de Suprema Corte de Justicia, - Jurisprudencia - VLEX 38248901

de Suprema Corte de Justicia,

Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación:20 de Febrero de 2008
RESUMEN

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. EN EL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE SITUACIONES EXCEPCIONALES, SU ACTUACIÓN CULMINA Y, POR ENDE, ADQUIERE EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, CUANDO REQUIERE A LAS ENTIDADES FISCALIZADAS PARA QUE RINDAN UN INFORME DE RESULTADOS.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

Registro No. 20837

L.�n:

Novena �poca

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

Tomo: XXVII, Febrero de 2008

P�gina: 1347

AUDITOR�A SUPERIOR DE LA FEDERACI�N. SU FACULTAD DE FISCALIZACI�N DE SITUACIONES EXTRAORDINARIAS SE REFIERE ESPEC�FICAMENTE A SITUACIONES OCURRIDAS DURANTE EL EJERCICIO REVISADO.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE DECLARARSE LA INVALIDEZ DEL OFICIO N�MERO OASF/1565/05 EMITIDO POR EL AUDITOR FISCAL DE LA FEDERACI�N EL 12 DE OCTUBRE DE 2005, DIRIGIDO AL PRESIDENTE DE LA COMISI�N REGULADORA DE ENERG�A, �RGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETAR�A DE ENERG�A, MEDIANTE EL CUAL LO OBLIGA A REALIZAR UNA REVISI�N SOBRE EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE GENERACI�N DE ENERG�A EL�CTRICA, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS PERMISOS Y LA FIJACI�N DE TARIFAS Y LAS CONTRAPRESTACIONES A PARTICULARES Y EXTRANJEROS, CONCEDI�NDOLE PLAZO NO MAYOR A SESENTA Y CINCO D�AS H�BILES PARA RENDIR UN INFORME SOBRE EL RESULTADO DE LAS ACTUACIONES PRACTICADAS EN DICHA REVISI�N, EN TANTO QUE EL MENCIONADO AUDITOR SE EXTRALIMITA EN SUS COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA AUDITOR�A SUPERIOR DE LA FEDERACI�N TIENE LEGITIMACI�N PASIVA EN EL JUICIO CUANDO LOS ACTOS QUE DE ELLA SE RECLAMAN FUERON EMITIDOS EN EJERCICIO DE SU AUTONOM�A T�CNICA.

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PARA SU PROCEDENCIA RESULTA INNECESARIO AGOTAR PREVIAMENTE OTRO MEDIO DE DEFENSA CUANDO EL ACTOR FORMULA RAZONAMIENTOS TENDENTES A ACREDITAR LA VIOLACI�N DIRECTA A LA CONSTITUCI�N FEDERAL.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 74/2005. PODER EJECUTIVO FEDERAL.

MINISTRO PONENTE: JOS� RAM�N COSS�O D�AZ.

SECRETARIO: RA�L MANUEL MEJ�A GARZA.

M�xico, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al quince de enero de dos mil ocho.

VISTOS para resolver los autos de la controversia constitucional 74/2005 y,

RESULTANDO QUE:

PRIMERO

P.�n de la demanda, poder y �rganos demandados, actos y normas impugnados. Por oficio recibido el veinticuatro de noviembre de dos mil cinco en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, F. de Jes�s C.C., quien se ostent� como secretario de Energ�a del Gobierno Federal, en representaci�n del Poder Ejecutivo Federal, promovi� controversia constitucional en la que demand� la invalidez de los actos que m�s adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuaci�n se se�alan:

Poder y �rgano demandado:

  1. C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n.

  2. A.�a Superior de la Federaci�n.

Actos cuya invalidez se demanda:

  1. Requerimiento de revisi�n e informe de situaci�n excepcional de doce de octubre de dos mil cinco, contenido en el oficio n�mero OASF/1565/05, firmado por el auditor superior de la Federaci�n, dirigido al presidente de la Comisi�n R. de Energ�a, �rgano desconcentrado de la Secretar�a de Energ�a, en el que le sujeta y obliga a realizar una revisi�n sobre el otorgamiento de permisos de generaci�n de energ�a el�ctrica, sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los permisos, la fijaci�n de tarifas y las contraprestaciones a particulares y extranjeros, y le concede un plazo de setenta y cinco d�as h�biles para rendir un informe sobre el resultado de las actuaciones practicadas en dicha revisi�n, y en su caso, sobre las sanciones que se hubieran impuesto o a que se hubieran hecho acreedores los servidores p�blicos involucrados.

  2. La obligaci�n de tener que instruir procesos de revisi�n y sanci�n sobre la legalidad de actos que fueron emitidos por la Comisi�n R. de Energ�a y otras dependencias del Ejecutivo Federal en ejercicio de atribuciones exclusivas concedidas por la ley a dichas dependencias, procesos que ser�an ajenos a la gesti�n financiera de la comisi�n, concretamente, al manejo, aplicaci�n o custodia de recursos p�blicos federales, o a su desv�o, �nicos supuestos de procedencia de la revisi�n por situaciones excepcionales a que se refieren los art�culos 79 de la Constituci�n Federal y 36 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n.

  3. Los efectos y consecuencias derivados directamente del requerimiento cuya invalidez se demanda, particularmente la inminente imposici�n de sanciones y fincamiento de responsabilidades conforme a lo dispuesto por los art�culos 40 a 44 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n.

SEGUNDO

Antecedentes. La parte actora se�ala los antecedentes que a continuaci�n se sintetizan:

  1. De conformidad con el art�culo 74, fracci�n IV, constitucional, corresponde a la C�mara de Diputados la facultad exclusiva de aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federaci�n y revisar la cuenta p�blica del a�o anterior.

  2. Para llevar a cabo la revisi�n de la cuenta p�blica, la C�mara de Diputados se apoya en la A.�a Superior de la Federaci�n -�rgano auxiliar dependiente de aqu�lla-, la cual en caso de que en su labor de revisi�n encuentre discrepancias entre los ingresos o a los egresos, con relaci�n a los conceptos y las partidas respectivas, o no existiera exactitud o justificaci�n en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, podr� determinar las responsabilidades a que haya lugar de acuerdo con la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n.

  3. De conformidad con el art�culo 79, fracci�n I, de la Constituci�n Federal, el auditor superior de la Federaci�n no s�lo tiene atribuciones para revisar y fiscalizar la cuenta p�blica, sino tambi�n para llevar a cabo la revisi�n de situaciones excepcionales, las que aunque no se encuentran incluidas en la revisi�n ordinaria de la cuenta p�blica, deben estar vinculadas con la gesti�n financiera del Estado.

    Esta �ltima facultad debe interpretarse de manera arm�nica con los postulados contenidos en el art�culo 74 de la Constituci�n, as� como con las disposiciones de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n que determinan la procedencia de la revisi�n del Informe de Avance de Gesti�n Financiera respecto de procesos concluidos, de ah� que deba entenderse que la excepci�n a la regla general �nicamente versa sobre la posible revisi�n extraordinaria de situaciones excepcionales que se hayan dado en el ejercicio en curso objeto de revisi�n, previa denuncia que se presente al auditor y respecto de procesos no concluidos. As�, a la luz del principio de anualidad de la cuenta p�blica y de temporalidad del Informe de Avance de Gesti�n Financiera que forma parte del anterior, no tendr�a porqu� pensarse que la revisi�n de situaciones excepcionales pueda darse respecto de ejercicios cerrados que ya fueron auditados ordinariamente.

  4. Los art�culos 74 constitucional y 36 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n establecen que toda revisi�n sobre situaciones excepcionales derivada de la denuncia fundada que se le presente al auditor, no puede sino versar sobre el manejo, aplicaci�n, custodia o desv�o de recursos p�blicos federales. Ninguna revisi�n sobre situaciones excepcionales puede dirigirse a calificar la validez y legalidad de los actos administrativos encomendados al Poder Ejecutivo de la Uni�n, pues ello implicar�a la suplantaci�n de atribuciones exclusivas de los entes fiscalizados, por parte del �rgano fiscalizador.

  5. En ejercicio de sus facultades ordinarias de fiscalizaci�n de la cuenta p�blica en el a�o dos mil tres, el auditor superior de la Federaci�n orden� que se practicaran a la Comisi�n R. de Energ�a las auditor�as especiales n�meros 02-18C00-6-352 y 02-18C00-6-353, denominadas "E.�n del Proceso para el Otorgamiento de Permisos en Materia de Energ�a El�ctrica", y "E.�n del Cumplimiento de los Permisionarios con lo establecido en la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley del Servicio P�blico de Energ�a El�ctrica", respectivamente. Esta determinaci�n obedeci� a dos denuncias recibidas por quienes entonces eran legisladores del Congreso de la Uni�n, que a trav�s de interpretaciones subjetivas de la Ley del Servicio P�blico de Energ�a El�ctrica, llegaron a la equivocada conclusi�n de que las actividades del �rgano auditado causaban da�os al patrimonio de la Comisi�n Federal de Electricidad.

  6. Al rendir el Informe de Resultados de la R.�n y F.�n de la cuenta p�blica dos mil dos, el auditor emiti� observaciones y recomendaciones dirigidas a la Secretar�a de Energ�a y a la Comisi�n R. de Energ�a, para que se adoptaran acciones concretas respecto del otorgamiento de los permisos para la generaci�n de energ�a el�ctrica. Fue muy claro que dichas observaciones y recomendaciones se vincularon intr�nsecamente con la legalidad de los permisos y, por ello, con la manera en que las entidades fiscalizadas ejercieron sus atribuciones exclusivas.

  7. Por considerar que el contenido de esas observaciones y recomendaciones constitu�a un exceso de las atribuciones de la auditor�a y una invasi�n de las facultades exclusivas del Poder Ejecutivo, este �ltimo, por conducto del secretario de Energ�a, promovi� la controversia constitucional 61/2004, planteando que el ejercicio de las atribuciones de revisi�n y fiscalizaci�n concedidas por la Constituci�n y la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n a favor del auditor deb�a limitarse al ejercicio del gasto p�blico y al cumplimiento de los programas presupuestales elaborados por cada dependencia, sin que esa atribuci�n pudiera llevarle a emitir actos que implicaran una sustituci�n en la interpretaci�n y aplicaci�n de leyes, competencia exclusiva del Poder Ejecutivo y, en �ltima instancia en el �mbito jur�dico-constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

    En las contestaciones de la demanda la C�mara de Diputados y A.�a Superior de la Federaci�n reconocieron expresamente que en el proceso para el otorgamiento de permisos para la generaci�n de energ�a el�ctrica y el cumplimiento que de �stos y la Constituci�n dieran los permisionarios, no hab�a propiamente un da�o cuantificado por la misma entidad de fiscalizaci�n, que aportara cantidades l�quidas que pudieran interpretarse como un quebranto perjudicial al Estado en su hacienda p�blica, por lo que no hubo lugar al fincamiento de responsabilidades a cargo de los funcionarios involucrados. Lo que se audit�, entonces, fue la legalidad de los permisos y de los procesos para su otorgamiento.

    Asimismo, al contestar, la auditor�a, reconoci� que las auditor�as especiales n�meros 02-18C00-6-352 y 02-18C00-6-353 se desarrollaron en virtud de 1) los resultados de las revisiones realizadas a la Comisi�n R. de Energ�a en cuentas p�blicas anteriores, en relaci�n con el otorgamiento de permisos de generaci�n de energ�a el�ctrica, 2) la importancia relativa a la acci�n institucional, y 3) la denuncia de hechos en materia de energ�a el�ctrica presentada por dos legisladores (misma denuncia que motiv� el requerimiento aqu� impugnado), sin que resultaran aplicables para ello los art�culos contenidos en el t�tulo IV de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, al no actualizarse los extremos que permitieran considerar la existencia de una situaci�n calificable como excepcional en t�rminos de la ley citada.

    La propia auditor�a reconoci� que el objetivo de dichas auditor�as fue el de comprobar que los procedimientos aplicados para otorgar los permisos de generaci�n de energ�a el�ctrica en el ejercicio dos mil dos se ajustaron a la normativa y que los permisionarios cumplieron con los compromisos adquiridos en los t�tulos correspondientes, y con lo establecido en la Constituci�n y la Ley del Servicio P�blico de Energ�a El�ctrica y su reglamento.

    Incluso, en su contestaci�n, la C�mara de Diputados acept� que el hecho de que las auditor�as se hubieran realizado con motivo de una denuncia presentada por dos legisladores era intrascendente, pues con la revisi�n de la cuenta p�blica dos mil dos bast� para darse cuenta de las irregularidades en las que incurri� el Poder Ejecutivo, indicando que de haberse seguido un procedimiento excepcional, el resultado hubiese sido el mismo.

  8. El doce de abril de dos mil cinco, el Pleno de la Suprema Corte dict� sentencia por mayor�a en el sentido de que las observaciones y recomendaciones dictadas por el auditor superior de la Federaci�n en torno de la legalidad de los permisos, exced�an su �mbito de atribuciones, el que siempre deber�a quedar constre�ido a la calificaci�n de la gesti�n financiera del Gobierno Federal, la adecuada aplicaci�n de los presupuestos aprobados y cumplimiento de los programas, sin que la revisi�n de legalidad pudiera abarcar la fiscalizaci�n de las actividades que los entes fiscalizados realizaran en ejercicio de sus atribuciones exclusivas, como las relacionadas a la expedici�n de permisos para la generaci�n el�ctrica y los procesos tendientes al logro de ese objetivo.

  9. El doce de octubre de dos mil cinco, la Comisi�n R. de Energ�a, por conducto de su presidente, recibi� el oficio n�mero OASF/1565/05, por medio del cual el auditor superior de la Federaci�n, con fundamento en el art�culo 36 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, relativa a la revisi�n de situaciones excepcionales, le solicita que proceda a efectuar una revisi�n sobre cuatro aspectos de su actividad administrativa, a saber: a) El otorgamiento de permisos de generaci�n de energ�a el�ctrica; b) El cumplimiento de las obligaciones establecidas en los permisos; c) La fijaci�n de tarifas; y d) Las contraprestaciones a particulares y extranjeros.

    Aquel requerimiento obedece a que el otorgamiento de dichos permisos podr�a ocasionar un da�o patrimonial a la Comisi�n Federal de Electricidad y a la Compa��a de Luz y Fuerza del Centro, seg�n apreciaciones contenidas en una denuncia presentada por un senador y un ex-diputado, mismas que inmotivadamente calific� como fundadas e hizo suyas, transcribi�ndolas en el oficio de requerimiento.

    Esas consideraciones est�n vinculadas con la interpretaci�n jur�dica y administrativa de la Ley del Servicio P�blico de Energ�a El�ctrica, que no aportan ning�n elemento probatorio, ni siquiera indiciario, sobre hechos atribuibles a la Comisi�n R. de Energ�a que pudieran vincularse con el manejo, aplicaci�n o custodia de recursos p�blicos federales o de su desv�o, cuyo resultado pudiera ser un da�o al Estado en su hacienda p�blica federal o al patrimonio de los entes p�blicos federales, presupuestos esenciales de procedencia de la revisi�n por situaciones excepcionales, seg�n el art�culo 36 de la ley en que pretende fundar su actuaci�n.

    En el mismo oficio, el auditor le concedi� al presidente de la comisi�n el plazo de setenta y cinco d�as h�biles a que alude el art�culo 37 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n para que rindiera el informe de los resultados de la revisi�n y, adem�s, de las sanciones que se hubieran impuesto o a que se hubieran hecho acreedores los servidores p�blicos involucrados, apercibi�ndolo de que en caso de no hacerlo, se proceder�a en los t�rminos del art�culo 40 de la misma ley, es decir, a imponer sanciones y fincar responsabilidades.

  10. Ahora bien, la Comisi�n R. de Energ�a es un �rgano desconcentrado de la Secretar�a de Energ�a, que tiene a su cargo el cumplimiento de atribuciones administrativas expresamente previstas en distintas leyes en materia de energ�a, como lo son la Ley del Servicio P�blico de Energ�a El�ctrica y la Ley de la Comisi�n R. de Energ�a.

    En el primero de los ordenamientos citados, se contempla la atribuci�n del Poder Ejecutivo para que por conducto de la Secretar�a de Energ�a expida permisos en materia de energ�a el�ctrica en las modalidades de autoabastecimiento, cogeneraci�n, producci�n independiente, peque�a producci�n de energ�a el�ctrica, e importaci�n y exportaci�n, actividades que de conformidad con el art�culo 3o. de la misma ley y para efectos del art�culo 27 constitucional en materia de energ�a el�ctrica, no se consideran servicio p�blico; asimismo, el art�culo 44 de dicha ley establece que la aplicaci�n de la misma y de sus disposiciones reglamentarias es competencia exclusiva e indelegable del Poder Ejecutivo Federal a trav�s de las Secretar�as de Energ�a y Hacienda y Cr�dito P�blico.

  11. De conformidad con el art�culo 33 del Reglamento Interior de la Secretar�a de Energ�a, en relaci�n con el art�culo 3o, fracciones XII y XIV, de la Ley de la Comisi�n R. de Energ�a, a dicho �rgano integrante de la Secretar�a de Energ�a compete otorgar y revocar los permisos para la generaci�n de energ�a el�ctrica a que se refiere la Ley del Servicio P�blico de Energ�a El�ctrica, as� como para expedir disposiciones generales de car�cter administrativo aplicables a los permisionarios. En suma, le compete en forma exclusiva la interpretaci�n administrativa de esta �ltima ley en materia de permisos y autorizaciones, pero no tiene atribuciones discrecionales para abstenerse de actuar de conformidad con la ley cuando se le presenten solicitudes debidamente requisitadas por los particulares.

  12. Con sujeci�n a los programas presupuestales y con apego a la Ley del Servicio P�blico de Energ�a El�ctrica, la Comisi�n R. de Energ�a ha aplicado los recursos asignados en los presupuestos de egresos que anualmente ha aprobado la C�mara de Diputados, y ha satisfecho los imperativos que a su cargo establece la misma ley, sin haber incurrido en alguna acci�n u omisi�n de que pudiera traducirse en la desviaci�n, el manejo, la aplicaci�n o la custodia irregular de recursos p�blicos federales.

  13. Al llevar a cabo un an�lisis de la denuncia y anexos que el auditor superior de la Federaci�n acompa�� al oficio impugnado, se destacan varias circunstancias:

    1. El oficio impugnado es infundado e inmotivado, pues si bien el procedimiento de revisi�n por situaciones excepcionales depende de la recepci�n de una denuncia o de la presencia de indicios que lleven a suponer el manejo irregular de recursos p�blicos federales, la denuncia misma debe ser fundada, y la calificaci�n de esa fundamentaci�n compete al auditor superior antes de efectuar el requerimiento respectivo, quien deber� acompa�ar a tal requerimiento las razones que motivan su acto y las pruebas sobre los hechos contenidos en la denuncia, que permitan a la entidad revisada formular los informes a que se refiere la ley.

      En el caso, el auditor hizo totalmente suya la denuncia que le fue presentada, pero no expuso las consideraciones que apreci� para determinar que los hechos denunciados eran fundados, ni se�al� las pruebas que permitieran a la entidad requerida conocer cu�les fueron los actos u omisiones espec�ficos que le fueran imputables, con lo que desobedeci� lo dispuesto por el art�culo 36 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n.

    2. El requerimiento impugnado consigna una serie de criterios y observaciones dirigidas a la Comisi�n R. de Energ�a, en torno de una interpretaci�n subjetiva del art�culo 27 constitucional y de la Ley del Servicio P�blico de Energ�a El�ctrica que se pretende aplicar a los procesos para la expedici�n de permisos para la generaci�n de energ�a el�ctrica, con lo cual se cae, por v�a distinta, en la misma situaci�n que ya resolvi� la Suprema Corte en la controversia constitucional 61/2004: la intromisi�n inconstitucional del auditor en la manera en que la Comisi�n R. de Energ�a ejerce las atribuciones exclusivas que la ley le concede para expedir permisos para la generaci�n de energ�a el�ctrica, sin referirse a hechos imputables a la Comisi�n R. de Energ�a que se vinculen con el manejo, aplicaci�n o custodia de recursos p�blicos federales, o de su desv�o, alej�ndose tambi�n de la causa para la cual fue prevista la atribuci�n de la entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n para realizar revisiones sobre situaciones excepcionales.

    3. Al no calificar la fundamentaci�n de la denuncia que se le present�, el auditor obliga a la comisi�n mencionada a rendir un informe de sus actividades a los legisladores denunciantes y no a la entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n. Las imputaciones no provienen del acto gubernativo de este �rgano de poder p�blico, sino que son acusaciones formuladas por dos legisladores, con lo que se desvirt�a la actividad gubernamental que en el �mbito de la revisi�n sobre gesti�n financiera corresponde a ese �rgano y coloca a la Comisi�n R. de Energ�a en un sujeto de acusaci�n pol�tica fuera de todo proceso legal.

      En efecto, de la denuncia se aprecia que contiene una serie de consideraciones subjetivas que se vinculan con la actuaci�n cotidiana de la Comisi�n R. de Energ�a en el �mbito administrativo, as� como hechos abstractos improbados y et�reos que no se dirigen a la manera en que �sta ejerce recursos p�blicos federales, sino a la forma en que debiera recibir recursos del p�blico, para el caso de que los particulares no ejercieran los derechos que establece la ley a su favor, los cuales deben ser respetados por la comisi�n en el ejercicio de las atribuciones que la ley le concede.

      La denuncia tampoco contiene la particularizaci�n de hechos relacionados con el ejercicio de los presupuestos autorizados por la C�mara de Diputados a favor de la Comisi�n R. de Energ�a, situaci�n sobre la cual s� podr�a versar cualquier revisi�n de situaciones excepcionales.

  14. Llama la atenci�n que hasta dos mil cinco la auditor�a inicia el procedimiento de revisi�n excepcional, a pesar de tener conocimiento previo de los hechos denunciados o de otras circunstancias vinculadas a los mismos, lo cual se advierte de contestaciones a la demanda que rindieron tanto la auditor�a como la C�mara de Diputados, en la controversia constitucional 61/2004.

    En efecto, sin fundamentaci�n ni motivaci�n alguna, y en forma repentina, la auditor�a decidi� convertir una serie de hechos ya revisados y calificados mediante procedimientos ordinarios, en una supuesta situaci�n excepcional de revisi�n derivada de una denuncia presentada en dos mil dos y actualizada en dos mil cinco, y gira una serie de instrucciones ajenas a su competencia, como la obligaci�n del ente fiscalizado de informar sobre el fincamiento de responsabilidades, estableciendo un plazo para atender el requerimiento.

  15. Con la finalidad de hacer prevalecer el orden constitucional, el presidente de la Comisi�n R. de Energ�a remiti� al secretario de Energ�a copia del requerimiento impugnado, a fin de que adoptara las determinaciones necesarias para defender los intereses del Ejecutivo Federal y las dependencias involucradas.

  16. Por tanto, se inicia esta controversia constitucional por considerar que los requerimientos son contrarios a la Constituci�n y a la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n respecto de las atribuciones conferidas a la entidad de fiscalizaci�n superior para realizar revisiones sobre situaciones excepcionales, pues en realidad se est� repitiendo la pretendida revisi�n parlamentaria de legalidad de los actos que la Comisi�n R. de Energ�a emite en el ejercicio de atribuciones exclusivas, como lo hizo al emitir las observaciones y recomendaciones contenidas en el Informe del Resultado de la R.�n y F.�n de la Cuenta P�blica dos mil dos.

TERCERO

Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que hace valer la parte actora son, en s�ntesis, los siguientes:

  1. PRIMER CONCEPTO. Ejercicio excesivo de atribuciones por parte del auditor superior de la Federaci�n.

    El requerimiento contenido en el oficio OASF/1565/05 de doce de octubre de dos mil cinco, las obligaciones que consigna, sus efectos y consecuencias son actos imputables tanto a dicho �rgano, como a la C�mara de Diputados a la que pertenece y de la cual depende, que transgreden el r�gimen de competencias y el principio de legalidad tutelados por los art�culos 14, 16, 49, 74, 79, 89, fracci�n I, 90, 128 y 133 de la Constituci�n, con relaci�n a los art�culos 36 a 44 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, por las causas y consideraciones que se relacionan a continuaci�n.

    1. El art�culo 79, fracci�n I, p�rrafo tercero, de la Constituci�n, establece que al auditor corresponde la atribuci�n para requerir a los sujetos de fiscalizaci�n, a fin de que �stos procedan a revisar los conceptos que aqu�l estime pertinentes y a rendir un informe, siempre que se encuentre ante situaciones excepcionales definidas por la ley y sin perjuicio de los actos que deba llevar a cabo dicha entidad al rendir los informes sobre fiscalizaci�n de la cuenta p�blica.

      Por su parte, el art�culo 36 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n establece que cuando se presenten denuncias fundadas o que por otras circunstancias pueda suponerse el presunto manejo, aplicaci�n o custodia irregular de recursos p�blicos federales o su desv�o, la auditor�a proceder� a requerir, a las entidades fiscalizadas, revisiones de conceptos espec�ficos vinculados de manera directa a las denuncias presentadas.

      De la interpretaci�n gramatical, arm�nica y sistem�tica de las mencionadas disposiciones se concluye que para que las entidades fiscalizadas se vean sujetas a la pr�ctica de revisiones excepcionales, los hechos sobre los que verse la denuncia tendr�n que relacionarse de manera directa con un presupuesto esencial de la atribuci�n fiscalizadora de la A.�a Superior de la Federaci�n: el manejo, la aplicaci�n y la custodia de recursos p�blicos federales, es decir, con la gesti�n financiera atribuible a la entidad fiscalizada.

    2. D. p�rrafo tercero de la fracci�n I del art�culo constitucional mencionado, se advierte que fue decisi�n del Constituyente conceder a la entidad de fiscalizaci�n superior la atribuci�n extraordinaria de llevar a cabo revisiones sobre la gesti�n financiera de las entidades fiscalizadas, incluso fuera de los procedimientos ordinarios para revisar anualmente la cuenta p�blica. Sin embargo, la figura de las revisiones excepcionales no es ajena a las atribuciones a que aluden los p�rrafos primero y segundo, es decir, as� como el auditor realiza gestiones de fiscalizaci�n de la cuenta p�blica, de manera extraordinaria lo podr� hacer respecto de hechos denunciados que escapen a la revisi�n misma de la cuenta p�blica, siempre que se vinculen con el ejercicio presupuestal de la entidad fiscalizada.

    3. La posibilidad de revisar excepcionalmente no escapa a la regla general que define el �mbito de atribuciones del auditor en el sentido de tener que desempe�ar sus labores de fiscalizaci�n, �nica y exclusivamente sobre la gesti�n financiera de los entes fiscalizados, esto es: sobre las labores inherentes al manejo, aplicaci�n y custodia de recursos p�blicos federales, o su desv�o, de forma tal que si la denuncia que se presente ante la auditor�a sobre situaciones excepcionales no versa sobre ello, sino sobre la legalidad de sus actos y el ejercicio de sus atribuciones exclusivas, indiscutiblemente es infundada y no tendr�a por qu� asumirse como v�lida por el ente de fiscalizaci�n, ni adoptarse como causa inmediata de un requerimiento para iniciar cualquier proceso de revisi�n o imponer sanciones. As�, la revisi�n de situaciones excepcionales derivada de una denuncia no hace una diferencia respecto de las facultades de fiscalizaci�n concedidas por la Constituci�n a favor del �rgano fiscalizador, sino s�lo respecto de la causa que motiva el proceso de revisi�n.

    4. En el caso particular, el auditor superior de la Federaci�n emiti� un requerimiento dirigido al presidente de la Comisi�n R. de Energ�a, por medio del cual le ordena la realizaci�n de un procedimiento de revisi�n, respecto de cuatro rubros: a) el proceso para el otorgamiento de permisos para la generaci�n de energ�a el�ctrica; b) el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los permisos; c) la fijaci�n de tarifas; y, d) las contraprestaciones a nacionales y extranjeros, requiri�ndole asimismo, en forma imperativa y en un plazo perentorio de setenta y cinco d�as h�biles, la rendici�n de un informe de las actuaciones practicadas dentro de la revisi�n y, en su caso, de las sanciones que se hubieran impuesto o a que se hubieren hecho acreedores los servidores p�blicos involucrados.

      Dicho requerimiento no establece las razones del auditor para considerar que los rubros materia de la investigaci�n pudieran actualizar un da�o al Estado en su hacienda p�blica federal o al patrimonio de los entes p�blicos federales y que el mismo provenga de hechos imputables a la Comisi�n R. de Energ�a, que justificaran el inicio de la revisi�n. Al haber asumido inmotivadamente como cierta la denuncia, el auditor obliga a las entidades fiscalizadas a asumir como v�lidamente calificado todo su contenido.

      De un an�lisis de la denuncia transcrita en el oficio impugnado se advierte que no hace referencia espec�fica a ning�n hecho u omisi�n en que pudiera haber incurrido la Comisi�n R. de Energ�a sobre el manejo, la aplicaci�n o la custodia de los recursos p�blicos federales que anualmente le han sido entregados para el cumplimiento de sus programas, sino que se trata de acusaciones sobre la forma en que la propia comisi�n ejerce las atribuciones que la Constituci�n y las leyes le conceden en el rubro de la autorizaci�n o revocaci�n de permisos para la generaci�n de energ�a el�ctrica.

    5. La resoluci�n impugnada carece del ingrediente esencial para que pueda tramitarse un proceso de revisi�n por situaciones excepcionales, porque aunque existi� una denuncia en t�rminos del art�culo 36 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, �sta no se relaciona con el �nico �mbito del ejercicio gubernativo de la Comisi�n R. de Energ�a que la entidad de fiscalizaci�n superior de la C�mara de Diputados podr�a revisar su gesti�n financiera.

    6. La Suprema Corte, al resolver la controversia constitucional 61/2004, determin� que el auditor superior de la Federaci�n est� impedido para calificar la constitucionalidad de leyes, as� como para pronunciarse sobre la legalidad y validez de los procedimientos efectuados por la Comisi�n R. de Energ�a para otorgar permisos de generaci�n el�ctrica, por lo que �stos son v�lidos hasta en tanto no se declare lo contrario por autoridad administrativa o jurisdiccional competente. Por tanto, si como en el caso la revisi�n por situaciones excepcionales s�lo busca obtener una calificaci�n sobre la validez y legalidad de los actos administrativos desplegados por la citada comisi�n como entidad fiscalizada, se invaden las atribuciones que s�lo corresponden al Ejecutivo Federal o al Poder Judicial de la Federaci�n.

    7. Al requerirse a la Comisi�n R. de Energ�a, se intenta nuevamente, pero por v�a distinta, llegar al mismo punto al que intent� llegar cuando emiti� las observaciones y recomendaciones contenidas en el Informe de Resultado de la R.�n y F.�n de la Cuenta P�blica dos mil dos, cuyo contenido dio lugar al juicio de controversia constitucional 61/2004, es decir, juzgar el desenvolvimiento de las facultades exclusivas de la entidad fiscalizada.

      Si eso se permite, se facilitar�a que, ante la presencia de cualquier denuncia, sin importar su veracidad o fundamento y sin tomar en consideraci�n que los hechos materia de la misma han sido ya revisados, calificados y dictaminados por la propia auditor�a, se iniciara por �sta cualquier proceso de revisi�n excepcional que implicar�a un control parlamentario de las funciones constitucionalmente concedidas a otro poder, lo que precisamente se intent� en la fiscalizaci�n de la cuenta p�blica dos mil dos.

    8. El cumplimiento y ejecuci�n de la Ley del Servicio P�blico de Energ�a El�ctrica que lleva a cabo el presidente de la Rep�blica por conducto de la Secretar�a de Energ�a y la Comisi�n R. de Energ�a, deriva del ejercicio de la atribuci�n que le fue concedida en el aludido art�culo 89, fracci�n I, constitucional, como tambi�n del desenvolvimiento de la atribuci�n que en esa materia le fue conferida al Congreso de la Uni�n en el art�culo 73, fracci�n X, de la misma Ley Fundamental, al establecerse que a dicho �rgano corresponde legislar en materia de energ�a el�ctrica.

      Aunque el Poder Ejecutivo Federal se deposita en una sola persona, la administraci�n p�blica federal, como forma de organizaci�n de las dependencias y entidades del propio ejecutivo, se reconoce como un conjunto de �rganos que pertenecen a la esfera de ese poder, lo cual se ha reconocido por la Constituci�n, por la doctrina y por la Suprema Corte al resolver las acciones de inconstitucionalidad 8/2004 y su acumulada 10/2004.

      Entonces, al estar la administraci�n p�blica federal a cargo del Poder Ejecutivo, la C�mara de Diputados no puede arrogarse facultades respecto de la conducci�n de dicha administraci�n.

      De esta forma, el proceso de revisi�n extraordinaria no puede llevar al auditor a juzgar la validez de los actos que el Poder Ejecutivo hubiera llevado a cabo en ejecuci�n de las leyes emanadas del Congreso de la Uni�n, sino s�lo a verificar, en virtud de denuncia fundada, que la gesti�n financiera del ente fiscalizado fue adecuada.

    9. Por lo anterior, debe declararse la invalidez de los actos impugnados, ya que el requerimiento reclamado no obedece a la intenci�n de fiscalizar ni sancionar el manejo de los recursos p�blicos federales entregados a la Comisi�n R. de Energ�a, sino a juzgar su actuaci�n respecto de sus atribuciones constitucionales.

      El r�gimen de revisi�n de situaciones excepcionales s�lo debe aplicarse a los casos expresamente considerados en los art�culos 36 y 38 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n y si ello no sucede, no puede iniciarse ninguna revisi�n bajo el solo argumento de que se present� una denuncia y que la misma, sin expresar razones, se calific� como fundada.

      En el caso, el requerimiento va m�s all� de la revisi�n de situaciones excepcionales a que se refiere el art�culo 36 de la Ley de F.�n, e incurre en las violaciones al r�gimen de atribuciones constitucionales que salvaguarda la Constituci�n, exactamente de la misma manera y con el mismo alcance que la Suprema Corte juzg� al resolver la controversia 61/2004.

  2. SEGUNDO CONCEPTO. V.�n del principio de anualidad de la revisi�n de la cuenta p�blica.

    El requerimiento impugnado, las obligaciones que consigna, sus efectos y consecuencias, transgreden el r�gimen de competencias y el principio de legalidad tutelados por los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n Federal, por inadecuada interpretaci�n de los art�culos 74 y 79, fracci�n I, p�rrafo tercero, de la misma Carta Magna, y por equivocada aplicaci�n de los art�culos 36, 37 y 38 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, por lo siguiente:

    1. El auditor superior de la Federaci�n tiene la atribuci�n para llevar a cabo la revisi�n y fiscalizaci�n de la cuenta p�blica, para lo cual rinde un informe anual a la C�mara de Diputados. A partir de la reforma al art�culo 79 constitucional, puede llevar a cabo, adem�s, la revisi�n sobre la gesti�n financiera de las entidades fiscalizadas, durante los ejercicios en curso, como resultado del informe de gesti�n financiera que �stas env�an cumpliendo con el art�culo 8, p�rrafo segundo, de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n.

    2. La intenci�n del Constituyente Permanente al reformar el art�culo 79 constitucional era modificar la participaci�n p�blica en el control de las finanzas gubernamentales, que otrora tuviera encomendada la Contadur�a M. de Hacienda de la C�mara de Diputados. As�, se dio cabida a un �rgano con mayor autonom�a t�cnica y atribuciones: la A.�a Superior de la Federaci�n.

      La labor del �rgano mencionado tiene en primer lugar un fin correctivo y de sanci�n respecto de irregularidades que pudieran detectarse en el ejercicio presupuestal del gobierno para el cumplimiento de los programas, pero en segundo lugar, tiene tambi�n un objeto preventivo, a fin de corregir equivocaciones en el manejo de las finanzas p�blicas que pudieran impactar en la gesti�n financiera de los �rganos gubernamentales auditados, antes de que �stos consoliden su contabilidad gubernamental en la cuenta p�blica anual.

