Ejecutoria num. P./J. 75/2003 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26825301

Ejecutoria num. P./J. 75/2003 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P./J. 75/2003
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Octubre de 2003
RESUMEN

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 15/2003. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. SOBRERREPRESENTACIÓN. EL ARTÍCULO 229, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE DICHO ESTADO, AL PREVER COMO LÍMITE UN PORCENTAJE DE 16%, NO VIOLA EL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.CONGRESOS LOCALES. SOBRERREPRESENTACIÓN. NO ESTÁN OBLIGADOS A CONSIDERAR COMO LÍMITE EL 8% QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL HECHO DE QUE ESOS PRINCIPIOS SE PREVEAN EN UNA LEY SECUNDARIA NO TRANSGREDE EL ORDEN JURÍDICO CONSTITUCIONAL.MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL PORCENTAJE QUE DEBE CORRESPONDER A CADA UNO DE ESOS PRINCIPIOS, NO DEBE ALEJARSE SIGNIFICATIVAMENTE DE LAS BASES GENERALES ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

 
CONTENIDO

ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD 15/2003. PARTIDO DE LA REVOLUCI�N DEMOCR�TICA.
MINISTRO PONENTE: J.N.S.M..
SECRETARIOS: P.A.N.M.Y.M.A.S.P..
M�xico, Distrito F.. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al veintitr�s de septiembre de dos mil tres.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el treinta de julio de dos mil tres, ante el secretario de la Comisi�n de Receso del Primer P.odo de Sesiones de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, R.R.B., quien se ostent� como presidenta nacional del Partido de la Revoluci�n D.�tica, promovi� acci�n de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de la norma que m�s adelante se se�ala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuaci�n se precisan:
"�rgano legislativo que emiti� las normas generales impugnadas. La X Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Q.R.. �rgano ejecutivo que promulg� las normas generales impugnadas. El gobernador del Estado Libre y Soberano de Q.R.. Medio donde fue publicada la norma impugnada. El P.�dico Oficial del Gobierno del Estado de Q.R., de fecha 30 de junio de 2003, tomo II, n�mero 12, 6a. �poca. Normas generales cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicaron. El art�culo 229, fracci�n III, p�rrafo quinto, del C�digo de Instituciones y Procedimientos Electorales de Q.R., publicado mediante Decreto N�mero 68, por el que se deroga la fracci�n I y reforma la fracci�n III, en sus p�rrafos segundo y quinto del art�culo 229 del C�digo de Instituciones y Procedimientos Electorales de Q.R.."
SEGUNDO. El partido promovente se�al� como antecedentes los siguientes:
"Primero. En resoluci�n emitida por esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la acci�n de inconstitucionalidad con el n�mero de expediente 6/98, promovida por el Partido de la Revoluci�n D.�tica, se declar� la inconstitucionalidad del art�culo 229, en sus fracciones I y III, del C�digo de Instituciones y Procedimientos Electorales de Q.R.. Segundo. El dieciocho de febrero de dos mil tres, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n emite resolutivo de la ?acci�n de inconstitucionalidad 18/2002 y su acumulada 19/2002, promovida por el Partido de la Revoluci�n D.�tica y por el procurador general de la Rep�blica?, determinando, entre otras situaciones, la inconstitucionalidad del art�culo 54 de la C.�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Q.R., determinando en la parte medular del considerando s�ptimo, as� como en los considerandos d�cimo, d�cimo primero y puntos resolutivos, lo siguiente: ?S�PTIMO. ... El precepto anotado contiene las bases generales a las que se sujetar� la elecci�n de diputados seg�n el principio de representaci�n proporcional, y se�ala expresamente que para el registro de sus listas de candidatos, los partidos pol�ticos deber�n acreditar que participan con candidatos a diputados por mayor�a relativa en cuando menos ocho de los distritos electorales; que tendr�n derecho a participar en la asignaci�n de diputados electos seg�n el principio de representaci�n proporcional, el partido que haya alcanzado por lo menos el dos punto cinco por ciento de la votaci�n total emitida en el territorio del Estado y que ning�n partido pol�tico o coalici�n podr� tener m�s del sesenta por ciento de los integrantes de la legislatura por ambos principios (mayor�a relativa y representaci�n proporcional); y por lo que se refiere a las f�rmulas y procedimientos que se observar�n para la asignaci�n de diputados por el principio de representaci�n proporcional, remite a la ley de la materia. Cabe destacar que no obstante que ser�a jur�dicamente correcto que las cuestiones inherentes a la mayor�a relativa y representaci�n proporcional se establecieran en las C.ones F. y L., as� como en las leyes que emitan las Legislaturas de los Estados; sin embargo, de no suceder as�, sino que �nicamente se establecieran en la ley local, no se rompe el orden jur�dico constitucional porque, como argumentan el Congreso y el Poder Ejecutivo del Estado de Q.R., de conformidad con el art�culo 116, fracci�n II, de la C.�n F., que se�ala que las Legislaturas de los Estados se integrar�n con diputados elegidos seg�n los principios de mayor�a relativa y de representaci�n proporcional �en los t�rminos que se�alen sus leyes�, debe entenderse que deja abierta la posibilidad para que las cuestiones relacionadas con tales principios se desarrollen en la legislaci�n secundaria, pues de considerarse en la forma que propone el partido promovente de esta acci�n de inconstitucionalidad, en los Estados no habr�a leyes electorales que detallar�n todo aquello que es propio de la organizaci�n de los poderes y que finalmente debe estar de acuerdo con los lineamientos de la C.�n F.. Adem�s, si el Constituyente F. hubiera querido que todas las cuestiones relacionadas con los principios de mayor�a relativa y representaci�n proporcional estuvieran establecidos en la C.�n L., as� lo hubiera se�alado en la fracci�n IV del art�culo 116 de la C.�n F., que se refiere al contenido de las C.ones y leyes de los Estados en materia electoral. De lo anotado se concluye que el hecho de que en el art�culo 54 de la C.�n L., al fijarse las bases para la elecci�n de los diputados de representaci�n proporcional, se omita establecer un porcentaje l�mite de representaci�n, no cancela la posibilidad de que esa cuesti�n pueda preverse en la legislaci�n secundaria, en congruencia con lo dispuesto por el �ltimo p�rrafo de la fracci�n II del art�culo 116 de la C.�n F., sin que con lo anterior se deje de cumplir con lo dispuesto en la tesis jurisprudencial n�mero P./J. 69/98, consultable en la p�gina ciento ochenta y nueve, T.V., noviembre de mil novecientos noventa y ocho, Pleno, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que se�ala: ... En el caso, las f�rmulas y procedimientos impuestos por el legislador local para la asignaci�n de diputados por el principio de representaci�n proporcional se contienen en la ley secundaria, esto es, en el art�culo 229 del C�digo de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Q.R., lo cual es permitido por la fracci�n II del art�culo 116 de la C.�n F.; sin embargo, esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver la acci�n de inconstitucionalidad 6/98, promovida por el Partido de la Revoluci�n D.�tica, declar� la inconstitucionalidad de las fracciones I y III del art�culo 229 mencionado, la I en forma total y la III en la porci�n que establece: �... La votaci�n del partido que obtuvo las dos terceras partes o m�s, de las constancias de mayor�a relativa, as� como ... �; por tanto, toda vez que a la fecha no ha existido reforma o modificaci�n al precepto mencionado por parte del Congreso Estatal, las f�rmulas y procedimientos contenidos en este numeral, impuestas por el legislador local para la asignaci�n de diputados por el principio de representaci�n proporcional, son existentes pero inv�lidos, por lo que si bien, de conformidad con el art�culo 116, fracci�n II, de la C.�n F., puede estimarse que las f�rmulas y procedimientos para obtener los porcentajes para la asignaci�n de diputados por el principio de representaci�n proporcional pueden preverse en la legislaci�n secundaria, en el caso no se da tal hip�tesis, ya que las f�rmulas y procedimientos anotados se encuentran contenidos en el art�culo 229 en comento, precepto que fue declarado inconstitucional y, por tanto, es existente pero inv�lido. En estas circunstancias, al no existir en la C.�n L. ni en la ley secundaria las f�rmulas y procedimientos que se observar�n para la asignaci�n de diputados por el principio de representaci�n proporcional, no existe un l�mite a la sobre-representaci�n, por lo que el art�culo 54 de la C.�n L. impugnado resulta inconstitucional, al violar lo dispuesto por el art�culo 116, fracci�n II, �ltimo p�rrafo, de la C.�n F.; sin embargo, es de hacerse notar que este vicio de omisi�n puede purgarse por v�a de reforma a la C.�n o mediante previsiones expresas de la ley secundaria. ... D�CIMO. Atento todo lo expuesto en la presente resoluci�n, lo procedente es: Declarar la inaplicabilidad del art�culo 54 de la C.�n Pol�tica del Estado de Q.R., publicado en el P.�dico Oficial del Estado de Q.R. el diecisiete de julio de dos mil dos, en los t�rminos precisados en el considerando s�ptimo de este fallo, en tanto no sea reformada dicha norma. N.icar tal determinaci�n al Instituto Estatal Electoral y al Tribunal Electoral, ambos del Estado de Q.R., para los efectos legales conducentes. ... Requerir al Congreso del Estado de Q.R., para que en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 105, fracci�n II, pen�ltimo p�rrafo, de la C.�n F., por lo menos noventa d�as antes de que inicie el proceso electoral correspondiente, mediante los mecanismos adecuados y en atenci�n a lo sustentado en los considerandos s�ptimo, octavo y noveno de la presente ejecutoria, lleve a cabo la adecuaci�n de los numerales 49, fracci�n II, 53 y 54 de la C.�n Pol�tica del Estado de Q.R.. Con fundamento en el art�culo 45 de la ley reglamentaria de la materia, esta sentencia surtir� efectos al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. D�CIMO PRIMERO. Toda vez que el partido promovente tambi�n aduce que en virtud de que los art�culos impugnados son contrarios a los postulados que establece la C.�n F., se violan los principios de representatividad, federalismo, equidad y supremac�a constitucional contenidos en los art�culos 40, 41 y 133 de la C.�n F., debe estimarse que en atenci�n a que los argumentos anotados se hacen depender de la inconstitucionalidad alegada respecto de los preceptos de la C.�n L. impugnados; que en esta ejecutoria se consider� que los art�culos 49, fracci�n II y 53 de la C.�n del Estado de Q.R. resultan inconstitucionales; que el art�culo 54 del mismo ordenamiento constitucional resulta inaplicable y que el art�culo segundo transitorio de la misma C.�n L. se ajusta a lo dispuesto por la C.�n F., resultan parcialmente fundadas las violaciones constitucionales que al respecto se alegan. Por lo expuesto y fundado, se

