Ejecutoria num. 2a./J. 17/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 738273649

Ejecutoria num. 2a./J. 17/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 17/2017 (10a.)
Localizacion:Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II, página 1117.
Fecha de Publicación:31 de Marzo de 2017
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 295/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO Y NOVENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PROCEDE CONTRA EL CRÉDITO FISCAL DETERMINADO POR OMISIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, HASTA QUE INICIE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN.

 
CONTENIDO

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PROCEDE CONTRA EL CRÉDITO FISCAL DETERMINADO POR OMISIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, HASTA QUE INICIE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 295/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO Y NOVENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 1 DE FEBRERO DE 2017. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS A.P.D., J.L.P., J.F.F.G.S.Y.E.M.M.I.D.: M.B. LUNA RAMOS. PONENTE: J.F.F.G.S.. SECRETARIA: S.V. ALEMÁN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que versa sobre la posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos y se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(5) y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente,(6) toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, órgano jurisdiccional que sustentó uno de los criterios discrepantes.
TERCERO.-Posturas de los Tribunales Colegiados de Circuito. Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester señalar los antecedentes de los casos concretos, así como las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.
Lo cual se efectuará en atención a que, en primer lugar, la denuncia de contradicción refiere que existen criterios discrepantes entre lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al fallar el amparo directo 294/2016, y el determinado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo en revisión 118/2015.
Para, en segundo lugar, definir la supuesta existencia de la contradicción respecto de los Tribunales Colegiados aludidos.
En virtud de lo anterior, se procede a analizar las consideraciones esbozadas entre los dos primeros Tribunales Colegiados, al tenor de lo siguiente:
1. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito (amparo directo 294/2016).
• Por oficio con número de control 18ISR12006995L, de tres de julio de dos mil quince, emitido por el administrador local de Servicios al Contribuyente de San Luis Potosí, del Servicio de Administración Tributaria, se le determinó un crédito fiscal a Industrial Metálica Halvix, Sociedad Anónima de Capital Variable, por la cantidad de $**********, por concepto de impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal de dos mil doce, actualizaciones y recargos, lo anterior con fundamento en el artículo 41, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que dicha empresa no cumplió con tres requerimientos de obligación respecto de la prestación de la declaración del ejercicio fiscal e impuesto aludido formulado por la autoridad en cita, porque se le hizo efectiva a la contribuyente una cantidad igual a la contribución que a éste correspondía determinar, al estimar de manera presuntiva como ingresos, los depósitos bancarios en efectivo recibidos a nombre de la empresa actora durante el ejercicio fiscal, aplicándole el numeral 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, más actualizaciones y recargos causados, en términos de lo dispuesto en los preceptos 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación.
• En contra de dicho oficio, la empresa referida promovió juicio de nulidad ante la Sala Regional de San Luis Potosí, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual fue registrado bajo el número de expediente 596/15-25-01-3-OT, y previos los trámites legales conducentes dictó sentencia el catorce de marzo de dos mil dieciséis, en donde determinó sobreseer en el juicio, al declarar fundada la causa de improcedencia invocada por la autoridad demandada, prevista en los artículos 8o., fracciones II y XVI, y 9o., fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en atención a los siguientes razonamientos:
• Para tal efecto, citó las consideraciones de la ejecutoria de donde derivó la jurisprudencia de esta Segunda Sala, cuyo rubro es: "RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA EL CRÉDITO FISCAL DETERMINADO POR OMISIÓN EN LA PRESENTACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. DEBE INTERPONERSE HASTA LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE REMATE, EN CONGRUENCIA CON EL NUMERAL 127 DEL PROPIO ORDENAMIENTO." (sic); la cual, si bien precisó que se establecía en relación con la procedencia del recurso de revocación en contra de la resolución en la que se determinó un crédito fiscal por la omisión de presentación de declaraciones a que se refiere el artículo 41, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, también estimó que dicha hipótesis se actualizaba respecto del juicio contencioso administrativo.
• Lo anterior, ya que, conforme al numeral 14, párrafos primero y último, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es competente el Tribunal únicamente cuando las resoluciones impugnadas tuvieran el carácter de definitivas, esto es, que no admitan recurso administrativo o cuando lo admitieran fuera optativo.
