Voto num. P. VII/2002 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26933748

Voto num. P. VII/2002 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P. VII/2002
Materia:Voto Particular de la Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Marzo de 2002
RESUMEN

ABORTO. REQUISITOS PARA QUE SE CONFIGURE LA EXCUSA ABSOLUTORIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 334, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.

 
CONTENIDO

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ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. EN EL CASO DE UNA RESOLUCI�N MAYORITARIA EN EL SENTIDO DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA IMPUGNADA, QUE NO SEA APROBADA POR LA MAYOR�A CALIFICADA DE CUANDO MENOS OCHO VOTOS EXIGIDA POR EL ART�CULO 105, F.I., �LTIMO P�RRAFO, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL, LA DECLARATORIA DE QUE SE DESESTIMA LA ACCI�N Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO DEBE HACERSE EN UN PUNTO RESOLUTIVO.

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DERECHO A LA VIDA DEL PRODUCTO DE LA CONCEPCI�N. SU PROTECCI�N DERIVA DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y DE LAS LEYES FEDERALES Y LOCALES.

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ABORTO. EL ART�CULO 334, F.I.I, DEL C�DIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO AUTORIZA LA IMPOSICI�N DE UNA PENA POR ANALOG�A O MAYOR�A DE RAZ�N.

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ABORTO. EL ART�CULO 334, F.I.I, DEL C�DIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO TRANSGREDE LA GARANT�A DE IGUALDAD, PUES NO AUTORIZA QUE SE PRIVE DE LA VIDA AL PRODUCTO DE LA CONCEPCI�N.

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ABORTO. LA HIP�TESIS PREVISTA EN EL ART�CULO 334, F.I.I, DEL C�DIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CONSTITUYE UNA EXCUSA ABSOLUTORIA.

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ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE SE HAGAN VALER DEBE EFECTUARSE A LA LUZ DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL VIGENTES AL MOMENTO DE RESOLVER.

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DERECHO A LA VIDA. SU PROTECCI�N CONSTITUCIONAL.

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EXCUSAS ABSOLUTORIAS Y EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD. SUS DIFERENCIAS.

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Voto conjunto de los Ministros Jos� V.A.A.�n, S.S.A.A., M.A.G.�itr�n, J.D.�az R. y G.I.O.M., en relaci�n con la inconstitucionalidad del art�culo 131 bis del C�digo de Procedimientos Penales del Distrito Federal.

Debe advertirse, en primer lugar, que el presente voto conjunto no se refiere a ning�n considerando de la sentencia dictada por la Suprema Corte los d�as 29 y 30 de enero de 2002 pues, en relaci�n con el art�culo 131 bis del C�digo de Procedimientos Penales del Distrito Federal, aqu�lla no contiene argumentaci�n alguna en la que se haga un an�lisis del mismo para justificar su constitucionalidad; m�s a�n, en el considerando sexto, que alude al precepto de cuenta, se hace constar que el resultado de la votaci�n fue de 6 votos en el sentido de que es inconstitucional y de 5 votos a favor de su constitucionalidad. P.�jicamente, es el primer caso en la historia de la Suprema Corte en el que la mayor�a no decide el asunto, pues los art�culos 105 de la Constituci�n y 72 de su ley reglamentaria establecen que para declarar la invalidez de una norma de car�cter general se requiere una mayor�a de 8 votos. El referido considerando sexto de la sentencia �nicamente se ocupa del estudio de estos dispositivos y de la determinaci�n de que se declara desestimada la acci�n ejercitada y se ordena el archivo del asunto en el aspecto relativo. En cuanto a este tema, se reconoce el principio establecido por el �rgano que, conforme al art�culo 135 constitucional, se encuentra facultado para adicionar y reformar la Constituci�n Federal. La Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con lo previsto en los art�culos 94, 103, 104, 105, 106 y 107 de la propia Carta Fundamental, debe vigilar que �sta sea acatada por todas las autoridades del pa�s, lo que le impone como un deber fundamental, ser la primera que cumpla con ella. Naturalmente, para cumplir con esa, su primera funci�n, debe interpretarla, pero cuando, como en el numeral 105 constitucional a que se alude, el texto es suficientemente claro y no es posible, jur�dicamente, darle un alcance diverso, debe cumplirlo con exactitud. Simplemente, si se impugn� una norma general y no hay una mayor�a especial de 8 votos en el sentido de que se declare su invalidez, debe desestimarse la acci�n y archivarse el expediente.

En el estudio que se realiza de las disposiciones citadas, se interpreta, con sana l�gica, que en ese supuesto es factible que se produzcan votos particulares de quienes asumieron las posiciones mayoritaria y minoritaria, aunque esto crea una dificultad que conviene destacar en forma preliminar. Se debe hacer el an�lisis del art�culo sin contar con la postura contraria, expresada formalmente en el voto o votos particulares opuestos, haci�ndose referencia a lo expresado en las sesiones, que puede o no corresponder a ello. Es factible que en los referidos votos se introduzcan temas que no fueron expuestos en las sesiones en que se debati� el asunto; sin embargo, resulta v�lido circunscribirse a los que se expusieron en tanto que la votaci�n obedeci� a ellos y no a los que se introdujeran con posterioridad, en la hip�tesis de que as� llegara a suceder. Asumiendo este riesgo inevitable, expresamos a continuaci�n las razones por las que tenemos la convicci�n de que el art�culo 131 bis del C�digo de Procedimientos Penales del Distrito Federal es notoriamente inconstitucional.