resuelve: PRIMERO. Son procedentes y parcialmente fundadas las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el partido pol�tico de la Revoluci�n D.�tica y por el procurador general de la Rep�blica. SEGUNDO. Se declara la inaplicabilidad del art�culo 54 de la C.�n Pol�tica del Estado de Q.R., publicado en el P.�dico Oficial del Estado de Q.R. el diecisiete de julio de dos mil dos, en los t�rminos precisados en el considerando s�ptimo de este fallo. TERCERO. Se declara la invalidez de los art�culos 49, fracci�n II y 53 de la C.�n Pol�tica del Estado de Q.R., publicados en el �rgano informativo y en la fecha precisados en el punto resolutivo anterior, el primer precepto en la porci�n normativa que establece: �El consejero presidente, los consejeros electorales ... durar�n en su encargo dos procesos electorales ordinarios ... �; y, el segundo, en la porci�n normativa que se�ala: �... el Consejo General del Instituto Electoral de Q.R. propondr� al Congreso del Estado la demarcaci�n territorial correspondiente en distritos electorales, la cual deber� ser aprobada en el Pleno de la legislatura por cuando menos las dos terceras partes de los diputados integrantes de la misma ...�. CUARTO. Se reconoce la validez del art�culo segundo transitorio de la C.�n Pol�tica del Estado de Q.R., publicado en el P.�dico Oficial de ese Estado el diecisiete de julio de dos mil dos. QUINTO. P.�quese esta resoluci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n, en el P.�dico Oficial del Estado de Q.R. y en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta.?. Tercero. Mediante oficio No. 1316, de fecha veintisiete de mayo de 2003, dirigido a la presidenta del Congreso del Estado de Q.R., el secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Unidad de Controversias C.onales y de Acciones de Inconstitucionalidad remite oficio dictado por el Ministro M.A.G.�itr�n, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, solicitando se informe de los trabajos realizados para cumplir con lo resuelto respecto a la acci�n de inconstitucionalidad cuyo n�mero de expediente correspondi� al 18/2002 y su acumulada 19/2002, se�alando que: ?SEGUNDO. La parte final del considerando d�cimo de la resoluci�n indic� lo siguiente: �... D�CIMO. Atento todo lo expuesto en la presente resoluci�n ... Requerir al Congreso del Estado de Q.R. para que en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 105, fracci�n II, pen�ltimo p�rrafo, de la C.�n F., por lo menos noventa d�as antes de que inicie el proceso electoral correspondiente, mediante los mecanismos adecuados y en atenci�n a lo sustentado en los considerandos s�ptimo, octavo y noveno de la presente ejecutoria, lleve a cabo la adecuaci�n de los numerales 49, fracci�n II, 53 y 54 de la C.�n Pol�tica del Estado de Q.R.. ...�. En el oficio que envi� el Congreso del Estado argument� a su favor lo siguiente: �Que respecto de los argumentos del promovente consistentes en la posibilidad de conformar distritos electorales uninominales con igual n�mero de electores y de establecer un l�mite del ocho por ciento a la sobre-representaci�n, se debe se�alar que a�n est� pendiente la expedici�n de una ley sustantiva y procedimental, por lo que debe estarse a lo que se�ala el �ltimo p�rrafo de la fracci�n II del art�culo 116 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que las Legislaturas de los Estados se integran con diputados elegidos seg�n los principios de mayor�a relativa y de representaci�n proporcional, en los t�rminos que se�alen sus leyes. ...�.?. Cuarto. Asimismo, esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n declar� parcialmente fundados los juicios de inconstitucionalidad 27/2002 y 29/2002, promovidos en contra de la promulgaci�n de la Ley Org�nica del Instituto Electoral de Q.R., el Tribunal Electoral de Q.R. y la Ley Estatal de Medios de Impugnaci�n en Materia Electoral. El C�digo de Instituciones y Procedimientos Electorales de Q.R. qued� derogado en las partes correspondientes a los �rganos electorales, de los procedimientos de impugnaci�n y lo referente a la parte jurisdiccional del proceso electoral, quedando pendiente la ley electoral. Quinto. Que el 29 de abril la fracci�n parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional y el 6 de mayo el Partido de la Revoluci�n D.�tica del presente a�o (sic) presentaron, cada una, iniciativas de reformas a la C.�n del Estado, y el 19 de junio del presente a�o la fracci�n parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional present� una iniciativa que propone s�lo las reformas a los art�culos 53 y 49, fracci�n II, sin que se estableciera el tope a la sobre-representaci�n que debe establecer el art�culo 54 de la C.�n del Estado de Q.R.; por su parte, la fracci�n parlamentaria del Partido de la Revoluci�n D.�tica propuso que el tope a la sobre-representaci�n fuera del 8% y quedara plasmado en el art�culo 54 de la C.�n del Estado. Actuaciones de las que se dio cuenta a esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n el d�a 24 de junio de 2003 por la diputada L.N.E.S., presidenta de la Mesa Directiva de la X Legislatura del Estado de Q.R.. Despu�s de dos semanas de discutir las dos propuestas se lleg� al acuerdo de dejar el tope a la sobre-representaci�n del 9% en el art�culo 54 de la C.�n, se elabor� el dictamen pero la fracci�n del Partido Revolucionario Institucional condicion� la aprobaci�n del dictamen a la aprobaci�n de una propuesta de reforma del Poder Judicial que present� el gobernador del Estado en el mes de diciembre de 2002. Sexto. Que en sesi�n del d�a 26 de julio de 2003, fue aprobado �nicamente por los diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional el Decreto 68 que reforma, adiciona y deroga el art�culo 229, fracci�n III, p�rrafos segundo y quinto, del C�digo de Instituciones y Procedimientos Electorales de Q.R., con el voto en contra de los diputados de las fracciones parlamentarias de los Partidos Acci�n Nacional, Verde Ecologista de M�xico, Convergencia por la D.acia y de la Revoluci�n D.�tica. En las consideraciones del dictamen que al efecto es materia de impugnaci�n y an�lisis en el presente ocurso se se�ala: ?Como se advierte de manera clara y sin lugar a dudas, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n declara inaplicable el art�culo 54 de la C.�n L., porque el Poder Legislativo quintanarroense ha modificado v�a proceso legislativo el numeral 229 del C�digo de Instituciones y Procedimientos Electorales de Q.R., en acatamiento a la resoluci�n emitida en la acci�n de inconstitucionalidad 6/98; en consecuencia, ello nos compele a cumplir, modificado el aludido precepto legal, en la forma con la que ya se cuenta el visto bueno, a fin de estar en aptitud de solicitar el levantamiento de la inaplicabilidad del multicitado art�culo 54 de la Carta Magna Estatal. Por lo que la iniciativa que hoy se dictamina, no s�lo es oportuna sino impostergable.?. Esto es, la mayor�a en el Congreso del Estado de Q.R. pretende con una reforma legal se d� por levantada la inaplicabilidad del art�culo 54 de la C.�n del Estado, sin que esta reforma se haya hecho al art�culo 52 del mismo ordenamiento que establece que las bases para la asignaci�n de diputaciones por el principio de representaci�n proporcional ser� establecida por el art�culo 54, generando un fraude a la ley y a la sentencia de este Alto Tribunal. Que al efecto, el Decreto 68 que reforma, adiciona y deroga el art�culo 229, fracciones I y III, p�rrafos segundo y quinto, del C�digo de Instituciones y Procedimientos Electorales de Q.R., fue publicado el d�a 30 de junio de 2003, quedando de la siguiente manera: ?Decreto N�mero 68. Por el que se deroga la fracci�n I y reforma el p�rrafo segundo y quinto de la fracci�n III del art�culo 229 del C�digo de Instituciones y Procedimientos Electorales de Q.R.. La honorable X Legislatura C.onal del Estado Libre y Soberano de Q.R., decreta: Art�culo �nico. Se deroga la fracci�n I, y se reforman el segundo y quinto p�rrafos de la fracci�n III del art�culo 229 del C�digo de Instituciones y Procedimientos Electorales de Q.R., para quedar como sigue: Art�culo 229. Para la asignaci�n de diputados electos por el principio de representaci�n proporcional, se determinar� cu�les partidos est�n en los casos del art�culo 54 de la C.�n Pol�tica del Estado, y se sujetar� a las siguientes bases: I.D.. II. ... III. ... a) ... b) ... Para la aplicaci�n del primer elemento, despu�s de restada de la votaci�n efectiva la utilizada para la asignaci�n de curules a los partidos que obtuvieron el 2.5% de la votaci�n estatal emitida, el total de votos que representa la votaci�n ajustada se divide entre el n�mero de curules a repartir en el cociente que resulte, se asignar�n a los partidos pol�ticos tantas diputaciones como n�mero de veces contenga su volumen el cociente electoral obtenido. Ning�n partido pol�tico podr� tener m�s de quince diputados por ambos principios. En ning�n caso, el partido pol�tico podr� contar con un n�mero de diputados por ambosprincipios, que representen un porcentaje del total del Congreso que exceda en diecis�is puntos a su porcentaje de votaci�n estatal emitida. Esta base no se aplicar� al partido pol�tico que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total del Congreso ... Art�culos transitorios. Primero. Las presentes modificaciones entrar�n en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el P.�dico Oficial del Gobierno del Estado. Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan a la presente. Sal�n de sesiones del honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Q.R., a los veintis�is d�as del mes de junio del a�o dos mil tres. Diputada presidenta: L.N.E.S.. Diputado secretario: P. de Jes�s R.A.. Con fundamento en lo dispuesto por el art�culo 91, fracci�n II y 93, ambos de la C.�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Q.R. y para su debida observancia, mando se publique en el P.�dico Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto N�mero 68 expedido por la honorable Legislatura del Estado, a los veintis�is d�as de junio del a�o 2003, que contiene el decreto por el que se deroga la fracci�n I y reforma el p�rrafo segundo y quinto de la fracci�n III del art�culo 229 del C�digo de Instituciones y Procedimientos Electorales de Q.R.. Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Q.R., a los veintisiete d�as del mes de junio del a�o dos mil tres. El Gobernador C.onal del Estado. L.. J.�n E.H. D�az. El secretario de Gobierno. L.. Efra�n V.A..?. De la publicaci�n de la reforma antes se�alada tengo elementos que me permiten presumir que la fracci�n mayoritaria del Congreso del Estado a trav�s de la presidencia de la mesa directiva del mismo, en el mes de julio de dos mil tres, rindi� un informe a este Alto Tribunal respecto a la reforma que da motivo al presente ocurso -art�culo 229 del C�digo de Instituciones y Procedimientos Electorales de Q.R.- y en la que seg�n los elementos que presumo se solicita se tengan por cumplimentadas respecto a poner un l�mite a la sobre-representaci�n; por lo que de ser as� y esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n cuente con el informe que al efecto aqu� se se�ala, pido se tenga aportado como prueba en el presente ocurso, pues al efecto guarda relaci�n directa con la litis planteada y se encuentra en poder de este Alto Tribunal."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que se hacen valer son los siguientes:
"PRIMERO. La norma que se impugna es inv�lida por ser contraria a los principios de legalidad, certeza, a las bases para la integraci�n de las Legislaturas de los Estados y al principio de supremac�a constitucional, establecidos en los art�culos 14, 16, 54, fracci�n V, 116, fracci�n II y 133, fracci�n IV, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que en la expedici�n de la misma se omiti� observar los requisitos m�s elementales para la creaci�n de normas jur�dicas, de conformidad con la citada C.�n F. y las leyes del Estado de Q.R., pretendiendo el legislador ordinario estatal sustituir al Constituyente Permanente Estatal, en los t�rminos que a continuaci�n se hacen valer. En efecto, en la resoluci�n reca�da a la acci�n de inconstitucionalidad 18/2002 y su acumulada 19/2003, esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, de conformidad con el numeral segundo del cap�tulo de hechos de la presente demanda, determin� la inconstitucionalidad del art�culo 54 de la C.�n del Estado Libre y Soberano de Q.R. y, por tanto, la inaplicabilidad de dicho precepto al no establecerse en el mismo un l�mite a la sobre-representaci�n. Es de se�alar que este precepto conjuntamente con el art�culo 52 de la misma C.�n Estatal, establecen los principios y bases para la integraci�n del Congreso del Estado. Continuando con el sentido de la resoluci�n reca�da a la acci�n de inconstitucionalidad 18/2002 y su acumulada 19/2002, esta Corte determin� en el considerando s�ptimo de la resoluci�n que se indica que del contenido del art�culo 54 de la C.�n Estatal se deriva lo siguiente: ?Que se establecen las bases generales para la elecci�n de diputados por el principio de representaci�n proporcional; que se establece la base general de que ning�n partido pol�tico o coalici�n podr� tener m�s de sesenta por ciento de los integrantes de la legislatura por ambos principios (mayor�a relativa y representaci�n proporcional); que se remite a la ley la determinaci�n de las f�rmulas y procedimientos para asignaci�n de diputados por el principio de representaci�n proporcional.?. Otros criterios derivados de las consideraciones de la citada resoluci�n son los siguientes: ?Que no obstante que ser�a jur�dicamente correcto que las cuestiones inherentes a la mayor�a relativa y representaci�n proporcional se establecieran en las C.ones F. y L., as� como en las leyes que emitan las Legislaturas de los Estados; que si las cuestiones inherentes a la mayor�a relativa y representaci�n proporcional �nicamente se establecieran en la ley local, no se rompe el orden jur�dico constitucional; que el hecho de que en el art�culo 54 de la C.�n L. se omita establecer un porcentaje l�mite de representaci�n, no cancela la posibilidad de que esa cuesti�n pueda preverse en la legislaci�n secundaria; que las f�rmulas y procedimientos para la asignaci�n de diputados por el principio de representaci�n proporcional se contienen en el art�culo 229 del C�digo de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Q.R., precepto que fue declarado inconstitucional y, por tanto, es existente pero inv�lido; que puede estimarse que las f�rmulas y procedimientos para obtener los porcentajes para la asignaci�n de diputados por el principio de representaci�n proporcional pueden preverse en la legislaci�n secundaria. Que la omisi�n de establecer un l�mite a la sobre-representaci�n puede purgarse por v�a de reforma a la C.�n o mediante previsiones expresas de la ley secundaria. Que, asimismo, de la resoluci�n reca�da a la acci�n de inconstitucionalidad 18/2002 y su acumulada 19/2002, en su considerando d�cimo, determina de manera expresa y taxativa lo siguiente: ?Declarar la inaplicabilidad del art�culo 54 de la C.�n Pol�tica del Estado de Q.R., en tanto no sea reformada dicha norma; requerir al Congreso del Estado de Q.R., para que mediante los mecanismos adecuados y conforme al art�culo 105, fracci�n II y las consideraciones de la citada resoluci�n lleve a cabo la adecuaci�n del numeral 54 de la C.�n Pol�tica de Q.R..?. De conformidad con lo expuesto en relaci�n con la resoluci�n reca�da a la citada acci�n de inconstitucionalidad 18/2002 y su acumulada 19/2002, se concluye que si bien el l�mite a la sobre-representaci�n, de conformidad con las bases de la C.�n F. previstas en sus art�culos 54, fracci�n V y 116, fracci�n II, puede establecerse en la C.�n o leyes secundarias de los Estados, en el caso particular del Estado de Q.R., esta situaci�n se encuentra reservada para el Constituyente Permanente, de acuerdo al sentido y efectos de la resoluci�n que se cita al declararse la inaplicabilidad del art�culo 54 de la C.�n Estatal ?en tanto no sea reformada dicha norma? (considerando d�cimo, p�gina 66, acci�n de inconstitucionalidad 18/2002 y 19/2002). As� tambi�n, por determinarse en el considerando d�cimo de la citada resoluci�n el requerimiento al Congreso del Estado de Q.R. para que lleve a cabo la adecuaci�n del numeral 54 de la C.�n Pol�tica del Estado de Q.R.. En consecuencia, el sentido de la resoluci�n para el caso concreto del Estado de Q.R., esta Suprema Corte de Justicia ha determinado que el art�culo 54 de la C.�n Estatal es inaplicable hasta en tanto no se d� cumplimiento al requerimiento de reformar y adecuar tal precepto de la C.�n L. en el sentido de prever el l�mite a la sobre-representaci�n en la integraci�n del Congreso del Estado, para que �ste sea acorde con los art�culos 54 y 116, fracci�n II, de la C.�n F.. Lo anterior se ve reforzado por lo dispuesto en el art�culo 52 que, interpretado de manera sistem�tica con el art�culo 54, se arriba a la conclusi�n de que ambos preceptos de la C.�n Estatal determinan las bases para la integraci�n del Congreso del Estado y los principios para la elecci�n de diputados por los principios de mayor�a relativa y representaci�n proporcional, es en este sentido que el citado art�culo 52, en un cuarto p�rrafo, dispone, refiri�ndose al �rgano electoral lo siguiente: ?Art�culo 52. ... Asimismo, har� la declaraci�n de validez y asignaci�n de diputados seg�n el principio de representaci�n proporcional de conformidad con el art�culo 54 de esta C.�n.?. Es decir, las bases y principios a los que la autoridad electoral debe sujetarse para asignar los diputados electos por el principio de representaci�n proporcional se encuentran contenidos en el art�culo 54 de la C.�n Estatal, que es el precepto que conjuntamente con el citado art�culo 52 consignan las bases y principios para la integraci�n del Congreso del Estado. En este sentido, es de concluirse que la ratio legis, es decir, la expresa voluntad e intenci�n del Constituyente Permanente quintanarroense, al remitir en su art�culo 52 al art�culo 54, ambos de la C.�n Estatal, as� como el contenido expreso y manifiesto de ambos preceptos, es la de reservarse el establecimiento de las bases y principios para la integraci�n de la representaci�n popular en el Congreso del Estado. Adem�s, es de se�alarse que el propio art�culo 54, en su �ltimo p�rrafo, determina que en la ley de la materia se reglamentar�n las f�rmulas electorales y los procedimientos que se observar�n en la asignaci�n de diputados electos seg�n el principio de representaci�n proporcional, es decir, el Constituyente Permanente se reserv� la facultad de establecer las bases y principios para la integraci�n del Congreso, derivando al legislador ordinario la facultad de reglamentar las f�rmulas y procedimientos, mas no de establecerlas como es el caso del l�mite a la sobre-representaci�n en la integraci�n del Congreso del Estado. Lo anterior se entiende en raz�n de que el Constituyente determin� para s�, el establecer las bases y principios para la integraci�n del Congreso a efecto de que la modificaci�n a las mismas tengan cierta rigidez y estabilidad, requiriendo para su modificaci�n de una mayor�a calificada del cuerpo legislativo y la aprobaci�n mayoritaria de los Ayuntamientos del Estado, lo que implica un mayor acuerdo e inclusive consenso para la determinaci�n de las bases democr�ticas para la composici�n de un �rgano legislativo plural, de lo contrario, una mayor�a simple del cuerpo legislativo que constituye el legislador ordinario estar�a en facultad de modificar las bases de la representaci�n pol�tica, contrariamente a la ratio legis de los preceptos antes citados de la C.�n del Estado. Resulta aplicable y sirve de referencia a lo anterior, la definici�n del concepto ?mayor�a calificada? que proporciona el diccionario de t�rminos parlamentarios, as� como el criterio de jurisprudencia que se cita a continuaci�n: ?Mayor�a calificada. I.E. tipo de mayor�a tiene un significado especial, ya que no es requerida frecuentemente, salvo ciertas excepciones. La mayor�a calificada es aquella donde se exigen porcentajes especiales de votaci�n, como dos tercios o tres cuartas partes del n�mero total de votos o votantes; es decir, por encima de la votaci�n requerida para la mayor�a absoluta y seg�n el caso, igual o menor a la relativa. En cuanto a la palabra calificada se escribe en portugu�s qualificar; en ingl�s to quality; en franc�s qualifier; en alem�n beurteilen, qualifizieren, e italiano qualificare. II. El que se solicite una mayor�a calificada en un parlamento, implica la necesidad de ampliar el consenso entre las fuerzas pol�ticas integrantes, que vayan m�s all� de la simple mitad m�s uno de los votantes, sobre todo cuando se trate de determinadas reformas legales o asuntos trascendentes, donde se requiera por su importancia un apoyo considerable de los parlamentarios. III. En ese sentido, encontramos que la C.�n Pol�tica mexicana en su art�culo 135, referente al proceso que se tiene que seguir para reformarla, determina que: La presente C.�n puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Uni�n, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que �stas sean aprobadas por la mayor�a de las Legislaturas de los Estados. La interpretaci�n de la mayor�a calificada exigida por el texto constitucional mexicano, tiene su fundamento en que toda C.�n debe ser r�gida, es decir, que no sea f�cil de reformar, lo que la convertir�a en flexible; por ello, se requiere de una mayor�a calificada, en este supuesto las dos terceras partes de los miembros de las C�maras presentes en la sesi�n respectiva (J.O.G.�mez).?. Tesis: P./J. 69/2001. Instancia: Pleno. Novena �poca. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: XIII, mayo de 2001. P�gina: 786. ?VOTACI�N DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS DIPUTADOS LOCALES PARA APROBAR LEYES O DECRETOS. EL ART�CULO 44 DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DEL ESTADO DE MORELOS, REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO PUBLICADO EL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL, QUE ESTABLECE DICHO SISTEMA, NO PUGNA CON EL PACTO FEDERAL. De los art�culos 35, 36, 39, 40, 41, 49, 71, 72, 79, 115, 116 y 124 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se desprenden prerrogativas, derechos y obligaciones de los ciudadanos como el de votar y ser votado, elegir a sus gobernantes y a quienes los representen ante el Congreso de la Uni�n; asimismo, dichos preceptos establecen las bases para erigir los poderes y �rganos a trav�s de los cuales el pueblo ejerce su soberan�a, ya sea de la Federaci�n o de los Estados, seg�n la competencia que les corresponde conforme al Pacto F.; de la misma manera, establecen el principio de divisi�n de poderes, la organizaci�n fundamental del Estado mexicano, las facultades de los poderes, etc., as� como las normas b�sicas a que deben sujetarse las C.ones L.es, entre las cuales se hallan las que regulan las facultades de los poderes y �rganos estatales, pero respetando su autonom�a en lo no regulado. Ahora bien, de las mencionadas disposiciones de la C.�n F., ni de ninguna otra, se desprenden normas que obliguen a las Legislaturas L.es a adoptar un qu�rum determinado para la aprobaci�n de una ley o decreto, es decir, que deba aprobarse por mayor�a simple o calificada. Atento a lo anterior, no puede estimarse que el art�culo 44 reformado de la C.�n Pol�tica del Estado de Morelos, en cuanto prev� que para que una iniciativa tenga el car�cter de ley o decreto requiera una votaci�n nominal de las dos terceras partes de los diputados integrantes de la legislatura, en vez de una mayor�a simple, violente dichas disposiciones constitucionales; por lo contrario, se establece el libre juego democr�tico de las diferentes fracciones parlamentarias, al abandonar la gobernabilidad unilateral y adoptar la gobernabilidad multilateral consensada.?. Asimismo, resulta aplicable, en el sentido y parte medular, la jurisprudencia que se cita a continuaci�n: Tesis: P./J. 70/98. Instancia: Pleno. Novena �poca. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: VIII, noviembre de 1998. P�gina: 191. ?MATERIA ELECTORAL. EL PRINCIPIO DE REPRESENTACI�N PROPORCIONAL COMO SISTEMA PARA GARANTIZAR LA PLURALIDAD EN LA INTEGRACI�N DE LOS �RGANOS LEGISLATIVOS. El principio de representaci�n proporcional en materia electoral se integra a un sistema compuesto por bases generales tendientes a garantizar de manera efectiva la pluralidad en la integraci�n de los �rganos legislativos, permitiendo que formen parte de ellos candidatos de los partidos minoritarios e, impidiendo, a la vez, que los partidos dominantes alcancen un alto grado de sobre-representaci�n. Esto explica por qu�, en algunos casos, se premia o estimula a las minor�as y en otros se restringe a las mayor�as. Por tanto, el an�lisis de las disposiciones que se impugnen, debe hacerse atendiendo no s�lo al texto literal de cada una de ellas en lo particular, sino tambi�n al contexto de la propia norma que establece un sistema gen�rico con reglas diversas que deben analizarse arm�nicamente, pues no puede comprenderse el principio de representaci�n proporcional atendiendo a una sola de �stas, sino en su conjunto; adem�s, debe atenderse tambi�n a los fines y objetivos que se persiguen con el principio de representaci�n proporcional y al valor del pluralismo pol�tico que tutela, a efecto de determinar si efectivamente la disposici�n combatida inmersa en su contexto normativo hace vigente ese principio conforme a las bases generales que lo tutelan.?. Por otra parte, es de precisar que eventualmente el Constituyente Permanente del Estado de Q.R. o alg�n otro, puede derivar y facultar al legislador ordinario para que �ste establezca las bases y principios para la integraci�n de la representaci�n popular, situaci�n que no ocurre en el caso que nos ocupa por las razones que ya se han expuesto. En este sentido, la funci�n que desempe�an los diversos �rganos jur�dicos, en este caso el Constituyente Permanente y el legislador ordinario, debe respetarse dentro de la creaci�n progresiva del derecho, luego entonces, para que el legislador ordinario del Estado de Q.R. se encuentre en aptitud de establecer las bases para la integraci�n del Congreso del Estado, como es el establecimiento del l�mite a la sobre-representaci�n, se har� necesario modificar el art�culo 52, quinto p�rrafo y el art�culo 54, en el sentido de determinar que en la ley de la materia se establezcan las bases, principios y reglas para la integraci�n del Congreso del Estado ya que actualmente de conformidad con el �ltimo p�rrafo de este art�culo 54 (declarado inaplicable por esta Suprema Corte de Justicia), el legislador ordinario solamente se encontrar�a facultado para reglamentar las f�rmulas electorales y los procedimientos que se observar�n para la asignaci�n de diputados electos por el principio de representaci�n proporcional. Al respecto, el art�culo 174 de la C.�n del Estado de Q.R. establece lo siguiente: ?Art�culo 174. La presente C.�n puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que la Legislatura del Estado, por el voto de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, acuerde las reformas o adiciones y que �stas sean aprobadas por la mayor�a de los Ayuntamientos del Estado. La legislatura o la Diputaci�n Permanente, en su caso, har�n el c�mputo de los votos de los Ayuntamientos, y la declaraci�n de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.?. Del precepto anterior se deduce que para el establecimiento de las bases constitucionales se requiere una votaci�n calificada y la aprobaci�n de la mayor�a de los Ayuntamientos. De acuerdo con lo anterior, sirven de referencia los criterios doctrinales contenidos en la definici�n del concepto ?Poder Constituyente?, contenido en el Diccionario Jur�dico del Instituto de Investigaciones Jur�dicas de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico, que se cita: ?Poder Constituyente. ... II. Clases. Es habitual que la doctrina constitucional distinga entre un �Poder Constituyente Originario� y un �Poder Constituyente Derivado, Permanente u �rgano Revisor de la C.�n�.En tanto que el �Poder Constituyente Originario� se refiere com�nmente al �rgano creador de la primera C.�n hist�rica de un orden jur�dico espec�fico, el llamado �Poder Constituyente Derivado o Permanente� o mejor, el �rgano Revisor de la C.�n alude al �rgano competente para reformar total o parcialmente la C.�n sancionada anteriormente. La instituci�n del �rgano Revisor de la C.�n adquiere particular relevancia en aquellos sistemas que cuentan con una �C.�n escrita�, cuya finalidad primordial es, adem�s de incrementar la seguridad jur�dica de los destinatarios, asegurar la permanencia y regularidad de las funciones org�nicas por ella determinadas, para lo cual dicha �C.�n escrita� establece un r�gimen de �supralegalidad� constitucional. Es as� como las disposiciones que adicionan, modifican o derogan la �C.�n escrita�, en vez de ser formuladas por los �rganos legislativos ordinarios a trav�s de su procedimiento habitual de trabajo, son expedidas ya sea por �rganos especialmente reunidos (asambleas electas con tal finalidad, cuerpo electoral interpelado necesariamente mediante refer�ndum, etc.) o bien por los �rganos legislativos ordinarios, pero con procedimientos m�s elaborados y complejos (los llamados procedimientos dificultados: reuniones de las dos C�maras en sesi�n conjunta, necesidad de mayor�as calificadas en cada una de ellas, aprobaci�n reiterada en el tiempo o en posteriores legislaturas, etc.), con lo que se llega a contraponer el �Poder Legislativo ordinario� al �Poder Constituyente Permanente u �rgano Revisor de la C.�n�. De esta distinci�n se deriva adem�s, la difundida diferencia entre �C.ones r�gidas� (las que son modificables s�lo mediante los procedimientos m�s complejos antes mencionados), y �C.ones flexibles� (aquellas modificables a trav�s del procedimiento legislativo ordinario). Pues bien, es claro que en el orden jur�dico mexicano se presentan ambas clases de �rganos Constituyentes; por una parte, el llamado �Poder Constituyente Originario� corresponde al Congreso Constituyente reunido en Q.�taro desde finales de 1916 a principios de 1917 y que cre� nuestra C.�n vigente y, por otra, el �rgano Revisor de la C.�n que, de conformidad con el art�culo 135 de la propia C.�n, se compone por el �rgano legislativo federal y todos los �rganos legislativos de las entidades federativas, requiri�ndose que el proyecto respectivo de reforma constitucional sea aprobado por una mayor�a calificada de votos de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso de la Uni�n y por una mayor�a absoluta de las Legislaturas Estatales. As� pues, se aprecia c�mo nuestra C.�n tiene formalmente el car�cter de r�gida, pues establece �rganos y procedimientos m�s complejos que los legislativos ordinarios para su reforma. Cabe observar aqu� que tanto el �rgano Constituyente Originario de Q.�taro como el �rgano Revisor de la C.�n por aqu�l previsto, se refieren s�lo a la creaci�n de las normas de la �C.�n escrita�, por lo que en aquellos casos en que las normas fundamentales positivas del orden jur�dico mexicano sean producto de un procedimiento consuetudinario de creaci�n de derecho y complementen o modifiquen lo prescrito por tal �C.�n escrita�, ser�a necesario reconocer que el conjunto de individuos participantes en dicho procedimiento adquirir�a tambi�n el car�cter de �rgano constituyente en tanto creador de la C.�n que aut�nticamente rige en el sistema mexicano. ... Es frecuente tambi�n que la doctrina constitucional contemple otro tipo de �rgano constituyente, el denominado �Poder Constituyente L.�. En efecto, como se hab�a indicado, en los sistemas federales es habitual distinguir entre el �Poder Constituyente F.� (al cual se le identifica con el �Poder Constituyente Originario�, pero que tambi�n puede abarcar al �rgano Revisor de la C.�n), en tanto creador de la C.�n F., y al �Poder Constituyente L. Estatal� creador de la C.�n de determinada entidad federativa y que no representa m�s que un orden jur�dico parcial de la totalidad que constituye el orden jur�dico federal al cual se encuentra sujeto (advirtiendo que, si bien el �Poder Constituyente L.� es conocido como derivado, estrictamente, en este caso tambi�n puede distinguirse entre el �rgano creador de la primera C.�n hist�rica del orden jur�dico parcial y el �rgano Revisor de la misma). En los t�rminos de los art�culos 40 y 41 de la C.�n F. mexicana, cada Estado es libre y aut�nomo en todo lo concerniente a su r�gimen interior, por lo que el �rgano constituyente local se encargar� de establecer la C.�n del Estado en cuesti�n la que en ning�n caso podr� contravenir las disposiciones de la C.�n F..?. Aqu� no sobra se�alar que el establecimiento de un l�mite a la sobre-representaci�n involucra a la elecci�n de diputados por ambos principios y no es una base exclusiva para la asignaci�n de diputados electos por el principio de representaci�n proporcional, y en este mismo sentido dicho l�mite a la sobre-representaci�n no constituye un elemento de alguna f�rmula o procedimiento en la asignaci�n de diputados de representaci�n proporcional, sino que constituye una base o principio general para la integraci�n de la representaci�n, ello de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 54, fracci�n V, de la C.�n F. y con el criterio de jurisprudencia que se cita a continuaci�n: Tesis: P./J. 69/98. Instancia: Pleno. Novena �poca. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: VIII, noviembre de 1998. P�gina: 189. ?MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACI�N PROPORCIONAL. La abundancia de criterios doctrinarios as� como de modelos para desarrollar el principio de representaci�n proporcional, ponen de manifiesto la dificultad para definir de manera precisa la forma en que las Legislaturas L.es deben desarrollarlo en sus leyes electorales; sin embargo, esa dificultad se allana si se atiende a la finalidad esencial del pluralismo que se persigue y a las disposiciones con las que el propio Poder Revisor de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos ha desarrollado dicho principio, para su aplicaci�n en las elecciones federales. Las bases generales que tienen que observar las Legislaturas de los Estados para cumplir con el establecimiento del principio de proporcionalidad electoral en trat�ndose de diputados, derivadas del indicado precepto constitucional, son las siguientes: Primera. Condicionamiento del registro de la lista de candidatos plurinominales a que el partido participe con candidatos a diputados por mayor�a relativa en el n�mero de distritos uninominales que la ley se�ale. Segunda. Establecimiento de un m�nimo porcentaje de la votaci�n estatal para la asignaci�n de diputados. Tercera. Asignaci�n de diputados independiente y adicionalmente a las constancias de mayor�a relativa que hubiesen obtenido los candidatos del partido de acuerdo con su votaci�n. Cuarta. P.�n del orden de asignaci�n de los candidatos que aparezcan en las listas correspondientes. Quinta. El tope m�ximo de diputados por ambos principios que puede alcanzar un partido, debe ser igual al n�mero de distritos electorales. Sexta. Establecimiento de un l�mite a la sobre-representaci�n. S�ptima. Establecimiento de las reglas para la asignaci�n de diputados conforme a los resultados de la votaci�n.?. Por tanto, es de se�alar que la norma que se impugna constituye un fraude a la ley, al pretender burlar el orden jur�dico federal y estatal, en donde el procedimiento para establecer el l�mite a la sobre-representaci�n implica una modificaci�n a los art�culos 52, p�rrafo quinto y 54 de la C.�n del Estado y no una simple reforma a una disposici�n secundaria determinada por una mayor�a simple del cuerpo legislativo local. Asimismo, implica un desacato a la resoluci�n reca�da a las acciones de inconstitucionalidad 18/2002 y 19/2002, en donde se determin� la inaplicabilidad del art�culo 54 de la C.�n Estatal hasta en tanto no fuese modificado y requerir al �rgano legislativo local para llevar a cabo la adecuaci�n del mismo precepto. Es de se�alarse que la norma que se impugna adicionalmente provoca una incongruencia y falta de certeza en el marco jur�dico estatal al emitirse la norma impugnada omitiendo observar lo dispuesto por el art�culo 52, quinto p�rrafo y omitir la adecuaci�n y modificaci�n del art�culo 54, declarado inaplicable, por tanto, la norma impugnada resulta inv�lida al ser contraria a las disposiciones constitucionales locales, como es el art�culo 52, p�rrafo quinto, vigente y el art�culo 54, declarado inaplicable, pero que subsiste y, por tanto, contrario a lo dispuesto por los art�culos 14, 16 y 116, fracci�n II, de la C.�n F., as� como del principio de supremac�a constitucional. SEGUNDO. La norma que se impugna resulta inv�lida por ser contraria a los art�culos 14, 16 y 116, fracciones II y IV, as� como de los art�culos 41, 52 y 54 de la C.�n F., al violentarse el debido proceso legislativo y los mecanismos legales previstos en dichos preceptos constitucionales, as� como los correspondientes previstos en el marco jur�dico estatal. As� es que no obstante que se encontraba en marcha el proceso de cumplimiento al requerimiento formulado por esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en las acciones de inconstitucionalidad 18/2002 y su acumulada 19/2002, en donde se hab�a acordado fijar un tope a la sobre-representaci�n del 9% en la C.�n del Estado de Q.R., dicho proceso es violentado por la mayor�a constituida por la fracci�n parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado, modificando por mayor�a simple de votos el C�digo de Instituciones y Procedimientos Electorales de Q.R., determinando un l�mite de sobre-representaci�n del 16%, omitiendo considerar y dictaminar las iniciativas relacionadas, quedando la reforma como a continuaci�n se se�ala en el siguiente cuadro comparativo:

