Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

SEXTO.-Incompetencia del Congreso Local para incrementar el número de participantes en los debates del órgano de dirección superior del organismo electoral local. En su primer concepto de invalidez, el PRD reclama el artículo 3o., fracción II, sexto párrafo, de la Constitución Política del Estado de Puebla, cuyo texto es el que se subraya a continuación: Ver votación 1

"Artículo 3o. ...

"II...

"El consejo general del instituto se integrará por:

(Reformado, P.O. 28 de octubre de 2011)

"a) Un consejero presidente con derecho a voz y voto.

(Reformado, P.O. 29 de julio de 2015)

"b) Seis consejeros electorales con derecho a voz y voto;

"c) (Derogado P.O. 29 de julio de 2015)

(Reformado, P.O. 29 de julio de 2015)

"d) Un representante de partido por cada uno de los partidos políticos con registro, previa acreditación, con derecho a voz y sin voto;

(Reformado, P.O. 29 de julio de 2015)

"e) El secretario ejecutivo del instituto, quien es también el secretario del consejo general, con derecho a voz y sin voto;

f) (Derogado, P.O. 28 de octubre de 2011)

g) (Derogado, P.O. 28 de octubre de 2011)

(Reformado, P.O. 29 de julio de 2015)

"Los partidos políticos representados en el Congreso podrán participar mediante un representante legislativo en las sesiones del consejo general como invitados permanentes, no contarán para la integración del quórum, y sólo tendrán derecho a voz sin voto."

SÉPTIMO.-Incompetencia del Congreso Local para regular coaliciones (prohibir a los partidos nacionales coaligarse en su primera elección). En su segundo concepto de invalidez, el partido MORENA reclama el artículo 4o., fracción V, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Puebla, en la parte que establece prohibiciones a los partidos políticos nacionales, en los siguientes términos:

Desestimación de las acciones acumuladas respecto de la porción normativa que establece: "... formar frentes, ... o fusiones, ni ..." Ver votación 3

En el proyecto sometido a la consideración del Tribunal Pleno se propuso la declaración de invalidez, por ausencia de competencia para emitirlas, de las porciones normativas que dicen "... formar frentes, ... o fusiones, ni ..."; ya que la prohibición para que los partidos con registro nacional o local intervengan en las elecciones bajo estas formas de participación política, antes de la conclusión de la primera elección federal o local inmediata posterior a su registro, según corresponda, ya fue prevista en el artículo 85, párrafo 4, de la Ley General de Partidos Políticos, sin importar que esa primicia ocurra a nivel local o federal, por lo que a las Legislaturas de los Estados se les vedó la posibilidad de ampliar o reducir este requisito, como sería exigirles a los partidos que la primera elección en la que prueben su fuerza electoral ocurra precisamente en Puebla, no obstante que lo único que la Ley General de Partidos Políticos les exigió a los partidos nacionales, fue que participaran en cualesquiera elección del país, para que, posteriormente, pudieran legalmente agruparse con otras organizaciones en frentes o fusiones en el ámbito local o federal.

Ahora bien, como al someterse a la consideración del Tribunal Pleno la propuesta de invalidez de las porciones normativas que establecen "... podrá formar frentes, ... o fusiones, ni ..."; aun siendo mayoritaria por 6 votos de los Ministros G.O.M., L.R., Z.L. de L., M.M., S.C. y A.M.; no alcanzó la votación calificada de 8 votos, con fundamento en el artículo 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, si fueren aprobadas por cuando menos ocho votos, y que si no se aprobaran por la mayoría indicada, el Tribunal Pleno desestimará la acción ejercitada y ordenará el archivo del asunto; procede desestimar las acciones acumuladas por lo que hace a este argumento (los Ministros F.G.S., P.R., S.M. y P.D. votaron en contra).

En atención a lo expuesto en el presente considerando, exclusivamente debe invalidarse del artículo 4o., fracción V, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Puebla, en la porción normativa que dice "... coaliciones ..."; por invadir las atribuciones del Congreso de la Unión; y desestimarse las acciones acumuladas por lo que hace a la porción normativa que establece "... formar frentes, ... o fusiones, ni ..."; con lo cual dicho párrafo podrá leerse de la forma como se aprecia en el siguiente cuadro comparativo:

Ver cuadro comparativo 1

Ver votación 4
Ver cuadro comparativo 2

El PRD sostiene que existe una discrepancia sustancial, porque el precepto reclamado establece límites menores y criterios distintos a los de la base prevista en la N.F., subordinando la Constitución Estatal a que el legislador ordinario local establezca normas con parámetros también distintos a los previstos en la Constitución Federal, y particularmente, en el caso de las precampañas, establezca de manera general y absoluta que en cualquier caso durarán 10 días, con lo que eliminó el referente proporcional que señala la Carta Magna.

El Partido MORENA añade que la razón por la cual se establecieron límites mínimos y máximos en el inciso j) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitucional Federal -y no plazos fijos-, fue con motivo de las elecciones intermedias, porque cuando sólo se elijan diputados o Ayuntamientos, las campañas electorales pueden durar tan sólo 30 días; pero cuando tales elecciones concurran con la de gobernador, deberán durar el mismo lapso (60 días); o mejor todavía, cuando coincidan con la presidencial, deberán extenderse hasta los 90 días que establece la legislación electoral federal, tal como lo disponen los artículos 41, base IV, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y el artículo 251 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los siguientes términos:

Constitución Federal

"Artículo 41. ...

(Reformado, D.O.F. 10 de febrero de 2014)

"IV. ... La duración de las campañas en el año de elecciones para presidente de la República, senadores y diputados federales será de noventa días; en el año en que sólo se elijan diputados federales, las campañas durarán sesenta días. En ningún caso las precampañas excederán las dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas electorales."

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

"Artículo 251.

"1. Las campañas electorales para presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados, en el año que corresponda, tendrán una duración de noventa días.

"2. Las campañas electorales para diputados, en el año en que solamente se renueve la Cámara respectiva, tendrán una duración de sesenta días."

A continuación, el partido señala, en vía de ejemplo, que la duración de cada una de las campañas en procesos como el del año 2018, será de 90 días, incluyendo, por supuesto, las campañas locales y municipales concernientes, pues sería irrazonable tener en un mismo proceso comicial, superpuestas, diversas etapas para campañas electorales con distinta duración, en tanto esa previsión no contribuye a brindar certeza a los electores por la realización de actos con desfase de etapas que tal fenómeno implicaría.

Con base en lo anterior, el partido citado en último término concluye que de la interpretación conjunta de las normas constitucionales señaladas, si en el año en que sólo se eligen diputados federales (es decir, cuando no se elija presidente y senadores), las campañas deben durar 60 días, ello significa que si concurren elecciones de Ayuntamientos o diputados locales, con alguna elección federal, la duración de éstas, alcanza a aquéllas por un principio de unidad de los procesos en que concurren, porque el inciso n) de la fracción IV del artículo 116 constitucional ordena garantizar que en las Constituciones y leyes electorales de los Estados, se verifique, al menos, una elección local en la misma fecha en que tenga lugar alguna de las elecciones federales, tal como se aprecia del texto siguiente:

Constitución Federal

(Reformado, D.O.F. 17 de marzo de 1987)

"Artículo 116. ...

"Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

"...

(Reformado primer párrafo, D.O.F. 10 de febrero de 2014)

"IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:

"...

(Adicionado, D.O.F. 10 de febrero de 2014)

"n) Se verifique, al menos, una elección local en la misma fecha en que tenga lugar alguna de las elecciones federales."

Son infundados los argumentos de los partidos políticos, porque la norma reclamada al prever plazos inflexibles para campañas y precampañas sólo atiende el texto expreso del artículo 116, fracción IV, inciso j), de la Constitución Federal, el cual ordena que "en todo caso", la duración de las campañas será de 60 a 90 días para la elección de gobernador, y de 30 a 60 días cuando "sólo" se elijan diputados locales o Ayuntamientos, de manera que el citado artículo 116 otorga a las Legislaturas de los Estados libertad para establecer los plazos que estimen convenientes para llevar a cabo las campañas electorales dentro de esos márgenes temporales, sin poder excederlos o disminuirlos.

Consecuentemente, si el legislador local actuó dentro de esos límites para establecer el de 60 días para la campaña de gobernador, y el de 30 días para las campañas para la renovación de los integrantes de los Ayuntamientos, así como para la elección de diputados locales, no hay duda que la norma reclamada se ajusta a lo dispuesto dentro de los márgenes previstos en la Constitución Federal.

Sirve de apoyo a la anterior conclusión, lo resuelto por este Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 45/2015 y sus acumuladas 46/2015 y 47/2015, en su sesión pública correspondiente al 10 de septiembre de 2015.

No obstante lo anterior, y con el objeto de generar certeza jurídica, este Tribunal Pleno considera conveniente precisar que el artículo 4o., fracción I, inciso c), debe interpretarse en el sentido de que cuando sólo se trate de las campañas para la elección de diputados locales o de Ayuntamientos, se deberá aplicar el plazo de 30 días a que se refiere la norma, pero cuando coincida alguna de éstas con la campaña para la elección de gobernador, se deberá aplicar el plazo de 60 días de campaña para todas ellas, por lo complejo que sería vigilar el respeto de alguna distinción que quisiera hacerse entre el tiempo que durara la propaganda de unos y otros candidatos, cuando lo cierto es que todos ellos participan en forma coincidente en contiendas electorales con una fecha de jornada comicial común.

Sería irrealizable, por ejemplo, iniciar el periodo de las campañas de los diputados locales e integrantes de los Ayuntamientos con una duración de 30 días, y que cuando estas elecciones coincidan con la elección del gobernador, prohibirles a los candidatos a esos puestos emitir propaganda, pero sí continuar autorizándola a quienes contienden para poder ser titulares del Poder Ejecutivo Local, por otros 30 días más, no obstante que lo más habitual es que tanto en la elección de munícipes y diputados, así como en la de gobernador, participen los mismos partidos.

Finalmente, como el plazo de 10 días para la celebración de las precampañas no rebasa al parámetro que señala el artículo 116, fracción IV, inciso j), de la Constitución Federal (dos terceras partes de los plazos de campaña), también debe reconocerse la validez de la norma reclamada en este aspecto.

En consecuencia, procede reconocer la validez del artículo 4o., fracción I, inciso c), de la Constitución Política del Estado de Puebla a condición de que se interprete en el sentido de que cuando sólo se trate de las campañas para la elección de diputados locales o de Ayuntamientos, se aplicará el plazo de treinta días y cuando coincida alguna de éstas con la campaña para la elección de gobernador, se aplicará el plazo de sesenta días.

Ver votación 5

• No hay certeza en el decreto impugnado respecto de las garantías mínimas necesarias para implementar en Puebla la igualdad sustancial, y no meramente formal, en la postulación y acceso de las mujeres a los cargos de elección popular en los órganos colegiados de Gobierno Estatal y Municipal, pues su contenido no armoniza con los derechos fundamentales previstos en las Normas Supremas que integran el orden jurídico nacional.

• En la tesis jurisprudencial 6/2015, de la S. Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se estableció que la paridad de género debe observarse en la postulación de candidaturas para la integración de órganos de representación popular federales, estatales y municipales.

• El Constituyente Local omitió disponer las bases para que los partidos políticos establecieran reglas sobre paridad de género en las postulaciones de candidatos a integrar los Ayuntamientos, pues el artículo 3o., sólo habla de ese principio en cuanto a la integración de la Legislatura, pero ninguno de los señalados preceptos de la Carta Magna Local estatuye, al menos, bases claras y precisas tendentes a que:

a) Exista alternancia en las postulaciones de candidatos a diputados y a ediles;

b) Los suplentes sean del mismo género que los propietarios;

c) El número de candidaturas a presidentes y presidentas municipales sea paritario en todo el Estado;

d) El número de candidaturas a diputadas sea paritario; y,

e) Se garantice la igualdad material en las postulaciones entre los géneros.

• Si bien el artículo 11 de la Constitución Política Local dispone que las mujeres y los hombres son iguales ante la ley, lo cierto es que esta norma es anterior a la reforma a la Ley Suprema en materia político electoral de 10 de febrero de 2014, y en todo caso, no fue complementada en la Constitución Local en función al principio de progresividad.

• El artículo 11 de la Carta Magna Local, no logra garantizar por sí mismo la igualdad material ante la ley, ni el menoscabo de los derechos políticos que genéricamente proclama, puesto que existe ahora un precepto específico de la Constitución Estatal (el 3o., fracción III, primer párrafo, in fine), que excluye la garantía del principio de paridad entre géneros de las candidaturas a integrantes de los Ayuntamientos, al establecer ese derecho únicamente para el caso de la integración del Congreso del Estado, así como también otros preceptos de la Constitución Estatal que, no obstante versar sobre la integración de los órganos colegiados de gobierno (los artículos 35 y 102), nada establecen respecto al principio de paridad o igualdad material entre géneros en materia de oportunidad de acceso a la legislatura y los Ayuntamientos.

• Lo anterior conlleva el riesgo de un trato desigualitario entre varones y mujeres en la postulación a los referidos cargos de elección popular. Todo esto aunado a que, ninguna otra reforma a la Constitución Local, anterior a la reclamada (y tampoco en las normas de esta última reforma, relativas al régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los candidatos independientes), se ha ocupado el Constituyente Local del tema de la paridad de género.

• El Constituyente Local, al emitir en el artículo 3o., la deficiente y escueta norma sobre paridad de género, omitió considerar que inclusive en el Estado de Puebla, según recientes estadísticas del Instituto Nacional Electoral, las mujeres conforman aproximadamente el 53.29% y los varones sólo el 46.71% de la lista nominal de electores de dicha entidad federativa.

