Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 797853785

Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Localizacion:Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación, Julio del 2019.
Fecha de Publicación: 5 de Julio de 2019
RESUMEN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 136/2016. MUNICIPIO DE TANTOYUCA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS RELATIVOS AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) POR EL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS AL MUNICIPIO DE TANTOYUCA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE].II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA.III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE ENTREGA DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO ES IMPUGNABLE MIENTRAS SUBSISTA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TANTOYUCA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, AL SER AJENO A LAS OMISIONES IMPUGNADAS (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TANTOYUCA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).V. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.VI. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TANTOYUCA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).VII. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA LA OMISIÓN DE PAGO SI LA PARTE DEMANDADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL NO ACREDITA EN AUTOS QUE REALIZÓ LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES ADEUDADAS POR AQUEL CONCEPTO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TANTOYUCA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).VIII. OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y, POR TANTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS AL MUNICIPIO DE TANTOYUCA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE].IX. OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y, POR TANTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN B-2016 (FORTAFIN-B-2016) AL MUNICIPIO DE TANTOYUCA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE].X. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA SI EL PODER EJECUTIVO LOCAL NO LA REALIZÓ AL AYUNTAMIENTO DENTRO DE LA FECHA LÍMITE DE PAGO PREVISTA EN EL CALENDARIO RESPECTIVO [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN B-2016 (FORTAFIN-B-2016) AL MUNICIPIO DE TANTOYUCA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE].XI. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. CONSECUENCIAS DE LA OMISIÓN EN SU PAGO O ENTERO EXTEMPORÁNEO SOBRE LA HACIENDA MUNICIPAL (OMISIÓN O ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TANTOYUCA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE DECLARA LA OMISIÓN DE PAGO O ENTERO EXTEMPORÁNEO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TANTOYUCA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA OMISIÓN DE PAGO Y DEL ENTERO EXTEMPORÁNEO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES RESPECTO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL QUE LO VINCULA PARA QUE EN UN PLAZO DE NOVENTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, ENTREGUE LAS CANTIDADES ADEUDADAS Y LOS INTERESES QUE SE HAYAN GENERADO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TANTOYUCA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).

 
CONTENIDO

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 136/2016. MUNICIPIO DE TANTOYUCA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS A.Z. LELO DE LARREA, J.R.C.D., J.M.P.R., A.G.O.M.Y.N.L.P.H.. PONENTE: A.Z. LELO DE LARREA. SECRETARIO: R.N.O..
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(1) por F.J.S.M., ostentándose como síndico del Municipio de Tantoyuca, Veracruz, se promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Veracruz, I. de la Llave.
En su demanda el Municipio actor argumenta, en esencia, que es contrario a derecho la omisión de las autoridades demandadas de cumplir con sus obligaciones constitucionales de entregar el importe económico de las participaciones federales por el concepto de Ramo General 23, en lo particular al Fondo de Fortalecimiento Financiero para la Inversión, B-2016 (FORTAFIN-B-2016), autorizado para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis y los recursos correspondientes al concepto del Ramo 33, en específico a lo referente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D.F., FISMDF correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, sin fundamento legal alguno.
Por lo anterior, el Municipio considera que las conductas omisas en que incurrió el poder demandado transgreden el orden constitucional en su agravio, ante lo dispuesto en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, en la que se establecen los principios constitucionales de libre administración de la hacienda municipal, de ejercicio directo de los recursos que integran la hacienda pública municipal, de integridad de los recursos municipales, de reserva de fuentes de ingresos municipales y el derecho de los Municipios de percibir las contribuciones; en razón que se dejó de percibir en forma puntual y efectiva los importe económicos de las aportaciones derivadas de los fondos citados, lo que le impidió disponer de los recursos y de igual modo, ante la extemporaneidad del pago reclamado, se generaron intereses hasta ese momento.
SEGUNDO.—Trámite y admisión de la demanda. Por auto de siete de noviembre de dos mil dieciséis, el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el presente asunto bajo el expediente 136/2016, así como enviarlo al M.A.Z.L. de L. como instructor del procedimiento, según el turno correspondiente.(2)
En consecuencia, el Ministro instructor, por acuerdo de catorce de noviembre siguiente,(3) admitió la demanda, tuvo por señalado domicilio para oír y recibir notificación y la designación de delegados; y admitió las pruebas aportadas por el Municipio actor.
Asimismo, consideró como demandados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Veracruz de I. de la Llave;(4) sin embargo, no tuvieron ese carácter el secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno, el director general de Contabilidad Gubernamental, el director de Cuenta Pública, ni a la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso, todos de la referida entidad federativa, en virtud de que se trataba de dependencias subordinadas a dichos poderes respectivamente, por lo que debían comparecer por conducto de su representante legal y, en su caso, dictara las medidas necesarias para dar cumplimiento a la resolución que se emitiera en el asunto. Siguiendo las mismas consideraciones, se tuvo como tercero interesado al Poder Ejecutivo Federal, no teniendo ese carácter la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en tanto que se trata de una dependencia subordinada a dicho poder.
Consecuentemente, emplazó a los Poderes Ejecutivo y Legislativo locales con copia simple de la demanda y sus anexos para que, por conducto de la persona que lo representara, manifestara lo que a su interés legal conviniera. Asimismo, requirió a la Procuraduría General de la República para que hasta antes de la celebración de la audiencia de ley manifestara lo que a su representación conviniera.
TERCERO.—Conceptos de invalidez. En su escrito de demanda, el síndico municipal sostuvo los siguientes razonamientos de invasión de competencia:
a) Las retenciones indebidas de los fondos federales por parte de las autoridades demandadas que corresponden al Municipio por los conceptos de los Ramos Generales 23 y 33. En lo particular, los fondos FORTAFIN-B-2016, autorizado para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis y FISMDF correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis.
b) Las órdenes emitidas para llevar a cabo descuentos y retenciones indebidos de las participaciones y aportaciones federales que corresponden al Municipio por los conceptos de los Ramos Generales 23 y 33. En lo particular, los fondos FORTAFIN-B-2016, autorizado para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis y FISMDF correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis.
c) La omisión de las autoridades demandadas en el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución General y el artículo 6o, segundo párrafo de la Ley de C.F., en tanto que han sido omisas en entregar las participaciones federales por el concepto del Ramo General 23. En lo particular, los fondos FORTAFIN-B-2016, autorizado para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis y FISMDF correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis.