Ver tabla 1


"Cabe se�alar que en el caso que nos ocupa la mayor�a pri�sta en el Congreso del Estado de Q.R. decidi�, sin realizar los procedimientos legislativos adecuados -debida fundamentaci�n y motivaci�n- pasar de una reforma constitucional a una legal (que puede ser votada por mayor�a simple de votos) la integraci�n de un poder del Estado como es el Congreso del Estado de Q.R., esto al modificar no s�lo la reforma que se planteaba de 9% como l�mite, sino tambi�n la legislaci�n a aplicarse, pues al requerir una votaci�n calificada para modificar la C.�n, se decide pasar a una ley secundaria una modificaci�n constitucional, la que s�lo requiere mayor�a simple para modificarla, como es el C�digo de Instituciones y Procedimientos Electorales de Q.R., el tope a la sobre-representaci�n aument�ndolo al 16% alterando con esto los l�mites y forma en las que se integra un poder del Estado, todo lo anterior sin ser debidamente motivado. Alter�ndose sensiblemente la forma de la integraci�n de uno de los poderes del Estado de Q.R., en virtud de que pasar de una reforma constitucional a una legal implica que no exista una mayor�a calificada que sancione la integraci�n de un poder del Estado como es la Legislatura del Estado de Q.R.. Sirve de sustento a lo anteriormente citado el siguiente criterio de jurisprudencia emitido por esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n: ?FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. Por fundamentaci�n y motivaci�n de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente est� facultado para ello, ya que estos requisitos, en trat�ndose de actos legislativos, se satisfacen cuando aqu�l act�a dentro de los l�mites de las atribuciones que la C.�n correspondiente le confiere (fundamentaci�n), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jur�dicamente reguladas (motivaci�n); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivaci�n espec�fica.?. Jurisprudencia n�mero 146, sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en el Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, Tomo I, Primera Parte, p�gina 149. En este orden de ideas es procedente citar a M.C., investigador del Instituto de Investigaciones Jur�dicas, en su obra ?C.�n, Reforma C.onal y Fuentes del Derecho en M�xico?, aunque se refiere a reformas constitucionales, sus criterios robustecen nuestro argumento cuando se�ala: ?la importancia de estudiar no solamente el qu�, sino tambi�n el c�mo -es decir, el aspecto procedimental- de la creaci�n normativa, dentro de la que se encuentra de forma destacada el procedimiento constitucional, deriva directamente de la concepci�n del Estado democr�tico. En democracia importa no solamente el contenido de las normas, sino tambi�n la forma en que son creadas y reformadas, sin que con ello se ignore que la tem�tica de la reforma constitucional encierra cuestiones que trascienden al mero tratamiento procedimental de la cuesti�n como lo ha se�alado P. de Vega.?. Por lo que hace a la carencia de debido proceso esa H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha establecido en otra figura de control de la constitucionalidad que debe respetarse esa garant�a al establecer el siguiente criterio, cuyo rubro se cita: ?CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA GARANT�A DE DEBIDO PROCESO LEGAL PREVISTA EN EL ART�CULO 14 DE LA CONSTITUCI�N, DEBE RESPETARSE A LAS PARTES PARA INTERPRETAR SI LA DEMANDA FUE PROMOVIDA OPORTUNAMENTE.?. As�, en la forma de organizaci�n estatal, la C.�n impone ciertos requisitos de publicidad y participaci�n para la creaci�n de determinadas normas. En el caso que nos ocupa se violentan dos principios constitucionales consistentes en que: a) Corresponde a las C.ones de los Estados definir la integraci�n de los poderes que los integran, siendo tambi�n parte de esta definici�n el l�mite a la sobre-representaci�n, como acontece con la C.�n F. (art�culos 54, fracci�n V y 116 de la C.�n F.). b) La falta de motivaci�n por parte de la legislatura al no haber discutido y aprobado en comisiones la modificaci�n al art�culo 229 del C�digo de Instituciones y Procedimientos Electorales de Q.R.. En este contexto al pretender se env�e a una ley secundaria lo reservado a la C.�n del Estado de Q.R., como es el l�mite a la sobre-representaci�n, situaci�n que s� acontece en la C.�n F. como se desprende de la simple lectura del art�culo 54, fracci�n V, que a continuaci�n se cita: ?Art�culo 54. La elecci�n de los 200 diputados seg�n el principio de representaci�n proporcional y el sistema de asignaci�n por listas regionales, se sujetar� a las siguientes bases y a lo que disponga la ley: ... V. En ning�n caso, un partido pol�tico podr� contar con un n�mero de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la C�mara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votaci�n nacional emitida. Esta base no se aplicar� al partido pol�tico que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la C�mara, superior a la suma del porcentaje de su votaci�n nacional emitida m�s el ocho por ciento.?. Por lo que se violentan las bases que establecen la integraci�n de los poderes de un Estado, pues de la lectura de diversos criterios producidos por esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, se llega a la conclusi�n que los art�culos 52, 53 y 54 de la C.�n son base de la organizaci�n pol�tica de los Estados junto con lo se�alado por el art�culo 116 de la C.�n F.; as�, una modificaci�n de la trascendencia del l�mite a la sobre-representaci�n debe estar reservada a una norma constitucional y no legal, por su trascendencia, en virtud de que con una mayor competencia pol�tica en todo nuestro pa�s y en especial en el Estado de Q.R., los votos ciudadanos deben estar lo m�s equilibradamente representados, cuesti�n que con la reforma que se realiz� no acontece, situaci�n que no puede ser permitida por las razones que expondr� en el siguiente concepto de invalidez y que pido a esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n tome en cuenta al resolver el presente concepto de invalidez. TERCERO. Que la reforma al art�culo 229 del C�digo de Instituciones y Procedimientos Electorales de Q.R., en su fracci�n III, p�rrafo quinto, contraviene lo dispuesto en los art�culos 35, fracci�n I, 41, 52, 53, 54, 116 y 133 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, pues fija en 16% el tope a la sobre-representaci�n, implica una excesiva sub-representaci�n del resto de los partidos. Lo anterior se acredita con la simple lectura del art�culo en cita: ?Art�culo 229. Para la asignaci�n de diputados electos por el principio de representaci�n proporcional, se determinar� cu�les partidos est�n en los casos del art�culo 54 de la C.�n Pol�tica del Estado, y se sujetar� a las siguientes bases: I. Derogado. II. A todos los partidos pol�ticos que hayan obtenido por lo menos el 2.5% del total de la votaci�n estatal emitida, se le asignar� una diputaci�n, y III. La f�rmula para asignar las diputaciones de representaci�n proporcional restantes, en su caso tiene dos elementos: a) Cociente electoral; y b) Resto mayor. Para la aplicaci�n del primer elemento, despu�s de restada de la votaci�n efectiva la utilizada para la asignaci�n de curules a los partidos que obtuvieron el 2.5% de la votaci�n estatal emitida, el total de votos que representa la votaci�n ajustada se divide entre el n�mero de curules a repartir en el cociente que resulte, se asignar�n a los partidos pol�ticos tantas diputaciones como n�mero de veces contenga su volumen el cociente electoral obtenido. Por votaci�n efectiva, se entender� la que resulte de deducir de la votaci�n estatal emitida los votos nulos, as� como los votos de aquellos partidos que no hayan alcanzado el 2.5%. Si despu�s de aplicar el cociente electoral, a�n quedaren diputaciones por distribuir, se utilizar�n en forma decreciente los restos mayores, que son los remanentes de votos que tuvieron los partidos pol�ticos una vez restados los utilizados en las asignaciones anteriores. Ning�n partido pol�tico podr� tener m�s de quince diputados por ambos principios. En ning�n caso, un partido pol�tico podr� contar con un n�mero de diputados por ambos principios, que representen un porcentaje del total del Congreso que exceda en diecis�is puntos a su porcentaje de votaci�n estatal emitida. Esta base no se aplicar� al partido pol�tico que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total del Congreso, superior a la suma del porcentaje de su votaci�n estatal emitida m�s el diecis�is por ciento. Los diputados electos seg�n el principio de representaci�n proporcional se asignan en el orden en que fueron registrados en las listas estatales de cada partido.?. De la lectura del art�culo antes citado se desprende que el Congreso del Estado de Q.R. incumpliendo el mandato judicial de reformar el art�culo 229 desde 1999, no fij� un tope a la sobre-representaci�n, dando como resultado que la IX Legislatura se integrara con una sobre-representaci�n del 16.45%, que es igual al porcentaje que aprob� la X Legislatura, siendo motivo de la presente inconstitucionalidad. Con la reforma aprobada en 1999 y la ahora aprobada en 2003, se permite una sobre-representaci�n real, en el caso que nos ocupa es del partido mayoritario alcanzando un 26.62% de sobre-representaci�n. Paraacreditar lo anteriormente expresado debe tomarse como ejemplo la votaci�n emitida en 1999, la conformaci�n de diputaciones por el principio de mayor�a relativa que ser�a la siguiente:



"Al realizarse la asignaci�n, la legislatura qued� integrada de la siguiente manera:


"De acuerdo con la reforma que se le hizo al art�culo 229 del C�digo de Instituciones y Procedimientos Electorales de Q.R. de 2003, con este ejemplo de 1999, la composici�n de la parte proporcional de la legislatura ser�a de la siguiente manera:


"De la anterior tabla se desprende que para que un partido pol�tico pueda ser sobre-representado hasta por un 16% es necesario que se d� una sub-representaci�n del 10.62%, en este orden de ideas y entendiendo los c�lculos expresados en la tabla anterior, la sobre-representaci�n llegar�a hasta un 16.62%. El esp�ritu con el que los legisladores plantearon fortalecer el sistema de representaci�n y proporcionar al partido mayoritario los instrumentos para cumplir su funci�n de gobierno, fue permitir al partido mayoritario lograr la mayor�a absoluta, en ning�n momento la intenci�n fue que un partido lograra el mayor n�mero de diputaciones posibles. Toda vez que en el Estado de Q.R. el Congreso del Estado se compone de 25 diputaciones, una mayor�a que permitiera cumplir las funciones de gobierno ser�an 13 diputaciones. Plantear una sobre-representaci�n del 16%, en todo caso se basa en la sub-representaci�n de los otros partidos, contraviniendo los art�culos 35, fracci�n I, 41, fracci�n I y 116, fracci�n IV, inciso a), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que a continuaci�n se citan: ?Art�culo 35. Son prerrogativas del ciudadano: I.V. en las elecciones populares.?. ?Art�culo 41. El pueblo ejerce su soberan�a por medio de los Poderes de la Uni�n, en los casos de la competencia de �stos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus reg�menes interiores, en los t�rminos respectivamente establecidos por la presente C.�n F. y las Particulares de los Estados, las que en ning�n caso podr�n contravenir las estipulaciones del Pacto F.. La renovaci�n de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizar�n mediante elecciones libres, aut�nticas y peri�dicas, conforme a las siguientes bases: I. Los partidos pol�ticos son entidades de inter�s p�blico; la ley determinar� las formas espec�ficas de su intervenci�n en el proceso electoral. Los partidos pol�ticos nacionales tendr�n derecho a participar en las elecciones estatales y municipales. Los partidos pol�ticos tienen como fin promover la participaci�n del pueblo en la vida democr�tica, contribuir a la integraci�n de la representaci�n nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de �stos al ejercicio del poder p�blico, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. S�lo los ciudadanos podr�n afiliarse libre e individualmente a los partidos pol�ticos.?. ?Art�culo 116. El poder p�blico de los Estados se dividir�, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. Los Poderes de los Estados se organizar�n conforme a la C.�n de cada uno de ellos, con sujeci�n a las siguientes normas: ... IV. Las C.ones y leyes de los Estados en materia electoral garantizar�n que: a) Las elecciones de los gobernadores de los Estados, de los miembros de las Legislaturas L.es y de los integrantes de los Ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo.?. De lo anterior se desprende que se atenta, en primer lugar, contra la emisi�n del sufragio y luego contra la garant�a de emisi�n del mismo respecto a de las (sic). A.�ndose de esta forma el principio de certeza, al no aplicarse un l�mite a la sobre-representaci�n real, que permita la igualdad respecto a la votaci�n emitida, vulner�ndose la universalidad del sufragio y la garant�a de ser directo respecto de la votaci�n; en este orden de ideas el Diccionario Electoral del Centro Interamericano de Asesor�a y Promoci�n Electoral define al voto universal como: ?El sufragio ha de ajustarse a unas determinadas pautas para que las elecciones puedan calificarse de democr�ticas, pautas que parten de una condici�n previa: la universalidad del sufragio. La universalidad del sufragio se funda en el principio de un hombre, un voto. Con la misma se pretende el m�ximo ensanchamiento del cuerpo electoral en orden a asegurar la coincidencia del electorado activo con la capacidad de derecho p�blico. b) La igualdad de sufragio, que es consustancial al sufragio universal (un hombre, un voto), exige no s�lo que todos puedan votar, sino que todos los votos tengan el mismo valor. Todos los votos deben influir en el resultado electoral: �ste debe estar formado por la suma de todos los votos (H.K.. Teor�a del Estado).?. De la lectura de lo anteriormente citado, esas pautas democr�ticas que ya ha definido la Corte se ven violentadas, por lo que la reforma que se impugna impacta directamente en la garant�a consistente en que en el Estado de Q.R. exista una representaci�n verdaderamente democr�tica. Fijar un tope tan alto a la sobre-representaci�n implica, toda vez que las diputaciones de representaci�n proporcional son adicionales e independientes al n�mero de diputaciones de mayor�a alcanzados por cada partido, que el voto de los ciudadanos no tiene el mismo peso a la hora de ser contabilizados. Adicionalmente en Q.R., como lo muestra la tabla de resultados por distrito, existen distritos donde las diferencias entre votantes es de alrededor de veintiocho mil votos. En la medida en que los datos que proporciona el INEGI y el Consejo Estatal de Poblaci�n no se encuentran por distritos sino por Municipios y existen Municipios con m�s de un distrito, tomaremos como referencia el Padr�n Electoral de 1999, que al efecto se ha visto modificado en aumento respecto a 2003, aun cuando el art�culo 116 marca como criterio el poblacional para la divisi�n en distritos, siendo entonces que:


