Ejecutoria num. P./J. 86/99 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26828069

Ejecutoria num. P./J. 86/99 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P./J. 86/99
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Octubre de 1999
RESUMEN

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 1/99. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. TIENE FACULTADES PARA ABROGAR LA LEY DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL EXPEDIDA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN.ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. EL EMPLEO DE LOS VOCABLOS EXPEDIR, LEGISLAR Y NORMAR EN EL ARTÍCULO 122, APARTADO C, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL SE REFIEREN A SU FACULTAD DE EXPEDIR LEYES.INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL. COMPETE AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL REGLAMENTAR LA LEY RELATIVA Y NO AL EJECUTIVO FEDERAL.INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL EXPIDIÓ LA LEY RELATIVA EN USO DE SUS FACULTADES EXPRESAS.INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL TIENE FACULTADES PARA EXPEDIR LA LEY RELATIVA.INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL. LA POSIBLE PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD FEDERAL EN LA INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA NO DETERMINA LA COMPETENCIA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EXPEDIR LA LEY RELATIVA.ASISTENCIA SOCIAL. LA ASISTENCIA PÚBLICA Y PRIVADA FORMAN PARTE DE ELLA.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD 1/99. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.

MINISTRO PONENTE: G.I.O.M..

SECRETARIOS: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ Y PEDRO ALBERTO NAVA MALAG�N.

M�xico, Distrito F.. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, correspondiente al d�a dos de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO

Por escrito presentado en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, el doce de enero de mil novecientos noventa y nueve, A.G.M., Aus D.R.H.A.S., B.G.J.L., B.M.�nez Esveida, C.C.�s S.I., De Anda M�rquez P., De la V.G.�a N.�yotl, E.M.J.E., G.M.J.�s, G. y A.F., H.�ndez L.M., H.S.M.�a del P., Islas Le�n I., J.B.P.J., L.C. �scar, Luna y P. y T.L.M.�a Ang�lica, M.J.J.M., O.H.A.L.M., P�rez N.F., R.D.J.A., S.�a H.�ndez M., S.T.A., T.L.J.�s E., V�zquez Enr�quez A., W.S.O.G., R.�guez R.R.� y Narro C�spedes Jos�, en su car�cter de diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito F., promovieron acci�n de inconstitucionalidad en contra de las disposiciones y autoridades que a continuaci�n se se�alan:

�rganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron la norma general que se impugna: 1. �rgano legislativo que emiti� la norma general de la cual se solicita la declaraci�n de inconstitucionalidad e invalidez: Asamblea Legislativa del Distrito F.. 2. �rgano ejecutivo que promulg� la norma general de la que se solicita la declaraci�n de inconstitucionalidad e invalidez: jefe de Gobierno del Distrito F.. Norma general cuya inconstitucionalidad e invalidez se reclama y medio oficial en que se public�: Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F., de fecha 10 de diciembre de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito F. el d�a 14 de diciembre del mismo a�o y que entr� en vigor el d�a 15 de los mismos mes y a�o.

SEGUNDO

Los antecedentes del caso, son los siguientes:

1. Con fecha 3 de noviembre de 1998, la mesa directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito F., acord� turnar para su an�lisis y dictamen a la Comisi�n de A.�n Especial a G.V., la iniciativa de Ley de Instituciones de Asistencia Privada presentada por las diputadas S.M.�a H.�ndez y V.J.F. en sesi�n del d�a 27 de octubre de 1998, turnada originalmente s�lo a la Comisi�n de Desarrollo Social. Con fecha 5 de noviembre de 1998, el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito F. acord� enviar para su an�lisis y dictamen, a las Comisiones de Desarrollo Social y de A.�n Especial a G.V., la iniciativa de Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Distrito F., presentada por la diputada S.I.C.C.�s en la sesi�n de la misma fecha. Con fecha 26 de noviembre de 1998, la mesa directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito F., acord� turnar para su an�lisis y dictamen, a la Comisi�n de A.�n Especial a G.V., la iniciativa de Ley de Asistencia Privada del Distrito F., presentada por el diputado A. Rojas D�az Dur�n en sesi�n del 29 de octubre de 1998. Los documentos que acreditan lo anterior se anexan a este escrito en copia simple y de los cuales se ha solicitado al oficial mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito F., extender las certificaciones correspondientes. 2. Integrantes de las Comisiones Unidas de A.�n Especial a G.V. y de Desarrollo Social de la Asamblea Legislativa del Distrito F., realizaron con fecha 7 de diciembre de 1998, una supuesta sesi�n a efecto de discutir y en su caso aprobar el dictamen relativo a las iniciativas de Ley de Instituciones de Asistencia Privada presentadas. Es conveniente manifestar que, como ser� explicitado en l�neas posteriores, las actividades desarrolladas en dicha sesi�n sobre este punto por parte de las comisiones anteriormente enunciadas, violaron el procedimiento establecido en las disposiciones que regulan la funci�n legislativa de la asamblea. 3. Con fecha 10 de diciembre de 1997, se dio cuenta al Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito F. para su discusi�n y aprobaci�n, con un documento que pretendi� ser un dictamen con proyecto de Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F., mismo que se anexa en copia simple a este escrito al igual que la versi�n estenogr�fica correspondiente, y de los cuales se ha solicitado al oficial mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito F., extender las certificaciones correspondientes. Dicho supuesto dictamen fue votado por el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito F. y aprobado por 37 votos a favor de los 66 miembros que conforman dicho �rgano. 4. Con fecha 11 de diciembre de 1998, el C.J. de Gobierno del Distrito F., promulg� la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F., con el refrendo de la S.�a de Gobierno del Distrito F. y de la S.�a de Educaci�n, Salud y Desarrollo Social, siendo publicada en la Gaceta Oficial del Distrito F. el d�a 14 de diciembre de 1998, con entrada en vigor el d�a 15 de diciembre de 1998. 5. La hoy promulgada Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F., es una norma general cuya contradicci�n con la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos se plantea ante la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n en t�rminos de lo dispuesto por la fracci�n II del art�culo 105 de la propia C.�n y de su ley reglamentaria. Al efecto, es importante resaltar el mandato del art�culo 122 constitucional contenido en el apartado A, fracci�n I: ?Corresponde al Congreso de la Uni�n: Legislar en lo relativo al Distrito F., con excepci�n de las materias expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa.?; y por lo que hace a las facultades del �rgano local de que se trata, en su apartado C, base primera, fracci�n V, la enunciaci�n de las materias de tal car�cter que hace el precepto mencionado, en la cual no se comprende la de legislar o normar sobre instituciones de asistencia privada. Por su parte, el art�culo 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito F., al enunciar las facultades de la Asamblea Legislativa no considera la ley que ahora se impugna. En adici�n a lo anterior, el art�culo 11 de la L.O.�nica de la Asamblea de Representantes del Distrito F., a�n vigente en los t�rminos del art�culo decimotercero transitorio del decreto por el que se reforma la C.�n, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 22 de agosto de 1996, se�ala que: 'La asamblea est� facultada para expedir normas de observancia general y obligatoria en el Distrito F. con el car�cter de leyes o decretos en las materias expresamente determinadas por la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos ...?. De manera evidente, la ley cuya inconstitucionalidad e invalidez se demandan por esta v�a, se ubica en el supuesto constitucional necesario para ello, se trata de un producto legislativo de la asamblea que contradice los textos constitucionales que otorgan al Congreso de la Uni�n facultades para legislar en lo relativo al Distrito F., y que a la propia asamblea le confieren facultades legislativas expresas y limitadas entre las que no est� la relativa a instituciones de asistencia privada. La ley que se impugna carece de fundamento constitucional. La Asamblea Legislativa al expedirla, ha excedido las facultades que le corresponden, y con ella misma, el �rgano ejecutivo ha sido omiso en formular observaci�n sobre la carencia de facultades constitucionales para expedir la ley de m�rito. Se trata de una ley que conforme a las disposiciones constitucionales que se ver�n m�s adelante, debe concebirse como una reserva constitucional en favor del Congreso de la Uni�n.

TERCERO

Los conceptos de invalidez que adujo la parte promovente en s�ntesis son los siguientes:

  1. La Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F., contradice los art�culos 16, 27, segundo p�rrafo, fracciones III y VI, segundo p�rrafo, 89, fracci�n I, 122, apartado A, fracciones I y V, y apartado C, base primera, fracci�n V, de la C.�n F., por las siguientes razones:

    1.1. Las facultades legislativas de la competencia de la Asamblea Legislativa est�n expresa y limitativamente establecidas en la C.�n F. -art�culo 122, apartado C, base primera, fracci�n V-, por tanto aquellas que no le son atribuidas deben entenderse reservadas exclusivamente en favor del Congreso de la Uni�n, en t�rminos de lo dispuesto por el apartado A, fracciones I y V, del mismo art�culo 122.

    El r�gimen constitucional de facultades legislativas de la Asamblea Legislativa se ha venido modificando de manera reciente, sin embargo, desde el otorgamiento primo hasta el marco vigente, la enunciaci�n y por tanto el l�mite expreso de las mismas, ha sido uno de los aspectos fundamentales en que se basa el dise�o de la organizaci�n jur�dico-pol�tica del Distrito F., como se expone a continuaci�n:

    1. La reforma constitucional de octubre de 1993 cre� una nueva organizaci�n jur�dico-pol�tica para el Distrito F., encarg�ndose su gobierno a los Poderes de la Uni�n, por s� y a trav�s de �rganos espec�ficos de gobierno de la entidad, disponi�ndose para cada uno de ellos sus respectivas atribuciones, pero facult�ndose al Congreso de la Uni�n para legislar en lo relativo al Distrito F., salvo en las materias expresamente conferidas a la Asamblea de Representantes.

      A la Asamblea de Representantes del Distrito F. se le otorgaron facultades legislativas s�lo en determinadas materias, mismas que constituyeron y constituyen excepciones a la atribuci�n legislativa gen�rica del Congreso de la Uni�n.

      El art�culo 122 constitucional, fracci�n IV, incisos a) al h), vigente en ese entonces, establec�a limitativamente las facultades de la Asamblea de Representantes, quedando comprendidas las siguientes:

      "L.O.�nica de la Asamblea de Representantes; presupuesto de egresos; Ley de Ingresos; revisi�n de la cuenta p�blica del gobierno de la entidad; presentar iniciativas de ley o decretos en materias relativas al Distrito F., ante el Congreso de la Uni�n; L.O.�nica de los Tribunales de Justicia; L.O.�nica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; legislar en el �mbito local, en lo relativo al Distrito F. en los t�rminos del Estatuto de Gobierno en materias de: administraci�n p�blica local, su r�gimen interno y de procedimientos administrativos; de presupuesto, contabilidad y gasto p�blico; regulaci�n de su contadur�a mayor; bienes del dominio p�blico y privado del Distrito F., servicios p�blicos y su concesi�n, as� como de la explotaci�n, uso y aprovechamiento de bienes del dominio del Distrito F.; justicia c�vica sobre faltas de polic�a y buen gobierno; participaci�n ciudadana; organismo protector de los derechos humanos; civil; penal; defensor�a de oficio; notariado; protecci�n civil; prevenci�n y readaptaci�n social; planeaci�n del desarrollo; desarrollo urbano y uso del suelo; establecimiento de reservas territoriales; preservaci�n del medio ambiente y protecci�n ecol�gica; protecci�n de animales; construcciones y edificaciones; v�as p�blicas, transporte urbano y tr�nsito; estacionamientos; servicio p�blico de limpia; fomento econ�mico y protecci�n al empleo; establecimientos mercantiles; espect�culos p�blicos; desarrollo agropecuario; vivienda; salud y asistencia social; turismo y servicios de alojamiento; previsi�n social; fomento cultural, c�vico y deportivo; mercados, rastros y abasto; cementerios y funci�n social educativa, as� como las dem�s que expresamente le otorga esta C.�n."

      Desde la iniciativa presidencial se plante� que la Asamblea de Representantes contar�a con las facultades legislativas enunciadas en la fracci�n IV, pero que "Las no conferidas a dicho �rgano, se entienden reservadas al Congreso de la Uni�n en t�rminos de la fracci�n VI del art�culo 73 constitucional que se propone." (Honorable C�mara de Diputados. LV Legislatura. Cr�nica de la Reforma Pol�tica del Distrito F., p�gs. 21 y 22).

      En el dictamen de las comisiones de la C�mara de Diputados a dicha iniciativa se hicieron las siguientes consideraciones:

      "Concerniente a los �rganos locales de gobierno del Distrito F., las dos iniciativas que ahora se dictaminan coinciden en que la funci�n legislativa debe recaer, en materias de inter�s estrictamente local y expresamente determinadas, en la Asamblea de Representantes. En virtud del ejercicio local de las facultades legislativas y respecto de aquellas materias no atribuidas, cuya competencia corresponde al Congreso de la Uni�n, se dota a la asamblea de la facultad de iniciar leyes o decretos ante ese Poder F., siempre que se trate de materias relativas al Distrito F.. Con la integraci�n de todo lo relativo al Gobierno del Distrito F. en el t�tulo quinto de la C.�n General, resulta indispensable la reforma a la fracci�n VI de su art�culo 73, para considerar en ella s�lo las facultades legislativas del Congreso de la Uni�n respecto de esa misma entidad. Con el sentido de establecer un �mbito local de actuaci�n del Gobierno del Distrito F., se establece para el Congreso de la Uni�n, en la fracci�n VI del art�culo 73 de la iniciativa de que se trata, la facultad tanto de expedir el Estatuto de Gobierno de esta entidad como la de legislar en lo relativo a esta entidad, excepto en las materias que le son conferidas expresamente al �rgano local denominado Asamblea de Representantes." (Honorable C�mara de Diputados. LV Legislatura. Cr�nica de la Reforma Pol�tica del Distrito F., p�gs. 46 y 47).

      Finalmente se dispuso en el art�culo transitorio d�cimo primero que "El Congreso de la Uni�n conservar� la facultad de legislar, en el �mbito local, en las materias de orden com�n, civil y penal para el Distrito F., en tanto se expidan los ordenamientos de car�cter federal correspondientes, a cuya entrada en vigor, corresponder� a la Asamblea de Representantes legislar sobre el particular, en los t�rminos de este decreto.".

      De lo anterior se deduce que en el Distrito F. existen dos �mbitos de actuaci�n legislativa -sistema de facultades expresas- el originario y abierto que corresponde al Congreso de la Uni�n, y el derivado y limitado que corresponde a la Asamblea de Representantes.

    2. La reforma constitucional de 31 de diciembre de 1994, reafirma el car�cter limitativo y expreso de la actuaci�n legislativa de la Asamblea de Representantes a la que se facult� para designar dos consejeros para el Consejo de la Judicatura del Distrito F..

    3. Con la reforma constitucional de agosto de 1996, se modificaron de manera importante algunos aspectos del esquema de organizaci�n jur�dico-pol�tica del Distrito F.; as�, entre otras cosas, la facultad del Congreso de la Uni�n para expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito F. y legislar en lo relativo al Distrito F. a que se refer�a la fracci�n VI del art�culo 73 fue derogada, y su contenido qued� previsto en las fracciones I y II del apartado A del nuevo art�culo 122 quedando como sigue:

      A.C. al Congreso de la Uni�n: I.L. en lo relativo al Distrito F., con excepci�n de las materias expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa; II. Expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito F..

      Con esta reforma se establece a la Asamblea Legislativa del Distrito F. como �rgano legislativo local, conserv�ndose el sistema de facultades expresas que se hab�a previsto.

      De esta manera la fracci�n V de la base primera del apartado C del art�culo 122 constitucional dispone que la Asamblea Legislativa, en los t�rminos del Estatuto de Gobierno, tendr� las siguientes facultades:

      "a) Expedir su ley org�nica, la que ser� enviada al jefe de Gobierno del Distrito F. para el solo efecto de que ordene su publicaci�n; b) Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos del Distrito F., aprobando primero las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Dentro de la Ley de Ingresos, no podr�n incorporarse montos de endeudamiento superiores a los que haya autorizado previamente el Congreso de la Uni�n para el financiamiento del Presupuesto de Egresos del Distrito F.. La facultad de iniciativa respecto de la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos corresponde exclusivamente al jefe de Gobierno del Distrito F.. El plazo para su presentaci�n concluye el 30 de noviembre, con excepci�n de los a�os en que ocurra la elecci�n ordinaria del jefe de Gobierno del Distrito F., en cuyo caso la fecha l�mite ser� el 20 de diciembre. La Asamblea Legislativa formular� anualmente su proyecto de presupuesto y lo enviar� oportunamente al jefe de Gobierno del Distrito F. para que �ste lo incluya en su iniciativa. Ser�n aplicables a la hacienda p�blica del Distrito F., en lo que no sea incompatible con su naturaleza y su r�gimen org�nico de gobierno, las disposiciones contenidas en el segundo p�rrafo del inciso c) de la fracci�n IV del art�culo 115 de esta C.�n; c) Revisar la cuenta p�blica del a�o anterior, por conducto de la Contadur�a M. de Hacienda de la Asamblea Legislativa, conforme a los criterios establecidos en la fracci�n IV del art�culo 74 en lo que sean aplicables. La cuenta p�blica del a�o anterior deber� ser enviada a la Asamblea Legislativa dentro de los diez primeros d�as del mes de junio. Este plazo, as� como los establecidos para la presentaci�n de las iniciativas de la Ley de Ingresos y el proyecto del presupuesto de egresos, solamente podr�n ser ampliados cuando se formule una solicitud del Ejecutivo del Distrito F. suficientemente justificada a juicio de la asamblea; d) Nombrar a quien deba sustituir en caso de falta absoluta, al jefe de Gobierno del Distrito F.; e) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda p�blica, la contadur�a mayor y el presupuesto, la contabilidad y el gasto p�blico del Distrito F.; f) Expedir las disposiciones que rijan las elecciones locales en el Distrito F., sujet�ndose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales tomar�n en cuenta los principios establecidos en los incisos b) al i) de la fracci�n IV del art�culo 116 de esta C.�n. En estas elecciones s�lo podr�n participar los partidos pol�ticos con registro nacional; g) Legislar en materia de administraci�n p�blica local, su r�gimen interno y de procedimientos administrativos; h) Legislar en las materias civil y penal; normar el organismo protector de los derechos humanos, participaci�n ciudadana, defensor�a de oficio, notariado y registro p�blico de la propiedad y de comercio; i) Normar la protecci�n civil, justicia c�vica sobre faltas de polic�a y buen gobierno; los servicios de seguridad prestados por empresas privadas; la prevenci�n y la readaptaci�n social; la salud y asistencia social; y la previsi�n social; j) Legislar en materia de planeaci�n del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso de suelo; preservaci�n del medio ambiente y protecci�n ecol�gica; vivienda; construcciones y edificaciones; v�as p�blicas, tr�nsito y estacionamientos; adquisiciones y obra p�blica; y sobre explotaci�n, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito F.; k) Regular la prestaci�n y la concesi�ndelos servicios p�blicos; legislar sobre los servicios de transporte urbano, de limpia, turismo y servicios de alojamiento, mercados, rastros y abasto, y cementerios; l) Expedir normas sobre fomento econ�mico y protecci�n al empleo; desarrollo agropecuario; establecimientos mercantiles; protecci�n de animales; espect�culos p�blicos, fomento cultural, c�vico y deportivo; y funci�n social educativa en los t�rminos de la fracci�n VIII del art�culo 3o. de esta C.�n; m) Expedir la ley org�nica de los tribunales encargados de la funci�n judicial del fuero com�n en el Distrito F., que incluir� lo relativo a las responsabilidades de los servidores p�blicos de dichos �rganos; n) Expedir la L.O.�nica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Distrito F.; �) Presentar iniciativas de ley o decretos en materias relativas al Distrito F., ante el Congreso de la Uni�n; y o) Las dem�s que se le confieran expresamente en esta C.�n."

      Las dem�s facultades que la C.�n confiere expresamente a la Asamblea Legislativa son las de decidir sobre la propuesta que haga el jefe de Gobierno de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y su ratificaci�n, as� como la de nombrar los consejeros en el Consejo de la Judicatura del Distrito F. (art. 122, apartado C, base cuarta, fracci�n I, p�rrafo segundo y fracci�n II, p�rrafo primero); y, conocer del informe que rinda el jefe del Distrito F. sobre el ejercicio de los recursos provenientes del endeudamiento del Gobierno del Distrito F. y las entidades de su sector p�blico (art�culo 73, fracci�n VIII). Transitoriamente tambi�n se le facult� para expedir las disposiciones que rijan las elecciones locales en el Distrito F. a partir del 1o. de enero de 1998, as� como para legislar en materia civil y penal para el Distrito F., a partir del 1o. de enero de 1999, sin que pueda alg�n otro ordenamiento u �rgano atribuirle alguna otra facultad que no est� expresamente comprendida en la propia C.�n.

      Por ello, afirmar que la asistencia social comprende a las instituciones de asistencia privada o a la asistencia privada es tanto como admitir la existencia de facultades impl�citas por la Asamblea Legislativa, tales como las que el Congreso de la Uni�n posee en t�rminos de la fracci�n XXX del art�culo 73 constitucional.

    4. La ley que se impugna no s�lo contradice la disposici�n constitucional relativa a la reserva del Congreso de la Uni�n en el �mbito legislativo del Distrito F., sino tambi�n la contenida en la fracci�n I del art�culo 89 constitucional, esto es, la denominada facultad reglamentaria del presidente de la Rep�blica que se ejerce respecto de leyes expedidas por el Congreso F..

      No es extra�a la injerencia del Congreso de la Uni�n y del Ejecutivo F. en la administraci�n p�blica del Distrito F., si se considera que conforme al art�culo 122, apartado C, base tercera constitucional, le corresponde, v�a el Estatuto de Gobierno, la determinaci�n de la organizaci�n de la administraci�n p�blica local en el Distrito F.; determinar los lineamientos generales para la distribuci�n de atribuciones entre los �rganos centrales, desconcentrados y descentralizados; establecer los �rganos pol�tico-administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito F.; fijar los criterios para efectuar su divisi�n territorial, la competencia de los �rganos pol�tico-administrativos correspondientes, la forma de integrarlos, su funcionamiento, as� como su relaci�n con el jefe de Gobierno del Distrito F..

      1.2. Siendo necesaria la previsi�n expresa en la C.�n F. para que la Asamblea Legislativa del Distrito F. ejerza una facultad, no se desprende fundamento alguno que le permita expedir una ley de instituciones de asistencia privada.

      Ejemplos que acreditan la necesidad de la previsi�n constitucional:

      En la reforma constitucional de 1996 se facult� expresamente a la Asamblea Legislativa para expedir la Ley sobre Adquisiciones y Obra P�blica del Gobierno Local, de lo que se infiere que al Constituyente Permanente no le bast� la facultad que ten�a y tiene la administraci�n p�blica local para legislar respecto de su r�gimen interno y de procedimientos administrativos.

      Similar situaci�n se dio respecto de la facultad para normar el Registro P�blico de la Propiedad y de Comercio, pues no obstante de que pudiera estimarse contemplada en la facultad sobre la materia civil, el Constituyente Permanente consider� necesaria su enunciaci�n expresa.

      Por otra parte, pese a contar la asamblea con facultad de legislar en materia de administraci�n p�blica local, carece de facultades para expedir la L.O.�nica de la Procuradur�a General de Justicia del Distrito F., de manera que la reserva a favor del Congreso de la Uni�n fue ejercitada por dicho poder mediante la expedici�n el 1o. de abril de 1996, as� como la correspondiente del Ejecutivo F. en cuanto a la expedir su reglamento con fecha 15 de julio de 1996.

      Tampoco la facultad para legislar en materia de administraci�n p�blica autoriza a que la asamblea regule lo relativo a las responsabilidades de los servidores p�blicos, pues salvo los servidores de los tribunales encargados de la funci�n judicial del fuero com�n en el Distrito F., �stos se regulan por la ley federal de la materia en los t�rminos del t�tulo cuarto de la C.�n F..

      La reforma constitucional de 1993 confiri� a la Asamblea de Representantes facultades para legislar en materias de bienes de dominio p�blico y privado del Distrito F. as� como de la explotaci�n, uso y aprovechamiento de bienes del dominio del Distrito F.; pero en la reforma de 1996 se limit� tal facultad exclusivamente a la explotaci�n, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito F., de manera que oper� la reserva del Congreso de la Uni�n sobre la determinaci�n de qu� bienes constituyen el dominio p�blico y cu�les el dominio privado del Distrito F..

      Destaca la determinaci�n del Congreso de la Uni�n en la fracci�n V del art�culo 67 del Estatuto de Gobierno (decreto de reformas publicado en el D.O.F., el 4 de diciembre de 1997) en cuanto a la previsi�n como facultad del jefe de Gobierno del Distrito F. para "Nombrar y remover al presidente de la Junta de Asistencia Privada del Distrito F., de acuerdo con lo que disponga la ley", si no fuera competencia del Congreso de la Uni�n esta materia espec�fica de instituciones de asistencia privada, no tendr�a por qu� prever como lo hizo, un �rgano del Gobierno del Distrito F.. El Congreso de la Uni�n es el �rgano competente que determina que habr� una Junta de Asistencia Privada, que es regulada en ley que el propio Congreso expide.

      El sustento para tal determinaci�n es precisamente que siendo la Ley de Instituciones de Asistencia Privada una materia de reserva para el Congreso de la Uni�n, solamente este poder est� facultado para variar el sistema del nombramiento de su titular, eliminando la posibilidad de que dicho nombramiento y remoci�n sean libres. A�n m�s, si ese no fuera el sentido, el Congreso de la Uni�n en el decreto de reformas citado, que tambi�n incluy� a la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica F., hubiere suprimido para la S.�a de Salud del Gobierno F. la facultad prevista en el art�culo 39, fracci�n IV relativa a "Organizar y vigilar las instituciones de beneficencia privada, en los t�rminos de las leyes relativas, e integrar sus patronatos, respetando la voluntad de los fundadores.".

      La congruencia legislativa de las facultades del Congreso de la Uni�n, trat�ndose de las instituciones de asistencia privada se manifiesta en la previsi�n de la participaci�n de dependencias de la administraci�n p�blica federal en un �rgano desconcentrado del Distrito F. encargado de la vigilancia de dichas instituciones, y precisamente de las encargadas de los sectores educaci�n, salud y tributario federales, �mbitos de particular importancia para el desarrollo de esas corporaciones.

      Si la materia de instituciones de asistencia privada fuera local no habr�a necesidad de que el Congreso de la Uni�n dispusiera de una facultad propia del Ejecutivo Local, como sucede respecto del nombramiento del presidente de la Comisi�n de Derechos Humanos del Distrito F., supuesto que s� es competencia de la Asamblea Legislativa.

      Si la Asamblea Legislativa regulara las instituciones de asistencia privada tal como corresponde a los Congresos de los Estados, se estar�a desconociendo no s�lo el r�gimen constitucional del Distrito F., sino tambi�n el de los Estados, pues conforme al art�culo 124 constitucional tienen la reserva en su favor sobre todo lo no previsto expresamente para la Federaci�n, de modo que al no considerarse como una facultad del Congreso de la Uni�n la regulaci�n en la materia para toda la Rep�blica, ha correspondido a los Estados su asunci�n y ejercicio.

      1.3. La entidad propia de la materia de instituciones de asistencia privada fue destacada por el presidente C. en el mensaje ante el Constituyente de 1917; al referirse al art�culo 27 de la C.�n de 1857 se�al� que:

      "... el art�culo en cuesti�n, adem�s de dejar en vigor la prohibici�n de las Leyes de Reforma sobre la capacidad de las corporaciones civiles y eclesi�sticas para adquirir bienes ra�ces, establece tambi�n la incapacidad en las sociedades an�nimas, civiles y comerciales, para poseer y administrar bienes ra�ces, exceptuando de esa incapacidad a las instituciones de beneficencia p�blica y privada, �nicamente por lo que hace a los bienes ra�ces estrictamente indispensables y que se destinen de una manera inmediata y directa al objeto de dichas instituciones, facult�ndolas para que puedan tener sobre los mismos bienes ra�ces, capitales, impuestos e intereses, los que no ser�n mayores, en ning�n caso, del que se fije como legal y por un t�rmino que no exceda de diez a�os ... Finalmente, el art�culo en cuesti�n establece la prohibici�n expresa de que las instituciones de beneficencia privada puedan estar a cargo de corporaciones religiosas y de los ministros de los cultos, pues de lo contrario, se abrir�a nuevamente la puerta del abuso."

      En la discusi�n del Constituyente de 1916-1917 sobre la fracci�n III del art�culo 27, el diputado M.�as sostuvo que "Fue preciso que se reformara el art�culo 27 para que la beneficencia privada pudiera subsistir ... como la Ley de Instituciones de Beneficencia Privada no permite tener esos bienes ra�ces m�s de cuatro o cinco a�os ..." (Diario de los Debates del Congreso Constituyente, Q.�taro 1916-1917, T.o II, E.�n Facsimilar 1997, p�g. 800).

      En la Ley del Impuesto sobre la Renta (70, fracci�n VI) al regular a las personas morales no contribuyentes, el Congreso de la Uni�n pone de manifiesto la existencia de un r�gimen fiscal espec�fico para las instituciones de asistencia privada o de beneficencia autorizadas.

      D., I.B. al analizar las incapacidades jur�dicas respecto a la titularidad de la propiedad inmueble se�ala que son fijadas constitucionalmente en atenci�n a la �ndole jur�dica de cierta clase de personas f�sicas y morales, refiri�ndose como una de ellas la que afecta a las instituciones de beneficencia p�blica o privada, precisando que su organizaci�n y funcionamiento est�n reguladas por la legislaci�n especial correspondiente.

      Definiciones sobre instituciones de asistencia privada:

    5. La asistencia se define como socorro, favor o ayuda, y nuestro derecho positivo distingue entre la asistencia privada y la asistencia p�blica. La asistencia privada, est� fundada en la Ley de Instituciones de Asistencia Privada (Instituto de Investigaciones Jur�dicas, Diccionario Jur�dico Mexicano, M�xico, D.F., Editorial Porr�a, Universidad Nacional Aut�noma de M�xico, p�g. 244).

    6. La beneficencia es la actividad de prestaci�n p�blica o privada, de car�cter esencialmente gratuito, cuya finalidad es la satisfacci�n de necesidades presentes y b�sicas de quienes no las pueden satisfacer por s� mismos. En la actualidad cabe diferenciar una beneficencia p�blica del Estado, provincias y Municipios junto a la que coexiste una beneficencia particular, tambi�n de inter�s p�blico, pero que no se integra o articula en la administraci�n p�blica, sino que se financia y mantiene con cargo a fondos propios, donados o legados por particulares, cuya administraci�n se conf�a a corporaciones autorizadas por el gobierno o a patronatos designados por el propio fundador de los establecimientos (Diccionario Jur�dico Espasa, F.�n T.�s M., Madrid, 1994, Editorial Espasa Calpe, S.A., p�g. 113).

      1.4. La materia legislativa espec�fica de las instituciones de beneficencia privada es confirmada por lo dispuesto en el art�culo 27, fracci�n III constitucional que dice:

      Las instituciones de beneficencia, p�blica o privada, que tengan por objeto el auxilio a los necesitados, la investigaci�n cient�fica, la difusi�n de la ense�anza, la ayuda rec�proca a los asociados, o cualquier otro objeto l�cito, no podr�n adquirir m�s bienes ra�ces que los indispensables para su objeto, inmediata o directamente destinados a �l, con sujeci�n a lo que determine la ley reglamentaria ...

      En virtud del sistema de facultades expresas de la Asamblea Legislativa, este �rgano no tiene facultades constitucionales para legislar sobre esta materia y su acto legislativo contradice el precepto constitucional transcrito.

      En el texto de que se trata, el t�rmino utilizado por el Constituyente Permanente es el de beneficencia; al respecto es importante se�alar que los conceptos de asistencia y beneficencia pueden ser considerados como sin�nimos, en tanto que por asistencia p�blica, debemos entender el auxilio en cuestiones vitales, prestado por un organismo estatal a indigentes o menesterosos y por beneficencia p�blica los servicios estatales tendientes a mejorar las condiciones de miseria o enfermedad de individuos marginados socialmente; de lo que se aprecia, no existe diferencia sustancial entre uno y otro de esos conceptos (M.M., R.I., Derecho Administrativo, Biblioteca Diccionarios Jur�dicos Tem�ticos, Vol. 3, Editorial Harla, M�xico, D.F., 1997, p�g. 16).

      Esta identidad era as� reconocida en la Ley de Beneficencia para el Distrito y Territorios F.es de 23 de mayo 1933, y es hasta el a�o de 1943 que se refiere a la asistencia privada pues todas las anteriores utilizaron el t�rmino de beneficencia privada.

      Tambi�n, como ya se vio, el Congreso de la Uni�n en la Ley del Impuesto sobre la Renta al conceptuar a las personas morales no contribuyentes se refiere a las instituciones de asistencia o de beneficencia.

      En suma, el art�culo 27 constitucional al contemplar los fines u objeto que tienen las instituciones de beneficencia, distingue entre la beneficencia p�blica y la beneficencia privada, y en consecuencia son perfectamente identificables las instituciones de car�cter p�blico y las instituciones privadas y su diverso r�gimen legislativo, de otra forma, ser�a jur�dicamente irrelevante o no tendr�a objeto este distingo, aun cuando a ambas clases de instituciones se les otorga la posibilidad de adquirir bienes ra�ces.

      En este contexto es claro que la ley que corresponde a esta materia espec�fica de instituciones de asistencia privada, queda comprendida en el �mbito legislativo del Congreso de la Uni�n de acuerdo a lo previsto por el mismo art�culo 122, apartado A, fracciones I y V, sin que se pueda considerar dentro de la enunciaci�n expresa de facultades que para la Asamblea Legislativa hace la propia C.�n; en consecuencia, los art�culos 24 al 27 y del 60 al 69 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F. impugnada, que pretenden al regular los bienes de las instituciones de asistencia privada, contradicen el art�culo 27 constitucional al considerar indebidamente su r�gimen inmobiliario.

      De lo expuesto puede afirmarse que el texto constitucional regula de manera espec�fica, concreta y particular a las instituciones de asistencia privada; reconoce la existencia de las instituciones de asistencia privada y de sus objetos l�citos de beneficencia o asistencia, pero distingue entre la beneficencia (asistencia) p�blica y privada, y entre instituciones de una y otra naturaleza; y hace una determinaci�n precisa de limitaci�n en la adquisici�n de bienes ra�ces por esas instituciones; determinaci�n que debe seguir el legislador secundario en la regulaci�n que haga.

      La materia de instituciones de asistencia privada es una reserva del Congreso de la Uni�n.

      El art�culo 27, fracci�n III, constitucional es uno de los fundamentos para que el Congreso de la Uni�n expida una Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F..