CUARTO.—Manifestaciones del Poder Ejecutivo Federal. El Poder Ejecutivo Federal, a través del consejero jurídico del Ejecutivo Federal, desahogo la vista a su cargo como tercero interesado y manifestó lo siguiente:
a. El demandante sufrió una afectación por la indebida retención y/o falta de entrega de recursos federales por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y sus unidades administrativas en lo que respecta al FISDMF y el FORTAFIN-B-2016. Por tanto, opina que la litis a resolver se refiere únicamente a la determinación de si el Ejecutivo Estatal omitió transferir las participaciones y aportaciones federales al Municipio y que dicho problema de derecho es ajeno a los actos del Ejecutivo Federal en tanto que entregó los recursos de dichos conceptos al Estado de Veracruz, como lo manifestó en su demanda el Municipio.
b. Respecto del FISDMF, el Poder Ejecutivo Federal cumplió con sus obligaciones derivadas de los artículos 25, 33, 35 y 36 de la Ley de C.F. consistentes en realizar los cálculos de las formulas previstas en la Ley de C.F.; distribuir el FISMDF a las entidades federativas y publicar la información en el Diario Oficial de la Federación.
c. En lo referente a los recursos correspondientes al Municipio del FORTAFIN-B-2016, el Poder Ejecutivo declara que no es responsable de transferir directamente los recursos federales a los Municipios y que cumplió con su obligación al realizar la entrega de los fondos al Estado de Veracruz.
QUINTO.—Contestación del Poder Legislativo del Estado. El Poder Legislativo de Veracruz, a través de la presidenta de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, presentó el escrito de mérito, el doce de enero de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local señaló:
a) Los hechos narrados por el Municipio actor no le son propios, por lo que ni los afirma ni los niega.
b) La controversia constitucional resulta improcedente respecto de la Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado de Veracruz, en tanto que, dentro de la estructura orgánica del Congreso local, no existe dicho órgano.
c) La controversia constitucional es improcedente respecto del Congreso del Estado de Veracruz toda vez que, de la lectura integral de la demanda se desprende que no se impugna ningún acto atribuible al Congreso Local.
SEXTO.—Contestación del Poder Ejecutivo del Estado. El Poder Ejecutivo de Veracruz, a través del gobernador del Estado, presentó su contestación el veintisiete de enero de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.(5) El titular del Ejecutivo Local señaló, en síntesis, lo siguiente:
a) Son parcialmente ciertos los hechos consistentes en la emisión y publicación del decreto de presupuesto de egresos mencionado.
b) El resto de los hechos narrados por el Municipio no le son propios a la administración pública estatal que inició a partir del primero de diciembre de dos mil dieciséis, por lo que ni se afirman ni se niegan.
c) La controversia constitucional resultaba improcedente, porque los actos cuya invalidez demandó consistentes en la retención del importe económico de las participaciones federales por el concepto de Ramo General 23, en lo particular al FORTAFIN-B-2016, autorizado para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis y los recursos correspondientes al concepto del Ramo 33, en específico a lo referente al FISMDF correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, fueron impugnados fuera del plazo de treinta días que dispone el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II, del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
d) Tomando en consideración que el artículo 6 de la Ley de C.F. dispone que la Federación entregará las participaciones a los Municipios por conducto de los Estados y éstos a los Municipios dentro del plazo de cinco días; por ende, una vez que el Estado recibió los recursos, el Municipio debió ejercer las acciones procedentes para exigir su derecho, a partir del día siguiente en que feneció el plazo previsto en la Ley de C.F..
e) El síndico municipal expresó en la demanda su pleno conocimiento sobre la calendarización para la entrega de recursos federales, por lo que estaba al tanto de los actos y debió hacer valer los medios de defensa relativos en forma oportuna, pues como se desprende de las publicaciones de la Gaceta Oficial del Estado en las que se dio a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como montos estimados que recibirá cada Municipio del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal para los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016, contenidos en los números extraordinarios 064 de trece de febrero de dos mil catorce, 064 de trece de febrero de dos mil quince y 062 de doce de febrero de dos mil dieciséis.
f) El Municipio actor conocía de antemano las fechas en las que debió recibir los recursos federales que ahora reclama, por lo que el cómputo para inconformarse inició y concluyó sin que el interesado hubiera hecho valer su reclamo.
g) Se solicita el estudio oficioso de las causales de improcedencia que pudieran actualizarse como lo dispone el criterio P./J. 31/96, "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. ORDEN PÚBLICO. TIENEN ESA NATURALEZA LAS DISPOSICIONES QUE PREVEN LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO INSTITUIDO EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL."
h) Los conceptos de invalidez planteados por el Municipio de Tantoyuca son inatendibles, ante la improcedencia de su análisis.
SÉPTIMO.—Opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República no formuló pedimento o alegato alguno, según se desprende de las constancias del expediente.
OCTAVO.—Audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos. Luego de haberse presentado los alegatos por escrito, una vez agotado en sus términos el trámite respectivo, el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete,(6) se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal y se puso el expediente en estado de resolución.
NOVENO.—Radicación. Mediante escrito de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho,(7) el Ministro instructor solicitó la radicación de la controversia constitucional en el índice de la Primera Sala, lo cual dictó de conformidad el presidente de este Alto Tribunal en acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho.(8)
Finalmente, en proveído de veinticuatro de mayo siguiente, la presidenta de esta Primera Sala acordó el avocamiento para resolver el asunto en dicha sede.(9)
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso l), de la Constitución General; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio de Tantoyuca y los Poderes Ejecutivo y Legislativo, todos del Estado de Veracruz de I. de la Llave, en el que es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO.—Precisión de la litis. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II, del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(10) se procede a la fijación de los actos objeto de la controversia y a la apreciación de pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados.
En su escrito inicial de demanda el Municipio actor señaló como actos impugnados:
• Las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones que se hayan emitido para la realización de la retención de las participaciones y aportaciones federales que le corresponden al Municipio de Tantoyuca, Veracruz, por el concepto de Ramo General 23 y Ramo 33, en lo particular las participaciones y aportaciones correspondientes al FORTAFIN-B-2016, aprobado para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis y FISMDF en lo referente a los pagos de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, por un monto total de $156'724,216.00.
• La orden para llevar a cabo los descuentos y retención de las participaciones y aportaciones correspondientes al Municipio de Tantoyuca, Veracruz, por el concepto de Ramo General 23 y Ramo 33, en lo particular las participaciones y aportaciones correspondientes al FORTAFIN-B-2016, aprobado para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis y FISMDF en lo referente a los pagos de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, por un monto total de $156'724,216.00.
• La omisión de las autoridades demandadas en la entrega de las participaciones federales, por el concepto de Ramo General 23, así como los recursos correspondientes al Ramo 33, en lo particular a los recursos correspondientes al FORTAFIN-B-2016, aprobado para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis y FISMDF en lo referente a los pagos de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, por un monto total de $156'724,216.00.
Lo anterior, como se detalla a continuación:


De la lectura integral de la demanda, esta Primera Sala se percata que el Municipio actor pretende el pago de los recursos correspondientes al FORTAFIN-B-2016 aprobado para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis y FISMDF en lo referente a los montos de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis. Del análisis del expediente se desprende que no existe prueba de retención o descuento llevado a cabo por las autoridades demandadas. Por tanto, esta Primera Sala concluye que lo efectivamente impugnado por el Municipio es la omisión total del pago de los recursos relacionados.
