Ejecutoria num. 2a. LV/2012 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 583457630

Ejecutoria num. 2a. LV/2012 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a. LV/2012 (10a.)
Localizacion:Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 2, página 1261.
Fecha de Publicación:31 de Julio de 2012
RESUMEN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 92/2011. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.CONSEJEROS DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO. EL PLAZO DE 3 MESES DE ANTICIPACIÓN A QUE SE PRODUZCAN LAS VACANTES PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE SUS SUSTITUTOS, CONSTITUYE UN PERIODO RAZONABLE.CONSEJEROS DE LA JUDICATURA LOCALES. LA ELECCIÓN DE SUS SUSTITUTOS DEBE LLEVARSE A CABO ANTES DE QUE SE PRODUZCAN LAS VACANTES RESPECTIVAS.ÓRGANOS PÚBLICOS. LA REGULARIDAD EN SU FUNCIONAMIENTO CONSTITUYE UN PRINCIPIO DE ORDEN CONSTITUCIONAL.TITULARES DE LOS ÓRGANOS DE UN PODER QUE EJERCEN EL CARGO POR PLAZO DETERMINADO. SU DESIGNACIÓN ENCOMENDADA A OTROS PODERES, DEBE LLEVARSE A CABO CON LA ANTICIPACIÓN QUE PERMITA LA SUSTITUCIÓN DE AQUÉLLOS BAJO PARÁMETROS QUE SALVAGUARDEN EL FUNCIONAMIENTO REGULAR DEL ÓRGANO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONSEJEROS DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO. EL PLAZO DE 3 MESES DE ANTICIPACIÓN A QUE SE PRODUZCAN LAS VACANTES PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE SUS SUSTITUTOS, CONSTITUYE UN PERIODO RAZONABLE.

CONSEJEROS DE LA JUDICATURA LOCALES. LA ELECCIÓN DE SUS SUSTITUTOS DEBE LLEVARSE A CABO ANTES DE QUE SE PRODUZCAN LAS VACANTES RESPECTIVAS.

ÓRGANOS PÚBLICOS. LA REGULARIDAD EN SU FUNCIONAMIENTO CONSTITUYE UN PRINCIPIO DE ORDEN CONSTITUCIONAL.

TITULARES DE LOS ÓRGANOS DE UN PODER QUE EJERCEN EL CARGO POR PLAZO DETERMINADO. SU DESIGNACIÓN ENCOMENDADA A OTROS PODERES, DEBE LLEVARSE A CABO CON LA ANTICIPACIÓN QUE PERMITA LA SUSTITUCIÓN DE AQUÉLLOS BAJO PARÁMETROS QUE SALVAGUARDEN EL FUNCIONAMIENTO REGULAR DEL ÓRGANO.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 92/2011. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. 30 DE MAYO DE 2012. CINCO VOTOS; J.F.F.G. SALAS Y S.A.V.H. VOTARON CON SALVEDAD. PONENTE: S.S.A.A.. SECRETARIA: L.F.M.-GREGORP..

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día treinta de mayo de dos mil doce.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO

Órgano demandado y acto impugnado. Por oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veinticinco de agosto de dos mil once, C.R.G., con el carácter de presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en representación del Poder Judicial de la entidad, promovió controversia constitucional en la que señaló como órganos demandados y actos impugnados los siguientes:

"II. Demandados: El Congreso del Estado de Jalisco y la Comisión de Justicia del mismo, con domicilio en la avenida H. número 222, de la zona Centro, de la ciudad de Guadalajara. IV. Actos cuya invalidez se demanda: Los cuales se hacen consistir en lo siguiente: A) El Acuerdo Legislativo Número 1053-LIX-2011, aprobado por el referido Congreso Local, con fecha veintiséis de julio del año dos mil once, mismo que se publicó en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’ hasta el dos de agosto de esa propia anualidad, y mediante el cual dicho demandado acordó lo siguiente: ‘Primero: Se aprueba la convocatoria dirigida a la sociedad en general, con excepción de los partidos políticos, a efecto de que se presenten a esta soberanía propuesta de candidatos para la elección de consejero de entre los Jueces de carácter inamovible del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco, por un periodo de cuatro años contados a partir del día 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2015. Segundo: Se autoriza la publicación de la convocatoria a que se refiere el artículo primero de este acuerdo en el Periódico Oficial «El Estado de Jalisco» y en los periódicos de circulación local por una sola vez; en los términos que a continuación se expresan: ... Artículo tercero: P. la presente convocatoria en diarios de mayor circulación en el Estado, en los estrados del Palacio del Poder Legislativo y en la página web del Congreso del Estado de Jalisco. Artículo cuarto: Se instruye a la Comisión de Justicia a que realice el procedimiento para analizar los expedientes de los candidatos que se registren y presenten la lista de elegibles, en los términos de la convocatoria.’. B) Los actos de ejecución del mencionado Acuerdo Legislativo Número 1053-LIX-2011, así como todas las consecuencias directas e inmediatas que del mismo deriven, como son: I. Las publicaciones que en distintos medios de difusión se hicieron de la correspondiente convocatoria. II. La recepción de las propuestas de candidatos, así como de los documentos de acreditación, en la Oficialía de Partes del citado Poder Legislativo. III. La remisión de las propuestas a la Comisión de Justicia de dicho poder, por parte de las fracciones parlamentarias. IV. El estudio realizado por la aludida comisión a los respectivos expedientes, así como el dictamen presentado por ésta a la Asamblea, en el que se contiene la lista de candidatos. V. La elección efectuada por dicha Asamblea el veintitrés de agosto del año dos mil once, mediante la cual se designó a J.G. como consejero J., así como la toma de protesta que aquélla le hizo a éste ese mismo día. VI. La inminente toma de posesión del cargo, en el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, por parte del nombrado J.G., a partir del próximo primero de septiembre."

SEGUNDO

Antecedentes. En la demanda se manifestó que no existen entidades, poderes u órganos terceros interesados y se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:

"VI. Antecedentes de los actos cuya invalidez se demanda: Manifiesto que los hechos o abstenciones que me constan y que constituyen tales antecedentes son los que enseguida narro: Primero. El veintiocho de junio del año dos mil siete, mediante el Acuerdo Legislativo Número 166-LVIII-2007, G.G.L.C. fue electa por el Congreso del Estado de Jalisco, por un periodo de cuatro años, como consejera Juez del Consejo de la Judicatura de dicha entidad federativa; Segundo. El veintiséis de julio del año dos mil once, el mencionado Congreso aprobó el acuerdo legislativo que por esta vía se impugna, o sea el número 1053-LIX-2011, a efecto de elegir, de entre los Jueces de carácter inamovible del aludido Consejo de la Judicatura, un nuevo consejero por un periodo de cuatro años; Tercero. El quince de agosto del año dos mil once, directamente ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el que esto suscribe, con la misma representación que ahora ostento, promoví controversia constitucional contra dos diversos acuerdos legislativos, entre ellos, el acabado de referir (Número 1053-LIX-2011), que constituye materia de reclamo en la presente; Cuarto. Aquella controversia constitucional se registró bajo el número 86/2011 y se turnó para su instrucción al M.S.S.A.A., quien la desechó de plano por auto de diecisiete de agosto del año dos mil once, en virtud de que consideró que tal acuerdo legislativo, así como el otro que se combatió, ‘no constituyen actos definitivos’, pues ‘se refieren al inicio del procedimiento ... para la elección de los integrantes del Consejo de la Judicatura Estatal’, agregando, además, dicho Ministro instructor en ese auto ‘que la parte actora debe esperar a que concluya el procedimiento de que se trata, para promover controversia constitucional en contra del acto definitivo por vicios propios y, en su caso, por todas las violaciones cometidas durante el procedimiento que hubiesen trascendido al resultado de la decisión, ya que será hasta entonces cuando pueda determinarse realmente una posible afectación al interés legítimo del Poder Judicial actor, en tanto los decretos impugnados no se refieren a la separación de uno de sus integrantes, sino a la elección de nuevos consejeros’; Quinto. Resulta que ya concluyó el procedimiento a que se refiere el acuerdo legislativo, cuya invalidez aquí se demanda, pues el repetido Congreso Estatal, el pasado veintitrés de agosto, eligió a J.G. como consejero J., tomándole la protesta de ley ese mismo día; Sexto. En mérito de lo anterior, y dado que en la actualidad no hay que esperar la realización de ningún acto procedimental al respecto, toda vez que los definitivos ya tuvieron verificativo (elección y toma de protesta), el suscrito promueve la presente controversia constitucional, a fin de que, a través de ella, sean reparadas las violaciones cometidas a diversos principios consagrados en la Carta Magna; y, Séptimo. Cabe hacer notar que el tema relativo a la afectación al interés legítimo de la parte aquí promovente, mismo al que se alude en el auto de desechamiento antes señalado, constituye una cuestión que atañe al estudio del fondo del asunto, por lo que no es dable que se analice en el auto de inicio que, en su oportunidad, emita el Ministro al que le corresponda llevar la instrucción de esta nueva instancia constitucional, de conformidad con lo establecido en los siguientes criterios: Registro No. 186794. Localización: Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T.X., junio de 2002, página 431, tesis 1a. XLIV/2002, tesis aislada. Materia(s): Constitucional. ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FALTA DE AFECTACIÓN AL INTERÉS DEL ACTOR, AL CONSTITUIR UNA CUESTIÓN DE FONDO QUE NO PUEDE SER ANALIZADA AL PRESENTARSE LA DEMANDA, NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.’ (se transcribe). Registro No. 173344. Localización: Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, febrero de 2007, página 1395, tesis 1a. LXV/2007, tesis aislada. Materia: Constitucional. ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE DARSE OPORTUNIDAD AL ACTOR DE DEMOSTRAR EL INTERÉS LEGÍTIMO QUE LE ASISTE PARA ACUDIR A ESTA VÍA Y SÓLO DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO ANTE SU FALTA, CUANDO LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN RESULTE TAN EVIDENTE QUE SEA INNECESARIO RELACIONARLA CON EL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO.’ (se transcribe)."

TERCERO

Conceptos de invalidez. El poder actor invocó como violados los artículos 14, 16, 17 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de invalidez que a continuación se sintetizan:

Primero

Los actos impugnados violan los artículos 17 y 116 constitucionales, porque el Acuerdo Legislativo 1053-LIX-2011 importa una intromisión indebida y un quebrantamiento de la autonomía e independencia del Poder Judicial del Estado, al dar inicio al trámite de selección del consejero Juez con una anticipación no prevista ni permitida por la normatividad aplicable.

El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco es un órgano administrativo del Poder Judicial de la entidad que se encuentra resguardado por los principios rectores de la administración de justicia a nivel nacional, dadas las fundamentales tareas de administración, vigilancia y disciplina que lleva a cabo. Se invoca en este sentido la jurisprudencia identificada con el número P./J. 17/2008, intitulada: "CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. ES UNA AUTORIDAD FORMALMENTE JUDICIAL AUN CUANDO SE TRATE DE UN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL Y EJERZA FUNCIONES DE ESA ÍNDOLE."

De los artículos 35 y 64 de la Constitución Local, que establecen como facultad del Congreso la elección de los consejeros, y de los numerales 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco; 210, 219 y 220 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de dicha entidad, y 24 y 43 a 47 del reglamento de esta última ley, que desarrollan tal facultad del Congreso, al regular la forma y procedimiento de elección de los consejeros, deriva que éste inicia cuando se verifica la vacante, esto es, una vez que ha fenecido el término por el que el consejero ha sido designado, por lo que la facultad del Congreso para iniciar de oficio el procedimiento de selección se actualiza hasta ese momento.

Sin embargo, en el caso, el acuerdo legislativo impugnado fue aprobado el veintiséis de julio de dos mil once y publicado en el Periódico Oficial el dos de agosto siguiente, cuando aún no vencía el término para el ejercicio del cargo de la consejera J.G.G.L.C. -pues éste concluía el treinta y uno de agosto de dos mil once-.

Por tanto, el Congreso del Estado de Jalisco carecía de facultades para aprobar el acuerdo legislativo controvertido, al arrogarse facultades que aún no le correspondían.

El procedimiento de selección de los consejeros regulado en la legislación local constituye una garantía de la independencia y autonomía del Poder Judicial de la entidad, en tanto evita arbitrariedades e imposiciones injustificadas del diverso poder que participa en tal proceso. Resulta aplicable, en este sentido, la jurisprudencia P./J. 81/2004, que lleva por rubro: "PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS."

Segundo

El proceso de elección del consejero J. reviste importancia trascendental desde el punto de vista constitucional, porque se trata de la decisión llevada a cabo por un Poder Estatal con respecto a la integración de uno diverso de la propia entidad, por lo que involucra los principios de autonomía e independencia de los Poderes Judiciales de las entidades federativas y su transgresión implica una afrenta al principio de división de poderes.

Por tal motivo, es necesaria la satisfacción del requisito de motivación reforzada, conforme al criterio contenido en la tesis jurisprudencial P./J. 120/2009, que lleva por rubro: "MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS.", esto es, debe contar con una motivación necesaria y suficiente en la que se lleve a cabo un balance cuidadoso previo entre los elementos que considera como requisitos necesarios para la emisión de una determinada norma o la realización de un acto y los fines que pretende alcanzar, lo que implica el cumplimiento de dos requisitos, a saber: a) la existencia de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir que procedía crear y aplicar las normas correspondientes y, consecuentemente, que está justificado que la autoridad haya actuado en el sentido en que lo hizo; y, b) la justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable de los motivos por los que el legislador determinó la emisión del acto legislativo de que se trate.

El hecho de que el procedimiento de selección del consejero se haya iniciado anticipadamente trae como consecuencia que no se actualicen los requisitos establecidos jurisprudencialmente por el Pleno del Más Alto Tribunal para los actos que deben contar con una motivación reforzada, lo que trae por consecuencia la infracción a la independencia y autonomía judicial y la realización de un acto arbitrario en detrimento del poder actor.

Se invoca la jurisprudencia P./J. 98/99, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

Tercero

El acuerdo legislativo presenta un vicio que vulnera los principios constitucionales que han sido invocados, porque se redujo el término de nueve días para la presentación de propuestas y documentos fijado inicialmente a tan sólo cinco días.

En efecto, en el texto de la convocatoria, concretamente, en la base tercera, intitulada "Del lugar y fecha en que puedan recibirse las propuestas y los documentos que acrediten que el candidato reúne los requisitos para ocupar el cargo. Los mencionados documentos no serán devueltos a los interesados", fracción I, se precisa que las propuestas y documentos de acreditación se dirigirán al Congreso del Estado de Jalisco, en atención a la Comisión de Justicia del miércoles veintisiete de julio de dos mil once hasta el lunes ocho de agosto del mismo año, dentro del horario que se señala, con excepción de los días sábado y domingo.

Por tanto, el término para que los candidatos presentaran los documentos idóneos correría del veintisiete de julio al ocho de agosto de dos mil once.

Sin embargo, el acuerdo legislativo aprobado el veintiséis de julio de dos mil once se publicó en el Periódico Oficial hasta el dos de agosto del mismo año, es decir, seis días después de que comenzó a correr el plazo fatal para la presentación de propuestas y documentos.

La disminución del plazo relativo reduce la posibilidad de una participación equitativa, justa y generalizada, y hace nugatorio el derecho de la ciudadanía de apersonarse al trámite de selección. Esto es, el actuar arbitrario e ilegal del Congreso provoca una integración deficiente del Poder Judicial Local, porque la participación de aspirantes se encuentra viciada de origen e indebida y excesivamente reducida.

Cuarto

El Congreso del Estado transgredió el artículo 116 constitucional, al no tomar en cuenta la atribución del presidente del Consejo de la Judicatura de informar al Congreso del Estado las vacantes que se produzcan en el Consejo de la Judicatura que deban ser cubiertas mediante los respectivos nombramientos, establecida en el artículo 151, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, pues se arrogó la atribución de elegir al consejero Juez de manera anticipada, sin que el presidente del consejo hubiere informado la existencia de vacante, porque ésta no existía.

La convocatoria para la elección de nuevo consejero tiene como condición que el funcionario judicial cumpla el periodo de ejercicio del cargo y que el presidente del Consejo de la Judicatura comunique la vacante en el órgano administrativo.

El objetivo que se busca con el respeto del término de duración del encargo es el de salvaguardar la tarea que desarrollan y no vulnerar su intimidad en el desempeño de sus funciones, a fin de que realicen su labor bajo los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia postulados en el artículo 64 de la Constitución Local.

En tales términos, se vulnera el principio de división de poderes y la autonomía del Poder Judicial Local, resultando ilustrativa la jurisprudencia P./J. 80/2004, intitulada: "DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN DE ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS."

CUARTO

Turno y admisión. Por acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil once, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, al que correspondió el número 92/2011, así como turnarlo al M.S.S.A.A..

Mediante proveído de la misma fecha, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, tuvo como demandado al Poder Legislativo del Estado de Jalisco, no así a su Comisión de Justicia, al tratarse de un órgano interno o subordinado del propio poder, al que ordenó emplazar, y ordenó dar vista a la procuradora general de la República.

QUINTO

Contestación del Poder Legislativo. Por oficio depositado en la Oficina de Correos de Guadalajara, Jalisco, el trece de octubre de dos mil once, los diputados presidente y secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, en representación del Poder Legislativo de la entidad, dieron contestación a la demanda, la que se tuvo por contestada mediante acuerdo de veinticinco del mismo mes y año. En la contestación referida se manifestó, esencialmente, lo siguiente:

• Es improcedente la controversia, de conformidad con el artículo 19, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que el Acuerdo Legislativo LIX-1053-2011 ha sido impugnado por el Poder Judicial actor en la diversa controversia constitucional 86/2011, sin que obste para ello que se haya desechado de plano la controversia relativa, porque el acuerdo controvertido aún no era un acto definitivo, ya que ello no desvirtúa la actualización de la causal relativa, al haberse promovido una diversa controversia constitucional contra el mismo acuerdo legislativo.

• Se surten las causas de improcedencia establecidas en el artículo 19, fracciones V y VIII, esta última en relación con el numeral 1o. de la ley reglamentaria de la materia.

• En cuanto al primer concepto de invalidez, es falso que se hubiere incurrido en violación al principio de división de poderes o que al momento de expedirse el acuerdo legislativo impugnado el Congreso no fuere competente, pues éste fue emitido en estricta observancia a lo dispuesto en los artículos 35, fracción IX y 64 de la Constitución y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas del Estado de Jalisco, señalándose en sus consideraciones jurídicas la fundamentación y motivación correspondientes y sujetándose al procedimiento relativo, en el que se acató la única condición previa para iniciarlo, consistente en la expedición de la convocatoria dirigida a la sociedad en general, con excepción de los partidos políticos, y respetándose el periodo del integrante del Consejo de la Judicatura, pues la designación del nuevo consejero J. sería con efectos a partir del primero de septiembre de dos mil once.

Lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco no puede estar por encima de la ley que reglamenta, por lo que aun en el supuesto sin conceder de que éste fuera aplicable al caso -lo que no es así, pues no se está ante una ausencia definitiva, sino ante la terminación de nombramientos- no puede contrariar las normas constitucionales y legales. El poder actor interpreta de manera incorrecta el precepto reglamentario que invoca, pues éste no puede suspender la facultad que en todo momento tiene el Congreso para elegir a los consejeros. Se afirma que, además, el reglamento expedido por el Poder Judicial del Estado no puede vincular a otro poder.

Debe partirse de que el Congreso expidió la convocatoria dirigida a la sociedad, con excepción de los partidos políticos, mediante acuerdo legislativo, no para cubrir una ausencia definitiva, sino para designar un nuevo consejero ante la terminación del periodo de la consejera G.G.L.C..

Se invoca la jurisprudencia que lleva por rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN."

• Es inoperante y carece de sustento el segundo concepto de invalidez, en el que se aduce que no se cumplió con el requisito de motivación reforzada, pues la elección del consejero J. se encuentra debidamente fundada y motivada, cumpliéndose con la única condicionante previa a la elección, consistente en la expedición de la convocatoria, señalándose las circunstancias particulares que motivan el proceder del Congreso en la exposición de motivos del acuerdo, consistente en la terminación del periodo de la consejera Juez, a partir del treinta y uno de agosto de dos mil once, así como los fundamentos legales de la designación y que son los artículos 35, fracción IX, y 64 de la Constitución Local y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad.

La designación del consejero no altera la integración del Consejo de la Judicatura, pues tendría efectos una vez vencido el periodo de nombramiento de la consejera G.G.L.C..

- Por lo que se refiere a los conceptos de invalidez tercero y cuarto, se reitera que el Congreso cumplió con la única condicionante que tenía de expedir la convocatoria a la sociedad en general, con excepción de los partidos políticos, y que no estaba supeditado a recibir la comunicación prevista en el artículo 151, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, al resultar éste inaplicable.

La convocatoria se dio a conocer por diversos medios a la sociedad en general, además de que el acuerdo legislativo surtió sus efectos legales desde el veintiséis de julio de dos mil once, sin requerirse su publicación en el Periódico Oficial del Estado para la recepción de propuestas.

SEXTO

Ampliación de demanda. Por oficio depositado en la oficina de correos de Guadalajara, J., el cuatro de noviembre de dos mil once, y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el ocho del mismo mes y año, C.R.G., con el carácter de presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en representación del Poder Judicial de la entidad, amplió la demanda de controversia constitucional, a efecto de formular un nuevo concepto de violación contra la sesión ordinaria del Congreso Local celebrada el veintitrés de agosto de dos mil once, en la que se eligió entre los diversos candidatos a J.G. como consejero J., en virtud de haber tenido conocimiento del acta relativa a dicha sesión hasta el día siguiente al en que surtió efectos la notificación del acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil once, dictado en el recurso de reclamación 61/2011-CA, derivado del incidente de suspensión de la diversa controversia constitucional 87/2011 -promovida también por el Poder Judicial del Estado de Jalisco-, en el que se ordenó agregar al expediente de esa reclamación las pruebas documentales ofrecidas por el Congreso del Estado, entre las que se encuentra el acta referida.

SÉPTIMO

Trámite de la controversia. Por acuerdo de diez de noviembre de dos mil once, se admitió a trámite la ampliación de demanda hecha valer, sin perjuicio de lo que pudiere decidirse al momento de dictar sentencia, teniéndose como autoridad demandada en dicha ampliación al Poder Legislativo del Estado de Jalisco, ordenándose emplazarlo para que produjera su contestación, así como dar vista a la procuradora general de la República.

Por oficio depositado en la oficina de correos de Guadalajara, Jalisco, el quince de diciembre de dos mil once, los diputados presidente y secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en representación del poder demandado, dieron contestación a la ampliación de demanda, la que se tuvo por contestada por acuerdo de tres de enero de dos mil doce.

Mediante proveído de veinticuatro de abril de dos mil doce, se señaló fecha para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.

OCTAVO

Opinión de la procuradora general de la República. La procuradora general de la República, mediante oficio recibido en este Alto Tribunal el catorce de mayo de dos mil doce, emitió opinión en los términos que a continuación se sintetizan:

1) Se actualiza la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para sustanciar y resolver el juicio de controversia constitucional.

2) El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco acreditó su personalidad y cuenta con facultades para representar al Poder Judicial de la entidad, por lo que debe tenerse por acreditada la legitimación procesal activa.

3) La controversia fue promovida oportunamente, pues el acuerdo legislativo impugnado fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el dos de agosto de dos mil once, por lo que el plazo para promover la controversia corrió del tres de agosto al trece de septiembre de dos mil once, y la demanda fue depositada en la oficina de correos el veinticinco de agosto de ese año.

También la ampliación de demanda fue presentada oportunamente, porque se trata de hechos supervenientes, por lo que debe tramitarse conforme a lo previsto para la demanda original, esto es, aplica lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, en cuanto al plazo de treinta días, el cual corrió del tres de octubre al dieciséis de noviembre de dos mil once, y la ampliación se presentó el cuatro de noviembre.