• La S. Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la opinión SUP-OP-13/2015, emitida con motivo de una diversa acción de inconstitucionalidad, sostuvo que si el Constituyente Local deja de garantizar el principio de paridad de género en la integración de los Ayuntamientos, y sólo lo establece para el caso de integración de la Legislatura, transgrede el principio que es posible extraer de lo establecido en el artículo 41, base I, párrafo segundo, de la Constitución Federal.

Como primer punto, conviene comparar las normas constitucionales relativas a la paridad de género en materia electoral en la Constitución Federal y en la Constitución Política del Estado de Puebla, de lo que se observa lo siguiente:

Ver comparativo de normas

Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al respecto, dispone lo siguiente:

"Artículo 232.

"...

"3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

"4. El instituto y los organismos públicos locales, en el ámbito de sus competencias, tendrán facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros. ..."

Ahora bien, son infundados los argumentos del partido actor en los que esencialmente aduce una deficiente, por incompleta, regulación del principio de paridad de género en materia de postulación de candidaturas para la integración de los Ayuntamientos, ya que es un hecho notorio que con posterioridad a la emisión del decreto de reformas a la Constitución Política del Estado de Puebla, que se reclama en las presentes acciones acumuladas, el 22 de agosto de 2015, se promulgaron reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del mismo Estado, en cuyos artículos 201, párrafos penúltimo y último, y 203, se establecieron las reglas para atender al principio de paridad de género a nivel municipal, en los siguientes términos:

(Adicionado, P.O. 12 de diciembre de 2006)

"Artículo 201. ...

"...

(Adicionado, P.O. 22 de agosto de 2015)

"Respecto de los Ayuntamientos, los partidos políticos registrarán a sus candidatos por planilla, integrada por propietarios y suplentes invariablemente del mismo género, debiéndose conformar de manera paritaria entre los dos géneros.

(Adicionado, P.O. 22 de agosto de 2015)

"El instituto podrá rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros."

(Reformado, P.O. 22 de agosto de 2015)

"Artículo 203. Para los Ayuntamientos, los candidatos se registrarán por planillas integradas por propietarios y suplentes; debiendo conformarse por un presidente municipal y el número de integrantes que determine la Constitución del (sic) Local, así como la Ley Orgánica Municipal, garantizando la paridad de género en los términos de este código."

Consecuentemente, como a la fecha en el orden jurídico local ya existen reglas para garantizar la paridad de género en la postulación de candidatos para la integración de los Ayuntamientos, debe declararse infundado el argumento del partido actor en cuanto a la presunta deficiente regulación que alega, sin que sea el caso examinar la constitucionalidad de las normas recién transcritas, toda vez que al ser de fecha posterior a la presentación de las demandas respectivas, no es técnicamente posible hacer pronunciamiento alguno por no haber sido tan siquiera reclamadas.

Al respecto, conviene mencionar que este Tribunal Pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 13/2014 y sus acumuladas 14/2014, 15/2014 y 16/2014, en su sesión correspondiente al 11 de septiembre 2014, determinó sobre un problema similar lo siguiente:

"En este sentido, si bien la norma reclamada resultaba deficiente por omisión en regular los límites a la sobre y subrepresentación, vulnerando el principio de representación proporcional, como lo expresó el partido inconforme, al señalar que el mencionado precepto 27, mediante el cual se establece la conformación de las circunscripciones plurinominales para la elección de diputados por el citado principio, es omiso en establecer dichos límites.

"Lo cierto es que a nada práctico llevaría el que este Alto Tribunal declare existente dicha omisión, si advierte que ésta ya fue subsanada por la propia Legislatura, con independencia de lo correcto o incorrecto de dicha norma, lo cual, en su caso, será materia de una distinta impugnación.

"En este orden de ideas, resulta infundada la acción de inconstitucionalidad en contra de la omisión legislativa del Congreso del Estado de Chiapas, consistente en regular de manera deficiente el principio de representación proporcional en la integración del Congreso Estatal, al desatender el establecimiento de límites a la sobre y subrepresentación del partido dominante."

Ver votación 6

(Reformado primer párrafo, P.O. 22 de septiembre de 2000)

"Artículo 35. La elección de diputados por el principio de representación proporcional, se sujetará a lo que disponga el código respectivo y las siguientes bases:

"...

(Reformada, P.O. 29 de julio de 2015)

"II. Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación emitida en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, tendrá derecho a que le sean asignados diputados por el de representación proporcional."

El partido MORENA sostiene que es inconstitucional la norma reclamada porque, por un lado, el porcentaje del 3% que establece debió ser inferior, por la circunstancia de que el valor porcentual que representa cada escaño de los 41 que integran el Congreso Local, es del orden del 2.43%, es decir, se encuentra por debajo de aquel valor mencionado, por lo que debería bastar con que un partido alcance esta última cifra para que tuviera derecho a una curul de representación proporcional.

Por otro lado, el mismo partido aduce que indebidamente el porcentaje del 3%, que prevé la norma se aplica sobre el "total de la votación emitida" en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, esto es, sobre una masa de sufragios a la cual no se le han descontado los votos nulos, ni los otorgados a favor de los candidatos no registrados, y que una vez hecha esta depuración constituye la denominada comúnmente como "votación válida emitida", sobre la cual, en todo caso, debió aplicarse el referido 3%.

Para poder dar respuesta al primer argumento, debe tenerse en cuenta que conforme a la legislación electoral de Puebla, para que un partido político local conserve su registro, se requiere que obtenga al menos el 3% de la votación válida emitida, lo cual impide que por un porcentaje menor de votos se asigne una diputación de representación proporcional, pues se llegaría al absurdo de que un partido que no alcance ese 3% pierda su registro y, en cambio, a pesar de ello, tenga derecho a la asignación de un diputado de representación proporcional.

En este sentido, conviene reproducir el contenido del penúltimo párrafo de la fracción III del artículo 3o. de la Constitución Política del Estado de Puebla, el cual prevé el requisito del 3% para que un partido local conserve su registro estatal, en los siguientes términos:

"Artículo 3o. ...

"Los partidos políticos deberán de constituirse sólo por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo, corresponde a éstos el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en esta Constitución. El partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o L.L. le será cancelado el registro."

Ahora bien, este Tribunal Pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 45/2015 y sus acumuladas 46/2015 y 47/2015 (antes 38/2015 y sus acumuladas 45/2015, 46/2015 y 47/2015), en su sesión pública correspondiente al 10 de septiembre de 2015, estableció el criterio en el sentido de que debe existir coherencia entre el valor porcentual exigido para que los partidos políticos locales conserven su registro, y el previsto como requisito para acceder a la asignación de un diputado de representación proporcional, porque la demostración del mínimo de fuerza electoral para que un partido mantenga su reconocimiento legal, es condición imprescindible para que también pueda ejercer su derecho a participar en el Congreso Local con diputados de representación proporcional.