      As�, en forma arm�nica con las corrientes m�s progresistas sobre fiscalizaci�n gubernamental, le fueron concedidas a la auditora superior facultades de revisi�n ex ante y ex post, con relaci�n a la administraci�n de los recursos p�blicos federales, de los ingresos y egresos con los que el Gobierno Federal ejerce el gasto p�blico.

    3. Es el art�culo 79 de la Constituci�n el que concede al auditor superior de la Federaci�n la atribuci�n para realizar revisiones por situaciones excepcionales y establece que �stas deben entenderse sin perjuicio de las actividades que realice en ejecuci�n de sus facultades para revisar anualmente la cuenta p�blica.

    4. A partir de una interpretaci�n sistem�tica e hist�rica de los art�culos 74, fracci�n IV, y 79, fracci�n I, de la Constituci�n, en el �ltimo p�rrafo de la segunda disposici�n se contemplan la procedencia y el motivo de las revisiones por situaciones excepcionales y se abre la posibilidad a que dichas revisiones se practiquen independientemente y sin perjuicio de la revisi�n ordinaria de la cuenta p�blica a que aluden los dos primeros p�rrafos de la misma disposici�n.

      Sin embargo, no puede perderse de vista que la revisi�n extraordinaria no se debe entender en forma ajena al ejercicio presupuestal que sea materia de la fiscalizaci�n ordinaria o, dicho de otra manera, completamente atemporal o ajena al principio de anualidad de la cuenta p�blica. El hecho de que la revisi�n anual de la cuenta p�blica se someta a un r�gimen temporal, trae aparejada la consecuencia ben�fica para las entidades fiscalizadas de cerrar anualmente el resultado de su gesti�n financiera si, al final de la revisi�n, no se descubre ninguna irregularidad.

      As�, la revisi�n de situaciones excepcionales no tiene por qu� desvincularse de esa situaci�n general, la cual tambi�n aplica para la revisi�n que realiza el auditor superior de la Federaci�n a partir del Informe de Avance de Gesti�n Financiera y que regula el art�culo 20 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n.

    5. D. art�culo 74 constitucional se advierte que la actividad primordial encomendada a la C�mara de Diputados alrededor del Presupuesto de Egresos gira en torno a su discusi�n y aprobaci�n, pero tambi�n a su calificaci�n posterior, mediante la revisi�n de la cuenta p�blica, auxili�ndose de la A.�a Superior de la Federaci�n, lo cual no debe entenderse como una atribuci�n para llevar a cabo labores de fiscalizaci�n fuera de la cuenta p�blica, porque �sta no se encuentra expresamente concebida en el Texto Constitucional, por lo que las actividades a que se refiere el art�culo 79 constitucional deber�n entenderse concebidas a la fiscalizaci�n del gasto p�blico gubernamental ejercido en procesos concluidos, como deriva de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n.

    6. De la lectura de los dos primeros p�rrafos de la fracci�n I y de la fracci�n II del art�culo 79 constitucional, en relaci�n con el concepto sobre fiscalizaci�n que contempla el art�culo 74 de la misma Constituci�n, se advierte que la atribuci�n de la entidad de fiscalizaci�n superior est� sujeta a una temporalidad que es inmediata posterior al ejercicio presupuestal mismo. El informe anual del resultado de la revisi�n y fiscalizaci�n de la cuenta p�blica s�lo tiene lugar respecto de actos que en ejercicio del gasto p�blico se hubieran ejecutado por las entidades fiscalizadas en el ejercicio mismo materia de la revisi�n.

    7. El auditor s�lo puede fiscalizar actos anteriores al ejercicio materia de fiscalizaci�n cuando las partidas presupuestales empiecen a ejercerse en un a�o determinado y culminen en otro posterior, es decir, que el manejo y aplicaci�n del presupuesto para el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas abarque varios ejercicios anuales. La otra forma ser�a, respecto del ejercicio en curso, al llevar a cabo la revisi�n del Informe de Avance de Gesti�n Financiera que le presenten las entidades fiscalizadas.

      Justamente en eso estriba el principio de anualidad de la cuenta p�blica que se surte con relaci�n a la revisi�n ordinaria de la cuenta p�blica y que deriva en el fincamiento de responsabilidades, en su caso, o en la consolidaci�n y perfeccionamiento de los actos desplegados por las distintas dependencias por el ejercicio de sus actividades presupuestales, si no se observan irregularidades en el proceso de fiscalizaci�n.

    8. Tanto la revisi�n ordinaria de la cuenta p�blica respecto de la revisi�n de los Informes de Avance de Gesti�n Financiera quedan comprendidos dentro de la atribuci�n general sobre revisi�n del gasto p�blico que contempla el art�culo 74 constitucional. A la luz de lo dispuesto por el art�culo 17 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, la revisi�n de esos informes tendr� lugar s�lo respecto de procesos concluidos, principio que tambi�n rige respecto de la fiscalizaci�n de la cuenta p�blica.

    9. La revisi�n de situaciones excepcionales no es ajena a la cuenta p�blica ni al avance de gesti�n financiera, por cuanto a sustancia auditable; es diversa solamente por cuanto a la causa que puede dar lugar a ella, un proceso no concluido, un proceso vigente en el ejercicio corriente.

    10. Para que la revisi�n ordinaria se practique, basta con que la entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n incorpore la auditor�a en los programas anuales de fiscalizaci�n que entrega a la Comisi�n de Vigilancia de la C�mara de Diputados, de tal suerte que la fiscalizaci�n del gasto p�blico, por dependencias, tiene lugar por una determinaci�n espont�nea y libre de esa entidad para llevar a cabo la revisi�n de procesos concluidos incorporados en la cuenta p�blica. Asimismo, puede tener lugar antes de que se rinda el informe de la cuenta p�blica, en el ejercicio corriente, sobre procesos concluidos que se incorporen en el Informe de Avance de Gesti�n Financiera, en lo que ser�a una especie de auditor�a ex ante.

      Podr�a cuestionarse qu� es lo que suceder�a si el auditor superior de la Federaci�n omitiera incluir dentro de su programa anual de auditor�as la revisi�n sobre la gesti�n financiera de un ente fiscalizable respecto del cual existieran indicios razonables de un manejo, aplicaci�n o custodia irregular de recursos p�blicos federales, o de su desv�o, que pusieran en riesgo el patrimonio de la hacienda p�blica federal de manera sustancial, provinieran de hechos de corrupci�n determinados por autoridad competente, afectaran el funcionamiento de �reas estrat�gicas o prioritarias de la econom�a, implicaran un riesgo de que se paralice la prestaci�n de un servicio p�blico esencial para la comunidad, o impidieran el abasto de productos de primera necesidad.

      Precisamente para impedir que el desconocimiento de esas situaciones excepcionales, el Constituyente previ� la posibilidad de que, sin perjuicio de las revisiones ordinarias, se puedan realizar otras revisiones, no incorporadas en el programa anual de auditor�as, siempre que el auditor reciba la denuncia fundada o, por cualquier otro medio, tenga indicios razonables de que, efectivamente, la gesti�n financiera del organismo que no fuera a ser auditado, sea ilegal.

      Dentro de este contexto, el auditor superior de la Federaci�n, por situaciones excepcionales, podr� llevar a cabo una labor de fiscalizaci�n dentro de las revisiones regulares de la cuenta p�blica que realiza anualmente, sobre el manejo de recursos p�blicos federales, inicialmente no contemplados, que fueran atribuidos a entidades fiscalizadas que, de otra manera y sin la existencia de la denuncia correspondiente, hubieran quedado fuera de revisi�n alguna.

      Podr�a tambi�n plantearse qu� suceder�a si se advirtieran irregularidades en el manejo, aplicaci�n o custodia de recursos p�blicos federales por parte de una entidad fiscalizada, pero que se tratara de procesos todav�a no incluidos y, por ello, no incorporados en el Informe de Avance de Gesti�n Financiera de la propia entidad.

      Ese ser�a el supuesto de excepci�n al que se referir�a el p�rrafo tercero de la fracci�n I del art�culo 79 constitucional, que permitir�a al auditor intervenir de manera extraordinaria para solicitar la revisi�n de cuestiones especiales y evitar la consumaci�n de da�os al Estado en su hacienda p�blica federal. Esta fiscalizaci�n se deber� practicar en el ejercicio en curso, como resultado del Informe de Avance de Gesti�n Financiera que las dependencias del Gobierno Federal le rinden, de manera consolidada, antes del treinta y uno de agosto de cada a�o.

      No puede entenderse de otra manera esta disposici�n, pues si la revisi�n excepcional pudiera realizarse en cualquier momento, la revisi�n de la cuenta p�blica se desvincular�a del principio de anualidad que la rige y que claramente establece la Constituci�n, pues bastar�a con la presentaci�n de una denuncia de cualquier persona para que autom�ticamente el auditor pudiera revisar, a su arbitrio, cualquier situaci�n que en cualquier momento se hubiera dado, a pesar de ya haber sido materia de la revisi�n ordinaria.

      As�, la revisi�n por situaciones excepcionales no debe entenderse como un mecanismo establecido a disposici�n del auditor superior de la Federaci�n para evadir discrecionalmente el principio de anualidad. Si as� fuera, se romper�a con un principio de certeza y seguridad que debe operar a favor de las entidades fiscalizadas, siempre que el resultado de los procesos anuales de revisi�n de la cuenta p�blica no arroje responsabilidad alguna a su cargo.

      Estas consideraciones se ven reforzadas con el dictamen elaborado por la C�mara de Origen cuando se discuti� y aprob� la reforma al art�culo 79 constitucional, e inclusive por la C�mara de Diputados demandada, del cual se desprende que la facultad extraordinaria de fiscalizaci�n que fue concedida al auditor no se desvincul� de los aspectos temporales a los que est� sujeta la revisi�n ordinaria de la cuenta p�blica y el Informe de Avance de Gesti�n Financiera de los entes fiscalizados que forma parte de aqu�lla, concluyendo que la revisi�n extraordinaria s�lo puede y debe tener lugar respecto del ejercicio presupuestario en curso.

    11. En el caso concreto, se advierte que los hechos en que el auditor superior de la Federaci�n sustent� el despliegue de las atribuciones establecidas en los art�culos 79 constitucional y 36 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, tuvieron lugar en distintos ejercicios que ya fueron auditados y concluidos. As� lo reconoci� expresamente la propia auditor�a tanto en el Informe de Resultado de la Cuenta P�blica dos mil dos -p�ginas quinientos treinta y cuatro y quinientos setenta y uno concretamente en los apartados V.1.3.4.2 y V.1.3.4.3, respectivamente-, as� como en su escrito de contestaci�n de la demanda en la controversia constitucional 61/2004, al indicar que las auditor�as especiales n�meros 02-18C00-6-352 y 02-18C00-6-353, se llevaron a cabo en virtud de los resultados de las revisiones realizadas a la Comisi�n R. de Energ�a en cuentas p�blicas anteriores, sin que fueran aplicables los art�culos contenidos en el t�tulo IV de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n para la pr�ctica de las auditor�as se�aladas, al no actualizarse los extremos que permitieran v�lidamente considerar la existencia de una situaci�n que pudiera calificarse como excepcional seg�n la ley citada.

    12. Entonces, debe declararse la invalidez de los actos impugnados, pues no se actualiza el presupuesto de procedencia de la revisi�n extraordinaria, en cuanto a que los hechos fiscalizables deben ser concernientes al ejercicio en curso y, por tanto, la hip�tesis de la ley en la que el auditor fund� su requerimiento, tampoco se actualiza.

  3. TERCER CONCEPTO. V.�n del principio de irretroactividad de la ley.

    El oficio OASF/1565/05 de doce de octubre de dos mil cinco, as� como las obligaciones que consigna, sus efectos y consecuencias, violan el principio de irretroactividad de la ley que tutela el primer p�rrafo del art�culo 14 constitucional, por las causas y consideraciones siguientes:

    1. El art�culo 14, p�rrafo primero, de la Constituci�n, consagra la garant�a de seguridad jur�dica de irretroactividad de la ley de la que se beneficia todo gobernado, principio que no debe ser ajeno al auditor superior de la Federaci�n en el ejercicio de las actividades que le fueron encomendadas, a pesar de que sea claro que la relaci�n existente entre �ste y las entidades fiscalizadas no sea precisamente una relaci�n de supra subordinaci�n. As�, no tiene por qu� aceptarse a favor de ese �rgano de fiscalizaci�n, como no se acepta respecto de ning�n otro �rgano de poder p�blico, la posibilidad de aplicar las normas jur�dicas fuera de su �mbito temporal de validez.

    2. Los actos de revisi�n de la cuenta p�blica a lo largo de los �ltimos a�os han sido encomendados a diversos �rganos. La A.�a Superior de la Federaci�n realmente inici� sus actividades desde el a�o dos mil uno, cuando de acuerdo con el art�culo cuarto transitorio de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, entraron en pleno vigor sus disposiciones, ya que hasta la cuenta p�blica del a�o dos mil, la revisi�n y fiscalizaci�n se efectu� con base en la L.O.�nica de la Contadur�a M. de Hacienda.

    3. La facultad constitucional y legalmente establecida para que el �rgano de fiscalizaci�n de la C�mara de Diputados realice revisiones extraordinarias no existi� sino hasta que entraron en vigor las reformas a la fracci�n I del art�culo 79 constitucional y a la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, que abrog� la anterior L.O.�nica de la Contadur�a M. de Hacienda.

      En este sentido, en el Diario Oficial de la Federaci�n de treinta de julio de mil novecientos noventa y nueve, se public� el decreto de reformas del art�culo 79 constitucional, en cuyo art�culo segundo se estableci� que el inicio de las funciones de la entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n, no tendr�a lugar hasta el primero de enero de dos mil. Igualmente, la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, que materializa las atribuciones que la entidad de fiscalizaci�n necesita para ejercer las funciones constitucionales, no se actualiz� hasta el treinta de diciembre de dos mil, fecha en que entr� en vigor el decreto por el que se expidi� dicho ordenamiento, publicado el d�a anterior.

    4. La denuncia presentada al auditor superior de la Federaci�n se refiere a actos emitidos por la Comisi�n R. de Energ�a desde mil novecientos noventa y cuatro hasta dos mil, a�o al cual se refieren los transitorios del decreto por el que se expidi� la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, sujetando de manera expresa la revisi�n de dichos ejercicios a la L.O.�nica de la Contadur�a M. de Hacienda, de lo que se advierte que el auditor ha emitido un acto con fundamento en una ley vigente desde diciembre de dos mil para calificar y regular actos que nacieron desde mil novecientos noventa y cuatro, evidenciando una clara aplicaci�n retroactiva de las disposiciones en que fund� su actuar.

  4. CUARTO CONCEPTO. Inobservancia del art�culo 38 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n.

    El oficio impugnado, as� como las obligaciones que consigna, sus efectos y consecuencias, transgreden el principio de legalidad tutelado por los art�culos 14, 16, 49, 74, 79, 89, fracci�n I, 90 y 133 de la Constituci�n, por inadecuada interpretaci�n y aplicaci�n del art�culo 36 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, porque:

    1. El art�culo 36 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n condiciona la procedencia de la revisi�n extraordinaria y la validez del oficio de requerimiento a las entidades fiscalizadas, a la existencia de una denuncia debidamente fundada, sobre el presunto manejo, aplicaci�n o custodia irregular de recursos p�blicos federales, o su desv�o. Adicionalmente, el requerimiento deber� aportar indicios probatorios razonables, de los que se desprenda que la irregularidad cometida ocasion� un da�o al Estado en su hacienda p�blica federal o al patrimonio de los entes p�blicos federales.

      En el caso, la entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n no fund� ni motiv� la causa por la cual consider� que la denuncia que se le present� era fundada, ni aport� pruebas razonables de que los hechos denunciados ocasionaron un da�o al Estado en su hacienda p�blica federal o al patrimonio de los entes p�blicos federales.

    2. En el acto impugnado s�lo se transcribe la parte medular de la denuncia inicial y se realiza el requerimiento para que dentro del plazo de setenta y cinco d�as a que se refiere la ley, la entidad fiscalizada presente el informe sobre la revisi�n que efect�e con relaci�n a los distintos rubros a los que se refiere y la imposici�n de las sanciones a que hubiera lugar contra los funcionarios involucrados. As�, en sus aspectos formales, la entidad de fiscalizaci�n de la C�mara de Diputados incumpli� con las dos situaciones que derivan de la ley: fundar la causa del requerimiento o calificar la fundamentaci�n de la denuncia.

    3. Al respecto, la interpretaci�n de la ley puede llevar a la discusi�n en torno de qu� debe entenderse por denuncia debidamente fundada, pero en estricto sentido, ser�a el auditor quien, como autoridad, est� obligado a fundar sus actos.

      En el caso, se trata de un supuesto de expedici�n de un requerimiento que no se fund� por los denunciantes, pues no se aportaron elementos de prueba que pudieran vincular sus acusaciones con actos espec�ficos de la autoridad en torno del manejo, custodia o aplicaci�n irregular de recursos p�blicos federales; pero aun si ello hubiera sucedido, el auditor superior omiti� calificar la denuncia.

    4. As�, la recepci�n de la denuncia y, derivada de �sta, la revisi�n extraordinaria, no puede quedar supeditada a la simple y superficial recepci�n y acuerdo de un escrito de acusaci�n, de quien sea y por la causa que pudiera ocurr�rsele al denunciante. El auditor superior de la Federaci�n tiene la responsabilidad de estudiar y pronunciarse sobre la seriedad y la validez presuntiva de los hechos denunciados, antes de formular cualquier tipo de emplazamiento y, adem�s, de hacer manifiestos los razonamientos para determinar que las acusaciones son procedentes, porque de su proceder derivar�n las responsabilidades para la entidad fiscalizada y el posible desprestigio del funcionario al que sus requerimientos y acusaciones se dirijan.

      Por tanto, no puede dejarse a las entidades fiscalizadas, a los caprichos, acusaciones o calumnias de los denunciantes, ni somet�rseles a tener que rendir informes, pr�cticamente, a los denunciantes mismos. La auditor�a no es una procuradur�a federal de orden social, que tenga por objeto recibir correspondencia p�blica en torno de ocurrencias sobre presuntos manejos irregulares de los recursos p�blicos federales; es una entidad p�blica que se debe conducir como autoridad de buena fe, para encausar, profesional y �ticamente, la correcta gesti�n financiera de los entes p�blicos del Gobierno Federal, para beneficio de todos los mexicanos.

    5. Adem�s, al oficio no se acompa�aron los elementos probatorios que demostraran, por lo menos en forma presuntiva, los supuestos da�os causados al Estado en su hacienda p�blica federal, desobedeciendo lo establecido por el �ltimo p�rrafo del art�culo 36 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n.

      As�, la justificaci�n de la denuncia no se sustenta realmente en un manejo o aplicaci�n irregular de los recursos p�blicos federales, sino en consideraciones subjetivas de orden jur�dico sobre c�mo se debe aplicar por la Comisi�n R. de Energ�a la Ley del Servicio P�blico de Energ�a El�ctrica que la rige, pues si fuera verdad que la gesti�n financiera de la entidad fiscalizada ha dado lugar a un da�o y fuera procedente la revisi�n extraordinaria, lo menos que tendr�a que exhib�rsele son los elementos de prueba que demuestren las irregularidades en el manejo de los recursos p�blicos federales.

      La ausencia de pruebas, como la clara desvinculaci�n entre la denuncia y el presupuesto material de procedencia en la revisi�n, que es la gesti�n financiera del organismo, provocan un grave estado de incertidumbre para los funcionarios involucrados sobre si ha de rendirse o no el informe requerido, porque en �l s�lo se podr�a hacer referencia a la capacidad de la Comisi�n R. de Energ�a en el �mbito administrativo, para interpretar la ley que es objeto de diferencia. En el caso, ante la ausencia de pruebas sobre su gesti�n financiera, realmente no tendr�a por qu� suponerse que la entidad fiscalizada deba rendir un informe respecto de los actos desplegados en ejercicio de atribuciones exclusivas, y m�s a�n ante la ausencia de circunstanciaci�n sobre la fundamentaci�n de la denuncia.

  5. QUINTO CONCEPTO DE INVALIDEZ. Incorrecta fundamentaci�n del oficio impugnado, provocando invasi�n de atribuciones del Poder Ejecutivo y la Suprema Corte.

    El oficio impugnado as� como las obligaciones que consigna, sus efectos y consecuencias, transgreden el r�gimen de competencias y el principio de legalidad tutelados por los art�culos 14, 16, 49, 74, 79, 89, fracci�n I, 90 y 133 de la Constituci�n, en relaci�n con los art�culos 36 a 44 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, por las causas y consideraciones que se relacionan a continuaci�n:

    1. La denuncia que origin� el oficio impugnado jam�s podr�a haberse calificado como debidamente fundada, toda vez que los hechos a los que se refiere no conducen a conclusiones v�lidas con relaci�n a la gesti�n financiera de las entidades fiscalizadas enunciadas, en particular, de la Comisi�n R. de Energ�a.

      Lo anterior es as�, ya que las afirmaciones contenidas en la denuncia no constituyen hechos espec�ficos vinculados con el manejo, aplicaci�n y custodia de recursos p�blicos federales, sino calificaciones subjetivas sobre interpretaci�n jur�dica, y hechos abstractos relacionados con situaciones ut�picas que nunca se llegar�n a dar, pretendiendo sustituirse en el ejercicio de atribuciones que son propias en las entidades fiscalizadas. Se trata de faltas atribuibles a los mismos denunciantes, que han pretendido, indebida e inconstitucionalmente, instituir al �rgano de fiscalizaci�n de la C�mara de Diputados como un poder de control constitucional, completamente ajeno al marco de la ley.

    2. Las actuaciones de la Comisi�n R. de Energ�a han sido y se encuentran apegados a la ley por lo que hace a los rubros sobre los cuales se pretende realizar revisiones. A dicha comisi�n le corresponde la atribuci�n de interpretar la Ley del Servicio P�blico de Energ�a El�ctrica; sin embargo, con apego a lo dispuesto por los art�culos 103 y 105 del Pacto Federal, no puede corresponder a ella an�lisis ni pronunciamiento alguno alrededor de su constitucionalidad. En ese sentido, las actuaciones del organismo, dependientes en m�s de las ocasiones de la solicitud de otros diversos o de particulares, se encuentra apegada a la ley.

    3. La Constituci�n establece en sus art�culos 103 y 105 la facultad exclusiva del Poder Judicial de la Federaci�n, y en particular de la Suprema Corte, para juzgar la validez constitucional de las leyes que expide el Congreso de la Uni�n. El correcto funcionamiento de nuestro sistema republicano, impide el desv�o de poder de un �rgano a favor de otro, con las salvedades que la Constituci�n establece.

    4. Al requerirse por la C�mara de Diputados una revisi�n con base en hechos abstractos, ricos en consideraciones subjetivas de orden jur�dico, se arroja indebidamente a la entidad fiscalizada la carga de tener que desvirtuar supuestas irregularidades cometidas por su parte, alrededor de la interpretaci�n de la Constituci�n y de la aplicaci�n de la Ley del Servicio P�blico de Energ�a El�ctrica. As�, el requerimiento es inconstitucional en s� mismo, pues no tendr�a la auditor�a por qu� analizar cuestiones relativas a la interpretaci�n legislativa que escapan a su �mbito de actuaci�n; pretender ello evidencia la intenci�n de invadir una atribuci�n propia y exclusiva del Poder Ejecutivo y la Suprema Corte o de colocar al primero en una posici�n absurda de desacato al marco normativo-constitucional.

    5. Los legisladores que presentaron la denuncia han ejercido un derecho de manera indebida y excesiva, con la clara intenci�n de buscar que un �rgano auxiliar de la C�mara de Diputados, o la Suprema Corte de manera indirecta, se involucren en un proceso pol�tico cuyo prop�sito es descalificar la manera en que la Comisi�n R. de Energ�a cumple lo que establece la ley.

      Ni el proceso de las revisiones extraordinarias encomendado a la auditor�a, ni el juicio de controversia constitucional o la acci�n de inconstitucionalidad, o en el �ltimo de los casos, el juicio de amparo, son las v�as por las cuales se deba definir la manera en que nuestro pa�s ejerza su soberan�a en el ramo energ�tico.

  6. SEXTO CONCEPTO DE INVALIDEZ. Falta de fundamento constitucional del requerimiento y sus sanciones.

    El requerimiento y apercibimiento contenidos en el oficio OASF/1565/05 impugnado carecen de fundamento constitucional, y consecuentemente, deben ser invalidados, por lo siguiente:

    1. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte ha establecido que la obligaci�n de rendir informes de uno a otro Poder debe estar consignada en la Constituci�n, principio que resulta de considerar los diversos de divisi�n de poderes y de autonom�a de los mismos, establecidos en el art�culo 49 de la Constituci�n, como se desprende de la tesis de rubro: "INFORMES ENTRE PODERES. S�LO PROCEDEN CUANDO, DE MANERA EXPL�CITA O IMPL�CITA, EST�N CONSIGNADOS EN LA CONSTITUCI�N."

      As�, para determinar cu�les son los informes que la A.�a Superior de la Federaci�n est� facultada para requerir a otros poderes, debe estarse a lo que dispongan las normas constitucionales aplicables. En la especie, el tercer p�rrafo de la fracci�n I del art�culo 79 constitucional consigna a favor de la auditor�a la facultad para requerir al Poder Ejecutivo de la Uni�n, para que en las situaciones excepcionales que establezca la ley proceda a la revisi�n de los conceptos que la auditor�a estime pertinentes y le rinda un informe, el cual deber� atenderse en los plazos y formas legales, pues de lo contrario se podr� dar lugar al fincamiento de responsabilidades.

      En ese sentido, del art�culo 37 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n se advierte que el plazo para que el sujeto de fiscalizaci�n rinda el informe se�alado no deber� exceder de setenta y cinco d�as a partir de la recepci�n del requerimiento de que se trata. Sin embargo, como se desprende tanto del propio art�culo 37 citado, como de los art�culos 36 y 38 a 44 de la ley de referencia, en ninguno de ellos se estableci� la forma del informe en cuesti�n.

      Lo anterior lo considera as�, porque como el Diccionario de la Real Academia Espa�ola de la Lengua se�ala que la palabra forma en derecho, significa: "el conjunto de requisitos externos o aspectos de expresi�n en los actos jur�dicos". En los preceptos aludidos, en ninguno de ellos se contienen normas o reglas que establezcan los requisitos a que deba sujetarse el informe de la revisi�n aludida.

      Considerado lo anterior, resulta evidente que las formas que se�ale la ley en ning�n momento pueden llegar a alterar la naturaleza del informe previsto en la Constituci�n, ni mucho menos la del acto del que el propio informe emana y que en este caso corresponde al de una revisi�n, en la que no est� comprendida la facultad de promover ante las instancias competentes el fincamiento de responsabilidades, o bien, el sancionar a los servidores p�blicos responsables o determinar aquellos que se hayan hecho acreedores a una sanci�n y producir, con base en el ejercicio de estas facultades, el informe correspondiente.

      Al respecto, si bien conforme al art�culo 37 del ordenamiento mencionado el sujeto de fiscalizaci�n tiene la obligaci�n de informar a la auditor�a sobre las sanciones que se hubieren impuesto o a que se hubieren hecho acreedores los servidores p�blicos involucrados, tal disposici�n no puede ser interpretada en el sentido de que ello constituye un aspecto que ata�e a la forma que debe tener el informe y, consecuentemente, que tal informaci�n sea inherente al informe relativo a la revisi�n de situaciones excepcionales. Ello no s�lo por el significado de la palabra forma, sino porque la informaci�n sobre las sanciones impuestas o a que se hubieren hecho acreedores los servidores p�blicos involucrados corresponde al ejercicio de facultades distintas a la de revisar la legalidad de la gesti�n financiera.

    2. En t�rminos del tercer p�rrafo de la fracci�n I del art�culo 79 constitucional, el �nico informe que puede requerir la auditor�a al Ejecutivo Federal es el relativo a los resultados de la revisi�n que practique en los supuestos de este precepto, como lo corrobora el mismo art�culo 37 de la ley que lo reglamenta al establecer que las entidades fiscalizadas deber�n rendir a la auditor�a un "informe del resultado de sus actuaciones", lo que significa que �ste no debe referirse a cuestiones ajenas a la revisi�n practicada y que, se reitera, no puede ir m�s all� de la realizaci�n de los actos para verificar que la gesti�n financiera se llev� a cabo con sujeci�n de las normas aplicables, siendo independiente y ajena la cuesti�n de imposici�n de sanciones a que se refiere el oficio impugnado, pues para que �stas se actualicen, es necesario el agotamiento previo de una revisi�n y la revisi�n del informe correspondiente en el que se asienten irregularidades que impliquen responsabilidad a cargo de los servidores p�blicos.

    3. Aun cuando el pen�ltimo p�rrafo del art�culo 79 constitucional ordena que los Poderes de la Uni�n y los sujetos de fiscalizaci�n facilitar�n los auxilios que requiera la entidad de fiscalizaci�n de la Federaci�n para el ejercicio de sus funciones, y la Ley de F.�n en la fracci�n X del art�culo 16 otorga a la propia entidad de fiscalizaci�n la atribuci�n de "solicitar y obtener toda la informaci�n necesaria para el cumplimiento de sus funciones", es claro que tales atribuciones, a la vez que permiten a dicho �rgano obtener toda la informaci�n necesaria para realizar sus tareas, restringen tambi�n la posibilidad de que con motivo de ellas solicite arbitrariamente con car�cter imperativo, y bajo apercibimiento de fincar responsabilidades, informaci�n o documentaci�n que no sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones, como acontece en el presente caso.

      En efecto, si en el caso la informaci�n requerida sobre las sanciones no es necesaria para el ejercicio de las funciones de la auditor�a que dice ejercitar seg�n el tercer p�rrafo de la fracci�n I del art�culo 79 constitucional y dem�s preceptos legales que cita, entonces tal requerimiento deviene inconstitucional y m�s a�n la pretensi�n de fincar responsabilidades en caso de que no se atienda en el plazo arbitrariamente concedido para ello, m�xime si se considera que en el oficio que se impugna no se citan ni el pen�ltimo p�rrafo del art�culo constitucional se�alado ni el art�culo 16, fracci�n X, de la ley de la materia, ni tampoco se exponen las razones por las que el auditor considera que la informaci�n sobre las sanciones de que se trata es necesaria para cumplir con la funci�n que desarrolla.

    4. La inconsistencia del requerimiento impugnado con el Texto Constitucional queda manifiesta si se considera que, bajo la l�gica err�nea del auditor, la entidad fiscalizada debe agotar el proceso de revisi�n y rendir el informe exigido en el plazo de setenta y cinco d�as (informe que s� est� consignado en el art�culo 79, fracci�n I, tercer p�rrafo), a la vez que promover la posible imposici�n de sanciones, o bien, fincar directamente las responsabilidades a los servidores p�blicos o determinar aquellos que se han hecho acreedores a una sanci�n e informar de ello (informe no consignado en el art�culo 79, fracci�n I, tercer p�rrafo constitucional) en el mismo plazo de setenta y cinco d�as, haciendo nugatorios o desconociendo los plazos legales necesarios para el tr�mite y resoluci�n de los procedimientos disciplinarios a cargo de los servidores p�blicos.

    5. En suma, toda vez que en el informe en que el auditor superior de la Federaci�n requiere al Ejecutivo Federal para que en el plazo de setenta y cinco d�as le se�ale las sanciones que se hubieran impuesto o a que se hubieran hecho acreedores los servidores p�blicos involucrados no est� consignado en el art�culo 79, fracci�n I, tercer p�rrafo, de la Constituci�n, ni tampoco se actualiza el supuesto a que se refiere el pen�ltimo p�rrafo del propio precepto, es inconcuso que tal informe carece de fundamento constitucional para su validez, por tratarse de un informe entre Poderes de la Uni�n. En consecuencia, ese informe debe ser declarado inconstitucional, sin perjuicio de precisar que en la presente demanda no se impugna la constitucionalidad del art�culo 37 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, en raz�n de que resulta irrelevante para el presente juicio, que se circunscribe a cuestionar la constitucionalidad del oficio impugnado.

CUARTO

Art�culos constitucionales que el poder actor se�ala como violados. Los preceptos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora considera violados son: 14, 16, 49, 74, 79, 89, fracci�n I, 90, 128 y 133.

QUINTO

Tr�mite de la controversia. Por acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil cinco, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, orden� formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondi� el n�mero 74/2005 y por raz�n de turno design� como instructor al Ministro Jos� Ram�n C.�o D�az.

SEXTO

Contestaci�n de demanda. En primer t�rmino conviene aclarar que tanto la A.�a Superior de la Federaci�n como la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n, al rendir sus contestaciones de demanda, fueron coincidentes en los argumentos relativos al fondo del asunto. Sin embargo, no coincidieron en las manifestaciones que expresaron respecto de los antecedentes y de las pretensiones del poder actor, por lo que la s�ntesis de los argumentos planteados se realizar� en cinco apartados: A) Contestaci�n de la A.�a Superior de la Federaci�n respecto de los antecedentes; B) Contestaci�n de la C�mara de Diputados respecto de los antecedentes; C) Contestaci�n de la C�mara de Diputados respecto de las pretensiones manifestadas por el poder actor; D) Contestaciones coincidentes de la A.�a Superior de la Federaci�n y de la C�mara de Diputados respecto del fondo del asunto y E) Causas de improcedencia que hacen valer tanto la A.�a Superior de la Federaci�n como la C�mara de Diputados.

A.C.�n de la A.�a Superior de la Federaci�n respecto de los antecedentes. El auditor superior de la Federaci�n, al rendir su contestaci�n en relaci�n a los antecedentes vertidos en la demanda manifest�, en s�ntesis, lo siguiente:

  1. El oficio impugnado goza de plena validez constitucional, en virtud de que se emiti� de conformidad con las atribuciones que le confieren los art�culos 79, fracci�n I, p�rrafo tercero, de la Constituci�n; 36, 37, 38, incisos a) y c), 39, 40, 74, fracci�n XII, de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n y 6o., fracci�n XIV, del Reglamento Interior de la A.�a Superior de la Federaci�n.

  2. Como en los antecedentes de la demanda se emiten diversas consideraciones que ata�en al fondo de la cuesti�n planteada y que son materia de los conceptos de invalidez constitucional, s�lo se negar�n o afirmar�n los hechos, indicando cu�les son las consideraciones que se refutar�n al dar contestaci�n a los conceptos de invalidez planteados.

    1. Es cierto lo expresado tanto en el numeral 1 como el 2 del cap�tulo de antecedentes se�alados en la demanda.

    2. Lo se�alado en el numeral 3, se niega en la forma en que lo interpreta la parte actora, pues lo cierto es que independientemente del procedimiento ordinario de revisi�n y fiscalizaci�n de la cuenta p�blica, a que se refieren los art�culos 74, fracci�n IV, cuarto p�rrafo y 79, fracci�n I, tercer p�rrafo, de la Constituci�n, la entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n cuenta con atribuciones para llevar a cabo un procedimiento de "revisi�n de situaciones excepcionales", el cual est� segregado del bagaje jur�dico reglamentario de la fiscalizaci�n de la revisi�n de la cuenta p�blica.

      De los preceptos constitucionales citados se desprende que no es un procedimiento �nico de fiscalizaci�n el plasmado en la Constituci�n y en la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, sino uno de car�cter regular y permanente referido a la revisi�n anual de la cuenta p�blica y otro por excepci�n para los casos en que se denuncian circunstancias de las que pueda suponerse, fundadamente el presunto manejo, aplicaci�n o custodia irregular de los recursos p�blicos federales o su desv�o, al cual no le son aplicables las formalidades y t�rminos establecidos para el procedimiento de la revisi�n de la cuenta p�blica a la que se encuentran sujetas las facultades correspondientes de la auditor�a.

      Pretender aplicar al procedimiento de revisi�n de situaciones excepcionales el mismo tratamiento que a un caso ordinario, equivaldr�a a no cumplir con el prop�sito del Constituyente Permanente plasmado en el tercer p�rrafo de la fracci�n I del art�culo 79 constitucional, de establecer un procedimiento para que los propios sujetos de fiscalizaci�n efect�en una revisi�n y rindan un informe.