• Sin embargo, si bien el recurso de revocación contenido en el precepto 120 del Código Fiscal de la Federación, es optativo para el interesado, ello, únicamente es si el crédito fiscal determinado en términos del artículo 41, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, es impugnable vía recurso de revocación, lo cual se actualiza hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, siendo en ese momento también procedente impugnarse vía juicio contencioso administrativo.
• Por tanto, la competencia material del tribunal, prevista en el artículo 14, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se actualizaba hasta el momento en que se publicara la convocatoria de remate respectiva, de tal manera que si respecto de la resolución impugnada no se acreditó que se hubiese iniciado el procedimiento administrativo de ejecución a efecto de hacer efectivo dicho crédito y, en consecuencia, no existió publicación de convocatoria de remate alguna, se concluyó que el juicio contencioso administrativo es improcedente en contra de la resolución determinante del crédito fiscal.
• Sin que fuera obstáculo para la determinación adoptada, que la autoridad demandada en el acto controvertido hubiera señalado que era procedente su impugnación mediante juicio contencioso administrativo, ya que ello no traía como consecuencia que el tribunal se volviera competente para conocer respecto de cualquier asunto.
• Inconforme con tal determinación, por diverso escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil dieciséis ante la Oficialía de Partes de la Sala responsable, el representante legal de la parte actora en el juicio de nulidad promovió demanda de amparo, la cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, registrada bajo el número 294/2016, y previos los trámites conducentes, el catorce de julio de dos mil dieciséis dictó sentencia en donde, en la parte considerativa, sostuvo lo siguiente:
"SEXTO.-Los conceptos de violación propuestos son infundados e inoperantes, en sus diversos aspectos, atento a las consideraciones que a continuación se exponen:
"...
"Ahora, contrario a lo que esgrime la persona moral quejosa y tal como lo advirtió la Sala responsable, para la procedencia del juicio de nulidad de origen, el crédito fiscal impugnado no tiene la calidad de acto definitivo, por cuanto que existe disposición expresa, en el sentido de que tratándose de un crédito fiscal fincado con fundamento en el artículo 41, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, sólo es factible controvertirlo hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate dictada dentro del procedimiento administrativo de ejecución, mediante el recurso de revocación, o bien, de manera optativa a través del juicio de nulidad.
"Así se sostiene, en virtud de que de la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia que invocó la Sala responsable, de rubro: ‘RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA EL CRÉDITO FISCAL DETERMINADO POR OMISIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. DEBE INTERPONERSE HASTA LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE REMATE, EN CONGRUENCIA CON EL NUMERAL 127 DEL PROPIO ORDENAMIENTO.’, se colige que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió que del proceso legislativo que dio origen al mencionado precepto legal, se ponderaron diversos aspectos, entre otros:
"a) Los medios de control y vigilancia que existían eran insuficientes para desmotivar el incumplimiento reiterado en la presentación de declaraciones de contribuciones, aun cuando para tales efectos hubieran mediado diversos requerimientos por parte de las autoridades fiscales, inclusive aun cuando se hubieran realizado otras acciones, como lo eran la imposición de multas o el aseguramiento precautorio, lo que influía de manera negativa en la recaudación de ingresos federales, haciendo imperante la necesidad de crear mecanismos de control y vigilancia que dotarán a las autoridades fiscales de facultades más efectivas para que los contribuyentes dieran cumplimiento a sus obligaciones fiscales en materia de presentación de declaraciones.
"b) Al efecto, se propuso el establecimiento de un procedimiento mediante el cual, a partir del tercer requerimiento de presentación de declaraciones para el pago de contribuciones que se incumplieran, las autoridades fiscales se encontraban en posibilidad de cobrar a los contribuyentes o responsables solidarios omisos, una cantidad igual al monto mayor que se hubiera determinado a cargo, en cualquiera de las seis últimas declaraciones de la contribución respectiva.
"c) Se planteó que la cantidad a pagar sería la mayor que se hubiera determinado a cargo en cualquiera de las seis últimas declaraciones de la contribución omitida, a efecto de desmotivar, por un lado, el incumplimiento del contribuyente mediante el cobro de una cantidad superior y, por el otro, para establecer una base objetiva que permitiera motivar correcta y suficientemente la razón por la cual se escogía en particular una de las seis últimas declaraciones para la determinación de dicho crédito fiscal, ya que, para ese supuesto, sería el monto mayor declarado a cargo de entre las seis últimas declaraciones presentadas por el contribuyente.