4) No se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, porque la diversa controversia constitucional 86/2011 fue desechada.

5) Tampoco se actualiza la causa de improcedencia por falta de expresión de conceptos de invalidez en la ampliación de demanda, pues no existe duda sobre la causa de pedir y los motivos que la originaron, máxime que, de conformidad con los artículos 39 y 40 de la ley reglamentaria de la materia, deben examinarse los planteamientos de las partes en su conjunto y suplirse, en su caso, la deficiencia de la queja.

6) El Congreso del Estado de Jalisco no invadió la competencia del Poder Judicial de la entidad, en virtud de que dio cabal cumplimiento a lo ordenado en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, máxime que de la convocatoria se advierte que no fue emitida a efecto de corregir una ausencia definitiva, sino ante la conclusión del periodo de la consejera Juez, y que el nombramiento del consejero Juez a elegir sería a partir del primero de septiembre de dos mil once, una vez que terminara el ejercicio de la consejera J. en funciones. Por lo tanto, no existe la violación a los artículos 17 y 116, fracción III, constitucionales que se invocan, y procede declarar la validez constitucional de los actos impugnados.

NOVENO

Audiencia. La audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos tuvo verificativo en la fecha señalada para tal efecto, quince de mayo de dos mil doce, en la que se tuvo por presentada la opinión de la procuradora general de la República, así como sus alegatos, se admitieron las pruebas documentales aportadas y se puso el expediente en estado de resolución.

Por acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil doce, el presidente de este Alto Tribunal ordenó remitir el expediente a la Segunda Sala, cuyo presidente, mediante proveído de veintidós del mismo mes y año, acordó que la Sala se avocara al conocimiento del asunto y remitir los autos al Ministro instructor.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal y 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero, fracción I, del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, reformado mediante diverso Acuerdo General Plenario Número 3/2008, de diez de marzo de dos mil ocho, en virtud de que se plantea un conflicto entre dos poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de actos y no de disposiciones generales.

SEGUNDO

Oportunidad. La demanda de controversia constitucional fue presentada dentro del término legal.

En la controversia constitucional se señalan como actos impugnados el Acuerdo Legislativo 1053-LIX-2011, aprobado por el Congreso Local con fecha veintiséis de julio de dos mil once y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el dos de agosto de ese año, mediante el cual se aprueba la convocatoria dirigida a la sociedad en general, con excepción de los partidos políticos, a efecto de que se presenten propuestas de candidatos para la elección de consejero de entre los Jueces de carácter inamovible del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco, por un periodo de cuatro años contados a partir del primero de septiembre de dos mil once al treinta y uno de agosto de dos mil quince; se autoriza su publicación en el Periódico Oficial, en diarios de mayor circulación en el Estado por una sola vez, en los estrados del Palacio del Poder Legislativo y en la página web del Congreso, y se instruye a la Comisión de Justicia para que realice el procedimiento de análisis de los expedientes de los candidatos que se registren y presente la lista de elegibles en los términos de la convocatoria, así como los actos de ejecución y consecuencias de dicho acuerdo, entre ellos, la elección efectuada por la Asamblea en la sesión ordinaria de veintitrés de agosto de dos mil once del consejero J.J.G. y la toma de protesta que fue efectuada en la misma sesión.

En tales términos, la controversia constitucional es promovida contra el procedimiento de elección del consejero Juez del Consejo de la Judicatura de la entidad, que inició con la convocatoria aprobada mediante el acuerdo legislativo referido y que culminó en la sesión ordinaria del Congreso de veintitrés de agosto de dos mil once, en que se designó y tomó protesta a J.G. para el periodo señalado.

En atención a que la controversia se promueve contra los actos que conforman el procedimiento de elección, el cómputo para el término de presentación de la demanda de controversia constitucional debe realizarse a partir de que se realizó el acto con el cual culminó dicho procedimiento, atendiendo al principio de definitividad que rige en la materia, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(1) que establece que, tratándose de actos, el plazo para la interposición de la demanda será de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que el actor se ostente sabedor.

Partiendo de lo anterior, el cómputo del término para la interposición de la demanda procede realizarlo a partir del día siguiente a la sesión ordinaria de veintitrés de agosto de dos mil once del Congreso, en que se llevó a cabo la elección de consejero Juez, esto es, del miércoles veinticuatro de agosto, por lo que el plazo de treinta días corrió de esa fecha al siete de octubre, al descontarse como inhábiles, de conformidad con los artículos 2o. y 3o., fracciones II y III, de la ley reglamentaria en la materia, 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el punto primero del Acuerdo Número 2/2006 del Tribunal Pleno, relativo a la determinación de los días inhábiles y los de descanso, los días veintisiete y veintiocho de agosto y tres, cuatro, diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de septiembre y primero y dos de octubre por ser sábados y domingos, así como los días catorce, quince y dieciséis de septiembre por el acuerdo del Pleno referido y la determinación plenaria relativa al día quince de septiembre.

Por consiguiente, si la demanda se recibió en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veinticinco de agosto de dos mil once, como se advierte del sello de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, debe concluirse que la controversia constitucional se promovió oportunamente.

La anterior determinación es congruente, además, con la determinación de desechamiento de la controversia constitucional 86/2011, promovida contra el mismo acuerdo que se impugna en la presente controversia, por haberse hecho valer cuando aún no finalizaba el procedimiento de elección de consejeros, a que alude la parte actora en el antecedente cuarto de su demanda.

Además, aun si se considerara que el cómputo del plazo legal para la interposición de la demanda debe realizarse desde la publicación del acuerdo legislativo impugnado, por controvertirse la invasión de facultades del Poder Judicial Local desde el inicio del procedimiento de elección por llevarse a cabo de manera anticipada sin existencia de vacante, también tendría que concluirse en la oportunidad de la promoción de la controversia constitucional, porque dicho acuerdo fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el dos de agosto de dos mil once, por lo que el plazo de treinta días, se entendería, corrió del día hábil siguiente, miércoles tres al trece de septiembre, y la demanda, como se señaló, se recibió en esta Suprema Corte de Justicia el veintiséis de agosto del mismo año.

Por lo que se refiere a la ampliación de demanda, esta Segunda Sala determina que la misma debe desecharse por las siguientes razones:

En el escrito de ampliación de demanda, el Poder Judicial actor pretende adicionar un concepto de invalidez contra el acta de la sesión ordinaria del Congreso del Estado de Jalisco de veintitrés de agosto de dos mil once, esto es, el acta relativa a la sesión en que se eligió el consejero J., conforme al Acuerdo Legislativo 1053-LIX-2011 impugnado, sesión que fue expresamente señalada como acto de ejecución controvertido del acuerdo citado en la demanda de controversia constitucional, concretamente en el inciso V del apartado B de los actos impugnados, como se advierte de la transcripción efectuada en el primer resultando de la presente resolución, aduciéndose la procedencia de la ampliación en el hecho de que se tuvo conocimiento del acta relativa a dicha sesión con motivo de la notificación que se le hizo de un acuerdo dictado en el recurso de reclamación 61/2011-CA, derivado de la diversa controversia constitucional 87/2011, con fecha veintiséis de septiembre de dos mil once, en el que se ordenó agregar al expediente relativo diversas pruebas documentales que ofreció el Congreso del Estado de Jalisco, entre las que se encuentra dicha acta -sin agregarse la constancia de notificación a que se alude-.

Conforme al artículo 27 de la ley reglamentaria en la materia,2 la ampliación de demanda procede en dos supuestos: a) por hecho nuevo, cuando éste se conoce en virtud de la contestación de demanda, por lo que no importa el momento en que nace, que puede ser anterior o posterior a la presentación de la demanda, sino la época de conocimiento de su existencia por la parte actora, es decir, que ese conocimiento resulte o derive de la contestación de la demanda, supuesto en el cual la ampliación deberá promoverse dentro del plazo de quince días siguientes a la presentación de la contestación de demanda; y, b) por hecho superveniente, esto es, un hecho que sobreviene o acontece con posterioridad a la presentación de la demanda y hasta antes de la fecha de cierre de la instrucción y que es susceptible de cambiar el estado jurídico en el que se encontraba la situación al presentarse la demanda o al entablarse la litis, por lo que, tratándose de estos hechos, la época de su nacimiento es de capital importancia y la ampliación deberá presentarse antes del cierre de la instrucción.

Son aplicables en este sentido las siguientes tesis de este Alto Tribunal:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. HECHO NUEVO Y HECHO SUPERVENIENTE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, la ampliación de la demanda de controversia constitucional constituye un derecho procesal, del cual la parte actora puede hacer uso cuando se actualice cualquiera de las siguientes dos hipótesis, a saber: la primera, dentro del plazo de quince días siguientes a la presentación de la contestación de la demanda, si en ésta apareciere un hecho nuevo; y, la segunda, hasta antes de la fecha del cierre de la instrucción si apareciere un hecho superveniente. Ahora bien, para determinar la oportunidad en que debe hacerse valer la referida ampliación, debe tomarse en consideración la distinción entre el hecho nuevo y el superveniente, pues mientras el primero es aquel respecto del cual la parte actora tiene conocimiento de su existencia con motivo de la contestación de la demanda, con independencia del momento en que nace, el hecho superveniente es aquel que se genera o acontece con posterioridad a la presentación de la demanda de controversia constitucional, pero antes del cierre de instrucción. De ahí que tratándose de hechos nuevos deba determinarse cuándo tuvo conocimiento de ellos la parte actora, en tanto que si se trata de hechos supervenientes deba definirse cuándo tuvieron lugar." (Novena Época. Registro: 190693. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, diciembre de 2000, tesis P./J. 139/2000, página 994)

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA PROCEDE TANTO CON MOTIVO DE UN HECHO NUEVO COMO DE UN HECHO SUPERVENIENTE. Del artículo 27 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, se desprende que en el procedimiento establecido para la sustanciación de las controversias constitucionales, la ampliación de la demanda opera cuando se actualiza cualquiera de las dos hipótesis siguientes: la primera, dentro del plazo de quince días siguientes a la presentación de la contestación de la demanda, si en ésta apareciere un hecho nuevo; y la segunda, hasta antes de la fecha del cierre de la instrucción, si apareciere un hecho superveniente. Esas diferentes hipótesis requisitan la oportunidad en que debe hacerse valer la ampliación con base en la distinción entre un hecho nuevo y un hecho superveniente, que no significan lo mismo para la ley en consulta; así, para que se actualice el supuesto de hecho nuevo, no importa el momento en que nace, que puede ser anterior o posterior a la presentación de la demanda, sino la época de conocimiento de su existencia por la parte actora, en especial, que ese conocimiento resulte o derive de la contestación de la demanda, ya que el citado precepto legal dice ‘... al de la contestación si en esta última apareciere un hecho nuevo ...’. En cambio, tratándose del hecho superveniente, la época de su nacimiento es de capital importancia, ya que la connotación del concepto superveniente, ilustra con relación a que un hecho es de esa naturaleza cuando sobreviene o acontece con posterioridad a cierto momento, según lo previene la ley, después de que se presentó la demanda y hasta antes de la fecha de cierre de la instrucción; además, una característica propia del hecho superveniente es la de que sea susceptible de cambiar el estado jurídico en el que se encontraba la situación al presentarse la demanda o al entablarse la litis." (Novena Época. Registro: 197522. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T.V., octubre de 1997, tesis 2a. CXXVI/97, página 555)

En tales términos, la sesión del Congreso del Estado de Jalisco verificada el veintitrés de agosto de dos mil once no constituye un hecho superveniente, pues tuvo lugar con anterioridad a la presentación de la demanda, siendo señalada como uno de los actos del procedimiento de elección impugnados en la demanda, por lo que no es susceptible de cambiar el estado jurídico en el que se encontraba la situación al entablarse la litis.

Tampoco constituye un hecho nuevo, pues aun cuando el Poder Judicial actor manifiesta haberlo conocido con motivo de la notificación de un auto en que se ordenó agregar a los autos de un diverso expediente, esta manifestación se desvirtúa si se considera que el acta relativa se refiere a la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa de la entidad de veintitrés de agosto de dos mil once, que fue señalada como impugnada en la demanda e, incluso, con motivo de que la misma implicaba la conclusión del procedimiento de elección, como expresamente se señaló en el antecedente quinto, en el que se expresó: "Resulta que ya concluyó el procedimiento a que se refiere el acuerdo legislativo cuya invalidez aquí se demanda, pues el repetido Congreso Estatal, el pasado veintitrés de agosto, eligió a J.G. como consejero J., tomándole la protesta de ley ese mismo día".

Así, es claro que la sesión ordinaria del Congreso del Estado de Jalisco, de veintitrés de agosto de dos mil once, no se trata de un hecho nuevo, porque no fue conocido con motivo de la contestación de demanda ni, como se afirma por el poder actor, con motivo de la notificación del acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil once, dictado en el recurso de reclamación 61/2011-CA, derivado de la diversa controversia constitucional 87/2011, en tanto se manifestó sabedor de la sesión del Congreso referido desde la presentación de la demanda original, habiéndola señalado como acto impugnado en la controversia.

A lo anterior, debe añadirse que las sesiones son de carácter público y, por tanto, de conocimiento general y asequibles a su consulta.

En efecto, los artículos 130, 133, 142 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco disponen:

"Artículo 130.

1. Son sesiones ordinarias, por regla general, todas aquellas que celebre el Congreso del Estado, que sin tener el carácter de solemnes, a las que se permite el acceso al público y a los servidores públicos del Poder Legislativo.

"Artículo 133.

1. Las sesiones del Congreso del Estado son públicas, por regla general, salvo aquellas que por causas justificadas y previo acuerdo de la asamblea, se celebren de forma reservada, es decir, sin permitir el acceso al público, ni a los servidores públicos del Congreso del Estado, a excepción del secretario general y del personal administrativo que este último autorice.

"Artículo 142.

1. Cualquier persona puede ingresar al salón de sesiones, instalándose en el área de galerías. Con excepción de aquellas que tengan el carácter de reservadas o se haya decidido controlar la entrada mediante invitación.

"Artículo 144.

"...

2. Lo que se trate durante la sesión a que se refiere el párrafo anterior, es público y sigue los trámites de cualquier sesión pública.

De los anteriores preceptos transcritos deriva el carácter público de las sesiones ordinarias del Congreso Local. Asimismo, éstas se hacen constar en actas que en copia fiel se agregan al Diario de los Debates, como se advierte en los siguientes preceptos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, que precisan y establecen los servidores públicos que lo llevan a cabo:

"Artículo 37.

"1. Son atribuciones de los secretarios:

"I.C. que el secretario general del Congreso del Estado redacte las actas que se levanten con motivo de las sesiones, y redactar personalmente las actas de las sesiones reservadas;

II. Firmar las actas que contengan la versión en la que se transcriba la grabación magnetofónica, videograbada o cualquier forma en que se reproduzca lo tratado en la sesión y cuidar de la debida impresión y distribución del ‘Diario de los Debates’.

"Artículo 49.

"1. El secretario general tiene las siguientes atribuciones:

"...

"V. Formular las actas de las sesiones de la asamblea y presentarlas para su revisión a los diputados secretarios;

"...

XI. Llevar al corriente los libros de leyes, decretos y acuerdos, así como las versiones autorizadas en que se reproduzca lo tratado en la sesión, y el registro de los documentos recibidos por los diputados o devueltos por ellos, siendo responsable de todos los documentos que obren en su poder; ...

"Artículo 50.

"1. Para el óptimo desempeño de las funciones del Congreso del Estado, la secretaría general cuenta con direcciones agrupadas en área legislativa y administrativa.

"I.F. en el área legislativa las siguientes direcciones:

a) Dirección de Procesos Legislativos; es la responsable de la planeación y programación técnica de la (sic) sesiones; de la asistencia a la mesa directiva para el desarrollo de las sesiones; así como la realización de minutas y su remisión y la trascripción (sic) en el ‘Diario de los Debates’; ...

"Artículo 128.

"1. Lo acontecido en las sesiones se consigna en un órgano oficial denominado ‘Diario de los Debates’ en el que se publica la fecha y el lugar en que se verifica la sesión, el sumario, nombre de quien preside, copia fiel del acta de la sesión anterior, trascripción (sic) de las discusiones en el orden que se desarrollan e inserción de todos los documentos a los que se les da lectura.

"2. Las discusiones y documentos relacionados con las sesiones reservadas, sólo pueden ponerse a la vista de quienes demuestren su interés jurídico y no son susceptibles de publicarse, salvo las resoluciones finales, que son de interés público."

Consecuentemente, es claro que lo asentado en el acta de la sesión ordinaria del Congreso Local, de veintitrés de agosto de dos mil once, no puede considerarse un hecho nuevo para efectos de la ampliación de la demanda de controversia constitucional, al haberse manifestado el poder actor como conocedor de dicha sesión en la demanda -señalándola como uno de los actos controvertidos-, ser públicas las sesiones ordinarias y encontrarse asentadas en actas de la misma naturaleza, así como en el Diario de Debates.

Lo anterior se corrobora si se considera que en el concepto de invalidez se planteó que el Congreso Estatal violó los artículos 14, 16, 17 y 116, fracción III, constitucionales, al infringir el marco normativo rector del trámite de elección del cargo de consejeros del Consejo de la Judicatura Local, porque la votación y elección se llevó a cabo sin discusión, esto es, sin que se hubiera realizado un debate ni un juicio de ponderación acerca de las cualidades y aptitudes de cada uno de los candidatos "... El vicio denunciado en el párrafo que antecede se evidencia asimismo en el Diario de los Debates correspondiente a la ya referida sesión ordinaria del veintitrés de agosto del año dos mil once ...".

En tales términos, debe considerarse improcedente la ampliación de conceptos de invalidez, por no surtirse los supuestos para su procedencia y haberse planteado cuando ya había transcurrido el plazo legal para la impugnación del procedimiento de elección de consejero Juez -el escrito de ampliación se depositó en la oficina de correos de la localidad el cuatro de noviembre de dos mil once, y el plazo de impugnación del procedimiento de elección de consejero Juez, en los términos anteriormente referidos, corrió del miércoles veinticuatro de agosto de dos mil once, día siguiente a la sesión ordinaria del Congreso en que se llevó a cabo la elección, al siete de octubre del mismo año-.

TERCERO

Legitimación activa. El Poder Judicial del Estado de Jalisco, como uno de los órganos originarios en que se divide el ejercicio del poder público en el Estado, en términos de lo dispuesto en el numeral 116 constitucional, se encuentra legitimado para promover controversia constitucional contra otro Poder del Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos, conforme al artículo 105, fracción I, inciso h), constitucional.

El artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(3) establece que el actor debe comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlo.

En el presente asunto, la parte actora es el Poder Judicial del Estado de Jalisco y, en su representación, suscribió la demanda C.R.G., en su carácter de presidente del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad, cargo que acreditó con la copia certificada del acta de la sesión plenaria extraordinaria de dicho tribunal de quince de diciembre de dos mil diez, que obra a fojas 95 a 102 del expediente, en la que consta que fue electo presidente por el bienio dos mil once-dos mil doce.

Ahora bien, el artículo 56, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado de Jalisco(4) establece que la representación del Poder Judicial recae en el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, por lo que el M.C.R.G. se encuentra facultado para suscribir la demanda en representación del poder actor.

CUARTO

Legitimación pasiva. En el auto de veintinueve de agosto de dos mil once, el Ministro instructor reconoció el carácter de demandado al Poder Legislativo del Estado de Jalisco, al haber sido el que expidió el acuerdo impugnado, y llevó a cabo el procedimiento de elección de consejero J. que se controvierte en el presente medio de defensa constitucional.

En representación de dicho poder, suscriben la contestación de demanda los diputados Salvador Barajas del Toro, M.F.R. y C.E.R.G., en su carácter de presidente y secretarias de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, personalidad que acreditan con la copia certificada del acta de la sesión ordinaria de trece de septiembre de dos mil once del Congreso del Estado de Jalisco (fojas 203 a 270), en la que consta la elección de dichos diputados como integrantes de la mesa directiva para el periodo de octubre de dos mil once a enero de dos mil doce, pues la contestación de demanda fue depositada en la oficina de correos de la localidad el trece de octubre de dos mil once.

El artículo 35, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco(5) establece que corresponde a la mesa directiva representar jurídicamente al Poder Legislativo en los medios de control constitucional en todas sus etapas procesales, de lo que se colige que los diputados que suscribieron la contestación de demanda cuentan con facultades para representar al Poder Legislativo demandado.

QUINTO

Legitimación de la procuradora general de la República. M.M.I. acredita su carácter de procuradora general de la República con la copia certificada de su nombramiento, la cual obra a foja 118 del expediente, funcionaria que es parte en este asunto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEXTO

Causales de improcedencia. Son infundadas las causas de improcedencia que el Poder Legislativo demandado plantea en su contestación de demanda, por las razones que a continuación se expresan:

  1. La que se apoya en el artículo 19, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia, porque el procedimiento de elección controvertido que dio inicio con el Acuerdo Legislativo LIX-1053-2011 también fue impugnado en la diversa controversia constitucional 86/2011, es infundada, en virtud de que dicha controversia fue desechada y tal determinación de desechamiento ya adquirió firmeza.

    No puede considerarse actualizada la causal de improcedencia aludida, porque la controversia constitucional en la que se impugnó el mismo acuerdo legislativo ya no se encuentra pendiente de resolución, al haber sido desechada, y tampoco podría estimarse que se presenta la diversa causal contemplada en la fracción IV del numeral 19 citado pues, al haberse desechado la controversia, no fue analizada la constitucionalidad del acuerdo controvertido y, en tales términos, no fue materia de una ejecutoria.

    En efecto, de la resolución pronunciada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar el recurso de reclamación 57/2011-CA, derivado de la controversia constitucional 86/2011, que se tiene a la vista y que constituye un hecho notorio, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 27/97 de este órgano colegiado y que lleva por rubro: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.",(6) deriva lo siguiente:

    - En la demanda que dio lugar a la apertura del expediente relativo a la controversia constitucional 86/2011, se impugnaron los Acuerdos Legislativos 1053-LIX-2011 y 1054-LIX-2011, aprobados por el Congreso del Estado de Jalisco el veintiséis de julio de dos mil once, publicados en el Periódico Oficial de la entidad los días dos y cuatro de agosto siguientes, respectivamente, en los que se aprobaron las convocatorias para la elección de un consejero J. y de tres consejeros ciudadanos de la Judicatura del Poder Judicial Estatal; el primero, para ocupar el cargo por un plazo de cuatro años, con efectos a partir del primero de septiembre de dos mil once; dos consejeros ciudadanos, también por cuatro años, contados a partir del treinta y uno de mayo de dos mil doce; y uno más, por cuatro años, a partir del dieciséis de octubre de dos mil doce.

    - Por auto de diecisiete de agosto de dos mil once, el Ministro instructor desechó la controversia constitucional, por actualizarse de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que los actos impugnados provenían de procedimientos no concluidos, puesto que los acuerdos legislativos impugnados se referían al inicio del procedimiento para la elección de los integrantes del Consejo de la Judicatura Estatal, en tanto en ellos se convocaba a la sociedad con el propósito de recibir las propuestas correspondientes, por lo que no constituían actos definitivos que pudieran significar una posible afectación a la esfera de competencia y atribuciones del Poder Judicial actor.

    En el auto desechatorio, expresamente se manifestó que la parte actora debía esperar a que concluyera el procedimiento de elección para promoverse controversia constitucional, en contra del acto definitivo por vicios propios y, en su caso, por todas las violaciones cometidas durante el procedimiento que hubiesen trascendido al resultado de la decisión, ya que sería hasta entonces cuando podía determinarse realmente una posible afectación al interés legítimo del Poder Judicial actor, en tanto los decretos impugnados no se referían a la separación de alguno de sus integrantes, sino a la elección de nuevos consejeros y que, de admitirse la demanda de controversia constitucional, respecto del inicio del procedimiento, se llegaría al extremo de que necesariamente tendrían que impugnarse mediante ampliación de demanda los posteriores actos intermedios, así como el acto definitivo, si el estado procesal del asunto lo permitiera, lo que no es congruente con la naturaleza de este medio de control constitucional, que procede en contra de actos definitivos.