Sin embargo, la obligación de enterar los montos correspondientes al mes de octubre del FISMDF era inexistente, porque de acuerdo al calendario de pagos, aquella se materializaba el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y esta fecha coincide con la de la presentación de la demanda; en consecuencia, la obligación no era exigible al momento de la presentación de la demanda. Por tanto, en relación con el mes de octubre debe sobreseerse con fundamento en el artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II, del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(11)
Para mayor claridad, se reproduce el calendario de pagos publicado en el acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal, entre los Municipios del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2016:(12)


Similares consideraciones se esgrimieron en la controversia constitucional 230/2016 y 166/2016, resueltas por esta Primera Sala el seis y el veinte de junio de dos mil dieciocho respectivamente.
TERCERO.—Oportunidad. Procede analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, para lo cual es determinante definir si los actos impugnados son actos positivos u omisiones, ya que conforme a la tesis P./J. 43/2003,(13) tratándose de omisiones la oportunidad se actualiza día con día. A continuación se hace un breve relato de los precedentes en que esta Suprema Corte ha distinguido entre actos positivos y omisiones.
En la controversia constitucional 5/2004(14) en la cual el Municipio de Purépero, Estado de Michoacán, impugnó los descuentos de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, notificadas en oficios 1975/2003 y 2125/2003,(15) la Suprema Corte consideró que se trataba de actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.
En la controversia constitucional 20/2005,(16) el Municipio de Acapulco de J. demandó la invalidez del Oficio SFA/0442/04, de veintisiete de enero de dos mil cinco, suscrito por el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de G. mediante el cual le negaron una solicitud de regularización de entrega de participaciones federales, así como la omisión de pago de los intereses que se generaron con motivo del retraso de la entrega de las mismas.(17) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.
En la controversia constitucional 98/2011,(18) se analizó la oportunidad de una demanda en la cual se impugnaron los descuentos del Fondo de Fomento Municipal que corresponden al Municipio de Santiago de Maravatío, Guanajuato, reflejados en los informes mensuales de entrega de participaciones. El cómputo se realizó a partir de las fechas en que se aplicaron dichos descuentos.(19) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.
En la controversia constitucional 37/2012,(20) el Municipio de Santiago Amoltepec, Estado de Oaxaca, reclamó la falta de entrega de las participaciones y aportaciones federales que le corresponden. La sentencia considera que este acto fue impugnado como un acto de retención, pues adujo que al acudir a recibirlos le fueron negados. Dicho acto se impugna no como una omisión, sino más bien como un acto deretención, derivado de la negativa a entregar los recursos por conducto de determinadas personas.(21) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.
En la controversia constitucional 67/2014,(22) el Municipio de San Jacinto Amilpas, Estado de Oaxaca, combatió la no entrega de los recursos financieros que legalmente le corresponde recibir al Municipio actor por conducto del tesorero municipal, M.C.S.Z., desde la primera quincena de enero de dos mil catorce. Se estimó que ley reglamentaria de la materia no señala plazo para la promoción de demanda de controversia contra omisiones, que implican un no hacer por parte de la autoridad, creando una situación permanente que se reitera día a día, permitiendo en cada una de esas actualizaciones la impugnación de dicho no actuar. Así, esta Suprema Corte concluyó que debe considerarse oportuna la presentación de la demanda el doce de junio de dos mil catorce, ya que el Municipio actor reclama de forma absoluta la falta de pago desde el mes de enero del mismo año.(23)
En la controversia constitucional 78/2014,(24) el Municipio de Tlaquiltenango, Estado de Morelos, demandó del Poder Ejecutivo Local 1) la retención o descuento de una parte de las participaciones federales municipales correspondientes al mes de julio de dos mil catorce; 2) la omisión de resarcir económicamente con motivo de la retención o descuento de las participaciones federales del pago de los intereses a partir del mes de julio; 3) la omisión de entregar las constancias de liquidación de participaciones federales al Municipio actor; 4) la omisión de informar detalladamente la forma y términos de cómo se entregaron las participaciones que corresponden a cada Municipio; 5) el descuento mensual del mes de julio y los subsecuentes. Respecto de los actos identificados con los numerales 1) y 2), la sentencia estima que se trata de actos y, particularmente relevante, que la omisión de pago de intereses se impugnó con motivo de la retención o descuento.(25)
Por otro lado, en relación con los actos 3) y 4) determina que son omisiones, pues el Municipio actor impugna de forma absoluta la falta de entrega de las constancias de liquidación de las participaciones, así como la omisión de informar cómo se han entregado dichas participaciones.(26) Finalmente por lo que hace al acto 5) debe tenerse en tiempo toda vez que la autoridad demandada contestó que sí se encuentran programados descuentos de participaciones federales que deben aplicarse al Municipio actor.
En la controversia constitucional 73/2015,(27) el Municipio de Zitácuaro, Michoacán, demandó al Poder Ejecutivo lo siguiente: 1) la omisión de pago de las participaciones en ingresos federales y estatales para el ejercicio fiscal dos mil quince, correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de dos mil quince; 2) la omisión de pago del Fondo Estatal de los Servicios Públicos Municipales para el ejercicio fiscal de dos mil quince; y, 3) respecto al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de dos mil quince el adeudo que corresponde a los meses de noviembre y diciembre. La sentencia determinó que se trataba de omisiones en virtud de que se impugnó la falta absoluta de pago de distintos conceptos.
En la controversia constitucional 118/2014,(28) promovida por el Municipio de San Agustín Amatengo, Oaxaca, se analizó la oportunidad de la demanda en contra de: 1) la autorización y entrega de los recursos económicos municipales por concepto de participaciones y aportaciones federales respecto a los Ramos 28 y 33, fondos III y IV, incluyendo ajustes cuatrimestrales y cálculo de diferencias entre las cantidades pagadas en concepto de anticipos a cuenta y las participaciones determinadas provisionalmente por la Federación a J.R., supuesto Tesorero Municipal de San Agustín Amatengo, Estado de Oaxaca, del uno de enero al veintisiete de junio de dos mil catorce; 2) la retención de recursos federales participables a partir del dos de diciembre de dos mil catorce. En relación con el acto 1) la sentencia consideró que se trataba de una entrega indebida,(29) por lo que le era aplicable el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria. Por lo que hace a los actos precisados en el numeral 2) la sentencia estimó que se trataba de una omisión, consistente en la falta de entrega de recursos municipales.(30)
De acuerdo con los anteriores precedentes es posible advertir que la Suprema Corte ha tenido por actos positivos: a) los descuentos, b) los pagos parciales, c) el reclamo de intereses con motivo de descuentos o pagos parciales, y d) la negativa expresa del Estado de entregar los recursos a personas determinadas. Por otro lado, se consideran omisiones la falta absoluta de entrega de los recursos. Además, en una misma demanda se pueden reclamar actos positivos u omisiones, por lo que el cómputo debe hacerse de manera independiente según el tipo de vencimiento, sea quincenal, mensual, etcétera.