La inconstitucionalidad del precepto deriva de la violaci�n directa de los art�culos 135, 16, 1o., 4o., 14, 22, 123, en sus fracciones V, XV del apartado A, y XI, inciso c), del apartado B, as� como del 133 de la Constituci�n, �ste �ltimo en relaci�n con la Convenci�n de los Derechos del Ni�o y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos en los que el Estado mexicano fue parte, y de la violaci�n indirecta de los art�culos 5o., 6o., 9o. y 24 de la propia Carta Fundamental. Para demostrar estas afirmaciones resulta indispensable examinar, de modo previo, el contenido del repetido art�culo 131 bis; este precepto se�ala:

El Ministerio P�blico autorizar� en un t�rmino de veinticuatro horas, la interrupci�n del embarazo de acuerdo con lo previsto en el art�culo 334, fracci�n I del C�digo Penal cuando concurran los siguientes requisitos:

  1. Que exista denuncia por el delito de violaci�n o inseminaci�n artificial no consentida;

  2. Que la v�ctima declare la existencia del embarazo;

  3. Que se compruebe la existencia del embarazo en cualquier instituci�n del sistema p�blico o privado de salud;

  4. Que existan elementos que permitan al Ministerio P�blico suponer que el embarazo es producto de la violaci�n; y

  5. Que exista solicitud de la mujer embarazada.

Las instituciones de salud p�blica del Distrito Federal deber�n, a petici�n de la interesada, practicar el examen que compruebe la existencia del embarazo, as� como su interrupci�n.

En todos los casos tendr�n la obligaci�n de proporcionar a la mujer informaci�n imparcial, objetiva, veraz y suficiente sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos; as� como de los apoyos y alternativas existentes; para que la mujer embarazada pueda tomar la decisi�n de manera libre, informada y responsable. Esta informaci�n deber� ser proporcionada de manera inmediata y no deber� tener como objetivo, inducir o retrasar la decisi�n de la mujer.

De igual manera, en el periodo posterior ofrecer�n la orientaci�n y apoyos necesarios para propiciar su rehabilitaci�n personal y familiar para evitar abortos subsecuentes."

De lo transcrito se sigue, sin lugar a dudas, dada su literalidad, que se otorga al Ministerio P�blico la facultad de autorizar la interrupci�n del embarazo y se se�ala como obligaci�n de las instituciones de salud p�blica del Distrito Federal, cuando exista petici�n de la interesada, la pr�ctica de dicha interrupci�n. Si se atiende a la definici�n de aborto que sustenta el art�culo 329 del C�digo Penal del Distrito Federal, o sea "la muerte del producto de la concepci�n en cualquier momento de la pre�ez" y si se toma en cuenta que por muerte se entiende la privaci�n de la vida, lo que es del conocimiento com�n, debe concluirse que el dispositivo que se estudia no s�lo faculta al Ministerio P�blico a autorizar la privaci�n de la vida, sino que establece la obligaci�n de hacerlo, al utilizar la expresi�n sem�nticamente imperativa "autorizar�" y no la optativa "podr� autorizar". Asimismo, obliga a las instituciones de salud p�blica y, obviamente, a quienes trabajan en ellas, a que practiquen el aborto cuando exista esa autorizaci�n. Al respecto debe ponerse de relieve que, en los exactos t�rminos del precepto, las instituciones de salud p�blica deben acatar la autorizaci�n otorgada por el Ministerio P�blico, porque conlleva una orden de autoridad competente. Este deber puede interpretarse como el nacimiento de un derecho a abortar a favor de las mujeres embarazadas por causa de una violaci�n, lo que jur�dicamente pugna con la naturaleza de la excusa absolutoria a que se refiere la fracci�n I del art�culo 334 del C�digo Penal del Distrito Federal, con el que pretende vincularse el 131 bis del C�digo de Procedimientos Penales, que se examina. Cabe agregar que es l�gico inferir del contenido de este dispositivo, que en caso de desobediencia por parte de los m�dicos de las instituciones de salud p�blica del Distrito Federal, podr�an incurrir en responsabilidad y se har�an acreedores a sanciones.

Es cierto que el art�culo estudiado contiene una expresi�n que parece ser condicionante, a saber "de acuerdo con lo previsto en el art�culo 334, fracci�n I del C�digo Penal", lo que se desvirt�a al ver esa disposici�n. En ella se dice: "No se aplicar� sanci�n: I. Cuando el embarazo sea resultado de una violaci�n, o de una inseminaci�n artificial no consentida.". Como puede observarse, la expresi�n "de acuerdo con lo previsto por el art�culo 334, fracci�n I del C�digo Penal" no corresponde en absoluto al verdadero y �nico sentido que se le puede dar. En efecto, la disposici�n sustantiva s�lo contempla un caso en el que, de producirse el aborto "no se aplicar� sanci�n"; si el 131 bis pretendiera estar "de acuerdo" con aquel dispositivo, se limitar�a a dar reglas de procedimiento relativas a su contenido, pero sin ir m�s all�, como en realidad sucede al disponer que el Ministerio P�blico autorizar� la interrupci�n del embarazo y la obligaci�n de que ello se ponga en pr�ctica por las instituciones de salud p�blica del Distrito Federal.

