Ejecutoria num. 2a./J. 155/2015 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 594763578

Ejecutoria num. 2a./J. 155/2015 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 155/2015 (10a.)
Localizacion:Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Enero de 2016, Tomo II , página 1626.
Fecha de Publicación:31 de Enero de 2016
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 139/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.VISITA DOMICILIARIA. LA SIMPLE NEGATIVA A RECIBIR LA ORDEN RELATIVA ACTUALIZA LA HIPÓTESIS NORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 85 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

VISITA DOMICILIARIA. LA SIMPLE NEGATIVA A RECIBIR LA ORDEN RELATIVA ACTUALIZA LA HIPÓTESIS NORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 85 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 139/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 28 DE OCTUBRE DE 2015. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS E.M.M.I., J.N.S.M., J.F.F.G. SALAS Y A.P.D.. DISIDENTE: M.B. LUNA RAMOS. PONENTE: J.N.S.M.. SECRETARIO: LUIS DE LA PEÑA PONCE DE LEÓN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y segundo del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Pleno de este Máximo Tribunal; toda vez que el presente expediente versa sobre la posible contradicción de criterios de Tribunales Colegiados de distintos circuitos derivados de asuntos que corresponden a la materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala, por lo que no resulta necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

Resulta ilustrativa la tesis P. I/2012 (10a.) del Pleno de este Máximo Tribunal, de rubro, texto y datos de publicación siguientes:

"Registro: 2000331

"Décima Época

"Instancia: Pleno

"Tesis aislada

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012

"Materia: común

"Tesis: P. I/2012 (10a.)

"Página: 9

CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).-De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el Texto Constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de A. o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito.

SEGUNDO

Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción II, de la Ley de A., toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito.

TERCERO

Ejecutorias contendientes. Con el propósito de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, resulta conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones en que se apoyaron las respectivas resoluciones de los Tribunales Colegiados contendientes.

  1. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo **********, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