"d) Se propuso que la cantidad determinada por las autoridades fiscales derivada del incumplimiento reiterado de los contribuyentes o responsables solidarios requeridos, tendría el carácter de crédito fiscal y sería susceptible de hacerse efectivo mediante el procedimiento administrativo de ejecución, a partir del tercer día siguiente a aquel en el que se hubiera notificado el adeudo correspondiente.
"e) El recurso de revocación sólo procedería contra el propio procedimiento administrativo de ejecución, y en éste podrían hacerse valer agravios contra la resolución determinante del crédito fiscal.
"Antes de proseguir con el análisis de la ejecutoria relativa, este Tribunal Colegiado de Circuito estima conveniente aclarar que el precepto legal examinado en la misma y el ponderado en la sentencia reclamada son de similar redacción. Para corroborarlo, enseguida se reproduce el contenido de cada (sic) de ellos:
"Artículo 41, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, interpretado por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, en la ejecutoria que nos ocupa:
"‘Artículo 41. ... II.’ (se transcribe)
"Por su parte, el artículo 41, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, que sirvió de fundamento en la sentencia reclamada, es del tenor siguiente:
"‘Artículo 41. ... II.’(se transcribe)
"Ahora bien, conforme a lo expuesto, la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País concluyó que la implementación del procedimiento contenido en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación pretendió salvaguardar intereses constitucionalmente protegidos obligando con ello a que los causantes cumplieran con las obligaciones fiscales a su cargo, entre las que se encuentra la presentación de declaraciones.
"Por lo que, concluyó -la Segunda Sala-, cuando el contribuyente omite la presentación de declaraciones, la autoridad debe requerir y agotar el procedimiento previsto en el propio numeral; sin embargo, a partir del tercer requerimiento de presentación de declaraciones para el pago de contribuciones que se incumplan, las autoridades fiscales se encuentran en posibilidad de cobrar a los contribuyentes o responsables solidarios omisos, una cantidad igual al monto mayor que se hubiera determinado a cargo, en cualquiera de las seis últimas declaraciones de la contribución respectiva y que dicha cantidad constituía un crédito fiscal que sería susceptible de hacerse efectivo mediante el procedimiento administrativo de ejecución.
"Que el requerimiento de pago, una vez agotado el procedimiento que establece ese numeral, daba inicio al procedimiento administrativo de ejecución, conformado por un conjunto de actos y formalidades que realiza la autoridad administrativa en materia fiscal, con el objeto de hacer efectivo un crédito fiscal no pagado o garantizado por el contribuyente omiso; de manera que la primera etapa la constituía el requerimiento de pago, precisamente, por encontrarse encaminado a la satisfacción del cobro de contribuciones a favor del fisco federal.
"Ante lo cual, aseveró la Segunda Sala, la previsión contenida en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de que el recurso de revocación sólo procedería contra el propio procedimiento administrativo de ejecución, y en éste podrían hacerse valer agravios contra la resolución determinante del crédito fiscal, cobraba sentido en tanto que, precisamente, con motivo de ese requerimiento iniciaba la vía coactiva.
"Consecuentemente, dilucidó la Sala emisora de la jurisprudencia respectiva, que lo dispuesto en los artículos 41, fracción II, y 127, ambos del código tributario, no constituían hipótesis normativas que se contrapusieran, en virtud de que el segundo numeral invocado establece en forma expresa que, tratándose de violaciones cometidas hasta antes del remate, el recurso de revocación se podía interponer a partir del momento en que se publicara la convocatoria respectiva; hipótesis en la que encuadraba la impugnación del crédito fiscal determinado presuntivamente y requerido por la autoridad.
"Ante lo cual, refirió la Sala del Máximo Tribunal, que el hecho de que el artículo 41, fracción II, en análisis, estableciera que la impugnación de la resolución determinante del crédito fiscal procede hasta el procedimiento administrativo de ejecución, debía entenderse como una remisión al artículo 127 del Código Fiscal de la Federación y, por ende, que este numeral regía el momento de impugnación del crédito que se determinara presuntivamente ante el incumplimiento de presentación de las declaraciones por parte del contribuyente.
"Que lo anterior era así, al haberse puesto de manifiesto que lo previsto en el artículo 41, fracción II, del código tributario, constituía una medida que coadyuvaba a la intención del legislador de reforzar la regulación que se diseñó para este sector de contribuyentes renuentes a cumplir con las obligaciones a su cargo.