      Respecto a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F. de 1943, expedida por el Congreso de la Uni�n, se inserta lo expuesto en el dictamen de la Comisi�n de la C�mara de Diputados a la iniciativa de decreto de reformas a dicha ley publicado en diciembre de 1986:

      "La C.�n Pol�tica que nos rige, al establecer un r�gimen de corte liberal social, y por ende del Estado social de derecho, ha buscado el equilibrio entre el liberalismo individual y el pensamiento social. Es as� como ordena elementos que en alg�n momento parecieron antit�ticos, tales como la actuaci�n, en t�rminos econ�micos y sociales, de los particulares y del Estado. Es aqu� donde la sabidur�a del C�digo Pol�tico se manifiesta, al dotar de elementos jur�dicos, dentro de un marco de respeto, a las garant�as individuales, para que los particulares presten actividades colaterales a la acci�n del Estado, tal como es la asistencia privada, junto a la asistencia social. La C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos contempla en su texto, las actividades de asistencia privada, al tenor del art�culo 27 fracci�n III, d�ndonos los lineamientos del r�gimen patrimonial de las instituciones que prestan tales servicios, siendo este precepto constitucional el que fundamenta la regulaci�n de las instituciones de asistencia privada. Es por ello que se hace menester el precisar la asistencia privada como el conjunto de acciones que realizan determinadas instituciones, las cuales cuentan con personalidad moral, en los t�rminos de la ley que hemos mencionado, y que con bienes de propiedad particular, ejecutan actos con fines humanitarios de asistencia, sin prop�sitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios. Esos actos pueden ser de la m�s diversa �ndole y referirse a rubros tan diversos como prestaciones econ�micas, prestaciones en especie, atenci�n a ni�os, ancianos y desvalidos, o a la prestaci�n de servicios m�dicos, entre otros muy importantes. No podemos soslayar la importancia que ha tenido en M�xico la asistencia privada, la cual representa un mecanismo de ayuda solidaria del que menos necesita a quien menos tiene. Al respecto, conviene comentar que la iniciativa contiene un art�culo, el 93 bis, que establece que la S.�a de Salud podr� celebrar acuerdos de coordinaci�n con los Estados, a efecto de que la Junta de Asistencia Privada les proporcione a los gobiernos de �stos, asesor�a y asistencia t�cnica para promover la expedici�n de leyes estatales relativas a la materia de la asistencia privada, favoreciendo la creaci�n y desarrollo de este tipo de actividades. La iniciativa busca propiciar la concertaci�n de esfuerzos entre el sector p�blico y el sector privado, a fin de lograr que la asistencia en sus diversas formas de prestaci�n, llegue a los m�s necesitados (Dictamen de la Comisi�n de Seguridad Social de la C�mara de Diputados. Legislatura LIII. A�o legislativo II. Periodo ordinario. 23 de octubre de 1986. No. Diario 20).

      1.5. La Asamblea Legislativaindebidamenteconsidera en el art�culo 4o. de la ley que se impugna, a las instituciones de asistencia privada como de utilidad p�blica, concepto que est� vinculado con el art�culo 27 constitucional en lo tocante al tema de expropiaci�n y ocupaci�n de la propiedad privada, por lo que trat�ndose del Distrito F. s�lo las leyes que dicte el Congreso de la Uni�n pueden determinar esos casos, ya que dicha facultad no le est� expresamente atribuida a la Asamblea Legislativa, tan es as� que en diciembre de 1998 fue adicionada la Ley de Expropiaci�n a efecto de facultar al jefe de Gobierno para declarar las causas de utilidad p�blica.

      1.6. Las instituciones de asistencia privada han sido y siguen siendo una materia legislativa espec�fica como se demuestra a trav�s de los ordenamientos que se han expedido, desde 1899:

      Decreto del Congreso de fecha 5 de junio de 1899 por el que se autoriza al Ejecutivo para expedir la Ley de Beneficencia Privada.

      Ley de Beneficencia Privada para el Distrito F. y Territorios F.es del 7 de noviembre de 1899.

      Ley de Beneficencia Privada para el Distrito y Territorios F.es del 23 de agosto de 1904.

      Ley de Beneficencia Privada para el Distrito y Territorios F.es del 26 de enero de 1926.

      Ley de Beneficencia Privada para el Distrito y Territorios F.es del 23 de mayo de 1933.

      Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito y Territorios F.es publicada el 2 de enero de 1943 (denominaci�n que se cambia a Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F. por decreto publicado en el D.O.F. el 23 de diciembre de 1974).

      1.7. El jefe de Gobierno del Distrito F. procedi� a la promulgaci�n de la ley impugnada sin formularle a la Asamblea Legislativa las observaciones a que estaba obligado, en t�rminos del apartado C, base segunda, fracci�n II, inciso b) del art�culo 122 constitucional, por lo que es evidente la inconstitucionalidad de tal ordenamiento. Adem�s orden� la promulgaci�n de una ley dictada por autoridad incompetente de origen como lo es la Asamblea Legislativa.

  2. La Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F. viola el art�culo 16 constitucional pues se trata de un acto dictado por autoridad incompetente. La violaci�n a la C.�n es directa porque las competencias del Congreso de la Uni�n y la Asamblea Legislativa las fija directamente el Constituyente. La Suprema C.e de Justicia de la Naci�n al interpretar el primer p�rrafo del art�culo 16 constitucional, recoge el principio de legalidad de los actos de autoridad, sosteniendo que las autoridades s�lo pueden hacer lo que la ley les permite; que dentro del sistema constitucional que nos rige, ninguna autoridad puede dictar disposici�n alguna que no encuentre apoyo en un precepto de la ley; que el requisito de fundamentaci�n y motivaci�n implica una obligaci�n para las autoridades, de cualquier categor�a que �stas sean, de actuar siempre con apego a las leyes y a la propia C.�n.

    2.1. El acto legislativo de la asamblea fue fundado en los incisos g) e i) de la fracci�n V, base primera, apartado C del art�culo 122 constitucional y 42, fracciones XI y XIII del Estatuto de Gobierno del Distrito F., preceptos que se refieren a la facultad de legislar en administraci�n p�blica local, salud y asistencia social, sin embargo, la regulaci�n de las instituciones de asistencia privada es una materia espec�fica, no identificada ni comprendida por esos rubros, careciendo por ello la Asamblea Legislativa de atribuci�n constitucional expresa para legislar, como lo hace, en esa materia, como se advierte de la lectura de los art�culos 1o. y p�rrafo �ltimo del 8o. de la ley impugnada que se�alan "Esta ley tiene por objeto regular las instituciones de asistencia privada ..." y que "Las personas morales constituidas de conformidad con otras leyes y cuyo objeto corresponda a los se�alados en el art�culo 1o. de esta ley, podr�n transformarse en instituciones de asistencia privada ...".

    Cierto, con dicha ley no s�lo se est� regulando la salud y asistencia social, sino tambi�n asuntos relativos a la personalidad y patrimonio de personas morales con fines determinados y sujeta a un r�gimen de vigilancia estatal espec�fico -instituciones de asistencia privada- como son su constituci�n, lo relativo a sus bienes, transformaci�n y extinci�n, representaci�n y administraci�n, ingresos, presupuesto y egresos, contabilidad, etc.

    No siendo jur�dicamente v�lido, dado el sistema de facultades expresas, ubicar el contenido de una ley de instituciones de asistencia privada en la de administraci�n p�blica, pues la propia denominaci�n de la ley, el concepto de las instituciones y la naturaleza de los actos que llevan a cabo, se encargan de diferenciar las materias.

    2.2. La facultad de la asamblea est� referida a salud y asistencia social (art�culos 4o. y 73, fracci�n XVI de la C.�n), que forman parte del concepto de salubridad general por lo que debi� atender a ese �mbito espec�fico derivado de la Ley General de Salud, seg�n lo dispone el art�culo 44 del Estatuto de Gobierno del Distrito F., ya que la asistencia social constituye una de las finalidades del derecho a la protecci�n de la salud.

    Al respecto la Ley General de Salud establece:

    Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en esta materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, la organizaci�n, operaci�n, supervisi�n y evaluaci�n de la prestaci�n de los servicios de salubridad general de asistencia social (art�culo 13, apartado B), fracci�n I). Es un servicio de salud al lado de los de atenci�n m�dica y de salud p�blica (art�culo 24, fracci�n III). Se considera un servicio b�sico de salud para los efectos del derecho a la protecci�n de la salud: la asistencia social a los grupos m�s vulnerables (art�culo 27, fracci�n X). Legalmente la asistencia social se entiende como el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de car�cter social que impidan al individuo su desarrollo integral, as� como la protecci�n f�sica, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotecci�n o desventaja f�sica y mental, hasta lograr su incorporaci�n a una vida plena y productiva (art�culo 167).

    No queda duda que la regulaci�n de la asamblea debi� dirigirse a esas acciones -prestaci�n de los servicios de asistencia social, a la prestaci�n estatal, la promoci�n, la inducci�n y concertaci�n- y no a las instituciones de asistencia privada que es una materia espec�fica.

    2.3. Tanto la iniciativa de Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, como el dictamen de las comisiones de la C�mara de Senadores a la misma (1985), coinciden con lo expuesto cuando se�alan que:

    Iniciativa:

    Para complementar el proceso de regulaci�n jur�dica de la asistencia social, resulta ahora necesario, en concepto del Ejecutivo a mi cargo, contar con un ordenamiento que desarrolle sistem�ticamente los lineamientos b�sicos ya enunciados en la Ley General de Salud, a fin de que se precisen las bases de cada uno de los programas asistenciales espec�ficos, se dote a los esfuerzos que en esta materia realizan las autoridades federales y estatales y los diversos sectores sociales de los necesarios mecanismos de coordinaci�n, concertaci�n e inducci�n y se establezcan los criterios apropiados para instrumentar la descentralizaci�n, modernizaci�n y sectorizaci�n de los servicios respectivos, conforme a las finalidades del Plan Nacional de Desarrollo. Por otra parte, se hace la separaci�n de los servicios de asistencia social que se prestan en el �mbito federal, por distintas dependencias y entidades p�blicas, dentro de la esfera de sus respectivas responsabilidades, a fin de evitar la duplicidad de esfuerzos y ejercicio de acciones encontradas. Con lo anterior se pretende que la ley coordine y complemente el accionar p�blico en lo relativo a la asistencia social. El cap�tulo primero tambi�n establece la concurrencia de las entidades federativas en las cuestiones inherentes a la asistencia social, confiri�ndoles, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, la prestaci�n de servicios de salud en materia de asistencia social, con sujeci�n a las normas t�cnicas que expida la S.�a de Salud, a fin de asegurar la debida congruencia y uniformidad de criterios en la prestaci�n de los servicios. Se circunscriben los servicios de salud en materia de asistencia social dentro del marco del Sistema Nacional de Salud, pero con respeto a las respectivas competencias de las instituciones p�blicas de seguridad social y dem�s prestadores sociales y privados, nacientes de los ordenamientos espec�ficos en que se apoyen. Respecto del establecimiento de estructuras similares al organismo, estatales y municipales, se abandona la postura potestativa y se hacen imperativos su fomento y su promoci�n.

    Dictamen:

    "La iniciativa que nos ocupa cumple con el mandato del Constituyente Permanente que obliga al Estado mexicano a proteger a los grupos m�s d�biles de la sociedad, de los riesgos que provocan circunstancias socioecon�micas, sanitarias y culturales adversas. As�, con esta iniciativa el Estado queda comprometido a proporcionar en forma sistem�tica servicios de asistencia social y a promover y coordinar los que brinden los sectores social y privado. El examen de la iniciativa y de los antecedentes que la informan, nos permite esclarecer el profundo sentido social que contiene, y el pragmatismo de su intenci�n se trata de un mejor aprovechamiento de las instalaciones de los recursos, coordinando y vinculando acciones dispersas, estableciendo prioridades y la asignaci�n de recursos en programas interinstitucionales, todo ello respetuoso de las disposiciones reglamentarias internas de dependencias federales, de la potestad estatales y de las acciones de las instituciones privadas."

    La Ley del Sistema Nacional de Asistencia Social, publicada en el D.O.F., el 9 de enero de 1986, se�ala como su objeto: establecer las bases y procedimientos de un sistema nacional de asistencia social que promueva la prestaci�n de los servicios de asistencia social que establece la Ley General de Salud y que coordine el acceso de los mismos, garantizando la concurrencia y colaboraci�n de la Federaci�n, las entidades federativas y los sectores social y privado. Su art�culo 2o. dispone que "El Estado en forma prioritaria proporcionar� servicios asistenciales encaminados al desarrollo integral de la familia, entendida �sta como la c�lula de la sociedad que provee a sus miembros de los elementos que requieren en las diversas circunstancias de su desarrollo, y tambi�n a apoyar, en su formaci�n y subsistencia, a individuos con carencias familiares esenciales no superables en forma aut�noma por ellos.".

    En sus dem�s disposiciones, en relaci�n con el tema, define a la asistencia social; se�ala los sujetos preferentes de la recepci�n de los servicios de asistencia social; regula el Sistema Nacional de Salud; atribuciones de la S.�a de Salud como autoridad sanitaria en materia de asistencia social; los servicios b�sicos de salud en materia de asistencia social; al organismo descentralizado denominado Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; la coordinaci�n y concertaci�n en la prestaci�n de los servicios de salud en materia de asistencia social, previ�ndose la celebraci�n de convenios entre los distintos niveles de gobierno as� como de acuerdos, concertaci�n de acciones con los sectores p�blico, social y privado de las entidades federativas y la participaci�n de la comunidad.

    De lo anterior se pone de manifiesto que la Asamblea Legislativa al ejercer su funci�n legislativa sobre salud y asistencia social, se debi� concretar al marco legal que establece la Ley General de Salud y su reglamento, el art�culo 44 del Estatuto de Gobierno y la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, y regular espec�ficamente la prestaci�n de los servicios de asistencia social, pero no a las instituciones de beneficencia o de asistencia privada ya que esa facultad legislativa est� reservada al Congreso de la Uni�n.

    2.4. Tambi�n resultar�a contraria a la C.�n la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, si se pretendiera fundar en la facultad que tiene la Asamblea Legislativa para legislar en la materia civil, pues las normas relativas a esa materia carecer�an de validez en tanto que fueron dictadas cuando el �rgano legislativo local a�n no ten�a en su esfera las facultades constitucionales para emitirlas. Como confirmaci�n del criterio de que la Ley de Instituciones de Asistencia Privada es una ley espec�fica por responder a una materia tambi�n espec�fica, tenemos que el propio C�digo Civil en sus art�culos 1330, 1668, 2687 y 2892, entre otros, remite expresamente a dicha ley, como sucede trat�ndose del r�gimen de las disposiciones testamentarias hechas a favor de los pobres en general o del alma; la posibilidad de que una instituci�n de asistencia privada repudie la herencia sujet�ndose a las disposiciones de la ley espec�fica; en materia de asociaciones y sociedades, se dispone expresamente que las asociaciones de beneficencia se regir�n por las leyes especiales correspondientes; y, en el t�tulo relativo a la prenda y respecto de los Montes de Piedad, se establece que se observar�n las leyes y reglamentos que les conciernen, y a las disposiciones de dicho t�tulo s�lo de manera supletoria.

    La regulaci�n de instituciones de asistencia privada es una ley espec�fica, se trata de corporaciones que tienen una entidad propia desde la C.�n, y la ley respectiva no es tampoco de car�cter civil, como no lo es el de otras corporaciones que siendo personas morales, encuentran entidad propia y reconocimiento constitucionales, como las mutualistas, las cooperativas o las asociaciones religiosas.

    2.5. La facultad de legislar en materia de salud y asistencia social no implica de manera alguna abrogar un ordenamiento dictado por el Congreso de la Uni�n regulador de instituciones privadas que realizan actividades de asistencia, como sucedi� con el decreto de reformas constitucionales publicado en el D.O.F., el 10 de agosto de 1987, que en su art�culo transitorio tercero, se�al�: "La Ley sobre Justicia en materia de faltas de Polic�a y Buen Gobierno del Distrito F. y su reglamento, as� como las disposiciones administrativas relativas al Distrito F., en las materias a que se refiere al inciso A) de la base 3a., de la fracci�n VI del art�culo 73 de la C.�n, continuar�n vigentes hasta en tanto la Asamblea de Representantes del Distrito F. dicte los bandos, ordenanzas y reglamentos correspondientes, en los t�rminos del presente decreto." y decreto de reformas constitucionales publicado en el mismo medio el 22 de agosto de 1996, que en su art�culo transitorio decimotercero estableci�: "Todos los ordenamientos que regulan hasta la fecha a los �rganos locales en el Distrito F. seguir�n vigentes en tanto no se expidan, por los �rganos competentes, aquellos que deban sustituirlos conforme a las disposiciones y las bases se�aladas en este decreto.".

  3. Como prueba de que la Asamblea Legislativa es incompetente para legislar en materia de instituciones de asistencia privada, est� el procedimiento legislativo para la expedici�n de la ley que ahora se impugna, mismo que fue violentado por esa asamblea.

    El 3 de noviembre de 1998, la mesa directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito F., acord� turnar para su an�lisis y dictamen a la Comisi�n de A.�n Especial a G.V., la iniciativa de Ley de Instituciones de Asistencia Privada.

    El 5 de noviembre, tambi�n de 1998, el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito F., acord� enviar para su an�lisis y dictamen, a las Comisiones de Desarrollo Social y de A.�n Especial a G.V., la iniciativa en cuesti�n y el 26 de noviembre de 1998, acord� turnarla a la Comisi�n de A.�n Especial a G.V..

    Si el dictamen que pretendi� dar origen a la ley impugnada se fund� en las facultades de la Asamblea Legislativa en materia de administraci�n p�blica y de salud y asistencia social, previstas en los art�culos 122, apartado C, base primera, fracci�n V, incisos g) e i), as� como en el art�culo 42, fracciones XI y XIII del Estatuto de Gobierno del Distrito F., en todo caso, las iniciativas presentadas tendr�an que haberse turnado a las comisiones de la asamblea encargadas de la administraci�n p�blica y de la salud y asistencia social, pues no se trata de que cualquier comisi�n estudie y dictamine asuntos de manera indiscriminada, as� como tampoco de fundar los actos que como autoridad legislativa se realizan, en preceptos constitucionales y legales que no tienen v�nculo alguno con las facultades que se pretende ejercitar. Las comisiones son �rganos de la asamblea que existen para el cumplimiento de las atribuciones de �sta, no siendo v�lido que dichas disposiciones sean violentadas de manera arbitraria. Las iniciativas presentadas a la asamblea no corresponden a las facultades que �sta tiene atribuidas constitucionalmente, por ello no existen comisiones competentes para su an�lisis y dictamen.

    Siendo manifiesta la violaci�n referida al procedimiento legislativo que dio origen a una norma general en materia de instituciones de asistencia privada, habida cuenta que no puede existir la discusi�n y aprobaci�n de una iniciativa de ley si no se cumplen los presupuestos que establecen los art�culos relativos tanto de la L.O.�nica como del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea de Representantes del Distrito F., resulta evidente que se contravienen de manera flagrante las disposiciones constitucionales y legales que debieron fundarlo, viol�ndose con ello el principio de legalidad por la incompetencia de las comisiones que dictaminaron las iniciativas relativas, m�xime si se considera que los integrantes de las Comisiones Unidas de A.�n Especial a G.V. y de Desarrollo Social de la Asamblea Legislativa del Distrito F., realizaron con fecha 7 de diciembre de 1998, una supuesta sesi�n a efecto de discutir y en su caso aprobar el dictamen relativo a las iniciativas presentadas. Al respecto, los art�culos 87 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea de Representantes del Distrito F. disponen que la convocatoria para una reuni�n de comisi�n debe expedirse con veinticuatro horas de anticipaci�n y debe convocar el presidente y su secretario. En el caso, mediante escrito de fecha 25 de noviembre de 1998, los diputados presidentes y secretarios respectivamente, de las Comisiones de Desarrollo Social y de A.�n Especial a G.V., pretendieron convocar a los integrantes de dichas comisiones para el an�lisis, discusi�n y dictamen de las iniciativas en cuesti�n, que tendr�a verificativo el d�a 7 de diciembre a las 10:00 hrs., pero no se precis� el lugar de reuni�n, por lo que no puede afirmarse que legalmente se trat� de una convocatoria puesto que para que ella exista debi� ser cierto el lugar en donde se llevar�a a cabo la reuni�n por tratarse de un requisito de existencia.

    A�n mayor fue la violaci�n de la legalidad cuando mediante escrito de fecha 4 de diciembre de 1998, suscrito exclusivamente por la diputada presidente de la Comisi�n de Desarrollo Social, se pretendi� convocar a una sesi�n de dos comisiones de la Asamblea Legislativa. El referido escrito se�ala que: "Con relaci�n a la convocatoria, emitida con fecha 25 de noviembre de los corrientes ... le informo que se llevar� a cabo en la sala de juntas del 5o. piso, del edificio Z�calo No. 7, Plaza de la C.�n ...". Es claro que tampoco este documento es una convocatoria a sesi�n por carecer de los elementosexigidos por las normasaplicables, como son: haber sido hecha por presidentes y secretarios de las dos comisiones y se�alar d�a, hora, lugar y asunto o acto a realizar.

    La comisi�n no fue legalmente convocada y por tanto no puede entenderse que hubiere existido reuni�n de comisi�n para dictaminar; por tanto el pretendido dictamen no existe, e incluso en el supuesto de que la convocatoria hubiere sido legal, las comisiones dictaminadoras eran incompetentes para resolver sobre los asuntos, puesto que en el seno de las Comisiones de Administraci�n P�blica y de Salud y Asistencia Social no fue aprobado dictamen alguno relativo a las iniciativas de ley que se supone son su competencia.

    Las violaciones cometidas llevan a concluir que el documento discutido y aprobado no fue un dictamen de comisi�n competente, y en consecuencia el documento que se expide no puede tener el car�cter de ley, en virtud de haberse violado las disposiciones que regulan el procedimiento legislativo, hecho de gravedad superior cuando es responsabilidad del �rgano legislativo, obligado por estricta l�gica a respetar el principio de legalidad emanado del art�culo 16 constitucional como encargado de crear el marco normativo al que por necesidad ineludible debe ajustarse.

    No podr�a afirmarse una convalidaci�n de estas violaciones legales porque afectan de manera fundamental la ley impugnada, se alteraron la organizaci�n y funcionamiento legales del �rgano legislativo, violaciones que trascendieron de modo fundamental en la norma y provocan su invalidez e inconstitucionalidad. No se cumpli� con el fin �ltimo buscado de an�lisis y proposici�n de dictamen por los integrantes de las comisiones competentes, los vicios trascendieron a la norma con la que culmin� el proceso legislativo, y aun cuando la ley que se impugna fue aprobada por el Pleno, de haberse llevado a cabo el procedimiento por las comisiones competentes y en los t�rminos dispuestos por las disposiciones aplicables, el sentido de la norma hubiere sido otro.

    Finalmente, cabe se�alar que la ley que se impugna pretende abrogar una ley inexistente, pues el art�culo segundo transitorio se�ala: "Se abroga la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito y Territorios F.es, publicada el dos de enero de 1943 en el Diario Oficial de la Federaci�n, as� como todas sus reformas.", con lo que se ignora que la supuestamente abrogada se denomina Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F..

CUARTO

Los preceptos de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son el 16, 27, segundo p�rrafo, fracciones III y IV, segundo p�rrafo, 122, apartado A, fracciones I y IV, y apartado C, base primera, fracci�n V y 89, fracci�n I.

QUINTO

Mediante prove�do de fecha trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, el presidente de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n orden� formar y registrar el expediente relativo a la presente acci�n de inconstitucionalidad, y turnar el asunto al M.G.I.O.M., para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resoluci�n respectivo.

Por auto de fecha dieciocho de enero de este mismo a�o, el Ministro instructor admiti� a tr�mite la demanda relativa y orden� emplazar a las responsables para que rindieran su respectivo informe, as� como al procurador general de la Rep�blica para que formulara el pedimento que le corresponde; reconoci� el car�cter de representantes comunes de la parte actora y, por �ltimo, requiri� al oficial mayor del propio �rgano legislativo demandado para que informara el nombre de los diputados que integran la citada legislatura, y remitiera las documentales que se le precisaron.

SEXTO

El presidente de la Comisi�n de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito F., al presentar su informe a nombre de dicho �rgano, en s�ntesis manifest�, lo siguiente:

Respecto del primer concepto de invalidez:

1) Que la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F. de fecha diez de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, fue emitida por la Asamblea Legislativa del Distrito F., I Legislatura, en uso de las facultades que al efecto le confieren expresamente los art�culos 122, apartado C, base primera, fracci�n V, incisos g) e i) de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 42, fracciones XI y XIII, del Estatuto de Gobierno del Distrito F., as� como de conformidad con los art�culos 13, fracciones IV y XIII, 49, fracci�n I, 50, 51, 70, fracci�n I, y 71 de la L.O.�nica de la Asamblea de Representantes del Distrito F., y 10, fracci�n I, 11, 12, 79, 80, 81, 83 y 84 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea de Representantes del Distrito F..

2) Adem�s de que ese �rgano legislativo es competente para emitir dicho ordenamiento, �ste no contraviene precepto constitucional alguno y, por lo tanto es v�lido.

3) La ley materia de esta acci�n est� encuadrada en los rubros correspondientes a las facultades legislativas de la Asamblea Legislativa del Distrito F. en materia de administraci�n p�blica y asistencia social, expresa y fundamentalmente determinadas en el art�culo 122, apartado C, base primera, fracci�n V, de la C.�n F., incisos g) e i), y en el art�culo 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito F., en sus fracciones XI y XIII.

4) El actual texto del art�culo 122, base primera del apartado C, fracci�n V, constitucional, reitera las facultades de la Asamblea Legislativa del Distrito F. como autoridad local, que incluyen la de legislar en el �mbito de la justicia y desarrollo social, incluyendo expresamente la materia de asistencia social.

5) De los art�culos 25 y 26 de la C.�n F. y del Plan Nacional de Desarrollo, mil novecientos noventa y cuatro-dos mil, se desprende que la asistencia social forma parte del concepto gen�rico de justicia social.

6) Que la atenci�n m�dica, servicios de salud, educaci�n y fomento al desarrollo cultural, constituyen rubros integrantes de la asistencia social, materias que fueron competencia de la asamblea desde que se le confirieron facultades para legislar.

7) La asistencia social comprende la atenci�n integral en favor de la poblaci�n marginada o en desventaja social y cultural, de personas discapacitadas, ni�os desvalidos, adultos indigentes, trabajo y previsi�n social y readaptaci�n social, entre otros, complement�ndose a trav�s de actividades de recreaci�n, cultural, civismo y deporte, como una forma de contribuir al bienestar y desarrollo individual y colectivo.

8) La asistencia social no s�lo se refiere a la salud, sino a una atenci�n integral de las necesidades del hombre y, en concordancia con las garant�as que nuestra C.�n otorga, se presta por el Estado, por s� y con la concurrencia de los sectores p�blico, social y privado; por lo tanto, las instituciones de asistencia privada forman parte de la asistencia social.

9) Es inexacto afirmar que el hecho de que la asistencia social comprenda a las instituciones de beneficencia p�blica, implique un uso de facultades impl�citas por la Asamblea Legislativa del Distrito F., ya que la expedici�n de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F. se encuentra fundada en una facultad expresa.

10) Reconocida la existencia de un r�gimen de facultades expresas para la asamblea, coexistente con facultades legislativas del Congreso de la Uni�n, no puede llegarse al extremo de exigir que las mismas se expresen con palabras sacramentales que no admitan interpretaci�n alguna, y que tomen �nicamente como base de interpretaci�n la literalidad del t�rmino, pues basta que de manera clara e inequ�voca se establezcan tales facultades, como sucede en el presente caso.

11) Adem�s de que la C.�n tambi�n otorga facultades expresas a la Asamblea Legislativa del Distrito F. para legislar en materia de salud, cabe aclarar que el sistema de facultades expresas no implica que no puedan existir, en su caso, facultades coexistentes para el Distrito F. y la Federaci�n, como sucede en relaci�n con los Estados.

12) Aun cuando los accionantes err�neamente confunden la asistencia social con la materia de salubridad general de la Rep�blica, no obstante que la primera es un concepto m�s amplio, el hecho de que la Federaci�n tenga facultades en materia de salud no implica que sean exclusivas, ya que �ste es un caso de facultades coexistentes que a su vez desarrollan constitucionalmente las entidades federativas.

13) Para corroborar que la asistencia social tan es una cuesti�n de car�cter local, conviene recordar que la ley abrogada por la ahora impugnada, se denomin� Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F., esto es, no es una ley federal aplicable a todo el territorio nacional, sino �nicamente en el Distrito F., ya que los Estados tienen facultades para expedir las propias.

14) No debe confundirse la funci�n del Congreso de la Uni�n como legislador federal y como legislador del Distrito F., ya que la jurisprudencia ha dejado en claro que el Distrito F. y la Federaci�n son entes jur�dicos distintos y, por lo tanto, las leyes que expida para el �mbito local, no tienen observancia general en toda la Rep�blica si se trata de materias reservadas a los Estados o, podr�amos agregar, expresas para las autoridades locales del Distrito F..

15) Que si bien el Congreso de la Uni�n expidi� la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F. de mil novecientos cuarenta y tres, en su car�cter de legislador para el Distrito F., al ser reformada la C.�n otorgando facultades en materia de asistencia social a la Asamblea Legislativa del Distrito F., a �sta corresponde ahora la expedici�n de la ley que regula las instituciones que desarrollan actos asistenciales en favor de la sociedad.

16) Que la facultad reglamentaria del presidente de la Rep�blica, a que se refiere el art�culo 89, fracci�n I de la C.�n F., s�lo puede ser ejercida respecto de leyes expedidas por el Congreso de la Uni�n, siendo falso que le correspondiera reglamentar las disposiciones de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F., pues por ser una legislaci�n de car�cter local, es al jefe de Gobierno a quien le corresponder� tal facultad en los t�rminos del inciso b), fracci�n II, de la base segunda, apartado C, del art�culo 122 constitucional y el art�culo 67, fracci�n II, del Estatuto de Gobierno del Distrito F..

17) La facultad que otorga el Estatuto de Gobierno del Distrito F. al jefe de Gobierno para someter al presidente de la Rep�blica proyectos de reglamentos, se refiere a las leyes relativas al Distrito F. que expida el Congreso de la Uni�n en uso de sus atribuciones reservadas, lo cual no sucede en el presente caso pues la Asamblea Legislativa del Distrito F. es la competente para expedir la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F..

18) El hecho de que la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico pueda otorgar exenciones del impuesto sobre la renta a las instituciones de asistencia privada no conlleva que se surta la competencia legislativa federal, pues es sabido que la facultad de imponer contribuciones es concurrente entre la Federaci�n, los Estados y el Distrito F..

19) Que la facultad otorgada en la fracci�n VI del art�culo 67 del Estatuto de Gobierno del Distrito F. al jefe de Gobierno del Distrito F. para "nombrar y remover al presidente de la Junta de Asistencia Privada del Distrito F.", tampoco acredita la competencia del Congreso de la Uni�n para legislar en materia de instituciones de asistencia privada, por el contrario, esa situaci�n robustece la conclusi�n en el sentido de que es una cuesti�n de competencia local.

20) Que el citado precepto del Estatuto de Gobierno no menciona que la ley a que se refiere deba ser expedida por el Congreso de la Uni�n, por lo que la emitida por la Asamblea Legislativa del Distrito F. puede v�lidamente se�alar el procedimiento de nombramiento y remoci�n del presidente de la junta, con la �nica limitante de respetar la facultad otorgada al Ejecutivo Local para nombrarlo, siendo falso que la ley elimine la posibilidad de libre nombramiento y remoci�n que se prev� en el art�culo 76 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F..

21) Tampoco es sustento para concluir que la legislaci�n sobre las instituciones de asistencia privada debe ser expedida por el Congreso de la Uni�n, el hecho de que dependencias de la administraci�n p�blica federal hubieran participado en la integraci�n de la Junta de Asistencia Privada del Distrito F., en primer t�rmino porque la ley que previ� tal circunstancia fue expedida con anterioridad a la reforma constitucional que confiri� facultades expresas a la Asamblea Legislativa del Distrito F. para legislar en la materia de asistencia social y, en segundo lugar, si en la actual ley se establece la participaci�n de un representante de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, ello responde a que la legislaci�n fiscal (federal y local) prev� exenciones para tales instituciones, y �stas deben ser autorizadas por las autoridades federales cuando se trata de impuestos de tal �ndole, y por las locales cuando se trata de contribuciones del Distrito F..

22) La Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F. impugnada, no contraviene el art�culo 27, fracci�n III, de la Carta Magna, ya que todos sus preceptos respetan el principio constitucional que contiene, cuyo objeto es impedir que tales instituciones se enriquezcan so pretexto de las actividades asistenciales que desarrollan.

23) El hecho de que la C.�n en su art�culo 27 distinga entre instituciones de beneficencia privada y de beneficencia p�blica, no obstante marcar las mismas limitaciones para ambas, es irrelevante para atribuir la facultad legislativa sobre su organizaci�n y funcionamiento al Congreso de la Uni�n o a la Asamblea Legislativa del Distrito F., ya que la intenci�n del Constituyente al imponerles tal prohibici�n se sustenta en razones de car�cter econ�mico, para que las adquisiciones que realizaran no fueran permanentes y se destinaran exclusivamente al cumplimiento de su objeto.

24) Que en m�rito de lo anterior, no existe contradicci�n alguna de los art�culos 24 al 27 y del 60 al 69 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F. y la C.�n, ya que respetan y permiten el cumplimiento del principio que �sta establece, pues de su contenido no se infiere que pretendan regular los bienes de las instituciones, sino precisamente dar cumplimiento a lo establecido en la Carta Magna, en congruencia con la necesaria participaci�n de un �rgano desconcentrado de la administraci�n p�blica del Distrito F., en raz�n de que, al realizar las instituciones de asistencia privada una labor asistencial, realizan actividades de orden p�blico y debe ser el Estado quien est� al frente de la vigilancia de los actos jur�dicos que celebren, a efecto de proteger su patrimonio, el cual no debe ser dilapidado ni mal administrado.

25) La regulaci�n de instituciones de asistencia privada no es una materia espec�fica, concreta y particular aislada del concepto de asistencia social, pues de ning�n precepto constitucional se deriva tal circunstancia, siendo irrelevante que distinga entre las instituciones de asistencia privada y p�blica, pues tal diferenciaci�n s�lo se refiere al origen de los fondos con los que realizan su labor, pero no en cuanto a su objeto.

26) No existe en la C.�n F. una reserva expresa en materia de instituciones de asistencia privada para el Congreso de la Uni�n, pues de haberla, los Estados nunca habr�an podido legislar al respecto, como lo han hecho por aplicaci�n de lo establecido en el art�culo 124 constitucional, adem�s de que, la legislaci�n aplicable al Distrito F., hasta antes de que se le confiriera la atribuci�n expresa a la Asamblea Legislativa, fue expedida por el Congreso en uso de sus facultades como legislador local de la entidad y no en su car�cter de legislador federal.

27) El hecho de que el art�culo 4o. de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F. considere a las instituciones que regula como de "utilidad p�blica", no significa que por ello est� "reglamentando" el art�culo 27, fracci�n VI, segundo p�rrafo, de la C.�n F., pues no se refiere a la posibilidad de expropiaci�n u ocupaci�n de los bienes de dichas instituciones.

28) Las instituciones de asistencia privada se consideran de utilidad p�blica, no porque sean o puedan ser objeto de expropiaci�n por parte del Estado, que es a lo que se refiere la fracci�n VI, segundo p�rrafo, del art�culo 27 constitucional, sino por el tipo de labores que realizan, que son asistenciales, tareas que corresponden al Estado y en las cuales participan y colaboran los particulares afectando un patrimonio a tal efecto, pero siempre en la b�squeda de un mismo objetivo: proporcionar apoyo a los individuos o grupos de poblaci�n vulnerable o en situaci�n de riesgo por su condici�n de desventaja, abandono o desprotecci�n f�sica, mental, jur�dica o social, lo cual va encaminado a la satisfacci�n de necesidades de inter�s general.