    "CONSIDERANDO: ... QUINTO.-A manera de antecedentes del acto reclamado resulta conveniente relatar los siguientes hechos: Por escrito presentado ante la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el quince de octubre de dos mil trece, **********, promovió juicio de nulidad en contra de la resolución contenida en el oficio 600-33-2013-4486, de dieciocho de septiembre del mismo año, emitida por el administrador local jurídico de Acapulco, a través de la cual resolvió el recurso de revocación **********, en el sentido de confirmar la diversa resolución contenida en el oficio 500-10-00-02-04-2013-4745, de veintiséis de junio de dos mil trece, emitida por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Acapulco, a través de la cual se le determinó un crédito fiscal por la cantidad de trece mil setecientos veinte pesos cero centavos, moneda nacional ($**********), por concepto de multa (fojas de la 1 a la 20 del expediente de origen). Mediante proveído dictado el diecisiete de octubre de dos mil trece, la Magistrada instructora admitió a trámite la demanda de mérito en la vía sumaria, ordenándose correr traslado con copia de la misma y de sus anexos a la parte demandada, radicando el juicio con el número ********** (foja 21 ibídem). Por oficio presentado el veintinueve de noviembre del año en cita, la autoridad demandada dio contestación al libelo inicial, la cual fue acordada de conformidad por auto dictado el dos de enero de dos mil catorce; proveído en el que, se ordenó dar vista a la parte actora con el oficio de contestación y de los anexos que se acompañaron, para que de ser el caso ampliara su demanda, lo cual hizo mediante escrito presentado el veintisiete siguiente, al que recayó el acuerdo de veintinueve del mismo mes y año, en el que a su vez se ordenó correr traslado con copia del escrito de ampliación a la demandada para que produjera su contestación a la misma, lo que hizo el doce de febrero inmediato posterior, acordado por auto de trece siguiente (fojas de la 23 a la 46 ibídem). Así las cosas, mediante proveído dictado el veintiséis de febrero de dos mil catorce, se declaró cerrada la instrucción (foja 48), y el treinta y uno de marzo siguiente se dictó sentencia, en la que se declaró que la parte actora no probó su pretensión, por lo que se reconoció la validez tanto de la resolución impugnada como de la recurrida (fojas de la 49 a la 56); fallo que constituye el acto reclamado en esta contienda constitucional. Ahora bien, la quejosa aduce toralmente en el único concepto de violación hecho valer, que la sentencia reclamada es violatoria de las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con los numerales 42, fracción V, 49 y 81, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, por los motivos siguientes: a) Porque contrario a lo considerado, no ha incurrido en el supuesto de infracción previsto en el artículo 85, primer párrafo, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, el cual no fue legalmente interpretado y sí por el contrario aplicado en su perjuicio, debido a que la Magistrada resolutora pasó por alto que dicho precepto legal no establece de manera expresa como infracción el negarse a recibir una orden de visita, que es el motivo por el cual la autoridad hacendaria consideró procedente la determinación de la multa que se le impuso; luego entonces, al no encontrarse debidamente previsto en la norma que el no recibir una orden sea equivalente a impedir u oponerse a que se practique una visita, procedía declarar la nulidad de la multa determinada, atento a su indebida fundamentación y motivación. b) Porque la actitud sancionada por la citada fracción I del artículo 85 debe interpretarse, atendiendo a las definiciones de los vocablos ‘oposición’ y ‘oponer’, en el sentido de que la oposición a que dicho precepto se refiere, es el obstáculo o impedimento puesto por el contribuyente, que imposibilite a la autoridad fiscal llevar a cabo materialmente sus facultades de comprobación como lo sería, que el contribuyente cierre deliberadamente las puertas de la negociación o bien se niegue a proporcionar la información o documentación requerida para su revisión. c) Porque el hecho de que no se hubiera recibido la orden de visita, únicamente puede causar un perjuicio hacia la visitada, ya que conforme al artículo 49, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, dicha cuestión sólo debe asentarse en el acta, sin que en nada afecte la validez de la misma. SEXTO.-Son infundados los conceptos de violación. Así se califican los argumentos de la quejosa, en virtud de que este Tribunal Colegiado de Circuito considera, como acertadamente lo determinó la Magistrada responsable, que de los hechos plasmados en el acta de veinte de junio de dos mil trece, se desprende que la persona que atendió la visita domiciliaria ordenada para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de expedición de comprobantes, hizo manifestaciones que se traducen en una oposición a su práctica, lo cual actualiza el supuesto de multa previsto en el artículo 85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación. Para efecto de sustentar con la debida exhaustividad la conclusión anunciada, conviene reproducir el contenido del acta citada, misma que consta en el expediente de origen en la literalidad siguiente: (transcribe acta de visita domiciliaria). De la transcripción anterior es posible advertir que la persona que atendió la visita de referencia, se ostentó como empleado de la negociación y se negó a recibir del ejecutor, el oficio por el que se sustenta la verificación correspondiente, ya que justificó su negativa en no contar con la autorización o permiso para ello, indicándole que regresara después para que fuera la dueña del local quien le atendiera. Asimismo, consta que el notificador explicó al referido empleado el contenido y alcance del documento que éste se negó a recibir (oficio que ordena la visita) e incluso, está circunstanciado que tras la primera negativa del citado empleado, el ejecutor hizo de su conocimiento que con esa actitud se estaba oponiendo al desarrollo de la visita ordenada, lo cual quedaría plasmado a través del levantamiento