Con l�gica gramatical, atendiendo al sentido natural de las palabras, el art�culo 131 bis debi� limitarse a establecer: "El Ministerio P�blico autorizar�, en un t�rmino de veinticuatro horas, la interrupci�n del embarazo en los casos previstos en la fracci�n I del art�culo 334 del C�digo Penal ...", pero en vez de eso instituye reglas aut�nomas completamente distintas y separadas del precepto sustantivo con el que pretende relacionarse. Si quienes votaron por su constitucionalidad hubieran aplicado la regla de interpretaci�n a la que se recurri� en el considerando quinto, sobre la fracci�n III del art�culo 334 del C�digo Penal, conforme a la cual se sostuvo que dicha disposici�n no autorizaba la privaci�n de la vida, sino s�lo establec�a que no se impondr�a sanci�n en el caso descrito, tendr�an que haber reconocido que el precepto procesal que aqu� se examina, en cuanto ordena que se autorice y se realice la interrupci�n del embarazo, de modo evidente vulnera la Constituci�n, en cuanto �sta protege la vida desde el momento de la concepci�n, como ampliamente se demuestra en el referido considerando. Sinceramente no podemos ver c�mo puede llegarse a una conclusi�n diversa, m�s a�n cuando en los razonamientos que se esgrimieron a favor de la constitucionalidad de la norma procesal, se pretendi� justificar, con especial dramatismo, que trat�ndose de un embarazo que fuera resultado de una violaci�n, deb�a justificarse su interrupci�n, esgrimi�ndose al respecto diversas consideraciones dirigidas a proteger a la mujer violada, matando al ser concebido. Lo anterior significa, necesariamente, la defensa de la privaci�n de la vida del producto de la concepci�n, es decir, de la realizaci�n del delito de aborto con autorizaci�n oficial.

Independientemente de las consideraciones derivadas del an�lisis gramatical del precepto, su examen estrictamente jur�dico permite no s�lo reafirmar la conclusi�n establecida, sino destacar que bajo la apariencia t�cnica de la excusa absolutoria relativa al aborto originado en un embarazo producto de una violaci�n, consignada en el art�culo 334, fracci�n I, del C�digo Penal del Distrito Federal, a trav�s del 131 bis del C�digo de Procedimientos Penales, que se pretende vincular a aqu�l, se crea un malicioso sistema que tiene como resultado previsible no s�lo la corrupci�n a la que puede dar lugar, sino la autorizaci�n a la pr�ctica de abortos en cualquier caso cuando la mujer embarazada as� lo solicite, aduciendo, simplemente, por llenar la formalidad, que el embarazo fue resultado de una violaci�n.

En efecto, para que el Ministerio P�blico otorgue la autorizaci�n se requieren cinco elementos: denuncia del delito de violaci�n o de una inseminaci�n artificial no consentida; que la v�ctima declare la existencia del embarazo; que se compruebe su existencia; que obren elementos que permitan al Ministerio P�blico suponer que el embarazo es producto de la violaci�n y que exista solicitud de la mujer embarazada. Adem�s, todo ello debe hacerse en un plazo de 24 horas.

Desde el punto de vista jur�dico, se abre la posibilidad de que cualquier aborto se realice bajo esta f�rmula. En primer lugar, no se se�ala como requisito que existan elementos para establecer que se dio la violaci�n. El precepto es claro: s�lo exige la denuncia de la violaci�n. La relaci�n entre la violaci�n y el embarazo se debe establecer por "elementos que lo permitan suponer". Los dem�s requisitos resultan obvios.

Es inexplicable que no se exija el acreditamiento de la violaci�n, elemento esencial para dictar un auto de formal prisi�n por ese delito, y m�s inexplicable a�n, como en la discusi�n del asunto lleg� a sostenerse, que para que se estime configurado el cuerpo del delito de violaci�n baste la denuncia. Ello radica en que el texto del art�culo 19 de la Constituci�n, es terminante -y no es posible interpretarlo por analog�a o mayor�a de raz�n por tratarse de materia penal-, al decir que "Ninguna detenci�n ante autoridad judicial podr� exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposici�n, sin que se justifique con un auto de formal prisi�n en el que se expresar�n: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecuci�n, as� como los datos que arroje la averiguaci�n previa, los que deber�n ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. ...".

Naturalmente que todo queda al arbitrio del Ministerio P�blico que, adem�s, tendr� en su favor que la disposici�n le se�ala, de modo imperativo que, d�ndose los requisitos, autorizar� la interrupci�n del embarazo. Su participaci�n en el delito de aborto desaparecer�, sorprendentemente, por la exteriorizaci�n de su propia voluntad, pues la acci�n realizada se originar� en el cumplimiento del deber jur�dico que le impone el precepto, con lo que su decisi�n y actuaci�n estar�n justificadas legalmente en una causa de exclusi�n del delito (fracci�n VI) que establece el art�culo 15 del C�digo Penal. En id�ntica situaci�n se hallar�n los m�dicos y, en general, quienes participen en la pr�ctica del aborto, pues habr�n actuado en cumplimiento de un deber jur�dico derivado de la autorizaci�n del Ministerio P�blico.

