta materia;

    8. Intervenir en la formulaci�n y aplicaci�n de programas de transporte p�blico de pasajeros cuando aquellos afecten su �mbito territorial; e

    9. Celebrar convenios para la administraci�n y custodia de las zonas federales.

    En lo conducente y de conformidad a los fines se�alados en el p�rrafo tercero del art�culo 27 de esta C.�n, expedir�n los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios."

    La expropiaci�n es uno de los medios para cumplir con tan importantes funciones en materia de servicios y funciones p�blicas, asentamientos humanos y materia ecol�gica, pues los Municipios no deben estar sujetos a la decisi�n del gobernador sobre si procede o no la expropiaci�n, ya que ello entorpecer�a el ejercicio de las facultades que expresamente le reconoce la C.�n F..

    Por las razones anteriores, consideramos que el Ayuntamiento es una "autoridad administrativa", en t�rminos de la fracci�n VI del art�culo 27 de la C.�n F. y, por tanto, es un sujeto expropiante, cuando menos en las funciones, servicios y facultades que la C.�n F. le atribuye con exclusividad.

    Lo anterior desde luego presupone en primer lugar la existencia previa de una ley que determine los casos en que haya utilidad p�blica, en atenci�n al principio de reserva de ley; segundo, que exista en la ley un procedimiento administrativo que regule la forma de realizarse las expropiaciones, con respeto a las garant�as que en materia de expropiaci�n la C.�n F. establece y, por �ltimo, que el Ayuntamiento, aplicando esa ley, decida en cada caso si existe o no esa necesidad para que se verifique la expropiaci�n.

    Es importante destacar que esta facultad debe ser ejercida por el Ayuntamiento y no por uno solo de sus miembros, pues la fracci�n I del art�culo 115 de la C.�n F. dispone que las competencias que la misma reconoce al Gobierno M. se desempe�ar�n por el Ayuntamiento en forma exclusiva.

    Bajo esta tesitura, toda vez que las fracciones XXXVII del art�culo 49 y XXIII del art�culo 52 de la Ley Org�nica M. del Estado de H., obligan al Ayuntamiento a solicitar la declaraci�n de la expropiaci�n al gobernador, reduciendo el papel del Ayuntamiento a un mero gestor ante el gobernador que estar� sujeto a su decisi�n en cuestiones que ata�en a su competencia constitucional exclusiva, es evidente que se est� transgrediendo la facultad para expropiar de la que ha sido investida el Municipio a nivel constitucional, raz�n por la cual las normas en estudio resultan violatorias de los art�culos 27, fracci�n VI, p�rrafos primero y segundo, y 115, fracci�n I, de la C.�n F., por lo que debe declararse su invalidez.

    No es �bice a lo anterior, el contenido del art�culo 71, fracci�n LI, de la C.�n del Estado de H., que se�ala:

    Art�culo 71. Son facultades y obligaciones del gobernador:

    ...

  25. Decretar expropiaciones por causa de utilidad p�blica, mediante el pago de las indemnizaciones que correspondan conforme a la ley."

    Lo anterior, porque a dicho precepto debe d�rsele una interpretaci�n conforme con los art�culos 27, fracci�n VI, p�rrafos primero y segundo, y 115, fracci�n I, de la C.�n F., pues debe interpretarse en el sentido de que la facultad conferida al gobernador de la entidad para decretar las expropiaciones por causa de utilidad p�blica y mediante indemnizaci�n es por lo que hace al �mbito estatal, lo que de ninguna manera excluye la competencia expropiatoria que posee el Municipio consagrada en la norma constitucional federal.

    Bajo este tenor, debe declararse la invalidez de la fracci�n XXXVII del art�culo 49, s�lo en la porci�n normativa que establece "... las solicitudes de ...", por lo que para efectos de la presente controversia constitucional y en lo que ata�e a su aplicaci�n futura al Municipio actor, deber� leerse de la siguiente manera:

  26. Autorizar, la expropiaci�n de bienes por causa de utilidad p�blica."

    Por las mismas razones debe declararse la invalidez del art�culo 52, fracci�n XXIII, de la Ley Org�nica M. del Estado de H..

    Pasando a otro tema, esta minor�a, en suplencia de la deficiencia de la demanda, estima que la fracci�n XXI del art�culo 49 de la Ley Org�nica M. del Estado de H., al establecer como facultad del Ayuntamiento la de suspender a sus miembros en caso de proceso por responsabilidad provenientes de faltas o delitos oficiales en tanto se defina su situaci�n jur�dica, transgrede el art�culo 115 constitucional, dado que de conformidad con dicho precepto, esta facultad es exclusiva de las Legislaturas de los Estados.

    La fracci�n XXI del art�culo 49 de la ley en estudio dispone lo siguiente:

    Art�culo 49. Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos:

    ...

  27. Suspender a sus miembros en caso de proceso por responsabilidad provenientes de faltas o delitos oficiales en tanto se defina su situaci�n jur�dica. En caso de inhabilitaci�n o de falta definitiva de un miembro del Ayuntamiento, se llamar� al suplente para que entre en funciones conforme a esta ley."

    Sobre el particular, la fracci�n I, tercer p�rrafo, del art�culo 115 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, expresamente se�ala lo siguiente:

    Las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podr�n suspender Ayuntamientos, declarar que �stos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan."

    De ello se desprende que s�lo las Legislaturas de los Estados est�n facultadas para suspender Ayuntamientos, declarar que �stos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, siempre y cuando la decisi�n se tome por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; se actualice alguna de las causas graves que la ley local establezca, y que los miembros del Ayuntamiento hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y formular los alegatos que a sus intereses convengan.

    De lo anterior se sigue que la fracci�n XXI del art�culo 49 de la Ley Org�nica M. del Estado de H., que dispone que los Ayuntamientos de esa entidad federativa est�n facultados para suspender a sus miembros en caso de proceso por responsabilidad proveniente de faltas o delitos oficiales en tanto se defina su situaci�n jur�dica, resulta contrario a lo que expresamente dispone el p�rrafo tercero de la fracci�n I del art�culo 115 de la C.�n F. pues, se insiste, esta es una atribuci�n que la N.F. le otorga de manera exclusiva a las Legislaturas de los Estados.

    En esa virtud, lo que procede es declarar inconstitucional la fracci�n XXI del referido art�culo 49 de la Ley Org�nica M. del Estado de H..

    Similar criterio sostuvo el Tribunal P. al resolver, en sesi�n de veinticinco de noviembre de dos mil tres, la controversia constitucional 44/2002 promovida por el Poder Legislativo del Estado de Jalisco en contra del Ayuntamiento C.onal de Mazamitla, Jalisco, en la cual fue ponente el M.H.R.P..

    Por otro lado, esta minor�a, con fundamento en el art�culo 40 de la ley reglamentaria de la materia, procede al an�lisis oficioso del segundo p�rrafo de la fracci�n XXXIV del art�culo 49 de la Ley Org�nica M. del Estado de H., toda vez que se estima que es contraria al contenido del art�culo 117, fracci�n VII, constitucional.

    A fin de poder evidenciar lo anterior, en primer lugar resulta conveniente acudir al texto de la fracci�n referida que se�ala:

    Art�culo 49. Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos:

    ...

  28. Autorizar al presidente municipal, la celebraci�n de contratos con particulares e instituciones oficiales, sobre asuntos de inter�s p�blico, en los t�rminos de ley. Al efecto, los Ayuntamientos est�n facultados para obligarse crediticiamente a trav�s del presidente municipal; en este caso, se deber�n observar los criterios de aprobaci�n establecidos en �sta ley, as� como las disposiciones de la ley de la materia.

    Los Municipios, s�lo podr�n contraer obligaciones o empr�stitos, cuando se destinen a inversiones como infraestructura y proyectos p�blicos productivos auto recuperables, conforme a las disposiciones que establezca la Legislatura del Estado a trav�s de una ley.

    Los Municipios, podr�n contratar deuda p�blica con base en el estudio t�cnico de su capacidad crediticia, o calificaci�n de deuda que se emita de acuerdo a la normatividad vigente."

    Como se logra desprender de la anterior transcripci�n, la ley reclamada faculta al Ayuntamiento para que autorice al presidente municipal a obligarse crediticiamente, con la finalidad de que celebre contratos sobre cuestiones de inter�s p�blico, y se�ala adem�s que "s�lo podr�n contraer obligaciones o empr�stitos, cuando se destinen a inversiones como infraestructura y proyectos p�blicos productivos auto recuperables".

    Resulta conveniente se�alar que el empr�stito como fuente de financiamiento del gasto del Ayuntamiento, surge como una alternativa, ante la insuficiencia financiera de los Municipios y, por el otro lado, la responsabilidad de atender, entre otras cuestiones, la prestaci�n de los servicios p�blicos municipales y el desarrollo de sus comunidades.

    En efecto, a ra�z de la insuficiencia de los ingresos percibidos en el Municipio, tanto por la v�a de sus contribuciones como de las participaciones y aportaciones federales y estatales, se generan reacciones diversas en la poblaci�n municipal que percibe la incapacidad del Municipio de proporcionar los servicios p�blicos m�s indispensables, o bien, de impulsar el desarrollo en sus comunidades, hasta el riesgo latente de estallido social por insatisfacci�n de sus necesidades primarias.

    Las alternativas de soluci�n resultan ser cada vez m�s escasas y, entre ellas, una de las m�s v�lidas desde el punto de vista jur�dico y social, consiste en las obtenci�n de recursos a trav�s de empr�stitos que los Municipios puedan obtener vali�ndose de los organismos oficiales creados con esa finalidad o de aquellas instituciones o grupos con posibilidad de ofrecer financiamiento ventajoso para las obras municipales.

    Esta situaci�n ha sido recogida en nuestra C.�n F., en el art�culo 117, fracci�n VIII, que regula lo siguiente:

    Art�culo 117. Los Estados no pueden, en ning�n caso:

    ...

  29. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empr�stitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

    Los Estados y los Municipios no podr�n contraer obligaciones o empr�stitos sino cuando se destinen a inversiones p�blicas productivas, inclusive de los que contraigan organismos descentralizados y empresas p�blicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente los respectivos presupuestos. Los Ejecutivos informar�n de su ejercicio al rendir la cuenta p�blica."

    Del texto anterior se desprende que los Municipios podr�n acceder al cr�dito, siempre y cuando cumplan con las bases que establezca la ley y, adem�s, dichos recursos se destinen a inversiones p�blicas productivas.

    Ahora bien, el art�culo en estudio agrega a la condici�n de productivas el calificativo de "auto recuperables", situaci�n que esta minor�a considera inconstitucional, por violaci�n al art�culo 117, fracci�n VIII, de la C.�n F., raz�n por la cual resulta importante fijar los alcances de dicho art�culo.

    En primer lugar, resulta importante atender a la evoluci�n que ha tenido el citado precepto constitucional.

    Hasta antes de mil novecientos ochenta y uno el art�culo 117, fracci�n VIII, constitucional establec�a:

    Art�culo 117. Los Estados no pueden, en ning�n caso:

    ...

  30. Emitir t�tulos de deuda p�blica, pagaderos en moneda extranjera o fuera del territorio nacional; contratar directa o indirectamente pr�stamos con gobiernos de otras naciones, o contraer obligaciones en favor de sociedades o particulares extranjeros, cuando haya de expedirse t�tulos o bonos al portador o transmisibles por endoso.

    Los Estados y los Municipios no podr�n celebrar empr�stitos sino para la ejecuci�n de obras que est�n destinadas a producir directamente un incremento en sus respectivos ingresos."

    Del precepto antes transcrito se logra desprender que los empr�stitos que celebraban los Estados y los Municipios al amparo del anterior art�culo 117, fracci�n VII, de la C.�n F., se deb�an destinar a la ejecuci�n de obras que directamente produjeran un incremento en sus respectivos ingresos y que generaran directamente riqueza y medios de pago suficientes. Es decir, subyac�a la idea de que el gasto general del Estado se financiara con los dem�s ingresos propios y de que el cr�dito p�blico, por tratarse de un ingreso complementario, pudiera ser empleado para la ejecuci�n de obras que por s� mismas generaran su capacidad de pago.

    La experiencia en la aplicaci�n de este precepto constitucional era v�lida para la Federaci�n, sin embargo, ante la insuficiencia de ingresos de los Estados y Municipios no les permit�a contar con la capacidad de auto recuperaci�n que la propia C.�n establec�a, por lo que ve�an limitadas, en grado considerable, sus posibilidades para financiar el desarrollo local y urbano mediante la realizaci�n de otras importantes inversiones productivas, tales como carreteras regionales o vecinales, obras de infraestructura urbana, entre otras, as� como para la prestaci�n de los servicios p�blicos que son demandados de manera constante para satisfacer necesidades comunitarias.

    As�, ante la indiscutible necesidad de abrir nuevos mecanismos para una mejor y m�s equitativa asignaci�n regional de recursos, de robustecer las haciendas estatales y municipales, de diversificar la actividad econ�mica y promover el desarrollo local y urbano, que garantizara el crecimiento m�s aut�nomo y racional de las entidades federativas y de sus Municipios, as� como de facilitarles el acceso al cr�dito p�blico, mismo que se encontraba limitado a empr�stitos destinados a la ejecuci�n de obras directamente redituables, el Constituyente Permanente, mediante decreto de reforma de veintiuno de abril de mil novecientos ochenta y uno, modific� el citado precepto para quedar como sigue:

    Art�culo 117. Los Estados no pueden, en ning�n caso:

    ...

  31. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empr�stitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

    Los Estados y los Municipios no podr�n contraer obligaciones o empr�stitos sino cuando se destinen a inversiones p�blicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas p�blicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente los respectivos presupuestos. Los Ejecutivos informar�n de su ejercicio al rendir la cuenta p�blica."

    En la exposici�n de motivos de la reforma constitucional se refiri� lo siguiente:

    Cuando en 1917 se promulg� nuestra C.�n, M�xico contaba con 15 millones de habitantes, hoy somos cinco veces m�s y en pocos a�os llegaremos a los 100 millones de mexicanos.

    Debemos, por tanto, continuar fincando las bases para que nuestro pa�s sea propicio al desarrollo de una vida m�s justa, que ofrezca un mayor bienestar a todos los mexicanos y que la riqueza alcanzada con tanto esfuerzo bajo la direcci�n e impulso de los gobiernos emanados de la Revoluci�n, se distribuya de manera equilibrada y arm�nica en todas las regiones del pa�s.

    La pol�tica de fortalecimiento del federalismo trazada por el Ejecutivo a mi cargo, toma ese reclamo como soporte y fija como prop�sito el equilibrio nacional.

    El objetivo de esta pol�tica es propiciar, respetando la autonom�a de cada uno de los ordenes de gobierno, el desarrollo cabal y libre de los Estados y Municipios, para proveer el cumplimiento eficiente de las tareas que la C.�n les encomienda y para que sean promotores del bienestar de los mexicanos que residen en sus territorios.

    Esta directriz, en su vertiente econ�mica, se ha planteado como el robustecimiento financiero de los Estados y de los Municipios, para asegurar que estos cuerpos esenciales de nuestra organizaci�n pol�tica cuentan con los recursos suficientes para llevar a cabo con mayor intensidad y rapidez las tareas que les corresponden en el quehacer nacional.

    En ejecuci�n de esta pol�tica, se han empleado los procedimientos constitucionales apropiados de colaboraci�n y coordinaci�n entre los tres cuerpos b�sicos de gobierno.

    El mecanismo m�s importante es sin duda el Sistema Nacional de Coordinaci�n F.. Ha permitido la armonizaci�n y articulaci�n de la estructura impositiva nacional y, adem�s, configurar un instrumento moderno y din�mico en el que los Estados y Municipios participan integralmente de la recaudaci�n federal. Garantiza que las participaciones se incrementen en funci�n de la actividad econ�mica general y de la regional, adem�s de que hace posible complementarlas con recursos adicionales mediante la colaboraci�n administrativa de cada entidad.

    La coordinaci�n fiscal fija mecanismos equitativos de distribuci�n de las participaciones, entre los que destacan el fondo complementario, concebido como un instrumento que permite equilibrar las diferencias de cada uno de los Estados, y la determinaci�n de que los Estados coordinados en impuestos con la Federaci�n entreguen a sus Municipios cuando menos el 20% de las participaciones que les correspondan.

    La importancia del nuevo r�gimen se aprecia plenamente con los primeros resultados obtenidos. En menos de un a�o de aplicaci�n, se han entregado participaciones por 79.165 millones de pesos, que representan un 60% m�s de las que corresponden a igual periodo conforme al sistema anterior.

    El Ejecutivo a mi cargo, en iniciativa diversa, propone al H. Congreso de la Uni�n mejorar estas importantes medidas de participaci�n, aumentando el porcentaje que del total de ingresos federales se destinar�n a constituir el fondo complementario de participaciones, as� como otros modos de colaboraci�n administrativa que permitan, inclusive a los Municipios, aplicar disposiciones federales para coadyuvar en el cobro de ciertos ingresos de la Federaci�n.

    El otorgamiento de cr�ditos a Estados y Municipios es otra de las acciones que el Gobierno F. realiza para robustecer sus haciendas p�blicas. En esta materia, cabe destacar la actuaci�n del Banco Nacional de Obras y Servicios P�blicos, S., que es la instituci�n nacional de cr�dito especializada para apoyar los programas de inversi�n p�blica para el desarrollo regional y urbano.

    Se han venido empleando otras f�rmulas de colaboraci�n mediante la celebraci�n de los Convenios �nicos de Coordinaci�n con los que se realizan acciones conjuntas entre la Federaci�n, los Estados y los Municipios para la ejecuci�n de programas de inversiones p�blicas de inter�s general y beneficio regional.

    Adicionalmente se contin�an otorgando cr�ditos y apoyos t�cnicos y se realizan otras formas de colaboraci�n entre Federaci�n, Estados y Municipios a efecto de coordinar en igual sentido las acciones p�blicas de los tres �rdenes de gobierno.

    En esta estrategia de robustecimiento de las haciendas estatales y municipales se encuentra incorporado el prop�sito de facilitarles el acceso al cr�dito p�blico, mismo que hoy est� limitado a empr�stitos destinados a la ejecuci�n de obras directamente redituables.

    Al respecto, la C.�n establece en sus art�culos 73, fracci�n VIII y 117, fracci�n VIII, que los empr�stitos que celebre el Estado, Federaci�n, Estados o Municipios se destinar�n a la ejecuci�n de obras que directamente produzcan un incremento en sus respectivos ingresos. Solamente se except�an los empr�stitos que la Federaci�n tenga que realizar con prop�sitos de regulaci�n monetaria, las operaciones de conversi�n y los que se contraten durante una emergencia nacional declarada en los t�rminos del art�culo 29 constitucional.

    El prop�sito de estas disposiciones consiste en que los empr�stitos generen directamente riqueza y medios de pago suficientes. En ellas subyace la idea de que el gasto general del Estado se financie con los dem�s ingresos propios y de que el cr�dito p�blico, por tratarse de un ingreso complementario, puede ser empleado para la ejecuci�n de obras que por s� mismas generen su capacidad de pago.

    Esta regla, en su conceptuaci�n l�gica, ha partido de la premisa de que el Estado se encuentre en aptitud de dedicar porci�n considerable de sus ingresos propios a la ejecuci�n de aquellas inversiones p�blicas productivas que, si bien no los producen de manera directa, constituyen los bienes que servir�n de soporte a la promoci�n de actividades socioecon�micas generales, gener�ndose indirectamente impuestos y otros ingresos estatales. Este es el caso de la construcci�n de obras hidr�ulicas, de comunicaciones y otras importantes obras p�blicas.

    La experiencia en la aplicaci�n de este precepto constitucional ha confirmado que esta premisa es v�lida para la Federaci�n, empero en el caso de Estados y Municipios ha sido notorio que la insuficiencia de sus ingresos no les ha permitido contar con esta capacidad, por lo que han visto limitadas, en grado considerable, sus posibilidades para financiar el desarrollo local y urbano mediante la realizaci�n de otras importantes inversiones productivas tales como carreteras regionales o vecinales, obras de infraestructura urbana, y otras obras y servicios p�blicos que son demandados de manera inaplazable para satisfacer necesidades comunitarias.

    Es indiscutible la necesidad de abrir nuevos mecanismos para una mejor y m�s equitativa asignaci�n regional de recursos con el prop�sito de diversificar la actividad econ�mica y promover el desarrollo local y urbano, pues de este modo se garantiza el crecimiento m�s aut�nomo y racional de las entidades federativas y de sus Municipios.

    Se estima que entre estos mecanismos, el papel del cr�dito p�blico local ser� cada d�a m�s importante como instrumento complementario para financiar el desarrollo estatal y municipal.

    De otra parte, por su importancia y significado la facultad estatal de comprometerse econ�micamente, debe estar sujeta a una autodisciplina que asegure su ejercicio prudente y responsable.

    El Ejecutivo a mi cargo estima que es factible conciliar ambos imperativos. Con esa convicci�n, se presenta esta iniciativa para que se reforme el art�culo 117, fracci�n VIII, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, replanteando ante la soberan�a nacional esta cuesti�n tan trascendente para el financiamiento del gasto p�blico de Estados y Municipios, en el que resulta menester realizar un esfuerzo no s�lo de eficiencia, sino tambi�n, y fundamentalmente, de suficiencia de recursos.

    Se propone, en primer lugar, reafirmar el principio constitucional de que a los Estados y Municipios les est� prohibido comprometer su cr�dito p�blico con gobiernos de otras naciones y con extranjeros, o contraer obligaciones crediticias que deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

    Es un elemento b�sico en nuestra estructura federal que frente al extranjero s�lo act�e el Estado Nacional. Este requisito indispensable de unidad y cohesi�n, trasladado al campo del cr�dito p�blico, determina que la naci�n s�lo pueda comprometerse fuera de las fronteras, en todo o en parte, a trav�s del Estado F..

    La iniciativa, por tanto, introduce peque�os cambios en el modo como se expresa este principio con el prop�sito de darle precisi�n y claridad ante las diversas formas como en esta �poca se compromete el cr�dito p�blico.

    El prop�sito de la reforma se manifiesta en las modificaciones al segundo p�rrafo del precepto constitucional que nos ocupa, a fin de ampliar la materia a la que podr�n destinarse los empr�stitos y otras obligaciones crediticias susceptibles de ser contra�das por Estados y Municipios, con el prop�sito de fijar las bases de un ejercicio razonable de estas facultades.

    En esa virtud, se propone que el destino del cr�dito p�blico estatal y municipal sea la realizaci�n de inversiones p�blicas productivas, con lo cual se comprender� la situaci�n actual de efectuar, prioritariamente, obras que generen directamente ingresos, y se abrir� la posibilidad de afectarlos a otras obras productivas y al financiamiento de servicios p�blicos, siempre que en forma indirecta o mediata se generen recursos p�blicos.

    Cabe hacer notar que la materia a la que ahora podr�n destinarse los empr�stitos estatales y municipales no admite salvedad alguna, con lo cual se impide que pudieran dedicarse a cubrir obligaciones de gasto corriente o a operaciones de conversi�n, mismas que, como hasta ahora, quedar�n claramente excluidas.

    La ampliaci�n del concepto har� posible que los Estados y Municipios puedan contraer cr�ditos para la realizaci�n de inversiones prioritarias que exijan un desembolso inmediato, con lo que se lograr� por consecuencia, la ampliaci�n de su capacidad de realizaci�n de los programas de gobierno.

    Las inversiones p�blicas productivas que se realicen, impulsar�n, sin lugar a dudas, la actividad econ�mica regional y urbana; favorecer�n el crecimiento de la econom�a y permitir�n la generaci�n de ingresos fiscales con los que se amorticen los cr�ditos en los plazos en que se haya diferido el pago. La creaci�n de nuevos modos de financiamiento del gasto p�blico y el aumento de la recaudaci�n fiscal que se producir� como consecuencia, aumentar�n la capacidad de pago de los Estados y Municipios.

    Se propone, complementariamente, precisar las bases de un proceso que correlacione la participaci�n que les corresponde a los Poderes de los Estados en este importante campo de determinaci�n de sus programas de financiamiento a trav�s del cr�dito p�blico.

    Se exige una planeaci�n anual adecuada de los instrumentos de financiamiento presupuestal del gasto p�blico de Estados y Municipios, en la que se determine cuidadosamente el papel que corresponda a su cr�dito p�blico.

    Las bases de disciplina en el uso del cr�dito y de vigilancia de la capacidad de pago de Estados y Municipios consisten en se�alar al Poder Legislativo Local la responsabilidad de regular, mediante una ley, la estructura y los procedimientos de autorizaci�n y ejercicio de los pr�stamos.

    Las autorizaciones que en su caso se otorguen, ser�n determinadas a�o con a�o, por las propias legislaturas al expedir, respectivamente, las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos estatal y municipal, mediante el se�alamiento de los conceptos de inversi�n en las obras y los servicios p�blicos productivos correspondientes y hasta por los importes que se fijen para cuidar de su respectiva capacidad de pago.

    Al Poder Ejecutivo Estatal y a los presidentes municipales les corresponder� el ejercicio de las autorizaciones anuales respectivas, quedando comprometidos ante el pueblo de su cabal cumplimiento al establecerse, como necesaria consecuencia, su obligaci�n de informar y comprobar la correcta aplicaci�n de las autorizaciones y de los empr�stitos al rendir la cuenta p�blica.

    Se precisa tambi�n que forman parte de la autorizaci�n respectiva y, por tanto, quedar�n sujetos a los mismos requisitos y controles, los cr�ditos y empr�stitos que contraigan los organismos descentralizados y empresas p�blicas pertenecientes a los Estados y Municipios. Esta disposici�n aclara que dichos financiamientos integran una unidad con el cr�dito p�blico directo de los propios Estados y Municipios, lo cual es indispensable prever expresamente considerando la importancia creciente de la organizaci�n paraestatal y a fin de mantener la cohesi�n de la estructura financiera local.

    La reforma que se propone, tiene un importante significado para el robustecimiento de las haciendas p�blicas locales y para el financiamiento del desarrollo regional y urbano, pero no debe perderse de vista que est� estrechamente vinculada con el prop�sito de que los �rganos fundamentales de gobierno de los propios Estados y Municipios dirijan sus finanzas p�blicas hacia los objetivos nacionales.

    Se tiene el convencimiento de que las medidas que se proponen son un paso m�s de apoyo al federalismo, que es doctrina, modo de organizaci�n y de vida nacional, el cual es indispensable robustecer pues constituye el instrumento m�s vigoroso de que la naci�n dispone para trazar el camino que ha elegido y para lograr las metas que se ha fijado."

    Como se desprende de la exposici�n de motivos, el prop�sito de la reforma fue ampliar la materia a la que podr�an destinarse los empr�stitos y otras obligaciones crediticias susceptibles de ser contra�das por Estados y Municipios, con el prop�sito de fijar las bases de un ejercicio razonable de estas facultades, se�alando adem�s, que el destino del cr�dito p�blico estatal y municipal fuera la realizaci�n de inversiones p�blicas productivas, con lo cual se comprendiera la situaci�n de efectuar, prioritariamente, obras que generaran directamente ingresos, abriendo la posibilidad de afectarlos a otras obras productivas y al financiamiento de servicios p�blicos, siempre que en forma indirecta o mediata se generaran recursos p�blicos.

    Es decir, la materia a la que ahora podr�n destinarse los empr�stitos estatales y municipales no admite salvedad alguna, con lo cual se impide que pudieran dedicarse a cubrir obligaciones de gasto corriente o a operaciones de conversi�n, mismas que est�n claramente excluidas.

    La ampliaci�n del concepto hizo posible que los Estados y Municipios pudieran contraer cr�ditos para la realizaci�n de inversiones prioritarias que exigieran un desembolso inmediato, ampliando as� su capacidad de realizaci�n de los programas de gobierno.

    No obstante lo anterior, el segundo p�rrafo de la fracci�n XXXIV del art�culo 49 de la Ley Org�nica del Estado de H., dispone que las obligaciones o empr�stitos que adquieran los Municipios deber�n destinarse a infraestructura y proyectos p�blicos productivos auto recuperables.

    La expresi�n "auto recuperable" est� compuesta por el t�rmino "auto", que significa "por s� mismo" y "recuperable", que deriva del verbo "recuperar"; ambos t�rminos son definidos por el Diccionario de la Lengua Espa�ola de la Real Academia Espa�ola de la siguiente manera:

    Auto. Del gr. Auto. 1. elem. compos. que significa �propio� o �por uno mismo�. A.�n, A.�a, Autom�vil."

    Recuperar. (Del lat. recuperare.) 1. tr. Volver a tomar o adquirir lo que antes se ten�a. // 2. (tr.) Volver a poner en servicio lo que ya estaba inservible. // 3. (tr.) Trabajar un determinado tiempo para compensar lo que no se hab�a hecho por alg�n motivo. // 4. (tr.) Aprobar una materia o parte de ella despu�s de no haberla aprobado en una convocatoria anterior. // 5. prnl. Volver en s�. // 6. (prnl.) Volver alguien o algo a un estado de normalidad despu�s de haber pasado por una situaci�n dif�cil."

    Por tanto, cuando el texto legal que ahora se impugna condiciona a que las obligaciones o empr�stitos que contraigan los Municipios se destinen a infraestructura y proyectos p�blicos productivos auto recuperables, quiere decir que estos �ltimos deben generar, por s� mismos y de manera directa, los ingresos suficientes para cubrir el monto invertido en el financiamiento, contrariamente a lo dispuesto por la actual fracci�n VIII del art�culo 117 constitucional.

    Por las razones anteriores, debe declararse inv�lida la porci�n normativa que dice "auto recuperables", por lo que el segundo p�rrafo de la fracci�n XXXIV del art�culo 49 de la ley impugnada, para efectos de la presente controversia constitucional y en lo que ata�e a su aplicaci�n futura al Municipio actor, deber� leerse de la siguiente manera:

    Art�culo 49. ...

  32. ...

    Los Municipios, s�lo podr�n contraer obligaciones o empr�stitos, cuando se destinen a inversiones como infraestructura y proyectos p�blicos productivos conforme a las disposiciones que establezca la Legislatura del Estado a trav�s de una ley."

  33. Facultades y obligaciones de los presidentes municipales.

    En sus conceptos de invalidez, el Municipio actor tambi�n se�ala que los art�culos 51 al 55 de la Ley Org�nica M. del Estado de H., insertos dentro del cap�tulo relativo a las facultades y obligaciones de los presidentes municipales, transgreden el art�culo 115 constitucional, toda vez que invaden la esfera competencial del Municipio que dicho precepto les otorga, adem�s de que, seg�n su propio dicho "en materia de mayor�as calificadas del Ayuntamiento, �stas s�lo son posibles de establecerse en la ley, trat�ndose de disposici�n de bienes muebles (sic), o actos jur�dicos que obliguen al Ayuntamiento m�s all� de su periodo de gobierno. Por tanto, es indebido imponer a los Ayuntamientos la toma de decisiones a partir de mayor�a calificada fuera de esos temas".

    Para dar contestaci�n a los argumentos de la parte actora, conviene transcribir y analizar, uno por uno, los preceptos que se estiman inconstitucionales.

    El art�culo 51 dispone lo siguiente:

    Art�culo 51. El presidente municipal, asumir� la representaci�n jur�dica del Ayuntamiento en los litigios en que �ste fuera parte, cuando el s�ndico est� impedido legalmente para ello, o no la asuma por cualquier causa."

    Como se advierte, el precepto anterior determina a qui�n le corresponde asumir la representaci�n jur�dica del Municipio en los casos en los que, a quien originalmente le competer�a, no lo hace.

    A este respecto, debe se�alarse que se trata de una norma que constituye una base general de la administraci�n p�blica municipal, derivada de la fracci�n II, inciso a), del art�culo 115 constitucional, toda vez que tiende a homogeneizar las reglas de representaci�n del Municipio, esto es, de quienes en t�rminos generales estar�n facultados para obrar a nombre y por cuenta del Ayuntamiento, lo que favorece la seguridad en las relaciones jur�dicas, ya sea con los particulares, o bien, con los entes p�blicos de la Federaci�n o de los Estados.

    Por tanto, al encontrar apoyo en un precepto constitucional, la Legislatura del Estado no invade la esfera de competencias del Ayuntamiento sino, al contrario, le establece un cat�logo de normas m�nimas de administraci�n que homologan a los Municipios de la entidad federativa, tal como lo exige la C.�n F.; por tanto, el concepto de invalidez correspondiente debe declararse infundado.

    Por lo que se refiere al art�culo 52 impugnado, �ste dispone lo siguiente:

    Art�culo 52. Son facultades y obligaciones de los presidentes municipales, las siguientes:

    I.S. y ordenar la publicaci�n de bandos y reglamentos aprobados por el Ayuntamiento, as� como publicar las leyes y reglamentos que se le encomienden. Para la sanci�n de los bandos y reglamentos, podr� convocar a refer�ndum en los t�rminos previstos por los art�culos 21 y 22 de esta ley;

  34. Convocar y presidir las sesiones del Ayuntamiento, conforme a esta ley;

  35. Dentro de su competencia, cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos federales, estatales y municipales; as� como los acuerdos del Ayuntamiento;

  36. R.ir al Ayuntamiento, en sesi�n p�blica, informe anual sobre la administraci�n p�blica municipal y las labores realizadas, el 16 de enero de cada a�o; cuando por causas de fuerza mayor no fuera posible en esta fecha se har� en otra, previo acuerdo de la mayor�a del propio Ayuntamiento, en el que se se�alar� fecha y hora para este acto, sin que exceda del d�a 31 de enero en los t�rminos previstos en la C.�n Pol�tica del Estado de H..

    En el caso de haberse designado Concejo M., en los t�rminos previstos en esta ley, el presidente del mismo, tendr� la representaci�n del concejo y la obligaci�n de rendir a �ste, el informe anual sobre la administraci�n p�blica municipal y las labores realizadas;

    V.N. y remover al secretario general municipal, tesorero y dem�s funcionarios que se requieran, para el eficaz desempe�o de la administraci�n municipal;

  37. Extender los nombramientos y tomar protesta a los delegados y subdelegados, electos por los pueblos, comunidades, colonias, fraccionamientos y barrios; as� como suspenderlos por incumplimiento de sus funciones o por la comisi�n de delitos de los fueros com�n o federal y separarlos en definitiva cuando fueren encontrados responsables. Cuando faltare el delegado o subdelegado, solicitar� a los vecinos una nueva elecci�n.

    Nombrar y remover a los alcaides y al personal de seguridad y administrativo de acuerdo con las disposiciones aplicables, as� como cuidar que las dependencias y oficinas municipales se integren y funcionen con eficiencia;

    VII.V. la recaudaci�n en todas las ramas de la hacienda municipal y que la inversi�n de los fondos municipales se apliquen con estricto apego al presupuesto;

  38. Autorizar a la Tesorer�a M., en uni�n del secretario general, las �rdenes de pago que sean, conforme al presupuesto;

  39. Constituir el Comit� de Planeaci�n del Desarrollo M., con la participaci�n de representantes de los sectores p�blico, social y privado, y de profesionistas y t�cnicos, que residan dentro de su territorio; as� como el Comit� de Desarrollo Urbano M., en los mismos t�rminos;

  40. Cumplir con el plan estatal de desarrollo, el del Municipio y los programas sectoriales, regionales y especiales aprobados, respecto a lo que se refiere a su Municipio. A m�s tardar, noventa d�as despu�s de tomar posesi�n de su cargo, el presidente municipal deber� presentar un plan de desarrollo municipal congruente con el plan estatal;

  41. Visitar los poblados del Municipio, a fin de supervisar la obra p�blica y los servicios, as� como para conocer su problem�tica e informar al Ayuntamiento o concejo para que sean tomadas las resoluciones y providencias correspondientes;

  42. Auxiliar a las autoridades federales en la aplicaci�n y cumplimiento de las disposiciones previstas en los art�culos 27 y 30 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos;

    XIII.V. que los funcionarios y comisiones encargadas de los diferentes servicios municipales, cumplan puntualmente con su cometido;

  43. Recabar la autorizaci�n de la mayor�a de los integrantes del Ayuntamiento, para el nombramiento del conciliador municipal y los titulares de las unidades t�cnicas de la administraci�n municipal;

  44. Mandar fijar las placas distintivas en las calles, jardines, plazas y paseos p�blicos, cuya nomenclatura haya sido aprobada por el Ayuntamiento;

  45. Tener bajo su mando los cuerpos de seguridad para la conservaci�n del orden p�blico, con excepci�n de las facultades que se reservan al presidente de la Rep�blica y al gobernador del Estado, conforme a lo establecido por la fracci�n VII del Art�culo 115 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos;

  46. Solicitar la autorizaci�n del Ayuntamiento para ausentarse del Municipio por m�s de quince d�as, si el plazo excediere de treinta d�as conocer� y resolver� el Congreso del Estado;

  47. Enviar a las autoridades municipales y estatales, as� como a las bibliotecas del Municipio, los ejemplares que contengan las leyes y reglamentos y dem�s disposiciones vigentes en materia municipal, con la debida oportunidad;

  48. Promover lo necesario para que los oficiales y funcionarios por delegaci�n del Registro del Estado Familiar, desempe�en en el Municipio los servicios que les competen, en los t�rminos establecidos en la C.�n Pol�tica del Estado y dem�s leyes de la materia y vigilar su cumplimiento;

  49. Obligar crediticiamente al Municipio en forma mancomunada con el secretario general y el tesorero municipal. Cuando el pago de estas obligaciones vaya m�s all� del periodo de su ejercicio, el acuerdo deber� ser aprobado por las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento;

  50. Crear, o en su caso, modificar y suprimir las dependencias necesarias para el desempe�o de los asuntos del orden administrativo y para la eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos municipales, previo acuerdo del Ayuntamiento y en los t�rminos del reglamento correspondiente;

  51. Proponer al Ayuntamiento, la divisi�n administrativa del territorio municipal en delegaciones, subdelegaciones, sectores, secciones y manzanas o la modificaci�n de la existente, as� como reconocer la denominaci�n pol�tica de las poblaciones y solicitar la declaratoria de nuevas categor�as pol�ticas al Congreso del Estado;

  52. Solicitar, con el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, la expropiaci�n de bienes por causa de utilidad p�blica, como lo previene la C.�n Pol�tica del Estado de H.;

  53. Formular anualmente la iniciativa de la ley de ingresos y remitirla al Congreso del Estado para su aprobaci�n, previa autorizaci�n acordada por la mayor�a del Ayuntamiento, a m�s tardar en la primera quincena del mes de noviembre;

  54. Formular anualmente el presupuesto de egresos y someterlo a la aprobaci�n del Ayuntamiento;

  55. Publicar mensualmente, en el diario o peri�dico de mayor circulaci�n local o en los estrados de la presidencia municipal, el balance de los ingresos y egresos del Ayuntamiento;

  56. Otorgar o denegar, en su �mbito de competencia, licencias y permisos de uso del suelo, construcci�n y alineamiento, con observancia de los ordenamientos respectivos;

    XXVIII.V. y fijar, en su caso, las condiciones que deban reunir todos los establecimientos industriales, comerciales y de servicios cuyo inadecuado funcionamiento pueda ocasionar da�os o molestias a la comunidad y dar cuenta a la autoridad competente cuando corresponda;

    Autorizar, denegar o suspender, con el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, los establecimientos donde se consuman bebidas alcoh�licas y aquellos cuyas caracter�sticas coincidan con las referidas en el p�rrafo anterior y ajustar sus actos a lo establecido por la fracci�n XXVII del art�culo 49 de esta ley;

  57. Otorgar o denegar permisos para el establecimiento de mercados, tianguis y ferias, conforme a la normatividad vigente;

  58. Otorgar o denegar permisos, de acuerdo a la normatividad en vigor, para la realizaci�n de actividades mercantiles en la v�a p�blica y designar su ubicaci�n;

  59. Proporcionar los servicios de seguridad a la poblaci�n en general y mantener el orden en espect�culos, festividades, paseos y lugares p�blicos;

  60. Conceder licencias y autorizar los precios a las empresas que promuevan espect�culos p�blicos y vigilar que en ellas se desarrollen los programas anunciados y autorizados conforme a las leyes y reglamentos de la materia;

  61. Ejercitar, por medio del s�ndico o apoderados especiales las acciones judiciales que competan al Municipio;

  62. Destinar los bienes del Ayuntamiento a aquellos fines que sean m�s adecuados para la buena administraci�n municipal, previa autorizaci�n del mismo;

    XXXV.N. representante jur�dico en negocios judiciales que ata�en al Municipio, cuando el s�ndico est� impedido legalmente para ello, o no la asuma por cualquier causa;

    XXXVI.P. en la esfera administrativa todo lo necesario, para la creaci�n y sostenimiento de los servicios municipales;

  63. Disponer las transferencias de partidas que reclamen los servicios municipales, previa autorizaci�n de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, y observar las prioridades del desarrollo social y las Leyes de Planeaci�n y la de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano;

  64. Conceder licencias y autorizaciones municipales para el funcionamiento de giros industriales, comerciales, tur�sticos y de servicios profesionales, con observancia de los ordenamientos respectivos, as� como cancelarlas temporal o definitivamente por mal uso de ellas, o por violar las disposiciones reglamentarias;

  65. Informar al Ayuntamiento en forma oral o por escrito cuando fuese requerido para ello, independientemente del informe anual, sobre las labores realizadas durante el transcurso del a�o y del estado que guarde la hacienda municipal;

  66. Admitir o rechazar renuncias o licencias de los funcionarios y empleados municipales;

  67. Imponer administrativamente a los empleados y funcionarios de la administraci�n municipal, las sanciones que correspondan de acuerdo con el reglamento interno de la administraci�n municipal y la ley de la materia o lo dispuesto por las condiciones generales de trabajo;

  68. Ejercer las funciones del Registro del Estado Familiar o delegarlas en el funcionario id�neo que designe;

  69. Proponer al Ayuntamiento las medidas que estime pertinentes para realizar las obras necesarias en el Municipio, en la inteligencia de que antes de principiar cualquier obra nueva, deber� terminar o continuar las que haya recibido de la administraci�n anterior como inconclusas o iniciadas, salvo que por circunstancias especiales fundadas o motivadas, se estime conveniente que dichas obras no se terminen o contin�en; en cuyo caso, es necesario acuerdo expreso de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, previo dictamen de la unidad de obras p�blicas municipales;

    XL.. Ejercer las funciones de presidente de la Junta M. de Reclutamiento y proceder a la inscripci�n de los j�venes en edad militar, organizar el sorteo correspondiente y entregar el personal a las autoridades militares el primer domingo del mes de enero, de acuerdo con la Ley del Servicio Militar Nacional;

  70. Elaborar en coordinaci�n con el s�ndico y por conducto del personal responsable, inventario minucioso de todos los bienes municipales, muebles e inmuebles. Este inventario se har� en un libro especial y en el mes de enero de cada a�o se revisar�, para hacer constar las modificaciones que haya habido en el curso del a�o anterior;

    XLVI.C. de la conservaci�n del orden p�blico, para lo cual dictar� las medidas que a su juicio requieran las circunstancias;

  71. Reunir oportunamente los datos estad�sticos del Municipio;

    XLVIII.C. de la conservaci�n y eficacia de los servicios p�blicos y dictar las medidas que el caso amerite;

  72. Exigir de los funcionarios y empleados municipales, el cumplimiento de sus obligaciones;

  73. Calificar las infracciones cometidas a las leyes, reglamentos y disposiciones municipales de observancia general y resolver sobre el recurso de revocaci�n;

  74. Expedir constancias de vecindad;

  75. Conceder permisos para manifestaciones p�blicas, siempre y cuando se llenen los requisitos que para �ste efecto se�ala el art�culo 9o. de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos;

  76. Celebrar contratos con particulares o instituciones oficiales en los t�rminos se�alados por la C.�n Pol�tica del Estado de H., esta ley y las dem�s relativas;

    L.. Someter a plebiscito los proyectos para la concesi�n de servicios p�blicos a cargo del Municipio, conforme a lo dispuesto en esta ley;

  77. Resolver los recursos interpuestos en contra de sus acuerdos y resoluciones;

  78. Proponer al Ayuntamiento, la integraci�n de C.ones de Gobierno y Administraci�n;

  79. Presentar ante la Contadur�a M. de Hacienda del Congreso del Estado, su declaraci�n patrimonial inicial, dentro de los sesenta d�as h�biles siguientes a la toma de posesi�n; de modificaci�n anual, durante el mes de mayo de cada a�o; y de conclusi�n de encargo, dentro de los treinta d�as h�biles siguiente a �sta y

  80. Las dem�s que le se�alen la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, la C.�n Pol�tica del Estado de H., esta ley y los dem�s ordenamientos de la materia."

    Para analizar la constitucionalidad de un precepto tan amplio, por referirse a las facultades y obligaciones de los presidentes municipales, a continuaci�n se procede a agrupar aquellas fracciones que guardan una naturaleza jur�dica similar entre s�.

    De la lectura de las fracciones I, primera parte, II, IV, VII, XII, XIII, XVII, XVIII, XX, primer p�rrafo, XXVI, XXXIII, XXXV, XXXIX, XLV, XLVII, L, LIII y LV, se desprende que se trata de normas que constituyen bases generales de la administraci�n p�blica municipal, de las previstas en la fracci�n II, inciso a), del art�culo 115 constitucional, cada una por diversas razones, seg�n se explica a continuaci�n.

    La primera parte de la fracci�n I del precepto impugnado faculta al presidente municipal a sancionar y ordenar la publicaci�n de bandos y reglamentos aprobados por el Ayuntamiento, as� como a publicar las leyes y reglamentos que se le encomienden. La norma que se analiza es una base general de administraci�n p�blica, porque establece una norma m�nima tendente a asegurar la publicidad de los ordenamientos que integrar�n el marco jur�dico del Municipio, lo que constituye un principio de las normas jur�dicas, esto es, se trata de una disposici�n jur�dica a trav�s de la cual se pretende asegurar que las disposiciones generales de los Municipios surtan plenos efectos en sus respectivos territorios, sin que los gobernados puedan argumentar el desconocimiento de la ley.

    En efecto, la publicaci�n de la ley es un requisito esencial para la existencia de la misma como norma, ya que determina su incorporaci�n al ordenamiento jur�dico, pues s�lo a partir de la publicaci�n nace el deber -en sentido amplio- que es contenido de toda norma jur�dica y la ley produce su efecto vinculante para todos. S�lo con la publicaci�n opera el principio iura novit curia y la publicaci�n es importante para la determinaci�n de la fecha de la entrada en vigor.