    3. Lo expresado en el numeral 4 del cap�tulo de antecedentes es cierto, en cambio, en cuanto al numeral 5 se niega, porque la parte actora emite consideraciones subjetivas que ata�en a la resoluci�n de fondo de la controversia que se hacen valer en el cap�tulo de conceptos de invalidez de la demanda, los que refutar� al dar contestaci�n a los conceptos de invalidez.

    4. No es cierto lo expresado en el numeral 6 en la forma en que lo narra la parte actora, pues las auditor�as especiales que menciona fueron el resultado de las revisiones realizadas a la Comisi�n R. de Energ�a en Cuentas P�blicas anteriores, en relaci�n con el otorgamiento de permisos de generaci�n de energ�a el�ctrica, la importancia de la acci�n institucional y la denuncia de hechos presentada por dos legisladores.

    5. Es cierto lo expresado en el numeral 7; sin embargo, en la controversia constitucional 61/2004, en la que demand� la invalidez de los oficios a trav�s de los cuales la entidad de fiscalizaci�n formul� las observaciones y recomendaciones relacionados con el otorgamiento de permisos de generaci�n de energ�a el�ctrica en las modalidades de autoabastecimiento, cogeneraci�n, producci�n independiente, importaci�n y exportaci�n, los se�ores Ministros Jos� Ram�n C.�o D�az, G.D.G.�ngora P., S.A.V.H.�ndez, O.S.C. de G.�a V. y J.N.S.M. formularon voto de minor�a a trav�s del cual sostuvieron, que en t�rminos del art�culo 14, fracci�n VII, de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, la auditor�a s� contaba con facultades para emitir recomendaciones respecto de la legalidad de los permisos otorgados por la Comisi�n R. de Energ�a, ya que su otorgamiento era uno de los objetivos contenidos en los programas de dicha comisi�n, adem�s de que la energ�a el�ctrica, en t�rminos de los art�culos 25, 27 y 28 constitucionales, era un servicio p�blico, por lo que aunque no era una actividad propia de la gesti�n financiera, s� era un par�metro para la evaluaci�n de los objetivos fijados en los programas federales, por lo que esa actividad s� era susceptible de ser fiscalizada.

    6. El numeral 8 es cierto en cuanto a que el secretario de Energ�a promovi� la controversia constitucional 61/2004. De igual forma, el numeral 9 es cierto.

    7. En cuanto al numeral 10, se niega, pues en la controversia constitucional 61/2004 ninguna de las observaciones o recomendaciones impugnadas pueden equipararse a los pliegos de observaciones que regula la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, toda vez que las mismas no establecen por su naturaleza alguna cantidad l�quida respecto de un quebranto a la hacienda p�blica del Estado o al patrimonio de los entes p�blicos federales y, por ende, no se determina qui�nes son los presuntos responsables de tal quebranto, manifestaciones que de ninguna manera implican el reconocimiento expreso de la auditor�a en los aspectos y sentido que se�ala la parte actora, m�xime que en materia de observaciones y recomendaciones no existe precepto legal alguno que establezca su obligatoriedad, ni la existencia de un procedimiento para hacerlas exigibles.

      Los pliegos de observaciones a que se refieren los art�culos 51 y 52 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n son distintos a las recomendaciones y observaciones expresadas con motivo de la evaluaci�n del cumplimiento de programas, las cuales se encuentran contempladas en el art�culo 31, �ltimo p�rrafo, puesto que la formulaci�n de observaciones tiene un car�cter preventivo, ya que tienen por objeto evitar que el incumplimiento de los programas se traduzca en un da�o o perjuicio a la hacienda p�blica federal, mientras que los pliegos de observaciones tienen un car�cter correctivo, pues tienden a lograr la indemnizaci�n en caso de los da�os o perjuicios al Estado en su hacienda p�blica federal o al patrimonio de los entes p�blicos federales, por lo que en la formulaci�n de las recomendaciones y observaciones impugnados no existe pronunciamiento alguno respecto de la cuantificaci�n a un quebranto a la hacienda p�blica federal.

    8. Respecto del numeral 11, es parcialmente cierto, pero ello no es �bice para que en pleno ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales que le confieren los art�culos 79, fracci�n I, p�rrafo tercero, de la Constituci�n; 36, 37, 38, incisos a) y c), 39, 40, 74, fracci�n XII, de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, y 6o., fracci�n XIV, del Reglamento Interior de la A.�a Superior de la Federaci�n haya determinado que con la denuncia de fecha catorce de junio de dos mil cinco, suscrita por el senador M.B. D�az y el C. Salvador Rocha D�az y los documentos exhibidos por los mismos, se colman todos los extremos previstos por el art�culo 36 en relaci�n con los incisos a) y c) del art�culo 38 de la ley mencionada, al presumirse un da�o patrimonial a la Comisi�n Federal de Electricidad y a la Compa��a de Luz y Fuerza del Centro, as� como la afectaci�n de un �rea estrat�gica para la econom�a del pa�s.

      Las auditor�as que dieron origen a los actos impugnados en la controversia 61/2004, estaban ya previstas en el Programa Anual de A.�as Visitas e Inspecciones aprobado por el auditor superior de la Federaci�n, dentro del procedimiento regular y permanente de la revisi�n y fiscalizaci�n de la cuenta p�blica dos mil dos. Por ello, en ese momento la entidad fiscalizadora no estim� necesario iniciar un procedimiento de revisi�n de situaciones excepcionales, ya que los hechos denunciados se dieron principalmente en el a�o de dos mil dos y la naturaleza de los actos jur�dicos como son los permisos de generaci�n de energ�a, son actos administrativos que por su naturaleza son de tracto sucesivo, con lo que se respeta el principio de anualidad de la revisi�n de la cuenta p�blica dos mil dos.

      Las acciones derivadas de la auditor�a que se practic� a la Comisi�n R. de Energ�a quedaron sin efecto por la resoluci�n de la controversia constitucional 61/2004, por lo que se trat� de cuestiones resueltas en otro juicio y sobre hechos diversos a los que ahora se refiere esta controversia.

      Lo que realmente origin� el acto impugnado fue la presentaci�n de la denuncia de catorce de junio de dos mil cinco, en donde la entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n constat� que con la informaci�n y documentaci�n proporcionada por los denunciantes hab�a datos suficientes para tener por acreditados los extremos exigidos por los art�culos 79, fracci�n I, p�rrafo tercero, de la Constituci�n Federal, 36 y 38, incisos a) y c), de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, con lo que se justifica plenamente la procedencia de la revisi�n de situaciones excepcionales.

    9. En relaci�n al numeral 12, por no ser un hecho propio, ni se afirma ni se niega; sin embargo, en ejercicio de sus facultades constitucionales se consider� oportuno realizar las auditor�as aludidas en la revisi�n de la cuenta p�blica dos mil dos, independientemente de que haya tenido la opci�n de ejercer la facultad de revisi�n de situaciones excepcionales, ya que ambas facultades son independientes una de otra y no son excluyentes entre s�.

    10. En cuanto al numeral 13, es cierto, y en el caso el acto cuya invalidez se demanda corresponde a la emisi�n de un requerimiento de revisi�n de situaciones excepcionales realizado en t�rminos de la facultad espec�fica de la auditor�a, prevista en el art�culo 79, fracci�n I, p�rrafo tercero, de la Constituci�n, procedimiento cuya regulaci�n y naturaleza es diversa e independiente al procedimiento que lleva a cabo en la revisi�n y fiscalizaci�n de la cuenta p�blica, por lo que no le es aplicable el criterio sostenido por los Ministros de la mayor�a en la sentencia de la controversia constitucional 61/2004, en donde espec�ficamente se pronunciaron respecto a las recomendaciones y observaciones del �rgano fiscalizador en torno a la legalidad de los permisos de generaci�n de energ�a el�ctrica, situaci�n muy distinta a la planteada en la denuncia de catorce de junio de dos mil cinco, ya que de �sta se presume un da�o al patrimonio de la Comisi�n Federal de Electricidad por un monto superior a cien mil veces el salario m�nimo general vigente en el Distrito Federal, as� como la probable afectaci�n de una actividad estrat�gica, por el presunto manejo irregular de recursos p�blicos federales por parte de la Comisi�n R. de Energ�a.

      Las consideraciones que fundaron la resoluci�n de la controversia 61/2004 no son obligatorias para las Salas, Tribunales Unitarios, Colegiados de Circuito, Juzgados de Distrito, entre otros, al no reunir los extremos del art�culo 43 de la ley reglamentaria de la materia, por no haberse emitido por cuando menos ocho votos.

    11. Se niega el numeral 14 en la forma en que lo argumenta la parte actora, pues lo cierto es que mediante oficio n�mero OASF/1565/05 de doce de octubre de dos mil cinco, y con fundamento en lo dispuesto por los art�culos 79, fracci�n I, p�rrafo tercero constitucional; 36, 37, 38, incisos a) y c), 39, 40, 74, fracci�n XII y dem�s relativos a la F.�n Superior de la Federaci�n, y 6o., fracci�n XIV, del Reglamento Interior de la A.�a Superior de la Federaci�n, �sta le requiri� al presidente de la Comisi�n R. de Energ�a que realizara una revisi�n sobre el otorgamiento de permisos de generaci�n de energ�a el�ctrica; el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los permisos; la fijaci�n de tarifas; y las contraprestaciones a particulares y extranjeros, indic�ndole las irregularidades que en la denuncia presentada se les atribu�a, denuncia que al igual que sus anexos formaron parte del requerimiento que les formul� y de la cual se presume un irregular manejo y custodia de la energ�a el�ctrica como recurso p�blico federal y �rea estrat�gica para la econom�a del pa�s, que puede haber ocasionado un da�o patrimonial a la hacienda p�blica federal.

      De la lectura de la denuncia de hechos se advierte que se actualizan los supuestos establecidos en los art�culos 36 y 38, incisos a) y c), de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, ya que de ella se deduce la existencia de indicios razonables de un presunto manejo irregular de recursos p�blicos federales a cargo de la Comisi�n R. de Energ�a, en la cual se presume un da�o patrimonial a la Comisi�n Federal de Electricidad por un monto superior a cien mil veces el salario m�nimo general vigente para el Distrito Federal $4,680,000.00 (cuatro millones seiscientos ochenta mil pesos), as� como la afectaci�n a un �rea estrat�gica.

      Los argumentos que se�alaron los denunciantes fueron hechos del conocimiento del titular de la Comisi�n R. de Energ�a en el requerimiento mencionado.

    12. En cuanto al numeral 15, es cierto.

    13. Por otro lado, los numerales 16 y 17 son ciertos, pues la energ�a el�ctrica como recurso p�blico y �rea estrat�gica en la econom�a del pa�s tiene una gran importancia para el desarrollo del mismo, tan es as� que el poder reformador, en el art�culo 27, p�rrafo sexto, de la Constituci�n, reserv� a la naci�n la facultad de generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energ�a el�ctrica que tenga por objeto la prestaci�n del servicio p�blico y tal facultad es definida por el art�culo 28 constitucional como un �rea estrat�gica de la rector�a econ�mica del Estado para el desarrollo nacional.

      La atribuci�n del Ejecutivo Federal prevista en la Ley del Servicio P�blico de Energ�a El�ctrica, para que por conducto de la Secretar�a de Energ�a, expida permisos de producci�n de electricidad, se debe dar dentro del marco constitucional y legal que rige la materia de la energ�a el�ctrica; el hecho de que el Ejecutivo Federal tenga conferidos el manejo y custodia de un recurso p�blico federal y �rea estrat�gica para la econom�a del pa�s, como lo es la generaci�n de la energ�a el�ctrica, implica necesariamente que los mismos deben sujetarse a lo dispuesto por el art�culo 27 de la Constituci�n Federal.

      De esta forma y toda vez que el manejo o custodia irregular de la energ�a el�ctrica puede generar un grave quebranto a la hacienda p�blica del Estado, es irrefutable que el otorgamiento de permisos y concesiones en materia de energ�a el�ctrica, como recurso federal y �rea estrat�gica de la rector�a econ�mica del pa�s, puede ser materia de revisi�n por la entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n, aunado a que las irregularidades que se le atribuyen a la actora consisten en el inadecuado manejo y custodia que se lleva a cabo de la energ�a el�ctrica que como excedente generan y venden los particulares, protegi�ndose en contratos que por la falta de control rebasan el objetivo para los cuales fueron otorgados, permitiendo que con ello se vulnere la Constituci�n, toda vez que los permisionarios han llegado a convertirse en generadores de energ�a el�ctrica para el servicio p�blico, situaci�n que puede afectar esa �rea estrat�gica cuyo manejo tiene a su cargo la Comisi�n R. de Energ�a.

      No debe perderse de vista que la demandante, mediante la alegada "interpretaci�n administrativa", no puede llegar al extremo de otorgar a particulares permisos para la generaci�n de energ�a el�ctrica, independientemente de la denominaci�n que se les d� en la ley o reglamento respectivo, y permitir que los mismos por un inadecuado manejo ocasionen da�o patrimonial a la Comisi�n Federal de Electricidad, entidad que es la encargada del manejo de una actividad prioritaria, as� como dejar que a trav�s de dichos permisos, pretextando que son excedentes, se altere la naturaleza de lo que implican esos tipos de generaci�n, ya que los particulares bajo el amparo de dichos permisos generan en forma significativa energ�a para el servicio p�blico, burlando con ello el art�culo 27 constitucional y dem�s preceptos del propio ordenamiento secundario.

      Al respecto, con relaci�n a los permisos de generaci�n de energ�a el�ctrica, la Suprema Corte, al resolver la controversia constitucional 22/2001, se pronunci� en relaci�n a los permisos de generaci�n de energ�a el�ctrica, se�alando que aunque la Ley del Servicio P�blico de Energ�a El�ctrica no establec�a ning�n porcentaje num�rico respecto de la venta de los excedentes de energ�a a la Comisi�n Federal de Electricidad, �stos no significaban que bajo la apariencia de autoabastecimiento o cogeneraci�n se generara en forma significativa energ�a para el servicio p�blico, pues con ello se burlar�a el art�culo 27 constitucional, seg�n el cual la generaci�n, conducci�n, transformaci�n, distribuci�n y autoabastecimiento de energ�a el�ctrica que tenga por objeto la prestaci�n del servicio p�blico, corresponden exclusivamente a la naci�n y no pueden ser concesionadas a los particulares.

      Independientemente de lo anterior, la actitud de la Comisi�n R. de Energ�a, la Secretar�a de Energ�a y el Ejecutivo Federal, al negar el informe que se le requiri� impide el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales conferidas a la auditor�a.

      En un Estado democr�tico no puede v�lidamente afirmarse que los intereses nacionales sean diversos a los de la sociedad. As�, el derecho a la informaci�n consagrado en el art�culo 6o. constitucional, relacionado con el art�culo 79, fracci�n I, tercer p�rrafo, de la Constituci�n, relativo a las atribuciones conferidas a la entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n en materia de revisi�n de situaciones excepcionales, generadas por denuncias ciudadanas, �nicamente es respetado mediante la informaci�n veraz y oportuna que garantice la transparencia respecto del adecuado manejo y custodia de los recursos p�blicos, los da�os al Estado en su hacienda p�blica federal o al patrimonio de los entes p�blicos federales, situaci�n que es de innegable trascendencia nacional y social, sirviendo de apoyo a lo anterior la tesis P.L., de rubro: "GARANT�AS INDIVIDUALES (DERECHO A LA INFORMACI�N). VIOLACI�N GRAVE PREVISTA EN EL SEGUNDO P�RRAFO DEL ART�CULO 97 CONSTITUCIONAL. LA CONFIGURA EL INTENTO DE LOGRAR LA IMPUNIDAD DE LAS AUTORIDADES QUE ACT�AN DENTRO DE UNA CULTURA DEL ENGA�O, DE LA MAQUINACI�N Y DEL OCULTAMIENTO, POR INFRINGIR EL ART�CULO 6o. TAMBI�N CONSTITUCIONAL."

    14. En cuanto al numeral 18 de los antecedentes narrados en la demanda, no se afirma ni se niega por no ser un hecho propio, pero cabe se�alar que por las supuestas irregularidades se�aladas en el escrito de denuncia se requiri� a la actora para que realizara una revisi�n sobre el otorgamiento de permisos de generaci�n de energ�a el�ctrica; el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los permisos; la fijaci�n de tarifas; y las contraprestaciones a particulares y extranjeros, espec�ficamente encaminada en los aspectos de excedentes de energ�a generados por particulares y que venden como servicio p�blico, para que, al rendir el informe de resultados, desvirtuaran las imputaciones de las irregularidades que se les atribu�an en la denuncia.

    15. En cuanto al numeral 19, se niega de la manera en que lo plantea la parte actora, pues son cuestiones de legalidad del acto impugnado, lo cual no puede ser materia de la controversia constitucional, m�xime si se toma en consideraci�n que la Ley de F.�n prev� expresamente los recursos ordinarios con los que se cuenta para en su caso solicitar la nulidad del acto por la supuesta falta de fundamentaci�n o motivaci�n que argumenta.

      De admitirse lo anterior, se abrir�a la posibilidad de que se tramitaran tantas controversias constitucionales como actos o resoluciones se emitieran por la auditor�a, lo que contravendr�a el art�culo 105, fracci�n I, de la Constituci�n y su ley reglamentaria.

      El requerimiento impugnado, la denuncia y los anexos del mismo no se refieren a las facultades con que cuenta la auditor�a para fiscalizar la cuenta p�blica, sino que se trata de otro tipo de facultades que el propio Constituyente Permanente consider� como excepcionales, y que por su propia naturaleza contienen caracter�sticas distintas a la fiscalizaci�n que anualmente se realiza del ejercicio fiscal concluido, tan es as� que en el caso de las revisiones de situaciones excepcionales quien presenta un informe de resultado de sus actuaciones es la entidad fiscalizada, mientras que en la fiscalizaci�n de la cuenta p�blica, la que emite ese informe es la A.�a Superior de la Federaci�n.

      Otra diferencia es que el informe del resultado de la fiscalizaci�n de la cuenta p�blica se integra por las revisiones, auditor�as, visitas e inspecciones que la propia entidad de fiscalizaci�n superior realiza, mientras que en la revisi�n de situaciones excepcionales quien efect�a revisiones de conceptos espec�ficos vinculados de manera directa a las denuncias presentadas es la entidad fiscalizada.

      Finalmente, la auditor�a, despu�s de revisar la cuenta p�blica, puede fincar pliegos de observaciones o aplicar procedimientos de responsabilidades o imposici�n de sanciones como lo establece el art�culo 32 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, mientras que en el caso de la revisi�n de situaciones excepcionales, la que puede aplicar sanciones, en el �mbito de sus atribuciones, es la propia entidad fiscalizada, seg�n el art�culo 37 del mismo ordenamiento.

    16. En cuanto a los antecedentes marcados con los n�meros 20, 21 y 22, no son ciertos, pues bajo el rubro de "Antecedentes" la parte actora emite consideraciones que ata�en a la resoluci�n de fondo de la controversia que se repiten en el cap�tulo de conceptos de invalidez.

      No obstante ello, cabe destacar que la denuncia de catorce de junio de dos mil cinco no es id�ntica a la presentada por los ciudadanos M.B. D�az y Salvador Rocha D�az en el a�o dos mil tres, ya que la misma fue ampliada y adicionada, de tal manera que el anexo G de la denuncia que origin� el requerimiento de revisi�n de situaci�n excepcional fue actualizada por los denunciantes con hechos que acontecieron en el periodo de marzo de dos mil tres a mayo de dos mil cinco. Con lo anterior se desvirt�a lo aseverado por la parte actora en el sentido de que se trata de la misma denuncia y los mismos hechos, aunado a que en la �ltima denuncia presentada se solicita a la entidad que ejerza la facultad de revisi�n de situaci�n excepcional relacionada con doscientos ochenta y tres permisos de generaci�n de energ�a que actualmente se encuentran vigentes, y que contin�an surtiendo sus efectos y consecuencias.

      Por �ltimo, aun suponiendo que se tratara de la misma denuncia, ello no es obst�culo para que la entidad de fiscalizaci�n superior en ejercicio de la facultad que le otorga el art�culo 79 de la Constituci�n, requiera la revisi�n de los conceptos vinculados en la denuncia de hechos de catorce de junio de dos mil cinco, en la que se narran circunstancias que suponen un manejo irregular de recursos p�blicos federales, porque su facultad para revisar la cuenta p�blica es independiente y aut�noma de la facultad para requerir la revisi�n de situaciones excepcionales, cuando se cumplan los extremos previstos en la ley para tal efecto, como en el caso concreto acontece, ya que se actualizan las hip�tesis previstas en los incisos a) y c) del art�culo 38 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, aunado a que no existe precepto constitucional o legal alguno que establezca que el ejercicio para revisar la cuenta p�blica impida la revisi�n de situaciones excepcionales o viceversa, m�xime que los actos que emiti� la auditor�a en ejercicio de la facultad de revisi�n de la cuenta p�blica dos mil dos, quedaron sin validez en virtud de la resoluci�n de la controversia constitucional 61/2004, por lo que los hechos de la denuncia de catorce de junio de dos mil cinco no han sido revisados por la auditor�a.

      1. Contestaci�n de la C�mara de Diputados respecto de los antecedentes.

  3. Se niegan los antecedentes que se�ala el actor en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 13, 16, 17, 18 y 22, pues son interpretaciones subjetivas sobre los art�culos 3o., 27, 73, 74 y 79 constitucionales; 36 a 44 de la Ley de F.�n; 33 del Reglamento Interior de la Secretar�a de Energ�a; 3o. de la Ley de la Comisi�n R. de Energ�a, y de la Ley del Servicio P�blico de Energ�a El�ctrica.

  4. Los antecedentes se�alados con los numerales 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 19 y 21 son hechos ajenos, por lo que se niegan.

  5. En relaci�n con los antecedentes se�alados con los numerales 10, 12 y 20, no son ciertos, y son meras apreciaciones subjetivas que descontextualizan lo manifestado por el �rgano legislativo en la controversia constitucional 61/2004.

    No obstante, se niega lo que se dice en el numeral 10, pues lo cierto es que en la controversia constitucional 61/2004 la C�mara de Diputados argument� que ninguna de las observaciones o recomendaciones que se se�alaron como actos impugnados pod�a equipararse a los pliegos de observaciones regulados por la Ley de F.�n, toda vez que las mismas, por su naturaleza, no establecen cantidad l�quida alguna respecto de un quebranto a la hacienda p�blica del Estado o al patrimonio de los entes p�blicos federales, y por ende, no se determinaba qui�nes son los presuntos responsables de tal quebranto, argumentos que no implican el reconocimiento expreso de los aspectos que se�ala la actora.

    Se niega lo aducido en el numeral 12, pues lo cierto es que las auditor�as que originaron los actos impugnados en la controversia constitucional 61/2004 estaban previstas en el Programa Anual de A.�as, Visitas e Inspecciones aprobado por el auditor superior de la Federaci�n dentro del procedimiento regular y permanente de revisi�n y fiscalizaci�n de la cuenta p�blica dos mil dos, por lo que en ese momento esa entidad fiscalizadora no estim� necesario iniciar un procedimiento de revisi�n de situaciones excepcionales, ya que los hechos denunciados se dieron principalmente en el a�o de dos mil dos. En ese entonces, la auditor�a, en ejercicio de sus facultades constitucionales consider� necesario realizar las auditor�as aludidas en la revisi�n de la cuenta p�blica dos mil dos, independientemente de que haya tenido la opci�n de ejercer la facultad de revisi�n de situaciones excepcionales, ya dichas facultades son independientes una de otra y no son excluyentes entre s�, y se pueden aplicar ambas, dependiendo de la naturaleza de los actos que se denuncien. Por lo que respecta a la C�mara de Diputados, �sta determin� que tan s�lo con la revisi�n de la cuenta p�blica dos mil dos, era suficiente para advertir las irregularidades en que hab�a incurrido el Ejecutivo Federal.

    La parte actora dolosamente omiti� hacer del conocimiento de la Suprema Corte los antecedentes que preceden a los actos que tacha de inconstitucionales, pues los verdaderos antecedentes del caso son:

    1. Por escrito de catorce de junio de dos mil cinco, el senador M.B.D.�az y Salvador Rocha D�az denunciaron ante la auditor�a diversas irregularidades en el manejo y custodia de la energ�a el�ctrica por parte de la Comisi�n R. de Energ�a.

    2. D. estudio realizado a esa denuncia, as� como a sus anexos, la entidad de fiscalizaci�n superior determin� que se presum�a un da�o al Estado en su hacienda p�blica o al patrimonio de los entes p�blicos federales, cuyo monto resultaba superior a cien mil veces el salario m�nimo general vigente en el Distrito Federal y que se deduc�a la afectaci�n de �reas estrat�gicas o prioritarias de la econom�a.

    3. Por considerar que las circunstancias e irregularidades aludidas se ubicaban en las hip�tesis previstas en los incisos a) y c) del art�culo 38 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, emiti� el oficio OASF/1565/05 de doce de octubre de dos mil cinco, mediante el cual requiri� al presidente de la Comisi�n R. de Energ�a que procediera a la revisi�n sobre el otorgamiento de permisos; la fijaci�n de tarifas; y las contraprestaciones a particulares y extranjeros.

    4. Tal como se desprende del texto del oficio impugnado, la denuncia de catorce de junio de dos mil cinco, en la que se detallan todas y cada una de las irregularidades, form� parte del requerimiento que se le realiz� a la actora y por ello desde entonces ha estado en aptitud de desvirtuar o informar respecto de las irregularidades que se le atribuyen.

    1. Contestaci�n de la C�mara de Diputados respecto de las pretensiones manifestadas por el poder actor.

  6. De la lectura de la demanda se desprende que la parte actora no reclama pretensi�n alguna a la C�mara de Diputados, pues si bien es cierto que seg�n los art�culos 74 y 79 de la Constituci�n, la C�mara de Diputados realiza la revisi�n de la cuenta p�blica apoy�ndose en la entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n, el Constituyente Permanente dot� a dicha entidad de autonom�a t�cnica y de gesti�n.

  7. Como consecuencia de esa autonom�a, independientemente del procedimiento ordinario de revisi�n y fiscalizaci�n de la cuenta p�blica, a que se refieren los art�culos 74, fracci�n IV, cuarto p�rrafo y 79, fracci�n I, tercer p�rrafo, de la Constituci�n, el Constituyente Permanente le concedi� a la auditor�a atribuciones para llevar a cabo un procedimiento extraordinario especial que en el art�culo 79, fracci�n I, p�rrafo tercero, de la Constituci�n y en el t�tulo cuarto de la Ley de F.�n se denominan"revisiones de situaciones excepcionales".

  8. As�, se trata de dos procedimientos distintos: 1) el procedimiento de revisi�n anual de la cuenta p�blica, de car�cter regular y permanente regido por un principio de anualidad, y 2) el procedimiento de revisi�n de situaciones excepcionales, de car�cter excepcional para los casos en que se denuncian circunstancias de las que pueda suponerse, fundadamente el presunto manejo, aplicaci�n o custodia irregular de los recursos p�blicos federales o de su desv�o.

  9. Por tratarse de procedimientos distintos, a la "revisi�n de situaciones excepcionales", no le son aplicables las formalidades y t�rminos del procedimiento de la revisi�n de la cuenta p�blica.

  10. Los actos impugnados derivan del ejercicio de la facultad constitucional de la auditor�a de formular requerimientos de revisi�n de situaciones excepcionales consagrada en el art�culo 79, fracci�n I, p�rrafo tercero de la Constituci�n, por lo que al no haberlos emitido la C�mara de Diputados, �stos le resultan ajenos.

  11. No obstante lo anterior, la pretensi�n de la parte actora de que se declare la invalidez constitucional de los actos reclamados resulta improcedente pues:

    1. La emisi�n del requerimiento de revisi�n e informe de situaci�n excepcional contenido en el oficio n�mero OASF/1565/05, se ajusta a lo establecido en los art�culos 14, 16, 49, 74, 79, 89, fracci�n I, 90, 128 y 133 de la Constituci�n y a los art�culos 36 a 44 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n; por lo que no se invade la esfera constitucional de competencia de la parte actora.

    2. Respecto a la supuesta obligaci�n contenida en el requerimiento impugnado en el sentido de tener que instruir procesos de revisi�n y sanci�n sobre la legalidad de actos que fueron emitidos por la Comisi�n R. de Energ�a y otras dependencias del Poder Ejecutivo, la obligaci�n de realizar la revisi�n de situaci�n excepcional no deriva del contenido del oficio impugnado, sino de lo dispuesto por los art�culos 79, fracci�n I, p�rrafo tercero, de la Constituci�n y 37 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, por lo que la auditor�a actu� en cumplimiento a dichos preceptos.

    3. Respecto de los efectos y consecuencias que de manera directa derivan del requerimiento cuya invalidez se demanda, particularmente el consistente en la inminente imposici�n de sanciones y fincamiento de responsabilidades, los mismos no existen, ya que si bien es cierto que trat�ndose de revisiones de situaciones excepcionales las facultades de la auditor�a tienen car�cter imperativo y los art�culos 40, 41 y 42 de la Ley de F.�n la facultan para fincar responsabilidades e imponer multas, en el caso, la revisi�n de situaci�n excepcional no ha concluido con el fincamiento de responsabilidades, sino que se encuentra en sus etapas iniciales.

    1. Contestaciones coincidentes de la A.�a Superior de la Federaci�n y de la C�mara de Diputados respecto del fondo del asunto. Coincidentemente, tanto la A.�a Superior de la Federaci�n como la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n, al rendir sus respectivas contestaciones de demanda se�alaron, esencialmente, lo siguiente:

  12. Son infundados los conceptos de invalidez marcados como primero y segundo, ya que el requerimiento contenido en el oficio OASF/1565/05 se emiti� por la A.�a Superior de la Federaci�n en pleno ejercicio de la facultad constitucional de revisi�n de situaciones excepcionales, prevista en el art�culo 79 constitucional, el cual fue producto del procedimiento de reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el treinta de julio de mil novecientos noventa y nueve, estableci�ndose en su art�culo segundo transitorio, que la entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n, iniciar�a el ejercicio de las funciones derivadas de las fracciones I a IV del art�culo 79 de la Constituci�n, a partir de la revisi�n de la cuenta p�blica correspondiente al a�o dos mil uno. De lo que se desprende que en cuanto a las dem�s disposiciones que no se refieren a la revisi�n de la cuenta p�blica, como lo es la revisi�n de situaciones excepcionales, entraron en vigor el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y nueve, tal y como lo prev� el art�culo primero transitorio del decreto.

    En el caso, el acto impugnado se relaciona con la revisi�n de situaciones excepcionales respecto del adecuado manejo de la energ�a el�ctrica que como �rea estrat�gica tiene bajo su control la Comisi�n R. de Energ�a, espec�ficamente lo relativo a los excedentes de energ�a el�ctrica que se venden y generan bajo la protecci�n de doscientos ochenta y tres permisos de generaci�n de energ�a el�ctrica vigentes en el a�o dos mil cinco, que fueron otorgados por la parte actora. A trav�s de ellos, diversos particulares est�n generando excedentes de energ�a el�ctrica que venden como servicio p�blico e incluso la ofrecen como tal para conseguir supuestos "socios", que en realidad son compradores, afectando con ello de manera importante dicha �rea estrat�gica de la econom�a, con lo que se actualizan las facultades conferidas a la entidad de fiscalizaci�n superior en materia de revisi�n de situaciones excepcionales, as� como para el ejercicio de cualquier acci�n que pudiera derivarse del informe requerido a la actora.

    De un an�lisis del procedimiento de reforma constitucional que dio origen a la entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n, as� como de diversos criterios interpretativos como el literal, el sistem�tico, el evolutivo y el m�todo teleol�gico, y a fin de dilucidar la ratio legis del art�culo 79 de la Constituci�n Federal, se concluye que:

    1. El Poder Revisor de la Constituci�n estim� necesaria la creaci�n de una entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n, con atribuciones relacionadas con la fiscalizaci�n de la cuenta p�blica, de revisi�n sobre la gesti�n p�blica gubernamental y de revisi�n de situaciones excepcionales, con la finalidad de perfeccionar la gesti�n gubernamental, combatir la corrupci�n, rindiendo cuentas claras y oportunas al pueblo sobre el manejo, aplicaci�n y custodia adecuada de los recursos p�blicos, garantizando que los mismos est�n siendo utilizados con honestidad, eficiencia y honradez en beneficio de la poblaci�n, recuperando con ello la confianza de los gobernados en las instituciones p�blicas y logrando que la funci�n p�blica sea ejercida con transparencia, lo que se relaciona directamente con la eficacia del derecho fundamental a la informaci�n.

      As�, en virtud de su trascendencia e �ntima relaci�n con la litis del asunto y con la materia de rendici�n de cuentas por parte de los servidores p�blicos, son aplicables las tesis n�meros P.L., de rubro: "GARANT�AS INDIVIDUALES (DERECHO A LA INFORMACI�N). VIOLACI�N GRAVE PREVISTA EN EL SEGUNDO P�RRAFO DEL ART�CULO 97 CONSTITUCIONAL. LA CONFIGURA EL INTENTO DE LOGRAR LA IMPUNIDAD DE LAS AUTORIDADES QUE ACT�AN DENTRO DE UNA CULTURA DEL ENGA�O, DE LA MAQUINACI�N Y DEL OCULTAMIENTO, POR INFRINGIR EL ART�CULO 6o. TAMBI�N CONSTITUCIONAL." y P. XLV/2000, de rubro: "DERECHO A LA INFORMACI�N. LA SUPREMA CORTE INTERPRET� ORIGINALMENTE EL ART�CULO 6o. CONSTITUCIONAL COMO GARANT�A DE PARTIDOS POL�TICOS, AMPLIANDO POSTERIORMENTE ESE CONCEPTO A GARANT�A INDIVIDUAL Y A OBLIGACI�N DEL ESTADO A INFORMAR VERAZMENTE."

      En un Estado democr�tico, regido por una Constituci�n General, no puede afirmarse que los intereses nacionales sean diversos a los de la sociedad, por lo que el derecho a la informaci�n consagrado en el art�culo 6o. constitucional, interpretado en forma arm�nica y sistem�tica con el art�culo 79 constitucional, relativo a las atribuciones conferidas a la entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n en materia de fiscalizaci�n y revisi�n de la cuenta p�blica y de la revisi�n de situaciones excepcionales, �nicamente es respetado mediante la informaci�n veraz y oportuna que garantice la transparencia respecto del manejo, custodia y aplicaci�n de los recursos p�blicos federales.

    2. Un precedente relevante para determinar el alcance de las atribuciones de la entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n en materia de revisi�n de situaciones excepcionales lo constituye el voto concurrente formulado por la Ministra M.B.L.R. en la controversia constitucional 61/2004.

    3. La entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n, en materia de revisi�n de situaciones excepcionales tiene las m�s amplias facultades constitucionales para realizar su cometido, entre ellas, solicitar la informaci�n necesaria para cumplir con sus fines.

    4. La revisi�n de situaciones excepcionales es independiente del procedimiento de revisi�n y fiscalizaci�n superior de la cuenta p�blica y de cualquier otro procedimiento que pudiere derivarse de los resultados obtenidos durante la pr�ctica de las auditor�as.

    5. La revisi�n de situaciones excepcionales no est� sujeta a las reglas generales establecidas para la revisi�n de la cuenta p�blica.

    6. La revisi�n de situaciones excepcionales no est� limitada al principio de anualidad que es propio del procedimiento establecido para la revisi�n de la cuenta p�blica.

    7. Para brindar eficacia a la facultad de revisi�n de situaciones excepcionales, la entidad de fiscalizaci�n superior no tiene un l�mite en el tiempo y el plazo debe considerarse con la prudencia necesaria para hacer frente a esas situaciones.