Si llegara a darse una denuncia por el delito de aborto, el Ministerio P�blico, de integrarse la averiguaci�n, concluir�a determinando que no es el caso de ejercer acci�n penal por existir causas de exclusi�n, respecto de un delito que, parad�jicamente, se origin� en el propio Ministerio P�blico.

En cuanto al delito de violaci�n, tampoco se perseguir�a tal il�cito, pues bastar�a no integrar la averiguaci�n previa o integrarla defectuosamente, para que se concluyera en el no ejercicio de la acci�n penal. Adem�s, es previsible que en estas situaciones a nadie interese que se act�e de modo diferente, m�s a�n cuando todos los participantes sean conscientes de que lo relacionado con el delito de violaci�n, no fue sino un tecnicismo jur�dico que debi� llenarse para llevar adelante el aborto sin ning�n riesgo. De ah� que nunca se podr� demostrar que no se dieron los requisitos del precepto, pues ello s�lo podr�a haberse alcanzado en el proceso sobre la violaci�n denunciada.

Como puede observarse de la anterior argumentaci�n, el art�culo 131 bis del C�digo de Procedimientos Penales del Distrito Federal hace innecesario el 334 del C�digo Penal, y no s�lo autoriza y ordena privar de la vida, sino que ello pr�cticamente permite proyectarlo a todos los casos en que lo quiera la mujer embarazada, abri�ndose as� un cauce seguro para la consagraci�n subrepticia de la legalizaci�n del aborto.

En conclusi�n, respecto del art�culo 131 bis del C�digo de Procedimientos Penales del Distrito Federal, debe partirse del supuesto de que ordena al Ministerio P�blico autorizar la interrupci�n del embarazo y, por ende, provocar la muerte del producto en cualquier momento de la pre�ez, lo que significa privarlo de la vida; y, adem�s, establece la obligaci�n a las instituciones de salud p�blica del Distrito Federal de practicar esa interrupci�n.

En el an�lisis de los diferentes aspectos de inconstitucionalidad, se parte de lo dispuesto por el art�culo 59, en relaci�n con el 39 y 40, de la ley reglamentaria del art�culo 105 de la Constituci�n. El primer precepto previene: "En las acciones de inconstitucionalidad se aplicar�n en todo aquello que no se encuentre previsto en este t�tulo, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el t�tulo II.". En las otras normas, que se encuentran en �ste, se dispone: "Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n corregir� los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y examinar� en su conjunto los razonamientos de las partes a fin de resolver la cuesti�n efectivamente planteada." y "En todos los casos la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n deber� suplir la deficiencia de la demanda, contestaci�n, alegatos o agravios.".

Independientemente de lo anterior, el precepto examinado tambi�n viola el art�culo 135 constitucional. Este precepto establece:

La presente Constituci�n puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Uni�n, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que �stas sean aprobadas por la mayor�a de las Legislaturas de los Estados. El Congreso de la Uni�n o la Comisi�n Permanente en su caso, har�n el c�mputo de los votos de las legislaturas y la declaraci�n de haber sido aprobadas las adiciones o reformas."

H.�ndose demostrado en el considerando quinto de la sentencia, lo que pr�cticamente cont� con el voto de diez Ministros, que la Constituci�n protege la vida del producto de la concepci�n, debe inferirse que, conforme al sistema constitucional, una excepci�n a esa protecci�n s�lo pod�a ser introducida por el �rgano previsto en el art�culo transcrito, lo que, adem�s, resulta l�gico por tratarse de la modificaci�n de una norma fundamental del Estado mexicano, sin que pueda admitirse que pueda hacerlo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por lo que resulta incompetente para dictar una norma como el art�culo 131 bis que se analiza.

Es cierto, como tambi�n se reconoci� en el propio considerando quinto, que la Asamblea Legislativa citada es competente para dictar normas en materia penal, pero esa atribuci�n no puede extenderse a modificaciones de disposiciones de rango constitucional.

Si se hace un examen riguroso de las normas constitucionales que establecen garant�as individuales, se advertir� que el sistema consiste en el reconocimiento general de la garant�a y en la previsi�n de algunas excepciones, extremos que realiza directamente la Constituci�n o la misma autoriza a que lo hagan algunas autoridades constituidas, pero en los t�rminos que la misma previene, es decir, siempre y cuando la actuaci�n de las autoridades constituidas no pugne con los principios consagrados en el texto constitucional. Al respecto, debe destacarse que los art�culos 14 y 22 de la Constituci�n, que protegen la vida, no lo hacen de una manera incondicional y absoluta. El art�culo 14 determina que "Nadie podr� ser privado de la vida ...", pero inmediatamente acota la garant�a al a�adir "sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho".

El art�culo 22 del propio C�digo Pol�tico, de modo semejante, indica: "Queda tambi�n prohibida la pena de muerte" y enseguida a�ade "por delitos pol�ticos, y en cuanto a los dem�s, s�lo podr� imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevos�a, premeditaci�n o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves en el orden militar".