    En el Estado de derecho existe una presunci�n legal muy importante que se resume en los siguientes aforismos:

    1. N. jus ignorare licet.

    2. Nemo jus ignorare censetur; ignorantia legis neminem excusat.

    En esencia, a nadie es permitido ignorar las leyes y se presume que todo el mundo las conoce, esta ficci�n es absolutamente necesaria para la preservaci�n del orden social, ya que es una presunci�n necesaria para la seguridad jur�dica, pero para que este aforismo pueda hacerse efectivo necesariamente tiene como precedente la publicaci�n y circulaci�n efectiva de las normas, raz�n por la cual la norma en estudio se considera una base general de la administraci�n p�blica municipal.

    La fracci�n II se refiere a la facultad del presidente municipal para convocar y presidir las sesiones del Ayuntamiento, lo cual la constituye en una base general de administraci�n p�blica tendente a asegurar el funcionamiento regular del Ayuntamiento, pues se sobreentiende que s�lo a ra�z de una convocatoria debidamente publicitada puede reunirse un �rgano colegiado y que �ste requiere necesariamente de una persona que encabece y organice la marcha de la sesi�n; todo lo cual es indispensable de manera general para cualquier Ayuntamiento.

    Tanto la fracci�n IV que establece el deber del presidente municipal de brindar un informe p�blico anual sobre las labores realizadas por la administraci�n p�blica y la fracci�n VII, que establece la obligaci�n de vigilar la recaudaci�n de los fondos municipales, as� como su aplicaci�n con apego al presupuesto, son bases generales de administraci�n p�blica que tienden a homogeneizar y asegurar la transparencia en el ejercicio del gobierno de todos los Ayuntamientos que integran a la entidad federativa, requisito sin el cual no se puede garantizar el debido ejercicio de las facultades que tiene a su cargo cada presidente municipal.

    Por su parte, la fracci�n XII, que establece la obligaci�n del presidente municipal de auxiliar a las autoridades federales y estatales en el cumplimiento de los art�culos 27 y 30 de la C.�n F., es igualmente una base general de administraci�n p�blica, que en este caso tiende a procurar la coordinaci�n de los tres niveles de gobierno en el cumplimiento de la Carta Magna, a la cual indefectiblemente se encuentran sujetos. En este sentido, debe entenderse que es indispensable que existan normas m�nimas homog�neas que permitan la referida coordinaci�n, raz�n por la cual dicha fracci�n debe considerarse una base general.

    La fracci�n XIII, que establece la obligaci�n de vigilar que los funcionarios municipales cumplan puntualmente con su cometido, es una base general de administraci�n p�blica, a trav�s de la cual se pretende que el presidente municipal, como miembro del Cabildo, procure el buen funcionamiento del gobierno; principio general que es deseable para todos los Municipios que integran la entidad federativa, a fin de garantizar su gobernabilidad y que, por tanto, no constituye un atentado contra la autonom�a municipal.

    Las mismas razones resultan aplicables al contenido de la fracci�n XVII, que establece la obligaci�n del presidente municipal de solicitar autorizaci�n para ausentarse del Municipio; por tanto, debe decirse que es una base general de administraci�n p�blica que tiende a asegurar el funcionamiento regular y continuo del Ayuntamiento y que, por el alto principio en ella inserto, es una norma homog�nea para todos los Municipios, pues adem�s reitera el principio de que el presidente es un miembro m�s del Ayuntamiento, sin superioridad jer�rquica respecto de sus pares.

    La fracci�n XVIII, que establece la obligaci�n del presidente municipal de enviar los ordenamientos legales del Municipio a las autoridades municipales y estatales, as� como a las bibliotecas del Municipio, tambi�n es una base general de administraci�n p�blica, en tanto tiende a asegurar la publicidad de los ordenamientos que integran el marco jur�dico del Ayuntamiento, principio que todos los Municipios deben respetar a fin de proveer seguridad jur�dica a los gobernados.

    Por su parte, tanto la fracci�n XXVI, que establece la obligaci�n del presidente de publicar el balance de ingresos y egresos del Ayuntamiento, como la fracci�n XXXIX, que dispone como obligaci�n del mismo funcionario informar al Ayuntamiento sobre las labores por �l realizadas, son bases generales de administraci�n p�blica, mismas que adem�s de asegurar la transparencia en el manejo del Municipio, tambi�n se ajustan a los principios previstos en el art�culo 113 constitucional, como lo son la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempe�o de la funci�n p�blica, as� como el de seguridad jur�dica, certeza y publicidad en cuanto a las decisiones adoptadas.

    Tanto la fracci�n XXXIII, que establece la facultad del presidente municipal para ejercitar las acciones judiciales que competan al Municipio, como la fracci�n XXXV, que lo faculta para nombrar representante jur�dico cuando el s�ndico est� impedido legalmente para ello o no la asuma por cualquier causa, son bases generales de administraci�n p�blica municipal al establecer las reglas de representaci�n del Ayuntamiento.

    En efecto, dichas fracciones, interpretadas de manera arm�nica con lo que dispone el art�culo 51 de la misma ley impugnada, establecen que el primer representante del Ayuntamiento en los litigios es el s�ndico, y si este �ltimo est� impedido o no asume la representaci�n, entonces puede reemplazarlo el presidente municipal quien, si lo estima pertinente, puede a su vez nombrar representantes. Con esta base general, se uniforma el marco de legitimaci�n de los miembros del Cabildo para comparecer a juicio en nombre del Ayuntamiento, lo que adem�s genera certeza al asegurar un sistema que permita a cualquier persona saber qui�n es el portador de la voluntad del Municipio en los juicios.

    Las consideraciones anteriores deben regir plenamente por lo que respecta al contenido de las fracciones LIII y XX, primer p�rrafo, que establecen, respectivamente, la facultad del presidente municipal para celebrar contratos, y la de obligar crediticiamente al Municipio en forma mancomunada con el secretario general y el tesorero municipal pues, como se advierte, con ella se establece una regla de representaci�n del Ayuntamiento, que uniforma y da certeza en la celebraci�n de actos jur�dicos.

    La fracci�n XLV, que vincula al presidente municipal a elaborar, en coordinaci�n con el s�ndico, un inventario de los bienes municipales, es una base general de administraci�n p�blica municipal, tendente a homogeneizar entre los Municipios el cumplimiento de los principios de transparencia y seguridad en el ejercicio de su gobierno, lo cual se traduce, en este caso concreto, en el establecimiento de mecanismos de control del patrimonio mobiliario e inmobiliario del Municipio, requisito indispensable para administrar y disponer de manera aut�noma de dichos bienes, lo cual de ninguna manera puede considerarse invasor de la esfera municipal.

    La misma raz�n es aplicable para el caso previsto en la fracci�n XLVII del precepto en estudio, que prev� la obligaci�n del presidente municipal de reunir oportunamente los datos estad�sticos del Municipio, pues se trata de una norma tendente a dotar de informaci�n a la Federaci�n, entidades federativas y Municipios para facilitar la planeaci�n del crecimiento nacional, estatal, regional y municipal.

    Por lo que respecta a la fracciones L y LV, que autorizan al presidente municipal a calificar las infracciones cometidas a las normas aplicables al �mbito municipal y a resolver recursos, se tratan de bases generales de administraci�n p�blica municipal, toda vez que se refieren al procedimiento administrativo consignado en la fracci�n II, inciso a), del art�culo 115 constitucional.

    Resulta de todo lo anterior que las fracciones comentadas constituyen reglas m�nimas que regulan aspectos esenciales del funcionamiento de la administraci�n p�blica municipal, aseguran el correcto desenvolvimiento de la vida del Ayuntamiento y la transparencia en el ejercicio del gobierno y, adem�s, establecen los principios generales del procedimiento administrativo; por lo que constituyen bases generales de administraci�n p�blica municipal, derivadas de la fracci�n II, incisos a) y b), del art�culo 115 constitucional que en ning�n momento invaden la esfera de competencia del Ayuntamiento. Por tanto, el concepto de invalidez correspondiente debe declararse infundado.

    Conviene ahora referirse a la naturaleza jur�dica de las fracciones III, VI, segundo p�rrafo, X, XV, XVI, XIX, XX, primera parte, XXXI, XLI, XLII, XLIII, XL., XLVI, XLIX y LVII del art�culo 52 impugnado, pues todas ellas, como se pasar� a demostrar a continuaci�n, constituyen normas derivadas de diversos preceptos de la C.�n F. y que, por ende, no la contrar�an.

    La fracci�n III establece la facultad y obligaci�n del presidente municipal de aplicar las normas federales, estatales y municipales, as� como los acuerdos del Ayuntamiento. Dicha facultad encuentra apoyo directo en el art�culo 128 constitucional, el cual dispone lo siguiente:

    Art�culo 128. Todo funcionario p�blico, sin excepci�n alguna, antes de tomar posesi�n de su encargo, prestar� la protesta de guardar la C.�n y las leyes que de ella emanen."

    Por tanto, el referido precepto es una norma derivada de la C.�n F. y en nada invade la autonom�a municipal.

    Por su parte, las fracciones X, XIX, XLII, LI y LII, encuentran su apoyo en el art�culo 124 de la C.�n F., el cual dispone lo siguiente:

    Art�culo 124. Las facultades que no est�n expresamente concedidas por esta C.�n a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados."

    En efecto, la fracci�n X, que establece que es obligaci�n del presidente municipal cumplir con los planes de desarrollo aplicables a su Municipio, as� como elaborar su propio plan de desarrollo, es una norma derivada del art�culo 124 y del art�culo 115, fracci�n V, constitucional porque la Norma Suprema reserva a las Legislaturas Estatales expedir las normas relativas a la planeaci�n del desarrollo estatal y faculta a los Municipios para establecer su plan de desarrollo municipal.

    No sobra decir que las entidades federativas deben garantizar la participaci�n del Municipio en la formulaci�n de planes de desarrollo regional, en t�rminos del art�culo 115, fracci�n V, inciso c), de la C.�n F., el cual establece lo siguiente:

    Art�culo 115. ...

  81. Los Municipios, en los t�rminos de las leyes federales y estatales relativas, estar�n facultados para:

    ...

    1. Participar en la formulaci�n de planes de desarrollo regional, los cuales deber�n estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federaci�n o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deber�n asegurar la participaci�n de los Municipios."

    Por lo que se refiere a la fracci�n XIX, que establece como facultad del presidente municipal promover lo necesario para que los funcionarios del Registro del Estado Familiar desempe�en sus funciones en el Municipio y a la fracci�n XLII, que faculta a dicho funcionario para ejercer las funciones del Registro del Estado Familiar y delegarlas en el funcionario que designe, debe decirse que tambi�n son normas derivadas del art�culo 124 constitucional, porque el Registro Civil es una funci�n esencialmente estatal, como se desprende del propio art�culo 121, fracci�n IV, de la C.�n F.:

    Art�culo 121. En cada Estado de la Federaci�n se dar� entera fe y cr�dito a los actos p�blicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la Uni�n, por medio de leyes generales, prescribir� la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujet�ndose a las bases siguientes:

    ...

  82. Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado, tendr�n validez en los otros."

    De ah� que si las funciones del Registro Civil son competencia de las entidades federativas, estas �ltimas pueden delegarlas en los Municipios y establecer las condiciones en las que se deber�n desempe�ar, sin que ello sea inconstitucional o vulnere la esfera de competencia originariamente asignada a los Municipios, pues ello tambi�n coincide con el contenido del art�culo 115, fracci�n III, inciso i), de la C.�n F..

    En resumen, del contenido de las fracciones X, XIX y XLII del art�culo 52 impugnado, se advierte que se trata de funciones que originariamente les corresponden a los Estados, mismas que de alguna manera delegan total o parcialmente en los Municipios. Por tanto, si su ejercicio es estatal, no puede decirse que con ellas se est� invadiendo la esfera de competencia de los Municipios, sino que por el contrario, se est� ampliando su esfera de atribuciones con funciones que constitucionalmente no les son reconocidas, pero que por un acto de autonom�a del Estado, les son atribuidas mediante un ordenamiento emanado de la Legislatura Local; en consecuencia, tales fracciones tampoco son inconstitucionales y resultan infundados los conceptos de invalidez que tienen como prop�sito acreditarlo.

    Menci�n especial merece la fracci�n XLIII que, entre otras cosas, establece que para la suspensi�n o terminaci�n de obras p�blicas que se hubiesen iniciado durante el periodo del Ayuntamiento anterior, ser� necesario obtener el acuerdo expreso de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento. Lo anterior porque, si bien es cierto que el inciso b) de la fracci�n II del art�culo 115 constitucional, establece dicha mayor�a calificada �nicamente para obtener la autorizaci�n para iniciar una obra cuya realizaci�n se prolongue m�s all� del periodo del Ayuntamiento, tambi�n lo es que por igualdad de raz�n, debe imperar la misma regla cuando, como en el caso, se trata de suspender o terminar anticipadamente la realizaci�n de una obra p�blica ordenada por la administraci�n municipal anterior.

    Aunado a lo anterior, debe decirse que mediante el contenido de la fracci�n XLIII tambi�n se pretende brindar un marco gen�rico con el que se cumplan los principios de transparencia, eficiencia y eficacia que requiere la toma de decisiones en materia de obras p�blicas; todo lo cual le da un amplio sustento constitucional.

    Con respecto al contenido de la fracci�n XV, que establece la facultad de mandar fijar las placas distintivas en las calles, jardines, plazas y paseos, debe decirse que se trata de la aplicaci�n directa del art�culo 115, fracci�n III, inciso g), de la C.�n F., el cual dispone que:

    Art�culo. 115. ...

  83. Los Municipios tendr�n a su cargo las funciones y servicios p�blicos siguientes:

    ...

    1. Calles, parques y jardines y su equipamiento."

    De donde se advierte que si el legislador estatal estableci� una facultad relacionada con las calles, plazas y jardines, s�lo est� llevando al detalle el contenido del art�culo constitucional antes transcrito; raz�n por la cual, no resulta invasor de la esfera competencial del Municipio.

    Por lo que respecta a la fracci�n VI, segundo p�rrafo, que otorga al presidente municipal la facultad de nombrar y remover a los alcaldes y al personal de seguridad; la fracci�n XVI, que se refiere a la facultad para tener bajo su mando los cuerpos de seguridad; la fracci�n XXXI, que le otorga las atribuciones necesarias para proporcionar los servicios de seguridad a la poblaci�n, y la fracci�n XLVI, que autoriza a dicho funcionario para llevar a cabo medidas tendentes a conservar el orden p�blico, debe decirse que se trata de la aplicaci�n directa del art�culo 115, fracci�n VII, de la C.�n F., el cual dispone lo siguiente:

    Art�culo 115. ...

  84. La Polic�a P. M. estar� al mando del presidente municipal, en los t�rminos del reglamento correspondiente. Aqu�lla acatar� las �rdenes que el gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que �ste juzgue como de fuerza mayor o alteraci�n grave del orden p�blico.

    El Ejecutivo F. tendr� el mando de la fuerza p�blica en los lugares donde resida habitual o transitoriamente."

    Como deriva de lo anterior, las fracciones referidas no son m�s que la aplicaci�n de la facultad constitucional que tienen los presidentes municipales de tener a su cargo la Polic�a P. y, por tanto, asumir la funci�n de preservar el orden p�blico y proveer sobre la seguridad de la poblaci�n municipal, de ah� que igualmente deban considerarse acordes con el Texto C.onal.

    Por cuanto hace a la fracci�n XLI, que faculta al presidente municipal a sancionar administrativamente a los empleados y funcionarios de la administraci�n p�blica municipal; la fracci�n XLIX, que faculta a dicho presidente a exigir a esos mismos funcionarios y empleados el cumplimiento de sus obligaciones, y la fracci�n LVII, que obliga a dicho mun�cipe a presentar sus declaraciones patrimoniales ante la Contadur�a M. de Hacienda del Congreso del Estado, se trata de normas cuyo contenido se haya inscrito en el marco de los art�culos 109, primer p�rrafo, fracci�n III y 113 constitucionales, mismos que disponen en sus t�rminos lo siguiente:

    Art�culo 109. El Congreso de la Uni�n y las Legislaturas de los Estados, dentro de los �mbitos de sus respectivas competencias, expedir�n las leyes de responsabilidades de los servidores p�blicos y las dem�s normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este car�cter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:

    ...

  85. Se aplicar�n sanciones administrativas a los servidores p�blicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempe�o de sus empleos, cargos o comisiones."

    Art�culo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores p�blicos, determinar�n sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempe�o de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, as� como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, adem�s de las que se�alen las leyes, consistir�n en suspensi�n, destituci�n e inhabilitaci�n, as� como en sanciones econ�micas, y deber�n establecerse de acuerdo con los beneficios econ�micos obtenidos por el responsable y con los da�os y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracci�n III del art�culo 109, pero que no podr�n exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los da�os y perjuicios causados."

    Es decir, a trav�s de las fracciones impugnadas, la Legislatura Local est� legislando en materia de responsabilidades de los servidores p�blicos y, en uso de esa misma facultad, otorga al presidente municipal la potestad de sancionar administrativamente tanto a los funcionarios como a los empleados municipales. Por su parte, el presidente municipal est� obligado a presentar sus declaraciones patrimoniales, a trav�s de las cuales podr�a advertirse un enriquecimiento injustificado o un beneficio econ�mico a costa del erario p�blico, en abierta transgresi�n a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempe�o de sus funciones.

    Bajo ese esquema, puede concluirse que las fracciones XLI, XLIX y LVII del art�culo 52 impugnado, son preceptos que encuentran apoyo directo en los art�culos 109 y 113 constitucionales, raz�n por la cual no invaden la esfera de competencia del Municipio.

    Por lo que respecta a las normas de esta naturaleza, debe decirse que la fracci�n XL. del mencionado art�culo 52 tambi�n es una norma que desarrolla de manera directa el contenido de la C.�n F., en este caso, el art�culo 31, fracci�n II, de la Carta Magna. En efecto, la fracci�n impugnada faculta al presidente municipal a ejercer las funciones de presidente de la Junta M. de Reclutamiento y proceder a la inscripci�n de los j�venes en edad militar; por su parte, el precepto constitucional dispone lo siguiente:

    Art�culo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

    ...

  86. Asistir en los d�as y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir instrucci�n c�vica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadanos, diestros en el manejo de las armas, y conocedores de la disciplina militar."

    De donde se advierte que si bien es cierto que los Ayuntamientos del Estado de H. deber�n constituir su Junta M. de Reclutamiento, en estricta consonancia con el precepto constitucional antes citado, la labor de inscripci�n y reclutamiento se llevar� a cabo a trav�s del presidente municipal, todo lo cual encuentra sustento en la Norma Suprema y, por ende, no puede ser tildado de inconstitucional.

    Continuando con el an�lisis del art�culo 52 de la ley impugnada, ser� conveniente referirse ahora al contenido de aquellas normas que s�lo deben aplicarse a falta de un reglamento municipal que regule esas materias, con apoyo en el art�culo 115, fracci�n II, inciso e), de la C.�n F.. Estas fracciones son la V, VI, VIII, IX, XI, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, primer p�rrafo, XXIX, XXX, XXXII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, XLVIII, LI, LII, L. y LVI.

    En principio, es importante recordar que si se trata de normas por ausencia, es porque las atribuciones a que tales supuestos jur�dicos se refieren son competencia originaria del Municipio y que, a fin de subsanar toda posible laguna, el Constituyente Permanente, en el art�culo 115, fracci�n II, inciso e), ha facultado a las Legislaturas Estatales a emitir normas supletorias aplicables en caso de ausencia de un reglamento municipal que no regule los casos espec�ficos a que se refiere el legislador.

    De la lectura de las fracciones V, VI, primer p�rrafo, XXI, XXII, XL y LVI, debe decirse que derivan de la fracciones I, primer p�rrafo, y II, segundo p�rrafo, del art�culo 115 constitucional, en virtud de que las facultades que en esos supuestos normativos se les confieren al presidente municipal derivan de la calidad que tiene el Municipio como ente de gobierno y de su potestad para organizarse de manera aut�noma, atendiendo a sus propios criterios de oportunidad. El citado precepto constitucional establece lo siguiente:

    Art�culo 115. ...

  87. Cada Municipio ser� gobernado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa, integrado por un presidente municipal y el n�mero de regidores y s�ndicos que la ley determine. La competencia que esta C.�n otorga al Gobierno M. se ejercer� por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habr� autoridad intermedia alguna entre �ste y el Gobierno del Estado.

    ...

    Los Ayuntamientos tendr�n facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deber�n expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de polic�a y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci�n p�blica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia y aseguren la participaci�n ciudadana y vecinal."

    De lo anterior se desprende que corresponde al Ayuntamiento, como nivel de gobierno, organizar su administraci�n p�blica municipal, lo que implica la posibilidad de crear las dependencias, entidades y organismos que estime necesarios para su adecuado funcionamiento.

    En efecto, una buena administraci�n p�blica municipal requiere de un marco jur�dico adecuado con la realidad, que si bien debe respetar ciertos lineamientos, bases generales o normas m�nimas, tambi�n debe ser aut�nomo en cuanto a la variedad de formas que puede adoptar atendiendo a sus caracter�sticas sociales, econ�micas, biogeogr�ficas, poblacionales, urban�sticas, etc�tera, de cada Municipio; de donde se concluye que no se puede establecer una organizaci�n interna �nica y definitiva para los diversos Municipios que integren una entidad federativa. Respetar esa capacidad de organizaci�n es el mejor reconocimiento de la autonom�a municipal.

    En el caso concreto, si el Ayuntamiento, como �rgano colegiado, es quien tiene la facultad originaria de organizar su administraci�n p�blica a trav�s de las normas de car�cter general que emita, entonces s�lo �l puede delegar toda funci�n relacionada con ese tema al funcionario que considere competente. Sin embargo, puede aceptarse que, en ausencia del reglamento correspondiente, la legislatura colme la laguna jur�dica y establezca que ante el silencio del Ayuntamiento, sea el presidente municipal quien pueda nombrar y remover a los funcionarios que se requieran para el eficaz desempe�o de la administraci�n municipal (fracci�n V); tomar la protesta y suspender a los delegados y subdelegados electos por los pueblos, comunidades, colonias, fraccionamientos y barrios (fracci�n VI, primer p�rrafo); crear, modificar o suprimir las dependencias necesarias; proponer al Ayuntamiento la divisi�n administrativa del territorio (fracci�n XXI); reconocer la denominaci�n pol�tica de las poblaciones y solicitar la declaratoria de nuevas categor�as pol�ticas al Congreso del Estado (fracci�n XXII); formular la iniciativa de Ley de Ingresos municipal (fracci�n XXIV); admitir o rechazar renuncias o licencias de los funcionarios y empleados municipales (fracci�n XL), as� como proponer al Ayuntamiento la integraci�n de C.ones de Gobierno y Administraci�n (fracci�n LVI).

    En consecuencia, si tales disposiciones cumplen con el mandato constitucional previsto en la fracci�n II, inciso e), del art�culo 115 constitucional, entonces no se trata de normas que violen la autonom�a municipal sino, por el contrario, la respetan a tal grado que s�lo se consideran supletorias.

    Por lo que se refiere a la fracci�n VIII, a trav�s de la cual se faculta al presidente municipal a autorizar a la tesorer�a del Municipio, en uni�n del secretario general, las �rdenes de pago que correspondan conforme al presupuesto, tambi�n se trata de una norma por ausencia de reglamento, en t�rminos de la fracci�n II, inciso e), del art�culo 115 constitucional, por lo que se expone a continuaci�n.

    En principio, le corresponde al propio Ayuntamiento la aprobaci�n de su presupuesto, en t�rminos de la fracci�n IV, pen�ltimo p�rrafo, del art�culo 115 constitucional. En consecuencia, a �l tambi�n le compete su debida ejecuci�n o cumplimiento, en consonancia con el mismo precepto constitucional, en sus fracciones II, primer p�rrafo, y IV, primer p�rrafo, que se refieren tanto al derecho que tiene el Municipio para manejar su patrimonio, como a su libertad hacendaria. En ese orden de ideas, s�lo al Ayuntamiento le corresponde definir si las pol�ticas de pago con cargo al presupuesto deber�n ser determinadas por el presidente municipal, acordadas por el Ayuntamiento en P., o bien, por cualquier otro funcionario que el propio Ayuntamiento determine. Inclusive, este tema tiene relaci�n con la facultad que tiene el Municipio de organizarse conforme a sus propios criterios de oportunidad; raz�n por dem�s para considerar a esta norma como supletoria a falta de un reglamento municipal.

    En cuanto a la fracci�n IX, que faculta al presidente del Ayuntamiento a constituir el Comit� de Desarrollo Urbano M., tambi�n se trata de una norma aplicable a falta de reglamento municipal, en virtud de que es facultad originaria del Ayuntamiento definir a qui�n le corresponde la formulaci�n de planes de desarrollo urbano y obras p�blicas en t�rminos del art�culo 115, fracci�n V, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, como parte de la facultad de auto-organizaci�n del Municipio.

    Es importante mencionar que por lo que respecta a la facultad del presidente municipal para constituir el Comit� de Planeaci�n del Desarrollo M., esta minor�a se reserva el pronunciamiento correspondiente hasta el momento en que analice la naturaleza jur�dica de dicho comit�.

    En cuanto a la fracci�n XXV, mediante la cual se faculta al presidente municipal a formular anualmente el presupuesto de egresos y someterlo a la aprobaci�n del Ayuntamiento, tambi�n es una norma por ausencia de reglamento, toda vez que es facultad de este �ltimo �rgano colegiado formular su presupuesto, en t�rminos del pen�ltimo p�rrafo de la fracci�n IV del art�culo 115 constitucional y, por ende, s�lo �l puede decidir, a trav�s de sus normas reglamentarias, qui�n tiene la facultad de formular ese presupuesto. En el caso concreto, bien puede sostenerse que la legislatura ha decidido colmar una posible laguna jur�dica y ha decidido prever que a falta de designaci�n de un miembro del Ayuntamiento que elabore el presupuesto de egresos, lo haga el presidente municipal.

    Por lo que respecta a la fracci�n XXVII, que confiere al presidente municipal la facultad de otorgar o denegar licencias y permisos de uso del suelo, construcci�n y alineamiento, tambi�n se trata de una norma por ausencia, en virtud de que al Ayuntamiento le compete decidir en esa materia, seg�n lo dispone el art�culo 115, fracci�n V, inciso d), de la C.�n F.; por tanto, el �nico autorizado para decidir qui�n ser� el funcionario competente para otorgar las licencias y permisos conducentes ser� el Ayuntamiento como �rgano colegiado, en atenci�n a la gran importancia de la materia y al impacto que provoca en el desarrollo urbano del Municipio.

    Conviene hacer referencia de manera conjunta al contenido de las fracciones XXVIII, primer p�rrafo, XXIX, XXX, XXXII y XXXVIII del art�culo 52 impugnado, pues a trav�s de todas ellas se faculta al presidente municipal a otorgar o denegar permisos para el establecimiento de mercados, tianguis y ferias, de actividades mercantiles en la v�a p�blica, conceder licencias y autorizar los precios a las empresas que promuevan espect�culos p�blicos, vigilar y fijar, en su caso, las condiciones que deban reunir todos los establecimientos industriales, comerciales y de servicios, as� como otorgar o cancelar las licencias y autorizaciones que correspondan a tales giros. Dichas facultades corresponden de suyo al Ayuntamiento, en t�rminos del art�culo 115, fracci�n III, inciso d), de la C.�n F. y, por tanto, a �l le corresponde, v�a reglamento, determinar qui�n ser� el funcionario encargado de desempe�ar las atribuciones relacionadas en materia de establecimientos mercantiles, espect�culos p�blicos, mercados y centrales de abasto, teni�ndose en cuenta que, a falta de reglamento municipal, se podr� acudir a este conjunto de disposiciones previstas en la Ley Org�nica M. que se acaban de mencionar.

    Continuando con la fracci�n XXXIV del art�culo 52 impugnado, en �l se faculta al presidente municipal a destinar los bienes del Ayuntamiento a aquellos fines que sean m�s adecuados para su buena administraci�n, la cual tambi�n es una norma por ausencia de reglamento, porque como se recordar�, de acuerdo con las fracciones II, primer p�rrafo y IV, primer p�rrafo, del art�culo 115 de la C.�n F., el Municipio tiene derecho de manejar su patrimonio, y s�lo �l, a trav�s de reglamento, puede decidir qui�n ejercitar� esa prerrogativa, previa autorizaci�n. En el caso concreto, la fracci�n en comento es aplicable s�lo en el caso de que el Municipio no hubiere reglamentado sobre el tema.

    La fracci�n XXXVI, que faculta al presidente municipal a proveer en la esfera administrativa todo lo necesario para la creaci�n y sostenimiento de los servicios municipales y la fracci�n XLVIII, que faculta al mismo presidente a cuidar de la conservaci�n y eficacia de los servicios p�blicos y a dictar las medidas que el caso amerite, debe considerarse tambi�n como una norma por ausencia de reglamento. En efecto, seg�n se advierte de la fracci�n III del art�culo 115 constitucional, el Municipio tiene a su cargo la prestaci�n de diversos servicios p�blicos, lo cual conduce a pensar que el Ayuntamiento, como �rgano colegiado, es el directamente responsable de su creaci�n y sostenimiento y s�lo �l tiene la facultad de decidir en qui�n puede delegar esa funci�n y si el Municipio no ha definido qui�n podr� hacerlo, la ley estatal puede aplicarse en suplencia, como suceder�a en el caso concreto, a favor del presidente municipal.

    Por lo que respecta a la fracci�n L., que faculta al presidente municipal a someter a plebiscito los proyectos para la concesi�n de servicios p�blicos, tambi�n se trata de una norma por ausencia de reglamento, en gran medida por las mismas razones que se apuntaron al analizar la naturaleza jur�dica del art�culo 21 de la ley impugnada. Como se recordar�, en ese apartado se dijo en el dictamen de la C.�n de Gobernaci�n y Puntos C.onales de la C�mara de Diputados, punto 4.2.1, �ltima parte, que:

    4.2.1 ... Se deja a salvo para cada Ayuntamiento decidir, a trav�s de disposiciones reglamentarias, formas y procedimientos de participaci�n ciudadana y vecinal. La ley, s�lo contemplar� los principios generales en este rubro."

    Bajo ese orden de ideas, resulta que el Municipio, en ejercicio de su autonom�a, puede determinar los casos y condiciones en que podr� participar la ciudadan�a en la toma de decisiones; sin embargo, tambi�n es cierto que la ley estatal contemplar� los principios generales en este rubro, por lo que es posible conciliar ambas facultades para que, en el caso, pueda aplicarse supletoriamente la fracci�n L. a falta de alguna disposici�n reglamentaria que regule alguna forma de participaci�n ciudadana en la toma de decisiones para concesionar los servicios p�blicos municipales.

    La fracci�n XIV del art�culo 52 impugnado, que trata del tema de conciliaci�n municipal ser� motivo de estudio conjunto con el art�culo 155 de la ley, en consecuencia, por raz�n de m�todo, esta minor�a al analizar este �ltimo art�culo realizar� el pronunciamiento correspondiente.

    Hasta aqu� el an�lisis de las fracciones del art�culo 52 que son aplicables por ausencia de un reglamento y que estar�n vigentes hasta en tanto el Ayuntamiento emita la norma correspondiente. Como se mencion� con anterioridad, es leg�timo que la Legislatura Estatal emita este tipo de normas, con apoyo en el art�culo 115, fracci�n II, inciso e), de la C.�n F., raz�n por la cual no puede sostenerse que con ellas se vulnere la autonom�a municipal y, en ese sentido, son infundados los conceptos de invalidez que hace valer el Ayuntamiento actor.

    Finalmente, debe hacerse referencia a las fracciones I, segunda parte, XIV, XXVIII, segundo p�rrafo y XXXVII, mismas que esta minor�a estima que no son inconstitucionales, en atenci�n a las siguientes consideraciones.

    El texto de la fracci�n I que se estima inconstitucional, establece lo siguiente:

    Art�culo 52. Son facultades y obligaciones de los presidentes municipales, las siguientes:

  88. ... Para la sanci�n de los bandos y reglamentos, podr� convocar a refer�ndum en los t�rminos previstos por los art�culos 21 y 22 de esta ley."

    Como qued� precisado con antelaci�n, el establecimiento de las figuras de iniciativa popular, plebiscito y refer�ndum obedece al �nimo de otorgar mayor participaci�n a los ciudadanos en las tareas municipales, en cuanto a proponer normas reglamentarias ante el Ayuntamiento, en expresar previamente su aprobaci�n o rechazo para los actos de los Ayuntamientos considerados trascendentes para la vida de los Municipios; para la elecci�n o supresi�n de los mismos y en la manifestaci�n de aprobaci�n o desaprobaci�n de los bandos y reglamentos municipales.

    Del propio art�culo 115 de la C.�n F. se advierte que tanto las C.ones Locales como las leyes org�nicas municipales deben recoger instrumentos que permitan a los ciudadanos ejercer la importante funci�n de participaci�n y de control de las actividades municipales.

    Por lo que se refiere a la fracci�n XXVIII, segundo p�rrafo, del art�culo 52 impugnado, se establece lo siguiente:

    Art�culo 52. Son facultades y obligaciones de los presidentes municipales, las siguientes:

    ...

    Autorizar, denegar o suspender, con el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, los establecimientos donde se consuman bebidas alcoh�licas y aquellos cuyas caracter�sticas coincidan con las referidas en el p�rrafo anterior y ajustar sus actos a lo establecido por la fracci�n XXVII del art�culo 49 de esta ley."

    En el considerando s�ptimo de esta ejecutoria, se sostuvo que la fracci�n II, inciso b), del art�culo 115 constitucional, deb�a interpretarse en el sentido de que la legislatura tiene la facultad discrecional para establecer todos aquellos casos relativos al patrimonio inmobiliario municipal, en los que se requiera ese elevado qu�rum de votaci�n, as� como que dicha facultad discrecional deber� ejercitarse tomando como base un criterio de importancia y trascendencia en relaci�n a la afectaci�n que podr�a sufrir el patrimonio inmobiliario municipal y que, por tanto, justifique la existencia de una votaci�n calificada.

    Asimismo, se se�al� que del contenido del art�culo 115 de la C.�n F., en el cual se contienen atribuciones expresas de las Legislaturas de los Estados para regir la vida municipal, en relaci�n con el art�culo 124 de la Carta Magna, que establece las facultades que de manera residual corresponden a las entidades federativas, se concluye que no existe prohibici�n alguna para que los Congresos Locales puedan determinar casos distintos a los se�alados en la fracci�n II, incisos b) y d), del art�culo 115 constitucional, en los que se requiera que las decisiones de los Ayuntamientos se adopten por una mayor�a de las dos terceras partes de sus integrantes, por lo que atento a tales argumentaciones, es claro que la fracci�n en an�lisis no se considera inconstitucional.

    El mismo pronunciamiento rige para la fracci�n XXXVII del art�culo 52 impugnado, que establece lo siguiente:

    Art�culo 52. Son facultades y obligaciones de los presidentes municipales, las siguientes:

    ...

  89. Disponer las transferencias de partidas que reclamen los servicios municipales, previa autorizaci�n de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, y observar las prioridades del desarrollo social y las Leyes de Planeaci�n y la de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano."

    Asimismo, debe decirse que la fracci�n LVIII del art�culo 52 de la ley impugnada, la cual se�ala que el presidente municipal tendr� adem�s aquellas facultades que le se�alen la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, la C.�n Pol�tica del Estado de H., la propia Ley Org�nica M. del Estado de H. y los dem�s ordenamientos de la materia, tiene un contenido variable, pues depende del tipo de facultad que se le confiera en cada caso al presidente municipal y, por ende, s�lo en cada caso concreto se podr� determinar si es una base general de administraci�n, una norma derivada de alg�n precepto constitucional, o bien, si es una norma por ausencia.

    Finalmente, es importante recordar que en el apartado anterior, en que se analiz� la facultad constitucional del Municipio para expropiar, se analiz� la fracci�n XXIII del art�culo 52 que ahora se estudia y se declar� inconstitucional, por las razones que se expresaron al estudiar el art�culo 49, fracci�n XXXVII.

    Hasta aqu� toda referencia al art�culo 52 de la Ley Org�nica M. del Estado de H..

    A continuaci�n se procede a analizar el contenido de los art�culos 53 y 54 del mismo ordenamiento legal, los cuales fueron impugnados por la parte actora y que, a criterio de esta minor�a, resultan inconstitucionales supliendo la deficiencia de la demanda de acuerdo con el art�culo 40 de la ley reglamentaria de la materia.

    Tales numerales disponen lo siguiente:

    Art�culo 53. Para los efectos de la fracci�n I del art�culo anterior, cuando se apruebe por el Ayuntamiento un reglamento o decreto y sea enviado al presidente para su sanci�n y publicaci�n, dentro de diez d�as podr� devolverlo con observaciones procedentes para ser discutido nuevamente por aqu�l y si fuere confirmado por las dos terceras partes de sus miembros volver� al presidente quien deber� publicarlos sin m�s tr�mites y proveer en la esfera administrativa su debido cumplimiento."

    Art�culo 54. Se tendr� por aprobado como reglamento o decreto, el no devuelto dentro de los diez d�as siguientes a su env�o."

    Seg�n se advierte de la lectura del art�culo 53 antes transcrito, se le confiere al presidente municipal la facultad para realizar observaciones sobre los reglamentos o decretos que apruebe el Ayuntamiento, esto es, podr� devolver dichos ordenamientos dentro de los diez d�as a partir del que lo haya recibido, con las observaciones que considere procedentes para que sean discutidos nuevamente por el Ayuntamiento, lo que en la doctrina se conoce como "derecho de veto".

    Al respecto, esta minor�a considera que dicha facultad es inconstitucional, en atenci�n a los siguientes razonamientos:

    1. El art�culo 115, fracci�n I, primer p�rrafo, establece la tipolog�a de los funcionarios integrantes del Ayuntamiento como cuerpo colegiado al establecer que deber� estar conformado por el presidente municipal y el n�mero de regidores y s�ndicos que la ley determine. El precepto en menci�n, en la parte que interesa, dispone:

    Art�culo 115. ...

  90. Cada Municipio ser� gobernado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa, integrado por un presidente municipal y el n�mero de regidores y s�ndicos que la ley determine. La competencia que esta C.�n otorga al Gobierno M. se ejercer� por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habr� autoridad intermedia alguna entre �ste y el Gobierno del Estado."

    1. De la lectura del texto anterior y, en general, del art�culo 115 constitucional, se concluye que no existe ning�n rango jer�rquico entre los miembros del Ayuntamiento, esto es, todos los mun�cipes act�an en un plano de igualdad y que la �nica diferencia que pudiera establecerse entre ellos es por raz�n de competencia.

    2. Si el Ayuntamiento es un �rgano colegiado, entonces se sobreentiende que sus decisiones tambi�n las adopta de manera colegiada, ya sea por una mayor�a simple o calificada, decisiones en las cuales interviene el presidente municipal como miembro del Cabildo. En este supuesto deben encontrarse los reglamentos y decretos municipales competencia de los Ayuntamientos, cuya emisi�n constituye una de las principales prerrogativas de los Ayuntamientos, seg�n lo dispone la fracci�n II, primer p�rrafo, del art�culo 115 constitucional.

    3. De ah� entonces que si el presidente municipal ha tenido intervenci�n en la elaboraci�n de un reglamento o decreto y ha ejercido su derecho de voz y voto en la toma de esa decisi�n colegiada, entonces resulta excesivo que se le confiera el derecho de veto sobre tales decisiones. M�xime que, en t�rminos del art�culo 53 impugnado, se requiere de una votaci�n calificada para superar las observaciones que en su caso formule el presidente.

    Con lo anterior se advierte que el precepto impugnado otorga un rango de superioridad al presidente municipal por lo que respecta a la elaboraci�n de normas, lo cual constituye en el caso concreto un contrasentido con la naturaleza jur�dica del Ayuntamiento como �rgano colegiado, m�xime porque la C.�n F. no reconoce en favor del presidente municipal alg�n privilegio en la toma de decisiones, ni lo coloca en una posici�n jer�rquicamente superior en relaci�n a los dem�s integrantes del Ayuntamiento.

    Ahora bien, el hecho de que la ley org�nica reconozca esta situaci�n de supremac�a al presidente municipal, de alguna manera obedece a la difundida confusi�n de la figura de dicho funcionario con la de un "titular del Ejecutivo" del Municipio; sin embargo, esta minor�a considera que ello es impreciso, pues nuestro Municipio no obedece en su concepci�n de gobierno a la idea cl�sica de divisi�n de Poderes en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de tal manera que ese principio no se haya plasmado en la Carta Magna como base de la estructura del Municipio, como s� sucede a nivel federal, estatal y del Distrito F., sistema en el cual s� encuentra plena cabida la figura del veto.

    Para ilustrar lo anterior, conviene transcribir los art�culos 41, 49, 116 y 122, todos en su primer p�rrafo, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos:

    Art�culo 41. El pueblo ejerce su soberan�a por medio de los Poderes de la Uni�n, en los casos de la competencia de �stos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus reg�menes interiores, en los t�rminos respectivamente establecidos por la presente C.�n F. y las Particulares de los Estados, las que en ning�n caso podr�n contravenir las estipulaciones del Pacto F.."

    Art�culo 49. El Supremo Poder de la Federaci�n se divide para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial."

    Art�culo 116. El poder p�blico de los Estados se dividir�, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo."

    Art�culo 122. Definida por el art�culo 44 de este ordenamiento la naturaleza jur�dica del Distrito F., su gobierno est� a cargo de los Poderes F.es y de los �rganos ejecutivo, legislativo y judicial de car�cter local, en los t�rminos de este art�culo. ..."

    De los preceptos transcritos, tanto en la Federaci�n como en los Estados y el Distrito F., es coincidente la decisi�n fundamental de la divisi�n de poderes. En el caso de los Estados miembros, deben organizarse en la C.�n Pol�tica de cada uno de ellos, con sujeci�n a las bases normativas establecidas por la C.�n F..

    La separaci�n de las tres funciones esenciales del Poder del Estado: ejecutiva, legislativa y judicial, obedece a dos grandes necesidades; la primera, que se evite la concentraci�n del poder mediante su limitaci�n rec�proca, para lo cual se han encomendado las aludidas funciones a diversos organismos y, la segunda, en aras de especializar las encomiendas p�blicas que se han otorgado a tales �rganos de autoridad.

    Por su parte, el veto es una instituci�n que, formando parte integral del proceso legislativo, pretende evitar la precipitaci�n en ese proceso, impidi�ndose la aprobaci�n de leyes que el Ejecutivo considere inconvenientes o con vicios constitucionales, para lo cual se le permite al Ejecutivo formular observaciones y objeciones al respecto. As�, el Ejecutivo tiene intervenci�n en la elaboraci�n de leyes a trav�s de su derecho de iniciativa de normas, del veto y, posteriormente, en su promulgaci�n y publicaci�n.

    Sin embargo, como se dijo con anterioridad, el Municipio no adopta el principio de divisi�n de poderes, porque se trata de un �rgano colegiado en el que tienen intervenci�n todos sus miembros en la toma de una misma decisi�n; por tanto, resulta excesiva la introducci�n de la figura del veto en el r�gimen municipal, adem�s de que por su naturaleza jur�dica deber�a estar prevista en el mismo Texto C.onal F., lo cual tampoco acontece.

    Bajo esa tesitura, debe declararse inconstitucional el art�culo 53 en la porci�n normativa que dice "dentro de diez d�as podr� devolverlo con observaciones procedentes para ser discutido nuevamente por aqu�l.", con lo cual, para efectos de la presente controversia constitucional y en lo que ata�e a su aplicaci�n futura al Municipio actor, deber� leerse de la siguiente manera:

    Art�culo 53. Para los efectos de la fracci�n I del art�culo anterior, cuando se apruebe por el Ayuntamiento un reglamento o decreto y sea enviado al presidente para su sanci�n y publicaci�n, deber� publicarlos sin m�s tr�mites y proveer en la esfera administrativa su debido cumplimiento."

    En v�a de consecuencia, debe declararse inconstitucional el art�culo 54 de la ley impugnada, pues en �l se establece que se tendr� por aprobado el reglamento o decreto que no sea devuelto por el presidente municipal dentro de los diez d�as siguientes a su env�o; esto es, que siendo el veto una facultad discrecional, en caso de que no se ejercite se tendr� por aprobado el reglamento o decreto. Tal determinaci�n encuentra su apoyo en el art�culo 41, fracci�n IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 C.onal, el cual establece lo siguiente:

    Art�culo 41. Las sentencias deber�n contener:

    ...

  91. ... Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deber�n extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada."

    Conviene referirse ahora al contenido del art�culo 55 de la ley impugnada, el cual se refiere a los impedimentos del presidente municipal, a fin de determinar si dicha norma invade la esfera competencial del Municipio prevista en el art�culo 115, fracci�n II, constitucional, que lo faculta para autogobernarse, desarrollar esta funci�n de manera exclusiva y para aprobar todas las disposiciones administrativas que organicen la administraci�n p�blica municipal; as� como exigir, seg�n el caso, una mayor�a calificada de los miembros del Ayuntamiento en la toma de decisiones trascendentales en la vida del Municipio.

    El referido precepto establece lo siguiente:

    Art�culo 55. Los presidentes municipales, se encuentran impedidos para:

  92. Aplicar los fondos, valores y bienes municipales a fines distintos a los que est�n destinados y excederse en el ejercicio del presupuesto de egresos.

    La transferencia de partidas, s�lo podr� realizarse con la aprobaci�n de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento;

  93. Imponer contribuci�n o sanci�n alguna que no est� se�alada en las leyes, reglamentos y otras disposiciones legales vigentes;

  94. Ausentarse del Municipio por m�s de quince d�as sin licencia del Ayuntamiento;

  95. Cobrar personalmente o por interp�sita persona o empleado que no se encuentre facultado, multa o arbitrio alguno;

    V.C. o autorizar que alguna oficina distinta de la Tesorer�a M., conserve o retenga fondos municipales;

  96. Residir habitualmente durante su gesti�n fuera del territorio municipal que representa y

  97. Abstenerse, con excepci�n de su esposa que podr� fungir como presidenta y directora del Desarrollo Integral de la Familia M., de intervenir o participar indebidamente en la selecci�n, nombramiento, designaci�n contrataci�n, o promoci�n de familiares o parientes consangu�neos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles."