"La diferencia entre el distrito electoral con mayor y menor n�mero de electores inscritos en el listado nominal, es de 75,985 electores en el a�o 2002, es decir, 8,424 electores van a elegir a un diputado y 84,409 elegir�n a otro diputado cuyos votos en el Congreso tendr�n el mismo valor dentro de la legislatura. Hay una parte de la ciudadan�a a la que se le niega la justa participaci�n e influencia en la representaci�n, lo cual es contrario a todo gobierno justo y, sobre todo, contrario al principio de la democracia, la cual profesa ser igualitaria en su misma ra�z y fundamento. Tambi�n cabe se�alar que m�s de 20 democracias establecidas y casi la mitad de todas las democracias ?libres? usan alguna variante de la representaci�n proporcional. Los sistemas de representaci�n proporcional son predominantes en Am�rica Latina y en Europa Occidental y representan un tercio de todos los sistemas en �frica. Si bien los esca�os son a menudo distribuidos en distritos plurinominales regionales, en algunos pa�ses (como Alemania, Namibia, Israel, Holanda, Dinamarca, S.�frica y Nueva Zelanda) la distribuci�n de esca�os es efectivamente determinada por el voto a nivel nacional. La f�rmula utilizada para calcular la distribuci�n de esca�os, una vez que los votos han sido contados, puede tener un efecto marginal en los resultados electorales de representaci�n proporcional. Las f�rmulas pueden basarse en el ?promedio m�s alto? o en el ?residuo mayor?. Sin embargo, la magnitud de los distritos y los umbrales de representaci�n tienen mayor importancia para los resultados generales de representaci�n proporcional. Situaci�n que, en el caso que nos ocupa, se ve desequilibrada tanto por la realidad de la distribuci�n antes se�alada como por el inexistente l�mite a la sobre-representaci�n que es el fijar en las condiciones antes descritas el 16% de la votaci�n del partido mayoritario como l�mite. As� las cosas, entre m�s grande sea el n�mero de representantes a ser elegidos en un distrito y m�s bajo sea el umbral requerido para la representaci�n en la legislatura, m�s proporcional ser� el sistema electoral y m�s grande ser� la oportunidad de que los peque�os partidos minoritarios obtengan representaci�n parlamentaria. Adicionalmente la composici�n de la representaci�n proporcional con un tope de 16% de sobre-representaci�n para un partido, basada en la sub-representaci�n de los partidos minoritarios implica una legislatura con diputados elegidos por quintanarroenses cuyos votos no tienen el mismo valor real. As�, la reforma al art�culo 229 contraviene el derecho de los ciudadanos mexicanos de acceder al poder p�blico a trav�s de los partidos, consagrado en el art�culo 41, fracci�n I, antes citado de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. En abono a todo lo anteriormente expresado es indispensable dejar establecido que esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha establecido en diversas ejecutorias y jurisprudencias respecto a la representaci�n proporcional e incluso a la sobre-representaci�n, a saber: a) Que los art�culos 52, 53, 54 y 116 son bases para la definici�n en la integraci�n de los sistemas de representaci�n proporcional en los Estados de la Rep�blica. Lo anterior tambi�n con base en el art�culo 133 de la C.�n, el cual define a la C.�n F. como N.S. de toda la Uni�n, cuesti�n que se desprende de la lectura del siguiente criterio jurisprudencial: Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: XIII, mayo de 2001. Tesis: P./J. 73/2001. P�gina: 625. ?CL�USULA DE GOBERNABILIDAD. EL SISTEMA AS� CONOCIDO, QUE ASEGURABA EN LOS CONGRESOS LEGISLATIVOS LA GOBERNABILIDAD UNILATERAL DEL PARTIDO POL�TICO MAYORITARIO, FUE MODIFICADO DESDE 1993, AL CULMINAR UNA SERIE DE REFORMAS CONSTITUCIONALES QUE TIENDEN A CONSOLIDAR EL SISTEMA DEMOCR�TICO, ADOPTANDO EL SISTEMA DE GOBERNABILIDAD MULTILATERAL QUE, POR REGLA GENERAL, OBLIGA A BUSCAR EL CONSENSO DEL PARTIDO MAYORITARIO CON LOS MINORITARIOS (INTERPRETACI�N TELEOL�GICA DE LAS REFORMAS A LOS ART�CULOS 41, 52, 54 Y 116 CONSTITUCIONALES). A partir de 1963 la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos ha tenido importantes reformas, principalmente en sus art�culos 41, 52, 54 y 116, que en el sistema pol�tico electoral han tenido la finalidad de lograr una mayor participaci�n de los partidos pol�ticos en la vida democr�tica del pa�s. Dentro de esa directriz, respaldada por las fuerzas populares, se introdujo, primero, la figura de los �diputados de partido�, que permit�a destinar un n�mero determinado de esca�os en el Congreso de la Uni�n a los partidos que hubiesen obtenido un porcentaje m�nimo de votaci�n nacional en las elecciones. Esta apertura evolucion� posteriormente al sistema de representaci�n proporcional, con lo cual se logr� el pluralismo pol�tico, dentro del cual tuvieron oportunidad de hacerse o�r, en las C�maras legislativas, todas las corrientes ideol�gicas de significaci�n. No obstante, a�n exist�a la llamada �cl�usula de gobernabilidad� que consist�a, b�sicamente, en otorgar al partido mayoritario que no hab�a alcanzado el cincuenta y uno por ciento de los esca�os, los representantes necesarios para asegurar esta mayor�a, resultando as� un sistema de gobernabilidad unilateral o unipolar, pues aunque en el seno del �rgano legislativo se oyeran las voces de las minor�as, el partido mayoritario, de antemano, ten�a garantizado el triunfo de sus iniciativas, dict�menes y mociones. Dicho sistema de gobernabilidad unilateral fue modificado en 1993, pues a ra�z de las reformas de ese a�o al art�culo 54 constitucional, ya s�lo puede subsistir por excepci�n, dado que la regla general del sistema actual es la gobernabilidad multilateral, que privilegia el consenso entre las diversas fuerzas pol�ticas, tanto mayoritarias como minoritarias, como una f�rmula que pretende consolidar el sistema democr�tico mexicano. �stos son los valores que, seg�n se deduce, resguardan las mencionadas reformas constitucionales, conforme a su interpretaci�n teleol�gica.?. De la lectura del anterior criterio se desprende que la necesidad de tener un sistema de representaci�n proporcional plural que refleje la voluntad del electorado, situaci�n que no acontece en el caso que nos ocupa en virtud de existir un l�mite que al efecto no modera a la mayor�a, permiti�ndole en ese contexto sobre-representarse y sub-representar a los otros. b) El se�alar que los sistemas de representaci�n, por lo menos en los Estados Unidos Mexicanos, deben sujetarse a una serie de bases que define. En este orden de ideas la C.�n F. permit�a a las C.ones de los Estados fijar las bases para la integraci�n de las legislaturas y fue a partir de la inconstitucionalidad que present� el Partido de la Revoluci�n D.�tica en 1998 sobre reformas al C�digo Electoral de Q.R., que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n fij� criterios para desarrollar el modelo de representaci�n proporcional, a saber: ?La abundancia de criterios doctrinarios as� como de modelos para desarrollar el principio de representaci�n proporcional, ponen de manifiesto la dificultad para definir de manera precisa la forma en que las Legislaturas L.es deben desarrollarlo en sus leyes electorales; sin embargo, esa dificultad se allana si se atiende a la finalidad esencial del pluralismo que se persigue y a las disposiciones con las que el propio Poder Revisor de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos ha desarrollado dicho principio para su aplicaci�n en las elecciones federales. Las bases generales que tienen que observar las Legislaturas de los Estados para cumplir con el establecimiento del principio de proporcionalidad electoral en trat�ndose de diputados, derivadas del indicado precepto constitucional, son las siguientes: Primera. Condicionamiento del registro de la lista de candidatos plurinominales a que el partido participe con candidatos a diputados por mayor�a relativa en el n�mero de distritos uninominales que la ley se�ale. Segunda. Establecimiento de un m�nimo porcentaje de la votaci�n estatal para la asignaci�n de diputados. Tercera. Asignaci�n de diputados independiente y adicionalmente a las constancias de mayor�a relativa que hubiesen obtenido los candidatos del partido de acuerdo con su votaci�n. Cuarta. P.�n del orden de asignaci�n de los candidatos que aparezcan en las listas correspondientes. Quinta. El tope m�ximo de diputados por ambos principios que puede alcanzar un partido, debe ser igual al n�mero de distritos electorales. Sexta. Establecimiento de un l�mite a la sobre-representaci�n. S�ptima. Establecimiento de las reglas para la asignaci�n de diputados conforme a los resultados de la votaci�n.?. De lo anteriormente citado se desprende que en la base sexta se establece un l�mite a la sobre-representaci�n que en la v�a de los hechos no existe como se aprecia de la lectura de las consideraciones hechas al inicio de este concepto de invalidez y que no son otras m�s que al ser aplicada la fracci�n III del quinto p�rrafo del art�culo 229, en realidad no hay l�mite a la sobre-representaci�n pues �sta llega al extremo de no existir otorg�ndole al sobre-representado el 26.62% de sobre-representaci�n real. Lo verdaderamente importante de estas reflexiones es que siendo responsabilidad de esta Suprema Corte preservar el sistema federal y las disposiciones esenciales en las que se sustenta, deben estudiarse todas aquellas cuestiones que inciden en ese �mbito, para determinar si las disposiciones combatidas son o no acordes con los principios generales que rigen ese sistema federal. Como acontece, en el caso que nos ocupa se violentan los art�culos 53 y 54, fracci�n V, de la C.�n F.. Es de recordarse que con la reforma de julio de 1996 se reduce de trescientos quince a trescientos el n�mero de diputados que por ambos principios puede alcanzar un partido, fijando de la misma manera en ocho por ciento el tope m�ximo de sobre-representaci�n. Esta reforma, que fue en consenso presentada por todos los partidos pol�ticos representados en el Congreso de la Uni�n, fundaba sus bases en dos principios: primero, en consolidar la representaci�n de todas las fuerzas pol�ticas en el pa�s; y, segundo, lograr que el partido mayoritario pudiera aplicar su programa de gobierno. En la exposici�n de motivos del decreto se argument�: ?Para lograr la conformaci�n de un �rgano legislativo representativo, que a la vez permita la existencia de una mayor�a consistente y capaz de ejercer las funciones de gobierno, se propone disminuir de 315 a 300 el n�mero m�ximo de diputados electos por los principios de mayor�a relativa y de representaci�n proporcional, que pueda tener un partido pol�tico. Con ese mismo prop�sito, la iniciativa plantea que ning�n partido pol�tico pueda tener un n�mero de diputados por ambos principios de elecci�n, cuyo porcentaje del total de integrantes de la C�mara de Diputados exceda en 8% el porcentaje de la votaci�n nacional emitida a su favor.?. Es decir, que el partido mayoritario tuviera la posibilidad de conseguir el n�mero de diputados que le permitiera aprobar leyes para ejercer su funci�n de gobierno, pero tambi�n lograr un sistema de representaci�n donde los ciudadanos a trav�s de los partidos se vieran representados en el Poder Legislativo. En este orden de ideas es importante se�alar que el sistema mixto que dio origen al actual sistema de composici�n del Congreso de la Uni�n y de la misma manera a los Congresos de los Estados, tuvo como fundamento consolidar el sistema de representaci�n de los ciudadanos, a trav�s de los partidos, en uno de los tres poderes que conforman el poder p�blico de la Rep�blica, es conocido que se llev� a cabo una reforma donde desaparec�an los diputados de partidos para crear los diputados de representaci�n proporcional. Inicialmente con doscientos diputados de mayor�a y cien de representaci�n proporcional, posteriormente se elevan a trescientos de mayor�a y doscientos de representaci�n proporcional, permitiendo que el partido mayoritario pudiera alcanzar hasta trescientos quince diputados por el principio de mayor�a y de representaci�n proporcional. As� las cosas, al establecerse un tope a la sobre-representaci�n del 16% el principio y fundamento antes citado se ve vulnerado. Lo que lleva a confirmar que tanto desde el punto de vista teleol�gico como pr�ctico, se contraviene el art�culo 53 de la C.�n F., que esta Corte ha definido como base para la definici�n de sistemas electorales en los Estados de la Rep�blica y que se�ala: ?Art�culo 53. La demarcaci�n territorial de los 300 distritos electorales uninominales ser� la que resulte de dividir la poblaci�n total del pa�s entre los distritos se�alados. La distribuci�n de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se har� teniendo en cuenta el �ltimo censo general de poblaci�n, sin que en ning�n caso la representaci�n de un Estado pueda ser menor de dos diputados de mayor�a. Para la elecci�n de los 200 diputados seg�n el principio de representaci�n proporcional y el sistema de listas regionales, se constituir�n cinco circunscripciones electorales plurinominales en el pa�s. La ley determinar� la forma de establecer la demarcaci�n territorial de estas circunscripciones.?. Se ve violentado, pues el p�rrafo quinto del art�culo 229 no fija el l�mite a la sobre-representaci�n tomando en cuenta la existencia de una distritaci�n inequitativa. Que no ha sido modificada y que por ser un hecho futuro de naturaleza incierta, es de concluirse que agudiza la sobre-representaci�n del Estado de Q.R., con lareforma que se combate en esta acci�n. De igual forma se desprende que la parte del art�culo cuya invalidez se solicita (229) establece una sobre-representaci�n del 16%, es en s� misma contraria a las definiciones y l�mites establecidos tanto por las razones que dieron origen al art�culo 54, fracci�n V, que a continuaci�n se cita: ?Art�culo 54. La elecci�n de los 200 diputados seg�n el principio de representaci�n proporcional y el sistema de asignaci�n por listas regionales, se sujetar� a las siguientes bases y a lo que disponga la ley: ... V. En ning�n caso, un partido pol�tico podr� contar con un n�mero de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la C�mara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votaci�n nacional emitida. Esta base no se aplicar� al partido pol�tico que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la C�mara, superior a la suma del porcentaje de su votaci�n nacional emitida m�s el ocho por ciento.?. La sub-representaci�n de otros votantes es evidente, pues con la simple comparaci�n de l�mites a la sobre-representaci�n que establece la C.�n F., a saber, 8% respecto a lo establecido por el art�culo 229 del C�digo Electoral del Estado de Q.R., es de 16%. En esta tesitura el acto de votar por un candidato a diputado para que �ste defienda e implemente la plataforma pol�tica de su partido, implica que el voto de los electores deber�a verse reflejado en la composici�n de la parte proporcional del Congreso del Estado, pero como ya se demostr� con los argumentos anteriores, ese derecho se violenta al existir un tope a la sobre-representaci�n del 16%. No pudiendo ser de otra manera debido a que entre la sobre-representaci�n de un partido y la sub-representaci�n de los dem�s partidos que cumplen con el requisito de haber logrado el 2.5% de la votaci�n, se alcanza una sobre-representaci�n real del tope del 26.62% que es tan amplio, que en la pr�ctica implica que no existe tope a la sobre-representaci�n. Sirven de apoyo a lo anteriormente se�alado los siguientes criterios de jurisprudencia: Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: XVI, julio de 2002. Tesis: P./J. 28/2002. P�gina: 647. ?REPRESENTACI�N PROPORCIONAL. EL SISTEMA PREVISTO EN EL ART�CULO 17, P�RRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, TRANSGREDE ESE PRINCIPIO AL ESTABLECER LA ASIGNACI�N DE VEINTITR�S DIPUTADOS DE MAYOR�A RELATIVA Y S�LO CUATRO POR REPRESENTACI�N PROPORCIONAL (DECRETO PUBLICADO EL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL UNO, EN EL PERI�DICO OFICIAL DEL ESTADO). El principio de representaci�n proporcional se introdujo en el sistema pol�tico mexicano con los siguientes objetivos primordiales: dar participaci�n a los partidos pol�ticos con cierta representatividad en la integraci�n de los �rganos legislativos; que cada partido tenga una representaci�n proporcional al porcentaje de su votaci�n total y evitar la sobre-representaci�n de los partidos dominantes. Por lo anterior, resulta claro que el legislador local, al establecer en el art�culo 17, primer p�rrafo, de la C.�n Pol�tica del Estado de Aguascalientes que el Congreso del Estado estar� integrado por veintitr�s diputados electos seg�n el principio de mayor�a relativa y s�lo cuatro por el de representaci�n proporcional limita, por una parte, la participaci�n pol�tica de las minor�as en el seno del Legislativo y la posibilidad de participar en la toma de decisiones, con lo cual menoscaba el derecho que la C.�n les confiere, pues el porcentaje que se les asigna es pr�cticamente imperceptible frente al otorgado al principio de mayor�a relativa generando, por otro lado, que en un momento dado, los partidos dominantes alcancen una sobre-representaci�n pues en el caso asegurar�an aproximadamente el ochenta y cinco por ciento del total de curules del Congreso L., m�xime si se toma en cuenta que en t�rminos de la fracci�n II, del propio art�culo 17 impugnado, las diputaciones por el principio de representaci�n proporcional se otorgar�n a todo partido pol�tico que obtenga por lo menos el dos punto cinco por ciento de la votaci�n emitida; esto es, adem�s de las curules que un partido mayoritario pueda alcanzar por el principio de mayor�a relativa se le otorgar�n tambi�n otras por el principio de representaci�n proporcional, con el consecuente detrimento de los partidos minoritarios, lo cual es contrario a las bases fundamentales establecidas en los art�culos 54, fracci�n V y 116, fracci�n II, �ltimo p�rrafo, de la C.�n F..?. Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: XIII, abril de 2001. Tesis: P./J. 50/2001. P�gina: 746. ?C�DIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. AL PERMITIR SU ART�CULO 208 QUE UN SOLO PARTIDO PUEDA OBTENER UN N�MERO DE DIPUTACIONES MAYOR AL DE DISTRITOS ELECTORALES, CONTRAVIENE EL ART�CULO 54 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL. Dentro de las bases generales que el citado precepto constitucional establece y que deben observar las Legislaturas de los Estados para cumplir con el principio de proporcionalidad electoral, se encuentra la relativa a que el tope m�ximo de diputados por ambos principios que puede alcanzar un partido, debe ser igual al n�mero de distritos electorales. En estas condiciones, al prever el art�culo 208 del C�digo Electoral del Estado de Aguascalientes que todo partido pol�tico que obtenga el triunfo en la totalidad de los distritos uninominales, tendr� derecho a participar en la asignaci�n de diputados por el principio de representaci�n proporcional, sin que pueda exceder de veinte, tomando en cuenta los asignados por ambos principios, cuando de lo dispuesto en los art�culos 17 de la C.�n Pol�tica de Aguascalientes y 16 del C�digo Electoral L. se desprende que el Congreso del Estado estar� integrado por dieciocho diputados electos seg�n el principio de mayor�a relativa y hasta nueve diputados que ser�n electos seg�n el principio de representaci�n proporcional, contraviene la base general en menci�n. Ello es as�, porque si el territorio del Estado de Aguascalientes se encuentra dividido en dieciocho distritos electorales, entonces el precepto �ltimamente citado sobrepasa el m�ximo de diputaciones en favor de un partido permitido por las bases generales que instituye el aludido art�culo de la Carta Magna.?. Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: VIII, noviembre de 1998. Tesis: P./J. 72/98. P�gina: 192. ?MATERIA ELECTORAL. LA FRACCI�N I DEL ART�CULO 229 DEL C�DIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE Q.R., AL PREVER LA ASIGNACI�N DE DIPUTADOS EN FUNCI�N DEL N�MERO DE CONSTANCIAS DE MAYOR�A OBTENIDAS POR EL PARTIDO POL�TICO Y DE LA OBTENCI�N DE UN PORCENTAJE DETERMINADO DE LA VOTACI�N TOTAL DE LA ELECCI�N DE DIPUTADOS, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE REPRESENTACI�N PROPORCIONAL. La disposici�n de m�rito establece que el partido que hubiere obtenido la mitad o m�s de las constancias de mayor�a relativa y el 40% de la votaci�n total de la elecci�n de diputados, se le asignar�n diputaciones por el principio de representaci�n proporcional, hasta acceder al 52% del total de diputados que integran el Congreso del Estado. Tal disposici�n contraviene la base general derivada de la fracci�n III del art�culo 54 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, por cuanto en �sta se exige que la obtenci�n de diputaciones por el aludido principio ser� independiente y adicionalmente a las constancias de mayor�a, y en la disposici�n impugnada se instituye, primero, una condici�n para asignaci�n de diputados por el principio de representaci�n proporcional, consistente en contar con un n�mero determinado de las constancias obtenidas por el principio de mayor�a relativa, adem�s de un porcentaje de la votaci�n estatal; y, segundo, impone, como consecuencia, un factor para la asignaci�n de diputaciones de representaci�n proporcional que depende precisamente de las constancias de mayor�a relativa obtenidas (la mitad o m�s), para dotar del n�mero de diputaciones necesarias hasta acceder al 52% del total de diputados que integren el Congreso Estatal. En estas condiciones y considerando que el principio de proporcionalidad tiende a procurar que todos los partidos con un porcentaje significativo de votos puedan tener representatividad en la legislatura, acorde con la votaci�n que cada uno haya logrado y en funci�n del n�mero de diputaciones a repartir por dicho principio, se llega a la conclusi�n de que los criterios fijados por el art�culo 229, fracci�n I, del C�digo Electoral Estatal, contraviene el principio de representaci�n proporcional, toda vez que se alejan de los lineamientos generales dados por la fracci�n III del art�culo 54 de la C.�n Pol�tica, por cuanto fija un n�mero m�nimo de constancias de mayor�a como condici�n y factor para la asignaci�n de diputados de representaci�n proporcional, y establece un porcentaje determinado del 40% de la votaci�n total de la elecci�n de diputados, que no atiende a la votaci�n total obtenida por cada partido, lo cual no es acorde con la representatividad que cada uno tiene y que puede producir la sobre-representaci�n del partido mayoritario. V�ase: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., junio de 2002, p�gina 83, tesis por contradicci�n P./J. 26/2002 de rubro �TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI�N. SI RESUELVE RESPECTO DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA ELECTORAL O SE APARTA DE UN CRITERIO JURISPRUDENCIAL SUSTENTADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N RESPECTO A LA INTERPRETACI�N DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL, INFRINGE, EN EL PRIMER CASO, EL ART�CULO 105, FRACCI�N II, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL, Y EN EL SEGUNDO, EL ART�CULO 235 DE LA LEY ORG�NICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI�N.�. Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., junio de 2002, p�gina 82, tesis por contradicci�n P./J. 23/2002 de rubro �TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI�N. CARECE DE COMPETENCIA PARA PRONUNCIARSE SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.�. Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., junio de 2002, p�gina 5, tesis por contradicci�n P./J. 24/2002 de rubro �CONTRADICCI�N DE TESIS. NO EXISTE V�LIDAMENTE ENTRE UN CRITERIO SUSTENTADO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI�N Y LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N, CUANDO SE TRATA DE LA CONSTITUCIONALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES ELECTORALES.�. Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., junio de 2002, p�gina 81, tesis por contradicci�n P./J. 25/2002 de rubro �LEYES ELECTORALES. LA �NICA V�A PARA IMPUGNARLAS ES LA ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD.�.?. De los anteriores criterios citados se desprenden dos elementos a considerar: a) El permitir, como es el caso, que un partido obtenga m�s curules de las que les corresponden, rebasa el principio de proporcionalidad que tiende a procurar que todos los partidos con un porcentaje significativo de votos puedan tener representatividad en la legislatura, acorde con la votaci�n que cada uno haya logrado y en funci�n del n�mero de diputaciones a repartir por dicho principio. b) El que la violaci�n se�alada es jur�dicamente revisable pues se desequilibra el sistema de representaci�n proporcional en cuanto al l�mite a la sobre-representaci�n, pues se sobrepasa el m�ximo de diputaciones a favor de un partido permitido por las bases generales que instituye los ya multicitados art�culos 53 y 54, fracci�n V, de la Carta Magna."
CUARTO. Los preceptos de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman violados son: 1o., 41, 35, fracci�n I, 52, 53, 54, 116 y 133.
QUINTO. Mediante prove�do de cuatro de agosto de dos mil tres, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n orden� formar y registrar el expediente relativo a la presente acci�n de inconstitucionalidad, a la que le correspondi� el n�mero 15/2003 y turnar los autos al M.J.N.S.M., para que fungiera como instructor en el procedimiento y formulara el proyecto de resoluci�n respectivo.
SEXTO. Por auto de la misma fecha el Ministro instructor admiti� la demanda relativa y orden� dar vista al �rgano legislativo que emiti� la norma y al ejecutivo que la promulg� para que rindieran sus respectivos informes, as� como al procurador general de la Rep�blica para que formulara su pedimento y solicit� a la S. Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n que expresara su opini�n.
S�PTIMO. El Congreso del Estado de Q.R., al rendir su informe respectivo, se�al� en lo medular:
1) Que contrariamente a lo afirmado por el partido promovente la modificaci�n al art�culo 229 del C�digo de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Q.R., se realiz� de conformidad con la legislaci�n de la materia vigente en el Estado.
2) Que la motivaci�n para aprobar la modificaci�n a la disposici�n electoral impugnada fue para cumplir con el fallo emitido en la acci�n de inconstitucionalidad 6/98, con motivo de lo ordenado en la diversa acci�n de inconstitucionalidad 18/2002 y su acumulada 19/2002.
3) Que la circunstancia de que el tope a la sobre-representaci�n se haya previsto en el impugnado art�culo 229 del C�digo Electoral de Q.R. no lo hace inconstitucional, porque ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que las f�rmulas y procedimientos para la asignaci�n de diputados de representaci�n proporcional pueden desarrollarse tanto en las C.ones Estatales como en la legislaci�n secundaria.
4) Que el hecho de que se haya acogido como l�mite a la sobre-representaci�n el diecis�is por ciento y no el ocho por ciento que se�ala la fracci�n V del art�culo 54 de la C.�n F., es porque este �ltimo l�mite porcentual s�lo tiene aplicaci�n para el Congreso F.; por lo que al no existir disposici�n expresa para las entidades federativas debe entenderse que esa cuesti�n est� reservada a su soberan�a.
5) Que, adem�s, el l�mite porcentual fijado est� supeditado a la normatividad electoral vigente en el Estado, que establece que el Poder Legislativo de Q.R. se integra por un total de veinticinco diputados, quince de mayor�a relativa y diez por el principio de representaci�n proporcional, y que ning�n partido pol�tico podr� tener m�s de quince diputados por ambos principios.
OCTAVO. El gobernador del Estado de Q.R., en su informe respectivo, en s�ntesis se�al�:
1) Que es cierto que promulg� y public� el decreto impugnado, en cumplimiento a lo dispuesto por el art�culo 69 de la C.�n Pol�tica del Estado de Q.R., y en cumplimiento a la resoluci�n dictada en la acci�n de inconstitucionalidad 6/98.
2) Que el que se haya incorporado el l�mite a la sobre-representaci�n en la norma impugnada y no en la C.�n L. no lo hace inconstitucional, atento el criterio de la Suprema Corte en el sentido de que las cuestiones relacionadas con el principio de representaci�n proporcional tambi�n pueden quedar establecidas en la legislaci�n secundaria.
3) Que tampoco resulta inconstitucional el precepto que se reclama por establecer como l�mite a la sobre-representaci�n el diecis�is por ciento y no el ocho por ciento como lo establece la fracci�n V del art�culo 54 de la C.�n F., ya que esta disposici�n no es aplicable para los Congresos L.es y, por tanto, es una cuesti�n que queda a la soberan�a de las entidades federativas.
NOVENO. La S. Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n formul� su opini�n, en la que manifest�:
1) Que no es objeto de opini�n de esa S. Superior lo relativo a que corresponde al Constituyente Permanente Estatal y no al legislador ordinario establecer el l�mite a la sobre-representaci�n y a las violaciones al proceso legislativo, dado que considera que estos planteamientos no forman parte del derecho electoral y no dependen de su t�cnica.
2) Que tampoco estima necesario emitir opini�n en cuanto al tema del tope a la sobre-representaci�n, porque en la ejecutoria dictada en la acci�n de inconstitucionalidad 6/98, la Suprema Corte estableci� todo lo relacionado con la asignaci�n de diputados de representaci�n proporcional, incluso el aspecto de la sobre-representaci�n.
D�CIMO. El procurador general de la Rep�blica, al rendir su pedimento, manifest� en s�ntesis:
a) Que esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para sustanciar y resolver la presente acci�n de inconstitucionalidad, en t�rminos de lo dispuesto por el inciso f) de la fracci�n II del art�culo 105 de la C.�n F..
b) Que la presidenta del Comit� Ejecutivo Nacional del Partido de la Revoluci�n D.�tica tiene legitimaci�n procesal para promover la presente acci�n de inconstitucionalidad, ya que conforme a los estatutos del partido le corresponde la representaci�n legal de esa organizaci�n pol�tica.
c) Que la demanda se promovi� oportunamente al haberse presentado el �ltimo d�a del plazo que ten�a para hacerlo.
d) Que son infundadas las manifestaciones esgrimidas por el partido accionante, relativas a las violaciones del procedimiento, ya que contrariamente a lo que sostiene, el Congreso del Estado es el competente para emitir la norma impugnada toda vez que las cuestiones relativas a la mayor�a relativa y a la representaci�n proporcional, seg�n lo estableci� este Alto Tribunal al resolver la acci�n de inconstitucionalidad 18/2002 y su acumulada 19/2002, pueden preverse tanto en las C.ones L.es como en sus leyes secundarias, por lo que no era forzoso y necesariamente que el �rgano Reformador de la C.�n L., a trav�s de una reforma a �sta, fuera el que estableciera un tope a la sobre-representaci�n en la entidad.
e) Que el argumento consistente en que las iniciativas presentadas para reformar la C.�n del Estado no se tomaron en cuenta para la expedici�n de la norma combatida resulta infundada, ya que la legislatura s�lo est� constre�ida a observar los principios y bases estatuidas en la N.F., sin estar vinculada ni condicionada a iniciativa alguna u obligada a acatar en sus t�rminos dichas iniciativas.
f) Que, adem�s, el procedimiento legislativo, para emitir la norma, se llev� a cabo mediante iniciativa presentada por la Gran Comisi�n, la que fue turnada a la Comisi�n de Puntos Legislativos y cuyo dictamen se aprob� por mayor�a de votos del Pleno del Congreso.
g) Que respecto a la presunta sobre-representaci�n en la integraci�n del Congreso del Estado que establece el p�rrafo quinto de la fracci�n III del art�culo 229 del C�digo de Instituciones y Procedimientos Electorales de la entidad, tampoco le asiste raz�n a la accionante toda vez que al no existir reglas espec�ficas es suficiente con que las Legislaturas L.es adopten ese principio dentro de su sistema electoral en los t�rminos previstos en el art�culo 116 de la C.�n F., pero sin desconocer su esencia.
h) Que en este sentido, la norma que se tilda de inconstitucional al establecer un l�mite del diecis�is por ciento (16%) a la sobre-representaci�n, es acorde con las bases fundamentales establecidas en la C.�n F., sin que obste que ese porcentaje pudiera considerarse excesivo, en relaci�n con el ocho por ciento (8%) que prev� el art�culo 54, fracci�n V, de la N.F., toda vez que como se se�al�, las bases establecidas en el citado numeral s�lo mandan fijar un l�mite a la sobre-representaci�n sin se�alar porcentaje espec�fico alguno obligatorio para las entidades federativas.
i) Que deviene infundada la supuesta transgresi�n al art�culo 41, fracci�n I, dela C.�n F., toda vez que del precepto impugnado no se desprende que se prive a los partidos pol�ticos del derecho a participar en las elecciones del Estado o les impida participar en la vida democr�tica del pueblo.
j) Que tampoco se violan los art�culos 52, 116 y 133 de la C.�n F., porque en cuanto al primero s�lo es aplicable al �mbito federal, respecto del segundo porque claramente se establece un l�mite a la sobre-representaci�n, lo que da certeza a la integraci�n del Congreso de Q.R., y en relaci�n con el tercero porque la norma reclamada respeta en su integridad lo establecido en la N.F..
D�CIMO PRIMERO. Recibidos los informes de las autoridades, la opini�n de la S. Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n, el pedimento del procurador general de la Rep�blica, los alegatos de las partes y al encontrarse debidamente instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resoluci�n.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para resolver la presente acci�n de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 105, fracci�n II, inciso f), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracci�n I, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, toda vez que se plantea por parte del partido pol�tico promovente la posible contradicci�n entre una norma de car�cter electoral y la C.�n F..
SEGUNDO. La demanda de acci�n de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente, atento lo siguiente:
El art�culo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n F. dispone:
"Art�culo 60. El plazo para ejercitar la acci�n de inconstitucionalidad ser� de treinta d�as naturales contados a partir del d�a siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el �ltimo d�a del plazo fuese inh�bil, la demanda podr� presentarse el primer d�a h�bil siguiente.
"En materia electoral, para el c�mputo de los plazos, todos los d�as son h�biles."
Conforme al art�culo anterior, el c�mputo respectivo debe hacerse a partir del d�a siguiente al en que se public� el decreto que contiene la norma que se impugna, considerando en materia electoral todos los d�as como h�biles.
El Decreto N�mero 68 por el que se deroga la fracci�n I y se reforma la fracci�n III, en sus p�rrafos segundo y quinto, del art�culo 229 del C�digo de Instituciones y Procedimientos Electorales de Q.R., se public� en el P.�dico Oficial del Gobierno del Estado el treinta de junio de dos mil tres.
Tomando en cuenta esa fecha, el primer d�a del plazo, para efectos del c�mputo respectivo, fue el martes primero de julio de dos mil tres, de lo que resulta que el plazo de treinta d�as naturales venci� el mi�rcoles treinta del propio mes y a�o.
En el caso, la demanda se present� ante el secretario de la Comisi�n de Receso del Primer P.odo de Sesiones de este Alto Tribunal el treinta de julio de dos mil tres, esto es, el �ltimo d�a del plazo legal correspondiente, por lo que en tales condiciones debe considerarse que la demanda fue presentada oportunamente.
TERCERO. Acto continuo, se procede a analizar la legitimaci�n del promovente, por ser una cuesti�n de orden p�blico y, por ende, de estudio preferente.
Los art�culos 105, fracci�n II, inciso f), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 62, �ltimo p�rrafo, de su ley reglamentaria disponen:
"Art�culo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer�, en los t�rminos que se�ale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y esta C.�n.
"Las acciones de inconstitucionalidad podr�n ejercitarse, dentro de los treinta d�as naturales siguientes a la fecha de publicaci�n de la norma, por:
"...
"f) Los partidos pol�ticos con registro ante el Instituto F. Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos pol�ticos con registro estatal, a trav�s de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el �rgano legislativo del Estado que les otorg� el registro. ..."
"Art�culo 62. ... En los t�rminos previstos por el inciso f) de la fracci�n II del art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se considerar�n parte demandante en los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, adem�s de las se�aladas en la fracci�n I del art�culo 10 de esta ley, a los partidos pol�ticos con registro por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales, seg�n corresponda, a quienes les ser� aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en los dos primeros p�rrafos del art�culo 11 de este mismo ordenamiento."
De conformidad con los art�culos transcritos, los partidos pol�ticos con registro podr�n ejercer la acci�n de inconstitucionalidad, para lo cual deben satisfacer los siguientes extremos:
a) Que el partido pol�tico cuente con registro definitivo ante la autoridad electoral correspondiente.
b) Que el partido pol�tico promueva por conducto de su dirigencia (nacional o local seg�n sea el caso).
c) Que quien suscribe a nombre y en representaci�n del partido pol�tico cuente con facultades para ello.
En el caso, el Partido de la Revoluci�n D.�tica es un partido pol�tico nacional con registro ante el Instituto F. Electoral, seg�n copias certificadas expedidas por el secretario ejecutivo del Instituto F. Electoral, visibles a fojas trescientos veintiuno y trescientos sesenta y seis, en las que consta, adem�s, que R.R.B. es la presidenta del Comit� Ejecutivo Nacional del propio partido pol�tico.
El art�culo 9o., puntos 6 y 9, inciso e), de los Estatutos del Partido de la Revoluci�n D.�tica establece que el presidente nacional cuenta con facultades para representar al partido ante cualquier autoridad.
Dicho precepto, en lo conducente, se�ala:
"Art�culo 9o. El Consejo Nacional, el Comit� Ejecutivo Nacional y la Comisi�n Pol�tica Consultiva Nacional.
"...
"6. El Comit� Ejecutivo Nacional se compone de un m�ximo de 21 integrantes, entre los cuales figuran la presidencia, la secretar�a general y las coordinaciones de los grupos parlamentarios del Partido de la Revoluci�n D.�tica en el Congreso de la Uni�n;
"...
"9. La presidencia nacional del partido tiene las siguientes funciones:
"...
"e) Representar legalmente al partido y designar apoderados de tal representaci�n."
De lo anterior, se desprende que la acci�n de inconstitucionalidad promovida por el Partido de la Revoluci�n D.�tica fue hecha valer por parte legitimada para ello, toda vez que se trata de un partido pol�tico con registro acreditado ante la autoridad electoral correspondiente, y la demanda presentada en su nombre fue suscrita por R.R.B., presidenta del Comit� Ejecutivo Nacional quien cuenta con facultades para tal efecto en t�rminos de los estatutos que rigen dicho partido pol�tico.
No existiendo causas de improcedencia que analizar, sea que las partes las hagan valer o que de oficio se adviertan, procede ahora analizar los conceptos de invalidez propuestos.
CUARTO. Dada la naturaleza de este medio de control constitucional, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n proceder�, en primer t�rmino, al an�lisis de los conceptos de invalidez referidos al fondo del asunto y s�lo en caso de que �stos resultaran infundados se proceder� a analizar las violaciones procedimentales, en atenci�n a la tesis de jurisprudencia P./J. 6/2003 publicada en la p�gina novecientos quince, T.X., marzo de dos mil tres, Pleno, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que a la letra dice:
"ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. DEBE PRIVILEGIARSE EL AN�LISIS DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ REFERIDOS AL FONDO DEL ASUNTO Y S�LO EN CASO DE QUE �STOS RESULTARAN INFUNDADOS, SE PROCEDER� AL AN�LISIS DE LAS VIOLACIONES PROCEDIMENTALES. Si se atiende a que, por una parte, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n al resolver las acciones de inconstitucionalidad realiza un control abstracto de las normas frente a la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y, por otra, a que en t�rminos del art�culo 71, p�rrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 C.onal, cuando se trata de leyes electorales, las sentencias respectivas s�lo pueden referirse a la violaci�n de los preceptos expresamente impugnados, por lo que cuando en la demanda se planteen conceptos de invalidez por violaciones procedimentales y violaciones de fondo, debe privilegiarse el an�lisis de �stas, pues s�lo de esa manera podr�n establecerse los criterios que deber� tomar en cuenta el �rgano legislativo, llegado el caso de que se le vincule a purgar vicios de inconstitucionalidad; y s�lo en caso de que estos aspectos resultaran infundados se proceder� al an�lisis de los procedimentales. Lo anterior es as�, pues aun cuando se analizaran las violaciones procesales, la sentencia respectiva no tendr�a el efecto de invalidar todos los art�culos contenidos en la norma general respectiva, sino s�lo aquellos que expresamente hayan sido impugnados."
Asimismo, es importante se�alar que no se analizar�n todos aquellos argumentos tendentes al cumplimiento de la diversa acci�n de inconstitucionalidad 18/2002 y su acumulada 19/2002, en virtud de no ser �sta la v�a procedente para analizar tal aspecto.