Este sistema de previsi�n de una garant�a y restricci�n de la misma, en el propio texto constitucional, es caracter�stico de nuestra Constituci�n Pol�tica. Muchos preceptos, aun con el respaldo de tesis de la Suprema Corte, tienen estas caracter�sticas, por ejemplo, el art�culo 5o. determina la garant�a: "A ninguna persona podr� impedirse que se dedique a la profesi�n, industria, comercio o trabajo que le acomode", pero tambi�n lo condiciona, ante todo, a que sean "l�citos" y, m�s adelante expresa: "El ejercicio de esta libertad s�lo podr� vedarse por determinaci�n judicial, cuando se ataquen derechos de tercero, o por resoluci�n gubernativa, dictada en los t�rminos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. ...", estableci�ndose constitucionalmente la posibilidad de que puedan ser los Jueces o las autoridades administrativas las que, con base en esa autorizaci�n, restrinjan, en casos concretos, la garant�a de libertad ocupacional que se consagra, pero conforme a los lineamientos que se especifican en la propia N.S..

El art�culo 6o., como otro ejemplo de este consistente sistema constitucional, previene: "La manifestaci�n de las ideas no ser� objeto de ninguna inquisici�n judicial o administrativa" y nuevamente a�ade "sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque alg�n delito, o perturbe el orden p�blico. ...". Podr�a continuarse ejemplificando el sistema con las caracter�sticas se�aladas.

En el caso del art�culo 131 bis del C�digo de Procedimientos Penales, resulta evidente que se introduce una excepci�n a la protecci�n constitucional a la vida del producto de la concepci�n, puesto que la interrupci�n del embarazo que se autoriza por el Ministerio P�blico y que deber�n practicar los m�dicos de las instituciones de salud p�blica del Distrito Federal, significa la muerte del producto de la concepci�n en cualquier momento de la pre�ez, es decir, la realizaci�n de un aborto. Sin embargo, tambi�n resulta evidente que esa restricci�n a la protecci�n de la vida del producto de la concepci�n, no est� se�alada en ninguno de los art�culos de la Constituci�n, ni tampoco en alguno de ellos se autoriza al legislador ordinario que pueda hacerlo, ni tampoco que pueda autorizarlo y ejecutarlo una autoridad administrativa en los t�rminos que marque la ley, en franca contravenci�n de la t�cnica constitucional de la previsi�n de una garant�a y de establecer su propia limitaci�n, de donde resulta la inconstitucionalidad del precepto, por emanar de una autoridad incompetente a la cual no le corresponde restringir una garant�a de naturaleza constitucional. Es previsible, por las distintas intervenciones que tuvieron los Ministros que formular�n voto de minor�a respecto del art�culo 131 bis del C�digo de Procedimientos Penales del Distrito Federal, que abunden en consideraciones sobre las razones de pol�tica criminal, as� como sobre la necesidad de que los abortos no se realicen clandestinamente para que no se produzcan muertes de las mujeres embarazadas por la falta de salubridad en su realizaci�n. Independientemente de m�ltiples consideraciones que se podr�an hacer al respecto, y que en su momento se har�n, en el tema que se desarrolla debe destacarse que cualquier raz�n para justificar una excepci�n al principio constitucional de respeto a la vida, por m�s bondadosa que pudiera ser, ser�a al �rgano Reformador de la Constituci�n al que corresponder�a considerarlo y decidirlo. Como es obvio, se tratar�a de un problema nacional y no de una sola entidad federativa; de aqu� que debe ser un cuerpo pol�tico representante directo de todo el pueblo de M�xico en su pluralidad, al que corresponder�a tomar la decisi�n y no a un cuerpo legislativo local.

De la misma manera, la disposici�n impugnada viola los art�culos 14, 16, 20, 21 y 49 de la Constituci�n.

En este aspecto nos adherimos al voto particular de la Ministra Olga S�nchez C., que hab�a integrado su proyecto como "considerando sexto", en el que se concluye que el Ministerio P�blico carece de facultades para autorizar la interrupci�n del embarazo en cualquier momento de la pre�ez.

Las argumentaciones respectivas se circunscriben al problema de la competencia del Ministerio P�blico, sin adentrarse mayormente en el tema, previsiblemente respondiendo al prop�sito de quien, al someter un proyecto al P., busca su aceptaci�n un�nime, procurando evitar aquellos temas que podr�an provocar disidencia. Desafortunadamente, ese prop�sito no se alcanz�, pues cinco Ministros consideraron lo contrario, a saber, que el Ministerio P�blico s� cuenta con esas facultades, pues la realidad es que no limita su actuaci�n a las facultades que le confiere la Constituci�n relativas a la investigaci�n y persecuci�n de los delitos. Sin embargo, no tomaron en cuenta que lo que se estudiaba en el proyecto no era si esas otras facultades respetaban o no la Constituci�n, sino si se apegaba a ella el que el Ministerio P�blico pudiera autorizar la interrupci�n del embarazo.

Sobre este tema de la incompetencia manifiesta del Ministerio P�blico para autorizar la pr�ctica de un aborto, consideramos que se ve reforzada por los siguientes argumentos:

El art�culo 16 constitucional, referido como una garant�a violada, en sus p�rrafos segundo, quinto, octavo y noveno, establece:

(Reformado primer p�rrafo, D.O. 3 de septiembre de 1993).

Art�culo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

(Reformado, D.O. 8 de marzo de 1999).