    A continuaci�n, se procede a agrupar y referir aquellas fracciones que guardan una naturaleza jur�dica similar entre s� y determinar sus alcances jur�dicos y constitucionalidad.

    Las fracciones I, primer p�rrafo, IV, V y VII, establecen a los presidentes municipales algunas limitaciones en el manejo de los valores y bienes municipales, en el sentido de que no pueden aplicarlos a fines distintos a los que les corresponden y excederse en el ejercicio del presupuesto de egresos; no pueden cobrar personalmente o por interp�sita persona o empleado que no se encuentre facultado, alguna multa o arbitrio; tienen prohibido consentir o autorizar que alguna oficina distinta de la Tesorer�a M. conserve o retenga fondos municipales y, adem�s, deben abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selecci�n, nombramiento, designaci�n, contrataci�n o promoci�n de familiares o parientes consangu�neos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles.

    Todas esas limitaciones constituyen bases generales de administraci�n p�blica, previstas en la fracci�n II, inciso a), del art�culo 115 constitucional, que tienen como prop�sito establecer criterios homog�neos que aseguren la transparencia en el ejercicio del Gobierno del Ayuntamiento; esto es, constituyen reglas m�nimas que regulan un aspecto esencial de su correcto funcionamiento, sin las cuales no se puede garantizar el debido ejercicio de las facultades que tiene a su cargo el Ayuntamiento. Bajo ese orden de ideas, no puede decirse que la Legislatura del Estado invade la esfera de competencia del Ayuntamiento, por tanto, el concepto de invalidez correspondiente, por lo que se refiere a las fracciones referidas con anterioridad, debe declararse infundado.

    Por su parte, las fracciones III y VI del art�culo 55 impugnado, establecen como impedimentos para el presidente municipal el ausentarse del Municipio por m�s de quince d�as sin licencia del Ayuntamiento, as� como residir habitualmente durante su gesti�n fuera del territorio municipal. Tales exigencias, lejos de atentar contra la autonom�a municipal y menoscabar el ejercicio de su gobierno, garantizan su continuidad, por lo que deben considerarse bases generales de administraci�n p�blica municipal de las previstas en la fracci�n II, inciso a), del art�culo 115 constitucional, pues tienden a asegurar el funcionamiento regular del Ayuntamiento y, por tanto, con ellas tampoco se invade la esfera de competencia del Municipio, toda vez que encuentran fundamento en el referido precepto constitucional, con lo cual deviene en infundado el concepto de invalidez que sobre el particular se hizo valer.

    La fracci�n II del art�culo 55 impide al presidente municipal imponer contribuci�n o sanci�n alguna que no est� se�alada en las leyes, reglamentos u otras disposiciones vigentes. En dicha disposici�n se consigna el principio de legalidad previsto en los art�culos 14 y 31, fracci�n IV, constitucionales, pues toda contribuci�n o sanci�n debe fundarse en una ley en sentido formal y material, mas no en un acto unilateral que no tenga apoyo en esta �ltima. Por tal motivo, la norma en comento no es inconstitucional, sino que deriva inmediatamente de la Carta Magna y, por tanto, no vulnera la autonom�a municipal, por lo que en ese aspecto es infundado el concepto de invalidez que se hace valer.

    Como �ltima referencia al art�culo 55 de la ley impugnada, debe se�alarse que es infundado el concepto de invalidez en el que se se�ala que es inconstitucional la exigencia de una mayor�a calificada de los integrantes del Ayuntamiento para aprobar la transferencia de partidas presupuestales, lo anterior en atenci�n a que ya qued� precisado con antelaci�n que no existe prohibici�n para que las Legislaturas de los Estados establezcan casos distintos a los previstos en el art�culo 115, fracci�n II, incisos b) y d), de la C.�n F., en los que, para la toma de decisiones se prevea la necesidad de una votaci�n calificada, tomando en consideraci�n que dicha facultad discrecional deber� ejercitarse tomando como base un criterio de importancia y trascendencia en relaci�n a la afectaci�n que podr�a sufrir el patrimonio inmobiliario municipal o los actos de que se trate, y que, por tanto, justifique la existencia de una votaci�n calificada.

  98. De los s�ndicos.

    En su concepto de invalidez el Municipio actor se�ala que el art�culo 60 de la Ley Org�nica M. del Estado de H., inserto dentro del cap�tulo relativo a los s�ndicos, es inconstitucional, toda vez que invade la esfera competencial del Municipio prevista en el art�culo 115, fracci�n II, constitucional, que lo faculta para autogobernarse, desarrollar esta funci�n de manera exclusiva y para aprobar todas las disposiciones que organicen la administraci�n p�blica municipal.

    El art�culo 60 dispone lo siguiente:

    Art�culo 60. Los s�ndicos de los Ayuntamientos, tendr�n las siguientes facultades y obligaciones:

  99. La procuraci�n, defensa y promoci�n de los intereses municipales;

  100. La representaci�n jur�dica del Ayuntamiento, en los litigios en que �ste fuera parte;

    III.C. que se observen escrupulosamente las disposiciones de esta ley, para el efecto de sancionar cualquier infracci�n que se cometa;

  101. Presidir la C.�n de Hacienda M., revisar y firmar la cuenta p�blica que mensualmente deber� remitirse al Congreso del Estado e informar por escrito al Ayuntamiento;

    Vigilar y preservar el acceso a la informaci�n, que sea requerida por los miembros del Ayuntamiento;

    V.R. y firmar los cortes de caja de la Tesorer�a M., y cuidar que la aplicaci�n de los gastos, se haga con todos los requisitos legales y conforme al presupuesto respectivo;

  102. Intervenir en la formaci�n del inventario general de los bienes que integran el patrimonio del Municipio, a que se refiere el art�culo 87 de esta ley;

  103. Legalizar la propiedad de los bienes municipales;

  104. Demandar ante las autoridades competentes la responsabilidad en que incurran en el desempe�o de sus cargos, los funcionarios y empleados del Municipio;

    IX.V. los negocios del Municipio, a fin de evitar que se venzan los t�rminos legales y hacer las promociones o gestiones que el caso amerite;

  105. Intervenir en la formulaci�n y actualizaci�n del inventario general de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio y hacer que se inscriban en un libro especial con expresi�n de sus valores y caracter�sticas de identificaci�n, as� como el destino de los mismos;

    XI.V. que las multas que impongan las autoridades municipales, se haga de acuerdo a las tarifas establecidas e ingresen a la tesorer�a previo el comprobante que debe expedirse en cada caso;

  106. Asistir a los remates p�blicos que se verifiquen, en los que tenga inter�s el Municipio, para procurar que se finquen al mejor postor y que se cumplan los t�rminos y dem�s formalidades prevenidas por la ley;

  107. Tramitar las expropiaciones que por causa de utilidad p�blica fueren necesarias, por los medios que estime convenientes y previa autorizaci�n del Ayuntamiento;

  108. Dar cuenta al presidente y al Ayuntamiento del arreglo definitivo que se hubiese logrado en los asuntos, del Estado que guarden los mismos, a fin de dictar las providencias necesarias y

  109. Las dem�s que le concedan o le impongan la ley, los reglamentos y acuerdos del Ayuntamiento. ..."

    Para analizar la naturaleza jur�dica de este precepto tan amplio, a continuaci�n se procede a agrupar aquellas fracciones que guardan una naturaleza jur�dica similar entre s�.

    De la lectura de las fracciones I, II, IV, VI, IX, X, XI, XII, XIII y XIV, as� como del �ltimo p�rrafo del precepto en cita, se desprende que se trata de normas que constituyen bases generales de la administraci�n p�blica de las previstas en la fracci�n II, inciso a), del art�culo 115 constitucional, cada una por diversas razones, seg�n se explica a continuaci�n.

    Las fracciones I, II, IV, IX, XII y XIII, se refieren a las facultades que tienen los s�ndicos para representar al Ayuntamiento, revisar y firmar la cuenta p�blica que mensualmente deber� remitirse al Congreso del Estado, constituirse en los vigilantes de los negocios del Municipio, velar por el inter�s del erario municipal en los remates p�blicos y ser el encargado del tr�mite de las expropiaciones. Tales facultades le dan al s�ndico el car�cter de representante legal del Ayuntamiento y ejecutor de sus determinaciones e intereses, y lo anterior es de suma trascendencia para entablar relaciones con otros entes del Estado y con los particulares, toda vez que establece una regla m�nima y homog�nea con respecto al tema gen�rico de la representaci�n municipal y ello, claro est�, provee de certeza jur�dica. De ah� su importancia como base general de la administraci�n p�blica del Municipio.

    Conviene se�alar que la inconstitucionalidad de la fracci�n XXXVII del art�culo 49 de la presente ley -que se refiere a la necesidad de solicitar al Gobierno del Estado la expropiaci�n de bienes por causa de utilidad p�blica- no trasciende al supuesto previsto en la fracci�n XIII antes comentada, en virtud de que esta �ltima no hace referencia a la aprobaci�n de las solicitudes de expropiaci�n por parte del Ejecutivo del Estado, lo cual constituy� el motivo de inconstitucionalidad de la fracci�n XXXVII del art�culo 49 de la Ley Org�nica M. del Estado de H..

    Por su parte, las fracciones VI, X, XI y el �ltimo p�rrafo del precepto legal en comento, tienden a consagrar un principio por el que se debe velar de manera general y homog�nea en cada Municipio del Estado la transparencia en el ejercicio del Gobierno del Ayuntamiento. En efecto, dichas fracciones hacen alusi�n a la facultad del s�ndico para intervenir en la formaci�n del inventario de los bienes municipales y procurar la inscripci�n que corresponda a tales bienes, vigilar que las multas se impongan de acuerdo a las tarifas establecidas e ingresen a la tesorer�a, y que por lo que respecta al ejercicio de su cargo, no podr�n, en ning�n caso, desempe�ar cargos, empleos o comisiones remunerados en la administraci�n p�blica municipal.

    Vale la pena reiterar que al exigirse que los Municipios lleven un inventario de sus bienes, se establece una norma homog�nea de seguridad en el ejercicio del gobierno, pues se controla de mejor manera el patrimonio mobiliario e inmobiliario del Municipio, requisito indispensable para que este �ltimo administre y disponga de manera aut�noma de dichos bienes. Por otro lado, el s�ndico se convierte en un vigilante del principio de legalidad, al exigir que las multas se impongan conforme a la tarifa prevista en ley, lo cual de nueva cuenta redunda en un principio de transparencia y honradez en el ejercicio de la funci�n p�blica, deseable para todos los Ayuntamientos del Estado.

    Finalmente, debe decirse que una manera de garantizar la honradez, el debido desempe�o de un cargo y evitar un conflicto de intereses, es aquella en la que el funcionario se desentiende de cualquier otro empleo o comisi�n remunerada, y tal como se ha mencionado a lo largo de este documento, aquellas normas que se refieren al tema de la claridad o nitidez en el desempe�o de la actividad municipal, constituyen una regla m�nima que regula un aspecto esencial para el correcto funcionamiento de este nivel de gobierno.

    Bajo ese orden de ideas, no puede decirse que la Legislatura del Estado invade la esfera de competencia del Ayuntamiento, y si bien es cierto que el Municipio debe ejercer su gobierno de manera aut�noma, tambi�n lo es que deben respetarse normas m�nimas de representaci�n, gesti�n y transparencia homog�neas, con base en el art�culo 115, fracci�n II, inciso a), de la C.�n F.; por tanto, el concepto de invalidez correspondiente, por lo que se refiere a las fracciones I, II, IV, VI, IX, X, XI, XII, XIII y XIV, as� como el �ltimo p�rrafo del precepto en cita, debe declararse infundado.

    Por su parte, las fracciones III y VIII del art�culo 60 que nos ocupa, se refieren a la facultad del s�ndico para vigilar que se observen las disposiciones de la ley org�nica que ahora se combate, as� como demandar ante las autoridades competentes la responsabilidad en que incurran en el desempe�o de sus cargos los funcionarios y empleados del Municipio. La circunstancia de que la Legislatura del Estado haya establecido tales atribuciones a favor del s�ndico municipal, no constituyen m�s que una aplicaci�n directa de los art�culos 109 y 113 de la C.�n F., en los cuales se establece que ser� facultad de las entidades federativas determinar a trav�s de la ley cu�l ser� el r�gimen de responsabilidad al que se sujetar�n los servidores p�blicos del propio Estado y, por supuesto, del Municipio. Por tanto, la circunstancia de que la Legislatura Estatal previera que el s�ndico se convierta en un vigilante y denunciante del incumplimiento de la norma, as� como de los principios que rigen el ejercicio de la funci�n p�blica, en nada atenta a la capacidad de autogobierno del Municipio, pues la propia C.�n F. faculta a la legislatura para ello. Por lo anterior, en este aspecto, resulta infundado el concepto de invalidez que plantea el Ayuntamiento actor.

    En relaci�n con las fracciones IV, V y VII del art�culo 60, deben considerarse como normas aplicables en ausencia de reglamento municipal, en t�rminos del art�culo 115, fracci�n II, inciso e), de la C.�n F., por las razones que se exponen a continuaci�n.

    La fracci�n IV establece que es facultad del s�ndico presidir la C.�n de Hacienda M.. Sin embargo, la creaci�n de dicha comisi�n est� sujeta a la voluntad del Ayuntamiento, en ejercicio de su autonom�a para autogobernarse y establecer la estructura org�nica que m�s le convenga de acuerdo a sus condiciones. En efecto, como ya se ha mencionado a lo largo de esta ejecutoria, particularmente al analizar las fracciones V, VI, primer p�rrafo, XXI, XXII, XL y LVI del art�culo 52 de la propia ley impugnada, corresponde al Ayuntamiento, como nivel de gobierno, organizar su administraci�n p�blica municipal, lo que implica la posibilidad de crear las dependencias, entidades y organismos que estime necesarios para su adecuado funcionamiento. Por tanto, el propio Ayuntamiento es quien debe decidir si conviene la creaci�n de una C.�n de Hacienda M. y, en su caso, determinar qui�n deber� presidirla.

    Cabe decir que s�lo en el supuesto de que no existiera una figura jur�dica id�ntica o an�loga dentro del Municipio, resultar�a aplicable esta disposici�n en ausencia de un reglamento que detalle su estructura y funcionamiento. Bajo estos razonamientos, no puede sostenerse que la fracci�n IV en comento sea inconstitucional.

    Vale la pena mencionar que en l�neas anteriores se abord� la naturaleza jur�dica de esta fracci�n, por lo que respecta a la facultad del s�ndico de revisar y firmar la cuenta p�blica, la cual se consider� como una base general de administraci�n, en t�rminos del art�culo 115, fracci�n II, inciso a), de la C.�n F..

    En cuanto a la fracci�n V, tambi�n se trata de una norma por ausencia de reglamento, pues si bien es cierto que lo relativo a la instituci�n de la Tesorer�a M. debe estimarse una base general de administraci�n en t�rminos del art�culo 115, fracci�n II, inciso a), de la C.�n F., tanto su integraci�n como su organizaci�n deben considerarse como parte de la competencia del Municipio, en tanto es un nivel de gobierno aut�nomo. Por tanto, a este �ltimo le corresponde determinar si ser� al s�ndico o a otro funcionario a quien le corresponder� revisar y firmar los cortes de caja de la Tesorer�a M., y s�lo a falta de una norma sobre el particular podr� aplicarse el precepto que ahora se impugna. Bajo ese orden de ideas, la fracci�n V analizada tampoco es inconstitucional.

    La fracci�n VII faculta al s�ndico a legalizar la propiedad de los bienes municipales. Si partimos de la premisa planteada en el p�rrafo anterior, en el sentido de que el Municipio es un nivel de gobierno aut�nomo y de que en el caso de la legalizaci�n de la propiedad del Ayuntamiento no es menester que exista una regla homog�nea sobre la autoridad competente, debe considerarse que la citada fracci�n VII es una norma aplicable en caso de que los propios Municipios no hayan previsto ese supuesto, mismo que de origen les corresponde determinar.

    En general, las fracciones IV, V y VII, antes comentadas, no contrar�an los principios de autonom�a municipal, ni invaden la esfera de competencia del Ayuntamiento, sino todo lo contrario, ya que deben interpretarse en el sentido de que, en principio, reconocen que es facultad del Municipio organizar su propia administraci�n p�blica, en t�rminos del primer p�rrafo de la fracci�n II del art�culo 115 constitucional; sin embargo, podr� aplicarse el contenido de las citadas fracciones a fin de cubrir alguna laguna que sobre el particular hubiere dentro de los ordenamientos municipales. Por tanto, son infundados los conceptos de invalidez que sobre tales normas hace valer el Ayuntamiento actor.

    Finalmente, debe decirse que la fracci�n XV del art�culo 60 de la ley impugnada, el cual se�ala que el s�ndico tendr� adem�s aquellas facultades que le imponga la ley, los reglamentos y acuerdos del Ayuntamiento, tiene un contenido variable, pues depende del tipo de facultad que se le confiera al s�ndico y, por ende, s�lo en cada caso concreto se podr� determinar si es una base general de administraci�n, una norma derivada de alg�n precepto constitucional, o bien, si es una norma por ausencia.

  110. De los regidores.

    En su concepto de invalidez, el Municipio actor se�ala que el art�culo 62 de la Ley Org�nica M. del Estado de H., inserto dentro del cap�tulo relativo a las facultades y obligaciones de los regidores, es inconstitucional, toda vez que invade la esfera competencial del Municipio prevista en el art�culo 115, fracci�n II, constitucional, que lo faculta para autogobernarse, desarrollar esta funci�n de manera exclusiva y para aprobar todas las disposiciones que organicen la administraci�n p�blica municipal. Asimismo, la parte actora invoc� como argumento el relativo a que en materia de mayor�as calificadas del Ayuntamiento, �stas s�lo son posibles de establecerse en una ley, trat�ndose de la disposici�n de bienes inmuebles o de la celebraci�n de actos jur�dicos que obliguen al Ayuntamiento m�s all� de su periodo de gobierno.

    El texto del art�culo 62 es el siguiente:

    Art�culo 62. Son facultades y obligaciones de los regidores, las siguientes:

    I.V. y atender el ramo de la administraci�n municipal que le sea encomendado por el Ayuntamiento; as� como los acuerdos y disposiciones tomadas y dictadas en las sesiones correspondientes;

  111. Estudiar y proponer soluciones y emitir su voto acerca de las medidas convenientes para la debida atenci�n de los diferentes ramos de la administraci�n municipal;

  112. Concurrir a las ceremonias c�vicas y a los dem�s actos a que fueren convocados por el presidente municipal;

  113. Vigilar que los actos de la administraci�n municipal, se desarrollen en apego a lo dispuesto por las leyes y normas de observancia municipal;

    V.R., analizar y emitir su voto, respecto de las materias siguientes en:

    1. Los proyectos de acuerdo para la aprobaci�n de los bandos, reglamentos, decretos y circulares de observancia general en el Municipio, que le sean presentados por el presidente municipal, los s�ndicos, los regidores o los vecinos del Municipio, refrendar aquellos que hayan sido sometidos a refer�ndum y cuidar que las disposiciones no invadan las competencias reservadas para el Estado o la Federaci�n;

    2. Las solicitudes de expropiaci�n por causa de utilidad p�blica, as� como disponer la indemnizaci�n a sus propietarios, en cumplimiento a lo dispuesto por la fracci�n V del art�culo 115 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y la fracci�n XVII del art�culo 141 de la C.�n Pol�tica del Estado de H. y por la ley de la materia;

    3. La enajenaci�n de bienes inmuebles del dominio privado del Municipio y observar las previsiones establecidas por la C.�n Pol�tica del Estado de H.;

    4. Los proyectos de acuerdo para celebrar contratos que comprometan el patrimonio del Municipio u obliguen econ�micamente al Ayuntamiento, en los t�rminos de esta ley;

    5. Los proyectos de acuerdo para la firma de convenios de asociaci�n con los Municipios del Estado, cuya finalidad sea el mejor cumplimiento de sus fines. Cuando la asociaci�n se establezca para el mismo prop�sito con Municipios de otras entidades federativas, el Ayuntamiento deber� turnar el acuerdo de referencia al Congreso del Estado, para su autorizaci�n;

    6. Los proyectos de acuerdo para convenir con el Estado, el cobro de determinadas contribuciones o la administraci�n de servicios municipales, cuando los motivos sean de car�cter t�cnico o financiero y cuya finalidad sea obtener una mayor eficacia en la funci�n administrativa;

    7. Los proyectos de acuerdo para la municipalizaci�n de servicios p�blicos o para aprobar las convocatorias para celebrar plebiscitos, a fin de concesionarlos, como lo refieren los art�culos 21 y 22 y el t�tulo s�ptimo de esta ley;

    8. Las propuestas para el nombramiento del conciliador municipal, as� como de los titulares de las unidades t�cnicas de las dependencias de la administraci�n p�blica municipal e

    9. Las propuestas de modificaci�n de categor�as correspondientes a los poblados y localidades del Municipio;

  114. Solicitar al presidente municipal la informaci�n t�cnica, jur�dica o financiera, a que hubiera lugar, para resolver los recursos de revisi�n de los particulares que se inconformen por una disposici�n administrativa, la inadecuada prestaci�n de un servicio o la negaci�n de un permiso o licencia;

  115. Solicitar al presidente municipal, informaci�n sobre los proyectos de desarrollo regional y los de las zonas conurbadas, convenidos con el Estado, o los que, a trav�s de �l, se convengan con la Federaci�n y los que se realicen por coordinaci�n o asociaci�n con otros Municipios;

    VIII.V. que las peticiones realizadas a la administraci�n p�blica municipal, se resuelvan oportunamente;

  116. Solicitar informaci�n a los s�ndicos, respecto de los asuntos de su competencia, cuando lo consideren necesario;

    X.V. que el presidente municipal cumpla con los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento;

  117. Recibir, analizar y aprobar, en su caso, el informe anual que rinda el presidente municipal o el presidente del Concejo M.;

  118. Cumplir con las funciones inherentes a sus comisiones e informar al Ayuntamiento de sus resultados;

  119. Realizar sesiones de audiencia p�blica, para recibir peticiones y propuestas de la comunidad;

  120. Acompa�ar al presidente municipal a los recorridos de supervisi�n de obras que realice y

  121. Las dem�s que les otorguen las leyes y reglamentos.

    Los regidores, concurrir�n a las sesiones del Ayuntamiento, con voz y voto; percibir�n su dieta de asistencia que se�ale el presupuesto de egresos del Municipio y no podr�n, en ning�n caso, desempe�ar cargos, empleos o comisiones remuneradas en la administraci�n p�blica municipal."

    Para analizar la naturaleza jur�dica del anterior precepto, y dada su amplitud, a continuaci�n se procede a agrupar aquellas fracciones que guardan una naturaleza jur�dica similar entre s�.

    De la lectura de las fracciones I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, y del �ltimo p�rrafo del propio art�culo, se desprende que se trata de normas que constituyen bases generales de la administraci�n p�blica municipal de las previstas en la fracci�n II, inciso a), del art�culo 115 constitucional y, por tanto, su contenido no es contrario a la Carta Magna, tal como lo sostiene la parte actora, por las diversas razones que se explican a continuaci�n.

    Las fracciones I, II, IX y XII consagran por su contenido un cat�logo de principios m�nimos de gobierno que aseguran el funcionamiento regular del Ayuntamiento y que, por su importancia, es preciso que est�n previstos en ley. As�, los numerales en cuesti�n establecen como obligaciones de los regidores vigilar y atender el ramo de la administraci�n municipal que les sea encomendado, as� como acatar los acuerdos y disposiciones adoptadas por el propio Ayuntamiento, proponer soluciones para la atenci�n de los diversos ramos de la administraci�n p�blica, solicitar informaci�n a los s�ndicos respecto de asuntos de su competencia, as� como cumplir con las funciones inherentes a sus comisiones e informar al Ayuntamiento sobre sus resultados. Finalmente, dichas fracciones no hacen sino consignar, de manera general y homog�nea, el postulado esencial de que todo servidor p�blico debe cumplir con diligencia, eficiencia y eficacia la funci�n que le ha sido asignada, sin ser demasiado espec�fico en el contenido de las funciones de los regidores, por lo que, visto desde esa perspectiva, en nada violenta el principio constitucional de autonom�a municipal. Adem�s, al proveer sobre el ejercicio regular y funcional de la actividad gubernamental del Ayuntamiento, en nada menoscaba la capacidad de auto-organizaci�n municipal, sino que la asegura, por lo que, en ese aspecto, tampoco se viola ese principio constitucional.

    La fracci�n V, con la salvedad que en su momento se formular� sobre su inciso h), y la primera parte del �ltimo p�rrafo del art�culo en an�lisis, contienen bases generales de administraci�n, porque establecen casos esenciales en los cuales los regidores tienen derecho de voz y voto para la toma de las decisiones colegiadas del Ayuntamiento. As� se garantiza que los mun�cipes tengan participaci�n en el Gobierno M., sin establecer diferencia alguna entre ellos en cumplimiento del art�culo 115, fracci�n I, primer p�rrafo, de la C.�n F.. Debe tomarse en consideraci�n, adem�s, que resulta importante establecer en ley ese derecho al voto, toda vez que los regidores, en atenci�n a su naturaleza, constituyen el mayor n�mero de integrantes del Ayuntamiento.

    Se advierte, por otro lado, que la ley org�nica establece la facultad de voto en casos concretos de suma importancia para la vida del Municipio, a saber: a) la elaboraci�n de normas municipales de observancia general, b) la aprobaci�n de las solicitudes de expropiaci�n por causa de utilidad p�blica, c) la enajenaci�n de bienes inmuebles del dominio privado del Municipio, d) la aprobaci�n de los proyectos de acuerdo para celebrar contratos que comprometan el patrimonio del Municipio u obliguen econ�micamente al Municipio, e) de los proyectos de acuerdo para la firma de convenios de asociaci�n con los Municipios del Estado, f) de los proyectos de acuerdo para convenir con el Estado el cobro de determinadas contribuciones o la administraci�n de servicios municipales, g) de los proyectos de acuerdo para la municipalizaci�n de servicios p�blicos o para aprobar convocatorias para celebrar plebiscitos para concesionarlos, h) de las propuestas para el nombramiento de los titulares de las unidades t�cnicas de las dependencias de la administraci�n p�blica municipal, e i) de las propuestas de modificaci�n de categor�as de poblados y localidades del Municipio.

    En relaci�n a tales hip�tesis, s�lo es conveniente puntualizar dos aspectos. El primero, se refiere a la facultad de los regidores para recibir, analizar y emitir su voto respecto de las solicitudes de expropiaci�n a que se refiere la fracci�n V, inciso b), del art�culo en an�lisis, con respecto a la cual se debe decir que la inconstitucionalidad de la fracci�n XXXVII del art�culo 49 de la ley org�nica que ahora se estudia, en nada le afecta, en virtud de que la citada fracci�n V, inciso b), no hace referencia a la aprobaci�n de las solicitudes de expropiaci�n por parte del Ejecutivo del Estado, que fue lo que constituy� el motivo de inconstitucionalidad. Y un segundo aspecto, que se refiere a la fracci�n V, inciso h), que establece como facultad de los regidores recibir, analizar y emitir su voto respecto de las propuestas para el nombramiento del conciliador municipal, pues como ya se dijo al estudiar la fracci�n XIV del art�culo 52, este aspecto se abordar� en el estudio correspondiente al art�culo 155 de esta misma ley que ahora se cuestiona. En consecuencia, por raz�n de m�todo, esta minor�a se reserva el pronunciamiento sobre todo lo que tenga que ver con el conciliador municipal, hasta en tanto corresponda analizar este tema.

    Las fracciones VI y VIII son bases generales de la administraci�n p�blica municipal, porque regulan principios generales del procedimiento administrativo municipal, de conformidad con lo establecido en la fracci�n II, inciso a), del art�culo 115 constitucional.

    As�, la Legislatura Estatal, en uso de sus atribuciones, ha previsto que los regidores soliciten al presidente municipal la informaci�n que sea necesaria para resolver los recursos de revisi�n, as� como vigilar que las peticiones realizadas a la administraci�n p�blica municipal se resuelvan oportunamente. En ese sentido, ambas fracciones constituyen un cat�logo de normas m�nimas referentes al procedimiento administrativo municipal, al abordar cuestiones de oportunidad en la emisi�n del acto administrativo, as� como relativas a los medios de defensa en sede administrativa procedentes.

    La fracci�n VII establece que es facultad de los regidores solicitar al presidente municipal informaci�n sobre los proyectos de desarrollo regional y los de las zonas conurbadas. Seg�n se advierte de su contenido, se trata de una norma tendente a dotar de informaci�n a los mun�cipes, en este caso, a los regidores, con el prop�sito de coadyuvar, a nivel Ayuntamiento, en la planeaci�n del crecimiento regional, tal como lo reconoce la fracci�n V, inciso c), del art�culo 115 constitucional. Por tanto, si se establece a nivel legislativo la exigencia de un intercambio de informaci�n entre mun�cipes sobre el desarrollo regional, bien puede sostenerse que se trata de una base general de administraci�n p�blica municipal que debe respetarse de manera homog�nea por cada uno de los Municipios del Estado de H..

    La fracci�n X y la parte final del �ltimo p�rrafo del art�culo en cuesti�n constituyen bases generales de la administraci�n p�blica municipal que tienden a asegurar la transparencia en la gesti�n del Municipio. En efecto, la fracci�n citada establece como facultad de los regidores vigilar que el presidente municipal cumpla con los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento, lo que constituye un medio de control de la legalidad y honradez de la actuaci�n del presidente municipal; por otro lado, la parte final del art�culo en estudio prev� la limitaci�n para los regidores de desempe�ar cargos, empleos o comisiones remunerados en la administraci�n p�blica municipal. Sobre este punto, debe decirse que una manera de garantizar la honradez, el debido desempe�o de un cargo y evitar un conflicto de intereses, es aquella en la que el funcionario se desentiende de cualquier otro empleo o comisi�n remunerados.

    Ahora bien, a lo largo de este documento se ha establecido que aquellas normas que se refieren al tema de la claridad o nitidez en el desempe�o de la actividad municipal, constituyen una regla m�nima que regula un aspecto esencial para el correcto funcionamiento de este nivel de gobierno, lo cual es deseable para todos los Ayuntamientos del Estado.

    La fracci�n XIII establece la obligaci�n de los regidores municipales de realizar sesiones de audiencia p�blica para recibir peticiones y propuestas de la comunidad. Tal obligaci�n constituye una base general de administraci�n, puesto que a trav�s de ella la Legislatura Estatal inserta un lineamiento general o norma m�nima en materia de participaci�n ciudadana.

    Dicha facultad fue conferida por el Constituyente Permanente a las Legislaturas de los Estados, seg�n se advierte del punto 4.2.1 del dictamen de la C.�n de Gobernaci�n y Puntos C.onales de la C�mara de Diputados, el cual, por su importancia, se transcribe en este apartado para mejor ilustraci�n sobre el tema:

    4.2.1 ... Se deja a salvo para cada Ayuntamiento decidir, a trav�s de disposiciones reglamentarias, formas y procedimientos de participaci�n ciudadana y vecinal. La ley, s�lo contemplar� principios generales en este rubro."

    En el caso concreto, la Ley Org�nica del Estado de H. establece como una norma m�nima de participaci�n ciudadana, que los regidores reciban, en sesi�n p�blica, peticiones y propuestas de la comunidad, sin que por ello la propia ley abunde sobre las condiciones t�cnicas y de oportunidad en las que tales funcionarios deber�n escuchar a la ciudadan�a, lo cual sin duda le compete al Ayuntamiento, a trav�s de alguna norma general.

    Con base en el an�lisis de las fracciones I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, y del �ltimo p�rrafo del art�culo 62 que antecede, no puede sostenerse, tal como lo hace el actor, que la Legislatura del Estado de H. invada la esfera de competencia del Ayuntamiento, y si bien es cierto que el Municipio debe ejercer su gobierno de manera aut�noma, tambi�n lo es que deben respetarse normas m�nimas homog�neas referentes al funcionamiento regular del Municipio, a la intervenci�n m�nima de los regidores, al procedimiento administrativo, a la transparencia en la gesti�n municipal y a la participaci�n ciudadana, con base en el art�culo 115, fracci�n II, inciso a), de la C.�n F.. Por tanto, el concepto de invalidez correspondiente, por lo que se refiere a las fracciones antes referidas, debe declararse infundado.

    Pasando al estudio de la fracci�n IV del art�culo 62 de la ley org�nica en an�lisis, que establece la obligaci�n de los regidores de vigilar que los actos de la administraci�n municipal se desarrollen con apego a lo dispuesto por las leyes y normas de observancia general, cabe decir que se trata de una norma derivada de los art�culos 109 y 113 de la C.�n F., los cuales establecen que las leyes de los Estados determinar�n el r�gimen de responsabilidad de los servidores p�blicos, seg�n se advierte de la siguiente transcripci�n:

    Art�culo 109. El Congreso de la Uni�n y las Legislaturas de los Estados, dentro de los �mbitos de sus respectivas competencias, expedir�n las leyes de responsabilidades de los servidores p�blicos y las dem�s normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este car�cter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:

    ...

  122. Se aplicar�n sanciones administrativas a los servidores p�blicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempe�o de sus empleos, cargos o comisiones. ..."

    Art�culo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores p�blicos, determinar�n sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempe�o de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones, aplicables por los actos u omisiones en que incurran, as� como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones adem�s de las que se�alen las leyes, consistir�n en suspensi�n, destituci�n e inhabilitaci�n, as� como en sanciones econ�micas y deber�n establecerse de acuerdo con los beneficios econ�micos obtenidos por el responsable y con los da�os y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracci�n III del art�culo 109, pero que no podr�n exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los da�os y perjuicios causados. ..."

    Es decir, a trav�s de la fracci�n impugnada, el Estado de H. est� legislando en materia de responsabilidades de los servidores p�blicos y, en uso de esa misma facultad, otorga al regidor, a trav�s de una ley, la potestad de vigilar que los actos de administraci�n se apeguen a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que exige la C.�n.

    Bajo ese esquema, puede concluirse que la fracci�n IV encuentra apoyo directo en los art�culos 109 y 113 constitucionales, raz�n por la cual no invade la esfera de competencia del Municipio.

    Por otro lado, las fracciones III, XI y XIV del art�culo 62 son normas aplicables en ausencia de reglamentos municipales, en t�rminos de la fracci�n II, inciso e), del art�culo 115 de la C.�n F. y, por ende, tampoco son inconstitucionales, por las razones que se explican a continuaci�n.

    La fracci�n III dispone que sea obligaci�n de los regidores concurrir a las ceremonias c�vicas y dem�s actos que fueren convocados por el presidente municipal. Sin embargo, dicha obligaci�n tiene un contenido propiamente protocolario, tema sobre el cual no es menester que el Estado imponga bases homog�neas, ya que en nada afecta en sus relaciones jur�dicas con �l, ni tampoco se encuentra inmerso alg�n valor fundamental que haga necesario el establecimiento de una base general, por lo que el manejo de este tipo de asuntos debe quedar a cargo del Municipio. As�, en el caso de que se realicen ceremonias c�vicas dentro del Municipio y no exista una normatividad interna que regule qui�nes ser�n los funcionarios p�blicos municipales que deber�n concurrir a ellas, ser� aplicable supletoriamente la fracci�n III del art�culo 62 de la ley en estudio.

    En cuanto a la fracci�n XI del art�culo 62, que dispone que es obligaci�n de los regidores recibir, analizar y aprobar, en su caso, el informe anual que rinda el presidente municipal, y a la fracci�n XIV, que establece la obligaci�n de los regidores de acompa�ar al presidente municipal a los recorridos de supervisi�n de obras que realice, se trata de normas aplicables en ausencia de reglamento, ya que el contenido de ambas incide en las funciones que deber�n desempe�ar los regidores y que le compete al Ayuntamiento determinar, con base en su facultad de organizar su propia administraci�n p�blica. En ese sentido, le compete al Ayuntamiento determinar si ser� a este �ltimo o a otro funcionario a quien corresponder� analizar y aprobar el informe anual del presidente municipal, o bien, si ser� preciso que alg�n funcionario acompa�e al presidente municipal en sus recorridos de trabajo. Y s�lo en el caso de que no se prevea qui�n aprobar� el informe anual, ni qui�n debe acompa�ar al presidente municipal, en caso de que la propia normatividad interna as� lo exija, entonces ser�n aplicables las fracciones en cuesti�n.

    Por lo anterior, deben calificarse de infundados los conceptos de invalidez en los que se cuestiona la constitucionalidad de las fracciones III, XI y XIV del art�culo 62 que se ha analizado, pues si tales disposiciones cumplen con el mandato constitucional previsto en la fracci�n II, inciso e), del art�culo 115 constitucional, entonces debe decirse que no se trata de normas que violen la autonom�a municipal sino, por el contrario, la respetan a tal grado que s�lo se consideran supletorias.

    Por �ltimo, debe decirse que la fracci�n XV del art�culo 62 de la ley impugnada, la cual se�ala que los regidores tendr�n, adem�s, aquellas facultades que les impongan las leyes y reglamentos, tiene un contenido variable, pues depende del contenido de las facultades que se les confiera a los regidores a trav�s de dichos ordenamientos y, por ende, s�lo en cada caso concreto se podr� determinar si es una base general de administraci�n, una norma derivada de alg�n precepto constitucional, o bien, si es una norma aplicable en ausencia de reglamento.

  123. C.ones.

    Por otro lado, el Municipio actor manifiesta que con el contenido de los art�culos 63, 64, 65 y 66 de la ley en estudio, se invade la esfera de sus atribuciones al haber sido emitidas por el Congreso Estatal, cuando de la lectura del art�culo 115 constitucional se desprende que �ste no est� facultado para poder determinar las comisiones que puede o no integrar el Ayuntamiento, cu�les deben ser permanentes o especiales, ni sus denominaciones y atribuciones, pues considera que la atribuci�n del Gobierno M. de organizarse en comisiones para analizar y elaborar proyectos de los asuntos de su competencia es exclusiva del Municipio.

    A fin de dar contestaci�n al anterior concepto de invalidez, resulta indispensable acudir al texto de los art�culos impugnados que se�alan:

    Art�culo 63. Para estudiar, examinar y elaborar proyectos para solucionar los problemas municipales, as� como vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, podr�n designarse comisiones entre sus miembros, en la primera sesi�n ordinaria y en su caso, inmediatamente que sea necesario, sin que exceda de treinta d�as.

    Las actividades que desempe�ar�n las comisiones, estar�n de acuerdo con la naturaleza del nombre que se les asigne, las cuales ser�n permanentes y especiales y contar�n con todo el apoyo y facilidades de las autoridades y funcionarios municipales, quienes en ning�n caso podr�n negar la informaci�n que se les requiera y observar�n lo dispuesto por el reglamento interior del Ayuntamiento.

    La C.�n de Hacienda M., vigilar� la recaudaci�n en todas las ramas de la hacienda municipal y que la inversi�n de los fondos municipales se apliquen con estricto apego al presupuesto.

    Cada comisi�n estar� conformada de tres integrantes, a excepci�n de la C.�n de Hacienda M.."

    Art�culo 64. Las comisiones se dividir�n en permanentes y especiales:

    I.S. permanentes:

    1. De hacienda municipal;

    2. De Polic�a P., Tr�nsito y Vialidad;

    3. De derechos humanos y prevenci�n social;

    4. De gobernaci�n, bandos, reglamentos y circulares;

    5. De asentamientos humanos, fraccionamientos, licencias y regulaci�n de la tenencia de la tierra;

    6. De salud y sanidad;

    7. De educaci�n, cultura y fomento deportivo y

    8. De protecci�n civil.

      La C.�n de Hacienda M., deber� estar integrada por el s�ndico y cuando menos un regidor de cada fracci�n, y

      II.S.�n especiales, las que designe el Ayuntamiento, de acuerdo con las necesidades del Municipio."

      Art�culo 65. Las comisiones propondr�n al Ayuntamiento, los proyectos de soluci�n a los problemas de su conocimiento a efecto de atender todos los ramos del gobierno y la administraci�n p�blica municipal."

      Art�culo 66. Las comisiones carecer�n de facultades ejecutivas y podr�n incorporarse a ellas, �nicamente con voz, los vecinos que se�ale el Ayuntamiento y acepten voluntariamente."

      De la lectura de los preceptos antes transcritos, se desprende que la Legislatura Local prev� dentro del Gobierno M. la creaci�n de diversas comisiones encargadas de las diversas �reas del funcionamiento del Ayuntamiento e, inclusive, define el tiempo en que debe crearlas, las funciones que realizar�n, as� como su integraci�n.

      Por su parte, el art�culo 115, fracci�n II, segundo p�rrafo, constitucional establece:

      Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

      ...

      Los Ayuntamientos tendr�n facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deber�n expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de polic�a y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci�n p�blica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia y aseguren la participaci�n ciudadana y vecinal."

      Como qued� se�alado con antelaci�n, la voluntad del �rgano reformador al modificar el art�culo 115 constitucional, fue fortalecer al Municipio d�ndole mayores facultades a su gobierno y permitiendo que �ste fuera quien organizara su funcionamiento interno y la administraci�n p�blica municipal; sin embargo, igualmente previ� que dado el rezago en que se encuentran muchos de los Municipios que integran nuestro pa�s, resulta indispensable que en tanto �stos van haciendo efectiva su facultad de auto-organizarse, las Legislaturas Estatales pueden emitir leyes que les permitan funcionar regularmente.

      Es as� que el propio �rgano reformador previ� en el art�culo 115, fracci�n II, inciso e), constitucional, lo siguiente:

      Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

      ...

      El objeto de las leyes a que se refiere el p�rrafo anterior ser� establecer:

      ...

    9. Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes."

      Es decir, se concede al legislador estatal la facultad de emitir disposiciones generales que podr�n aplicar los Municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.

      Como se observa, las normas que la Legislatura Estatal emita en tanto los Municipios van expidiendo su propia reglamentaci�n relativa a su auto-organizaci�n y funcionamiento interno, ser�n de aplicaci�n temporal, pues en el momento en que el Ayuntamiento regule lo que le corresponde, dicha normatividad estatal ya no le ser� obligatoria.

      En este orden de ideas, debe decirse que los art�culo 63, 64, 65 y 66 de la Ley Org�nica M. para el Estado de H., en los que se prev� la creaci�n, integraci�n y funcionamiento de comisiones, si bien son normas que versan sobre el funcionamiento interno y de la administraci�n p�blica municipal, no deben considerarse violatorias del art�culo 115 constitucional y, por tanto, tampoco que invaden la esfera de competencia del Municipio, en la medida en que se trata de normas de aplicaci�n supletoria y temporal, pues en el momento en que el Municipio actor reglamente su forma de organizaci�n y funcionamiento interno, dichos preceptos no le ser�n obligatorios; y, por el contrario, si el Municipio de que se trata ya cuenta con una estructura de organizaci�n propia debidamente reglamentada, dichos preceptos no lo obligan en ning�n sentido.

  124. Suplencia de autoridades municipales.

    Por otro lado, el Municipio actor se�ala que la Legislatura Estatal no se encuentra facultada por el art�culo 115 constitucional para establecer el sistema de suplencias que prev� en el art�culo 70 de la Ley Org�nica M. para el Estado de H..

    El precepto impugnado se�ala lo siguiente:

    Art�culo 70. Las faltas temporales de los delegados municipales, ser�n suplidas por el subdelegado; las que tengan el car�cter de definitivas ser�n suplidas a elecci�n de los vecinos."

    La norma antes transcrita, debe ser considerada como una norma de aplicaci�n supletoria y temporal de las que prev� el art�culo 115, fracci�n II, inciso e), constitucional, por lo que no puede estimarse inconstitucional, como lo pretende el Municipio actor.

    En efecto, en primer lugar, resulta pertinente recordar que los delegados y subdelegados no son miembros del Ayuntamiento, sino que son autoridades municipales respecto de las cuales, seg�n se dijo con antelaci�n, el Municipio en ejercicio de su libertad de auto-organizaci�n puede decidir tenerlos o no; sin embargo, si fuera el caso de que el mismo no contara con dichas autoridades, la suplencia de los mismos en nada obligar�a al Ayuntamiento respectivo pues, como qued� se�alado, el Municipio en uso de su libertad de organizarse puede decidir que no necesita de una determinada figura jur�dica y, en esa virtud, la ley que la prevea no le ser� obligatoria; por el contrario, en el caso de que s� contara con dichas autoridades, su sistema de suplencia �nicamente ser�a aplicable en el caso de que no hubiera regulado lo relativo a las faltas temporales, aplicaci�n que ser�a provisional hasta en tanto el propio Municipio reglamentara dicha circunstancia.

    Consecuentemente, al tratarse de una norma que es de aplicaci�n supletoria para el Municipio actor, es claro que no es violatoria del art�culo 115 constitucional.

  125. De la suspensi�n y revocaci�n del mandato a los miembros del Ayuntamiento.

    En virtud de que, como qued� se�alado con anterioridad, el Municipio actor reclam� pr�cticamente toda la Ley Org�nica M. del Estado de H., esta Suprema Corte, con fundamento en el art�culo 40 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, procede a suplir la deficiencia de la demanda respecto de diversos preceptos que aunque no fueron impugnados de manera espec�fica por el Municipio actor, se considera que son violatorios de los principios previstos en el art�culo 115 constitucional o de cualquier otro previsto en nuestra Carta Magna.

    A continuaci�n, nos referiremos al art�culo 71, fracci�n VI, de la Ley Org�nica M. del Estado de H., que se encuentra ubicado dentro del cap�tulo d�cimo cuyo t�tulo es "De la suspensi�n y revocaci�n del mandato a los miembros del Ayuntamiento" y que se�ala lo siguiente:

    Art�culo 71. Lo dispuesto en el art�culo 27 de esta ley, proceder� en los siguientes casos:

  126. Por abandono de sus funciones en un lapso de treinta d�as consecutivos, sin causa justificada;

  127. Por inasistencia consecutiva a tres sesiones del Ayuntamiento, sin causa justificada;

  128. Cuando existan entre sus miembros, conflictos que hagan imposible el cumplimiento de los fines del Ayuntamiento y el ejercicio de sus funciones;

  129. Cuando se dicte auto de formal prisi�n por delito doloso;

  130. Por incapacidad f�sica o legal y

  131. Por causas an�logas o a juicio de la propia legislatura."

    El contenido del precepto antes transcrito, hace indispensable acudir al texto del art�culo 27 de la propia Ley Org�nica M. del Estado de H. que, a su vez, se�ala:

    Art�culo 27. El Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes podr� suspender Ayuntamientos, declarar que �stos han desaparecido y suspender o revocar el mandato de alguno o algunos de sus miembros, por causas graves, tales como las que se�alan la C.�n Pol�tica del Estado de H. y la Ley de Responsabilidades de los Servidores P�blicos, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan."