El partido promovente en sus conceptos de invalidez se�ala que la fijaci�n del diecis�is por ciento de tope a la sobre-representaci�n que establece la norma impugnada implica una excesiva sub-representaci�n del resto de los partidos, porque tomado como ejemplo la votaci�n emitida en mil novecientos noventa y nueve, conforme al texto actual del art�culo 229 del C�digo de Instituciones y Procedimientos Electorales de Q.R., la sobre-representaci�n de un partido llegar�a hasta un diecis�is punto sesenta y dos por ciento, mientras que para otros la sub-representaci�n puede ser del diez punto sesenta y dos por ciento, con lo que se contraviene lo dispuesto por los art�culos 35, fracci�n I, 41, fracci�n I y 116, fracci�n IV, inciso a), de la C.�n F..
Adem�s, se afecta el principio de certeza al no aplicarse un l�mite a la sobre-representaci�n que permita la igualdad respecto a la votaci�n emitida, toda vez que al fijar un tope tan alto, tomando en consideraci�n que las diputaciones de representaci�n proporcional son adicionales e independientes a las de mayor�a relativa, el voto de los ciudadanos no tiene el mismo peso al momento de contabilizarse.
Que, asimismo, esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha emitido diversas ejecutorias respecto a la representaci�n proporcional y la sobre-representaci�n, en las que ha establecido la necesidad de tener un sistema de representaci�n plural que refleje la voluntad del electorado, situaci�n que no acontece en el caso, porque mientras que la fracci�n V del art�culo 54 de la C.�n F. establece como l�mite a la sobre-representaci�n el ocho por ciento, el art�culo 229 del C�digo de Instituciones y Procedimientos Electorales de Q.R. fija un diecis�is por ciento, con lo que se permite la sobre-representaci�n de algunos partidos y la sub-representaci�n de otros.
Ante todo conviene precisar el marco jur�dico sobre el cual, dentro de nuestro sistema, se desarrollan los principios de mayor�a relativa y representaci�n proporcional.
El art�culo 116, fracci�n II, tercer p�rrafo, de la C.�n F. establece:
"Art�culo 116. El poder p�blico de los Estados se dividir�, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.
"Los Poderes de los Estados se organizar�n conforme a la C.�n de cada uno de ellos, con sujeci�n a las siguientes normas:
"...
"II. El n�mero de representantes en las Legislaturas de los Estados ser� proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podr� ser menor de siete diputados en los Estados cuya poblaci�n no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aqu�llos cuya poblaci�n exceda de este n�mero y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya poblaci�n sea superior a esta �ltima cifra.
"...
"Las Legislaturas de los Estados se integrar�n con diputados elegidos seg�n los principios de mayor�a relativa y de representaci�n proporcional, en los t�rminos que se�alen sus leyes."
De este precepto se desprenden como principios fundamentales en las elecciones estatales, el de mayor�a relativa y el de representaci�n proporcional como sistemas electorales, en los t�rminos de las propias disposiciones.
Esta disposici�n, por raz�n de su contenido, se debe relacionar con los art�culos 52 y 54 de la C.�n F. que prev�n en el �mbito federal los principios de mayor�a relativa y de representaci�n proporcional para la integraci�n de la C�mara de Diputados, los cuales tienen como antecedente relevante la reforma hecha en el a�o de mil novecientos setenta y siete, conocida como "reforma pol�tica", mediante la que se introdujo el actual sistema electoral mixto que, esencialmente, prevalece en la actualidad.
Conforme a la teor�a, el principio de mayor�a consiste en asignar cada una de las curules al candidato que haya obtenido la mayor cantidad de votos en cada una de las secciones territoriales electorales en que se divide un pa�s. Este sistema expresa como caracter�stica principal fincar una victoria electoral por una simple diferencia aritm�tica de votos en pro del candidato m�s favorecido. El escrutinio mayoritario puede ser uninominal o plurinominal; de mayor�a absoluta, relativa o calificada.
La representaci�n proporcional, en cambio, obedece al principio de asignaci�n de curules por medio del cual se atribuye a cada partido o coalici�n un n�mero de ellos proporcional al n�mero de votos emitidos en su favor. La representaci�n proporcional pura es muy dif�cil de encontrar, pues la mayor parte de los sistemas que utilizan este tipo de representaci�n lo hacen en forma aproximada y combin�ndolo con el sistema de mayor�a. La introducci�n del principio de proporcionalidad obedece a la necesidad de dar una representaci�n m�s adecuada a todas las corrientes pol�ticas relevantes que se manifiestan en la sociedad, as� como para garantizar, en una forma m�s efectiva, el derecho de participaci�n pol�tica de la minor�a y, finalmente, para evitar los efectos extremos de distorsi�n de la voluntad popular que se pueden producir en un sistema de mayor�a simple.
Por otra parte, los sistemas mixtos son aquellos que aplican los principios de mayor�a y de representaci�n proporcional de distintas formas y en diversas proporciones. El sistema puede ser de dominio mayoritario o proporcional, dependiendo de cu�l de los dos principios se utilice con mayor extensi�n y relevancia.
En M�xico, el sistema original fue el de mayor�a, que se utiliz� desde las C.ones de mil ochocientos veinticuatro hasta la de mil novecientos diecisiete, en su origen. La reforma constitucional de mil novecientos sesenta y tres introdujo una ligera variante llamada de "diputados de partidos", que consisti� en atribuir un n�mero determinado de diputados a todos los partidos que hubieran obtenido un cierto porcentaje m�nimo de la votaci�n nacional, aumentando sucesivamente un diputado m�s seg�n el porcentaje adicional de votos obtenidos a partir del m�nimo fijado y hasta un l�mite m�ximo. En la reforma de mil novecientos setenta y dos, se introdujo una peque�a modificaci�n que consisti� en reducir el m�nimo fijado para la acreditaci�n de diputados y aumentar el l�mite m�ximo fijado para ello. Sin embargo, el sistema de integraci�n de la C�mara de Diputados sigui� siendo, esencialmente, de car�cter mayoritario.
El art�culo original en el texto de la C.�n del diecisiete, determinaba la elecci�n de un diputado por cada cien mil habitantes o fracci�n que excediera de la mitad, estableciendo una representaci�n popular m�nima de dos diputados por Estado. Como se puede apreciar, el sistema original en nuestro texto supremo era el sistema de mayor�a con base poblacional, puesto que el n�mero de representantes depend�a de los conjuntos de cien mil habitantes que se pudieran formar, adem�s de conservar un m�nimo de representantes populares para cada Estado, que en este caso ser�a una garant�a para los Estados menos poblados.
El sistema mayoritario resulta ser el m�s claro, porque permite la identificaci�n del candidato y, adem�s, la elecci�n por mayor�a propicia el acercamiento entre candidato y elector. La propia identificaci�n establecida entre electores y candidatos puede permitir al votante una elecci�n m�s informada con respecto de la persona del candidato y menos sujeta a la decisi�n de un partido.
Por otra parte, el sistema de representaci�n proporcional tiene por objeto procurar que la cantidad de votos obtenidos por los partidos corresponda, en equitativa proporci�n, al n�mero de curules a que tenga derecho cada uno de ellos y, de esta forma, facilitar que los partidos pol�ticos que tengan un m�nimo de significaci�n ciudadana puedan tener acceso, en su caso, a la C�mara de Diputados, para reflejar de mejor manera el peso electoral de las diferentes corrientes de opini�n.
La decisi�n del Poder Revisor de la C.�n de adoptar el sistema mixto con predominio mayoritario a partir de mil novecientos setenta y siete, ha permitido que este sistema mayoritario se complemente con el de representaci�n proporcional, ante lo cual los partidos deben presentar candidatos tanto en los distritos electorales uninominales como listas de candidatos en las circunscripciones plurinominales.
El t�rmino "uninominal" significa que cada partido pol�tico puede postular un solo candidato por cada distrito en el que participa, y el acreedor de la constancia (constancia de mayor�a y validez) de diputado ser� el que obtenga la mayor�a relativa de los votos emitidos dentro del distrito electoral de que se trate.
Por su parte, el t�rmino de "circunscripci�n plurinominal" aparece con la citada reforma de mil novecientos setenta y siete, cuando surge la figura de la representaci�n proporcional mediante un sistema de listas regionales que deb�an presentar cada uno de los partidos pol�ticos, puesto que en cada una de las circunscripciones se eligen varios candidatos, de ah� que se utilice el t�rmino de plurinominal (significando m�s de uno). Con la reforma del quince de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, se determin� que "se constituir�n cinco circunscripciones electorales plurinominales en el pa�s".
Ahora bien, por cuanto hace a las entidades federativas, en el art�culo 116, fracci�n II, p�rrafo tercero, de la C.�n F., se instituye la obligaci�n de integrar sus legislaturas con diputados electos por ambos principios (mayor�a relativa y representaci�n proporcional).
De todo lo anterior se sigue que, de conformidad con los principios rectores fundamentales, las Legislaturas de los Estados deben introducir el principio de representaci�n proporcional en su sistema electoral local.
Sin embargo, pese a todo lo antes considerado, no existe obligaci�n por parte de los Estados y de los Municipios de seguir reglas espec�ficas para efectos de la reglamentaci�n de los aludidos principios.
En consecuencia, la facultad de reglamentar dicho principio es facultad de lasLegislaturas Estatales las que, conforme al texto expreso del art�culo 116 constitucional, s�lo deben considerar en su sistema ambos principios de elecci�n sin que se prevea alguna disposici�n adicional al respecto, por lo que la reglamentaci�n espec�fica en cuanto a porcentajes de votaci�n requerida y f�rmulas de asignaci�n de diputaciones por el principio de representaci�n proporcional es responsabilidad directa de dichas legislaturas puesto que, a ese respecto, la C.�n F. no establece lineamientos, sino que, por el contrario, establece expresamente que deber� hacerse conforme a la legislaci�n estatal correspondiente, siempre y cuando no contravenga las bases generales salvaguardadas por la C.�n F. que garantizan la efectividad del sistema electoral mixto.
Ahora bien, conforme a todo lo anteriormente expuesto, la instrumentaci�n que hagan los Estados, en su r�gimen interior, de los principios de mayor�a relativa y de representaci�n proporcional, como ya se dijo, no transgrede, por s� sola, los lineamientos generales impuestos por la Carta Magna, con tal de que en la legislaci�n local realmente se acojan dichos principios; sin embargo, debe estimarse que si en la demanda se expresan conceptos de invalidez que tiendan a demostrar que la f�rmula y metodolog�a adoptadas por la Legislatura L. para la asignaci�n de diputaciones por el principio de representaci�n proporcional son inconstitucionales porque se alejan de los fines buscados por el Constituyente F. o porque infringen cualquiera otra disposici�n de la Carta Fundamental, debe entonces analizarse la cuesti�n planteada, pues esto es acorde con el esp�ritu de las reformas constitucionales dadas en los a�os de mil novecientos noventa y cuatro y mil novecientos noventa y seis, mediante las cuales se dot� de plenas facultades a esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, primero, para conocer de las acciones de inconstitucionalidad en las que se combatieran disposiciones de car�cter general por contravenci�n a la C.�n F., y segundo, para conocer en esta misma v�a la impugnaci�n de disposiciones generales en materia electoral; todo esto para fortalecer el sistema federalista.
As� lo informa la iniciativa correspondiente a la reforma del art�culo 105 de la C.�n F., publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n en diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, que al respecto cita:
"... Consolidar a la Suprema Corte como tribunal de constitucionalidad exige otorgar mayor fuerza a sus decisiones; exige ampliar su competencia para emitir declaraciones sobre la constitucionalidad de leyes que produzcan efectos generales, para dirimir controversias entre los tres niveles de gobierno y para fungir como garante del federalismo. ..."
En este sentido, siendo responsabilidad de esta Suprema Corte preservar el sistema federal y las disposiciones esenciales en las que se sustenta, deben estudiarse todas aquellas cuestiones que inciden en ese �mbito para determinar si la disposici�n combatida es o no acorde con los principios generales que rigen ese sistema federal.
Los Estados Unidos Mexicanos, conforme a su sistema federal, se integra con los Poderes F.es y los L.es que determinan su organizaci�n pol�tica; corresponde a la C.�n General la creaci�n de esos dos �rdenes, as� como la regulaci�n de su organizaci�n y funcionamiento. La misma C.�n con el apoyo del principio de supremac�a constitucional, hace referencia a Estados libres y soberanos y encarga a los Poderes F.es la funci�n de intervenir, bajo determinados supuestos, en la vida institucional de las entidades, adem�s de establecerles algunas prohibiciones, inhibiciones y obligaciones. La C.�n y las leyes de cada una de las entidades federativas debe acoger los principios de la C.�n F., pues los Estados est�n sometidos a ella.
Mediante decreto publicado el veintid�s de agosto de mil novecientos noventa y seis en el Diario Oficial de la Federaci�n, se reform� el art�culo 116 de la C.�n F., con la cual se alter� en parte la estructura que ten�a, esto es, anteriormente el art�culo contaba con seis fracciones, en tanto que la reforma incluye una nueva que sustituye a la anterior fracci�n cuarta y recorre el orden de las restantes y siguientes fracciones, de tal suerte que ahora el art�culo contiene siete fracciones, siendo la cuarta la que se refiere a la materia electoral, igualmente se reform� el tercer p�rrafo de la fracci�n II del art�culo. Se trata de una reforma y una adici�n muy importantes, mediante las cuales se modific� sustancialmente el tratamiento constitucional para la materia electoral local.
La reforma al p�rrafo tercero de la fracci�n II del art�culo 116, tiene como prop�sito obligar a los Estados a que sus legislaturas se integren con diputados elegidos por los principios de mayor�a relativa y de representaci�n proporcional. En este sentido, el actual p�rrafo tercero supera la anterior redacci�n de ese p�rrafo que hablaba de diputados de minor�a en la elecci�n de las Legislaturas L.es. El mandato constitucional actual va m�s all� de lo que incorpor� la reforma de mil novecientos setenta y siete, cuando se incluy� la anterior redacci�n del p�rrafo tercero de la fracci�n II, para introducir en las Legislaturas L.es el sistema de diputados de minor�a.
Este esp�ritu democratizador y de pluralidad en la representaci�n, se corrobora tambi�n si se atiende a que la fracci�n IV del art�culo 116, en relaci�n con la diversa fracci�n IV del art�culo 99 de la C.�n F., que permiten impugnar por inconstitucionalidad los actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes para organizar, calificar o resolver las impugnaciones en los procesos electorales de las entidades federativas, tienen como objeto claro y evidente la democratizaci�n de las estructuras electorales en los Estados. El proceso democratizador (siempre en tr�nsito), plasmado en diversas reformas constitucionales ha llevado al Poder Judicial de la Federaci�n a ocuparse en ciertos casos y satisfaciendo los requisitos de procedibilidad constitucionales y legales necesarios, de resolver conflictos derivados de procesos electorales locales. Como se ha sostenido, el federalismo no significa independencia absoluta de los Poderes L.es, sino un r�gimen equilibrado y coordinado de distribuci�n de competencias, en donde las entidades federativas siempre est�n obligadas por el Pacto F. y la supremac�a constitucional federal previstas en los art�culos 41 y 133 de la C.�n.
En este orden de ideas, es necesario, en uso de las facultades constitucionales con que cuenta este Alto Tribunal, analizar si los principios rectores que en materia electoral se instituyen en el Pacto F. est�n cumplidos en la legislaci�n estatal y si efectivamente est�n regulados de tal manera que hagan vigentes los principios para los cuales fueron instituidos.
Cabe destacar que, como se se�al�, no existe imperativo para imponer a los Estados un modelo espec�fico para la instrumentaci�n de los sistemas de elecci�n que dispone la C.�n F.; sin embargo, por igualdad de raz�n y siguiendo el esp�ritu de las disposiciones constitucionales federales que los establecen, debe asegurarse que los t�rminos en que se consideren en la legislaci�n estatal permitan su real vigencia, acorde con el sentido que el Poder Revisor de la C.�n quiso darles, pues no puede admitirse que para cumplir con lo dispuesto por el art�culo 116 de la C.�n F. sea suficiente con que las Legislaturas de los Estados dispongan que las elecciones se sujetar�n a los principios de mayor�a relativa y de representaci�n proporcional, sino que es necesario, adem�s, que las normas que desarrollen esos principios cumplan real y efectivamente con el fin para el cual fueron establecidos, sin perjuicio de las modalidades que cada Legislatura Estatal quiera imponerles, pero sin desconocer su esencia.
Por lo que hace al principio de proporcionalidad en materia electoral, tal como fue concebido por el �rgano Revisor de la C.�n, debe se�alarse lo siguiente:
El t�rmino representaci�n tiene diversos significados diferentes entre s�, aunque pol�ticamente tiene una definici�n. La representaci�n pol�tica, llamada tambi�n representaci�n por elecci�n, en tanto fundamento de la democracia representativa propia del Estado moderno, naci� como un modelo alternativo a la democracia directa, dif�cil de cumplirse en las sociedades modernas. La representaci�n pol�tica lleva a su m�xima expresi�n la idea de que los representantes populares o miembros de los �rganos de representaci�n popular, son representantes de la naci�n y del inter�s general del conjunto de la sociedad. El representante o diputado no es un mandatario en sentido legal, no es el representante particular de un sector social o de un distrito o circunscripci�n uninominal, es representante pol�tico del inter�s general de una naci�n, de un Estado.
Por otra parte, la teor�a se�ala que una de las consecuencias de la representaci�n pol�tica nacional es la creaci�n de sistemas de representaci�n pol�tica (mayor�a, proporcional o mixto) que refleje de la mejor manera la voluntad popular y el inter�s nacional.
En relaci�n con el sistema de representaci�n proporcional, cabe se�alar que s�lo puede ser empleado para la integraci�n de cuerpos colegiados, entre ellos, las C�maras legislativas. Este sistema tiene como objeto fundamental atribuir a cada partido el n�mero de cargos de elecci�n popular que resulte proporcional a los votos obtenidos en la contienda electoral.
Por otra parte, cabe destacar que el sistema electoral mixto que participa de los principios de mayor�a y de representaci�n proporcional busca garantizar el control de las estructuras legislativas por el primer sistema, utilizando el sistema de representaci�n proporcional con la finalidad de crear un colch�n de curules para compensar la desproporci�n que genera el sistema mayoritario.
En el a�o de mil novecientos setenta y siete, se abandona dentro del orden jur�dico mexicano el sistema de diputados de partidos y se adopta un sistema electoral mixto, en el que el principio de mayor�a se complementa con el de representaci�n proporcional. El primero de ellos se funda en que el candidato se convierte en diputado por haber obtenido la simple mayor�a de sufragios emitidos en un determinado distrito por los ciudadanos que hubiesen votado en las elecciones respectivas; en el segundo, tienen acceso a la C�mara no s�lo los candidatos que hayan logrado la votaci�n mayoritaria, sino tambi�n los que hayan alcanzado cierto n�mero de votos provenientes de importantes minor�as de electores en el acto correspondiente.
La instauraci�n del principio de representaci�n proporcional represent� un canal apropiado para la participaci�n de las minor�as; en M�xico el antecedente m�s antiguo que se tiene se debe al pensamiento de M.O., quien pronunci� el tres de diciembre de mil ochocientos cuarenta y dos un discurso sobre el art�culo 24 del nuevo proyecto de C.�n, en donde expuso la teor�a de la representaci�n proporcional y la defensa de las minor�as. O. afirm� que: "... de este modo la minor�a no ser� siempre sacrificada a la mayor�a, que es el vicio funesto de que, seg�n el citado escritor S., adolecen los sistemas representativos ... la representaci�n no es buena, sino en tanto que es imagen de la sociedad ... se ha cre�do que la voluntad de la mayor�a era soberana y que no ten�a respecto de la minor�a ningunos deberes. Hoy se sabe como un principio inconcluso de legislaci�n que se repite con frecuencia, que es necesario respetar a las minor�as ... que el Congreso Constituyente de 1843 resuelva el problema de que la representaci�n nacional se componga de los diversos elementos pol�ticos y en la misma proporci�n que se encuentra la Rep�blica. ... la necesidad de llamar todos los intereses a ser representados, es hoy una verdad tan universalmente reconocida, que s�lo ignorando el Estado actual de la ciencia puede proclamarse el duro y absoluto imperio de la mayor�a sin el equilibrio de la representaci�n de las minor�as.". Desde entonces se buscaba que la voz y presencia de las corrientes ideol�gicas minoritarias se hicieran presentes para la formaci�n de la representaci�n nacional.
As�, la introducci�n del principio de proporcionalidad obedece a la necesidad de dar una representaci�n m�s adecuada a todas las corrientes pol�ticas relevantes que se manifiestan en la sociedad, as� como para garantizar, en una forma m�s efectiva, el derecho de participaci�n pol�tica de la minor�a y, finalmente, para evitar los efectos extremos de distorsi�n de la voluntad popular que se pueden producir en un sistema de mayor�a simple.
Atento todo lo anterior, dentro del sistema pol�tico mexicano se introdujo el principio de representaci�n proporcional como medio o instrumento para hacer vigente el pluralismo pol�tico, a fin de que todas aquellas corrientes identificadas con un partido determinado, a�n minoritarias en su integraci�n pero con una representatividad importante, pudieran ser representadas en el seno legislativo y participar con ello en la toma de decisiones y, consecuentemente, en la democratizaci�n del pa�s. As�, se desprende que el principio de representaci�n proporcional dentro del sistema electoral mixto se traduce en instrumento del pluralismo pol�tico que llev� a su inserci�n en la C.�n F. desde el a�o de mil novecientos setenta y siete y que a la fecha se mantiene vigente.
As�, el principio de representaci�n proporcional, como garante del pluralismo pol�tico, tiene los siguientes objetivos primordiales:
1. La participaci�n de los partidos pol�ticos en la integraci�n del �rgano legislativo, siempre que tengan cierta representatividad.
2. Que cada partido alcance en el seno del Congreso o legislatura correspondiente una representaci�n aproximada al porcentaje de su votaci�n total.
3. Evitar un alto grado de sobre-representaci�n de los partidos dominantes.
La abundancia de criterios doctrinarios, as� como de modelos para desarrollar el principio de proporcionalidad, ponen de manifiesto que ser�a dif�cil para esta Suprema Corte intentar definir la manera precisa en que las Legislaturas L.es deben desarrollarlo en sus leyes electorales; sin embargo, esa dificultad se allana si se atiende a la finalidad esencial de pluralismo que se persigue y a las disposiciones con las que el propio Poder Revisor de la C.�n ha desarrollado dicho principio para su aplicaci�n en las elecciones federales. No quiere esto decir que las Legislaturas L.es deban prever la asignaci�n de diputados por el principio de representaci�n proporcional en los mismos t�rminos en que lo hace la C.�n F., pero s� que las disposiciones del art�culo 54 constitucional contienen bases fundamentales que se estiman indispensables en la observancia de dichos principios.
El art�culo 54 de la C.�n F. dispone:
"Art�culo 54. La elecci�n de los 200 diputados seg�n el principio de representaci�n proporcional y el sistema de asignaci�n por listas regionales, se sujetar� a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:
"I. Un partido pol�tico, para obtener el registro de sus listas regionales, deber� acreditar que participa con candidatos a diputados por mayor�a relativa en por lo menos doscientos distritos uninominales;
"II. Todo partido pol�tico que alcance por lo menos el dos por ciento del total de la votaci�n emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendr� derecho a que le sean atribuidos diputados seg�n el principio de representaci�n proporcional;
"III. Al partido pol�tico que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayor�a relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le ser�n asignados por el principio de representaci�n proporcional, de acuerdo con su votaci�n nacional emitida, el n�mero de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripci�n plurinominal. En la asignaci�n se seguir� el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes.
"IV. Ning�n partido pol�tico podr� contar con m�s de 300 diputados por ambos principios.
"V. En ning�n caso, un partido pol�tico podr� contar con un n�mero de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la C�mara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votaci�n nacional emitida. Esta base no se aplicar� al partido pol�tico que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la C�mara, superior a la suma del porcentaje de su votaci�n nacional emitida m�s el ocho por ciento; y
"VI. En los t�rminos de lo establecido en las fracciones III, IV y V anteriores, las diputaciones de representaci�n proporcional que resten despu�s de asignar las que correspondan al partido pol�tico que se halle en los supuestos de las fracciones IV y V, se adjudicar�n a los dem�s partidos pol�ticos con derecho a ello en cada una de las circunscripciones plurinominales, en proporci�n directa con las respectivas votaciones nacionales efectivas de estos �ltimos. La ley desarrollar� las reglas y f�rmulas para estos efectos."
Las bases generales que tienen que observar las Legislaturas de los Estados para cumplir con el establecimiento del principio de proporcionalidad electoral trat�ndose de diputados, derivadas del indicado precepto constitucional, son las siguientes:
Primera. Condicionamiento del registro de la lista de candidatos plurinominales a que el partido participe con candidatos a diputados por mayor�a relativa en el n�mero de distritos uninominales que la ley se�ale (fracci�n I).
Segunda. Establecimiento de un m�nimo de porcentaje de la votaci�n estatal para la asignaci�n de diputados (fracci�n II).
Tercera. La asignaci�n de diputados ser� independiente y adicionalmente a las constancias de mayor�a relativa que hubiesen obtenido los candidatos del partido de acuerdo con su votaci�n (fracci�n III).
Cuarta. P.�n del orden de asignaci�n de los candidatos que aparezcan en las listas correspondientes (fracci�n III).
Quinta. El tope m�ximo de diputados por ambos principios que puede alcanzar un partido, debe ser igual al n�mero de distritos electorales (fracci�n IV).
Sexta. Establecimiento de un l�mite a la sobre-representaci�n (fracci�n V).
S�ptima. Establecimiento de las reglas para la asignaci�n de los diputados conforme a los resultados de la votaci�n (fracci�n VI).
Ahora bien, considerando los diferentes m�todos o modelos que pueden aplicarse para hacer vigente este principio de representaci�n proporcional en el sistema electoral mexicano, sus bases generales se instituyen en el art�culo 54 de la C.�n F., de cuyo an�lisis se llega al convencimiento de que la proporcionalidad en materia electoral, m�s que un principio, constituye un sistema compuesto por bases generales tendentes a garantizar de manera efectiva la pluralidad en la integraci�n de los �rganos legislativos, permitiendo que formen parte de ellos candidatos de los partidos minoritarios e impidiendo, a la vez, que los partidos dominantes alcancen un alto grado de sobre-representaci�n. Esto explica por qu�, en algunos casos, se premia o estimula a las minor�as y en otros se restringe a las mayor�as.
Todo lo anterior permite considerar que ante la falta de disposici�n constitucional expresa que imponga a las entidades federativas reglas espec�ficas para combinar los sistemas de elecci�n de mayor�a relativa y de representaci�n proporcional, es decir, el porcentaje que debe corresponder a cada uno de estos principios, debe tomarse como par�metro el que establece la C.�n F. para la integraci�n de la C�mara deDiputados del Congreso de la Uni�n, previsto en su art�culo 52 en donde se se�ala que la citada C�mara estar� integrada por trescientos diputados electos seg�n el principio de mayor�a relativa y doscientos diputados electos seg�n el principio de representaci�n proporcional, esto es, en un sesenta y cuarenta por ciento respectivamente; por lo que las Legislaturas Estatales dentro de esa libertad de la que gozan, habr�n de ponderar sus propias necesidades y circunstancias pol�ticas, a fin de establecer el n�mero de diputados de mayor�a relativa y de representaci�n proporcional que los integren, pero sin alejarse significativamente de los porcentajes y bases generales establecidas en la C.�n F., a fin de evitar la sobre-representaci�n de las mayor�as y la sub-representaci�n de las minor�as o viceversa.
Lo anterior encuentra apoyo en las tesis de jurisprudencia que a continuaci�n se citan:
"MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACI�N PROPORCIONAL. La abundancia de criterios doctrinarios as� como de modelos para desarrollar el principio de representaci�n proporcional, ponen de manifiesto la dificultad para definir de manera precisa la forma en que las Legislaturas L.es deben desarrollarlo en sus leyes electorales; sin embargo, esa dificultad se allana si se atiende a la finalidad esencial del pluralismo que se persigue y a las disposiciones con las que el propio Poder Revisor de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos ha desarrollado dicho principio, para su aplicaci�n en las elecciones federales. Las bases generales que tienen que observar las Legislaturas de los Estados para cumplir con el establecimiento del principio de proporcionalidad electoral en trat�ndose de diputados, derivadas del indicado precepto constitucional, son las siguientes: Primera. Condicionamiento del registro de la lista de candidatos plurinominales a que el partido participe con candidatos a diputados por mayor�a relativa en el n�mero de distritos uninominales que la ley se�ale. Segunda. Establecimiento de un m�nimo porcentaje de la votaci�n estatal para la asignaci�n de diputados. Tercera. Asignaci�n de diputados independiente y adicionalmente a las constancias de mayor�a relativa que hubiesen obtenido los candidatos del partido de acuerdo con su votaci�n. Cuarta. P.�n del orden de asignaci�n de los candidatos que aparezcan en las listas correspondientes. Quinta. El tope m�ximo de diputados por ambos principios que puede alcanzar un partido, debe ser igual al n�mero de distritos electorales. Sexta. Establecimiento de un l�mite a la sobre-representaci�n. S�ptima. Establecimiento de las reglas para la asignaci�n de diputados conforme a los resultados de la votaci�n." (Tesis P./J. 69/98, visible a fojas 189, T.V., noviembre de 1998, Pleno, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta).
"REPRESENTACI�N PROPORCIONAL. EL SISTEMA PREVISTO EN EL ART�CULO 17, P�RRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, TRANSGREDE ESE PRINCIPIO AL ESTABLECER LA ASIGNACI�N DE VEINTITR�S DIPUTADOS DE MAYOR�A RELATIVA Y S�LO CUATRO POR REPRESENTACI�N PROPORCIONAL (DECRETO PUBLICADO EL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL UNO, EN EL PERI�DICO OFICIAL DEL ESTADO). El principio de representaci�n proporcional se introdujo en el sistema pol�tico mexicano con los siguientes objetivos primordiales: dar participaci�n a los partidos pol�ticos con cierta representatividad en la integraci�n de los �rganos legislativos; que cada partido tenga una representaci�n proporcional al porcentaje de su votaci�n total y evitar la sobre-representaci�n de los partidos dominantes. Por lo anterior, resulta claro que el legislador local, al establecer en el art�culo 17, primer p�rrafo, de la C.�n Pol�tica del Estado de Aguascalientes que el Congreso del Estado estar� integrado por veintitr�s diputados electos seg�n el principio de mayor�a relativa y s�lo cuatro por el de representaci�n proporcional limita, por una parte, la participaci�n pol�tica de las minor�as en el seno del Legislativo y la posibilidad de participar en la toma de decisiones, con lo cual menoscaba el derecho que la C.�n les confiere, pues el porcentaje que se les asigna es pr�cticamente imperceptible frente al otorgado al principio de mayor�a relativa generando, por otro lado, que en un momento dado, los partidos dominantes alcancen una sobre-representaci�n pues en el caso asegurar�an aproximadamente el ochenta y cinco por ciento del total de curules del Congreso L., m�xime si se toma en cuenta que en t�rminos de la fracci�n II, del propio art�culo 17 impugnado, las diputaciones por el principio de representaci�n proporcional se otorgar�n a todo partido pol�tico que obtenga por lo menos el dos punto cinco por ciento de la votaci�n emitida; esto es, adem�s de las curules que un partido mayoritario pueda alcanzar por el principio de mayor�a relativa se le otorgar�n tambi�n otras por el principio de representaci�n proporcional, con el consecuente detrimento de los partidos minoritarios, lo cual es contrario a las bases fundamentales establecidas en los art�culos 54, fracci�n V y 116, fracci�n II, �ltimo p�rrafo, de la C.�n F.." (Tesis P./J. 28/2002, p�gina 647, T.X., julio de 2002, Pleno, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta).
Por tanto, el an�lisis de la disposici�n que se combate en esta v�a constitucional, debe hacerse atendiendo a los fines y objetivos que se persiguen con el principio de representaci�n proporcional al valor de pluralismo pol�tico que tutela y a los porcentajes que fija la C.�n F. para la integraci�n de la C�mara de Diputados del Congreso General, a efecto de determinar si efectivamente la disposici�n combatida inmersa en su contexto normativo hace vigente ese principio conforme a las bases generales que lo soportan.
Similar criterio sostuvo este Tribunal Pleno al resolver la acci�n de inconstitucionalidad 37/2001 y sus acumuladas 38/2001, 39/2001 y 40/2001, Partido Convergencia por la D.acia, Diputados integrantes de la Quincuag�sima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes, Partido del Trabajo y Partido Alianza Social, 22 de abril de 2002, once votos, ponente: M.A.G.�itr�n, secretarios: P.A.N.M.�n y M.�n A.S. P�rez.
QUINTO. En el caso el art�culo 229 del C�digo de Instituciones y Procedimientos Electorales de Q.R. establece:
"Art�culo 229. Para la asignaci�n de diputados electos por el principio de representaci�n proporcional, se determinar� cu�les partidos est�n en los casos del art�culo 54 de la C.�n Pol�tica del Estado, y se sujetar� a las siguientes bases:
"I.D..
"II. A todos los partidos pol�ticos que hayan obtenido por lo menos el 2.5% del total de la votaci�n estatal emitida, se le asignar� una diputaci�n, y
"III. La f�rmula para asignar las diputaciones de representaci�n proporcional restantes, en su caso tiene dos elementos:
"a) Cociente electoral; y
"b) Resto mayor.
"Para la aplicaci�n del primer elemento, despu�s de restada de la votaci�n efectiva la utilizada para la asignaci�n de curules a los partidos que obtuvieron el 2.5% de la votaci�n estatal emitida, el total de votos que representa la votaci�n ajustada se divide entre el n�mero de curules a repartir en el cociente que resulte, se asignar�n a los partidos pol�ticos tantas diputaciones como n�mero de veces contenga su volumen el cociente electoral obtenido.
"Por votaci�n efectiva se entender� la que resulte de deducir de la votaci�n estatal emitida los votos nulos, as� como los votos de aquellos partidos que no hayan alcanzado el 2.5%.
"Si despu�s de aplicar el cociente electoral, aun quedaran diputaciones por distribuir, se utilizar�n en forma decreciente los restos mayores, que son los remanentes de votos que tuvieron los partidos pol�ticos una vez restados los utilizados en las asignaciones anteriores.
"Ning�n partido pol�tico podr� tener m�s de quince diputados por ambos principios. En ning�n caso, un partido pol�tico podr� contar con un n�mero de diputados por ambos principios, que representen un porcentaje del total del Congreso que exceda en diecis�is puntos a su porcentaje de votaci�n estatal emitida. Esta base no se aplicar� al partido pol�tico que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total del Congreso, superior a la suma del porcentaje de su votaci�n estatal emitida m�s el diecis�is por ciento.
"Los diputados electos seg�n el principio de representaci�n proporcional se asignan en el orden en que fueron registrados en las listas estatales de cada partido."
Como puede observarse, el numeral transcrito establece las f�rmulas y metodolog�a adoptadas por la Legislatura L. para la asignaci�n de diputaciones por el principio de representaci�n proporcional, del que se reclama espec�ficamente el p�rrafo quinto de la fracci�n III, que prev� como l�mite a la sobre-representaci�n un porcentaje de 16% (diecis�is por ciento).
Es importante hacer notar que si bien este Alto Tribunal ha sostenido el criterio, como se dijo anteriormente, de que trat�ndose de la integraci�n de las Legislaturas L.es, seg�n los principios de mayor�a relativa y de representaci�n proporcional, �stos no pueden alejarse significativamente de los porcentajes establecidos en la C.�n F., trat�ndose del tema de sobre-representaci�n no pueden ser as� considerados por las Legislaturas Estatales, sino que tiene que haber mayor flexibilidad atendiendo al n�mero de los componentes de los Congresos Estatales por ambos principios y a que la norma impugnada cumpla con los fines y objetivos que se persiguen con el principio de representaci�n proporcional y el valor del pluralismo pol�tico.
Por tanto, la circunstancia de que el porcentaje del diecis�is por ciento que el legislador local estableci� como l�mite a la sobre-representaci�n difiera del ocho por ciento que prev� el art�culo 54 de la C.�n F., de ninguna forma puede considerarse excesivo si se toma en consideraci�n que el Congreso F. se encuentra conformado por quinientos diputados, en tanto que el Congreso del Estado de Q.R. se integra por veinticinco diputados.
Para corroborar lo anterior se retomar� el ejemplo planteado por el partido accionante.
Como qued� asentado, la disposici�n de m�rito establece que para la asignaci�n de diputados por el principio de representaci�n proporcional se determinar�, en primer lugar, cu�les partidos se ubican en los casos del art�culo 54 de la C.�n Pol�tica de la entidad.
El art�culo 54 de la C.�n Pol�tica del Estado de Q.R. dispone:
"Art�culo 54. La elecci�n de los diez diputados seg�n el principio de representaci�n proporcional, se sujetar� a las bases siguientes y a lo que en particular disponga la ley de la materia.
"I. Para obtener el registro de sus listas de candidatos a diputados por el principio de representaci�n proporcional, el partido pol�tico que lo solicite deber� acreditar que participa con candidatos a diputados por mayor�a relativa en cuando menos ocho de los distritos electorales.
"II. Tendr� derecho a participar en la asignaci�n de diputados electos seg�n el principio de representaci�n proporcional, todo aquel partido que haya alcanzado por lo menos el dos punto cinco por ciento de la votaci�n total emitida en el territorio del Estado.
"III. Ning�n partido pol�tico o coalici�n podr� tener m�s del sesenta por ciento de los integrantes de la legislatura por ambos principios, tanto de mayor�a relativa como de representaci�n proporcional.
"La ley de la materia reglamentar� las f�rmulas electorales y los procedimientos que se observar�n en la asignaci�n de diputados electos seg�n el principio de representaci�n proporcional. En todo caso, en la asignaci�n se seguir� el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes."
Entonces, para que un partido pol�tico pueda participar en la elecci�n de diputados por el principio de representaci�n proporcional, requiere que haya alcanzado por lo menos el dos punto cinco por ciento de la votaci�n total emitida en el territorio del Estado.
Ahora bien, de acuerdo con la fracci�n II del art�culo 229 del C�digo de Instituciones y Procedimientos Electorales de la entidad, a todos aquellos partidos pol�ticos que hayan obtenido el citado porcentaje del dos punto cinco por ciento se les asignar� una diputaci�n.
Por otra parte, la fracci�n III del citado numeral establece que para la asignaci�n de las diputaciones restantes se aplicar�, en primer t�rmino, la f�rmula de cociente electoral y, posteriormente, en su caso, la de resto mayor, dentro de cuya asignaci�n ning�n partido podr� tener m�s de quince diputaciones por ambos principios, ni contar con un porcentaje total del Congreso que exceda en diecis�is puntos a su porcentaje de votaci�n estatal emitida, excepci�n hecha para aquel partido que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje superior de curules del total del Congreso, superior a la suma del porcentaje de su votaci�n m�s el diecis�is por ciento.
Para el desarrollo del ejemplo expuesto y conforme a las cifras dadas por el propio partido promovente, en primer lugar, deben establecerse los siguientes datos:
a) El n�mero de constancias de mayor�a relativa que cada partido obtuvo en distritos uninominales.
b) El n�mero de votos emitidos a favor de cada partido pol�tico.
c) El porcentaje que representan los votos obtenidos por cada partido pol�tico del total de la votaci�n emitida en el Estado.