Respecto a los actos positivos el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia dispone que el plazo para la promoción de la demanda será de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.(31) Por su parte, la oportunidad para impugnar omisiones se actualiza de momento a momento mientras subsistan.
Ahora bien, en el caso que nos ocupa, tal como se expuso en el apartado anterior, el Municipio actor reclama la omisión total de la entrega de los recursos provenientes del FISMDF correspondiente a los meses de agosto y septiembre de dos mil dieciséis y del FORTAFIN-B-2016, aprobado para el ejercicio fiscal del dos mil dieciséis. Al valorarse como una omisión total de entrega, la oportunidad para impugnar omisiones se actualiza de momento a momento y, por ende, a diferencia de lo expuesto por el titular del Poder Ejecutivo en su contestación de demanda, la controversia se promovió en tiempo.
CUARTO.—Legitimación activa. El actor es el Municipio de Tantoyuca, V.I. de la Llave, y en su representación promueve la demanda F.J.S.M. quien se ostenta con el carácter de síndico municipal. Dicho carácter se acreditó con la copia de la constancia de mayoría de nueve de julio de dos mil trece,(32) así como con la relación de ediles que integran los Ayuntamientos del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial del Estado, el tres de enero de dos mil catorce,(33) y el acta de sesión ordinaria de Cabildo de tres de enero de dos mil catorce,(34) en virtud de la cual se ratificó al síndico municipal como representante legal del Ayuntamiento del Municipio de Tantoyuca.
En relación con la representación, el artículo 37, fracción I y II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, del Estado de Veracruz(35) dispone que los síndicos tendrán las atribuciones para procurar, defender y promover los intereses del Municipio en los litigios en los que fuere parte, comparecer a las diligencias, interponer recursos, ofrecer pruebas y formular alegatos, formular posiciones y, en su caso, rendir informes, promover el juicio de amparo y el juicio de lesividad, y representar legalmente al Ayuntamiento.
De acuerdo con las disposiciones anteriores, el síndico único cuenta con la representación del Municipio y, por tanto, tiene legitimación procesal para promover la controversia constitucional, cuestión que ha sido reconocida por este Alto Tribunal en el criterio P./J. 52/2000, "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SÍNDICO ÚNICO DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, TIENE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA COMPARECER EN SU REPRESENTACIÓN, SIN REQUERIR FORMALIDAD O ACUERDO ESPECIAL PREVIO."(36)
De lo anterior se desprende que, conforme a la legislación local, el síndico de Tantoyuca, Veracruz, posee la representación jurídica en todos los procesos judiciales; por lo que procede reconocerle representación para promover el presente juicio.
Asimismo, si dicho Municipio es uno de los órganos enunciados por el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal, facultado para intervenir en una controversia constitucional, debe concluirse que cuenta con la legitimación activa necesaria para promoverla.
QUINTO.—Legitimación pasiva del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. En el auto de admisión de catorce de noviembre de dos mil dieciséis se tuvo como demandados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Veracruz de I. de la Llave.
Así, el Poder Ejecutivo del Estado fue representado por M.Á.Y.L., en su carácter de gobernador y representante del Poder Ejecutivo de esa de la entidad, en términos de los artículos 42 y 49, fracción XVIII, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de I. de la Llave. Además, acreditó su personalidad con las copias certificadas de la constancia de mayoría de fecha doce de junio de dos mil dieciséis(37) que le fue expedida por los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de V.I. de la Llave y el Acta de la sesión solemne de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de I. de la Llave de uno de diciembre de dos mil dieciséis, en la que el referido funcionario tomó protesta a su cargo como gobernador del Estado,(38) por lo que cuenta con legitimación para comparecer como autoridad demandada.
SEXTO.—Legitimación pasiva del Poder Legislativo del Estado de Veracruz. De la lectura integral de la demanda se concluye que el Poder Legislativo del Estado de Veracruz no cuenta con legitimación pasiva para comparecer como autoridad demandada, ya que no se le atribuye ningún acto al Congreso del Estado de Veracruz.
No es óbice a lo anterior que el acuerdo de admisión de catorce de noviembre de dos mil dieciséis tenga como demandado al Poder Legislativo del Estado(39) en tanto que el demandante no atribuyó ningún acto a dicha autoridad.
SÉPTIMO.—Causas de improcedencia. El Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz señala que la controversia es improcedente con fundamento en el numeral 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia en tanto que el acto reclamado constituye un acto positivo de retención. Sustenta lo anterior en las declaraciones hechas por el Municipio actor, de las cuales se desprende que el actor tiene conocimiento de los plazos en los que debió recibir los recursos que reclama y en que recibió una entrega parcial de los recursos que reclama. En consecuencia, considera que ha fenecido el término para la promoción de la controversia constitucional y por lo tanto, es improcedente.
Esta Primera Sala considera que debe desestimarse la causal de improcedencia hecha valer por el Poder Ejecutivo del Estado, debido a que como se desarrolló en el apartado de precisión de la litis, los actos efectivamente reclamados por el actor son la omisión total de la entrega de los recursos correspondientes al FISMDF, por los meses de agosto y septiembre y al FORTAFIN-B-2016 autorizado para el ejercicio fiscal 2016. En consecuencia, la demanda no es extemporánea, ya que conforme a la tesis P./J. 43/2003(40) tratándose de omisiones la oportunidad se actualiza día a día mientras la omisión subsista.
También se desestima la causal de sobreseimiento invocada por el Congreso del Estado de Veracruz referente a que no existe ningún acto reclamado en contra del Poder Legislativo del Estado, pues no tiene legitimación pasiva en esta controversia constitucional.
Por último, toda vez que esta Primera Sala no advierte de oficio la existencia de otro motivo de improcedencia, se procede a estudiar el fondo del asunto.
OCTAVO.—Estudio de fondo. De conformidad con lo precisado en el apartado relativo a la precisión de la litis, lo que debe resolverse en esta controversia constitucional es si el Poder Ejecutivo del Estado de V.I. de la Llave ha incurrido en la omisión en la entrega de los recursos económicos que le corresponden al Municipio actor.
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre la interpretación y el alcance de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución General, en lo relativo al tema de la hacienda municipal en diversos precedentes(41) y ha sostenido que la fracción IV de este precepto establece un conjunto de previsiones cuyo objetivo, consiste en regular las relaciones entre los Estados y los Municipios en materia de hacienda y recursos económicos municipales.
En el artículo 115, fracción IV, de la Constitución se establecen diversas garantías jurídicas de contenido económico, financiero y tributario a favor de los Municipios, lo cual resulta totalmente congruente con el propósito del constituyente permanente –fundamentalmente a partir de las reformas de mil novecientos ochenta y tres y mil novecientos noventa y nueve–, para el fortalecimiento de la autonomía municipal a nivel constitucional, por lo que, el cumplimiento de los contenidos de dicha fracción genera y garantiza el respeto a la autonomía municipal. Todo esto se advierte en la tesis aislada 1a. CXI/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."(42)
En el aspecto que nos ocupa, se ha señalado esencialmente lo siguiente:
a) Que los Estados tienen como base de su división territorial y de su organización política y administrativa al Municipio Libre.
b) Se consagra el principio de libre administración de la hacienda municipal, el cual es consustancial al régimen que estableció el Poder Reformador de la Constitución Federal, a efecto de fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios, con el fin de que éstos puedan tener libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades, todo esto en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos, de tal manera que, atendiendo a sus necesidades propias y siendo éstos los que de mejor manera y en forma más cercana las conocen, puedan priorizar la aplicación de sus recursos sin que se vean afectados por intereses ajenos o por cuestiones que, por desconocimiento u otra razón, los obligaran a ejercer sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales.