    El precepto transcrito, en atenci�n al contenido del art�culo 115, fracci�n I, tercer p�rrafo, constitucional, prev� la facultad de las Legislaturas Locales para suspender Ayuntamientos y declarar la desaparici�n, suspensi�n o revocaci�n del mandato de alguno o algunos de sus miembros, por causas graves que establezca la C.�n Estatal o la Ley de Responsabilidades de los Servidores P�blicos.

    Por su parte, el art�culo 115, fracci�n I, tercer p�rrafo, dispone:

    Art�culo 115. ...

    Las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podr�n suspender Ayuntamientos, declarar que �stos ha desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan."

    Ahora bien, como qued� precisado, el art�culo 71 referido establece los casos en que se podr� emitir la declaratoria de suspensi�n o revocaci�n seg�n corresponda; sin embargo, en la fracci�n VI se prev� que uno de los casos en que proceder� la suspensi�n y revocaci�n del mandato ser� "por causas an�logas o a juicio de la propia legislatura".

    Esta minor�a estima que lo previsto en la referida fracci�n resulta inconstitucional, porque su texto es violatorio del principio de seguridad jur�dica, toda vez que la C.�n exige, como qued� establecido, que es indispensable que la legislatura determine mediante ley las causas graves que den lugar a la suspensi�n de los Ayuntamientos, declaraci�n de desaparici�n, o bien, suspensi�n o revocaci�n del mandato de alguno o algunos de sus miembros, es decir, debe existir una norma que determine de forma concreta los supuestos que den lugar a las consecuencias a las que se refiere el art�culo 27 de la ley en estudio.

    No obstante lo anterior, la redacci�n de la fracci�n VI del art�culo 71 que se analiza, en contravenci�n al Texto C.onal, por un lado, establece la posible existencia de casos an�logos a los previstos en las diversas fracciones del propio art�culo y, por el otro, deja a juicio de la propia legislatura la determinaci�n de conductas que estime ameritan la imposici�n de la infracci�n a que se refiere el art�culo 27 de la propia Ley Org�nica M. del Estado de H., sin especificar ninguna en concreto, por lo cual al dejar al arbitrio de la legislatura la actualizaci�n de supuestos por los cuales considere procedente, en contra de los miembros del Ayuntamiento, la imposici�n de alguna de las sanciones previstas en el art�culo antes referido, se contrar�a el principio de certeza jur�dica contenida en los art�culos 14 y 16 constitucionales y, por tanto, procede declarar su inconstitucionalidad.

    Ciertamente, el esquema anterior es inconstitucional, porque con la redacci�n de este precepto no se cumple con el principio de tipicidad, al autorizar a la legislatura a configurar, al momento de la aplicaci�n de la sanci�n, la causa grave que motiva dicho supuesto, siendo que, en obediencia al principio de legalidad, no puede aplicarse una sanci�n sin que exista el supuesto jur�dico de su comisi�n regulado en una ley previa a la comisi�n del hecho, lo que constituye un derecho fundamental para todo gobernado y, en este caso una garant�a institucional para el Ayuntamiento que se tutela tanto en el art�culo 14 como en el 115, fracci�n I, ambos de la C.�n F., raz�n por la cual debe declararse la invalidez de la referida fracci�n VI del art�culo 71 de la ley en estudio.

    Por otro lado, igualmente resulta procedente suplir la deficiencia de la queja por los motivos expuestos con anterioridad, respecto del art�culo 72 de la ley que se analiza, toda vez que dicho art�culo resulta violatorio de la garant�a de audiencia por las siguientes razones.

    El art�culo 72 de la Ley Org�nica M. del Estado de H. establece lo siguiente:

    Art�culo 72. En los casos previstos por las fracciones I, II, IV y V del art�culo que antecede, cuando se trate solamente de uno o de varios miembros del Ayuntamiento, sin llegar a su totalidad, la suspensi�n o revocaci�n, operar� de pleno derecho y el Congreso del Estado deber� llamar a los suplentes para que de inmediato o dentro de un t�rmino de cinco d�as, se presenten a desempe�ar sus funciones."

    El precepto antes transcrito prev� que en el caso de que uno o varios de los miembros del Ayuntamiento abandonen sus funciones en un lapso de treinta d�as sin causa justificada, falten a tres sesiones consecutivas sin causa justificada; se dicte en su contra un auto de formal prisi�n, o bien, se actualice una situaci�n de incapacidad f�sica o legal, la suspensi�n o revocaci�n del mandato del funcionario o funcionarios de que se trate, operar� de pleno derecho y el Congreso Estatal deber� llamar a los suplentes en el plazo que el propio precepto se�ala.

    A este respecto, resulta conveniente recordar que el tercer p�rrafo de la fracci�n I del art�culo 115 constitucional, transcrito con anterioridad, prev� la facultad de la Legislatura Estatal de suspender Ayuntamientos, declarar que �stos han desaparecido y suspender o revocar el mandato de alguno o algunos de los miembros del Cabildo, por alguna de las causa graves que se establezcan en ley, siempre y cuando se les hubiera dado oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.

    Esto es, la facultad de la Legislatura Local para suspender Ayuntamientos y suspender o revocar el mandato de los miembros del Cabildo no es ilimitada, ni puede estar al arbitrio de este �rgano, sino que debe cumplir con ciertos requisitos indispensables como lo son la existencia en ley de un cat�logo de causas graves que ameriten la imposici�n de alguna de las sanciones previstas tanto en el art�culo 115, fracci�n I, tercer p�rrafo, constitucional, como en el 27 de la ley que se analiza, como la posibilidad de que el funcionario o funcionarios, previo a la suspensi�n o revocaci�n de su cargo, tengan la posibilidad de defenderse plenamente.

    Asimismo, el art�culo 14 constitucional, en la parte que interesa, prev�:

    Nadie podr� ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho."

    De lo expuesto con antelaci�n, y del an�lisis concatenado de los preceptos antes transcritos, se puede desprender que si el art�culo 72 de la Ley Org�nica M. del Estado de H. prev� que en los casos de las fracciones I, II, IV y V del art�culo 71 de la propia ley, la suspensi�n o revocaci�n operar� de pleno derecho, esto es, sin haberse seguido un procedimiento en el que se hubiera dado oportunidad a los funcionarios de que se defendiera, es claro que se est� violentando la parte final del tercer p�rrafo de la fracci�n I del art�culo 115 constitucional, as� como la garant�a de audiencia prevista en el art�culo 14 de la C.�n F., pues no se permite al miembro o miembros del Cabildo que hubieran incurrido en alguna de las causas graves a que hacen alusi�n tales fracciones, presentar las pruebas procedentes que permitan su defensa, pues sin ser escuchados previamente se les sancionar� con suspensi�n o revocaci�n.

    Sirve de apoyo a las consideraciones anteriores la jurisprudencia P./J. 71/2003 del Tribunal P., publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., diciembre de 2003, p�gina 597, que se transcribe a continuaci�n:

    AYUNTAMIENTOS. PARA QUE LA LEGISLATURA LOCAL PUEDA DECLARAR SU DESAPARICI�N, DEBE CONCEDERLES, OBLIGADAMENTE, DERECHO DE AUDIENCIA Y DEFENSA, EN T�RMINOS DEL ART�CULO 115, FRACCI�N I, P�RRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL. El precepto constitucional citado establece que las Legislaturas Locales podr�n declarar, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, la desaparici�n de Ayuntamientos por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para ofrecer pruebas y rendir los alegatos que a su inter�s convenga. A partir de esta consideraci�n se advierte que la C.�n F. prev� la instauraci�n obligada de un procedimiento previo con derecho de defensa para los miembros de un Ayuntamiento cuando pueda llegarse a declarar su desaparici�n, para lo cual deber�n se�alarse con toda precisi�n, en las C.ones y leyes locales relativas, las causas graves que ameriten el desconocimiento de los Ayuntamientos, as� como la adecuada instrumentaci�n de los procedimientos y requisitos necesarios para ello. En este sentido, si de autos no se aprecia constancia mediante la cual la Legislatura Local haya notificado el Ayuntamiento sobre el inicio del procedimiento mencionado, es indudable que se le priva de la posibilidad de defensa oportuna y adecuada y, por ende, se transgrede el art�culo 115, fracci�n I, p�rrafo tercero, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que previamente a cualquier acto de privaci�n debe otorgarse al afectado el derecho de conocer el tr�mite que se sigue, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, as� como la de alegar en su favor, garantizando de esta forma una defensa adecuada, sin que obste a lo anterior el hecho de que el Congreso Local argumente, verbigracia, que tuvo que actuar en forma inmediata para desaparecer al Ayuntamiento, en atenci�n a determinados actos que, en su concepto, constitu�an una causa grave que pon�a en peligro la paz p�blica y el inter�s social, al no existir condiciones de seguridad para que el Ayuntamiento continuara en funciones, pues tales circunstancias no le autorizan a emitir declaraci�n alguna sobre su desaparici�n, sin antes otorgar la garant�a de audiencia prevista en el referido precepto constitucional."

    En raz�n de lo anterior, debe declararse la invalidez de la porci�n normativa que dice "operar� de pleno derecho y", raz�n por la cual para efectos de su futura aplicaci�n, dicho precepto deber� leerse de la manera siguiente:

    Art�culo 72. En los casos previstos por las fracciones I, II, IV y V del art�culo que antecede, cuando se trate solamente de uno o de varios miembros del Ayuntamiento, sin llegar a su totalidad, la suspensi�n o revocaci�n, el Congreso del Estado deber� llamar a los suplentes para que de inmediato o dentro de un t�rmino de cinco d�as, se presenten a desempe�ar sus funciones."

  132. De los �rganos auxiliares y de colaboraci�n municipales.

    El Municipio actor se�ala en su concepto de invalidez que los art�culos 74, 75 y 76 de la Ley Org�nica M. del Estado de H., resultan violatorios del art�culo 115 constitucional, toda vez que invaden la esfera de competencia de los Municipios, pues violentan la facultad que tienen los Ayuntamientos para gobernar a �stos y para desarrollar esta funci�n de manera exclusiva.

    Los art�culos antes se�alados establecen lo siguiente:

    Art�culo 74. Para los efectos de esta ley, son autoridades auxiliares municipales, los delegados y subdelegados.

    Para ser delegado o subdelegado municipal, se requiere ser ciudadano de la comunidad, saber leer y escribir, tener como m�nimo dieciocho a�os de edad, cumplidos al d�a de su elecci�n, no pertenecer al Estado eclesi�stico y tener un modo honesto de vivir."

    Art�culo 75. Las autoridades auxiliares municipales, actuar�n en sus respectivas jurisdicciones, como delegados de los Ayuntamientos y tendr�n las atribuciones siguientes:

    I.C. el orden, la seguridad y la sanidad b�sica de los vecinos del lugar y reportar ante los cuerpos de seguridad o los titulares de servicios p�blicos y de salud las acciones que requieren de su intervenci�n;

    II.V. el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias que expida el Ayuntamiento y reportar, ante el �rgano administrativo correspondiente, las violaciones a los mismos;

  133. Elaborar, revisar y tener actualizado el censo de poblaci�n de la demarcaci�n correspondiente;

  134. Gestionar ante el presidente municipal, la satisfacci�n de los requerimientos fundamentales de la comunidad;

  135. Organizar el trabajo comunitario;

  136. Auxiliar en todo lo que requiera el presidente municipal para el mejor cumplimiento de sus funciones, salvo en los asuntos pol�tico-electorales, por no ser competencia de �ste y

  137. Las dem�s que le otorguen los reglamentos respectivos."

    Art�culo 76. Los delegados y subdelegados, ser�n electos por los vecinos de la localidad en el primer mes de cada a�o, durar�n en su cargo un a�o y podr�n ser removidos por causa justificada, a consideraci�n de los vecinos de la comunidad. El nombramiento y remoci�n de delegados y subdelegados, se ajustar� a lo previsto por las disposiciones legales vigentes y pueden ser ratificados por una sola ocasi�n."

    En t�rminos de los preceptos antes transcritos, podemos advertir claramente que los delegados y subdelegados son autoridades auxiliares del Ayuntamiento, que tienen funciones de coadyuvancia con el Cabildo en cuestiones tales como cuidar el orden, la sanidad b�sica, vigilar el cumplimiento de los reglamentos municipales, organizar el trabajo comunitario, entre otras; asimismo, se se�ala la forma de elecci�n de dichas autoridades, los requisitos para ocupar el cargo y el tiempo que podr�n durar en el encargo.

    Como se ha dejado sentado con anterioridad, el actual art�culo 115 constitucional otorga al Ayuntamiento la facultad de auto-organizarse y regular las materias de su competencia a trav�s de disposiciones de car�cter general y, asimismo, le concede el car�cter de �rgano de Gobierno del Municipio.

    Ahora bien, es el caso que los funcionarios a que hacen referencia los art�culos que se analizan son auxiliares del Ayuntamiento, esto es, no son autoridades que el art�culo 115 hubiera se�alado como indispensables para la integraci�n del Ayuntamiento ni para el ejercicio regular del Gobierno M., raz�n por la cual le corresponde a �ste determinar en uso de su facultad de auto-organizaci�n si puede y le conviene contar con tales funcionarios, pues es al Ayuntamiento al que le corresponde regular su funcionamiento interno y la estructura de su administraci�n p�blica, por lo que la Legislatura Estatal no lo puede obligar a contar con funcionarios que la C.�n F. no establece como obligatorios.

    No obstante lo anterior, la regulaci�n de los delegados y subdelegados no puede considerarse inconstitucional en s� misma, puesto que de una interpretaci�n conforme con el art�culo 115, fracci�n II, inciso e), de la C.�n F., podemos afirmar que estamos ante el caso de una norma que opera en ausencia de reglamento dictado por el Ayuntamiento, esto es, que le ser�n obligatorias �nicamente si habiendo previsto a tales autoridades dentro de su organigrama, no regula los requisitos para ocupar tales cargos, la forma de elegirlos, sus funciones y la duraci�n en su encargo, por el contrario, si el Municipio de que se trata no prev� a tales autoridades, las normas reclamadas no lo obligan a preverlas pues, como qued� se�alado, la facultad de organizaci�n de la administraci�n p�blica municipal corresponde al propio Municipio.

    Atento a lo anterior, debe decirse que la actora parte de una premisa incorrecta al sostener que los preceptos reclamados la obligan a contar con funcionarios como los delegados y subdelegados y a sujetarse al r�gimen previsto en la ley relativo a su organizaci�n y funcionamiento pues, como qued� se�alado, la regulaci�n de los mismos constituye una norma por ausencia de reglamento y, por tanto, la adopci�n de este r�gimen es alternativo y temporal para el Cabildo, teniendo la posibilidad en cualquier momento de expedir la norma reglamentaria por medio de la cual organice su administraci�n p�blica y regule su funcionamiento interno.

  138. De los Consejos de Colaboraci�n M..

    El Municipio actor se�ala que los art�culos 77, 78, 79, 80, 81 y 82 de la ley reclamada, transgreden el contenido del art�culo 115 constitucional, toda vez que dichos preceptos no facultan al Congreso del Estado de H. para aprobar normas que obliguen a los Ayuntamientos para que aseguren la participaci�n ciudadana y vecinal a trav�s de consejos de colaboraci�n municipal.

    A fin de dar respuesta al concepto de invalidez sintetizado, es menester atender el contenido de las normas impugnadas, que disponen:

    Art�culo 77. En cada Municipio, funcionar� uno o varios Consejos de Colaboraci�n M., seg�n lo acuerde el Ayuntamiento.

    El presidente municipal, con el acuerdo de la mayor�a de los integrantes del Ayuntamiento, convocar� p�blicamente a los vecinos del pueblo, comunidad, zona, demarcaci�n, colonia, fraccionamiento o barrio, para la integraci�n de los Consejos de Colaboraci�n M.. Las organizaciones y agrupaciones representativas de los principales sectores sociales de la comunidad, podr�n acreditar a su representante dentro de los consejos.

    Los delegados y subdelegados, est�n facultados para presidir los Consejos de Colaboraci�n M., si as� lo aprueba la mayor�a de los vecinos del pueblo, comunidad, zona, demarcaci�n, colonia, fraccionamiento o barrio, en primera convocatoria p�blica o los que asistan, en segunda convocatoria.

    En la organizaci�n, funcionamiento y supervisi�n de los Consejos de Colaboraci�n M., s�lo podr� intervenir el Ayuntamiento."

    Art�culo 78. Los Consejos de Colaboraci�n M., ser�n �rganos de participaci�n social y podr�n cumplir funciones de consulta, promoci�n y gestor�a, los que tendr�n a su cargo las siguientes facultades y obligaciones:

    I.C. para el cumplimiento eficaz de los planes, programas, acciones y servicios municipales;

  139. Promover la participaci�n y colaboraci�n de los habitantes y vecinos, en todos los aspectos de beneficio social;

  140. Presentar propuestas al Ayuntamiento, para fijar las bases de los planes y programas municipales o para modificarlos en su caso y

  141. Realizar funciones de contralor�a social respecto de obras, acciones o servicios a cargo de la comunidad, en la forma y procedimientos que establezca la ley o reglamento correspondiente."

    Art�culo 79. Los Consejos de Colaboraci�n M., se integrar�n con vecinos del Municipio en la forma y t�rminos que determine el reglamento interior del Ayuntamiento."

    Art�culo 80. Los Consejos de Colaboraci�n M., tendr�n la obligaci�n de informar oportunamente al Ayuntamiento sobre sus actividades."

    Art�culo 81. El presidente municipal, con el visto bueno del s�ndico, podr� autorizar a los consejos de colaboraci�n, la recepci�n de aportaciones econ�micas de la comunidad, para la realizaci�n de sus fines sociales.

    En este caso, los recibos ser�n autorizados y controlados por la Tesorer�a M. y sus fondos, se aplicar�n al cumplimiento del fin acordado."

    Art�culo 82. Cuando uno o m�s de los miembros del Consejo de Colaboraci�n M., no cumplan con sus obligaciones y tengan suplentes, ser�n substituidos por �stos; en caso contrario, el presidente municipal podr� solicitar a los vecinos, a las organizaciones sociales o agrupaciones civiles la designaci�n de los sustitutos."

    En t�rminos de los preceptos antes transcritos, podemos advertir claramente que los Consejos de Colaboraci�n M. son �rganos que tienden a asegurar la participaci�n ciudadana en el Municipio; asimismo, tienen funciones de consulta, promoci�n y gestor�a, de coadyuvancia para la elaboraci�n y ejecuci�n de planes y programas municipales e inclusive pueden ser autorizados por el presidente municipal para la recepci�n de aportaciones econ�micas realizadas por la comunidad para la realizaci�n de sus fines sociales.

    Resulta conveniente destacar que, como se ha dejado sentado con anterioridad, con la reforma constitucional realizada al art�culo 115 en el a�o de mil novecientos noventa y nueve, al Ayuntamiento se le otorg� la facultad de auto-organizarse y regular las materias de su competencia, como lo es la participaci�n ciudadana, a trav�s de disposiciones de car�cter general, y se le reconoci� el car�cter de �rgano de Gobierno del Municipio.

    En efecto, de la lectura del dictamen de la C.�n de Gobernaci�n y Puntos C.onales de la C�mara de Diputados, se desprende lo siguiente:

    Se deja a salvo para cada Ayuntamiento decidir, a trav�s de disposiciones reglamentarias, formas y procedimientos de participaci�n ciudadana y vecinal. La ley, s�lo contemplar� los principios generales en este rubro."

    En esta tesitura, siendo las actividades del consejo una cuesti�n de participaci�n ciudadana que ata�e al Ayuntamiento y las formas de relacionarse con su poblaci�n, es dable concluir que la regulaci�n de estos aspectos corresponde a cada Ayuntamiento.

    Por otra parte, si bien de conformidad con el dictamen de la C.�n de Gobernaci�n y Puntos C.onales de la C�mara de Diputados, las legislaturas s�lo pueden establecer los principios generales en esta materia, ello no es �bice para que dichos �rganos legislativos emitan normas detalladas sobre el tema, en la inteligencia de que las mismas s�lo aplicar�n de manera supletoria, es decir, ante la ausencia del reglamento municipal.

    Ciertamente, la regulaci�n de Consejos de Colaboraci�n M. no puede considerarse inconstitucional en s� misma, puesto que de una interpretaci�n conforme con el art�culo 115, fracci�n II, inciso e), de la C.�n F., podemos afirmar que estamos ante el caso de una norma que opera en ausencia de reglamento dictado por el Ayuntamiento, lo que trae por consecuencia que si �ste no regula a trav�s de sus propias normas de car�cter general los �rganos encargados de asegurar la participaci�n ciudadana, puede crear dichos entes invocando los preceptos que ahora se impugnan, sin que, por otra parte, el contenido de esta norma los obligue a regular forzosamente la existencia de dichos consejos, pues �nicamente es un marco jur�dico m�nimo que permitir� al Ayuntamiento cumplir con sus funciones de gobierno.

    Atento a lo anterior, debe decirse que la actora parte de una premisa incorrecta al sostener que los preceptos reclamados la obligan a crear los Consejos de Colaboraci�n M. y a sujetarse al r�gimen previsto en la ley relativo a la participaci�n ciudadana pues, como qued� se�alado, la regulaci�n de los mismos constituye una norma por ausencia de reglamento y, por tanto, la adopci�n de este r�gimen es alternativo para el Cabildo, teniendo la posibilidad en cualquier momento de expedir la norma reglamentaria que regule las cuestiones de participaci�n ciudadana y a los �rganos encargados de ella, raz�n por la cual el argumento relativo debe considerarse infundado.

  142. Del patrimonio y la hacienda p�blica municipal.

    La parte actora se�ala que el art�culo 88 de la ley impugnada es violatorio del art�culo 115 constitucional, toda vez que invade la esfera de competencia de los Municipios al transgredir la facultad que tienen los Ayuntamientos para autogobernarse y para desarrollar esta funci�n de manera exclusiva.

    El art�culo impugnado es del tenor literal siguiente:

    Art�culo 88. Los bienes de dominio p�blico, son inalienables, imprescriptibles e inembargables y no est�n sujetos a acci�n reivindicatoria o de posesi�n definitiva o provisional, mientras no var�e su situaci�n jur�dica.

    Los bienes de dominio privado, podr�n ser enajenados mediante acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, previo aval�o que presente la Unidad de Obras P�blicas, en t�rminos de lo previsto por la Ley de Bienes del Estado de H.."

    Por cuanto se refiere al primer p�rrafo, tenemos que es una norma derivada de la fracci�n II, primer p�rrafo, del art�culo 115 de la C.�n F., que indica:

    Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

    ...

  143. Los Municipios estar�n investidos de personalidad jur�dica y manejar�n su patrimonio conforme a la ley."

    Ciertamente, en t�rminos de la norma constitucional citada, corresponde a las Legislaturas Locales la determinaci�n del r�gimen patrimonial de los bienes del Municipio; sin embargo, no podr� intervenir en la administraci�n y decisiones que el Ayuntamiento tome con respecto al destino de esos bienes, pues la C.�n limita sus atribuciones en el inciso b) de la fracci�n II del art�culo 115, que circunscribe el objeto de las leyes, en materia municipal, al establecimiento de los casos en los que se requiera la votaci�n de las dos terceras partes del Ayuntamiento para la afectaci�n del patrimonio inmobiliario municipal.

    En efecto, en el dictamen de la C.�n de Gobernaci�n y Puntos C.onales de la C�mara de Diputados en el punto 4.2.2 se se�al� lo siguiente:

    En el inciso b), se establece que la ley deber� prever el requisito de mayor�a calificada de los miembros de un Ayuntamiento en las decisiones relativas a la afectaci�n de su patrimonio inmobiliario y la firma de convenios que por su trascendencia lo requieran; sin embargo, en dichas decisiones la Legislatura Estatal ya no intervendr� en la toma de la decisi�n a los Ayuntamientos."

    Ahora bien, por cuanto se refiere al segundo p�rrafo del precepto en estudio, mismo que establece la necesidad de una votaci�n calificada para la enajenaci�n de los bienes de dominio privado, debe realizarse una interpretaci�n conforme con el inciso b) de la fracci�n II del art�culo 115 constitucional, en virtud de que �sta se refiere a que la legislatura podr� establecer que se requiera la mayor�a calificada de los miembros del Cabildo �nicamente trat�ndose de la afectaci�n de bienes inmuebles.

    En consecuencia, el segundo p�rrafo del presente art�culo debe interpretarse en el sentido de que al referirse a bienes de dominio privado, lo hace �nicamente respecto a los inmuebles.

    Bajo este tenor, y toda vez que la norma que se impugna es conforme con la C.�n F., el concepto de invalidez respectivo deviene en infundado.

  144. De la Secretar�a General M..

    En otro de sus conceptos de invalidez, el actor reclama de inconstitucionales los art�culos 91, 92, 93 y 94, toda vez que considera que el legislador local carece de facultades para emitir normas que organicen el funcionamiento de la administraci�n p�blica de los Ayuntamientos, oblig�ndolos a contar con un secretario general municipal y a adoptar su regulaci�n.

    En primer t�rmino, se procede al an�lisis del art�culo 91 de la ley impugnada, que establece lo siguiente:

    Art�culo 91. En cada Ayuntamiento, para auxiliar en sus funciones al presidente municipal, se tendr� una Secretar�a General M..

    La Secretar�a General M., estar� encomendada a un secretario que no ser� miembro del Ayuntamiento y su designaci�n la har� el presidente municipal."

    Al respecto, resulta pertinente se�alar que si bien es cierto que el precepto anterior establece al secretario general municipal como un �rgano auxiliar del presidente municipal, de la lectura conjunta del cap�tulo relativo a dicha figura, se puede desprender que el secretario no solamente auxilia al presidente municipal en lo individual, sino que en realidad es un auxiliar indispensable del Ayuntamiento como �rgano colegiado, que permite el funcionamiento regular del mismo.

    En efecto, espec�ficamente, el art�culo 93 de la Ley Org�nica M. del Estado de H. dispone:

    Art�culo 93. Son facultades y obligaciones del secretario general municipal:

  145. Tener a su cargo el cuidado y direcci�n de la oficina y el Archivo del Ayuntamiento;

  146. Controlar la correspondencia oficial y dar cuenta diaria de los asuntos al presidente para acordar el tr�mite;

  147. Estar presente en todas las sesiones del Ayuntamiento con voz informativa;

  148. Expedir las copias, credenciales y dem�s certificaciones y documentos que acuerde el presidente municipal;

  149. Refrendar con su firma todos los documentos oficiales emanados del presidente municipal;

    VI.F. y presentar al presidente municipal, relaci�n mensual de expedientes que se hayan resuelto en dicho lapso en la presidencia o se encuentren pendientes de resoluci�n, con menci�n sucinta del asunto en cada caso;

  150. Con la intervenci�n del s�ndico, elaborar el inventario general y registro en libros especiales de los bienes muebles e inmuebles, propiedad del Municipio, de dominio p�blico y de dominio privado, expresando todos los datos de identificaci�n, valor y destino de los mismos;

  151. Formar y conservar actualizada una colecci�n de leyes, decretos, reglamentos, circulares, P.�dico Oficial del Gobierno del Estado, y en general de todas las disposiciones legales de aplicaci�n en el Municipio y en el Estado;

  152. Desempe�ar la funci�n de secretario de la Junta M. de Reclutamiento;

    X.S. las faltas del presidente municipal, en los t�rminos de esta ley;

  153. Distribuir entre los empleados de la secretar�a a su cargo, las labores que deban desempe�ar;

  154. Desempe�ar los cargos y comisiones oficiales, que le confiere el presidente;

    XIII.C. que los empleados municipales, concurran a las horas de despacho y que desempe�en sus labores con prontitud, exactitud y eficacia;

  155. Cumplir y hacer cumplir en la esfera de su competencia, los bandos de gobierno y de polic�a, el Reglamento Interior de la Administraci�n y los Reglamentos de Seguridad P�blica y Tr�nsito M., el de Protecci�n Civil y todas las normas legales establecidas y los asuntos que le encomiende el presidente municipal, para la conservaci�n del orden, la protecci�n de la poblaci�n y el pronto y eficaz despacho de los asuntos administrativos municipales y

    XV.C. ante el Ayuntamiento, cuando se le requiera.

    Para el desempe�o de sus funciones y el desahogo de los asuntos legales, el secretario general municipal, estar� asistido de una unidad t�cnica jur�dica a cargo de un profesionista o pasante de la licenciatura en derecho, que acredite satisfactoriamente sus estudios y cuyo nombramiento deber� ser autorizado por la mayor�a de los integrantes del Ayuntamiento."

    Como se puede apreciar, entre las funciones que corresponde realizar a la Secretar�a General del Municipio, como �rgano auxiliar del Ayuntamiento, est�n el asistir a todas las sesiones del Ayuntamiento con voz informativa, tener a su cargo el cuidado y direcci�n de la oficina y el archivo del Ayuntamiento, elaborar el inventario general y registro de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, de dominio p�blico y de dominio privado y controlar la correspondencia oficial y dar cuenta con ella para que se defina el tr�mite correspondiente, entre otras, es decir, la Secretar�a General del Ayuntamiento auxilia al �rgano colegiado para realizar la organizaci�n de las sesiones y el archivo respectivo, as� como la distribuci�n de la informaci�n que resulta indispensable para que el Ayuntamiento pueda realizar sus funciones.

    Sentado lo anterior, resulta procedente determinar si la existencia de una secretar�a general del Ayuntamiento constituye una base general de administraci�n, inserta dentro del concepto de leyes en materia municipal al que alude la fracci�n II del art�culo 115 de la C.�n F., o bien, constituye una cuesti�n de auto-organizaci�n del propio Ayuntamiento y, por ende, su regulaci�n debe realizarse por medio de la reglamentaci�n municipal correspondiente.

    Para tal efecto, resulta conveniente tener en cuenta que el Ayuntamiento es definido constitucionalmente por el art�culo 115, fracci�n I, como un �rgano colegiado que ejerce de manera exclusiva el Gobierno del Municipio.

    Asimismo, podemos afirmar que el sistema de Gobierno del Municipio mexicano por v�a del Ayuntamiento, se encuadra en el modelo de comisi�n, si bien de car�cter impropia. Ciertamente el art�culo 115 constitucional atribuye las facultades gubernativas y de administraci�n a un �rgano colegiado denominado Ayuntamiento. Sin embargo, se puede sostener que nuestro sistema de comisi�n es impropia o indirecta porque, contrariamente a lo que es considerado como una comisi�n pura, los comisionados o miembros del Ayuntamiento tienen funciones espec�ficas y distintas y, por tanto, no se trata de una comisi�n cl�sica.

    Por otro lado, nuestro sistema de Ayuntamiento no cumple con el modelo te�rico de �rganos duales "alcalde-consejo", pues no existe una divisi�n del Ejecutivo con el �rgano deliberante, es decir, el presidente municipal forma parte del �rgano deliberante, lo preside y frecuentemente tiene, inclusive, voto de calidad. Por su parte, los regidores al ser los integrantes sustantivos del consejo deliberante desempe�an m�ltiples tareas y actividades administrativas e inclusive ejecutivas.

    Ahora bien, la concurrencia de una pluralidad de personas f�sicas que asumen la titularidad de los �rganos colegiados, obliga a la existencia normativa de un procedimiento formalizado a trav�s del cual la diversidad de voluntades de aqu�llas se integren en una sola voluntad colegiada.

    En este tenor, la Secretar�a General del Ayuntamiento es consustancial a su naturaleza colegiada, dado que dicho �rgano necesita de un auxiliar que facilite la labor del Ayuntamiento, dot�ndole de la informaci�n necesaria para la toma de decisiones, que brinde seguridad jur�dica a los gobernados, al tener el car�cter de fedatario p�blico de los actos del Ayuntamiento, que levante las actas respectivas y adem�s comparezca y d� cuenta con los asuntos relativos de la orden del d�a, etc�tera.

    Atento a lo anterior, debe decirse que los art�culos 91, primer p�rrafo y 93, a excepci�n de su �ltimo p�rrafo, constituyen bases generales de la administraci�n p�blica insertas dentro del objeto de las leyes en materia municipal, que encuentran su fundamento en la fracci�n II del art�culo 115 de la C.�n F., raz�n por la cual no pueden considerarse invasores de la competencia municipal, por lo que el concepto de invalidez respectivo debe considerarse infundado.

    Ahora bien, resta contestar lo relativo a los art�culos 91, �ltimo p�rrafo, 92, 93, �ltimo p�rrafo y 94, que son del tenor literal siguiente:

    Art�culo 91. ...

    La Secretar�a General M., estar� encomendada a un secretario que no ser� miembro del Ayuntamiento y su designaci�n la har� el presidente municipal."

    Art�culo 92. Para ser secretario general municipal, se requiere:

    I.S. hidalguense en pleno uso de sus derechos pol�ticos y civiles;

    II.S. vecino del Municipio, con residencia efectiva por lo menos de un a�o;

  156. Tener la formaci�n acad�mica o experiencia administrativa necesaria, as� como capacidad y honestidad reconocidas;

  157. Ser de reconocida honorabilidad;

  158. No haber sido condenado en proceso penal, por delito intencional y

  159. No ser ministro de ning�n culto religioso."

    Art�culo 93. Son facultades y obligaciones del secretario general municipal:

    ...

    Para el desempe�o de sus funciones y el desahogo de los asuntos legales, el secretario general municipal, estar� asistido de una unidad t�cnica jur�dica a cargo de un profesionista o pasante de la licenciatura en derecho, que acredite satisfactoriamente sus estudios y cuyo nombramiento deber� ser autorizado por la mayor�a de los integrantes del Ayuntamiento."

    Art�culo 94. El secretario general municipal, ser� suplido por la persona que designe el presidente municipal."

    Como qued� precisado con anterioridad, la regulaci�n de la existencia de las facultades de la Secretar�a General del Ayuntamiento debe considerarse una base general de la administraci�n p�blica municipal; sin embargo, lo relativo a los requisitos a cumplir para asumir la titularidad del cargo, la forma de designaci�n de �ste y su r�gimen de suplencia, as� como los �rganos t�cnicos necesarios para su funcionamiento, regulados en los art�culos citados, por ser cuestiones relativas a la auto-organizaci�n del Ayuntamiento, deben considerarse normas aplicables supletoriamente ante la ausencia del reglamento, pues la norma debe ser flexible para adaptarse a la realidad de cada Municipio.

    En este tenor, el concepto de invalidez tambi�n resulta infundado, puesto que la vigencia de estas normas estar� sujeta a la emisi�n por parte del Ayuntamiento del reglamento que se haga cargo de dichas cuestiones.

  160. De la Tesorer�a M..

    Se procede ahora a estudiar el tema relativo a la Tesorer�a M., regulada en el t�tulo sexto, "R�gimen administrativo", cap�tulo segundo, "De la Tesorer�a M.", cuyos art�culos 95, 96, 97 y 98 son impugnados por el Municipio actor, por estimar que el Congreso del Estado no tiene facultades para aprobar normas que obliguen a los Ayuntamientos a que exista un �rgano denominado Tesorer�a M. que intervenga en la administraci�n del erario, ni regular sus funciones.

    Para abordar este concepto de invalidez, resulta conveniente analizar individualmente algunos supuestos de los art�culos antes referidos, sin que ello deje de lado su an�lisis sistem�tico, a fin de determinar si su establecimiento por parte de la Legislatura Estatal invade o no la esfera competencial del Ayuntamiento.

    Disponen los art�culos 95, primer p�rrafo, 97, primero y segundo p�rrafos y 98 de la ley impugnada lo siguiente:

    Art�culo 95. La Tesorer�a M., es el �nico �rgano de recaudaci�n de los recursos financieros municipales, con las excepciones expresamente se�aladas por la ley."

    Art�culo 97. Los tesoreros municipales, tomar�n posesi�n de su cargo, previo el corte de caja y auditor�a que se practique, el cual ser� revisado por el presidente municipal y el s�ndico del Ayuntamiento y firmado por quien entregue y por quien reciba la Tesorer�a M.. En la misma diligencia, se entregar�n y recibir�n, respectivamente y por inventario, el archivo, los muebles, los �tiles de la dependencia, los libros de registro anotados al d�a y la relaci�n de deudores de todos los ramos de ingresos, as� como la relaci�n de obras en proceso, considerando el avance fisco (sic) y financiero.

    El acta, la auditor�a, los cortes de caja e inventarios que con tal motivo se levanten, se formular�n por quintuplicado, para distribuir los respectivos ejemplares en la siguiente forma: archivo de la tesorer�a, uno a las personas que entreguen, uno al tesorero que reciba, uno al presidente municipal y uno al s�ndico."

    Art�culo 98. El tesorero municipal, tendr� como facultades y obligaciones, las siguientes:

    I.V., por s� mismo o por medio de sus subalternos, la recaudaci�n de las contribuciones y toda clase de ingresos municipales, cobrar los cr�ditos que correspondan a la administraci�n p�blica municipal, de acuerdo con las disposiciones legales;

    II.C., que se haga con puntualidad el cobro de los cr�ditos fiscales municipales, con exactitud las liquidaciones, con prontitud el despacho de los asuntos de su competencia, en orden y debida comprobaci�n las cuentas de ingresos y egresos;

  161. Tener al d�a los libros de caja, diario, cuentas corrientes y los auxiliares y de registro que sean necesarios para la debida comprobaci�n de los ingresos y egresos;

  162. Llevar, por s� mismo, la caja de la tesorer�a, cuyos valores estar�n siempre bajo su inmediato cuidado y exclusiva responsabilidad;

    V.A. el cobro de los adeudos a favor del Municipio, con la debida eficiencia y cuidar que los rezagos no aumenten;

  163. Proporcionar oportunamente al Ayuntamiento, todos los datos e informes que sean necesarios para la formulaci�n del proyecto de Ley de Ingresos M.es y del presupuesto de egresos, as� como vigilar que dichos ordenamientos se ajusten a las disposiciones de esta ley;

    VII.V., que las multas impuestas por las autoridades municipales, ingresen a la Tesorer�a M.;

  164. Solicitar se hagan a la Tesorer�a M., visitas de inspecci�n o auditor�a;

  165. Glosar oportunamente las cuentas del Ayuntamiento;

  166. Proponer al Ayuntamiento, las medidas o disposiciones que tiendan a sanear y aumentar la hacienda p�blica del Municipio;

  167. Dar pronto y exacto cumplimiento a los acuerdos, �rdenes y disposiciones del Ayuntamiento y del presidente municipal, que le sean comunicados en los t�rminos de esta ley.

    Cuando el Ayuntamiento o el presidente municipal, ordene alg�n gasto que no re�na los requisitos legales, el tesorero se abstendr� de pagarlo, fundando y motivando por escrito su abstenci�n. Si aqu�llos insistieren en la orden, tambi�n por escrito, el tesorero har� el pago bajo la responsabilidad del que dicte dicha orden;

  168. Realizar junto con el s�ndico, las gestiones oportunas en los asuntos en que tenga inter�s el erario municipal;

  169. Remitir a la Contadur�a M. de Hacienda del Congreso del Estado, las cuentas, informes contables y financieros mensuales dentro de los primeros quince d�as del mes siguiente;

  170. Presentar mensualmente al Ayuntamiento, el corte de caja de la Tesorer�a M. con el visto bueno del s�ndico;

  171. Contestar oportunamente, las observaciones que haga la Contadur�a M. de Hacienda del Congreso del Estado, en los t�rminos de la ley respectiva;

    XVI.C. que el despacho de la oficina, se haga el d�a y hora fijada por el reglamento interior o se�alados por el Ayuntamiento o el presidente municipal;

  172. Comunicar al presidente municipal, las faltas oficiales en que incurran los empleados de su dependencia;

    XVIII.C. bajo su responsabilidad el estado y conservaci�n de inmuebles, muebles, archivos, mobiliario, equipo de oficina, de c�mputo y parque vehicular;

  173. Expedir copias certificadas de los documentos a su cuidado, en los t�rminos y condiciones que se�ale el acuerdo expreso del Ayuntamiento, o del presidente municipal;

  174. Informar oportunamente al Ayuntamiento y al presidente municipal, sobre las partidas que est�n pr�ximas a agotarse, para los efectos que procedan;

  175. Realizar el padr�n de contribuyentes municipales;

  176. Informar al Ayuntamiento y al presidente municipal, de los datos que le pidan y respecto de los arbitrios que tienen;

  177. Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando sea requerido;

  178. Practicar, diariamente, corte de caja de primera operaci�n en el libro respectivo e informar al presidente municipal;

  179. Emplear la facultad econ�mico coactiva, para hacer efectivo los cr�ditos fiscales y

  180. Las dem�s que le asignen las leyes y reglamentos."

    Los art�culos anteriores establecen a la Tesorer�a M. como �rgano encargado de administrar la hacienda p�blica municipal, tambi�n disponen las formalidades con las cuales debe llevarse a cabo la toma de posesi�n del cargo y la entrega-recepci�n de los bienes a cargo de la tesorer�a, as� como las diversas facultades del tesorero municipal.

    El establecimiento de la Tesorer�a M. no puede considerarse invasor de la esfera competencial del Ayuntamiento, pues si bien es cierto que en t�rminos del art�culo 115, fracci�n II, �ste tiene la facultad de dictar normas reglamentarias para auto-organizarse, tambi�n lo es que la legislatura tiene facultades para dictar las bases generales de la administraci�n p�blica municipal, insertas dentro del objeto de las leyes en materia municipal al que alude la fracci�n citada.

    Como se ha expuesto con anterioridad, las bases generales de la administraci�n p�blica municipal constituyen un cat�logo de normas m�nimas tendentes a proporcionar un marco normativo que permita el funcionamiento regular del Ayuntamiento, sin intervenir en las cuestiones espec�ficas de cada Municipio.

    Ahora bien, la obligaci�n de contar con una dependencia encargada de las finanzas municipales o una tesorer�a y la regulaci�n de las facultades del tesorero, derivan de que la propia C.�n F. confiere, en las fracciones II y IV del art�culo 115 de la C.�n F., al Municipio un patrimonio propio, as� como la garant�a de la libre administraci�n de su hacienda p�blica, para lo cual es indispensable la existencia de un �rgano responsable del manejo de las finanzas municipales, con el cual tanto los poderes p�blicos como los particulares puedan relacionarse jur�dicamente y as� brindar seguridad en todo lo que respecta al manejo del erario, raz�n por la cual su previsi�n en la ley municipal, debe considerarse una norma de administraci�n que asegura el funcionamiento regular del Ayuntamiento, por lo que es dable considerarla como una base general de administraci�n p�blica, derivada de la fracci�n II, inciso a), del art�culo 115 constitucional, inserta en el concepto de leyes en materia municipal.

    Lo mismo debe aplicarse a las facultades de la tesorer�a, pues como se desprende de su lectura, ellas tienen por objetivo la salvaguarda y correcta administraci�n de las finanzas p�blicas municipales, tanto en lo referente a la percepci�n de los ingresos, es decir, los actos tendentes a la administraci�n tributaria como son la elaboraci�n del padr�n de contribuyentes, el cobro de tributos y el empleo de la facultad econ�mico coactiva, como en la emisi�n de los egresos, como son las normas relativas a la administraci�n de la caja de la tesorer�a y sus respectivos cortes y, por �ltimo, lo relativo al control de la cuenta p�blica y a su env�o a la Contadur�a M. de Hacienda del Congreso del Estado, as� como la contestaci�n de informes requeridos por �sta.

    Bajo este tenor, estas normas son indispensables para el buen funcionamiento de las finanzas p�blicas municipales y para que el manejo de la hacienda p�blica se realice de manera transparente, lo cual trasciende a su relaci�n con los poderes del Estado y con sus gobernados, brindando seguridad jur�dica respecto del manejo municipal, raz�n por la cual las normas que se prev�n en el art�culo 98 de la ley impugnada deben considerarse tambi�n bases generales de administraci�n.

    Por �ltimo, en cuanto a las formalidades con las cuales debe llevarse a cabo la toma de posesi�n del cargo y la entrega-recepci�n de los bienes a cargo de la Tesorer�a M., previstas en el primer p�rrafo del art�culo 97 que se analiza, debe decirse que �stas igualmente deben ser consideradas como bases generales de la administraci�n p�blica municipal insertas en el objeto de las leyes estatales en materia municipal, toda vez que resulta indispensable para efectos de generar seguridad jur�dica en cuanto al manejo del Gobierno del Ayuntamiento, el hecho de que exista claridad y transparencia en el procedimiento de entrega-recepci�n de sus finanzas, adem�s de que facilita la revisi�n de la cuenta p�blica y del manejo de la hacienda municipal.

    En esta tesitura, no puede considerarse invasor de la esfera competencial del Ayuntamiento el hecho de que la Legislatura Estatal, a fin de generar seguridad jur�dica, establezca un procedimiento determinado para la entrega-recepci�n de las finanzas municipales, pues en aras de la transparencia y de la fiscalizaci�n de la cuenta p�blica, �ste debe considerarse una base general de administraci�n, que encuentra fundamento en la fracci�n II, inciso a), del art�culo 115 de la C.�n F., raz�n por la que el respectivo argumento de invalidez tambi�n debe considerarse infundado.

    Resulta procedente ahora analizar los art�culos 95, �ltimo p�rrafo, 96 y 97, �ltimo p�rrafo, que establecen la forma de designaci�n del tesorero, los requisitos para la ocupaci�n del cargo, as� como el establecimiento de una unidad t�cnica de apoyo a dicho funcionario, respecto de los cuales el Municipio actor argumenta que la Legislatura Estatal no tiene facultades para aprobar normas que obliguen a los Ayuntamientos a regular las funciones de la tesorer�a municipal.

    El art�culo 95 de la ley impugnada dispone en su �ltimo p�rrafo:

    Art�culo 95. ... Esta dependencia, estar� a cargo de un tesorero municipal que ser� designado por el presidente."