No podr� librarse orden de aprehensi�n sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley se�ale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado.

(Adicionado, D.O. 3 de septiembre de 1993).

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensi�n, deber� poner al inculpado a disposici�n del Juez, sin dilaci�n alguna y bajo su m�s estricta responsabilidad. La contravenci�n a lo anterior ser� sancionada por la ley penal.

(Adicionado, D.O. 3 de septiembre de 1993).

En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poni�ndolo sin demora a disposici�n de la autoridad inmediata y �sta, con la misma prontitud, a la del Ministerio P�blico.

(Adicionado, D.O. 3 de septiembre de 1993).

S�lo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave as� calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acci�n de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por raz�n de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio P�blico podr�, bajo su responsabilidad, ordenar su detenci�n, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.

(Adicionado, D.O. 3 de septiembre de 1993).

En casos de urgencia o flagrancia, el Juez que reciba la consignaci�n del detenido deber� inmediatamente ratificar la detenci�n o decretar la libertad con las reservas de ley.

(Adicionado, D.O. 3 de septiembre de 1993).

Ning�n indiciado podr� ser retenido por el Ministerio P�blico por m�s de cuarenta y ocho horas, plazo en que deber� ordenarse su libertad o pon�rsele a disposici�n de la autoridad judicial; este plazo podr� duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto ser� sancionado por la ley penal.

En toda orden de cateo, que s�lo la autoridad judicial podr� expedir y que ser� escrita, se expresar� el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que �nicamente debe limitarse la diligencia, levant�ndose al concluirla, una acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

(Adicionado, D.O. 3 de julio de 1996).

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionar� penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privac�a de las mismas. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petici�n de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio P�blico de la entidad federativa correspondiente, podr� autorizar la intervenci�n de cualquier comunicaci�n privada. Para ello, la autoridad competente, por escrito, deber� fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando adem�s, el tipo de intervenci�n, los sujetos de la misma y su duraci�n. La autoridad judicial federal no podr� otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de car�cter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

(Adicionado, D.O. 3 de julio de 1996).

Las intervenciones autorizadas se ajustar�n a los requisitos y l�mites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con �stos, carecer�n de todo valor probatorio.

La autoridad administrativa podr� practicar visitas domiciliarias �nicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de polic�a; y exigir la exhibici�n de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujet�ndose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.

(Adicionado, D.O. 3 de febrero de 1983).

La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estar� libre de todo registro, y su violaci�n ser� penada por la ley.

(Adicionado, D.O. 3 de febrero de 1983).

En tiempo de paz ning�n miembro del Ej�rcito podr� alojarse en casa particular contra la voluntad del due�o, ni imponer prestaci�n alguna. En tiempo de guerra los militares podr�n exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los t�rminos que establezca la ley marcial correspondiente."

Del precepto constitucional anterior se desprende que en materia de procedimientos penales, la Constituci�n reserva a la autoridad judicial la pr�ctica de las afectaciones m�s graves a los derechos sustantivos de los gobernados, lo que as� ocurre cuando: (a) se obsequia una orden de captura previa petici�n ministerial, hecha una �nica excepci�n trat�ndose de casos urgentes y delitos graves en los que se advierta que el indiciado pretende sustraerse a la acci�n de la justicia y existe una imposibilidad material de los medios para acudir a la autoridad judicial a solicitar la aprehensi�n inmediata del sujeto por raz�n de la hora, lugar y circunstancia; (b) se vulnera el derecho de inviolabilidad del domicilio a trav�s de las �rdenes de cateo; y (c) se afectan los derechos de intimidad en las comunicaciones.

Esto demuestra la existencia de un principio constitucional impl�cito: Las decisiones que importan una grave afectaci�n a derechos sustantivos de los gobernados y que son indispensables para la consecuci�n de las etapas del procedimiento penal, se reservan a la autoridad judicial, y s�lo existe una �nica excepci�n constitucionalmente autorizada para esta regla, trat�ndose de la evasi�n de indiciados por delito grave, con las caracter�sticas espec�ficas que marca la propia Constituci�n.

Siguiendo esa regla, resulta manifiesto que el art�culo 131 bis del C�digo de Procedimientos Penales vulnera esa regla constitucional impl�cita, y ello es una raz�n m�s por la cual no se comparte el proyecto, ya que en aplicaci�n de dicho principio, s�lo la autoridad judicial estar�a facultada para la pr�ctica de esta clase de procedimientos, si acaso estos fueran jur�dicamente posibles.