    8. Los sujetos de fiscalizaci�n deben otorgar las facilidades y los auxilios que requiera la entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n para el ejercicio de sus funciones.

    9. La fiscalizaci�n de la cuenta p�blica a cargo de la C�mara de Diputados con apoyo de la entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n no constituye una prerrogativa del Estado sino una obligaci�n de �ste frente a los gobernados, los cuales tienen el derecho a ser informados del uso y destino de los recursos del Estado, que se han generado a prop�sito de las contribuciones.

    10. La reforma constitucional que cre� la entidad de fiscalizaci�n superior parte del principio de divisi�n de poderes, mediante el cual se asegura a la sociedad que ning�n poder puede traspasar sus l�mites en perjuicio de los derechos fundamentales de los gobernados.

    11. Al igual que la reforma constitucional que dot� a la Suprema Corte de atribuciones propias de un tribunal constitucional, para el control constitucional de los actos del poder p�blico y la protecci�n de los derechos del hombre, la reforma al art�culo 79 constitucional tambi�n busca fortalecer la defensa de la Constituci�n, mediante la revisi�n de situaciones excepcionales.

    12. La tendencia en materia de revisi�n de situaciones excepcionales es ampliar el �mbito de supervisi�n m�s all� de la verificaci�n del apego a la normatividad y las normas contables, hacia una mayor evaluaci�n de la gesti�n y de los resultados.

    13. La fiscalizaci�n superior se enfoca al control de la legalidad, de la regularidad, de la operaci�n financiera y de la gesti�n misma del gobierno y de la administraci�n p�blica.

    14. Se confirieron a la entidad de fiscalizaci�n superior atribuciones de auditor�a a la gesti�n gubernamental m�s all� de la revisi�n de la cuenta p�blica.

    15. Toda la actividad estatal relacionada con la recaudaci�n, manejo, custodia, administraci�n o erogaci�n de fondos y recursos federales est� sometida al control de la entidad fiscalizadora superior, independientemente de que se refleje o no en el presupuesto federal.

    16. El elemento base que se toma en cuenta para la actualizaci�n de las atribuciones de la entidad de fiscalizaci�n superior es que se trate del manejo de recursos p�blicos federales, por lo que en el caso del cobro de porteo implica un da�o, ya que su costo tan bajo ocasiona un perjuicio a la Comisi�n Federal de Electricidad.

    17. El control de la entidad de fiscalizaci�n superior respecto de los poderes de la uni�n y los entes p�blicos federales, no implica subordinaci�n de �stos respecto de aqu�lla, por lo que deben asumir la plena y exclusiva responsabilidad sobre sus actos y omisiones.

    18. La entidad de fiscalizaci�n superior no es una entidad meramente inquisitoria, sino tambi�n de previsi�n, con atribuciones para llevar a cabo una evaluaci�n integral de la actividad p�blica como una medida preventiva.

    19. Una visi�n integral de lo que es el sistema de fiscalizaci�n previsto en la Constituci�n implica la inclusi�n de atribuciones que permitan a la entidad de fiscalizaci�n superior efectuar el se�alamiento oportuno de las transgresiones normativas y las infracciones a los principios de legalidad, rentabilidad, utilidad y racionalidad de recursos p�blicos federales, para poder adoptar las medidas correctivas.

    20. Las actividades del Estado relacionadas con el manejo y custodia de la energ�a el�ctrica como recurso p�blico federal son materia de revisi�n de situaciones excepcionales, en raz�n de que es un �rea estrat�gica para la econom�a y por la afectaci�n que la misma puede sufrir por un manejo inadecuado de los recursos que dispone.

    21. Cuando en una controversia se plantean cuestiones estrechamente relacionadas con el respeto a los derechos fundamentales consagrados en la Constituci�n, debe privilegiarse en todo momento su protecci�n y plena validez.

    22. En el caso de que las autoridades p�blicas asuman ante la sociedad actitudes faltas de �tica, al entregar a la comunidad una informaci�n manipulada, incompleta, condicionada a intereses de grupos o personas, que le vede la posibilidad de conocer la verdad para poder participar libremente en la formaci�n de la voluntad general, incurren en violaci�n grave a las garant�as individuales en t�rminos del art�culo 97 constitucional, segundo p�rrafo, pues su proceder conlleva a considerar que con ellas se pretende incorporar a la vida pol�tica, la cultura del enga�o, de la maquinaci�n y de la ocultaci�n, en lugar de la transparencia para enfrentar la verdad y tomar acciones r�pidas y eficaces para llegar a �sta y hacerla del conocimiento de los gobernados.

    23. Se dot� al legislador secundario con la facultad para establecer cu�les ser�an las condiciones que permitieran a la entidad de fiscalizaci�n superior revisar las situaciones excepcionales.

    24. Se dot� a la A.�a Superior de la Federaci�n de la posibilidad de: a) examinar actos anteriores al ejercicio fiscal en que se aplique la revisi�n; b) solicitar al ente fiscalizado un informe respecto de las actuaciones realizadas en la revisi�n de las irregularidades requeridas, y c) imponer sanciones al ente requerido, en el caso de que no entregue el informe en el t�rmino solicitado.

  13. De igual forma, del an�lisis de los art�culos 36 al 44 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, as� como del procedimiento legislativo que le dio origen, se advierte que:

    1. La auditor�a en las situaciones excepcionales podr� requerir a los sujetos de fiscalizaci�n que revisen los conceptos espec�ficos vinculados de manera directa a las denuncias presentadas.

    2. Los procedimientos de revisiones de situaciones excepcionales son aquellos en los cuales, mediante la existencia de una denuncia debidamente fundada o por ciertas circunstancias permitan suponer el presunto manejo, aplicaci�n o custodia irregular de recursos p�blicos o de su desv�o, de la cual se deduzca que: 1) Exista un da�o patrimonial que afecte a la hacienda p�blica federal o al patrimonio de los entes p�blicos federales, por un monto superior a cien mil veces el salario m�nimo general vigente en el Distrito Federal; 2) Se deduzcan hechos de corrupci�n determinados por autoridad competente; 3) Se afecten �reas estrat�gicas o prioritarias de la econom�a; 4) Se deduzca el riesgo de que se paralice la prestaci�n de servicios p�blicos esenciales para la comunidad, y 5) Se deduzca el desabasto de productos de primera necesidad.

    3. El requerimiento que haga la auditor�a a la entidad fiscalizada deber� aportar indicios probatorios razonables, mediante los cuales se presuma que la irregularidad cometida ocasion� un da�o al Estado en su hacienda p�blica federal o al patrimonio de los entes p�blicos federales.

    4. Las entidades fiscalizadas est�n obligadas a rendir a la auditor�a, en un plazo que no exceda de setenta y cinco d�as, un informe del resultado de sus actuaciones, el cual ser� elaborado por la propia entidad fiscalizada, en el que se informe tambi�n de las sanciones impuestas a los servidores p�blicos involucrados.

    5. En caso de que haya transcurrido el plazo mencionado y la entidad fiscalizada sin causa justificada no presente el informe, la auditor�a proceder� a fincar responsabilidades e impondr� a los servidores responsables una multa de cien a seiscientos d�as de salario m�nimo general vigente en el Distrito Federal; dichas medidas de apremio no liberar�n al infractor de cumplir con las obligaciones o regularizar las situaciones que motivaron las multas.

    6. En caso de que la auditor�a, adem�s de imponer la sanci�n, requiera al infractor nuevamente para que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco d�as, cumpla con lo requerido, y �ste no lo haga, ser� sancionado como reincidente.

    7. Para la imposici�n de multas, la auditor�a oir� al infractor y tomar� en cuenta sus condiciones econ�micas, la gravedad de la infracci�n, as� como su nivel jer�rquico.

    8. El fincamiento de responsabilidades y sanciones no excluye la imposici�n de otras que fueren aplicables a los servidores p�blicos por la A.�a Superior de la Federaci�n.

    9. Las revisiones excepcionales se sujetan a un procedimiento distinto a la revisi�n y fiscalizaci�n de la cuenta p�blica, debido a que en aqu�llas la propia entidad fiscalizada realiza la revisi�n de los rubros que en su caso le se�ale la auditor�a, mientras que en �sta, es la auditor�a quien realiza la revisi�n.

  14. Por ello, el oficio impugnado no contraviene el contenido y el esp�ritu del r�gimen constitucional que rige a la entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n, toda vez que se emiti� en pleno ejercicio de la facultad espec�fica de revisi�n de situaciones excepcionales, prevista en el art�culo 79, fracci�n I, p�rrafo tercero, de la Constituci�n, que expresamente dispone que esa entidad tiene la atribuci�n para que sin perjuicio de los informes a que se refiere el primer p�rrafo de dicha fracci�n, trat�ndose de las situaciones excepcionales que determine la ley, requiera a los sujetos de fiscalizaci�n para que revisen los conceptos que estime pertinentes y le rindan un informe.

  15. Es infundado que la atribuci�n constitucional de revisi�n de situaciones excepcionales se encuentre circunscrita a las reglas generales para la revisi�n de la cuenta p�blica, toda vez que del propio texto del tercer p�rrafo, fracci�n I, del art�culo 79 constitucional, se estableci� un procedimiento excepcional apartado de los principios que rigen la fiscalizaci�n de la cuenta p�blica y se elimin� la revisi�n por parte de la auditor�a, traslad�ndola a los sujetos de fiscalizaci�n, adem�s de que dot� de facultades al legislador secundario para establecer los supuestos para llevar a cabo el requerimiento de revisi�n de situaciones excepcionales.

    Lo anterior es as�, toda vez que del t�tulo cuarto de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, denominado "De la revisi�n de situaciones excepcionales" que abarca del art�culo 36 al 44, se desprenden las formalidades y circunstancias espec�ficas del procedimiento relativo a la revisi�n de situaciones excepcionales, preceptos legales de los que se derivan distintos supuestos para la procedencia de la revisi�n aludida, diferentes plazos para la atenci�n de los requerimientos respectivos, as� como diferentes sanciones.

    La voluntad del autor de la norma fue consignar casos cuyo denominador com�n fuese la realizaci�n de conductas que merecen la emisi�n de un requerimiento del �rgano fiscalizador bajo un mecanismo �gil y con amplias facultades para conminar a los entes p�blicos fiscalizados y servidores p�blicos involucrados, para que rindiera el informe respectivo sobre los hechos denunciados y, en su caso, de las sanciones impuestas, por lo que de ninguna manera se puede interpretar que la revisi�n aludida en el tercer p�rrafo fracci�n I del art�culo 79 constitucional se encuentre ce�ida a la revisi�n de la gesti�n financiera o que se sujete al principio de anualidad que rige �nicamente para la revisi�n de la cuenta p�blica, pues ello implicar�a crear una excepci�n que se debe realizar en los mismos t�rminos y supuestos que en los casos ordinarios, lo que jur�dicamente no tendr�a sentido.

    El principio de anualidad se prev� s�lo respecto de la revisi�n y la fiscalizaci�n de la cuenta p�blica, a excepci�n de lo dispuesto en el art�culo 20, segundo p�rrafo de la citada ley.

    Esto es as�, porque tanto la Constituci�n en sus art�culos 74, fracci�n IV, y 79, fracci�n I, p�rrafo tercero, como la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, en su t�tulo cuarto, armonizan el procedimiento regular de revisi�n de la cuenta p�blica, con el diverso mecanismo legal destinado al tratamiento de las denominadas constitucional y legalmente "situaciones excepcionales", al haberse empleado la palabra "sin perjuicio de los informes a que se refiere el primer p�rrafo de esta fracci�n", expresiones m�s que elocuentes de la exclusi�n del tratamiento ortodoxo u ordinario, que el legislador quiso que fueren segregadas del procedimiento jur�dico reglamentario de la fiscalizaci�n de la revisi�n de la cuenta p�blica, con la finalidad primordial de abrir la posibilidad de que la entidad de fiscalizaci�n superior indirectamente pueda llevar a cabo revisiones en cualquier momento, sin que se rija por el principio de anualidad.

    En la Constituci�n y en la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n no hay un procedimiento �nico de fiscalizaci�n, sino uno ordinario referido a la revisi�n anual de la cuenta p�blica y otro, extraordinario que emerge para los casos en que se denuncian cualquiera de las circunstancias expresamente previstas en el art�culo 38 de la ley secundaria, de las que pueda suponerse fundadamente, el "presunto manejo, aplicaci�n o custodia regular de los recursos p�blicos federales o de su desv�o".

    Los permisos de generaci�n de energ�a el�ctrica s� tienen que ver con la gesti�n financiera de la Comisi�n R. de Energ�a, porque derivan en el manejo, custodia y aplicaci�n de los ingresos, egresos y de los recursos p�blicos, y est�n sujetos a objetivos contenidos en los programas federales aprobados, circunstancia que se demuestra con los informes que de las cuentas p�blicas correspondientes a los ejercicios fiscales dos mil, dos mil dos, dos mil tres y dos mil cuatro, ha rendido la Comisi�n R. de Energ�a a trav�s del Ejecutivo Federal, a la C�mara de Diputados.

    Adem�s, el Ejecutivo Federal, al presentar la cuenta p�blica, present� a la C�mara de Diputados el Tomo XI denominado Banco de Informaci�n, en el cual a fojas 173 y 182, report� el formato que denomina "Ejercicio program�tico econ�mico financiero del gasto programable devengado" correspondiente a la Secretar�a de Energ�a, quien en el apartado denominado C.�as Program�ticas incluy� el rubro de Procesos y Proyectos (P002) relativo al otorgamiento y regulaci�n de permisos de generaci�n (modalidad de autoabastecimiento, cogeneraci�n, producci�n independiente, peque�a producci�n y exportaci�n) e importaci�n de energ�a el�ctrica, por parte de la Comisi�n R. de Energ�a, formato que en los apartados de gasto corriente y de gasto de capital informa el porcentaje de ejercicio presupuestal, lo que evidencia que los permisos de generaci�n de energ�a el�ctrica se reflejen directamente con la gesti�n financiera del Ejecutivo Federal.

    Desafortunadamente, en la controversia constitucional 61/2004, los Ministros de la Suprema Corte no tuvieron a la vista esta informaci�n, y no la pudieron apreciar como evidencia, por lo que resolvieron que los permisos de generaci�n de energ�a el�ctrica no se relacionaban con la gesti�n financiera de la citada comisi�n.

    En raz�n de lo anterior, los permisos de generaci�n de energ�a el�ctrica; el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los permisos; la fijaci�n de tarifas; y las contraprestaciones a particulares y extranjeros, son actividades de la Comisi�n R. de Energ�a vinculadas a su gesti�n financiera. Por ende, pueden ser materia de la revisi�n ordinaria de la cuenta p�blica; la parte actora trata de incorporar el concepto de gesti�n financiera a la revisi�n de situaciones excepcionales, sin raz�n alguna, para buscar que el M�ximo Tribunal aplique dicho concepto en los t�rminos tratados en la controversia constitucional 61/2004, lo cual es improcedente, ya que en el art�culo 36 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n el legislador s�lo se refiere al presunto manejo, aplicaci�n o custodia irregular de recursos p�blicos federales o su desv�o.

    En esa tesitura, el acto impugnado no excede las atribuciones constitucionales y legales que tiene la auditor�a para requerir la revisi�n de las circunstancias especificadas en la denuncia que dio origen al requerimiento de revisi�n de situaci�n excepcional y, en consecuencia, la Comisi�n R. de Energ�a est� obligada a realizar la revisi�n ordenada y a entregar el informe requerido.

  16. La auditor�a cuenta con facultades para requerir la revisi�n sobre el otorgamiento de permisos de generaci�n de energ�a el�ctrica, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los permisos en relaci�n a la fijaci�n de tarifas y las contraprestaciones a permisionarios, ya que la generaci�n de energ�a el�ctrica para el servicio p�blico es un �rea estrat�gica del sector p�blico, respecto de la que no se otorgar�n concesiones, por lo que el otorgamiento de permisos, en contravenci�n a los art�culos 25, 27 y 28 de la Constituci�n, puede llegar a generar un da�o al Estado en su hacienda p�blica federal o del patrimonio de los entes federales.

  17. El objeto de los contratos cuya revisi�n se solicita en la denuncia de catorce de junio de dos mil cinco es la generaci�n de energ�a el�ctrica, �rea estrat�gica para la econom�a de la naci�n y, por ende, la denuncia de irregularidades en el manejo de dicho recurso, presumi�ndose un da�o al Estado en su hacienda p�blica federal o al patrimonio de los entes p�blicos federales es suficiente para actualizar la atribuci�n desplegada con el oficio impugnado, sin que tal requerimiento implique obligar a la entidad requerida a realizar revisiones de la legalidad de los permisos de generaci�n de energ�a el�ctrica, sino que se le requiere la revisi�n de los conceptos espec�ficos vinculados con la denuncia como lo regula el legislador; adem�s, en la denuncia mencionada se detallan con precisi�n las irregularidades atribuidas al Ejecutivo Federal por el inadecuado manejo del recurso federal que tiene encomendado a su cargo, entre las cuales se encuentran las siguientes:

    1. La existencia de un comercio ilegal de electricidad simulando sociedades de autoabastecimiento en trece de los permisos otorgados dan cobertura a negocios de generaci�n y venta de energ�a el�ctrica.

    2. Los titulares de los permisos son empresas especializadas en la generaci�n de electricidad; algunas detentan m�s de un permiso de autoabastecimiento; otras disponen de m�s de una central. Casi ninguna aparece como consumidor de la electricidad generada. Son empresas que se dedican a generar grandes cantidades de electricidad para que otros la consuman y su finalidad no es el autoconsumo sino el negocio el�ctrico.

    3. Los propietarios de las centrales simulan ser "socios mayoritarios" y realizan un servicio p�blico no una asociaci�n aut�ntica de autoconsumo.

    4. En m�s de la mitad de los permisos la capacidad de la central aprobada en el permiso excede por mucho la demanda m�xima de los socios iniciales, en un caso en m�s de sesenta veces. Esos permisos desvirt�an la naturaleza jur�dica del autoabastecimiento.

    5. Algunos socios (clientes) participan en varias de las sociedades de autoabastecimiento, es decir, tienen varios proveedores de electricidad, conformando un mercado el�ctrico no previsto ni en la ley ni en la Constituci�n.

    6. La demanda de los futuros socios nunca se especifica en los permisos, lo que demuestra que no es una asociaci�n de autoconsumidores, pues ni se conocen ni se tiene determinada su necesidad ni su excedente legal.

    7. Los socios est�n alejados cientos o miles de kil�metros unos de otros y de la central generadora. La red el�ctrica nacional (CFE y LFC) posibilita las transacciones de compra venta de fluido el�ctrico disfrazadas de transferencias entre "socios". Estas transacciones han proliferado, porque la Comisi�n R. de Energ�a obliga a la Comisi�n Federal de Electricidad a brindar el servicio de transporte de electricidad a precios subsidiados.

    8. La Comisi�n R. de Energ�a concede los permisos con un n�mero reducido de socios iniciales y en funci�n del "marketing" que se haga se incorporan otros m�s. Es decir, primero se integra la empresa generadora y despu�s se buscan los "socios" (clientes) a quien suministrar (vender) la electricidad. El objetivo de estos proyectos no es el autoconsumo, sino la incorporaci�n de clientes ya sea para emplear la capacidad no utilizada por los socios iniciales o para justificar la construcci�n de una nueva central.

    9. La incorporaci�n ilimitada de socios, significa que se prev� que la permisionaria crezca y se fortalezca construyendo m�s centrales y agregando nuevos socios. Las sociedades de autoabastecimiento conformadas como negocios el�ctricos desnaturalizan los permisos de autoabastecimiento, lo cual contraviene la ley.

    10. Los miembros de las sociedades de autoabastecimiento no pagan el aprovechamiento que indica la Ley del Servicio P�blico de Energ�a El�ctrica, a pesar de que utilizan bienes y recursos de la naci�n, como son las corrientes de agua y la red el�ctrica nacional.

    11. La finalidad principal de dos permisos (E/153/AUT/99 y E/155/AUT/99) no es el autoconsumo sino la venta de excedentes a la Comisi�n Federal de Electricidad. Dichos excedentes representan el ochenta y cinco y noventa y cinco por ciento, respectivamente, de la capacidad prevista en esos permisos.

    12. El desarrollo de estas sociedades de autoabastecimiento est� causando da�o patrimonial a la Comisi�n Federal de Electricidad, por ejemplo, en el permiso E/201/AUT/01, el titular, la empresa El�ctrica del Valle de M�xico, instalar� ciento veinte aerogeneradores en el Estado de Oaxaca con una capacidad total de ciento ochenta MW y una producci�n anual de novecientos setenta y cuatro G.. Aprovechar�n el potencial para producir energ�a el�ctrica que se presenta anualmente en esa regi�n. Incorporaron a este proyecto como socios en el autoabastecimiento a ciento veintid�s Municipios y adicionalmente treinta y siete entidades de servicios de agua potable y alcantarillado del Estado de M�xico.

    13. Los due�os del parque de generaci�n ofrecieron a las entidades p�blicas asociadas precios de la electricidad menores en aproximadamente un veinte por ciento respecto de las tarifas de la Comisi�n Federal de Electricidad, en virtud de que recibir�n subsidios por parte de la paraestatal, con lo que se causa un presunto da�o al patrimonio de la Comisi�n Federal de Electricidad.

    14. El precio vigente de la tarifa 5 de alumbrado p�blico es de 1.20 pesos por kWh, lo cual permite a la Comisi�n Federal de Electricidad obtener un remanente muy alto. Como el costo del servicio a ese tipo de consumidores es 0.50 pesos por kWh, el remanente alcanza 0.70 pesos por kWh; esto representa un beneficio equivalente a seiscientos ochenta millones de pesos anuales. Para los inversionistas el costo ser� de 0.64 pesos por kWh y tendr�an un remanente de 0.56 pesos por kWh, para integrar quinientos cuarenta y seis millones de pesos por a�o. Es obvio que el permisionario est� prestando un servicio p�blico que est� prohibido para los particulares y reservado al Estado.

    15. Las tarifas de transmisi�n de la Uni�n Europea corresponden a l�neas que operan en voltajes de 220 KV o superior, y puede apreciarse que aun con utilizaci�n de ocho mil setecientos sesenta horas por a�o, las tarifas medias europeas son tres veces mayores que las que se han estado aplicando en M�xico. La mayor�a de ciento cinco usuarios industriales comprendidos en estos proyectos de autoabasto y cogeneraci�n es alimentada por la Comisi�n Federal de Electricidad en 110 y 13.8 KV y, por tanto, las tarifas de porteo deber�an ser mayores, con lo que se causa un presunto da�o a la Comisi�n Federal de Electricidad por dos mil seiscientos ochenta y cinco millones de pesos anuales, consider�ndose s�lo catorce permisos de autoabastecimiento y cogeneraci�n.

    16. Para evaluar las cantidades que deben pagarse, de los catorce permisos m�s importantes de autoabastecimiento y cogeneraci�n, se concluye que �stos pagar�n mil noventa millones de pesos por el servicio de transmisi�n, cuando en realidad deber�an pagar tres mil setecientos setenta y cinco millones de pesos por a�o. La p�rdida para la Comisi�n Federal de Electricidad asciende a dos mil seiscientos ochenta y cinco millones de pesos anuales, excediendo el da�o patrimonial previsto en el art�culo 38 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n.

    17. Las tarifas de porteo y respaldo que la Comisi�n Federal de Electricidad aplica por instrucciones de la Comisi�n R. de Energ�a est�n muy por debajo de su precio real, lo cual representa un subsidio impl�cito que no est� contemplado en el presupuesto de egresos de la Federaci�n.

    18. La finalidad principal de algunos de esos permisos no es el autoconsumo sino la venta de excedentes a la Comisi�n Federal de Electricidad, sin que haya un control y manejo adecuado con relaci�n a la generaci�n de los excedentes generados por los particulares.

    19. La falta de control y manejo de los excedentes que generan los particulares protegi�ndose en los permisos de autoconsumo y cogeneraci�n, aumenta por el hecho de que los permisionarios se "asocian" a grandes industrias, comercios, servicios, gobiernos y personas f�sicas, para generar la energ�a el�ctrica que consumen, lo que pone de manifiesto que el objetivo fundamental de esos permisos no sea la satisfacci�n de necesidades individuales sino colectivas, es decir, la venta de electricidad y no el autoconsumo.

    20. Las consecuencias de la falta de control y manejo de la energ�a el�ctrica son que algunas sociedades de autoabastecimiento brinden un servicio p�blico paralelo al que prev� la Constituci�n Federal.

    21. La reducci�n de sus ingresos por fuga de sus principales clientes, el incremento de sus costos fijos y los subsidios impl�citos en las tarifas de porteo y respaldo, ponen en riesgo la viabilidad financiera de un organismo p�blico con una tarea constitucional.

    22. Establecen tarifas de porteo y respaldo subsidiadas, afectando con ello las finanzas de la Comisi�n Federal de Electricidad y la capacidad del organismo p�blico para atender a otros usuarios.

  18. As�, no se invade la esfera de competencia constitucional del Poder Ejecutivo Federal, siendo completamente infundado que mediante tales actos se pretenda revisar la legalidad de los permisos para la generaci�n de energ�a, ya que la emisi�n y la revisi�n del informe del resultado de sus actuaciones corresponde a la propia entidad fiscalizada.

  19. Respecto del tercer concepto de invalidez, debe decirse que con la emisi�n del acto impugnado no se viola el principio de irretroactividad de la ley, ya que la revisi�n de la auditor�a versa exclusivamente sobre el manejo y custodia que la comisi�n fiscalizada est� llevando actualmente respecto de la ejecuci�n de los objetos materia de los permisos de generaci�n de energ�a que contin�an vigentes y siguen surtiendo sus efectos y produciendo consecuencias por tratarse de actos administrativos de tracto sucesivo.

    Adem�s, en dicho requerimiento, la auditor�a no pretende calificar y regular actos jur�dicos-administrativos, sino que �nicamente ha requerido la realizaci�n de una revisi�n de las irregularidades denunciadas que se han suscitado y que se siguen produciendo por su falta de manejo e inadecuado control en los permisos de generaci�n de energ�a el�ctrica, es decir, no solicit� la revisi�n de actos que tuvieron lugar en ejercicios anteriores a la vigencia de la Ley de F.�n, sino de actos que no se agotan con su emisi�n sino que permanecen en el tiempo con todas sus consecuencias jur�dicas para el Estado y los gobernados.

    Adem�s, de los permisos de generaci�n de energ�a el�ctrica que pretenden revisarse, hasta el dos mil cinco, siguen vigentes doscientos ochenta y tres, mismos que siguen surtiendo sus efectos y generando consecuencias a�o con a�o, siendo claro que las atribuciones conferidas a la auditor�a se dirigen principalmente a evitar los da�os que est� sufriendo el Estado en su hacienda p�blica federal o el patrimonio de los entes p�blicos federales, as� como la afectaci�n de un �rea estrat�gica fundamental para la econom�a de la naci�n.

  20. En cuanto al cuarto y quinto conceptos de invalidez en los que el actor aduce falta de fundamentaci�n y motivaci�n del requerimiento de revisi�n de situaciones excepcionales contenido en el oficio n�mero OASF/1565/05, de doce de octubre de dos mil cinco, se trata de apreciaciones subjetivas y cuestiones de mera legalidad que no implican violaciones a la Constituci�n que puedan ser estudiadas en controversia constitucional.

    Si bien el M�ximo Tribunal ha determinado la procedencia en controversia constitucional de conceptos de invalidez donde se planteen violaciones a los art�culos 14 y 16 constitucionales, no todo argumento resulta procedente para acarrear la invalidez constitucional de los actos reclamados, pues para ello es indispensable que se violente indirectamente la Constituci�n y que con ello se vea afectado el federalismo y el principio de divisi�n de poderes.

    Aunque la Suprema Corte decida estudiar esos conceptos de invalidez, las argumentaciones de la actora resultan infundadas, pues:

    1. No son ciertas las argumentaciones de la actora, pues considera una supuesta violaci�n al principio de legalidad, en la que alega una inadecuada interpretaci�n y aplicaci�n del art�culo 36 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n y una falta de fundamentaci�n en el acto cuya invalidez demanda, lo cual es materia de estudio de los recursos ordinarios regulados en esa ley y, supletoriamente, en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. La parte actora debi� ejercitarlos, y al no hacerlo as�, debe declararse improcedente la presente controversia constitucional, por actualizarse el supuesto previsto en la fracci�n VI del art�culo 19 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

    2. Tanto el requerimiento combatido como sus anexos est�n debidamente fundados y motivados ya que la auditor�a en pleno ejercicio de la facultad espec�fica de revisi�n de situaciones excepcionales que le otorgan los art�culos 79, fracci�n I, tercer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 36, 37, 38, incisos a) y c), 39 y 40 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, indic� que dicho requerimiento se llev� a cabo en raz�n de la denuncia de catorce de junio de dos mil cinco, la cual consider� debidamente fundada, ya que de la misma se desprenden circunstancias de las que puede presumirse un da�o al Estado en su hacienda p�blica federal o al patrimonio de los entes p�blicos federales, la afectaci�n de un �rea estrat�gica de la econom�a y un da�o que resulta superior a cien mil veces el salario m�nimo general vigente en el Distrito Federal, y como fundamento para ello se se�alaron los preceptos constitucionales y legales e inclusive los del Reglamento Interior de la A.�a Superior de la Federaci�n.

    3. En el texto del oficio de requerimiento la parte demandada incorpor� la transcripci�n de los argumentos de la denuncia, que a su juicio resultan relevantes para sustentar la procedencia de la revisi�n de situaci�n excepcional, aunado a que el propio actor reconoce haber tenido conocimiento del texto de la denuncia en el mismo acto en el que fue notificado el oficio n�mero OASF/1565/05 de doce de octubre de dos mil cinco, por lo que es incuestionable que estuvo en todo momento en aptitud de llevar a cabo la revisi�n de los conceptos requeridos, que constitucional y legalmente est� obligado a entregar dentro del plazo que le fue concedido.

    4. La totalidad de los razonamientos que hace valer el demandante se dirigen a se�alar supuestas violaciones procedimentales, por indebida aplicaci�n e interpretaci�n del art�culo 36 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n y por la falta de fundamentaci�n y motivaci�n en el oficio impugnado, sin que de ninguna de las violaciones alegadas pueda advertirse una invasi�n a su esfera de competencia.

  21. Es infundado el sexto concepto de invalidez, toda vez que del an�lisis del marco jur�dico que impera en la materia, se evidencia que la A.�a Superior de la Federaci�n s� tiene atribuciones para requerir la informaci�n solicitada en t�rminos del art�culo 37 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, en raz�n de lo siguiente:

    1. D. tercer p�rrafo de la fracci�n I del art�culo 79 de la Constituci�n, se advierte que el �rgano fiscalizador tiene la facultad de requerir la revisi�n de situaciones excepcionales que determine la ley a los sujetos de fiscalizaci�n y le rindan un informe. Si estos requerimientos no fueran atendidos, entonces se podr� dar lugar al fincamiento de las responsabilidades e imposici�n de multas a los servidores p�blicos que correspondan.

    2. Conforme a lo anterior, es claro que se dot� de facultades al legislador secundario para regular los plazos y formas conforme a los cuales se pueda llevar a cabo el requerimiento de revisi�n de situaciones excepcionales. As�, el legislador estableci� la revisi�n de situaciones excepcionales en los art�culos 36 al 44 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, se�alando que tal procedimiento se llevar� a cabo cuando se presenten denuncias debidamente fundadas o por otras circunstancias que lleven a suponer el irregular manejo, aplicaci�n o custodia de recursos p�blicos federales, o su desv�o, considerando tanto los ingresos o egresos a cargo del Estado mexicano.

    3. Dicho procedimiento inicia con el requerimiento que la A.�a Superior de la Federaci�n haga a las entidades fiscalizadas, en el que se�ale las revisiones de conceptos espec�ficos vinculados de manera directa a las denuncias presentadas, ordenando que a partir de la recepci�n del requerimiento, las entidades fiscalizadas rendir�n en un plazo que no exceder� de setenta y cinco d�as su informe del resultado de sus actuaciones y, en su caso, de las sanciones que se hubieren impuesto o a que se hubieren hecho acreedores los servidores p�blicos involucrados y que para el caso de que la entidad fiscalizada no presente el informe referido, la A.�a Superior de la Federaci�n proceder� a fincar las responsabilidades e imponer las multas correspondientes.

    1. Causas de improcedencia que hacen valer tanto la A.�a Superior de la Federaci�n como la C�mara de Diputados. Coincidentemente, tanto el presidente de la Mesa Directiva de la C�mara de Diputados como la A.�a Superior de la Federaci�n al rendir sus respectivas contestaciones a la demanda tambi�n manifestaron, en s�ntesis, lo siguiente:

  22. En el caso no se agot� la v�a legalmente prevista para la soluci�n del conflicto, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracci�n VI del art�culo 19 de la ley reglamentaria de la materia.

    Lo anterior, porque el legislador ordinario estableci� en el art�culo 39 de la ley reglamentaria de la materia, que la Suprema Corte, al dictar sentencia en las controversias constitucionales, debe examinar en su conjunto los razonamientos de las partes para precisar la cuesti�n efectivamente planteada, pues la actuaci�n de dicho tribunal debe ce�irse a resolver cuestiones que impliquen violaci�n en la esfera constitucional de competencia de las partes, garantizando el federalismo y la supremac�a constitucional.

    En ese orden de ideas, la cuesti�n efectivamente planteada por la parte actora es que la auditor�a aplic� e interpret� indebidamente el art�culo 36 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, lo cual se traduce en un tema de mera legalidad que hace improcedente la controversia constitucional, pues no se debe pasar por alto que el Poder Legislativo, en estricto cumplimiento a su obligaci�n de respetar la garant�a de audiencia en las normas generales que expide, estableci� los procedimientos, recursos y medios de defensa necesarios para que se oyera a los interesados afectados por los actos de la auditor�a en la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n y en su caso en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo por ser de aplicaci�n supletoria, seg�n su art�culo 6o.

    En los art�culos 59 a 62 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, el legislador estableci� que las resoluciones de la auditor�a deben combatirse a trav�s de la reconsideraci�n que se promueve ante la misma entidad de fiscalizaci�n, o bien, por medio del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; asimismo, en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo el legislador estableci�, entre otras cosas, los elementos y requisitos de los actos administrativos, as� como los supuestos para su nulidad o anulabilidad. El Ejecutivo Federal actor omiti� agotar los medios de defensa que las leyes secundarias establecen antes de iniciar la controversia constitucional, con lo que violent� el principio de definitividad.

    No es obst�culo para lo anterior el criterio de la Suprema Corte en el sentido de que el control de la regularidad constitucional que tiene a su cargo le autoriza el examen de todo tipo de violaciones a la Constituci�n, pues a �sta y al orden jur�dico que de ella emana est� sujeta su actuaci�n. En tal virtud, si el legislador estableci� claramente los recursos, procedimientos y medios de defensa para combatir los actos impugnados y la Suprema Corte debe sobreseer en la controversia al no haberse agotado la v�a legalmente prevista para la soluci�n del propio conflicto, tal y como lo sostiene la jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO O, SI HABI�NDOLO HECHO, EST� PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCI�N RESPECTIVA."

    Independientemente de lo anterior, tambi�n se actualiza la causa de improcedencia mencionada en virtud de que el principio de definitividad no s�lo se refiere a los recursos o medios de defensa que deban agotarse previamente a la controversia, sino que tambi�n comprende aquellos procedimientos que, una vez iniciados, se encuentren pendientes de resoluci�n ante alguna otra autoridad.

    En efecto, s� existe un procedimiento ya iniciado pero que se encuentra en tr�mite o pendiente de resoluci�n, en el que la cuesti�n debatida constituye tambi�n la materia de la controversia constitucional, ya que por su estado procesal no existe determinaci�n o resoluci�n definitiva sobre dicho conflicto, entonces la controversia resulta improcedente precisamente por no haberse agotado o concluido, criterio que fue sostenido por el M�ximo Tribunal al resolver la controversia constitucional 32/97, promovida por el Ayuntamiento del Municipio de Valle de Bravo, Estado de M�xico.