29) Que no existe un diferendo constitucional por parte del jefe de Gobierno del Distrito F. por haber emitido el decreto promulgatorio de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F., sin realizar las observaciones a que est� obligado en t�rminos del apartado C, base segunda, fracci�n II, inciso b) del art�culo 122 constitucional, pues siendo competente esa asamblea para expedir la ley impugnada y ser �sta acorde con la C.�n F., el acto de promulgaci�n es igualmente constitucional y v�lido.

Respecto del segundo concepto de invalidez:

30) La emisi�n de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F. fue fundada en los incisos g) e i) de la fracci�n V, base primera, apartado C, del art�culo 122 constitucional y 42, fracciones XI y XIII, del Estatuto de Gobierno del Distrito F., supuestos que comprenden la competencia para legislar tanto en lo relativo a los servicios asistenciales, como en lo referente a la organizaci�n de las instituciones que los prestan, sean �stas de car�cter p�blico o privado.

31) Que la ley que nos ocupa regula uno de los aspectos de la asistencia social, el relativo a las instituciones que desarrollan actividades de esa �ndole en el Distrito F. incluyendo el r�gimen de vigilancia del Estado en su funcionamiento a trav�s de la Junta de Asistencia Social que es considerada un organismo desconcentrado de la administraci�n p�blica del Distrito F..

32) Es falso que la legislaci�n secundaria sobre asistencia social no deba incluir la regulaci�n org�nica de las instituciones de asistencia privada, ni es necesario que la C.�n expresamente determine la facultad de la asamblea con las palabras sacramentales "... legislar sobre instituciones de asistencia privada ..."; mucho menos bajo el supuesto de la existencia de una "legislaci�n preexistente del Congreso de la Uni�n", pues como ha quedado explicado, la ley abrogada por la aqu� impugnada, fue expedida por tal �rgano en ejercicio de sus facultades de Legislatura Local del Distrito F. y no como legislador federal.

33) La expedici�n de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F. se fund� en el inciso g) de la fracci�n V, base primera, apartado C, del art�culo 122 constitucional, que se refiere a la facultad de este �rgano para legislar en materia de administraci�n p�blica local, su r�gimen interno y procedimientosadministrativos, en virtud de que a trav�s de la misma se regula la integraci�n y funcionamiento de un �rgano desconcentrado de la administraci�n p�blica del Distrito F., como lo es la Junta de Asistencia Privada.

34) La Junta de Asistencia Privada del Distrito F. fue, durante la vigencia de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F. de mil novecientos cuarenta y tres, un �rgano administrativo desconcentrado de la administraci�n p�blica del Distrito F. subordinado al Departamento del Distrito F., de conformidad con el art�culo 83 de dicha ley y conforme con el art�culo 70 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F. vigente, tambi�n se le otorga ese car�cter.

35) Al tener la Asamblea Legislativa del Distrito F. facultades para legislar en materia de administraci�n p�blica de la entidad, tambi�n las tiene para crear �rganos desconcentrados a trav�s de las leyes que expide, como lo es en este caso la Junta de Asistencia Privada.

36) Que la pretendida vinculaci�n indisoluble que aducen los accionantes respecto de los aspectos de "salud y asistencia social" sustentada en lo previsto por el inciso i) de la fracci�n V, base primera, apartado C, del art�culo 122 constitucional, no implica que sean una misma cosa.

37) La afirmaci�n de la promovente en el sentido de que el fundamento constitucional de que estos t�rminos son indisolubles y forman parte del concepto de salubridad general, est� en los art�culos 4o. (referente al derecho de protecci�n a la salud) y 73, fracci�n XVI, de la Carta Magna, es incorrecta pues ninguno de esos preceptos hace alusi�n espec�fica a la asistencia social que es un rubro general que no se agota con la asistencia a la salud.

38) Si bien la asistencia social es una facultad concurrente de la Federaci�n, los Estados y el Distrito F., los accionantes confunden dicho t�rmino con el concepto de salubridad general y, como consecuencia, afirman equivocadamente que la asamblea s�lo puede legislar en los aspectos a que se refiere la Ley General de Salud en concordancia con lo establecido por el art�culo 44 del Estatuto de Gobierno del Distrito F..

39) Que el art�culo 122 constitucional otorga facultad expresa a la asamblea para legislar en materia de asistencia social, que no es lo mismo que salud aun cuando tengan relaci�n. El Estatuto de Gobierno del Distrito F. en la fracci�n XIII del art�culo 42 distingue perfectamente ambos rubros.

40) El art�culo 44 del Estatuto de Gobierno no incluye el rubro "asistencia social", sino �nicamente el de "salud", mientras que en el art�culo 42, fracci�n XIII, de dicho ordenamiento legal y en la C.�n s� se menciona como un aspecto independiente.

41) Que lo anterior significa que existen facultades concurrentes en relaci�n con la materia de salud, y que las leyes que la asamblea dicte en relaci�n con ella deben ajustarse a lo establecido en la Ley General de Salud y dem�s legislaci�n aplicable; sin embargo, la C.�n, el estatuto y la propia Ley General de Salud que invocan los accionantes, no proh�ben a la asamblea legislar en materia de instituciones de asistencia privada, ni t�citamente puede entenderse que tales facultades est�n reservadas al Congreso de la Uni�n como legislador federal o como legislador local del Distrito F..

42) No existe una Ley de Instituciones de Asistencia Privada de car�cter federal, ni hay instituciones de asistencia privada federales, sino que la regulaci�n de su constituci�n, funcionamiento y control por parte del Estado ha sido desarrollado por leyes estatales y del Distrito F., esto es, por las Legislaturas Locales.

43) La Ley General de Salud establece los lineamientos de la asistencia social prestada por las dependencias de la administraci�n p�blica y no regula ni da lineamientos generales respecto de las que realizan las instituciones de asistencia privada, por lo que es necesario que otra ley, diversa y no inferior, lo haga como lo hac�a, antes de tener la asamblea facultades para ello, la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F. de mil novecientos cuarenta y tres expedida por el Congreso de la Uni�n en calidad de legislador local y que ahora lo hace la norma expedida por la Asamblea Legislativa del Distrito F., as� como las legislaciones estatales.

44) La competencia de un �rgano del Estado como lo es la Asamblea Legislativa del Distrito F. y del Congreso de la Uni�n, deriva directamente de la C.�n, y no de la Ley General de Salud que es una ley secundaria. Tampoco puede fundarse en supuestos, porque la atribuci�n de la competencia debe ser expresa, no t�cita.

45) Del art�culo 7o. de la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, se desprende que los servicios asistenciales deben proporcionarse por el Estado en forma prioritaria y que en ellos se incluye no s�lo lo referente a la salud, sino a todas aquellas actividades tendientes a modificar las circunstancias de car�cter social que impidan al individuo su desarrollo integral, haciendo claramente la distinci�n de que algunos servicios son de jurisdicci�n federal y otros de las entidades federativas, estableciendo, por ejemplo, que los que se presten por los Gobiernos Locales y por los sectores social y privado, formar�n parte de los sistemas estatales de salud en lo relativo a su r�gimen local.

46) Que la citada ley reconoce que las asociaciones privadas forman parte de la asistencia social, pues inclusive crea un organismo p�blico descentralizado que tiene entre sus objetivos la promoci�n de la asistencia social.

47) Dentro de las facultades del organismo denominado Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia est�n las de celebrar acuerdos y concertar acciones con los sectores p�blico, social y privado de las entidades federativas y con el objeto de ampliar la cobertura de los servicios asistenciales. As� mismo, de conformidad con el art�culo 41 de la ley, dicho organismo promueve "... en todo el pa�s, la creaci�n de asociaciones de asistencia privada, fundaciones y otras similares, las que con sus propios recursos o con liberalidades de cualquier naturaleza que aporte la sociedad en general y con sujeci�n a los ordenamientos que las rijan, presten dichos servicios.".

48) Que de la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social no se infiere que el contenido de la materia social sea �nicamente el relativo a la prestaci�n de los servicios correspondientes y que las facultades de la asamblea para legislar al respecto est�n limitadas a la regulaci�n de la prestaci�n de dichos servicios y que tengan alg�n impedimento legal o constitucional para normar lo relativo a la organizaci�n de las instituciones de asistencia privada.

49) Es infundado lo argumentado por los diputados promoventes en el sentido de que varias disposiciones de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F. impugnada abordan cuestiones de materia civil respecto de la cual la Asamblea Legislativa del Distrito F. asumi� competencia para regular hasta el primero de enero de mil novecientos noventa y nueve, por lo que carecer�an de validez, toda vez que las normas contenidas en la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F. referentes a las formalidades de los estatutos de las instituciones, cuestiones testamentarias, donaciones e hipotecas, se refieren exclusivamente a la organizaci�n y funcionamiento de las instituciones de asistencia privada y forman parte de una ley especial a cuyo contenido remite inclusive el propio C�digo Civil.

50) Respecto al argumento de que no es posible que un �rgano local de gobierno abrogue ordenamientos dictados por el Ejecutivo F. o por el Congreso de la Uni�n al asumir aqu�l facultades que con anterioridad compet�an a �stos, cabe recordar que la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F. de mil novecientos cuarenta y tres fue una ley expedida por el Congreso de la Uni�n como legislador local del Distrito F..

51) Que es principio general de derecho, adjetivado en el art�culo 9o. del C�digo Civil para el Distrito F. en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia F., que la ley s�lo queda abrogada o derogada por otra posterior que as� lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior.

52) Que si el art�culo 122, apartado C, base primera, fracci�n V, inciso i) de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos concede a la Asamblea Legislativa del Distrito F. facultades expresas para legislar en materia de asistencia social como autoridad legislativa local de la entidad, es procedente que al expedir la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F. se abrogue la que fue expedida por el �rgano legislativo local del Distrito F..

53) Es incorrecta la interpretaci�n que la parte accionante hace del art�culo decimotercero transitorio del decreto de reformas a la C.�n de veintid�s de agosto de mil novecientos noventa y seis, que establece que todos los ordenamientos que hasta esa fecha regulaban los �rganos locales del Distrito F., seguir�an vigentes hasta en tanto no se expidan por los �rganos locales competentes, aquellos que deban sustituirlos conforme a las disposiciones y las bases se�aladas en este decreto, pues de nada servir�a la facultad conferida a la Asamblea Legislativa del Distrito F. para legislar en materias referentes a la entidad, si no pudiera sustituir, en cumplimiento de ese precepto transitorio los ordenamientos legales existentes con anterioridad.

Respecto del tercer concepto de invalidez:

54) Los accionantes alegan por una parte, la supuesta falta de competencia de las Comisiones de A.�n Especial a G.V. y la de Desarrollo Social para emitir el dictamen sobre la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F., y por otro, la supuesta falta en el procedimiento parlamentario pues afirman que no se cumplieron los requisitos de forma al momento de citar a la reuni�n de trabajo de dichas comisiones que se celebr� el d�a siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho; en el caso, adem�s de que fueron cumplidos todos los requisitos formales establecidos en la L.O.�nica de la Asamblea Legislativa del Distrito F. y su reglamento respectivo, esas supuestas faltas al procedimiento no var�an el fondo de la ley que se aprob� y public�, sin contravenir lo dispuesto por el art�culo 16 constitucional.

55) Como se desprende de las versiones estenogr�ficas de la sesi�n de trabajo de las Comisiones de Desarrollo Social y de A.�n a G.V. celebrada el siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, as� como de la sesi�n plenaria efectuada el diez de diciembre del mismo a�o, los proyectos con decreto de iniciativa de ley que presentaron los diputados S.L.M.�a H.�ndez y V.J.F. en conjunto, S.I.C.C.�s por un lado y A. Rojas D�az Dur�n, fueron debidamente estudiados, discutidos y aprobados tanto en las comisiones dictaminadoras, como en la referida sesi�n plenaria.

56) Con relaci�n a la pretendida falta de competencia de las comisiones unidas multicitadas, es aplicable lo dispuesto por los art�culos 79 y 80 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea de Representantes del Distrito F., los cuales se�alan claramente que el turno de asuntos a las comisiones que integran la asamblea, no corresponde a un procedimiento r�gido o establecido por materias determinadas; es decir, con lo dispuesto por el legislador en los art�culos mencionados, se desprende el inter�s del mismo por el desahogo del trabajo legislativo no necesariamente por la materia de las iniciativas de ley que se presenten, sino m�s bien por el inter�s de que dicho trabajo sea abordado en forma din�mica.

57) No puede afirmarse que la convocatoria objetada por los accionantes, carezca de un requisito formal de validez, pues independientemente de que los art�culos 87 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea de Representantes del Distrito F. se�alan los requisitos para las convocatorias, tambi�n debe estarse a lo dispuesto por el art�culo 3o. del mismo, debiendo ajustarse as� al principio de que lo que resulta aplicable al Pleno de la asamblea lo es tambi�n para el trabajo de las comisiones que la integran.

58) Que a la sesi�n de fecha siete de diciembre referida anteriormente, como se desprende de la copia certificada de la versi�n estenogr�fica, se presentaron los siguientes diputados miembros de las comisiones unidas se�aladas: P. de Anda M�rquez, V.J.F., Mar�a Ang�lica Luna y P. y T.L., J.L.B.G., E.C.C., F.C.F., D.S.C. y Y.T.M.�n, convalidando con su presencia el conocimiento previo que ten�an del lugar en el cual se realiz� la sesi�n de trabajo respectiva, por lo que la convocatoria resulta totalmente v�lida y legal.

59) Es incorrecto lo argumentado por los diputados promoventes en cuanto a que se debe considerar inconstitucional la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F. impugnada porque en el art�culo segundo transitorio de la misma se abrog� una supuesta ley inexistente, toda vez que la reforma efectuada en el a�o de mil novecientos setenta y cuatro �nicamente modific� la denominaci�n de la misma y no as� todo el ordenamiento legal, independientemente de que, tal y como lo se�ala el inciso f) del art�culo 72 constitucional "en la interpretaci�n, reforma o derogaci�n de las leyes o decretos, se observar�n los mismos tr�mites establecidos para su formaci�n", por lo que, en relaci�n a la invalidez que por esta raz�n hacen valer, la misma resulta improcedente puesto que para la creaci�n y posterior promulgaci�n y publicaci�n de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F. se cumplieron con todas las formalidades de la ley.

S�PTIMO

El jefe de Gobierno del Distrito F. al formular su informe, en s�ntesis manifest� lo siguiente:

Respecto del primer concepto de invalidez:

1) De conformidad con lo dispuesto en los incisos g) e i) de la base primera, fracci�n V, del art�culo 122 constitucional, el �rgano legislativo del Distrito F. est� expresamente facultado para legislar en materia de asistencia social.

2) Cuando un particular realiza actos tendientes a proporcionar apoyo a una persona o a un grupo de personas, con bienes de su propiedad, pero designadas individual o espec�ficamente, realiza actos de asistencia privada propiamente, como por ejemplo, cualquier acto de donaci�n o de gracia.

3) Los actos asistenciales que realiza el Estado a trav�s de sus agentes, de acuerdo a las normas relativas aplicables y conducentes, y con recursos p�blicos, son actos de asistencia p�blica. En este sentido, los actos asistenciales que realiza el Gobierno del Distrito F., con recursos propios, y a trav�s de sus �rganos competentes, constituyen la asistencia p�blica propia del Gobierno del Distrito F..

4) Cuando varios particulares deciden constituir una instituci�n, regulada por una ley espec�fica, para realizar actos asistenciales, con bienes destinados por un tercero expresamente a este fin, sin que se designe individualmente a los beneficiarios, indudablemente se combinan las actividades y bienes de origen privado, con disposiciones, y actividades p�blicas para constituir un producto social.

5) Desde el punto de vista doctrinal como del derecho positivo, las instituciones de asistencia privada realizan conductas objetivas que constituyen la materia de la asistencia social.

6) Las instituciones de asistencia privada, pueden ser sujeto activo de la conducta objetiva reconocida por la ley, y por la doctrina, como asistencia social, por lo que, es evidente que al otorgarse a la Asamblea Legislativa del Distrito F. la facultad para legislar en materia de asistencia social, es claro que se le otorga l�gica y necesariamente la atribuci�n para regular la actividad de los sujetos activos de dicha materia, esto es, las instituciones de asistencia privada para el Distrito F..

7) De acuerdo con el art�culo 25 constitucional, la figura jur�dica de la asistencia social se integra con un conjunto de bienes de origen privado, afectos a un fin asistencial, o de auxilio social, por voluntad de un tercero, administrados por una instituci�n privada, de conformidad con la administraci�n p�blica, que asume el deber de vigilar que tales bienes se destinen a los fines espec�ficos y que el auxilio social se preste en los t�rminos de la ley de la materia.

8) Partiendo de que la asistencia social est� constituida por un objeto o fin l�cito, que es el auxilio o solidaridad ante grupos vulnerables, debe arribarse, necesariamente, a la consecuencia de que para que se verifique dicho fin, se requiere la actividad de un sujeto activo que realice la conducta tendiente a la consecuencia del fin propuesto, y ese agente o sujeto, est� constituido precisamente por las instituciones de asistencia privada.

9) Es infundado lo alegado por la parte accionante, en el sentido de que, para que la Asamblea Legislativa del Distrito F. pudiera legislar en cuanto a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F., era necesario que la C.�n expresamente la facultara para hacer lo propio respecto de los sujetos activos de la asistencia social, ya que es evidente que se encuentra facultada para legislar en materia de asistencia social, incluyendo la materia propia de la prestaci�n de los actos o servicios asistenciales, y a la materia org�nica de las instituciones prestadoras de dichos servicios.

10) El t�rmino "expresamente" desde el punto de vista jur�dico, implica la voluntad del legislador para conferir todas aquellas facultades que permitan obtener los fines pol�ticos y sociales que la propia C.�n ha establecido, por lo que no es correcta la interpretaci�n que sobre ese punto realiza la parte impugnante porque no es lo mismo tener "facultades expresas" que "facultades casu�sticas", pues pretender que en forma espec�fica, concreta y directa la C.�n faculte a la Asamblea Legislativa para emitir leyes en materia de "instituciones de asistencia privada" es incurrir en una grave confusi�n, ya que se restringir�a de facto, la voluntad que el Constituyente Permanente plasm� espec�ficamente en el art�culo 122, apartado C, base primera, fracci�n V, inciso i), donde facult� a la asamblea para expedir leyes y para normar todo lo relativo a la protecci�n civil, a la salud y a la asistencia social, y a la previsi�n social para el Distrito F..

11) Que dicha facultad debe interpretarse de manera arm�nica ya que, en un mismo contexto, al existir la facultad para regular la asistencia social, necesariamente debe reconocerse a las instituciones de asistencia privada, como importantes agentes o sujetos a trav�s de los cuales pueden hacerse efectivos los actos de asistencia social a favor de los habitantes o personas del Distrito F., sin que por ello pueda hablarse del ejercicio de una facultad t�cita, como err�neamente lo sostiene la contraparte, sino, como una facultad expresa, concepto distinto de una facultad casu�stica.

12) La Asamblea Legislativa del Distrito F. no se arrog� facultades que no le estuviesen expresamente otorgadas por la C.�n, pues, si se conviene en el hecho de que las instituciones de asistencia privada, desarrollan la asistencia social, forzosamente habr� de concluirse que ello no implica una ampliaci�n forzada de facultades, ya que, es de elemental l�gica que, si la C.�n otorga facultades expresas sobre una determinadamateria (asistencia social), tal facultad debeentenderse l�gica y jur�dicamente otorgada para cada una de las partes, rubros, o t�tulos espec�ficos de dicha materia en general, con inclusi�n de las instituciones que desarrollan los actos asistenciales objeto de la regulaci�n de la ley, pues, en la hip�tesis contraria, se har�a nugatoria una facultad para legislar o regular determinada materia, ante la imposibilidad de regular la conducta de las personas que realizaran los actos configurativos de dicha materia, lo cual constituir�a una aberraci�n jur�dica, ya que, uno de los elementos de existencia de los actos jur�dicos est� constituido, precisamente por los sujetos de tales actos, en la especie, las instituciones de asistencia privada.

13) Es inexacto que con la expedici�n de la ley que se impugna, se limite o contravenga la fracci�n I del art�culo 89 constitucional, habida cuenta que, en el caso concreto, queda intocada la facultad que tiene el presidente de la Rep�blica de reglamentar las leyes que expida el Congreso de la Uni�n, en su calidad de �rgano legislativo dentro del �mbito federal, en tanto que dicha facultad bajo ninguna circunstancia puede ser ejercitada sobre leyes que expida la Asamblea Legislativa del Distrito F., pues ello implicar�a una intromisi�n del Ejecutivo F. en el �mbito local.

14) Resultan inaplicables, aun en forma ejemplificativa, los antecedentes mencionados por la parte accionante con los que pretende sostener que para que la Asamblea Legislativa pudiera legislar en el �mbito relativo a instituciones de asistencia privada, era necesario que la C.�n F. textualmente contuviera dicha frase, ya que no est�n referidos a los agentes, sujetos o partes de la materia cuya regulaci�n expresamente queda a cargo de la Asamblea Legislativa del Distrito F..

15) Que la facultad expresa otorgada a la Asamblea Legislativa del Distrito F. para legislar en materia de asistencia social, incluye necesariamente la facultad para regular a los sujetos activos de los actos jur�dicos asistenciales.

16) Que la atribuci�n espec�fica en cuanto a la facultad del jefe de Gobierno del Distrito F. para "nombrar y remover al presidente de la Junta de Asistencia Privada del Distrito F., de acuerdo con lo que disponga la ley", consignada en la fracci�n V, del art�culo 67 del Estatuto de Gobierno (decreto de reformas publicado en el D.O.F. el cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y siete), no es ilimitada, por el contrario, est� referida a la ley, pero no se menciona de manera expresa que se trata de la ley que expida el Congreso de la Uni�n, ya que, cabe la interpretaci�n de que, independientemente de las atribuciones que otorgara la ley de asistencia social que expidiera la Asamblea Legislativa del Distrito F., se consider� conveniente reservar, para todos los efectos legales, como atribuci�n propia del jefe de Gobierno nombrar y remover al presidente de la Junta de Asistencia Privada del Distrito F., atendiendo a la naturaleza jur�dica y actividades propias de tal instituci�n.

17) Que como lo reconoce la parte accionante, no es extra�a la circunstancia de que en la ley anterior se diera intervenci�n a �rganos federales para organizar y vigilar las instituciones de beneficencia privada, pues resulta claro que dicha ley es anterior a las reformas que otorgan expresamente la facultad de legislar en materia de asistencia social a la Asamblea Legislativa del Distrito F..

18) El hecho de que el art�culo 122 de la C.�n F. contemple que en materia de atribuciones legislativas para el Distrito F., corresponder� a esta entidad exclusivamente lo que le est� expresamente atribuido, y a la Federaci�n todo aquello que no est� conferido para el legislador local, principio opuesto al consagrado en el art�culo 124 de la misma, en el sentido de que corresponde a los Estados todo aquello que no est� expresamente reservado a la Federaci�n, evidentemente no implica que, en el caso que nos ocupa la materia relativa a los sujetos activos de la asistencia social, quede t�citamente otorgada a la Federaci�n, al no estar expresamente asignada al Distrito F., ya que no es necesario, para que una facultad se entienda expresamente otorgada, que su denominaci�n se repita gramaticalmente, cual si se tratara de las frases sacramentales del antiguo derecho romano.

19) El hecho de que la fracci�n III del art�culo 27 constitucional distinga entre beneficencia o asistencia privada, y beneficencia o asistencia p�blica, no implica que la ley impugnada sea contraria a la C.�n, por el contrario, confirma que la acci�n asistencial de los particulares, debe ser coordinada a trav�s de la actividad administrativa que la haga eficaz, tanto para que se cumpla con el objeto social propio de esta figura, como para que se satisfaga el fin al que quedan afectos los bienes destinados a la asistencia, por lo que, la ley en comento, no solamente no contraviene ese precepto constitucional, sino que lo complementa para hacer viable en la pr�ctica, tales disposiciones constitucionales.

20) Que el hecho de que el texto constitucional haga una determinaci�n precisa de limitaci�n en la adquisici�n de bienes ra�ces, no implica que la ley en comento devenga en inconstitucional. Adem�s, la contraparte se limit� a mencionar que los art�culos 24 al 27 y del 60 al 69 contradicen el texto constitucional, sin justificar su aserto, por lo que afirmaciones tan vagas, abstractas, generales e imprecisas son insuficientes para demostrar la inconstitucionalidad de la ley.

21) De la fracci�n III del art�culo 27 constitucional no se advierte t�cita ni menos a�n expresamente, que la materia de instituciones de asistencia privada sea una reserva del Congreso de la Uni�n.

22) Resulta intrascendente el argumento consistente en que la ley usa el concepto de "utilidad p�blica" indebidamente, ya que dicho concepto, seg�n la contraparte, est� vinculado a la figura jur�dica de la expropiaci�n, pues si bien, el concepto de utilidad p�blica, tradicionalmente ha sido vinculado a la materia de la expropiaci�n, ello no implica que terminol�gicamente no pueda ser usado para vincularlo a la materia que regula la actividad de las instituciones privadas que presten asistencia social.

23) Que no hay raz�n para tratar de restringir de forma tan dogm�tica el lenguaje legislativo, que s�lo pretende indicar que las instituciones de asistencia privada realizan una labor �til a la sociedad, es decir, por ser de utilidad p�blica. A mayor abundamiento, cabe destacar que la Asamblea Legislativa del Distrito F. respet� la redacci�n de la anterior ley, que en su art�culo s�ptimo se�alaba que "Las instituciones de asistencia privada se consideran de utilidad p�blica", conservando as� el concepto con el fin de hacer expl�cita la importancia social que para el inter�s colectivo representa la actividad de las instituciones de asistencia privada.

24) Sobre la afirmaci�n de que el jefe de Gobierno del Distrito F. no debi� haber promulgado una ley presuntamente inconstitucional, debe concluirse que la compilaci�n legislativa en cuesti�n, no contraviene, ni en cuanto a su forma, ni en cuanto a su contenido, lo dispuesto por la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

Respecto del segundo concepto de invalidez:

25) Salvo disposici�n en contrario, las facultades legislativas s�lo pueden entenderse conferidas para emitir tanto normas org�nicas como sustantivas, competenciales como de fondo, regulativas como organizativas, de otro modo, tendr�amos nuevamente la situaci�n absurda e il�gica de una asamblea local expidiendo ordenamientos sustantivos y generales, y un Congreso de la Uni�n complementando tales leyes con otras accesorias, sean de car�cter org�nico, adjetivo, etc�tera.

26) Respecto a que la facultad otorgada a la Asamblea Legislativa del Distrito F. est� referida a "salud y asistencia social", como concepto indisoluble, conviene precisar que, si bien, la materia de salud es fundamental dentro del rubro de asistencia social, este �ltimo concepto, la asistencia social (que es gen�rico en cuanto a los distintos aspectos sociojur�dicos que pueden afectar a grupos o individuos vulnerables), no se agota en el concepto espec�fico de salud, pues, tambi�n abarca, educaci�n, nutrici�n, habitaci�n, suministro o abastecimiento de agua, electricidad y servicios b�sicos, deportes, etc�tera y en general, cualquier aspecto de la vida sociojur�dica que permita un desarrollo integral del individuo y de las personas pertenecientes a grupos vulnerables.

27) Existen dos tipos de facultades otorgadas a la Asamblea Legislativa del Distrito F. y que son:

  1. Facultades plenas para legislar en materia de asistencia social, as� en cuanto a su contenido, como en cuanto a su aspecto org�nico.

  2. Facultades concurrentes con las del Congreso de la Uni�n para legislar en materia de salud, de acuerdo con lo dispuesto en los art�culos cuarto y 74, fracci�n XVI, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

28) El hecho de que solamente se haya legislado en cuanto a la asistencia social, sin tocar la materia espec�fica de salud, no implica que dicha ley sea inconstitucional por no abarcar la materia de salud, pues, en ese caso, tambi�n podr�a alegarse que es inconstitucional por no abarcar el aspecto educacional, etc�tera.

29) Si la Asamblea Legislativa del Distrito F. est� facultada para legislar en materia de asistencia social y salud, y s�lo ejercita la primera parte de dicha facultad, ello no implica que est� abusando de las facultades que le otorga la C.�n, sino, en todo caso, el ejercicio moderado de tal facultad, que no se juzg� pertinente agotar, lo cual, no convierte a la norma expedida en tales circunstancias en una norma inconstitucional.

30) La facultad propia del Congreso de la Uni�n para legislar en salubridad general, est� en armon�a l�gica y jur�dica con el concepto gen�rico de asistencia social, por lo tanto, los servicios de salud para asistir a grupos vulnerables se prestan en concurrencia, colaboraci�n y concertaci�n entre la Federaci�n, las entidades federativas y el Distrito F., pero, los servicios asistenciales que no sean relativos a la materia de salud o de salubridad, desde luego, constituyen una materia competencial exclusiva de la Asamblea del Distrito F., y de las Legislaturas Locales.

31) Sobre el argumento consistente en que, la Asamblea Legislativa del Distrito F. carece de facultades para legislar en materia civil y que, supuestamente, la ley tildada de inconstitucional contiene normas de car�cter civil, debe se�alarse, aun cuando el contenido de diversos numerales de la ley en cita puedan generar consecuencias propias del derecho civil, respecto a entes privados, derivadas de contratos y sucesiones, ello no implica que la asamblea haya emitido una legislaci�n de car�cter civil, sino que, de acuerdo a las facultades que tiene, regula la organizaci�n de instituciones de asistencia privada, pero s�lo en tanto que tales personas jur�dicas encuadren, de acuerdo con su naturaleza jur�dica y actividades en las hip�tesis normativas propias de la asistencia social.

32) Si el propio C�digo Civil (para el Distrito F. en materia local, y para todo el territorio de la Rep�blica en negocios de fuero federal), en sus art�culos 1330, 1668, 2687 y 2892 entre otros, remite expresamente a una ley espec�fica de las instituciones de asistencia privada, queda claro que cuando una persona jur�dica realice las actividades que encuadran en los supuestos o hip�tesis normativas de la ley espec�fica, obviamente resultar� aplicable esta ley.

33) Si se compara el contenido de las legislaciones de los Estados miembros de la Federaci�n, con el contenido de la ley tildada de inconstitucional se puede concluir que, de acuerdo a las Legislaturas Locales, la tendencia actual, en materia de asistencia social, es la de regular, desde luego, la parte relativa al contenido y alcance de la asistencia, pero tambi�n el aspecto sustantivo de la prestaci�n del acto asistencial y el org�nico de las instituciones de asistencia privada.

34) Respecto a lo alegado en el sentido de que una ley emitida por la Asamblea Legislativa, s�lo puede derogar o abrogar leyes emitidas por el Congreso de la Uni�n, s� existe declaraci�n espec�fica en ese sentido del art�culo transitorio decimotercero del decreto de reformas constitucionales publicado en el D.O.F. correspondiente al d�a veintid�s del mes de agosto del a�o de mil novecientos noventa y seis, que advierte que si como sucede en la especie, el �rgano competente, esto es, la Asamblea Legislativa del Distrito F. emite una ley que regule una materia que, hasta entonces, regulaba otra ley emitida por la Federaci�n, aqu�lla sustituye a �sta.

Respecto del tercer concepto de invalidez:

35) El hecho de que la iniciativa de la ley impugnada se haya turnado a las Comisiones de Desarrollo Social y A.�n Especial a G.V. de la Asamblea Legislativa del Distrito F., no implica que tales comisiones sean incompetentes para conocer en cuanto al contenido y alcance de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F., por el mero hecho exclusivamente formal, de que los nombres de tales comisiones no coincidan con el de la ley emitida.

36) Que la parte accionante al sostener la incompetencia de determinadas comisiones de la asamblea, atendiendo a su denominaci�n, incurre en una confusi�n parecida a la que se manifest� en cuanto a la denominaci�n de la ley, ya que, se insiste en que la evoluci�n hist�rica de la doctrina y del derecho positivo mexicano, han sustentado invariablemente el criterio de que los actos jur�dicos en general no deben ser valorados en atenci�n a su forma, salvo que as� lo exija la ley, que no es el caso, sino atendiendo a su contenido.

OCTAVO

Por oficio n�mero PGR 096/99 presentado ante la persona autorizada por el secretario general de Acuerdos de esta Suprema C.e de Justicia de la Naci�n para tal efecto el veintis�is de febrero de mil novecientos noventa y nueve, el procurador general de la Rep�blica en su pedimento, plantea argumentos tanto en pro como en contra de la declaratoria de inconstitucionalidad, los que en s�ntesis son los siguientes:

1) La acci�n y v�a intentada son las correctas pues se surten las hip�tesis contenidas en los art�culos 105, fracci�n II, inciso e) de la C.�n F. y 62 de la ley reglamentaria de la materia, en tanto que del contenido del escrito de demanda se desprende que se encuentra suscrita por un total de 27 diputados pertenecientes a la I Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito F., que se traduce en un 40.90% de la integraci�n total de ese �rgano legislativo que es de 66 miembros, adem�s de que se cuestiona la posible contradicci�n de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F. y la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

2) Al ser presentada la demanda el doce de enero de mil novecientos noventa y nueve, se encuentra interpuesta en tiempo.

3) Los promoventes cuentan con la legitimaci�n procesal para promover la presente acci�n de inconstitucionalidad pues se cumple con el requisito establecido en el art�culo 105, fracci�n II, inciso e) de la C.�n General, as� como 62 de la ley reglamentaria del art�culo 105.

4) Del art�culo 43 de la L.O.�nica de la Asamblea de Representantes del Distrito F., se desprende que quien cuenta con la representaci�n de dicha asamblea en los recesos de la misma, es el presidente de la Comisi�n de Gobierno, por lo que, debe ten�rsele por acreditada la personalidad para comparecer en representaci�n de la Asamblea Legislativa del Distrito F. en la presente acci�n de inconstitucionalidad.

5) El art�culo 122 de la C.�n F. faculta al jefe de Gobierno del Distrito F. para representar a dicho poder en el presente juicio, por lo que, se acredita tanto la legitimaci�n procesal pasiva del Gobierno del Distrito F., como su representaci�n en la persona que se aperson� en su nombre.

Respecto del primer concepto de invalidez:

Argumentos en favor de la declaratoria de inconstitucionalidad:

6) Las facultades legislativas de la Asamblea Legislativa del Distrito F. est�n se�aladas de manera expresa en el art�culo 122, apartado C, base primera, fracci�n V de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, precepto que establece que corresponde al Congreso de la Uni�n el ejercicio de aquellas facultades que no se encuentran expresamente conferidas a la asamblea, lo que constituye un sistema de divisi�n de competencias inverso al que existe para la Federaci�n y los Estados. As�, el Congreso de la Uni�n tiene, respecto del Distrito F., las facultades que no est�n expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa.

7) Dentro de las facultades que la C.�n F. otorga a la Asamblea Legislativa, no se establece alguna, ni se desprende de ellas fundamento que le permita expedir una Ley de Instituciones de Asistencia Privada, pues en ninguno de los incisos del art�culo 122, apartado C, base primera de la fracci�n V, de la Carta Magna, se encuentra expresada dicha materia.