El art�culo 131 bis del C�digo de Procedimientos Penales del Distrito Federal, viola el art�culo 14 constitucional por lo siguiente:

El considerando quinto de la sentencia estableci� que el principio enunciado se circunscribe al texto literal del art�culo 14 de la Constituci�n, en cuanto s�lo se refiere a los delitos y a las penas. Pues bien, en cuanto al art�culo 131 bis del C�digo de Procedimientos Penales, se crean situaciones confusas en torno al sujeto activo del delito lo que, obviamente, se encuentra vinculado con el delito y con la pena. Resulta notorio que en la propia discusi�n del tema, en la sesi�n p�blica del d�a 30 de enero, mientras para un Ministro el referido art�culo deb�a interpretarse como contrario al art�culo 334, fracci�n I; para otro se encontraban perfectamente asimilados. Esta oposici�n de ideas no s�lo se origin� por cuestiones de vocabulario, sino respecto de puntos esenciales, pues mientras uno consideraba que s�lo se trataba de un caso de excusa absolutoria, respecto del cual no pod�a admitirse que se autorizara la privaci�n de la vida, para el otro se daba este supuesto que ten�a como resultado la pr�ctica del aborto. Si se analiza detenidamente el dispositivo, surgen dudas que evidencian su ambig�edad y, consiguientemente, su falta de certeza. Si una persona interviene en un aborto de conformidad con la fracci�n I del art�culo 334, relacionado con el 131 bis �queda liberado de la pena por el delito cometido, no se cometi� ning�n delito o se dio una causa de exclusi�n del delito, en los t�rminos del art�culo 15 del C�digo Penal del Distrito Federal? �El agente del Ministerio P�blico que autoriza la interrupci�n del embarazo tiene alguna participaci�n en la comisi�n del delito o su simple autorizaci�n, aunque sea injustificada, impide que se cometa? �Si para dar la autorizaci�n basta con la denuncia de la violaci�n, que se compruebe la existencia del embarazo y que existan elementos que permitan suponer que el embarazo es producto de la violaci�n, si despu�s se comprueba que no hubo violaci�n o que el embarazo no fue producto de ella, se podr� considerar que se cometi� el delito de aborto y alguien podr� tener responsabilidad? �En el plazo de veinticuatro horas pueden comprobarse fehacientemente los requisitos establecidos para otorgar la autorizaci�n? Toda esta ambig�edad conduce a una situaci�n m�s grave desde el punto de vista constitucional, a saber, que protegi�ndose la vida del producto de la concepci�n se establezca un sistema en el que, con facilidad, se puede autorizar que se atente contra esa protecci�n, y que la comprobaci�n de que no se dieron los supuestos de la norma no permitir� que se repare el da�o causado al privar de la vida al producto de la concepci�n, no obstante no haberse llenado los requisitos, sigui�ndose de ello, tambi�n, la impunidad de quienes incurrieron en una conducta delictiva. Todo lo anterior revela que se falta al principio de certeza en materia penal, resultando inconstitucional la norma.

Adem�s, tambi�n se violan los diversos dispositivos constitucionales que protegen la vida, en general, y la del producto de la concepci�n, en especial.

Efectivamente, si en el considerando quinto se reconocieron, con amplitud, los presupuestos enunciados, resulta obvio que si el art�culo 131 bis, seg�n ha quedado demostrado, determina que el Ministerio P�blico autorizar� la privaci�n de la vida, en el caso que contempla, y a las instituciones de salud p�blica del Distrito Federal las obliga a practicarla, evidentemente vulnera esos preceptos. Adem�s, todas las consideraciones contenidas en el voto de minor�a, relativo al art�culo 334, fracci�n III, del C�digo Penal, resultan exactamente aplicables al art�culo 131 bis. Mientras el dispositivo anterior se pudo librar de la declaraci�n de inconstitucionalidad a la que llevaban esos argumentos, porque se sostuvo que el mismo no autorizaba la privaci�n de la vida, porque expresa y literalmente s�lo se establec�a que "no se impondr�a sanci�n", trat�ndose de una norma que expresa y literalmente establece esa privaci�n, los argumentos resultan exactamente aplicables y de ellos se sigue, indubitablemente, la inconstitucionalidad del dispositivo en cuesti�n.

Los firmantes de este voto tambi�n consideramos que la disposici�n impugnada incurre en violaci�n indirecta de los art�culos 5o., 6o., 9o. y 24 de la Constituci�n, por lo siguiente:

El art�culo constitucional primeramente mencionado consagra la garant�a de libertad ocupacional, el segundo la de libertad ideol�gica o de pensamiento, el tercero la de asociaci�n y el cuarto la de profesar la creencia religiosa que m�s agrade. Los cuatro se ven en peligro ante el art�culo 131 bis. Constituye un hecho notorio que existen en M�xico personas que tienen convicciones �ticas opuestas al aborto. Si la confusa disposici�n de que se trata se interpreta en el sentido de que los m�dicos de las instituciones de salud p�blica del Distrito Federal tienen obligaci�n jur�dica de practicar el aborto mientras se cuente con autorizaci�n del Ministerio P�blico, se encontrar�n ante la alternativa de rehusarse, lo que podr� originar la p�rdida de su trabajo, vulner�ndose as� la garant�a prevista en el art�culo 5o. de la Constituci�n, o practicarlo, dejando de pertenecer a alg�n grupo del que se forme parte que sea contrario al aborto, violentando, en su caso, principios de su convicci�n ideol�gica con lo cual se afectan los dem�s preceptos mencionados. Por estos motivos, tambi�n se debe concluir que el art�culo 131 bis del C�digo de Procedimientos Penales del Distrito Federal es inconstitucional.

Finalmente, debemos destacar que en el caso resulta aplicable, anal�gicamente, un principio de la t�cnica en la formulaci�n de sentencias. Si existe una raz�n para otorgar el amparo, trat�ndose de este juicio, o para declarar la invalidez de una norma, cuando se est� en controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, basta con que prospere alg�n concepto de violaci�n o de invalidez. En cambio, para negar el amparo o para reconocer la validez de la norma, es necesario estudiar y desestimar todos los conceptos que se hayan hecho valer.