    En relaci�n al p�rrafo antes transcrito, que establece que la tesorer�a estar� a cargo de un tesorero municipal que ser� designado por el presidente del Ayuntamiento, debe decirse que se trata de una norma por ausencia de reglamento, en t�rminos del art�culo 115, fracci�n II, inciso e), constitucional, en virtud de que es al Ayuntamiento, como �rgano colegiado, a quien le corresponde determinar si ser� �ste quien nombrar� al tesorero o bien, si delega esa funci�n en alg�n otro miembro del Cabildo o a trav�s del sistema que el propio �rgano de Gobierno M. decida, pues �sta es una cuesti�n de auto-organizaci�n que es propia del funcionamiento interno del Ayuntamiento; sin embargo, ante la ausencia de norma reglamentaria emitida por el Cabildo, se podr� acudir a este supuesto para proceder al nombramiento del tesorero.

    Atento a lo anterior, debe decirse que la actora parte de una premisa incorrecta al sostener que el �ltimo p�rrafo del art�culo 95 le obliga indefectiblemente a nombrar al funcionario encargado de las finanzas p�blicas a trav�s del presidente municipal, pues como qued� se�alado, el nombramiento de dicho funcionario es una norma por ausencia de reglamento y, por tanto, opcional para el Cabildo, en tanto �ste tiene la posibilidad de emitir la norma reglamentaria correspondiente, raz�n por la cual el argumento relativo debe considerarse infundado.

    Por su parte, el art�culo 96 establece los requisitos para ser tesorero municipal, que son los siguientes:

    Art�culo 96. Para ser tesorero municipal, se requiere:

    I.S. ciudadano en pleno goce de sus derechos pol�ticos y civiles;

  181. Tener conocimiento y la capacidad t�cnica suficiente para desempe�ar el cargo;

    III.S. de reconocida honorabilidad y honradez;

  182. No haber sido condenado por delitos intencionales;

    V.C. el manejo de los fondos y cumplir con los requisitos que se�alen otras leyes protectoras de la hacienda municipal y

  183. No ser ministro de alg�n culto religioso."

    Por lo que respecta a los requisitos para ser tesorero, los Ministros de la minor�a consideramos que se trata de una norma por ausencia de reglamento, en t�rminos del art�culo 115, fracci�n II, inciso e), constitucional, en virtud de que es al Ayuntamiento, como �rgano colegiado encargado del Gobierno del Municipio, a quien le corresponde determinar los requisitos para acceder al cargo de tesorero, pues �sta es una cuesti�n de auto-organizaci�n que es propia del funcionamiento interno del Ayuntamiento y �ste cuenta con la libertad normativa necesaria para adaptarse, a trav�s de sus normas reglamentarias, a su propia realidad; sin embargo, ante la ausencia de norma reglamentaria emitida por el Cabildo, se podr� acudir a este supuesto para proceder al nombramiento del tesorero, raz�n por la cual el argumento relativo debe considerarse infundado.

    Por �ltimo, el art�culo 97, tercer p�rrafo, de la ley reclamada dispone:

    Art�culo 97. ... Para el desempe�o de sus funciones, el tesorero municipal estar� asistido por una unidad t�cnica de finanzas y contabilidad, cuya responsabilidad deber� recaer en un profesionista o pasante de las carreras de econom�a, administraci�n o contadur�a, que acredite satisfactoriamente sus estudios, cuyo nombramiento deber� ser autorizado por la mayor�a de los integrantes del Ayuntamiento; el responsable del �rea referida, refrendar� con su firma los documentos oficiales suscritos por el titular de la Tesorer�a M.."

    En cuanto a la creaci�n de una unidad t�cnica que apoye en sus funciones al tesorero municipal, en t�rminos del p�rrafo antes transcrito, igualmente debe ser considerada como una norma por ausencia de reglamento, en t�rminos del art�culo 115, fracci�n II, inciso e), constitucional, en virtud de que es al Ayuntamiento, como �rgano colegiado encargado del Gobierno del Municipio, a quien le corresponde determinar la necesidad de creaci�n de �rganos t�cnicos que coadyuven al cumplimiento de las funciones de la Tesorer�a M., pues �sta es una cuesti�n de auto-organizaci�n que es propia del funcionamiento interno del Ayuntamiento, estando sujeta a la realidad del Municipio, pues habr� Municipios con una administraci�n p�blica compleja que requieran el establecimiento de este tipo de unidades y otros Municipios m�s peque�os que no requieran de la creaci�n de estos �rganos, raz�n por la cual, deben considerarse normas aplicables supletoriamente ante la ausencia del reglamento, pues al ser una cuesti�n que ata�e a la auto-organizaci�n del Ayuntamiento debe existir la flexibilidad que permite la norma reglamentaria para que cada Municipio tenga una regulaci�n acorde con su realidad.

    Consecuentemente, el concepto de invalidez tambi�n resulta infundado, puesto que la vigencia de estas normas estar� sujeta a la emisi�n por parte del Ayuntamiento del reglamento que se haga cargo de dichas cuestiones.

  184. Inspecci�n de la hacienda p�blica municipal.

    El Municipio actor se�ala en su concepto de invalidez, que las disposiciones relativas a la inspecci�n de la hacienda p�blica municipal invaden la esfera de competencias del Ayuntamiento, puesto que se refiere a cuestiones de organizaci�n del Municipio que le corresponde regular a cada uno.

    A fin de poder dar contestaci�n al concepto de invalidez antes rese�ado, resulta indispensable acudir al texto de los preceptos espec�ficos.

    Art�culo 99. La inspecci�n de la hacienda p�blica municipal, compete al Ayuntamiento, por conducto del s�ndico, en los t�rminos de esta ley, o a la Contadur�a M. de Hacienda del Congreso del Estado, cuando el Ejecutivo del mismo, sea aval de empr�stitos o cr�ditos concedidos a los Ayuntamientos o sea acreedor de �stos �ltimos.

    El Congreso del Estado o la Diputaci�n Permanente, podr�n en cualquier tiempo, solicitar a la Contadur�a M. de Hacienda, la pr�ctica de visita de inspecci�n, supervisi�n o auditor�a."

    Art�culo 100. La inspecci�n de la hacienda p�blica municipal, se contraer� a lo siguiente:

    I.E. si la contabilidad se lleva en forma adecuada, legal y t�cnicamente y si se encuentra al corriente;

  185. Averiguar si se defraudan los intereses del erario municipal y las causas de que no se recaude lo que corresponde, y confrontar en la tesorer�a las partidas de entrada con los recibos que se hayan expedido a los contribuyentes y cotejarlos con los comprobantes formulados al efecto, por la presidencia municipal;

  186. Conocer el monto de los rezagos y los motivos por los cuales no se hicieron oportunamente los cobros y exigir que se hagan desde luego con las medidas de apremio que marca la ley;

  187. Investigar si tanto el tesorero como sus empleados, cumplen con sus obligaciones y atienden al p�blico con la debida diligencia;

  188. Examinar si se han cometido irregularidades en perjuicio del fisco municipal o de los contribuyentes y en su caso, se�alar a los responsables;

  189. Revisar el archivo de la tesorer�a, cercior�ndose de que los expedientes se encuentren en orden y la correspondencia al corriente;

  190. Observar el Estado que guardan los muebles, �tiles y enseres de la oficina;

  191. Tomar las medidas necesarias, para el aseguramiento de bienes en los casos de fraude al erario municipal, en tanto se hace la consignaci�n correspondiente;

  192. Examinar y hacer constar:

    1. Si hay raspaduras, enmendaduras o notas entre renglones en los asientos;

    2. Si los libros est�n autorizados y rubricados por quien corresponda;

    3. Si en las operaciones aritm�ticas y contables hay errores;

    4. Si los asientos de los diversos libros de la tesorer�a, concuerdan entre s�;

    5. Si los comprobantes del d�bito, justifican las respectivas partidas; si se cobraron impuestos que las leyes no autorizan y si se hicieron gastos que no est�n debidamente comprobados;

    6. Si los pagos se hicieron con puntualidad o hay alg�n adelanto o atraso en ellos y si las adquisiciones se hicieron de conformidad con la ley de la materia y

    7. Si los asientos se llevan al corriente.

  193. Las dem�s facultades que, en relaci�n con la hacienda municipal, sean conferidas a la propia Contadur�a M. de Hacienda del Congreso del Estado, en la ley org�nica respectiva."

    Art�culo 101. Se concede acci�n popular, para denunciar ante el Ayuntamiento o el presidente municipal, la malversaci�n de fondos municipales y cualquier otro hecho que se estime en contra de la hacienda municipal."

    Los art�culos transcritos establecen dos tipos de control de la hacienda p�blica municipal, un control interno por parte del s�ndico y un control externo por parte del Congreso del Estado, a trav�s de la Contadur�a M. de Hacienda.

    El primer p�rrafo del art�culo 99 de la ley impugnada, en cuanto establece que la inspecci�n de la hacienda municipal que realiza el Ayuntamiento debe efectuarse por el s�ndico, debe ser considerado como una base general de la administraci�n p�blica municipal de las previstas en la fracci�n II, inciso a), del art�culo 115 constitucional, en atenci�n a lo siguiente:

    Por un lado, la norma asigna al s�ndico, como funcionario integrante del Cabildo por disposici�n del art�culo 115, fracci�n I, primer p�rrafo, constitucional, una funci�n de inspecci�n de la hacienda p�blica, que es acorde con la naturaleza de dicho funcionario, como representante jur�dico de los intereses del Ayuntamiento, as� como de vigilante de la hacienda p�blica municipal.

    Por el otro, se trata de una norma que tiende a asegurar la transparencia en el manejo y ejercicio de las finanzas p�blicas, lo cual proporciona seguridad jur�dica a los gobernados.

    Lo anterior denota que lo previsto en el art�culo 99, primer p�rrafo, debe considerarse como una regla integrante del cat�logo de normas m�nimas que tienden a asegurar el funcionamiento regular y transparente del Gobierno del Ayuntamiento.

    Lo antes expuesto es igualmente aplicable al art�culo 101, que establece una acci�n popular para que se denuncie ante el Ayuntamiento o el presidente municipal la malversaci�n de fondos municipales, o cualquier otro hecho que atente contra las finanzas p�blicas del Municipio, pues ello tambi�n contribuye a la transparencia en el ejercicio de aquellas.

    Atento lo anterior, tanto el art�culo 99, primer p�rrafo, como el art�culo 101 reclamados, deben considerarse una base general de la administraci�n p�blica municipal, de las previstas en la fracci�n II, inciso a), del art�culo 115 constitucional y, por tanto, su emisi�n por parte de la Legislatura Estatal no puede considerarse inconstitucional, raz�n por la cual el concepto de invalidez es infundado.

    Por lo que hace a los art�culos 99, �ltimo p�rrafo, y 100 transcritos con antelaci�n, que se refieren a la posibilidad del Congreso del Estado o la Diputaci�n Permanente de solicitar en cualquier momento a la Contadur�a M. de Hacienda, la pr�ctica de visitas de inspecci�n, supervisi�n o auditor�a, as� como a la materia a la que se deber� contraer la inspecci�n de la hacienda municipal, se sostiene que deben ser consideradas como normas que derivan del art�culo 115, fracci�n IV, pen�ltimo p�rrafo, de la C.�n F., atento a lo siguiente.

    El art�culo 115, fracci�n IV, de la C.�n F. establece:

    Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

    ...

  194. Los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

    1. Percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

      Los Municipios podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administraci�n de esas contribuciones.

    2. Las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

    3. Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo.

      (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

      Las leyes federales no limitar�n la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni conceder�n exenciones en relaci�n con las mismas. Las leyes estatales no establecer�n exenciones o subsidios en favor de persona o instituci�n alguna respecto de dichas contribuciones. S�lo estar�n exentos los bienes de dominio p�blico de la Federaci�n, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier t�tulo, para fines administrativos o prop�sitos distintos a los de su objeto p�blico.

      (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

      Los Ayuntamientos, en el �mbito de su competencia, propondr�n a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

      (Adicionado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

      Las Legislaturas de los Estados aprobar�n las Leyes de Ingresos de los Municipios, revisar�n y fiscalizar�n sus cuentas p�blicas. Los presupuestos de egresos ser�n aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.

      (Adicionado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

      Los recursos que integran la hacienda municipal ser�n ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley."

      Del precepto en cita destacan los siguientes elementos:

    4. La libre administraci�n de la hacienda municipal.

    5. La facultad de las Legislaturas Locales para establecer las contribuciones y otros ingresos que han de percibir los Municipios (Leyes de Ingresos).

    6. La facultad de los citados �rganos para fiscalizar las cuentas p�blicas municipales.

    7. La facultad de los Ayuntamientos para aprobar sus presupuestos de egresos.

      As� pues, el citado precepto con claridad faculta a las Legislaturas de los Estados para fiscalizar las cuentas p�blicas de los Ayuntamientos y, por tanto, la reglamentaci�n de dicha facultad debe establecerse en las C.ones y leyes locales.

      Ahora bien, respecto de la facultad que constitucionalmente poseen las Legislaturas Locales para fiscalizar las cuentas p�blicas municipales, debe destacarse lo siguiente:

      El maestro F.T.R.�rez se�ala que:

      ... la cuenta p�blica es un instrumento legal, destinado a comprobar una operaci�n pret�rita ... en un r�gimen efectivamente democr�tico, la revisi�n de la cuenta p�blica debe de significar el juicio cr�tico, imparcial y objetivo, de la obra realizada por el ejecutor del presupuesto, se�al�ndole las deficiencias si las hubiere, principalmente el desbordamiento en gastos no autorizados ..."

      Asimismo, es menester destacar que la reforma de mil novecientos noventa y nueve al art�culo 115 de la C.�n F., agreg� en la fracci�n IV, pen�ltimo p�rrafo, el t�rmino "fiscalizar�n", refiri�ndose a la actuaci�n de la legislatura respecto de la cuenta p�blica municipal. En el Dictamen de la C.�n de Gobernaci�n y Puntos C.onales de la C�mara de Diputados se explic� la raz�n de tal adici�n de la siguiente manera:

      A juicio de la comisi�n suscrita, la incorporaci�n del t�rmino fiscalizaci�n atiende el sentido que anima la reforma constitucional en curso de su art�culo 79, misma que dar�a lugar a la creaci�n de la entidad de fiscalizaci�n superior."

      Cabe hacer notar que el Tribunal P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha considerado que la citada facultad junto con la de aprobaci�n de Leyes de Ingresos y determinaci�n del presupuesto de egresos municipales, tienen entre otras finalidades la de revelar el estado de las finanzas p�blicas, as� como asegurar la realizaci�n transparente de los planes de desarrollo y sus programas, lo cual se logra mediante la verificaci�n de la asignaci�n adecuada de los recursos disponibles, el control, vigilancia y fincamiento de responsabilidades correspondientes. La jurisprudencia a que se alude es la P./J. 72/2000, que deriv� de un caso an�logo y fue publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XII, agosto de 2000, p�gina 964, que a la letra indica:

      CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ART�CULOS 45 Y 58, F.V., DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, QUE FACULTAN AL CONGRESO DE ESA ENTIDAD PARA REVISAR Y CALIFICAR LAS CUENTAS P�BLICAS MUNICIPALES, NO TRANSGREDEN EL ART�CULO 115, FRACCI�N IV, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL. El art�culo 45 de la C.�n Pol�tica del Estado de Tamaulipas que faculta al Congreso Local para examinar las cuentas de recaudaci�n y aplicaci�n de los fondos p�blicos municipales, con el objeto de determinar si las cantidades percibidas y gastadas est�n de acuerdo con las partidas respectivas de los presupuestos; si se actu� de conformidad con las leyes de la materia; si los gastos est�n justificados y si ha lugar a exigir alguna responsabilidad; y el diverso art�culo 58, fracci�n VI, del propio ordenamiento que dispone que corresponde al citado Congreso, por conducto de la Contadur�a M. de Hacienda, realizar la revisi�n y calificaci�n de la cuenta p�blica municipal, no transgreden el art�culo 115, fracci�n IV, de la C.�n F.. Si bien es cierto que conforme a lo dispuesto por este precepto constitucional, las Legislaturas de los Estados tienen la facultad gen�rica de aprobar las leyes de ingresos de los Ayuntamientos y revisar sus cuentas p�blicas, ello es con la finalidad de revelar el Estado de las finanzas p�blicas municipales, as� como asegurar la realizaci�n transparente de los planes municipales de desarrollo y sus programas por medio de la verificaci�n de la asignaci�n adecuada de los recursos disponibles, el control, vigilancia y fincamiento de responsabilidades, por lo que las atribuciones concedidas en los art�culos 45 y 58, fracci�n VI, de la citada C.�n Local, no contrar�an o exceden las conferidas por el precepto de la C.�n F. de referencia."

      En conclusi�n, la C.�n F. establece la facultad en favor de las Legislaturas Estatales de aprobar las Leyes de Ingresos de los Municipios y de revisar las cuentas p�blicas municipales, raz�n por la cual el establecimiento de los procedimientos, las facultades de los �rganos de inspecci�n, as� como la delimitaci�n del objeto de revisi�n, por parte de las Legislaturas de los Estados, no es m�s que el desarrollo de la fracci�n IV, pen�ltimo p�rrafo, del art�culo 115 de la C.�n F. y, consecuentemente, debe ser considerada como una norma derivada de aquella y, por tanto, no pueden ser invasores de la esfera de competencia del Municipio, por lo que los respectivos argumentos de invalidez deben considerarse infundados.

  195. De la contralor�a.

    En diverso concepto de invalidez el Municipio actor se�ala que la Legislatura Estatal invade su esfera de competencias al obligar a los Ayuntamientos a contar con una Contralor�a M..

    Los art�culos 102 y 103 que prev�n lo relativo a la Contralor�a M., se�alan lo siguiente:

    Art�culo 102. En cada Ayuntamiento, habr� una contralor�a que tendr� por objeto la vigilancia y evaluaci�n del desempe�o de las distintas �reas de la administraci�n municipal, para promover la productividad, eficiencia y eficacia, a trav�s de la implantaci�n de sistemas de control interno, adecuado a las circunstancias, as� como vigilar, en su �mbito, el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de Servidores P�blicos."

    Art�culo 103. La contralor�a, tendr� las siguientes facultades y obligaciones:

    I.V. el exacto cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulen las funciones del Ayuntamiento;

    II.V. la observancia de los procedimientos establecidos para el control interno del Ayuntamiento;

    III.V., en su �mbito, el cumplimiento de las normas establecidas por los organismos de control del Estado, como son: la Secretar�a de Contralor�a del Gobierno del Estado de H. y la Contadur�a M. de Hacienda del Congreso del mismo;

  196. Coordinar las auditor�as generales o especiales, que deban realizarse por acuerdo del presidente municipal, en todas las �reas de la administraci�n p�blica municipal;

    V.E. y proponer, conjuntamente con el secretario general municipal, a las diversas dependencias de la administraci�n p�blica municipal, mejoras a los sistemas de administraci�n y control, que se consideren convenientes;

  197. Dar seguimiento a programas de Gobierno M.;

  198. Investigar cualquier situaci�n de orden administrativo, que le solicite el presidente municipal;

  199. R.ir informe de sus actividades al presidente municipal;

  200. Recabar las declaraciones patrimoniales de los servidores p�blicos que deban presentarla, de conformidad con la ley de la materia y

  201. Las dem�s que le se�alen las leyes, reglamentos y acuerdos del Ayuntamiento, e instrucciones del presidente municipal.

    El titular de la Contralor�a, deber� contar con estudios de educaci�n media superior o su equivalente en la rama contable administrativa, como m�nimo, debidamente acreditados ante el Ayuntamiento."

    Los citados preceptos establecen la obligaci�n de que en cada Ayuntamiento exista una contralor�a que se encargue de la vigilancia y evaluaci�n de la administraci�n p�blica municipal, as� como del cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de Servidores P�blicos, adem�s, prev� lo relativo a las facultades y obligaciones de dicho �rgano y su �ltimo p�rrafo establece los requisitos para ocupar el cargo de contralor.

    Ahora bien, el t�tulo cuarto de la C.�n F. aborda lo relativo a las responsabilidades de los servidores p�blicos, facultando en los art�culos 108, 109 y 113 de la misma a que las Legislaturas Locales regulen dicha materia. Los preceptos citados indican:

    (Reformado primer p�rrafo, D.O.F. 22 de agosto de 1996)

    Art�culo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este t�tulo se reputar�n como servidores p�blicos a los representantes de elecci�n popular, a los miembros del Poder Judicial F. y del Poder Judicial del Distrito F., los funcionarios y empleados, y, en general, a toda persona que desempe�e un empleo, cargo o comisi�n de cualquier naturaleza en la administraci�n p�blica federal o en el Distrito F., as� como a los servidores del Instituto F. Electoral, quienes ser�n responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempe�o de sus respectivas funciones.

    (Reformado, D.O.F. 28 de diciembre de 1982)

    El presidente de la Rep�blica, durante el tiempo de su encargo, s�lo podr� ser acusado por traici�n a la patria y delitos graves del orden com�n.

    (Reformado, D.O.F. 31 de diciembre de 1994)

    Los gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, ser�n responsables por violaciones a esta C.�n y a las leyes federales, as� como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

    (Reformado, D.O.F. 28 de diciembre de 1982)

    Las C.ones de los Estados de la Rep�blica precisar�n, en los mismos t�rminos del primer p�rrafo de este art�culo y para los efectos de sus responsabilidades, el car�cter de servidores p�blicos de quienes desempe�en empleo, cargo o comisi�n en los Estados y en los Municipios."

    Art�culo 109. El Congreso de la Uni�n y las Legislaturas de los Estados, dentro de los �mbitos de sus respectivas competencias, expedir�n las leyes de responsabilidades de los servidores p�blicos y las dem�s normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este car�cter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:

  202. Se impondr�n, mediante juicio pol�tico, las sanciones indicadas en el art�culo 110 a los servidores p�blicos se�alados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses p�blicos fundamentales o de su buen despacho.

    No procede el juicio pol�tico por la mera expresi�n de ideas.

  203. La comisi�n de delitos por parte de cualquier servidor p�blico ser� perseguida y sancionada en los t�rminos de la legislaci�n penal; y

  204. Se aplicar�n sanciones administrativas a los servidores p�blicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempe�o de sus empleos, cargos o comisiones.

    Los procedimientos para la aplicaci�n de las sanciones mencionadas se desarrollar�n aut�nomamente. No podr�n imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

    Las leyes determinar�n los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento il�cito a los servidores p�blicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por s� o por interp�sita persona, aumenten sustancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como due�os sobre ellos, cuya procedencia l�cita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionar�n con el decomiso y con la privaci�n de la propiedad de dichos bienes, adem�s de las otras penas que correspondan.

    Cualquier ciudadano, bajo su m�s estricta responsabilidad y mediante la presentaci�n de elementos de prueba, podr� formular denuncia ante la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n respecto de las conductas a las que se refiere el presente art�culo."

    Art�culo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores p�blicos, determinar�n sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempe�o de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, as� como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, adem�s de las que se�alen las leyes, consistir�n en suspensi�n, destituci�n e inhabilitaci�n, as� como en sanciones econ�micas, y deber�n establecerse de acuerdo con los beneficios econ�micos obtenidos por el responsable y con los da�os y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracci�n III del art�culo 109, pero que no podr�n exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los da�os y perjuicios causados.

    (Adicionado, D.O.F. 14 de junio de 2002)

    La responsabilidad del Estado por los da�os que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, ser� objetiva y directa. Los particulares tendr�n derecho a una indemnizaci�n conforme a las bases, l�mites y procedimientos que establezcan las leyes."

    De la lectura de las invocadas disposiciones de la Carta Magna, se advierte, en primer lugar, la intenci�n del Constituyente de regular a ese alto rango la vigilancia de todos los servidores p�blicos a fin de garantizar la transparencia de su conducta en el ejercicio de sus funciones, dejando claramente definida la necesidad de responsabilizarlos mediante los lineamientos generales cuyo desarrollo y especificaci�n encomienda a las C.ones Locales y a las leyes, tanto federales como estatales.

    T.�n se advierte que la C.�n General de la Rep�blica prev�, en los art�culos transcritos, tres distintas formas de responsabilidad: una pol�tica, cuando en el ejercicio de sus funciones, los servidores p�blicos adopten conductas que perjudiquen los intereses p�blicos b�sicos o el buen despacho de los asuntos respectivos; otra de car�cter penal, por los delitos perpetrados por dichos servidores; y una m�s de �ndole administrativa, por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que los servidores p�blicos deben cumplir en sus cargos; estas responsabilidades, como ya se indic�, son reglamentadas en las leyes secundarias, siendo importante destacar para efectos de este asunto, que los funcionarios p�blicos al servicio del Municipio, sin excepci�n, est�n sujetos a dichas responsabilidades pol�ticas, penales y administrativas y, asimismo, que el propio art�culo 108 constitucional ordena a los Constituyentes y Legislaturas Locales la expedici�n de las normas relativas, tanto en relaci�n con los servidores del Estado, como en lo atinente a los de los Municipios.

    En este tenor, si la C.�n F. faculta a las Legislaturas Estatales para regular lo relativo a las responsabilidades p�blicas tanto de los servidores p�blicos del Estado como los de los Municipios, as� como los procedimientos y autoridades encargadas de la aplicaci�n de estas normas, es claro que se trata del desarrollo de los art�culos 108, 109 y 113 de la C.�n F. y, consecuentemente, la creaci�n de la contralor�a y el establecimiento de sus facultades deben ser consideradas como normas derivadas de aqu�lla, a excepci�n del �ltimo p�rrafo del art�culo 103 y, por tanto, no pueden ser invasoras de la esfera de competencia del Municipio, por lo que los respectivos argumentos de invalidez deben considerarse infundados.

    Resulta aplicable, por analog�a, la jurisprudencia del Tribunal P. P./J. 33/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XI, abril de 2000, p�gina 819, que a la letra indica:

    MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LE�N. LOS MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS RESPONDEN CONSTITUCIONALMENTE DEL EJERCICIO INDEBIDO DE SU ENCARGO. La Ley de Responsabilidades de los Servidores P�blicos para el Estado de Nuevo Le�n, reformada en 1991, impone a los funcionarios municipales electos popularmente la obligaci�n de formular sus declaraciones patrimoniales ante la Contralor�a del Estado, pero es infundada la pretensi�n de que, con ello, se invada la esfera de competencia que el art�culo 115 de la C.�n F. reserva a los Municipios, ya que, por lo contrario, el establecimiento de dicho r�gimen responde al sistema constitucional de responsabilidades. As�, de los art�culos 108, 109 y 113 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte la intenci�n del Constituyente de regular a ese alto rango las funciones de vigilancia de todos los servidores p�blicos, a fin de garantizar la transparencia en el ejercicio de la funci�n p�blica y definir la necesidad de fincar responsabilidades cuando esta funci�n se ejerza en forma indebida; tales disposiciones de la Carta Magna, estatuyen la responsabilidad: pol�tica, cuando en el ejercicio de sus funciones, los servidores p�blicos adopten conductas que perjudiquen los intereses p�blicos b�sicos o el buen despacho de los asuntos de su legal competencia; la de car�cter penal, por los delitos perpetrados por dichos servidores; y la de �ndole administrativa, por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia inherentes al ejercicio del encargo. Cuando estas responsabilidades son del fuero local, de acuerdo con el art�culo 108 constitucional, son materia de las C.ones Locales y deben ser desarrolladas por las leyes secundarias que al efecto expidan las Legislaturas Locales, tanto en relaci�n con los servidores de los Estados, como de los Municipios. En el Estado de Nuevo Le�n, las normas correspondientes se encuentran plasmadas en los art�culos 63, fracci�n V, 105, 107, 110, 112 y 115 de su C.�n Pol�tica, as� como en los art�culos 2o. y 24, fracciones VII y XIII, de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica del Estado, 26, inciso a), fracci�n VII, 160 y 161 de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica M. del Estado, y 2o., 3o., 41, 45 y 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores P�blicos para el Estado de Nuevo Le�n, de cuya relaci�n concordante se infiere que el r�gimen de las responsabilidades en que pueden incurrir los servidores del Estado de Nuevo Le�n y de sus Municipios, se apega al sistema constitucional."

    Por lo que respecta a los requisitos para ser contralor contenidos en el �ltimo p�rrafo del art�culo 103, esta minor�a considera que se trata de una norma por ausencia de reglamento, en t�rminos del art�culo 115, fracci�n II, inciso e), constitucional, en virtud de que es al Ayuntamiento, como �rgano colegiado encargado del Gobierno del Municipio, a quien le corresponde determinar los requisitos para acceder a dicho cargo, pues �sta es una cuesti�n de auto-organizaci�n que es propia del funcionamiento interno del Ayuntamiento y �ste cuenta con la libertad normativa necesaria para adaptarse, a trav�s de sus normas reglamentarias, a su propia realidad; sin embargo, ante la ausencia de norma reglamentaria emitida por el Cabildo, se podr� acudir a este supuesto para proceder al nombramiento del contralor, raz�n por la cual el argumento relativo debe considerarse infundado.

  205. Servicios p�blicos.

    Se�ala el Municipio actor que la Legislatura Estatal invade su esfera de competencias al prever de manera exhaustiva todo lo relacionado con los servicios p�blicos, aun cuando dichas cuestiones fueron reservadas por la C.�n F. a los Municipios.

    En aras de hacer una exposici�n clara de lo manifestado por la actora, se proceder� al an�lisis de cada art�culo, sin que ello deje de lado su an�lisis sistem�tico, a fin de determinar si la Legislatura Estatal invade o no la esfera competencial del Ayuntamiento.

    El art�culo 104 de la Ley Org�nica M. del Estado de H. dispone:

    Art�culo 104. Los Municipios, organizar�n y reglamentar�n la administraci�n, funcionamiento, conservaci�n o explotaci�n de los servicios p�blicos. Se consideran, enunciativa y no limitativamente como tales, los siguientes:

  206. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici�n de aguas residuales;

  207. Alumbrado p�blico;

  208. Limpia, recolecci�n, traslado, tratamiento y disposici�n final de residuos;

  209. Mercado y centrales de abasto;

    V.P.;

  210. Rastro;

  211. Registro del Estado Familiar;

  212. Calles, parques y jardines y su equipamiento;

  213. Seguridad p�blica, en los t�rminos del art�culo 21 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, Polic�a P. M. y Tr�nsito;

    X.P.�n de la flora, la fauna y el medio ambiente;

  214. Los sistemas necesarios para la seguridad civil de la poblaci�n;

  215. Asistencia social;

  216. Sanidad municipal;

  217. Obras p�blicas;

  218. Conservaci�n de obras de inter�s social;

  219. Fomentar el turismo y la recreaci�n;

  220. Proporcionar, reglamentar y vigilar toda clase de espect�culos y

  221. Los dem�s que la Legislatura del Estado determine, seg�n las condiciones territoriales y socioecon�micas de los Municipios; as� como sus capacidades t�cnicas administrativas y financieras.

    Estos servicios, podr�n prestarse con el concurso del Gobierno del Estado, cuando as� lo soliciten las autoridades municipales, previa aprobaci�n del Ayuntamiento y mediante convenio, en los t�rminos de ley."

    A fin de analizar el art�culo anterior, es menester atender al contenido del art�culo 115, fracci�n III, de la C.�n F., que dispone lo siguiente:

    Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

    ...

  222. Los Municipios tendr�n a su cargo las funciones y servicios p�blicos siguientes:

    (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    1. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici�n de sus aguas residuales;

    2. Alumbrado p�blico.

      (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    3. Limpia, recolecci�n, traslado, tratamiento y disposici�n final de residuos.

    4. Mercados y centrales de abasto.

    5. Panteones.

    6. Rastro.

      (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    7. Calles, parques y jardines y su equipamiento;

      (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    8. Seguridad p�blica, en los t�rminos del art�culo 21 de esta C.�n, Polic�a P. M. y Tr�nsito; e

    9. Los dem�s que las Legislaturas Locales determinen seg�n las condiciones territoriales y socio-econ�micas de los Municipios, as� como su capacidad administrativa y financiera.

      (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

      Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempe�o de las funciones o la prestaci�n de los servicios a su cargo, los Municipios observar�n lo dispuesto por las leyes federales y estatales.

      (Adicionado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

      Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podr�n coordinarse y asociarse para la m�s eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y trat�ndose de la asociaci�n de Municipios de dos o m�s Estados, deber�n contar con la aprobaci�n de las Legislaturas de los Estados respectivas. As� mismo cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste, de manera directa o a trav�s del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio;

      (Adicionado, D.O.F. 14 de agosto de 2001)

      Las comunidades ind�genas, dentro del �mbito municipal, podr�n coordinarse y asociarse en los t�rminos y para los efectos que prevenga la ley."

      De lo anterior tenemos que las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX y XVIII, �ltimo p�rrafo, que respectivamente regulan los servicios p�blicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici�n de aguas residuales; alumbrado p�blico; limpia, recolecci�n, traslado, tratamiento y disposici�n final de residuos; mercado y centrales de abasto; panteones; rastro; calles, parques y jardines y su equipamiento; seguridad p�blica, en los t�rminos del art�culo 21 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y Polic�a P. M. y Tr�nsito, as� como la posibilidad de que los servicios p�blicos sean prestados con el concurso del Gobierno del Estado a solicitud de las autoridades municipales y previa autorizaci�n del Ayuntamiento correspondiente, deben ser consideradas normas derivadas de la fracci�n III del art�culo 115 de la C.�n F., en tanto reproducen literalmente el texto previsto en los incisos a) al h) y el pen�ltimo p�rrafo de dicho precepto.

      Por lo que se refiere a la fracci�n XIV del art�culo 104 que se analiza, y que se refiere a obra p�blica, debe se�alarse lo siguiente.

      En principio, es menester precisar que las obras p�blicas son aquellas que son de uso y aprovechamiento general, as� como las construcciones destinadas a servicios y funciones p�blicas que est�n a cargo de la Federaci�n, los Estados, o bien, los Municipios. Ciertamente, la obra p�blica se refiere a inmuebles que al sufrir una transformaci�n material por el ejercicio de una titularidad administrativa, se traducen en una afectaci�n final del mismo que redundar� en el uso y aprovechamiento de la generalidad.

      Bajo este tenor, la facultad de los Municipios de realizar obra p�blica tambi�n debe considerarse como una norma derivada del art�culo 115, fracci�n III, de la C.�n F., pues est� impl�cita dentro de la naturaleza de los servicios y funciones p�blicas, toda vez que consiste en la creaci�n y mantenimiento de la infraestructura indispensable para su prestaci�n.

      Por �ltimo, en cuanto a la fracci�n XVII que establece la facultad de los Municipios de proporcionar, reglamentar y vigilar toda clase de espect�culos, debe se�alarse igualmente que deriva del art�culo 115, fracci�n II, de la C.�n F., que dispone:

      Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

      ...

  223. Los Municipios estar�n investidos de personalidad jur�dica y manejar�n su patrimonio conforme a la ley.

    (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    Los Ayuntamientos tendr�n facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deber�n expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de polic�a y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci�n p�blica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia y aseguren la participaci�n ciudadana y vecinal."

    El art�culo 115, fracci�n II, de la C.�n F. faculta expresamente a los Ayuntamientos para expedir los reglamentos de polic�a y gobierno.

    Hasta antes de la reforma de mil novecientos noventa y nueve, se hablaba de la expresi�n polic�a y buen gobierno. El t�rmino de polic�a se emplea en el sentido amplio que le da el derecho p�blico, refiri�ndose a las actividades administrativas, tanto de car�cter preventivo como represivo, que tienden a asegurar o a restaurar el orden y la paz p�blica en una ciudad determinada. El buen gobierno se refiere a que esas mismas actividades deben tener como finalidad beneficiar los intereses de los ciudadanos en lo general o incluso cuando as� proceda a su particular provecho. Ahora se emplea el t�rmino de polic�a y gobierno.

    Los reglamentos de polic�a y gobierno tienen como finalidad regular la conducta de los particulares, teniendo como objetivo la tranquilidad, la seguridad y el bienestar de la colectividad, es decir, se trata de facultades con las que cuentan los gobernantes para limitar los derechos y la posibilidad de actuaci�n de los particulares en beneficio del inter�s general y con base en el orden p�blico.

    En este orden de ideas, debe considerarse que el contenido de la fracci�n XVII, se traduce en la particularizaci�n de la facultad concedida por la C.�n F. en favor de los Municipios de expedir bandos de polic�a y gobierno al �mbito espec�fico de los espect�culos, en la medida de que su realizaci�n no importe perjuicios a la comunidad, raz�n por la cual debe considerarse una norma derivada del art�culo 115, fracci�n II, de la C.�n F..

    El Tribunal P. ha sostenido la existencia de reglamentos aut�nomos de polic�a y buen gobierno, desde principios del siglo pasado, tal como se desprende de la siguiente tesis de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, Tomo LXXII, p�gina 1639, que indica:

    MISCEL�NEAS. Existen reglamentos aut�nomos que no guardan relaci�n con la ley y su existencia la reconoce el art�culo 21 constitucional, al establecer la posibilidad de que la autoridad administrativa dicte reglamentos gubernativos o de polic�a y establezca sanciones en ellos. Ahora bien un reglamento que establezca que un miscel�nea no debe vender pan, sino que tiene que transformarse en expendio de ese art�culo; que s�lo puede establecerse a determinada distancia respecto de otro expendio, y que tiene que observar tales o cuales regulaciones respecto del precio a que vende, etc., ya no constituye simples medidas de polic�a o buen gobierno, de acuerdo con el concepto tradicional que tienen estas expresiones, sino que legisla en materia de comercio, y entonces, la autoridad administrativa rebasa los l�mites de la facultad que le concede dicho art�culo 21, porque invade las funciones propias del Poder Legislativo. Por tanto, el amparo que se pida contra la expedici�n, promulgaci�n y publicaci�n del Reglamento de la Industria del Pan, en el Distrito F., debe concederse.

    A. administrativo en revisi�n 885/42. Espinosa viuda de G.E.. 20 de abril de 1942. M.�a de tres votos. Ausente: O.M.G.�lez. Disidente: A.F.R.�rez. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente. Engrose: G.F.."

    En conclusi�n, en todas las fracciones referidas, la legislatura no otorga al Municipio derechos u obligaciones distintos a los que la C.�n F. directamente asigna a �ste, raz�n por la cual su actuaci�n no puede considerarse invasora de la esfera de competencias del Municipio y, por tanto, el concepto de invalidez resulta infundado respecto de dichas fracciones.

    Ahora bien, por cuanto respecta a las fracciones X, XI, XIII y XVI del art�culo 104 de la ley impugnada, que establecen la facultad de los Municipios para proteger la flora, la fauna y el medio ambiente; el establecimiento de los sistemas necesarios para la seguridad civil de la poblaci�n; la sanidad municipal y el turismo y la recreaci�n, debe destacarse que las mismas tambi�n son normas derivadas de la C.�n F., espec�ficamente del art�culo 73, fracciones XXIX-G, XXIX-I y XVI, este �ltimo en relaci�n con el art�culo 4o., p�rrafo tercero, y XXIX-K que regulan como materias concurrentes las relativas a protecci�n, preservaci�n y restauraci�n del ambiente y equilibrio ecol�gico; protecci�n civil; salubridad general y turismo, respectivamente.

    Respecto de las facultades concurrentes, el P. de este Alto Tribunal ha sostenido la jurisprudencia P./J. 142/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XV, enero de 2002, p�gina 1042, que a la letra dice:

    FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JUR�DICO MEXICANO. SUS CARACTER�STICAS GENERALES. Si bien es cierto que el art�culo 124 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece que: �Las facultades que no est�n expresamente concedidas por esta C.�n a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.�, tambi�n lo es que el �rgano Reformador de la C.�n determin�, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Uni�n fijara un reparto de competencias, denominado �facultades concurrentes�, entre la Federaci�n, las entidades federativas y los Municipios e, inclusive, el Distrito F., en ciertas materias, como son: la educativa (art�culos 3o., fracci�n VIII y 73, fracci�n XXV), la de salubridad (art�culos 4o., p�rrafo tercero y 73, fracci�n XVI), la de asentamientos humanos (art�culos 27, p�rrafo tercero y 73, fracci�n XXIX-C), la de seguridad p�blica (art�culo 73, fracci�n XXIII), la ambiental (art�culo 73, fracci�n XXIX-G), la de protecci�n civil (art�culo 73, fracci�n XXIX-I) y la deportiva (art�culo 73, fracci�n XXIX-J). Esto es, en el sistema jur�dico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito F., los Municipios y la Federaci�n, puedan actuar respecto de una misma materia, pero ser� el Congreso de la Uni�n el que determine la forma y los t�rminos de la participaci�n de dichos entes a trav�s de una ley general."

    Ahora bien, toda vez que las facultades concurrentes implican que por disposici�n constitucional el Congreso de la Uni�n fije el reparto de competencias entre la Federaci�n, Estados y Municipios, a trav�s de una ley, es menester acudir a las respectivas leyes marco, a fin de determinar si la Legislatura Local es respetuosa de �stas y, en consecuencia, de lo dispuesto por los art�culos 73 y 115 de la C.�n F..

    Por cuanto se refiere a la materia de protecci�n, preservaci�n y restauraci�n del ambiente y equilibrio ecol�gico, el legislador federal expidi�, como ley marco, la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, en cuyos art�culos 7o. y 8o. dispuso lo siguiente:

    Art�culo 7o. Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

  224. La formulaci�n, conducci�n y evaluaci�n de la pol�tica ambiental estatal;

  225. La aplicaci�n de los instrumentos de pol�tica ambiental previstos en las leyes locales en la materia, as� como la preservaci�n y restauraci�n del equilibrio ecol�gico y la protecci�n al ambiente que se realice en bienes y zonas de jurisdicci�n estatal, en las materias que no est�n expresamente atribuidas a la Federaci�n;

  226. La prevenci�n y control de la contaminaci�n atmosf�rica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, as� como por fuentes m�viles, que conforme a lo establecido en esta ley no sean de competencia F.;

  227. La regulaci�n de actividades que no sean consideradas altamente riesgosas para el ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 149 de la presente ley;

  228. El establecimiento, regulaci�n, administraci�n y vigilancia de las �reas naturales protegidas previstas en la legislaci�n local, con la participaci�n de los Gobiernos M.es;

  229. La regulaci�n de los sistemas de recolecci�n, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposici�n final de los residuos s�lidos e industriales que no est�n considerados como peligrosos de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 137 de la presente ley;

  230. La prevenci�n y el control de la contaminaci�n generada por la emisi�n de ruido, vibraciones, energ�a t�rmica, lum�nica, radiaciones electromagn�ticas y olores perjudiciales al equilibrio ecol�gico o al ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, as� como, en su caso, de fuentes m�viles que conforme a lo establecido en esta ley no sean de competencia F.;

  231. La regulaci�n del aprovechamiento sustentable y la prevenci�n y control de la contaminaci�n de las aguas de jurisdicci�n estatal; as� como de las aguas nacionales que tengan asignadas;

  232. La formulaci�n, expedici�n y ejecuci�n de los programas de ordenamiento ecol�gico del territorio a que se refiere el art�culo 20 BIS 2 de esta ley, con la participaci�n de los Municipios respectivos;

  233. La prevenci�n y el control de la contaminaci�n generada por el aprovechamiento de las sustancias no reservadas a la Federaci�n, que constituyan dep�sitos de naturaleza similar a los componentes de los terrenos, tales como rocas o productos de su descomposici�n que s�lo puedan utilizarse para la fabricaci�n de materiales para la construcci�n u ornamento de obras;

  234. La atenci�n de los asuntos que afecten el equilibrio ecol�gico o el ambiente de dos o m�s Municipios;

  235. La participaci�n en emergencias y contingencias ambientales, conforme a las pol�ticas y programas de protecci�n civil que al efecto se establezcan;

  236. La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Federaci�n, en las materias y supuestos a que se refieren las fracciones III, VI y VII de este art�culo;

  237. La conducci�n de la pol�tica estatal de informaci�n y difusi�n en materia ambiental;

  238. La promoci�n de la participaci�n de la sociedad en materia ambiental, de conformidad con lo dispuesto en esta ley;

  239. La evaluaci�n del impacto ambiental de las obras o actividades que no se encuentren expresamente reservadas a la Federaci�n, por la presente ley y, en su caso, la expedici�n de las autorizaciones correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 35 BIS 2 de la presente ley;

  240. El ejercicio de las funciones que en materia de preservaci�n del equilibrio ecol�gico y protecci�n al ambiente les transfiera la Federaci�n, conforme a lo dispuesto en el art�culo 11 de este ordenamiento;

  241. La formulaci�n, ejecuci�n y evaluaci�n del programa estatal de protecci�n al ambiente;

  242. La emisi�n de recomendaciones a las autoridades competentes en materia ambiental, con el prop�sito de promover el cumplimiento de la legislaci�n ambiental;

  243. La atenci�n coordinada con la Federaci�n de asuntos que afecten el equilibrio ecol�gico de dos o m�s entidades federativas, cuando as� lo consideren conveniente las entidades federativas respectivas, y

  244. La atenci�n de los dem�s asuntos que en materia de preservaci�n del equilibrio ecol�gico y protecci�n al ambiente les conceda esta ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no est�n otorgados expresamente a la Federaci�n."

