Voto num. P./J. 38 12/89 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26935065

Voto num. P./J. 38 12/89 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P./J. 38 12/89
Materia:Voto Particular de la Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Junio de 1989
RESUMEN

GASTOS Y EROGACIONES DE LAS PERSONAS. EL ESTADO TIENE FACULTAD DE GRAVARLOS EN EJERCICIO DE SU POTESTAD TRIBUTARIA.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

GASTOS Y EROGACIONES DE LAS PERSONAS. EL ESTADO TIENE FACULTAD DE GRAVARLOS EN EJERCICIO DE SU POTESTAD TRIBUTARIA.

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NOMINAS, IMPUESTO SOBRE. EL ARTICULO 45-G DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, PUESTO QUE DETERMINA EL TERRITORIO DONDE SE APLICA EL IMPUESTO.

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NOMINAS, IMPUESTOS SOBRE. EL ARTICULO 45-I DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, PUESTO QUE DETERMINA EL TIEMPO EN QUE DEBE PAGARSE EL IMPUESTO.

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NOMINAS, IMPUESTO SOBRE. LOS ARTICULOS 45-G A 45-I DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA POR GRAVAR EROGACIONES EN ESPECIE.

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NOMINAS, IMPUESTO SOBRE. LOS ARTICULOS 45-G A 45-I DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA PORQUE SI DEFINEN EL OBJETO DEL IMPUESTO.

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NOMINAS, IMPUESTO SOBRE. LOS ARTICULOS 45-G A 45-I DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, PUESTO QUE COLOCAN EN PLANO DE IGUALDAD A TODOS LOS SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO.

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NOMINAS, IMPUESTO SOBRE. LOS ARTICULOS 45-G A 45-I DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, PUESTO QUE SU OBJETO ES INDICATIVO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DEL SUJETO DEL IMPUESTO.

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NOMINAS, IMPUESTO SOBRE. LA TASA FIJA DEL 2% PREVISTA EN EL ARTICULO 45-H DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.

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Voto particular del se�or ministro U.S.O.��ez en el amparo en revisi�n 2159/88, consistente en las consideraciones de su proyecto original relativas a la concesi�n del amparo.

TERCERO

No es materia de la revisi�n el sobreseimiento decretado por la a quo en el primer punto resolutivo de la sentencia recurrida, por los actos reclamados al jefe del Departamento del Distrito Federal y al tesorero del propio Departamento, regido por el considerando segundo de tal resoluci�n, toda vez que ese aspecto no fue impugnado por el recurrente.

CUARTO

El estudio de los conceptos de agravio que se hacen valer, conduce a efectuar las siguientes consideraciones:

Por orden de m�todo, en principio se analizar�n los agravios marcados con los n�meros III, IV y V, en los que se alega que la juez de Distrito incorrectamente consider� que los preceptos legales reclamados no violan la garant�a de legalidad de los impuestos a que se refiere el art�culo 31, fracci�n IV constitucional.

Tales agravios son infundados. En efecto, lo que en resumen argumenta el recurrente en el concepto de agravio III, es que la a quo estim� que el objeto del impuesto impugnado se encuentra plenamente definido en la ley que lo contempla.

El art�culo 45-G de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal que se reclama, se�ala lo siguiente: "Se encuentran obligadas al pago del Impuesto sobre N�minas, las personas f�sicas y morales que, en el Distrito Federal, realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneraci�n al trabajo personal subordinado, independientemente de la designaci�n que se les otorgue. Para los efectos de este impuesto, se considerar�n erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado, los salarios y dem�s prestaciones que se deriven de una relaci�n laboral".

Como podr� observarse, el objeto o hecho imponible del gravamen en estudio consiste en efectuar erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneraci�n al trabajo personal subordinado, y el art�culo antes transcrito define tales erogaciones como los salarios y dem�s prestaciones que se deriven de una relaci�n laboral.