En el caso a estudio, si bien ciertamente no hubo pronunciamiento sobre el art�culo 131 bis, hubiera sido indispensable que en la discusi�n del asunto se hubieran analizado todas las argumentaciones sobre la inconstitucionalidad del precepto, lo que no ocurri� �O.� que en el voto de la minor�a se contengan razonamientos al respecto!

P.�jicamente, los seis Ministros que consideramos que el precepto es inconstitucional y los cinco que tienen la convicci�n de que respeta la Constituci�n, tuvimos simult�neamente satisfacciones e insatisfacciones, aunque en sentidos encontrados. Los primeros tuvimos la insatisfacci�n de no haber logrado la declaraci�n de invalidez de la norma y la demostraci�n de la evidencia de su inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte; pero tambi�n gozamos de la satisfacci�n de haber impedido que el m�s Alto Tribunal avalara, con un considerando, que el precepto resulta constitucional. Los segundos tuvieron la insatisfacci�n de no haber conseguido que se diera ese aval a la constitucionalidad del art�culo 131 bis discutido y la satisfacci�n de impedir que la Suprema Corte declarara la invalidez del precepto y lo sustentara en la parte considerativa, lo que se tradujo en desestimar la acci�n y, pr�cticamente, en dejar vigente el precepto para, como dijo el �ltimo que intervino "el bien de las mujeres". Al respecto, convendr�a reflexionar si el bien de alguien puede derivar no s�lo del mal, sino de la destrucci�n de otros �No habr�a que pensar en el bien de todos o, cuando ello no sea posible, en el menor mal?

Tesis:

N�mero tesis: 187799

R.: EXCUSAS ABSOLUTORIAS Y EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD. SUS DIFERENCIAS.

Localizacion: 9a. �poca; P.; S.J.F. y su Gaceta; XV, Febrero de 2002; P�g. 592; [J];

N�mero tesis: 187816

R.: DERECHO A LA VIDA. SU PROTECCI�N CONSTITUCIONAL.

Localizacion: 9a. �poca; P.; S.J.F. y su Gaceta; XV, Febrero de 2002; P�g. 589; [J];

N�mero tesis: 187817

R.: DERECHO A LA VIDA DEL PRODUCTO DE LA CONCEPCI�N. SU PROTECCI�N DERIVA DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y DE LAS LEYES FEDERALES Y LOCALES.

Localizacion: 9a. �poca; P.; S.J.F. y su Gaceta; XV, Febrero de 2002; P�g. 588; [J];

N�mero tesis: 187882

R.: ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. EN EL CASO DE UNA RESOLUCI�N MAYORITARIA EN EL SENTIDO DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA IMPUGNADA, QUE NO SEA APROBADA POR LA MAYOR�A CALIFICADA DE CUANDO MENOS OCHO VOTOS EXIGIDA POR EL ART�CULO 105, F.I., �LTIMO P�RRAFO, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL, LA DECLARATORIA DE QUE SE DESESTIMA LA ACCI�N Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO DEBE HACERSE EN UN PUNTO RESOLUTIVO.

Localizacion: 9a. �poca; P.; S.J.F. y su Gaceta; XV, Febrero de 2002; P�g. 419; [J];

N�mero tesis: 187883

R.: ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE SE HAGAN VALER DEBE EFECTUARSE A LA LUZ DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL VIGENTES AL MOMENTO DE RESOLVER

Localizacion: 9a. �poca; P.; S.J.F. y su Gaceta; XV, Febrero de 2002; P�g. 418; [J];

N�mero tesis: 187884

R.: ABORTO. REQUISITOS PARA QUE SE CONFIGURE LA EXCUSA ABSOLUTORIA PREVISTA EN EL ART�CULO 334, F.I.I, DEL C�DIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.

Localizacion: 9a. �poca; P.; S.J.F. y su Gaceta; XV, Febrero de 2002; P�g. 417; [T.A.];

N�mero tesis: 187885

R.: ABORTO. LA HIP�TESIS PREVISTA EN EL ART�CULO 334, F.I.I, DEL C�DIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CONSTITUYE UNA EXCUSA ABSOLUTORIA.

Localizacion: 9a. �poca; P.; S.J.F. y su Gaceta; XV, Febrero de 2002; P�g. 416; [J];

N�mero tesis: 187886

R.: ABORTO. EL ART�CULO 334, F.I.I, DEL C�DIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO TRANSGREDE LA GARANT�A DE IGUALDAD, PUES NO AUTORIZA QUE SE PRIVE DE LA VIDA AL PRODUCTO DE LA CONCEPCI�N.

Localizacion: 9a. �poca; P.; S.J.F. y su Gaceta; XV, Febrero de 2002; P�g. 415; [T.A.];

N�mero tesis: 187887

R.: ABORTO. EL ART�CULO 334, F.I.I, DEL C�DIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO AUTORIZA LA IMPOSICI�N DE UNA PENA POR ANALOG�A O MAYOR�A DE RAZ�N.

Localizacion: 9a. �poca; P.; S.J.F. y su Gaceta; XV, Febrero de 2002; P�g. 415; [T.A.];