"Como se ve, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación regía el momento de impugnación del crédito que se determinara presuntivamente ante el incumplimiento de presentación de las declaraciones por parte del contribuyente, por lo que, de acuerdo con dicho precepto, el recurso de revocación se podía interponer a partir del momento en que se publicara la convocatoria respectiva del remate, dentro del procedimiento administrativo de ejecución.
"Para constatar lo expuesto, se estima necesario transcribir, en lo conducente, la ejecutoria respectiva: (se transcribe)
"En este orden de ideas, como se anticipó, contrario a lo que refiere la parte quejosa, el crédito fiscal controvertido en el juicio natural no tiene el carácter de definitivo para efectos del juicio de nulidad, como lo sostuvo la Sala responsable, por lo siguiente:
"El artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establece que el juicio de nulidad ante el citado tribunal procede, entre otros casos, contra resoluciones definitivas, que son aquellas que:
"1) no admiten recurso administrativo en su contra; y,
"2) admiten recurso administrativo, pero su interposición es opcional.
"Por tanto, es claro que la definitividad de las resoluciones es concluyente para la procedencia del juicio de nulidad, ya que el procedimiento contencioso federal sólo se activa cuando se reúne el carácter definitivo de la resolución impugnada que, en la especie, se actualiza en los dos supuestos establecidos por el legislador, condición que no radica en la inimpugnabilidad absoluta del acto o resolución, pues uno de los casos que torna definitiva la decisión es la opcionalidad del recurso administrativo.
"Ahora, por lo que hace al recurso de revocación, como bien lo señala la parte quejosa, el artículo 120 del Código Fiscal de la Federación dispone que su interposición es optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
"Esa norma implica la regla de que todo acto o resolución que sea impugnable mediante el recurso de revocación, de suyo tendrá el carácter de definitiva para efectos del juicio de nulidad.
"Considerando lo anterior, y relacionándolo con el artículo 117, fracción I, inciso a), del código mencionado, siguiendo la regla general, podría establecerse que el recurso de revocación es procedente contra una resolución definitiva que, como en el caso, determina una obligación a cargo de la contribuyente impetrante; sin embargo, en el asunto que nos ocupa, por disposición expresa del artículo 41, fracción II, en relación con el 127, ambos del Código Fiscal de la Federación, la procedencia de ese recurso está sujeta a la condición de que ese acto, en efecto, adquiera definitividad, a fin de que resulte impugnable mediante el indicado recurso administrativo.
"Empero, como ha quedado de manifiesto, en términos del artículo 127 del código tributario federal, el recurso de revocación únicamente podrá interponerse en contra del crédito que se determina presuntivamente ante el incumplimiento de presentación de las declaraciones por parte del contribuyente, a partir del momento en que se publique laconvocatoria respectiva del remate, dentro del procedimiento administrativo de ejecución, en virtud de que lo previsto en el artículo 41, fracción II, del propio código, constituye una medida que coadyuva a la intención del legislador de reforzar la regulación que se diseñó para este sector de contribuyentes renuentes a cumplir con las obligaciones a su cargo y, por ende, antes, por voluntad del legislador, el medio de defensa administrativo es improcedente.
"Entonces, si no es procedente el recurso de revocación en contra del crédito fiscal fincado con fundamento en el invocado artículo 41, fracción II, menos puede decirse que sea opcional y, por ello, pueda acudirse a controvertirlo mediante el juicio de nulidad, como lo pretende la parte quejosa, ya que la condición de opcionalidad es concomitante a la procedencia.
"Así es, no puede sostenerse válidamente que el crédito es impugnable a través el juicio de nulidad, habida cuenta que, se reitera, la previsión contenida en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de que el recurso de revocación sólo procedería contra el propio procedimiento administrativo de ejecución, y en éste podrían hacerse valer agravios contra la resolución determinante del crédito fiscal, debe entenderse como una remisión al artículo 127 del Código Fiscal de la Federación y, por ende, que este numeral rige el momento de impugnación del crédito que se determina presuntivamente ante el incumplimiento de presentación de las declaraciones por parte del contribuyente, porque lo así previsto constituye una medida que coadyuva a la intención del legislador de reforzar la regulación que se diseñó para este sector de contribuyentes renuentes a cumplir con las obligaciones a su cargo.
"Por tanto, si la intención objetiva de la norma fue la antedicha, el crédito fiscal es impugnable al mismo tiempo que se cuestione la convocatoria de remate, ante lo cual, no resulta factible impugnarlo autónomamente y de manera previa al inicio del procedimiento administrativo de ejecución mediante el recurso de revocación, lo cual trae como consecuencia lógica y jurídica, desde luego, que tampoco proceda el juicio de nulidad en contra de dicho crédito fiscal.