    En el caso, el oficio impugnado constituye simplemente el inicio del procedimiento de revisi�n de situaciones excepcionales, por lo que no es un acto definitivo que pueda impugnarse a trav�s de la controversia constitucional, tal y como se desprende de la interpretaci�n arm�nica y sistem�tica de los art�culos 36 a 44 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n. Esto se robustece con la tesis del Pleno de la Suprema Corte, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE LA SOLICITUD, AISLADAMENTE CONSIDERADA, QUE PRESENTA EL GOBERNADOR A LA LEGISLATURA PARA QUE SE REVOQUE EL MANDATO DE UN PRESIDENTE MUNICIPAL (ESTADO DE M�XICO)."

    No es obst�culo para lo anterior que el actor alegue que el oficio impugnado contiene alg�n apercibimiento, pues la obligaci�n de rendir el informe no deriva del oficio, sino de lo dispuesto por el art�culo 37 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, por lo que el apercibimiento que pudiera contener el oficio impugnado no constituye un acto de molestia que origine la procedencia de la controversia constitucional, siendo aplicable, por analog�a, la tesis de la Octava �poca de instancia Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro: "APERCIBIMIENTO. DISTINCI�N ENTRE EL APERCIBIMIENTO COMO ACTO DE MOLESTIA Y EL APERCIBIMIENTO COMO SIMPLE ADVERTENCIA O INFORMACI�N DE OBLIGACIONES QUE IMPONE LA LEY A LOS CONTRIBUYENTES.". Asimismo, es aplicable la tesis de la Segunda Sala de rubro: "MEDIDAS DE APREMIO. EL REQUERIMIENTO, CON APERCIBIMIENTO GEN�RICO DE IMPONERLAS, ES ACTO DE APLICACI�N DE LA LEY RECLAMADA, QUE NO AFECTA EL INTER�S JUR�DICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO."

  23. Se actualiza otra causa de improcedencia relativa a la falta de inter�s leg�timo de la parte actora para promover la presente controversia constitucional, pues la cuesti�n efectivamente planteada es que la auditor�a aplic� e interpret� indebidamente el art�culo 36 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, al formular el requerimiento impugnado; sin embargo, el citado requerimiento no origina el inter�s jur�dico necesario para que el Poder Ejecutivo Federal promueva esta controversia constitucional.

    El inter�s jur�dico en la controversia constitucional se actualiza cuando la conducta de la autoridad demandada sea susceptible de causar perjuicio a la parte actora, afectando su esfera constitucional de competencia, siendo aplicable la tesis del Pleno de esta Alto Tribunal de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTER�S LEG�TIMO PARA PROMOVERLA."

    Asimismo, los entes, poderes y �rganos se�alados en el art�culo 105, fracci�n I, de la Constituci�n, para estar en posibilidad de acceder a la controversia constitucional y ser parte en ella requieren un inter�s constitucional que consta de tres elementos:

    1. Que exista una violaci�n a la Constituci�n Federal, quedando al margen de tramitarse por esta v�a las violaciones a leyes federales.

    2. Que esa violaci�n sea atribuible a uno de los �rganos se�alados en el art�culo 105, fracci�n I, de la Ley Fundamental, y que �sta sea en perjuicio de uno o varios �rganos de los se�alados en el mismo art�culo constitucional.

    3. Que la norma o acto, adem�s de ser violatorio de la Constituci�n, lesione el campo de acci�n de quien demande o invada el �mbito competencial que constitucionalmente le corresponde.

    Entonces, el juicio constitucional que se intenta es improcedente, puesto que el actor no alega una violaci�n directa o indirecta a la Constituci�n que lesione su �mbito competencial, ya que reconoce que la auditor�a cuenta con la facultad constitucional de realizar requerimientos de revisi�n de situaciones excepcionales, y lo �nico que alega es que se hizo una indebida interpretaci�n del art�culo 36 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n.

    Por lo que respecta al supuesto fincamiento de responsabilidades que trae consigo el requerimiento impugnado, no debe perderse de vista que si bien trat�ndose de revisiones de situaciones excepcionales las facultades de la auditor�a tienen car�cter imperativo y los art�culos 40, 41 y 42 de la Ley de F.�n la facultan para fincar responsabilidades e imponer multas, en el caso, la revisi�n de situaciones excepcionales no ha concluido con el fincamiento de responsabilidades, sino que exclusivamente se encuentra en sus etapas iniciales.

    Debe advertirse que el art�culo 40 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n condiciona el fincamiento de responsabilidades y la imposici�n de una multa por parte de la auditor�a para el caso en que una vez transcurrido el plazo se�alado en el art�culo 37 de dicha ley, la entidad fiscalizada, sin causa justificada, no presente el informe del resultado de sus actuaciones y, en su caso, de las sanciones que se hubieren impuesto o a que se hubieren hecho acreedores los servidores p�blicos involucrados.

    En tal virtud, pareciera que el Ejecutivo Federal confiesa que sin causa justificada, la Comisi�n R. de Energ�a no va a presentar el informe y que por consiguiente la auditor�a va a terminar fincando responsabilidades y por ello acude a la controversia constitucional para evitarlo.

    Aun suponiendo sin conceder que la revisi�n de situaci�n excepcional implicara el inminente fincamiento de responsabilidades, ese hecho no le otorga el inter�s leg�timo al Poder Ejecutivo para promover la presente controversia, ya que ni en ese supuesto se producir�a una violaci�n en su esfera constitucional de competencia, pues el fincamiento de responsabilidades estar�a dirigido a los servidores p�blicos, no a dicho poder, y aqu�llos tienen a su alcance los medios de defensa establecidos en la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n para combatir los actos de la auditor�a.

    Lo que pretende la parte actora es pasar por alto lo dispuesto en el art�culo 79, fracci�n I, p�rrafo tercero, de la Constituci�n, respecto de la facultad de la entidad de fiscalizaci�n superior para realizar revisiones de situaciones excepcionales, no obstante que se colman todos y cada uno de los extremos previstos por el art�culo 36 en relaci�n con incisos a) y c) del art�culo 38 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, al presumirse un da�o patrimonial a la Comisi�n Federal de Electricidad y a la Compa��a de Luz y Fuerza del Centro, as� como la afectaci�n de un �rea estrat�gica para la econom�a del pa�s, siendo aplicable la tesis del Pleno del Alto Tribunal de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTER�S LEG�TIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DE FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCI�N."

    De esta forma, al no tener inter�s leg�timo la parte actora para demandar la invalidez de la revisi�n de situaci�n excepcional, de conformidad con los art�culos 1o., 19, fracci�n VIII y 20, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la materia, debe declararse el sobreseimiento de la controversia constitucional.

    Finalmente, se solicita la suplencia de la deficiencia de la contestaci�n de la demanda, lo que se apoya en la tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EN ELLA NO ES POSIBLE JUR�DICAMENTE CONSIDERAR DEFICIENTES LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ PLANTEADOS."

S�PTIMO

O.�n del procurador general de la Rep�blica. El procurador general de la Rep�blica al formular su opini�n manifest� sustancialmente que:

  1. La Suprema Corte es competente para conocer del presente asunto; quien promueve la demanda cuenta con legitimaci�n para hacerlo, la cual fue presentada oportunamente.

  2. En relaci�n con las causas de improcedencia que hicieron valer las autoridades demandadas:

    1. Es fundado que el requerimiento contenido en el oficio impugnado constituye simplemente el inicio del procedimiento de revisi�n de situaciones excepcionales, por lo que no es un acto definitivo que pueda impugnarse a trav�s de la controversia constitucional, ya que la Suprema Corte ha sustentado que la causa de improcedencia prevista en la fracci�n VI del art�culo 19 de la ley reglamentaria de la materia, en el sentido de que las controversias constitucionales son improcedentes cuando no se haya agotado la v�a legalmente prevista para la soluci�n del conflicto, implica un principio de definitividad, seg�n la tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO O, SI HABI�NDOLO HECHO, EST� PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCI�N RESPECTIVA."

      El acto impugnado se emiti� dentro de un procedimiento que no est� concluido, en el que la cuesti�n debatida es precisamente la materia propia de la controversia constitucional. El actor estaba obligado a esperar a que el citado procedimiento se sustanciara en todas sus etapas, para que procediera la presente controversia, m�xime si el acto combatido no impone sanciones o fincamiento de responsabilidades de las que se pudiera deducir un principio de afectaci�n a su esfera de facultades.

      Luego de hacer un an�lisis del procedimiento de fiscalizaci�n que efect�a la auditor�a y de la figura de situaci�n excepcional, se concluye que no se est� en presencia de un acto definitivo, pues la auditor�a est� en posibilidad de imponer sanciones hasta que agota el procedimiento de fiscalizaci�n superior, el cual solamente se puede iniciar cuando se trate de procesos concluidos (art�culo 2o., fracci�n X, de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n) o cuando ya se haya entregado la cuenta p�blica respectiva.

      Ello se robustece si se considera que, de lo contrario, se dar�a lugar a que se promoviera juicio en contra de cada uno de los actos de ese tipo de procedimientos, lo que desnaturalizar�a su esencia como v�a uniinstancial y desvirtuar�a el car�cter de la Suprema Corte como el �nico tribunal facultado para resolver sobre la constitucionalidad de actos definitivos de las entidades, poderes u �rganos a que se refiere el art�culo 105, fracci�n I de la Constituci�n, siendo aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE LA SOLICITUD, AISLADAMENTE CONSIDERADA, QUE PRESENTA EL GOBERNADOR A LA LEGISLATURA PARA QUE SE REVOQUE EL MANDATO DE UN PRESIDENTE MUNICIPAL (ESTADO DE M�XICO)."

      En esas condiciones, con fundamento en la fracci�n II del art�culo 20 de la ley reglamentaria de la materia, procede sobreseer la controversia constitucional.

    2. En relaci�n con la actualizaci�n de la causa de improcedencia prevista en la fracci�n VI del art�culo 19 de la ley reglamentaria de la materia, en el sentido de que el poder actor pod�a combatir el requerimiento impugnado a trav�s del recurso de reconsideraci�n ante la propia entidad de fiscalizaci�n o el juicio de nulidad tramitado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, debe se�alarse que ese recurso s�lo procede contra las sanciones y dem�s resoluciones que emita la auditor�a que afecten directamente a servidores p�blicos o particulares, por lo que no es un medio de defensa que pueda promoverse a nivel de entes fiscalizadas, adem�s de que en el caso se plantea la violaci�n a disposiciones constitucionales del orden federal, y la entidad de fiscalizaci�n no cuenta con facultades para pronunciarse sobre cuestiones, que son competencia exclusiva de la Suprema Corte, tal y como se dispone en la jurisprudencia P./J. 136/2001, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA V�A PREVISTA EN LA LEGISLACI�N LOCAL S�LO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCI�N FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESI�N SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACI�N A NORMAS LOCALES."

      Por lo que respecta al juicio de nulidad, tampoco es el medio id�neo para combatir la validez del requerimiento impugnado, ya que en el mismo la auditor�a no finca responsabilidad resarcitoria ni impone sanci�n alguna, por lo que no se actualiza la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mismo que tampoco se encuentra facultado para conocer del planteamiento de inconstitucionalidad.

      Por otra parte, es infundada la aseveraci�n de la C�mara de Diputados en cuanto se�ala que la Ley Federal del Procedimiento Administrativo establece los elementos y requisitos de los actos administrativos, as� como los supuestos para su nulidad o anulabilidad, pues la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n no establece que respecto de las determinaciones de la auditor�a pueda declararse su nulidad o anulabilidad, para estar en aptitud de que, en el caso de la regulaci�n de la citada ley sea insuficiente, se puedan aplicar de manera supletoria las disposiciones de la ley citada en primer t�rmino.

    3. Debe desestimarse lo aducido por la parte demandada, en el sentido de que la controversia es improcedente porque la cuesti�n efectivamente planteada por el actor es que la auditor�a aplic� e interpret� indebidamente el art�culo 36 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, ya que esos argumentos ata�en al fondo del asunto, siendo aplicable la tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBER� DESESTIMARSE."

  3. Relacionado con los conceptos de invalidez que hizo valer la parte actora, debe decirse que:

    1. El Poder Ejecutivo Federal hizo valer seis conceptos de invalidez en los cuales aduce que el oficio OASF/1565/05 de doce de octubre de dos mil cinco violenta los art�culos 14, 16, 49, 74, 79, 89, fracci�n I, 90, 128 y 133 de la Constituci�n.

    2. De un estudio de la evoluci�n de las atribuciones conferidas al �rgano encargado de fiscalizar los recursos p�blicos federales desde mil novecientos diecisiete hasta la reforma de mil novecientos noventa y nueve, se concluye que las atribuciones conferidas a la entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n trat�ndose de revisi�n de cuenta p�blica y de revisi�n en situaciones excepcionales tienen por objeto fiscalizar la forma en que se ejercen los recursos p�blicos federales, pero se diferencian porque est�n sujetos a una temporalidad desigual: la primera se refiere a un ejercicio fiscal concluido y la segunda se realiza respecto de procesos no concluidos.

    3. La revisi�n de situaciones excepcionales est� circunscrita a la fiscalizaci�n de la gesti�n del gasto p�blico en un ejercicio corriente; lo que se corrobora de la discusi�n realizada en la C�mara de Diputados en relaci�n a esta nueva atribuci�n de la auditor�a, propuesta en el dictamen con proyecto de decreto que reforma los art�culos 73, 74, 78 y 79 de la Constituci�n Federal, realizado por la Comisi�n de Gobernaci�n y Puntos Constitucionales de la colegisladora, consultable en el Diario de Debates, n�mero 46, a�o II, el catorce de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.

    4. an�lisis del dictamen del proyecto de decreto referido, se evidencia que la intenci�n de la reforma fue dotar de facultades a la auditor�a para fiscalizar el ejercicio de los recursos federales, no s�lo de manera posterior a su gesti�n, sino tambi�n en ejercicios en curso, lo que puede realizarse con motivo del Informe de Avance de Gesti�n Financiera respecto de la primera mitad del a�o fiscal o respecto de denuncias relacionadas con el manejo, aplicaci�n o custodia irregular de fondos p�blicos o su desv�o (revisi�n de situaciones excepcionales).

    5. La atribuci�n conferida por el p�rrafo tercero de la fracci�n I del art�culo 79 constitucional no tiene el alcance pretendido por la A.�a Superior de la Federaci�n, pues no pueden revisarse cuestiones ajenas a la manera en que los entes fiscalizados ejercen los recursos asignados en el presupuesto de egresos de la Federaci�n para el cumplimiento de planes y programas, por lo que son fundados los argumentos del actor, ya que:

  4. La reforma constitucional que adicion� la facultad de revisi�n de situaciones excepcionales se circunscribi� a la investigaci�n de irregularidades relacionadas con el manejo y aplicaci�n de fondos p�blicos (fiscalizaci�n de recursos federales) en el momento en el que se aplican los mismos, es decir, en un ejercicio fiscal no concluido.

  5. En el oficio impugnado el auditor superior de la Federaci�n requiri� la revisi�n de: a) el otorgamiento de permisos de generaci�n de energ�a el�ctrica; b) el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los permisos; c) la fijaci�n de tarifas, y d) las contraprestaciones a particulares y extranjeros.

  6. Dicha revisi�n fue ordenada con motivo de la denuncia de catorce de junio de dos mil cinco presentada ante la auditor�a por M.B. D�az y Salvador Rocha D�az.

  7. Los denunciantes parten de la premisa de que la energ�a el�ctrica conforme a los art�culos 25, cuarto p�rrafo, 27, sexto p�rrafo, y 28, cuarto p�rrafo, de la Constituci�n, es un recurso p�blico federal considerado como �rea estrat�gica, que debe ser fiscalizable.

  8. El objeto de los permisos de generaci�n de energ�a el�ctrica otorgados por la Comisi�n R. de Energ�a es un recurso propiedad de la naci�n y la utilizaci�n del mismo para uso p�blico fue reservada como �rea estrat�gica de la econom�a mexicana, pero las atribuciones de la auditor�a se limitan a revisar que los recursos monetarios que ingresen a la hacienda p�blica federal o al patrimonio de los entes p�blicos federales se apliquen conforme a lo presupuestado y que se cumplan los objetivos previstos en los planes y programas p�blicos, lo que puede realizar a trav�s de la revisi�n de la cuenta p�blica del ejercicio inmediato anterior, con motivo del Informe de Avance de Gesti�n Financiera del primer semestre del ejercicio fiscal en curso o con motivo de una denuncia de situaciones excepcionales respecto de procesos en curso.

  9. El t�rmino "recursos p�blicos federales" se utiliza frecuentemente tanto en la Constituci�n como en la ley para referirse a los recursos p�blicos que se utilizan para la ejecuci�n de los objetivos contenidos en los programas y cuyo ejercicio es materia de los informes que integran la cuenta p�blica.

    As� lo corroboran, por ejemplo: a) el segundo p�rrafo del art�culo 79, fracci�n I, de la Constituci�n Federal, al referirse a la "fiscalizaci�n" de los recursos p�blicos federales "que ejerzan" las entidades federativas, los Municipios o los particulares; y, b) el art�culo 2o., fracciones VI, VII y IX, de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, que respectivamente definen, para los efectos de la propia ley los conceptos de "entidades fiscalizadas", "gesti�n financiera" e "Informe de avance de gesti�n financiera"; de ah� que no es admisible que "la energ�a el�ctrica" se considere como un recurso p�blico federal.

  10. Por tanto, en la denuncia presentada no se aduce un manejo, aplicaci�n o custodia irregular de fondos o recursos p�blicos o su desv�o en el ejercicio fiscal corriente al momento de presentarse la denuncia (dos mil cinco) por lo que la revisi�n tambi�n excede la temporalidad a que se encuentra sujeta la citada atribuci�n de la entidad de fiscalizaci�n, sin que sea obst�culo a lo anterior la afirmaci�n de las codemandadas de que los permisos de generaci�n de energ�a el�ctrica se encuentran vigentes, pues la investigaci�n ordenada no se relaciona con el manejo o aplicaci�n de fondos p�blicos de la Comisi�n R. de Energ�a en el ejercicio fiscal dos mil cinco, para que se pudiera dar lugar al procedimiento de revisi�n de situaciones excepcionales.

  11. No puede sostenerse que las atribuciones conferidas a la auditor�a se encuentren sujetas a una temporalidad �nicamente trat�ndose de revisi�n de cuenta p�blica, pues tambi�n trat�ndose de revisi�n de situaciones excepcionales el Constituyente limit� la actuaci�n del �rgano fiscalizador a un ejercicio fiscal corriente, ya que de afirmarse lo contrario, podr�a llegarse al absurdo de que, con motivo de cualquier denuncia, la auditor�a pueda revisar cualquier situaci�n con independencia del momento en que haya tenido lugar y a pesar de haber sido ya objeto de revisi�n de la cuenta p�blica de ejercicios anteriores, en los que incluso la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n no ten�a vigencia.

  12. El hecho de que la auditor�a considere graves los hechos denunciados y, por tanto, apremiante su investigaci�n, no justifica que una autoridad ampl�e sus facultades constitucionales.

  13. Con la emisi�n del oficio impugnado se viola el art�culo 79, fracci�n I, tercer p�rrafo, de la Constituci�n, pues la auditor�a se excede en sus facultades, y se vulnera adem�s el numeral 16 de la Norma Suprema, que establece que los actos de autoridad deben ser dictados por la que sea competente, en virtud de que la auditor�a carece de competencia para ordenar la revisi�n del otorgamiento de permisos de generaci�n de energ�a el�ctrica, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los permisos, la fijaci�n de tarifas y las contraprestaciones a particulares y extranjeros, pues dichas cuestiones son ajenas al objeto y temporalidad a que se encuentra sujeta la atribuci�n conferida en el numeral 79, fracci�n I, tercer p�rrafo, constitucional.

    Como el acto impugnado viola diversos art�culos constitucionales, el mismo resulta inv�lido, por lo que resulta innecesario estudiar la impugnaci�n que hace la actora respecto a la transgresi�n de los preceptos 14, 49, 74, 89, 90, 128 y 133 de la Constituci�n Federal, siendo aplicable la tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ."

OCTAVO

Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el primero de marzo de dos mil seis, se celebr� la audiencia prevista en el art�culo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en t�rminos del art�culo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relaci�n de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos, y se puso el expediente en estado de resoluci�n.

NOVENO

Alegatos de las partes. El procurador general de la Rep�blica reiter� como alegatos lo que se�al� al momento de rendir su opini�n sobre el presente asunto. Igualmente, las demandadas, C�mara de Diputados y A.�a Superior de la Federaci�n, esencialmente repitieron lo que hicieron valer en las contestaciones de demanda.

Por su parte, la parte actora reiter� esencialmente las consideraciones que expuso en el cap�tulo de conceptos de invalidez del escrito de demanda y adem�s expres� diversos argumentos respecto a la no actualizaci�n de las causas de improcedencia expresadas por el procurador y las demandadas.

CONSIDERANDO QUE:

PRIMERO

Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 105, fracci�n I, inciso c), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracci�n I, de la L.O.�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, por tratarse de un conflicto entre el Poder Ejecutivo Federal y el �rgano de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n de la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n, A.�a Superior de la Federaci�n.

SEGUNDO

Oportunidad. Por ser una cuesti�n de orden p�blico y de estudio preferente, procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente.

En la presente controversia constitucional se impugna el oficio OASF/1565/05 de doce de octubre de dos mil cinco, signado por el auditor superior de la Federaci�n y dirigido al presidente de la Comisi�n R. de Energ�a, en el que se le solicita realice una revisi�n sobre: 1) el otorgamiento de permisos de generaci�n de energ�a el�ctrica, 2) el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los permisos, 3) la fijaci�n de tarifas y 4) las contraprestaciones a particulares y extranjeros, otorg�ndole un plazo de setenta y cinco d�as h�biles para rendir un informe sobre el resultado de las actuaciones practicadas en dicha revisi�n, y en su caso, sobre las sanciones que se hubieran impuesto a los servidores p�blicos involucrados.

De lo anterior se advierte que en el caso se impugna un acto y en este tenor, debe tenerse en cuenta que en el oficio de demanda el propio poder actor manifiesta expresamente que el requerimiento impugnado se le notific� el doce de octubre de dos mil cinco,(1) lo que se corrobora con la copia certificada del oficio impugnado, la cual obra a fojas sesenta y ocho y siguientes de autos, y en la que se advierte que obra estampado un sello en el que se lee: "RECIBIDO 12 OCT 2005 PRESIDENCIA COMISI�N REGULADORA DE ENERG�A".

Conforme a lo anterior, debe tenerse esta fecha (doce de octubre de dos mil cinco) como la fecha cierta en que el poder actor tuvo conocimiento del oficio impugnado, por tanto, el plazo de treinta d�as se�alado en la fracci�n I del art�culo 21 de la ley reglamentaria de la materia, inici� a partir del jueves trece de octubre de dos mil cinco y concluy� el viernes veinticinco de noviembre del mismo a�o.

  1. c�mputo se�alado se descuentan los d�as quince, diecis�is, veintid�s, veintitr�s, veintinueve y treinta de octubre; cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte de noviembre, todos de dos mil cinco, por ser s�bados y domingos, los cuales son inh�biles de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 2o. de la ley reglamentaria de la materia, en relaci�n con el art�culo 163 de la L.O.�nica del Poder Judicial de la Federaci�n. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el art�culo 3o., fracci�n III, de la ley de la materia, se descuentan del c�mputo los d�as uno y dos de noviembre, debido a que se suspendieron las labores en este Alto Tribunal, por acuerdo de los Ministros que lo integran, en la sesi�n privada de tres de octubre del a�o citado.(2)

As� las cosas, si la demanda se present� en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el jueves veinticuatro de noviembre de dos mil cinco, tal y como se advierte del sello estampado al reverso de la foja sesenta y tres vuelta de autos, debe concluirse que la demanda fue promovida oportunamente.(3)

TERCERO

Legitimaci�n activa y representaci�n se procede al an�lisis de la legitimaci�n de quien promueve.

La presente controversia constitucional fue interpuesta por F. de Jes�s C.C., en su car�cter de secretario de Energ�a, en representaci�n del titular del Poder Ejecutivo Federal, car�cter que acredit� con copia certificada de su nombramiento visible a fojas sesenta y cinco de autos, as� como de la documental consistente en la designaci�n hecha a su favor por parte del presidente de la Rep�blica, para que act�e en su representaci�n en el presente juicio de controversia constitucional (fojas sesenta y cuatro de autos).

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 10, fracci�n I y 11, p�rrafos primero y tercero, de la ley reglamentaria de la materia,(4) as� como de las constancias antes referidas, se concluye que F. de Jes�s C.C., secretario de Energ�a, est� facultado legalmente para representar al titular del Ejecutivo Federal y promover en su nombre la presente controversia constitucional.

No es �bice para la anterior conclusi�n el hecho de que el oficio OASF/1565/05 suscrito por el auditor superior de la Federaci�n est� dirigido al presidente de la Comisi�n R. de Energ�a y no al presidente de la Rep�blica.

En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 90 constitucional(5) la administraci�n p�blica federal se divide en: a) centralizada, que est� constituida por los �rganos que dependen directamente del Poder Ejecutivo y b) descentralizada o paraestatal, integrada por �rganos que de manera indirecta dependen del Poder Ejecutivo, y que en ambos casos, adopta una forma de organizaci�n jerarquizada para lograr una unidad de acci�n, de direcci�n, de ejecuci�n y de distribuci�n de los negocios del orden administrativo, encaminados a la consecuci�n de los fines del Estado.

Cabe precisar que esa disposici�n constitucional es regulada por los art�culos 1o., 2o., 11 y 26 de la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica Federal,(6) de los que se desprende en esencia que la Presidencia de la Rep�blica, las secretar�as de Estado, los departamentos administrativos y la C.�a Jur�dica del Ejecutivo Federal integran la administraci�n p�blica federal centralizada, que �sta es quien intervendr� en el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo y que los titulares de las secretar�as de Estado ejercer�n las funciones de su competencia por acuerdo del presidente de la Rep�blica.

Todo lo anterior permite establecer que aunque los actos impugnados se hayan dirigido a un �rgano desconcentrado de la Secretar�a de Energ�a, es al presidente de la Rep�blica a quien corresponde su defensa, porque ni el titular de la Comisi�n R. de Energ�a ni el titular de la dependencia citada tienen la caracter�stica de autonom�a, en tanto se trata de una atribuci�n que en principio corresponde a su superior jer�rquico, presidente de la Rep�blica, al que el secretario de energ�a auxilia llev�ndola a cabo.

CUARTO

Legitimaci�n pasiva. Enseguida se analizar� la legitimaci�n pasiva de las partes en la presente controversia constitucional, al ser un presupuesto de la relaci�n procesal, en tanto que dichas partes pueden ser obligadas por la ley para satisfacer la pretensi�n de la parte actora, en caso de que resulte fundada.

De conformidad con lo dispuesto en los art�culos 10, fracci�n II y 11, p�rrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia,(7) se destaca que en controversias constitucionales tendr� el car�cter de parte demandada, la entidad, poder u �rgano que haya emitido y promulgado la norma general o acto impugnado, y que el demandado deber� comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en t�rminos de las normas que los rigen est�n facultados para representarlos.

En la especie se se�alaron como autoridades demandadas a la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n, y a la A.�a Superior de la Federaci�n, car�cter que se les reconoci� en el auto admisorio de fecha veintinueve de noviembre de dos mi cinco.

C�mara de Diputados. Mediante oficio de contestaci�n de demanda presentado en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veintis�is de enero de dos mil seis, compareci� como representante de la C�mara de Diputados, H.D.�az Esc�rraga, quien se ostent� como presidente de la Mesa Directiva de la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n, personalidad que acredit� con la copia certificada del Diario de Debates de la C�mara de Diputados de fecha treinta de agosto de dos mil cinco (visible a foja cuatrocientos ochenta de autos), de la que se desprende que fue designado con tal cargo, para el tercer a�o de ejercicio legislativo de la Quincuag�sima Novena Legislatura, y que ejercer�a dicho cargo hasta el treinta y uno de enero de dos mil seis.(8)

Ahora bien, el inciso l) del art�culo 23 de la L.O.�nica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,(9) dispone que es atribuci�n del presidente de la Mesa Directiva de la C�mara de Diputados, entre otras, tener la representaci�n legal de la C�mara y delegarla en la persona o personas que resulte necesario.

Conforme a lo anterior se concluye que el diputado H.D.�az Esc�rraga, presidente de la Mesa Directiva de la C�mara de Diputados, en el momento en que se rindi� la contestaci�n a la demanda, contaba con la representaci�n legal del �rgano demandado; por lo que qued� acreditada la representaci�n con que se ostent�.

Cabe destacar que aunque los actos impugnados no provienen directamente de la C�mara de Diputados sino de la A.�a Superior de la Federaci�n, ello de ninguna manera es �bice para que no se le reconozca legitimaci�n en esta causa a la C�mara demandada, toda vez que dada la relaci�n que guarda con la auditor�a, puede resultar obligada a cumplir o hacer cumplir la resoluci�n que se llegara a dictar.

A.�a Superior de la Federaci�n. En representaci�n de la A.�a Superior de la Federaci�n, comparece el auditor A.G.A.�n, personalidad que acredit� con la copia certificada del nombramiento a su favor de fecha quince de diciembre de dos mil uno (visible a fojas cuatrocientos cinco de autos), expedido por la presidencia de la C�mara de Diputados, y del cual se advierte que se le design� en ese cargo para el periodo comprendido del primero de enero de dos mil dos al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve.

Sobre el particular cabe destacar que si bien la A.�a Superior de la Federaci�n es un �rgano t�cnico auxiliar de la C�mara de Diputados para la revisi�n de la cuenta p�blica, tal y como lo establece el art�culo 74, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal, tambi�n lo es que goza de autonom�a t�cnica y como se apunt� en el auto admisorio, de la lectura de la demanda se advierte que a dicha autoridad se le imputan hechos propios (foja 165 del expediente).(10)

En efecto, los art�culos 74, fracci�n IV y 79 de la Constituci�n Federal,(11) as� como el 2o., 3o. y 5o. de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n(12) establecen que la A.�a Superior de la Federaci�n es la entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n que apoya a la C�mara de Diputados entre otras funciones, en la revisi�n de la cuenta p�blica y que goza de autonom�a t�cnica y de gesti�n en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organizaci�n interna, funcionamiento y resoluciones, en los t�rminos que disponga la ley.

Asimismo, se advierte que entre las funciones que le son encomendadas, se encuentra fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicaci�n de fondos y recursos de los Poderes de la Uni�n y de los entes p�blicos federales; requerir a los sujetos de fiscalizaci�n que procedan a la revisi�n de los conceptos que estime pertinentes y le rindan un informe; si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas se�alados por la ley, ello puede dar lugar al fincamiento de las responsabilidades; debe entregar el informe del resultado de la revisi�n de la cuenta p�blica a la C�mara de Diputados en el que se incluir�n los dict�menes de su revisi�n y el apartado correspondiente a la fiscalizaci�n y verificaci�n del cumplimiento de los programas, que comprender� los comentarios y observaciones de los auditados, mismo que tendr� car�cter p�blico; asimismo, se encuentra facultada para investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta il�cita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicaci�n de fondos y recursos federales.

Como se advierte, la entidad de fiscalizaci�n demandada goza de autonom�a de gesti�n,(13) por lo que si los actos que se le impugnan fueron emitidos por dicha autoridad en ejercicio de su autonom�a t�cnica, resulta evidente que s� goza de legitimaci�n pasiva en el presente juicio.

QUINTO

Causas de improcedencia. Enseguida, procede analizar las causas de improcedencia o motivos de sobreseimiento que hagan valer las partes o bien, que este Alto Tribunal advierta de oficio.

Falta de inter�s leg�timo del poder actor. Tanto la C�mara de Diputados como la A.�a Superior de la Federaci�n se�alan que debe sobreseerse la presente controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 20, fracci�n II, en relaci�n con los art�culos 19, fracci�n VIII y 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Federal porque el poder actor carece de inter�s leg�timo para promover el presente medio de control constitucional por lo siguiente:

  1. El poder actor no tiene inter�s leg�timo para promover la controversia constitucional debido a que la cuesti�n que efectivamente plantea es que la A.�a Superior de la Federaci�n al formular el requerimiento impugnado aplic� e interpret� indebidamente el art�culo 36 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, y no alega una violaci�n directa o indirecta a la Constituci�n Federal que se traduzca en una lesi�n en su �mbito competencial.

  2. Que este planteamiento no le da al actor el inter�s necesario para promover la controversia constitucional, pues este tipo de inter�s en un medio de control como el que se trata se actualiza cuando la conducta de la autoridad demandada sea susceptible de causar perjuicio a la parte actora, entendido �ste como la existencia de un agravio en su perjuicio que se traduce en una afectaci�n que resienta en su esfera constitucional de competencia.

  3. Que por lo que se refiere a las supuestas responsabilidades que se fincaran con motivo del requerimiento de revisi�n de situaci�n excepcional, la revisi�n se encuentra en sus etapas iniciales y no ha concluido; adem�s, y suponiendo que ya fuera inminente la determinaci�n de las supuestas responsabilidades, ello tampoco le otorga inter�s leg�timo al Poder Ejecutivo Federal ya que ni en ese supuesto se producir�a una violaci�n en su esfera constitucional de competencia, pues las responsabilidades se fincar�an respecto de los servidores p�blicos involucrados, y �stos tienen a su alcance los medios de defensa establecidos en la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n.

    Como cuesti�n previa conviene precisar que el art�culo 39 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Federal,(14) faculta a esta Suprema Corte para que al momento de dictar sentencia, examine en su conjunto los razonamientos de las partes, con la finalidad de que resuelva la cuesti�n efectivamente planteada.

    As�, por disposici�n legal esta facultad es exclusiva de este �rgano jurisdiccional al momento de dictar sentencia, y no pueden recurrir o pretender hacer uso de ella las partes en el medio de control constitucional a resolver, tal como sucede en el caso.

    En efecto, tal como se ha precisado, las partes demandadas aducen que la presente controversia constitucional es improcedente porque, en su opini�n, el poder actor no tiene inter�s leg�timo para promoverla debido a que "la cuesti�n que efectivamente plantea" es que la A.�a Superior de la Federaci�n al formular el requerimiento impugnado aplic� e interpret� indebidamente el art�culo 36 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, y no alega una violaci�n directa o indirecta a la Constituci�n Federal que se traduzca en una lesi�n en su �mbito competencial.

    Como puede advertirse, las partes demandadas pretenden delimitar cu�l es la cuesti�n efectivamente planteada por el poder actor; sin embargo, como ya dijimos, �sta es una facultad exclusiva de este �rgano jurisdiccional al momento de dictar sentencia y, por tanto, debe desestimarse esta cuesti�n previa del argumento de las partes.

    Igualmente debe desestimarse la causa de improcedencia que al respecto hacen valer, en virtud de que la determinaci�n acerca de si el requerimiento de revisi�n e informe de situaci�n excepcional contenido en el oficio OASF/1565/05 impugnado, invade o no la esfera de competencia constitucional del Poder Ejecutivo Federal es materia de estudio del fondo del asunto, lo cual es raz�n suficiente para determinar que no es dable decretar el sobreseimiento en este juicio con base en dichas argumentaciones.

    Apoya a la anterior conclusi�n, la tesis de jurisprudencia P./J. 92/99,(15) del tenor siguiente:

    CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBER� DESESTIMARSE. En reiteradas tesis este Alto Tribunal ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una controversia constitucional se hace valer una causal donde se involucra una argumentaci�n en �ntima relaci�n con el fondo del negocio, debe desestimarse y declararse la procedencia, y, si no se surte otro motivo de improcedencia hacer el estudio de los conceptos de invalidez relativos a las cuestiones constitucionales propuestas.