Por tanto, como en la especie el 3% constituye un referente uniforme que se exige tanto para la conservación del registro de los partidos locales, como para tener derecho a un diputado de representación proporcional, debe estimarse que, contrario a lo que sostiene el actor, no hay razón alguna para considerar que debió ser menor el porcentaje del 3%, para acceder a la asignación de una curul de representación proporcional, pues podría generarse el caso en que un partido que perdiera su registro por no alcanzar esta cifra, tuviera en cambio derecho a un diputado de representación proporcional, escenario inadmisible, porque supondría llevar al Congreso a candidatos postulados por partidos que han perdido su reconocimiento legal.

Procede ahora examinar si la base sobre la cual se aplica en este último caso ese valor porcentual, es la constitucionalmente correcta, aun cuando literalmente comprenda la suma total de los votos depositados en las urnas, incluidos los nulos y los otorgados a favor de los candidatos no registrados (total de la votación emitida); o bien, si el legislador debió excluir estos últimos votos para depurar esa masa global de sufragios antes de proceder a aplicar el valor del 3% sobre ella (votación válida emitida).

La respuesta a lo anterior se encuentra en la necesidad de que cada partido demuestre el genuino valor porcentual de su fuerza electoral, de modo tal que mediante las operaciones aritméticas respectivas se conozca con precisión en qué proporción obtuvo el respaldo de la voluntad popular expresada en las urnas, con el objeto de que pueda llevar al Congreso Local, en su caso, el mismo grado de representatividad ciudadana que genuinamente le corresponde.

En consecuencia, cuando la norma controvertida determina que todo partido político que alcance por lo menos el 3% "... del total de la votación emitida en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, ..."; tendrá derecho a que le sean asignados diputados de representación proporcional, debe entenderse en el sentido de que sólo se tomarán en cuenta, para los efectos de la aplicación de este precepto, los votos que tuvieron efectividad para elegir a los diputados de mayoría relativa, lo cual implica excluir los votos nulos y los de los candidatos no registrados, pues este tipo de sufragios tampoco son eficaces para realizar el cómputo ni a favor o ni en contra de candidato alguno a diputado en los distritos uninominales.

En resumen, si en la elección de diputados de mayoría relativa no se toman en cuenta los votos nulos, ni los emitidos a favor de candidatos no registrados, estos últimos tipos de sufragios tampoco cuentan para la primera asignación de diputados de representación proporcional, porque el porcentaje del 3% no se aplica sobre ellos, con lo cual, se cumple el propósito de tomar en cuenta sólo los sufragios eficaces para la elección de diputados por uno y otro principio.

En estas condiciones, y bajo la interpretación anterior, procede reconocer la validez de la fracción II del artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Puebla.

Para dar respuesta a lo anterior, ante todo se transcriben las disposiciones legales reclamadas, cuyo texto es el siguiente:

(Reformado, P.O. 13 de abril de 2009)

"Artículo 3o. ...

"II. ...

(Reformado, P.O. 29 de julio de 2015)

"La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo de la comisión correspondiente del Instituto Nacional Electoral; con excepción de los casos en que le sea delegada dicha función al Instituto Electoral del Estado, en términos de las disposiciones legales aplicables.

(Reformado, P.O. 29 de julio de 2015)

"La ley contemplará la conformación de la comisión correspondiente y de la estructura de la unidad encargada de desarrollar los trabajos de fiscalización que de acuerdo con las leyes generales en la materia le corresponden al organismo público local, estableciendo conforme a dichas disposiciones sus atribuciones y estructura."

(Reformado primer párrafo, P.O. 29 de julio de 2015)

"Artículo 4o. ...

"II...

"...

(Reformado, P.O. 29 de julio de 2015)

"La ley de la materia fijará los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes. Para el caso de que la autoridad nacional delegue las funciones relativas a la fiscalización, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten para precampañas y campañas se actuará conforme a las disposiciones aplicables.

"...

(Reformado primer párrafo, P.O. 29 de julio de 2015)

"III. El código de la materia deberá de instituir las bases obligatorias para la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y las autoridades electorales del Estado en materia de fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, en los términos que señala la Constitución Federal y las leyes en la materia."

(Reformado, P.O. 13 de abril de 2009)

"Las leyes correspondientes en sus ámbitos de aplicación respectivos, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos precedentes, así como el régimen de sanciones a que haya lugar."

Son infundados los argumentos del partido actor, porque si bien las Legislaturas Locales carecen de atribuciones para regular la fiscalización de los recursos de los partidos y de las campañas de los candidatos, tal como lo dispone la Constitución Federal en su artículo 41, base V, apartado B, inciso a), párrafo 6, el cual determina que "corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen esta Constitución y las leyes: a) Para los procesos electorales federales y locales: ... 6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos."; no debe perderse de vista que esta disposición se complementa, en el mismo Texto Constitucional, con otra para que el Instituto Nacional Electoral delegue su atribución fiscalizadora en favor de los organismos electorales locales, lo cual abre la posibilidad de un margen de intervención de las Legislaturas Locales en la regulación del proceso de fiscalización, a condición desde luego de que esta normatividad estatal adquiera aplicabilidad en forma excepcional para la recepción de la determinación delegatoria de dicho instituto, observando los siguientes límites:

a) Sólo tiene obligatoriedad dentro del ámbito espacial estatal; y,

b) Sólo es vinculante dentro del régimen jurídico interno de la entidad federativa para las autoridades estatales, sin poder imponer ningún tipo de norma o condicionante a las facultades del Instituto Nacional Electoral.

En efecto, la facultad de fiscalización de partidos y candidatos es una atribución delegable en favor de los organismos públicos electorales locales, conforme a las siguientes normas de la propia N.F.:

• Artículo 41, base V, apartado C, párrafo segundo, inciso b), de la Constitución Federal, el cual establece que: "En los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho votos del consejo general, el Instituto Nacional Electoral podrá: ... b) D. en dichos órganos electorales las atribuciones a que se refiere el inciso a) del apartado B de esta base, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento."

• Artículo 41, base V, apartado B, último párrafo, de la Constitución Federal, el cual establece que: "En caso de que el Instituto Nacional Electoral delegue la función de fiscalización, su órgano técnico será el conducto para superar la limitación a que se refiere el párrafo anterior."

Consecuentemente, con apoyo en estas disposiciones constitucionales, las Legislaturas de los Estados se encuentran autorizadas para establecer la normatividad para el caso en que opere en favor del organismo electoral local la delegación de la facultad fiscalizadora de partidos y candidatos, tal como acontece en la especie, porque las normas controvertidas tienen como condición de aplicación la existencia de dicha delegación, y, por tanto, no hay la supuesta invasión que alega el partido actor, siempre y cuando su obligatoriedad se limite al territorial estatal sin generar obligaciones a cargo del Instituto Nacional Electoral.

Similar criterio sostuvo este Tribunal Pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 38/2014 y sus acumuladas 91/2014, 92/2014 y 93/2014, en su sesión pública correspondiente al 2 de octubre de 2014, en la cual, al examinar la legislación electoral del Estado de Nuevo León, estableció lo siguiente:

"172. Décimo quinto. Auditorías de partidos políticos. En el presente considerando se estudiará la constitucionalidad del artículo 97, fracción IV, de la ley Electoral para el Estado de Nuevo León, mismo que fue motivo de impugnación por parte del Partido del Trabajo, en el caso la norma establece lo siguiente:

"‘Artículo 97.