    - Contra el anterior auto desechatorio de la demanda de controversia constitucional 86/2011, el Poder Judicial del Estado de Jalisco interpuso recurso de reclamación, el cual fue resuelto por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de ocho de febrero de dos mil doce, por unanimidad de cinco votos, declarando sin materia el recurso de reclamación 57/2011-CA, señalando, en la parte conducente de sus consideraciones, lo siguiente:

    "... la parte actora actuó de manera congruente con lo decidido en el auto de desechamiento, al haber promovido nuevas controversias constitucionales en contra de los actos definitivos de designación de un consejero J. y de tres consejeros ciudadanos de la Judicatura del Poder Judicial Estatal, en las que, adicionalmente impugnó los referidos acuerdos legislativos como parte del procedimiento de que se trata y que son materia de la demanda desechada.

    "Por tanto, una vez admitidas a trámite las controversias constitucionales 92/2011 y 97/2011, mediante proveídos de veintinueve de agosto y doce de septiembre de dos mil once, a ningún fin práctico llevaría el análisis de legalidad del auto recurrido, considerando que éste fue superado con tales determinaciones, que favorecen la pretensión del Poder Judicial recurrente, de someter a control constitucional los referidos acuerdos legislativos.

    Lo anterior es así, en virtud de que la pretendida revocación o modificación del acuerdo combatido, no produciría un beneficio mayor al que ya obtuvo el recurrente con la admisión de dichas controversias, en las que se consideraron como actos impugnados los mismos acuerdos legislativos y las decisiones finales de designación de los consejeros estatales, máxime que en los respectivos cuadernos incidentales se concedió la suspensión solicitada, por lo que procede declarar sin materia el presente recurso de reclamación. ...

    Deriva de lo anterior que la promoción de la diversa controversia constitucional no puede dar lugar a considerar actualizada la causa de improcedencia de litispendencia, prevista en el artículo 19, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, porque dicho medio de defensa constitucional fue desechado, señalándose expresamente en el auto de desechamiento relativo que el Poder Judicial del Estado de Jalisco tenía que esperar la conclusión del procedimiento de elección de consejeros, a fin de promover la controversia constitucional en su contra, que fue lo que hizo, por lo que, estimar lo contrario, sería denegatorio de justicia, al impedirse la defensa de sus intereses.

  2. Las causas de improcedencia establecidas en el artículo 19, fracciones V y VIII, esta última en relación con el numeral 1o, de la ley reglamentaria de la materia, se desestiman, en virtud de que en la contestación de demanda el Congreso del Estado de Jalisco se limita a invocarlas, pero sin dar razonamiento alguno que apoye su afirmación y sin que esta Segunda Sala advierta su actualización.

    En efecto, la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional prevé como causa de improcedencia la cesación de efectos del acto impugnado, la que, este órgano colegiado determina, no se presenta en el caso, pues el procedimiento de elección del consejero ciudadano sigue surtiendo efectos, en tanto en virtud del mismo fue nombrado a este integrante del Consejo de la Judicatura Local para el periodo del primero de septiembre de dos mil once al treinta y uno de agosto de dos mil quince, periodo que se encuentra en curso, por lo que la determinación de constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho procedimiento dará lugar a que asuma o no el cargo el J.J.G., electo por el Congreso para el ejercicio del cargo.

    Al respecto, resulta aplicable la siguiente jurisprudencia del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia:

    "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de A. no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." (Novena Época. Registro: 190021. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T.X., abril de 2001, tesis P./J. 54/2001, página 882)

    La anterior tesis jurisprudencial resulta aplicable para determinar que, en el caso, no se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 19, fracción V, de la ley reglamentaria de la materia, pues si bien, para estimar que la misma se presenta, no es necesario que los efectos de los actos impugnados queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como se requiere tratándose del diverso medio de defensa constitucional consistente en el juicio de amparo, al carecer las sentencias que se dictan en controversia constitucional de los efectos retroactivos propios de la sentencia de amparo, sí se requiere para su actualización que los efectos de los actos impugnados dejen de producir efectos, lo que no acontece en el caso, dado el periodo de nombramiento del consejero ciudadano electo a que se refiere el procedimiento de elección impugnado.

    De igual manera, no se da la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, esto es, la que resulte de alguna otra disposición de la propia ley, en relación con el artículo 1o. de la propia ley, que invoca el poder demandado, pues este último dispositivo dispone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá las controversias constitucionales a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 constitucional, como es el medio de defensa constitucional materia de estudio en la presente resolución, y en ella se surten los presupuestos requeridos para su procedencia, como es el haber sido promovida por un poder de un Estado, respecto de los actos emitidos por otro poder de la entidad que estima inconstitucionales, por ser lesivos de su esfera competencial, en términos de lo dispuesto en el inciso h) de la fracción I del artículo 105 constitucional, constituyendo la determinación relativa al interés que efectivamente le asista para el pronunciamiento de inconstitucionalidad de los actos impugnados, una cuestión que atañe al fondo del asunto y que impide decretar el sobreseimiento en el juicio, al no ser evidente la inviabilidad de la acción, ante la existencia de un principio de afectación suficiente para su procedencia.

    En este sentido, esta Suprema Corte de Justicia ha sustentado las siguientes tesis:

    "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. En reiteradas tesis este Alto Tribunal ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una controversia constitucional se hace valer una causal donde se involucra una argumentación en íntima relación con el fondo del negocio, debe desestimarse y declararse la procedencia, y, si no se surte otro motivo de improcedencia hacer el estudio de los conceptos de invalidez relativos a las cuestiones constitucionales propuestas." (Novena Época. Registro: 193266. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, septiembre de 1999, tesis P./J. 92/99, página 710)

    "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en la tesis número P./J. 71/2000, visible en la página novecientos sesenta y cinco del Tomo XII, agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es ‘CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. DIFERENCIAS ENTRE AMBOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL.’, que en la promoción de la controversia constitucional, el promovente plantea la existencia de un agravio en su perjuicio; sin embargo, dicho agravio debe entenderse como un interés legítimo para acudir a esta vía el cual, a su vez, se traduce en una afectación que resienten en su esfera de atribuciones las entidades poderes u órganos a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de su especial situación frente al acto que consideren lesivo; dicho interés se actualiza cuando la conducta de la autoridad demandada sea susceptible de causar perjuicio o privar de un beneficio a la parte que promueve en razón de la situación de hecho en la que ésta se encuentre, la cual necesariamente deberá estar legalmente tutelada, para que se pueda exigir su estricta observancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación." (Novena Época. Registro: 189327. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T.X., julio de 2001, tesis P./J. 83/2001, página 875)

    "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN. La jurisprudencia número P./J. 92/99 del Tribunal Pleno, cuyo título es: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.’, no es de aplicación irrestricta sino limitada a aquellos supuestos en que no sea posible disociar con toda claridad la improcedencia del juicio, de aquellas cuestiones que miran al fondo del asunto, circunstancia que no acontece cuando la inviabilidad de la acción resulta evidente, porque la norma impugnada no afecta en modo alguno el ámbito de atribuciones de la entidad actora, pues tal circunstancia revela de una forma clara e inobjetable la improcedencia de la vía, sin necesidad de relacionarla con el estudio de fondo del asunto; en esta hipótesis, no procede desestimar la improcedencia para vincularla al estudio de fondo sino sobreseer con fundamento en el artículo 20, fracción II, en relación con los artículos 19, fracción VIII, ambos de la ley reglamentaria de la materia, y 105, Fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debiendo privilegiarse en tal supuesto la aplicación de las jurisprudencias números P./J. 83/2001 y P./J. 112/2001 de rubros: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA.’ y ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. MEDIANTE ESTA ACCIÓN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE FACULTADES PARA DIRIMIR CUESTIONES QUE IMPLIQUEN VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AUNQUE NO SE ALEGUE LA INVASIÓN DE ESFERAS DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD O PODER QUE LA PROMUEVE.’, de las que se infiere que para la procedencia de la controversia constitucional se requiere que por lo menos exista un principio de agravio, que se traduce en el interés legítimo de las entidades, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105, fracción I, para demandar la invalidez de la disposición general o acto de la autoridad demandada que vulnere su esfera de atribuciones." (Novena Época. Registro: 181168. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, julio de 2004, tesis P./J. 50/2004, página 920)

    "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EXISTE INTERÉS LEGÍTIMO PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CUANDO SE ACTUALIZA UNA AFECTACIÓN A LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LAS ENTIDADES, PODERES U ÓRGANOS LEGITIMADOS, A SU ESFERA JURÍDICA, O SOLAMENTE UN PRINCIPIO DE AFECTACIÓN. En materia de controversias constitucionales la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del interés legítimo, ha hecho algunas diferenciaciones que, aunque sutiles, deben tenerse presentes: 1. En la controversia constitucional 9/2000 consideró que el interés legítimo se traduce en la afectación que las entidades, poderes u órganos resienten en su esfera de atribuciones, y se actualiza cuando la conducta de la autoridad demandada pueda causar perjuicio o privar de un beneficio a la parte que promueve en razón de la situación de hecho en que se encuentra; 2. En la controversia constitucional 328/2001 sostuvo que el interés legítimo se traducía en la afectación a la esfera jurídica del poder que estuviera promoviendo; 3. En la controversia constitucional 5/2001 determinó que si bien es cierto que la controversia constitucional tiene como objeto principal de tutela el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los órganos originarios del Estado, y que debe tomarse en cuenta que la normatividad constitucional también tiende a preservar la regularidad en el ejercicio de las atribuciones constitucionales establecidas en favor de tales órganos, las que nunca deberán rebasar los principios rectores previstos en la propia Constitución, quedando las transgresiones invocadas sujetas a dicho medio de control constitucional, también lo es que no se abrogó, por decirlo de alguna manera, lo relativo al interés legítimo para la procedencia de la acción, sino que se matizó considerando que era necesario un principio de afectación; y, 4. En la controversia constitucional 33/2002 retomó el principio de afectación para efectos del interés legítimo, y estableció un criterio para determinar cuándo y cómo debe estudiarse ese principio. Así, puede entenderse que se colmará el requisito relativo al interés legítimo cuando exista una afectación a la esfera de atribuciones de las entidades, poderes u órganos legitimados, a su esfera jurídica, o solamente un principio de afectación." (Novena Época. Registro: 170357. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T.X., febrero de 2008, tesis 2a. XVI/2008, página 1897)

    Concretamente, tratándose de los Poderes Judiciales Locales, el Pleno de este Alto Tribunal ha sustentado jurisprudencia en el sentido de que tienen interés legítimo para acudir a la vía de controversia constitucional cuando se afecte su independencia, como deriva de la siguiente transcripción:

    "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS TIENEN INTERÉS LEGÍTIMO PARA ACUDIR A ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, CUANDO SE AFECTE SU INDEPENDENCIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL CON MOTIVO DE UN JUICIO POLÍTICO SEGUIDO A SUS INTEGRANTES. De la teleología del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que su órgano reformador estableció como prerrogativa de los Poderes Judiciales Locales la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, consistente en que los órganos jurisdiccionales resuelvan los conflictos que se sometan a su conocimiento con total libertad de criterio, teniendo como norma rectora a la propia ley y sin relación de subordinación respecto de los demás órganos del Estado. De ahí que el respeto a la independencia de los Poderes Judiciales Locales tiene como fin preservar a dichas instituciones libres de injerencias o intervenciones ajenas a su función jurisdiccional, que tienen encomendada constitucionalmente, la que deben ejercer con plena libertad decisoria, sin más restricciones que las previstas en la Constitución y en las leyes; por tanto, si por mandato constitucional la independencia en la función jurisdiccional de los Poderes Judiciales Locales constituye una prerrogativa para su buen funcionamiento, es claro que el procedimiento y la resolución de un juicio político seguido a alguno o algunos de sus integrantes, con base en el análisis de una resolución emitida en el ejercicio de su facultad jurisdiccional, afectan la esfera jurídica del citado poder, con lo que se acredita plenamente que éste cuenta con interés legítimo para acudir a la controversia constitucional." (Novena Época. Registro: 180916. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, agosto de 2004, tesis P./J. 54/2004, página 1154)

    Al no existir otra causal de improcedencia planteada por las partes diversas a las ya analizadas y desestimadas, y no advertirse por esta Segunda Sala la actualización de alguna de ellas, resulta procedente avocarse al estudio del fondo del asunto.

SÉPTIMO

Estudio de fondo. Anticipación del procedimiento de elección. Como se advierte de la síntesis de los conceptos de invalidez hecha en el resultando tercero de la presente resolución, el Poder Judicial adujo, en esencia:

1) Violación a los principios de división de poderes, por vulnerarse la autonomía e independencia del Poder Judicial Local, porque el Acuerdo Legislativo 1053-LIX-2011 dio inicio al procedimiento de elección de consejero Juez de manera anticipada, pues aún no existía vacante.

2) El acuerdo legislativo no satisface el requisito de motivación reforzada pues, al no haber vacante en el cargo de consejero Juez, no existen los antecedentes fácticos suficientes para considerar justificable el obrar legislativo.

3) Existe un vicio en el procedimiento de elección, porque se redujo el término para la presentación de propuestas y documentos fijado en el acuerdo legislativo impugnado de nueve días a tan sólo cinco días, porque el plazo fijado era del 27 de julio al 8 de agosto de dos mil once, y la publicación en el Periódico Oficial de la entidad del acuerdo se llevó a cabo hasta el 2 de agosto de ese año.

4) Inconstitucionalidad del acuerdo legislativo que dio inicio al procedimiento de elección de consejero, porque se realizó de oficio, desconociendo la facultad que el artículo 151, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco establece en favor del presidente del Consejo de la Judicatura de informar al Congreso del Estado las vacantes que se produzcan en el consejo.

Son infundados los conceptos de invalidez primero, segundo y cuarto anteriormente sintetizados, los que se estudian conjuntamente por su íntima vinculación.

Para sustentar la anterior afirmación, se procede, en primer término, a realizar el análisis constitucional del tema relativo a la anticipación en la designación de consejeros de la Judicatura Locales, a fin de esclarecer si nuestra Ley Fundamental establece algún principio, al respecto, de acatamiento obligatorio para las entidades federativas y, con base en ello, poder calificar la sujeción al orden constitucional del procedimiento de elección concretamente impugnado.

  1. Análisis constitucional de la anticipación en el procedimiento de designación de consejeros de la Judicatura Locales

    En relación al principio de división de poderes, que consagra la Constitución Federal, a su aplicación específica a los Poderes Judiciales Locales, así como a los principios fundamentales que para los Consejos de la Judicatura de las entidades federativas establece cuando las Legislaturas Locales deciden su creación, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar la controversia constitucional 32/2007, en sesión de veinte de enero de dos mil nueve, determinó en la parte conducente de la resolución:

    "DÉCIMO. ... II. Sobre la división de poderes.

    "Montesquieu, si bien no es el autor del principio de la división de poderes, tiene el mérito de haberlo expuesto y desarrollado, identifica este principio retomándolo de la Constitución de Inglaterra, de la siguiente forma:

    "‘En cada Estado hay tres clases de poderes: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo de las cosas relativas al derecho de gentes, y el Poder Ejecutivo (sic) de las cosas que dependen del derecho civil. En virtud del primero, el príncipe o jefe del Estado hace leyes transitorias o definitivas, o deroga las existentes. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía y recibe embajadas, establece la seguridad pública y precave las invasiones. Por el tercero, castiga los delitos y juzga las diferencias entre particulares. Se llama a este último Poder Judicial, y al otro Poder Ejecutivo del Estado.’

    "Como se advierte, Montesquieu se refiere a función o actividad del Estado cuando habla de poder, de lo que se infiere que la doctrina de la división de poderes pretende una fragmentación del poder mediante la distribución de funciones. Esto es, el poder es el ejercicio de dichas funciones.

    "La única forma de quitar el peligro que conlleva el poder en sí, es dividiéndolo, y evitar así los abusos de quienes detentan el poder; no se trata de destruirlo, sino de equilibrarlo, para que, sin dejar de ser poder, se someta a un procedimiento para evitar su abuso, no se trata pues, de propiciar la división total, sino de lograr su integración y, por supuesto, su modernización.

    "De lo anterior, se infiere que si bien la división de poderes no es de tal manera tajante que un poder no tenga ninguna relación con el otro, o bien, no pueda en determinado momento, inclusive, desarrollar las funciones correspondientes a otro; no menos cierto es que tal principio debe acatarse acorde con lo establecido, de manera específica, en el orden constitucional. Así lo ha establecido este Alto Tribunal como se advierte del siguiente criterio:

    "‘DIVISIÓN DE PODERES. LA FUNCIÓN JUDICIAL ATRIBUIDA A AUTORIDADES EJECUTIVAS NO VIOLA EL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE APARCERÍA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). No se transgrede el artículo 49 de la Constitución Federal con la expedición y aplicación del artículo 48 de la Ley de Aparcería del Estado de Nuevo León, en tanto previene competencia para resolver las controversias suscitadas con motivo de la aplicación de la misma ley a la autoridad municipal que tenga jurisdicción sobre el predio objeto del contrato y que la autoriza para que se allegue elementos de prueba para normar su criterio y dictar resolución, y que también previene un recurso ante el gobernador del Estado en caso de inconformidad. En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no estatuye un sistema rígido de división de poderes, de tal manera que el Judicial sólo pudiese realizar actos materialmente jurisdiccionales, el Ejecutivo sólo actos administrativos y el Legislativo exclusivamente actos de creación de normas jurídicas generales. En la misma Constitución Federal se advierte que cada uno de los poderes está facultado para desarrollar funciones distintas a las que les corresponderían en un sistema rígido de división de poderes; así, el Legislativo desempeña funciones administrativas, como por ejemplo conceder licencia al presidente de la República (artículo 73, fracción XXVI, 85 y 88) y funciones jurisdiccionales, cuando se erige en gran jurado para conocer de delitos oficiales cometidos por funcionarios de la Federación (artículo 111 de la Constitución Federal). El Poder Judicial está facultado para realizar actos materialmente legislativos, como por ejemplo, cuando se le otorga a la Suprema Corte de Justicia, en Pleno, la facultad de expedir los reglamentos interiores de la misma Corte, de los Tribunales Colegiados de Circuito y de los Juzgados de Distrito; también le corresponden atribuciones materialmente administrativas, como nombrar Magistrados y Jueces de Distrito. Los órganos del Poder Ejecutivo tienen atribuciones legislativas, como la de expedir reglamentos (artículo 89, fracción I constitucional). Prohíbe, pues, la Constitución, la unificación de dos o más poderes en uno, mas no que en un poder, por ejemplo, el Legislativo, desempeñe alguna función ejecutiva o jurisdiccional. La idea básica en el artículo 49 constitucional, es evitar la posibilidad de una dictadura constitucional que se daría en aquel caso en que en un poder reuniera dos o más, pero no cuando la misma Constitución previene una flexibilidad en la división de poderes y relaciones entre los mismos, lo que se traduce en la autorización de que un poder realice funciones que en una estricta división de poderes y funciones, no podría desempeñar.’

    "De lo que al final de cuentas se trata, es de la distribución de determinadas funciones desarrolladas ya sea por uno u otro de los Poderes del Estado, pero siempre referidas al buen funcionamiento del propio poder que, en una estricta división, no podría desempeñar, y si así lo hace, ello debe ser en todo momento dentro de los lineamientos previstos constitucionalmente.

    "En relación con lo anterior, la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en la publicación que aparece en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo 151-156, Tercera Parte, página 117, estableció el siguiente criterio que este Alto Tribunal comparte:

    "‘DIVISIÓN DE PODERES. SISTEMA CONSTITUCIONAL DE CARÁCTER FLEXIBLE. La división de poderes que consagra la Constitución Federal no constituye un sistema rígido e inflexible, sino que admite excepciones expresamente consignadas en la propia Carta Magna, mediante las cuales permite que el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial ejerzan funciones que, en términos generales, corresponden a la esfera de las atribuciones de otro poder. Así, el artículo 109 constitucional otorga el ejercicio de facultades jurisdiccionales, que son propias del Poder Judicial, a las Cámaras que integran el Congreso de la Unión, en los casos de delitos oficiales cometidos por altos funcionarios de la Federación, y los artículos 29 y 131 de la propia Constitución consagran la posibilidad de que el Poder Ejecutivo ejerza funciones legislativas en los casos y bajo las condiciones previstas en dichos numerales. Aunque el sistema de división de poderes que consagra la Constitución General de la República es de carácter flexible, ello no significa que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial puedan, motu proprio, arrogarse facultades que corresponden a otro poder, ni que las leyes ordinarias puedan atribuir, en cualquier caso, a uno de los poderes en quienes se deposita el ejercicio del Supremo Poder de la Federación, facultades que incumben a otro poder. Para que sea válido, desde el punto de vista constitucional, que uno de los Poderes de la Unión ejerza funciones propias de otro poder, es necesario, en primer lugar, que así lo consigne expresamente la Carta Magna o que la función respectiva sea estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas, y, en segundo lugar, que la función se ejerza únicamente en los casos expresamente autorizados o indispensables para hacer efectiva una facultad propia, puesto que es de explorado derecho que las reglas de excepción son de aplicación estricta.’

    "El indicado criterio, debe aplicarse en consonancia con uno diverso emitido por este Tribunal Pleno, cuyos rubro, texto y datos de identificación, son:

    "‘DIVISIÓN DE PODERES. EL EQUILIBRIO INTERINSTITUCIONAL QUE EXIGE DICHO PRINCIPIO NO AFECTA LA RIGIDEZ DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 151-156, Tercera Parte, página 117, con el rubro: «DIVISIÓN DE PODERES. SISTEMA CONSTITUCIONAL DE CARÁCTER FLEXIBLE.», no puede interpretarse en el sentido de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es de carácter flexible, pues su rigidez se desprende del procedimiento que para su reforma prevé su artículo 135, así como del principio de supremacía constitucional basado en que la Constitución Federal es fuente de las normas secundarias del sistema -origen de la existencia, competencia y atribuciones de los poderes constituidos-, y continente, de los derechos fundamentales que resultan indisponibles para aquéllos, funcionando, por ende, como mecanismo de control de poder. En consecuencia, el principio de división de poderes es una norma de rango constitucional que exige un equilibrio entre los distintos Poderes del Estado y de las entidades federativas, a través de un sistema de pesos y contrapesos tendente a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto capaz de producir una distorsión en el sistema de competencias previsto constitucionalmente o, como consecuencia de ello, una afectación al principio democrático, a los derechos fundamentales, o a sus garantías.’

    "De lo establecido, se deduce que para el ejercicio del Supremo Poder de la Federación, previsto en el artículo 49 del Pacto Federal, debe existir colaboración entre los diferentes Poderes de la Unión para el desarrollo de las atribuciones conferidas constitucionalmente; asimismo, se advierte que la llamada ‘división de poderes’ no se trata de una separación total entre ellos, sino que se trata, en realidad, de una distribución de determinadas funciones de los diferentes órganos del Estado.

    "Lo anteriormente desarrollado permite arribar a dos conclusiones: la primera ya plasmada en los criterios antes transcritos, y la segunda inherente a la justificación propia del principio de división de poderes, a saber:

    "a) Un poder del Estado puede realizar las funciones que le atañen a otro sin que con esto se rompa el orden constitucional, siempre y cuando así lo prevea la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sean estrictamente necesarias para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas a aquél, y que la función se ejerza únicamente en los casos expresamente autorizados o indispensables para hacer efectiva una facultad propia; y,

    "b) La existencia del principio de división de poderes atiende preponderantemente a garantizar el debido funcionamiento de los Poderes del Estado, a través de otorgar facultades exclusivas o compartidas en determinados casos.