    Planteamiento de cuestiones de legalidad. Por otra parte, aducen la C�mara de Diputados y la A.�a Superior de la Federaci�n que debe sobreseerse la controversia constitucional, porque en el caso el poder actor �nicamente plantea cuestiones de legalidad que no implican violaciones directas ni indirectas a la Constituci�n Federal que puedan estudiarse en controversia constitucional. Agregan que aun y cuando la Suprema Corte ha determinado la procedencia en controversia constitucional de conceptos de invalidez en los que se planteen violaciones a los art�culos 14 y 16 constitucionales, no todo argumento es procedente para declarar la invalidez constitucional de lo que se impugne, ya que para ello es requisito indispensable que se violente indirectamente la Constituci�n Federal y con ello se afecte el federalismo y el principio de divisi�n de poderes.

    Es infundada la causa de improcedencia que se plantea.

    En efecto, la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece en su llamada parte org�nica, el sistema de competencias al que deber�n ce�irse la Federaci�n, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal y, en lo que se conoce en la doctrina como aspecto dogm�tico, prev� las obligaciones que deben ser respetadas, sin distinci�n, por las autoridades de los �rdenes jur�dicos anteriores.

    El orden jur�dico constitucional tiende, adem�s de a establecer las reglas con base en las cuales deben ejercer sus funciones competenciales las autoridades, a preservar la regularidad en dicho ejercicio, consistente en que �ste se lleve a cabo dentro del marco de las atribuciones establecidas, sin nunca rebasar los principios rectores previstos en la Constituci�n Federal, ya sea en perjuicio de los gobernados, por violaci�n de garant�as individuales, o bien afectando la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jur�dico.

    Al respecto debe se�alarse que a partir de enero de mil novecientos noventa y cinco, en que entraron en vigor las reformas constitucionales al art�culo 105 constitucional, entre otros, la Suprema Corte ha evolucionado en el criterio para determinar lo que constituye la materia de las controversias constitucionales. Aunque propiamente no se puede hablar de etapas hist�ricas, por la variedad de fechas en que se emitieron los fallos respectivos, s� se pueden distinguir cuatro criterios que reflejan esa evoluci�n y que son los siguientes:

    1. Primer criterio. En la controversia constitucional s�lo pueden plantearse problemas de invasi�n de esferas. Al respecto resultan ilustrativas las tesis P./J. 77/98(16) y P. LXXII/98,(17) que si bien en su parte medular se refieren a otro tema, sustentan con claridad el criterio apuntado:

      CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO ES LA V�A ID�NEA PARA IMPUGNAR ACTOS DERIVADOS DE RESOLUCIONES DICTADAS EN UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCI�N DE SENTENCIAS DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sostenido reiteradamente el criterio de que la controversia constitucional no es la v�a id�nea para impugnar sentencias que recaigan en los juicios o procedimientos de los que conocen los �rganos jurisdiccionales, ya que se har�a de esta v�a un recurso o ulterior medio de defensa para someter a revisi�n la misma cuesti�n litigiosa debatida en el procedimiento natural, siendo que en la controversia constitucional s�lo puede plantearse contravenci�n a disposiciones fundamentales por invasi�n o transgresi�n de los �mbitos competenciales que dichas disposiciones establecen en favor de cada uno de los respectivos niveles de gobierno. Consecuentemente, por mayor�a de raz�n, los actos emitidos en cumplimiento de requerimientos formulados por los �rganos del Poder Judicial Federal en el procedimiento de ejecuci�n de sentencias de amparo, no pueden ser impugnados en v�a de controversia constitucional pues, en t�rminos del art�culo 105 de la Ley de Amparo que rige el citado procedimiento, cuando cualquier autoridad sea requerida por los �rganos jurisdiccionales de amparo, tiene la ineludible obligaci�n de cumplir en los t�rminos requeridos; por tanto, el an�lisis de la constitucionalidad de los actos que emitan las autoridades demandadas en cumplimiento de una sentencia de amparo o de un requerimiento de un Juez de Distrito tendiente a lograr dicho cumplimiento, no puede realizarse en la v�a de controversia constitucional, m�xime cuando la autoridad que se sienta agraviada por la citada resoluci�n tiene a su alcance los medios de defensa previstos en la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

      CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA TUTELA JUR�DICA DE ESTA ACCI�N ES LA PROTECCI�N DEL �MBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREV� PARA LOS �RGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO. D. an�lisis de la evoluci�n legislativa que en nuestros textos constitucionales ha tenido el medio de control constitucional denominado controversia constitucional, se pueden apreciar las siguientes etapas: 1. En la primera, se concibi� s�lo para resolver las que se presentaren entre una entidad federada y otra; 2. En la segunda etapa, se contemplaron, adem�s de las antes mencionadas, aquellas que pudiesen suscitarse entre los poderes de un mismo Estado y las que se suscitaran entre la Federaci�n y uno o m�s Estados; 3. En la tercera, se sumaron a las anteriores, los supuestos relativos a aquellas que se pudieren suscitar entre dos o m�s Estados y el Distrito Federal y las que se suscitasen entre �rganos de Gobierno del Distrito Federal. En la actualidad, el art�culo 105, fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ampl�a los supuestos para incluir a los Municipios, al Poder Ejecutivo, al Congreso de la Uni�n, a cualquiera de sus C�maras, y en su caso, a la Comisi�n Permanente. Pues bien, de lo anterior se colige que la tutela jur�dica de este instrumento procesal de car�cter constitucional, es la protecci�n del �mbito de atribuciones que la misma Ley Suprema prev� para los �rganos originarios del Estado, es decir, aquellos que derivan del sistema federal y del principio de divisi�n de poderes a que se refieren los art�culos 40, 41 y 49, en relaci�n con el 115, 116 y 122, de la propia Constituci�n y no as� a los �rganos derivados o legales, pues estos �ltimos no son creados ni tienen demarcada su competencia en la Ley Fundamental; sin embargo, no por ello puede estimarse que no est�n sujetos al medio de control, ya que, si bien el espectro de la tutela jur�dica se da, en lo particular, para preservar la esfera competencial de aqu�llos y no de �stos, en lo general se da para preservar el orden establecido en la Constituci�n Federal, a que tambi�n se encuentran sujetos los entes p�blicos creados por leyes secundarias u ordinarias.

    2. Segundo criterio. Ampl�a el anterior, y aqu� la Suprema Corte estableci� que s�lo le corresponde conocer a trav�s de las controversias constitucionales de violaciones a la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, careciendo de competencia para conocer de planteamientos contra actos a los que s�lo se les atribuyan violaciones a las Constituciones de los Estados o a leyes locales, cuyo remedio corresponde establecer al Constituyente local o a las Legislaturas de los Estados. El anterior criterio se plasm� en la tesis de jurisprudencia P./J. 30/2000,(18) del tenor siguiente:

      CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES ENTRE UN ESTADO Y UNO DE SUS MUNICIPIOS. A LA SUPREMA CORTE S�LO COMPETE CONOCER DE LAS QUE SE PLANTEEN CON MOTIVO DE VIOLACIONES A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES DEL ORDEN FEDERAL. Para determinar los planteamientos cuyo conocimiento corresponda a esta Suprema Corte, propuestos mediante la acci�n de controversia constitucional suscitada entre un Estado y uno de sus Municipios, debe tomarse en consideraci�n que los art�culos 105, fracci�n I, inciso i) de la Constituci�n General de la Rep�blica y 10, fracci�n I de la L.O.�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, limitan su competencia a aquellas controversias que versen sobre la constitucionalidad de los actos o disposiciones generales impugnados, desprendi�ndose de ah� que se trata de violaciones a disposiciones constitucionales del orden federal. Por lo tanto, carece de competencia para dirimir aquellos planteamientos contra actos a los que s�lo se atribuyan violaciones a la Constituci�n del Estado o a leyes locales, cuyo remedio corresponde establecer al Constituyente Local o a las Legislaturas de los Estados.

    3. Tercer criterio. Un criterio m�s amplio se estableci� cuando se consider� que tambi�n es materia de la controversia constitucional el estudio de violaciones indirectas a la Constituci�n Federal, aunque con la limitante de que est�n vinculadas de modo fundamental con el acto o ley impugnados. Ilustra el anterior criterio la tesis de jurisprudencia P./J. 23/97,(19) del tenor siguiente:

      CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE EST�N VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON EL ACTO O LA LEY RECLAMADOS. Resulta procedente el estudio del concepto de invalidez invocado en una controversia constitucional, si en �l se alega contravenci�n al art�culo 16 de la Constituci�n Federal, en relaci�n con otras disposiciones, sean de la Constituci�n Local o de leyes secundarias, siempre que est�n vinculadas de modo fundamental con el acto o la ley reclamados, como sucede en el caso en el que se invocan transgresiones a disposiciones ordinarias y de la Constituci�n Local dentro del proceso legislativo que culmin� con el ordenamiento combatido que, de ser fundadas, lo invalidar�an. Lo anterior es acorde con la finalidad perseguida en el art�culo 105 de la Carta Magna, de someter a la decisi�n judicial el examen integral de validez de los actos impugnados.

    4. Cuarto criterio. Finalmente, el criterio que hoy es reconocido mayoritariamente por la Suprema Corte es el consistente en que en la controversia constitucional pueden examinarse todo tipo de violaciones a la Constituci�n Federal, dado que la finalidad esencial es la salvaguarda de la supremac�a constitucional, incluyendo de manera relevante, el bienestar de la propia persona humana sujeta al imperio de los entes u �rganos de poder. Las tesis de jurisprudencia correspondientes son la P./J. 98/99(20) y la P./J. 101/99(21) que expresan:

      CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCI�N FEDERAL. Los Poderes Constituyente y Reformador han establecido diversos medios de control de la regularidad constitucional referidos a los �rdenes jur�dicos federal, estatal y municipal, y del Distrito Federal, entre los que se encuentran las controversias constitucionales, previstas en el art�culo 105, fracci�n I, de la Carta Magna, cuya resoluci�n se ha encomendado a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en su car�cter de Tribunal Constitucional. La finalidad primordial de la reforma constitucional, vigente a partir de mil novecientos noventa y cinco, de fortalecer el federalismo y garantizar la supremac�a de la Constituci�n, consistente en que la actuaci�n de las autoridades se ajuste a lo establecido en aqu�lla, lleva a apartarse de las tesis que ha venido sosteniendo este Tribunal Pleno, en las que se soslaya el an�lisis, en controversias constitucionales, de conceptos de invalidez que no guarden una relaci�n directa e inmediata con preceptos o formalidades previstos en la Constituci�n Federal, porque si el control constitucional busca dar unidad y cohesi�n a los �rdenes jur�dicos descritos, en las relaciones de las entidades u �rganos de poder que las conforman, tal situaci�n justifica que una vez que se ha consagrado un medio de control para dirimir conflictos entre dichos entes, dejar de analizar ciertas argumentaciones s�lo por sus caracter�sticas formales o su relaci�n mediata o inmediata con la N.F., producir�a, en numerosos casos, su ineficacia, impidiendo salvaguardar la armon�a y el ejercicio pleno de libertades y atribuciones, por lo que resultar�a contrario al prop�sito se�alado, as� como al fortalecimiento del federalismo, cerrar la procedencia del citado medio de control por tales interpretaciones t�cnicas, lo que impl�citamente podr�a autorizar arbitrariedades, m�xime que por la naturaleza total que tiene el orden constitucional, en cuanto tiende a establecer y proteger todo el sistema de un Estado de derecho, su defensa debe ser tambi�n integral, independientemente de que pueda tratarse de la parte org�nica o la dogm�tica de la Norma Suprema, dado que no es posible parcializar este importante control.

      CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FINALIDAD DEL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N INCLUYE TAMBI�N DE MANERA RELEVANTE EL BIENESTAR DE LA PERSONA HUMANA SUJETA AL IMPERIO DE LOS ENTES U �RGANOS DE PODER. El an�lisis sistem�tico del contenido de los preceptos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos revela que si bien las controversias constitucionales se instituyeron como un medio de defensa entre poderes y �rganos de poder, entre sus fines incluye tambi�n de manera relevante el bienestar de la persona humana que se encuentra bajo el imperio de aqu�llos. En efecto, el t�tulo primero consagra las garant�as individuales que constituyen una protecci�n a los gobernados contra actos arbitrarios de las autoridades, especialmente las previstas en los art�culos 14 y 16, que garantizan el debido proceso y el ajuste del actuar estatal a la competencia establecida en las leyes. Por su parte, los art�culos 39, 40, 41 y 49 reconocen los principios de soberan�a popular, forma de Estado Federal, representativo y democr�tico, as� como la divisi�n de poderes, f�rmulas que persiguen evitar la concentraci�n del poder en entes que no sirvan y dimanen directamente del pueblo, al instituirse precisamente para su beneficio. Por su parte, los numerales 115 y 116 consagran el funcionamiento y las prerrogativas del Municipio Libre como base de la divisi�n territorial y organizaci�n pol�tica y administrativa de los Estados, regulando el marco de sus relaciones jur�dicas y pol�ticas. Con base en este esquema, que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n debe salvaguardar, siempre se encuentra latente e impl�cito el pueblo y sus integrantes, por constituir el sentido y raz�n de ser de las partes org�nica y dogm�tica de la Constituci�n, lo que justifica ampliamente que los mecanismos de control constitucional que previene, entre ellos las controversias constitucionales, deben servir para salvaguardar el respeto pleno del orden primario, sin que pueda admitirse ninguna limitaci�n que pudiera dar lugar a arbitrariedades que, en esencia, ir�an en contra del pueblo soberano.

      En consecuencia, la tutela de la controversia constitucional es la salvaguarda de la supremac�a constitucional, preservando los principios que sustentan las relaciones jur�dicas y pol�ticas de los �rdenes jur�dicos parciales se�alados en el propio art�culo 105 constitucional, a saber, salvaguardar el federalismo, el principio de divisi�n de poderes y la supremac�a constitucional, lo cual se logra a trav�s de la determinaci�n, en cada caso que se somete a su conocimiento, de si existe o no invasi�n a la esfera de atribuciones que la N.F. otorga o reserva a los �rganos originarios del Estado, as� como del an�lisis sobre cualquier tema que se vincule, de alg�n modo, con una violaci�n a la Constituci�n, sea en su parte org�nica como en la dogm�tica, pero siempre partiendo del car�cter que como poderes, �rganos o entes tienen los sujetos legitimados para intervenir en esta clase de juicios.(22)

      Por consiguiente, el art�culo 105, fracci�n I, constitucional establece como materia de an�lisis en la controversia constitucional los siguientes tipos de conflictos:

  4. Entre distintos �rdenes jur�dicos [incisos a), b), d), e), f) g), i) y j)], con motivo de sus actos o disposiciones generales:

    - La Federaci�n y un Estado o el Distrito Federal.

    - La Federaci�n y un Municipio.

    - Un Estado y otro.

    - Un Estado y el Distrito Federal.

    - El Distrito Federal y un Municipio.

    - Dos Municipios de diversos Estados.

    - Un Estado y uno de sus Municipios.

    - Un Estado y un Municipio de otro Estado.

  5. Entre �rganos del mismo orden jur�dico (conflictos de �rganos de atribuci�n), [incisos c), h), y k)], con motivo de sus actos o normas generales:

    - El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Uni�n.

    - El Poder Ejecutivo y la C�mara de Diputados.

    - El Poder Ejecutivo y la C�mara de Senadores.

    - El Poder Ejecutivo y la Comisi�n Permanente del Congreso de la Uni�n.

    - Dos poderes de un mismo Estado.

    - Dos �rganos de Gobierno del Distrito Federal.

    No obstante lo anterior, el control de la regularidad constitucional que realiza esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n por v�a de controversia constitucional, no puede quedar supeditado al se�alamiento estricto de la violaci�n de preceptos de la Constituci�n Federal referidos al �mbito competencial de los diversos �rdenes jur�dicos, pues tal actuar har�a ineficaz el citado medio de control constitucional.

    En efecto, no debe perderse de vista que los medios de control constitucional entre los que se encuentra la controversia constitucional, persiguen la reintegraci�n del orden constitucional cuando el mismo ha sido violentado y en ese orden de ideas, resulta inadmisible sujetar el control constitucional solamente a determinados preceptos de la N.F..

    A mayor abundamiento, cabe precisar que la parte actora en su demanda se�ala como preceptos violados, los art�culos 14, 16, 49, 74, 79, 89, fracci�n I, 90, 128 y 133 de la Constituci�n Federal y a trav�s de dichas transgresiones pretende que se declare la invalidez del requerimiento de revisi�n e informe de situaci�n excepcional de doce de octubre de dos mil cinco, contenido en el oficio OASF/1565/05, lo cual es suficiente para que ese Alto Tribunal someta a la decisi�n judicial el examen integral de la validez del acto impugnado.

    Principio de definitividad. En diverso argumento, las autoridades demandadas aducen que procede sobreseer en el juicio en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el art�culo 19, fracci�n VI, de la ley reglamentaria de la materia, en atenci�n a que la parte actora no agot� la v�a prevista para la soluci�n del conflicto planteado, ya que las resoluciones que emita la A.�a Superior de la Federaci�n deben combatirse a trav�s del recurso de reconsideraci�n que se promueve ante la misma entidad de fiscalizaci�n o bien, mediante el juicio de nulidad promovido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

    En relaci�n con lo anterior, tambi�n aducen tanto las autoridades demandadas como el procurador general de la Rep�blica, que el oficio impugnado constituye simplemente el inicio del procedimiento de revisi�n de situaciones excepcionales a cargo de la A.�a Superior de la Federaci�n en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 36 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, por lo que no es un acto definitivo que pueda impugnarse a trav�s de la controversia constitucional, no siendo �bice, que el oficio impugnado contenga un apercibimiento, pues �ste deriva de lo dispuesto por el art�culo 37 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n y, por ende, no constituye un acto de molestia que origine la procedencia de una controversia constitucional.

    Esta Suprema Corte de Justicia ha sustentado en la tesis de jurisprudencia P./J. 12/99,(23) que el art�culo 19, fracci�n VI, de la ley reglamentaria de la materia,(24) prev� el principio de definitividad en materia de controversias constitucionales. El criterio es del tenor siguiente:

    CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO O, SI HABI�NDOLO HECHO, EST� PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCI�N RESPECTIVA. La causal de improcedencia a que se refiere la fracci�n VI del art�culo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, implica un principio de definitividad para efectos de las controversias constitucionales, que involucra dos cuestiones espec�ficas que consisten, una, en la existencia legal de un recurso o medio de defensa en virtud del cual puedan combatirse el o los actos materia de impugnaci�n en la controversia y lograr con ello su revocaci�n, modificaci�n o nulificaci�n, caso en el que la parte afectada est� obligada a agotarlo previamente a esta acci�n; otra, la existencia de un procedimiento iniciado que no se ha agotado, esto es, que est� sustanci�ndose o que se encuentra pendiente de resoluci�n ante la misma o alguna otra autoridad y cuyos elementos litigiosos sean esencialmente los mismos que los que se plantean en la controversia constitucional, caso en el que el afectado debe esperar hasta la conclusi�n del procedimiento, para poder impugnar la resoluci�n y, en su caso, las cuestiones relativas al procedimiento desde su inicio.

    1. criterio anterior se advierten tres hip�tesis para tener por actualizada la causa de improcedencia contemplada en el art�culo 19, fracci�n VI, de la ley reglamentaria de la materia, a saber:

    1. Que est� previsto legalmente un recurso o medio de defensa que no se haya agotado, y a trav�s del cual pueda revocarse, modificarse o nulificarse el acto impugnado en la controversia constitucional.

    2. Que habi�ndose interpuesto dicho recurso o medio de defensa, no se haya resuelto.

    3. Que el acto impugnado se haya emitido dentro de un procedimiento que no ha concluido, esto es, que est� pendiente de dictarse la resoluci�n definitiva, en el que la cuesti�n debatida constituya la materia propia de la controversia constitucional.

    De lo anterior, se advierte que las autoridades demandadas hacen valer la improcedencia de la controversia, apoyados tanto en las hip�tesis se�aladas con los n�meros uno y tres anteriores.

    En principio analizaremos el argumento en el que las autoridades demandadas aducen que el poder actor no agot� la v�a prevista para la soluci�n del conflicto planteado, ya que las resoluciones que emita la A.�a Superior de la Federaci�n deben combatirse a trav�s del recurso de reconsideraci�n que se promueve ante la misma entidad de fiscalizaci�n o bien, mediante el juicio de nulidad promovido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

    Este argumento de improcedencia es infundado en atenci�n a lo siguiente:

    El art�culo 59 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n,(25) establece que las sanciones y dem�s resoluciones que emita la A.�a Superior de la Federaci�n, pueden impugnarse ante ella misma, por el servidor p�blico o por los particulares personas f�sicas o morales, mediante el recurso de reconsideraci�n o bien, mediante juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

    Tanto el recurso de reconsideraci�n como el juicio de nulidad constituyen una facultad a favor de los servidores p�blicos, los particulares, las personas f�sicas o morales para impugnar las resoluciones que emita la A.�a Superior de la Federaci�n, pero el numeral 59 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n no otorga esa posibilidad de impugnaci�n a alg�n �rgano del Estado; adem�s, la procedencia de dichos medios impugnativos queda exceptuada cuando se aleguen violaciones directas e inmediatas a la Constituci�n Federal.

    As�, la hip�tesis que se indica no se surte en el caso concreto, pues como ya se ha visto, en el caso la parte actora formula razonamientos tendentes a acreditar la violaci�n directa a los preceptos constitucionales que ya han sido precisados cuyo an�lisis corresponde a este Alto Tribunal de la Rep�blica.

    Lo anterior, tiene sustento por analog�a, en el criterio emitido por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la tesis de jurisprudencia P./J. 136/2001,(26) que se�ala:

    "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA V�A PREVISTA EN LA LEGISLACI�N LOCAL S�LO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCI�N FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESI�N SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACI�N A NORMAS LOCALES. El art�culo 19, fracci�n VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece como causal de improcedencia de las controversias constitucionales el que no se haya agotado la v�a legalmente prevista para la soluci�n del conflicto, principio de definitividad que trat�ndose de recursos o medios de defensa previstos en las legislaciones locales s�lo opera cuando en la demanda no se planteen violaciones directas e inmediatas a la Constituci�n Federal, sino violaciones a la legislaci�n local que, como consecuencia, produzcan la trasgresi�n a normas de la Carta Magna, pues el �rgano local a quien se atribuya competencia para conocer del conflicto carece de ella para pronunciarse sobre la vulneraci�n a disposiciones de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la interpretaci�n de la N.F. corresponde dentro de nuestro sistema constitucional, en exclusiva, al Poder Judicial de la Federaci�n y, concretamente en el caso de controversias constitucionales, a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n."

    As� entonces, tanto el recurso de reconsideraci�n como el juicio de nulidad, no son los medios legales aptos para la soluci�n del conflicto.

    En el mismo sentido, argumentan las autoridades demandadas que en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo el legislador estableci� en el t�tulo segundo, cap�tulos primero y segundo respectivamente,(27) los elementos y requisitos de los actos administrativos, as� como los supuestos para su nulidad o anulabilidad.

    El argumento de las demandadas es infundado y tampoco demuestra la actualizaci�n de la causa de improcedencia que alegan, toda vez que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no es aplicable a la A.�a Superior de la Federaci�n, porque el art�culo 1o. de ese ordenamiento prev� que su �mbito de aplicaci�n son los actos, procedimientos y resoluciones de la administraci�n p�blica federal centralizada.(28)

    Conforme a lo dispuesto en el art�culo 1o. de la Ley Federal de la Administraci�n P�blica Federal la A.�a Superior de la Federaci�n no forma parte de la administraci�n p�blica paraestatal, por lo tanto no pueden ser utilizados para impugnar el acto controvertido en esta controversia constitucional los recursos que se encuentran regulados en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.(29)

    Adem�s, si bien es cierto que en el t�tulo se�alado y en dos cap�tulos separados, el legislador estableci� el r�gimen jur�dico de los actos administrativos -regulando sus elementos y requisitos (art�culos 3o. y 4o.), as� como los casos en que �stos ser�n nulos o anulables (art�culos 5o., 6o. y 7o.)-, lo cierto es que del an�lisis de los mismos no se advierte la existencia de recurso o medio legal de defensa alguno, que pueda hacer valer el poder actor a fin de revocar, modificar o nulificar el acto impugnado. M�xime que trat�ndose de los supuestos de nulidad o anulabilidad de los actos administrativos, lo �nico que se dispone es que la omisi�n o irregularidad de alguno de los elementos exigidos por el art�culo 3o. de la ley, o por las leyes administrativas de las materias de que se trate, producir�n la nulidad o anulabilidad del acto administrativo.

    Por tanto, resulta inexacto el argumento de que el poder actor debi� recurrir el acto impugnado a trav�s de los supuestos de nulidad y anulabilidad establecidos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ya que tal como lo hemos precisado, este ordenamiento legal, no establece recurso o medio legal de defensa alguno a trav�s del cual se pueda revocar, modificar o nulificar el acto impugnado en esta v�a.

    Enseguida analizaremos el argumento de improcedencia que hacen valer tanto la A.�a Superior de la Federaci�n, la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n y el procurador general de la Rep�blica, en el sentido de que el oficio impugnado constituye simplemente el inicio del procedimiento de revisi�n de situaciones excepcionales a cargo de la A.�a Superior de la Federaci�n en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 36 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, por lo que no es un acto definitivo que pueda impugnarse a trav�s de la controversia constitucional, no siendo �bice, que el oficio impugnado contenga un apercibimiento, pues �ste deriva de lo dispuesto por el art�culo 37 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n y por ende no constituye un acto de molestia que origine la procedencia de una controversia constitucional.

    Las argumentaciones hechas valer tambi�n son infundadas, por lo siguiente:

    Los art�culos 36 y 37 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n,(30) establecen que la facultad de la A.�a Superior de la Federaci�n de revisar situaciones excepcionales surge cuando se presenten denuncias debidamente fundadas o por otras circunstancias pueda suponerse el presunto manejo, aplicaci�n o custodia irregular de recursos p�blicos federales, o de su desv�o. En estos casos, la A.�a Superior de la Federaci�n proceder� a requerir a las entidades fiscalizadas, para que revisen conceptos espec�ficos vinculados de manera directa a las denuncias presentadas, debiendo aportar dicho requerimiento indicios probatorios razonables, mediante los cuales se presuma que la irregularidad cometida ocasion� un da�o al Estado en su hacienda p�blica federal o al patrimonio de los entes p�blicos federales. Por su parte, las entidades fiscalizadas, deber�n rendir a la A.�a Superior de la Federaci�n, en un plazo que no exceder� de setenta y cinco d�as contados a partir de la recepci�n del requerimiento, un informe del resultado de sus actuaciones y, en su caso, de las sanciones que se hubieren impuesto o a que se hubieren hecho acreedores los servidores p�blicos involucrados.

    De lo anterior se advierte que el procedimiento de revisi�n de situaciones excepcionales consta de dos etapas b�sicas:

  6. La primera etapa est� a cargo de la A.�a Superior de la Federaci�n, y surge cuando este �rgano con motivo de alguna denuncia debidamente fundada o por otras circunstancias que puedan suponer el presunto manejo, aplicaci�n o custodia irregular de recursos p�blicos federales, o de su desv�o, requiere a las entidades fiscalizadas para que revisen conceptos espec�ficos vinculados de manera directa a las denuncias presentadas.

  7. La segunda etapa, est� a cargo de las propias entidades fiscalizadas, y consiste en que en un plazo no mayor a setenta y cinco d�as, tienen que rendir a la A.�a Superior de la Federaci�n, un informe del resultado de sus actuaciones y, en su caso, de las sanciones que hubieren impuesto a los servidores p�blicos involucrados.

    Como se advierte en el procedimiento de revisi�n de situaciones excepcionales, la A.�a Superior de la Federaci�n act�a cuando con motivo de una denuncia, requiere a las entidades fiscalizadas para que revisen conceptos espec�ficos vinculados de manera directa a la denuncia presentada. As�, la actuaci�n de la A.�a Superior de la Federaci�n puede considerarse agotada y definitiva una vez que decide requerir a las entidades fiscalizadas correspondientes.

    En efecto, una vez que la A.�a Superior de la Federaci�n decide requerir a las entidades fiscalizadas, su actuaci�n en el procedimiento de revisi�n de situaciones excepcionales llega a su fin, ya que la siguiente etapa consiste en que las entidades fiscalizadas le rindan el informe del resultado de sus actuaciones.

    As�, resulta claro que el requerimiento de revisi�n de situaciones excepcionales que hace la A.�a Superior de la Federaci�n a las entidades fiscalizadas, es un acto definitivo, pues ante este requerimiento, las entidades fiscalizadas deber�n desplegar una conducta, rendir un informe del resultado de sus actuaciones.

    Adem�s cabe precisar que en el caso no se actualiza la causa de improcedencia hecha valer por las autoridades demandadas, ya que lo que el poder actor cuestiona es precisamente la constitucionalidad de ese requerimiento de revisi�n e informe de situaciones excepcionales contenido en el oficio OASF/1565/05, emitido por la A.�a Superior de la Federaci�n.

    Todo lo anterior se robustece con lo establecido por el t�tulo cuarto de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, denominado "De la revisi�n de situaciones excepcionales", el cual consta de un cap�tulo �nico que va de los art�culos 36 a 44.(31) En p�rrafos precedentes ya se�alamos a que se refieren los art�culos 36 y 37, por lo que ahora conviene precisar lo que en esencia establecen los restantes preceptos:

  8. Art�culo 38. Dispone cu�les son los casos en los que se presenta una situaci�n excepcional, tales como da�o patrimonial a la hacienda p�blica federal o a los entes p�blicos federales, hechos de corrupci�n, afectaci�n de �reas estrat�gicas o prioritarias de la econom�a, riesgo de par�lisis en la prestaci�n de servicios p�blicos y desabasto de productos de primera necesidad.

  9. Art�culo 39. Se�ala que los sujetos de fiscalizaci�n est�n obligados a realizar la revisi�n que les requiera la A.�a Superior de la Federaci�n, sin que con ella se interfiera u obstaculice el ejercicio de sus funciones o atribuciones.

  10. Art�culo 40. Establece que en caso de que las entidades fiscalizadas no entreguen el informe del resultado de sus actuaciones una vez que han transcurrido los setenta y cinco d�as para ello establecidos, la A.�a Superior de la Federaci�n fincar� las responsabilidades e impondr� las sanciones correspondientes.

  11. Art�culo 41. Dispone que las responsabilidades fincadas y la imposici�n de sanciones, no liberan al infractor de cumplir con las obligaciones a su cargo.

  12. Art�culo 42. Se�ala que cuando el infractor sea sancionado y requerido para que en un plazo no mayor de cuarenta y cinco d�as, cumpla con la obligaci�n que motiv� la sanci�n, y sea el caso que vuelva a incumplir, la A.�a Superior de la Federaci�n lo podr� sancionar como reincidente.

  13. Art�culo 43. Para la imposici�n de la multa correspondiente, la A.�a Superior de la Federaci�n debe escuchar previamente al presunto infractor, tomando en cuenta entre otras cosas, sus condiciones econ�micas, la gravedad de la infracci�n y su nivel jer�rquico.

  14. Art�culo 44. Dispone que lo establecido en el cap�tulo relativo al procedimiento de revisi�n de situaciones excepcionales, no excluye la imposici�n de las sanciones que conforme a este ordenamiento legal u otras leyes fueren aplicables por la A.�a Superior de la Federaci�n.

    De lo anterior, se advierte como ya lo se�alamos, que en el procedimiento de revisi�n de situaciones excepcionales, la actuaci�n de la A.�a Superior de la Federaci�n adquiere el car�cter de definitiva una vez que con motivo de una denuncia, decide requerir a las entidades fiscalizadas correspondientes, dado que la siguiente etapa corre a cargo de las propias entidades fiscalizadas pues �stas deber�n rendir un informe del resultado de sus actuaciones, y s�lo en caso de que �stas no presenten el informe aludido, la A.�a Superior de la Federaci�n volver� a actuar fincando las responsabilidades e imponiendo las sanciones correspondientes.

    Por tanto, este Alto Tribunal concluye que el requerimiento de revisi�n de situaciones excepcionales que en el presente medio de control constitucional se impugna, s� es un acto definitivo de la A.�a Superior de la Federaci�n, y por consiguiente resulta infundada la causa de improcedencia analizada.

SEXTO

Estudio de los precedentes. Procede analizar, en primer t�rmino, los conceptos de invalidez sobre la constitucionalidad del oficio OASF/1565/05 impugnado, emitido por la A.�a Superior de la Federaci�n el doce de octubre del a�o de dos mil cinco, en donde se requiere a la Comisi�n R. de Energ�a la realizaci�n de una revisi�n sobre el otorgamiento de permisos de generaci�n de energ�a el�ctrica; el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los permisos; la fijaci�n de tarifas y las contraprestaciones a particulares y extranjeros; resultados que, se establece, deben informarse a la auditor�a en un plazo no mayor a setenta y cinco d�as contados a partir de su recepci�n. Como ya se mencion�, el oficio impugnado se emiti� con fundamento en el art�culo 79, fracci�n I, p�rrafo tercero, de la Constituci�n y los art�culos 36, 37 y 38, incisos a) y c), 39 y 40 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, todos ellos pertenecientes al cap�tulo �nico del t�tulo cuarto de la ley denominado: "De la revisi�n de situaciones excepcionales". Por raz�n de m�todo, por tanto, es conveniente hacer un an�lisis previo y general de lo que la "R.�n de situaciones excepcionales" significa en la Constituci�n y en la Ley de F.�n Superior, lo que puede proporcionarnos mayor claridad para el an�lisis y calificaci�n de los conceptos de invalidez contenidos en la demanda.

Asimismo, conviene hacer referencia, como antecedente y para situar el desarrollo del tema en el contexto de los precedentes existentes, a los asuntos previamente resueltos por la Suprema Corte de Justicia relacionados con las facultades de la A.�a Superior de la Federaci�n desde su transformaci�n como Contadur�a M. de Hacienda de la C�mara de Diputados mediante la reforma constitucional de julio de mil novecientos noventa y nueve. Si bien los temas sobre los que se ha generado criterio, y que fundamentan el sentido de los fallos, han tenido relaci�n con las competencias de la auditor�a que se desarrollan en situaciones ordinarias, por lo que no han hecho referencia a estas situaciones extraordinarias establecidas en el p�rrafo tercero de la fracci�n I del art�culo 79 de la Constituci�n, ni en la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, estas �ltimas no pueden entenderse si no es mediante la relaci�n y contraste con las caracter�sticas definitorias y limitaciones del ejercicio de facultades en situaciones ordinarias. Los asuntos a los que haremos referencia, que han resuelto sobre temas relacionados, son las controversias constitucionales 36/2003, 61/2004 y 91/2003.

  1. En la primera de estas controversias, la 36/2003, fallada el cuatro de noviembre de dos mil tres, se hace un minucioso estudio sobre el origen de la facultad de fiscalizaci�n de la cuenta p�blica, comenzando desde sus antecedentes en la Constituci�n de C�diz, para terminar con la reforma y art�culos transitorios promulgados el veintisiete y publicados el treinta de julio de mil novecientos noventa y nueve que instituye la entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n de la C�mara de Diputados, que sustituy� a la Contadur�a M. de Hacienda de la misma C�mara.

    En esta resoluci�n, la Suprema Corte determin� la naturaleza de las funciones de la extinta Contadur�a M. de Hacienda y de la nueva entidad de fiscalizaci�n en relaci�n con la revisi�n de la cuenta p�blica del a�o dos mil, a�o en que si bien se revisar�an por la nueva entidad de fiscalizaci�n la misma segu�a bajo el r�gimen transitorio de la reforma. De ah� que si era evidente que la nueva entidad de fiscalizaci�n sustancialmente hab�a cambiado el modo de emisi�n de sus recomendaciones, �stas eran inconstitucionales ya que la entidad no contaba con "facultades de �ndole imperativo en relaci�n con los entes auditados para ordenarles o conminarlos a la realizaci�n de actos espec�ficos, precisos y concretos tendentes a superar lo que a juicio de dicho �rgano t�cnico constitu�an irregularidades, situaci�n que es perfectamente acorde con su calidad de �rgano auditor".