    (Reformado, D.O.F. 13 de diciembre de 1996)

    Art�culo 8o. Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

  245. La formulaci�n, conducci�n y evaluaci�n de la pol�tica ambiental municipal;

  246. La aplicaci�n de los instrumentos de pol�tica ambiental previstos en las leyes locales en la materia y la preservaci�n y restauraci�n del equilibrio ecol�gico y la protecci�n al ambiente en bienes y zonas de jurisdicci�n municipal, en las materias que no est�n expresamente atribuidas a la Federaci�n o a los Estados;

  247. La aplicaci�n de las disposiciones jur�dicas en materia de prevenci�n y control de la contaminaci�n atmosf�rica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, as� como de emisiones de contaminantes a la atm�sfera provenientes de fuentes m�viles que no sean consideradas de jurisdicci�n federal, con la participaci�n que de acuerdo con la legislaci�n estatal corresponda al Gobierno del Estado;

  248. La aplicaci�n de las disposiciones jur�dicas relativas a la prevenci�n y control de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generaci�n, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposici�n final de los residuos s�lidos e industriales que no est�n considerados como peligrosos, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 137 de la presente ley;

  249. La creaci�n y administraci�n de zonas de preservaci�n ecol�gica de los centros de poblaci�n, parques urbanos, jardines p�blicos y dem�s �reas an�logas previstas por la legislaci�n local;

  250. La aplicaci�n de las disposiciones jur�dicas relativas a la prevenci�n y control de la contaminaci�n por ruido, vibraciones, energ�a t�rmica, radiaciones electromagn�ticas y lum�nica y olores perjudiciales para el equilibrio ecol�gico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, as� como la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes m�viles excepto las que conforme a esta ley sean consideradas de jurisdicci�n federal;

  251. La aplicaci�n de las disposiciones jur�dicas en materia de prevenci�n y control de la contaminaci�n de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de poblaci�n, as� como de las aguas nacionales que tengan asignadas, con la participaci�n que conforme a la legislaci�n local en la materia corresponda a los Gobiernos de los Estados;

  252. La formulaci�n y expedici�n de los programas de ordenamiento ecol�gico local del territorio a que se refiere el art�culo 20 BIS 4 de esta ley, en los t�rminos en ella previstos, as� como el control y la vigilancia del uso y cambio de uso del suelo, establecidos en dichos programas;

  253. La preservaci�n y restauraci�n del equilibrio ecol�gico y la protecci�n al ambiente en los centros de poblaci�n, en relaci�n con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, tr�nsito y transporte locales, siempre y cuando no se trate de facultades otorgadas a la Federaci�n o a los Estados en la presente ley;

  254. La participaci�n en la atenci�n de los asuntos que afecten el equilibrio ecol�gico de dos o m�s Municipios y que generen efectos ambientales en su circunscripci�n territorial;

  255. La participaci�n en emergencias y contingencias ambientales conforme a las pol�ticas y programas de protecci�n civil que al efecto se establezcan;

  256. La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Federaci�n, en las materias y supuestos a que se refieren las fracciones III, IV, VI y VII de este art�culo;

  257. La formulaci�n y conducci�n de la pol�tica municipal de informaci�n y difusi�n en materia ambiental;

  258. La participaci�n en la evaluaci�n del impacto ambiental de obras o actividades de competencia estatal, cuando las mismas se realicen en el �mbito de su circunscripci�n territorial;

  259. La formulaci�n, ejecuci�n y evaluaci�n del programa municipal de protecci�n al ambiente, y

  260. La atenci�n de los dem�s asuntos que en materia de preservaci�n del equilibrio ecol�gico y protecci�n al ambiente les conceda esta ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no est�n otorgados expresamente a la Federaci�n o a los Estados."

    De lo anterior tenemos que la ley otorga a las Legislaturas Locales un car�cter regulatorio que se debe ejercer a trav�s de la ley y a los Municipios un car�cter esencialmente Ejecutivo, por cuanto se refiere al cumplimiento de la norma local, raz�n por la cual la atribuci�n relativa a la protecci�n de la flora, la fauna y el medio ambiente no resulta invasora de la esfera municipal.

    En segundo lugar, por cuanto ata�e a la protecci�n civil, el legislador federal expidi� la Ley General de la Protecci�n Civil, en cuyo art�culo 15 asent�:

    Art�culo 15. Es responsabilidad de los gobernadores de los Estados, del jefe de Gobierno del Distrito F. y de los presidentes municipales, la integraci�n y funcionamiento de los Sistemas de Protecci�n Civil de las entidades federativas y de los Municipios respectivamente, conforme a lo que establezca la legislaci�n local en la materia.

    Para tal efecto, promover�n la instalaci�n de Consejos Estatales de Protecci�n Civil, y el establecimiento de las Unidades Estatal y M.es de Protecci�n Civil, o en su caso, de la Unidad de Protecci�n Civil del Distrito F. y de las delegaciones que correspondan.

    Los Consejos Estatales y M. se integrar�n y tendr�n las facultades que les se�alen las leyes y disposiciones locales."

    De lo anterior, se desprende que la ley marco faculta a los Municipios para establecer un sistema de protecci�n civil municipal, conforme a lo dispuesto por la ley local, raz�n por la cual el hecho de que la Legislatura Local atribuya al Municipio la materia de protecci�n civil, no resulta violatorio de su esfera competencial.

    En cuanto al tema de sanidad municipal, es necesario destacar que el legislador federal expidi� la Ley General de Salud, en cuyos art�culos 393 y 403 dispuso:

    Art�culo 393. Corresponde a la Secretar�a de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en el �mbito de sus respectivas competencias, la vigilancia del cumplimiento de esta ley y dem�s disposiciones que se dicten con base en ella.

    La participaci�n de las autoridades municipales estar� determinada por los convenios que celebren con los gobiernos de las respectivas entidades federativas y por lo que dispongan los ordenamientos locales."

    Art�culo 403. Son competentes para ordenar o ejecutar medidas de seguridad, la Secretar�a de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el �mbito de sus respectivas competencias.

    La participaci�n de los Municipios estar� determinada por los convenios que celebren con los gobiernos de las respectivas entidades federativas y por lo que dispongan los ordenamientos locales."

    De lo anterior tenemos que los Ayuntamientos ejercer�n la competencia del Municipio, de acuerdo con lo que disponga la ley local, raz�n por la cual el hecho de que la Legislatura Local atribuya al Municipio la materia de sanidad, no resulta violatorio de su esfera competencial.

    Por �ltimo, en cuanto se refiere a la fracci�n XVI, que establece la facultad del Municipio de fomentar el turismo y la recreaci�n, debe se�alarse que con fecha veintinueve de septiembre de dos mil tres, se public� en el Diario Oficial de la Federaci�n, una adici�n al art�culo 73 de la C.�n F., por medio de la cual se agreg� la fracci�n XXIX-K, que establece la concurrencia de la Federaci�n, Estados y Municipios en materia de turismo. El texto al que se hace referencia es el siguiente:

    Art�culo 73. El Congreso tiene facultad:

    ...

    XXIX-K. Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinaci�n de las facultades concurrentes entre la Federaci�n, Estados, Municipios y el Distrito F., as� como la participaci�n de los sectores social y privado."

    Toda vez que el art�culo impugnado se expidi� con anterioridad a la reforma constitucional y no se ha reformado la Ley F. de Turismo, a la cual le corresponde ahora la calidad de ley marco, este Tribunal C.onal no cuenta con elementos suficientes para determinar si la ley es inconstitucional, raz�n por la cual debe prevalecer un principio de presunci�n de constitucionalidad de la norma.

    Bajo este tenor, toda vez que las fracciones estudiadas son respetuosas del sistema de facultades concurrentes previsto por la C.�n F. en las materias antes referidas, debe concluirse que no existe una invasi�n a la esfera de competencia del Municipio y, en consecuencia, resulta infundado el respectivo concepto de invalidez.

    Por �ltimo, en relaci�n a las fracciones VII, XII, XV y XVIII del art�culo que se analiza, en las que se establece la facultad de los Municipios de llevar el Registro del Estado Familiar, asistencia social y la conservaci�n de obras de inter�s social, es menester destacar que las mismas derivan de lo regulado de la fracci�n III, inciso i), del art�culo 115 de la C.�n F., que establece la posibilidad de que las Legislaturas Locales determinen seg�n las condiciones territoriales y socioecon�micas de los Municipios, as� como su capacidad administrativa y financiera, otorguen al Municipio facultades diversas a las establecidas por la C.�n F..

    Atento a lo anterior, las fracciones en estudio no pueden considerarse invasoras de la esfera competencial del Municipio.

    Independientemente de lo anterior, esta minor�a considera que al atribuir nuevas facultades para prestar funciones o servicios p�blicos al Municipio, la legislatura deber� prever que los ingresos respectivos se incorporen a la hacienda p�blica municipal, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso c) de la fracci�n IV del art�culo 115 de la C.�n F., que indica:

    Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

    ...

  261. Los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

    ...

    1. Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo."

    Al respecto resultan ilustradoras las jurisprudencias del Tribunal P., con el n�mero P./J. 6/2000 y P./J. 53/2002, publicadas en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, respectivamente, en el Tomo XI, febrero de 2000, p�gina 514, y el T.X., enero de 2003, p�gina 1393, que indican:

    HACIENDA MUNICIPAL. CONCEPTOS SUJETOS AL R�GIMEN DE LIBRE ADMINISTRACI�N HACENDARIA (ART�CULO 115, FRACCI�N IV, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL). El art�culo 115, fracci�n IV, de la C.�n F., establece que la hacienda municipal se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; b) Las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados; y, c) Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo. De una interpretaci�n arm�nica, sistem�tica y teleol�gica de la disposici�n constitucional, se concluye que la misma no tiende a establecer la forma en que puede integrarse la totalidad de la hacienda municipal, sino a precisar en lo particular aquellos conceptos de la misma que quedan sujetos al r�gimen de libre administraci�n hacendaria, toda vez que, por una parte, la hacienda municipal comprende un universo de elementos que no se incluyen en su totalidad en la disposici�n constitucional y que tambi�n forman parte de la hacienda municipal y, por otra, la disposici�n fundamental lo que instituye, m�s que la forma en que se integra la hacienda municipal, son los conceptos de �sta que quedan comprendidos en el aludido r�gimen de libre administraci�n hacendaria."

    HACIENDA MUNICIPAL. LAS CONTRIBUCIONES QUE ESTABLEZCAN LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA SE ENCUENTRAN TUTELADAS BAJO EL R�GIMEN DE LIBRE ADMINISTRACI�N HACENDARIA, POR LO QUE ESOS RECURSOS PERTENECEN EXCLUSIVAMENTE A LOS MUNICIPIOS Y NO AL GOBIERNO DEL ESTADO (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART�CULO 1o., FRACCI�N I, DE LA �LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2002� DEL ESTADO DE SONORA). El art�culo 115, fracci�n IV, de la C.�n F., establece la forma en que se integra la hacienda municipal, se�alando que se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor; por su parte, los incisos a), b) y c), de la fracci�n IV mencionada, se refieren a los conceptos que estar�n sujetos al r�gimen de libre administraci�n hacendaria. El indicado inciso a), dispone que, en todo caso, los Municipios percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles, luego, esos recursos, forman parte de la hacienda municipal y est�n sujetos al r�gimen de libre administraci�n hacendaria, lo que hace patente que dichos recursos pertenecen a los Municipios de forma exclusiva y no al Gobierno del Estado; por lo tanto, si en la Ley de Ingresos Estatal se establece que el Gobierno del Estado percibir� los ingresos provenientes del �impuesto predial ejidal�, ello vulnera lo dispuesto por el art�culo 115, fracci�n IV, inciso a), de la C.�n F.. Como consecuencia de lo anterior, la Legislatura Local, tampoco puede establecer disposici�n alguna que indique a los Municipios el destino de esos recursos, ya que se encuentran bajo el r�gimen de libre administraci�n hacendaria y en libertad de ocuparlos de acuerdo con sus necesidades, siempre que se apliquen al gasto p�blico."

    Por otro lado, continuando con el estudio del concepto de invalidez, se procede al estudio del art�culo 105 de la ley impugnada, que establece:

    Art�culo 105. La prestaci�n de los servicios p�blicos a cargo de los Ayuntamientos, podr� concesionarse; particularmente, aquellos que no afecten la estructura y organizaci�n municipal, ni a las personas f�sicas o morales. En igualdad de circunstancias se preferir� a los vecinos del Municipio para otorgar la concesi�n.

    No ser�n objeto de concesi�n, los servicios de seguridad p�blica, tr�nsito, protecci�n civil, Registro del Estado Familiar y sanidad."

    La primera parte del presente art�culo establece que la prestaci�n de los servicios p�blicos a cargo de los Ayuntamientos puede concesionarse.

    Resulta pertinente se�alar que la concesi�n se explica como el mecanismo mediante el cual, quien tiene la titularidad de determinadas atribuciones y facultades o de ciertos bienes y derechos delega su ejercicio o aprovechamiento a favor de un tercero. Espec�ficamente, las concesiones administrativas pueden ser de servicio p�blico, de obra p�blica y de uso de bienes del dominio p�blico. Las primeras, tienen por objeto satisfacer necesidades de car�cter general, las segundas, una necesidad p�blica, en todo caso, la concesi�n administrativa implica la transferencia a un particular del desempe�o de actividades no esenciales atribuidas a la administraci�n p�blica o del aprovechamiento o explotaci�n de bienes del dominio p�blico, mediante la constituci�n a favor de dicho particular, de derechos o poderes previstos en el ordenamiento jur�dico, de los que antes carec�an.

    La concesi�n administrativa es un procedimiento discrecional eficaz dentro de la estructura de la sociedad moderna, para entregar a los particulares ciertas actividades o la explotaci�n de bienes que el Estado no est� en condiciones de desarrollar por cuestiones econ�micas, o porque as� lo estima �til o conveniente, o bien porque se lo impide su propia organizaci�n.

    En la actualidad, los m�ltiples deberes del Estado y del Municipio, les impiden desempe�ar toda la gama de servicios p�blicos a su cargo, con solo el uso de sus propios medios y recursos, lo cual abre la posibilidad de la delegaci�n de algunas de sus actividades no esenciales, a favor de particulares, sin que ello signifique renuncia o abandono de tales tareas, porque las atribuciones de que derivan les siguen asignadas, lo cual impide a los particulares realizarlas sin su previa delegaci�n mediante el otorgamiento de la respectiva concesi�n.

    De lo anterior, se desprende que la facultad de otorgar en concesi�n la prestaci�n de los servicios p�blicos constitucionalmente otorgados al Municipio, es una norma derivada de la fracci�n III del art�culo 115 de la C.�n F., que se encuentra impl�cita en el texto constitucional, toda vez que la facultad de prestar ciertos servicios p�blicos con exclusividad, lleva inmerso el derecho de concesionarlos, municipalizarlos, o bien tomar las medidas necesarias para cumplir con el objetivo de que se trate.

    En efecto, la fracci�n II del art�culo 115 de la C.�n F. dispone lo siguiente:

    Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

    ...

  262. Los Municipios estar�n investidos de personalidad jur�dica y manejar�n su patrimonio conforme a la ley.

    (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    Los Ayuntamientos tendr�n facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deber�n expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de polic�a y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci�n p�blica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia y aseguren la participaci�n ciudadana y vecinal."

    De lo anterior, tenemos que se autoriza a los Ayuntamientos a expedir los reglamentos que organicen y regulen los servicios p�blicos de su competencia. Es decir, esto significa que al tener la facultad de prestar el servicio p�blico, el Municipio se encuentra facultado para regular las cuestiones respectivas a la concesi�n, municipalizaci�n y condiciones bajo las cuales debe prestarse el servicio p�blico de manera adecuada.

    Lo anterior trae como consecuencia, que la Legislatura Local no puede impedir v�lidamente la facultad de concesionar los servicios p�blicos y, en contrapartida, que el establecimiento en ley de la facultad de concesi�n, no otorga a los Municipios ning�n derecho adicional a los concedidos por la C.�n F., que garantiza un cat�logo de servicios y funciones p�blicas que deber�n ser prestados por el Municipio con exclusividad.

    Por el contrario, cuando se refiere a los servicios p�blicos que de suyo le corresponde prestar a la entidad federativa pero que a trav�s de una ley decide conferirlos a los Municipios, con fundamento en el inciso i) de la fracci�n III del art�culo 115 de la C.�n F. y en ejercicio de la autonom�a que le otorga el art�culo 124 constitucional, debe decirse que la legislatura se encuentra facultada para establecer los requisitos y condiciones que deben cumplirse por parte del Municipio para la prestaci�n adecuada del servicio p�blico de que se trate y, por tanto, v�lidamente puede prohibir su concesi�n.

    Como consecuencia de lo anterior, la primera parte del precepto en comento es una norma por ausencia, que debe interpretarse en el sentido de que el r�gimen jur�dico de los servicios p�blicos municipales se regular� por los propios reglamentos municipales, en tanto se refiera a aquellos previstos en la fracci�n III, incisos a) al h), del art�culo 115 constitucional; y una norma derivada del art�culo 115, fracci�n III, inciso i), constitucional por lo que respecta a los servicios p�blicos cuya prestaci�n le confiere la Legislatura del Estado.

    En esta tesitura, debe concluirse que no existe violaci�n a la competencia municipal por parte del la ley respectiva.

    Por otro lado, en cuanto al �ltimo p�rrafo del art�culo 105, transcrito con anterioridad, que considera no concesionables los servicios de seguridad p�blica, tr�nsito, protecci�n civil, Registro del Estado Familiar y sanidad, debe se�alarse lo siguiente.

    En principio, se puede entender la funci�n p�blica como la actividad esencial y m�nima del Estado contempor�neo, fundada en la idea de soberan�a, que conlleva el ejercicio de potestad, de imperio, de autoridad, de las cuales deriva su indelegabilidad, cuya realizaci�n atiende al inter�s p�blico, entre las que destacan la funci�n legislativa, la funci�n jurisdiccional y la funci�n administrativa.

    La funci�n p�blica la ejerce el Estado F. en sus diversos �mbitos de competencia: Federaci�n, entidades federativas y Municipios, a trav�s de los respectivos �rganos del poder p�blico.

    Las funciones p�blicas, por su propia naturaleza, no son delegables ni concesionables, dadas las caracter�sticas de imperio que las rigen y que no comparten con los servicios p�blicos.

    Sentado lo anterior, se procede al an�lisis de las prohibiciones de concesi�n que establece la ley.

    En lo referente a la prohibici�n de concesionar las funciones de seguridad p�blica y tr�nsito, es menester destacar que la misma no es inconstitucional, puesto que como se ha expresado es una funci�n p�blica.

    Resulta importante destacar que la seguridad p�blica cumple la funci�n conservadora del orden social, con base en un orden jur�dico que controle al poder y norme las relaciones con los ciudadanos y de �stos entre s�. Es decir, la existencia y permanencia de un orden p�blico y de un orden privado, como condici�n necesaria para la vida social. As� pues, la seguridad p�blica se constituye en la manifestaci�n de la acci�n gubernamental ejercida para salvaguardar la integridad, intereses y bienes de las personas y de las entidades p�blicas y privadas.

    Adem�s, la sentada limitaci�n es acorde con lo que regula la fracci�n VII del art�culo 115 de la C.�n F., que dispone lo siguiente:

    Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

    ...

  263. La Polic�a P. M. estar� al mando del presidente municipal, en los t�rminos del reglamento correspondiente. Aqu�lla acatar� las �rdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que �ste juzgue como de fuerza mayor o alteraci�n grave del orden p�blico.

    El Ejecutivo F. tendr� el mando de la fuerza p�blica en los lugares donde resida habitual o transitoriamente."

    El precepto de marras, establece que la Polic�a P. M. deber� estar al mando del presidente municipal, mismo que se debe interpretar a la luz de lo expuesto en el Dictamen de la C.�n de Gobernaci�n y Puntos C.onales de la C�mara de Diputados, relativo al inciso h) de la fracci�n III del referido precepto constitucional que se�ala:

    En el inciso h), se adecua la noci�n de seguridad p�blica, y se reenv�a al art�culo 21 constitucional para aclarar que la exclusividad en este aspecto resulta de la parte espec�fica que el nuevo concepto, en esta materia, le asigna al �mbito municipal, lo cual incluye lo que se refiere a la Polic�a P. M. y se mantiene la facultad en materia de tr�nsito municipal.

    De todo lo anterior, se debe concluir que se trata de funciones y servicios del �mbito municipal, para que se ejerzan o se presten exclusivamente por su �rgano de gobierno; el Ayuntamiento y la administraci�n p�blica municipal que le deriva."

    De acuerdo con lo anterior, y toda vez que se desprende la intenci�n del �rgano Reformador de la C.�n F. de atribuir con exclusividad las funciones de seguridad p�blica y tr�nsito al Municipio, bajo las �rdenes directas de su presidente, no puede considerarse invasora de la esfera de competencia del Municipio la prohibici�n de concesionar estas funciones p�blicas.

    Respecto de la prohibici�n de concesionar protecci�n civil, igualmente debe se�alarse que tampoco resulta inconstitucional, pues la misma tambi�n constituye una funci�n p�blica.

    Adem�s, se puede derivar dicha limitaci�n del contenido del art�culo 73, fracci�n XXIX-I, que establece la concurrencia de la Federaci�n, entidades federativas y Municipios, en materia de protecci�n civil, atento lo cual el legislador federal expidi� la Ley General de Protecci�n Civil, en cuyo art�culo 15 asent�:

    Art�culo 15. Es responsabilidad de los gobernadores de los Estados, del jefe de Gobierno del Distrito F. y de los presidentes municipales, la integraci�n y funcionamiento de los Sistemas de Protecci�n Civil de las Entidades Federativas y de los Municipios respectivamente, conforme a lo que establezca la legislaci�n local en la materia.

    Para tal efecto, promover�n la instalaci�n de Consejos Estatales de Protecci�n Civil, y el establecimiento de las Unidades Estatal y M.es de Protecci�n Civil, o en su caso, de la Unidad de Protecci�n Civil del Distrito F. y de las delegaciones que correspondan.

    Los Consejos Estatales y M. se integrar�n y tendr�n las facultades que les se�alen las leyes y disposiciones locales."

    De lo anterior, se desprende que la ley marco faculta a los Municipios para establecer un sistema de protecci�n civil municipal, conforme a lo dispuesto por la ley local, raz�n por la cual el hecho de que la Legislatura Local proh�ba al Municipio la posibilidad de concesionar la funci�n p�blica de protecci�n civil, no resulta violatorio de su esfera competencial.

    Por lo que hace al Registro del Estado Familiar, al tratarse de una funci�n p�blica y, adem�s, ser otorgada por la Legislatura Estatal con fundamento en la fracci�n III, inciso i), del art�culo 115 constitucional, debe se�alarse que como originariamente le corresponder�a prestarla a la entidad federativa, al atribu�rsela al Municipio puede, en uso de su autonom�a, imponer las modalidades y limitantes que estime pertinentes para la adecuada prestaci�n de la funci�n referida, en consecuencia, el hecho de que la legislatura estime que no es permisible la concesi�n del servicio se�alado, no puede estimarse invasor de la esfera competencial del Municipio.

    Por �ltimo, en cuanto a la prohibici�n de concesionar la funci�n de sanidad, ya qued� establecido que la misma deriva del contenido del art�culo 73, fracci�n XVI, constitucional, en atenci�n al cual el legislador federal expidi� la Ley General de Salud, en cuyos art�culos 393 y 403, transcritos con anterioridad, dispuso que la participaci�n de las autoridades municipales estar� determinada por los convenios que celebren con los gobiernos de las respectivas entidades federativas y por lo que dispongan los ordenamientos locales, de lo que se desprende que los Ayuntamientos ejercer�n la competencia del Municipio, de acuerdo con lo que disponga la ley local, por lo que el hecho de que la Legislatura Local proh�ba al Municipio concesionar la materia de sanidad, no resulta violatorio de su esfera competencial y, adem�s, es acorde a su naturaleza de funci�n p�blica.

    Ahora bien, el Municipio actor se�ala que los art�culos 106 y 107 de la ley impugnada tambi�n son violatorios de su esfera de competencia en atenci�n a que regulan cuestiones que son exclusivas a la administraci�n del propio Municipio.

    En primer lugar, resulta pertinente acudir al texto de lo preceptos reclamados que disponen:

    Art�culo 106. Cuando los servicios p�blicos sean prestados directamente por el Ayuntamiento, ser�n administrados con la vigilancia del presidente o por la de los �rganos municipales respectivos, en la forma que determinen esta ley, sus reglamentos, el Ayuntamiento o el presidente municipal."

    Art�culo 107. Cuando los servicios p�blicos municipales, sean concesionados a particulares, se sujetar�n a las disposiciones de esta ley, sus decretos y reglamentos, a las contenidas en la concesi�n y a las que determine el Ayuntamiento."

    Los preceptos anteriores prev�n a cargo de qui�n estar� la administraci�n de los servicios p�blicos que sean prestados ya sea por el Ayuntamiento, o bien por los particulares con motivo de su concesi�n, as� como el r�gimen jur�dico al que deber�n adecuarse para su prestaci�n.

    Los preceptos antes citados no resultan invasores de la esfera competencial del Municipio, toda vez que, de una interpretaci�n conforme con el art�culo 115 constitucional, fracci�n II, inciso e), deben ser considerados como normas por ausencia de reglamento, en el sentido de que el r�gimen jur�dico de los servicios p�blicos municipales se regular� por los propios reglamentos municipales, en tanto se refiera a aquellos previstos en la fracci�n III, incisos a) al h), del art�culo 115 constitucional, pues al Ayuntamiento le corresponde definir qui�nes ser�n los funcionarios responsables de la administraci�n y vigilancia de tales servicios, en su facultad de auto-organizaci�n; y por otro lado, deber�n ser consideradas como una norma derivada del art�culo 115, fracci�n III, inciso i), constitucional, por lo que respecta a los servicios p�blicos cuya prestaci�n le confiere la Legislatura Estatal, la cual, con base en la autonom�a que le otorga el art�culo 124 de la propia C.�n F., puede determinar las condiciones y modalidades de la prestaci�n del servicio p�blico de que se trate.

    En esta tesitura, debe considerarse infundado el argumento expresado por el Municipio actor, pues no existe violaci�n a la esfera de su competencia por parte de la Legislatura Estatal.

  264. De las dependencias encargadas de los servicios p�blicos.

    El Municipio actor se�ala que la Legislatura Estatal invade su esfera de competencia al regular lo relativo a la creaci�n e integraci�n de las dependencias que estar�n encargadas de la prestaci�n de los servicios p�blicos que proporcionar� el Ayuntamiento.

    En primer lugar se proceder� al an�lisis de los art�culos 108, 109 y 110 de la ley impugnada que establecen lo siguiente:

    Art�culo 108. El presidente municipal, tendr� facultades para proponer, de acuerdo con las necesidades administrativas y con la disponibilidad de recursos financieros, las dependencias que sean indispensables para la buena marcha de los servicios p�blicos.

    La creaci�n de cada dependencia, deber� hacerse por acuerdo que expida el Ayuntamiento, el cual se�alar� las funciones y competencias a que deban sujetarse. Las dependencias de la administraci�n municipal, que no est�n comprendidas en esta ley, estar�n consideradas en el reglamento interior de la administraci�n municipal o en el acuerdo respectivo."

    Art�culo 109. Las dependencias encargadas de los servicios p�blicos en los t�rminos de la presente ley, deber�n contar con el personal suficiente para el desempe�o de sus funciones."

    Art�culo 110. Para ser jefe de una dependencia municipal, ser�n requisitos indispensables los siguientes:

    I.S. ciudadano hidalguense;

    II.S. de reconocida honestidad y honorabilidad;

  265. No tener antecedentes penales;

  266. Contar con los conocimientos inherentes para el buen desempe�o de su cargo y

    V.T. instrucci�n secundaria, cuando menos."

    De los art�culos transcritos se desprende que prev�n la posibilidad de que el presidente municipal proponga la creaci�n de las dependencias que estar�n a cargo de la prestaci�n de servicios p�blicos municipales, la integraci�n de �stas, as� como los requisitos indispensables para ocupar el cargo de jefe de una dependencia municipal.

    Los preceptos antes citados no resultan invasores de la esfera competencial del Municipio, sino que deben ser considerados como normas por ausencia de reglamento, de las contenidas en la fracci�n II, inciso e), del art�culo 115 constitucional, en el sentido de que el r�gimen jur�dico de los servicios p�blicos municipales se regular� por los propios reglamentos municipales, en virtud de que al Ayuntamiento le corresponde la auto-organizaci�n de su administraci�n p�blica y, por ende, a �ste como �rgano colegiado le corresponde determinar los medios que necesita para la prestaci�n de los servicios que se le han otorgado constitucionalmente; sin embargo, ante la posible carencia del Municipio de que se trate de la reglamentaci�n necesaria para lograr la adecuada y eficiente prestaci�n de los servicios p�blicos que se encuentran a su cargo, puede hacer uso de dichas normas hasta en tanto emita las propias que le sean m�s adecuadas.

    En este orden de ideas, no es el caso de estimar los preceptos se�alados como violatorios de la esfera de competencias del Municipio, pues como qued� se�alado, se trata de normas que pueden ser aplicadas por el Ayuntamiento de manera supletoria ante la ausencia de la norma reglamentaria municipal respectiva.

    Por otro lado, los art�culos 111 y 112 de la ley org�nica que se analiza disponen:

    Art�culo 111. El oficial del Registro del Estado Familiar, llevar� a cabo los actos que le correspondan de conformidad con la ley de la materia y deber� observar las formalidades, el protocolo y los requisitos que se establecen para ellos.

    Los actos del Registro del Estado Familiar, podr�n verificarse en horas ordinarias o extraordinarias, dentro o fuera de sus oficinas, pero no fuera de su jurisdicci�n."

    Art�culo 112. El presidente municipal, vigilar� que del Registro del Estado Familiar, se remita a la Direcci�n del Registro del Estado Familiar del Gobierno del Estado, dentro de los primeros quince d�as del mes de enero de cada a�o, el duplicado de los libros correspondientes."

    Los preceptos antes se�alados disponen la forma en que deber� actuar el oficial del Registro del Estado Familiar y que el presidente municipal ser� el encargado de vigilar que el Registro del Estado Familiar sea remitido al Registro Estatal en el t�rmino que establece la propia norma.

    A este respecto, resulta conveniente se�alar que el Registro del Estado Familiar es una funci�n p�blica delegada por el Estado al Municipio con fundamento en el art�culo 115, fracci�n III, inciso i), constitucional, que establece la facultad de que las entidades federativas deleguen a favor de los Municipios algunos servicios y funciones p�blicas diversos a los concedidos por la C.�n F., lo anterior se traduce en que, como ya qued� se�alado con anterioridad, la Legislatura Estatal, en uso de la autonom�a que le otorga el art�culo 124 constitucional, puede imponer diversos requisitos y modalidades que deber� cumplir el Municipio de que se trate para la adecuada prestaci�n del servicio concedido.

    En esta tesitura, el hecho de que la Legislatura del Estado hubiera determinado que para el manejo del Registro del Estado Familiar se debe cumplir con los requisitos que le imponen los art�culos 111 y 112 antes transcritos, no est� invadiendo la esfera de competencias del Municipio actor, sino que est� haciendo uso de la facultad antes se�alada, la cual le fue otorgada constitucionalmente y, por lo cual, no puede ser considerada inconstitucional.

    Por otro lado, los art�culos 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 y 124 del ordenamiento que se analiza disponen:

    Art�culo 113. Al titular de Obras P�blicas, le corresponde:

    I.L. a cabo la planeaci�n y programaci�n de las obras que deba realizar el Ayuntamiento y su ejecuci�n, cuando no deban ser sometidas a concurso;

  267. Hacer los estudios y presupuestos de las obras a cargo del Municipio;

  268. Intervenir en la forma en que el presidente municipal le indique, en las obras que el Municipio realice con participaci�n del Estado o la Federaci�n o en coordinaci�n o asociaci�n con otros Municipios;

  269. Autorizar el uso del suelo y licencias de fraccionamiento que deba extender el presidente municipal, en los t�rminos de las leyes federales y estatales en la materia; para ello, deber� observar las disposiciones correspondientes al desarrollo regional; as� como expedir permisos para la construcci�n, ampliaci�n o remodelaci�n de casas, edificios, banquetas, bardas, conexiones de drenaje, etc., y cuidar que los interesados observen los requisitos se�alados por las leyes y reglamentos correspondientes, as� como de que se cubran las contribuciones que se causen:

    V.S. a las personas que sin permiso o sin observar los dem�s requisitos se encuentren con obras en construcci�n;

  270. Realizar aval�os;

  271. Expedir constancia de alineamiento y n�meros oficiales;

  272. Responder, personalmente, por las deficiencias que tengan las obras municipales que bajo su direcci�n se lleven a cabo;

  273. Intervenir en la elaboraci�n de los estudios y proyectos para el establecimiento y administraci�n de las reservas territoriales del Municipio;

  274. Intervenir en la regularizaci�n de la tenencia de la tierra urbana y preservar el entorno ecol�gico, en las obras que se realicen;

  275. Elaborar la propuesta de valores unitarios a que se refiere el �ltimo p�rrafo del art�culo 50 de esta ley;

  276. Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando sea requerido y

  277. Asistir al presidente municipal, en las funciones t�cnicas del Comit� de Planeaci�n del Desarrollo M..

    El titular de Obras P�blicas de los Municipios, deber� ser un profesionista o t�cnico en la materia o, en su caso, deber� contar con el apoyo de una Unidad T�cnica de Dise�o, C�lculo y Ejecuci�n de Obras, cuyo responsable acredite satisfactoriamente sus estudios y, en este caso, su nombramiento deber� ser autorizado por la mayor�a de los integrantes del Ayuntamiento; el responsable de la unidad referida refrendar� con su firma los documentos oficiales, suscritos por el titular de Obras P�blicas."

    Art�culo 115. El titular de Planeaci�n y U.�n, tendr� las siguientes facultades y obligaciones:

  278. Presentar propuestas al Ayuntamiento para la elaboraci�n de planes y programas de urbanismo y formular la zonificaci�n y el plan de desarrollo urbano, en su �mbito de competencia, conforme a la ley de la materia;

  279. Participar en la formulaci�n de planes de desarrollo urbano y regional sustentables, en los que intervenga la Federaci�n, el Estado u otros Municipios, en concordancia con los planes generales de la materia;

    III.F. recomendaciones al Ayuntamiento para mejorar la administraci�n municipal o la prestaci�n de servicios p�blicos municipales;

  280. Realizar estudios y aceptar informaci�n y opiniones de los grupos sociales que integren la comunidad, respecto a la elaboraci�n de los planes municipales sobre asentamientos humanos;

    V.C. ante el Ayuntamiento, cuando sea requerido;

  281. Gestionar, ante el Ayuntamiento, la expedici�n de los reglamentos y las disposiciones administrativas tendientes a regular el funcionamiento de su dependencia y dar operatividad a los planes de desarrollo municipal, en concordancia con la legislaci�n federal y estatal en la materia y

  282. Asistir al presidente municipal y al titular de Obras P�blicas, en las funciones t�cnicas del Comit� de Planeaci�n para el Desarrollo M.. ..."

    Art�culo 116. El titular de Comercio y Mercados, funcionar� de acuerdo con el reglamento correspondiente y tendr� a su cargo el control de la actividad mercantil de su competencia."

    Art�culo 117. El titular de Limpia y Transporte, tendr� como funci�n:

    I.M. en estado de limpieza y buena presentaci�n las calles, plazas, jardines y establecimientos p�blicos de la ciudad;

  283. Conservar en buen estado los camiones recolectores de basura, que deber�n pasar en forma peri�dica en todas las calles, para la prestaci�n del servicio;

  284. Proponer en coordinaci�n con el titular de Obras P�blicas, los lugares apropiados para plantas tratadoras, rellenos sanitarios y basureros y

  285. Las dem�s que le impongan las leyes y los reglamentos correspondientes."

    Art�culo 118. Corresponde al titular del Rastro M., procurar que la matanza del ganado y aves se realice bajo su control, con observancia de las disposiciones sanitarias, vigilar que se paguen las contribuciones y se ponga el sello correspondiente para la circulaci�n de carnes. Vigilar el adecuado funcionamiento de los rastros operados por particulares y procurar que se cumpla con la hacienda municipal y las dem�s disposiciones vigentes."

    Art�culo 119. El jefe de la Oficina de Alumbrado P�blico, deber� conservar en buen estado las redes de distribuci�n, realizar los estudios para las ampliaciones y mejoras correspondientes, cuidar que en su oportunidad se repongan las l�mparas fundidas, prender y apagar a la hora indicada el alumbrado p�blico, llevar un minucioso registro del consumo de energ�a el�ctrica y comunicar al tesorero municipal o al titular de Obras P�blicas, las tomas clandestinas que afecten las redes a cargo del Municipio."

    Art�culo 120. Al jefe de Parques y Jardines, le corresponde la vigilancia, conservaci�n y equipamiento de los parques y lugares p�blicos de recreo, as� como procurar que estos lugares sean un ornato atractivo para la poblaci�n."

    Art�culo 121. El titular de la Unidad de Reglamentos, tendr� a su cargo, la aplicaci�n y observancia de los reglamentos municipales expedidos por el Ayuntamiento y las leyes que expida la Legislatura del Estado y levantar las infracciones que correspondan."

    Art�culo 122. Al titular de Sanidad M., le compete vigilar el cumplimiento de las disposiciones del c�digo en la materia y su reglamento, para crear nuevas y mejores condiciones de higiene y salud para los habitantes del Municipio."

    Art�culo 123. El jefe de Espect�culos, tendr� como funci�n, vigilar que en los lugares donde se desarrollen todo tipo de espect�culos o diversiones, no se falte a la moral y las buenas costumbres; as� mismo, le corresponde autorizar los permisos y cuidar que se paguen las contribuciones respectivas al Municipio."

    Art�culo 124. El responsable del pante�n municipal, tendr� a su cargo la administraci�n del mismo, el control y vigilancia de la inhumaci�n y exhumaci�n de cad�veres, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales correspondientes."

    Los preceptos se�alados establecen las funciones que deber�n realizar el titular de Obras P�blicas, de Planeaci�n y U.�n, de Comercio y Mercados, de Limpia y Transporte, del Rastro M., de la Oficina de Alumbrado P�blico, de Parques y Jardines, de la Unidad de Reglamentos, de Sanidad M., de Espect�culos y del pante�n municipal.

    Por otro lado, resulta conveniente, de nueva cuenta, acudir al art�culo 115 constitucional, fracci�n III, que dispone:

    Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

    ...

  286. Los Municipios tendr�n a su cargo las funciones y servicios p�blicos siguientes:

    (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    1. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici�n de sus aguas residuales.

    2. Alumbrado p�blico.

      (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    3. Limpia, recolecci�n, traslado, tratamiento y disposici�n final de residuos.

    4. Mercados y centrales de abasto.

    5. Panteones.

    6. Rastro.

      (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    7. Calles, parques y jardines y su equipamiento;

      (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    8. Seguridad p�blica, en los t�rminos del art�culo 21 de esta C.�n, Polic�a P. M. y Tr�nsito; e

    9. Los dem�s que las Legislaturas Locales determinen seg�n las condiciones territoriales y socio-econ�micas de los Municipios, as� como su capacidad administrativa y financiera.

      (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

      Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempe�o de las funciones o la prestaci�n de los servicios a su cargo, los Municipios observar�n lo dispuesto por las leyes federales y estatales.

      (Adicionado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

      Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podr�n coordinarse y asociarse para la m�s eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y trat�ndose de la asociaci�n de Municipios de dos o m�s Estados, deber�n contar con la aprobaci�n de las Legislaturas de los Estados respectivas. As� mismo cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste, de manera directa o a trav�s del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio."

      De la lectura concatenada de los preceptos reclamados y del art�culo 115 constitucional, fracci�n III, antes transcrito, se aprecia que los preceptos impugnados prev�n las funciones de los titulares de las oficinas encargadas de los servicios p�blicos que la propia C.�n F. encomend� a los Municipios, cuesti�n que evidentemente le corresponde organizar a cada Ayuntamiento; sin embargo, como qued� plasmado con anterioridad, las normas reclamadas deben ser interpretadas conforme a la fracci�n II, inciso e), del art�culo 115 constitucional y, por tanto, debe determinarse que son normas por ausencia de reglamento, ya que el r�gimen jur�dico de los servicios p�blicos municipales se debe regular por los propios reglamentos municipales, en virtud de que al Ayuntamiento le corresponde la auto-organizaci�n de su administraci�n p�blica y, por ende, a �ste como �rgano colegiado le toca determinar los medios que necesita para la prestaci�n de los servicios que se le han otorgado constitucionalmente; empero, ante la posible carencia del Municipio de que se trate de la reglamentaci�n necesaria para lograr la adecuada y eficiente prestaci�n de los servicios p�blicos que se encuentran a su cargo, puede hacer uso de dichas normas hasta en tanto emita las propias que le sean m�s adecuadas.

      En este orden de ideas, no es el caso de estimar los preceptos se�alados como violatorios de la esfera de competencias del Municipio, pues como qued� se�alado, se trata de normas que pueden ser aplicadas por el Ayuntamiento de manera supletoria ante la ausencia de la norma reglamentaria municipal respectiva.

      Por �ltimo, a fin de analizar el concepto de invalidez en su integridad, s�lo resta analizar el art�culo 114 de la ley impugnada que dispone:

      Art�culo 114. Los Ayuntamientos, por conducto de su presidente municipal o de las dependencias municipales de obras p�blicas o de planeaci�n y urbanismo, ejercer�n las funciones relativas a la planeaci�n y urbanizaci�n de los centros y zonas destinados a los asentamientos humanos de su jurisdicci�n, con las atribuciones que les asignen las leyes federales y estatales en la materia y dem�s disposiciones legales aplicables."

      El art�culo anterior, prev� el marco jur�dico que regir� a las funciones de obra p�blica o de planeaci�n y urbanismo que deber�n ser ejercidas por el presidente municipal o por la dependencia correspondiente.

      A su vez, el art�culo 115 constitucional, fracci�n V, dispone:

      Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

      ...

  287. Los Municipios, en los t�rminos de las leyes federales y estatales relativas, estar�n facultados para:

    1. Formular, aprobar y administrar la zonificaci�n y planes de desarrollo urbano municipal;

    2. Participar en la creaci�n y administraci�n de sus reservas territoriales;

    3. Participar en la formulaci�n de planes de desarrollo regional, los cuales deber�n estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federaci�n o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deber�n asegurar la participaci�n de los Municipios;

    4. Autorizar, controlar y vigilar la utilizaci�n del suelo, en el �mbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;

    5. Intervenir en la regularizaci�n de la tenencia de la tierra urbana;

    6. Otorgar licencias y permisos para construcciones;

    7. Participar en la creaci�n y administraci�n de zonas de reservas ecol�gicas y en la elaboraci�n y aplicaci�n de programas de ordenamiento en esta materia;

    8. Intervenir en la formulaci�n y aplicaci�n de programas de transporte p�blico de pasajeros cuando aquellos afecten su �mbito territorial; e

    9. Celebrar convenios para la administraci�n y custodia de las zonas federales.

    En lo conducente y de conformidad a los fines se�alados en el p�rrafo tercero del art�culo 27 de esta C.�n, expedir�n los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios."

    Asimismo, resulta indispensable acudir al contenido del art�culo 73, fracci�n XXIX-C, que dispone:

    Art�culo 73. El Congreso tiene facultad para:

    ...

    XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno F., de los Estados y de los Municipios en el �mbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el p�rrafo tercero del art�culo 27 de esta C.�n."

    Anteriormente, qued� precisado que respecto de las facultades concurrentes, el P. de este Alto Tribunal ha sostenido la jurisprudencia P./J. 142/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XV, enero de 2002, p�gina 1042, que a la letra dice:

    FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JUR�DICO MEXICANO. SUS CARACTER�STICAS GENERALES. Si bien es cierto que el art�culo 124 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece que: �Las facultades que no est�n expresamente concedidas por esta C.�n a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.�, tambi�n lo es que el �rgano Reformador de la C.�n determin�, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Uni�n fijara un reparto de competencias, denominado �facultades concurrentes�, entre la Federaci�n, las entidades federativas y los Municipios e, inclusive, el Distrito F., en ciertas materias, como son: la educativa (art�culos 3o., fracci�n VIII y 73, fracci�n XXV), la de salubridad (art�culos 4o., p�rrafo tercero y 73, fracci�n XVI), la de asentamientos humanos (art�culos 27, p�rrafo tercero y 73, fracci�n XXIX-C), la de seguridad p�blica (art�culo 73, fracci�n XXIII), la ambiental (art�culo 73, fracci�n XXIX-G), la de protecci�n civil (art�culo 73, fracci�n XXIX-I) y la deportiva (art�culo 73, fracci�n XXIX-J). Esto es, en el sistema jur�dico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito F., los Municipios y la Federaci�n, puedan actuar respecto de una misma materia, pero ser� el Congreso de la Uni�n el que determine la forma y los t�rminos de la participaci�n de dichos entes a trav�s de una ley general."

    Ahora bien, toda vez que las facultades concurrentes implican que por disposici�n constitucional el Congreso de la Uni�n fije el reparto de competencias entre la Federaci�n, Estados y Municipios, a trav�s de una ley, es menester acudir a la respectiva ley marco, a fin de determinar si la Legislatura Local es respetuosa de �stas y, en consecuencia, de lo dispuesto por los art�culos 73 y 115 de la C.�n F..

    As� pues, la Ley General de Asentamientos Humanos, en lo que interesa prev�:

    Art�culo 6o. Las atribuciones que en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de poblaci�n tiene el Estado, ser�n ejercidas de manera concurrente por la Federaci�n, las entidades federativas y los Municipios, en el �mbito de la competencia que les determina la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos."