    "Bajo este tenor, válidamente se afirma que si con motivo de la distribución de funciones establecida por el legislador, se provoca un deficiente o incorrecto desempeño de uno de los Poderes del Estado, tal situación afecta el principio de división de poderes que encuentra su justificación en la idea de que el fraccionamiento de las atribuciones generales del Estado (que ocasiona la especialización de cada uno de sus poderes), se instituye precisamente para hacer efectivas las facultades de cada uno de los tres poderes de aquél.

    "Ahora bien, el principio de división de poderes referido específicamente a los Poderes Judiciales Locales, establecido en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede verse afectado si, a su vez, se afecta la independencia y autonomía del Poder Judicial Local. Así lo ha establecido este Tribunal Pleno en el siguiente criterio:

    "‘PODERES JUDICIALES LOCALES. LA VULNERACIÓN A SU AUTONOMÍA O A SU INDEPENDENCIA IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. Del contenido del artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la vulneración a los principios de autonomía o de independencia de un Poder Judicial Local implica necesariamente la violación al de división de poderes, pues aquéllos quedan comprendidos en éste, de manera que no puede hablarse de una auténtica división de poderes cuando uno de ellos, en este caso el judicial, no es autónomo ni independiente.’

    "Cabe precisar, que mediante reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación de diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete, se modificaron, entre otros, los artículos 17 y 116 de la Constitución Federal, por ser preocupación del Poder Reformador de la Constitución, el fortalecimiento de la independencia y autonomía de los Poderes Judiciales de los Estados, de suerte que en dichos preceptos se consagraron las garantías judiciales constitutivas del marco jurídico al cual deberían ser ajustadas las Constituciones y leyes secundarias del país.

    "De conformidad con lo anterior, las reglas de independencia y autonomía fueron plasmadas en el artículo 116 del Pacto Federal, en cuyo primer párrafo se consagró el principio de división de poderes de las entidades federativas, de donde se sigue que la independencia judicial guarda correspondencia con dicho principio.

    "La exposición de motivos de dicha reforma constitucional, permite concluir que por las finalidades perseguidas, la interpretación del numeral 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre debe efectuarse en el sentido de salvaguardar los valores ‘autonomía’ e ‘independencia’ de los Poderes Judiciales Locales, así como la de los Magistrados y Jueces que los integren.

    "Por tanto, no es constitucional que las decisiones orgánicas, funcionales, sistemáticas y estructurales de los Poderes Judiciales Estatales queden, por cualquier razón, al arbitrio de otros órganos del Poder Local, en detrimento de la independencia judicial.

    "Es importante apuntar que este Alto Tribunal ha establecido cuáles son las condiciones necesarias para que se actualice la violación al principio de división de poderes en perjuicio de los Poderes Judiciales Locales. Dichas condiciones quedaron establecidas en la siguiente tesis:

    "‘PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS. El principio de división de poderes, con especial referencia a los Poderes Judiciales de las entidades federativas, se viola cuando se incurre en las siguientes conductas: a) que en cumplimiento de una norma jurídica o voluntariamente se actualice una actuación antijurídica imputable a alguno de los Poderes Legislativo o Ejecutivo; b) que dicha conducta implique la intromisión de uno de esos poderes en la esfera de competencia del Poder Judicial, o bien, que uno de aquéllos realice actos que coloquen a éste en un estado de dependencia o de subordinación con respecto a él; y c) que la intromisión, dependencia o subordinación de otro poder verse sobre el nombramiento, promoción o indebida remoción de los miembros del Poder Judicial; la inmutabilidad salarial; la carrera judicial o la autonomía en la gestión presupuestal.’

    "...

    "Para determinar si el nuevo diseño institucional del Consejo de la Judicatura implica un acto de intromisión, dependencia o subordinación protagonizado por el demandado en contra del actor, es menester establecer en qué condiciones se actualizan las referidas modalidades, ya que de actualizarse alguna de ellas, puede dar lugar a la violación del principio de división de poderes, según reza la tesis de jurisprudencia P./J. 81/2004, antes transcrita. Para determinar lo anterior, resulta útil este otro criterio establecido por el Pleno de este Alto Tribunal:

    "‘DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. El artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe implícitamente tres mandatos prohibitivos dirigidos a los poderes públicos de las entidades federativas, para que respeten el principio de división de poderes, a saber: a) a la no intromisión, b) a la no dependencia y c) a la no subordinación de cualquiera de los poderes con respecto a los otros. La intromisión es el grado más leve de violación al principio de división de poderes, pues se actualiza cuando uno de los poderes se inmiscuye o interfiere en una cuestión propia de otro, sin que de ello resulte una afectación determinante en la toma de decisiones o que genere sumisión. La dependencia conforma el siguiente nivel de violación al citado principio, y representa un grado mayor de vulneración, puesto que implica que un poder impida a otro, de forma antijurídica, que tome decisiones o actúe de manera autónoma. La subordinación se traduce en el más grave nivel de violación al principio de división de poderes, ya que no sólo implica que un poder no pueda tomar autónomamente sus decisiones, sino que además debe someterse a la voluntad del poder subordinante; la diferencia con la dependencia es que mientras en ésta el poder dependiente puede optar por evitar la imposición por parte de otro poder, en la subordinación el poder subordinante no permite al subordinado un curso de acción distinto al que le prescribe. En ese sentido, estos conceptos son grados de la misma violación, por lo que la más grave lleva implícita la anterior.’

    "La intromisión, según la tesis citada, se actualiza cuando uno de los poderes se inmiscuye o interfiere en una cuestión propia de otro, sin que de ello resulte una afectación determinante en la toma de decisiones o que genere sumisión. De dicha definición se pueden obtener los siguientes elementos:

    "a) Que se genere un acto de interferencia o intervención por parte del poder demandado; y,

    "b) Que dicho acto se actualice en la esfera de competencia de otro poder.

    "Ahora bien, ya se ha establecido que los artículos 17 y 116, fracción III, de la Constitución Federal, establecen los principios bajo los cuales operan los Poderes Judiciales Locales, a saber, de autonomía e independencia.

    "Por su parte, el artículo 40 de la Constitución Federal establece que ‘es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta Ley Fundamental.’

    "El sistema federal que adopta el país garantiza la soberanía interna de cada uno de los Estados parte de la nación, pero siguiendo los principios que establece la Ley Fundamental.

    "A su vez, el artículo 41 del Pacto Federal, siguiendo el régimen federal, señala que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión en lo que concierne al ámbito federal, y por lo que hace al local, ejerce su soberanía por medio de los Poderes de los Estados, en los términos de la Constitución Federal y cada una de las Constituciones de los Estados, siendo muy importante establecer que éstas, en ningún caso, podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

    "Ahora bien, el artículo 116 de la Constitución Federal, siguiendo con el principio de división funcional de poderes establecido en el artículo 49 de la Constitución Federal, prevé que el poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación. Así lo ha sostenido este Tribunal Pleno en el siguiente criterio:

    "‘PRINCIPIO DE DIVISIÓN FUNCIONAL DE PODERES. SUS CARACTERÍSTICAS. El citado principio se desarrolla constitucionalmente mediante la atribución de competencias expresas conferidas a los órganos superiores del Estado; en ese sentido, el principio limita la actuación de las autoridades, lo que significa que todo aquello para lo que no están expresamente facultadas se encuentra prohibido y que sólo pueden realizar los actos que el ordenamiento jurídico prevé y, en particular, sobre las bases que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, este sistema competencial puede ser de diferentes formas, pues existen: a) prohibiciones expresas que funcionan como excepciones o modalidades de ejercicio de otras competencias concedidas; b) competencias o facultades de ejercicio potestativo, en donde el órgano del Estado puede decidir si ejerce o no la atribución conferida; y, c) competencias o facultades de ejercicio obligatorio, en las que el órgano del Estado al que le fueron constitucionalmente conferidas está obligado a ejercerlas.’

    "Asimismo, establece diversas garantías y lineamientos relativos a los Poderes Judiciales Locales, que este Alto Tribunal ha estudiado primordialmente para hacer garantizar su independencia y autonomía. Como referentes existen los siguientes criterios:

    "...

    "Una nota relevante del numeral 116 de la Constitución Federal, es que no prevé la existencia de Consejos de la Judicatura Estatales. Esto sólo es obligatorio en el régimen federal y en el ámbito del Distrito Federal, de acuerdo con los artículos 100 y 122, apartado C, base cuarta, del Pacto Federal. Luego, esta modalidad de establecer Consejos de la Judicatura Locales queda a la libre determinación interior de cada Estado.

    "Sin embargo, en el caso de que las Legislaturas Locales decidan establecer estas modalidades en sus regímenes internos, por cuestión de coherencia en el sistema federal, de acuerdo con los artículos 40, 41, 49 y 116 de la Carta Magna, ello no debe contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

    "Antes bien, acatando fielmente los artículos 17 y 116, fracción III, de la Constitución Federal, debe seguir garantizándose la independencia y autonomía del Poder Judicial Local, en función del principio general de división funcional de poderes, sin perjuicio de que esta modalidad que establezca sea orientada por los principios que para el nivel federal establece la propia Ley Fundamental, de acuerdo con su artículo 40.

    "Bajo este tenor, a fin de resolver si el diseño establecido por el Constituyente Local para el funcionamiento del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Baja California, respeta los principios de autonomía e independencia judiciales establecidos en los artículos 17 y 116, fracción III, de la Constitución Federal, conviene acudir como telón de fondo o marco referencial, al diseño establecido por el Constituyente en relación con los Consejos de la Judicatura en el ámbito federal y del Distrito Federal, a saber, los artículos 100 y 122, apartado C, base cuarta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que en ningún momento se entienda que éstos se tengan como preceptos violados, ni que ello implique contrastar el diseño local impugnado, directamente con estos diseños federal y del Distrito Federal, respectivamente, y decidir en consecuencia, sino sólo tratar de extraer de estos preceptos los principios generales que el Constituyente Permanente federal ha establecido para los Consejos de la Judicatura, sin que esto implique mezclar diferentes regímenes del Estado Mexicano, en pleno acatamiento al sistema federal que impera en el país, en el que los Estados de la República son libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de la Ley Fundamental.

    "Precisado lo anterior, la reforma constitucional de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, en la que se creó a nivel federal un Consejo de la Judicatura, en la parte que interesa, señala:

    "Exposición de motivos (5 de diciembre de 1994):

    "(Se transcribe la parte conducente)

    "Dictamen de la Cámara de Origen (Senadores) 16 de diciembre de 1994:

    "(Se transcribe la parte relativa)

    "Dictamen de la Cámara Revisora (Diputados) 20 de diciembre de 1994:

    "(Se transcribe la parte referente)

    "El anterior proceso legislativo federal dio como resultado la institución del Consejo de la Judicatura Federal, previsto en el artículo 100 de la Constitución Federal, en los siguientes términos:

    "(Se transcribe)

    "De este proceso legislativo se desprende la creación de un órgano esencialmente administrativo dependiente del Poder Judicial de la Federación, denominado Consejo de la Judicatura Federal, que se encargará de todas aquellas actividades no jurisdiccionales del indicado poder, precisándose que ello no era un fraccionamiento de funciones, sino antes bien una redistribución de las mismas en aras de obtener una mejor administración de la justicia, continuando siendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación la cabeza de todo el sistema judicial.

    "Este órgano administrativo se integró por siete miembros, la propuesta original era que fueran el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos designados por la Cámara de Senadores, un Juez de Distrito, un Magistrado de Circuito y dos designados por el presidente de la República.

    "Sin embargo, en el seno de la Cámara de Senadores si bien se mantuvo la propuesta del número de siete miembros del consejo, se propuso un cambió en su integración. D. en claro que la conformación del consejo constituye un sistema de designación, no de representación y que la intención de instituir al Senado y al Ejecutivo como órganos de designación, era solamente para propiciar la participación de todos los Poderes Constitucionales en la organización y disciplina inherentes del Poder Judicial de la Federación. La modificación consistió en que, en vez de que fueran dos consejeros designados por el Ejecutivo Federal, sería uno solamente, y el restante sería un Magistrado de algún Tribunal Unitario del país.

    "Tal modificación se justificó por tres situaciones que se consideraron importantes, a saber que:

    "1. ‘... la función jurisdiccional del propio Poder Judicial, debe reflejarse en la composición de su consejo, habida cuenta de que una de sus principales tareas es la de calificar para su ingreso, permanencia, promoción y, en su caso remoción del personal de la judicatura.’ Por lo que: ‘convendría más integrar al consejo a un miembro de los Tribunales Unitarios del país, que mucho podrá aportar a la delicada labor que categóricamente se le encarga a ese órgano ...’;

    "2. La disminución a un solo miembro propuesto por el Poder Ejecutivo Federal: ‘... nace del espíritu de la misma iniciativa que sugiere acotar ciertas funciones del Ejecutivo ...’; y,

    "3. ‘... resultaría atingente considerar que el Ejecutivo Federal sólo designara a un consejero, a fin de conservar el tamaño numérico de dicho consejo y no obstruir su expedita y necesaria labor.’

    "El artículo 100 de la Constitución Federal se modificó con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de mil novecientos noventa y nueve:

    "Exposición de motivos (6 de abril de 1999):

    "(Se transcribe la parte conducente)

    "Dictamen de la Cámara de Origen (Senadores) 27 de abril de 1999:

    "(Se transcribe la parte relativa)

    "Dictamen de la Cámara Revisora (Diputados) 29 de mayo de 1999:

    "(Se transcribe lo referente)

    "El anterior proceso legislativo federal dio como resultado la reforma del artículo 100 de la Constitución Federal, cuyo tenor actual en la parte que interesa (relativa a la conformación de sus integrantes), es el siguiente:

    "(Se transcriben sus dos primeros párrafos)

    "Como se advierte, con motivo del anterior proceso legislativo se estableció que el Poder Judicial de la Federación se compone, por un lado, de los órganos judiciales propiamente dichos, en los cuales descansa de manera exclusiva la función jurisdiccional y, por otro lado, de un órgano constitucional de carácter administrativo, encargado de la administración, vigilancia y disciplina de dicho poder, con exclusión de la Suprema Corte.

    "Lo anterior, hizo evidente que no existen jerarquías al interior del Poder Judicial de la Federación, sino fundamentalmente una distribución de funciones, pero garantizándose en todo momento que la cabeza del Poder Judicial de la Federación sigue siendo la Suprema Corte de Justicia en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, propias de aquel poder original.

    "Como sucedió en la reforma constitucional anteriormente aludida, en la exposición de motivos se sugirió que la integración del Consejo de la Judicatura Federal quedase conformada con siete miembros, con un equilibrio entre las personas designadas al interior del Poder Judicial y las designadas por el Senado de la República o por el Ejecutivo Federal. Por ello se propuso que además del presidente de la Suprema Corte, el consejo se integrare con consejeros designados de manera proporcional por la propia Corte, el Senado de la República y el Ejecutivo Federal.

    "Pero, como sucedió en la anterior reforma constitucional, tal propuesta no prosperó, y si bien se conservó el número de miembros, se modificó la forma de su designación: uno el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tres consejeros designados por el Pleno del citado tribunal de entre Magistrados y Jueces de Distrito, dos por el Senado y, otra vez, solamente uno por el presidente de la República.

    "Tal situación obedeció a que, de esta manera: ‘... se garantiza una mayor representatividad de los integrantes del Poder Judicial de la Federación y se evitan suspicacias en cuanto a la intervención en la administración de éste por parte de las personas designadas por poderes ajenos al mismo’.

    "El Ejecutivo Federal ha propuesto que, con el fin de propiciar la participación de todos los Poderes Constitucionales en dicho órgano de administración, su composición sea con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los demás integrantes repartidos en forma equitativa entre los tres Poderes de la Unión (inclusive en este caso habría mayoría de integrantes del Poder Judicial de la Federación).

    "No obstante las propuestas realizadas por el Ejecutivo Federal, el Constituyente de la República ha procurado y enfatizado que la composición del Consejo de la Judicatura Federal sea mayoritariamente de personas que provengan del propio Poder Judicial. Lo anterior trae, a la luz del sistema federal y del principio de división funcional de poderes, los siguientes beneficios:

    "1. Se garantiza que la función jurisdiccional se vea reflejada en las decisiones administrativas.

    "2. Se respeta el principio de división de poderes al acotar funciones a otros poderes para no permitir que, en ningún caso, formen mayoría que incida en las decisiones administrativas del Poder Judicial.

    "3. Se evitan suspicacias nocivas relativas a una posible intervención en la administración del Poder Judicial de la Federación por personas designadas por poderes ajenos al mismo.

    "4. De igual forma, se garantiza que siempre exista una mayor representatividad de los integrantes del Poder Judicial de la Federación en la toma de decisiones administrativas y organizacionales de casa, es decir, del indicado poder.

    "Bajo estas premisas se conformó el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, integrado con la reforma constitucional de mil novecientos noventa y cuatro, con siete miembros: el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos designados por el Senado, un Magistrado de un Tribunal Colegiado, uno de un Tribunal Unitario, un Juez de Distrito y uno más designado por el presidente de la República. Es decir, cuatro integrantes del Poder Judicial de la Federación, dos por el Senado y uno por el Ejecutivo Federal.

    "La reforma del Pacto Federal de mil novecientos noventa y nueve, sostuvo la integración mayoritaria de personas de extracción jurisdiccional en el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación (actualmente en vigor), a saber, con siete miembros: el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tres designados por el Pleno de la Corte de entre Magistrados y Jueces de Distrito, dos por el Senado y uno por el presidente de la República. Es decir, cuatro integrantes del Poder Judicial de la Federación, dos por el Senado y uno por el Ejecutivo Federal.

    "Siguiendo con estos principios constitucionales, conviene ahora hacer referencia al sistema de integración del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, cuyo proceso legislativo es el mismo que dio origen a un ente administrativo en el Poder Judicial de la Federación, a saber, el de mil novecientos noventa y cuatro, al que ya se ha hecho referencia en líneas anteriores de esta sentencia, por lo que resultaría ocioso volver a hacer referencia al mismo y, por tanto, como este estudio es meramente de carácter referencial, basta con hacer alusión a la forma material en que se encuentra conformado dicho consejo en el ámbito del Distrito Federal.

    "El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, de acuerdo con el artículo 122, apartado C, base cuarta, fracción II, de la Constitución Federal, está compuesto por siete miembros: uno de los cuales será el presidente del Tribunal Superior de Justicia, los restantes serán: un Magistrado, un J. de primera instancia y un Juez penal, uno designado por el jefe de Gobierno del Distrito Federal y otros dos nombrados por la asamblea legislativa. Esto es, cuatro integrantes del Poder Judicial del Distrito Federal, dos por parte del órgano legislativo local y uno por el jefe de Gobierno.

    "La conformación así establecida refleja el principio constitucional que garantiza el respeto a la división de poderes, porque permite un apropiado desempeño del Poder Judicial a través de su debida administración mayoritariamente conformada con integrantes de su propia extracción, de manera que las decisiones que se tomen provengan preferentemente de personas que han desempeñado funciones jurisdiccionales y, por ende, que conocen las necesidades específicas para el adecuado desempeño de la actividad encomendada al Poder Judicial, además, se evita la desconfianza que puedan ocasionar las decisiones de personas ajenas al indicado poder, en cuanto se elimina la sospecha de una posible intervención en la administración de éste por parte de personas designadas por los otros poderes.

    "Todo ello, como se indica, a fin de garantizar el pleno respeto de la división de poderes como expresión de una correcta distribución de funciones.

    "Como se advierte de lo anteriormente desarrollado, la Constitución Federal ha sentado varios principios relativos a los Consejos de la Judicatura como órganos de administración de los Poderes Judiciales, siendo los que por su importancia sobresalen, los siguientes:

    "1. En la suma total de componentes de un consejo, debe haber más sujetos directamente extraídos del propio Poder Judicial al que administrará, al cual previsiblemente regresarán una vez que terminen sus funciones; y,

    "2. La conformación del consejo es de servicio administrativo a la función jurisdiccional, por tanto, sus decisiones deben respetar los principios de autonomía e independencia judiciales, así como no controlar o invadir la esfera jurisdiccional del órgano al que administrará.

    "...

    "III. Sobre la integración del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California:

    "...

    "Como se advierte, con anterioridad a la reforma impugnada, el Consejo de la Judicatura Estatal se encontraba integrado con siete miembros: cuatro del Poder Judicial del Estado y tres designados por el Congreso Local (el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral; un Magistrado del Tribunal Superior y un Juez de primera instancia; y tres consejeros elegidos por el Congreso del Estado).

    "Ahora bien, en el caso específico del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California, con motivo de los numerales impugnados en esta instancia, estará integrado por cinco miembros: el presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien lo presidirá, el presidente del Tribunal de Justicia Electoral y tres consejeros designados motu proprio por el Congreso del Estado.

    "De acuerdo con el artículo 57 de la Constitución Política de la entidad federativa en comento, el Tribunal de Justicia Electoral forma parte del Poder Judicial del Estado, de tal suerte que el Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California estará integrado solamente por dos miembros del Poder Judicial y tres designados por el Congreso del Estado.

    "Como se advierte, la conformación del indicado órgano de administración del Poder Judicial Local no respeta los principios de autonomía e independencia judiciales previstos en los artículos 17 y 116, fracción III, de la Constitución Federal, porque la mayoría de sus integrantes no provienen del indicado Poder Judicial, sino de otros ajenos.

    "En el caso, es claro que no se permite una efectiva representación del Poder Judicial Local a través de la designación mayoritaria de sus integrantes en el órgano que se encargará de tomar las decisiones administrativas del citado poder."

    De las anteriores consideraciones transcritas derivan las siguientes determinaciones del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia:

    1) El principio de división de poderes no es de tal manera tajante que un poder no tenga ninguna relación con el otro, o bien, no pueda, en determinado momento, inclusive, desarrollar las funciones correspondientes a otro.

    2) Tal principio debe acatarse acorde con lo establecido, de manera específica, en el orden constitucional.

    3) Conforme a nuestra Constitución, para el ejercicio del Supremo Poder de la Federación, previsto en el artículo 49, debe existir colaboración entre los diferentes Poderes de la Unión para el desarrollo de las atribuciones que se les confieren, sin que la división de poderes signifique una separación total entre ellos, sino, en realidad, una distribución de determinadas funciones de los diferentes órganos del Estado.

    4) Se arriba a dos conclusiones: a. Un Poder del Estado puede realizar las funciones que le atañen a otro sin que con esto se rompa el orden constitucional, siempre y cuando así lo prevea la Constitución, sean estrictamente necesarias para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas a aquél, y que la función se ejerza únicamente en los casos expresamente autorizados o indispensables para hacer efectiva una facultad propia; y, b. La existencia del principio de división de poderes atiende preponderantemente a garantizar el debido funcionamiento de los Poderes del Estado, a través de otorgar facultades exclusivas o compartidas en determinados casos.

    5) Bajo este tenor, si con motivo de la distribución de funciones establecida por el legislador se provoca un deficiente o incorrecto desempeño de uno de los Poderes del Estado, tal situación afecta el principio de división de poderes que encuentra su justificación en la idea de que el fraccionamiento de las atribuciones generales del Estado (que ocasiona la especialización de cada uno de sus poderes), se instituye precisamente para hacer efectivas las facultades de cada uno de los tres poderes de aquél.

    6) En los artículos 17 y 116 de la Constitución Federal se consagran las garantías judiciales constitutivas del marco jurídico al cual deben ajustarse las Constituciones y leyes secundarias del país.