8) La necesidad de que la C.�n F. de manera expresa faculte a la asamblea para que pueda expedir una ley de instituciones y asistencia privada se demuestra si se toma en cuenta que para poder expedir la Ley sobre Adquisiciones y Obra P�blica del Gobierno Local, no obstante que ya contaba con la facultad para legislar en materia de administraci�n p�blica local, fue necesario que dicha facultad se previera de manera expresa en la C.�n, lo que ocurri� con el decreto de reformas constitucionales de mil novecientos noventa y seis; lo mismo ocurri� trat�ndose de la previsi�n para normar el Registro P�blico de la Propiedad y de Comercio, que cuenta con una previsi�n expresa a pesar de tener la facultad gen�rica para legislar en materia civil, dentro de la cual se comprende.

9) Es err�neo que la Asamblea Legislativa fundamente la emisi�n de la ley demandada en su facultad para normar las materias de administraci�n p�blica local, salud y asistencia social, pues en ellas no queda incluida la materia de asistencia privada.

10) El objeto de la ley impugnada es regular a las instituciones de asistencia privada, como entidades de naturaleza privada, con personalidad jur�dica y patrimonio propio, de ninguna manera regular y normar la organizaci�n del Gobierno del Distrito F., ya que no podr�an confundirse como iguales a entidades tan distintas y definidas, como lo son las instituciones de asistencia privada, por una parte, y la administraci�n p�blica del Distrito F., por la otra.

11) Es improcedente que la Asamblea Legislativa del Distrito F., apruebe una ley que tiene por objeto regular a las instituciones de asistencia privada, con fundamento en el inciso g) multicitado, cuando estas instituciones no son �rganos locales del Gobierno del Distrito F., puesto que, como ya se dijo, las instituciones son entidades con personalidad jur�dica y patrimonio propio, de naturaleza privada.

12) Suponiendo sin conceder que la Asamblea Legislativa pretenda fundarse en el inciso g) aludido para emitir la ley que se combate, s�lo por lo que respecta a normar la parte relativa al cap�tulo X de dicha ley denominado "De la Junta de Asistencia Privada del Distrito F.", considerando el legislador local que en uso de sus facultades para legislar en materia de administraci�n p�blica local, podr�a normar el esquema de organizaci�n y funcionamiento de la Junta de Asistencia Privada del Distrito F., en su car�cter de �rgano desconcentrado de la administraci�n p�blica local, con autonom�a t�cnica y operativa,jer�rquicamente subordinado al jefe de Gobierno delDistrito F., tampoco pareciera aplicable el precepto constitucional invocado, toda vez que el �mbito de la ley que se impugna, no se limita �nicamente a la organizaci�n y funcionamiento de la Junta de Asistencia Privada del Distrito F., sino que el principal objeto es regular, organizar, vigilar a las instituciones de asistencia privada.

13) Respecto del inciso i) de la fracci�n V, base primera, apartado C del art�culo 122 constitucional, los conceptos "salud" y "asistencia social", no son sin�nimos de asistencia privada, ni pueden considerarse que tengan relaci�n jur�dica, de significado, o de naturaleza, con las instituciones de asistencia privada.

14) Si la Asamblea Legislativa est� facultada para legislar en materia de salud y asistencia social, y �stas son distintas a la asistencia privada y, m�s a�n, a la figura en s� de las instituciones de asistencia privada, como entidades morales con personalidad jur�dica y patrimonio propio, es evidente que no puede legislar en tal materia, ni mucho menos expedir una ley para regular su forma de creaci�n y funcionamiento.

15) Existen dos corrientes de pensamiento que coinciden en se�alar que asistencia social es un concepto distinto de asistencia privada.

La primera se�ala que asistencia social es igual a asistencia p�blica, por ende, distinta de la privada, en tanto que la asistencia social se ejerce con recursos p�blicos y la asistencia privada se ejerce con recursos privados provenientes de los particulares.

La segunda, establece que la asistencia social es distinta de la asistencia p�blica y de la privada, en cuanto que, la primera representa la ayuda que se brindan entre s� los miembros de una misma agrupaci�n, la segunda representa la ayuda social que el Estado brinda a sus gobernados con recursos p�blicos, y la tercera es la actividad humanitaria realizada por particulares con recursos privados.

16) Que la asistencia p�blica, es aquella que presta directamente el Estado a sus gobernados, a trav�s de los recursos p�blicos.

17) La asistencia social es reconocida en dos vertientes: como la que prestan las instituciones p�blicas de seguridad social y, como concepto integral de ayuda para los individuos pertenecientes a una agrupaci�n social.

18) La asistencia privada es aquella que prestan las instituciones constituidas y reconocidas como instituciones de asistencia privada, las que en su car�cter de entidades morales con personalidad jur�dica y patrimonio propio, sin fines de lucro, realizan actos asistenciales y humanitarios sin designar individualmente a los beneficiarios.

19) Las tres especies de asistencia son as� categ�ricamente distintas, por lo que no ser�a posible determinar que la asistencia social, comprende a la privada.

20) Puede concluirse que la Asamblea Legislativa del Distrito F., cuenta con la facultad de legislar a la asistencia social, mas no as� a la asistencia privada, puesto que tal facultad se encuentra conferida al Congreso de la Uni�n, a partir del r�gimen competencial que establece la Ley Fundamental.

21) En el caso, parece que la facultad con que la asamblea emiti� la norma impugnada, no le est� expresamente conferida, sino que resulta de una interpretaci�n equ�voca en la que se confunde la asistencia social con la asistencia privada.

22) Se debe estar atento al r�gimen competencial que establece la C.�n y no perder de vista la rigidez y exhaustiva enumeraci�n de facultades que la Ley Fundamental hace en favor de la asamblea, de tal manera que cuando se ha querido referir a una materia, lo hace de manera expresa y sin lugar a dudas, por lo que resultar�a cuestionable que en el caso se realice una interpretaci�n que permita incorporar a la disposici�n constitucional elementos que no contiene, bajo el formato de facultades impl�citas.

23) La C.�n y el Estatuto de Gobierno se�alan de manera clara el r�gimen cerrado de facultades de la asamblea, haciendo una enunciaci�n expresa de materias que puede legislar, dentro de las cuales no aparece la relativa a la asistencia privada, sin que pueda extender ese l�mite de facultades expresamente enunciado, ni por analog�a, por igualdad, mayor�a de raz�n, o impl�citamente, a casos distintos de los previstos.

24) Una interpretaci�n as� realizada dar�a al �mbito competencial de la asamblea un contenido distinto al que le se�ala la C.�n, pues se estar�an creando nuevas facultades, lo que significar�a sustituirse en una voluntad del �rgano revisor de la Ley Fundamental, que es el �nico facultado para ampliar las facultades de la Asamblea Legislativa del Distrito F..

25) La S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico tiene injerencia dentro de la Junta de Asistencia Privada del Distrito F., lo que obedece al r�gimen fiscal especial de las instituciones de que se trata, cuyo patrimonio se ve incrementado en buena medida por el sistema de deducibilidades, cuyo otorgamiento requiere de autorizaci�n por parte de dicha dependencia.

26) Por lo anterior, si est� prevista la intervenci�n de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico federal, en un �rgano de direcci�n, entonces la autoridad facultada para expedir la ley que regule esa intervenci�n debiera ser el Congreso de la Uni�n, por ser el �nico �rgano facultado para conferir facultades a las dependencias de la administraci�n p�blica federal.

27) En el presente caso, la ley impugnada le confiere a la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico un peso espec�fico en la Junta de Asistencia Privada, lo que puede llevar a concluir que es el Congreso de la Uni�n quien cuenta con la facultad de legislar en dicha materia, regulando a dependencias federales.

28) Lo anterior no aplica en relaci�n con las normas de asistencia privada de los Estados, que cuentan con facultades plenas para legislar en la materia, pero trat�ndose del Distrito F. es distinto, pues debemos tener presente su r�gimen cerrado de competencias, en el cual si no puede legislar localmente en materias que no tiene atribuidas, con menor raz�n en relaci�n con dependencias del Ejecutivo F..

29) Se corrobora que la facultad de legislar en materia de asistencia privada, corresponde al Congreso de la Uni�n, toda vez que en la misma intervienen autoridades federales, cuya normatividad no puede ser emitida por la Asamblea Legislativa del Distrito F..

30) La Ley del Impuesto sobre la Renta establece las mismas actividades para personas morales no contribuyentes, que las que la Ley General de Salud considera como asistencia social.

31) Como resultan aplicables a las instituciones de asistencia privada tanto la Ley General de Salud, como la del Impuesto sobre la Renta, que son de naturaleza federal y emitidas por el Congreso de la Uni�n, se puede concluir que la materia que regula la ley impugnada goza de plena autonom�a, pues cuenta con un contenido propio, en el cual se comprende todo lo referido a su constituci�n y funcionamiento.

32) Considerando la distinci�n entre asistencia privada y asistencia social, las peculiaridades de aqu�lla en materia fiscal federal, y, su autonom�a, se puede colegir que para que la Asamblea Legislativa tuviera facultades normativas, �stas deber�an estar expresamente conferidas en la Ley Fundamental.

33) Conforme al art�culo 27, fracci�n III de la C.�n F., el legislador secundario se encuentra obligado a incluir previsiones relativas a los bienes de las instituciones de beneficencia p�blica y privada, lo que puede implicar la existencia de una facultad del Congreso de la Uni�n para legislar en materia de instituciones de asistencia privada, toda vez que la misma no se encuentra conferida de manera expresa para la asamblea.

34) La C.�n distingue entre instituciones de beneficencia privada y de beneficencia p�blica, no obstante marcar las mismas limitaciones para ambas, la distinci�n es irrelevante, lo que importa es que se concede la facultad legislativa sobre su organizaci�n y funcionamiento al Congreso de la Uni�n, sobre todo si tomamos en cuenta que la intenci�n del Constituyente al imponerle tal prohibici�n, se inspir� en razones de car�cter hist�rico y econ�mico, de tal forma que las adquisiciones que realizaran no tuvieran el car�cter de permanente y se destinaran, �nicamente, al cumplimiento de su objeto.

35) Es factible concluir que toda vez que la C.�n F. realiza una previsi�n expresa para regular determinados aspectos de la materia que nos ocupa, la misma le da un tratamiento aut�nomo, y no resultar�a congruente considerar que m�s adelante, esa autonom�a quedar�a subsumida, sin mayor raz�n ni explicaci�n, en otra gen�rica y por tanto, para que la Asamblea Legislativa del Distrito F. contara con la facultad para legislar en la materia de asistencia privada, ser�a necesario que la N.S., expresamente, as� lo dispusiera.

36) Del art�culo 27, fracci�n VI, de la C.�n F., se desprende que la declaraci�n, realizada en una ley, respecto a la existencia de una causa de utilidad p�blica, tiene como finalidad permitir a la autoridad administrativa la expropiaci�n, la ocupaci�n o la simple limitaci�n de los derechos de dominio. En el Distrito F., la Asamblea Legislativa no tiene concedida expresamente esa facultad, por lo que corresponde al Congreso de la Uni�n, lo que lleva a concluir que la ley impugnada fue emitida fuera de competencias constitucionales.

Argumentos en contra de la declaratoria de inconstitucionalidad:

37) Existen argumentos con base en los cuales es posible afirmar que la ley que se tilda de inconstitucional, est� expedida por un �rgano expresamente facultado para legislar en materia de asistencia social y, por tanto, para regular lo relativo a los sujetos activos de los hechos y actos asistenciales que configuran la asistencia social, entre las que se encuentra la asistencia privada.

38) Conforme a los art�culos 122 constitucional y 43 del Estatuto de Gobierno del Distrito F., la Asamblea Legislativa estableci� en la ley impugnada, la organizaci�n y funcionamiento de la Junta de Asistencia Privada que es un �rgano administrativo desconcentrado de la administraci�n p�blica del Distrito F., con autonom�a t�cnica y operativa, jer�rquicamente subordinado al jefe de Gobierno. Cabe destacar que tanto la ley anterior, como la hoy impugnada, establecen en los art�culos 83 y 70, respectivamente, lo mismo.

39) Al ser la Junta de Asistencia Privada un �rgano desconcentrado de la administraci�n p�blica local, la cual se encuentra jer�rquicamente subordinada al jefe de Gobierno, existe la relaci�n directa con la materia en la cual se fundamenta la Asamblea Legislativa del Distrito F. para crear la ley que en esta v�a se impugna.

40) La asistencia social puede ser tanto p�blica como privada.

41) A partir de las reformas constitucionales de mil novecientos setenta y cuatro, mil novecientos ochenta y mil novecientos ochenta y tres, en las que se consagra el derecho a la protecci�n a la salud que asiste a toda persona, se crea un concepto m�s amplio al cual se le denomina asistencia social, que incluye los intereses y las necesidades de los incapacitados para trabajar y para procurarse atenciones m�dicas, de alimentaci�n, de indumentaria, de habitaci�n, imparti�ndoles la ayuda del Estado o reglamento a las instituciones privadas.

42) La asistencia social comprende todas las prestaciones de asistencia p�blica, pero con un esp�ritu diverso, pues no se basa en la caridad, sino en el deber social, por lo que es entendida como el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de car�cter social que impidan al individuo su desarrollo integral, as� como la protecci�n f�sica, mental y social de persona en estado de necesidad, desprotecci�n o desventaja f�sica y mental, hasta lograr su incorporaci�n a una vida plena y productiva.

43) La asistencia social, es entendida como el g�nero, es decir, su campo de acci�n es m�s amplio que la p�blica, motivo por el cual �sta es entendida como una especie de la primera.

44) Existe otra rama de la asistencia social, la privada, en la cual entidades particulares ejecutan actos, cuyos fines son humanitarios, sin prop�sito de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios, los cuales tienen como finalidad prestar al mismo tiempo que el Estado, los servicios asistenciales, es decir, ayudar a los m�s desprotegidos.

45) La diferencia que existe entre la asistencia social privada y la p�blica es, en primer t�rmino, el sujeto que la realiza, por un lado se encuentra el Estado y, por otro, el particular y, en segundo, los recursos con los que se presta la asistencia, pues unos son del erario p�blico, mientras que los otros derivan del particular.

46) Por lo que toca a la materia de salud, �sta encuentra su fundamento en la C.�n F., la cual establece la facultad del Congreso de la Uni�n, para legislar en materia de salubridad general en la Rep�blica, de conformidad en el art�culo 73, fracci�n XVI.

47) Por lo que respecta a la facultad de la Asamblea Legislativa para reglamentar a las materias de salud y asistencia social, �stas tienen su fundamento constitucional en el art�culo 122, as� como en lo estipulado en el numeral 43, fracci�n XIII, del Estatuto de Gobierno del Distrito F., de donde se desprende la existencia de facultades concurrentes, es decir, aquellas coincidentes que son ejercidas por la Federaci�n a trav�s del Congreso de la Uni�n y por el Distrito F. por conducto de la Asamblea Legislativa, dentro de sus respectivas jurisdicciones.

48) Las materias de salud y asistencia social, se encuentran reglamentadas en la Ley General de Salud, que es de jurisdicci�n federal, por lo que se puede inferir que existe concurrencia entre los diversos Poderes de la Federaci�n para reglamentarlas.

49) Con base en esa concurrencia, la citada ley general, establece un Sistema Nacional de Salud, que tiene como principal funci�n, proporcionar los servicios de salud a toda la poblaci�n en general, as� como colaborar al bienestar social mediante servicios de asistencia social, con el objeto de mejorar la calidad de vida de los m�s necesitados.

50) Del art�culo 5o. de la Ley General de Salud, se desprende que el Sistema Nacional de Salud, incluye tanto a las dependencias y entidades de la administraci�n p�blica federal y local, as� como a los sectores social y privado, dentro de los cuales se encuentran las instituciones de asistencia privada que tengan por objeto dar cumplimiento al derecho a la protecci�n de la salud.

51) Los organismos del sector p�blico o privado que presten los servicios de salud, entendidos como todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad, de conformidad con lo estipulado en el art�culo 23 de la Ley General de Salud, son parte integral del Sistema Nacional de Salud.

52) Conforme al art�culo 24 de la Ley General de Salud, dentro de los servicios de salud, que se consagran en la citada ley, destaca la asistencia social.

53) De los art�culos 5o. y 167 de la Ley General de Salud, se desprende que las dependencias y entidades de la administraci�n p�blica federal y local, as� como los sectores social y privado, que realicen acciones tendientes a mejorar y modificar el estado de necesidad f�sica, mental y social de cualquier individuo, estar�n dentro del rubro de asistencia social.

54) Que del art�culo 168 de la Ley General de Salud, se observa, dentro de las principales actividades de la asistencia social, la atenci�n a personas que, por sus carencias socioecon�micas o por problemas de invalidez, est�n impedidas para satisfacer sus requerimientos b�sicos de subsistencia y desarrollo; la atenci�n en establecimientos especializados a menores y ancianos en estado de abandono o desamparo e inv�lidos sin recursos; la promoci�n del bienestar del senescente y el desarrollo de acciones de preparaci�n para la senectud.

55) La Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, conforme a su articulado, regular� las bases y procedimientos que promuevan la prestaci�n de los servicios de asistencia social que establece la Ley General de Salud, a cuyo efecto se debe garantizar la concurrencia y colaboraci�n de la Federaci�n, entidades federativas y los sectores social y privado, con lo cual queda acreditado que el sector privado realiza tambi�n funciones de asistencia social.

56) Conforme al art�culo 8o. de la Ley del Sistema Nacional de Asistencia Social la facultad para legislar en materia de asistencia privada, es parte de la facultad para hacerlo en relaci�n con la asistencia social, pues incluso las leyes federales que la reglamentan, primero distinguen claramente la asistencia privada y luego manda la existencia de sus leyes respectivas.

57) De los numerales antes referidos, se infiere que cualquier instituci�n de asistencia privada que realice actividades de asistencia social, se regir� por los ordenamientos espec�ficos que le sean aplicables, tal es el caso de la ley que ahora se impugna, teniendo aplicaci�n supletoria la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social.

58) El art�culo 1o. de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F., regula a las instituciones de asistencia privada que ejecuten actos de asistencia social.

59) La definici�n de asistencia social que contiene la ley impugnada, no dista de la establecida en la Ley General de Salud, antes bien, ambas se refieren al desarrollo integral del individuo en estado de necesidad, desprotecci�n o desventaja f�sica, mental y social.

60) Cualquier instituci�n de asistencia privada del Distrito F., que ejecute actos de asistencia social, tendientes a proteger al individuo en estado de necesidad, le ser� aplicable la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, toda vez que el fin que persigue es precisamente dichos servicios.

61) No es posible argumentar que la Asamblea Legislativa, carezca de facultades para emitir la ley que se impugna, ya que la materia de asistencia social, tiene un marco de acci�n general, el cual abarca tanto a la asistencia privada como a la p�blica, es decir, la social es entendida como el g�nero, mientras que las otras son la especie.

62) Partiendo de las consideraciones relativas a que la asamblea s� puede tener capacidad para legislar en la materia, resulta infundado el argumento de la parte actora, en el sentido de se�alar la existencia de facultades impl�citas para la Asamblea Legislativa para reglamentar a la asistencia privada, toda vez que, como es posible encontrar una facultad expresa para normar a dicha materia, en uso de tal facultad, se crea la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F..

63) La Asamblea Legislativa tiene competencia plena para expedir la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F., partiendo de la base de que la asistencia privada es una rama de la asistencia social, motivo por el cual existe plena identidad con la materia.

64) Al existir la facultad expl�cita de la Asamblea Legislativa para reglamentar a la asistencia social, se concluye que tambi�n puede hacerlo respecto de sus especies, es decir, tanto la p�blica como la privada, motivo por el cual no existe violaci�n al art�culo 122, apartado A, fracci�n I, de la C.�n F., toda vez que no invade la esfera competencial del Congreso de la Uni�n.

65) En materia de acciones de inconstitucionalidad no es factible que se pueda invocar una futura violaci�n al art�culo 89, fracci�n I, o a cualquier otro precepto de la Ley Fundamental, toda vez que el hecho que se demanda no se ha realizado, es decir, resulta ser un hecho futuro, que aunque inminente, no se ha configurado, porlo que su control escapa al �mbito de atribuciones de la Suprema C.e en el presente juicio, y en consecuencia se deber� desestimar la impugnaci�n hecha valer en esos t�rminos, pues al momento no es posible establecer una violaci�n al art�culo 89, fracci�n I de la Carta Magna, en tanto que no se ha llevado a cabo la reglamentaci�n por parte del jefe de Gobierno de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F..

66) Si bien el art�culo 67, fracci�n VI del Estatuto de Gobierno del Distrito F., faculta al jefe de Gobierno para nombrar y remover al presidente de la Junta de Asistencia Privada del Distrito F., no debe confundirse el �mbito de atribuciones que tanto la C.�n como el Estatuto de Gobierno confieren a los �rganos de gobierno del Distrito F., ni se puede sostener que esa facultad expresamente conferida necesariamente implique la facultad correlativa a otro �rgano, dado el r�gimen expreso que los rige.

67) Lo anterior se corrobora si se considera que no obstante que el art�culo 67, fracci�n VII del Estatuto de Gobierno del Distrito F., faculta al jefe de Gobierno para nombrar y remover al procurador general de Justicia del Distrito F., la L.O.�nica de la Procuradur�a General de Justicia del Distrito F. fue emitida por el Congreso de la Uni�n, en virtud de que la Asamblea Legislativa no cuenta con la facultad expresa para hacerlo, pues no se encuentra enumerada en la lista de sus atribuciones legislativas, por lo que debe entenderse que tampoco est� facultada para emitir la ley que ahora se impugna.

68) No resultar�a del todo adecuado, que en alg�n momento la Asamblea Legislativa quisiera fundar su competencia para expedir la norma impugnada en esa facultad expresa del Ejecutivo Local; en todo caso, la ley que fuera expedida por el Congreso de la Uni�n deber� respetar dicha facultad de nombramiento.

69) La S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, puede llegar a formar parte de la Junta de Asistencia Privada del Distrito F., pero:

-Su participaci�n no es obligatoria, sino por invitaci�n.

-Puede declinar o no dicha invitaci�n.

-En caso de que participe tendr� derecho a voto, sin embargo, �ste no es decisivo, toda vez que la junta se integra con 12 miembros.

70) La ley establece la obligaci�n de la Junta de Asistencia Privada para invitar a la S.�a de Hacienda, pero nunca se�ala la obligaci�n de la misma para asistir obligatoriamente.

71) La asistencia de la S.�a de Hacienda se puede justificar, en raz�n de que existe concurrencia de facultades en materia de asistencia social entre la Federaci�n y el Distrito F..

72) No existe disposici�n constitucional alguna que impida a la Asamblea Legislativa del Distrito F., incluir, en los ordenamientos que ella emita, la participaci�n de dependencias federales en los organismos de la administraci�n p�blica local.

73) La Asamblea Legislativa del Distrito F., al momento de establecer en la ley impugnada, la participaci�n de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, en ning�n momento pretende legislar en la materia hacendaria, pues el objeto por el cual su participaci�n en la Junta de Asistencia Privada, es para vigilar, junto con los dem�s miembros, el funcionamiento de las instituciones de asistencia privada.

74) De la intervenci�n de un �rgano de la administraci�n p�blica federal, en materias en las cuales existe concurrencia con los Estados, no es posible derivar una facultad exclusiva en dicha materia para el Congreso de la Uni�n, pues existe concurrencia entre la Federaci�n y el Distrito F. para legislar en materia de salud y asistencia social, y toda vez que, la asistencia privada se deriva de la social, ambas entidades se encuentran facultadas para reglamentarlas, cada una en el �mbito de sus respectivas atribuciones.

75) De la intervenci�n de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico en la Junta de Asistencia Privada para el Distrito F., no se puede inferir v�lidamente la facultad del Congreso de la Uni�n para legislar en materia de asistencia social en el �mbito del Distrito F., facultad con la que s� cuenta la Asamblea Legislativa, por disposici�n constitucional.

76) Respetando las disposiciones federales en la materia, establecidas en la Ley General de Salud y la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, la Asamblea Legislativa del Distrito F. tiene facultades expresas para expedir la normatividad relativa.

77) El hecho de que la ley impugnada remita a una ley federal, como es el caso de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para la determinaci�n de las exenciones que se puedan otorgar a las instituciones de asistencia privada, no puede ser interpretado como una facultad del Congreso de la Uni�n para legislar en torno a ellas.

78) Un ordenamiento de car�cter federal, como lo es la Ley del Impuesto sobre la Renta, al eximir del pago de determinados impuestos a las instituciones de asistencia privada, no implica conceder al Congreso de la Uni�n, la facultad de legislar en materia de asistencia privada, puesto que utilizado a contrario sensu, el mismo argumento de la actora, aplic�ndolo al �mbito competencial de un �rgano legislativo local, resultar�a inferir una facultad de �ste para normar a las instituciones de asistencia privada.

79) La facultad para reglamentar a la materia de asistencia privada, por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito F., se deriva directamente de la C.�n F. si �sta se subsume en la asistencia social y no de una facultad para exentarlas de determinadas contribuciones; adem�s el hecho de que remita a las leyes fiscales correspondientes para las exenciones significa un principio de respeto a otras competencias constitucionales.

80) La facultad constitucional del art�culo 27 se refiere, exclusivamente, a la regulaci�n de la adquisici�n de bienes inmuebles por parte de las instituciones de asistencia privada -beneficencia privada-, que estar�n sujetas a lo que determine la ley reglamentaria, y no a la atribuci�n para emitir las normas que regulen la creaci�n, funcionamiento, personalidad y patrimonio de las instituciones de referencia.

81) Como el art�culo 73 constitucional no se�ala esto como una facultad del Congreso de la Uni�n, esa previsi�n ha sido regulada por las Legislaturas de los Estados en el �mbito local.

82) La Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F., en su art�culo 61, como ley reglamentaria de dichas instituciones, recoge lo estipulado en la C.�n F..

83) Del art�culo 61 de la ley impugnada se observa que la Asamblea Legislativa se ci�� al esp�ritu del Constituyente, toda vez que estableci� el mismo criterio de aqu�l, respecto a los bienes de las instituciones de asistencia privada.

84) El texto constitucional, �nicamente considera a la adquisici�n de bienes ra�ces, pero no a toda la materia correspondiente a la asistencia privada, por lo que no es factible determinar la existencia de una facultad del Congreso de la Uni�n para reglamentar la materia, a partir de una previsi�n espec�fica.

85) M�s que el establecimiento de dos materias diversas, el texto constitucional al regular a la beneficencia p�blica y la privada, les da el mismo tratamiento, precisamente por tratarse de las especies del g�nero que constituye la asistencia social.

86) Del contenido de la fracci�n III del art�culo 27 constitucional, no se puede afirmar, categ�ricamente, que la materia correspondiente a las instituciones de asistencia privada en el Distrito F. se encuentre reservada al Congreso de la Uni�n.

87) El concepto de utilidad p�blica, doctrinalmente corresponde al de inter�s p�blico, o al de orden p�blico, de tal suerte que el hecho de que pueda usarse en un contexto diverso a la expropiaci�n, no implica necesariamente que dicho uso sea inconstitucional.

88) Utilidad p�blica, es todo aquello que resulta de inter�s o conveniencia para el bien colectivo, para la masa de individuos que componen el Estado, o con mayor amplitud, para la humanidad en su conjunto.

89) La utilidad p�blica comprende desde los principios supremos de la direcci�n de los pueblos, cuyos gobiernos cifran el bien com�n o el bienestar de la poblaci�n, as� como el realizado por los particulares, en beneficio de la colectividad.

90) El t�rmino utilizado en el art�culo 4o. de la ley impugnada, podr�a tambi�n entenderse dirigido a ese fin, es decir, aquel que resulta de inter�s para el bien colectivo, motivo por el cual, no se debe limitar al concepto gen�rico que en t�rminos del art�culo 27 constitucional abarca "no s�lo a los casos en que la colectividad sustituye al particular en el goce del bien expropiado, sino cuando, por razones de utilidad social, se decreta la expropiaci�n, para satisfacer, de un modo directo o inmediato las de la colectividad; sino que los bienes expropiados dejen de continuar bajo el r�gimen de propiedad privada. Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, T. XLV, Quinta Parte, p. 4893." (Derechos del Pueblo Mexicano. M�xico a trav�s de sus C.ones. T.o IV, Editorial Porr�a, 1994, p�gina 1528).

91) El dictamen reca�do a la iniciativa de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F., que rindieran al Pleno de la Asamblea Legislativa las Comisiones Unidas de A.�n Especial a G.V. y de Desarrollo Social, se�ala que "para fomentar el desarrollo del sector asistencial, d�ndole certeza y seguridad jur�dica, se esclarece la naturaleza de las instituciones de asistencia privada en su art�culo 4o., cuando se afirma que se consideran de utilidad p�blica ...".

92) Las comisiones unidas que dictaminaron la ley impugnada, al establecer el criterio de que las instituciones de asistencia privada son de utilidad p�blica, no lo hicieron en virtud de la concepci�n gen�rica establecida en el art�culo 27, antes invocado, sino en el sentido de que los fines que persiguen dichas instituciones son de utilidad p�blica, es decir, el beneficio a la colectividad por medio de un bien particular, por lo que si una instituci�n de asistencia privada, ejecuta actos tendientes a satisfacer las necesidades de los m�s necesitados, con bienes de propiedad particular, se entiende que �stos deben considerarse de utilidad p�blica.

93) La utilidad p�blica no se refiere exclusivamente a la expropiaci�n, la C.�n F. considera a la Ley del Seguro Social como de utilidad p�blica, de conformidad con lo establecido en su art�culo 123.

94) Tambi�n es posible interpretar que la ley impugnada entiende por utilidad p�blica aquella que se realiza por las instituciones de asistencia privada, a favor de la colectividad, que tiendan a proporcionar el apoyo, la integraci�n social y el sano desarrollo de los individuos o grupos de poblaci�n vulnerable o en situaci�n de riesgo, por su condici�n de desventaja, abandono, desprotecci�n f�sica, mental, jur�dica o social.

95) La ley demandada declara a las instituciones de asistencia privada como de utilidad p�blica, no para efectos de su expropiaci�n, sino con la finalidad de que las mismas puedan gozar de todos los beneficios que la propia ley establece en su favor, en atenci�n al tipo de servicio que prestan. Lo anterior queda establecido en el art�culo 4o. de la ley, que prescribe que a las instituciones de m�rito se les considera de utilidad p�blica y gozar�n de las exenciones, est�mulos, subsidios y facilidades administrativas que les confieran las leyes.

96) Existe otra raz�n para desestimar el planteamiento de la actora, en el sentido de que, declarar a las instituciones de asistencia privada como de utilidad p�blica tiene un fin oculto de ocupaci�n para expropiaci�n, ya que en el propio texto de la ley demandada, en su art�culo 6o., segundo p�rrafo, se establece que la administraci�n p�blica del Distrito F. no podr� ocupar los bienes materiales y econ�micos que pertenezcan a las instituciones de asistencia privada.

97) El art�culo 7o. de la ley abrogada, tambi�n consideraba de utilidad p�blica a las instituciones de asistencia privada, por las mismas razones que lo hace la vigente.

98) El concepto de utilidad p�blica no debe restringirse a la aplicaci�n del art�culo 27, toda vez que no se trata de una expropiaci�n, sino de un servicio que prestan las instituciones de asistencia privada a la colectividad.

99) Como el objeto de la acci�n de inconstitucionalidad es el estudio, por parte de la Suprema C.e, de la constitucionalidad de una norma, desde el punto de vista de su procedimiento o de su contenido, para, de ser el caso, llevar a cabo la declaraci�n de inconstitucionalidad de la misma en el caso de acreditarse los actos que se le imputan al jefe de Gobierno del Distrito F., respecto de la promulgaci�n de la ley impugnada, ello no tendr�a como consecuencia la declaraci�n de invalidez de la norma, sino la constituci�n de una responsabilidad por violaciones a sus obligaciones constitucionales, por lo que el concepto referido a una parte del procedimiento legislativo, resulta inatendible para el estudio de la presente acci�n de inconstitucionalidad.

Respecto del segundo concepto de invalidez:

100) Por lo que hace al argumento que plantea violaci�n al art�culo 16 de la C.�n F., dicho aspecto est� condicionado a la determinaci�n de si la Asamblea Legislativa cuenta con facultades para emitir la norma impugnada, lo que se analiz� al abordar el estudio del primer concepto de invalidez.

Respecto del tercer concepto de invalidez:

101) Las violaciones al procedimiento legislativo que se esgrimen, no resultan de trascendencia tal que puedan derivar en la declaratoria de invalidez de la norma impugnada; sirve para lo anterior la resoluci�n emitida por este M�ximo Tribunal en la acci�n de inconstitucionalidad 9/97.

NOVENO

Por auto de diecis�is de febrero de mil novecientos noventa y nueve, se otorg� el plazo legal correspondiente a las partes para que expresaran sus alegatos y, por diverso prove�do de veintinueve de junio del mismo a�o, se pasaron los autos para la formulaci�n del proyecto de sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

El Tribunal Pleno de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, es competente para resolver la presente acci�n de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 105, fracci�n II, inciso e), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracci�n I, de la L.O.�nica del Poder Judicial de la Federaci�n y 68, �ltimo p�rrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 C.onal, toda vez que se demanda la declaraci�n de inconstitucionalidad de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F..

SEGUNDO

La demanda de acci�n de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente, atento a lo siguiente:

El art�culo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n F., dispone:

Art�culo 60. El plazo para ejercitar la acci�n de inconstitucionalidad ser� de treinta d�as naturales contados a partir del d�a siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el �ltimo d�a del plazo fuese inh�bil, la demanda podr� presentarse el primer d�a h�bil siguiente. En materia electoral, para el c�mputo de los plazos, todos los d�as son h�biles.

Conforme al citado art�culo 60, el c�mputo respectivo debe hacerse a partir del d�a siguiente al en que se public� el decreto que contiene la norma que se impugna, considerando los d�as naturales.

El decreto aprobado por la I Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito F. que contiene la norma que se impugna, fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito F. el d�a catorce de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, por lo que es a partir del d�a siguiente de la fecha de publicaci�n que debe hacerse el c�mputo respectivo.

T.ando en cuenta la fecha de publicaci�n, resulta que el plazo de treinta d�as para la impugnaci�n de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F., venci� el mi�rcoles trece de enero de mil novecientos noventa y nueve.

Atento a lo anterior, si la demanda se present� ante esta Suprema C.e de Justicia de la Naci�n el d�a martes doce de enero de mil novecientos noventa y nueve, debe considerarse que se acat� en sus t�rminos el plazo previsto para tal efecto.

TERCERO

Previo a cualquier otra cuesti�n, debe analizarse la legitimaci�n de quien promueve por ser una cuesti�n de orden p�blico y, por ende, de estudio preferente.

De conformidad con lo dispuesto por los art�culos 105, fracci�n II, inciso e) de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y 62 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 en cita, el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito F. podr� ejercer la acci�n de inconstitucionalidad.

Por tanto, en el caso tienen que satisfacerse los siguientes extremos:

  1. Que los promoventes sean integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito F..

  2. Que los promoventes representen cuando menos el equivalente al treinta y tres por ciento de la Asamblea Legislativa del Distrito F..