"Ello queda más de manifiesto, si se toma en cuenta que al ser inimpugnable en sede administrativa dicho crédito fiscal, previo inicio del procedimiento administrativo de ejecución, no puede cubrirse la exigencia del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, consistente en que los actos o resoluciones son definitivas cuando no son impugnables, o cuando siéndolo, el recurso es opcional. Es claro que de ninguna forma se cumple con tal exigencia en lo que atañe a la resolución impugnada en la especie, emitida con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41, fracción II, del Código Fiscal de la Federación; dado que, al no ser recurrible, precisamente, porque no había surgido la destacada condición impuesta para que se pudiera interponer el recurso de revocación, no puede ser opcional su interposición; y, por ende, no constituye un acto o resolución definitiva.
"Lo expuesto tiene que ver con el establecimiento en el primer párrafo del artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, de una regla que puede entenderse como general en lo que atañe a la inimpugnabilidad del crédito fiscal que nos ocupa, antes de la publicación de la convocatoria de remate.
"No se soslaya la existencia de la tesis sostenida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital: 2011312, Libro 28, marzo de 2016, Tomo II, I.9o.A.79 A (10a.), página 1705, que dice:
"‘DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CRÉDITOS FISCALES CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES. PROCEDE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL EN SU CONTRA SI LA AUTORIDAD NO INICIÓ EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN EN EL PLAZO LEGALMENTE ESTABLECIDO.’ (se transcribe)
"Sin embargo, no se comparte dicho criterio, en virtud de que el crédito fiscal impugnado no puede considerarse como un acto o resolución definitiva, por las razones invocadas en párrafos anteriores por este Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, además de que lo determinante para considerar que es inimpugnable el crédito fiscal que se emite con fundamento en el artículo 41, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, hasta antes de la publicación de la convocatoria de remate en el procedimiento administrativo de ejecución, no lo es el que este último haya iniciado o no, sino que lo previsto en el artículo 41, fracción II, del código tributario, constituye una medida que coadyuva a la intención del legislador de reforzar la regulación que se diseñó para este sector de contribuyentes renuentes a cumplir con las obligaciones a su cargo y, por ende, antes, por voluntad del propio legislador, el medio de defensa administrativo es improcedente y, por ello, si no es procedente el recurso de revocación, menos puede decirse que sea opcional y, por ende, pueda acudirse a controvertirlo mediante el juicio de nulidad." (énfasis añadido)
2. Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (amparo directo 118/2015).
• Mediante oficio con número de control 180103DW000435, de veintiuno de marzo de dos mil catorce, el administrador local de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria determinó un crédito fiscal a la empresa Marhnos Inmobiliaria, Sociedad Anónima de Capital Variable, por la cantidad de $********** (**********), debido a que el contribuyente no atendió a los tres requerimientos que le formuló la autoridad, con el objeto de demostrar que había presentado la declaración provisional mensual del impuesto sobre la renta correspondiente a junio de dos mil trece y pago provisional mensual del impuesto empresarial a tasa única relativo a los mismos mes y año. Lo anterior lo hizo con fundamento en el artículo 41, primer párrafo, fracción II, del Código Fiscal de la Federación.
• Inconforme con el crédito fiscal anterior, por escrito presentado el veinte de junio de dos mil catorce, la empresa aludida, por conducto de su representante legal, promovió juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, del que conoció la Sexta Sala Regional Metropolitana del tribunal aludido, registrándolo con el número 15376/14-17-06-11, y previos los trámites conducentes, se dictó sentencia definitiva el treinta y uno de octubre de dos mil catorce, en donde determinó sobreseer en el juicio, de conformidad con los artículos 8o., fracción XVI, y 9o., fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que el artículo 41, fracción II, cuarto párrafo, prevé categóricamente una excepción a la regla general de procedencia del recurso de revocación tratándose de créditos emitidos con motivo del incumplimiento en la presentación de declaraciones, consistente en esperar hasta el inicio del procedimiento administrativo de ejecución, por lo que si el recurso de revocación era improcedente en contra de la resolución determinante cuando no se ha iniciado el aludido procedimiento, dicha regla de excepción operaba también en el juicio de nulidad, pues mientras no se iniciara el procedimiento administrativo de ejecución, la liquidación no constituía una resolución definitiva y la posibilidad de promover juicio de nulidad nace al mismo tiempo que el del recurso de revocación.