"‘...

"‘IV. Realizar auditorías a los partidos políticos y coaliciones; así como constituir de entre sus miembros, una Comisión de Vigilancia del Financiamiento Público y Privado que tendrá a su cargo la revisión de las auditorías que realice la Dirección de Fiscalización, a fin de vigilar el correcto cumplimiento de las formalidades para el ejercicio del financiamiento público y privado de los partidos políticos, en los términos de esta ley.’

"173. En el caso, el partido impugnante señaló, como argumento, lo siguiente:

"• Se considera que el precepto legal impugnado viola lo dispuesto por el artículo 41, base V, apartado B, inciso a), el numeral 6, y 73, fracción XXIX-U de la Constitución Federal.

"174. Así, en el caso concreto conviene decir que la impugnación en contra de la fracción en comento deviene en infundada, lo anterior debido a que derivado de los contenidos del artículo 116, fracción IV, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las Constituciones y leyes de los Estados acogerán criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de sus militantes y simpatizantes. Así, en el caso de la Constitución del Estado de Nuevo León, el artículo 42, párrafo sexto, establece una reserva legal para garantizar que los partidos políticos con registro estatal o nacional cuenten de manera equitativa y permanente con elementos para la realización de sus actividades, siempre y cuando las realicen en el Estado. En ella se establecerán las reglas para el financiamiento público de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y para actividades específicas, relativas a educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, que se otorgará a los partidos políticos que participen en las elecciones estatales y para la renovación de los integrantes de los Ayuntamientos de la entidad. En el caso, en la propia legislación comicial del Estado de Nuevo León se señala en su artículo 40, fracción V, que son obligaciones de los partidos el permitir la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos del Instituto Nacional Electoral facultados para ello, esto es, la norma resulta válida, toda vez que se utilizará solamente cuando exista la delegación del INE de dichas facultades, o en su caso de la Comisión Estatal Electoral cuando se deleguen en ésta las facultades de fiscalización previstas en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el Instituto Nacional Electoral, así como entregar la documentación que dichos órganos les requieran respecto a sus ingresos y egresos.

"175. De igual forma, el artículo 51 de la legislación electoral local establece que la comisión estatal electoral deberá contar con una Dirección de Fiscalización dependiente de la secretaría ejecutiva, que tendrá entre sus facultades las de ordenar la práctica de auditorías, directamente o a través de terceros, a las finanzas de los partidos políticos y presentar a la comisión estatal electoral los informes de resultados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los partidos políticos y candidatos independientes. Los informes especificarán las irregularidades en que hubieren incurrido los partidos políticos y candidatos independientes en el manejo de sus recursos; el incumplimiento de su obligación de informar sobre la aplicación de los mismos y, en su caso, propondrán las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable.

"176. Consecuentemente, es claro que los partidos políticos deben cumplir con sus obligaciones mandatadas directamente del artículo 116 de la Constitución Federal, la Constitución Local y la legislación electoral en comento, en virtud de ello, lo procedente es reconocer la validez del artículo 97, fracción IV, de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León."

El asunto anterior se aprobó, en la parte que interesa, conforme a la siguiente votación:

"Se aprobó por mayoría de siete votos de los señores Ministros G.O.M. en el entendido de que la norma se aplicará solamente cuando exista la delegación de las facultades del Instituto Nacional Electoral, C.D. en el entendido de que la norma se aplicará solamente cuando exista la delegación de las facultades del Instituto Nacional Electoral, L.R. en el entendido de que la norma se aplicará solamente cuando exista la delegación de las facultades del Instituto Nacional Electoral, A.M., S.C. de G.V. en el entendido de que la norma se aplicará solamente cuando exista la delegación de las facultades del Instituto Nacional Electoral, P.D. y presidente S.M., respecto de la propuesta del considerando décimo quinto, consistente en reconocer la validez del artículo 97, fracción IV, de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León. Los señores M.F.G.S., Z.L. de L. y P.R. votaron en contra."

A igual conclusión arribó este Tribunal Pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 90/2014, en su sesión pública correspondiente al 2 de octubre de 2014, en la cual, al examinar también la legislación electoral del Estado de Nuevo León, sostuvo lo siguiente:

"SEXTO.-Tema 2. Fiscalización.

"En relación con este tema, el partido accionante aduce lo siguiente:

"Que con el artículo 42, décimo quinto párrafo, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, el legislador local pretende llevar a cabo tareas de fiscalización cuya competencia no es atribución de una ley local, sino de una ley general, tal y como se advierte del artículo 41, base V, apartado B, inciso a), numeral 6, de la Carta Magna, del cual se desprende de manera expresa que es el Instituto Nacional Electoral el que tiene facultades para fiscalizar los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos tratándose de procesos electorales locales.

"Que no sólo transgrede el artículo 41 constitucional, sino también el numeral 73, fracción XXIX-U, que en esencia faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes generales (en este caso, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y Ley General de Partidos Políticos) para distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de partidos políticos, organismos y procesos electorales. De esta manera, el Poder Legislativo Federal, al expedir la Ley General de Partidos Políticos, determinó a través del artículo 7, numeral 1, inciso d), que corresponde al Instituto Nacional Electoral, la facultad de fiscalizar ingresos y egresos de los partidos políticos (nacionales y locales) y candidatos, por lo que debe declararse la invalidez del artículo combatido, puesto que el legislador local pretende regular tareas y facultades que corresponden al ámbito federal.

"A efecto de contestar los conceptos de invalidez hechos valer por el partido actor, es importante transcribir el contenido del artículo impugnado, que es del tenor siguiente:

"‘Artículo 42. ...

"‘La ley electoral establecerá entre otras, las disposiciones siguientes:

I. Las reglas para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus procesos de precampaña y en las campañas electorales, los montos máximos que tengan las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos o los candidatos, así como para dar a conocer el patrimonio que poseen al iniciar el periodo electoral y el establecimiento de las sanciones para el incumplimiento de las disposiciones que se expidan en estas materias.’

"En primer lugar, del texto anterior se desprende que la norma impugnada contiene un mandato de la Constitución Local para que en la legislación secundaria electoral se establezca lo siguiente:

"a) F. los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus procesos de precampaña y en las campañas electorales;

"b) Establezca los montos máximos que tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes;

"c) Ordene los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos o los candidatos;

"d) Dará a conocer el patrimonio que poseen al iniciar el periodo electoral; y

"e) Disponga las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de las disposiciones anteriores.

"Ahora, el artículo 116, fracción IV, incisos h) y j), de la Constitución Federal, el cual resulta aplicable al ámbito de las entidades federativas, prevé lo siguiente:

"...