del acta respectiva y consta que, pese a la anterior prevención, el empleado que atendió la diligencia reiteró su actitud, pues insistió que no podía recibir documento alguno. En esa tesitura, es que se considera que si bien las manifestaciones del empleado que atendió al visitador, en abstracto, sólo constituyen una negativa para recibir documentos, ello en contraposición a lo que expone la quejosa, se traduce en una verdadera oposición al desahogo de la vista ordenada, en virtud de que dicha persona fue impuesta del alcance del documento que se rehusó a recibir y que con su actitud se estaba oponiendo al desarrollo de la verificación respectiva, lo cual indudablemente configura la actualización de la multa impuesta por la autoridad hacendaria. En relación al tema abordado, cabe precisar que en el procedimiento administrativo existe la necesidad de dar intervención a los particulares, cuyos derechos pueden resultar afectados por el acto administrativo, por lo que es indispensable que la ley establezca las medidas adecuadas para evitar ello y a su vez no se cause dilación o paralización del procedimiento. Por lo que, para que la autoridad pueda introducirse a un domicilio, requiere del permiso para acceder de la persona autorizada, acorde con lo previsto en el artículo 16 constitucional, que tutela la inviolabilidad del domicilio y la similitud entre una orden de cateo y una de visita domiciliaria y en ese entendido, la negativa a recibir la orden de visita, pese a que se había precisado el alcance de dicho documento, representa un obstáculo real para el desahogo de la misma, que si bien no constituye una conducta física que impida la práctica de la verificación (como el cierre del local), sí genera que la autoridad administrativa no pueda llevar a cabo la fiscalización correspondiente, en observancia de los derechos del contribuyente, quien con la actitud descrita en el acta de referencia, muestra su oposición a ello. Por tanto, se considera que la impetrante carece de razón al referir que la ‘oposición’ a que alude la conducta sancionada debe necesariamente reflejar una acción física o material, pues como ya se explicó, la negativa a recibir la citada orden, en el caso también representa una forma de obstaculizar las facultades de comprobación de la autoridad exactora, pues con dicha actitud hace manifiesta su falta de aprobación a resentir la presencia del ejecutor en su domicilio, en virtud de que incluso le refirió que se presentara en otro día y momento para que lo atendiera la dueña, lo cual sin duda afecta la fiscalización ordenada, toda vez que ésta se debe desahogar en la temporalidad previamente determinada, que en la especie comprendió únicamente ese día, tal como se aprecia de referida orden, al señalarse: (transcribe). En ese contexto, resulta evidente que al habérsele referido al ejecutor que regresara en otro momento e incluso 'otro día', es inconcuso que la conducta del empleado que atendió la diligencia, como bien le explicó el notificador en ese momento, obstaculiza la práctica de la visita domiciliaria fijada precisamente para dicha fecha, pues ésta necesariamente debía ser desahogada en esa data. Aunado a que la referida conducta del empleado también representa un obstáculo al desahogo de la visita ordenada, pues al referir que no tiene permiso o autorización para recibir el oficio que la dispone y que bajo esa justificación el ejecutor debía regresar en otro momento para ser atendido por la dueña, se afecta directamente a la naturaleza de dicha fiscalización, en virtud de que el propósito de la autoridad exactora en la especie es verificar el correcto acatamiento de las disposiciones fiscales en materia de expedición de comprobantes, lo que implica que para lograr ese cometido sea menester observar las transacciones ordinarias de la negociación visitada, sin dar aviso previo al contribuyente de dicha verificación para evitar en lo posible que altere la operación habitual de su negocio, lo cual por razones de orden lógico y sentido común, no se puede concretar al tener que regresar en otro momento por la negativa del empleado a recibir la orden correspondiente, por lo que se insiste, la conducta descrita en el acta materia de análisis, representa una oposición real a la práctica de la visita domiciliaria ordenada. En relación a las condiciones que favorecen el desahogo de una visita domiciliaria para verificar la expedición de comprobantes fiscales, conviene citar el contenido de la tesis 1a. LI/2011, con número de registro 162253, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 318, Tomo XXXIII, abril de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: ‘VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. CONDICIONES QUE FAVORECEN SU PRÁCTICA EFECTIVA.’ (transcribe texto). Por último, debe decirse que no resulta relevante que la fracción V del artículo 49 del Código Fiscal de la Federación establezca que la negativa a firmar el acta levantada tras el cierre de una visita domiciliaria por parte del visitado o de quien atienda la diligencia, sólo debe ser circunstanciada por el ejecutor, sin que ello afecte la validez o valor probatorio de la referida acta, toda vez que en el caso concreto, la conducta que se consideró para determinar la oposición a la práctica de una visita domiciliaria, no tiene relación con ese supuesto, pues al contrario, en la especie se obstaculizó la práctica de dicha diligencia al negarse el empleado a recibir la orden de visita e indicar al ejecutor que regresara en otro momento, lo cual como ya se explicó no permitió el desahogo de la verificación ordenada. En ese orden de ideas, este Tribunal Colegiado de Circuito estima que fue acertada la determinación de la autoridad responsable, en virtud de que por las razones antes expuestas, fue legal la imposición de la multa combatida al haberse actualizado una oposición a la práctica de una visita domiciliaria, en concreto aquella que se pretendió efectuar el veinte de junio de dos mil trece en la negociación de la aquí quejosa, por lo que, al resultar infundados los motivos de disenso, se impone negar el amparo solicitado." (El subrayado es propio de la presente ejecutoria).