  3. Que la acci�n de inconstitucionalidad se plantee en contra de leyes expedidas por el propio �rgano.

Por oficio presentado el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y nueve, el oficial mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito F., se�al� que M.A. G�mez, A.S.A.D.R.H., J.L.B.G., E.B.M.�nez, S.I.C.C.�s, P. de Anda M�rquez, N.�yotl de la V.G.�a, J.E.E.M., Jes�s G.�n Mu�oz, F. de G. y A., M.H.�ndez L., Mar�a del P.H.S., I.I.L., P.J.J.B., �scar L.C., Mar�a Ang�lica Luna y P. y T.L., J.M.M.J., L.M.O.H.A., F.P.N., J.A.R.D.�nguez, M.S.�a H.�ndez, A.S.T., Jes�s E.T.L., A.V.E.�quez, O.G.W.S., R.B.R.�guez R. y J.N.C.�spedes, son diputados de la I Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito F. (fojas 52 a 56 del expediente).

Por otra parte, el art�culo 37, primer p�rrafo del Estatuto de Gobierno del Distrito F. respecto a la integraci�n de la Asamblea Legislativa, se�ala lo siguiente:

Art�culo 37. (primer p�rrafo) La Asamblea Legislativa del Distrito F. se integrar� por 40 diputados electos seg�n el principio de votaci�n mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 26 diputados electos seg�n el principio de representaci�n proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripci�n plurinominal. S�lo podr�n participar en la elecci�n los partidos pol�ticos con registro nacional. La demarcaci�n de los distritos se establecer� como determine la ley ...

De lo anterior se advierte que estando integrada la Asamblea Legislativa del Distrito F. por un total de sesenta y seis diputados, los veintisiete diputados que signan la demanda de acci�n de inconstitucionalidad representan el (cuarenta punto, noventa por ciento) 40.90% de los integrantes de la asamblea.

Por �ltimo, la presente acci�n de inconstitucionalidad se plantea en contra de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F., expedida por la propia Asamblea Legislativa del Distrito F..

CUARTO

Las partes no aducen causales de improcedencia ni este Tribunal Pleno advierte su existencia, motivo por el cual se procede al an�lisis de los conceptos de invalidez que se hacenvaler, mismos que se dejaron precisados en el resultando tercero que antecede.

QUINTO

En el primer concepto de invalidez que se analiza, se plantea b�sicamente que la Asamblea Legislativa del Distrito F. carece de competencia para emitir la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F. en virtud de que en ninguno de los incisos del art�culo 122, apartado C, base primera, fracci�n V, se establece que cuente con facultades para legislar en esa materia, por lo que debe entenderse que dicha facultad se encuentra reservada al Congreso de la Uni�n.

Al respecto, el �rgano legislativo emisor de la norma impugnada, sostiene que el art�culo 122, apartado C, base primera, fracci�n V, incisos g) e i), le otorgan competencia para expedir la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F..

A efecto de analizar la cuesti�n planteada, resulta necesario precisar previamente lo que dispone la C.�n F. sobre el �mbito de atribuciones que le corresponden a la citada Asamblea Legislativa del Distrito F. y, posteriormente, determinar si la asistencia privada incide en el �mbito de su competencia legislativa.

El marco constitucional de competencia a que se encuentra sujeta la Asamblea Legislativa del Distrito F., est� contenido en los art�culos 44 y 122 de la C.�n F..

Los preceptos en cita se�alan:

"Art�culo 44. La Ciudad de M�xico es el Distrito F., sede de los Poderes de la Uni�n y capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se compondr� del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los Poderes F.es se trasladen a otro lugar, se erigir� en el Estado del Valle de M�xico con los l�mites y extensi�n que le asigne el Congreso General."

Art�culo 122. Definida por el art�culo 44 de este ordenamiento la naturaleza jur�dica del Distrito F., su gobierno est� a cargo de los Poderes F.es y de los �rganos ejecutivo, legislativo y judicial de car�cter local, en los t�rminos de este art�culo. Son autoridades locales del Distrito F., la Asamblea Legislativa, el jefe de Gobierno del Distrito F. y el Tribunal Superior de Justicia. La Asamblea Legislativa del Distrito F. se integrar� con el n�mero de diputados electos seg�n los principios de mayor�a relativa y de representaci�n proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripci�n plurinominal, en los t�rminos que se�alen esta C.�n y el Estatuto de Gobierno. El jefe de Gobierno del Distrito F. tendr� a su cargo el Ejecutivo y la administraci�n p�blica en la entidad y recaer� en una sola persona, elegida por votaci�n universal, libre, directa y secreta. El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, con los dem�s �rganos que establezca el Estatuto de Gobierno, ejercer�n la funci�n judicial del fuero com�n en el Distrito F.. La distribuci�n de competencias entre los Poderes de la Uni�n y las autoridades locales del Distrito F. se sujetar� a las siguientes disposiciones: A.C. al Congreso de la Uni�n: I.L. en lo relativo al Distrito F., con excepci�n de las materias expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa; II. Expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito F.; III.L. en materia de deuda p�blica del Distrito F.; IV. Dictar las disposiciones generales que aseguren el debido, oportuno y eficaz funcionamiento de los Poderes de la Uni�n; y V. Las dem�s atribuciones que le se�ala esta C.�n. B. Corresponde al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: I. Iniciar leyes ante el Congreso de la Uni�n en lo relativo al Distrito F.; II. Proponer al Senado a quien deba sustituir, en caso de remoci�n, al jefe de Gobierno del Distrito F.; III. Enviar anualmente al Congreso de la Uni�n, la propuesta de los montos de endeudamiento necesarios para el financiamiento del Presupuesto de Egresos del Distrito F.. Para tal efecto, el jefe de Gobierno del Distrito F. someter� a la consideraci�n del presidente de la Rep�blica la propuesta correspondiente, en los t�rminos que disponga la ley; IV. Proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes que expida el Congreso de la Uni�n respecto del Distrito F.; y V. Las dem�s atribuciones que le se�ale esta C.�n, el Estatuto de Gobierno y las leyes. C. El Estatuto de Gobierno del Distrito F. se sujetar� a las siguientes bases: Base primera. Respecto a la Asamblea Legislativa: I. Los diputados a la Asamblea Legislativa ser�n elegidos cada tres a�os por voto universal, libre, directo y secreto en los t�rminos que disponga la ley, la cual deber� tomar en cuenta, para la organizaci�n de las elecciones, la expedici�n de constancias y los medios de impugnaci�n en la materia, lo dispuesto en los art�culos 41, 60 y 99 de esta C.�n; II. Los requisitos para ser diputado a la asamblea no podr�n ser menores a los que se exigen para ser diputado federal. Ser�n aplicables a la Asamblea Legislativa y a sus miembros en lo que sean compatibles, las disposiciones contenidas en los art�culos 51, 59, 61, 62, 64 y 77, fracci�n IV de esta C.�n; III. Al partido pol�tico que obtenga por s� mismo el mayor n�mero de constancias de mayor�a y por lo menos el treinta por ciento de la votaci�n en el Distrito F., le ser� asignado el n�mero de diputados de representaci�n proporcional suficiente para alcanzar la mayor�a absoluta de la asamblea; IV. Establecer� las fechas para la celebraci�n de dos periodos de sesiones ordinarios al a�o y la integraci�n y las atribuciones del �rgano interno de gobierno que actuar� durante los recesos. La convocatoria a sesiones extraordinarias ser� facultad de dicho �rgano interno a petici�n de la mayor�a de sus miembros o del jefe de Gobierno del Distrito F.; V. La Asamblea Legislativa, en los t�rminos del Estatuto de Gobierno, tendr� las siguientes facultades: a) Expedir su ley org�nica, la que ser� enviada al jefe de Gobierno del Distrito F. para el solo efecto de que ordene su publicaci�n; b) Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos del Distrito F., aprobando primero las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Dentro de la Ley de Ingresos, no podr�n incorporarse montos de endeudamiento superiores a los que haya autorizado previamente el Congreso de la Uni�n para el financiamiento del Presupuesto de Egresos del Distrito F.. La facultad de iniciativa respecto de la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos corresponde exclusivamente al jefe de Gobierno del Distrito F.. El plazo para su presentaci�n concluye el 30 de noviembre, con excepci�n de los a�os en que ocurra la elecci�n ordinaria del jefe de Gobierno del Distrito F., en cuyo caso la fecha l�mite ser� el 20 de diciembre. La Asamblea Legislativa formular� anualmente su proyecto de presupuesto y lo enviar� oportunamente al jefe de Gobierno del Distrito F. para que �ste lo incluya en su iniciativa. Ser�n aplicables a la hacienda p�blica del Distrito F., en lo que no sea incompatible con su naturaleza y su r�gimen org�nico de gobierno, las disposiciones contenidas en el segundo p�rrafo del inciso c) de la fracci�n IV del art�culo 115 de esta C.�n; c) Revisar la cuenta p�blica del a�o anterior, por conducto de la Contadur�a M. de Hacienda de la Asamblea Legislativa, conforme a los criterios establecidos en la fracci�n IV del art�culo 74, en lo que sean aplicables. La cuenta p�blica del a�o anterior deber� ser enviada a la Asamblea Legislativa dentro de los diez primeros d�as del mes de junio. Este plazo, as� como los establecidos para la presentaci�n de las iniciativas de la Ley de Ingresos y del proyecto del presupuesto de egresos, solamente podr�n ser ampliados cuando se formule una solicitud del Ejecutivo del Distrito F. suficientemente justificada a juicio de la asamblea; d) Nombrar a quien deba sustituir en caso de falta absoluta, al jefe de Gobierno del Distrito F.; e) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda p�blica, la contadur�a mayor y el presupuesto, la contabilidad y el gasto p�blico del Distrito F.; f) Expedir las disposiciones que rijan las elecciones locales en el Distrito F., sujet�ndose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales tomar�n en cuenta los principios establecidos en los incisos b) al i) de la fracci�n IV del art�culo 116 de esta C.�n. En estas elecciones s�lo podr�n participar los partidos pol�ticos con registro nacional; g) Legislar en materia de administraci�n p�blica local, su r�gimen interno y de procedimientos administrativos; h) Legislar en las materias civil y penal; normar el organismo protector de los derechos humanos, participaci�n ciudadana, defensor�a de oficio, notariado y registro p�blico de la propiedad y de comercio; i) Normar la protecci�n civil; justicia c�vica sobre faltas de polic�a y buen gobierno; los servicios de seguridad prestados por empresas privadas; la prevenci�n y la readaptaci�n social; la salud y asistencia social; y la previsi�n social; j) Legislar en materia de planeaci�n del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo; preservaci�n del medio ambiente y protecci�n ecol�gica; vivienda; construcciones y edificaciones; v�as p�blicas, tr�nsito y estacionamientos; adquisiciones y obra p�blica; y sobre explotaci�n, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito F.; k) Regular la prestaci�n y la concesi�n de los servicios p�blicos; legislar sobre los servicios de transporte urbano, de limpia, turismo y servicios de alojamiento, mercados, rastros y abasto, y cementerios; l) Expedir normas sobre fomento econ�mico y protecci�n al empleo; desarrollo agropecuario; establecimientos mercantiles; protecci�n de animales; espect�culos p�blicos; fomento cultural c�vico y deportivo; y funci�n social educativa en los t�rminos de la fracci�n VIII, del art�culo 3o. de esta C.�n; m) Expedir la ley org�nica de los tribunales encargados de la funci�n judicial del fuero com�n en el Distrito F., que incluir� lo relativo a las responsabilidades de los servidores p�blicos de dichos �rganos; n) Expedir la L.O.�nica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Distrito F.; �) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito F., ante el Congreso de la Uni�n; y o) Las dem�s que se le confieran expresamente en esta C.�n. Base segunda. Respecto al jefe de Gobierno del Distrito F.: I. Ejercer� su encargo, que durar� seis a�os, a partir del d�a 5 de diciembre del a�o de la elecci�n, la cual se llevar� a cabo conforme a lo que establezca la legislaci�n electoral. Para ser jefe de Gobierno del Distrito F. deber�n reunirse los requisitos que establezca el Estatuto de Gobierno, entre los que deber�n estar: ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos con una residencia efectiva de tres a�os inmediatamente anteriores al d�a de la elecci�n si es originario del Distrito F. o de cinco a�os ininterrumpidos para los nacidos en otra entidad; tener cuando menos treinta a�os cumplidos al d�a de la elecci�n, y no haber desempe�ado anteriormente el cargo de jefe de Gobierno del Distrito F. con cualquier car�cter. La residencia no se interrumpe por el desempe�o de cargos p�blicos de la Federaci�n en otro �mbito territorial. Para el caso de remoci�n del jefe de Gobierno del Distrito F., el Senado nombrar�, a propuesta del presidente de la Rep�blica, un sustituto que concluya el mandato. En caso de falta temporal, quedar� encargado del despacho el servidor p�blico que disponga el Estatuto de Gobierno. En caso de falta absoluta, por renuncia o cualquier otra causa, la Asamblea Legislativa designar� a un sustituto que termine el encargo. La renuncia del jefe de Gobierno del Distrito F. s�lo podr� aceptarse por causas graves. Las licencias al cargo se regular�n en el propio estatuto. II. El jefe de Gobierno del Distrito F. tendr� las facultades y obligaciones siguientes: a) Cumplir y ejecutar las leyes relativas al Distrito F. que expida el Congreso de la Uni�n, en la esfera de competencia del �rgano ejecutivo a su cargo o de sus dependencias; b) Promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida la Asamblea Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la expedici�n de reglamentos, decretos y acuerdos. Asimismo, podr� hacer observaciones a las leyes que la Asamblea Legislativa le env�e para su promulgaci�n, en un plazo no mayor de diez d�as h�biles. Si el proyecto observado fuese confirmado por mayor�a calificada de dos tercios de los diputados presentes, deber� ser promulgado por el jefe de Gobierno del Distrito F.; c) Presentar iniciativas de leyes o decretos ante la Asamblea Legislativa; d) Nombrar y remover libremente a los servidores p�blicos dependientes del �rgano ejecutivo local, cuya designaci�n o destituci�n no est�n previstas de manera distinta por esta C.�n o las leyes correspondientes; e) Ejercer las funciones de direcci�n de los servicios de seguridad p�blica de conformidad con el Estatuto de Gobierno; y f) Las dem�s que le confiera esta C.�n, el Estatuto de Gobierno y las leyes. Base tercera. Respecto a la organizaci�n de la administraci�n p�blica local en el Distrito F.: I. Determinar� los lineamientos generales para la distribuci�n de atribuciones entre los �rganos centrales, desconcentrados y descentralizados; II.E.� los �rganos pol�tico-administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito F.. Asimismo fijar� los criterios para efectuar la divisi�n territorial del Distrito F., la competencia de los �rganos pol�tico-administrativos correspondientes, la forma de integrarlos, su funcionamiento, as� como las relaciones de dichos �rganos con el jefe de Gobierno del Distrito F.. Los titulares de los �rganos pol�tico-administrativos de las demarcaciones territoriales ser�n elegidos en forma universal, libre, secreta y directa, seg�n lo determine la ley. Base cuarta. Respecto al Tribunal Superior de Justicia y los dem�s �rganos judiciales del fuero com�n: I. Para ser Magistrado del Tribunal Superior se deber�n reunir los mismos requisitos que esta C.�n exige para los Ministros de la Suprema C.e de Justicia; se requerir�, adem�s, haberse distinguido en el ejercicio profesional o en el ramo judicial, preferentemente en el Distrito F.. El Tribunal Superior de Justicia se integrar� con el n�mero de Magistrados que se�ale la ley org�nica respectiva. Para cubrir las vacantes de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el jefe de Gobierno del Distrito F. someter� la propuesta respectiva a la decisi�n de la Asamblea Legislativa. Los Magistrados ejercer�n el cargo durante seis a�os y podr�n ser ratificados por la asamblea; y si lo fuesen, s�lo podr�n ser privados de sus puestos en los t�rminos del t�tulo cuarto de esta C.�n. II. La administraci�n, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia, de los juzgados y dem�s �rganos judiciales, estar� a cargo del Consejo de la Judicatura del Distrito F.. El Consejo de la Judicatura tendr� siete miembros, uno de los cuales ser� el presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien tambi�n presidir� el consejo. Los miembros restantes ser�n: un Magistrado, un Juez de Primera Instancia y un Juez de Paz, elegidos mediante insaculaci�n; uno designado por el jefe de Gobierno del Distrito F. y otros dos nombrados por la Asamblea Legislativa. Todos los consejeros deber�n reunir los requisitos exigidos para ser Magistrado y durar�n cinco a�os en su cargo; ser�n sustituidos de manera escalonada y no podr�n ser nombrados para un nuevo periodo. El consejo designar� a los Jueces de Primera Instancia y a los que con otra denominaci�n se creen en el Distrito F., en los t�rminos que las disposiciones prevean en materia de carrera judicial; III. Se determinar�n las atribuciones y las normas de funcionamiento del Consejo de la Judicatura, tomando en cuenta lo dispuesto por el art�culo 100 de esta C.�n; IV. Se fijar�n los criterios conforme a los cuales la ley org�nica establecer� las normas para la formaci�n y actualizaci�n de funcionarios, as� como del desarrollo de la carrera judicial; V.S.�n aplicables a los miembros del Consejo de la Judicatura, as� como a los Magistrados y Jueces, los impedimentos y sanciones previstos en el art�culo 101 de esta C.�n; VI. El Consejo de la Judicatura elaborar� el presupuesto de los tribunales de justicia en la entidad y lo remitir� al jefe de Gobierno del Distrito F. para su inclusi�n en el proyecto de presupuesto de egresos que se presente a la aprobaci�n de la Asamblea Legislativa. Base quinta. Existir� un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que tendr� plena autonom�a para dirimir las controversias entre los particulares y las autoridades de la administraci�n p�blica local del Distrito F.. Se determinar�n las normas para su integraci�n y atribuciones, mismas que ser�n desarrolladas por su ley org�nica. D. El Ministerio P�blico en el Distrito F. ser� presidido por un procurador general de Justicia, que ser� nombrado en los t�rminos que se�ale el Estatuto de Gobierno; este ordenamiento y la ley org�nica respectiva determinar�n su organizaci�n, competencia y normas de funcionamiento. E. En el Distrito F. ser� aplicable respecto del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, lo dispuesto en la fracci�n VII del art�culo 115 de esta C.�n. La designaci�n y remoci�n del servidor p�blico que tenga a su cargo el mando directo de la fuerza p�blica se har� en los t�rminos que se�ale el Estatuto de Gobierno. F. La C�mara de Senadores del Congreso de la Uni�n, o en sus recesos, la Comisi�n Permanente, podr� remover al jefe de Gobierno del Distrito F. por causas graves que afecten las relaciones con los Poderes de la Uni�n o el orden p�blico en el Distrito F.. La solicitud de remoci�n deber� ser presentada por la mitad de los miembros de la C�mara de Senadores o de la Comisi�n Permanente, en su caso. G. Para la eficaz coordinaci�n de las distintas jurisdicciones locales y municipales entre s�, y de �stas con la Federaci�n y el Distrito F. en la planeaci�n y ejecuci�n de acciones en las zonas conurbadas lim�trofes con el Distrito F., de acuerdo con el art�culo 115, fracci�n VI de esta C.�n, en materia de asentamientos humanos; protecci�n al ambiente; preservaci�n y restauraci�n del equilibrio ecol�gico; transporte, agua potable y drenaje; recolecci�n, tratamiento y disposici�n de desechos s�lidos y seguridad p�blica, sus respectivos gobiernos podr�n suscribir convenios para la creaci�n de comisiones metropolitanas en las que concurran y participen con apego a sus leyes. Las comisiones ser�n constituidas por acuerdo conjunto de los participantes. En el instrumento de creaci�n se determinar� la forma de integraci�n, estructura y funciones. A trav�s de las comisiones se establecer�n: a) Las bases para la celebraci�n de convenios, en el seno de las comisiones, conforme a las cuales se acuerden los �mbitos territoriales y de funciones respecto a la ejecuci�n y operaci�n de obras, prestaci�n de servicios p�blicos o realizaci�n de acciones en las materias indicadas en el primer p�rrafo de este apartado; b) Las bases para establecer, coordinadamente por las partes integrantes de las comisiones, las funciones espec�ficas en las materias referidas, as� como para la aportaci�n com�n de recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su operaci�n; y c) Las dem�s reglas para la regulaci�n conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas, prestaci�n de servicios y realizaci�n de acciones que acuerden losintegrantes de las comisiones. H. Las prohibiciones ylimitaciones que esta C.�n establece para los Estados se aplicar�n para las autoridades del Distrito F..

De los preceptos transcritos, para lo que al caso interesa, podemos destacar lo siguiente:

A) El Gobierno del Distrito F. est� a cargo de los Poderes F.es y de los �rganos ejecutivo, legislativo y judicial de car�cter local.

B) Son autoridades locales del Distrito F., la Asamblea Legislativa, el jefe de Gobierno del Distrito F. y el Tribunal Superior de Justicia.

C) La Asamblea Legislativa del Distrito F. se integrar� en los t�rminos que se�alen la C.�n F. y el Estatuto de Gobierno.

D) Corresponde al Congreso de la Uni�n, respecto del Distrito F., entre otras facultades, las siguientes:

  1. Legislar en lo relativo al Distrito F., con excepci�n de las materias expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa.

    De lo expuesto se deduce que el Constituyente Permanente estableci� una divisi�n de competencias sobre la base de que las facultades que no est�n expresamente conferidas al �rgano legislativo del Distrito F. deben entenderse en favor del Congreso de la Uni�n, estableciendo un sistema opuesto al que rige la competencia de los Estados y la Federaci�n en t�rminos del art�culo 124 de la C.�n F. en el cual las atribuciones que no est�n concedidas expresamente a las autoridades federales, deben entenderse reservadas para los Estados.

  2. Expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito F..

    E) La Asamblea Legislativa en t�rminos del Estatuto de Gobierno tendr� las siguientes facultades:

  3. Expedir su ley org�nica.

  4. Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos del Distrito F..

  5. Revisar la cuenta p�blica del a�o anterior.

  6. Nombrar a quien deba sustituir, en caso de falta absoluta, al jefe de Gobierno del Distrito F..

  7. Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda p�blica, la contadur�a mayor y el presupuesto, la contabilidad y el gasto p�blico del Distrito F..

  8. Expedir las disposiciones que rijan las elecciones locales en el Distrito F., sujet�ndose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales tomar�n en cuenta los principios establecidos en los incisos b) al i) de la fracci�n IV del art�culo 116 de la C.�n F..

  9. Legislar en materia de administraci�n p�blica local, su r�gimen interno y de procedimientos administrativos.

  10. Legislar en las materias civil y penal; normar el organismo protector de los derechos humanos, participaci�n ciudadana, defensor�a de oficio, notariado y registro p�blico de la propiedad y de comercio.

  11. Normar la protecci�n civil; justicia c�vica sobre faltas de polic�a y buen gobierno; los servicios de seguridad prestados por empresas privadas; la prevenci�n y la readaptaci�n social; la salud y asistencia social; y la previsi�n social.

  12. Legislar en materia de planeaci�n del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo; preservaci�n del medio ambiente y protecci�n ecol�gica; vivienda; construcciones y edificaciones; v�as p�blicas, tr�nsito y estacionamientos; adquisiciones y obra p�blica; y, sobre explotaci�n, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito F..

  13. Regular la prestaci�n y la concesi�n de los servicios p�blicos; legislar sobre los servicios de transporte urbano, de limpia, turismo y servicios de alojamiento, mercados, rastros y abasto, y cementerios.

  14. Expedir normas sobre fomento econ�mico y protecci�n al empleo; desarrollo agropecuario; establecimientos mercantiles; protecci�n de animales; espect�culos p�blicos; fomento cultural, c�vico y deportivo; y funci�n social educativa en los t�rminos de la fracci�n VIII del art�culo 3o. de esta C.�n.

  15. Expedir la ley org�nica de los tribunales encargados de la funci�n judicial del fuero com�n en el Distrito F., que incluir� lo relativo a las responsabilidades de los servidores p�blicos de dichos �rganos.

  16. Expedir la L.O.�nica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Distrito F..

  17. Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito F., ante el Congreso de la Uni�n; y,

  18. Las dem�s que se le confieran expresamente en esta C.�n.

    De lo hasta aqu� expuesto se puede concluir que el ejercicio de la funci�n legislativa en el Distrito F. est� encomendado al Congreso de la Uni�n y a la Asamblea Legislativa del Distrito F., conforme al siguiente sistema de distribuci�n de competencias:

    1. Un r�gimen expreso y cerrado de facultades para la Asamblea Legislativa del Distrito F., que se enumeran y detallan en el apartado C, base primera, fracci�n V del citado art�culo 122.

    2. La reserva en favor del Congreso de la Uni�n respecto de las materias no conferidas expresamente a la Asamblea Legislativa.

      As� pues, por lo que hace al Distrito F., son facultades de la Asamblea Legislativa aquellas que la C.�n expresamente le confiere, mismas que deber� ejercer en los t�rminos que disponga el Estatuto de Gobierno (art�culo 122, apartado C, base primera, fracci�n V, primer p�rrafo e inciso f), y, son facultades del Congreso de la Uni�n las no conferidas de manera expresa a dicha Asamblea Legislativa.

      Ahora bien, para poder determinar si la Asamblea Legislativa del Distrito F. posee facultades para legislar en materia de asistencia privada, o carece de ellas, debe tomarse en consideraci�n que dicha facultad no necesariamente debe estar plasmada literalmente, a trav�s de voces o frases determinadas, pues �sta puede derivar o estar contenida de alguna otra forma en el propio texto constitucional, con tal de que est�n establecidas de manera clara e inequ�voca.

      Cierto, el r�gimen de facultades expresas que prevalece en el orden jur�dico mexicano, no puede llevarse al extremo de exigir que en un solo precepto o con determinadas palabras o frases sacramentales se establezcan las atribuciones de la autoridad, pues ello har�a prevalecer un sistema de interpretaci�n literal que no es id�neo por s� para la aplicaci�n del derecho; y que desarticular�a el sistema establecido por el Poder Revisor de la C.�n, al asignar facultades a la Asamblea Legislativa con la coexistencia de las atribuciones del Congreso de la Uni�n y del referido �rgano, para legislar en lo relativo al Distrito F..

      Sobre el particular, debe precisarse que este Tribunal Pleno de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n en la tesis de jurisprudencia n�mero 40/95, visible en el T.o II, diciembre de 1995, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, sostuvo lo siguiente:

      FACULTADES EXPRESAS DE LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL. NO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE SE ESTABLEZCAN LITERALMENTE EN LA CONSTITUCI�N. El r�gimen de facultades expresas que prevalece en el orden constitucional mexicano, no puede llevarse al extremo de exigir que en el art�culo 122 de la Carta Fundamental se establezcan con determinadas palabras sacramentales las atribuciones de la autoridad, pues ello har�a prevalecer un sistema de interpretaci�n literal que no es id�neo por s� solo para la aplicaci�n del derecho y que desarticular�a el sistema establecido por el Poder Revisor de la C.�n, al asignar facultades a la Asamblea de Representantes con la coexistencia de las atribuciones del Congreso de la Uni�n y del referido �rgano, para legislar en lo relativo al Distrito F.. Por el contrario, es suficiente que de manera clara e inequ�voca se establezcan dichas facultades.

      Sentado lo anterior, debe analizarse si de alguna disposici�n constitucional, sea o no literal, se deriva la facultad de la Asamblea Legislativa del Distrito F., para legislar en materia de asistencia privada.

      Al respecto, debe decirse que, en concepto de este Tribunal Pleno de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, el art�culo 122, apartado C, base primera, fracci�n V, inciso i), expresamente faculta a dicha asamblea para legislar en esa materia y, en consecuencia, es competente para expedir la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F..

      Para justificar este aserto basta acudir al texto del art�culo 122 constitucional, que en la parte que interesa establece:

      "Art�culo 122. Definida por el art�culo 44 de este ordenamiento la naturaleza jur�dica del Distrito F., su gobierno est� a cargo de los Poderes F.es y de los �rganos ejecutivo, legislativo y judicial de car�cter local, en los t�rminos de este art�culo ... Base primera. Respecto a la Asamblea Legislativa: ... V. La Asamblea Legislativa, en los t�rminos del Estatuto de Gobierno, tendr� las siguientes facultades: ... i) Normar la protecci�n civil; justicia c�vica sobre faltas de polic�a y buen gobierno; los servicios de seguridad prestados por empresas privadas; la prevenci�n y la readaptaci�n social; la salud y asistencia social; y la previsi�n social ..."

      No cabe duda que el Constituyente Permanente con dicho precepto facult� a la Asamblea Legislativa del Distrito F. a legislar, entre otras materias, en la concerniente a la salud y asistencia social, rubro en el que, como se explicar� m�s adelante, encuadra el relativo a la asistencia privada, pues al utilizar para ese efecto el vocablo "normar", tal atribuci�n implica la expedici�n de la ley respectiva como acontece en la materia de asistencia social.

      En efecto, la indicada facultad de la Asamblea Legislativa es el resultado de la evoluci�n de este �rgano a partir de su creaci�n en el a�o de mil novecientos ochenta y siete, hasta las recientes reformas constitucionales de agosto de mil novecientos noventa y seis.

      Desde su origen la entonces denominada Asamblea de Representantes ten�a un nivel jer�rquico inferior al de los Congresos Locales del pa�s, ya que constituida como un �rgano de representaci�n ciudadana, s�lo ten�a facultades para dictar bandos y ordenanzas, as� como reglamentos de polic�a y buen gobierno; cabe se�alar que la asamblea fue creada, apoyada en el principio de la representaci�n, actuando como gestor de la poblaci�n del Distrito F.. Lo anterior se colige de la iniciativa de reformas al art�culo 73 de la C.�n General de la Rep�blica, publicada el diez de agosto de mil novecientos ochenta y siete, en la que se dijo lo siguiente:

      "... La Asamblea del Distrito F., basada en la acci�n pol�tica de sus miembros, podr� dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de polic�a y buen gobierno, de observancia general, en relaci�n a los servicios p�blicos, sociales, econ�micos y culturales, as� como los equipamientos colectivos y acciones de desarrollo urbano que directamente les interesan a los habitantes, por lo que se propone tenga competencia en materia de educaci�n; salud y asistencia social; abasto y distribuci�n de alimentos, mercados y rastros; establecimientos mercantiles; comercio en la v�a p�blica; recreaci�n, espect�culos p�blicos y deporte; seguridad p�blica; protecci�n civil; servicios auxiliares a la administraci�n de justicia; prevenci�n y readaptaci�n social; regularizaci�n de la tenencia de la tierra, establecimientos de reservas territoriales y vivienda; preservaci�n del medio ambiente y protecci�n ecol�gica; explotaci�n de minas de arena y materiales p�treos; construcciones y edificaciones, agua y drenaje; recolecci�n, disposici�n y tratamiento de basura; tratamiento de aguas; racionalizaci�n y seguridad en el uso de energ�ticos; vialidad y tr�nsito; transporte urbano y estacionamientos; alumbramiento p�blico; parques y jardines; agencias funerarias, cementerios y servicios conexos; fomento econ�mico y protecci�n al empleo; desarrollo agropecuario; turismo y servicios de alojamiento; trabajo, trabajo no asalariado y previsi�n social; y acci�n cultural. Nuestra C.�n contiene un sistema integral de distribuci�n de competencias y atribuciones, para dar vigencia a los principios de integridad del orden jur�dico y de divisi�n de poderes, por lo que al crearse un nuevo �rgano, resulta indispensable asignarle un �mbito competencial, que necesariamente debe tomarse de los �rganos ya creados. El Ejecutivo ha decidido proponer al Constituyente Permanente, como ya se ha dicho, que el Congreso de la Uni�n conserve la facultad para legislar en todo lo relativo al Distrito F., para que con la creaci�n de la Asamblea del Distrito F., no se vea mermado su �mbito de competencia ni disminuidas sus facultades en modo alguno. La trascendencia de la facultad de la Asamblea del Distrito F. para dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de polic�a y buen gobierno en las materias que se han se�alado, deriva no solamente de la importancia de las propias materias por ser las que ocupan el inter�s cotidiano de los ciudadanos al atender a su bienestar, sino tambi�n de la naturaleza misma de los bandos, ordenanzas y reglamentos cuya competencia se propone. Los bandos, ordenanzas y reglamentos constituyen aut�nticos cuerpos normativos, de car�cter general, abstracto e impersonal, que participan de la misma naturaleza que las leyes, pero cuyo �mbito material es m�s cercano y pr�ximo a la vida comunitaria; los bandos, ordenanzas y reglamentos son, bajo el imperio de la C.�n y sin contravenir lo dispuesto por las leyes y decretos del Congreso de la Uni�n, la categor�a de normas jur�dicas que deben regir la vida social, econ�mica y cultural del Distrito F.. La Asamblea del Distrito F. tendr� facultades para dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de polic�a y buen gobierno, cuyas materias son aquellas que m�s interesan a la comunidad, por ser las que norman todos los aspectos primarios de la convivencia en orden a la seguridad, tranquilidad y paz cotidianas. Los bandos, ordenanzas y reglamentos de polic�a y buen gobierno, cuya competencia se propone para la Asamblea del Distrito F., tienen una singular tradici�n en la vida pol�tica de M�xico y en la doctrina constitucional mexicana, unida a la concepci�n del Municipio como base de la organizaci�n pol�tica y administrativa de la naci�n; esta proposici�n, en consecuencia, contribuye a que el Distrito F. participe en la vigencia de los principios contenidos en nuestra C.�n ... La Asamblea del Distrito F. que se propone y cuyos lineamientos principales se han destacado, constituye un singular instrumento de participaci�n ciudadana en el Gobierno del Distrito F., pues las funciones de los diputados que la integren y las facultades del Pleno, permitir�n atender los problemas que m�s afectan y sienten los habitantes del Distrito F.; la acci�n pol�tica de los diputados de la asamblea estrechar�n el contacto entre los ciudadanos y sus representantes y permitir�n contribuir a la acci�n de gobierno de nuestra ciudad capital ..."

      Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y tres, fueron reformados diversos art�culos de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo una nueva organizaci�n jur�dico-pol�tica para el Distrito F.. El gobierno de la entidad se encarg� a los Poderes de la Uni�n, por s� y a trav�s de los �rganos de gobierno del Distrito F. establecidos en la propia C.�n; se dispusieron para cada uno de ellos las correspondientes atribuciones, facult�ndose al Congreso de la Uni�n para legislar en lo relativo al Distrito F., salvo en las materias expresamente conferidas a la Asamblea de Representantes as� como para determinar en el Estatuto de Gobierno del Distrito F. la distribuci�n de las atribuciones de los Poderes de la Uni�n en materias del Distrito F., y de los �rganos de gobierno del Distrito F..

      A la Asamblea de Representantes del Distrito F. se le otorgaron facultades legislativas en materias determinadas (art�culo 122 constitucional, fracci�n IV, incisos a) al h), mismas que constituyeron y constituyen la salvedad citada a la atribuci�n legislativa gen�rica del Congreso de la Uni�n para el Distrito F.: L.O.�nica de la Asamblea de Representantes, contando entre ellas con la de "legislar en el �mbito local, en lo relativo al Distrito F. en los t�rminos del Estatuto de Gobierno en materias de: ... salud y asistencia social; turismo y servicios ...".