• Disconforme con la determinación anterior, por escrito presentado el cinco de febrero de dos mil quince ante la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, M.I., Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió demanda de amparo directo, de la que conoció el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registrándola bajo el número de expediente 118/2015 y, una vez seguidos los trámites conducentes, emitió sentencia el veintiséis de marzo de dos mil quince, en donde concedió el amparo solicitado, al tenor de las siguientes consideraciones:
"6. Estudio. ...
"13. Lo antedicho es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, en atención a las siguientes consideraciones:
"A) Definitividad del acto
"14. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 79/2002, determinó que el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo resulta procedente contra actos de la administración pública federal que posean la característica de ser ‘resoluciones administrativas definitivas’ y, además, que se encuentren dentro de las hipótesis de procedencia expresa de asuntos que son competencia del referido tribunal administrativo.
"15. Explicó, además, que a pesar de que el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa precisa qué debe entenderse por resolución definitiva, al establecer que tendrán tal carácter las resoluciones que no admitan recurso, o admitiéndolo se trate de recursos optativos, debe considerarse que es contra derecho determinar el alcance de lo que es una ‘resolución definitiva’, para efectos del juicio contencioso administrativo federal, solamente con base en la expresión del texto normativo, ya que para lograr una adecuada intelección del concepto, es necesario tener presente que tal característica, además de ponderar la atacabilidad de la resolución administrativa a través de recursos ordinarios en sede administrativa, necesariamente debe considerar la naturaleza de la resolución, la cual debe constituir el producto final de la manifestación de la autoridad administrativa.
"16. En ese sentido, la última voluntad suele expresarse de dos formas:
"Como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento; o,
"Como manifestación aislada que por su naturaleza y características, no requiere de procedimientos que le antecedan para poder reflejar la última voluntad o voluntad definitiva de la administración pública.
"17. Derivado de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, tratándose de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza interprocedimental no podrán considerarse ‘resoluciones definitivas’, en virtud de que sólo puede serlo el fallo con el que culmine dicho procedimiento, excluyendo a las actuaciones instrumentales que conforman el procedimiento administrativo, entendido como tal, el conjunto de actos realizados conforme a determinadas normas que tienen unidad entre sí y buscan una finalidad, a saber, el dictado de una resolución administrativa definitiva cuyo objeto consiste, a su vez, en crear efectos jurídicos.
"18. El Máximo Tribunal precisó que no se generará agravio o conflicto alguno para el gobernado en tanto la administración pública no diga su última palabra por medio de la autoridad a quien competa decidirla en el orden jurídico correspondiente.
"19. En consecuencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que cuando se trata de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental no podrán considerarse resoluciones definitivas, pues ese carácter sólo lo tendrá la última decisión del procedimiento, y cuando se impugne ésta, podrán reclamarse tanto los vicios de procedimiento como los cometidos en el dictado de la resolución; mientras que, cuando se trate de actos aislados expresos o fictos de la administración pública, serán definitivos en tanto contengan una determinación o decisión cuyas características impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados.
"20. Las consideraciones anteriores dieron origen a la tesis aislada 2a. X/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T.X., febrero de 2003, página 336: ...
"21. Con base en las premisas anteriores, debe estimarse que el acto pretendido impugnar en el juicio contencioso administrativo, consistente en la resolución de veintiuno de marzo de dos mil catorce, con número de control 180103DW000435, por medio de la cual, el administrador local de Servicios al Contribuyente del Norte del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria, le determinó a la hoy quejosa un crédito fiscal en cantidad de $********** (**********), por concepto de impuesto sobre la renta e impuesto empresarial tasa única, constituye una resolución definitiva.
"22. Lo anterior, en tanto que dicha resolución entraña la voluntad definitiva de la autoridad demandada, al determinar la existencia de una obligación fiscal en cantidad líquida por parte de la contribuyente, como consecuencia de la determinación de obligaciones por omisión en la presentación de declaraciones periódicas para el pago de contribuciones, en los términos del procedimiento que establece el artículo 41, fracción II, del Código Fiscal de la Federación.
"B) Optatividad de medios de defensa contra resoluciones definitivas.
"23. Se estima necesario transcribir el contenido de los artículos 116, 117, 120 y 125 del Código Fiscal de la Federación, así como el diverso 8o., fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que literalmente establecen: ...