  2. Por su parte, el Tribunal Colegiado de Circuito en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo **********, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

    "CONSIDERANDO: ... SEXTO.-A manera de antecedentes del acto reclamado resulta conveniente relatar los siguientes hechos. Por escrito presentado ante la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el veintisiete de marzo de dos mil doce, la sociedad mercantil denominada **********, por conducto de su representante legal M.A.F.C., promovió juicio de nulidad en contra de la resolución contenida en el oficio 600-75-2012-01664, de veintinueve de febrero del mismo año, emitida por el administrador local jurídico de Mérida, a través de la cual resolvió el recurso de revocación RR. ********** en el sentido de confirmar las diversas resoluciones contenidas en los oficios 500-39-00-06-02-2011-13612 y 500-39-00-06-02-2011-13613, ambos de catorce de septiembre de dos mil once, emitidas por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mérida, a través de las cuales se le determinaron los créditos fiscales ********** y **********, por las cantidades de **********, moneda nacional ($**********), cada una, por concepto de multas (fojas de la 1 a la 44 del expediente de origen). Previo requerimiento y cumplimiento del mismo, mediante proveído dictado el veintiséis de abril del año que transcurre, la Magistrada instructora admitió a trámite la demanda de mérito, ordenándose correr traslado con copia de la misma y de sus anexos a la parte demandada, radicando el juicio con el número ********** (fojas 45, 46, y de la 50 a la 86 ibídem). Por oficio presentado el veinte de abril del año en cita, la autoridad demandada dio contestación al libelo inicial, la cual fue acordada de conformidad por auto dictado el dos de mayo siguiente; proveído en el que, al ubicarse el asunto en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se ordenó dar vista a la parte actora con el oficio de contestación y de los anexos que se acompañaron, para que de ser el caso ampliara su demanda, lo cual hizo mediante escrito presentado el once siguiente, al que recayó acuerdo de veintitrés del mismo mes y año, en el que a su vez se ordenó correr traslado con copia del escrito de ampliación a la demandada para que produjera su contestación a la misma, lo que hizo el treinta inmediato posterior, acordado por auto de la misma fecha; mismo proveído en el que se hizo saber a los contendientes el derecho que tenían para formular alegatos, sin que ninguna de las partes lo hubiere ejercitado (fojas de la 90 a la 139, 345, de la 349 a la 352, y 359, y de la 363 a la 379 ibídem). Así las cosas, mediante proveído dictado el doce de junio del propio año, se declaró cerrada la instrucción (foja 383), y el veintiséis siguiente se dictó sentencia, en la que se declaró que la parte actora no probó su pretensión, por lo que se reconoció la validez tanto de la resolución impugnada como de las recurridas (fojas de la 384 a la 416); fallo que constituye el acto reclamado en esta contienda constitucional. Ahora bien, la quejosa aduce toralmente en el único concepto de violación hecho valer, que la sentencia reclamada -particularmente los razonamientos contenidos en su considerando quinto- es violatoria de las garantías consagradas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, en relación con el ordinal 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por los motivos siguientes: a) Porque la autoridad responsable valoró indebidamente las actas de doce de agosto de dos mil once, de las cuales supuestamente se desprende la infracción cometida (impedir u obstaculizar las facultades de comprobación de la autoridad hacendaria), sin embargo, contrario a lo considerado, no ha incurrido en el supuesto de infracción previsto en el artículo 85, primer párrafo, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, el cual no fue legalmente interpretado y sí por el contrario aplicado en su perjuicio, debido a que la Magistrada resolutora pasó por alto que dicho precepto legal no establece de manera expresa como infracción el negarse a recibir una orden de visita, que es el motivo por el cual la autoridad