      Ello fue planteado as� desde la iniciativa presidencial del decreto de reforma constitucional de que se trata:

      ... Para recoger la demanda de los habitantes de la Ciudad de M�xico de contar con un mayor control en materias propiamente urbanas y de gran impacto espec�fico en su vida cotidiana por medio de su representaci�n directa y no compartida con otras entidades federativas, se dota de facultades legislativas a la Asamblea de Representantes, en materias enunciadas en la fracci�n IV, propuesta por esta iniciativa. Las no conferidas a dicho �rgano, se entienden reservadas al Congreso de la Uni�n en t�rminos de la fracci�n VI del art�culo 73 constitucional que se propone ...

      Con esta reforma, se modificaron sustancialmente las facultades de la Asamblea de Representantes del Distrito F., pues se le dot� de competencia para legislar y no s�lo reglamentar lo relativo al Distrito F., entre otras materias, en lo referente a la asistencia social, �nicamente acotada dicha atribuci�n a lo establecido en el Estatuto de Gobierno.

      Posteriormente, en la reforma al art�culo 122 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el d�a veintid�s de agosto de mil novecientos noventa y seis, se reafirm� su naturaleza de �rgano legislativo, como se desprende de la exposici�n de motivos correspondiente en la que en lo conducente, se se�al�:

      "... Otro avance en el r�gimen jur�dico-pol�tico del Distrito F., se registr� en 1993 con el establecimiento de un estatuto como cuerpo normativo propio de la capital, la transformaci�n de sus �rganos de gobierno y el mejoramiento de los mecanismos de coexistencia con los Poderes F.es en un mismo �mbito territorial. Al respecto, a la Asamblea de Representantes del Distrito F. se le otorgaron facultades legislativas de inter�s local; se modific� el �rgano responsable de la funci�n ejecutiva, denomin�ndolo jefatura del Distrito F., cuyo titular ser�a electo en forma indirecta y se establecieron normas para impulsar la participaci�n de los ciudadanos en las decisiones pol�tico-administrativas de su comunidad ... Desde su creaci�n, el Distrito F. ha sido un tema fundamental de atenci�n del r�gimen republicano y federal mexicano. En efecto, cuando en retrospectiva se examina la evoluci�n pol�tica de esta entidad, se constatan las profundas transformaciones que ha experimentado. De aquella modesta sede que al comenzar nuestra vida independiente era un territorio reducido a dos leguas de radio con centro en la Plaza M., el Distrito F. se convirti� en una de las urbes m�s pobladas y grandes del mundo, que hoy demanda una revisi�n a profundidad de su estructura org�nica, de su vida democr�tica y de sus instituciones pol�ticas. Desde que se establece nuestro sistema federal, la naturaleza jur�dica del Distrito F. difiere esencialmente de los Estados que dieron origen a la Federaci�n. El Distrito F. no concurre como entidad soberana a la formaci�n del primer Pacto F., sino que deviene como un fruto de dicho pacto. Es as� que en el primer documento fundamental de la vida independiente, el de 1824, se determinan las bases del Distrito F., formando parte de las facultades asignadas al Congreso de la Uni�n; precisamente, en el art�culo 50 de aquella Carta Magna, se dispuso que el Congreso General tendr�a facultades para elegir el lugar donde residir�an losPoderes F.es, en el cual el propio Congreso ejercer�a lafunci�n legislativa. En el Constituyente de 1857, la soluci�n fue semejante: se confiri� al Congreso F. la facultad de legislar sobre la organizaci�n pol�tica del Distrito F., a�adi�ndose que tendr�a que ser sobre la base de la elecci�n popular de Ayuntamientos. En octubre de 1901, nuevamente es modificada la C.�n, para el efecto de atribuir al Congreso General la facultad de legislar en lo relativo al Distrito F., suprimi�ndose la menci�n de la elecci�n popular de las autoridades locales. En el texto original de la C.�n de 1917 la decisi�n se ratifica, ya que se mantiene la facultad del Congreso General para legislar en todo lo relativo al Distrito F., pero se estableci� que su gobierno y el de los territorios federales estar�an a cargo de gobernadores designados por el presidente, especific�ndose que s�lo el gobernador del Distrito F. acordar�a con el presidente de la Rep�blica. M�s tarde, en 1928, se determin� que el Gobierno del Distrito F. estuviera a cargo del presidente de la Rep�blica, quien lo ejercer�a por conducto del �rgano que determinara la ley respectiva, conservando el Congreso de la Uni�n la funci�n legislativa. Esta situaci�n prevalece hasta el a�o de 1987, cuando se crea la Asamblea de Representantes del Distrito F. como una instancia de representaci�n ciudadana. Este �rgano, integrado sobre la base de la elecci�n popular, tuvo la facultad de expedir normas de car�cter general, bajo la denominaci�n de bandos, ordenanzas y reglamentos de polic�a y buen gobierno en materias vinculadas a servicios p�blicos, sociales, econ�micos y culturales; por otra parte, se le dot� tambi�n de atribuciones en cuanto a equipamientos y acciones de desarrollo urbano de inter�s directo de los habitantes, respecto de las cuales se estableci� el derecho de iniciativa popular, facultando por �ltimo a la propia asamblea para convocar a consulta p�blica sobre cualquiera de los temas de su competencia. En la reforma de 1993 se previ� un esquema para la transformaci�n gradual de las instituciones pol�ticas, representativas y de gobierno del Distrito F., que incluy� la atribuci�n de facultades legislativas a la Asamblea de Representantes, el establecimiento de consejos de ciudadanos y un sistema de designaci�n del titular del �rgano ejecutivo por otra parte de la propia asamblea. La naturaleza jur�dica especial del Distrito F. se ha definido en el art�culo 44 constitucional, que subraya que la Ciudad de M�xico es, a un tiempo, Distrito F., sede de los Poderes de la Uni�n y capital de los Estados Unidos Mexicanos. En la iniciativa que ahora se presenta el nuevo art�culo 122, ratifica esta importante decisi�n pol�tica constitucional respecto de la naturaleza jur�dica que hace del Distrito F. una entidad de perfiles singulares. Para enunciar y deslindar la competencia y atribuciones que corresponden a los Poderes F.es y a las autoridades locales en el Distrito F., la iniciativa dedica los cinco primeros apartados del art�culo 122 a tales prop�sitos; de este modo, se destaca que, esencialmente, las funciones legislativa, ejecutiva y judicial en el Distrito F. corresponden a los Poderes de la Uni�n en el �mbito local que es su sede, para despu�s se�alar que en el ejercicio de estas atribuciones concurren las autoridades locales, que son fundamentalmente la Asamblea Legislativa, el jefe de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia. Para que los Poderes F.es y las autoridades locales convivan de manera arm�nica, la iniciativa propone asignar las competencias que corresponden a cada uno de los �rganos que act�an en el Distrito F.. De esta forma, se consagran de manera puntual las facultades que corresponden al Congreso de la Uni�n y al titular del Ejecutivo F.. Asimismo, se establecen las bases a las cuales se sujetar� la expedici�n del Estatuto de Gobierno por el propio Congreso de la Uni�n y se regula la organizaci�n y funcionamiento de las autoridades locales. El texto que se propone para el art�culo 122, busca preservar la naturaleza jur�dico-pol�tica del Distrito F. como asiento de los Poderes de la Uni�n y capital de la Rep�blica; acrecentar los derechos pol�ticos de sus ciudadanos y establecer con claridad y certeza la distribuci�n de competencias entre los Poderes de la Federaci�n y las autoridades locales. Todo ello, a fin de garantizar la eficacia en la acci�n de gobierno para atender los problemas y las demandas de los habitantes de esta entidad federativa ... En cuanto a la instancia colegiada de representaci�n plural del Distrito F., se plantea reafirmar su naturaleza de �rgano legislativo, integrado por diputados locales. Al efecto, se ampl�an sus atribuciones de legislar al otorgarle facultades en materias adicionales de car�cter local a las que cuenta hoy d�a, entre las m�s importantes, la electoral. Tambi�n podr�a designar al jefe de Gobierno del Distrito F. en los casos de falta absoluta de su titular electo ... Por lo que hace a la administraci�n p�blica local para el Distrito F., la iniciativa propone su organizaci�n a partir de la distinci�n entre �rganos centrales, desconcentrados y descentralizados, con bases para la distribuci�n de competencias; el establecimiento de nuevas demarcaciones para la constituci�n de las autoridades pol�tico-administrativas de car�cter territorial, y la elecci�n de los titulares de los �rganos a cargo de esas demarcaciones ..."

      Es precisamente en esta reforma constitucional que se sustituye la denominaci�n de Asamblea de Representantes del Distrito F. por la de Asamblea Legislativa de la misma entidad, y adem�s se ampl�a su �mbito competencial, pues se le reconoce claramente como un Poder Legislativo Local (Distrito F.), reiter�ndose la facultad para normar la asistencia social.

      En suma, analizado el texto constitucional, las razones pol�ticas que dieron origen a la Asamblea Legislativa del Distrito F. y su evoluci�n, se concluye que este �rgano legislativo, cuestionado en cuanto a su competencia y atribuciones, s� tiene facultades constitucionales expresas que lo autorizan a expedir la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F., pues el Constituyente en el texto actual del art�culo 122 de la Carta Magna al establecer las facultades de la Asamblea Legislativa utiliza indistintamente, como sin�nimos, los vocablos "expedir", "legislar" y "normar", am�n de que no debe perderse de vista que conforme al Estatuto de Gobierno, la Asamblea Legislativa es el �rgano legislativo del Distrito F. y en t�rminos del art�culo 86 de la L.O.�nica de la Asamblea Legislativa del Distrito F.: "Toda resoluci�n de la asamblea tendr� el car�cter de ley o decreto". Se hace notar que con fundamento en ese mismo precepto la indicada asamblea ha expedido la Ley de Protecci�n Civil para el Distrito F., publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el dos de febrero de 1996; la Ley de Justicia C�vica para el Distrito F., publicada en la Gaceta Oficial del Distrito F., el primero de junio de 1999; la Ley de Participaci�n Ciudadana del Distrito F., publicada en la Gaceta Oficial del Distrito F. el veintiuno de diciembre de 1998; la Ley de la Defensor�a de Oficio del Distrito F., publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el dieciocho de junio de 1997; y, la Ley de los Servicios de Seguridad prestados por Empresas Privadas, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito F. el dieciocho de enero de 1999.

      Por otra parte, para corroborar lo ya anticipado respecto de que dentro de esta facultad legislativa de la Asamblea Legislativa del Distrito F., queda encuadrada la materia de "asistencia privada", se hace necesario acudir a los m�todos interpretativos reconocidos en la doctrina, resultando suficientes para ello, los m�todos gramatical, hist�rico, sistem�tico y teleol�gico.

    3. En cuanto al m�todo de interpretaci�n gramatical, podemos se�alar lo siguiente:

      En este punto, se hace necesario determinar el alcance de los t�rminos asistencia, asistencial, asistencia p�blica, asistencia social, beneficencia privada, beneficencia mixta, beneficencia p�blica, privada, p�blico, social y salud.

      A) Sobre el concepto asistencia:

      El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espa�ola, dice:

      "Asistencia: f. Acci�n de asistir o presencia actual. 2. Recompensa o emolumentos que se ganan con la asistencia personal. 3. Socorro, favor, ayuda. 4. Empleo o cargo de asistencia; funcionario p�blico. 5. M�j. Pieza destinada para recibir las visitas de confianza y que por lo com�n est� en el piso alto de la casa. 6. Pl. Medios que se dan a alguno para que se mantenga. 7. Taurom. Conjunto de los mozos de plaza."

      Asistencial: adj. P. o relativo a la asistencia social.

      El Diccionario Enciclop�dico Larousse, se�ala:

      "Asistencia p�blica: organizaci�n ben�fica del Estado, encaminada a asegurar los servicios sociales mediante organismos adecuados."

      Asistencia social: conjunto de medidas econ�micas, sanitarias, educacionales, sicol�gicas, etc., para auxiliar a personas o grupos con escasos recursos. Sin: trabajo social.

      El Diccionario del Instituto de Investigaciones Jur�dicas de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico, al respecto expresa:

      Asistencia: I. La asistencia se define como socorro, favor o ayuda, y nuestro derecho positivo distingue entre la asistencia privada y la asistencia p�blica. II. La asistencia privada, est� fundada en la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F.. Las instituciones de asistencia privada, son entidades jur�dicas, que, con bienes de propiedad particular, ejecutan actos con fines humanitarios de asistencia, sin prop�sito de lucro y sin designar individualmente beneficiarios (a. 1o. LIAP). En los t�rminos de esta ley se reconocen tres clases de instituciones de asistencia privada: a) fundaciones; b) juntas de socorro o asistencia; y c) asociaciones. III. La asistencia o beneficencia p�blica, se encomienda conforme a la LIAP, a la S.�a de Salud. Tiene efectos civiles de importancia, ya que en nuestro CC precept�a el llamamiento del Estado como heredero: A falta de todos los herederos, suceder� la beneficencia p�blica (a. 1395 del CC). El CC reconoce la herencia leg�tima hasta el cuarto grado de la colateral, ya que m�s all� de dicho grado considera que son d�biles los lazos de parentesco; en atenci�n a lo mismo fortalece los derechos del Estado-heredero. Existe una controversia en considerar al Estado efectivamente como heredero. La opini�n dominante sostiene que el Estado recibe los bienes por derecho de su soberan�a.

      Santiago Barajas Montes de Oca, define a la asistencia social como:

      "La cooperaci�n y ayuda prestada a las personas con la finalidad de mejorar su estado de salud.

      Cuatro tambi�n son los elementos de la asistencia social: 1. El conjunto de acciones de naturaleza p�blica o privada destinadas a la preservaci�n de la salud individual. 2. La atenci�n inmediata de necesidades actuales o presentes. 3. La reintegraci�n del ser humano al medio social en el cual se haya adaptado. 4. El conjunto de acciones curativas que permitan conservar las funciones org�nicas de la persona.

      B) Sobre el concepto de beneficencia:

      La Nueva Enciclopedia Jur�dica, respecto del t�rmino asistencia, nos remite al de beneficencia, y al respecto precisa:

      "Beneficencia en general: I.C.. E.�gicamente, la palabra beneficencia, de bene-facere, significa la acci�n de hacer el bien. Seg�n la Academia de la Lengua, es ?virtud de practicar el bien o de hacer obras �tiles en provecho del pr�jimo?. La amplitud de este concepto es notoria. Con �l, todos los servicios del Estado que persiguen el bien de los s�bditos, ser�an ben�ficos. De modo m�s estricto, pero todav�a muy lato, se dice que significa ?hacer el bien gratuitamente?. No es otro el que indirectamente contiene el art�culo 2o. del Real Decreto de 14 de marzo de 1899, cuando define las instituciones de beneficencia diciendo que son ?los establecimientos o asociaciones permanentes destinados a la satisfacci�n gratuita de necesidades intelectuales o f�sicas ... y las fundaciones sin aquel car�cter de permanencia, aunque con destino semejante?. Si bien, seg�n este concepto, las escuelas primarias, los museos y tantos otros servicios, tendr�an el car�cter de instituciones de beneficencia. Cuando se habla de los servicios de la beneficencia p�blica o privada, distinci�n fundamental para una sistem�tica exposici�n de la materia, se alude a una actividad mucho m�s estricta, en la cual es elemento esencial, seg�n afirma J. de Pozas ?la prestaci�n gratuita de bienes o auxilios a los que, no teni�ndolos, tampoco se los pueden procurar'. Seg�n B., ha de entenderse por beneficencia la ayuda al necesitado por parte de aquel que posee medios econ�micos mucho m�s abundantes, siendo la caridad privada su forma originaria, y la piedad impulsada por la filantrop�a o por la compasi�n, su fundamento. Posada define la beneficencia, diciendo es ?toda actividad libre, altruista; toda manifestaci�n consciente en el sentido de realizar el bien de un modo voluntario, por motivos puros, desinteresados, en atenci�n al valor sustantivo, absoluto, del bien mismo?.

      Formas: La beneficencia puede considerarse en tres formas esenciales: a) La beneficencia privada o particular; b) La beneficencia mixta; y c) La beneficencia p�blica, llamada tambi�n beneficencia legal u oficial. Ve�moslas. a) Se entiende por beneficencia privada aquella que depende exclusivamente de la iniciativa de los individuos. Se caracteriza por ser la forma primitiva de ayuda del que ten�a para subsistir al que no ten�a o s�lo en m�sera parte. b) Se entiende por beneficencia mixta aquella en la cual coadyuvan los particulares con el Estado. En otras palabras: la acci�n se cumple con un car�cter de funci�n p�blica, pero el fondo pecuniario que se utiliza no est� formado por prestaciones que el Estado haya exigido en forma obligatoria a los particulares. c) Se entiende por beneficencia p�blica aquella que se ejerce con car�cter de funci�n p�blica y cuyo patrimonio est� constituido con las prestaciones exigidas coactivamente a los particulares. Estas tres formas nos revelan c�mo ha evolucionado la beneficencia a trav�s de los tiempos, a medida, tambi�n, que el Estado iba dejando de ser individualista para ser colectivista. Y pese a que hoy coexisten tales formas, es la �ltima la que predomina. La intervenci�n estatal: B. se refiere a dos formas de la intervenci�n estatal: cuando realiza el Estado una ?actividad jur�dica? y cuando realiza una ?actividad social?. 1) Por medio de la actividad jur�dica, el Estado ejerce una regulaci�n de las iniciativas privadas en esta materia, persiguiendo dos tipos: que existan garant�as para que se haga efectiva la voluntad de quienes fundan instituciones de beneficencia, y que estas iniciativas privadas no lleguen a causar perjuicio a los intereses sociales. 2) Por medio de la actividad social, el Estado crea y sostiene diversos establecimientos ben�ficos, con lo cual viene a completar aquellas iniciativas privadas. S.�a de Paredes se refiere a una doble actividad ?jur�dica? y ?t�cnica?. Dice a este prop�sito que ?el ideal en esta materia ser�a que la sociedad se organizase libremente para cumplir tales fines (los ben�ficos); pero en tanto eso no suceda, ha de continuar el Estado desempe�ando una funci�n tutelar respecto de la beneficencia y desarrollando una doble actividad jur�dica, en cuanto dicta reglas de derecho para el r�gimen de la beneficencia en general, y t�cnica, en cuanto ejerce por s� mismo la beneficencia p�blica?.

      C) Sobre los conceptos de p�blico, privado, social y salud:

      E.J.C. en su Vocabulario Jur�dico se�ala:

      P�blico: Por oposici�n a privado, d�cese de todo aquello que ata�e o interesa al Estado o a la comunidad.

      El Diccionario Manual Jur�dico Abeledo-Perrot precisa:

      P�blico: A.�case a la potestad o derecho de car�cter general y que afecta en la relaci�n social como tal. Como adjetivo calificativo de instituciones jur�dicas se opone a particular o privado. As�, administraci�n p�blica, aguas p�blicas, acci�n de derecho p�blico, escritura p�blica, obra p�blica, etc�tera.

      R. de P.V. en su Diccionario de Derecho se�ala:

      P�blico: Por oposici�n a privado, d�cese de todo aquello que ata�e o interesa al Estado o a la comunidad (o sociedad).

      G.C. en su Diccionario Jur�dico Elemental dice:

      P�blico: Como adjetivo, lo conocido, notorio o patente. Lo sabido por todos o muchos. Vulgar, com�n. De todos o para todos. De general uso o aprovechamiento. De autoridad o funcionario, como contrapuesto a lo privado. Oficial.

      G.C. en la obra ya citada dice:

      Privado: Particular, en contraposici�n a lo que tiene car�cter p�blico, solemne u oficial. A. al individuo en las relaciones de derecho privado (v.). Personal. Dom�stico. Familiar.

      En su Diccionario de Ciencias Jur�dicas, Pol�ticas y Sociales, M.O. se�ala:

      Social: Relativo a la sociedad (v.). Propio de los socios. S.�gico. Se emplea tambi�n por laboral o de los trabajadores. Colectivo. Esos amplios significados se comprenden en la adjetivaci�n de numerosas voces de inter�s jur�dico, como asistencia, capital, clases, cuesti�n, contrato, delito, derecho, Estado, justicia, pacto, raz�n y seguridad sociales (v.).

      La C.�n de la Organizaci�n Mundial de la Salud se�ala:

      La salud es un estado de completo bienestar f�sico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

      La Conferencia Internacional sobre A.�n P. a la Salud (OMS. UNICEF) define a la salud como:

      Salud. El estado de completo bienestar f�sico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades; es un derecho fundamental y el logro del grado m�s alto posible de la misma es un objetivo social important�simo en el mundo.

      La Enciclopedia Universal Espasa-Calpe define al vocablo salud como:

      Salud. F.S.�. It. S.. In. H.. A.G., H.. P.S.�de. C.S.. E. Sano (Etim. Del lat. Salus, ulis.) F. Estado en que el ser org�nico ejerce normalmente todas sus funciones. Libertad o bien p�blico o particular de cada uno. Estado de gracia espiritual. S.V.A.�o de nuestra salud. Fig. y fam. V.C. de la salud. G.. Iglesia (9a. y 10a. aceps.). M.P.. Actos y expresiones corteses.

      De todo lo anterior, podemos determinar lo siguiente:

      1. Los t�rminos asistencia y beneficencia son sin�nimos.

      2. La asistencia implica un socorro, favor o ayuda (prestaciones gratuitas o a costo reducido) a personas de escasos recursos o pertenecientes a grupos desvalidos.

      3. La asistencia social se integra por un conjunto de medidas econ�micas, sanitarias, educacionales, sicol�gicas, etc�tera, para lograr la ayuda descrita ya sea que se trate de acciones de naturaleza p�blica o privada.

      4. La asistencia p�blica se refiere a una organizaci�n ben�fica del Estado, con el fin de asegurar los servicios sociales y que se ejerce con recursos p�blicos.

      5. La asistencia privada est� integrada por las acciones que realizan instituciones de asistencia privada con bienes de propiedad particular.

      6. El Estado ejerce una regulaci�n de las instituciones privadas en materia de asistencia social.

      7. La salud es un derecho, e implica un completo estado de bienestar y no s�lo la ausencia de enfermedad.

    4. Conforme al m�todo de interpretaci�n hist�rico, se puede se�alar lo siguiente:

      Para realizar este an�lisis hist�rico, se hace necesario analizar entre otras, las siguientes disposiciones:

  19. C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

    -Exposici�n demotivos.

    -Reformas del cinco de diciembre de mil novecientossesenta.

    -Reformas del tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres.

    -Reformas del diez de agosto de mil novecientos ochenta y siete.

    -Reformas del veintiocho de enero de mil novecientos noventa y dos.

    -Reformas del veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y tres.

    -Reformas del treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.

    -Reformas del veintid�s de agosto de mil novecientos noventa y seis.

  20. Estatuto de Gobierno del Distrito F..

    -Exposici�n de motivos.

    -Reforma del cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

  21. L.O.�nica de la Administraci�n P�blica F..

    -Exposici�n de motivos.

    -Reformas del veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y dos.

    -Reformas del veintiuno de enero de mil novecientos ochenta y cinco.

  22. Ley General de Salud.

    -Exposici�n de motivos.

  23. Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social.

    -Exposici�n de motivos.

  24. Ley del Seguro Social.

    -Exposici�n de motivos.

  25. Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

    -Exposici�n de motivos.

  26. Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F. (mil novecientos cuarenta y tres).

    -Exposici�n de motivos.

    -Reforma del diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y tres.

    -Reforma del veintiocho de febrero de mil novecientos cuarenta y cuatro.

    -Reforma del ocho de marzo de mil novecientos cuarenta y ocho.

    -Reforma del veintitr�s de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro.

    -Reforma del quince de mayo de mil novecientos setenta y ocho.

    -Reforma del primero de diciembre de mil novecientos ochenta y seis.

    -Reforma del siete de enero de mil novecientos noventa y uno.

  27. Ley de Expropiaci�n.

    -Exposici�n de motivos.

    -Reforma del cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

  28. Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Distrito F..

  29. L.O.�nica de la Administraci�n P�blica del Distrito F..

  30. L.O.�nica de la Asamblea Legislativa del Distrito F..

  31. Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea de Representantes del Distrito F..

  32. L.O.�nica de la Asamblea de Representantes del Distrito F..

    -Exposici�n de motivos.

  33. Decreto del dos de febrero de mil ochocientos sesenta y uno, que seculariza los hospitales y establecimientos de beneficencia.

  34. Decreto por el que se crea un organismo p�blico descentralizado con personalidad jur�dica y patrimonio propio, que se denominar� Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Diario Oficial de la Federaci�n de fecha del trece de enero de mil novecientos setenta y siete.

  35. Acuerdo por el que se crea la Coordinaci�n de los Servicios de Salud P�blica, adscrita a la Presidencia de la Rep�blica, como unidad de asesor�a y apoyo t�cnico del Ejecutivo F., Diario Oficial de la Federaci�n de fecha del veinticinco de agosto de mil novecientos ochenta y uno.

  36. Acuerdo por el que las entidades de la administraci�n p�blica paraestatal se agrupar�n por sectores a efecto de que sus relaciones con el Ejecutivo F. se relacionen a trav�s de las secretar�as de Estado o departamento administrativo, Diario Oficial de la Federaci�n de fecha del tres de septiembre de mil novecientos ochenta y dos.

  37. Acuerdo por el que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y en cumplimiento de las disposiciones legales que le son aplicables debe integrarse al sector salud, Diario Oficial de la Federaci�n de fecha del veintiuno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos.

  38. Decreto por el que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, creado por decreto del diez de enero de mil novecientos setenta y siete, se sujetar� a las disposiciones que se indican, Diario Oficial de la Federaci�n de fecha del veintiuno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos.

  39. Acuerdo por el que se establecen las normas y lineamientos para la integraci�n y funcionamiento de los �rganos de gobierno de las entidades paraestatales coordinadas por la S.�a de Salubridad y Asistencia, Diario Oficial de la Federaci�n de fecha del treinta de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro.

  40. Acuerdo por el que se crea la Direcci�n General del S.iado T�cnico de Gabinetes de la Presidencia de la Rep�blica, Diario Oficial de la Federaci�n de fecha del diecinueve de enero de mil novecientos ochenta y tres.

  41. Decreto por el que se reforman los art�culos 2o., 3o., 4o., 8o., 9o. y 16, del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General, Diario Oficial de la Federaci�n de fecha del diecisiete de enero de mil novecientos ochenta y tres.

  42. Programa Nacional de Salud mil novecientos ochenta y cuatro-mil novecientos ochenta y ocho, Diario Oficial de la Federaci�n de fecha del veintitr�s de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro.

  43. Plan Nacional de Desarrollo mil novecientos ochenta y tres-mil novecientos ochenta y ocho, Diario Oficial de la Federaci�n de fecha del treinta y uno de mayo de mil novecientos ochenta y tres.

  44. Plan Nacional de Desarrollo mil novecientos ochenta y nueve-mil novecientos noventa y cuatro, Diario Oficial de la Federaci�n de fecha del treinta y uno de mayo de mil novecientos ochenta y nueve.

  45. Plan Nacional de Desarrollo mil novecientos noventa y cinco-dos mil, Diario Oficial de la Federaci�n de fecha del treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y cinco.

  46. Ley de Beneficencia Privada para el Distrito F. y Territorios F.es del siete de noviembre de mil ochocientos noventa y nueve.

  47. Ley de Beneficencia Privada para el Distrito F. y Territorios F.es del veintitr�s de agosto de mil novecientos cuatro.

  48. Ley de Beneficencia Privada para el Distrito F. y Territorios F.es del veintiocho de enero de mil novecientos veintis�is.

  49. Ley de Beneficencia Privada para el Distrito F. y Territorios F.es del treinta y uno de mayo de mil novecientos treinta y tres.

  50. Reglamento de la Ley sobre Justicia en Materia de Faltas de Polic�a y Buen Gobierno del Distrito F..

  51. Primer C�digo S. del quince de julio de mil ochocientos noventa y uno.

    -Exposici�n de motivos.

  52. Segundo C�digo S. del treinta de diciembre de mil novecientos dos.

  53. Tercer C�digo S. del seis de marzo de mil novecientos veintis�is.

  54. Cuarto C�digo S., Diario Oficial de la Federaci�n de fecha del treinta y uno de agosto de mil novecientos treinta y cuatro.

  55. Quinto C�digo S., Diario Oficial de la Federaci�n de fecha del veinticinco de enero de mil novecientos cincuenta.

  56. Sexto C�digo S., Diario Oficial de la Federaci�n de fecha del primero de marzo de mil novecientos cincuenta y cinco.

  57. S�ptimo C�digo S., Diario Oficial de la Federaci�n de fecha del trece de marzo de mil novecientos setenta y tres.

  58. Diario Oficial de la Federaci�n de fecha del dos de marzo de mil ochocientos sesenta y uno, decreto del gobierno, se crea la Direcci�n General de Fondos de Beneficencia, promulgado el veintiocho de febrero de mil ochocientos sesenta y uno.

  59. Diario Oficial de la Federaci�n de fecha del treinta de agosto de mil ochocientos sesenta y dos, decreto del gobierno donde se deroga el que estableci� la Direcci�n de Beneficencia P�blica.

  60. Diario Oficial de la Federaci�n de fecha del ocho de octubre de mil ochocientos sesenta y dos, providencia de la S.�a de G.�n, donde los establecimientos de beneficencia p�blica de la capital quedan bajo la inspecci�n del Ayuntamiento.

  61. Diario Oficial de la Federaci�n de fecha del veintitr�s de enero de mil ochocientos setenta y siete, circular del Ministerio de G.�n sobre organizaci�n de la beneficencia p�blica.

  62. Diario Oficial de la Federaci�n de fecha del primero de agosto de mil ochocientos ochenta y uno, decreto del gobierno, Reglamento de Beneficencia P�blica en el Distrito F..

  63. Diario Oficial de la Federaci�n de fecha del doce de julio de mil novecientos trece, acuerdo que establece la Junta Inspectora de Beneficencia.

  64. Diario Oficial de la Federaci�n de fecha del tres de mayo de mil novecientos diecinueve, S.�a de G.�n, diversas disposiciones legales relativas a la vigilancia del poder p�blico sobre las fundaciones de beneficencia privada, dictadas con anterioridad a la organizaci�n actual de la misma.

  65. Diario Oficial de la Federaci�n de fecha del dieciocho de septiembre de mil novecientos veintis�is, acuerdo por el cual se pone a cargo de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, la organizaci�n y funcionamiento econ�mico de la beneficencia p�blica del Distrito F..

  66. Diario Oficial de la Federaci�n de fecha del treinta de junio de mil novecientos treinta y siete, decreto que adiciona la Ley de S.�as y Departamentos de Estado, creando el Departamento de Asistencia Social Infantil.

  67. Diario Oficial de la Federaci�n de fecha del primero de febrero de mil novecientos sesenta y uno, decreto que crea un organismo p�blico descentralizado que se denominar� Instituto Nacional de Protecci�n a la Infancia.

  68. Diario Oficial de la Federaci�n de fecha del diecinueve de agosto de mil novecientos sesenta y ocho, decreto que crea un organismo p�blico descentralizado denominado Instituci�n Mexicana de Asistencia a la Ni�ez, que tendr� personalidad jur�dica y patrimonio propios con domicilio en esta ciudad.

  69. Diario Oficial de la Federaci�n de fecha del treinta y uno de diciembre de mil novecientos treinta y siete, decreto que modifica la Ley de S.�as y Departamentos de Estado, creando la S.�a de la Asistencia P�blica.

  70. C.�n Espa�ola de mil ochocientos doce.

  71. C.�n de Apatzing�n de mil ochocientos catorce.

  72. Bases C.onales de mil ochocientos veintid�s.

  73. C.�n F. de mil ochocientos veinticuatro.

  74. C.�n C. de mil ochocientos treinta y seis.

  75. Bases Org�nicas de mil ochocientos cuarenta y tres.

  76. Ley de Nacionalizaci�n de los Bienes Eclesi�sticos.

  77. Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General.

    El an�lisis de los documentos antes relacionados arroja los siguientes resultados:

    Los historiadores coinciden en que en la �poca prehisp�nica se dio atenci�n al necesitado, sin embargo, no existieron disposiciones legales espec�ficas que insin�en una reglamentaci�n de la asistencia o beneficencia.

    Los antecedentes legales que destacan datan de la �poca de la colonia.

    La conquista espa�ola trajo consigo no s�lo el encuentro violento de im�genes, religiones y culturas, sino una serie de epidemias que se manifestaron con fuerza en la poblaci�n ind�gena. La pronta llegada de los primeros misioneros redund� en la creaci�n de hospitales para auxiliar a la poblaci�n nativa y a los espa�oles. Las �rdenes religiosas fundaron su labor hospitalaria en el principio b�sico de la caridad.

    Se sabe que uno de los primeros hospitales dedicados al cuidado y a la protecci�n de los indios fue fundado en mil quinientos tres; el hospital se llam� S.N.�s de Bari. Posteriormente, C.�s fund� en mil quinientos veintiuno y en mil quinientos veintiocho los hospitales La Concepci�n y San L�zaro, respectivamente.

    En este periodo, los te�logos juristas espa�oles realizaron una obra legislativa en pro del desvalido; los reyes de Espa�a, inspirados en el cristianismo que en ese entonces alcanzaba su plenitud, emitieron c�dulas reales que promov�an el establecimiento de casas de hu�rfanos y la construcci�n de hospitales para prestar atenci�n m�dica gratuita; tal es el caso de la C�dula Real del tres de octubre de mil quinientos treinta y tres que ordenaba que se recogieran en alg�n albergue a los hijos de espa�oles en indias que hubieren sido abandonados.

    El Concilio de Trento (mil quinientos cuarenta y cinco-mil quinientos sesenta y tres) declar� que todos los hospitales depend�an de la iglesia en tanto que eran instituciones religiosas. Esto implicaba que los albergues, hospitales y hospicios se encontraban en la jurisdicci�n del ordinario eclesi�stico, quedando bajo la supervisi�n del obispo, y que el permiso de fundaci�n as� como las ordenanzas a las que se ajustaba el gobierno interno de las instituciones deb�a otorgarlos el diocesano, en tanto autoridad eclesi�stica.

    El siete de octubre de mil quinientos noventa y cuatro se emiti� la Real C�dula de C.I. de Espa�a que ordenaba que se fundaran hospitales en todos los pueblos de espa�oles e indios.

    El documento en cita se�alaba:

    Encargamos y mandamos a nuestros virreyes, audiencias y gobernadores, que con especial cuidado provean, que en todos los pueblos de espa�oles e indios de sus provincias y jurisdicciones, se funden hospitales donde sean curados los pobres enfermos y se ejercite la caridad cristiana.

    Esta c�dula constituy� una disposici�n concerniente a todas las provincias y de cuya aplicaci�n result� la construcci�n de m�ltiples hospitales de esta naturaleza que, junto con los establecimientos de beneficencia que se crearon, iniciaron la infraestructura b�sica del sistema asistencial en M�xico.

    La Revoluci�n Francesa, la expansi�n del capitalismo, la separaci�n del Estado y de la iglesia, la declaraci�n de los derechos del hombre y las C.es de C�diz, fueron importantes antecedentes entre otros muchos factores, que modificaron el sentido de la caridad cristiana y lo tradujeron en un concepto que cristalizaba el tr�nsito de lo divino a lo laico. Este concepto era el de la beneficencia.

