Ejecutoria num. 2a./J. 68/2018 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 737472169

Ejecutoria num. 2a./J. 68/2018 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 68/2018 (10a.)
Localizacion:Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 56, Julio de 2018, Tomo I, página 363.
Fecha de Publicación:31 de Julio de 2018
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 113/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS TENGAN COMO OBJETIVO CREAR CONDICIONES DE LIBRE COMPETENCIA Y CONCURRENCIA EN EL MERCADO DE LOS PETROLÍFEROS, COMO LO SON LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS GASOLINAS Y EL DIÉSEL.

 
CONTENIDO

ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS TENGAN COMO OBJETIVO CREAR CONDICIONES DE LIBRE COMPETENCIA Y CONCURRENCIA EN EL MERCADO DE LOS PETROLÍFEROS, COMO LO SON LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS GASOLINAS Y EL DIÉSEL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 113/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 23 DE MAYO DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS A.P.D., J.L.P., J.F.F.G.S., M.B. LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: A.P.D.. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ V.D..
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero, del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito.
Lo anterior encuentra apoyo, además, en el criterio contenido en la tesis P. I/2012 (10a.), que establece:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo Circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes Circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso Circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo Circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de A. o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes Circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo Circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un Circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente Circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito." [Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, P., tesis aislada, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, tesis P. I/2012 (10a.), página 9, registro digital: 2000331]
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
En efecto, los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227 de la Ley de Amparo,(1) fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, prevén que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran, los Jueces de Distrito y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante este Alto Tribunal, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
Según se expuso, dentro de los sujetos legitimados para denunciar una contradicción de tesis se encuentran los Magistrados integrantes de un Tribunal Colegiado, en el caso, la denuncia correspondiente fue formulada por el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, cuya ejecutoria dictada en el conflicto competencial **********, forma parte de la contradicción. Luego, es claro que está legitimado para formular la denuncia que nos ocupa, de conformidad con el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Ejecutorias contendientes. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de tesis denunciada, es menester formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto y, posteriormente, transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
I. Por lo que hace al conflicto competencial **********, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, resuelto en sesión de dos de marzo de dos mil diecisiete, tenemos como antecedentes, los siguientes:
1. ********** promovió demanda de amparo contra el Acuerdo 98/2016, emitido por el secretario de Hacienda y Crédito Público, por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación; la omisión de la Secretaría de Economía de aplicar lo dispuesto en el primer y segundo párrafos del artículo 28 de la Constitución Federal, pues está obligada a formular y conducir políticas generales de industria, abasto y precios del país, concretamente la omisión de fijar los precios; y la inaplicación del artículo 8 de la Ley Federal de Competencia Económica.
2. Tocó conocer de la demanda al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de A. y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, quien por acuerdo de diecinueve de enero de dos mil diecisiete la registró con el número **********, y declaró carecer de competencia para conocer del asunto porque los actos reclamados se ubican en la materia de competencia económica, por lo que, con apoyo en el decreto de reforma constitucional de once de junio de dos mil trece, sobre telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica y el Acuerdo General 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitió el expediente a un juzgado especializado.
3. El expediente fue turnado entonces, al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, quien registró la demanda con el número **********; y por auto de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, determinó no aceptar la competencia declinada, porque la naturaleza material de los actos omisivos reclamados es regulatoria y no tiene vinculación o relación directa con el ámbito de competencia económica, ya que no versa sobre temas relacionados con el proceso de competencia y libre concurrencia, ya sea para la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas o demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios.
4. Como consecuencia de lo anterior, el Juzgado de Distrito que originalmente conoció del asunto, insistió en declinar competencia, por lo que ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en turno del Décimo Quinto Circuito, para que resolviera el conflicto competencial.
5. Tocó conocer del conflicto competencial al Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, quien lo registró con el número **********, y en sesión de dos de marzo de dos mil diecisiete, determinó que el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, es el legalmente competente para conocer del asunto; en esa ejecutoria se sostuvo lo siguiente:
"TERCERO.—Este tribunal considera que la competencia legal para conocer de la demanda de amparo presentada por **********, corresponde al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, por las razones que a continuación se exponen:
"A efecto de resolver el problema en comento procede analizar el marco regulatorio de la creación de los órganos jurisdiccionales especializados en competencia económica.
"El dos de diciembre de dos mil doce, se firmó por el presidente de la República y los líderes nacionales de las tres principales fuerzas políticas del país, el denominado ‘Pacto por México’.
"Dicho pacto contiene cinco acuerdos:
"1. Sociedad de derechos y libertades;
"2. Crecimiento económico, empleo y competitividad;
"3. Seguridad y justicia;
"4. Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción; y,
"5. Gobernabilidad democrática.
"Para el caso de nuestra atención, interesa destacar el contenido del Acuerdo ‘Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad’.
"En este acuerdo se propuso intensificar la competencia económica en todos los sectores de la economía, con especial énfasis en sectores estratégicos como telecomunicaciones, transporte, servicios financieros y energía, por ser fundamental, ya que la competencia, se dijo, permite la generación de productos y servicios de mejor calidad a menores precios, lo cual incentiva el crecimiento de la economía, ayuda a reducir la desigualdad y la pobreza, así como detona procesos de innovación que fomentan el dinamismo económico, social y cultural de las naciones.