    7) El principio de división de poderes referido específicamente a los Poderes Judiciales Locales, establecido en el artículo 116, fracción III, constitucional, puede verse afectado si, a su vez, se afecta la independencia y autonomía del Poder Judicial Local. La interpretación de esta norma constitucional siempre debe efectuarse salvaguardando los valores "autonomía" e "independencia" de los Poderes Judiciales Locales.

    8) Es contrario a la Constitución que las decisiones orgánicas, funcionales, sistemáticas y estructurales de los Poderes Judiciales Estatales queden, por cualquier razón, al arbitrio de otros órganos del Poder Local, en detrimento de la independencia judicial.

    9) Las condiciones necesarias para que se actualice la violación al principio de división de poderes en perjuicio de los Poderes Judiciales Locales, conforme al criterio plenario contenido en la tesis «P./J. 81/2004» que lleva por rubro: "PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS.", son: a. Que en cumplimiento de una norma jurídica o voluntariamente se actualice una actuación antijurídica imputable a alguno de los Poderes Legislativo o Ejecutivo; b. Que dicha conducta implique la intromisión de uno de esos poderes en la esfera de competencia del Poder Judicial, o bien, que uno de aquéllos realice actos que coloquen a éste en un estado de dependencia o de subordinación con respecto a él; y, c. Que la intromisión, dependencia o subordinación de otro poder verse sobre el nombramiento, promoción o indebida remoción de los miembros del Poder Judicial, la inmutabilidad salarial, la carrera judicial o la autonomía en la gestión presupuestal.

    10) A los supuestos referidos en el inciso c) precedente de intromisión, dependencia o subordinación, se añade el siguiente: que con motivo de la distribución de funciones establecida por el Constituyente Local se provoque un deficiente o incorrecto desempeño del Poder Judicial de la entidad federativa.

    11) La violación al principio de división de poderes por cualquiera de los poderes con respecto a los otros, en términos de la tesis «P./J. 80/2004» del Pleno intitulada: "DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.", puede darse bajo tres modalidades que constituyen grados de la misma violación, de manera tal que la más grave lleva implícita la anterior: a. Intromisión, b. Dependencia y c. Subordinación.

    12) La intromisión es el grado más leve de violación al principio de división de poderes y se actualiza cuando uno de los poderes se inmiscuye o interfiere en una cuestión propia de otro, sin que de ello resulte una afectación determinante en la toma de decisiones o que genere sumisión, por lo que tiene los siguientes elementos: a. La generación de un acto de interferencia o intervención por parte de un poder a otro; y, b. Dicho acto se actualiza en la esfera de competencia de otro poder.

    13) La dependencia conforma el siguiente nivel de violación y representa un grado mayor de vulneración, puesto que implica que un poder impida a otro, de forma antijurídica, que tome decisiones o actúe de manera autónoma.

    14) La subordinación se traduce en el más grave nivel de violación al principio de división de poderes, ya que no sólo implica que un poder no pueda tomar autónomamente sus decisiones, sino que, además, debe someterse a la voluntad del poder subordinante. Su diferencia con la dependencia es que mientras en ésta el poder dependiente puede optar por evitar la imposición por parte de otro poder, en la subordinación el poder subordinante no permite al subordinado un curso de acción distinto al que le prescribe.

    15) El artículo 116 constitucional no prevé la existencia de Consejos de la Judicatura Estatales. Esto sólo es obligatorio en el régimen federal y en el ámbito del Distrito Federal, de acuerdo con los artículos 100 y 122, apartado C, base cuarta, del Pacto Federal.

    16) El establecimiento de Consejos de la Judicatura Locales queda a la libre determinación interior de cada Estado.

    17) Sin embargo, en el caso de que las Legislaturas Locales decidan establecer estas modalidades en sus regímenes internos, no deben contravenir las estipulaciones del Pacto Federal, sino que, acatando los artículos 17 y 116, fracción III, constitucionales, deben garantizar la independencia y autonomía del Poder Judicial Local, en función del principio general de división funcional de poderes.

    18) La composición mayoritaria de los Consejos de la Judicatura por personas que provienen del propio Poder Judicial tiene los siguientes beneficios: a. Se garantiza que la función jurisdiccional se vea reflejada en las decisiones administrativas; b. Se respeta el principio de división de poderes, al acotar funciones a otros poderes para no permitir que, en ningún caso, formen mayoría que incida en las decisiones administrativas del Poder Judicial; c. Se evitan suspicacias nocivas relativas a una posible intervención en la administración del Poder Judicial de la Federación por personas designadas por poderes ajenos al mismo; y, d. Se garantiza que siempre exista una mayor representatividad de los integrantes del Poder Judicial de la Federación en la toma de decisiones administrativas y organizacionales de casa, es decir, del indicado poder.

    19) La Constitución Federal ha sentado varios principios relativos a los Consejos de la Judicatura como órganos de administración de los Poderes Judiciales, siendo los que, por su importancia, sobresalen, los siguientes: 1. En la suma total de componentes de un consejo debe haber más sujetos directamente extraídos del propio Poder Judicial al que administrará, al cual previsiblemente regresarán una vez que terminen sus funciones; y, 2. La conformación del consejo es de servicio administrativo a la función jurisdiccional, por tanto, sus decisiones deben respetar los principios de autonomía e independencia judiciales, así como no controlar o invadir la esfera jurisdiccional del órgano al que administra.

    Las anteriores determinaciones se encuentran reflejadas en las siguientes tesis jurisprudenciales:

    "CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. PRINCIPIOS ESTABLECIDOS POR EL CONSTITUYENTE PERMANENTE EN RELACIÓN CON SU CREACIÓN. Los Consejos de la Judicatura, como órganos de administración del Poder Judicial, sólo son obligatorios en el régimen federal y en el ámbito del Distrito Federal, conforme a los artículos 100 y 122, apartado C, base cuarta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, su existencia en el ámbito estatal no es imperativa. Sin embargo, en caso de que las Legislaturas Locales decidan establecerlos en sus regímenes internos, por cuestión de coherencia con el sistema federal, de acuerdo con los artículos 40, 41, 49 y 116 de la Ley Suprema, ello no debe contravenir los principios establecidos por el Constituyente; antes bien, en acatamiento a los artículos 17 y 116, fracción III, constitucionales, debe seguirse garantizando la independencia y la autonomía del Poder Judicial Local, en función del principio general de división de poderes, sin perjuicio de que esta modalidad se oriente por los principios que para el nivel federal establece la propia Ley Fundamental de acuerdo con su artículo 40, lo que no significa mezclar diferentes regímenes del Estado Mexicano, sino sólo extraer los principios generales que el Constituyente Permanente ha establecido para los Consejos de la Judicatura en pleno acatamiento al sistema federal imperante en el país, en el que los Estados de la República son libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de la Norma Suprema. En este tenor, de acuerdo con los procesos legislativos que han originado la creación de los Consejos de la Judicatura, el Constituyente Permanente ha establecido, por lo menos, dos principios fundamentales: 1. En la suma total de componentes de un consejo, debe haber más sujetos directamente extraídos del Poder Judicial al que administrará, al cual previsiblemente regresarán una vez que terminen sus funciones; y, 2. La conformación del consejo es de servicio administrativo a la función jurisdiccional, por tanto, sus decisiones deben respetar los principios de autonomía e independencia judiciales, así como no controlar o invadir la esfera jurisdiccional del órgano al que administrará. Estos principios tienden al pleno respeto a la división de poderes como expresión de una correcta distribución de funciones, pues se garantiza que la función jurisdiccional se vea reflejada en las decisiones administrativas; se acotan funciones de otros poderes para no permitir que, en ningún caso, formen mayoría que incida en las decisiones administrativas del Poder Judicial; se evitan suspicacias nocivas relativas a una posible intervención en la administración del Poder Judicial por parte de personas designadas por poderes ajenos al mismo y, finalmente, se garantiza que exista una mayor representatividad de los integrantes del Poder Judicial en la toma de decisiones administrativas y organizacionales del indicado poder, todo lo cual conduce a desempeñar correctamente la función encomendada relativa a otorgar una adecuada impartición de justicia hacia los gobernados." (Novena Época. Registro: 165846. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, tesis P./J. 112/2009, página 1241)

    "CONSEJOS DE LA JUDICATURA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. SUS FUNCIONES ESTÁN SUBORDINADAS A LA PROPIAMENTE JURISDICCIONAL. Conforme a los artículos 17 y 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Judicial de los Estados se ejercerá por tribunales, esto es, no se señala que lo harán otro tipo de entidades tales como los órganos de administración o Consejos de la Judicatura. En concreto, el mandato constitucional de la fracción III del artículo 116 está dirigido a los Órganos Reformadores de las Constituciones Locales y a los Congresos de los Estados o, si se quiere, a las soberanías estatales, para que inequívocamente depositen el Poder Judicial en órganos de naturaleza jurisdiccional, esto es, en tribunales en toda regla. Esto indica que no es constitucionalmente posible admitir una interpretación según la cual el ejercicio del Poder Judicial Local esté encomendado parcial o totalmente a entidades de naturaleza no jurisdiccional. Por otra parte, el referido precepto constitucional no hace referencia alguna a los Consejos de la Judicatura Locales ni a la figura de los consejeros, contralores o cualesquiera otros funcionarios que no sean Jueces o M., lo que sin lugar a dudas permite afirmar que dichos consejos no son, constitucionalmente hablando, titulares del Poder Judicial, puesto que no ejercen la función jurisdiccional. Lo anterior permite formular un principio derivado del propio artículo 116, fracción III, constitucional: la función jurisdiccional no puede estar subordinada a la función administrativa, organizacional, disciplinaria o de cualquier otra naturaleza; por el contrario, todas estas funciones -necesarias, desde luego, para el aspecto operativo del ejercicio judicial- deben considerarse subordinadas a la función jurisdiccional propiamente dicha." (Novena Época. Registro: 165847. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, tesis P./J. 114/2009, página 1240)

    "CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL DISEÑO ESTABLECIDO POR EL CONSTITUYENTE LOCAL PARA SU INTEGRACIÓN, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE DIVISIÓN DE PODERES Y DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIALES. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la vulneración a la autonomía o a la independencia de los Poderes Judiciales Locales implica una transgresión al principio de división de poderes, el cual se viola cuando se incurre en cualquiera de las siguientes conductas: a) Que en cumplimiento de una norma jurídica o voluntariamente se actualice un hecho antijurídico imputable a los Poderes Legislativo o Ejecutivo; b) Que dicha conducta implique la intromisión de uno de esos poderes en la esfera de competencia del Poder Judicial, o bien, que uno de aquéllos realice actos que coloquen a éste en un estado de dependencia o subordinación; c) Que la intromisión, dependencia o subordinación de otro poder verse sobre el nombramiento, promoción o indebida remoción de los miembros del Poder Judicial; la inmutabilidad salarial; la carrera judicial o la autonomía en la gestión presupuestal. A las anteriores hipótesis debe agregarse una más: si con motivo de la distribución de funciones establecida por el Constituyente Local se provoca un deficiente o incorrecto desempeño del Poder Judicial de la entidad federativa. Ahora bien, el Constituyente del Estado de Baja California estableció un nuevo diseño en la integración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, integrado por 5 miembros: el presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien lo presidirá, el presidente del Tribunal de Justicia Electoral y 3 consejeros designados por el Congreso del Estado. Atendiendo a los lineamientos enunciados, este diseño constitucional transgrede los principios de división funcional de poderes y de autonomía e independencia judiciales, porque no se genera una efectiva representación del Poder Judicial a través de la designación mayoritaria de sus integrantes en el órgano que se encargará de tomar las decisiones administrativas del citado poder, tampoco se permite que la función jurisdiccional de los integrantes del Poder Judicial se refleje en la composición de su consejo, y además, se ocasionan suspicacias en cuanto a la intervención en la administración del Poder Judicial Local por parte de las personas designadas por poderes ajenos al mismo, de tal suerte que indirectamente puede llevar a una intromisión del Poder Legislativo en la toma de decisiones administrativas del Poder Judicial, pues aquél, si así lo desea, puede colocar a éste en una situación de dependencia o subordinación administrativa por conducto de los consejeros mayoritariamente nombrados por el Congreso del Estado. En suma, el nuevo diseño constitucional local provoca un deficiente o incorrecto desempeño en las funciones del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California, lo que ciertamente ocasionará retrasos en la administración de la justicia con sus correspondientes perjuicios." (Novena Época. Registro: 165849. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, tesis P./J. 113/2009, página 1238)

    "DIVISIÓN DE PODERES A NIVEL LOCAL. DICHO PRINCIPIO SE TRANSGREDE SI CON MOTIVO DE LA DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES ESTABLECIDAS POR EL LEGISLADOR, SE PROVOCA UN DEFICIENTE O INCORRECTO DESEMPEÑO DE UNO DE LOS PODERES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA RESPECTIVA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la división de poderes exige un equilibrio a través de un sistema de pesos y contrapesos tendiente a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto capaz de producir una distorsión en el sistema de competencias previsto en el orden jurídico nacional. Por otro lado, ha aceptado que el Constituyente Local establezca funciones a favor de un determinado poder, que en términos generales corresponden a la esfera de otro, siempre y cuando se ajuste a lo así consignado expresamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que la función respectiva sea estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas. De lo anterior se deduce que el principio de división de poderes implica una distribución de funciones hacia uno u otro de los Poderes del Estado, referidas preponderantemente a garantizar su buen funcionamiento. En este tenor, si con motivo de la distribución de funciones establecida por el Constituyente Local se provoca un deficiente o incorrecto desempeño de uno de los poderes de la entidad federativa respectiva, tal situación transgrede el principio de división de poderes que encuentra justificación en la idea de que el fraccionamiento de las atribuciones generales del Estado se instituye precisamente para hacer efectivas las facultades de cada uno de sus tres poderes y no para entorpecer su desempeño." (Novena Época. Registro: 165811. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, tesis P./J. 111/2009, página 1242)

    Si se atiende a la materia específica de análisis en la presente controversia, en la que el poder actor sostiene la necesidad de la existencia de una vacante para la procedencia por parte del Congreso Local del inicio del procedimiento de elección de consejeros, adquieren relevancia fundamental las determinaciones plenarias relativas, por una parte, a que el principio de división de poderes de las entidades federativas, consagrado en el primer párrafo del artículo 116 constitucional, guarda correspondencia con las reglas de independencia y autonomía plasmadas en la fracción III de dicha norma constitucional, por lo que cualquier interpretación de este precepto constitucional debe efectuarse salvaguardando la independencia y autonomía de los Poderes Judiciales Locales y, por la otra, que resulta inconstitucional que las decisiones orgánicas, funcionales, sistemáticas y estructurales de dichos poderes queden, por cualquier razón, al arbitrio de otros Poderes Locales en detrimento de la independencia judicial, considerándose como un supuesto de intromisión, dependencia o subordinación, violatorio del principio de división de poderes, el que con motivo de la distribución de funciones establecida por el Constituyente Local se provoque un deficiente o incorrecto desempeño del Poder Judicial de la entidad federativa.

    Como se establece en la tesis jurisprudencial P./J. 111/2009, anteriormente transcrita, el principio de división de poderes encuentra su justificación en la idea de que el fraccionamiento de las atribuciones generales del Estado se instituye precisamente para hacer efectivas las facultades de cada uno de los tres poderes en que se divide el ejercicio del poder público y no para entorpecer su desempeño.

    Consecuentemente, y dado que el principio de división funcional de poderes es de carácter flexible, porque parte de una coordinación o colaboración entre poderes para lograr un equilibrio de fuerzas y un control recíproco que garantice la unidad política del Estado,7 la participación que a un poder diverso se otorgue en la integración de otro poder mediante el otorgamiento de la atribución de designar a los titulares de sus órganos debe llevarse a cabo dentro de este contexto de colaboración y coordinación, a fin de no provocar su deficiente funcionamiento y generar, con ello, un supuesto de intromisión, dependencia o subordinación violatorio del principio de división de poderes.

    En relación con este correcto desempeño de las funciones propias de un poder que no deben ser entorpecidas por otro de los poderes a los que se les otorgue una atribución que tenga injerencia en el primero, como lo es la facultad de nombramiento de los titulares de alguno de sus órganos, debe atenderse al principio general de regularidad constitucional en el funcionamiento de los órganos públicos.

    Nuestra Constitución Federal estructura el ejercicio del poder público bajo el principio de preservación de la regularidad en el ejercicio de las funciones que encomienda a los diversos órganos de gobierno que componen los poderes en que éste se divide, principio que debe relacionarse con la división funcional de atribuciones o competencias pues, como se señaló, la división de poderes se realiza para hacer más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado, bajo la idea de coordinación o colaboración que logre un equilibrio de fuerzas y un control recíproco que garantice la unidad del Estado y asegure el establecimiento y la preservación del Estado de derecho.

    En términos del aludido principio constitucional de regularidad en el funcionamiento de los órganos públicos, la conformación de los diversos órganos de gobierno se estructura de manera tal que se garantice el desempeño de las atribuciones que le competen de manera continua y normal, por lo que la participación constitucionalmente establecida de un poder en la elección de los integrantes de otro debe llevarse a cabo bajo parámetros que salvaguarden su funcionamiento regular, esto es, sin que éste sufra alteraciones que puedan llegar a repercutir en el ejercicio de las facultades de su competencia.

    Si se parte de la distinción entre el órgano y la persona o personas titulares del mismo, como seres humanos que ejercen la competencia del órgano, resulta claro que la designación o nombramiento de sus titulares debe efectuarse acorde al principio de regularidad constitucional en su funcionamiento, esto es, de manera que el cambio en las personas que lo conformen no ocasione afectación alguna al desarrollo normal de las facultades que corresponden al órgano.

    Así, tratándose de designaciones hechas por periodos o plazos fijos de los titulares de los órganos de un poder, existe la obligación para las autoridades de otro u otros de los poderes a quienes se otorgue la facultad de elección relativa de llevar a cabo su atribución sin afectar el regular funcionamiento del órgano relativo.

    Lo anterior implica que el procedimiento de designación de los titulares del órgano no sólo debe llevarse a cabo sin obstaculizar de forma total el ejercicio de sus atribuciones, como sería tratándose de un órgano colegiado -como lo es el Consejo de la Judicatura-, el que se impida la integración mínima legalmente exigida para su funcionamiento, sino que debe salvaguardarse su funcionamiento regular, esto es, su conformación plena en los términos en que fue concebido por el legislador, porque únicamente así puede entenderse que funcionará en forma regular.

    Los Consejos de la Judicatura Locales, si bien no desarrollan la función jurisdiccional propiamente dicha, participan de manera fundamental en el objetivo de otorgamiento de una adecuada impartición de justicia a los gobernados, mediante el desempeño del aspecto operativo del ejercicio judicial, al llevar a cabo las tareas administrativas, organizacionales, disciplinarias y demás que les sean encomendadas y que son necesarias para el correcto funcionamiento del Poder Judicial y el desempeño de la labor de impartición de justicia a su cargo. Esto es, participan en la función jurisdiccional que hace efectivo el derecho humano consagrado en el artículo 17 constitucional, al tener a su cargo diversas tareas que colaboran al mejor desempeño del ejercicio judicial y hacen efectivos algunos de los principios básicos en que se sustenta la independencia judicial, lo que lleva a la importancia fundamental de garantizar su funcionamiento idóneo, entre otros aspectos, mediante su debida integración.

    En tales términos, y dado que el cargo de consejero se ejerce por tiempo determinado, la forma de garantizar la continuidad en el funcionamiento normal del órgano es que la elección de los consejeros que lo integran sea efectuada con anterioridad a que se produzcan vacantes al seno del consejo, a fin de que las atribuciones de índole administrativa que lleva a cabo en el Poder Judicial al que pertenece, no se vean afectadas de manera alguna en detrimento del servicio de administración de justicia en el que participa.

    El criterio anterior es el que salvaguarda los principios constitucionales de regularidad en el funcionamiento de los órganos del Estado, así como la autonomía e independencia judiciales y, con ello, el principio de división de poderes, que a nivel local se encuentra consagrado por el artículo 116 de la Ley Fundamental, al evitar que otro u otros poderes que intervengan en la elección de sus integrantes puedan afectar su funcionamiento, haciendo un uso indebido de la facultad, mediante el retardo injustificado de la atribución que les fue otorgada.

    La obligación de elegir en forma anticipada al vencimiento del cargo de los consejeros, impide la actuación antijurídica del poder o poderes de la entidad a quienes se ha encomendado el acto del nombramiento y, con ello, que se coloque al Poder Judicial Local en un estado de dependencia o de subordinación ante la afectación que pudiera llegar a significarle la ausencia de alguno o algunos de sus integrantes o, incluso, la paralización de sus funciones, dado el quórum legal establecido y la votación requerida para determinado tipo de determinaciones o resoluciones que deban tomarse.

    Sólo mediante un nombramiento anticipado puede garantizarse el principio constitucional de regularidad funcional del Consejo de la Judicatura, dada la relevancia constitucional que su conformación tiene en los términos que el Pleno de este Alto Tribunal ha establecido en la jurisprudencia P./J. 112/2009, de rubro: "CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. PRINCIPIOS ESTABLECIDOS POR EL CONSTITUYENTE PERMANENTE EN RELACIÓN CON SU CREACIÓN.", anteriormente transcrita, para el correcto desarrollo de sus funciones.

    En tales términos, y conforme también a la diversa jurisprudencia plenaria P./J. 81/2004, intitulada: "PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS." -reproducida con antelación-, se colige que el procedimiento de elección debe llevarse a cabo con anterioridad a la vacante, tratándose, desde luego, de las que se produzcan de manera previsible, en virtud del término del nombramiento de la persona que ocupaba el cargo.

    En este sentido, resulta aplicable, analógicamente al caso, la siguiente tesis jurisprudencial:

    "MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS. ANTES DE CONCLUIR EL PERIODO POR EL QUE FUERON NOMBRADOS, DEBE EMITIRSE UN DICTAMEN DE EVALUACIÓN POR EL ÓRGANO U ÓRGANOS COMPETENTES EN EL QUE SE PRECISEN LAS CAUSAS POR LAS QUE SE CONSIDERA QUE DEBEN O NO SER REELECTOS. La interpretación jurídica del artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la que deben sujetarse las Constituciones Locales y las leyes secundarias, obliga a establecer que para salvaguardar los principios de excelencia, profesionalismo, independencia y carrera de los Poderes Judiciales de las entidades federativas, antes de concluir el periodo por el que fueron nombrados los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y con la debida anticipación que garantice la continuidad en el funcionamiento normal del órgano al que se encuentren adscritos, debe emitirse un dictamen de evaluación, debidamente fundado y motivado, en el cual se refleje el conocimiento cierto de la actuación ética y profesional de los juzgadores y permita arribar a la conclusión de si deben o no continuar llevando a cabo las altas labores jurisdiccionales que les fueron encomendadas y, en el último supuesto, si es el caso de nombrar a un nuevo Magistrado que los deba sustituir." (Novena Época. Registro: 190973. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, octubre de 2000, tesis P./J. 104/2000, página 16)

    La anterior tesis jurisprudencial transcrita resulta aplicable analógicamente, pues si bien los consejeros de la Judicatura no desempeñan la función judicial propiamente dicha y, por tanto, sólo gozan de la estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo en el aspecto relativo a su duración, esto es, a que no podrán ser removidos de manera arbitraria durante dicho periodo -no así en cuanto a los diversos aspectos que comprende esta garantía para los Magistrados en cuanto a la posibilidad de ratificación y a la inamovilidad en caso de ratificación-, respecto de ellos también operan los principios de independencia y autonomía judicial que lleva a la necesidad de que el procedimiento de su elección se realice con anticipación a la vacante para garantizar la continuidad en el funcionamiento normal del órgano que integran.