De acuerdo con los resultados anteriores y conforme al art�culo 54, fracci�n II, de la C.�n Pol�tica del Estado, tienen derecho a la asignaci�n de diputados por el principio de representaci�n proporcional los partidos pol�ticos A, B, C y D que obtuvieron por lo menos el 2.5% de la votaci�n total emitida en el Estado, quedando excluido el partido E por no haber alcanzado el citado porcentaje.
Conforme a lo previsto en el art�culo 229, fracci�n II, del C�digo de Instituciones y Procedimientos Electorales de la entidad, a todos los partidos que obtuvieron el 2.5% de la votaci�n estatal emitida se les asignar� una diputaci�n.


Entonces del total de las diez diputaciones de representaci�n proporcional se han asignado cuatro, quedando a�n seis curules que deber�n ser distribuidas ahora mediante la f�rmula de cociente electoral y, en su caso, por resto mayor, de conformidad con lo establecido en la fracci�n III del art�culo 229 del c�digo estatal.
Para ello, no debe perderse de vista que conforme al pen�ltimo p�rrafo del numeral en cita en la asignaci�n de curules, ning�n partido pol�tico podr� tener m�s de quince diputaciones por ambos principios ni exceder en diecis�is puntos el porcentaje del total del Congreso.
Del cuadro anterior se puede observar que hasta la primera asignaci�n ning�n partido obtuvo m�s de quince diputaciones por ambos principios, sin embargo, se debe comprobar si ning�n partido se encuentra en la hip�tesis de que no podr� contar con un n�mero de diputados por ambos principios, que representen un porcentaje total del Congreso que exceda en diecis�is puntos a su porcentaje de votaci�n estatal emitida.