"Este numeral fundamental deja a la competencia de las entidades federativas únicamente la fijación de los límites de las erogaciones, entre otros casos, en las precampañas y campañas electorales de los partidos políticos, así como fijar los montos máximos de las aportaciones de sus simpatizantes, además de disponer que las leyes ordenarán los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrán las sanciones que deban imponerse para el incumplimiento de las disposiciones que se expidan en estas materias.

"Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la organización de las elecciones es una función estatal que se lleva a cabo a través del Instituto Nacional Electoral, organismo público autónomo al que corresponde, dentro de los procesos electorales federales y locales, entre otras tareas, la relativa a la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, en los términos que señalen la propia N.F. y demás leyes.

"Sobre el particular, establece además que dicha tarea estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral; la ley desarrollará las atribuciones con las que contará para llevarla a cabo, y definirá los órganos técnicos que dependerán de él para realizar las revisiones atinentes, e instruir los procedimientos encaminados a aplicar las sanciones que correspondan; en el cumplimiento de sus atribuciones no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las autoridades federales y locales; podrá delegar esta tarea y, en este caso, su órgano técnico será el conducto para superar cualquier limitación a los derechos antes mencionados.

"Vinculado con lo anterior, el artículo segundo transitorio del decreto de reformas constitucionales en materia político electoral establece que el Congreso de la Unión debía expedir la Ley General de Partidos Políticos, para regular a los institutos políticos nacionales y locales, que tenía que contener, entre otros aspectos, un sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos de los institutos políticos, coaliciones y candidatos.

"Dentro del sistema de fiscalización referido con antelación, la norma citada debía incluir disposiciones relacionadas con las facultades y procedimientos necesarios para que se lleve a cabo de manera expedita y oportuna durante la campaña electoral; lineamientos homogéneos de contabilidad, que debe ser pública y de acceso por medios electrónicos; mecanismos para notificar al órgano competente del Instituto Nacional Electoral información sobre contratos celebrados durante la campaña y procesos electorales, y la relativa al gasto y condiciones de ejecución de los instrumentos celebrados; atribuciones para comprobar el contenido de avisos previos de contratación; lineamientos para asegurar la máxima publicidad de registros y movimientos contables, avisos previos de contratación y requerimientos para validarlas; facultad para que los partidos realicen pagos de publicidad exterior por conducto de la autoridad electoral, y sanciones.

"En concordancia con lo hasta aquí apuntado, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone que al Instituto Nacional Electoral corresponde, tanto en los procesos electorales federales como locales, la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y podrá delegar esta tarea a los organismos públicos locales.

"Además, señala que la función fiscalizadora se llevará a cabo conforme a los procedimientos en ella previstos; estará a cargo del consejo general (por conducto de su comisión de fiscalización), el cual está facultado, entre otras cosas, para emitir los lineamientos específicos en la materia, y verificar la capacidad técnica y operativa de los organismos públicos locales en caso de que determine delegarles la función en comento, supuesto en el cual, dichos entes deberán sujetarse a los lineamientos, acuerdos generales, normas técnicas y demás disposiciones que emita el consejo general, amén de que tendrán que coordinarse con la unidad técnica de fiscalización de la comisión fiscalizadora, que será el conducto mediante el cual podrán superar las limitaciones de los secretos bancario, fiduciario y fiscal.

"En relación con lo anterior, la Ley General de Partidos Políticos establece que ésta es de orden público, observancia general, y su fin es regular las disposiciones constitucionales aplicables a los institutos políticos nacionales o locales, así como distribuir competencias entre la Federación y las entidades, entre otras, en materia de fiscalización.

"Además, reitera que la función atinente le corresponde al Instituto Nacional Electoral, y precisa que éste podrá, de manera excepcional, con la aprobación de una mayoría calificada de los integrantes del consejo general, delegar dicha tarea a los organismos públicos locales en las elecciones de las entidades federativas.

"Finalmente, en lo que ahora interesa, la normativa en cita dispone que para ejercer la facultad de delegación antes referida, el Instituto Nacional Electoral debe verificar que el organismo público local de que se trate cuente con diversos elementos o condiciones entre los que conviene destacar dos, a saber, una estructura orgánica y de operación conforme al modelo emitido por el consejo general, y que establezca en su normatividad procedimientos acordes a la legislación federal en materia de fiscalización.

"Así las cosas, de las consideraciones anteriormente desarrolladas es dable desprender, en lo que interesa, que la legislación general en la materia faculta a las entidades federativas a contar con un órgano fiscalizador, y regular los procedimientos respectivos, siempre que se cumplan los lineamientos señalados con antelación, para el caso de que el Instituto Nacional Electoral decida delegarle las tareas de fiscalización propias de los comicios locales. Tanto así que, se insiste, incluso prevé que son algunas de las condiciones que debe tomar en consideración la autoridad electoral nacional para determinar si delega o no las funciones en cita.

"Por tanto, es dable concluir que los Estados tienen atribuciones para legislar en relación con las reglas para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus procesos de precampaña y en las campañas electorales, los montos máximos que tengan las aportaciones de sus militantes y simpatizantes, dichos aspectos, siempre que se ajusten a las consideraciones previstas al efecto en la legislación general.

"Por tanto, en este tenor el numeral impugnado, en la parte relativa a las reglas para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus procesos de precampaña y en las campañas electorales, los montos máximos que tengan las aportaciones de sus militantes y simpatizantes, así como el establecimiento de las sanciones para el incumplimiento de las disposiciones que se expidan en estas materias, resulta constitucional al estar acorde con lo que establece la Constitución Federal.

"Por tanto, procede reconocer la validez del artículo 42, párrafo décimo quinto, fracción I, en las porciones normativas que indican: ‘I. Las reglas para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus procesos de precampaña y en las campañas electorales, los montos máximos que tengan las aportaciones de sus militantes y simpatizantes;’ así como ‘y el establecimiento de las sanciones para el incumplimiento de las disposiciones que se expidan en estas materias.’ de la Constitución Política del Estado de Nuevo León.

"No obstante lo anterior, a juicio de este Tribunal Pleno la porción normativa del propio precepto que refiere a los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos o los candidatos, así como para dar a conocer el patrimonio que poseen al iniciar el periodo electoral invade las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le concede al Instituto Nacional Electoral, en su artículo 41, apartado B, precepto fundamental, cuyo tenor es el siguiente:

"...

"Así las cosas, toda vez que, como se adelantó, el Congreso de Nuevo León podía establecer en su normativa disposiciones relacionadas con el tema mencionado, y lo hizo en los mismos términos que la legislación general, con excepción a lo establecido en el numeral impugnado referente a los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos o los candidatos, así como para dar a conocer el patrimonio que poseen al iniciar el periodo electoral y el establecimiento de las sanciones para el cumplimiento de las disposiciones que se expidan en estas materias.

"Pues los preceptos señalados, como base para sostener la validez del artículo impugnado, únicamente se refieren a las reglas para las precampañas y las campañas, no abarca estos temas.

"Esta porción normativa se refiere a los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos o los candidatos, así como para dar a conocer el patrimonio que poseen al iniciar el periodo electoral y el establecimiento de las sanciones para el cumplimiento de las disposiciones que se expidan en estas materias.