Atento a lo anterior, la juez Federal estuvo en lo justo al estimar que el precepto legal de m�rito no viola la referida garant�a de legalidad de los impuestos, ya que especifica con claridad el hecho que al realizarse, genera la obligaci�n tributaria, sin que exista la confusi�n que refiere el recurrente respecto a lo que debe entenderse por salario remunerador y dem�s prestaciones. Efectivamente, la Ley del Seguro Social, en su art�culo 32 y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su art�culo 14, refieren lo que debe entenderse por salario base o sueldo b�sico, �nicamente para los efectos de esas leyes, que reglamentan las relaciones laborales y otros aspectos de esa �ndole, dados entre los poderes de la Uni�n y el Gobierno del Distrito Federal, con sus trabajadores esto es, los nexos de trabajo derivados del apartado B del art�culo 123 constitucional, por lo que esas definiciones no producen ninguna confusi�n ya que los conceptos que determinan, �nicamente surten efectos en las propias legislaciones que los establecen. Por otra parte, la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas que cita el recurrente, no define lo que debe entenderse por salario o haber, por lo que no siembra ninguna confusi�n al respecto. Por �ltimo, la Ley Federal del Trabajo en su art�culo 82 define el salario como "la retribuci�n que debe pagar el patr�n al trabajador por su trabajo"; y en su art�culo 84, establece que "el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuotas diarias, gratificaciones, percepciones, habitaci�n, primas concesiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestaci�n que se entregue al trabajador por su trabajo". Es claro que los textos antes transcritos son los que deben tomarse en cuenta para encontrar una definici�n gen�rica de lo que debe entenderse por salario, toda vez que la Ley Federal del Trabajo es reglamentaria del apartado A del art�culo 123 constitucional, cap�tulo que establece lo siguiente: "Art�culo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente �til; al efecto se promover�n la creaci�n de empleos y la organizaci�n social para el trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Uni�n, sin contravenir las bases siguientes deber� expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regir�n: A. Entre los obreros, jornaleros, empleados dom�sticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo". De lo antes transcrito se advierte que dicha disposici�n constitucional, se�ala las bases generales para normar todas las relaciones de trabajo, se�alando las condiciones laborales m�nimas que deben existir en el nexo entre patrones y trabajadores, los derechos y prestaciones de que deben gozar �stos, las reglas competenciales de las autoridades que apliquen las leyes del trabajo, y en general, las normas sustantivas fundamentales en materia laboral, por lo que cualquier otra disposici�n legal y a�n constitucional, como lo es el apartado B del propio art�culo 123, estatuyen reglas de excepci�n en materia laboral que s�lo son aplicables precisamente en los casos excepcionales que reglamentan.

Consecuentemente, si el art�culo 45-G de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, establece con claridad que las erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado, que como ya se dijo, constituye el objeto del gravamen en estudio, consisten en los salarios y dem�s prestaciones que deriven de una relaci�n laboral, tal precepto cumple con la garant�a de legalidad de los tributos, pues no hay lugar a dudas de que �nicamente se tomar� en cuenta para el c�lculo del gravamen en cuesti�n, todo aquello que una persona erogue para remunerar el trabajo personal de sus trabajadores, entendi�ndose como "remunerar", "recompensar, premiar, galardonar", seg�n definici�n que de ese t�rmino da el Diccionario de la Lengua espa�ola, de la Real Academia Espa�ola, en su d�cima sexta edici�n.

Por otra parte, tal como lo estim� la a quo, el hecho de que las prestaciones en especie que otorga una persona para remunerar las labores que le presta su trabajador, sean objeto del impuesto en estudio, no constituye una violaci�n a la garant�a de legalidad, pues es incierto lo que alega el recurrente en el sentido de que alguna de esas prestaciones no puedan cuantificarse, toda vez que aun trat�ndose de becas o seguros de autom�viles que son los ejemplos que menciona el impugnante, son cuantificables en dinero, atento que tienen un determinado valor desde el momento en que un patr�n otorga a sus trabajadores ese tipo de beneficios como prestaciones de car�cter laboral, valor que obviamente conoce el patr�n cuando confiere esas prestaciones, y si con el transcurso del tiempo, por diversas circunstancias var�a ese valor, tales variaciones son conocidas por el patr�n, quien en �ltima instancia, es el que cubre la val�a de las prestaciones que otorga.

Asimismo, si como lo alega el recurrente, puede darse el caso que el contribuyente utilice un m�todo de valuaci�n de las prestaciones en especie, distinto al que pudiese utilizar la autoridad fiscal; ello no trae como consecuencia que se viole la garant�a de legalidad de los impuestos, toda vez que, como lo estim� la juez Federal, el causante es quien se autodetermina el tributo en estudio al trav�s de la declaraci�n a que se refiere el art�culo 45-I impugnado que es mediante la que se paga el gravamen y en esa determinaci�n deber� observarse la buena fe de parte de los contribuyentes, como acontece en todos los impuestos que se pagan por medio de declaraciones, en las que aqu�llos se autocuantifican el gravamen.