    Art�culo 8o. Corresponden a las entidades federativas, en el �mbito de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes atribuciones:

  288. Legislar en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de poblaci�n, atendiendo a las facultades concurrentes previstas en la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos;

    II.F., aprobar y administrar el programa estatal de desarrollo urbano, as� como evaluar y vigilar su cumplimiento;

  289. Promover la participaci�n social conforme a lo dispuesto en esta ley;

  290. Autorizar la fundaci�n de centros de poblaci�n;

    V.P. en la planeaci�n y regulaci�n de las conurbaciones, en los t�rminos de esta ley y de la legislaci�n estatal de desarrollo urbano;

  291. Coordinarse con la Federaci�n, con otras entidades federativas y con sus Municipios, para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de poblaci�n;

  292. Convenir con los sectores social y privado la realizaci�n de acciones e inversiones concertadas para el desarrollo regional y urbano;

  293. Participar, conforme a la legislaci�n federal y local, en la C.�n y administraci�n de reservas territoriales, la regularizaci�n de la tenencia de la tierra urbana, la dotaci�n de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, as� como en la protecci�n del patrimonio cultural y del equilibrio ecol�gico de los centros de poblaci�n;

  294. Convenir con los respectivos Municipios la administraci�n conjunta de servicios p�blicos municipales, en los t�rminos de las leyes locales;

  295. Apoyar a las autoridades municipales que lo soliciten, en la administraci�n de la planeaci�n del desarrollo urbano;

  296. Imponer medidas de seguridad y sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones jur�dicas y de los programas estatales de desarrollo urbano, conforme lo prevea la legislaci�n local;

    XII.C. con la Federaci�n en el cumplimiento del programa nacional de desarrollo urbano, y

  297. Las dem�s que les se�alen esta ley y otras disposiciones jur�dicas federales y locales."

    Art�culo 9o. Corresponden a los Municipios, en el �mbito de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes atribuciones:

    I.F., aprobar y administrar los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de poblaci�n y los dem�s que de �stos deriven, as� como evaluar y vigilar su cumplimiento, de conformidad con la legislaci�n local;

  298. Regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de �reas y predios en los centros de poblaci�n;

  299. Administrar la zonificaci�n prevista en los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de poblaci�n y los dem�s que de �stos deriven;

  300. Promover y realizar acciones e inversiones para la conservaci�n, mejoramiento y crecimiento de los centros de poblaci�n;

    V.P. la fundaci�n de centros de poblaci�n;

  301. Participar en la planeaci�n y regulaci�n de las conurbaciones, en los t�rminos de esta ley y de la legislaci�n local;

  302. Celebrar con la Federaci�n, la entidad federativa respectiva, con otros Municipios o con los particulares, convenios y acuerdos de coordinaci�n y concertaci�n que apoyen los objetivos y prioridades previstos en los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de poblaci�n y los dem�s que de �stos deriven;

  303. Prestar los servicios p�blicos municipales, atendiendo a lo previsto en la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislaci�n local;

  304. Coordinarse y asociarse con la respectiva entidad federativa y con otros Municipios o con los particulares, para la prestaci�n de servicios p�blicos municipales, de acuerdo con lo previsto en la legislaci�n local;

  305. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de uso de suelo, construcci�n, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y condominios, de conformidad con las disposiciones jur�dicas locales, planes o programas de desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de �reas y predios;

  306. Intervenir en la regularizaci�n de la tenencia de la tierra urbana, en los t�rminos de la legislaci�n aplicable y de conformidad con los planes o programas de desarrollo urbano y las reservas, usos y destinos de �reas y predios;

  307. Participar en la creaci�n y administraci�n de reservas territoriales para el desarrollo urbano, la vivienda y la preservaci�n ecol�gica, de conformidad con las disposiciones jur�dicas aplicables;

  308. Imponer medidas de seguridad y sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones jur�dicas, planes o programas de desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de �reas y predios en los t�rminos de la legislaci�n local;

  309. Informar y difundir permanentemente sobre la aplicaci�n de los planes o programas de desarrollo urbano, y

  310. Las dem�s que les se�ale esta ley y otras disposiciones jur�dicas federales y locales.

    Los Municipios ejercer�n sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a trav�s de los Cabildos de los Ayuntamientos o con el control y evaluaci�n de �stos."

    De lo anterior se desprende que la ley marco, faculta a los Municipios para establecer un sistema de planeaci�n y regulaci�n de asentamientos humanos, conforme a lo dispuesto por la ley local, lo que es conforme con el art�culo 115, fracci�n V, de la C.�n F., que dentro del marco de la concurrencia tiene la funci�n de otorgarle al Municipio una esfera m�nima de derechos constitucionalmente garantizada.

    Ahora bien, el art�culo 115, fracci�n I, de la C.�n F. dispone lo siguiente:

    Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

    (Reformado primer p�rrafo, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

  311. Cada Municipio ser� gobernado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa, integrado por un presidente municipal y el n�mero de regidores y s�ndicos que la ley determine. La competencia que esta C.�n otorga al Gobierno M. se ejercer� por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habr� autoridad intermedia alguna entre �ste y el Gobierno del Estado."

    La norma constitucional citada dispone que la competencia que la C.�n otorga al Gobierno M. debe ejercerse por el Ayuntamiento de manera exclusiva, raz�n por la cual, si determinadas facultades en materia de asentamientos humanos tiene reconocimiento constitucional como una competencia a favor de los Municipios, es inconcuso que las mismas deben ejercerse por el Ayuntamiento de forma exclusiva y, en todo caso, la decisi�n de si el conocimiento de tales atribuciones debe ejercerse por el Ayuntamiento en pleno, por una comisi�n, o bien por una direcci�n municipal, es una cuesti�n que le corresponde de manera aut�noma al Municipio, en t�rminos de lo regulado por la fracci�n II del art�culo 115 de la C.�n F..

    Por tanto, el art�culo 114 al contemplar que son los Ayuntamientos los que ejercer�n las funciones relativas a la planeaci�n y urbanizaci�n de los centros y zonas destinadas a los asentamientos humanos, es una norma derivada directamente del art�culo 115, fracci�n V, de la C.�n F.. No obstante lo anterior, la porci�n normativa que establece "... por conducto de su presidente municipal o de las dependencias municipales de obras p�blicas o de planeaci�n y urbanismo ...", debe interpretarse conforme al art�culo 115, fracci�n II, inciso e), y considerarse como una norma por ausencia de reglamento municipal, que ser� aplicable en tanto el Ayuntamiento no emita su propia normatividad en la que decida si depositar� el ejercicio de esa funci�n en un diverso �rgano o miembro del Ayuntamiento.

    Mientras tanto, el Ayuntamiento podr� actuar en P. en tales funciones, pues su competencia deriva directamente de las fracciones I y V del art�culo 115 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

  312. De la asistencia social.

    El Municipio actor manifiesta que la Legislatura Estatal carece de facultades para emitir normas como la contenida en el art�culo 125 de la ley impugnada y que, por tanto, al hacerlo invade su esfera de competencias.

    El art�culo antes referido establece:

    Art�culo 125. La administraci�n municipal, en el sector central o paramunicipal, contar� con una unidad encargada de prestar los servicios de asistencia social con la denominaci�n de Junta M. para el Desarrollo Integral de la Familia. Para financiar su operaci�n, el Ayuntamiento establecer�, conforme a sus recursos, la partida presupuestal correspondiente, no podr� ser �sta de un monto menor al 3% del total del presupuesto de egresos, independientemente de los recursos federales y estatales que se le transfieran.

    La Junta M. para el Desarrollo Integral de la Familia, estar� regida por un patronato, presidido por la persona que designe el presidente municipal y una direcci�n, con las unidades administrativas o dependencias que establezcan el acuerdo o reglamento correspondiente o sus propios requerimientos.

    El titular del Desarrollo Integral de la Familia M., deber� contar con el apoyo de una unidad t�cnica, cuyo responsable deber� ser un profesionista o t�cnico con conocimientos en las materias de derecho, administraci�n o ramas afines a �stas, que acredite satisfactoriamente sus estudios ante el Ayuntamiento. El responsable de la unidad referida, refrendar� con su firma los documentos oficiales suscritos por el titular del Desarrollo Integral de la Familia M.."

    En la primera parte del primer p�rrafo del art�culo que se analiza, se establece que la administraci�n municipal deber� contar con una unidad que prestar� los servicios de asistencia social, as� como la denominaci�n que le corresponder�. Asimismo, en el segundo y tercer p�rrafo se prev� que la Junta M. para el Desarrollo Integral de la Familia, deber� estar regida por un patronato y los requisitos de la persona que deber� ocupar el cargo de la unidad t�cnica de apoyo a dicha dependencia.

    Los fragmentos del precepto reclamado se�alados deben ser considerados como normas derivadas de la fracci�n III, inciso i), del art�culo 115 constitucional, toda vez que se trata de una funci�n p�blica concedida por la Legislatura Estatal a favor del Municipio y, en este sentido, ha quedado precisado con antelaci�n que en este tipo de servicios p�blicos en los que es la Legislatura Estatal la que los encarga directamente al Municipio, �sta puede, en uso de la autonom�a que le otorga el art�culo 124 constitucional, establecer requisitos, modalidades y hasta dependencias, siempre y cuando prevea el presupuesto para tal efecto.

    En este sentido, es claro que lo dispuesto por el art�culo impugnado en los fragmentos referidos no es violatorio de la esfera competencial del Municipio, pues al tratarse de una funci�n p�blica otorgada por la propia Legislatura Estatal a favor de �ste, es claro que le puede imponer una serie de modalidades y requisitos que tiendan a la adecuada prestaci�n de la funci�n de que se trata.

    Por otro lado, en la segunda parte del primer p�rrafo del precepto transcrito, se establece la obligaci�n del Ayuntamiento de establecer conforme a sus recursos la partida presupuestal correspondiente, que no podr� ser de un monto menor al 3% del total del presupuesto de egresos independientemente de los recursos federales y estatales que se les transfieran.

    Esta parte de la disposici�n resulta violatoria de la fracci�n IV del art�culo 115 constitucional que prev�:

    Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

    ...

  313. Los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

    1. Percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

      Los Municipios podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administraci�n de esas contribuciones.

    2. Las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

    3. Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo.

      (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

      Las leyes federales no limitar�n la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni conceder�n exenciones en relaci�n con las mismas. Las leyes estatales no establecer�n exenciones o subsidios en favor de persona o instituci�n alguna respecto de dichas contribuciones. S�lo estar�n exentos los bienes de dominio p�blico de la Federaci�n, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier t�tulo, para fines administrativos o prop�sitos distintos a los de su objeto p�blico.

      (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

      Los Ayuntamientos, en el �mbito de su competencia, propondr�n a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

      (Adicionado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

      Las Legislaturas de los Estados aprobar�n las Leyes de Ingresos de los Municipios, revisar�n y fiscalizar�n sus cuentas p�blicas. Los presupuestos de egresos ser�n aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.

      (Adicionado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

      Los recursos que integran la hacienda municipal ser�n ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley."

      Como desprende de la fracci�n V del art�culo 115 constitucional, antes transcrita, los Ayuntamientos gozan de libertad para administrar su hacienda y corresponde a �stos aprobar su presupuesto de egresos.

      Ahora bien, la libre administraci�n de la hacienda municipal corresponde al r�gimen que estableci� el Poder Revisor de la C.�n con el prop�sito expreso de fortalecer la autonom�a y autosuficiencia econ�mica de los Municipios, de tal manera que estas entidades pol�ticas tengan libertad en la aplicaci�n de los recursos que les son propios, para la satisfacci�n de sus necesidades.

      Este criterio ha sido sostenido por el P. de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la jurisprudencia n�mero P./J. 5/2000, que aparece publicada en la p�gina 515 del Tomo XI, febrero de dos mil, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, que dice:

      HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACI�N HACENDARIA. SUS DIFERENCIAS (ART�CULO 115, FRACCI�N IV, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL). En t�rminos generales puede considerarse que la hacienda municipal se integra por los ingresos, activos y pasivos de los Municipios; por su parte, la libre administraci�n hacendaria debe entenderse como el r�gimen que estableci� el Poder Reformador de la C.�n a efecto de fortalecer la autonom�a y autosuficiencia econ�mica de los Municipios, con el fin de que �stos puedan tener libre disposici�n y aplicaci�n de sus recursos y satisfacer sus necesidades, todo esto en los t�rminos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines p�blicos."

      Igualmente, en la exposici�n de motivos de la reforma constitucional efectuada al art�culo 115, el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, se asent�:

      ... Dentro de estos grandes lineamientos, como consecuencia de los estudios realizados y como corolario de la intensa consulta popular efectuada, consideramos como medida fundamental para robustecer al Municipio, piedra angular de nuestra vida republicana y federal, hacer algunos cambios al art�culo 115 de la C.�n, tendientes a vigorizar su hacienda, su autonom�a pol�tica ...

      Se atribuyen igualmente a los Municipios los rendimientos de sus bienes propios, as� como de las otras contribuciones y los otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y fundamentalmente tambi�n los ingresos provenientes de la prestaci�n de los servicios p�blicos a su cargo. ..."

      Por otro lado, el concepto de hacienda, en un sentido amplio, puede entenderse como el conjunto de bienes organizados para el ejercicio de la actividad econ�mica de un ente, que bien puede ser de naturaleza privada o, como en el caso, p�blica. Lo que permite calificar a un conjunto de bienes como hacienda es, justamente, el destino o fin al que se encuentran afectos, es el elemento que le da cohesi�n y permite identificarla como una unidad econ�mica.

      Algunos autores distinguen entre el patrimonio y la hacienda municipal. Esto es, el patrimonio de un Municipio se refiere a todos los bienes, materiales e inmateriales, muebles e inmuebles, etc�tera, que le pertenecen y sobre los cuales ejerce dominio. Bajo esta noci�n, el patrimonio municipal es m�s amplio que su hacienda.

      La hacienda municipal se conforma con los recursos econ�micos con los que cuenta el Municipio para cumplir con sus funciones y proporcionar los servicios p�blicos que tiene a su cargo.

      En este contexto, la libre administraci�n de la hacienda municipal debe entenderse exclusivamente como la facultad de organizar, esto es, ordenar econ�micamente los recursos del Municipio disponibles y utilizarlos para proveer a la satisfacci�n de los intereses y necesidades sociales, as� como a prestar los servicios p�blicos que tenga a su cargo, siempre que se apliquen al gasto p�blico.

      As� las cosas, la regulaci�n de un destino para los ingresos p�blicos, preconfigurado por la ley, constituye una limitaci�n a la libre administraci�n de la misma que violenta la fracci�n IV del art�culo 115 de la C.�n F.. En este tenor, el supuesto jur�dico previsto en la segunda parte del primer p�rrafo del art�culo 125 de la ley impugnada, que dispone la obligaci�n de que el Ayuntamiento destine en la partida presupuestal correspondiente a asistencia social un monto no menor al 3% del total del presupuesto de egresos, independientemente de los recursos federales y estatales que se les transfieran, resulta inconstitucional, toda vez que atenta contra el r�gimen de libre administraci�n hacendaria, raz�n por la cual debe declararse su invalidez.

      Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la jurisprudencia P./J. 53/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., enero de 2003, p�gina 1393, que a la letra indica:

      HACIENDA MUNICIPAL. LAS CONTRIBUCIONES QUE ESTABLEZCAN LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA SE ENCUENTRAN TUTELADAS BAJO EL R�GIMEN DE LIBRE ADMINISTRACI�N HACENDARIA, POR LO QUE ESOS RECURSOS PERTENECEN EXCLUSIVAMENTE A LOS MUNICIPIOS Y NO AL GOBIERNO DEL ESTADO (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART�CULO 1o., FRACCI�N I, DE LA �LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2002� DEL ESTADO DE SONORA). El art�culo 115, fracci�n IV, de la C.�n F., establece la forma en que se integra la hacienda municipal, se�alando que se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor; por su parte, los incisos a), b) y c), de la fracci�n IV mencionada, se refieren a los conceptos que estar�n sujetos al r�gimen de libre administraci�n hacendaria. El indicado inciso a), dispone que, en todo caso, los Municipios percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles, luego, esos recursos, forman parte de la hacienda municipal y est�n sujetos al r�gimen de libre administraci�n hacendaria, lo que hace patente que dichos recursos pertenecen a los Municipios de forma exclusiva y no al Gobierno del Estado; por lo tanto, si en la Ley de Ingresos Estatal se establece que el Gobierno del Estado percibir� los ingresos provenientes del �impuesto predial ejidal�, ello vulnera lo dispuesto por el art�culo 115, fracci�n IV, inciso a), de la C.�n F.. Como consecuencia de lo anterior, la Legislatura Local, tampoco puede establecer disposici�n alguna que indique a los Municipios el destino de esos recursos, ya que se encuentran bajo el r�gimen de libre administraci�n hacendaria y en libertad de ocuparlos de acuerdo con sus necesidades, siempre que se apliquen al gasto p�blico."

      Consecuentemente, debe declararse la inconstitucionalidad del primer p�rrafo del art�culo 125 impugnado, en la porci�n normativa que dice "Para financiar su operaci�n, el Ayuntamiento establecer�, conforme a sus recursos, la partida presupuestal correspondiente, no podr� ser �sta de un monto menor al 3% del total del presupuesto de egresos, independientemente de los recursos federales y estatales que se le transfieran", raz�n por la cual, para efectos de la presente controversia constitucional y en lo que ata�e a su aplicaci�n futura al Municipio actor, deber� leerse de la siguiente manera:

      Art�culo 125. La administraci�n municipal, en el sector central o paramunicipal, contar� con una unidad encargada de prestar los servicios de asistencia social con la denominaci�n de Junta M. para el Desarrollo Integral de la Familia."

  314. De los actos administrativos municipales.

    La parte actora aduce que el art�culo 126, fracci�n V, deja abierta la posibilidad de que las leyes establezcan cualquier supuesto en que los Ayuntamientos deban solicitar autorizaci�n al Congreso, por lo que es violatorio del art�culo 115, fracci�n II, de la C.�n F.. El art�culo impugnado dispone:

    Art�culo 126. Los Ayuntamientos necesitan autorizaci�n del Congreso del Estado, para:

  315. Establecer los valores catastrales base, equiparables al valor comercial, para la aplicaci�n del impuesto a la propiedad inmobiliaria;

  316. Suscribir convenios de asociaci�n con Municipios de otras entidades federativas;

  317. Contratar empr�stitos cuando funja como avalista el Estado, conforme a la ley de la materia;

  318. Cambiar las categor�as pol�ticas de las poblaciones; y

  319. Los dem�s casos establecidos por las leyes."

    Cabe precisar que el art�culo 126 de la Ley Org�nica M. del Estado de H., en las fracciones I a IV, que no son materia de impugnaci�n en el presente juicio, se�alan que los Ayuntamientos necesitan autorizaci�n del Congreso del Estado para realizar determinados actos, y en la fracci�n V impugnada, precisa que tambi�n se necesitar� tal autorizaci�n en los dem�s casos establecidos por las leyes; lo que puede estimarse como una posibilidad de que otras leyes establezcan los casos en que el Ayuntamiento debe solicitar al Congreso Local la autorizaci�n para determinados actos.

    Sin embargo, la regulaci�n de la norma no puede llevar a la inconstitucionalidad del art�culo 126, fracci�n V, de la Ley Org�nica M. del Estado de H. en comento, porque la fracci�n que se estudia s�lo constituye un supuesto normativo gen�rico que remite a lo establecido en otras leyes para efecto de actos del Ayuntamiento que necesiten la aprobaci�n del Congreso Estatal, sin que pueda considerarse inconstitucional en s� mismo, puesto que en dado caso habr�a que analizar cu�les son "Los dem�s casos establecidos por las leyes" respectivas, para determinar si �stos se ajustan o no a los principios contenidos en la fracci�n II del art�culo 115 de la C.�n F., raz�n por la cual el concepto de invalidez resulta infundado.

    La parte actora aduce que el art�culo 132 de la Ley Org�nica M. del Estado de H. impugnado viola el principio de libertad hacendaria, ya que limita el destino del haber municipal, cuando esto s�lo es posible hacerlo a trav�s del presupuesto, el cual lo determina libremente el Ayuntamiento conforme a su plan de desarrollo.

    Procede ahora transcribir el art�culo 132 impugnado:

    Art�culo 132. Los Ayuntamientos, por ning�n motivo har�n donaci�n bajo ning�n t�tulo, de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, excepto cuando se trate de realizaci�n de obras de beneficio colectivo; en este caso, se observar� lo dispuesto por la fracci�n XVII del art�culo 49 de esta ley."

    Por su parte, la fracci�n IV del art�culo 115 de la C.�n F. se�ala:

    Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

    ...

  320. Los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

    1. Percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

      Los Municipios podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administraci�n de esas contribuciones.

    2. Las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

    3. Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo.

      Las leyes federales no limitar�n la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni conceder�n exenciones en relaci�n con las mismas. Las leyes estatales no establecer�n exenciones o subsidios en favor de persona o instituci�n alguna respecto de dichas contribuciones. S�lo estar�n exentos los bienes de dominio p�blico de la Federaci�n, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier t�tulo, para fines administrativos o prop�sitos distintos a los de su objeto p�blico.

      Los Ayuntamientos, en el �mbito de su competencia, propondr�n a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

      Las Legislaturas de los Estados aprobar�n las Leyes de Ingresos de los Municipios, revisar�n y fiscalizar�n sus cuentas p�blicas. Los presupuestos de egresos ser�n aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.

      Los recursos que integran la hacienda municipal ser�n ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley."

      La disposici�n anotada prev� la libre administraci�n hacendaria por parte de los Municipios y la forma en que se integra la hacienda municipal; los casos en que las leyes federales no pueden establecer contribuciones sobre los conceptos que corresponden a los Municipios; la prohibici�n para que en las leyes locales no se establezcan exenciones o subsidios respecto de las mismas contribuciones; la facultad de las Legislaturas Estatales para aprobar las Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos y para revisar sus cuentas p�blicas, as� como la facultad de tales Ayuntamientos para aprobar sus presupuestos de egresos.

      El numeral a estudio, es decir, el art�culo 132 de la Ley Org�nica M. del Estado de H., dispone que los Ayuntamientos por ning�n motivo har�n donaci�n de los bienes e inmuebles propiedad del Municipio, excepto que se trate de realizaci�n de obras de beneficio colectivo y que en este caso se observar� lo dispuesto por la fracci�n XVII del art�culo 49 de la misma ley, es decir, mediante el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento.

      Por su parte, la fracci�n XVII del art�culo 49 de la Ley Org�nica M. del Estado de H. mencionado se�ala:

      Art�culo 49. Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos:

      ...

  321. Enajenar, a t�tulo gratuito u oneroso, los inmuebles de dominio privado del Municipio, �nicamente cuando as� lo aprueben las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento y previa localizaci�n y medici�n de la propiedad y aval�o por peritos; la venta se efectuar� en los t�rminos de la autorizaci�n y conforme a lo previsto por la ley de la materia. La donaci�n de inmuebles s�lo proceder�, cuando se destinen a la ejecuci�n de obras de beneficio com�n y mediante el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento."

    Como qued� sentado con anterioridad, el "patrimonio y hacienda municipales", son conceptos que con frecuencia se confunden o, en otros casos, se usan como sin�nimos, porque ambos vocablos se refieren al mismo tema. Se habla de patrimonio del Estado, por ende, del Municipio, haciendo alusi�n a todo tipo de bienes, materiales o inmateriales, que le pertenecen y sobre los que tiene dominio. En este sentido, el concepto de patrimonio es m�s amplio que el de hacienda, pues en el concepto de patrimonio se debe incluir tambi�n el de hacienda.

    En cuanto al concepto de hacienda, implica fundamentalmente la idea de recursos econ�micos, esto es, del numerario con el que cuenta la municipalidad para proveer a su propia existencia y para atender sus funciones. La hacienda, por tanto, es una parte del patrimonio y no a la inversa.

    El texto del art�culo 115 constitucional distingue los dos conceptos en cuesti�n. La fracci�n II se�ala que los Municipios estar�n investidos de personalidad jur�dica y manejar�n su patrimonio conforme a la ley. Por otra parte, el p�rrafo inicial de la fracci�n IV indica que los Municipios administrar�n libremente su hacienda.

    Se aprecia de lo anterior, que el Constituyente Permanente tuvo cuidado de separar los conceptos a fin de no confundir las respectivas facultades que, en consecuencia, tocan al Municipio.

    En general, las legislaciones estatales determinan los diversos tipos de bienes que pertenecen al Municipio siguiendo la clasificaci�n doctrinaria, de bienes del dominio p�blico y bienes del dominio privado.

    En la actual fracci�n IV del art�culo 115 constitucional, se establece la enumeraci�n de fuentes de ingresos propias para los Municipios, as� como diversas garant�as y reglas de car�cter fiscal y presupuestario que fortalecen a los Ayuntamientos.

    Se forma la hacienda municipal, puntualiza el p�rrafo primero de la fracci�n IV del art�culo 115 constitucional, de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan en su favor y, en todo caso, por: a) contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, incluyendo tasas adicionales, o las provenientes de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n, mejora o cambio de valor de los inmuebles; b) las participaciones federales, que se cubrir�n por la Federaci�n a los Municipios en los t�rminos determinados por la legislatura; c) ingresos derivados de las prestaciones de servicios p�blicos a su cargo, y d) rendimientos de los bienes que le pertenezcan. Todo lo anterior, sin perjuicio de que las legislaturas puedan establecer en favor de los Municipios otro tipo de contribuciones y de ingresos.

    Cabe recordar, en primer lugar, que esta enumeraci�n de las fuentes de ingresos es de car�cter enunciativa y no limitativa, en virtud de que el concepto de hacienda municipal se integra por otros elementos que no est�n mencionados en la enumeraci�n que se comenta.

    Respecto de los conceptos que integran la hacienda municipal, y que el Municipio administrar� libremente, esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sustentado la tesis P./J. 6/2000, publicada a p�ginas quinientos catorce del Tomo XI, febrero de dos mil, P., Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que se�ala:

    HACIENDA MUNICIPAL. CONCEPTOS SUJETOS AL R�GIMEN DE LIBRE ADMINISTRACI�N HACENDARIA (ART�CULO 115, FRACCI�N IV, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL). El art�culo 115, fracci�n IV, de la C.�n F., establece que la hacienda municipal se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; b) Las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados; y, c) Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo. De una interpretaci�n arm�nica, sistem�tica y teleol�gica de la disposici�n constitucional, se concluye que la misma no tiende a establecer la forma en que puede integrarse la totalidad de la hacienda municipal, sino a precisar en lo particular aquellos conceptos de la misma que quedan sujetos al r�gimen de libre administraci�n hacendaria, toda vez que, por una parte, la hacienda municipal comprende un universo de elementos que no se incluyen en su totalidad en la disposici�n constitucional y que tambi�n forman parte de la hacienda municipal y, por otra, la disposici�n fundamental lo que instituye, m�s que la forma en que se integra la hacienda municipal, son los conceptos de �sta que quedan comprendidos en el aludido r�gimen de libre administraci�n hacendaria."

    En cuanto a la libre administraci�n hacendaria, se debe agregar que este concepto debe entenderse como un r�gimen que estableci� el Poder Reformador de la C.�n y que ha sido motivo de m�ltiples reformas constitucionales a efecto de fortalecer la autonom�a y autosuficiencia econ�mica de los Municipios, con el fin de que �stos puedan tener libre disposici�n y aplicaci�n de sus recursos y satisfacer sus necesidades. Todo esto, en los t�rminos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines p�blicos, de tal manera que, atendiendo a sus necesidades propias y siendo �stos los que de mejor manera y en forma m�s cercana las conocen, puedan priorizar la aplicaci�n de sus recursos sin que se vean afectados por intereses ajenos o por cuestiones que, por desconocimiento u otra raz�n, los obligaran a ejercer sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales.

    La consideraci�n anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la tesis jurisprudencial n�mero P./J. 5/2000, publicada a p�gina 515, Tomo XI, febrero de dos mil, P., Novena �poca, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que se�ala:

    HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACI�N HACENDARIA. SUS DIFERENCIAS (ART�CULO 115, FRACCI�N IV, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL). En t�rminos generales puede considerarse que la hacienda municipal se integra por los ingresos, activos y pasivos de los Municipios; por su parte, la libre administraci�n hacendaria debe entenderse como el r�gimen que estableci� el Poder Reformador de la C.�n a efecto de fortalecer la autonom�a y autosuficiencia econ�mica de los Municipios, con el fin de que �stos puedan tener libre disposici�n y aplicaci�n de sus recursos y satisfacer sus necesidades, todo esto en los t�rminos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines p�blicos."

    La hacienda p�blica municipal es un elemento esencial del Municipio. Sin su concurso ser�a imposible que se cumplieran los objetivos de esta instituci�n ni tampoco se podr�an satisfacer los servicios que los ciudadanos esperan de ella. Para la hacienda municipal, la norma constitucional hace dos declaraciones terminantes; en el encabezado de la fracci�n IV subraya que los Municipios la "administrar�n libremente", en tanto que en el p�rrafo primero de la fracci�n II se indica que los Municipios "manejar�n su patrimonio conforme a la ley."

    Comprende la hacienda municipal cuatro principales elementos de car�cter financiero, a saber: a) los ingresos municipales; b) los egresos municipales; c) el patrimonio municipal, y d) la deuda p�blica municipal.

    Ahora bien, los Municipios al igual que la Federaci�n y los Estados, cuentan con una doble fuente de recursos, la m�s importante, de la que deriva el grueso de sus entradas, son las contribuciones y participaciones que fija a su favor la ley; la otra, las rentas y los productos de los bienes que integran su patrimonio. Por disposici�n constitucional ejercen su actividad hacendaria mediante tres instituciones fundamentales: el presupuesto, Ley de Ingresos y cuenta anual; y adem�s existe una complementaria, los empr�stitos.

    Las cuatro instituciones existen por un doble imperativo: uno, que deriva de la C.�n F., consignado en el art�culo 115, fracci�n IV, �ltimo p�rrafo; y otro, que deriva de las constituciones y leyes locales. Presupuesto e ingresos est�n estrechamente unidos, dependen uno del otro, los gastos se autorizan con base en ingresos determinados, los impuestos se recaban para alcanzar los objetivos establecidos en el presupuesto.

    Es menester recordar que el Tribunal P. al resolver las controversias constitucionales 18/2001 y 19/2001, en un asunto similar sostuvo lo siguiente:

S�PTIMO

Sentado lo anterior, se procede al estudio del inciso b) de la fracci�n II del art�culo 115 constitucional, inciso que es precisamente producto de la reforma constitucional de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, para as� estar en condiciones de determinar si los p�rrafos s�ptimo, noveno y d�cimo del reformado art�culo 23 de la C.�n de Nuevo Le�n lo violentan o no. La normatividad constitucional se�alada establece:

�Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

�...

�II. Los Municipios estar�n investidos de personalidad jur�dica y manejar�n su patrimonio conforme a la ley.

(Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

�Los Ayuntamientos tendr�n facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deber�n expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de polic�a y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci�n p�blica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia y aseguren la participaci�n ciudadana y vecinal.

(Adicionado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

�El objeto de las leyes a que se refiere el p�rrafo anterior ser� establecer:

�...

�b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento.�

Respecto a este nuevo texto de la C.�n General, pueden identificarse tres antecedentes destacables del proceso legislativo.

  1. Como primer antecedente, la iniciativa presentada por diputados de la fracci�n parlamentaria del Partido Acci�n Nacional el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y nueve ante la C�mara de Diputados, en tanto fue en dicho documento donde primero se propuso establecer una limitaci�n expresa a las legislaturas respecto de los actos de disposici�n del patrimonio inmobiliario de los Municipios. Dicha iniciativa, en el aspecto aqu� en estudio, se sustent� en las siguientes consideraciones:

    �Al Municipio, a trav�s de su Ayuntamiento se le confirieron facultades reglamentarias, mas no existe limitaci�n alguna para que las Legislaturas Estatales y F.es, encuentren una frontera entre sus atribuciones y las del Municipio de tal manera, que sea efectiva la capacidad cuasilegislativa de los Ayuntamientos que de modo incipiente, ya les ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

    �Se les reconoce personalidad jur�dica pero hoy por hoy, los Gobiernos Estatales y las Legislaturas Locales afectan el �mbito municipal, tomando decisiones en su nombre, sobre todo de car�cter administrativo de tal manera que dejan a los Ayuntamientos como entidad de despacho o ejecuci�n en asuntos trascendentes.

    �Se les confiere patrimonio propio mas �ste est� sujeto a decisiones de las Legislaturas Estatales como si no existiera la madurez, ni la legitimidad pol�tica para que los Ayuntamientos tomen decisiones sobre el uso y destino de sus bienes, dando en los casos que lo ameriten la participaci�n ciudadana pertinente.

    �Se les confiere libertad para el manejo de su hacienda, al mismo tiempo que las legislaturas la limitan a ultranza y sobre manera, fundados en el reenv�o que a los Congresos Locales hizo el propio Constituyente, al referir sin la menor previsi�n, el que esta libertad se ejercer� conforme a la ley.

    �...

    �e) Finalmente, se adiciona un inciso d) a dicha fracci�n II facultando a las legislaturas para establecer en las bases normativas municipales, las decisiones que por su trascendencia, en todo caso deber�n ser tomadas por mayor�a calificada de los miembros del Ayuntamiento, haciendo especial �nfasis en la desincorporaci�n de bienes del dominio p�blico municipal, venta de inmuebles o cambio de destino, as� como las resoluciones administrativas o relaciones contractuales que comprometan al Municipio m�s all� del t�rmino de la gesti�n del Ayuntamiento o Consejo M. que se trate, sin que en ning�n caso puedan las legislaturas, como perversamente hoy sucede, ser la instancia de resoluci�n en materia patrimonial o administrativa de los Municipios.�

  2. Como segundo antecedente, la iniciativa presentada por diputados del Partido de la Revoluci�n Democr�tica, el treinta de abril de mil novecientos noventa y nueve, propuesta que, en lo que a este punto ata�e, recogi� lo que antes se hab�a propuesto en la iniciativa antes referida.

  3. Esta proposici�n fue finalmente recogida en la propuesta �nica que prepar� la C.�n D. de la C�mara de Origen, misma que abund� en razones para tal efecto, de las que destacan las que fueron transcritas p�ginas atr�s; y que, como ya se dijo, eventualmente hizo suyas expresamente la C�mara Revisora.

    En atenci�n a lo anterior, se estima que los incisos contenidos en la fracci�n II del art�culo 115, deben interpretarse desde una �ptica restrictiva conforme a la cual sean s�lo esas las intervenciones admisibles de la legislaci�n local respecto a la actividad municipal, pues esa �ptica restrictiva permite materializar el principio de autonom�a municipal y no tornar nugatario el ejercicio legislativo realizado por el Constituyente Permanente, sino m�s bien consolidarlo.

    Esto significa que el inciso b) de dicha fracci�n constitucional s�lo autoriza a las Legislaturas Locales a que se�alen cu�les ser�n los supuestos en que los actos relativos al patrimonio inmobiliario municipal requerir�n de un acuerdo de mayor�a calificada de los propios integrantes del Ayuntamiento, mas no le autoriza para erigirse en una instancia m�s exigible e indispensable para la realizaci�n o para la validez jur�dica de dichos actos de disposici�n o administraci�n. Eso atenta contra el esp�ritu de la reforma constitucional y los fines perseguidos por �sta.

    Interpretaci�n esta �ltima que se confirma no s�lo con la letra de la C.�n y de su procedimiento legislativo, lo que es suficiente para sustentarla (al que antes se ha hecho alusi�n), sino tambi�n con diversas opiniones de personas que intervinieron en dicho procedimiento y de estudiosos del debate municipal.

    As�, el diputado J.M.G.�rrez G.�lez, entonces presidente de la C.�n de Fortalecimiento M., al sintetizar los puntos clave de la reforma constitucional en comento, destaca respecto de este tema:

    �Se crea la figura de leyes estatales en materia municipal, delimitadas a un objeto cuyo contenido se enumera en cinco incisos, de lo que se destaca que la ley no va a poder ir m�s all� del objeto constitucional, propiciando el robustecimiento de las capacidades reglamentarias (cuasilegislativas o materialmente legislativas) de los Ayuntamientos.

    �En este aspecto destaca por ejemplo que para la desincorporaci�n y disposici�n del patrimonio inmobiliario municipal o la realizaci�n de actos que comprometan al Municipio m�s all� del periodo del Ayuntamiento de que se trate, dichas determinaciones no ser�n a cargo de la legislatura sino de las dos terceras partes de los miembros de un Ayuntamiento.� (Reflexiones en torno a la reforma municipal del art�culo 115 constitucional, M. �ngel P.�a, M�xico, 2000).

    Por otra parte, M.P.�rez L�pez y J.N.��ez Mercado (La nueva estructura del derecho municipal mexicano, notas sobre la reforma constitucional en materia municipal de 1999, en Cuestiones C.onales, Revista Mexicana de Derecho C.onal, N�mero 4, enero-junio de 2001), indican:

    �La reforma municipal de 1999 tiende a se�alar principios y contenidos de la legislaci�n municipal, siempre en un sentido general y orientador. Los incisos agregados a la fracci�n II procuran cumplir ese cometido a partir de la experiencia recabada por el ejercicio pr�ctico, la legislaci�n elaborada y la jurisprudencia emitida. ...

    �C. Decisiones sobre el patrimonio inmobiliario municipal y celebraci�n de actos y convenios.

    �Con el inciso b) se establece un requisito de mayor�a calificada ... en la toma de decisiones concernientes a la afectaci�n de su patrimonio inmobiliario o para la celebraci�n de actos o convenios que comprometan al Municipio m�s all� del periodo que corresponda al Ayuntamiento, con el fin de evitar que quienes resulten electos para una gesti�n no tengan que enfrentar cargas o grav�menes que comprometan o limiten seriamente su desempe�o. T.�n se evita que las legislaturas intervengan de cualquier forma en una decisi�n que corresponde en forma exclusiva a los Ayuntamientos.�

    En esta misma l�nea argumentativa, debe agregarse que cuando la disposici�n constitucional en estudio habla �de resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal�, debe entenderse por �afectar�, no lo que gramaticalmente puede significar, sino lo que significa conforme al contexto en el que est� inserto dicho verbo y conforme arrojan los antecedentes del proceso legislativo que dieron lugar a esa redacci�n; por ello, puede afirmarse que �afectar�, en esta norma constitucional, tiene un significado amplio, que comprende todo aquel acto jur�dico por el cual se dispone del patrimonio inmueble, como ser�a desincorporar, enajenar, gravar, etc�tera.

    En efecto, en la propuesta presentada por los diputados del Partido Acci�n Nacional, antes referida en esta resoluci�n, se hablaba de �desincorporaci�n� para venta u otro destino; la propuesta de los diputados del Partido de la Revoluci�n Democr�tica se refiri� a �desincorporaci�n�, y, finalmente, la C.�n D. opt� por �afectaci�n�. Esta elecci�n de la comisi�n, aunado a lo dicho en los documentos que informan el proceso legislativo, corroboran lo antes dicho.

    Ahora bien, los p�rrafos impugnados del art�culo 23 de la Carta Neoleonense estatuyen:

    �Art�culo 23. La propiedad de las personas no puede ser ocupada, sin su consentimiento sino por causa de utilidad p�blica y mediante indemnizaci�n. El precio que se fijar� como indemnizaci�n a la cosa expropiada, se basar� en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por �l de un modo t�cito por haber pagado sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el dem�rito que haya tenido la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignaci�n del valor fiscal, ser� lo �nico que deber� quedar sujeto a juicio pericial y a resoluci�n judicial. Esto mismo se observar� cuando se trate de objetos cuyo valor no est� fijado en las oficinas rent�sticas.

    �...

    �El Estado de Nuevo Le�n y sus Municipios tienen derecho para adquirir, poseer y administrar bienes ra�ces, y esta clase de bienes s�lo podr�n enajenarse, gravarse o desincorporarse, cualquiera que sea su origen, su destino y car�cter, mediante decreto del Congreso del Estado que as� lo autorice.

    �...

    �Los convenios mediante los cuales se comprometa el libre uso de los bienes inmuebles municipales, se sujetar�n a los t�rminos que fijen las leyes, y requerir�n de la aprobaci�n de las dos terceras partes de los integrantes de los Ayuntamientos.

    �Ser�n inexistentes las enajenaciones, actos, convenios y contratos que no se ajusten a lo preceptuado por este art�culo y la ley.�

    Como se desprende de esta transcripci�n, la C.�n reformada de Nuevo Le�n faculta a la Legislatura Local para aprobar o rechazar aquellos actos relativos a la enajenaci�n, gravamen o desincorporaci�n del patrimonio inmobiliario de los Municipios de ese Estado, so pena de la inexistencia jur�dica de los mismos, pues exige decreto de autorizaci�n para tal efecto (p�rrafo s�ptimo en relaci�n con el d�cimo), lo cual, conforme a lo que se ha explicado en torno al inciso b) de la fracci�n II del art�culo 115, va mucho m�s all� de lo que �sta permite, de ah� su inconstitucionalidad.

    Esto es, mientras que la C.�n General reconoce a los Municipios la facultad de manejar su patrimonio inmueble, con la sola limitante de que las decisiones que a ese respecto se tomen por el Ayuntamiento, sean por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes y no m�s."

    De lo anterior, tenemos que la facultad del Ayuntamiento de manejar el patrimonio de los Municipios proviene directamente de la C.�n F. y s�lo puede ser restringida o limitada por la Legislatura Estatal, cuando en uso de las facultades que le otorga la propia fracci�n II, inciso b), del art�culo 115 de la C.�n F., estatuye como requisito para el acto de manejo del patrimonio municipal, la aprobaci�n de una mayor�a de las dos terceras partes del Ayuntamiento, sin que la actuaci�n de la legislatura pueda exceder este marco.

    Luego, toda vez que el art�culo impugnado regula una prohibici�n absoluta para el manejo del patrimonio, al determinar que los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio no podr�n ser donados bajo ning�n t�tulo salvo cuando se trate de la realizaci�n de obras de beneficio colectivo, el mismo deviene en inconstitucional, pues est� impidiendo que el Ayuntamiento disponga de su patrimonio, excediendo con ello las facultades que la C.�n F. le otorga en el art�culo 115, fracci�n II, inciso b), que se reducen a la regulaci�n de mayor�as calificadas para efectos de la disposici�n de bienes del Municipio, raz�n por la cual debe declararse la inconstitucionalidad del art�culo 132 impugnado.

    Por otro lado, la parte actora se�ala igualmente que el art�culo 134 de la ley reclamada es inconstitucional pues su texto invade la esfera de su competencia, toda vez que rebasa el contenido de los incisos a) al e) de la fracci�n II del art�culo 115 constitucional.

    El precepto impugnado se�ala:

    Art�culo 134. Los contratos y actos realizados en contravenci�n a lo dispuesto por esta ley, son nulos de pleno derecho."

    Por su parte, el art�culo 115, fracci�n II, inciso a), dispone:

    Art�culo 115. ...

    ...

    1. Los Municipios estar�n investidos de personalidad jur�dica y manejar�n su patrimonio conforme a la ley.

    (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    Los Ayuntamientos tendr�n facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deber�n expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de polic�a y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci�n p�blica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia y aseguren la participaci�n ciudadana y vecinal.

    (Adicionado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    El objeto de las leyes a que se refiere el p�rrafo anterior ser� establecer:

  4. Las bases generales de la administraci�n p�blica municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnaci�n y los �rganos para dirimir las controversias entre dicha administraci�n y los particulares, con sujeci�n a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad."

    Como se logra desprender del precepto constitucional antes transcrito, las Legislaturas Estatales pueden emitir normas relativas al procedimiento administrativo, a fin de regular las relaciones entre la administraci�n p�blica municipal y los particulares.

    Ahora bien, se debe considerar que el precepto reclamado constituye una disposici�n relativa al procedimiento administrativo, toda vez que prev� la nulidad de los actos o convenios realizados por parte del Ayuntamiento en contravenci�n a lo dispuesto por la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica M..

    En este orden de ideas, toda vez que se trata de una norma relativa al procedimiento administrativo municipal, emitida con apego a lo dispuesto por el propio art�culo 115 constitucional, espec�ficamente en su fracci�n II, inciso a), es claro que no se invade la esfera de competencias del Municipio en virtud de que se trata de una norma derivada de la C.�n F. y, por tanto, el concepto de invalidez relativo debe considerarse infundado.

    A mayor abundamiento, resulta pertinente se�alar que el P. de este Alto Tribunal ha sostenido desde la Quinta �poca, que en el derecho mexicano no existen las nulidades de pleno derecho.

    Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis, Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, Tomo CXI, p�gina 534, que a la letra indica:

    NULIDAD DE PLENO DERECHO. La Suprema Corte de Justicia ha establecido jurisprudencia en el sentido de que �si no hay disposiciones expresas en las leyes y para los casos que ellas comprenden, nuestra legislaci�n no autoriza que se reconozca la existencia de nulidades de pleno derecho, sino que aqu�llas deben ser declaradas por la autoridad judicial en todos los casos y previo el procedimiento formal correspondiente�, (Ap�ndice al Tomo XCVII, tesis n�mero 728). Esta jurisprudencia distingue dos situaciones: a) Cuando hay ley expresa que establece la nulidad de pleno derecho, y b) Cuando no existe ley expresa, �nico caso en que la nulidad tiene que ser declarada por la autoridad judicial."

    En consecuencia, debe realizarse una interpretaci�n del art�culo y, previamente a cualquier declaraci�n de nulidad, deber� otorgarse audiencia al interesado.

    1. De la Polic�a P. M..

      La parte actora se�ala que los art�culos 137, 138 y 139 de la Ley Org�nica M. del Estado de H., son violatorios del art�culo 115 constitucional, toda vez que regulan una materia que es exclusiva del Municipio como lo es la Polic�a P.M..

      A fin de comprender el sistema de seguridad p�blica municipal que establece el ordenamiento impugnado, es menester atender el contenido de su art�culo 136, que a la letra indica:

      Art�culo 136. En cada Municipio, deber� existir un cuerpo de seguridad p�blica, que estar� bajo el mando del presidente municipal, el que acatar� las �rdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que juzgue como de fuerza mayor o alteraci�n grave del orden p�blico y las previstas por el art�culo 115 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos."

      La norma anterior deriva de las fracciones III, inciso h) y VII del art�culo 115 constitucional, que regulan lo siguiente:

      Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

      ...

    2. Los Municipios tendr�n a su cargo las funciones y servicios p�blicos siguientes:

      ...

  5. Seguridad p�blica, en los t�rminos del art�culo 21 de esta C.�n, Polic�a P. M. y Tr�nsito; e

    ...

    1. La Polic�a P. M. estar� al mando del presidente municipal, en los t�rminos del reglamento correspondiente. Aqu�lla acatar� las �rdenes que el gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que �ste juzgue como de fuerza mayor o alteraci�n grave del orden p�blico."

      De los art�culos anteriores desprendemos que es facultad exclusiva del Municipio la funci�n de seguridad p�blica, la cual debe atender a la coordinaci�n dentro del sistema de seguridad p�blica que establecen los art�culos 21 y 73, fracci�n XXIII, de la C.�n F.. Debe destacarse que el texto constitucional expresamente atribuye al presidente municipal el mando de la Polic�a M. y al Ayuntamiento la facultad de emitir el reglamento respectivo.

      Resulta importante precisar que, como qued� sentado con anterioridad, la seguridad p�blica se constituye en la manifestaci�n de la acci�n gubernamental ejercida para salvaguardar la integridad, intereses y bienes de las personas y de las entidades p�blicas y privadas.

      Tomando en cuenta el marco anterior, se procede al an�lisis de los preceptos reclamados, los cuales se�alan:

      Art�culo 137. La prestaci�n de los servicios de Polic�a P. y Tr�nsito, estar�n encomendados a los agentes de vigilancia municipales, cuya direcci�n corresponde a un secretario, director, jefe o comandante de Polic�a y Tr�nsito, en forma conjunta o separada, que ser�n designados por el presidente municipal y s�lo podr�n ser removidos por el mismo. El titular de la Polic�a P. y Tr�nsito M., deber� ser ciudadano hidalguense y no deber� haber sido condenado en proceso penal, por delito intencional."