    Sin embargo, de la propia tesis jurisprudencial transcrita, y que se aplica por analogía, deriva la calificación de una "debida" anticipación, lo que significa que el respeto a los principios de independencia y autonomía de los Poderes Judiciales Locales, así como el principio de regularidad funcional del órgano, lleva también a la necesidad de la existencia de una limitación temporal en la anticipación de la elección cuando ésta se efectúa por otros poderes, a fin de evitar que no pierda el sentido de oportunidad que la elección debe cumplir.

    En efecto, aceptar que quedara abierta la anticipación temporal de la elección de consejeros llevaría a dejar en manos del poder que tenga tal atribución, la posibilidad de que lleve a cabo designaciones que por el ejercicio del cargo no correspondan a los servidores públicos que lo integran, verbigracia, una Asamblea Legislativa saliente a las de la entrante, lo que resulta inadmisible en un Estado de derecho que no perpetúa el poder personal o partidista, y que implica un uso indebido de la facultad que repercute en la independencia y autonomía del Consejo de la Judicatura, al ya no responder la designación de sus integrantes al diseño estructural de su integración y a su óptimo funcionamiento que requiere la sustitución de las personas que lo conforman para operar con dinamismo y cuya designación responda a la voluntad imperante del poder encargado de la elección cercana, al momento del inicio del ejercicio del cargo, y a las condiciones imperantes también a ese momento, debiendo siempre hacerse prevalecer el cumplimiento a cabalidad de los requisitos de distinción por la capacidad, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de las actividades jurídicas en la elección de las personas que ocuparán el cargo de consejeros, respecto de quienes la Constitución Local exige la satisfacción de los mismos requisitos de los Magistrados.

    La ausencia de un límite temporal a la anticipación del procedimiento de elección de consejeros podría dar lugar a que se efectúe con demasiada antelación y, con ello, por una parte, a que la designación perdiera el sentido de oportunidad que debe tener conforme a las condiciones imperantes a la época en que debe ocuparse el cargo por la persona designada y, por la otra, a que quien resultara electo fuera afectado por el tiempo que medie entre su designación y la toma de posesión del cargo, dados los impedimentos que para el desempeño de trabajos determinados pueden encontrarse legalmente previstos para desempeñar el cargo de consejero.

    Como corolario de lo expuesto, el debido respeto de los principios constitucionales de regularidad en el funcionamiento de los órganos públicos y de autonomía e independencia de los Poderes Judiciales Locales y, con ello, el de división de poderes en el orden estatal, exige considerar que el poder o poderes ajenos al Poder Judicial Local, a los que se les otorgue la atribución de elegir a los consejeros, deben iniciar el procedimiento relativo con la anticipación que garantice la ocupación inmediata del cargo al vencimiento del nombramiento de quien lo ejerce, pero esta anticipación debe ser razonable, a fin de que el nombramiento no pierda la característica de oportunidad, conforme a la situación imperante a la época de su ocupación.

    Al respecto, resulta aplicable la siguiente tesis jurisprudencial del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia:

    "PODERES JUDICIALES LOCALES. LA VULNERACIÓN A SU AUTONOMÍA O A SU INDEPENDENCIA IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. Del contenido del artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la vulneración a los principios de autonomía o de independencia de un Poder Judicial Local implica necesariamente la violación al de división de poderes, pues aquéllos quedan comprendidos en éste, de manera que no puede hablarse de una auténtica división de poderes cuando uno de ellos, en este caso el judicial, no es autónomo ni independiente." (Novena Época. Registro IUS: 180536. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, tesis P./J. 79/2004, página 1188)

    Ahora bien, en atención a que, como ya lo determinó el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, al fallar la controversia constitucional 32/2007, cuyas consideraciones relativas han quedado reproducidas con anterioridad, el numeral 116 de la Constitución Federal no prevé la existencia de Consejos de la Judicatura Estatales -al sólo ser obligatorio en el régimen federal y en el ámbito del Distrito Federal-, por lo que la modalidad de establecer Consejos de la Judicatura Locales queda a la libre determinación interior de cada Estado, pero sujetas las Legislaturas Locales que decidan establecerlos a las estipulaciones del Pacto Federal, en cuanto a seguir garantizando la independencia y autonomía del Poder Judicial Local, conforme al principio general de división funcional de poderes, debe concluirse que no queda a la libertad configurativa de los Estados el establecimiento de un límite en la anticipación del procedimiento de elección que la salvaguarda de los principios referidos exige, pero sí su delimitación, esto es, son los Estados quienes deben determinar cuál será la anticipación adecuada para llevar a cabo la elección de consejeros, en caso de vencimientos del periodo de nombramientos, respetando en tal determinación los principios constitucionales que rigen en la materia.

    Realizado el análisis constitucional sobre el tema, se procede ahora al estudio de lo dispuesto por la legislación del Estado de Jalisco y al procedimiento de elección concretamente controvertido.

  2. Análisis del procedimiento de elección controvertido

    Los artículos 35, fracción IX, 56, 57, 59 y 64 de la Constitución Política del Estado de Jalisco disponen:

    "Artículo 35. Son facultades del Congreso:

    "...

    IX. Elegir a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal Electoral y del Tribunal de lo Administrativo, así como a los titulares del Consejo de la Judicatura, en la forma y términos que dispongan esta Constitución y las leyes de la materia.

    Artículo 56. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Supremo Tribunal de Justicia, en el Tribunal Electoral, en el Tribunal de lo Administrativo, en los juzgados de primera instancia, menores y de paz y jurados. Se compondrá además por dos órganos, el Consejo de la Judicatura del Estado y el Instituto de Justicia Alternativa del Estado.

    "Artículo 57. La ley garantizará la independencia de los propios tribunales, la de los Magistrados, consejeros y J. en el ejercicio de sus funciones, así como la plena ejecución de sus resoluciones.

    "Los tribunales del Poder Judicial resolverán con plenitud de jurisdicción todas las controversias que en el ámbito de su competencia se presenten.

    "Todos los Magistrados que integran el Poder Judicial del Estado de Jalisco recibirán el mismo salario. Consejeros y Jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable que no podrá ser disminuida durante su encargo.

    El Pleno del Supremo Tribunal, el del Tribunal de lo Administrativo y el Tribunal Electoral, elaborarán sus propios proyectos de presupuesto. El Consejo de la Judicatura lo hará para el resto del Poder Judicial. Con ellos se integrará el del Poder Judicial, que será remitido por el presidente del Supremo Tribunal al titular del Poder Ejecutivo, para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos del Estado. Una vez aprobado, será ejercido con plena autonomía y de conformidad con la ley. ...

    "Artículo 59. Para ser electo Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado se requiere:

    "I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; ser nativo del Estado o, en su defecto, haber residido en la entidad durante los últimos cinco años, salvo en el caso de ausencia motivada por el desempeño de algún cargo en el servicio público, siempre y cuando no haya sido fuera del país;

    "II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de la elección;

    "III. Poseer el día de la elección, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, abogado o su equivalente, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello y registrado en la Dirección de Profesiones del Estado;

    "IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;

    "V. No haber sido gobernador, titular de alguna de las secretarías de despacho del Ejecutivo, jefe de departamento administrativo, procurador general de Justicia, integrante del Consejo (sic) la Judicatura, diputado local, presidente, síndico o regidor de Ayuntamiento, durante el año previo al día de la elección; y

    VI. No haber sido secretario de Estado o jefe de departamento administrativo de la Federación, procurador general de la República, senador o diputado federal, a menos que se separe de su cargo un año antes al día en que tenga verificativo la elección.

    "Artículo 64. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de lo Administrativo y del Tribunal Electoral, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura en los términos que establezcan las leyes, con base en esta Constitución.

    "El Consejo de la Judicatura estará integrado con cinco miembros, de los cuales uno será el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, quien lo presidirá, uno se elegirá de entre los Jueces de primera instancia inamovibles que tengan más de cuatro años en la judicatura y los otros tres serán de origen ciudadano que no hubieren desempeñado un cargo dentro de la carrera judicial durante los cuatro años anteriores. La elección será por cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, a propuesta de los grupos parlamentarios, previa convocatoria a la sociedad.

    "Los consejeros deberán distinguirse por su capacidad, honestidad, honorabilidad en el ejercicio de las actividades jurídicas y reunir los requisitos exigidos para poder ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad.

    "Salvo el presidente del consejo, los demás consejeros durarán en su encargo cuatro años, serán substituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo.

    "Los consejeros ejercerán sus funciones con independencia e imparcialidad, y sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos establecidos por esta Constitución y las leyes secundarias, en materia de responsabilidad de los servidores públicos.

    "El Consejo de la Judicatura deberá funcionar en Pleno o en comisiones, sus resoluciones serán definitivas; las de las comisiones se someterán al Pleno, si éste tuviere observaciones las regresará a la comisión para que elabore una nueva resolución que deberá aprobarse por unanimidad para ser presentada al Pleno, en caso de no haber observaciones o resueltas éstas, se procederá a su ejecución. La comisión respectiva elaborará y presentará la integración de las listas de candidatos que para la elección de Magistrados prevé esta Constitución. Asimismo, resolverá sobre la designación y remoción de los Jueces de primera instancia, menores y de paz; y desarrollará el sistema de insaculación que prevea la Ley Orgánica del Poder Judicial para la elección de los jurados populares, que se enviarán al Pleno, que podrá hacer observaciones en los términos anteriores.

    "En la designación de los Jueces se preferirá, en igualdad de circunstancias, a aquellas personas que hayan prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado.

    "La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos del Poder Judicial, así como la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.

    "El Consejo de la Judicatura estará facultado para determinar el número y competencia de los juzgados de primera instancia, menores y de paz, así como para expedir los acuerdos necesarios para el ejercicio adecuado de sus funciones, de conformidad con lo que establezca la ley.

    Las decisiones del Consejo General serán definitivas e inatacables.

    Por su parte, los artículos 138, 142 y 151, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad señalan:

    "Artículo 138. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por siete consejeros, de los cuales, uno será el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y los seis restantes, serán electos por votación de cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, a propuesta de los grupos parlamentarios, previa convocatoria a la sociedad, de conformidad a lo que establezcan la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad. Uno de los consejeros deberá ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, otro se elegirá de entre los Jueces de primera instancia y uno más de entre los secretarios de juzgado.

    En la licencia que se otorgue al secretario, J. y Magistrado electos como consejeros, deberá garantizarse el cargo y adscripción que vinieren desempeñando.

    Artículo 142. El Pleno del Consejo de la Judicatura se integrará con los cinco consejeros; pero bastará la presencia de tres de ellos, para funcionar legalmente. En el supuesto de que no se encuentre el consejero presidente, de entre los presentes se nombrará a quien deba desempeñar esa función para dirigir la sesión por única ocasión.

    "Artículo 151. Son atribuciones del presidente del Consejo de la Judicatura, las siguientes:

    "...

    VII. Informar al Congreso del Estado de las vacantes que se produzcan en el Consejo de la Judicatura que deban ser cubiertas mediante sus respectivos nombramientos.

    En la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco se establece:

    "Artículo 210.

    "1. Los procedimientos especiales contemplados en este título corresponden a facultades del Congreso del Estado que requieren un trámite distinto al procedimiento legislativo ordinario.

    2. Las resoluciones derivadas de los procedimientos de elección o ratificación, en su caso, de los servidores públicos y de procedimientos para la sustanciación de trámite para desintegración de Ayuntamientos y suspensión o revocación del mandato a alguno de sus miembros y la elección de los Concejos Municipales tienen carácter de acuerdo parlamentario, se notifican y surten efectos de inmediato; es remitida para su publicación en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’.

    "Artículo 211.

    1. En todo lo no previsto por este título, se aplica en lo conducente el procedimiento legislativo ordinario.

    "Artículo 212.

    1. Cualquier procedimiento relativo al Congreso del Estado establecido en otro ordenamiento legal se regula conforme a esa ley, y en todo lo no previsto, por este título y por el procedimiento legislativo ordinario.

    "Artículo 219.

    1. Para la elección o, en su caso, ratificación de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, del Tribunal Electoral y del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco; de los consejeros del Consejo General del Poder Judicial; del procurador general de Justicia; del procurador de Desarrollo Urbano; del presidente y consejeros del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y del presidente y consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se está a lo que establecen la Constitución Política del Estado y la legislación aplicable.

    "Artículo 220.

    "1. Para la elección, o en su caso ratificación, de los servidores públicos mencionados en el artículo que antecede se observa lo siguiente:

    "I. La comisión competente, con base en el análisis de los expedientes o dictámenes técnicos recibidos, elabora el dictamen relativo al proyecto en el que se propone a las personas para ocupar dichos cargos; y

    "II. La asamblea, la mesa directiva y la comisión o comisiones responsables están obligadas a desahogar la agenda del proceso legislativo a los tiempos establecidos por la Constitución Política del Estado y la legislación aplicable; para la elección o ratificación y, en su caso, evitar la ratificación tácita.

    2. En caso de que no se alcance la votación requerida para efectuar la elección, o en su caso ratificación, de los servidores públicos, la comisión competente debe actuar conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado y las leyes aplicables.

    En el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad se dispone:

    "Artículo 24.

    "1. Los procedimientos especiales son aquellos que requieren de un trámite distinto al procedimiento legislativo ordinario contemplado en la ley.

    2. Las resoluciones derivadas de los procedimientos de elección o ratificación, en su caso, de los servidores públicos y de procedimientos para la sustanciación de trámite para desintegración de Ayuntamientos y suspensión o revocación del mandato a alguno de sus miembros y la elección de los Concejos Municipales tienen carácter de acuerdo legislativo, se notifican a los interesados y surten efectos de inmediato; mismos que deberán ser remitidos para su publicación en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’.

    "Artículo 25.

    1. Cualquier procedimiento relativo al Congreso del Estado establecido en otro ordenamiento legal se regula conforme a la ley, respectiva y en todo lo no previsto, por el procedimiento legislativo ordinario.

    "Artículo 43.

    1. En caso de ausencia definitiva para el cargo de consejero general del Poder Judicial del Estado de Jalisco, la Comisión de Justicia, de oficio o a petición del consejo inicia el procedimiento para la elección, de conformidad con las disposiciones de este apartado.

    "Artículo 44.

    "La Comisión de Justicia somete a la asamblea el proyecto de convocatoria, para su aprobación y publicación a la sociedad en general, para que presenten candidatos ante el Congreso del Estado con copias suficientes para las fracciones parlamentarias. Esta convocatoria deberá contener cuando menos la siguiente información:

    "I. El cargo vacante;

    "II. Los requisitos de elegibilidad para el desempeño del cargo, conforme a las disposiciones constitucionales y legales aplicables al caso;

    "III. El lugar y la fecha en que puedan recibirse las propuestas y los documentos que acrediten que el candidato reúne los requisitos para ocupar el cargo. Los mencionados documentos no serán devueltos a los interesados;

    "IV. Fecha en que deba realizarse el nombramiento; y

    V. Procedimiento a seguir en caso de no realizarse la elección del Magistrado en los plazos señalados, así como en el caso de que los candidatos propuestos no alcancen la votación requerida.

    "Artículo 45.

    1. Recibidas las propuestas las fracciones parlamentarias mandan una lista a la Comisión de Justicia con cuando menos el doble de candidatos al cargo, le corresponde a la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, realizará el estudio de los expedientes y determinará si los candidatos cumplen con los requisitos de ley, esta comisión puede en todo caso, invitar a los candidatos, en igualdad de condiciones, para que presenten personalmente sus planes de trabajo, aclaren o incrementen la información proporcionada o alleguen otros elementos que se consideren trascendentes para el procedimiento de elección. Sustanciado este procedimiento, la comisión presenta a la asamblea, el dictamen que contenga la lista de candidatos que en forma objetiva cumplen con los requisitos de elegibilidad.

    "Artículo 46.

    "1. Presentado el dictamen con la lista, a la asamblea realiza la elección mediante el sistema de votación por cédula. Se requiere la votación favorable de cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión para aprobar el nombramiento.

    "2. En caso de que ningún candidato obtenga la votación requerida, se entiende rechazada la lista y la mesa directiva solicita a las fracciones parlamentarias, para que presenten otra lista de candidatos sin que puedan presentarse nuevamente los ya votados.

    3. El procedimiento señalado en el párrafo anterior, se repite hasta que un candidato obtenga los votos requeridos o hasta que las fracciones parlamentarias informen que se agotaron las propuestas recibidas con motivo de la convocatoria; en este supuesto se debe proceder a expedir una nueva convocatoria (sic) treinta días naturales.

    "Artículo 47.

    "1. El acuerdo en el que se propongan candidatos al cargo de consejero general del Poder Judicial, debe señalar la duración del nombramiento, especificando la fecha de inicio y terminación del mismo.

    2. El candidato electo debe tomar protesta de ley ante el Congreso del Estado, previamente a la toma de posesión del cargo.

    De los anteriores preceptos transcritos de la legislación local derivan las siguientes disposiciones que interesan a la materia de la presente controversia, en relación con la integración del Consejo de la Judicatura y a la elección de sus integrantes:

    1) El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco constituye el órgano del Poder Judicial de la entidad que tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina de dicho poder, con excepción del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de lo Administrativo y del Tribunal Electoral.

    2) El Consejo de la Judicatura elaborará el proyecto de presupuesto del Poder Judicial, con excepción de los del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de lo Administrativo y del Tribunal Electoral, los que elaborarán sus propios proyectos de presupuesto.

    3) El Consejo de la Judicatura estará integrado con cinco miembros, de los cuales uno será el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, quien lo presidirá, otro se elegirá de entre los Jueces de primera instancia inamovibles que tengan más de cuatro años en la judicatura, y los otros tres serán de origen ciudadano que no hubieren desempeñado un cargo dentro de la carrera judicial durante los cuatro años anteriores. En relación con el J. y Magistrado electos, deberá garantizarse el cargo y adscripción que vinieren desempeñando.

    Se advierte que aunque el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el consejo se integra por siete consejeros, ello se debe a que se omitió actualizar dicho precepto a la reforma de la Constitución Local publicada en el Periódico Oficial del Estado el trece de enero de dos mil siete -específicamente a su artículo 64, segundo párrafo-, lo que se corrobora si se atiende a lo dispuesto en el artículo 142 de la propia ley, que sí fue reformado por decreto publicado el veinte de enero de dos mil siete.

    4) El Pleno del Consejo de la Judicatura se integrará con los cinco consejeros, pero bastará la presencia de tres de ellos para funcionar legalmente.

    5) Los consejeros deberán distinguirse por su capacidad, honestidad, honorabilidad en el ejercicio de las actividades jurídicas y reunir los requisitos exigidos para poder ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad, a saber:

    1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; ser nativo del Estado o, en su defecto, haber residido en la entidad durante los últimos cinco años, salvo en el caso de ausencia motivada por el desempeño de algún cargo en el servicio público, siempre y cuando no haya sido fuera del país;

    2. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de la elección;

    3. P. el día de la elección, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, abogado o su equivalente, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello y registrado en la Dirección de Profesiones del Estado;

    4. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;

    5. No haber sido gobernador, titular de alguna de las Secretarías de despacho del Ejecutivo, jefe de departamento administrativo, procurador general de Justicia, integrante del Consejo de la Judicatura, diputado local, presidente, síndico o regidor de Ayuntamiento, durante el año previo al día de la elección; y,

    6. No haber sido secretario de Estado o jefe de departamento administrativo de la Federación, procurador general de la República, senador o diputado federal, a menos que se separe de su cargo un año antes al día en que tenga verificativo la elección.

      6) La ley garantizará la independencia de los consejeros, los que ejercerán sus funciones con independencia e imparcialidad y percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable que no podrá ser disminuida durante su encargo.

      7) Es facultad del Congreso del Estado elegir a los consejeros de la Judicatura del Estado de Jalisco.

      8) Es atribución del presidente del Consejo de la Judicatura informar al Congreso del Estado de las vacantes que se produzcan en el Consejo de la Judicatura que deban ser cubiertas mediante sus respectivos nombramientos.

      En caso de ausencia definitiva para el cargo de consejero general del Poder Judicial del Estado de Jalisco, la Comisión de Justicia, de oficio o a petición del consejo, inicia el procedimiento para la elección, de conformidad con las disposiciones de este apartado.

      9) La Constitución Local dispone que la elección de consejeros será por cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, a propuesta de los grupos parlamentarios, previa convocatoria a la sociedad.

      10) El procedimiento de elección de consejeros constituye un procedimiento especial, pues está sujeto a un trámite distinto al procedimiento legislativo ordinario, el cual se aplicará sólo en lo no previsto.

      11) El procedimiento para la elección de consejeros deberá observar las siguientes disposiciones:

    7. La Comisión de Justicia somete a la Asamblea el proyecto de convocatoria, para su aprobación y publicación a la sociedad en general, para que presenten candidatos ante el Congreso del Estado con copias suficientes para las fracciones parlamentarias. La convocatoria deberá contener, cuando menos, la siguiente información:

      1. El cargo vacante;

      2. Los requisitos de elegibilidad para el desempeño del cargo;

      3. El lugar y la fecha en que puedan recibirse las propuestas y los documentos que acrediten que el candidato reúne los requisitos para ocupar el cargo, documentos que no serán devueltos a los interesados;

      4. Fecha en que deba realizarse el nombramiento (duración y especificación de la fecha de inicio y terminación del mismo); y,

      5. Procedimiento a seguir en caso de no realizarse la elección del Magistrado en los plazos señalados, así como en el caso de que los candidatos propuestos no alcancen la votación requerida.

    8. Recibidas las propuestas, las fracciones parlamentarias mandan una lista a la Comisión de Justicia con cuando menos el doble de candidatos al cargo, correspondiendo a la Comisión de Justicia del Congreso del Estado realizar el estudio de los expedientes y determinar si los candidatos cumplen con los requisitos de ley. La comisión puede, en todo caso, invitar a los candidatos, en igualdad de condiciones, para que presenten personalmente sus planes de trabajo, aclaren o incrementen la información proporcionada o alleguen otros elementos que se consideren trascendentes para el procedimiento de elección. Sustanciado este procedimiento, la comisión presenta a la Asamblea el dictamen que contenga la lista de candidatos que, en forma objetiva, cumplen con los requisitos de elegibilidad y que se proponen para ocupar los cargos.

    9. Presentado el dictamen con la lista, la Asamblea realiza la elección mediante el sistema de votación por cédula. Se requiere la votación favorable de cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión para aprobar el nombramiento.

    10. En caso de que ningún candidato obtenga la votación requerida, se entiende rechazada la lista, y la mesa directiva solicita a las fracciones parlamentarias la presentación de otra lista de candidatos en la que no pueden presentarse nuevamente los ya votados.

    11. El procedimiento señalado se repite hasta que un candidato obtenga los votos requeridos o hasta que las fracciones parlamentarias informen que se agotaron las propuestas recibidas con motivo de la convocatoria, supuesto en el cual se debe proceder a expedir una nueva convocatoria en treinta días naturales.

      12) En el procedimiento descrito, la Comisión de Justicia y la Asamblea están obligadas a desahogar la agenda del proceso legislativo, conforme a los tiempos establecidos por la Constitución Política Local y la legislación aplicable para la elección o ratificación.

      13) El candidato electo debe tomar protesta de ley ante el Congreso del Estado, previamente a la toma de posesión del cargo.

      14) Las resoluciones derivadas de los procedimientos de elección de consejeros tendrán el carácter de acuerdos parlamentarios, se notifican a los interesados y surten efectos de inmediato, debiendo remitirse para su publicación en el Periódico Oficial de la entidad.

      15) Salvo el presidente del consejo, los demás consejeros durarán en su encargo cuatro años, serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo. Sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos establecidos por la Constitución Local y las leyes secundarias, en materia de responsabilidad de los servidores públicos.