Igualmente aun cuando es cierto que la circunstancia de que el causante puede objetar ante los tribunales competentes, la liquidaci�n que realicen las autoridades exactoras derivadas de aplicar un m�todo distinto de valuaci�n de las prestaciones en especie, no trae como resultado que se incumpla con la garant�a que se ha venido mencionando, tambi�n lo es que ello constituye una oportunidad de los contribuyentes para impugnar una decisi�n de la autoridad fiscal que pudiera perjudicarles, siendo suficientes los dem�s razonamientos expresados por la a quo y los antes efectuados para determinar que el hecho de que se grave el otorgamiento de prestaciones en especie, no viola la garant�a de legalidad que debe regir en materia de impuestos.

De igual manera, es infundado el agravio marcado con el n�mero IV en el que se alega que los art�culos impugnados conculcan los principios de seguridad y certidumbre jur�dica, por el hecho de que tales preceptos no aclaran si el impuesto debe cubrirse cuando el trabajo personal se desarrolle fuera del Distrito Federal o s�lo cuando esto ocurre dentro de su circunscripci�n territorial, por el simple hecho de efectuar la erogaci�n en ese territorio. En efecto, con independencia de que el quejoso no est� en la hip�tesis que se�ala en el concepto de agravio en estudio, o sea que tenga su domicilio fuera del Distrito Federal, y que no obstante ello, deba pagar el gravamen de m�rito, ya que del cap�tulo de antecedentes de la demanda de amparo se desprende que tiene su domicilio en el Distrito Federal y es aqu� donde efect�a la actividad que se grava por el susodicho impuesto; lo cierto es que el art�culo 45-G combatido, claramente establece que se encuentran obligadas al pago de impuesto, en trato, las personas f�sicas y morales que "en el Distrito Federal realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneraci�n al trabajo personal subordinado ..."; es decir que, como lo consider� la juez Federal, lo que se est� gravando es la actividad realizada consistente en efectuar erogaciones por concepto de remuneraci�n al trabajo personal subordinado y se entiende que si esas erogaciones se llevan a cabo dentro de las circunscripci�n territorial del Distrito Federal, quien las haga, deber� cubrir el impuesto en cuesti�n, independientemente del domicilio que tenga el causante, pues lo que interesa es que la actividad gravada se realice en dicho lugar. Ello acontece en la mayor�a de los tributos locales y a guisa de ejemplo se menciona el impuesto predial que tambi�n establece la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, el cual deber� cubrirse respecto de los inmuebles existentes dentro del territorio del Distrito Federal, sin importar que el propietario del mismo tenga su domicilio en otra entidad federativa, pues ello no ser�a motivo para que ese impuesto lo pagara el fisco del lugar donde tuviera su residencia.

Tambi�n carece de fundamento el agravio se�alado con el n�mero V, en el que se argumenta que la a quo indebidamente consider� que no crea incertidumbre en el contribuyente el hecho de que para se�alar la �poca de pago del impuesto sobre n�minas, el art�culo 45-I impugnado remita a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en vez de especificarla.

En efecto, el art�culo antes referido expresa lo siguiente: "45-I. El impuesto sobre n�minas se causar� en el momento en que se realicen erogaciones por el trabajo personal subordinado y se pagar� mediante declaraci�n que deber� presentarse cada mes, dentro del plazo establecido para el pago del impuesto al valor agregado". Tal remisi�n a la ley federal referida no causa perjuicio a los causantes del impuesto en an�lisis, toda vez que hay precisi�n en el se�alamiento de la �poca en que se deber� pagar, y si bien la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece en su art�culo 5o., que si se trata de organismos descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de cr�dito y las sociedades mercantiles, har�n el pago del impuesto el d�a diez de cada mes, y si se trata de los dem�s contribuyentes, efectuar�n dicho pago los d�as quince de cada uno de los meses del ejercicio fiscal, as� como dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio, y en su art�culo 28 se�ala que en trat�ndose de importaci�n de bienes, el impuesto se pagar� conjuntamente con el del impuesto general de importaci�n; ello no crea ninguna incertidumbre en los causantes, pues el impuesto sobre n�minas se pagar�, en los d�as diez o quince de cada mes, seg�n el tipo de contribuyente que sea, en los t�rminos que se�ala el referido art�culo 5o de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, toda vez que seg�n lo estipula el art�culo 45-I de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, el impuesto sobre n�minas se pagar� mediante declaraci�n que deber� presentarse cada mes, o sea que, siendo congruentes en el razonamiento, si este impuesto se autodetermina por los causantes en forma mensual, es claro que los d�as en que deber� pagarse, ser�n los antes citados, seg�n el caso, por referirse al pago tambi�n mensual del multicitado impuesto federal.