"24. Del contenido de los preceptos recién transcritos se desprende que el recurso de revocación procede contra resoluciones definitivas que dicten las autoridades fiscales, y que dicho medio de defensa resulta optativo para el interesado, es decir, éste puede impugnar un acto a través del recurso que nos ocupa, o bien, promover directamente contra dicho acto, juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (excepción al principio de definitividad).
"25. Asimismo, el artículo 8o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo pone de manifiesto que, como regla general, el interesado debe acatar el principio de definitividad del acto reclamado, esto es, que debe agotar previamente al juicio de nulidad el recurso ordinario, conforme a la ley ordinaria que rija en el caso, pero al mismo tiempo se advierte de la fracción VI, que esa regla acepta una excepción, es decir, que el juicio de nulidad no resulta improcedente cuando el recurso sea optativo para el interesado.
"26. En ese orden, el objetivo de la regla general que establece la improcedencia del juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, consiste en que la parte interesada, en contra del acto que impugne, debe agotar previamente el recurso o medio de defensa que establezca la ley respectiva, siempre y cuando no sea optativo.
"27. Consecuentemente, debe concluirse que tanto el Código Fiscal de la Federación, como la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, son coincidentes en establecer la optatividad en la interposición del recurso de revocación previo al juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, en contra de una resolución definitiva que, como en el caso, determina una obligación fiscal a cargo del contribuyente.
"C) Procedencia del recurso de revocación en los términos establecidos en el artículo 41, fracción II, del Código Fiscal de la Federación.
"28. Se estima necesario transcribir el contenido del artículo 41 del Código Fiscal de la Federación que, literalmente, establece: ...
"29. De la interpretación del numeral transcrito, se infiere que las autoridades hacendarias podrán determinar créditos fiscales con motivo del incumplimiento de la obligación fiscal de los contribuyentes, consistentes en la presentación de las correspondientes declaraciones, avisos y demás documentos, dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales.
"30. Que la resolución determinante de un crédito fiscal derivado del incumplimiento de las precitadas obligaciones, podrá hacerse efectiva a través del procedimiento administrativo de ejecución, a partir del tercer día siguiente a aquel en que le sea notificada al contribuyente de que se trate.
"31. Y, en caso de haberse iniciado dicho procedimiento de ejecución, el contribuyente sólo podrá interponer el correspondiente recurso de revocación contra el aludido procedimiento, en el que, además, podrá hacer valer agravios contra la resolución determinante del aludido crédito fiscal.
"32. Por tanto, debe entenderse que el recurso de revocación se encuentra supeditado para su procedencia a que la autoridad hacendaria dé inicio al procedimiento administrativo de ejecución, y ello sólo ocurrirá cuando aquélla haya dado inicio al citado procedimiento coactivo, el cual, en términos del numeral en estudio, puede iniciar a partir del tercer día en que se haya notificado al contribuyente la resolución determinante.
"33. En ese contexto, el penúltimo párrafo de la fracción II del artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, no prevé una limitante a la procedencia del referido recurso, sino que contiene la autorización expresa a las autoridades para que, en tratándose de la determinación de créditos fiscales impuestos en términos del precitado artículo 41, puedan hacer efectiva la correspondiente determinación a partir del tercer día siguiente a aquel en que se haya notificado dicho crédito fiscal al contribuyente, sin necesidad de esperar a que transcurran los plazos establecidos para tal efecto por el diverso numeral 144, según corresponda; en cuyo caso, de haberse iniciado el procedimiento administrativo de ejecución en el plazo indicado por el artículo en comento -41 del Código Fiscal de la Federación-, el contribuyente sólo podrá interponer el recurso de revocación contra el aludido procedimiento coactivo, en el que, además, a fin de no quedar en estado de indefensión, dada la prontitud con que puede llevarse a cabo el aludido procedimiento, podrá hacer valer agravios contra la resolución determinante del crédito fiscal.
"34. Por tanto, si la autoridad hacendaria no ha dado inicio al precitado procedimiento coactivo, no obstante haber transcurrido los tres días siguientes a la notificación del crédito fiscal, deviene incuestionable la procedencia del juicio de nulidad.
"35. De ahí que la improcedencia del juicio decretada por la resolutora sea incorrecta, pues se está ante la resolución determinante de un crédito que reflejó la última voluntad de la autoridad hacendaria.
"36.