      Importa resaltar así que el artículo 64 de la Constitución Local, anteriormente transcrito, así como el numeral 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad,(8) establecen que el Consejo de la Judicatura es el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial, con excepción del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de lo Administrativo y del Tribunal Electoral, estableciendo el artículo 148(9) específicamente sus atribuciones, entre otras, la designación y remoción de los Jueces de primera instancia, menores y de paz, determinar su número y competencia, expedir los acuerdos necesarios para el ejercicio adecuado de sus funciones, suspenderlos en sus funciones cuando aparecieren involucrados en la comisión de un delito y formular denuncia o querella contra ellos en los casos en que proceda, cambiar la residencia de los juzgados, autorizar a los secretarios de juzgados para desempeñar las funciones de los Jueces en las ausencias temporales de los titulares, dictar las disposiciones de regulación del turno de los asuntos de la competencia de los juzgados cuando en un mismo lugar haya varios de ellos, fijar sus periodos vacacionales; desarrollar el sistema de insaculación previsto en la ley para la elección de los jurados populares; conceder licencias; regular las autorizaciones para abandonar el lugar de residencia de los funcionarios judiciales; resolver sobre las quejas administrativas y sobre la responsabilidad de los servidores públicos del Poder Judicial, realizar visitas extraordinarias o integrar comités de investigación, cuando estime que se ha cometido una falta grave o cuando así lo solicite el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia; aprobar el proyecto del presupuesto de egresos del Poder Judicial del Estado, así como administrar los bienes muebles e inmuebles y emitir acuerdos generales que fijen las bases para las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios y contratación de obra que realice dicho poder, todo esto con excepción de los del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de lo Administrativo y del Tribunal Electoral; emitir los reglamentos interiores en materia administrativa, de carrera judicial, de escalafón y régimen disciplinario, así como las disposiciones generales regulatorias del ingreso, estímulos, capacitación, ascensos y promociones por escalafón y remoción del personal administrativo de los juzgados de primera instancia, menores y de paz; convocar a congresos de evaluación del funcionamiento de los órganos del Poder Judicial del Estado y proponer las medidas pertinentes para mejorarlos, elaborar la lista de nombres de personas que puedan fungir como auxiliares de la administración de justicia ante los órganos del Poder Judicial del Estado, dictar las disposiciones regulatorias de la recepción, control y destino de los bienes asegurados y decomisados, así como las bases generales de organización y funcionamiento de los órganos auxiliares.

      Lo anterior evidencia la participación que de manera fundamental tiene el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco en el servicio de administración de justicia para hacer efectivo el derecho humano consagrado en el artículo 17 constitucional y, congruentemente a ello, en la legislación local se previó un sistema que tiende a cubrir las vacantes que pueden llegar a darse en su integración, a fin de no afectar su funcionamiento, y se exige que la designación de consejeros recaiga en personas que satisfagan los mismos requisitos establecidos para ser Magistrados, personas que deberán distinguirse por su capacidad, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de las actividades jurídicas.

      Delimitada así la forma en que el Constituyente Estatal y el legislador de Jalisco ha regulado a este órgano del Poder Judicial Local que determinó instituir, esta Segunda Sala considera pertinente precisar que, al ser ajeno a la materia de la presente controversia las disposiciones relativas, no se emite pronunciamiento de constitucionalidad alguno sobre ellas -concretamente en relación a la conformación del consejo por una minoría de personas del Poder Judicial-, limitándose el estudio a los puntos concretamente debatidos del procedimiento de elección de consejero Juez impugnado, que inició mediante el Acuerdo Legislativo 1053-LIX-2011 y que se sostiene, resulta violatorio del principio de división de poderes, por vulneración a la autonomía e independencia del Poder Judicial de la entidad, al haberse llevado a cabo de manera anticipada cuando aún no existía vacante, condición a la que, afirma la parte actora, se encuentra condicionada la facultad del Congreso de designación de consejeros y no satisfacerse, por ello, la exigencia de motivación reforzada que el acuerdo legislativo requería.

      En la exposición de motivos del decreto de reformas a la Constitución Local, por el que se creó el Consejo de la Judicatura de la entidad bajo la denominación de Consejo General del Poder Judicial, publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete, expresamente se señaló que el procedimiento que se consideraba más adecuado para el nombramiento de los consejeros era el de encomendarlo al Congreso del Estado, porque en él es donde esencialmente se deposita la representación de la soberanía popular, partiendo de propuestas que la sociedad hiciera llegar por medio de los partidos políticos, así como la conveniencia de que la designación de consejeros se realizara de manera escalonada en beneficio del funcionamiento del consejo, como se corrobora con la siguiente transcripción de la parte relativa:

      "En cuanto al nombramiento de las personas que integran dicho Consejo General, se determinó que el procedimiento más adecuado es el que se presenta, toda vez que, debido a que el órgano del Poder Legislativo es donde esencialmente se deposita la representación de la soberanía popular, corresponde a éste elegir a las personas más idóneas para ocupar dicho cargo, pero esa elección parte de propuestas que la sociedad haga llegar por medio de los partidos políticos representados en el Congreso del Estado.

      "Cabe aclarar, además, que se estudió la conveniencia de que de los siete ciudadanos que integran el Consejo General, por lo menos dos de ellos emanaran de algún órgano con funciones jurisdiccionales, toda vez que, al conocer las necesidades y condiciones objetivas de la impartición de justicia, podrían aportar criterios importantes para que el consejo tome determinadas decisiones.

      Por otro lado, se establece en la iniciativa en comento que la designación de los consejeros integrantes de este órgano perteneciente al Poder Judicial, se realizará de manera escalonada para evitar la hipertrofia de dicha institución. ...

      Lo anterior evidencia la voluntad del Constituyente Local, por una parte, de no afectar el funcionamiento del Consejo de la Judicatura Estatal, para lo cual estableció la previsión de los nombramientos escalonados y, por la otra, de que las designaciones respondieran a la voluntad social, mediante la encomienda de que las elecciones se realicen por el órgano representante de la soberanía popular entre las propuestas de la sociedad que se hicieran llegar por medio de los partidos políticos.

      Partiendo de la anterior voluntad legislativa del Constituyente Local, se procede al análisis de los preceptos legales relacionados al momento en que debe realizarse la elección de consejeros.

      Conforme se advierte de lo dispuesto en los diversos preceptos de la Constitución Política del Estado de Jalisco, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del reglamento de esta última ley, todos de dicha entidad, relativos al Consejo de la Judicatura y a la elección de sus integrantes, en ninguno de ellos se establece como condición para la actualización de la facultad del Congreso de elección de consejeros de la Judicatura la existencia de vacante, ni puede ello derivarse de su recta interpretación.

      Por el contrario, su interpretación sistemática permite concluir que la elección debe llevarse a cabo con anterioridad a la vacante, en el caso de vencimiento del nombramiento, además de ser ésta la interpretación acorde a nuestra Constitución Federal, en los términos que ya han quedado analizados.

      Del artículo 35, fracción IX, de la Constitución de Jalisco deriva que la facultad del Congreso de elegir consejeros debe realizarse en la forma y términos dispuestos en ella y en las leyes de la materia, previéndose sólo en la propia Constitución Local los requisitos de que la elección sea por cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso, a propuesta de los grupos parlamentarios, previa convocatoria a la sociedad (artículo 64), pero consignándose como principios rectores su independencia e imparcialidad y la obligación de la ley de garantizarlo, y como algunos de los medios para ello, la duración en el encargo por cuatro años y su inamovilidad durante el periodo de su nombramiento, al preverse que sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos establecidos por la propia Constitución y por las leyes secundarias, en materia de responsabilidad de los servidores públicos (artículo 57).

      Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad reitera, en su artículo 138, los requisitos constitucionales de votación de las dos terceras partes de los diputados presentes y de que las personas electas sean propuestas por los grupos parlamentarios, previa convocatoria a la sociedad, remitiendo a lo dispuesto en la Constitución Local y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta última que sólo dispone el procedimiento a llevarse a cabo para la elección, pero sin contener previsión alguna en cuanto al momento en que éste debe iniciarse.

      Asimismo, la interpretación relacionada del artículo 151, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Local, que establece la atribución del presidente del Consejo de la Judicatura de informar al Congreso del Estado de las vacantes que se produzcan en el consejo, que deban ser cubiertas mediante sus respectivos nombramientos, y el numeral 43 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, al disponer que, en caso de ausencia definitiva para el cargo de consejero, la Comisión de Justicia iniciará el procedimiento para la elección, de oficio o a petición del consejo, lleva a esta Segunda Sala a concluir que de tales dispositivos no puede derivarse una condición de temporalidad para el ejercicio de la facultad del Congreso para la elección de consejeros que la Constitución le otorga. La facultad del presidente del consejo, contemplada en el primer dispositivo legal, se refiere a la información al Congreso de las vacantes que pudieran no ser de su conocimiento ante las diferentes eventualidades a las que se encuentra sujeto cualquier ser humano, como defunción, incapacidad médica, etcétera, y que requieran su intervención, porque da lugar a una nueva designación, pero de esto no puede derivarse que sólo cuando medie tal informe -que presupone una vacante que requiera un nuevo nombramiento- pueda el Congreso proceder a la elección. Es claro que la atribución de elección del Congreso de las vacantes de consejeros podrá ser ejercida siempre, ya sea de oficio o a petición del consejo, y que la facultad del presidente del consejo en análisis se refiere a una simple información y no a un presupuesto para el ejercicio de la facultad del Congreso, máxime ante vacantes que se originan u originarán por el vencimiento del periodo de ejercicio del cargo, que son del conocimiento del Congreso, al ser quien elige a los servidores públicos relativos.

      Además, la anterior interpretación, por una parte, resulta acorde a la finalidad de facilitar la debida integración del Consejo de la Judicatura Federal para no entorpecer su funcionamiento evitando trámites innecesarios que sólo lleven a dilatar el inicio del procedimiento de elección, siendo claro que la atribución otorgada al presidente del consejo sólo tiene una finalidad informativa con el objetivo, precisamente, de lograr la rápida integración del órgano en los casos en que pudiera no ser del conocimiento del Congreso la ausencia de algún consejero que requiera una nueva designación y, por la otra, es la que se adecua a los principios de independencia y autonomía de los Poderes Judiciales Locales y de regularidad en el funcionamiento de los órganos públicos que nuestra Ley Fundamental consagra en los términos que han quedado analizados con anterioridad, pues ante situaciones que no se encuentran reguladas o que no lo son con toda claridad, la interpretación de las normas locales debe hacerse en forma tal que se integren bajo los principios que se contienen en la Constitución Federal, resultando en este sentido aplicable la siguiente jurisprudencia de esta Segunda Sala:

      "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY CONFORME A LA CONSTITUCIÓN. La aplicación del principio de interpretación de la ley conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige del órgano jurisdiccional optar por aquella de la que derive un resultado acorde al Texto Supremo, en caso de que la norma secundaria sea oscura y admita dos o más entendimientos posibles. Así, el J. constitucional, en el despliegue y ejercicio del control judicial de la ley, debe elegir, de ser posible, aquella interpretación mediante la cual sea factible preservar la constitucionalidad de la norma impugnada, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico." (Novena Época. Registro: 163300. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T.X., diciembre de 2010, tesis 2a./J. 176/2010, página 646)

      Cabe concluir así que, contrariamente a lo sostenido por el Poder Judicial actor, la legislación de Jalisco, congruente con el Pacto Federal, no condiciona el ejercicio de la facultad de elección de consejeros por el Congreso del Estado a la existencia de vacantes; sin embargo, en la normativa local no se prevé un límite temporal en la anticipación en que puede llevarla a cabo.

      En atención a ello, a fin de calificar la constitucionalidad del procedimiento de elección impugnado, procede tomar como indicador razonable el término de tres meses establecido para el caso de ratificación de M., sin que esto signifique que esta Segunda Sala asimile la elección de consejeros a la de Magistrados, sino sólo acudir a un término que se estima satisface el requisito de razonabilidad en la anticipación del procedimiento por respetar la condición de oportunidad que debe cumplirse.

      Los artículos 60, 61, segundo párrafo, 66 y 69, cuarto y quinto párrafos, de la Constitución Local disponen:

      "Artículo 60. Para la elección de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura, previa convocatoria realizada por el Congreso del Estado a la sociedad en general, con excepción de los partidos políticos, someterá a consideración del Congreso del Estado una lista de candidatos que contenga, cuando menos, el doble del número de Magistrados a elegir, remitiendo los expedientes para acreditar que los ciudadanos propuestos cumplen con los requisitos establecidos en el presente capítulo y tienen aptitud para ocupar dicho cargo.

      "El Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de los diputados presentes, elegirá al Magistrado que deba cubrir la vacante, dentro de un término improrrogable de treinta días. En caso de que el Congreso no resolviere dentro de dicho término, se entenderá que rechaza la totalidad de los candidatos propuestos.

      En caso de que el Congreso rechace la totalidad de los candidatos propuestos, el Consejo de la Judicatura someterá una nueva propuesta integrada por personas distintas a la inicial, en los términos de este artículo. ...

      "Artículo 61. ...

      Tres meses antes de que concluya el periodo de siete años para el que fue nombrado un Magistrado, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia elaborará un dictamen técnico en el que se analice y emita opinión sobre la actuación y desempeño del Magistrado. El dictamen técnico, así como el expediente del Magistrado será enviado al Congreso del Estado para su estudio.

      Artículo 66. Los requisitos exigidos para ser Magistrado del Tribunal de lo Administrativo, la forma de elección y el periodo de su ejercicio en el cargo, serán los mismos que esta Constitución establece para los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia.

      "Artículo 69.

      "...

      "Los Magistrados electorales serán electos por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, con base en la propuesta de candidatos que realicen los grupos parlamentarios, escuchando a los partidos políticos, instituciones de educación superior, colegios de abogados y demás organizaciones sociales y civiles, en la forma y términos que determine la ley.

      Los Magistrados electorales durarán en el ejercicio de su encargo cuatro años, contados a partir de la fecha en que rindan la protesta de ley, al término de los cuales podrán ser ratificados mediante el procedimiento que esta Constitución establece en su artículo 61.

      Como se advierte, el Constituyente Local dispuso el término de tres meses antes de que concluya el encargo de Magistrados para el envío del dictamen técnico sobre su actuación y desempeño, lo que implica que dentro de dicho periodo debe realizarse la elección.

      El anterior término establecido se considera razonable, pues debe tomarse en cuenta que, aun cuando se refiere a la ratificación, es el Congreso de la entidad el que toma la determinación relativa, la que puede ser de no ratificación, lo que supondría una nueva elección de Magistrados -sujeta también a la expedición previa de una convocatoria a la sociedad en general, con excepción de los partidos políticos, en el caso de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de lo Administrativo y, en el caso de los Magistrados electorales, de una convocatoria dirigida a partidos políticos, instituciones de educación superior, colegios de abogados y demás organizaciones sociales y civiles, conforme se precisa en el artículo 39 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco-,(10) por lo que si dicho término se consideró suficiente para decidir sobre la ratificación, no existe razón que impida considerar que también lo es para la elección de consejeros, máxime que se trata del único término establecido por el Constituyente en procedimientos de elección de servidores públicos del Poder Judicial Local.

      Debe precisarse que los periodos de sesiones del Congreso no afectan al anterior término pues, conforme al artículo 25 de la Constitución Local, éste sesionará al menos una vez al mes fuera de los dos periodos de sesiones ordinarias establecidos, y que son del primero de febrero al treinta y uno de marzo y del primero de octubre al 31 de diciembre de cada año, en los que sesionará, por lo menos, cuatro veces al mes, como se advierte de la siguiente transcripción de este precepto:

      Artículo 25. El Congreso sesionará por lo menos cuatro veces al mes durante los periodos comprendidos del 1o. de febrero al 31 de marzo y del 1o. de octubre al 31 de diciembre de cada año, fuera de los cuales sesionará al menos una vez al mes.

      Corrobora la razonabilidad del término de tres meses de anticipación para la elección, el que este Alto Tribunal, en la elección de consejeros de la Judicatura Federal, no lleva a cabo el procedimiento relativo con antelación mayor, como se advierte, entre otros, de los Acuerdos Números 10/2011, de veinte de septiembre de dos mil once, relativo al procedimiento para la designación del consejero de la Judicatura Federal que ocuparía el cargo a partir del primero de diciembre de dicho año; 14/2006, de siete de septiembre de dos mil seis, en el que se determinó el procedimiento para la designación del consejero que ocuparía el cargo a partir del primero de diciembre de ese año, y 6/2004, de nueve de agosto de dos mil cuatro, por el que se determinó el procedimiento para la designación de consejero que ocuparía el cargo a partir del primero de diciembre de dicho año. Se precisa que la anterior referencia se realiza para el exclusivo efecto de dejar claro que el término de tres meses establecido en la Constitución de Jalisco, respecto de los Magistrados, constituye un término razonable que resulta plausible aplicarlo a la designación de consejeros de la Judicatura Local, sin que en ningún momento esto implique contrastar el diseño local impugnado con el diseño federal, ni mezclar diferentes regímenes del Estado Mexicano, en pleno acatamiento al sistema federal que impera en el país, en el que los Estados de la República son libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida, según los principios de la Ley Fundamental.

      De igual manera, la razonabilidad de la aplicación del plazo de tres meses, en cuanto a la anticipación en que debe llevarse a cabo el procedimiento de elección de consejeros, se comprueba con el hecho de que el procedimiento impugnado se llevó a cabo en un lapso menor a un mes, pues el acuerdo legislativo controvertido fue aprobado por el Congreso el veintiséis de julio de dos mil once y la elección de consejero J. se efectuó en sesión de veintitrés de agosto de dos mil once, además de haber sido efectuado fuera de los periodos ordinarios de sesiones.

      Una vez realizadas las anteriores determinaciones, este órgano colegiado se avoca al análisis de constitucionalidad del procedimiento de elección impugnado que inició con el Acuerdo Legislativo Número 1053-LIX-2011, aprobado por el referido Congreso Local, con fecha veintiséis de julio del año dos mil once, y publicado en el Periódico Oficial de la entidad el dos de agosto del mismo año, referido a la elección del consejero J. por el periodo de cuatro años, contado a partir del primero de septiembre de dos mil once al treinta y uno de agosto de dos mil quince, con motivo de la terminación del nombramiento de la consejera Juez el treinta y uno de agosto de dos mil once.

      Como se advierte, el procedimiento de elección inició con una anticipación menor a tres meses a la vacante de consejero Juez, por lo que, lejos de ser violatorio a los principios de autonomía e independencia judicial, constituye una actuación debidamente apegada a la Constitución Federal, al garantizar la continuidad en el funcionamiento del Consejo de la Judicatura Local.

      Por tal motivo, resulta también infundado el concepto de invalidez planteado por el Poder Judicial actor en torno al incumplimiento del requisito de motivación que aduce, pues con independencia de que el acuerdo legislativo controvertido que dio inicio al procedimiento de elección del consejero J. se trate de un acto que requiera una motivación ordinaria o reforzada, lo cierto es que no se da el presupuesto en el que se funda la violación, a saber, la carencia de facultades del Congreso del Estado para emitirlo en el momento en que lo hizo.

OCTAVO

Publicación tardía del acuerdo legislativo. Es fundado pero insuficiente para invalidar el procedimiento de elección controvertido el tercer concepto de invalidez aducido en el sentido de que, al publicarse el Acuerdo Legislativo 1053-LIX-2011 en el Periódico Oficial de la entidad hasta el dos de agosto de dos mil once, se redujo el término establecido en la base tercera de la convocatoria que en él se aprueba para la recepción de propuestas de candidatos y documentos que acrediten que reúnen los requisitos para ocupar el cargo señalado del miércoles veintisiete de julio de dos mil once hasta el lunes ocho de agosto del mismo año, lo que, sostiene el poder actor, provoca una integración deficiente del Poder Judicial Local al reducir la posibilidad de una participación equitativa, justa y generalizada, y hace nugatorio el derecho de la ciudadanía de apersonarse al trámite de selección.

El planteamiento anterior resulta fundado en cuanto, efectivamente, la publicación tardía en el Periódico Oficial del Estado del acuerdo legislativo, en relación al plazo establecido en la convocatoria, constituye un vicio que pudo haber afectado el conocimiento de la sociedad del plazo establecido para la propuesta de candidatos y presentación de la documentación correspondiente, lo que, se aclara, no significa reducción del plazo, sino sólo de su conocimiento, ni provoca las consecuencias que sostiene el Poder Judicial Local.

Tal vicio en la publicación del acuerdo no constituye una causa invalidante del procedimiento de elección de consejero Juez por las siguientes razones:

El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido tesis jurisprudenciales en el sentido de que los vicios formales son irrelevantes si no trascienden de manera fundamental a la norma aprobada, las cuales, si bien se refieren al procedimiento legislativo, resultan aplicables al diverso procedimiento especial de elección que lleva a cabo el propio órgano legislativo, en cuanto a la necesidad de calificar la trascendencia del vicio formal. Dichas tesis textualmente señalan:

"VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA. Dentro del procedimiento legislativo pueden darse violaciones de carácter formal que trascienden de manera fundamental a la norma misma, de tal manera que provoquen su invalidez o inconstitucionalidad y violaciones de la misma naturaleza que no trascienden al contenido mismo de la norma y, por ende, no afectan su validez. Lo primero sucede, por ejemplo, cuando una norma se aprueba sin el quórum necesario o sin el número de votos requeridos por la ley, en cuyo caso la violación formal trascendería de modo fundamental, provocando su invalidez. En cambio cuando, por ejemplo, las comisiones no siguieron el trámite para el estudio de las iniciativas, no se hayan remitido los debates que la hubieran provocado, o la iniciativa no fue dictaminada por la comisión a la que le correspondía su estudio, sino por otra, ello carece de relevancia jurídica si se cumple con el fin último buscado por la iniciativa, esto es, que haya sido aprobada por el Pleno del órgano legislativo y publicada oficialmente. En este supuesto los vicios cometidos no trascienden de modo fundamental a la norma con la que culminó el procedimiento legislativo, pues este tipo de requisitos tiende a facilitar el análisis, discusión y aprobación de los proyectos de ley por el Pleno del Congreso, por lo que si éste aprueba la ley, cumpliéndose con las formalidades trascendentes para ello, su determinación no podrá verse alterada por irregularidades de carácter secundario." (Novena Época. Registro: 188907. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T.X., agosto de 2001, tesis P./J. 94/2001, página 438)

"PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO SE DEBE VERIFICAR EN CADA CASO CONCRETO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INVALIDACIÓN DE AQUÉL. Para determinar si las violaciones al procedimiento legislativo aducidas en una acción de inconstitucionalidad infringen las garantías de debido proceso y legalidad contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y provocan la invalidez de la norma emitida, o si por el contrario no tienen relevancia invalidatoria de esta última, por no llegar a trastocar los atributos democráticos finales de la decisión, es necesario evaluar el cumplimiento de los siguientes estándares: 1) El procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad, es decir, resulta necesario que se respeten los cauces que permiten tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública, lo cual otorga relevancia a las reglas de integración y quórum en el seno de las Cámaras y a las que regulan el objeto y el desarrollo de los debates; 2) El procedimiento deliberativo debe culminar con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas; y, 3) Tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben ser públicas. El cumplimiento de los criterios anteriores siempre debe evaluarse a la vista del procedimiento legislativo en su integridad, pues se busca determinar si la existencia de ciertas irregularidades procedimentales impacta o no en la calidad democrática de la decisión final. Así, estos criterios no pueden proyectarse por su propia naturaleza sobre cada una de las actuaciones llevadas a cabo en el desarrollo del procedimiento legislativo, pues su función es ayudar a determinar la relevancia última de cada actuación a la luz de los principios que otorgan verdadero sentido a la existencia de una normativa que discipline su desarrollo. Además, los criterios enunciados siempre deben aplicarse sin perder de vista que la regulación del procedimiento legislativo raramente es única e invariable, sino que incluye ajustes y modalidades que responden a la necesidad de atender a las vicisitudes presentadas en el desarrollo de los trabajos parlamentarios, como por ejemplo, la entrada en receso de las Cámaras o la necesidad de tramitar ciertas iniciativas con extrema urgencia, circunstancias que se presentan habitualmente. En este contexto, la evaluación del cumplimiento de los estándares enunciados debe hacerse cargo de las particularidades de cada caso concreto, sin que ello pueda desembocar en su final desatención." (Novena Época. Registro: 169437. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T.X., junio de 2008, tesis P. L/2008, página 717)

De los anteriores criterios deriva que resulta necesario determinar la relevancia jurídica del vicio cometido en el procedimiento de elección, en atención al fin último buscado por el mismo y, en el caso concreto, si el mismo se traduce efectivamente en una vulneración al principio de división de poderes por infracción a la autonomía e independencia del Consejo de la Judicatura como uno de los órganos del Poder Judicial Local, al afectarse su debida integración.