Es menester aclarar que la a quo estim� que el impuesto en estudio deber� pagarse, a m�s tardar, el d�a diez de cada uno de los meses del ejercicio. Ello no es correcto en atenci�n a que la Ley del Impuesto al Valor Agregado se�ala, como ya se dijo, los d�as diez y quince de cada mes, seg�n los casos que especifica, raz�n por la que esas dos fechas se deber�n tomar en cuenta para el pago del impuesto sobre n�minas, en los t�rminos ya expresados; empero, tal circunstancia no es raz�n bastante para revocar la sentencia recurrida por ese aspecto, ya que se sostiene las consideraciones torales de la sentencia, en el punto que se estudia.

QUINTO

Siguiendo el mismo orden de an�lisis, se entra al estudio del agravio marcado con el n�mero II, en el que el recurrente argumenta que la juez a quo no se apeg� a derecho al considerar que el impuesto que se analiza observa la garant�a de equidad tributaria establecida en el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional, el cual se considera igualmente infundado.

En efecto, con independencia de los razonamientos efectuados por la juez de Distrito, se estima que el gravamen de m�rito s� observa el principio de equidad que debe imperar en los tributos.

Esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, ha establecido que la equidad en los impuestos exige que se respete el principio de igualdad, esto es, que se encuentren obligados a determinada situaci�n los que se hallen dentro de lo establecido por la ley y que no se encuentren en esa misma obligaci�n los que est�n en situaci�n jur�dica diferente, o sea, tratar a los iguales de manera igual.

Ahora bien, si la equidad tributaria radica en la igualdad ante la misma ley de todos los sujetos pasivos de un mismo impuesto, los que en esas circunstancias deben recibir un tratamiento id�ntico en lo concerniente a hip�tesis de causaci�n; debe entenderse que en la especie se cumple con tal requisito, toda vez que el art�culo 45-G reclamado se�ala como sujetos del impuesto sobre n�minas, a las personas f�sicas y morales que, en el Distrito Federal, realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneraci�n al trabajo personal subordinado. En otras palabras, es sujeto pasivo del mencionado tributo, toda persona que est� en los siguientes supuestos: 1. Que realice las erogaciones antes mencionadas; 2. Que las mismas las efect�e en el Distrito Federal.

Consecuentemente, todas las personas que se ubiquen en la hip�tesis de causaci�n citada, son causantes del susodicho impuesto, raz�n por la que s� existe igualdad en la aplicaci�n de tal gravamen, atento que en el precepto legal reclamado, que se cita en �ltimo t�rmino, hay universalidad y generalidad respecto de los sujetos que se sit�an en los supuestos se�alados.

SEXTO

por otra parte, se estima que es esencialmente fundado el agravio se�alado con el n�mero I, por los motivos que se expondr�n a continuaci�n.

El art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n General de la Rep�blica, establece que es obligaci�n de los mexicanos "contribuir para los gastos p�blicos, as� de la Federaci�n como del Estado y Municipio que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes".

Atento a lo dispuesto por el precepto constitucional invocado, la potestad impositiva del Estado no es absoluta, toda vez que est� limitada por lo que establece la Carta Magna respecto a los derechos de los mexicanos relacionados con su deber de contribuir al gasto p�blico. As� se obtiene que la contribuci�n a dicho gasto se debe efectuar en forma proporcional y equitativa, tal y como lo se�alan las leyes.

Esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, no ha asentado una f�rmula general para determinar cu�ndo se da cumplimiento a los requisitos de proporcionalidad y equidad; sin embargo, ha establecido diversos criterios para lograr la determinaci�n. Efectivamente, al respecto ha sostenido que la proporcionalidad radica esencialmente, en que los sujetos pasivos contribuyan a los gastos p�blicos en funci�n de su respectiva capacidad econ�mica, aportando una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos; este principio se vincula con la capacidad econ�mica de los contribuyentes, que deben gravarse diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para que el impacto sea distinto en cada caso, siempre en relaci�n a la capacidad contributiva. Por lo que toca al principio de equidad ha establecido que radica en la igualdad ante la ley de todos los sujetos pasivos de un tributo, los que en igualdad de condiciones deben recibir un tratamiento id�ntico. Por �ltimo, se ha determinado que aun cuando los requisitos de proporcionalidad y equidad no se encuentren en el cap�tulo relativo a garant�as individuales, su lesi�n constituye una violaci�n de garant�as. Lo anterior se sostiene en las tesis jurisprudenciales cincuenta y siete y noventa y ocho, visibles en el �ltimo Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, 1917-85, Primera Parte, p�gina ciento doce, ciento trece y ciento noventa y uno, respectivamente, que establecen: "IMPUESTO, VALIDEZ CONSTITUCIONAL DE LOS. De acuerdo con el art�culo 31, fracci�n IV, de la Carta Magna, para la validez constitucional de un impuesto se requiere la satisfacci�n de tres requisitos fundamentales; primero, que sea establecido por ley; segundo, que sea proporcional y equitativo, y tercero, que se destine al pago de los gastos p�blicos. Si falta alguno de estos tres requisitos, necesariamente el impuesto ser� contrario a lo estatuido por Constituci�n General. Ahora bien, aun cuando respecto de los requisitos de proporcionalidad y equidad, este Tribunal P. no ha precisado una f�rmula general para determinar cu�ndo un impuesto cumple dichos requisitos, que traducidos de manera breve quieren decir la justicia tributaria, en cambio, de algunas de las tesis que ha sustentado, pueden desprenderse ciertos criterios. As� se ha sostenido, que, si bien el art�culo 31 de la Constituci�n, que establece los requisitos de proporcionalidad y equidad como derecho de todo contribuyente, no est� en el cap�tulo relativo a las garant�as individuales, la lesi�n de este derecho si es una violaci�n de garant�as cuando los tributos que decreta el Poder Legislativo son notoriamente exorbitantes y ruinosos. Tambi�n este Tribunal P. ha considerado que la equidad exige que se respete el principio de igualdad, determinando que es norma de equidad la de que se encuentre obligados a determinada situaci�n los que se hallen dentro de lo establecido por la ley y que no se encuentren en esa misma obligaci�n los que est�n en situaci�n jur�dica diferente o sea, tratar a los iguales de manera igual. Es decir, este Tribunal P. ha estimado que se vulnera el derecho del contribuyente a que los tributos sean proporcionales y equitativos, cuando el gravamen es exorbitante y ruinoso y que la equidad exige que se respete el principio de igualdad. S�ptima Epoca. Primera Parte: Volumen 62, p�gina 31. Amparo en revisi�n 6168/63.- A.C.�rdova y coagraviados (acumulados.).- Mayor�a de 18 votos.- Vol�menes 97- 102 p�gina 108.- Amparo en revisi�n 1597/65.- P.L.C. y coagraviados.- Por unanimidad de 18 votos.- Vol�menes 145-150.- p�gina 123.- Amparo en revisi�n 3558/80.- O.B..- Unanimidad de 16 votos.- Vol�menes 181- 186.- Amparo en revisi�n 5554/83.- Compa��a Cerillera "La Central", S.A.M.�a de 14 votos.- Vol�menes 187-192.- Amparo en revisi�n 2502/83.- Servicios Profesionales Tolteca, S.A.M.�a de 16 votos".

PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 31, FRACCION IV, CONSTITUCIONAL.- El art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos.- La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos p�blicos en funci�n de su respectiva capacidad econ�mica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los grav�menes deben fijarse de acuerdo con la capacidad econ�mica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a trav�s de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de m�s elevados recursos. Expresado en otros t�rminos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad econ�mica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto, no s�lo en cantidad sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminuci�n patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporci�n a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento id�ntico en lo concerniente a hip�tesis de causaci�n, acumulaci�n de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etc., debiendo �nicamente variar las tarifas tributarias aplicables, de acuerdo con la capacidad econ�mica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situaci�n de igualdad frente a la norma jur�dica que lo establece y regula.- S�ptima Epoca.- Primera parte: Vol�menes 181-186.- Amparo en revisi�n 5554/83.- Compa��a Cerillera "La Central", S.A.M.�a de 14 votos.- Vol�menes 187-192.- Amparo en revisi�n 2502/83.- Servicios Profesionales Tolteca, S.A.M.�a de 16 votos.- Vol�menes 187-192.- Amparo en revisi�n 441/83.- Cerillos y F�sforos "La Imperial", S.A.M.�a de 14 votos.- Vol�menes 187-192.- Amparo en revisi�n 3449/83.- Fundidora de Aceros Tepeyac, S.A.M.�a de 14 votos.- Vol�menes 187-192.- Amparo en revisi�n 5413/83.- F�brica de L. "El Anfora", S.A.M.�a de 15 votos."