hacendaria consideró procedente la determinación de la multa que se le impuso; luego entonces, al no encontrarse debidamente previsto en la norma que el no recibir una orden equivalga a impedir u oponerse a que se practique una visita, procedía declarar la nulidad de las multas determinadas, atento a su indebida fundamentación y motivación. b) Porque como se desprende de las constancias de autos, los visitadores supuestamente siguieron las formalidades consignadas en los numerales 38, 42, fracción V, 49 y demás relativos y aplicables del código tributario, desarrollando la visita en todos sus aspectos como sostuvo incluso la responsable al analizar los conceptos de impugnación hechos valer, por lo que no puede equipararse el hecho de no recibir dicha orden a una oposición para que la visita se practique, perdiendo de vista que dicho supuesto legal (oposición) no se actualiza en el presente caso, ya que de los elementos constitutivos de la hipótesis prevista en la fracción I del citado artículo 85 no se actualiza pues no se desprende de ninguna constancia que obre en autos y mucho menos se advierte del texto de las referidas actas que haya habido una oposición a la visita, sino simplemente la persona con la que se entendió la diligencia señaló que no podía recibir ningún documento mas nunca que no quería, como erróneamente se sostuvo. c) Porque si de las actas en cuestión se desprende lo siguiente: ‘... a lo que manifestó «de viva voz» su negativa de designar testigos en vista de que no voy a recibir ningún oficio, por lo que ante tal eventualidad, el visitador procedió a designar como testigos a ...’ (texto que fue asentado en los mismos términos en las dos actas de visita, y que constituye el motivo por el cual se determinaron las multas combatidas), resulta indudable que es equivocado lo señalado por la responsable cuando refiere que de dichas actas se desprende la actualización de la hipótesis normativa contenida en el artículo 85, primer párrafo, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, consiguientemente, al no haberse configurado en el presente caso dicha hipótesis legal, la determinación de multa fundada en ese supuesto carece de todo sustento legal; pues se perdió de vista que el solo hecho de manifestar durante la práctica de una visita domiciliaria que no se recibirá el oficio que contiene la orden relativa, no puede equipararse a la intención y resultado de impedir físicamente que la autoridad pueda ejercer sus facultades de comprobación, habida cuenta que en el presente caso, sí se ejercieron tales facultades comprobatorias de la exactora con motivo de esa misma orden tal como se desprende de la propia sentencia y de las citadas actas que obran en el expediente del juicio de origen. d) Porque la actitud sancionada por la citada fracción I del artículo 85 debe interpretarse en el sentido de que la oposición a que dicho precepto se refiere, es la rebeldía física de la visitada (en su propio domicilio) para impedir el desarrollo de las facultades comprobatorias, situación de hecho que no quedó acreditada, debido a que no se puede impedir porque es una plaza y los locales o sucursales no tienen puerta por tratarse de unas islas comerciales a las que tiene acceso cualquier persona, y mucho más si es una autoridad federal; es decir, a lo que se refiere dicho precepto legal es cuando el contribuyente, responsable directo o terceros relacionados desplieguen conductas físicas (o sea, materiales o corporales) que tiendan a obstaculizar el inicio y/o desarrollo de las facultades de la autoridad exactora durante una visita domiciliaria, como lo sería, que el contribuyente cierre deliberadamente las puertas de la negociación, niegue el acceso al personal comisionado, ordene a los empleados de la empresa que retiren al personal actuante, disponga de los bienes muebles de la empresa de modo tal que la autoridad exactora no pueda acceder a su revisión, etcétera; lo que no aconteció en la especie, más aún, se insiste, cuando la autoridad hacendaria ejerció sus facultades y la propia responsable señaló que para ello se cumplieron con todas las formalidades establecidas en el artículo 49 del Código Fiscal de la Federación.