    Se concluye, por tanto, que el marco constitucional y legal aplicable a la Contadur�a M. y a la nueva entidad de fiscalizaci�n, en su r�gimen transitorio, no comprend�a facultades de coerci�n o imperio que facultara para ordenar a los entes auditados acciones espec�ficas relacionadas con la revisi�n, sino que solamente era posible promover el "fincamiento" de responsabilidades frente a las autoridades competentes. De ah� la tesis jurisprudencial: "AUDITOR�A SUPERIOR DE LA FEDERACI�N. NO TIENE FACULTADES CONSTITUCIONALES PARA ORDENAR LA REALIZACI�N DE CONDUCTAS ESPEC�FICAS A LOS AUDITADOS EN RELACI�N CON LAS IRREGULARIDADES QUE DETECTE (R�GIMEN CONSTITUCIONAL TRANSITORIO APLICABLE A LA CUENTA P�BLICA DE DOS MIL)."(32)

    Este asunto se vot� por mayor�a de ocho votos de los se�ores Ministros A.A., D�az R., A.A.�n, G.�o P., O.M., S�nchez C. de G.�a V., S.M. y presidente A.G.�itr�n; el se�or Ministro Castro y Castro vot� en contra y por el sobreseimiento en la controversia constitucional; no asistieron los se�ores Ministros G.D.G.�ngora P., y H.R.P. por licencia concedida.

  2. En segundo lugar, encontramos la controversia constitucional 61/2004, resuelta por este Tribunal Pleno el doce de abril de dos mil cinco. Esta controversia es central para el tema que nos ocupa en el presente asunto, ya que es la que nos permitir�, por exclusi�n, definir con mayor claridad el tema a discusi�n. Los actos reclamados en esta controversia se refieren, en general, a permisos otorgados para la generaci�n de energ�a el�ctrica.

    La resoluci�n reproduce inicialmente el estudio de la controversia 36/2003 anteriormente rese�ada, en cuanto al cambio de la Contadur�a M. a la entidad de fiscalizaci�n, as� como la mayor amplitud de las facultades de esta �ltima, comprendiendo la operaci�n financiera de los entes auditados. En segundo t�rmino, hace la diferencia entre las actuaciones realizadas en relaci�n con las cuentas p�blicas desde mil novecientos noventa y cuatro a dos mil, la de dos mil uno y la de dos mil dos y posteriores, y su relaci�n con el r�gimen transitorio. En relaci�n a estos puntos, se considera que: a) respecto de los permisos otorgados entre mil novecientos noventa y cuatro y dos mil, debe imperar la normatividad vigente hasta antes de que se produjera la reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve por la que se cre� la entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n; b) respecto a los permisos expedidos el a�o dos mil uno, la entidad de fiscalizaci�n carec�a de facultades para revisarlos con motivo de la revisi�n de la cuenta p�blica del a�o dos mil dos, porque de acuerdo al principio de anualidad que rige en la materia, los actos que correspondan a procesos que abarquen otros ejercicios, s�lo podr�n revisarse en la parte ejecutada en el a�o que se fiscaliza, que en el caso concreto se refer�a al a�o dos mil dos (art�culo 20 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n); c) respecto a los permisos posteriores a dos mil dos, la resoluci�n considera que las recomendaciones y observaciones combatidas exced�an la esfera de competencias de la entidad de fiscalizaci�n.

    En este �ltimo punto, el exceso se produce ya que las facultades de la A.�a Superior de la Federaci�n derivadas de la revisi�n de la cuenta p�blica deben entenderse referidas a la gesti�n financiera del Estado, concepto del que escapa la revisi�n del acto administrativo que culmin� con el otorgamiento de los permisos relativos a la generaci�n de energ�a el�ctrica objeto de las auditor�as impugnadas objeto de la resoluci�n analizada.

    En este asunto la votaci�n fue m�s compleja, ya que lo resolvi� el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n por mayor�a de seis votos de los se�ores Ministros A.A., L.R., D�az R., G.�o P., O.M. y presidente A.G.�itr�n; declarando la invalidez de los oficios dirigidos al secretario de Energ�a y al presidente de la comisi�n, as� como de las observaciones y recomendaciones contenidas en el Informe del Resultado de la R.�n y F.�n Superior de la Cuenta P�blica de dos mil dos. Hubo votos en contra de los Ministros C.�o D�az, G�ngora P., V.H.�ndez, S�nchez C. y S.M., los que se pronunciaron porque se declarara la validez de los oficios impugnados por estimar que la A.�a Superior de la Federaci�n cuenta con las atribuciones correspondientes; el M.A.A. y la Ministra L.R. formularon salvedades con algunas de las consideraciones, formulando voto aclaratorio y voto concurrente, respectivamente.

  3. Finalmente, en la controversia constitucional 91/2003, resuelta por el Tribunal Pleno el veintitr�s de junio de dos mil cinco, se analizan conjuntamente dos problemas de transitoriedad en relaci�n con la revisi�n de la cuenta p�blica: por un lado el cambio de la antigua Contadur�a M. a la actual entidad de fiscalizaci�n y, por el otro, el cambio del Fondo Bancario de Protecci�n al Ahorro y al Instituto de Protecci�n al Ahorro Bancario.

    En este caso se declara la invalidez de los oficios impugnados aplicando los precedentes establecidos en las dos controversias rese�adas anteriormente. La resoluci�n retoma, en primer t�rmino, las limitaciones establecidas en la controversia 36/2003, a saber:

    "1. La A.�a Superior de la Federaci�n, actuando en sustituci�n de la Contadur�a M. de Hacienda, no tiene facultades imperativas en relaci�n con los entes auditados para ordenarles o conminarlos a la realizaci�n de actos espec�ficos, precisos y concretos tendentes a superar lo que a juicio de dicho �rgano t�cnico constituyen irregularidades.

    "2. La A.�a Superior de la Federaci�n invade la competencia constitucional del Poder Ejecutivo si emite actos espec�ficos, precisos y concretos tendentes sustituir a dicho poder en su funci�n de ejecutor o administrador directo de los recursos p�blicos."

    La resoluci�n hace �nfasis en que los oficios impugnados ten�an una estructura muy similar a los impugnados en la controversia 36/2003. Adem�s, la resoluci�n hace referencia a los l�mites de la fiscalizaci�n establecidos en la controversia 61/2004 en lo que se refiere al concepto de "gesti�n financiera", al cual se refiere de la manera siguiente:

    "Si bien la A.�a Superior de la Federaci�n cuenta con facultades de imperio a partir de la revisi�n de la cuenta p�blica de dos mil uno, ello no conduce a determinar que se encuentre constitucionalmente autorizada para extender su competencia constitucional disminuyendo la del Poder Ejecutivo, particularmente, en cuanto al �mbito decisorio del otorgamiento de permisos relativos a la generaci�n de energ�a el�ctrica, ni tampoco para evaluar la legalidad del procedimiento administrativo que culmin� con la emisi�n de tales permisos, considerando que la materia de la revisi�n de la cuenta p�blica se limita a la fiscalizaci�n de la gesti�n financiera, que no comprende tales aspectos."

    Finalmente, la resoluci�n considera que existe una vulneraci�n del principio de anualidad, ya que algunas de las observaciones hac�an referencia a operaciones que se hab�an pactado en el Programa de Capitalizaci�n y Compra de Cartera que inici� sus actividades en junio de mil novecientos noventa y cinco y concluy� en diciembre de mil novecientos noventa y ocho, mientras que la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n, en vigor a partir del treinta de diciembre de dos mil, resultaba inaplicable para fundamentar todo el procedimiento de fiscalizaci�n que llev� a cabo la A.�a Superior de la Federaci�n que culmin� con la emisi�n de los treinta y cuatro oficios reclamados, debido a que su vigencia no podr�a extenderse hacia el pasado.

    Esta controversia fue votada por mayor�a de ocho votos de los Ministros A.A., L.R., D�az R., G.�o P., O.M., V.H.�ndez, S�nchez C. y presidente A.G.�itr�n, determinando que las �rdenes contenidas en los oficios impugnados invad�an la esfera de atribuciones del Poder Ejecutivo Federal. Hubo votos en contra de los Ministros C.�o D�az, G�ngora P. y S.M. por estimar que los oficios impugnados no conten�an �rdenes sino recomendaciones.

    De lo anterior, entonces, podemos observar que la Suprema Corte ha establecido, de manera sucesiva y progresiva, diversas limitaciones al ejercicio de la facultades de fiscalizaci�n de la entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n; �stas han derivado tanto del r�gimen transitorio desde la antigua Contadur�a M., como de la naturaleza intr�nseca de las nuevas facultades de fiscalizaci�n, como en el caso de la definici�n del concepto de "gesti�n financiera". Asimismo, se reiteraron limitaciones cl�sicas a la actividad de fiscalizaci�n, como la regla de la fiscalizaci�n posterior del gasto y el principio de anualidad.

    De todo lo anterior, resulta evidente que esta Suprema Corte no se ha pronunciado a�n sobre la facultad que da origen al oficio OASF/1565/05 impugnado, emitido el doce de octubre del a�o de dos mil cinco. Esto es expl�cito en la segunda y tercera controversias analizadas: la 61/2004 y la 91/2003. En la primera de ellas, incluso se formul� un voto particular por parte de la Ministra Margarita L.R. en el que se inconforma sobre la falta de an�lisis de esta facultad en relaci�n con la facultad de fiscalizaci�n en situaciones ordinarias; en la segunda de ellas, queda claro en las consideraciones de la resoluci�n que en ning�n momento se pronuncia sobre la referida facultad, en la foja 314 textualmente dice: "Esto desde luego, sin prejuzgar sobre el posible ejercicio de las facultades excepcionales que en materia de fiscalizaci�n establece el p�rrafo tercero de la fracci�n I del art�culo 79 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos".

    En este sentido, podemos ya definir de manera precisa lo que nos corresponde analizar y desde qu� contexto funcional: el significado del tercer p�rrafo de la fracci�n I del art�culo 79 y de los art�culos relevantes de la Ley de F.�n que lo desarrollan. Los antecedentes nos permiten hacer �nfasis en que, si bien la facultad de la entidad en relaci�n con situaciones excepcionales no ha sido tratada de manera directa, su an�lisis s�lo cobra sentido en relaci�n con el resto del art�culo y con las limitaciones sist�micas reconocidas y reiteradas por las controversias rese�adas en el presente apartado. De este modo, solamente desde una interpretaci�n sistem�tica, funcional y arm�nica de los distintos preceptos y las facultades relacionadas con la fiscalizaci�n podremos evaluar la validez o invalidez del oficio impugnado y de las caracter�sticas del ejercicio de la facultad de fiscalizaci�n de situaciones extraordinarias por parte de la entidad de fiscalizaci�n que son el fundamento para emitirlo.

S�PTIMO

Estudio de fondo.

En este apartado nos formularemos las preguntas necesarias para la resoluci�n del asunto y la evaluaci�n de los argumentos de las partes:

1) �En qu� situaci�n se encuentra, en el Texto Constitucional, la facultad de fiscalizaci�n de situaciones extraordinarias? �Esta facultad se establece como una extensi�n o como una excepci�n de la facultad de fiscalizaci�n de situaciones ordinarias o no extraordinarias?

2) �De ser una facultad que se refiere a situaciones de car�cter extraordinario, le son aplicables las limitaciones de las facultades de fiscalizaci�n en situaciones ordinarias o, de no ser as�, cu�les de ellas s� y cu�les no son aplicables?

3) �Cu�l es el �mbito de actuaci�n de la auditor�a mediante el ejercicio de facultades de fiscalizaci�n sobre situaciones extraordinarias en vista de lo anterior, y cu�l es la situaci�n del oficio impugnado en relaci�n con los conceptos de invalidez elaborados por la parte actora?

1) Como se ha repetido, la facultad de revisi�n analizada se encuentra contenida en el tercer p�rrafo de la fracci�n primera del art�culo 79 de la Constituci�n.(33)

Un principio de interpretaci�n normativa utilizado reiteradamente por esta Suprema Corte de Justicia es el sistem�tico, mediante �l, la interpretaci�n realizada por el tribunal tiene que dar sentido a las disposiciones en relaci�n a las dem�s disposiciones que integran la Constituci�n, esto surge de la funci�n de integraci�n que tiene el tribunal constitucional, pero tambi�n de la naturaleza normativa del par�metro de interpretaci�n, del hecho de que la Constituci�n no es solamente un conjunto de normas aisladas sin relaci�n entre s�, sino que integra un cuerpo normativo el cual adquiere sentido como un todo y no como una serie de disposiciones normativas inconexas.(34)

En este sentido, si bien se habla de situaciones extraordinarias, �stas solamente pueden serlo en relaci�n con lo que, en el mismo texto normativo y en las normas que �ste delegue, se entiende como ordinario. S�lo de este modo podremos determinar cu�les caracter�sticas de las facultades de fiscalizaci�n de las situaciones ordinarias resultan aplicables y cu�les no, para diferenciarlas de manera precisa y adecuada. Asimismo, si el procedimiento que resulta de estas situaciones extraordinarias es distinto que el procedimiento normal para la fiscalizaci�n de la cuenta p�blica, hay que determinar las caracter�sticas espec�ficas de este procedimiento en relaci�n a las caracter�sticas del procedimiento relacionado con las situaciones ordinarias. En otras palabras, el hecho de que el p�rrafo tercero se refiera a situaciones extraordinarias no exime autom�ticamente a la A.�a Superior de la totalidad de limitaciones y requisitos establecidos para los dem�s procesos de fiscalizaci�n, sino que s�lo del an�lisis sistem�tico de la excepcionalidad de las situaciones a que se refiere la Constituci�n determinaremos exactamente lo que debe considerase como tal.

As�, de un primer acercamiento al tercer p�rrafo de la fracci�n I del art�culo citado, se puede determinar que estas situaciones excepcionales no pueden sino estar en relaci�n con lo establecido en el primer p�rrafo de la misma fracci�n, que se refiere a la fiscalizaci�n posterior de los ingresos, egresos y el manejo, custodia y la aplicaci�n de recursos de los Poderes de la Uni�n y de los entes p�blicos federales; as� como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales. Un segundo elemento es que el art�culo no delimita exhaustivamente el concepto de situaciones excepcionales, sino que hace una remisi�n a lo que determine la ley y, por tanto, delega en el legislador ordinario la configuraci�n normativa de estas situaciones. Esta delegaci�n es desarrollada por el legislador en el cap�tulo �nico del t�tulo cuarto de la Ley de F.�n, en sus art�culos 36 al 44, los que se convierten en referencia obligada.

De estos art�culos relevantes de la ley se desprende, en primer t�rmino, las caracter�sticas generales de las situaciones excepcionales. El art�culo 36 del cap�tulo �nico de la Ley de F.�n establece que las situaciones excepcionales pueden presentarse cuando, por denuncia debidamente fundada u otras circunstancias, puedan suponerse el presunto manejo, aplicaci�n o custodia irregular de recursos p�blicos o su desv�o. La auditor�a tendr� entonces la competencia para requerir a las entidades fiscalizadas, las revisiones de los conceptos vinculados de manera directa con las denuncias presentadas.(35) Las autoridades, conforme lo establece el art�culo 37, deben rendir un informe en un plazo que no exceder� de setenta y cinco d�as contados a partir de la fecha del requerimiento.(36)

De no rendir el informe en el plazo se�alado en el art�culo 37, la auditor�a fincar� las responsabilidades correspondientes e impondr� a los servidores responsables una multa de cien a seiscientos salarios m�nimos; la reincidencia puede llegar a duplicar el monto de la multa y resultar en destituci�n, adem�s de que la imposici�n de sanciones no releva a los responsables de cumplir con las obligaciones cuyo incumplimiento dio lugar a las multas.

El art�culo 38 de la misma ley establece los supuestos necesarios, que deben deducirse de la denuncia presentada, para que esta situaci�n excepcional se presente:

"

  1. Un da�o patrimonial que afecte a la hacienda p�blica federal o al patrimonio de los entes p�blicos federales, por un monto que resulte superior a cien mil veces el salario m�nimo general vigente en el Distrito Federal;

    "b) Hechos de corrupci�n determinados por autoridad competente;

    "c) La afectaci�n de �reas estrat�gicas o prioritarias de la econom�a;

    "d) El riesgo de que se paralice la prestaci�n de servicios p�blicos esenciales para la comunidad, o

  2. El desabasto de productos de primera necesidad".

    De una lectura inicial del sistema de reglas relacionadas con las "situaciones excepcionales" integrado por la delegaci�n al legislador del p�rrafo tercero de la fracci�n I del art�culo 79 de la Constituci�n, se desprende, en primer t�rmino, que la materia de las mismas es m�s restringida que aquella a la que se refiere la facultad del p�rrafo primero, ya que se refiere solamente al manejo, aplicaci�n o custodia de recursos p�blicos y no al cumplimiento de objetivos que se contempla en el p�rrafo primero. Se establecen, adem�s, los requisitos para la procedencia de la revisi�n de los conceptos relacionados con la denuncia, que son los cinco incisos del art�culo 38. Finalmente, la forma de proceder de las autoridades fiscalizadas, la rendici�n de un informe sobre los conceptos fiscalizados, las actuaciones realizadas y las posibles sanciones impuestas a los servidores involucrados.

    2) De este modo, los �nicos elementos distintivos de la situaci�n excepcional que se dan en la ley son los calificativos de la afectaci�n, los cuales deben deducirse de manera directa de la denuncia presentada: da�o patrimonial en un monto espec�fico, hechos de corrupci�n, la afectaci�n de �reas estrat�gicas o prioritarias de la econom�a, la paralizaci�n de la prestaci�n de servicios p�blicos esenciales o el desabasto de productos de primera necesidad. De este modo, para una interpretaci�n integral del t�rmino "situaciones excepcionales" que encontramos en el p�rrafo tercero, debemos determinar su relaci�n con los elementos temporales del ejercicio de la facultad para fiscalizarlas. Esta limitaci�n temporal, debe ser entonces entendida como una excepci�n a lo establecido de manera expl�cita en el p�rrafo primero de la misma fracci�n I del art�culo analizado: a la limitaci�n de fiscalizaci�n posterior.

    La facultad de fiscalizaci�n posterior de la actuaci�n de los Poderes de la Uni�n y entes p�blicos federales establecida en el p�rrafo primero de la fracci�n I del art�culo 79, se desarrolla en la Ley Superior de F.�n b�sicamente en dos momentos: a) el informe de gesti�n financiera a entregar en el mes de agosto del a�o que se va a fiscalizar; y b) la revisi�n de la cuenta p�blica a entregar en junio del a�o siguiente.(37) La cuenta p�blica consolida los resultados del informe del avance de la gesti�n financiera y la informaci�n del segundo semestre del a�o que corresponda.(38)

    El objetivo del informe sobre el avance de gesti�n financiera es, seg�n el art�culo 11 de la propia ley, conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacci�n de necesidades relativos a los programas a cargo de los Poderes de la Uni�n y los entes p�blicos federales. El informe debe contener: el flujo contable de ingresos y egresos al treinta de junio del a�o en que se est� ejerciendo el presupuesto; el avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores estrat�gicos aprobados en el presupuesto; y, los procesos concluidos. Este informe, por tanto, no incluye la revisi�n de conceptos espec�ficos, sino que solamente establece los elementos generales para la evaluaci�n del cumplimiento de objetivos y metas de los programas. No se hace una revisi�n del manejo custodia y aplicaci�n de los fondos y recursos federales, lo cual se realiza hasta el segundo momento identificado, la revisi�n de la cuenta p�blica.

    En este sentido, debemos entender los supuestos del art�culo 38 como eventos que facultan a la auditor�a a pedir informes a las entidades auditadas en momentos distintos a los dos que acabamos de rese�ar en el transcurso del a�o fiscal que corresponda. No es dif�cil percatarse de que los supuestos refieren a situaciones de urgencia que un mal manejo de recursos federales pueden generar, no a situaciones que puedan darse en cualquier momento, sino a aquellas que se pueden generar en el transcurso del a�o fiscal y que requieren una revisi�n urgente.

    Derivado de la existencia de esta facultad para la fiscalizaci�n de situaciones extraordinarias, podemos considerar, por tanto, tres momentos posibles para que la auditor�a realice la fiscalizaci�n, manejo, aplicaci�n o custodia de recursos p�blicos federales o de su desv�o: a) en el avance de gesti�n financiera, �nicamente los conceptos reportados como procesos concluidos por los Poderes de la Uni�n y los entes p�blicos federales;(39) b) en el informe de revisi�n que debe entregarse antes del treinta y uno de marzo del a�o siguiente a aquel en que se reciba la cuenta p�blica;(40) y, c) cuando se deduzca de la denuncia presentada alguno de los supuestos establecidos en el art�culo 38 de la ley, en cualquier momento dentro del a�o en que se ejercen los recursos.

    Las limitaciones generales aplicables a las facultades de fiscalizaci�n de situaciones ordinarias, como lo hemos visto de la rese�a hecha de los precedentes, se refieren temporalmente a la fiscalizaci�n posterior y a la anualidad para la revisi�n de la cuenta p�blica y, materialmente, al concepto de gesti�n administrativa. La primera limitaci�n temporal se encuentra en el mismo art�culo 79 en donde se establece que la fiscalizaci�n debe ser "posterior", esto significa que la fiscalizaci�n solamente puede realizarse una vez que haya transcurrido el tiempo que se fiscaliza, de este modo se explica que el informe sobre el avance de la gesti�n financiera, aun cuando se rinde durante el ejercicio a fiscalizar, solamente se refiera a procesos concluidos dejando la fiscalizaci�n de los dem�s conceptos para el momento de realizar la revisi�n de la cuenta p�blica anual.

    La segunda limitaci�n temporal se refiere a la anualidad, que se refiere a que solamente pueden fiscalizarse las actuaciones de las entidades dentro del a�o en el que se est� fiscalizando y no en ejercicios anteriores; esta limitaci�n no se encuentra en el art�culo 79, sino que se desprende del final del primer p�rrafo del art�culo 74, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal, en donde se establece, y al mismo tiempo se limita, la facultad de la C�mara de Diputados de la revisi�n de la cuenta p�blica "del a�o anterior".

    Sobre esta limitaci�n, en la ley solamente se establece un modo �nico que posibilita la revisi�n de conceptos, documentos y situaciones espec�ficos en relaci�n con otros ejercicios, y se encuentra establecido en su art�culo 20, el cual conviene transcribir en su totalidad.

    "Art�culo 20. La fiscalizaci�n del Informe de Avance de Gesti�n Financiera y la revisi�n de la cuenta p�blica est�n limitadas al principio de anualidad a que se refiere la fracci�n IV del art�culo 74 constitucional, por lo que un proceso que abarque en su ejecuci�n dos o m�s ejercicios fiscales, s�lo podr� ser revisado y fiscalizado anualmente en la parte ejecutada precisamente en ese ejercicio, al rendirse la cuenta p�blica; lo mismo ocurrir� cuando el proceso se declare como concluido. En virtud de lo anterior, la revisi�n de conceptos ya fiscalizados con motivo del Informe de Avance de Gesti�n Financiera, no deber�n duplicarse a partir de la revisi�n de la cuenta p�blica.

    Sin perjuicio del principio de anualidad a que se refiere el p�rrafo anterior, la A.�a Superior de la Federaci�n podr� revisar de manera casu�stica y concreta, informaci�n y documentos relacionados con conceptos espec�ficos de gasto correspondientes a ejercicios anteriores al de la cuenta p�blica en revisi�n, cuando el programa o proyecto contenido en el presupuesto aprobado, abarque para su ejecuci�n y pago diversos ejercicios fiscales, sin que con este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la cuenta p�blica del ejercicio correspondiente a la revisi�n espec�fica se�alada.

    Este art�culo establece elementos puntuales de revisi�n de otros ejercicios, sin que pueda considerarse una violaci�n al principio de anualidad. En lo que nos corresponde en este momento analizar, sin embargo, no podemos interpretar que este art�culo de alg�n modo permita que se presenten situaciones extraordinarias fuera de la limitaci�n del principio de anualidad, sino que solamente regula las modalidades de revisi�n de la fiscalizaci�n en momentos ordinarios, cuando existan elementos o procesos que procedan de otros ejercicios y, en esto el art�culo es muy claro, no se entiende abierto, de ning�n modo, a cuentas p�blicas de ejercicios anteriores. Es por tanto claro, que esto en ning�n momento se refiere a situaciones extraordinarias, ya que las mismas no se generan de manera sucesiva en diversos ejercicios, sino que se presentan de modo inmediato e imprevisto, afectando elementos fundamentales de la estructura estatal, de ah� su calificaci�n de extraordinarias.

    De este modo, es claro que la facultad de fiscalizaci�n de situaciones extraordinarias por parte de la A.�a Superior se refiere de manera espec�fica a situaciones que se susciten durante el ejercicio, funcionando como excepci�n a la fiscalizaci�n posterior establecida en el p�rrafo primero y fuera de los dos momentos ordinarios de fiscalizaci�n indicados: en los procesos concluidos en el informe de avance de gesti�n financiera y en el informe de revisi�n de la cuenta p�blica. Estas situaciones extraordinarias no pueden presentarse, por tanto, fuera del ejercicio revisado, ya que las mismas hubieran sido revisadas como procesos concluidos o como elementos de la revisi�n de la cuenta p�blica anual. En ning�n caso se faculta a la auditor�a para la apertura de cuentas anteriores a la del a�o de que se trate; esto no se permite, como lo hemos analizado, ni aun en los casos en que los conceptos o procesos se desarrollen de manera sucesiva en varios ejercicios.

    La interpretaci�n anterior es resultado de una aproximaci�n funcional y sistem�tica al sistema de fiscalizaci�n superior de las situaciones extraordinarias por parte de la A.�a Superior de la Federaci�n. Si bien el resultado de la interpretaci�n parece concluyente, vale la pena hacer notar la dificultad de utilizar otros m�todos de interpretaci�n en este caso concreto. Lo anterior es as�, por la relativa novedad del procedimiento de fiscalizaci�n desde la �ltima reforma -que fue tratado en la controversia 31/2003-, y porque el procedimiento legislativo no proporciona elementos determinantes para la definici�n del contenido o extensi�n de la facultad que analizamos. Ni la exposici�n de motivos ni los dict�menes de las C�maras contienen ninguna expresi�n o fundamentaci�n clara del procedimiento sobre situaciones extraordinarias del tercer p�rrafo de la fracci�n primera del art�culo 79. Existen, sin embargo, ciertas expresiones ilustrativas por algunos diputados y senadores participantes en el proceso legislativo que, si bien no fundamentan, s� confirman la interpretaci�n anterior.

    1. proceso que integr� las diversas iniciativas que culminaron en la reforma al art�culo 79 de la Constituci�n, podemos observar que la facultad de revisi�n de situaciones extraordinarias no se encontraba contemplada inicialmente sino que fue integrada durante el proceso, en el dictamen de la iniciativa en la C�mara de Diputados se dice lo siguiente:

      "Asimismo, destaca la propuesta de esta dictaminadora en el sentido de otorgar facultades a la entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n, no s�lo para fiscalizar en forma posterior los ingresos, los egresos, el manejo y la aplicaci�n de todos los fondos y recursos federales, sino tambi�n para requerir, de manera excepcional, revisiones durante el ejercicio en curso, siempre que se trate de situaciones extraordinarias en aquellos casos se�alados por la ley.

      El ejercicio de esta facultad de verificaci�n, tal como lo propone la dictaminadora, se realizar�a a partir del informe semestral que se rinda por parte del ente fiscalizado, o bien por circunstancias extraordinarias como las aludidas en el p�rrafo anterior. En estos casos, la entidad de fiscalizaci�n superior podr� requerir a las entidades fiscalizadas que procedan a la revisi�n de aquel o aquellos conceptos o situaciones que la entidad fiscalizadora considere pertinentes. Si esos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas se�alados por la ley, podr� darse lugar al fincamiento de las responsabilidades que correspondan.

      En la discusi�n de la C�mara podemos encontrar expresiones como las siguientes por parte de algunos diputados, mismos que sin ser en modo alguno concluyentes, s� ilustran el entendimiento que debe darse a las normas a interpretar:

      Dip. Mar�a M.M.O. (PT)

      "Adem�s consideramos un gran retraso en los tiempos para la aprobaci�n de la cuenta p�blica de los ejercicios fiscales que correspondan, ya que esto se da con posterioridad a la utilizaci�n de los recursos aprobados, y en caso de que se puedan fincar responsabilidades quienes cometieron el il�cito, f�cilmente pueden sustraerse a la acci�n de la justicia. Por ello, nosotros, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, nos pronunciamos porque el control interorg�nico del gasto p�blico se de en el mismo ejercicio fiscal.

      "...

      "Adem�s nuestro grupo parlamentario no est� conforme con lo que se dispone en el p�rrafo primero de la fracci�n I del art�culo 79, en lo que se refiere a fiscalizar en forma posterior los ingresos, los egresos, ya que consideramos que una efectiva forma de control interorg�nica es cuando existe la posibilidad de que dicho control se d� precisamente en el momento en que el gasto se ejerce."

      Dip. F.H.A. (PAN).

      "Tambi�n es muy importante que entidad fiscalizadora no es una entidad inquisitorial, no se pretende que tenga esa funci�n �qu� pobre ser�a si nada m�s tuviese esa funci�n!, es tambi�n una entidad de previsi�n, de dar un alcance de lo que se llama la evaluaci�n integral de la actividad p�blica como una medida preventiva y por ello se est� proponiendo por primera vez en el esquema constitucional mexicano que la revisi�n de la actividad de la gesti�n p�blica no s�lo sea ex post, sino tambi�n ex ante, durante el ejercicio que est� corriendo la actividad; claro, con ciertas limitantes y condicionamientos que la misma Constituci�n en su precepto, en el 79 que se propone se�ala, �Cu�les son? informes semestrales integrales que tendr�n que rendir todas las entidades fiscalizadas, todas, incluy�ndonos nosotros.

      Dos, a partir de esos informes semestrales, se podr�n llevar a cabo verificaciones. Igualmente, excepcionalmente podr� haber verificaciones fuera de los informes en situaciones extraordinarias, excepcionales, por ejem. una denuncia de dimensiones especiales que por su trascendencia e importancia merezca el que intervenga la entidad para verificar y constatar en la din�mica de la actividad de la gesti�n p�blica, esos hechos o esas circunstancias o esos elementos que puedan dar lugar en todo caso, a un desv�o no s�lo de los fondos, sino de la efectividad de la gesti�n por ejemplo program�tica subrayo lo program�tico de modo que la entidad fiscalizadora que se propone para ustedes est� realmente y sin el �nimo de hacer comparaciones con otros pa�ses, al nivel m�s alto de las entidades de fiscalizaci�n de cualquier pa�s. As� de simple.

      P.G.�mez (PRD).

      "A nosotros nos parece que tienen muy poco sentido esas auditor�as que se realicen porque no lo son, no son auditor�as. Esas revisiones que se realicen durante el ejercicio. Porque no es la entidad fiscalizadora la que va a hacer la revisi�n. Vean el segundo p�rrafo de la fracci�n I del art�culo 79 en la Gaceta Parlamentaria, dice que excepcionalmente en los casos en que se presenten situaciones extraordinarias, as� consideradas por la ley, podr� el �rgano de fiscalizaci�n requerir a la entidad fiscalizada que proceda a la revisi�n de aquel o aquellos conceptos o situaciones que la entidad fiscalizadora considere pertinentes.

      O sea que la entidad fiscalizada ser� la que tenga que hacer esa revisi�n ex ante, como dice el diputado F., pero no por el �rgano fiscalizador. Nosotros queremos un �rgano de fiscalizaci�n que no est� en el cuarto oscuro de la revisi�n de la cuenta �nicamente, sino que tenga la capacidad para revisar y hacer actuaciones fiscalizadoras durante el a�o del ejercicio, en la banca de desarrollo, etc�tera, etc�tera.

    2. de Jes�s Cant� (PRI)

      "Si se quiere que haya revisiones ex ante y se dice que no lo est�n expresamente determinadas solamente hay que leer, a contrario sensu, lo que viene en la fracci�n primera, p�rrafo primero y segundo. El primero habla de fiscalizar en forma posterior los ingresos, etc�tera, y en la segunda habla de manera excepcional, en los casos en que se presenten situaciones extraordinarias as� consideradas por la ley.

      A contrario sensu, est� incluida �sta. Pero adem�s, esta excepci�n se pone as� porque no es posible que con sus m�s de 500 auditor�as que se realizan sobre el ejercicio, una vez que �ste se hizo, es decir, posterior a su ejercicio, no tendr�a capacidad un �rgano, no acabar�a jam�s estableciendo auditor�as para todas y cada una, duplicando los esfuerzos antes y despu�s, durante y despu�s del ejercicio, No tendr�a ning�n sentido.

      En la C�mara R. hubo una breve discusi�n entre la senadora G. y el senador G.�a Villa. Resulta conveniente transcribir lo que dijo el segundo de ellos:

      Dice tambi�n la se�ora senadora G. que no hay en la reforma posibilidad, o as� le entend� de que se establezcan las revisiones o auditor�as ex ante, pero justamente en el propio nuevo art�culo 79 se abre la posibilidad de que la nueva entidad superior de fiscalizaci�n sin perjuicio de que la mayor�a de las revisiones sean posteriores o ex post dice que en forma, en situaciones excepcionales que determine la ley, podr� requerir a los sujetos de fiscalizaci�n que procedan a la revisi�n de los conceptos que estime pertinentes y le rindan un informe; y adem�s si estos requerimientos no fueran atendidos en los plazos y formas se�alados por la ley, se podr� dar lugar al fincamiento de las responsabilidades que correspondan.

      Finalmente, en el dictamen de la revisora, y aqu� s� con mayor relevancia jur�dica interpretativa, se reconoce la inclusi�n de la facultad por la colegisladora, por lo que podemos inferir que se acept� en sus t�rminos:

      "La C�mara de Diputados incluy� en el dictamen aprobado una innovaci�n no contenida en las iniciativas originales, en el sentido de otorgar facultades a la entidad de fiscalizaci�n superior, no s�lo para revisar en forma posterior los ingresos, los egresos, el manejo y la aplicaci�n de los fondos y recursos federales, sino tambi�n de requerir de manera excepcional revisiones durante un ejercicio en curso, trat�ndose de situaciones extraordinarias y en los casos se�alados por la ley. Para el ejercicio pr�ctico de esta facultad de verificaci�n, se propuso la presentaci�n de informes semestrales y se determin� que �de manera excepcional�, en los casos en que se presentaran situaciones extraordinarias, consideradas as� por la ley, se encomendar�an a las propias entidades fiscalizadas las revisiones consecuentes, en la inteligencia de que, de no cumplir con esa acci�n, quedar�an sujetas al fincamiento de las responsabilidades respectivas."

      Por todo lo anterior, pareciera indudable la confirmaci�n de la interpretaci�n sistem�tica y funcional del Texto Constitucional y legislativo en el sentido de que la facultad de fiscalizaci�n por parte de la A.�a Superior de la Federaci�n puede ejercitarse como excepci�n a la limitaci�n establecida en el primer p�rrafo de la fracci�n I del art�culo 79, la posterioridad en la fiscalizaci�n de los recursos que aplica tanto para el informe de avance de gesti�n financiera como para la totalidad de la cuenta p�blica.

      No es posible de ning�n modo derivar del texto de la Constituci�n Federal o de la ley en que delega, ni del desarrollo del procedimiento de reforma constitucional, que el t�rmino "situaciones excepcionales" tenga relaci�n alguna con la limitaci�n al principio de anualidad establecido en la fracci�n IV del art�culo 74 de la Constituci�n, cuya rigidez es clara de la falta de excepciones y de los condicionamientos y matizaciones establecidos en el art�culo 20 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n.