Los art�culos reclamados precept�an:

Art�culo 45-G. Se encuentran obligadas al pago del Impuesto sobre N�minas, las personas f�sicas y morales que, en el Distrito Federal, realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneraci�n al trabajo personal subordinado, independientemente de la designaci�n que se les otorgue.- Para los efectos de este impuesto, se considerar�n erogaciones destinadas a remunerar al trabajo personal subordinado, los salarios y dem�s prestaciones que se deriven de una relaci�n laboral.- Art�culo 45-H. El impuesto sobre n�minas se determinar�, aplicando la tasa del 2% sobre el monto total de las erogaciones realizadas por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado.- Art�culo 45- I. El Impuesto sobre N�minas se causar� en el momento en que se realicen las erogaciones por el trabajo personal subordinado y se pagar� mediante declaraci�n, que deber� presentarse cada mes, dentro del plazo establecido para el pago del impuesto al valor agregado".

Ahora bien, como ya se dijo con anterioridad, el objeto del gravamen impugnado es la realizaci�n de erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado. Al monto de tales erogaciones, que constituye la base del gravamen, debe aplicarse la tasa fija del dos por ciento para determinar el impuesto que debe cubrirse, de tal suerte que quien efect�e una erogaci�n mayor por el concepto se�alado, cubrir� un impuesto en mayor cantidad que otro cuya erogaci�n sea menor.

Ahora bien, tal situaci�n infringe la garant�a de proporcionalidad a que se refiere el precepto constitucional referido, toda vez que la base impositiva de la carga tributaria en examen se fij� atendiendo simplemente a la realizaci�n de erogaciones por concepto de remuneraci�n al trabajo personal subordinado, lo cual constituye el objeto del gravamen de m�rito.

Para un mejor entendimiento del problema, es menester dilucidar los conceptos de los elementos que deben integrar un impuesto, consistentes entre otros, en el objeto, la base impositiva y la tasa o tarifa. El objeto o hecho imponible del impuesto en estudio es, como tantas veces se ha dicho, la realizaci�n de erogaciones en dinero o en especie, por concepto de remuneraci�n al trabajo personal subordinado, y ello es lo que da origen a la obligaci�n jur�dica tributaria contenida en la ley que se combate. La base imponible, en cambio, es la unidad de medida del objeto del tributo, esto es, la cosa o cantidad determinada en medida, n�mero, peso, volumen, valor, etc�tera, sobre lo que la ley fija una tasa o tarifa que se aplica a aqu�lla para obtener el monto del impuesto que debe pagarse; trat�ndose del tributo sobre n�minas, como tambi�n se dijo, la base gravable est� constituida por el monto de las erogaciones a que se hizo referencia con antelaci�n.

De lo antes expuesto se advierte que por regla general hay una estrecha relaci�n entre el objeto y la base de la carga fiscal de que se trata. Esto es as� por que la base gravable, para fijarse, tiene que estar referida a la naturaleza propia o a las circunstancias del hecho imponible, es decir, a los elementos de la norma jur�dica que determinan el objeto del gravamen; as�, con esta referencia al presupuesto del tributo, se establece un enlace fundamental entre ambos elementos esenciales de la carga impositiva. Luego, si la base se determina en relaci�n con lo que es el objeto del tributo en menci�n, resulta incuestionable que entre ambos conceptos, objeto y base, existe una �ntima vinculaci�n o congruencia. Pueden citarse, a manera de ejemplo, algunos ordenamientos legales fiscales de cuyo contenido se aprecia con nitidez uno y otro de los conceptos en alusi�n, as� como su estrecha conexi�n, a saber: la Ley del Impuesto sobre la Renta se�ala como objeto de causaci�n la percepci�n de ingresos por parte de las personas contribuyentes de este impuesto; y la base imponible es una cantidad determinada de los ingresos obtenidos que se utiliza para aplicarle la tarifa que se�ala la ley y determinar cu�l es el pago espec�fico que deber� realizar el causante. La Ley del Impuesto al Valor Agregado estatuye, bajo cuatro rubros espec�ficos, que el objeto a gravar es la enajenaci�n de bienes, la prestaci�n de servicios independientes, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y la importaci�n de bienes o servicios; y la base gravable, trat�ndose del primero de los hechos imponibles, consistente en el valor o precio pactado de dicha enajenaci�n, as� como las cantidades que adem�s se carguen o cobren al adquirente por otros impuestos, derechos, intereses normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto, es decir, la base tributaria se integra en este caso, con todos aquellos factores o elementos que determinan el valor o precio total de la enajenaci�n de bienes. Y en la Ley Federal de Derechos, en lo relativo a alumbramiento de aguas nacionales al trav�s de pozos artesianos, el objeto del derecho regulado por esta norma legal es la extracci�n de aguas nacionales, la base tributaria, a su vez, es el volumen o la cantidad de metros c�bicos de agua que extraen los particulares causantes de esta contribuci�n.