De lo anterior, se advierte que en esta etapa ninguno de los partidos pol�ticos ha excedido el l�mite de quince diputados por ambos principios, ni el porcentaje referido, por lo que todos estos partidos podr�n seguir participando en las asignaciones de las restantes seis curules, ahora bajo la f�rmula de cociente electoral.
Para tal efecto, es necesario obtener la votaci�n efectiva que en t�rminos de lo dispuesto por el p�rrafo segundo de la fracci�n III del art�culo 229 del c�digo en comento, se obtiene de deducir de la votaci�n estatal emitida (231,601), los votos de aquellos partidos que no hayan alcanzado el 2.5% (partido E = 3,914), as� como los votos nulos (9,513); haci�ndose notar que esta cantidad est� conformada por los votos nulos propiamente dichos y los emitidos a favor de candidatos no registrados, ya que si bien estos �ltimos no est�n expresamente se�alados en la norma, de su interpretaci�n conforme se concluye que tambi�n deben deducirse, porque de otra manera no se podr�a obtener la votaci�n efectiva y esos votos quedar�an sobrando.
Entonces se tiene que:
231,601 - (3,914 + 9,513) = 218,174 votaci�n efectiva.
Una vez determinada la votaci�n efectiva, se le restar� la votaci�n utilizada para la asignaci�n de curules a los partidos que obtuvieron el 2.5% de la votaci�n estatal emitida (231,601 x 0.025 = {2.5%} ) = 5,790.02, a fin de obtener la votaci�n ajustada.