      Finalmente, por el sentido de la presente resoluci�n, no es necesario pronunciarnos sobre la aplicabilidad de las limitaciones materiales a la facultad de fiscalizaci�n de las situaciones extraordinarias, como fueron desarrolladas en las controversias 61/ 2004 y 91/2003, ya que con lo hasta aqu� desarrollado es suficiente para dar sentido y resolver la litis planteada.

      3) De este modo, la auditor�a, al emitir el doce de octubre del a�o de dos mil cinco el oficio OASF/1565/05 impugnado, se extralimit� en sus competencias constitucionales y legales. El oficio impugnado se refiere a permisos otorgados por parte de la Comisi�n R. de Energ�a en diferentes momentos: a) permisos de producci�n independiente, diecisiete hasta marzo de dos mil tres (fojas 105 y 106); b) permisos de "autoabastecimiento", los �ltimos sesenta se concedieron hasta marzo de dos mil tres (foja 108); c) permisos de cogeneraci�n, igualmente concedidos hasta marzo de dos mil tres (foja 112); d) permisos de exportaci�n, otorgados entre el nueve de agosto de dos mil uno al veintitr�s de octubre de dos mil dos (foja 46).

      De este modo, el segundo concepto de invalidez planteado por el actor resulta fundado y debe declarase la invalidez del oficio impugnado y de sus consecuencias, siendo innecesario ya el estudio de los restantes conceptos de invalidez dado el sentido de la presente resoluci�n. Sirve de apoyo la tesis de rubro:

      "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ. Si se declara la invalidez del acto impugnado en una controversia constitucional, por haber sido fundado uno de los conceptos de invalidez propuestos por la parte actora, situaci�n que cumple el prop�sito de este juicio de nulidad de car�cter constitucional, resulta innecesario ocuparse de los restantes argumentos de queja relativos al mismo acto."(41)

      Por lo expuesto y fundado, se

      resuelve:

PRIMERO

Es procedente y fundada la presente controversia constitucional.

SEGUNDO

Se declara la invalidez del oficio OASF/1565/05 impugnado, emitido por la A.�a Superior de la Federaci�n el doce de octubre del a�o de dos mil cinco, as� como de sus efectos y consecuencias.

TERCERO

P.�quese esta resoluci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n y su Gaceta.

N.�quese; haci�ndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, arch�vese el expediente como asunto concluido.

As�, lo resolvi� el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por mayor�a de ocho votos de los se�ores Ministros A.A., C.�o D�az, F.G.S., G.�o P., A.G.�itr�n, V.H.�ndez, S�nchez C. de G.�a V. y S.M.; los se�ores Ministros G�ngora P. y presidente O.M. votaron en contra y por el reconocimiento de validez del oficio OASF/1565/05 emitido por la A.�a Superior de la Federaci�n el doce de octubre del a�o dos mil cinco; los se�ores M.V.H.�ndez y S�nchez C. de G.�a V. reservaron su derecho a formular votos concurrentes; y el Ministro G�ngora P. reserv� el suyo para formular voto particular.

El se�or Ministro presidente G.I.O.M. declar� que el asunto se resolvi� en los t�rminos propuestos.

No asisti� la se�ora M.M.B.L.R., previo aviso.

_____________

  1. En la p�gina 4 de su demanda se�ala expresamente: "... VI. Fecha de notificaci�n del acto cuya invalidez se demanda. El 12 de octubre de 2005."

  2. El acuerdo referido fue aprobado por unanimidad de 10 votos. Ausente la M.M.L.R. por estar desempe�ando comisi�n oficial.

  3. "Art�culo 10. Tendr�n el car�cter de parte en las controversias:

    I. Como actor, la entidad, poder u �rgano que promueva la controversia; ...

    "Art�culo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deber�n comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en t�rminos de las normas que los rigen, est�n facultados para representarlos. En todo caso, se presumir� que quien comparezca a juicio goza de la representaci�n legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

    "...

    "El presidente de los Estados Unidos Mexicanos ser� representado por el secretario de Estado, por el jefe de departamento administrativo o por el C.o Jur�dico del Gobierno, conforme lo determine el propio presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley. El acreditamiento de la personalidad de estos servidores p�blicos y su suplencia se har�n en los t�rminos previstos en las leyes o reglamentos interiores que correspondan."

  4. "Art�culo 90. La administraci�n p�blica federal ser� centralizada y paraestatal conforme a la L.O.�nica que expida el Congreso, que distribuir� los negocios del orden administrativo de la Federaci�n que estar�n a cargo de las secretar�as de Estado y departamentos administrativos y definir� las bases generales de creaci�n de las entidades paraestatales y la intervenci�n del Ejecutivo Federal en su operaci�n.

    "Las leyes determinar�n las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre �stas y las secretar�as de Estado y departamentos administrativos."

  5. "Art�culo 1o. La presente ley establece las bases de organizaci�n de la administraci�n p�blica federal, centralizada y paraestatal.

    "La presidencia de la Rep�blica, las secretar�as de Estado, los departamentos administrativos y la C.�a Jur�dica del Ejecutivo Federal, integran la administraci�n p�blica centralizada.

    Los organismos descentralizados, las empresas de participaci�n estatal, las instituciones nacionales de cr�dito, las organizaciones auxiliares nacionales de cr�dito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administraci�n p�blica paraestatal.

    "Art�culo 2o. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Uni�n, habr� las siguientes dependencias de la administraci�n p�blica centralizada:

    "I.S.�as de Estado;

    "II. Departamentos administrativos, y

    III. C.�a Jur�dica.

    Art�culo 11. Los titulares de las secretar�as de Estado y de los departamentos administrativos ejercer�n las funciones de su competencia por acuerdo del presidente la Rep�blica.

    "Art�culo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Uni�n contar� con las siguientes dependencias: ...

    "Secretar�a de Energ�a. ..."

  6. "Art�culo 10. Tendr�n el car�cter de parte en las controversias:

    "...

    II. Como demandado, la entidad, poder u �rgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia; ...

    "Art�culo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deber�n comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en t�rminos de las normas que los rigen, est�n facultados para representarlos. En todo caso, se presumir� que quien comparezca a juicio goza de la representaci�n legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."

  7. "... Acuerdo. Primero: La Mesa Directiva de la C�mara de Diputados para el tercer a�o de ejercicio legislativo de la LIX Legislatura quedar� conformada en los t�rminos y orden de prelaci�n siguientes: Presidente: Diputado H.D.�az Esc�rraga. Vicepresidenta: Diputada Mar�a M.G.S. y P.. Vicepresidente: Diputado �lvaro El�as L.. Vicepresidente: Diputado F.A.V.. Secretaria: Diputada Mar�a S.R.M.. Secretaria: Diputada P.G.�o M.. Secretario: Diputado M.M.T.. Segundo: El diputado electo a la presidencia de la mesa directiva, de conformidad con lo dispuesto por el resolutivo que antecede, ejercer� el cargo hasta el 31 de enero de 2006. A partir del 1 de febrero de 2006, la presidencia de la mesa directiva ser� asumida por el vicepresidente que corresponda con arreglo al orden de prelaci�n establecido en la lista electa, durante los periodos siguientes: Primer vicepresidente en el orden de prelaci�n: del 1 de febrero al 15 de mayo de 2006. Segundo vicepresidente en el orden de prelaci�n: del 16 de mayo al 31 de agosto de 2006. Tercero. Al t�rmino del periodo respectivo, la diputada o diputado que hubiere ejercido el cargo de presidente de la Mesa Directiva de la C�mara de Diputados asumir� la vicepresidencia disponible en raz�n de la aplicaci�n del procedimiento de sucesi�n rotatoria al que se refiere el resolutivo anterior. ..."

  8. "Art�culo 23.

    "1. Son atribuciones del presidente de la Mesa Directiva las siguientes: ...

    "l) Tener la representaci�n legal de la C�mara y delegarla en la persona o personas que resulte necesario; ..."

  9. Sobre el tema de la legitimaci�n pasiva del auditor superior de la Federaci�n en controversia constitucional existen varios precedentes, como lo son las controversias constitucionales con n�mero de expediente 36/2003, 91/2003, 36/2004 y 84/2004.

  10. "Art�culo 74. Son facultades exclusivas de la C�mara de Diputados:

    "...

    "IV. Aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federaci�n, previo examen, discusi�n y, en su caso, modificaci�n del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, as� como revisar la cuenta p�blica del a�o anterior ...

    "La revisi�n de la cuenta p�blica tendr� por objeto conocer los resultados de la gesti�n financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios se�alados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

    Para la revisi�n de la cuenta p�blica, la C�mara de Diputados se apoyar� en la entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n. Si del examen que �sta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relaci�n a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificaci�n en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinar�n las responsabilidades de acuerdo con la ley ....

    "Art�culo 79. La entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n, de la C�mara de Diputados, tendr� autonom�a t�cnica y de gesti�n en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organizaci�n interna, funcionamiento y resoluciones, en los t�rminos que disponga la ley.

    "Esta entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n tendr� a su cargo:

    "I.F. en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicaci�n de fondos y recursos de los Poderes de la Uni�n y de los entes p�blicos federales, as� como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a trav�s de los informes que se rendir�n en los t�rminos que disponga la ley.

    "Tambi�n fiscalizar� los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los Municipios y los particulares.

    "Sin perjuicio de los informes a que se refiere el primer p�rrafo de esta fracci�n, en las situaciones excepcionales que determine la ley, podr� requerir a los sujetos de fiscalizaci�n que procedan a la revisi�n de los conceptos que estime pertinentes y le rindan un informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas se�alados por la ley, se podr� dar lugar al fincamiento de las responsabilidades que corresponda.

    "II. Entregar el informe del resultado de la revisi�n de la cuenta p�blica a la C�mara de Diputados a m�s tardar el 31 de marzo del a�o siguiente al de su presentaci�n. Dentro de dicho informe se incluir�n los dict�menes de su revisi�n y el apartado correspondiente a la fiscalizaci�n y verificaci�n del cumplimiento de los programas, que comprender� los comentarios y observaciones de los auditados, mismo que tendr� car�cter p�blico.

    "La entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n deber� guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes a que se refiere este art�culo; la ley establecer� las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposici�n.

    "III. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta il�cita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicaci�n de fondos y recursos federales, y efectuar visitas domiciliarias, �nicamente para exigir la exhibici�n de libros, papeles o archivos indispensables para la realizaci�n de sus investigaciones, sujet�ndose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos, y

    "IV. Determinar los da�os y perjuicios que afecten a la hacienda p�blica federal o al patrimonio de los entes p�blicos federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, as� como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el t�tulo cuarto de esta Constituci�n, y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendr� la intervenci�n que se�ale la ley.

    "La C�mara de Diputados designar� al titular de la entidad de fiscalizaci�n por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinar� el procedimiento para su designaci�n. Dicho titular durar� en su encargo ocho a�os y podr� ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podr� ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley se�ale, con la misma votaci�n requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el t�tulo cuarto de esta Constituci�n.

    "Para ser titular de la entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n se requiere cumplir, adem�s de los requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV, V y VI del art�culo 95 de esta Constituci�n, los que se�ale la ley. Durante el ejercicio de su encargo no podr� formar parte de ning�n partido pol�tico, ni desempe�ar otro empleo, cargo o comisi�n, salvo los no remunerados en asociaciones cient�ficas, docentes, art�sticas o de beneficencia.

    "Los Poderes de la Uni�n y los sujetos de fiscalizaci�n facilitar�n los auxilios que requiera la entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n para el ejercicio de sus funciones.

    "El Poder Ejecutivo Federal aplicar� el procedimiento administrativo de ejecuci�n para el cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a que se refiere la fracci�n IV del presente art�culo."

  11. "Art�culo 2o. Para efectos de la presente ley, se entender� por:

    "I. Poderes de la Uni�n: Los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, comprendidas en este �ltimo las dependencias y entidades de la administraci�n p�blica federal, as� como la Procuradur�a General de la Rep�blica;

    "II. C�mara: La C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n;

    "III. A.�a Superior de la Federaci�n: La Entidad de F.�n Superior de la Federaci�n;

    "IV. Comisi�n: La Comisi�n de Vigilancia de la C�mara encargada de la coordinaci�n y evaluaci�n del desempe�o de la A.�a Superior de la Federaci�n;

    "V. Entes p�blicos federales: Los organismos p�blicos constitucionalmente aut�nomos para el desempe�o de sus funciones sustantivas, y las dem�s personas de derecho p�blico de car�cter federal aut�nomas por disposici�n legal, as� como los �rganos jurisdiccionales que determinen las leyes;

    "VI. Entidades fiscalizadas: Los Poderes de la Uni�n, los entes p�blicos federales, las entidades federativas y Municipios que ejerzan recursos p�blicos federales; los mandatarios, fiduciarios o cualquier otra figura an�loga, as� como el mandato o fideicomiso p�blico o privado que administren, cuando hayan recibido por cualquier t�tulo, recursos p�blicos federales y, en general, cualquier entidad, persona f�sica o moral, p�blica o privada que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos p�blicos federales;

    "VII. Gesti�n financiera: La actividad de los Poderes de la Uni�n y de los entes p�blicos federales, respecto de la administraci�n, manejo, custodia y aplicaci�n de los ingresos, egresos, fondos y en general, de los recursos p�blicos que �stos utilicen para la ejecuci�n de los objetivos contenidos en los programas federales aprobados, en el periodo que corresponde a una cuenta p�blica, sujeta a la revisi�n posterior de la C�mara, a trav�s de la A.�a Superior de la Federaci�n, a fin de verificar que dicha gesti�n se ajusta a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, as� como el cumplimiento de los programas se�alados;

    "VIII. Cuenta p�blica: El informe que los Poderes de la Uni�n y los entes p�blicos federales rinden de manera consolidada a trav�s del Ejecutivo Federal, a la C�mara sobre su gesti�n financiera, a efecto de comprobar que la recaudaci�n, administraci�n, manejo, custodia y aplicaci�n de los ingresos y egresos federales durante un ejercicio fiscal comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de cada a�o, se ejercieron en los t�rminos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, conforme a los criterios y con base en los programas aprobados;

    "IX. Informe de avance de Gesti�n Financiera: El informe, que como parte integrante de la cuenta p�blica, rinden los Poderes de la Uni�n y los entes p�blicos federales de manera consolidada a trav�s del Ejecutivo Federal, a la C�mara sobre los avances f�sicos y financieros de los programas federales aprobados, a fin de que la A.�a Superior de la Federaci�n fiscalice en forma posterior a la conclusi�n de los procesos correspondientes, los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicaci�n de sus fondos y recursos, as� como el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en dichos programas;

    "X. Proceso concluido: Aqu�l que los Poderes de la Uni�n y entes p�blicos federales reporten como tal, en el informe de Avance de Gesti�n Financiera, con base en los Informes de gasto devengado conforme a la estructura program�tica autorizada;

    "XI. F.�n superior: Facultad ejercida por la A.�a Superior de la Federaci�n, para la revisi�n de la cuenta p�blica, incluyendo el Informe de Avance de Gesti�n Financiera, a cargo de la C�mara;

    "XII. Programas: Los contenidos en los presupuestos aprobados a los que se sujeta la gesti�n o actividad de los Poderes de la Uni�n y de los entes p�blicos federales, y

    XIII. Servidores p�blicos: Los que se consideran como tales en la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P�blicos.

    Art�culo 3o. La revisi�n de la cuenta p�blica, est� a cargo de la C�mara, la cual se apoya para tales efectos, en la A.�a Superior de la Federaci�n, misma que tiene a su cargo la fiscalizaci�n superior de la propia cuenta p�blica y goza de autonom�a t�cnica y de gesti�n para decidir sobre su organizaci�n interna, funcionamiento y resoluciones, de conformidad con lo establecido en esta ley.

    "Art�culo 5o. La fiscalizaci�n superior que realice la A.�a Superior de la Federaci�n se ejerce de manera posterior a la gesti�n financiera, tiene car�cter externo y por lo tanto se lleva a cabo de manera independiente y aut�noma de cualquier otra forma de control o fiscalizaci�n interna de los Poderes de la Uni�n y de los entes p�blicos federales."

  12. "Art�culo 2o. Para efectos de la presente ley, se entender� por:

    "...

    "III. A.�a Superior de la Federaci�n: La Entidad de F.�n Superior de la Federaci�n;

    "...

    "VIII. Cuenta p�blica: El informe que los Poderes de la Uni�n y los entes p�blicos federales rinden de manera consolidada a trav�s del Ejecutivo Federal, a la C�mara sobre su gesti�n financiera, a efecto de comprobar que la recaudaci�n, administraci�n, manejo, custodia y aplicaci�n de los ingresos y egresos federales durante un ejercicio fiscal comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de cada a�o, se ejercieron en los t�rminos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, conforme a los criterios y con base en los programas aprobados; ..."

    Art�culo 3o. La revisi�n de la cuenta p�blica, est� a cargo de la C�mara, la cual se apoya para tales efectos, en la A.�a Superior de la Federaci�n, misma que tiene a su cargo la fiscalizaci�n superior de la propia cuenta p�blica y goza de autonom�a t�cnica y de gesti�n para decidir sobre su organizaci�n interna, funcionamiento y resoluciones, de conformidad con lo establecido en esta ley.

    "Art�culo 5o. La fiscalizaci�n superior que realice la A.�a Superior de la Federaci�n se ejerce de manera posterior a la gesti�n financiera, tiene car�cter externo y por lo tanto se lleva a cabo de manera independiente y aut�noma de cualquier otra forma de control o fiscalizaci�n interna de los Poderes de la Uni�n y de los entes p�blicos federales."

  13. "Art�culo 39. Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n corregir� los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y examinar� en su conjunto los razonamientos de las partes a fin de resolver la cuesti�n efectivamente planteada."

  14. Novena �poca. Pleno. Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo X, septiembre de 1999, p�gina 710.

  15. Novena �poca. Pleno. Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., diciembre de 1998, p�gina 824.

  16. Novena �poca. Pleno. Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., diciembre de 1998, p�gina 789.

  17. Novena �poca. Pleno. Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, p�gina 812.

  18. Novena �poca. Pleno. Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo V, abril de 1997, p�gina 134.

  19. Novena �poca. Pleno. Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo X, septiembre de 1999, p�gina 703.

  20. Novena �poca. Pleno. Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo X, septiembre de 1999, p�gina 708.

  21. Las anteriores consideraciones se refuerzan si se atiende tambi�n a la exposici�n de motivos de la iniciativa de reforma constitucional de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro que, en su parte conducente, se�ala:

    "La Constituci�n es el ordenamiento supremo que, surgido de nuestras luchas hist�ricas y de nuestros mas amplios consensos, recoge la voluntad nacional de los mexicanos y da sustento a nuestro Estado de derecho. La Constituci�n, ha orientado a construcciones del pa�s, se�ala las pautas para avanzar en la democracia hac�a la convivencia justa y segura que todos anhelamos y expresa nuestra voluntad de mantener la unidad de la Rep�blica en un pacto federal que garantice a sus integrantes, Federaci�n, Estados y Municipios, una vida justa y arm�nica. ...

    "Debemos fortalecer el Estado de derecho que otorgue certidumbre a todos y permita la m�s cabal expresi�n de las potencialidades de cada quien y de la sociedad en su conjunto. Fortalecer el Estado de derecho requiere mejores instrumentos para asegurar la plena vigencia de nuestra Constituci�n, mayor capacidad para aplicar la ley, sancionar a quienes la violan y dirimir las controversias. Los mexicanos queremos un Estado de derecho que asegure una convivencia civilizada, arm�nica y pac�fica, un Estado que haga de la norma jur�dica el sustento de la cohesi�n social y de la suma de nuestros esfuerzos. ...

    "En la Suprema Corte de Justicia la voluntad popular ha depositado la funci�n fundamental de mantener el equilibrio entre poderes de la Uni�n, dirimiendo las controversias que pudieran suscitarse entre el Ejecutivo y el Legislativo. As� tambi�n, la Suprema Corte es depositaria del supremo mandato de velar por la Uni�n de la Rep�blica, dirimiendo las controversias entre Estados, Municipios, el Distrito Federal y la Federaci�n. En la Suprema Corte reside asimismo el mandato de asegurar a los individuos que todo acto de autoridad se apegue estrictamente al orden que la Constituci�n consagra. De ah� que un r�gimen de plena vigencia del Estado de Derecho y un sistema de administraci�n de justicia y seguridad p�blica justo y eficiente, requiere de un Poder Judicial m�s independiente y m�s fuerte. ...

    "Consolidar a la Suprema Corte como tribunal de constitucionalidad exige otorgar mayor fuerza a sus decisiones, exige ampliar su competencia para emitir declaraciones sobre la constitucionalidad de leyes que produzcan efectos generales, para dirimir controversias entre los tres niveles de gobierno y para fungir como garante del federalismo. Al otorgar nuevas atribuciones a la Suprema Corte, se hace necesario revisar las reglas de su integraci�n a fin de facilitar la deliberaci�n colectiva entre sus miembros, asegurar una interpretaci�n coherente de la Constituci�n, permitir la renovaci�n peri�dica de criterios y actitudes ante las necesidades cambiantes del pa�s, y favorecer el pleno cumplimiento de su encargo. ... Esta iniciativa de reformas a la Constituci�n forma parte de un conjunto de acciones que fortalecer�n el orden p�blico y la seguridad individual familiar y patrimonial. Se trata de una reforma profunda que parte de la voluntad de los mexicanos de vivir en un Estado fundado en la soberan�a nacional, la democracia, la divisi�n de poderes, el federalismo y el respeto a las garant�as individuales. Su objetivo �ltimo es el fortalecimiento del equilibrio de poderes y del Estado de Derecho.

    "Las controversias constitucionales.

    "El art�culo 105 del texto original de la Constituci�n le otorga competencia exclusiva a la Suprema Corte de Justicia para conocer de las controversias que se susciten entre dos o mas Estados, entre uno o m�s Estados y el Distrito Federal, entre los poderes de un mismo Estado y entre �rganos de gobierno del Distrito Federal sobre la constitucionalidad de sus actos. Los mencionados supuestos del art�culo 105 no prev�n muchos de los conflictos entre los �rganos federales, estatales y municipales que la realidad cotidiana esta planteando.

    "Una de las demandas de nuestros d�as es la de arribar a un renovado federalismo. Ello hace indispensable encontrar las v�as adecuadas para solucionar las controversias que en su pleno ejercicio pueda suscitar. Por este motivo, se propone la modificaci�n del art�culo 105 a fin de prever en su fracci�n primera las bases generales de un nuevo modelo para la soluci�n de las controversias sobre la constitucionalidad de actos que surjan entre la Federaci�n y un Estado o el Distrito Federal, la Federaci�n y un Municipio, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Uni�n, aqu�l y cualquiera de las C�maras de �ste o, en su caso la Comisi�n Permanente, sea como �rganos federales o del Distrito Federal, dos Estados, un Estado y el Distrito Federal, el Distrito Federal y un Municipio, dos Municipios de diversos Estados, dos poderes de un mismo Estado, un Estado y uno de sus Municipios, y dos �rganos del Distrito Federal o dos Municipios de un mismo Estado.

    "Con la modificaci�n propuesta, cuando alguno de los �rganos mencionados en el p�rrafo anterior estime vulnerada su competencia por actos concretos de autoridad o por disposiciones generales provenientes de otro de esos �rganos podr� ejercitar las acciones necesarias para plantear a la Suprema Corte la anulaci�n del acto o disposici�n general.

    "El gran n�mero de �rganos legitimados por la reforma para plantear las controversias constitucionales es un reconocimiento a la complejidad y pluralidad de nuestro sistema federal. Todos los niveles de gobierno ser�n beneficiados con estas reformas.

    "El otorgamiento de estas nuevas atribuciones reconoce el verdadero car�cter que la Suprema Corte de Justicia tiene en nuestro orden jur�dico el de ser un �rgano de car�cter constitucional. Es decir, un �rgano que vigila que la Federaci�n, los Estados y los Municipios act�en de conformidad con lo previsto por nuestra Constituci�n."

  22. Novena �poca. Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo IX, abril de 1999, p�gina 275.

  23. "Art�culo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: ... VI. Cuando no se haya agotado la v�a legalmente prevista para la soluci�n del propio conflicto; ..."

  24. "Art�culo 59. Las sanciones y dem�s resoluciones que emita la A.�a Superior de la Federaci�n conforme a esta ley, podr�n ser impugnadas por el servidor p�blico o por los particulares personas f�sicas o morales, ante la propia A.�a Superior de la Federaci�n, mediante el recurso de reconsideraci�n o bien, mediante juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal v Administrativa. El recurso de reconsideraci�n se interpondr� dentro de los 15 d�as siguientes a la fecha en que surta efectos la notificaci�n del pliego o resoluci�n recurrida."

  25. Novena �poca. Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., enero de 2002, p�gina 917.

  26. "Ley Federal de Procedimiento Administrativo. T�tulo Segundo. D. r�gimen jur�dico de los actos administrativos.

    "Art�culo 3o. Son elementos y requisitos del acto administrativo: I. Ser expedido por �rgano competente, a trav�s de servidor p�blico, y en caso de que dicho �rgano fuere colegiado, re�na las formalidades de la ley o decreto para emitirlo; II. Tener objeto que pueda ser materia del mismo; determinado o determinable; preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y previsto por la ley; III. Cumplir con la finalidad de inter�s p�blico regulado por las normas en que se concreta, sin que puedan perseguirse otros fines distintos; IV. Hacer constar por escrito y con la firma aut�grafa de la autoridad que lo expida, salvo en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedici�n; V.E. fundado y motivado; VI. (Derogada D.O.F. 24 de diciembre de 1996); VII. Ser expedido sujet�ndose a las disposiciones relativas al procedimiento administrativo previstas en esta ley; VIII. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto; IX. Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisi�n; X.M. el �rgano del cual emana; XI. (Derogada D.O.F. 24 de diciembre de 1996); XII. Ser expedido sin que medie error respecto a la referencia espec�fica de identificaci�n del expediente, documentos o nombre completo de las personas; XIII. Ser expedido se�alando lugar y fecha de emisi�n; XIV. Trat�ndose de actos administrativos (sic) deban notificarse deber� hacerse menci�n de la oficina en que se encuentra y puede ser consultado el expediente respectivo; XV. Trat�ndose de actos administrativos recurribles deber� hacerse menci�n de los recursos que procedan, y XVI. Ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos propuestos por las partes o establecidos por la ley."

    "Art�culo 4o. Los actos administrativos de car�cter general, tales como reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares y formatos, as� como los lineamientos, criterios, metodolog�as, instructivos, directivas, reglas, manuales, disposiciones que tengan por objeto establecer obligaciones espec�ficas cuando no existan condiciones de competencia y cualesquiera de naturaleza an�loga a los actos anteriores, que expidan las dependencias y organismos descentralizados de la administraci�n p�blica federal, deber�n publicarse en el Diario Oficial de la Federaci�n para que produzcan efectos jur�dicos."

    "Art�culo 4o. A. (Derogado D.O.F. 19 abril de 2000)."

    Art�culo 5o. La omisi�n o irregularidad de los elementos y requisitos exigidos por el art�culo 3o. de esta ley, o por las leyes administrativas de las materias de que se trate, producir�n, seg�n sea el caso, nulidad o anulabilidad del acto administrativo.

    Art�culo 6o. La omisi�n o irregularidad de cualquiera de los elementos o requisitos establecidos en las fracciones I a X del art�culo 3o. de la presente ley, producir� la nulidad del acto administrativo, la cual ser� declarada por el superior jer�rquico de la autoridad que lo haya emitido, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso la nulidad ser� declarada por el mismo. El acto administrativo que se declare jur�dicamente nulo ser� inv�lido; no se presumir� leg�timo ni ejecutable; ser� subsanable, sin perjuicio de que pueda expedirse un nuevo acto. Los particulares no tendr�n obligaci�n de cumplirlo y los servidores p�blicos deber�n hacer constar su oposici�n a ejecutar el acto, fundando y motivando tal negativa. La declaraci�n de nulidad producir� efectos retroactivos. En caso de que el acto se hubiera consumado, o bien, sea imposible de hecho o de derecho retrotraer sus efectos, s�lo dar� lugar a la responsabilidad del servidor p�blico que la hubiere emitido u ordenado.

    "Art�culo 7o. La omisi�n o irregularidad en los elementos y requisitos se�alados en las fracciones XII a XVI del art�culo 3o. de esta ley, producir� la anulabilidad del acto administrativo. El acto declarado anulable se considerar� v�lido; gozar� de presunci�n de legitimidad y ejecutividad; y ser� subsanable por los �rganos administrativos mediante el pleno cumplimiento de los requisitos exigidos por el ordenamiento jur�dico para la plena validez y eficacia del acto. Tanto los servidores p�blicos como los particulares tendr�n obligaci�n de cumplirlo. El saneamiento del acto anulable producir� efectos retroactivos y el acto se considerar� como si siempre hubiere sido v�lido."

  27. "Art�culo 1o. Las disposiciones de esta ley son de orden e inter�s p�blicos, y se aplicar�n a los actos, procedimientos y resoluciones de la administraci�n p�blica federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que M�xico sea parte. ..."

  28. "Art�culo 1o. La presente ley establece las bases de organizaci�n de la administraci�n p�blica federal, centralizada y paraestatal.

    (Reformado, D.O.F. 15 de mayo de 1996)

    "La presidencia de la Rep�blica, las secretar�as de Estado, los departamentos administrativos y la C.�a Jur�dica del Ejecutivo Federal, integran la administraci�n p�blica centralizada.

    "Los organismos descentralizados, las empresas de participaci�n estatal, las instituciones nacionales de cr�dito, las organizaciones auxiliares nacionales de cr�dito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administraci�n p�blica paraestatal."

  29. "Art�culo 36. Para los efectos de lo previsto en el p�rrafo tercero de la fracci�n I, del art�culo 79 constitucional, cuando se presenten denuncias debidamente fundadas o por otras circunstancias pueda suponerse el presunto manejo, aplicaci�n o custodia irregular de recursos p�blicos federales, o de su desv�o, la A.�a Superior de la Federaci�n proceder� a requerir a las entidades fiscalizadas, revisiones de conceptos espec�ficos vinculados de manera directa a las denuncias presentadas. El requerimiento deber� aportar indicios probatorios razonables, mediante los cuales se presuma que la irregularidad cometida ocasion� un da�o al Estado en su hacienda p�blica federal o al patrimonio de los entes p�blicos federales."

    "Art�culo 37. Las entidades fiscalizadas, deber�n rendir a la A.�a Superior de la Federaci�n, en un plazo que no exceder� setenta y cinco d�as contados a partir de la recepci�n del requerimiento, un informe del resultado de sus actuaciones y, en su caso, de las sanciones que se hubieren impuesto o a que se hubieren hecho acreedores los servidores p�blicos involucrados. Este informe en ning�n caso contendr� informaci�n de car�cter reservado."

  30. "Art�culo 38. Para los efectos de esta ley, se entender� por situaciones excepcionales aqu�llas en las cuales, de la denuncia que al efecto se presente, se deduzca alguna de las circunstancias siguientes: a) Un da�o patrimonial que afecte a la hacienda p�blica federal o al patrimonio de los entes p�blicos federales, por un monto que resulte superior a cien mil veces el salario m�nimo general vigente en el Distrito Federal; b) Hechos de corrupci�n determinados por autoridad competente; c) La afectaci�n de �reas estrat�gicas o prioritarias de la econom�a; d) El riesgo de que se paralice la prestaci�n de servicios p�blicos esenciales para la comunidad, o e) El desabasto de productos de primera necesidad."

    Art�culo 39. Los sujetos de fiscalizaci�n estar�n obligados a realizar la revisi�n que la A.�a Superior de la Federaci�n les requiera, sin que dicha revisi�n interfiera u obstaculice el ejercicio de las funciones o atribuciones que conforme a la ley competa a las autoridades y a los servidores p�blicos de los Poderes de la Uni�n y de los entes p�blicos federales.

    "Art�culo 40. Si transcurrido el plazo se�alado en el art�culo 37 de esta ley, la entidad fiscalizada, sin causa justificada, no presenta el informe a que el mismo numeral se refiere, la A.�a Superior de la Federaci�n proceder� a fincar las responsabilidades que corresponda e impondr� a los servidores p�blicos responsables una multa de cien a seiscientos d�as de salario m�nimo general vigente en el Distrito Federal. Su reincidencia se podr� castigar con una multa hasta del doble de la ya impuesta, adem�s de que podr� promover la destituci�n de los responsables ante las autoridades competentes."

    "Art�culo 41. El fincamiento de responsabilidades y la imposici�n de sanciones no relevar� al infractor de cumplir con las obligaciones o regularizar las situaciones que motivaron las multas."

    "Art�culo 42. Cuando la A.�a Superior de la Federaci�n, adem�s de imponer la sanci�n respectiva, requiera al infractor para que en un plazo determinado, que nunca ser� mayor a cuarenta y cinco d�as, cumpla con la obligaci�n omitida motivo de la sanci�n y �ste incumpla, ser� sancionado como reincidente."

    "Art�culo 43. Para imponer la multa que corresponda, la A.�a Superior de la Federaci�n debe o�r previamente al presunto infractor y tener en cuenta sus condiciones econ�micas, as� como la gravedad de la infracci�n cometida, su nivel jer�rquico y la necesidad de evitar pr�cticas tendientes a contravenir las disposiciones contenidas en esta ley."

    "Art�culo 44. Lo dispuesto en el presente cap�tulo, no excluye la imposici�n de las sanciones que conforme a �sta u otras leyes fueren aplicables por la A.�a Superior de la Federaci�n ni del fincamiento de otras responsabilidades."

  31. Tesis P./J. 60/2003. Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., noviembre de 2003, p�gina 367.

  32. "Art�culo 79. La entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n, de la C�mara de Diputados, tendr� autonom�a t�cnica y de gesti�n en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organizaci�n interna, funcionamiento y resoluciones, en los t�rminos que disponga la ley.

    "Esta entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n tendr� a su cargo:

    "I.F. en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicaci�n de fondos y recursos de los Poderes de la Uni�n y de los entes p�blicos federales, as� como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a trav�s de los informes que se rendir�n en los t�rminos que disponga la ley.

    "Tambi�n fiscalizar� los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los Municipios y los particulares.

    "Sin perjuicio de los informes a que se refiere el primer p�rrafo de esta fracci�n, en las situaciones excepcionales que determine la ley, podr� requerir a los sujetos de fiscalizaci�n que procedan a la revisi�n de los conceptos que estime pertinentes y le rindan un informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas se�alados por la ley, se podr� dar lugar al fincamiento de las responsabilidades que corresponda. ..."

  33. Aun cuando no alcanza el estatus de jurisprudencia, resulta ilustrativa la tesis aislada P. XII/2006. Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., febrero de 2006, p�gina 25. "INTERPRETACI�N CONSTITUCIONAL. AL FIJAR EL ALCANCE DE UN DETERMINADO PRECEPTO DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEBE ATENDERSE A LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN ELLA, ARRIBANDO A UNA CONCLUSI�N CONGRUENTE Y SISTEM�TICA."

  34. "Art�culo 36. Para los efectos de lo previsto en el p�rrafo tercero de la fracci�n I, del art�culo 79 constitucional, cuando se presenten denuncias debidamente fundadas o por otras circunstancias pueda suponerse el presunto manejo, aplicaci�n o custodia irregular de recursos p�blicos federales, o de su desv�o, la A.�a Superior de la Federaci�n proceder� a requerir a las entidades fiscalizadas, revisiones de conceptos espec�ficos vinculados de manera directa a las denuncias presentadas. El requerimiento deber� aportar indicios probatorios razonables, mediante los cuales se presuma que la irregularidad cometida ocasion� un da�o al Estado en su hacienda p�blica federal o al patrimonio de los entes p�blicos federales."

  35. La autoridad deber� incluir el resultado de las actuaciones de la autoridad y las sanciones a las que se hubieren hecho acreedores los funcionarios involucrados.

  36. Art�culo 8o. de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n.

  37. Art�culo 10 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n.

  38. Art�culo 17 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n.

  39. Art�culo 30 de la Ley de F.�n Superior de la Federaci�n.

  40. Pleno, Novena �poca, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo X, septiembre 1999, p�gina 705.