    En mil ochocientos cuatro, por medio de una Real C�dula de C.I. de Espa�a, se orden�:

    La enajenaci�n de los bienes ra�ces pertenecientes a hospitales, hospicios y casas de misericordia, de reclusi�n, de exp�sitos, cofrad�as, memorias, obras p�as y patronatos de legos.

    En la C.�n Espa�ola de mil ochocientos doce, tras la invasi�n napole�nica, los espa�oles trasladaron a los Ayuntamientos la labor de:

    "Cuidar de los hospitales, hospicios, casas de exp�sitos y dem�s establecimientos de beneficencia, bajo las reglas que se prescriban."

    M�s tarde, en mil ochocientos veinte, se decreta la supresi�n de las �rdenes hospitalarias. A.icadas parcialmente en M�xico, estas disposiciones tuvieron consecuencias inmediatas en la vida hospitalaria. En primer lugar, la desaparici�n de las �rdenes ocasion� un d�ficit de personal capacitado. En segundo t�rmino, formalmente dej� de ser la iglesia la instituci�n encargada de proporcionar servicios de beneficencia. Por �ltimo, la mayor parte de los hospitales desaparecieron o cerraron sus puertas.

    La sustituci�n de la noci�n de caridad por la de beneficencia, tard� en tomar cuerpo en el marco jur�dico de la naci�n independiente. Prueba de ello es que la C.�n de Apatzing�n, redactada por M. en mil ochocientos catorce, as� como las Bases C.onales de mil ochocientos veintid�s y la C.�n de mil ochocientos veinticuatro no conten�an disposiciones sobre la materia de beneficencia.

    El desarrollo de la obra legislativa, que tuvo su nacimiento en la �poca colonial, sufri� un estancamiento en la �poca independiente, como resultado del desequilibrio pol�tico consecuencia de la guerra de independencia; las disposiciones jur�dicas relativas a la beneficencia son escasas y apenas hacen referencia a aspectos de relevancia; b�sicamente las normas se concretan a otorgar algunos beneficios, bien sea subsidiando el funcionamiento o eximiendo del pago de impuestos y derechos a los establecimientos de beneficencia de la �poca colonial que se ven reducidos considerablemente; son pocos los edificios construidos exprofeso para fines asistenciales; la legislaci�n en este periodo se refiere, primordialmente, a la transferencia de edificios (creados con un fin distinto) y de recursos a la beneficencia; basta citar como ejemplo el decreto del catorce de octubre de mil ochocientos veintinueve, que destina el Edificio de la Inquisici�n (nacionalizado por decreto del veintid�s de febrero de mil ochocientos trece) para casa de inv�lidos.

    Es hasta la C.�n C. de mil ochocientos treinta y seis que se habla de "establecimientos de beneficencia".

    En mil ochocientos cuarenta y dos, en una de las presidencias de Santa Anna, se crea el Consejo de Salubridad, encargado, entre otras cuestiones, de redactar un C�digo S. de la Rep�blica Mexicana, de dictar medidas de higiene p�blica, de vigilar la docencia m�dica, etc�tera; un a�o m�s tarde, las Bases Org�nicas de mil ochocientos cuarenta y tres consagraron como facultades de las asambleas de los departamentos "crear fondos para establecimientos de instrucci�n, utilidad o beneficencia p�blica".

    Un a�o m�s tarde, en mil ochocientos cuarenta y cuatro, se aprob� la llegada a M�xico de las hermanas de la caridad, pertenecientes a la instrucci�n de San Vicente de P., en quienes se deposit� la vida hospitalaria del pa�s.

    En aquel entonces, los hospitales que hab�a en la ciudad eran s�lo ocho. La mayor�a se sosten�a de limosnas y donaciones, pero hab�a algunos, como el del D.S., que contaban con una loter�a.

    La pol�tica laica que asume el presidente J., da un giro trascendental a la legislaci�n asistencial a partir del a�o de mil ochocientos sesenta. La expulsi�n de los jesuitas y la tendencia a secularizar las fundaciones de beneficencia, aunado a la aplicaci�n de las Leyes de Reforma, produce un resquebrajamiento de las instituciones existentes, en virtud de que la asistencia prestada por las �rdenes religiosas y los particulares, es transferida al Estado.

    La Ley de Nacionalizaci�n de los Bienes Eclesi�sticos, promulgada el doce de julio de mil ochocientos cincuenta y nueve y publicada hasta el veintiocho de diciembre de mil ochocientos sesenta, constituye el comienzo de un marco legislativo importante, ya que las instituciones de beneficencia existentes, que pertenec�an a la iglesia, pasan a ser propiedad del Estado. La desconfianza que esta medida provoca en los particulares retrae en gran medida las aportaciones a los fondos de beneficencia, dando como resultado la emisi�n de una serie de disposiciones tendientes a procurar la captaci�n de capitales.

    El dos de febrero de mil ochocientos sesenta y uno se expide un decreto que seculariza los hospitales y establecimientos de beneficencia, el cual constituye el antecedente legal m�s significativo pues ordena que el Gobierno de la Uni�n se encargue del cuidado, direcci�n y mantenimiento de los establecimientos de beneficencia existentes en el Distrito F. y que aquellos que se encuentren en los Estados queden a cargo de sus respectivos gobiernos.

    El citado decreto se�alaba lo siguiente:

    N�mero 5188. Febrero 2 de 1861. Decreto del gobierno. Quedan secularizados los hospitales y establecimientos de beneficencia. El Excmo. Sr. Presidente Interino C.onal se ha servido dirigirme el decreto que sigue: El C. Benito J. Presidente Interino C.onal de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, hago saber: 1) Que en uso de las facultades de que me hallo investido, he tenido a bien decretar lo siguiente: Art. 1o. Quedan secularizados todos los hospitales y establecimientos de beneficencia que hasta esta fecha han administrado las autoridades o corporaciones eclesi�sticas. 2) El Gobierno de la Uni�n se encarga del cuidado, direcci�n y mantenimiento de dichos establecimientos en el Distrito F., arreglando su administraci�n como le parezca conveniente. 3) Las fincas, capitales y rentas de cualquiera clase que les corresponden, les quedar�n afectos de la misma manera que hoy lo est�n. 4) No se altera respecto de dichos establecimientos nada de lo que est�dispuesto y se haya practicado legalmente sobre desamortizaci�nde sus fincas. 5) Los capitales que se reconozcan a los referidos establecimientos, ya sea sobre fincas de particulares, ya por fincas adjudicadas, seguir�n reconoci�ndose, sin que haya obligaci�n de redimirlos. 6) Si alguna persona quisiere redimir voluntariamente los que reconozca, no podr� hacerlo sino por conducto de los directores o encargados de los establecimientos, con aprobaci�n del Gobierno de la Uni�n, y con la obligaci�n de que los capitales as� redimidos se impongan a censo en otras fincas. 7) Los establecimientos de esta especie que hay en los Estados, quedar�n bajo la inspecci�n de los gobiernos respectivos, y con entera sujeci�n a las prevenciones que contiene la presente ley. Por tanto, mando se imprima, publique, circule y observe. Dado en el Palacio Nacional de M�xico, a 2 de febrero de 1861. B.J.�rez. A.C.F.Z., encargado del despacho del Ministerio de G.�n. Y lo comunico a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes. M�xico, &c (sic). Zarco.

    El dos de marzo del mismo a�o se crea la Direcci�n General de Fondos de Beneficencia que previene que todos los hospitales, hospicios, casas de correcci�n y establecimientos de beneficencia fundados y que se funden en el Distrito F., queden sujetos a la protecci�n y amparo del Gobierno de la Uni�n, este decreto es derogado por el del treinta de agosto de mil ochocientos sesenta y dos que manda que los establecimientos de beneficencia queden a cargo del Ayuntamiento (de M�xico), el cual estar� obligado a administrar los fondos que anteriormente administraba la referida direcci�n, disposici�n reiterada por decreto del ocho de octubre de mil ochocientos sesenta y dos. Sin embargo, los resultados de esta medida fueron poco satisfactorios; los vaivenes pol�ticos, la inestabilidad y, en ocasiones, la dudosa honorabilidad del presidente municipal hicieron fracasar esta iniciativa; as�, por circular del veintitr�s de enero de mil ochocientos setenta y siete se crea la Direcci�n de Beneficencia P�blica para administrar los fondos de los establecimientos de beneficencia a cargo del Ayuntamiento y promover la fundaci�n, reuni�n o supresi�n de los mismos, iniciando ante el gobierno sus reformas y mejoras y rindiendo informe del estado en que se encuentren.

    La circular en cita se�alaba: (En lo que interesa).

    N�mero 7569. Enero 23 de 1877. Circular del Ministerio de G.�n. Sobre organizaci�n de la beneficencia p�blica. S.�a de G.S.�n 1 P. Circular. Teniendo en cuenta que la pr�ctica ha demostrado que resultan males de consideraci�n para los establecimientos de beneficencia p�blica si los fondos a ellos destinados est� a cargo de los Ayuntamientos, porque la frecuencia con que estas corporaciones son renovadas, conforme a la ley y a su propia �ndole, es causa de que no pueda continuarse por mucho tiempo un sistema de uniforme administraci�n, que seguramente dar�a buenos resultados trat�ndose de instituciones perpetuas o por lo menos de indefinida duraci�n; considerando por otra parte, que la diversidad de los ramos que est�n a cargo de los Ayuntamientos, hace que �stos no puedan atender con la debida eficacia ese g�nero de establecimientos, que m�s que ningunos, requieren una esmerada y cuidadosa dedicaci�n; atendiendo, adem�s, a que la confusi�n de los fondos destinados a la beneficencia con los que est�n consagrados a objetos diversos, es perjudicial a la humanidad doliente o miserable, porque retrae a los particulares de hacer donativos para objetos de caridad, temerosos de que sus fondos sean distra�dos, aun con rectas intenciones, de su primitivo objeto; y considerando, en fin, que uno de los m�s sagrados deberes de los gobiernos ilustrados es consagrar a la beneficencia p�blica una atenci�n especial, y la mayor protecci�n que fuere posible, el ciudadano general segundo en jefe del Ej�rcito C.onalista, encargado del Poder Ejecutivo de la Uni�n, ha tenido a bien acordar que desde el d�a 1o. del pr�ximo mes de febrero, se observen las prevenciones siguientes: 1) Todos los hospitales, hospicios, casas de correcci�n y establecimientos de beneficencia que actualmente est�n a cargo del Ayuntamiento de esta capital y los que en adelante se fundaren, ser�n administrados por una junta que se denominar�: Direcci�n de Beneficencia P�blica, y que se compondr� de las personas a cuyo cargo est� la direcci�n de cada establecimiento. 2) Estas personas ser�n nombradas en la forma siguiente: ... 3) El ministro de G.�n es el presidente nato de la Direcci�n de Beneficencia P�blica, y el presidente del Ayuntamiento es el vicepresidente. 4) Forman los fondos de beneficencia p�blica: I. Las fincas, capitales, rentas y cualesquiera otros fondos pertenecientes hoy a los hospitales, hospicios, casas de correcci�n y establecimientos de caridad de cualquiera clase. II. La parte que a la beneficencia p�blica ceda de sus rentas el Ayuntamiento de M�xico, la que en ning�n caso podr� ser menor que la que cedi� en el �ltimo a�o de 1876. III. La parte que destina a establecimientos de caridad, la segunda de las prevenciones contenidas en la circular del Ministerio de Hacienda de 30 de noviembre �ltimo. IV. La parte de los impuestos que cualquiera ley se�ale actualmente o en adelante, a objetos de beneficencia p�blica. V. Los donativos que para beneficencia en general, o para determinado establecimiento, hagan las autoridades o los particulares. VI. Las multas que se impongan por cualquiera autoridad y que la ley destine a objetos de beneficencia. 5) La direcci�n de beneficencia p�blica, que depender� del Ministerio de G.�n, ejercer� con sujeci�n al mismo ministerio, las siguientes atribuciones: I. Administrar los fondos de beneficencia, cuidando de que las donaciones hechas con objeto especial o para establecimiento determinado, no sean distra�das en otras atenciones. II. Promover la fundaci�n, reuni�n o supresi�n de establecimientos de beneficencia y caridad. III. Vigilar el buen orden y administraci�n de cada establecimiento; practicando por medio de comisiones especiales las visitas que creyere convenientes. IV. Rendir los informes que le pida el gobierno y resolver las consultas que le dirija. V. Recaudar donativos en caso de epidemia o de grandes calamidades p�blicas. VI. Hacer observaciones por una sola vez a las �rdenes del gobierno. VII. Promover la organizaci�n de juntas de caridad o de protecci�n a determinados establecimientos. VIII. Nombrar a los empleados de cada establecimiento a propuesta en terna del respectivo director. Se except�a de esta prevenci�n a los empleados facultativos, que ser�n nombrados por oposici�n, conforme a las disposiciones vigentes. IX. Remover a los empleados de los establecimientos, por causa bastante, someti�ndolos a los tribunales en caso de delito. Los directores de los establecimientos, que tendr�n a su cargo la vigilancia e inmediata direcci�n de �stos, s�lo pueden ser removidos por causas graves y con aprobaci�n del gobierno; y los empleados que hubieren obtenido sus plazas por oposici�n, s�lo con el voto de las dos terceras partes de los miembros de la direcci�n que estuvieren presentes. X. Dar instrucciones al abogado de que habla la prevenci�n siguiente, en los negocios que se le encomienden. 6) ... 7) La Direcci�n de Beneficencia tendr� las obligaciones siguientes, adem�s de las ya especificadas: I. Rendir al Ministerio de G.�n y al Ayuntamiento en los ocho primeros d�as de cada mes, un informe pormenorizado sobre el estado que guarde cada establecimiento, especificando las sumas invertidas en cada uno y su distribuci�n. II. Elevar cada a�o, en el mes de enero, al mismo ministerio y al Ayuntamiento, una memoria sobre el estado de la beneficencia p�blica, iniciando las medidas que creyere oportunas. 8) ... 9) ... La planta de empleados de la Direcci�n de Beneficencia ser� la siguiente: ... Los empleados a que cada planta se refiere ser�n nombrados por el gobierno a propuesta en terna de la direcci�n, sin que por esta vez sea necesaria la propuesta. 10) ... 11) El Ayuntamiento en M�xico deber� nombrar una comisi�n de beneficencia compuesta de una o m�s personas, que se ocupar�n de visitar y vigilar los establecimientos de caridad, informando mensualmente al gobierno, por los conductos respectivos, del resultado de sus labores ... 12) Dentro de un mes de su instalaci�n, formar� la Direcci�n de Beneficencia P�blica su reglamento interior y el particular de cada establecimiento. Todos ser�n elevados al gobierno para su revisi�n y aprobaci�n. 13) El Ayuntamiento de M�xico entregar�, con las formalidades debidas, a la Direcci�n de Beneficencia, los libros, cuentas, escrituras, fondos, objetos y dem�s concernientes a la beneficencia ... 14) Quedan sujetos a la Direcci�n de Beneficencia, el Consejo Superior de Salubridad P�blica y el Servicio de la Vacuna, que ser�n especialmente reglamentados dentro de dos meses por la expresada direcci�n. Los reglamentos se someter�n a la aprobaci�n del gobierno. 15) ... 16) ... Y lo comunico a Ud. para su inteligencia y fines consiguientes. Libertad en la C.�n. M�xico, enero 23 de 1877. P.T.. C ...

    Posteriormente, los establecimientos dependientes de la Direcci�n de Beneficencia P�blica pasaron a depender de la S.�a de G.�n a trav�s de una secci�n especial que fue creada, para tal efecto, seg�n lo estableci� el Reglamento de Beneficencia P�blica en el Distrito F. de fecha primero de agosto de mil ochocientos ochenta y uno.

    En mil ochocientos noventa y uno se expidi� el primer C�digo S. que omiti� regulaciones espec�ficas sobre beneficencia.

    Las instituciones de beneficencia privada, ubicadas en el Distrito F., hasta entonces en reglamentaci�n especial, se vieron sujetas a partir del siete de noviembre de mil ochocientos noventa y nueve a la Ley sobre Beneficencia Privada del Distrito y Territorios F.es, que por primera vez les reconoce personalidad jur�dica:

    La citada ley se�alaba:

    Art�culo 6o. Tanto las asociaciones como las fundaciones son susceptibles de derechos y obligaciones y, por lo mismo, constituyen una persona moral.

    (Diario Oficial de fecha del siete de noviembre de mil ochocientos noventa y nueve).

    En la misma ley se estableci� la forma de constituci�n, la integraci�n y funcionamiento de los organismos a que se refiere dicho ordenamiento.

    En mil novecientos dos se expidi� el segundo C�digo S., y al igual que su antecesor, no regul� a la beneficencia. M�s tarde, en el a�o de mil novecientos cuatro, se publica en el Diario Oficial del veintitr�s de agosto la Ley de Beneficencia Privada para el Distrito y Territorios F.es.

    Los art�culos 1o., 55 y 56 de dicha ley, se�alaban: (En lo que interesa).

    "Art�culo 1o. Se entiende por actos de beneficencia privada, para los efectos de esta ley, todos los que se sujeten con fondos particulares y con un fin filantr�pico o de instrucci�n laica. Se equiparan a los actos de beneficencia, las fundaciones para la concesi�n de premios por estudios, descubrimientos, o actos que tengan por objeto un adelanto en las ciencias o en las artes, o un beneficio a la humanidad o a las clases desvalidas. No se reputan actos de beneficencia los que no tienen un objeto de utilidad p�blica o son contrarios a la ley, a la moral o a las buenas costumbres."

    "Art�culo 55. La Junta de Beneficencia Privada se compondr� de siete personas de las m�s acreditadas por su honorabilidad y sentimientos filantr�picos, nombrados por el Ejecutivo y que no disfrutar�n remuneraci�n alguna."

    "Art�culo 56. Son atribuciones de la Junta de Beneficencia Privada: I. Promover la fundaci�n y fomento de los establecimientos de beneficencia privada; II ... III. Promover la organizaci�n de las juntas de caridad o de protecci�n a determinados establecimientos de beneficencia privada; IV a XII ... XIII. Promover ante los tribunales el pronto despacho de los asuntos en que tenga inter�s la beneficencia privada; XIV... XV. Las dem�s que se�alen esta ley y su reglamento." (Diario Oficial de fecha del 23 de agosto de 1904).

    Con anterioridad a mil novecientos cinco, la beneficencia p�blica goz� de independencia casi absoluta, �nicamente vigilada por la S.�a de G.�n; manej� sus fondos y cont� con una tesorer�a y recursos propios; sin embargo, a partir de este a�o, con la publicaci�n de la Ley de Beneficencia P�blica, pierde su autonom�a y pasa a ser una dependencia de la S.�a de G.�n mediante la creaci�n de la direcci�n relativa; asimismo, se crea una Junta Inspectora de los Establecimientos de Beneficencia dependiente de la misma secretar�a (Diario Oficial de fecha del doce de julio de mil novecientos trece).

    Con el triunfo de la Revoluci�n Mexicana, se da un gran impulso a la beneficencia; la legislaci�n que surge, aunque no se puede considerar abundante, ataca problemas medulares y produce giros insospechados en su reglamentaci�n. La evoluci�n y desarrollo de la beneficencia a partir de entonces va a ser vertiginosa.

    En la exposici�n de motivos del proyecto de reformas a la C.�n de mil ochocientos cincuenta y siete presentado por V.C. al Congreso Constituyente de mil novecientos diecisiete, respecto del art�culo 27 se se�alaba lo siguiente:

    "... El art�culo en cuesti�n, adem�s de dejar en vigor la prohibici�n de las Leyes de Reforma sobre la capacidad de las corporaciones civiles y eclesi�sticas para adquirir bienes ra�ces, establece tambi�n la incapacidad en las sociedades an�nimas, civiles y comerciales, para poseer y administrar bienes ra�ces, exceptuando de esa incapacidad a las instituciones de beneficencia p�blica y privada, �nicamente por lo que hace a los bienes ra�ces estrictamente indispensables y que se destinen de una manera inmediata y directa al objeto de dichas instituciones, facult�ndolas para que puedan tener sobre los mismos bienes ra�ces capitales, impuestos e intereses, los que no ser�n mayores, en ning�n caso, del que se fije como legal y por un t�rmino que no exceda de diez a�os ... Finalmente, el art�culo en cuesti�n establece la prohibici�n expresa de que las instituciones de beneficencia privada puedan estar a cargo de corporaciones religiosas y de los ministros de los cultos, pues de lo contrario, se abrir�a nuevamente la puerta al abuso ... Las instituciones de beneficencia p�blica o privada para el auxilio de los necesitados, la difusi�n de la ense�anza, la ayuda rec�proca de los individuos que a ellas pertenezcan o para cualquier otro objeto l�cito, en ning�n caso podr�n estar bajo el patronato, direcci�n o administraci�n de corporaciones religiosas ni de los ministros de los cultos, y tendr�n capacidad para adquirir bienes ra�ces, pero �nicamente los que fueren indispensables y que se destinen de una manera directa e inmediata al objeto de las instituciones de que se trata ..."

    De esta exposici�n de motivos, se advierte que ya en ese entonces se identificaba perfectamente que las instituciones de beneficencia p�blica y beneficencia privada, persegu�an un objeto com�n que en esencia se se�alaba como auxilio a los necesitados.

    El tres de mayo de mil novecientos diecinueve, la S.�a de G.�n expidi� el documento denominado: "Diversas disposiciones relativas a la vigilancia del poder p�blico sobre las fundaciones de beneficencia privada, dictadas con anterioridad a la organizaci�n actual de la misma", que, en lo que al caso interesa, se�ala:

    Por constituir los precedentes legislativos y administrativos de la Ley de Beneficencia Privada de 7 de noviembre de 1899 y de la de 4 de agosto de 1904, publicamos los documentos siguientes, que seguramente son de gran utilidad para la interpretaci�n de las leyes vigentes, ya que en ellos se fija el derecho del poder p�blico para cuidar de la recta administraci�n de los bienes de las instituciones de beneficencia privada, y por el estricto cumplimiento de la voluntad de los benefactores; y esto, sin necesidad de previa declaraci�n de la autoridad ni de solicitud de los interesados, sino �nica y exclusivamente por raz�n del ejercicio de las naturales y propias funciones del Estado para cuidar del bien general.

    Por acuerdo de fecha diez de agosto de mil novecientos veinte, se transform� fundamentalmente la organizaci�n de la beneficencia p�blica. Mediante este acuerdo qued� a cargo de una junta, que contaba con bienes propios e ingresos de la Loter�a Nacional, la cual ser�a aut�noma en su administraci�n y su director acordar�a directamente con el presidente de la Rep�blica.

    Posteriormente el diecis�is de julio de mil novecientos veinticuatro se expidi� un acuerdo que modifica el de diez de agosto de mil novecientos veinte, y establece lo siguiente:

    Acuerdo modificando el de 10 de agosto de 1920, relativo a la organizaci�n y funcionamiento econ�mico de la beneficencia p�blica del Distrito F.. Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo F.. Estados Unidos Mexicanos. M�xico. S.�a de G.S.�n de Justicia. Estados Unidos Mexicanos. El Escudo Nacional. Presidencia de la Rep�blica. Acuerdo a la S.�a de G.�n: Teniendo en cuenta que, por raz�n de materia y de similitud de funciones, la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico es la indicada para conocer del manejo de los capitales y fondos encomendados por las leyes al Gobierno F.; que el art�culo 4o., inciso VII de la Ley de 25 de diciembre de 1917, asigna a dicha secretar�a la administraci�n de los bienes nacionales y nacionalizados, entre los cuales se encuentran los de la beneficencia p�blica, y finalmente que los bienes de la misma instituci�n forman parte de los propios de la hacienda federal, conforme a los art�culos 16, fracci�n I y 17, fracci�n III de la Ley de 18 de diciembre de 1902, el Ejecutivo de mi cargo, en uso de la facultad que le otorga el art�culo 14 de la citada Ley de 25 de diciembre de 1917, para determinar la competencia de los diversos departamentos de Estado y con apoyo, adem�s, en el art�culo 31 de la Ley de 18 de diciembre de 1902, tambi�n ya invocada, ha tenido a bien modificar el acuerdo presidencial de 10 de agosto de 1920, en los t�rminos siguientes: Primero. Corresponder� a la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico la organizaci�n y funcionamiento econ�mico de la beneficencia p�blica del Distrito F.. Segundo. Estar�n a cargo de la S.�a de G.�n las dem�s atribuciones del Gobierno F., respecto de los establecimientos de beneficencia p�blica, que no se encuentren comprendidas en el punto anterior. M�xico, a 16 de julio de 1924. El presidente de la Rep�blica. A.O.�n.

    El seis de marzo de mil novecientos veintis�is se publica en el Diario Oficial el tercer C�digo S., que regula diversas materias de salubridad general pero no contiene disposiciones sobre la asistencia o beneficencia (Diario Oficial de fecha del seis de marzo de mil novecientos veintis�is).

    Posteriormente, por acuerdo del veintiuno de agosto de mil novecientos veintis�is, publicado en el Diario Oficial el dieciocho de septiembre del mismo a�o se dispuso que quedar�an a cargo del Gobierno del Distrito todas las atribuciones que no estuvieran a cargo de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, respecto a los establecimientos de beneficencia p�blica.

    El acuerdo en cita se�ala:

    Acuerdo por el cual se pone a cargo de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, la organizaci�n y funcionamiento econ�mico de la beneficencia p�blica del Distrito F.. Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo F.. Estados Unidos Mexicanos. M�xico. S.�a de G.�n. Acuerdo a la S.�a de G.�n: Considerando: Que por acuerdo de 16 de julio de 1924, este Ejecutivo encomend� a la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, por raz�n de materia y de similitud de funciones, la organizaci�n yfuncionamiento econ�mico de la beneficencia p�blica del Distrito F., dejando a cargo de laS.�a de G.�n las dem�s atribuciones sobre los establecimientos de beneficencia; Que siendo la beneficencia p�blica del Distrito F., el �rgano del Estado destinado a prevenir y remediar las necesidades de las clases desvalidas del Distrito, debe, para llenar sus fines, estar �ntimamente ligada con las autoridades administrativas del propio Distrito F., que por sus funciones legales y por su contacto �ntimo con la sociedad de su jurisdicci�n, son las mejor capacitadas para conocer esas necesidades y las directamente obligadas a acudir a remediarlas; en uso de la facultad que me concede el art�culo 14 de la citada Ley de S.�as de Estado, he tenido a bien expedir el siguiente: Acuerdo: Primero. De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo presidencial de 16 de julio de 1924 y en el decreto de la misma fecha, corresponder� a la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, la organizaci�n y funcionamiento econ�mico de la beneficencia p�blica del Distrito F.. Segundo. Estar�n a cargo del Gobierno del Distrito F. las dem�s atribuciones del gobierno que no se encuentren comprendidas en el punto anterior, respecto a los establecimientos de beneficencia p�blica. Tercero. La Junta Directiva de la Beneficencia P�blica modificar� sus reglamentos en los t�rminos del presente acuerdo, con la aprobaci�n de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico y del Gobierno del Distrito F.. M�xico, D.F., 21 de agosto de 1926. El presidente de la Rep�blica, P. El�as Calles, r�brica.

    Con escasas modificaciones que no alteran esencialmente su contenido, limit�ndose a precisar conceptos, la Ley de Beneficencia Privada para el Distrito F. y Territorios F.es, se modifica en mil novecientos veintis�is (Diario Oficial de fecha del veintiocho de enero de mil novecientos veintis�is), y despu�s en mil novecientos treinta y tres (Diario Oficial de fecha del treinta y uno de mayo de mil novecientos treinta y tres), dando inusitada intervenci�n al Estado con base, precisamente, en el principio del derecho a la asistencia.

    Al efecto, el art�culo 1o. de la citada ley, se�alaba:

    Art�culo 1o. Las instituciones de beneficencia privada estar�n sujetas a la vigilancia y al control del Estado. Los �rganos del Estado encargados de realizar este control y esta vigilancia son: la Junta de Beneficencia Privada y el Departamento del Distrito F., en los casos y t�rminos establecidos por esta ley. Por beneficencia privada en general, se entender� en esta ley la situaci�n jur�dica transitoria en que se encuentran los bienes que, ya sea por voluntad de los particulares o por disposici�n de la misma ley, deben destinarse a los fines que este ordenamiento regula, en tanto que los propios bienes no se entreguen por el Estado a la administraci�n de un sujeto de derecho preexistente o a la persona moral que con esa afectaci�n se cree. Estar� a cargo del Estado, por conducto de la Junta de Beneficencia Privada, la defensa de los referidos bienes y el ejercicio de todas las acciones que con respecto a ellos deriven de las leyes o de la ya citada voluntad de los particulares.

    En mil novecientos treinta y cuatro se publica el cuarto C�digo S., que elimina algunas materias e incorpora otras nuevas respecto al c�digo anterior; tampoco establece ninguna disposici�n sobre asistencia social (Diario Oficial de fecha del treinta y uno de agosto de mil novecientos treinta y cuatro).

    El primero de enero de mil novecientos treinta y cinco, se estableci� que la Junta de Beneficencia Privada depende del Departamento del Distrito F..

    El decreto en cita dispon�a:

    "Decreto por el cual se previene que las instituciones de beneficencia privada estar�n sujetas a la vigilancia y control del Estado. L�zaro C�rdenas, Presidente C.onal de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: Que el H. Congreso de la Uni�n, se ha servido dirigirme el siguiente: Decreto: El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: Art. 1o. Las instituciones de beneficencia privada estar�n sujetas a la vigilancia y al control del Estado. Los �rganos del Estado encargados de realizar este control y esta vigilancia, son: el Departamento del Distrito F. y la Junta de Beneficencia Privada, que depender� de aqu�l. Art. 2o. El presidente de la junta y los vocales, ser�n nombrados por el jefe del Departamento del Distrito F.. Art. 3o. El presidente de la junta acordar� con el jefe del Departamento del Distrito F., para informarle de las determinaciones dictadas por la junta en los negocios de la competencia de �sta, y para recabar los acuerdos que este �ltimo funcionario dicte para la mayor eficiencia del servicio. Art. 4o. Se requerir� la aprobaci�n expresa del jefe del Departamento del Distrito F. para que la Junta de Beneficencia Privada pueda dictar cualquier determinaci�n relativa a: I. C.�n o extinci�n de las fundaciones o asociaciones y aprobaci�n o reforma de los estatutos de �stas; II. Designaci�n o solicitud de remoci�n de patronos; III. Autorizaciones para enajenar o gravar los bienes que pertenezcan a las instituciones, para cancelar las hipotecas constituidas a favor de las mismas cuando no hayan vencido los plazos estipulados o para pagar deudas il�quidas o no vencidas; IV. Pagos con cargo al fondo de distribuci�n de riesgos; V. Presupuestos de las instituciones; y, VI. Responsabilidades de los patronos. Art. 5o. Fuera de los casos enumerados en el art�culo anterior, el Departamento del Distrito F., de oficio o a instancia de parte interesada que se formule dentro de los cinco d�as siguientes a la notificaci�n respectiva, podr� revocar cualquiera determinaci�n de la Junta de Beneficencia Privada, cuando encuentre que se ha violado la ley o que la determinaci�n es perjudicial a los intereses del servicio. Art. 6o. Las facultades que esta ley concede al jefe del Departamento del Distrito F. respecto de la Junta de Beneficencia Privada, las tendr�n los gobernadores de los Territorios respecto de los delegados cuando �stos se nombren. Antes de esta designaci�n, los propios gobernadores ejercitar�n, respecto de las instituciones de beneficencia privada, todas las facultades que la ley concede en el Distrito F. a la junta y al Departamento del Distrito. Transitorios: Art. 1o. Se derogan los art�culos 1o., p�rrafo primero y segundo, 23, p�rrafo cuarto, 68, fracci�n XVIII, p�rrafo 2o. y 3o., 113, 117, fracciones III y IV, 161, p�rrafo 3o., 163, p�rrafo 2o., 168, p�rrafo 1o., 175 y 176, p�rrafo 2o., de la Ley de Beneficencia Privada para el Distrito y Territorios F.es de 23 de mayo de 1933, as� como cualesquiera otras disposiciones legales que se opongan a la presente ley. Art. 2o. Esta ley entrar� en vigor el d�a 1o. de enero de 1935. D.C.�n, D.D.A., S.R.P. de Le�n, D.E.S.R., S.S. R�brica. En cumplimiento a lo dispuesto por la fracci�n I del art�culo 89 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicaci�n y observancia, promulgo el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo F., en la Ciudad de M�xico, D.F., el primer d�a del mes de enero de mil novecientos treinta y cinco. L�zaro C�rdenas. R�brica. El jefe del Departamento del Distrito F., Aar�n S�enz. R�brica. A.C.S. de G.P.." D.O. No. 1-1/ene/935.

    Meses antes de la creaci�n de la S.�a de la Asistencia P�blica, se crea el Departamento Aut�nomo de Asistencia Social Infantil para tratar todo lo referente a la creaci�n, establecimiento, vigilancia y control de servicios de asistencia social a la maternidad y a la infancia (Diario Oficial de fecha del treinta de junio de mil novecientos treinta y siete).

    Es decisiva la disposici�n que enmarca el decreto del treinta y uno de diciembre de mil novecientos treinta y siete, que modifica la Ley de S.�as y Departamentos de Estado, dado que fusiona la beneficencia p�blica y privada del Distrito F. y el Departamento Aut�nomo de Asistencia Social Infantil, crea la S.�a de Asistencia P�blica y adscribe a esta �ltima la Junta de Beneficencia Privada; esto durante el r�gimen del presidente C�rdenas.

    La parte fundamental del citado decreto, dispone: (En lo que interesa).

    "Art�culo 2o. Se adiciona la mencionada ley con el siguiente art�culo: Art�culo 15-D. Ser�n atribuciones de la S.�a de la Asistencia P�blica: I. La organizaci�n de la asistencia p�blica en el Distrito y Territorios F.es; II. La prestaci�n de servicios coordinados de asistencia p�blica en las entidades federativas; III. La creaci�n de establecimientos de asistencia p�blica en cualquier lugar del territorio nacional; IV. La administraci�n directa o por medio de bancos de fideicomiso o de otras instituciones de cr�dito, de los bienes que constituyen el patrimonio de la beneficencia p�blica, de la Loter�a Nacional y de todos los fondos y productos destinados al sostenimiento de la misma; V. La organizaci�n, vigilancia y control de las instituciones de beneficencia privada, a efecto de prestar mejor servicio social y cumplir con mayor eficacia la voluntad de los fundadores; VI. La integraci�n de los patronatos de las instituciones de beneficencia privada, respetando la voluntad de los fundadores; VII. La administraci�n de los fondos ministrados por el erario federal para la atenci�n de los servicios de asistencia p�blica, as� como la de los bienes que, en lo futuro, se asignen para tales fines, con intervenci�n de la S.�a de Hacienda, de acuerdo con las facultades legales; VIII. La administraci�n y sostenimiento de: a) Los hospitales, dispensarios, consultorios y establecimientos similares que actualmente atiende la beneficencia p�blica y los que, la secretar�a establezca en lo sucesivo, dentro y fuera del Distrito F.; b) Las escuelas, colegios, internados, escuelas-talleres y dem�s centros de educaci�n actualmente sostenidos por la beneficencia p�blica del Distrito y Territorios F.es, y los que se establezcan en lo sucesivo por la propia secretar�a, sujet�ndose a las orientaciones t�cnicas generales dictadas sobre la materia por la S.�a de Educaci�n P�blica; c) ... d) ... IX. La supresi�n de la mendicidad en todas sus formas y la cooperaci�n para combatir otros vicios sociales; X.P. y atender la miseria y la desocupaci�n; y, XI. Todas aquellas que el decreto de reformas y adiciones a la L.O.�nica de S.�as de Estado, de fecha 22 de junio del corriente a�o, se�al� al Departamento de Asistencia Social Infantil."