Este principio de libre administración de la hacienda municipal rige únicamente sobre una parte de los recursos que integran la hacienda municipal y no sobre la totalidad de los mismos.(43) Tanto las participaciones como las aportaciones federales forman parte de la hacienda municipal, pero sólo las primeras están comprendidas dentro del régimen de libre administración hacendaria.
Así, las aportaciones federales son recursos pre etiquetados que no pueden ser destinados a otro tipo de gasto más que el indicado por los diversos fondos previstos por la Ley de C.F., aunque esto último no debe entenderse en el sentido de que los Municipios no tengan facultades de decisión en el ejercicio de las aportaciones federales, sino que se trata de una pre etiquetación temática en la que los Municipios tienen flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo a sus propias necesidades y dando cuenta de la utilización de los mismos, a posteriori, en la cuenta pública correspondiente.(44)
Derivado de la finalidad constitucional del principio de libertad hacendaria, se ha reconocido el principio de integridad de los recursos federales destinados a los Municipios,(45) el cual consiste básicamente en que los Municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa de los citados recursos, por lo que la entrega extemporánea genera en su favor el pago de los intereses correspondientes.
El artículo 115, fracción IV, inciso b), establece que las participaciones deben ser cubiertas a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.
Es importante advertir que no obstante que dicho precepto sólo se refiere a las participaciones federales, la obligación de pago de intereses derivada del mismo resulta igualmente aplicable a las aportaciones federales, atendiendo a que éstos recursos también integran la hacienda municipal, por lo que igualmente el citado orden de gobierno tiene derecho a contar con ellos en tiempo a fin de poder llevar a cabo, de manera inmediata, los programas para los que fueron destinados. En ese sentido, es claro que la demora en el pago le ocasiona daños y/o perjuicios al Municipio. De ahí el principio jurídico de que quien incurre en mora debitoria, está obligado a pagar intereses.
En desarrollo de las citadas garantías constitucionales a favor de la hacienda pública municipal, la Ley de C.F. que tiene como finalidad, entre otras, coordinar el sistema fiscal de la Federación con los de los Estados, Municipios y Distrito Federal, establece respecto de las participaciones federales, en sus artículos 3o. y 6o. lo siguiente:(46)
1. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la obligación de publicar en el Diario Oficial de la Federación el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como el monto, estimados, que recibirá cada entidad federativa del fondo general y del fondo de fomento municipal, para cada ejercicio fiscal, a más tardar el treinta y uno de enero del ejercicio de que se trate.(47)
2. La Federación deberá entregar las participaciones que les correspondan a los Municipios por conducto de los Estados.
3. Dicha entrega deberá efectuarse dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba.
4. El retraso en las entregas de tales participaciones dará lugar al pago de intereses a la tasa de recargos que establezca el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones.
5. En caso de incumplimiento, por parte de los Estados, la Federación hará la entrega directa a los Municipios descontando la participación del monto correspondiente, previa opinión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.
6. Las participaciones deben cubrirse en efectivo, sin condicionamiento alguno y no podrán ser objeto de deducciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9 de la propia Ley de C.F..
7. Las entidades federativas, quince días después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publique en el Diario Oficial de la Federación el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como el monto y estimados, según lo dispone el artículo 3 de la propia ley, deberán publicar en el Periódico Oficial de la entidad los mismos datos respecto de las participaciones que las entidades reciban y de las que tengan obligación de participar a sus Municipios o demarcaciones territoriales. También deberán publicar trimestralmente el importe de las participaciones entregadas y, en su caso, el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal.
Por lo que hace a las aportaciones federales, la Ley de C.F. también establece para cada uno de los fondos que integran dicho rubro que las entregas se harán a los Municipios por parte de los Estados "de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquéllas de carácter administrativo, que las correspondientes" a cada fondo.
Así, al haber la disposición expresa de que las cantidades que por tales fondos corresponden a losMunicipios debe hacerse de manera ágil y directa, resulta aplicable por analogía el plazo de cinco días previsto para el caso de las participaciones, como un lapso de tiempo razonable para que los Estados hagan las transferencias correspondientes a las aportaciones federales, por lo que una vez transcurrido el mismo deberá considerarse que incurren en mora y por tanto, deben realizar el pago de intereses.(48)
Omisión en la entrega de los recursos del FISMDF y FORTAFIN. Una vez precisado lo anterior, del análisis de las constancias que obran en el expediente esta Primera Sala concluye que las autoridades demandadas incurrieron en la omisión de entrega de los recursos económicos federales que se le atribuyó. En efecto, de las documentales que la autoridad demandada exhibió a esta Suprema Corte se advierte que no se entregó al Municipio actor los recursos económicos que le corresponden a dicho fondo.
Por lo que respecta a los fondos correspondientes a los meses de agosto y septiembre del FISMDF, de las documentales exhibidas de las aportaciones federales a Municipios y expedidas por la Secretaría de Finanzas del Estado de V.I. de la Llave,(49) se desprende que de conformidad con la normativa de la Ley de C.F. aplicable, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha ministrado las aportaciones en tiempo de acuerdo con el calendario de ministración.
Sin embargo, no existe prueba alguna que hasta este momento acredite que el Ejecutivo Local hubiere entregado las aportaciones federales de los meses de agosto y septiembre correspondientes al FISMDF, tal y como lo reconoce el tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz.(50)
Esta Primera Sala estima que ha sido transgredida la autonomía del Municipio de Tantoyuca, Veracruz de I. de la Llave, pues entre los principios previstos por el artículo 115, fracción V, de la Constitución General que garantizan el respeto a la autonomía municipal, están los de integridad y ejercicio directo de los recursos municipales, los que fueron violentados por la omisión de entregar los recursos correspondientes a los meses impugnados.
La Ley de C.F. para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social establece en el artículo 32, segundo párrafo en relación con el artículo 35(51) que los Estados deberán entregar a sus respectivos Municipios los recursos que les corresponden conforme con el calendario de enteros en que la Federación lo haga a los Estados y que ello debe hacerse de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines a que se destinará el fondo.