"Por tanto, se declara la invalidez del artículo 42, párrafo décimo quinto, fracción I, en la porción normativa que indica ‘los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos o los candidatos, así como para dar a conocer el patrimonio que poseen al iniciar el periodo electoral’, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León."

El asunto anterior, en los temas que interesan, se aprobó en los siguientes términos:

"Se aprobó por mayoría de nueve votos de los Ministros C.D., L.R., F.G.S., Z.L. de L., P.R., A.M., S.C. de G.V., P.D. y presidente S.M., respecto de la propuesta del considerando sexto, consistente en reconocer la validez del artículo 42, párrafo décimo quinto, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, en las porciones normativas que citan ‘I. Las reglas para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus procesos de precampaña y en las campañas electorales, los montos máximos que tengan las aportaciones de sus militantes y simpatizantes;’ y ‘el establecimiento de las sanciones para el incumplimiento de las disposiciones que se expidan en estas materias;’. El señor M.G.O.M. votó en contra.

"...

"Se aprobó por mayoría de ocho votos de los Ministros C.D., L.R., F.G.S., Z.L. de L., P.R., A.M., S.C. de G.V. y presidente S.M., respecto de la propuesta del considerando sexto, consistente en declarar la invalidez del artículo 42, párrafo décimo quinto, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, en la porción normativa que cita ‘los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos o los candidatos, así como para dar a conocer el patrimonio que poseen al iniciar el periodo electoral’. Los Ministros G.O.M. y P.D. votaron en contra."

Finalmente, la interpretación anterior se corrobora con lo dispuesto en el artículo segundo transitorio, fracción I, inciso g), del decreto de reformas constitucionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, en cuanto señala que el Congreso de la Unión, al expedir las normas previstas en el inciso a) de la fracción XXI, y en la fracción XXIX-U del artículo 73 de la Constitución Federal, establecería, entre otras previsiones legales, un sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos con los que cuenten los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, en los siguientes términos:

"Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir las normas previstas en el inciso a) de la fracción XXI, y en la fracción XXIX-U del artículo 73 de esta Constitución, a más tardar el 30 de abril de 2014. Dichas normas establecerán, al menos, lo siguiente:

"I. La ley general que regule los partidos políticos nacionales y locales:

"...

"g) Un sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos con los que cuenten los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, que deberá contener:

"1. Las facultades y procedimientos para que la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos se realice de forma expedita y oportuna durante la campaña electoral;

"2. Los lineamientos homogéneos de contabilidad, la cual deberá ser pública y de acceso por medios electrónicos;

"3. Los mecanismos por los cuales los partidos políticos, las coaliciones y las candidaturas independientes deberán notificar al órgano de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la información sobre los contratos que celebren durante las campañas o los procesos electorales, incluyendo la de carácter financiero y la relativa al gasto y condiciones de ejecución de los instrumentos celebrados. Tales notificaciones deberán realizarse previamente a la entrega de los bienes o la prestación de los servicios de que se trate;

"4. Las facultades del Instituto Nacional Electoral para comprobar el contenido de los avisos previos de contratación a los que se refiere el numeral anterior;

"5. Los lineamientos para asegurar la máxima publicidad de los registros y movimientos contables, avisos previos de contratación y requerimientos de validación de contrataciones emitidos por la autoridad electoral;

"6. La facultad de los partidos políticos de optar por realizar todos los pagos relativos a sus actividades y campañas electorales, por conducto del Instituto Nacional Electoral, en los términos que el mismo instituto establezca mediante disposiciones de carácter general;

"7. La facultad de los partidos políticos de optar por realizar todos los pagos relativos a la contratación de publicidad exterior, por conducto del Instituto Nacional Electoral, y

"8. Las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de sus obligaciones."

Con base en lo anterior, la Ley General de Partidos Políticos dispuso, en relación con el tema de la delegación de sus facultades fiscalizadoras, lo siguiente:

"Artículo 8.

"1. El instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones en materia de fiscalización.

"2. El instituto podrá, excepcionalmente y con la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho votos de los integrantes del consejo general, delegar en los organismos públicos locales la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos locales, sus coaliciones y de los candidatos a cargos de elección popular en las entidades federativas.

"3. La secretaría ejecutiva del instituto someterá al consejo general los acuerdos de resolución en los que se deberá fundar y motivar el uso de esta facultad.

"4. Para el ejercicio de esta facultad, el instituto deberá valorar que el organismo público local de que se trate:

"a) Cuente con una estructura orgánica y de operación acorde al modelo, protocolos y lineamientos específicos que para tal efecto emita el consejo general;

"b) Establezca en su normatividad procedimientos acordes a la legislación federal en materia de fiscalización;

"c) Cuente con la infraestructura y el equipamiento necesario para el desarrollo de las funciones a delegar;

"d) Cuente con recursos humanos especializados y confiables, de conformidad con el Servicio Profesional Electoral Nacional;

"e) Ejerza sus funciones de conformidad con la normatividad federal y local electoral vigente, y

"f) El instituto podrá reasumir en cualquier momento las funciones de fiscalización delegadas, siempre que ello sea aprobado por la misma mayoría de ocho votos de los integrantes del consejo general.

"5. Los organismos públicos locales deberán ejercitar las facultades que le delegue el instituto sujetándose a lo previsto por esta ley, los lineamientos, acuerdos generales, normas técnicas y demás disposiciones que emita el consejo general."

"Artículo 25.

"1. Son obligaciones de los partidos políticos:

"...

"k) Permitir la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos del instituto facultados para ello, o de los organismos públicos locales cuando se deleguen en éstos las facultades de fiscalización previstas en el artículo 41 de la Constitución para el instituto, así como entregar la documentación que dichos órganos les requieran respecto a sus ingresos y egresos; ..."

Por último, conviene precisar que lo dispuesto en la fracción III del artículo 4o. de la Constitución Política del Estado de Puebla, en el sentido de que: "El código de la materia deberá de instituir las bases obligatorias para la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y las autoridades electorales del Estado en materia de fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, en los términos que señala la Constitución Federal y las leyes en la materia."; debe interpretarse en el sentido de que esta facultad sólo autoriza al legislador local para prever bases de coordinación obligatorias exclusivamente para las autoridades estatales, y con el único objeto de brindar operatividad y eficacia a los lineamientos que dicte el Instituto Nacional Electoral al delegar, en su caso, sus facultades de fiscalización, por lo que este instituto no queda vinculado a ninguna norma que se dicte con base en el precepto antes transcrito.

En estas condiciones, se reconoce la validez de los artículos 3o., fracción II, párrafos último, y penúltimo; y 4o., fracciones II, penúltimo párrafo; y III, párrafo primero, ambos de la Constitución Política del Estado de Puebla.

DÉCIMO SEGUNDO.-Efectos. La invalidez de las disposiciones declaradas inconstitucionales a lo largo de la presente ejecutoria, surtirá efectos en cuanto se notifiquen sus puntos resolutivos al Congreso del Estado de Puebla.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Son procedentes y parcialmente fundadas las acciones de inconstitucionalidad acumuladas a que este expediente se refiere.