De la congruencia entre el objeto y la base imponibles deber� inferirse la capacidad contributiva de los causantes en el impuesto en estudio, toda vez que la capacidad econ�mica gravable o capacidad tributaria es relativa y referida al objeto del gravamen espec�fico. En el caso concreto no existe esa relaci�n, toda vez que el objeto o presupuesto del impuesto que se analiza no es un hecho que, como objeto del impuesto refleje la capacidad contributiva del causante, esto es, la realizaci�n de las erogaciones que se efect�an para remunerar el trabajo personal subordinado no constituyen un consumo individual para que pueda ser gravado, ni refleja una riqueza objetiva o un ingreso, como acertadamente lo se�ala el recurrente en el agravio en estudio.

Los factores que determinan la capacidad econ�mica de los causantes son el ingreso y el gasto en el cual se pueda reflejar una riqueza o un ingreso. En esos t�rminos, el objeto que se grava con el impuesto que se estudia, sin ning�n otro elemento o dato adicional, no es indicativo de la capacidad que tienen las personas que efect�an ese tipo de erogaciones, para contribuir a los gastos p�blicos, ya que quien tiene un gasto mayor por el pago de salarios -que de hecho es en lo que se traducen las erogaciones gravadas-, porque tiene m�s trabajadores a su servicio, o porque les cubre mejores salarios y otorga prestaciones superiores, o porque necesite m�s mano de obra o m�s calificada, seg�n las actividades del causante o bien porque carece de posibilidades para obtener alguna mecanizaci�n para el desarrollo de su giro; no necesariamente tiene una situaci�n econ�mica mejor que quien realiza erogaciones menores por el mismo concepto. Tampoco el sujeto que eroga m�s por el pago de salarios necesariamente obtendr� mayores utilidades, de todo lo cual se obtiene que el gasto mayor o menor que se realiza para cubrir el salario de los trabajadores, no revela la capacidad de quien los efect�a, para contribuir a los gastos p�blicos, raz�n por la que, como ya se expres�, jur�dicamente, tal actividad de ninguna manera puede constituir el objeto de un gravamen.- Por tanto, el tributo en cuesti�n no respeta el principio de proporcionalidad tributaria, por cuanto que del objeto gravado no se infiere la capacidad contributiva de los causantes, pues conforme al sistema establecido por el legislador, una persona que efect�e una erogaci�n superior por concepto de pago de salarios, pagar� un impuesto mayor que la persona que realice una erogaci�n menor, sin que para ello se tome en cuenta su situaci�n econ�mica, ni sus ingresos y utilidades.

Algunos ejemplos hacen notoria la falta de proporcionalidad en el impuesto reclamado. Un patr�n con mayor n�mero de trabajadores a su servicio, con una utilidad determinada en cierto lapso, pagar� un impuesto sobre n�minas mayor que el patr�n que utiliza menor n�mero de trabajadores y con utilidades mayores que aqu�l, no obstante que la capacidad contributiva del primero sea menor.

Tambi�n pagar� un impuesto sobre n�minas en cantidad mayor el patr�n que teniendo igual n�mero de trabajadores que otro, les paga sueldos m�s elevados y les otorga mejores prestaciones laborales, independientemente de la situaci�n econ�mica que posean, de los ingresos y utilidades que obtenga y por tanto, de su capacidad contributiva.

La empresa que por tener una situaci�n econ�mica estable y desahogada adquiere diversos aparatos y m�quinas que le permiten funcionar con pocos trabajadores, cubrir� un impuesto sobre n�minas menor que aquella que por carecer precisamente de recursos econ�micos y financieros para adquirir cierto grado de modernizaci�n y mecanizaci�n, debe emplear un n�mero mayor de trabajadores para obtener igual producci�n que la primera, debiendo en consecuencia pagar un impuesto m�s elevado, no obstante que su capacidad contributiva sea menor.