De las constancias exhibidas al expediente por el director general jurídico de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz de I. de la Llave, se desprende que mediante oficio TES/119/2017,(52) el tesorero local señaló la siguiente información respecto a las ministraciones efectuadas al Municipio actor, así como las transferencias electrónicas que hacen constar el pago de las mismas:


De igual modo, el tesorero informó que los recursos correspondientes a los meses de agosto y septiembre de dos mil dieciséis fueron ministrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la entidad el treinta y uno de agosto y el treinta de septiembre de ese año respectivamente, a lo cual acompañó con los recibos de ingresos y el soporte de la transferencia realizada a la cuenta bancaria del Estado por parte de la referida Secretaría de Hacienda.(53)
No obstante, destacó que de acuerdo al Sistema de Aplicaciones Financieros del Estado de Veracruz (SIAFEV), existían los siguientes registros pendientes de pago correspondientes a los meses de agosto y septiembre del año dos mil dieciséis, que a continuación se detallan:


Por tanto, tal como adelantó, esta Primera Sala llega a la conclusión de que el Poder Ejecutivo omitió ministrar al Municipio actor los multicitados fondos federales relativos a los meses de agosto y septiembre de dos mi dieciséis, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, sin que se advierta que con posterioridad se hubieren efectuado dichos depósitos (no se aportaron más pruebas). Luego, se ordena la entrega de los recursos que correspondan a esos meses de acuerdo a las cantidades previamente determinadas por el Ejecutivo Local.
Por lo que respecta al FORTAFIN-B-2016, del Oficio No. FGIP/962/2016,(54) de fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, firmado por el encargado del despacho de la Dirección General de Inversión Pública, se desprende que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la transferencia de recursos correspondientes al FORTAFIN-B-2016 al Municipio actor por una cantidad de $94'000,000.00.
Al respecto, el informe del tesorero señala que los fondos federales fueron entregados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público al Gobierno del Estado de manera global el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis. Además, destaca que en el Sistema Integral de Administración Financiera existen veintinueve registros pendientes de pago correspondientes al FORTAFIN-B-2016 por un total de $65'800,000.00. Lo anterior, pues el veinte de diciembre de dos mil dieciséis se realizó la transferencia de $28'200,000.00, lo que demostró con la transferencia electrónica a la cuenta del Municipio de Tantoyuca.(55) Por tanto, esta Primera Sala concluye que se omitió el pago de la cantidad de 65'800,000.00 FORTAFIN-B-2016. Esto se desprende de restar el monto de $28'200,000.00 pagado el veinte de diciembre de dos mil dieciséis a la cantidad de $94'000,000.00 que le corresponde al Municipio, tal y como lo reconoce el Poder Ejecutivo Local.(56)
Asimismo, esta Suprema Corte considera que ante la falta de entrega o entrega tardía de recursos federales, debe pagarse al Municipio actor los intereses. En efecto, de conformidad con las fechas señaladas en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de V.I. de la Llave publicada el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, en el punto décimo, se estableció lo siguiente:
"Decimo. La entrega de los recursos FISMDF del Estado a los Municipios se hará tan pronto sean recibidos de la Federación a través de la SCHP, conforme al párrafo segundo del artículo 32 de la Ley; es decir, mensualmente en los primeros diez meses del año, conforme a lo señalado en el artículo quinto del Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2016 de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, publicado con fecha 18 de diciembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación por la SHCP ..."


Por otro lado, el artículo 12 de los Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional establece lo siguiente:
12. En el supuesto de que la instancia ejecutora sea un Municipio o demarcación territorial del Distrito Federal, la entidad federativa deberá transferirle únicamente de la cuenta bancaria contratada para tal efecto, en términos del numeral anterior, los recursos que correspondan, en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a la recepción de los mismos, siempre y cuando la instancia ejecutora haya comunicado a la entidad federativa la cuenta bancaria con las características mencionadas en el numeral anterior.


De conformidad con lo expuesto, se concluye que la actuación de la autoridad demandada –Poder Ejecutivo del Estado de V.I. de la Llave– generó una inobservancia al principio de integridad de los recursos municipales, porque tal como se acredita de autos, los fondos federales no han sido entregados al Municipio actor y, los que fueron transferidos, fueron de forma extemporánea; por lo que es inconcusa la violación a su autonomía hacendaria.
Por tanto, en el contexto del sistema financiero municipal debe tomarse en cuenta que, cuando las autoridades gubernamentales a las que la Constitución o leyes imponen el deber de satisfacer ciertas cantidades de recursos a otras (como en este caso serían las municipales), omiten el pago de las mismas o lo hacen tardíamente, someten a estas últimas a un perjuicio doble: a) en primer lugar, les infringe el daño ligado a la pérdida del poder adquisitivo de las cantidades que les corresponden; y, b) en segundo lugar, las somete a los graves inconvenientes derivados de la imposibilidad de destinar dichos recursos a los rubros que corresponden en el momento previsto, de acuerdo con la normativa aplicable y en armonía con sus necesidades colectivas.
Es por ello que la legislación que disciplina el sistema de financiamiento municipal en la República Mexicana da especificidad al principio general de derecho según el cual, quien causa un daño está obligado a repararlo, y según el cual la reparación de ese daño debe tender a colocar al lesionado en la situación en la que se encontraba antes de que se produjera el hecho lesivo, lo cual se traduce en el deber de pagar una indemnización moratoria cuando el daño se identifica con la falta de pago de una cantidad ya líquida y exigible.
Estas razones sirvieron de sustento en la sentencia dictada por el Tribunal Pleno en la controversia constitucional 5/2004,(57) de la cual derivó la jurisprudencia P./J. 46/2004, "RECURSOS FEDERALES A LOS MUNICIPIOS. CONFORME AL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS, LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA GENERA INTERESES."(58)
Similares consideraciones se esgrimieron en los precedentes controversia constitucional 162/2016 y 184/2016 resueltas por esta Primera Sala en sesión de once de abril de dos mil dieciocho, por unanimidad de cinco votos.
NOVENO.—Efectos. Esta Primera Sala determina que los efectos de la presente sentencia se traducen en la entrega de las cantidades adeudadas y los intereses que se generen respecto a los recursos del FISMDF correspondientes a los meses de agosto y septiembre de dos mil dieciséis; el pago de las cantidades adeudadas e intereses respectivos del FORTAFIN-B-2016, y los intereses respectivos por el pago extemporáneo realizado el veinte de diciembre de dos mil dieciséis.
Para ello se concede al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de I. de la Llave un plazo de noventa días hábiles contados, a partir del día siguiente a aquel en que le sea notificado este fallo, a fin de que realice lo conducente para que sean suministradas los subsidios y aportaciones federales reclamados, más los intereses que resulten sobre este saldo insoluto hasta la fecha de liquidación conforme a la tasa de recargos que establezca el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.—Es parcialmente procedente y fundada la presente controversia constitucional.
SEGUNDO.—Se sobresee en la controversia constitucional respecto del Poder Legislativo del Estado de Veracruz en los términos del considerando sexto de la presente ejecutoria.
TERCERO.—Se sobresee respecto de la omisión de entrega de los recursos correspondientes al mes de octubre de dos mil dieciséis del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, en los términos del considerando segundo de la presente ejecutoria.