SEGUNDO.-Se desestima la presente acción de inconstitucionalidad respecto del artículo 4o., fracción V, párrafo segundo, en la porción normativa que establece "... formar frentes, ... o fusiones, ni ...", de la Constitución Política del Estado de Puebla.

TERCERO.-Se declara la invalidez de los artículos 3o., fracción II, séptimo párrafo, y 4o., fracción V, párrafo segundo, en la porción normativa que establece "coaliciones", de la Constitución Política del Estado de Puebla, lo cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Puebla.

CUARTO.-Con la salvedad a que se refiere el punto resolutivo anterior, se reconoce la validez de las demás normas reclamadas, pero a condición de que el artículo 4o., fracción I, inciso c), se interprete en el sentido de que cuando sólo se trate de las campañas para la elección de diputados locales o de Ayuntamientos, se aplicará el plazo de treinta días, y cuando coincida alguna de éstas con la campaña para la elección de gobernador, se aplicará el de sesenta días; y el diverso 35, fracción II, se interprete en el sentido de que la votación referida en el citado precepto corresponde a la emitida para la elección de diputados de mayoría relativa en la primera asignación de diputados de representación proporcional, sin considerar los votos nulos ni los emitidos a favor de los candidatos no registrados, ambos de la Constitución Política del Estado de Puebla.

QUINTO.-Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta y en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.

N. por medio de oficio a las partes; y en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

En relación con el punto resolutivo primero:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los Ministros G.O.M., L.R., F.G.S., Z.L. de L., P.R., S.M., M.M.I., S.C. de G.V., P.D. y presidente A.M., respecto de los considerandos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación, al catálogo de temas y a las causas de improcedencia.

El Ministro C.D. no asistió a las sesiones de veinte y veintidós de octubre de dos mil quince previo aviso a la presidencia.

En relación con el punto resolutivo segundo:

Se pronunció una mayoría de seis votos de los Ministros G.O.M., L.R., Z.L. de L., M.M.I., S.C. de G.V. y presidente A.M., respecto del considerando séptimo, consistente en declarar la invalidez del artículo 4o., fracción V, párrafo segundo, en la porción normativa que establece "formar frentes ... o fusiones, ni", de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. Los M.F.G.S., P.R., S.M. y P.D. votaron en contra.

Dado el resultado obtenido, el Tribunal Pleno determinó desestimar el planteamiento consistente en declarar la invalidez del artículo 4o., fracción V, párrafo segundo, en la porción normativa que establece "... formar frentes ... o fusiones, ni ...", de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, al no alcanzar una mayoría calificada, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Ministro C.D. no asistió a la sesión de veintidós de octubre de dos mil quince previo aviso a la presidencia.

En relación con el punto resolutivo tercero:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los Ministros G.O.M., L.R., F.G.S. por consideraciones distintas, Z.L. de L. por consideraciones distintas, P.R. separándose de algunas consideraciones, S.M., M.M.I., S.C. de G.V., P.D. y presidente A.M. por consideraciones distintas, respecto del considerando sexto, consistente en declarar la invalidez del artículo 3o., fracción II, párrafo séptimo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. Los Ministros Z.L. de L. y presidente A.M. anunciaron sendos votos concurrentes.

Se aprobó por mayoría de diez votos de los Ministros G.O.M., C.D., L.R., F.G.S., Z.L. de L., P.R., S.M., M.M.I., P.D. y presidente A.M., respecto del considerando noveno, consistente en reconocer la validez del artículo 3o., fracción III, en la porción normativa que indica "Así como establecer las reglas para garantizar la paridad entre géneros de las candidaturas a integrantes de la Legislatura", de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. La M.S.C. de G.V. votó en contra y anunció voto particular. El Ministro presidente A.M. anunció voto concurrente.

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los Ministros G.O.M., L.R., F.G.S. con reservas y obligado por el criterio mayoritario, Z.L. de L., P.R. con reservas y obligado por el criterio mayoritario, S.M., M.M.I., S.C. de G.V., P.D. y presidente A.M., respecto del considerando séptimo, consistente en declarar la invalidez del artículo 4, fracción V, párrafo segundo, en la porción normativa que indica "coaliciones", de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.

El Ministro C.D. no asistió a la sesión de veintidós de octubre de dos mil quince previo aviso a la presidencia.

Se aprobó por unanimidad de once votos de los Ministros G.O.M., C.D., L.R., F.G.S., Z.L. de L., P.R., S.M., M.M.I., S.C. de G.V., P.D. y presidente A.M., respecto del considerando décimo segundo, relativo a los efectos.

En relación con el punto resolutivo cuarto:

Se aprobó por mayoría de nueve votos de los Ministros G.O.M. sin necesidad de la interpretación conforme, L.R., F.G.S., Z.L. de L., P.R., S.M. sin necesidad de la interpretación conforme, M.M.I., P.D. y presidente A.M. sin necesidad de la interpretación conforme, respecto del considerando octavo, consistente en reconocer la validez del artículo 4o., fracción I, inciso c), en la porción normativa que señala "Las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de las campañas será de sesenta días para la elección de gobernador y de treinta días para la elección de diputados locales y Ayuntamientos", de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, al tenor de la interpretación conforme consistente en que, cuando sólo se trate de la elección de diputados locales o Ayuntamientos se aplicará el plazo de treinta días, y cuando coincida con la elección de gobernador se aplicará el de sesenta días. La M.S.C. de G.V. votó en contra.

El Ministro C.D. no asistió a la sesión de veintidós de octubre de dos mil quince previo aviso a la presidencia.

Se aprobó por unanimidad de once votos de los Ministros G.O.M., C.D., L.R., F.G.S., Z.L. de L., P.R., S.M., M.M.I., S.C. de G.V., P.D. y presidente A.M., respecto del considerando décimo, consistente en reconocer la validez del artículo 35, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, al tenor de la interpretación conforme consistente en que la votación referida corresponde a la emitida para la elección de diputados de mayoría relativa en la primera asignación de diputados de representación proporcional, sin considerar los votos nulos ni los emitidos a favor de los candidatos no registrados. Los M.F.G.S., Z.L. de L. y S.M. anunciaron sendos votos concurrentes.

En relación con el punto resolutivo quinto:

Se aprobó por unanimidad de once votos de los Ministros G.O.M., C.D., L.R., F.G.S., Z.L. de L., P.R., S.M., M.M.I., S.C. de G.V., P.D. y presidente A.M..

El Ministro C.D. no asistió a la sesión de veintidós de octubre de dos mil quince previo aviso a la presidencia.

El Ministro presidente A.M. declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

Nota: La presente ejecutoria también aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación de 23 de diciembre de 2015.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, las consideraciones que contiene, aprobadas por 8 votos o más, en términos de lo dispuesto en el artículo 43 de la respectiva Ley Reglamentaria, se consideran de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de febrero de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.