218,174 - 23,160.08 = 195,013.92 votaci�n ajustada.
Ahora bien, a efecto de obtener el cociente electoral, el total de votos que representa la votaci�n ajustada (195,013.92) se dividir� entre el n�mero de curules pendientes de asignar (6).
195,013.92
---------- = 32,502.32 (cociente electoral)
6
Obtenido el cociente electoral, se proceder� a asignar a los partidos pol�ticos tantas diputaciones como n�mero de veces contenga su volumen el cociente electoral obtenido, es decir, se divide la votaci�n ajustada de cada partido pol�tico entre dicho cociente, a fin de determinar el n�mero de diputados de representaci�n proporcional que le corresponden, como se establece a continuaci�n:


De los resultados anteriores se advierte que al haberse distribuido 4 curules a los partidos pol�ticos que alcanzaron el 2.5% de la votaci�n total y 4 por cociente electoral, restan a�n 2 diputaciones por asignar; las que conforme al p�rrafo tercero de la citada fracci�n III del art�culo 229, se asignar�n utilizando en forma decreciente los restos mayores, que son los remanentes de votos que tuvieron los partidos pol�ticos, una vez restados los utilizados en las asignaciones anteriores.
Pero previamente debe determinarse si con la asignaci�n por cociente electoral ning�n partido pol�tico excede el l�mite m�ximo de representaci�n, a efecto de establecer cu�les partidos podr�n continuar participando en la asignaci�n de diputados.
Del cuadro que precede se puede observar que, en principio, ning�n partido obtuvo diputaciones por encima del l�mite permitido de quince diputados; sin embargo, conforme al tope del porcentaje de votaci�n, el partido pol�tico B no podr�a seguir participando en la asignaci�n porque exceder�a el referido l�mite.
En efecto, en el cuadro 3 se estableci� que el l�mite m�ximo de diputados a que el partido pol�tico B puede accesar, es de catorce, cantidad que complet� con la anterior asignaci�n, con lo que es claro que no podr� participar en la siguiente etapa, por lo que la asignaci�n de diputados por resto mayor ser�a de la siguiente manera:


Finalmente, agotada la asignaci�n de diputaciones, la Legislatura del Estado de Q.R. quedar�a integrada de la siguiente manera:


El ejercicio anterior deja ver que contrariamente a lo manifestado por el partido accionante, el pen�ltimo p�rrafo del art�culo 229 del C�digo de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Q.R., no produce la sobre-representaci�n aludida por el promovente ni la sub-representaci�n, pues a la par debe tenerse en consideraci�n que tampoco transgrede la base general establecida en el art�culo 54, fracci�n V, de la C.�n F., en tanto establece el l�mite m�ximo de diputados que por ambos principios puede alcanzar un partido, que no podr� ser m�s de quince.
Ese porcentaje resulta apegado a los principios que garantizan la pluralidad en la integraci�n de los �rganos legislativos, dado que conforme al art�culo 52 de la C.�n del Estado de Q.R., laslegislaturas se integrar�n con quince diputados electos en igual n�mero de distritos electorales seg�n el principio de mayor�a relativa, y con diez diputados por el principio de representaci�n proporcional.
Lo anterior es as�, porque dentro de las bases generales establecidas en el art�culo 54 de la C.�n F., se encuentra la relativa a que el tope m�ximo de diputados por ambos principios que puede alcanzar un partido, debe ser igual al n�mero de distritos electorales; otro de los principios consagrados en el citado precepto constitucional seg�n ha quedado establecido, es el relativo a la proporcionalidad que debe corresponder a los sistemas de elecci�n de mayor�a relativa y representaci�n proporcional, el cual no debe alejarse de un sesenta y cuarenta por ciento, respectivamente. Estas bases son tendentes, como puede observarse, a garantizar la representatividad y pluralidad de los �rganos legislativos, pues a trav�s de estas restricciones permite que formen parte de esa integraci�n los candidatos de los partidos minoritarios e impide, a la vez, que los partidos dominantes alcancen un alto grado de sobre-representaci�n; principio que se encuentra garantizado en la fracci�n III del art�culo 54 de la C.�n Pol�tica del Estado de Q.R..
Ahora bien, esos extremos se encuentran colmados en la norma en estudio, pues establece que el tope m�ximo de diputados que puede obtener un partido es de quince, que coincide con el n�mero de distritos electorales en que se divide el Estado, y la proporci�n que corresponde a los principios de mayor�a relativa y representaci�n proporcional es de sesenta y cuarenta por ciento, respectivamente.
Por otro lado, al prever, adem�s, el referido art�culo 229 del C�digo de Instituciones y Procedimientos Electorales que, en ning�n caso, un partido pol�tico podr� contar con un n�mero de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total del Congreso que exceda en diecis�is puntos a su porcentaje de votaci�n estatal emitida, de ninguna forma hace inconstitucional la norma, ya que cerca de transgredir las bases generales que instituye el citado art�culo 54 de la C.�n F., es tendente precisamente a garantizar la representatividad y pluralidad del �rgano legislativo local, ya que con ello se logra evitar que los partidos dominantes alcancen una sobre-representaci�n al estar sujetos o condicionados a esa limitante, porcentaje que de ninguna forma puede considerarse excesivo como lo afirma el partido promovente, por no coincidir con el ocho por ciento (8%) que se establece en la fracci�n V del art�culo 54 de la N.F., puesto que, en primer lugar, su aplicaci�n es para todos los partidos pol�ticos participantes, y en segundo lugar, la aplicaci�n del porcentaje de m�rito no limita ni menoscaba la participaci�n pol�tica de las minor�as en el seno del Congreso L., antes bien, debido a ello los partidos mayoritarios dejan de participar en la asignaci�n de curules en la etapa de resto mayor beneficiando al partido con menor votaci�n.
Por otro lado, con la aplicaci�n del citado porcentaje tampoco se permite que el partido mayoritario alcance un alto grado de sobre-representaci�n, dado que el n�mero de curules que obtuvo fue de catorce, es decir, menor al tope m�ximo permitido por el multirreferido art�culo 54 de la C.�n F. en su base quinta antes rese�ada.
En consecuencia, no obstante que el porcentaje que el legislador local estableci� a la sobre-representaci�n no coincide con el previsto en la C.�n F., debe reconocerse su validez, dado que analizado en su contexto normativo cumple con los fines y objetivos que se persiguen con el pluralismo pol�tico, en virtud de que como se acredit�, permite que los partidos minoritarios con cierta representatividad, participen en la integraci�n del Congreso Estatal e impide a la vez que los partidos mayoritarios obtengan un alto grado de sobre-representaci�n.
No es obst�culo a lo anterior, el argumento del partido accionante en el sentido de que la reforma impugnada atenta contra la universalidad del sufragio y la representaci�n democr�tica, ya que en el Estado de Q.R. la distritaci�n no se encuentra por distritos sino por Municipios, en los que existen m�s de un distrito, cuya diferencia entre el distrito m�s poblado y el menor poblado es de setenta y cinco mil novecientos ochenta y cinco votos.
Lo anterior es as�, toda vez que la norma que se reclama no regula lo relativo a la distritaci�n en el Estado, y en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 71, p�rrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n F., este Alto Tribunal, en materia electoral, no puede pronunciarse sobre normas que no hayan sido expresamente impugnadas.
SEXTO. Por otra parte, sustancialmente aduce el partido promovente que la norma impugnada es contraria a los principios de legalidad, certeza, a las bases de integraci�n de las Legislaturas de los Estados y al principio de supremac�a constitucional previstos en los art�culos 14, 16, 54, fracci�n V, 116, fracci�n II y 133 de la C.�n F., ya que en su expedici�n el �rgano legislativo ordinario pretende sustituir al �rgano Reformador de la entidad, porque la facultad para establecer las bases y principios relativos a la sobre-representaci�n en la integraci�n del Congreso y a la elecci�n de diputados por los principios de mayor�a relativa y representaci�n proporcional, deben estar contenidos expresamente en la C.�n L. y no en una ley secundaria.
Resulta infundado el concepto de invalidez antes sintetizado, toda vez que este Alto Tribunal ha considerado que si bien ser�a jur�dicamente correcto que las cuestiones inherentes a los principios de mayor�a relativa y de representaci�n proporcional se establecieran en las C.ones F. y de los Estados, de no ser as�, sino que �nicamente se establecieran en una ley secundaria, no se rompe con el orden jur�dico constitucional, porque de conformidad con el art�culo 116, fracci�n II, de la C.�n F., las Legislaturas de los Estados se integran con diputados elegidos seg�n los principios de mayor�a relativa y de representaci�n proporcional "en los t�rminos que se�alen sus leyes", por lo que debe entenderse que deja abierta la posibilidad para que las cuestiones relacionadas con tales principios puedan preverse bien en la C.�n L. o en la legislaci�n secundaria.
Adem�s, si la intenci�n del �rgano Reformador de la C.�n F. hubiera sido que todas las cuestiones relacionadas con los principios de mayor�a relativa y de representaci�n proporcional estuvieran establecidos en la C.�n L., as� lo hubiera se�alado expresamente en el citado art�culo 116, fracci�n IV, de la C.�n F., que se refiere al contenido de las C.ones y leyes de los Estados en materia electoral.
En virtud de lo anterior, al establecerse en el art�culo 229, pen�ltimo p�rrafo, del C�digo de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Q.R., un l�mite a la sobre-representaci�n, es claro que no transgrede los preceptos constitucionales invocados por el partido promovente.
No pasa inadvertido para este Alto Tribunal el argumento que se hace valer en la demanda en el sentido de que, en el caso, el l�mite a la sobre-representaci�n debe constar necesariamente en la C.�n del Estado, por as� haberse decretado en la ejecutoria dictada en la diversa acci�n de inconstitucionalidad 18/2002 y su acumulada 19/2002; sin embargo, esa afirmaci�n resulta inexacta, porque a fojas noventa y seis y noventa y siete de la citada ejecutoria, expresamente se estableci� lo siguiente:
"... En el caso, las f�rmulas y procedimientos impuestos por el legislador local para la asignaci�n de diputados por el principio de representaci�n proporcional se contienen en la ley secundaria, esto es, en el art�culo 229 del C�digo de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Q.R., lo cual es permitido por la fracci�n II del art�culo 116 de la C.�n F.; sin embargo, esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver la acci�n de inconstitucionalidad 6/98, promovida por el Partido de la Revoluci�n D.�tica, declar� la inconstitucionalidad de las fracciones I y III del art�culo 229 mencionado, la I en forma total y la III en la porci�n que establece: ?... La votaci�n del partido que obtuvo las dos terceras partes o m�s, de las constancias de mayor�a relativa, as� como ...?; por tanto, toda vez que a la fecha no ha existido reforma o modificaci�n al precepto mencionado por parte del Congreso Estatal, las f�rmulas y procedimientos contenidos en este numeral, impuestas por el legislador local para la asignaci�n de diputados por el principio de representaci�n proporcional, son existentes pero inv�lidos, por lo que si bien, de conformidad con el art�culo 116, fracci�n II, de la C.�n F., puede estimarse que las f�rmulas y procedimientos para obtener los porcentajes para la asignaci�n de diputados por el principio de representaci�n proporcional pueden preverse en la legislaci�n secundaria, en el caso no se da tal hip�tesis, ya que las f�rmulas y procedimientos anotados se encuentran contenidos en el art�culo 229 en comento, precepto que fue declarado inconstitucional y, por tanto, es existente pero inv�lido. En estas circunstancias, al no existir en la C.�n L. ni en la ley secundaria las f�rmulas y procedimientos que se observar�n para la asignaci�n de diputados por el principio de representaci�n proporcional, no existe un l�mite a la sobre-representaci�n, por lo que el art�culo 54 de la C.�n L. impugnado resulta inconstitucional, al violar lo dispuesto por el art�culo 116, fracci�n II, �ltimo p�rrafo, de la C.�n F.; sin embargo, es de hacerse notar que este vicio de omisi�n puede purgarse por v�a de reforma a la C.�n o mediante previsiones expresas de la ley secundaria. ..."
En m�rito de lo anterior, es claro que contrariamente a lo sostenido por el partido promovente, el Congreso del Estado estaba facultado para proveer el l�mite a la sobre-representaci�n, bien a trav�s de una reforma a la C.�n, o de la ley secundaria; con lo anterior se da respuesta, incluso, al diverso argumento en el que se aduce que la norma impugnada fue expedida por autoridad incompetente, dado que como se se�al� el legislador ordinario local s� se encontraba facultado para establecer el l�mite a la sobre-representaci�n a trav�s de la reforma al C�digo de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Q.R..
S�PTIMO. Desde diverso aspecto, sustancialmente se alega por el accionante que la norma impugnada violenta el debido proceso legislativo y el marco jur�dico estatal, porque la mayor�a del Congreso del Estado, sin fundar ni motivar, omiti� considerar y dictaminar las iniciativas presentadas para reformar la C.�n del Estado, en donde se propon�a fijar un tope a la sobre-representaci�n del nueve por ciento (9%) y, por otra parte, por no haberse discutido y aprobado en comisiones la modificaci�n al art�culo 229 del C�digo de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Los argumentos antes sintetizados son infundados en atenci�n a las siguientes consideraciones:
En primer lugar, este Alto Tribunal ha sostenido reiteradamente que la fundamentaci�n y motivaci�n de un acto legislativo debe entenderse satisfecho cuando el Congreso que expide la ley est� constitucionalmente facultado para ello y las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jur�dicamente reguladas.
Este criterio se contiene en la jurisprudencia ciento cuarenta y seis, publicada en la p�gina ciento cuarenta y nueve, Tomo I, Materia C.onal, Tribunal Pleno, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n mil novecientos diecisiete mil novecientos noventa y cinco, que dice:
"FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. Por fundamentaci�n y motivaci�n de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente est� facultado para ello, ya que estos requisitos, en trat�ndose de actos legislativos, se satisfacen cuando aqu�l act�a dentro de los l�mites de las atribuciones que la C.�n correspondiente le confiere (fundamentaci�n), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jur�dicamente reguladas (motivaci�n); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivaci�n espec�fica."
En el caso, la fundamentaci�n de la reforma al art�culo impugnado se encuentra debidamente satisfecha, atendiendo a que la facultad del Congreso del Estado de Q.R. para reformar el C�digo de Instituciones y Procedimientos Electorales de la entidad deriva del art�culo 75, fracci�n I, de la C.�n L., que establece:
"Art�culo 75. Son facultades de la Legislatura del Estado:
"I.L. en su orden interno en todo cuanto no est� reservado por la C.�n General de la Rep�blica a los funcionarios federales."
Respecto al requisito de motivaci�n, tambi�n se encuentra satisfecho en virtud de que de la iniciativa respectiva se advierte que las relaciones sociales que reclamaban regulaci�n, consist�a en establecer un l�mite a la sobre-representaci�n de los partidos pol�ticos en la integraci�n del Congreso L..
Por tanto, al encontrarse satisfechos los requisitos de fundamentaci�n y motivaci�n del proceso de reforma, es claro que se ajusta a lo dispuesto por el art�culo 16 de la C.�n F..
En segundo lugar, cabe se�alar que hay violaciones de car�cter formal que pueden trascender de manera fundamental a la norma misma, de tal manera que provoque su invalidez o inconstitucionalidad, pero hay otras irregularidades en las que la falta de apoyo a alguna de las disposiciones que rigen el proceso legislativo no trascienden al contenido mismo de la norma y, por ende, no afectan su validez.
Lo primero sucede, por ejemplo, cuando la norma se aprueba sin el qu�rum necesario o sin el n�mero de votos requerido por la ley, en cuyo caso la violaci�n formal trascender�a de modo fundamental en el contenido de la norma provocando su invalidez.
En cambio, cuando, por ejemplo, las comisiones no siguieron el tr�mite para el estudio de las iniciativas, no se hayan remitido los debates que la hubieran provocado, o la iniciativa no fue dictaminada por la comisi�n a la que correspond�a su estudio sino a otra, ello carece de relevancia jur�dica si se cumple con el fin �ltimo buscado por la iniciativa, esto es, que haya sido aprobada por el Pleno del �rgano legislativo y publicada oficialmente.
En este supuesto, los vicios cometidos no trascienden de modo fundamental a la norma con la que culmin� el procedimiento legislativo, pues este tipo de requisitos tienden a facilitar el an�lisis, discusi�n y aprobaci�n de los proyectos de la ley por el Pleno del Congreso, por lo que si �ste aprueba la ley, cumpliendo con las formalidades trascendentes para ello, su determinaci�n no podr� verse alterada por irregularidades de car�cter secundario.
Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia P./J. 94/2001, publicada en la p�gina cuatrocientos treinta y ocho, Tomo XIV, agosto de dos mil uno, Pleno, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que a la letra dice:
"VIOLACIONES DE CAR�CTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA. Dentro del procedimiento legislativo pueden darse violaciones de car�cter formal que trascienden de manera fundamental a la norma misma, de tal manera que provoquen su invalidez o inconstitucionalidad y violaciones de la misma naturaleza que no trascienden al contenido mismo de la norma y, por ende, no afectan su validez. Lo primero sucede, por ejemplo, cuando una norma se aprueba sin el qu�rum necesario o sin el n�mero de votos requeridos por la ley, en cuyo caso la violaci�n formal trascender�a de modo fundamental, provocando su invalidez. En cambio cuando, por ejemplo, las comisiones no siguieron el tr�mite para el estudio de las iniciativas, no se hayan remitido los debates que la hubieran provocado, o la iniciativa no fue dictaminada por la comisi�n a la que le correspond�a su estudio, sino por otra, ello carece de relevancia jur�dica si se cumple con el fin �ltimo buscado por la iniciativa, esto es, que haya sido aprobada por el Pleno del �rgano legislativo y publicada oficialmente. En este supuesto los vicios cometidos no trascienden de modo fundamental a la norma con la que culmin� el procedimiento legislativo, pues este tipo de requisitos tiende a facilitar el an�lisis, discusi�n y aprobaci�n de los proyectos de ley por el Pleno del Congreso, por lo que si �ste aprueba la ley, cumpli�ndose con las formalidades trascendentes para ello, su determinaci�n no podr� verse alterada por irregularidades de car�cter secundario."
Por tanto, aun considerando que, en el caso, no hubiera sido discutida y aprobada en comisiones la modificaci�n al art�culo 229 del C�digo de Instituciones y Procedimientos Electorales de Q.R., de cualquier manera la iniciativa correspondiente fue sometida a estudio y an�lisis del Pleno del Congreso L., siendo aprobada por mayor�a de votos en sesi�n de veintis�is de junio de dos mil tres (fojas seiscientos nueve a seiscientos treinta y dos del expediente) y publicado oficialmente, por lo que aun cuando materialmente no se hubiera procedido con las formalidades se�aladas por el partido promovente, lo cierto es que, como se dijo, la mayor�a de los diputados aprobaron el decreto respectivo, con lo que, en todo caso, se subsan� la omisi�n, pues no debe perderse de vista que el procedimiento legislativo simplemente es un cauce que permite llegar con un proyecto al Pleno del Congreso, para su an�lisis, discusi�n y votaci�n.
No obstante lo anterior, debe se�alarse que contrariamente a lo aducido por el partido pol�tico promovente, la citada iniciativa s� fue analizada, estudiada y dictaminada por la Comisi�n de Puntos Legislativos del propio Congreso Estatal, como se advierte del dictamen correspondiente que obra agregado a fojas seiscientos tres a seiscientos ocho del expediente.
Por otra parte, el Pleno de la legislatura no ten�a por qu� analizar las diversas iniciativas relativas a la reforma de diversos art�culos de la C.�n L., toda vez que lo que aqu� se discuti� fue la reforma al art�culo 229 del C�digo de Instituciones y Procedimientos Electorales de la misma entidad.
Atento todo lo considerado procede declarar infundada la presente acci�n de inconstitucionalidad.
Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:
PRIMERO. Es procedente pero infundada la presente acci�n de inconstitucionalidad promovida por el Partido de la Revoluci�n D.�tica en contra del Decreto N�mero 68 por el que se deroga la fracci�n I y reforma la fracci�n III, en sus p�rrafos segundo y quinto del art�culo 229 del C�digo de Instituciones y Procedimientos Electorales de Q.R., publicado el treinta de junio de dos mil tres en el P.�dico Oficial del Gobierno del Estado de Q.R..
SEGUNDO. Se reconoce la validez del Decreto 68 por medio del cual se deroga la fracci�n I y reforma la fracci�n III, en sus p�rrafos segundo y quinto, del art�culo 229 del C�digo de Instituciones y Procedimientos Electorales de Q.R., en t�rminos de los considerandos quinto a s�ptimo de esta resoluci�n.
TERCERO. P.�quese esta ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta.
N.�quese; haci�ndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, arch�vese el expediente como asuntoconcluido.
As� lo resolvi� la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en Pleno, por unanimidad de once votos de los se�ores M.S.S.A.A., G.D.G.�ngora P., J.V.C. y C., J.D.R., J.V.A.A.�n, Jos� de Jes�s G.�o P., G.I.O.M., H.R.P., O.S.C. de G.�a V., J.N.S.M. y presidente M.A.G.�itr�n. Fue ponente en este asunto el se�or Ministro J.N.S.M..