CUARTO.—Se declara la invalidez de los actos impugnados al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz consistentes en la omisión de entrega de los recursos correspondientes a los meses de agosto y septiembre de dos mil dieciséis del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, así como el pago parcial de los recursos correspondientes al Fondo de Fortalecimiento Financiero para la Inversión, B-2016, en términos del considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno de esta ejecutoria.
N.; haciendo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cinco votos de los Ministros: A.Z.L. de L. (ponente), J.R.C.D., quien se reservó el derecho a formular voto concurrente, J.M.P.R., A.G.O.M. y presidenta N.L.P.H. con salvedad en las consideraciones.



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1. Del expediente en que se actúa fojas 1 a 56.
2. I., fojas 117 a 119, vuelta.
3. I., fojas 120 a 124.
4. I., foja 122 vuelta.
5. I., fojas 61 a 67.
6. I., fojas 322 a 324.
7. I., foja 541.
8. I., foja 542.
9. I., foja 543.
10. "Artículo 41. Las sentencias deberán contener:
"I. La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados."
11. "Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: ...
"III. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe la norma o acto materia de la controversia, o cuando no se probare la existencia de ese último."
12. Del expediente en el que se actúa, foja 85.
13. Tesis P./J. 43/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T.X., agosto de 2003, Novena Época, página 1296, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN.". Esta tesis derivó de la controversia constitucional 10/2001, en la que se determinó que tratándose de la impugnación de omisiones la oportunidad para realizarla se actualiza de momento a momento mientras esta subsista, por lo que si en el caso se impugnó la omisión del Poder Ejecutivo Local de transferir el servicio público de tránsito al actor en cumplimiento a las reformas ocurridas al artículo 115, fracción III, inciso h), de la Constitución General, en relación a los artículos transitorios segundo y tercero del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre del mismo año, la demanda se presentó en tiempo. La Suprema Corte manifestó que las omisiones son aquellos actos que implican un no hacer por parte de la autoridad, creando así una situación permanente que no se subsana mientras no actúe el omiso. La situación permanente se genera y reitera día a día mientras subsista la actitud omisiva de la autoridad; dando lugar así a consecuencias jurídicas que día a día se actualizan.
14. Resuelta por el Tribunal Pleno el 8 de junio de 2004, ponencia del M.C.D..
15. Foja 28 de la sentencia.
16. Resuelta por el Tribunal Pleno el 18 de octubre de 2007, ponencia del M.S.A.A..
17. Foja 49 de la sentencia.
18. Resuelta por la Primera Sala el 7 de marzo de 2012, ponencia del M.O.M..
19. Foja 20 de la sentencia.
20. Resuelta por la Primera Sala el 19 de febrero de 2014, ponencia del Ministro Zaldívar Lelo de L..
21. Foja 35 de la sentencia.
22. Resuelta por la Primera Sala el 12 de agosto de 2015, ponencia del M.C.D..
23. Foja 29 de la sentencia.
24. Resuelta por la Primera Sala el 18 de marzo de 2015, ponencia del M.C.D..
25. Foja 18 de la sentencia.
26. Foja 22 de la sentencia.
27. Resuelta por la Primera Sala el 1 de junio de 2016, ponencia del M.C.D..
28. Resuelta en sesión de 29 de junio de 2016.
29. Foja 45 de la sentencia.
30. Foja 51 de la sentencia.
31. Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos."
32. Foja 57 del expediente en que se actúa.
33. I., fojas 58 a 60.
34. I., fojas 106 a 107.
35. Ley Orgánica del Municipio Libre, del Estado de Veracruz de I. de la Llave.
"Artículo 37. Son atribuciones del síndico:
(Reformada, G.O. 2 de marzo de 2006)
"I.P., defender y promover los intereses del Municipio en los litigio (sic) en los que fuere parte, comparecer a las diligencias, interponer recursos, ofrecer pruebas y formular alegatos, formular posiciones y, en su caso, rendir informes, promover el juicio de amparo y el juicio de lesividad. Para delegar poderes, otorgar el perdón judicial, desistirse, transigir, comprometerse en árbitros o hacer cesión de bienes municipales, el síndico requiere la autorización previa del Cabildo;
"II. Representar legalmente al Ayuntamiento."
36. Texto: "De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, el ‘síndico único’ es el encargado de la procuración, defensa y promoción de los intereses municipales y de la representación jurídica de los Ayuntamientos en los litigios en que éstos fueren parte, sin que exista ninguna disposición que ordene formalidad o acuerdo previo del Ayuntamiento para llevar a cabo estas funciones, ya que la materia propia de las sesiones que éste lleva a cabo se refiere específicamente a los asuntos sustantivos propios de la administración del Municipio. Por tanto, el ‘síndico único’, en uso de las atribuciones que la ley le otorga, puede promover y representar legalmente al Municipio en cualquier litigio, como lo es la controversia constitucional, sin que se establezca condición o requisito formal previo para ello.". Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T.X., abril de 2000, página 720.
37. Foja 198 del expediente en que se actúa.
38. I., fojas 201 a 209.
39. Foja 122 reverso del expediente en que se actúa.
40. Tesis P./J. 43/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T.X., agosto de 2003, Novena Época, página 1296, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN.". Esta tesis derivó de la controversia constitucional 10/2001, en la que se determinó que tratándose de la impugnación de omisiones la oportunidad para realizarla se actualiza de momento a momento mientras esta subsista, por lo que si en el caso se impugnó la omisión del Poder Ejecutivo local de transferir el servicio público de tránsito al actor en cumplimiento a las reformas ocurridas al artículo 115, fracción III, inciso h), de la Constitución General, en relación a los artículos transitorios segundo y tercero del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre del mismo año, la demanda se presentó en tiempo. La Suprema Corte manifestó que las omisiones son aquellos actos que implican un no hacer por parte de la autoridad, creando así una situación permanente que no se subsana mientras no actúe el omiso. La situación permanente se genera y reitera día a día mientras subsista la actitud omisiva de la autoridad; dando lugar así a consecuencias jurídicas que día a día se actualizan.
41. Pueden consultarse los precedentes controversia constitucional 14/2004, resuelta por unanimidad de 11 votos en sesión de 16 de noviembre de 2004; la contradicción de tesis 45/2004-PL, fallada por unanimidad de 11 votos, en sesión de 18 de enero de 2005; lacontroversia constitucional 70/2009, fallada por unanimidad de 5 votos de los Ministros integrantes de la Primera Sala en sesión de 2 de junio de 2010; diversas controversias constitucionales (de la 100/2008 a la 131/2008 paquete de Sonora), falladas en sesión de 19 de octubre de 2011, por unanimidad de 5 votos de los Ministros integrantes de la Primera Sala; y la controversia constitucional 111/2011, fallada el 26 de septiembre de 2012 por unanimidad de 5 votos.