En este sentido, importa resaltar que el presente análisis no puede revestir características generales, dado que la determinación de la trascendencia del vicio que se aduce se refiere, específicamente, al procedimiento de elección del consejero Juez controvertido y precisa su análisis concreto.

Hecha la anterior precisión, debe tomarse en cuenta lo siguiente: el consejero Juez de la Judicatura del Estado de Jalisco, de conformidad con los artículos 59 y 64 de la Constitución de la entidad, se elige entre los Jueces de primera instancia inamovibles que tengan más de cuatro años en la judicatura y deberán reunir los requisitos exigidos para poder ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad, esto es, ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; ser nativo del Estado o, en su defecto, haber residido en la entidad durante los últimos cinco años, salvo en el caso de ausencia motivada por el desempeño de algún cargo en el servicio público, siempre y cuando no haya sido fuera del país, tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de la elección; poseer a tal día una antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, abogado o su equivalente, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello y registrado en la Dirección de Profesiones del Estado; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y, a nivel local, no haber ocupado durante el año previo al día de la elección, los cargos de gobernador, titular de alguna de las Secretarías de despacho del Ejecutivo, jefe de departamento administrativo, procurador general de Justicia, consejero de la Judicatura, diputado local, presidente, síndico o regidor de Ayuntamiento y, a nivel federal, secretario de Estado o jefe de departamento administrativo de la Federación, procurador general de la República, senador o diputado federal, a menos que se separe de su cargo un año antes al día en que tenga verificativo la elección. Además, deberá distinguirse por su capacidad, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de las actividades jurídicas.

Asimismo, establece el artículo 64 de la Constitución de Jalisco que la elección será previa convocatoria a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios.

Por su parte, el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial reitera lo establecido en la Constitución Local, remitiendo a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo el artículo 44 del reglamento de esta última ley el que, concretamente, regula los requisitos de la convocatoria, la cual será elaborada por la Comisión de Justicia y sometida para su aprobación y publicación a la sociedad en general por el Congreso para que presenten candidatos ante el Congreso del Estado, con copias suficientes para las fracciones parlamentarias, debiendo contener como información, entre otras cuestiones, el lugar y la fecha en que puedan recibirse las propuestas y los documentos que acrediten que el candidato reúne los requisitos para ocupar el cargo, advirtiéndose que los documentos relativos no serán devueltos a los interesados, de acuerdo a su fracción III.

Ahora bien, en el caso concreto, el requisito aludido fue debidamente cumplido por la convocatoria aprobada mediante el acuerdo legislativo impugnado, constituyendo el vicio en el procedimiento que se hace valer la publicación tardía de la convocatoria, en relación con el plazo de propuestas de candidatos y recepción de documentos establecido pues, como se señaló, el acuerdo fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el dos de agosto de dos mil once, y el plazo relativo corrió del miércoles veintisiete de julio al lunes ocho de agosto del mismo año, por lo que la sociedad no tuvo conocimiento para estar en posibilidad de realizar propuestas y presentación de documentos durante seis días -del veintisiete de julio al primero de agosto-, pudiendo hacerlo por siete días -del dos al ocho de agosto-, aunque descontando los días sábados y domingos exceptuados en la convocatoria para la presentación relativa implica que la imposibilidad relativa fue por cuatro días -veintisiete, veintiocho y veintinueve de julio y dos de agosto-.

Para la calificación de la trascendencia de tal vicio, debe atenderse, en primer término, a que no se imposibilitó a la sociedad a presentar propuestas y documentación de candidatos, sino sólo pudo verse afectado el conocimiento de la posibilidad de presentación de propuestas, lo que no puede afirmarse, porque se desconoce cuándo fue publicado dicho acuerdo en los diarios de mayor circulación en el Estado de Jalisco, en los estrados del Palacio del Poder Legislativo y en la página web del Congreso, conforme se ordenó en el artículo tercero de la convocatoria, que señala:

Artículo tercero. P. la presente convocatoria en diarios de mayor circulación en el Estado, en los Estrados del Palacio del Poder Legislativo y en la página web del Congreso del Estado de Jalisco.

El Poder Judicial actor no refiere cuándo se realizaron las publicaciones a que se refiere este artículo de la convocatoria.

Con independencia de ello, es claro que la falta de conocimiento oficial de la convocatoria no hizo nugatorio el derecho de la ciudadanía de apersonarse al trámite de selección, dado que el plazo no fue reducido y contaron con días posteriores a la publicación oficial para presentar las propuestas y documentación relativa.

Por otra parte, también debe tenerse en cuenta que, al referirse el procedimiento de elección controvertido a la designación de consejero Juez, las propuestas se encuentran dirigidas a un sector concreto y específico, que es el de los Jueces con carácter inamovible que tengan más de cuatro años en la judicatura, lo que hace que la repercusión en la falta de conocimiento oficial de la convocatoria sea menor al impacto que ello podría tener tratándose de convocatoria para la propuesta de ciudadanos, que si bien deban reunir los requisitos legales, no tienen la peculiaridad precisada.

Tal circunstancia también adquiere relevancia si se considera que el solo hecho de que todas las propuestas tengan que ser de Jueces con carácter inamovible, con más de cuatro años de antigüedad en la judicatura, ya implica, per se, un presupuesto de los atributos de capacidad, honestidad y honorabilidad que el ejercicio del cargo exige, conforme a lo dispuesto en el artículo 64 de la Constitución Local.

En efecto, los artículos 8 y 192 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad establecen:

"Artículo 8. Los Jueces de primera instancia, especializados y mixtos, menores y de paz serán electos por el Consejo General y durarán en el ejercicio de su cargo cuatro años.

"El plazo se computará a partir de la fecha en que rindan la protesta, el cual deberá ser de servicio efectivo y, si a su vencimiento fueren ratificados, sólo podrán ser privados de su cargo en los términos que establece la Constitución Política del Estado y las leyes secundarias en materia de responsabilidad de los servidores públicos. Durante su ejercicio, los Jueces sólo podrán ser removidos o cambiados de adscripción por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, dictado en los términos que establezca esta ley.

En los casos de promoción, la inamovilidad en el nuevo empleo se adquirirá al transcurrir el plazo correspondiente a su ejercicio.

"Artículo 192. Para la ratificación de los Jueces de primera instancia, el Consejo General del Poder Judicial del Estado tomará en consideración, de conformidad con el reglamento respectivo, los siguientes elementos:

"I. El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función;

"II. Los resultados de las visitas de inspección;

"III. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público, así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente;

"IV. No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja de carácter administrativa; y

"V. Los demás que estime pertinentes, siempre que consten en acuerdos generales publicados con seis meses de anticipación a la fecha de la ratificación."

Como se advierte, un Juez será ratificado una vez transcurrido el plazo de cuatro años en el ejercicio del cargo, para lo cual deberá tomarse en cuenta, entre otros elementos, el desempeño que se haya tenido en tal ejercicio.

A lo anterior, deben añadirse los requisitos para ocupar el cargo de Juez precisados en los artículos 106 y 117 de la propia ley,11 entre los que destaca la probidad y la honradez.

En tales términos, es claro que el vicio que se aduce no puede considerarse que trascienda al fin que el procedimiento de elección persigue, consistente en la designación del candidato idóneo para ocupar el cargo de consejero J. y, en consecuencia, tampoco se provoca una deficiente integración al seno del Consejo de la Judicatura, pues el plazo de presentación de propuestas de candidatos no fue nulificado, ni reducido, sino sólo su conocimiento, esto es, la publicación en el Periódico Oficial de la entidad, hasta el dos de agosto de dos mil once, no se tradujo en una imposibilidad para la formulación de propuestas y presentación de documentación, porque si bien fue tardía en relación con el plazo señalado, al ser posterior al inicio de éste, aún no había concluido.

Como corolario, el vicio planteado no puede considerarse invalidante del procedimiento de elección por no llegar a trastocar la debida integración del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y, con ello, los principios de independencia y autonomía judiciales y de división de poderes local que se aducen transgredidos.

En atención a todo lo anterior, procede declarar procedente, pero infundada, la presente controversia constitucional y reconocerse la validez del procedimiento de elección, debiendo el consejero J. tomar posesión inmediata de su cargo a partir de la fecha en que se dicta la presente resolución.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO

Es procedente, pero infundada, la presente controversia constitucional.

SEGUNDO

Se desecha por extemporánea la ampliación de la demanda promovida por el Poder Judicial del Estado de Jalisco actor.

TERCERO

Se reconoce la validez del Acuerdo Legislativo del Congreso del Estado de Jalisco 1053-LIX-2011, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el dos de agosto de dos mil once, y de sus actos de ejecución, especificados en el primer resultando de la presente resolución.

CUARTO

P. la presente resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.

N.; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros S.S.A.A., M.B.L.R., J.F.F.G.S., L.M.A.M. y S.A.V.H., presidente de esta Segunda Sala.

El Ministro S.A.V.H. votó en contra de algunas consideraciones y formulará voto concurrente.

El Ministro J.F.F.G.S. se reservó su derecho a formular voto concurrente.

Fue ponente el M.S.S.A.A..

Nota: Las tesis de jurisprudencia P./J. 81/2004 y P./J. 80/2004 citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, páginas 1187 y 1122, respectivamente.

___________________________

  1. "Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

    "I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos."

  2. "Artículo 27. El actor podrá ampliar su demanda dentro de los quince días siguientes al de la contestación si en esta última apareciere un hecho nuevo, o hasta antes de la fecha de cierre de la instrucción si apareciere un hecho superveniente. La ampliación de la demanda y su contestación se tramitarán conforme a lo previsto para la demanda y contestación originales."

  3. "Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."

  4. "Artículo 56. ...

    "La representación del Poder Judicial recae en el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el cual será electo, de entre sus miembros, por el Pleno. El presidente desempeñará su función por un periodo de dos años y podrá ser reelecto para el periodo inmediato."

  5. "Artículo 35. 1. Son atribuciones de la mesa directiva:

    "...

    "V.R. jurídicamente al Poder Legislativo del Estado, a través de su presidente y dos secretarios, en todos los procedimientos jurisdiccionales en que éste sea parte, ejercitando de manera enunciativa más no limitativa todas las acciones, defensas y recursos necesarios en los juicios: civiles, penales, administrativos, mercantiles o electorales, así como los relativos a los medios de control constitucional en todas sus etapas procesales, rindiendo informes previos y justificados, incluyendo los recursos que señala la Ley de Amparo y la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la demás legislación aplicable en la materia, y con las más amplias facultades para pleitos y cobranzas para toda clase de bienes y asuntos e intereses de este poder, en la defensa de sus derechos que la ley le confiere en el ámbito de sus atribuciones. La mesa directiva puede delegar dicha representación de forma general o especial."

  6. "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.-Como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia integran tanto el Pleno como las Salas, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar, de oficio, como hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las resoluciones que emitan aquéllos, como medio probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente, sin que resulte necesaria la certificación de la misma, bastando que se tenga a la vista dicha ejecutoria, pues se trata de una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda judicial." (Novena Época. Registro: 198220. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T.V., julio de 1997, tesis 2a./J. 27/97, página 117)

  7. "DIVISIÓN DE PODERES. EL QUE ESTE PRINCIPIO SEA FLEXIBLE SÓLO SIGNIFICA QUE ENTRE ELLOS EXISTE UNA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS, PERO NO LOS FACULTA PARA ARROGARSE FACULTADES QUE CORRESPONDEN A OTRO PODER, SINO SOLAMENTE AQUELLOS QUE LA PROPIA CONSTITUCIÓN LES ASIGNA.-El artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en un solo individuo o corporación. Sin embargo, ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte que la división funcional de atribuciones que establece dicho numeral no opera de manera rígida, sino flexible, ya que el reparto de funciones encomendadas a cada uno de los poderes no constituye una separación absoluta y determinante, sino por el contrario, entre ellos se debe presentar una coordinación o colaboración para lograr un equilibrio de fuerzas y un control recíproco que garantice la unidad política del Estado. Como se advierte, en nuestro país la división funcional de atribuciones no opera de manera tajante y rígida identificada con los órganos que las ejercen, sino que se estructura con la finalidad de establecer un adecuado equilibrio de fuerzas, mediante un régimen de cooperación y coordinación que funcionan como medios de control recíproco, limitando y evitando el abuso en el ejercicio del poder público, garantizando así la unidad del Estado y asegurando el establecimiento y la preservación del estado de derecho. Por su parte, el artículo 133 de la Constitución Federal consagra el principio de supremacía, que impone su jerarquía normativa a la que deben sujetarse todos los órganos del Estado y todas las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones, por lo que, el hecho de que la división de poderes opere de manera flexible sólo significa que entre ellos existe una colaboración y coordinación en los términos establecidos, pero no los faculta para arrogarse facultades que corresponden a otro poder, sino solamente aquellos que la propia Constitución les asigna. De este modo, para que un órgano ejerza ciertas funciones es necesario que expresamente así lo disponga la Constitución Federal o que la función respectiva resulte estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas por efectos de la propia Constitución, así como que la función se ejerza en los casos expresamente autorizados o indispensables para hacer efectiva la facultad propia." (Novena Época. Registro: 166964. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, julio de 2009, tesis P./J. 78/2009, página 1540)

  8. "Artículo 136. La administración, vigilancia, disciplina y Carrera Judicial del Poder Judicial del Estado de Jalisco, con excepción del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de lo Administrativo y del Tribunal Electoral, estarán a cargo del Consejo General del Poder Judicial, en los términos que establecen la Constitución Política del Estado de Jalisco y la presente ley."

  9. "Artículo 148. Son atribuciones del Pleno del Consejo de la Judicatura:

    "I. Establecer las comisiones que estime convenientes para su adecuado funcionamiento, y designar a los consejeros que deban integrarlas;

    "II. Expedir los reglamentos interiores en materia administrativa, de carrera judicial, de escalafón y régimen disciplinario del Poder Judicial del Estado, y todos aquellos acuerdos generales que fueren necesarios para el adecuado ejercicio de sus atribuciones;

    "III. Dictar las bases generales de organización y funcionamiento de sus direcciones;

    "IV. Nombrar a propuesta del presidente, al secretario general; y a propuesta de cualquier integrante del Pleno a los directores y jefes de departamento del Consejo de la Judicatura, de conformidad con los requisitos establecidos en esta ley; resolver sobre sus renuncias y licencias; removerlos por causa justificada o suspenderlos en los términos que determinen las leyes y los acuerdos correspondientes, y formular denuncia o querella en los casos que procedan;

    "V.C. licencias a los directores, al secretario general y a los consejeros, en los términos previstos en esta ley;

    "VI. Resolver los conflictos de trabajo suscitados entre el Poder Judicial del Estado y sus servidores públicos en términos de la fracción XII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del dictamen que le presente la Comisión Substanciadora del Consejo de la Judicatura con excepción de los conflictos relativos a los servidores públicos del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de lo Administrativo y del Tribunal Electoral del Estado;

    "VII. Designar, a propuesta de su presidente, al representante del Consejo de la Judicatura ante la Comisión Substanciadora para los efectos señalados en la fracción anterior; y (sic)

    "VIII. Desempeñar cualquier otra función que la ley encomiende al Consejo de la Judicatura.

    "Las resoluciones que se tomen en ejercicio de estas atribuciones, deberán ser por mayoría calificada.

    "IX. Suspender en sus funciones a los Jueces de primera instancia, menores y de paz que aparecieren involucrados en la comisión de un delito, y formular denuncia o querella contra ellos en los casos en que proceda;

    "X. Resolver sobre las quejas administrativas y sobre la responsabilidad de los servidores públicos del Poder Judicial en términos de lo que disponen la Constitución Política del Estado y la ley;

    "XI. Aprobar el proyecto del presupuesto de egresos del Poder Judicial del Estado con excepción de los del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de lo Administrativo y del Tribunal Electoral, el cual se remitirá al presidente del Supremo Tribunal de Justicia para que, junto con los elaborados por los tribunales, se envíe al titular del Poder Ejecutivo;

    "XII. Dictar las bases generales de organización y funcionamiento de sus órganos auxiliares;

    "XIII. Nombrar, a propuesta que haga su presidente, al secretario general, a los directores y a los titulares de los órganos auxiliares del Consejo General del Poder Judicial del Estado; resolver sobre sus renuncias y licencias; removerlos por causa justificada o suspenderlos en los términos que determinen las leyes y los acuerdos correspondientes, y formular denuncia o querella en los casos que procedan;

    "XIV. Emitir las bases mediante acuerdos generales, para que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realice el Poder Judicial de la entidad, a excepción del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de lo Administrativo y del Tribunal Electoral, en ejercicio de su presupuesto de egresos, se ajusten a los criterios contemplados en la Constitución Política del Estado y los ordenamientos que de ella emanan;

    "XV. Establecer la normatividad y los criterios para modernizar las estructuras orgánicas, los sistemas y procedimientos administrativos internos, así como los de servicios al público;

    "XVI. Establecer las disposiciones generales necesarias para el ingreso, estímulos, capacitación, ascensos y promociones por escalafón y remoción del personal administrativo de los juzgados de primera instancia, menores y de paz;

    "XVII. Cambiar la residencia de los juzgados de primera instancia, menores y de paz;

    "XVIII. Conceder licencias en los términos previstos en esta ley;

    "XIX. Autorizar a los secretarios de los juzgados para desempeñar las funciones de los Jueces, en las ausencias temporales de los titulares y facultarlos para designar secretarios interinos;

    "XX. Dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los juzgados, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos;

    "XXI. Resolver los conflictos de trabajo suscitados entre el Poder Judicial del Estado y sus servidores públicos en términos de la fracción XII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del dictamen que le presente la Comisión Substanciadora del Consejo General, con excepción de los conflictos relativos a los servidores públicos del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de lo Administrativo y del Tribunal Electoral del Estado;

    "XXII. Designar, a propuesta de su presidente, al representante del Consejo General ante la Comisión Substanciadora para los efectos señalados en la fracción anterior;

    "XXIII. Convocar a Congresos Estatales o Regionales de Jueces, asociaciones profesionales representativas e instituciones de educación superior, a fin de evaluar el funcionamiento de los órganos del Poder Judicial de la entidad y proponer las medidas pertinentes para mejorarlos;

    "XXIV. Apercibir, amonestar e imponer multas, hasta de ciento ochenta días del importe del salario mínimo general vigente en la zona metropolitana de Guadalajara al día de cometerse la falta, a quienes falten al respeto a algún órgano o miembro del Poder Judicial del Estado en las promociones que hagan ante el Consejo General del Poder Judicial del Estado;

    "XXV. Elaborar anualmente una lista con los nombres de las personas que puedan fungir como auxiliares de la administración de justicia ante los órganos del Poder Judicial del Estado, ordenándolas por ramas, especialidades y partidos judiciales;

    "XXVI. Ejercer el presupuesto de egresos del Poder Judicial del Estado, con excepción del que corresponde al Supremo Tribunal de Justicia, al Tribunal de lo Administrativo y al Tribunal Electoral;

    "XXVII. Coordinar y supervisar el funcionamiento de los órganos auxiliares del Consejo General del Poder Judicial del Estado;

    "XXVIII. Nombrar a los servidores públicos de los órganos auxiliares del Consejo General del Poder Judicial del Estado, y acordar lo relativo a sus ascensos, licencias, remociones y renuncias;

    "XXIX. Fijar los periodos vacacionales de los Jueces de primera instancia, menores y de paz;

    "XXX. Administrar los bienes muebles e inmuebles del Poder Judicial de la entidad, a excepción de los que correspondan al Supremo Tribunal de Justicia, al Tribunal de lo Administrativo y al Tribunal Electoral, cuidando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento;

    "XXXI. Fijar las bases de la política informática y de información estadística que permitan conocer y planear el desarrollo del Poder Judicial del Estado;

    "XXXII. Investigar y determinar las responsabilidades de los servidores públicos del propio consejo, de los juzgados de primera instancia, menores y de paz; en su caso, imponer las sanciones, en los términos y mediante los procedimientos establecidos en las leyes, en los reglamentos y acuerdos que el consejo dicte en materia disciplinaria;

    "XXXIII. Realizar visitas extraordinarias o integrar comités de investigación, cuando estime que se ha cometido una falta grave o cuando así lo solicite el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la Visitaduría Judicial o a la Contraloría del Poder Judicial del Estado;

    "XXXIV. Dictar las medidas que exijan el buen servicio y la disciplina en las oficinas de los juzgados de primera instancia, menores y de paz y órganos auxiliares del Consejo General del Poder Judicial del Estado;

    "XXXV. Regular las autorizaciones para abandonar el lugar de residencia de los funcionarios judiciales en los casos contemplados en el presente ordenamiento;

    "XXXVI. Dictar las disposiciones necesarias para la recepción, control y destino de los bienes asegurados y decomisados; y

    "XXXVII. Desempeñar cualquier otra función que la ley encomiende al Consejo General del Poder Judicial del Estado."

  10. "Artículo 39.

    "1. Las comisiones someten a la asamblea el proyecto de convocatoria, para su aprobación y publicación, dirigida a los partidos políticos, instituciones de educación superior, colegios de abogados, y demás organizaciones sociales y civiles, para que presenten candidatos ante las fracciones o grupos parlamentarios representados en el Congreso del Estado. Esta convocatoria deberá contener cuando menos lo siguiente:

    "a) El cargo vacante;

    "b) Los requisitos de elegibilidad para el desempeño del cargo, conforme a las disposiciones constitucionales y legales aplicables al caso;

    "c) El lugar y la fecha en que puedan recibirse las propuestas y los documentos que acrediten que el candidato reúne los requisitos para ocupar el cargo. Los mencionados documentos no serán devueltos a los interesados;

    "d) Fecha límite para que las fracciones o grupos parlamentarios, realicen las propuestas;

    "e) Fecha en que deba realizarse el nombramiento; y

    "f) Procedimiento a seguir en caso de no realizarse la elección del Magistrado en los plazos señalados, así como en el caso de que los candidatos propuestos no alcancen la votación requerida."

  11. "Artículo 106. Para ser Juez de primera instancia se requiere:

    "I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

    "II. No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de veintisiete al día de la designación;

    "III. Ser abogado o licenciado en derecho, con título registrado en la Dirección de Profesiones del Estado;

    "IV. Acreditar cuando menos cinco años de práctica profesional desde la obtención de la cédula provisional, de conformidad con la Ley de Profesiones del Estado;

    "V. Aprobar el examen de oposición;

    "VI. Tener reconocida probidad y honradez; y

    "VII. No haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal.

    "Para el nombramiento de Jueces, en igualdad de circunstancias, se preferirá al aspirante que preste sus servicios con eficiencia, probidad y honradez en la administración de justicia."

    "Artículo 117. Para ser Juez menor o de paz se requiere:

    "I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

    "II. Tener cuando menos veinticinco años y no más de sesenta y cinco de edad al día de su designación;

    "III. Haber cursado, cuando menos, la instrucción secundaria;

    "IV. Tener residencia mínima de un año a la fecha del nombramiento en el lugar de su adscripción;

    "V.G. de reconocida probidad y honradez; y

    "VI. No haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal."


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