"Se expresó que para profundizar la competencia económica de México se instrumentaría una política de Estado basada en un arreglo institucional que la dotara de fuerza y permanencia. Como inicio de esa política de Estado se planteó la creación de Tribunales Especializados en Materia de Competencia Económica y Telecomunicaciones.
"En ese sentido, se señaló que se realizarían las reformas necesarias para crear tribunales especializados que permitieran dar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulan las actividades de telecomunicaciones y los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica.
"Asimismo, en dicho acuerdo se propuso realizar una reforma energética que fuera motor de inversión y desarrollo que convirtiera a ese sector en uno de los más poderosos motores del crecimiento económico a través de la atracción de inversión, el desarrollo tecnológico y la formación de cadenas de valor.
"En el propio pacto se estableció un calendario para implementar esas propuestas, por lo cual se reformaron los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la iniciativa del proceso legislativo que dio origen a dicha reforma se señaló lo siguiente:
"(se transcribe)
"Derivado de lo anterior, el once de junio de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ‘Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28 (cuya inobservancia reclama el quejoso), 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones’, en el cual se señaló lo siguiente:
"‘Artículo único.’ (se transcribe)
"‘Artículo 6o.’ (se transcribe)
"‘Artículo 28.’ (se transcribe)
"‘Artículo 94.’ (se transcribe)
"En la reforma constitucional referida, se instituyó la rama del derecho económico regulatorio y dentro de éste el derecho de competencia económica, el cual se encuentra inmerso en el numeral 28 constitucional y tiene como finalidad garantizar la libre competencia y la concurrencia, así como combatir las prácticas monopólicas.
"Materia que se dejó a cargo de órganos autónomos, cuyas resoluciones sólo son impugnables vía juicio de amparo indirecto a cargo de órganos jurisdiccionales especializados en la materia.
"En la iniciativa se planteó la necesidad de establecer esos órganos jurisdiccionales especializados para efecto de brindar certeza a los agentes económicos, mediante la aplicación eficaz y técnicamente informada de los marcos normativos que regulan esas actividades.
"Asimismo, se señaló que dicha certeza se garantizará por medio de juzgadores especializados en aspectos técnicos relacionados con la regulación en materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión.
"Por tanto, las razones que llevaron al legislador a crear los órganos jurisdiccionales en cuestión fueron en esencia las siguientes:
"a) Aplicación efectiva de la materia de competencia económica y telecomunicaciones para lograr su mejor regulación y cumplir con sus objetivos.
"b) Agilidad en la resolución de los medios de impugnación.
"c) Evitar el abuso del sistema de justicia para frenar la regulación que busca reducir las prácticas monopólicas anticompetitivas.
"d) Evitar que prevalezca el interés particular sobre el social.
"e) Decisiones congruentes, así como evitar criterios contradictorios que compliquen la aplicación de la ley y generen incertidumbre jurídica.
"f) Crear órganos que conozcan de aspectos técnicos de alta complejidad.
"Posterior a la reforma constitucional citada y en atención a los compromisos asumidos en el ‘Pacto por México’, el veinte de diciembre de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el ‘Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía.’, en el cual se reformaron los párrafos cuarto, sexto y octavo del artículo 25; el párrafo sexto del artículo 27; los párrafos cuarto y sexto del artículo 28; y se adicionan un párrafo séptimo, recorriéndose los subsecuentes en su orden, al artículo 27; un párrafo octavo, recorriéndose los subsecuentes en su orden, al artículo 28, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"En la iniciativa con proyecto de decreto que el Poder Ejecutivo Federal y los diputados coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Verde Ecologista de México, presentaron ante el Congreso de la Unión, y que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el doce de marzo de dos mil trece, se estableció:
"• Que en razón de lo anterior, se proponía reformar el artículo 28 constitucional, con varios objetivos: en primer término, reorganizar la estructura de dicho artículo, a fin de que todas las disposiciones relativas a los monopolios quedaran agrupadas de tal forma que el texto constitucional tuviera coherencia normativa.
"• Asimismo, se proponía que dicho artículo se convirtiera en el referente constitucional de los órganos reguladores, es decir, que contemplara al Banco de México como regulador de la política monetaria del país, al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Federal de Competencia Económica, incorporados de manera reciente al Texto Constitucional, por lo que se reagrupaban en apartados específicos para cada uno de dichos órganos, pero además se incorporaba al Fondo Mexicano del Petróleo, a la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como órganos encargados de regular la materia energética del país.
"• En lo que respecta a la Comisión Reguladora de Energía, se reiteró que se proponía se incorporara dentro del artículo 28 constitucional, como parte de los órganos reguladores en materia energética, que tendría bajo su responsabilidad el otorgamiento, la autorización y la revocación de permisos o concesiones para la generación y distribución de energía eléctrica que realizaran los particulares, así como para la refinación, procesamiento, distribución, transporte y almacenamiento del petróleo y de los hidrocarburos, conforme a las disposiciones, requisitos y condiciones que contemplara la legislación que el Congreso de la Unión aprobara.