Los requerimientos de mano de obra son muy diversos si se atiende al tipo de industria o comercio a que se dedican los diversos patrones; as�, requiere gran cantidad de mano de obra la industria textil o de maquila, una cantidad menor la industria automotriz, mientras que las empresas controladoras pr�cticamente no necesitan empleados. Estas no contribuir�n a los gastos p�blicos, v�a impuesto sobre n�minas, no obstante poseer una situaci�n econ�mica estable y desahogada, utilidades elevadas y, por ende, una capacidad constitutiva mucho mayor que otras industrias o comercio que se ver�n castigados con la carga de cubrir un impuesto en mayor cuant�a, independientemente de cu�l sea su real capacidad contributiva.

De lo anteriormente considerado se obtiene que el impuesto sobre n�minas es violatorio del principio de proporcionalidad tributaria por lo que debe modificarse la sentencia recurrida y concederse el amparo solicitado por el quejoso en relaci�n con los preceptos legales reclamados.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo, adem�s, en los art�culos 90 y 91 de la Ley de Amparo, se

resuelve:

PRIMERO

En la materia de la revisi�n, se modifica la sentencia recurrida.

SEGUNDO

Se sobresee en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados al J. y Tesorero del Departamento del Distrito Federal, precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

TERCERO

La Justicia de la Uni�n AMPARA Y PROTEGE A FRANCISCO DE ICAZA DOFOUR, contra los actos que reclama al Congreso de la Uni�n, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, S. de G.�n y Director del Diario Oficial de la Federaci�n, consistentes en la aprobaci�n, expedici�n, refrendo y publicaci�n del decreto de reformas a la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, de fecha veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, y publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n del d�a treinta y uno del mismo mes y a�o, espec�ficamente en cuanto al cap�tulo VI del T�tulo II, en el que se estableci� el "Impuesto sobre N�minas", en sus art�culos 45-G, 45-H y 45-I, y de la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal de mil novecientos ochenta y ocho, concretamente su art�culo 1o., fracci�n I, inciso 6) que se refiere al impuesto antes mencionado.

N.�quese; con testimonio de esta resoluci�n, vuelvan los autos al juzgado de origen, y en su oportunidad, arch�vese el toca.

Tesis:

N�mero tesis: 205931

R.: GASTOS Y EROGACIONES DE LAS PERSONAS. EL ESTADO TIENE FACULTAD DE GRAVARLOS EN EJERCICIO DE SU POTESTAD TRIBUTARIA.

Localizacion: 8a. �poca; P.; S.J.F.; IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989; P�g. 129; [J];

N�mero tesis: 205932

R.: NOMINAS, IMPUESTO SOBRE. EL ARTICULO 45-G DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, PUESTO QUE DETERMINA EL TERRITORIO DONDE SE APLICA EL IMPUESTO.

Localizacion: 8a. �poca; P.; S.J.F.; IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989; P�g. 131; [J];

N�mero tesis: 205933

R.: NOMINAS, IMPUESTO SOBRE. EL ARTICULO 45-I DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, PUESTO QUE DETERMINA EL TIEMPO EN QUE DEBE PAGARSE EL IMPUESTO.

Localizacion: 8a. �poca; P.; S.J.F.; IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989; P�g. 132; [J];

N�mero tesis: 205934

R.: NOMINAS, IMPUESTO SOBRE. LA TASA FIJA DEL 2% PREVISTA EN EL ARTICULO 45-H DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.

Localizacion: 8a. �poca; P.; S.J.F.; IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989; P�g. 134; [J];

N�mero tesis: 205935

R.: NOMINAS, IMPUESTO SOBRE. LOS ARTICULOS 45-G A 45-I DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, PUESTO QUE COLOCAN EN PLANO DE IGUALDAD A TODOS LOS SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO.

Localizacion: 8a. �poca; P.; S.J.F.; IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989; P�g. 136; [J];

N�mero tesis: 205936

R.: NOMINAS, IMPUESTO SOBRE. LOS ARTICULOS 45-G A 45-I DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA POR GRAVAR EROGACIONES EN ESPECIE.

Localizacion: 8a. �poca; P.; S.J.F.; IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989; P�g. 137; [J];

N�mero tesis: 205937

R.: NOMINAS, IMPUESTO SOBRE. LOS ARTICULOS 45-G A 45-I DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA PORQUE SI DEFINEN EL OBJETO DEL IMPUESTO.

Localizacion: 8a. �poca; P.; S.J.F.; IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989; P�g. 139; [J];

N�mero tesis: 205938

R.: NOMINAS, IMPUESTO SOBRE. LOS ARTICULOS 45-G A 45-I DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, PUESTO QUE SU OBJETO ES INDICATIVO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DEL SUJETO DEL IMPUESTO.

Localizacion: 8a. �poca; P.; S.J.F.; IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989; P�g. 140; [J];