42. Primera Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T.X., noviembre de 2010, página 1213.
43. Sobre este tema, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se ha pronunciado en diversas tesis de jurisprudencia, entre las cuales se encuentran, las tesis P./J. 5/2000 y P./J. 6/2000, de rubros: "HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. SUS DIFERENCIAS. (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL)." y "HACIENDA MUNICIPAL. CONCEPTOS SUJETOS AL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).", consultables en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T.X., febrero de dos mil, en las páginas quinientos quince y quinientos catorce, respectivamente.
44. Este criterio se contiene en la tesis de jurisprudencia P./J. 9/2000, de rubro y texto: "HACIENDA MUNICIPAL. LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES FORMAN PARTE DE AQUÉLLA, PERO SÓLO LAS PRIMERAS QUEDAN COMPRENDIDAS EN EL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA.—Las participaciones y aportaciones federales son recursos que ingresan a la hacienda municipal, pero únicamente las primeras quedan comprendidas dentro del régimen de libre administración hacendaria de los Municipios conforme a lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal; por su parte, las aportaciones federales no están sujetas a dicho régimen, dado que son recursos netamente federales que se rigen por disposiciones federales.". Este criterio es consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T.X., febrero de 2000, página 514.
45. Al resolver la controversia constitucional 5/2004, del Municipio de Purépero, Estado de Michoacán, este Alto Tribunal determinó que la Constitución no solamente ha atribuido en exclusividad una serie de competencias a los Municipios del país, sino que ha garantizado también que los mismos gozarán de los recursos económicos necesarios para cumplir con dichas responsabilidades constitucionales, por lo que una vez que la Federación decide transferir cierto tipo de recursos a los Municipios con la mediación administrativa de los Estados, hay que entender que el artículo 115 constitucional garantiza a dichos Municipios su recepción puntual y efectiva, porque la facultad constitucional exclusiva de programar y aprobar el presupuesto municipal de egresos de la que gozan presupone que deben tener plena certeza acerca de sus recursos.
46. "Artículo 1o. Esta ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con los de los Estados, Municipios y Distrito Federal, establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento."
47. En cumplimiento a lo indicado, el día treinta y uno de enero de dos mil doce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo mediante el cual se dio a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que recibiría cada entidad federativa del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal por el ejercicio fiscal de dos mil doce.
48. Este razonamiento ya fue sostenido por esta Primera Sala al resolver las controversias constitucionales del paquete de Sonora (100/2008 a la 131/2008).
49. Del expediente en que se actúa, fojas 293 a 300.
50. I., Foja 287.
51. "Artículo 32. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se determinará anualmente en el presupuesto de egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Del total de la recaudación federal participable el 0.303% corresponderá al Fondo para la Infraestructura Social Estatal y el 2.197% al Fondo para Infraestructura Social Municipal.
"Este fondo se enterará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a los Estados por conducto de la Federación y a los Municipios a través de los Estados, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de esta ley.
"Para efectos del entero a que se refiere el párrafo anterior no procederán los anticipos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7o. de esta ley. ..."
"Artículo 33. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban los Estados y los Municipios, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros: ..."
"Artículo 35. Los Estados distribuirán entre los Municipios los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, con una fórmula igual a la señalada en el artículo anterior, que enfatice el carácter redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos Municipios con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. Para ello, utilizarán la información estadística más reciente de las variables de rezago social a que se refiere el artículo anterior publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. En aquellos casos en que la disponibilidad de información no permita la aplicación de la fórmula antes señalada, se utilizarán las siguientes cuatro variables sumadas y ponderadas con igual peso cada una de ellas: ...
"Con objeto de apoyar a los Estados en la aplicación de sus fórmulas, la Secretaría de Desarrollo Social publicará en el Diario Oficial de la Federación, en los primeros quince días del ejercicio fiscal de que se trate, las variables y fuentes de información disponibles a nivel municipal para cada Estado.
"Los Estados, con base en los lineamientos anteriores y previo convenio con la Secretaría de Desarrollo Social, calcularán las distribuciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal correspondientes a sus Municipios, debiendo publicarlas en sus respectivos órganos oficiales de difusión a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable, así como la fórmula y su respectiva metodología, justificando cada elemento.
"Los Estados deberán entregar a sus respectivos Municipios los recursos que les corresponden conforme al calendario de enteros en que la Federación lo haga a los Estados, en los términos del penúltimo párrafo del artículo 32 de la presente ley. Dicho calendario deberá comunicarse a los Gobiernos Municipales por parte de los Gobiernos Estatales y publicarse por estos últimos a más tardar el día 31 de enero de cada ejercicio fiscal, en su respectivo órgano de difusión oficial."
52. Fojas 285 a 287 del expediente.
53. Fojas 301 a 310 del expediente en el que se actúa.
54. I. fojas 111 a 116.
55. I. foja 291.
56. I. foja 289.
57. Fallada en sesión de ocho de junio de dos mil cuatro, por mayoría de nueve votos.
58. Texto: "La reforma de mil novecientos noventa y nueve al artículo 115 de la Constitución Federal consolidó la autonomía del Municipio, configurándolo como un tercer nivel de gobierno con un régimen competencial propio y exclusivo. La Constitución, sin embargo, no le atribuye potestad legislativa en materia impositiva, como vía para proveerle de los recursos necesarios para hacer frente a dichas competencias y responsabilidades. Así, la fracción IV del mencionado artículo prevé el concepto de hacienda municipal y hace una enumeración no exhaustiva de los recursos que habrán de integrarla; su segundo párrafo establece garantías para que la Federación y los Estados no limiten, mediante exenciones o subsidios, el flujo de recursos que deben quedar integrados a la hacienda municipal; finalmente, el último párrafo de la citada fracción subraya que los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos. De la interpretación sistemática de la fracción IV, en el contexto general del artículo 115 –que pone a cargo exclusivo de los Ayuntamientos la prestación de un número importante de funciones y servicios públicos–, puede concluirse que nuestra Constitución ha consagrado implícitamente el principio de integridad de los recursos económicos municipales. La Constitución, en otras palabras, no solamente ha atribuido en exclusividad una serie de competencias a los Municipios del país, sino que ha garantizado también que los mismos gozarán de los recursos económicos necesarios para cumplir con dichas responsabilidades constitucionales. Por ello, una vez que la Federación decide transferir cierto tipo de recursos a los Municipios con la mediación administrativa de los Estados, hay que entender que el artículo 115 constitucional garantiza a dichos Municipios su recepción puntual y efectiva, porque la facultad constitucional exclusiva de programar y aprobar el presupuesto municipal de egresos de la que gozan presupone que deben tener plena certeza acerca de sus recursos. Si la Federación y los Estados, una vez que han acordado la transferencia de ciertos recursos a los Municipios, incumplen o retardan tal compromiso los privan de la base material y económica necesaria para ejercer sus obligaciones constitucionales y violan el artículo 115 de la Constitución Federal; por tanto, la entrega extemporánea de dichos recursos genera los intereses correspondientes.". Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T.X., junio de 2004, página 883.


Esta ejecutoria se publicó el viernes 05 de julio de 2019 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la Federación.