"• Se señaló que, como parte de los órganos reguladores propuestos la Comisión Reguladora de Energía, sería un órgano autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que debía regular la generación, control operativo, transmisión, distribución, comercialización, así como el desarrollo eficiente del suministro y venta de energía eléctrica, que realizaran el Estado y los particulares. Con la reforma propuesta, se expuso, dicha comisión sería el órgano regulador de las actividades de refinación, procesamiento, distribución, transporte y almacenamiento del petróleo y de los hidrocarburos que realizara el Estado por sí, los operadores de manera independiente o ambos de manera conjunta. Asimismo, fomentaría una sana competencia entre los distintos operadores, incluida la Comisión Federal de Electricidad, protegería los intereses de los usuarios, propiciaría una adecuada cobertura nacional y atendería a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.
"• En síntesis, se anotó, la incorporación de esos 3 órganos constitucionales autónomos se sumaba a los ya existentes en el artículo 28 constitucional, mediante la primera reforma de once de junio de dos mil trece.
"Por ello, en la parte transitoria del decreto de veinte dediciembre de dos mil trece (posterior reforma), se indicó:
"‘Décimo.’ (se transcribe)
"El artículo 28, reformado en el decreto de referencia, es como sigue:
"‘Artículo 28.’ (se transcribe)
"En atención al marco normativo constitucional expuesto, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 22/2013, relativo a la creación de los nuevos órganos judiciales en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, publicado el nueve de agosto de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, el cual establece lo siguiente:
"(se transcribe)
"En el punto cuarto transitorio se precisó que los órganos especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, conocerán de los amparos indirectos y los recursos derivados de ellos relacionados con la materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.
"En ese orden de ideas, en cuanto a la especialización en competencia económica, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 84/2016, que derivó de los conflictos competenciales **********, **********, **********, **********, ********** y **********, dispuso que, en atención a la reforma constitucional del once de junio de dos mil trece, es posible establecer que la competencia por materia en favor de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, se surte en aquellos casos en que se debe dirimir una controversia en la que está involucrado el proceso de competencia y libre concurrencia, conforme al contenido del numeral 28 constitucional.
"Apuntó que se entiende por la primera la rivalidad que se genera entre empresas que contienden en un mercado para vender sus bienes o servicios; y, por la segunda, el libre acceso de consumidores y productores en un mercado en condiciones de igualdad. Además, los actos que pueden ser reclamados ante dichos órganos judiciales deben surgir de la actividad reguladora de los organismos autónomos a los que se alude en el transcrito artículo 28 constitucional.
"La jurisprudencia en comento es visible en la Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Tomo II, agosto de 2016, materia común, página 1092, registro «digital»: 2012188, que refiere:
"‘TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER, ENTRE OTROS SUPUESTOS, DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA O AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.’ (se transcribe)
"Expuesto el marco normativo de la creación de los órganos especializados en derecho económico, así como la finalidad y esencia de la competencia económica, procede el análisis objetivo de la naturaleza de los actos reclamados a fin de dirimir si encuadran en los aspectos técnicos precisados con anterioridad o redundan únicamente en materia administrativa genérica.
"Se invoca, por su contenido, la jurisprudencia PC.XXXIII.CRT. J/4 A, del Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Tomo II, marzo de 2015, materia común, página 1746, registro «digital»: 2008591, que dice:
"‘COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS OBJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO.’ (se transcribe)
"El primer y segundo párrafos del numeral 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya inobservancia reclama el quejoso, establece lo siguiente:
"‘Artículo 28.’ (se transcribe)
"Por su parte, el acuerdo expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el cual se da a conocer las reglas en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación, establece:
"(se transcribe)
"Por su parte, el artículo 8o. de la Ley Federal de Competencia Económica, es del tenor siguiente:
"‘Artículo 8.’ (se transcribe)
"Del análisis de los actos reclamados se obtiene que de la demanda de amparo debe conocer un órgano especializado en competencia económica, ya que:
"• El numeral 28 constitucional, el Acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación, y el artículo 8o. de la Ley Federal de Competencia Económica, tienen su génesis en los compromisos asumidos en el ‘Pacto por México’, concretamente en el acuerdo denominado ‘Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad’, en el cual se propuso intensificar la competencia económica y eficiencia, dotando de una adecuada y específica regulación, en sectores prioritarios como las telecomunicaciones y energía, entre otros; así como crear tribunales especializados: a) que permitieran dar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulan las actividades de telecomunicaciones y los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica; y, b) que evitaran el dictado de criterios contradictorios.
"• Conforme el numeral (sic) 2 y 3 de la Ley de Competencia Económica, tal legislación es reglamentaria del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de libre concurrencia, competencia económica, monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones, es de orden público e interés social, aplicable a todas las áreas de la actividad económica y de observancia general en toda la República, la cual tiene por objeto promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, y demás restricciones al funcionamiento eficiente (cuya omisión se reclama) de los mercados; por lo cual, en el numeral 8 se especificó cuándo no constituyen monopolios las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales.
"