      Art�culo 138. El titular de Polic�a y Tr�nsito acordar� directamente con el presidente municipal, por lo menos una vez a la semana."

      En relaci�n a los art�culos antes transcritos, que establecen a cargo de qu� autoridades estar�n los servicios de Polic�a P. y Tr�nsito, debe decirse que, de una interpretaci�n conforme con el art�culo 115, fracci�n II, inciso e), constitucional, se trata de normas por ausencia de reglamento, en virtud de que es al Ayuntamiento, como �rgano colegiado, a quien le corresponde determinar a trav�s del reglamento correspondiente la organizaci�n y estructura de los cuerpos policiacos, que por disposici�n constitucional expresa deber�n estar siempre bajo el mando del presidente municipal.

      Ciertamente, la estructura de los cuerpos de polic�a, son cuestiones de funcionamiento interno del Ayuntamiento; sin embargo, ante la ausencia de norma reglamentaria emitida por el Cabildo, se podr� acudir a este supuesto para proceder a la estructuraci�n de la polic�a municipal.

      Atento a lo anterior, debe decirse que la actora parte de una premisa incorrecta al sostener que los art�culos 137 y 138 le obligan a estructurar indefectiblemente los cuerpos de polic�a en atenci�n a lo que regulan pues, como qued� se�alado, dicha cuesti�n es una norma por ausencia de reglamento y, por tanto, opcional para el Cabildo, en tanto que se trata de una cuesti�n relativa a su argumentaci�n interna, raz�n por la cual el argumento relativo debe considerarse infundado.

      Ahora bien, por lo que hace al art�culo 139, el mismo dispone:

      Art�culo 139. El titular de Polic�a y Tr�nsito, tendr� las siguientes facultades y obligaciones:

    2. Preservar la seguridad de las personas, de sus bienes y la tranquilidad de �stas y hacer cumplir el bando de polic�a o Reglamento de Polic�a y Tr�nsito M.;

    3. Organizar la fuerza p�blica municipal, de tal manera, que preste eficientemente sus servicios de Polic�a P. y Tr�nsito, especialmente en los d�as y lugares que por causas espec�ficas requieran una vigilancia y auxilio mayor;

    4. Cumplir con lo establecido en las leyes y reglamentos en la esfera de su competencia;

    5. R.ir diariamente al presidente municipal un parte de polic�a y de los accidentes de tr�nsito, de da�os y lesiones originadas, as� como de las personas detenidas e indicar la hora exacta de la detenci�n y la naturaleza de la infracci�n;

    6. Coordinarse con los cuerpos de polic�a y tr�nsito de la Federaci�n, el Estado y de los Municipios circunvecinos, con fines de cooperaci�n, reciprocidad y ayuda mutua e intercambiar con los mismos, datos estad�sticos, fichas, informes, etc�tera, que tiendan a prevenir la delincuencia, en cumplimiento de los convenios de coordinaci�n suscritos por el Ayuntamiento y de conformidad con lo establecido en los p�rrafos cinco, seis y siete del art�culo 21 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, la ley que establece las Bases de Coordinaci�n en Materia de Seguridad P�blica, la C.�n Pol�tica del Estado de H. y la dem�s legislaci�n aplicable;

    7. Procurar dotar al cuerpo de polic�a y tr�nsito, de mejores recursos y elementos t�cnicos que le permitan actuar sobre bases cient�ficas en la prevenci�n de infracciones y delitos;

    8. Organizar ciclos de academia para su personal, cuando no exista instituci�n especial de capacitaci�n policial o celebrar convenios con el Estado, para mejorar el nivel cultural de sus miembros, t�cnicas de investigaci�n y dem�s actividades encaminadas a ese fin; y

    9. Las dem�s que le asignen las leyes y reglamentos, el Ayuntamiento y el presidente municipal."

      Como puede advertirse, se trata de norma derivada de las fracciones III, inciso h) y VII, del art�culo 115, as� como del art�culo 21 y del 73, fracci�n XXIII, de la C.�n F., que establecen el sistema de seguridad p�blica y la coordinaci�n que debe existir entre la Federaci�n, las entidades federativas y los Municipios.

      Al respecto, conviene tener en cuenta los siguientes art�culos de la ley que establece las Bases de Coordinaci�n del Sistema Nacional de Seguridad P�blica:

      Art�culo 3o. Conforme al art�culo 21 constitucional y para los efectos de esta ley, la seguridad p�blica es la funci�n a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, as� como preservar las libertades, el orden y la paz p�blicos.

      Las autoridades competentes alcanzar�n los fines de la seguridad p�blica mediante la prevenci�n, persecuci�n y sanci�n de las infracciones y delitos, as� como la reinserci�n social del delincuente y del menor infractor.

      El Estado combatir� las causas que generan la comisi�n de delitos y conductas antisociales y desarrollar� pol�ticas, programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y c�vicos, que induzcan el respeto a la legalidad.

      La funci�n de seguridad p�blica se realizar� en los diversos �mbitos de competencia, por conducto de las autoridades de polic�a preventiva, del Ministerio P�blico, de los tribunales, de las responsables de la prisi�n preventiva, ejecuci�n de penas y tratamiento de menores infractores, de las encargadas de protecci�n de las instalaciones y servicios estrat�gicos del pa�s; as� como por las dem�s autoridades que en raz�n de sus atribuciones, deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta ley."

      Art�culo 5o. La coordinaci�n y aplicaci�n de esta ley, se har� con respeto absoluto de las atribuciones constitucionales que tengan las instituciones y autoridades que intervienen en el sistema nacional.

      Cuando las acciones conjuntas sean para perseguir delitos, se cumplir�n sin excepci�n los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables."

      Art�culo 6o. La conducta de los miembros de las instituciones policiales se regir� por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. Las autoridades establecer�n instrumentos de formaci�n policial que inculquen estos principios."

      Art�culo 7o. La Federaci�n, los Estados, el Distrito F. y los Municipios integrar�n los instrumentos de informaci�n del sistema nacional, para cuyo efecto se establecer�n las bases de datos sobre la seguridad p�blica."

      Art�culo 9o. Las autoridades competentes de la Federaci�n, los Estados, el Distrito F. y los Municipios, se coordinar�n para:

    10. Integrar el Sistema Nacional de Seguridad P�blica;

    11. Determinar las pol�ticas de seguridad p�blica, as� como ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus acciones, a trav�s de las instancias previstas en esta ley;

    12. Desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la mejor organizaci�n y funcionamiento de las instituciones de seguridad p�blica y para la formaci�n de sus integrantes;

    13. Establecer, supervisar, utilizar y mantener actualizados todos los instrumentos de informaci�n del Sistema Nacional;

    14. Formular propuestas para el Programa Nacional de Seguridad P�blica, as� como para llevarlo a cabo y evaluar su desarrollo; y

    15. Tomar medidas y realizar acciones y operativos conjuntos."

      Art�culo 10. La coordinaci�n comprender� las materias siguientes:

    16. Procedimientos e instrumentos de formaci�n, reglas de ingreso, permanencia, promoci�n y retiro de los miembros de las instituciones policiales;

    17. Sistemas disciplinarios, as� como de est�mulos y recompensas;

    18. Organizaci�n, administraci�n, operaci�n y modernizaci�n tecnol�gica de las instituciones de seguridad p�blica;

    19. Las propuestas de aplicaci�n de recursos para la seguridad p�blica, incluido el financiamiento conjunto;

      V.S., intercambio y sistematizaci�n de todo tipo de informaci�n sobre seguridad p�blica;

    20. Acciones policiales conjuntas, en los t�rminos del art�culo 5o. de esta ley;

    21. Regulaci�n y control de los servicios privados de seguridad y otros auxiliares;

    22. Relaciones con la comunidad y fomento de la cultura de prevenci�n de infracciones y delitos; y

    23. Las relacionadas con las anteriores, que sean necesarias para incrementar la eficacia de las medidas y acciones tendientes a alcanzar los fines de la seguridad p�blica."

      Los art�culos anteriores establecen las bases de coordinaci�n del sistema de seguridad p�blica y algunos lineamientos que tanto las autoridades federales, como las locales, dentro de las que se incluyen las municipales, deber�n seguir para reglamentar dicha funci�n.

      Ahora bien, toda vez que las funciones que se reglamentan en el art�culo impugnado, en el sentido de preservar la seguridad de las personas y organizar la fuerza p�blica municipal; rendir diariamente al presidente municipal un parte de polic�a; coordinarse con los cuerpos de polic�a y tr�nsito de la Federaci�n, el Estado y de los Municipios circunvecinos en cumplimiento de los convenios de coordinaci�n suscritos por el Ayuntamiento y de conformidad con lo establecido en los p�rrafos cinco, seis y siete del art�culo 21 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; procurar dotar al cuerpo de polic�a y tr�nsito de mejores recursos y elementos t�cnicos y organizar ciclos de academia para su personal, cuando no exista instituci�n especial de capacitaci�n policial o celebrar convenios con el Estado, para mejorar el nivel cultural de sus miembros, t�cnicas de investigaci�n y dem�s actividades encaminadas a ese fin, son acordes con las finalidades del Sistema Nacional de Seguridad P�blica establecido en el art�culo 21 de la C.�n F. y regulado en la ley antes citada, raz�n por la cual, no puede considerarse que estas facultades sean invasoras de la esfera competencial del Municipio y, por tanto, el concepto de invalidez resulta infundado.

    24. Concesi�n de servicios p�blicos.

      En su concepto de invalidez el Municipio actor se�ala que el cap�tulo relativo al otorgamiento, cancelaci�n y caducidad de las concesiones de los servicios p�blicos municipales, invade la esfera de competencias otorgada a los Municipios en el art�culo 115 de la C.�n F..

      El art�culo 146 dispone lo siguiente:

      Art�culo 146. Para concesionar servicios p�blicos municipales, se requiere de la aprobaci�n de los ciudadanos residentes en el Municipio, mediante la celebraci�n de un plebiscito, cuya convocatoria deber� ser autorizada por las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, en los siguientes casos:

    25. Si el t�rmino de la concesi�n excede a la gesti�n del Ayuntamiento;

    26. Si con la concesi�n del servicio p�blico se afectan bienes inmuebles municipales y

    27. Las dem�s que apruebe el Ayuntamiento.

      Cuando la concesi�n de un servicio, afecte bienes muebles o inmuebles del Municipio, el concesionario depositar� en la tesorer�a las garant�as correspondientes.

      As� mismo, se observar� lo dispuesto por el art�culo 22 de esta ley."

      Como qued� se�alado con antelaci�n, la concesi�n se explica como el mecanismo mediante el cual, quien tiene la titularidad de determinadas atribuciones y facultades o de ciertos bienes y derechos, delega su ejercicio o aprovechamiento a favor de un tercero.

      Asimismo, qued� sentado que la facultad de otorgar en concesi�n la prestaci�n de los servicios p�blicos constitucionalmente otorgados al Municipio, es una norma derivada de la fracci�n III del art�culo 115 de la C.�n F., que se encuentra impl�cita en el Texto C.onal, toda vez que la facultad de prestar ciertos servicios p�blicos con exclusividad, lleva inmerso el derecho de concesionarlos, municipalizarlos, o bien, tomar las medidas necesarias para cumplir con el objetivo de que se trate.

      En efecto, la facultad de concesi�n ata�e con exclusividad al Ayuntamiento, el que en atenci�n a su realidad socioecon�mica, podr� definir a trav�s del reglamento los servicios p�blicos concesionables, as� como las condiciones para la concesi�n, quedando a la legislatura sentar algunas l�neas como bases generales de administraci�n, en b�squeda de transparencia y seguridad jur�dica, e incluso el establecimiento del requisito de la mayor�a de las dos terceras partes al que alude la fracci�n II, inciso b), del art�culo 115 de la C.�n F., en los casos trascendentes.

      El precepto en estudio sujeta la concesi�n de los servicios p�blicos municipales al plebiscito, que deber� ser convocado por las dos terceras partes del Ayuntamiento en los siguientes casos: a) Si el t�rmino de la concesi�n excede a la gesti�n del Ayuntamiento; b) Si con la concesi�n del servicio p�blico se afectan bienes inmuebles municipales; y, c) Las dem�s que apruebe el Ayuntamiento.

      El que la concesi�n de los servicios p�blicos que excedan la gesti�n del Ayuntamiento o que afecten bienes inmuebles municipales se tenga que sujetar a plebiscito, convocado por las dos terceras partes del Ayuntamiento resulta invasor de la esfera de competencia del Municipio, toda vez que la decisi�n de otorgar en concesi�n un servicio p�blico, se est� extrayendo de la esfera de decisi�n del Ayuntamiento, dej�ndolo a la voluntad popular, lo que contradice tanto la fracci�n III del art�culo 115 constitucional que establece la exclusividad en la prestaci�n del cat�logo de servicios ah� determinados, como la fracci�n I del propio precepto constitucional, que establece que las competencias otorgadas por la C.�n F. al Gobierno M. deben ejercerse por el Ayuntamiento en forma exclusiva.

      A este respecto, resulta importante se�alar que si bien es cierto que resulta loable la intenci�n del legislador local de dar participaci�n a la comunidad municipal, tambi�n lo es que se est� mediatizando el ejercicio del Gobierno del Ayuntamiento, dejando lo que es una decisi�n netamente t�cnica a la voluntad del pueblo que no tiene a su alcance los elementos informativos que le permitan valorar la conveniencia o no de la concesi�n de que se trate.

      Atento a lo anterior, debe concluirse que el concepto de invalidez que se analiza, suplido en su deficiencia, resulta esencialmente fundado, raz�n por la cual se debe declarar la invalidez del art�culo 146 en la porci�n normativa que indica: "... se requiere de la aprobaci�n de los ciudadanos residentes en el Municipio, mediante la celebraci�n de un plebiscito, cuya convocatoria ..." En esta tesitura, para la futura aplicaci�n de este art�culo al Municipio, deber� leerse de la siguiente manera:

      Art�culo 146. Para concesionar servicios p�blicos municipales, deber� ser autorizada por las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, en los siguientes casos:

    28. Si el t�rmino de la concesi�n excede a la gesti�n del Ayuntamiento;

    29. Si con la concesi�n del servicio p�blico se afectan bienes inmuebles municipales y

    30. Las dem�s que apruebe el Ayuntamiento.

      Cuando la concesi�n de un servicio, afecte bienes muebles o inmuebles del Municipio, el concesionario depositar� en la tesorer�a las garant�as correspondientes."

      Ahora bien, por otro lado, la parte actora igualmente considera que la Legislatura Estatal invade su esfera de competencias al emitir el art�culo 147 de la ley impugnada que literalmente se�ala:

      Art�culo 147. No pueden otorgarse concesiones para la prestaci�n de servicios p�blicos municipales a miembros del Ayuntamiento, funcionarios y empleados p�blicos, sus c�nyuges, parientes consangu�neos en l�nea recta sin limitaci�n de grados, los colaterales hasta el segundo grado y los parientes por afinidad o empresa en la cual sean representantes o tengan intereses econ�micos las personas antes referidas."

      El precepto antes citado establece la prohibici�n de otorgar en concesi�n la prestaci�n de servicios p�blicos a los integrantes y empleados del Cabildo, as� como a sus familiares y a las empresas en las que tuvieran alguna participaci�n.

      A este respecto, debe se�alarse que se trata de una norma que constituye una base general de administraci�n derivada de la fracci�n II, inciso a), del art�culo 115 constitucional, toda vez que establece unas reglas m�nimas tendentes a salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en la prestaci�n de la funci�n p�blica, en t�rminos de lo previsto en el art�culo 113 de la C.�n F., impidiendo de esta forma que los servicios p�blicos sean ejercidos por un grupo privilegiado cercano al Gobierno del Municipio, en detrimento de los intereses de la comunidad respectiva.

      En este orden de ideas, la Legislatura Estatal, al establecer la limitaci�n contenida en el precepto que se analiza, no invade la esfera de competencias del Ayuntamiento y, por tanto, el concepto de invalidez correspondiente debe declararse infundado.

      Por otro lado, el Municipio actor igualmente considera que hay una invasi�n a su esfera de competencias, toda vez que la Legislatura Estatal no est� facultada para obligar a los Ayuntamientos a exigir que para el otorgamiento de concesiones de los servicios p�blicos que le corresponde prestar, se cumpla con los requisitos que se establecen en los art�culos 148 y 149 de la ley impugnada.

      Los art�culos espec�ficos, en su texto se�alan:

      Art�culo 148. Los servicios p�blicos municipales concesionados a particulares, se sujetar�n a las disposiciones de esta ley, las reglamentarias aplicables y a lo establecido en la propia concesi�n que se expida."

      Art�culo 149. El otorgamiento de las concesiones sobre bienes y servicios p�blicos municipales, se sujetar�n a las siguientes bases:

    31. Contar con el acuerdo del Ayuntamiento, respecto de la imposibilidad de modernizar y mejorar la prestaci�n del servicio, el que deber� publicarse, en el P.�dico Oficial del Estado y en el peri�dico de mayor circulaci�n en la localidad;

    32. Cumplir con los requisitos previstos en la ley de la materia;

    33. Determinar el r�gimen a que deber�n estar sometidas las concesiones, as� como el t�rmino de las mismas, las causas de caducidad, cancelaci�n y forma de vigilancia por parte del Municipio en la prestaci�n del servicio.

      Si la recuperaci�n de la inversi�n as� lo requiere y no represente un dem�rito en las finanzas de futuras administraciones de los Municipios, el t�rmino de la concesi�n podr� otorgarse hasta por un periodo de quince a�os;

    34. Se�alar las condiciones, bajo las cuales se garantice la seguridad, suficiencia y regularidad del servicio y

    35. Establecer las condiciones y formas en que deber�n otorgarse las garant�as para responder de los derechos y obligaciones que genere la concesi�n del servicio p�blico o este mismo."

      De la lectura de los preceptos antes citados se desprende que prev�n que las concesiones de servicios p�blicos otorgadas a los particulares deber�n cumplir con lo dispuesto en la ley que se analiza y a las reglamentarias correspondientes, las condiciones de la propia concesi�n, as� como las bases a las que se deber� sujetar el otorgamiento de las concesiones de bienes y servicios p�blicos municipales.

      Los preceptos antes citados no resultan invasores de la esfera competencial del Municipio, toda vez que, de una interpretaci�n conforme con el art�culo 115 constitucional, fracci�n II, inciso e), dichas normas deben ser consideradas por ausencia de reglamento, en el sentido de que el r�gimen jur�dico de los servicios p�blicos municipales se regular� por los propios reglamentos municipales, en tanto se refiera a aquellos previstos en la fracci�n III, incisos a) al h), del art�culo 115 constitucional, pues al Ayuntamiento le corresponde definir la reglamentaci�n a la que deber� ce�irse el otorgamiento de las concesiones de los bienes y servicios p�blicos, toda vez que, como qued� sentado con anterioridad, la facultad de concesi�n ata�e con exclusividad al Ayuntamiento, el que en atenci�n a su realidad socioecon�mica podr� definir a trav�s del reglamento los servicios p�blicos concesionables, as� como las condiciones para la concesi�n, quedando a la legislatura sentar algunas l�neas como bases generales de administraci�n, en b�squeda de transparencia y seguridad jur�dica e, incluso, el establecimiento del requisito de la mayor�a de las dos terceras partes al que alude la fracci�n II, inciso b), del art�culo 115 de la C.�n F., en los casos trascendentes.

      No obstante lo anterior, respecto de los servicios p�blicos cuya prestaci�n le confiere la Legislatura Estatal a los Municipios, deber�n ser consideradas como una norma derivada del art�culo 115, fracci�n III, inciso i), constitucional, pues con base en la autonom�a que le otorga el art�culo 124 de la propia C.�n F., la Legislatura Estatal puede determinar las condiciones y modalidades de la prestaci�n del servicio p�blico de que se trate.

      En esta tesitura, debe considerarse infundado el argumento expresado por el Municipio actor, pues no existe violaci�n a la esfera de su competencia por parte de la Legislatura Estatal.

      En este mismo sentido, la parte actora se�ala que la Legislatura del Estado de H. no tiene facultades para emitir normas que prevean el sistema de otorgamiento de concesiones de servicios p�blicos, as� como la forma como los Ayuntamientos pueden cancelar, caducar o renovar las concesiones que se otorguen a los particulares respecto de los servicios p�blicos.

      Los preceptos espec�ficamente reclamados en este sentido por el Municipio actor establecen:

      Art�culo 150. Procede la cancelaci�n de concesiones de los servicios p�blicos, en los casos siguientes:

    36. Cuando se constate que el servicio, se presta en forma distinta a los t�rminos de la concesi�n, no se cumpla con las obligaciones contra�das o no se preste el servicio concesionado regularmente a excepci�n de hechos de fuerza mayor;

    37. Cuando el concesionario pierda capacidad econ�mica o carezca de los elementos materiales o t�cnicos para la prestaci�n del servicio;

    38. Cuando se constate que el concesionario no conserva los bienes e instalaciones en buen estado o cuando �stos sufran deterioro por su negligencia, con perjuicio para la prestaci�n normal del servicio;

    39. Porque el concesionario no otorgue las garant�as que se fijen y

    40. Por cualquier otra causa similar a las anteriores."

      Art�culo 151. El Ayuntamiento, podr� acordar administrativamente y en cualquier tiempo, la cancelaci�n de la concesi�n, en los casos se�alados por el art�culo anterior."

      Art�culo 152. Las concesiones, caducan:

    41. Cuando no se inicie la prestaci�n del servicio, dentro del plazo se�alado en la concesi�n y

    42. Por la conclusi�n del t�rmino de su vigencia."

      Art�culo 153. Para acordar la caducidad, se oir� previamente al concesionario, salvo las excepciones previstas en esta ley y al efecto, se har� de su conocimiento la causa de la caducidad y se le conceder� un t�rmino de cinco d�as h�biles para que exprese lo que a su derecho corresponda."

      Art�culo 154. Las causas de caducidad consistentes en la conclusi�n del t�rmino de su vigencia, operan de pleno derecho por el simple transcurso del tiempo y en este caso, no es necesario o�r previamente al concesionario, quien dentro del t�rmino de quince d�as, antes de la culminaci�n del plazo, deber� expresar por escrito su deseo de continuar con la concesi�n, en caso de no hacerlo, se considerar� que no desea continuar con ella.

      La solicitud de renovaci�n de la concesi�n no obliga al Ayuntamiento a concesionar de nueva cuenta el servicio a la misma persona."

      Los art�culos en cita prev�n en esencia los casos en que procede la cancelaci�n de las concesiones, as� como el momento y las causas en que se debe decretar su caducidad y el procedimiento para hacerlo.

      Los preceptos que se analizan no se consideran invasores de la esfera competencial del Municipio, toda vez que, de una interpretaci�n conforme con el art�culo 115 constitucional, fracci�n II, inciso e), deben ser considerados como normas por ausencia de reglamento, en el sentido de que, como ya se ha dicho, el r�gimen jur�dico de los servicios p�blicos municipales se regular� por los propios reglamentos municipales, en tanto se refiera a aquellos previstos en la fracci�n III, incisos a) al h), del art�culo 115 constitucional, pues al Ayuntamiento le corresponde definir las causas por las que se deber�n cancelar y decretar la caducidad de las concesiones de los bienes y servicios p�blicos, toda vez que la facultad de concesi�n ata�e con exclusividad al Ayuntamiento, el que en atenci�n a su realidad socioecon�mica, podr� definir a trav�s del reglamento las condiciones y los motivos de cancelaci�n y caducidad de la concesi�n de los servicios p�blicos de que se trate.

      En otro sentido, respecto de los servicios p�blicos cuya prestaci�n le confiere la Legislatura Estatal a los Municipios, los preceptos reclamados deber�n ser considerados como una norma derivada del art�culo 115, fracci�n III, inciso i), constitucional, pues con base en la autonom�a que le otorga el art�culo 124 de la propia C.�n F., la Legislatura Estatal puede determinar las condiciones y modalidades de la prestaci�n del servicio p�blico de que se trate, por lo que puede establecer leg�timamente los casos y el procedimiento que corresponda para cancelar o decretar la caducidad de la concesi�n de los servicios p�blicos que hubieran sido otorgados por la entidad federativa al Municipio.

      Consecuentemente, debe considerarse infundado el argumento expresado por el Municipio actor, pues no existe violaci�n a la esfera de su competencia por parte del la legislaci�n impugnada.

    43. De la conciliaci�n municipal.

      Como se precis� con anterioridad, de la lectura �ntegra de la controversia constitucional se desprende que el Municipio actor reclama pr�cticamente toda la Ley Org�nica M. del Estado de H., por lo que esta minor�a estima que con fundamento en el art�culo 40 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, procede suplir la deficiencia de la demanda y, por tanto, analizar diversos preceptos que, aunque al respecto no se adujo alg�n concepto de invalidez por la parte actora, se considere que son violatorios de los principios previstos en el art�culo 115 constitucional o de cualquiera otra norma prevista en nuestra Carta Magna.

      Atento a lo anterior, se procede al an�lisis integral del cap�tulo primero del t�tulo octavo de la ley impugnada, intitulado: "De la conciliaci�n municipal", cuyos art�culos espec�ficos establecen lo siguiente:

      Art�culo 155. La justicia en los Municipios del Estado, ser� de orden administrativo y se impartir� a trav�s de los conciliadores municipales, que ser�n electos por el Ayuntamiento, de una terna propuesta por el presidente municipal, en los primeros treinta d�as del ejercicio. La elecci�n se sujetar� a lo dispuesto por la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado y ser� calificada por la mayor�a de los integrantes del Ayuntamiento.

      Art�culo 156. Para el desempe�o de sus funciones, los conciliadores municipales son competentes en los t�rminos dispuestos por la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado."

      Art�culo 157. Las Oficinas Conciliadoras M.es, funcionar�n con el n�mero de empleados que se�ale el presupuesto de egresos respectivo, en el cual deber�n se�alarse las remuneraciones correspondientes."

      Art�culo 158. Los conciliadores municipales, s�lo podr�n ser removidos de su cargo, por el propio Ayuntamiento, por mala conducta debidamente comprobada y previo juicio de responsabilidad."

      Los preceptos se�alados establecen que la justicia en los Municipios del Estado ser� de orden administrativo y estar� a cargo de los conciliadores municipales; que la forma de elecci�n de los citados funcionarios y el desempe�o de sus funciones ser� de conformidad con lo que prev� la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n; que el n�mero y la remuneraci�n de los empleados correspondientes ser�n los que se se�alen en el presupuesto de egresos, y que corresponder� al Ayuntamiento la remoci�n de los conciliadores municipales por mala conducta debidamente comprobada.

      Asimismo, por estar �ntimamente relacionado con el tema a estudio, es menester tener presente el contenido de los art�culos 52, fracci�n XIV, 62, fracci�n V, inciso h) y noveno transitorio de la ley impugnada, cuyo an�lisis se reserv� para este apartado, los cuales indican:

      Art�culo 52. Son facultades y obligaciones de los presidentes municipales, las siguientes:

      ...

    44. Recabar la autorizaci�n de la mayor�a de los integrantes del Ayuntamiento, para el nombramiento del conciliador municipal y los titulares de las unidades t�cnicas de la administraci�n municipal."

      Art�culo 62. Son facultades y obligaciones de los regidores, las siguientes:

      ...

      V.R., analizar y emitir su voto, respecto de las materias siguientes en:

      ...

  6. Las propuestas para el nombramiento del conciliador municipal, as� como de los titulares de las unidades t�cnicas de las dependencias de la administraci�n p�blica municipal ..."

Noveno

La elecci�n de los conciliadores municipales, en cumplimiento a lo dispuesto en el art�culo 155 de esta ley, se realizar� con los Ayuntamientos que inicien funciones a partir del 16 de enero del a�o 2003."

Los art�culos que se analizan por cuanto se refieren a la conciliaci�n municipal se estiman violatorios de la garant�a de seguridad jur�dica, toda vez que no determinan la naturaleza de los conciliadores municipales; no establecen las funciones que realizar�n ni determinan con precisi�n a cargo de qu� presupuesto funcionar�n, a pesar de que ordenan que los mismos entren en funciones a partir del diecis�is de enero de dos mil tres.

En efecto, los preceptos citados no precisan ni en su texto ni en el proceso legislativo correspondiente a cu�l presupuesto se refiere la propia ley, pues no especifica si es al municipal o al estatal, por lo que desde ese punto de vista la ley que se analiza no respeta el principio de seguridad jur�dica, pues no brinda certeza ni elementos para interpretar la intenci�n de la norma reclamada, dada la vaguedad con que se refiere a la figura de los conciliadores municipales.

No es obst�culo a lo anterior, que el art�culo 156 de la ley se�ale lo siguiente:

Art�culo 156. Para el desempe�o de sus funciones, los conciliadores municipales son competentes en los t�rminos dispuestos por la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado."

Ciertamente, la Ley Org�nica del Poder Judicial de Estado de H. ni en su texto anterior, ni en su texto nuevo, en vigor a partir del diecisiete de abril de dos mil uno, prev� en su estructura la existencia de los conciliadores, de tal manera que los preceptos reclamados al no ser precisos y claros en cuanto a la naturaleza, funciones y presupuesto que debe regir a dichos conciliadores municipales, deben declararse inconstitucionales, pues generan un estado de inseguridad jur�dica tanto al Municipio actor como a los gobernados, lo que es violatorio de los art�culos 14 y 16 de la C.�n F..

En esa tesitura, lo procedente es declarar la invalidez del cap�tulo primero del t�tulo octavo de la ley impugnada, relativo a conciliaci�n municipal, integrado por los art�culos 155, 156, 157, 158 y noveno transitorio de la ley impugnada.

Asimismo, en v�a de consecuencia, debe declararse inconstitucional el art�culo 52, fracci�n XIV, de la ley impugnada, en la porci�n normativa que establece: "... El conciliador municipal y; ..." as� como el art�culo 62, fracci�n V, inciso h), de la misma ley reclamada, en la porci�n normativa que establece: "... del conciliador municipal, as� como ..."; lo anterior con apoyo en el art�culo 41, fracci�n IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 C.onal, el cual dispone lo siguiente:

Art�culo 41. Las sentencias deber�n contener:

...

  1. ... Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deber�n extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada."

    Por lo anterior, los art�culos 52, fracci�n XIV, y 62, fracci�n V, de la ley impugnada, deber�n leerse en lo sucesivo, s�lo para efectos de la presente controversia constitucional y en lo futuro para el Municipio actor, de la siguiente manera:

    Art�culo 52. Son facultades y obligaciones de los presidentes municipales, las siguientes:

    ...

  2. Recabar la autorizaci�n de la mayor�a de los integrantes del Ayuntamiento, para el nombramiento de los titulares de las unidades t�cnicas de la administraci�n municipal."

    Art�culo 62. Son facultades y obligaciones de los regidores, las siguientes:

    ...

    V.R., analizar y emitir su voto, respecto de las materias siguientes en:

    ...

    1. Las propuestas para el nombramiento de los titulares de las unidades t�cnicas de las dependencias de la administraci�n p�blica municipal."

  3. De las sanciones y medidas de seguridad.

    Como se ha precisado a lo largo de esta ejecutoria, de la lectura �ntegra de la controversia constitucional se desprende que fue intenci�n del Municipio actor reclamar toda la Ley Org�nica M. del Estado de H., raz�n por la cual esta minor�a estima que con fundamento en el art�culo 40 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, procede suplir la deficiencia de la demanda y, por tanto, analizar diversos preceptos que aunque al respecto no se adujo alg�n concepto de invalidez por la parte actora, se considera que son violatorios de los principios previstos en el art�culo 115 constitucional o de cualquier otro previsto en nuestra Carta Magna.

    Atento a lo anterior, se procede al an�lisis del art�culo 159 de la ley impugnada, inserto dentro del cap�tulo segundo del t�tulo octavo, denominado: "De las sanciones y medidas de seguridad", el cual prev� lo siguiente:

    Art�culo 159. Las infracciones a las normas contenidas en la legislaci�n municipal, que no tengan establecidas sanciones especiales, se aplicar�n las siguientes:

    I.A.�n;

  4. Multa que no exceder� del importe del jornal o salario de un d�a, si se tratara de jornalero, obrero o trabajador. Si el infractor fuese no asalariado, la multa no exceder� del equivalente a un d�a de su ingreso;

  5. Arresto administrativo no mayor de 36 horas;

  6. Suspensi�n temporal de obras y/o actividades no autorizadas o la cancelaci�n del permiso o licencia;

    V.C. temporal o definitiva;

  7. Pago al erario municipal del da�o ocasionado, sin perjuicio de las dem�s sanciones que procedan conforme a las leyes y

  8. En caso de faltas administrativas, cometidas por menores de edad, s�lo proceder� la amonestaci�n."

    En primer lugar, esta minor�a estima que la lectura e interpretaci�n que debe darse al referido precepto, a fin de calificar su constitucionalidad, es la siguiente:

    Dicho art�culo debe interpretarse en el sentido de que cuando se transgreda una disposici�n reglamentaria o general emitida por el Municipio y este �ltimo no haya previsto en esa u otra norma municipal la sanci�n correspondiente, el Municipio estar� facultado para individualizarla mediante la emisi�n del acto administrativo a que haya lugar, optando por cualquiera de las sanciones previstas en este precepto legal.

    Lo anterior quiere decir que la infracci�n y la sanci�n no estar�n contenidas en una disposici�n reglamentaria emitida por el Municipio, sino que estar�n completamente desarticuladas entre s�: la norma infringida se encontrar� en el reglamento municipal, en cambio, la sanci�n aplicable a la infracci�n cometida se hallar� en el acto administrativo, el cual, por supuesto, determinar� la existencia de dicha infracci�n. Lo m�s grave consiste en que el Municipio puede optar, en cada caso concreto y con abierta discrecionalidad, por la imposici�n de cualquiera de las sanciones a que hace referencia este art�culo, sin que exista previamente una norma que establezca, con efectos generales y abstractos, el supuesto normativo consistente en la comisi�n de la infracci�n y, como consecuencia de derecho, la sanci�n que corresponda y que de antemano se haya considerado apropiada para reprimir la falta.

    El esquema que prev� la norma impugnada es inconstitucional, porque con la aplicaci�n de este precepto no se cumple con el principio de tipicidad, al autorizar al Ayuntamiento a que imponga cualquiera de las sanciones que el art�culo describe, sin que exista una relaci�n, establecida previamente en una norma general municipal, entre la conducta ilegal y la sanci�n.

    E.G.�a de E.�a, et al, en su obra: "Derecho administrativo", Tomo II, cuarta reimpresi�n, 1997, p�gina 176, se�ala lo siguiente:

    La tipicidad es, pues, la descripci�n legal de una conducta espec�fica a la que se conectar� una sanci�n administrativa. La especificidad de la conducta a tipificar viene de una doble exigencia: del principio general de libertad, sobre el que se organiza todo el Estado de derecho, que impone que las conductas sancionables sean excepci�n a esa libertad y, por tanto, exactamente delimitadas, sin ninguna indeterminaci�n; y, en segundo t�rmino, a la correlativa exigencia de la seguridad jur�dica (art. 9.3 de la C.�n), que no se cumplir�a si la descripci�n de lo sancionable no permitiese un grado de certeza suficiente para que los ciudadanos puedan predecir las consecuencias de sus actos (lex certa).

    No caben, pues, cl�usulas generales de infracci�n, que �permitir�an al �rgano sancionador actuar con un excesivo arbitrio y no con el prudente y razonable que permitir�a una especificaci�n normativa.�."

    El Tribunal P. ha sostenido en diversos asuntos que en el �mbito sancionador administrativo tambi�n deben imperar los principios constitucionales que rigen en materia penal, como el relativo a la exacta aplicaci�n de la ley (nullum crimen, sine lege y nulla poena, sine lege), que constituye el derecho fundamental para todo gobernado en los juicios del orden criminal, garantizado por el art�culo 14 constitucional, raz�n por la cual no puede imponerse una sanci�n administrativa que previamente no est� contenida en la ley relativa; criterio que puede y debe aplircarse al presente asunto, en el cual ni siquiera la conducta constitutiva de la infracci�n est� prevista en ley.

    El criterio antes referido se encuentra contenido en la tesis aislada n�mero 2a. CLXXXIII/2001 de la Novena �poca, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., septiembre de 2001, emitida por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, pero cuyo contenido sustancial comparte esta minor�a, y que a la letra establece:

    RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES P�BLICOS. LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN LA LEY FEDERAL RELATIVA TAMBI�N SE RIGEN POR EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE EXACTA APLICACI�N DE LA LEY QUE IMPERA EN LAS DE CAR�CTER PENAL, AUN CUANDO SEAN DE DIVERSA NATURALEZA.-

    La marcada diferencia entre la naturaleza de las sanciones administrativas y las penales, precisada en la exposici�n de motivos del decreto de reformas y adiciones al t�tulo cuarto de la C.�n F., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, en los art�culos que comprende dicho t�tulo y en la propia Ley F. de Responsabilidades de los Servidores P�blicos, con base en la cual se dispone que los procedimientos relativos se desarrollar�n en forma aut�noma e independiente, no significa que en el �mbito sancionador administrativo dejen de imperar los principios constitucionales que rigen en materia penal, como es el relativo a la exacta aplicaci�n de la ley (nullum crimen, sine lege y nulla poena, sine lege), que constituye un derecho fundamental para todo gobernado en los juicios del orden criminal, garantizado por el art�culo 14 de la C.�n F., sino que tal principio alcanza a los del orden administrativo, en cuanto a que no se podr� aplicar a los servidores p�blicos una sanci�n de esa naturaleza que previamente no est� prevista en la ley relativa. En consecuencia, la garant�a de exacta aplicaci�n de la ley debe considerarse, no s�lo al analizar la legalidad de una resoluci�n administrativa que afecte la esfera jur�dica del servidor p�blico, sino tambi�n al resolver sobre la constitucionalidad de la mencionada ley reglamentaria, aspecto que generalmente se aborda al estudiar la violaci�n a los principios de legalidad y seguridad jur�dica previstos en los art�culos 14 y 16 constitucionales con los que aqu�l guarda �ntima relaci�n."

    No pasa desapercibido que dicha tesis aislada se emiti� con respecto a un juicio de amparo; sin embargo, el an�lisis del tema de constitucionalidad bien puede ser aplicable al presente estudio por tratarse de una cuesti�n sustantiva.

    A mayor abundamiento, cuando el precepto que nos ocupa se refiere a los casos en los que las infracciones municipales no tengan "sanciones especiales", est� haciendo alusi�n a la falta de "sanciones espec�ficas", esto es, concretas, determinadas, previamente definidas por el reglamento municipal, en el que se se�ale expresamente la conducta ilegal y la sanci�n espec�fica que le corresponde; lo cual confirma la inconstitucionalidad del precepto, pues lo anterior propicia la arbitrariedad de la autoridad administrativa, ya que le deja un amplio margen tanto para determinar en qu� consiste el incumplimiento legal, como la sanci�n que ello amerita, violando en consecuencia las garant�as de legalidad y seguridad jur�dica previstas en el art�culo 16 constitucional.

    En este aspecto, es preciso invocar el contenido de la jurisprudencia del Tribunal P. n�mero P./J. 83/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.V., noviembre de 1997, p�gina 24, cuyos rubro y textos son los siguientes:

    METROLOG�A Y NORMALIZACI�N. EL ART�CULO 112 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE CONTEMPLA LAS SANCIONES QUE PUEDEN IMPONERSE POR LAS INFRACCIONES QUE SE COMETAN, VIOLA LAS GARANT�AS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JUR�DICA CONTENIDAS EN EL ART�CULO 16 CONSTITUCIONAL (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACI�N DE PRIMERO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS).-

    El citado precepto viola las garant�as de legalidad y seguridad jur�dica, pues si bien establece diversas sanciones que pueden imponerse con motivo de las infracciones que se cometan, sin embargo, omite establecer los par�metros necesarios que permitan a la autoridad determinar el tipo de infracci�n que da lugar a la imposici�n de las sanciones especificadas, pues dicho precepto se refiere de manera gen�rica a los casos en que las autoridades pueden imponer las diversas sanciones que se especifican, al disponer �quienes incurran en el incumplimiento de la ley y dem�s disposiciones derivadas de ella� permite que, a quien incurra en un incumplimiento menor, la autoridad le imponga una mayor sanci�n que a quien comete una infracci�n de mayor gravedad, lo que propicia la arbitrariedad al dejar a la autoridad administrativa ese amplio margen, como tambi�n ocurre respecto de cualquier tipo de incumplimiento, incluso cuando no amerita sanci�n. No obsta para la conclusi�n anterior, el contenido del art�culo 115 del mismo ordenamiento, ya que s�lo establece diversos grados de gravedad que deben tomar en cuenta las autoridades para imponer las sanciones que contempla la ley, pero no define o se�ala la conducta infractora que da lugar a cada una de las sanciones que se especifican; de lo que se sigue que no corrige la indeterminaci�n contenida en la parte inicial del art�culo 112, que deja a los particulares en Estado de indefensi�n al permitir a la autoridad imponer sanciones de diferente rango a cualquier incumplimiento legal, con independencia de su gravedad, as� como de que incluso pueda no ameritar sanci�n alguna."

    La misma observaci�n debe hacerse con respecto a esta jurisprudencia, en el sentido de que la misma deriv� de diversos juicios de amparo; sin embargo, como ya se dijo anteriormente, el an�lisis del tema de constitucionalidad bien puede ser aplicable al presente estudio por tratarse de una cuesti�n sustantiva.

    Vale la pena mencionar que el poder reglamentario del Municipio en materia de determinaci�n de sanciones administrativas, se limita a la imposici�n de multa o arresto en atenci�n al art�culo 21 de la C.�n F., el cual es la fuente del ejercicio de dicha facultad y dispone, en lo conducente, lo siguiente:

    Art�culo 21. ... Compete a la autoridad administrativa la aplicaci�n de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de polic�a, las que �nicamente consistir�n en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutar� �sta por el arresto correspondiente, que no exceder� en ning�n caso de treinta y seis horas.

    Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podr� ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un d�a.

    Trat�ndose de trabajadores no asalariados, la multa no exceder� del equivalente a un d�a de su ingreso".

    Atento a lo anterior, el art�culo 159 analizado debe estimarse inconstitucional y, por tanto, procede declarar su invalidez.

  9. Del Comit� de Planeaci�n del Desarrollo M..

    Los Ministros que suscribimos el presente voto de minor�a sostuvimos junto con el criterio mayoritario de los Ministros integrantes del Tribunal P. que los Coplademunes no eran violatorios del art�culo 115 constitucional, por lo que en obvio de repeticiones, nos remitimos al estudio correspondiente que se encuentra integrado en la sentencia aprobada por el P. de este Alto Tribunal, el siete de julio de dos mil cinco.

    Las consideraciones anteriores fueron las que esta minor�a estima debieron regir el sentido del fallo en la presente controversia constitucional.

    Tesis:

    N�mero tesis: 176928

    Rubro: MUNICIPIOS. EL ART�CULO 115, FRACCIONES I Y II, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL RECONOCE LA EXISTENCIA DE UN ORDEN JUR�DICO PROPIO.

    Localizacion: 9a. �poca; P.; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Octubre de 2005; P�g. 2070; [J];

    N�mero tesis: 176929

    Rubro: MUNICIPIOS. CONTENIDO Y ALCANCE DE SU FACULTAD REGLAMENTARIA.

    Localizacion: 9a. �poca; P.; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Octubre de 2005; P�g. 2069; [J];

    N�mero tesis: 176948

    Rubro: LEYES ESTATALES Y REGLAMENTOS EN MATERIA MUNICIPAL. ESQUEMA DE ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES QUE DERIVAN DE LA REFORMA AL ART�CULO 115, F.I., SEGUNDO P�RRAFO, DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

    Localizacion: 9a. �poca; P.; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Octubre de 2005; P�g. 2068; [J];

    N�mero tesis: 176949

    Rubro: LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. OBJETIVO Y ALCANCES DE LAS BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACI�N P�BLICA MUNICIPAL.

    Localizacion: 9a. �poca; P.; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Octubre de 2005; P�g. 2067; [J];

    N�mero tesis: 176950

    Rubro: LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. LOS CASOS A QUE SE REFIERE EL ART�CULO 115, F.I., INCISOS B) Y D), DE LA CONSTITUCI�N DE LA REP�BLICA QUE REQUIEREN EL ACUERDO DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS, SON ENUNCIATIVOS Y NO LIMITATIVOS.

    Localizacion: 9a. �poca; P.; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Octubre de 2005; P�g. 2066; [J];

    N�mero tesis: 176951

    Rubro: LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. LOS AYUNTAMIENTOS PUEDEN FUNDAMENTAR SU ACTUACI�N EN LA NORMATIVIDAD EXPEDIDA POR LA LEGISLATURA ESTATAL HASTA EN TANTO EMITAN SUS NORMAS REGLAMENTARIAS.

    Localizacion: 9a. �poca; P.; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Octubre de 2005; P�g. 2065; [J];

    N�mero tesis: 176952

    Rubro: LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ RELATIVA CUANDO DERIVA DE LA OMISI�N DE LAS LEGISLATURAS DE PRECISAR QU� NORMAS SON IMPERATIVAS A LOS MUNICIPIOS Y CU�LES PUEDEN APLICAR SUPLETORIAMENTE.

    Localizacion: 9a. �poca; P.; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Octubre de 2005; P�g. 2064; [J];

    N�mero tesis: 176953

    Rubro: LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. DEBEN DETERMINAR LAS NORMAS QUE CONSTITUYEN BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACI�N P�BLICA MUNICIPAL Y LAS DE APLICACI�N SUPLETORIA.

    Localizacion: 9a. �poca; P.; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Octubre de 2005; P�g. 2063; [J];

    N�mero tesis: 177006

    Rubro: ESTADO MEXICANO. �RDENES JUR�DICOS QUE LO INTEGRAN.

    Localizacion: 9a. �poca; P.; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Octubre de 2005; P�g. 2062; [J];

    N�mero tesis: 177048

    Rubro: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ESTUDIE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA O ACTO BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA LA CAUSA DE PEDIR.

    Localizacion: 9a. �poca; P.; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Octubre de 2005; P�g. 2062; [J];