    "Art�culo 3o. Las actividades, instituciones, atenciones y servicios que hab�an venido siendo realizados por la beneficencia p�blica del Distrito y Territorios F.es y por el Departamento de Asistencia Social Infantil, quedar�n a cargo de la S.�a de Asistencia P�blica."

    "Art�culo 4o. Cualquiera actividad de asistencia p�blica, aun cuando sea ejecutada por particulares, agrupaciones o instituciones oficiales, as� como las instituciones, actividades o servicios que con la finalidad apuntada funcionen dentro del territorio nacional, por virtud de convenios internacionales o concesiones o autorizaciones oficiales, quedar�n sujetas al control, coordinaci�n o vigilancia de la S.�a de Asistencia P�blica."

    "Art�culo 5o. Los bienes, productos, fondos, instituciones, establecimientos y actividades dedicadas directamente o destinadas al sostenimiento de servicios de asistencia p�blica, nunca ser�n gravados con impuestos federales, ni locales o municipales, en el Distrito y Territorios F.es."

    "Art�culo 6o. Las concesiones para el establecimiento de bancos de fideicomiso que manejan bienes o fondos destinados a la asistencia p�blica y las concesiones que se otorguen para el establecimiento de instituciones de cr�dito necesarias para el desarrollo de las finalidades de la dependencia federal de que se trata, se otorgar�n precisamente a nombre de la S.�a de la Asistencia P�blica."

    "Art�culo 7o. Para la conservaci�n del patrimonio que actualmente pertenece a la beneficencia p�blica en el Distrito F., as� como para la vigilancia del de la beneficencia privada, se crear� una direcci�n general dentro de la misma secretar�a, con las funciones que al efecto le se�ale el reglamento que se expida."

    "Art�culo 8o. Los patronatos de las fundaciones de la beneficencia privada seguir�n funcionando con sujeci�n al reglamento que se formular�."

    "Art�culo 9o. Las beneficencias p�blica y privada del Distrito y Territorios F.es, continuar�n gozando de los derechos que en materia de sucesiones o por cualquier otro concepto les reconozca la legislaci�n federal."

    Transitorios: Art�culo 1o. La presente ley entrar� en vigor al siguiente d�a de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Art�culo 2o. Queda abrogado el cap�tulo relativo a la beneficencia p�blica de la L.O.�nica del Departamento del Distrito F.; el decreto que adicion� la Ley de S.�as y Departamentos de Estado, creando el Departamento de Asistencia Social Infantil; y derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente ley que reglamenten materias que a la misma correspondan. Art�culo 3o. Todos los bienes, presupuestos, personal y atribuciones que corresponden al Departamento de Asistencia Social Infantil, pasan a la S.�a de la Asistencia P�blica, para su administraci�n, servicio y aprovechamiento.

    Del art�culo 15-D, de la norma en cita, se advierte que las instituciones de beneficencia privada prestan al igual que las de beneficencia p�blica un servicio social.

    El dos de enero de mil novecientos cuarenta y tres, se publica la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito y Territorios F.es y el d�a tres del mismo mes y a�o se publica la Ley del Seguro Social, reglamentaria del art�culo 123 constitucional.

    La primera de las leyes se�aladas, ya utiliza el concepto de asistencia en sustituci�n del de beneficencia que empleaba la ley anterior, y con la segunda ley se da un enorme paso en la evoluci�n de los servicios sociales.

    Los art�culos 1o., 2o., 91 y 94 de la citada Ley de Asistencia Privada, dispon�an:

    "Art�culo 1o. Las instituciones de asistencia privada son entidades jur�dicas que con bienes de propiedad particular ejecutan actos con fines humanitarios de asistencia, sin prop�sitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiados."

    "Art�culo 2o. El Estado reconoce, en los t�rminos de esta ley, personalidad moral a las instituciones de asistencia privada y, en consecuencia, capacidad para tener un patrimonio propio destinado a la realizaci�n de sus fines."

    "Art�culo 91. Ser�n facultades y deberes de la Junta de Asistencia Privada: I. Formar su reglamento interior y de inspecci�n que someter� a la aprobaci�n de la S.�a de la Asistencia P�blica; II.E. las normas necesarias para la aplicaci�n de esta ley y de los reglamentos que para su ejecuci�n se dicten; III. Hacer los estudios y formular los informes que le encomiende la S.�a de la Asistencia P�blica, as� como presentar las sugestiones que estime convenientes para la asistencia privada; IV. Presentar anualmente a la S.�a de la Asistencia P�blica, un informe general de los trabajos realizados durante el a�o; V.O. sobre la interpretaci�n de esta ley y dem�s relativas, en caso de duda respecto a su aplicaci�n, resolviendo las consultas que las autoridades del ramo o las instituciones le propongan en relaci�n con la asistencia privada; VI ... VII ... VIII. Ayudar a los patronatos, tanto a la buena administraci�n de los bienes de las instituciones como a que �stas, de acuerdo con sus estatutos, presten el mayor y mejor servicio de asistencia privada; IX ... X ... XI ... XII. Las dem�s que le est�n atribuidas por esta ley y por otras leyes relativas a la asistencia privada."

    Art�culo 94. Los visitadores, auditores o inspectores que conforme a la presente ley y sus reglamentos intervengan en la contabilidad de las instituciones de asistencia privada, ser�n personas de notorios conocimientos en materia contable, comprobados en los t�rminos que determine el reglamento respectivo, y no podr�n ser funcionarios o empleados de las instituciones sujetas a inspecci�n, salvo el caso de los trabajos de car�cter docente o de otros de car�cter t�cnico, previa autorizaci�n de la junta. No podr�n obtener de las instituciones pr�stamos o ser sus deudores por cualquier t�tulo, bajo la pena de destituci�n inmediata.

    En la exposici�n de motivos de la reforma de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y tres a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito y Territorios F.es se se�al� lo siguiente:

    "... Considerando que es un deber del Estado prestar los servicios de asistencia p�blica, y por ello, cuando �stos est�n a cargo de instituciones creadas al amparo de la ley, por la iniciativa privada, el propio Estado est� obligado a ayudarlas, siendo una de las formas de hacerlo, la de concederles exenci�n de contribuciones; que para que �sta se justifique, no debe causar perjuicio a otros servicios p�blicos tan importantes como el de asistencia y, por lo mismo, debe limitarse a aquellos casos en que no se cause tal perjuicio ... Por esa raz�n es pertinente modificar el art�culo 7o. de la Ley de Asistencia Privada para el Distrito y Territorios F.es, de acuerdo con las anteriores consideraciones, concediendo al presidente de la Rep�blica la autorizaci�n necesaria para conceder la exenci�n mediante acuerdos especiales ..."

    De lo transcrito, se advierte que el legislador consider� que la labor asistencial es un deber del Estado, sin embargo la iniciativa privada tambi�n colabora en su instrumentaci�n.

    Como otro factor de organizaci�n y progreso asistencial, el decreto del quince de octubre de mil novecientos cuarenta y tres da lugar al nacimiento de la S.�a de Salubridad y Asistencia que integra los servicios que impart�a la S.�a de la Asistencia P�blica y el Departamento de Salubridad.

    En esta �poca se crean varios institutos que tienen como finalidad impartir atenci�n m�dica a los enfermos indigentes y realizar estudios de investigaci�n cient�fica, tales como el Instituto Nacional de C.�a (Diario Oficial de fecha del veintitr�s de junio de mil novecientos cuarenta y tres), el Hospital de Enfermedades de la N.�n (Diario Oficial de fecha del treinta de diciembre de mil novecientos cuarenta y cuatro), los Institutos de Cancerolog�a, O.�a, G.�a y Urolog�a (Diario Oficial de fecha del treinta de diciembre de mil novecientos cincuenta) y el Instituto Nacional de Endocrinolog�a (Diario Oficial de fecha del dos de abril de mil novecientos cincuenta y uno), as� como el Hospital Infantil de M�xico (Diario Oficial de fecha del veintitr�s de junio de mil novecientos cuarenta y tres), el Centro Materno Infantil "M.�.C., y el Sanatorio-Hospital "Dr. M.G.G.�lez", transformado en Hospital General en mil novecientos setenta y dos.

    En mil novecientos cuarenta y siete, la Ley de S.�as y Departamentos de Estado otorga a la S.�a de Salubridad y Asistencia facultades para organizar, administrar, dirigir y controlar la salud, la asistencia y la beneficencia p�blica y, en ese mismo a�o, se encomienda a la S.�a de Salubridad y Asistencia la administraci�n del patrimonio de la beneficencia p�blica.

    El ocho de marzo de mil novecientos cuarenta y ocho, se reforma la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito y Territorios F.es.

    En la exposici�n de motivos de la citada reforma se se�al�, lo siguiente:

    "... Las fundaciones y asociaciones de asistencia privada son organismos formados al impulso de la iniciativa privada y que colaboran con elpoder p�blico en la prestaci�n de uno de los servicios m�s trascendentales que la administraci�n presta a lasociedad. La organizaci�n de la humanitaria labor asistencial de las instituciones de asistencia privada obedece en nuestro derecho a dos principios b�sicos que es indispensable conservar y hacer respetar con la mayor dedicaci�n. Por una parte los servicios asistenciales prestados por las instituciones de iniciativa privada deben de ser vigilados por el Estado y cuidados con todo esmero para que redunden en el beneficio social y utilidad colectiva a que est�n dedicados. Por otra parte debe no s�lo respetarse la iniciativa de los particulares para establecer obras asistenciales, sino m�s a�n alentar esa iniciativa por los grandes beneficios sociales que de ella se derivan. En tal virtud la legislaci�n tiene que procurar esos dos prop�sitos armoniz�ndolos en lo posible ..."

    Con claridad se se�ala que las instituciones (fundaciones y asociaciones) de asistencia privada, colaboran con el poder p�blico (instituciones de asistencia p�blica), en la prestaci�n de un servicio de "beneficio social y utilidad colectiva", as� como la necesidad de que el Estado las vigile para que cumplan con su finalidad.

    El veinticinco de enero de mil novecientos cincuenta se expide el quinto C�digo S., que norma la salubridad general e higiene p�blica del pa�s; tampoco regul� la materia asistencial (Diario Oficial de fecha del veinticinco de enero de mil novecientos cincuenta).

    El sexto C�digo S., expedido en mil novecientos cincuenta y cinco, modifica en forma importante el contenido, la tem�tica y la estructura de las disposiciones sanitarias; establece por primera vez el listado de materias de salubridad general; sin embargo, tampoco contiene referencias a la materia asistencial (Diario Oficial de fecha del primero de marzo de mil novecientos cincuenta y cinco).

    El nueve de febrero de mil novecientos cincuenta y nueve, la entonces Segunda Sala de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, al resolver por unanimidad de cuatro votos, el amparo en revisi�n n�mero 1292/58, promovido por la Asociaci�n Mexicana de la Cruz Blanca Neutral, en el que se reclam� la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito y Territorios F.es, emiti� la siguiente tesis:

    "ASISTENCIA PRIVADA. LEY DE INSTITUCIONES DE. Es aplicable �nicamente en el Distrito y Territorios F.es; no es verdad que la exenci�n concedida por el C�digo Fiscal que es ley federal, deba estar limitada por lo que determine una ley de aplicaci�n local, ni que deba subordinarse a las condiciones que esta �ltima establece." (Tesis visible a fojas 24, Volumen XX, Tercera Parte, Sexta �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n).

    Del criterio en cita, se advierte que la entonces Suprema C.e de Justicia de la Naci�n estim� que el �mbito territorial de validez de la referida Ley de Instituciones de Asistencia Privada se circunscrib�a �nicamente al Distrito y Territorios F.es.

    El cinco de diciembre de mil novecientos sesenta, con la adici�n del apartado B del art�culo 123 constitucional, se establecieron las bases del r�gimen de salud y seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado; un a�o despu�s entr� en vigor la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con la finalidad de garantizar el acceso de los trabajadores del Estado a los servicios de seguridad social.

    Por decreto publicado el primero de febrero de mil novecientos sesenta y uno se cre� el Instituto Nacional de Protecci�n a la Infancia que constituy� el organismo m�s importante de asistencia del Gobierno F..

    Por decreto de diecinueve de agosto de mil novecientos sesenta y ocho se organiza la Instituci�n Mexicana de Asistencia a la Ni�ez, destinada a resolver problemas de salud y protecci�n de los menores.

    En mil novecientos setenta y tres la nueva Ley del Seguro Social establece un sistema de seguridad social con criterios de universalidad y mediante programas de solidaridad social por cooperaci�n comunitaria, extiende sus beneficios a grupos marginados en labores de car�cter asistencial.

    El s�ptimo C�digo S. que se expidi� el trece de marzo de mil novecientos setenta y tres, derivado de una nueva concepci�n en la salud, estableci� importantes innovaciones: dividi� la acci�n sanitaria en cuatro etapas: promoci�n y mejoramiento de la salud; prevenci�n y control de enfermedades y accidentes; curaci�n de enfermedades; y rehabilitaci�n de los inv�lidos; esta �ltima, relacionada con la materia asistencial, es recogida por vez primera en una norma sanitaria. En la exposici�n de motivos se se�al� que la invalidez era ya un problema de salud p�blica; la posibilidad de prevenir la invalidez y de rehabilitar a los inv�lidos requiere "que las autoridades sanitarias cuenten con un marco jur�dico que les permita programar su acci�n con criterios cient�ficos y t�cnicos uniformes y realizarlos en el territorio nacional a trav�s de una coordinaci�n que incluya a todas las autoridades aplicativas en esta materia", para tal efecto se facult� a la S.�a de Salubridad y Asistencia para promover la creaci�n de centros y servicios de rehabilitaci�n som�tica, psicol�gica, social y ocupacional para las personas que sufren cualquier tipo de invalidez, as� como dictar normas t�cnicas generales para su prevenci�n y tratamiento, y coordinar las acciones de las instituciones p�blicas y privadas que persigan los mismos fines; se consider� la necesidad de llevar a cabo tareas de educaci�n higi�nica, la orientaci�n t�cnica y de investigaci�n cient�fica y de prestaci�n de atenci�n oportuna e integral a los inv�lidos, incluyendo la adaptaci�n de aparatos de rehabilitaci�n cuyo precio se establecer�a por la dependencia competente, previa opini�n de la S.�a de Salubridad y Asistencia.

    A este respecto, en la exposici�n de motivos de la iniciativa del citado C�digo S. de los Estados Unidos Mexicanos de mil novecientos setenta y tres, se dijo lo siguiente:

    A este respecto conviene se�alar que una buena pol�tica sanitaria requiere que los medios para prevenir y controlar las enfermedades, as� como los que se emplean para rehabilitar a los inv�lidos, se encuentren al alcance de los diversos sectores de la poblaci�n.

    Por reforma publicada el veintitr�s de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, y con motivo de la desaparici�n de los Territorios F.es, se modifica la denominaci�n de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito y Territorios F.es para establecerse como Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F..

    El trece de enero de mil novecientos setenta y siete, mediante el decreto por el que se crea un organismo p�blico descentralizado con personalidad jur�dica y patrimonio propio, que se denominar� Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, se fusionan el Instituto Nacional de Protecci�n a la Infancia y el Instituto Mexicano de Asistencia a la Ni�ez, para reorganizar la estructura administrativa de la asistencia social, este organismo se encarg� de los programas de asistencia social y atenci�n m�dica a menores de edad y personas de escasos recursos.

    En el marco de la reforma administrativa, en mil novecientos setenta y siete, la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica F. establece la figura de la sectorizaci�n administrativa por la cual se establece el sector salud para asegurar la coordinaci�n operativa y el control de las entidades correspondientes; sin embargo, no se agruparon el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ni el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en tanto instituciones encargadas de la prestaci�n de servicios sociales.

    En mil novecientos setenta y ocho se crea el Gabinete de Salud que funcion� irregularmente; un a�o despu�s se crearon el Instituto Nacional de la Senectud, el Instituto Mexicano de P.�a y la Coordinaci�n General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, la cual convino con el Instituto Mexicano del Seguro Social para el establecimiento del Programa de Solidaridad Social por Cooperaci�n Comunitaria IMSS-COPLAMAR, para prestar servicios m�dicos a la poblaci�n de escasos recursos en zonas rurales marginadas, es decir con la finalidad de realizar labores asistenciales.

    El quince de mayo de mil novecientos setenta y ocho, se reforma y adiciona la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F..

    En la exposici�n de motivos de la citada reforma se dispuso, lo siguiente:

    ... El Ejecutivo a mi cargo considera que tiene entre sus principales obligaciones la de crear los �rganos que sirvan para satisfacer los servicios asistenciales que demanda toda la poblaci�n mexicana. Cabe hacer hincapi�, desde luego, que la asistencia que se imparte oficialmente, no obstante su actual aplicaci�n, no basta para entender los requerimientos de las mayor�as y, por ello, ser�a altamente positivo y ben�fico que existiera una mejor participaci�n de quienes, con vocaci�n y voluntad, dentro del sector privado, deseen coadyuvar a la resoluci�n de este problema social ... Entre las reformas que someto a la consideraci�n de esa H.R.�n nacional, se�alo que el Estado s�lo tiene la facultad de vigilar e inspeccionar la administraci�n de las instituciones de asistencia privada en cuanto sea necesario para impedir la distracci�n de los bienes de alguna de ellas, el manejo de sus inversiones fuera de lo previsto en los estatutos correspondientes o a la inejecuci�n de la voluntad manifestada por los fundadores ...

    En la exposici�n en cita, se reitera que la asistencia que presta el Estado (asistencia p�blica) es insuficiente para atender los requerimientos de las mayor�as y, por ende, se busca que el sector privado (asistencia privada), coadyuve en la soluci�n de ese problema social.

    El veinticinco de agosto de mil novecientos ochenta y uno se expide el acuerdo por el que se crea la Coordinaci�n de los Servicios de Salud, adscrita a la Presidencia de la Rep�blica, como unidad de asesor�a y apoyo t�cnico del Ejecutivo F. encargada de establecer las bases para la integraci�n de un sistema nacional de salud, dentro del cual la justicia social, el bienestar de todos los integrantes de la sociedad y los criterios de beneficio social formar�an parte de sus componentes.

    El decreto en cita se�ala:

    Acuerdo por el que se crea la Coordinaci�n de los Servicios de Salud P�blica, adscrita a la Presidencia de la Rep�blica, como unidad de asesor�a y apoyo t�cnico del Ejecutivo F.. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la Rep�blica. J.L.P., Presidente C.onal de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracci�n I del art�culo 89 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en el art�culo 8o. de la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica F.; y Considerando: Que ha sido preocupaci�n constante de los gobiernos de la revoluci�n, la prestaci�n y ampliaci�n de los servicios de salud p�blica y que por ello se han creado en forma continuada diversas instituciones, a la vez que se han emprendido programas de salud p�blica, cuya finalidad es dar atenci�n eficiente a esta necesidad social; Que el imperativo de justicia social debe orientar permanentemente el esfuerzo para lograr que la sociedad proporcione m�nimos de bienestar a todos sus integrantes, y entre ellos ocupa lugar preeminente el acceso a los servicios de salud; Que el Ejecutivo F. considera indispensable imprimir un decidido impulso a los estudios de los servicios de salud p�blica de las distintas dependencias y entidades de la administraci�n p�blica que los tienen encomendados, a fin de examinar opciones tendientes a la integraci�n de dichos servicios ... con el prop�sito fundamental de promover el establecimiento de un sistema nacional de salud; dentro del marco del Sistema Nacional de Planeaci�n; he tenido a bien expedir el siguiente: Acuerdo: Primero. Se crea la Coordinaci�n de los Servicios de Salud P�blica, adscrita a la Presidencia de la Rep�blica como unidad de asesor�a y apoyo t�cnico del Ejecutivo F.. Segundo. La Coordinaci�n de los Servicios de Salud estar� a cargo de un coordinador que ser� designado y ejercer� sus funciones por acuerdo del presidente de la Rep�blica. Tercero. La Coordinaci�n de los Servicios de Salud propondr� al Ejecutivo F. las bases que permitan establecer un sistema nacional de salud y al efecto podr� solicitar la colaboraci�n y el apoyo de las dependencias y entidades de la administraci�n p�blica para los fines siguientes: I. Determinar los elementos normativos, administrativos, financieros y t�cnicos necesarios para coordinar e integrar en forma eficiente las acciones y recursos relativos a la prestaci�n de los servicios p�blicos de salud; II. Definir las estrategias y acciones que coadyuven a la consecuci�n de los prop�sitos enunciados en la fracci�n anterior; y III. Fijar las bases que permitan proponer a la consideraci�n del Ejecutivo F., en su oportunidad, y para su aprobaci�n, la integraci�n de los servicios de salud p�blica a un sistema nacional, a fin de procurar la atenci�n de la salud de toda la poblaci�n.

    En mil novecientos ochenta y dos los Centros de Integraci�n Juvenil, asociaciones civiles privadas, modifican su estatuto legal y se integran al sector salud (Diario Oficial de fecha del tres de septiembre de mil novecientos ochenta y dos).

    En diciembre de mil novecientos ochenta y dos se publica el acuerdo que incorpora el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia al sector salud (Diario Oficial de fecha del veintiuno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos), y el veintiuno de diciembre del mismo a�o se expide un decreto mediante el cual el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia asume la prestaci�n de servicios de asistencia social y sus establecimientos hospitalarios se convierten en organismos p�blicos descentralizados, con lo cual se crean los Institutos Nacionales de P.�a y P.�a.

    El decreto en cita se�ala:

    Decreto por el que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, creado por decreto de 10 de enero de 1977, se sujetar� a las disposiciones que se indican ... Considerando: Que por diverso del 10 de enero de 1977, publicado en el Diario Oficial de dicho mes y a�o, fue creado el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia como organismo p�blico descentralizado, con objeto de actuar en el campo del bienestar familiar y social, el cual se subrog� en los derechos y obligaciones que correspond�an a los organismos p�blicos descentralizados Instituci�n Mexicana de Asistencia a la Ni�ez e Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia; Que el sistema ha llevado a cabo notables esfuerzos y realizado programas de trascendencia en beneficio de la poblaci�n en general y de la familia, los menores y minusv�lidos en particular; Que es prop�sito del Gobierno de la Rep�blica acelerar el proceso de establecimiento de un sistema nacional de salud, conducido por la autoridad sanitaria, que permita un uso m�s productivo de los recursos que destina la sociedad a esa actividad; Que es conveniente que los programas de asistencia social del Gobierno de la Rep�blica se racionalicen encomend�ndoselos a una entidad eficiente como lo es el sistema, bajo la orientaci�n normativa de la S.�a de Salubridad y Asistencia; Que la capacidad t�cnica y administrativa del sistema permitir�a que, junto con la mencionada dependencia, se proporcione a las instituciones de asistencia privada el apoyo necesario para que multipliquen los beneficios de su actividad altruista; y, Que para que el sistema pueda hacer frente cabalmente a sus nuevas responsabilidades es necesario consolidar su estructura org�nica, he tenido a bien expedir el siguiente: Decreto: Art�culo 1o. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, organismo p�blico descentralizado con personalidad jur�dica y patrimonio propio, creado por decreto del 10 de enero de 1977 y publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el d�a 13 de dicho mes y a�o, se sujetar� a las disposiciones de este decreto. Art�culo 2o. El sistema tendr� por objeto: I. Promover el bienestar social y prestar al efecto servicios de asistencia social, conforme a las normas de la S.�a de Salubridad y Asistencia; II. Apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad; III ... IV ... V. Proponer a la dependencia que administre el patrimonio de la beneficencia p�blica, programas de asistencia social que contribuyan al uso eficiente de los bienes que lo componen; VI. Atender las funciones de auxilio a las instituciones de asistencia privada que le conf�e la dependencia competente, con sujeci�n a lo que disponga la ley relativa; VII. Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de menores en estado de abandono, de ancianos desamparados y de minusv�lidos sin recursos; VIII ... IX. Prestar servicios de asistencia jur�dica y de orientaci�n social a los menores, ancianos y minusv�lidos sin recursos; X. Intervenir en el ejercicio de la tutela de los menores, que corresponda al Estado, en los t�rminos de la ley respectiva; XI ... XII. Los dem�s que les encomienden las leyes. Art�culo 3o. El patrimonio del sistema se integrar� con: I. Los derechos y bienes muebles e inmuebles que actualmente posee; II. Los subsidios, subvenciones, aportaciones, bienes y dem�s ingresos que el Gobierno F. y las entidades paraestatales le otorguen o destinen; III. Las aportaciones, donaciones, legados y dem�s liberalidades que reciba de personas f�sicas o morales; IV. Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y dem�s ingresos que le generen sus inversiones, bienes y operaciones; V. Las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que se le otorguen conforme a la ley; y, VI. En general, los dem�s bienes, derechos e ingresos que obtengan por cualquier t�tulo legal. Art�culo 4o. Son �rganos superiores del sistema, el patronato, la Junta de Gobierno, la Direcci�n General y el comisario. Art�culo 5o. ... Art�culo 6o. El patronato contar� con las siguientes facultades: I ... II ... III ... IV ... y, V. Las dem�s que sean necesarias para el ejercicio de las facultades anteriores. Art�culo 7o. ... Art�culo 8o. La Junta de Gobierno estar� integrada por los titulares de las S.�as de Salubridad y Asistencia, quien lo presidir�, de G.�n, de P.�n y Presupuesto, de Hacienda y Cr�dito P�blico, de Educaci�n P�blica, del Trabajo y Previsi�n Social, por el jefe del Departamento del Distrito F., por el procurador general de la Rep�blica y el procurador general de Justicia del Distrito F., as� como los directores generales de la Compa��a Nacional de Subsistencias Populares, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, de la Loter�a Nacional para la Asistencia P�blica, de Pron�sticos Deportivos para la Asistencia P�blica y del propio sistema ... Art�culo 9o. La Junta de Gobierno contar� con las siguientes facultades: ... Art�culo 10. ... Art�culo 11. El director general ser� ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 30 a�os de edad y con experiencia en la materia administrativa y de asistencia social. El presidente de la Rep�blica designar� y remover� libremente al director general. Art�culo 12. El director general contar� con las siguientes facultades: ... Art�culo 13. ... Art�culo 14. ... Art�culo 15. ... Art�culo 16. El Gobierno F. podr� solicitar al sistema opini�n sobre el otorgamiento de subsidios a instituciones p�blicas o privadas que act�en en elcampo de la asistencia social. Art�culo 17. ... Art�culo 18. ... Transitorios: Primero. Este decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n enel Diario Oficial de la Federaci�n. Segundo. Se abroga el decreto que crea el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n del 13 de enero de 1977. Tercero. En un plazo de 90 d�as, conforme a lo dispuesto por las leyes aplicables y con la debida intervenci�n de las S.�as de P.�n y Presupuesto, de Comercio y de Asentamientos Humanos y Obras P�blicas, as� como de la Comisi�n de Recursos Humanos del Gobierno F., y cuid�ndose de no afectar los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la S.�a de Salubridad y Asistencia, se pondr�n a disposici�n del sistema los bienes muebles e inmuebles y los recursos que la misma destina a servicios de asistencia social, as� como los de rehabilitaci�n vinculados a �sta, que no sean de car�cter hospitalario ... Cuarto. En un plazo de 90 d�as y con sujeci�n a los requisitos y procedimientos a los que se refiere el art�culo anterior, los bienes muebles e inmuebles y los recursos que el sistema destina a las actividades, programas y funciones que tendr�n a su cargo los Institutos Nacionales de P.�a y P.�a, ser�n puestos a disposici�n de �stos por el propio sistema, una vez que se constituyan como organismos p�blicos descentralizados. Quinto ... Sexto ...

    Este decreto se�ala que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia es un organismo p�blico descentralizado con personalidad jur�dica y patrimonio propio; sus �rganos superiores son el patronato, la Junta de Gobierno, el director general y el comisario; el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia se responsabiliza de los programas de asistencia social del Gobierno de la Rep�blica, bajo la orientaci�n normativa de la S.�a de Salubridad y Asistencia; y, tiene por objeto:

    -Promover el bienestar social y prestar al efecto servicios de asistencia social conforme a las normas de la S.�a de Salubridad y Asistencia;

    -Apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad;

    -Fomentar la educaci�n para la integraci�n social;

    -Impulsar el sano crecimiento f�sico y mental de la ni�ez;

    -Proponer a la dependencia que administre el patrimonio de la beneficencia p�blica, programas de asistencia social que contribuyan al uso eficiente de los bienes que lo componen;

    -Atender las funciones de auxilio a las instituciones de asistencia privada que le conf�e la dependencia competente, con sujeci�n a lo que disponga la ley relativa;

    -Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de menores en estado de abandono, de ancianos desamparados y de minusv�lidos sin recursos;

    -Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia, de los menores, de los ancianos y de los minusv�lidos;

    -Prestar servicios de asistencia jur�dica y de orientaci�n social a los menores, ancianos y minusv�lidos sin recursos;

    -Intervenir en el ejercicio de la tutela de los menores, que corresponda al Estado, en los t�rminos de la ley respectiva;

    -Auxiliar al Ministerio P�blico en la protecci�n de incapaces y en los procedimientos civiles y familiares que les afecten, de acuerdo con la ley; y,

    -Los dem�s que les encomienden las leyes.

    Debe destacarse que en el art�culo 16 del decreto en an�lisis se reconoce que las instituciones p�blicas y privadas act�an en el campo de la asistencia social.

    En mil novecientos ochenta y dos se publicaron las reformas a la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica F., por medio de las cuales, el sector salud se integr� por entidades agrupadas administrativamente y por los programas, funciones y servicios de salud de la administraci�n p�blica federal (Diario Oficial de fecha del veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y dos). De esta manera, el sector salud se integr� por la modalidad administrativa y la modalidad program�tico-funcional.

    En este sentido, por acuerdo del secretario del ramo, el sector salud se organiz� en dos subsectores administrativos: el subsector de asistencia social coordinado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el subsector de institutos nacionales de salud, coordinado por una unidad de la S.�a de Salubridad y Asistencia (Diario Oficial de fecha del treinta de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro).

    As�, los componentes del sector salud quedaron de la siguiente manera:

    -Sectorizaci�n administrativa;

    -Subsector de institutos nacionales de salud; integrado por los Institutos Nacionales de Cancerolog�a, C.�a, Enfermedades Respiratorias, N.�a y N.�a, N.�n, P.�a, P.�a, el Instituto Mexicano de P.�a y el Hospital Infantil de M�xico;

    -Subsector de asistencia social; integrado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, los Centros de Integraci�n Juvenil y el Instituto Nacional de la Senectud;

    -Hospital General Dr. M.G.G.�lez, el Patronato para la formaci�n del patrimonio de la F.�n Permanente de Asistencia Privada Dr. Jos� Mar�a �lvarez y el Patronato de la Cl�nica de Ortopedia B.V. de A.�n;

    -Sectorizaci�n program�tica;

    -Las funciones y programas de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (es un agrupamiento por funciones y programas).

    El diecisiete de enero de mil novecientos ochenta y tres se reform� el Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General, cuyas atribuciones y su composici�n lo convirtieron en una de las m�s importantes instancias de coordinaci�n sectorial en el campo de la salud, este consejo depend�a directamente del presidente de la Rep�blica, era presidido por el secretario de salud y participaban las instituciones de salud, las instituciones educativas y las personalidades m�s destacadas en el campo de la medicina (Diario Oficial de fecha del diecisiete de enero de mil novecientos ochenta y tres).

    En mil novecientos ochenta y tres se instal� el Gabinete de Salud integrado por los titulares de Salubridad y Asistencia, P.�n y Presupuesto y de la Contralor�a General de la Federaci�n, as� como por los directores generales del Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Servicios de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (Diario Oficial de fecha del diecinueve de enero de mil novecientos ochenta y tres); as� por conducto de este �ltimo, la materia de asistencia social queda integrada al Gabinete de Salud.

    El tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres se public� la adici�n del p�rrafo tercero del art�culo 4o. constitucional que consagra el derecho a la protecci�n de la salud, distribuye la concurrencia en materia de salubridad general entre la Federaci�n y las entidades federativas y se�ala que las bases y modalidades de acceso a los servicios de salud se establecer�an en la ley reglamentaria (Diario Oficial de fecha del tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres).

    Es importante destacar este punto, pues como se ver� m�s adelante el servicio de asistencia social se hace derivar de la materia de salud.

    El veintiuno de abril de mil novecientos ochenta y tres se establecieron los grupos interinstitucionales del sector salud, los cuales se dividieron en b�sicos y espec�ficos; los grupos b�sicos son los de programaci�n sectorial, informaci�n y evaluaci�n, en los que participan la S.�a de Salubridad y Asistencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; asimismo se cre� un grupo espec�fico de asistencia social.

    En mil novecientos ochenta y tres y mil novecientos ochenta y cuatro se expidieron diversos instrumentos jur�dicos para regular el proceso de descentralizaci�n de los servicios de salud a poblaci�n abierta, por medio del cual los Gobiernos Estatales asumen la direcci�n operativa de los servicios de la S.�a de Salubridad y Asistencia y del programa IMSS-COPLAMAR.

    En el mes de mayo de mil novecientos ochenta y tres, el Ejecutivo F. aprob� el Plan Nacional de Desarrollo mil novecientos ochenta y tres-mil novecientos ochenta y ocho, en el cual la pol�tica social comprendi� la materia de salud y plante� como lineamientos estrat�gicos una nueva concepci�n y un esquema b�sico de coordinaci�n de los servicios de asistencia social.

    El Plan Nacional de Desarrollo en lo conducente se�alaba:

    ... Cap�tulo quinto: Estrategia econ�mica y social ... 5. Estrategia econ�mica y social ... El cambio estructural propuesto, da prioridad a la satisfacci�n de las necesidades b�sicas de las mayor�as y al fortalecimiento del mercado interno, fundamentalmente en alimentaci�n, vivienda, educaci�n, salud y asistencia social, transporte colectivo, recreaci�n y calidad de la vida; modernizar y avanzar en la reorientaci�n sectorial y regional del aparato productivo y distributivo, para que �stos respondan m�s eficazmente a dichas necesidades, generen un n�mero mayor de empleos de mejor calidad y reduzcan su dependencia y consiguiente vulnerabilidad respecto al exterior; preservar, movilizar y ampliar el potencial de desarrollo nacional y adoptar nuevas modalidades para financiarlo, a partir del esfuerzo interno; finalmente bajo la rector�a del Estado, alentar al sector privado y fortalecer el sector social, a fin de que cada uno de los sectores asuma su responsabilidad en los procesos econ�micos y pol�ticos que genera el desarrollo ... Cap�tulo s�ptimo. Pol�tica social. Sumario ... La orientaci�n estrat�gica que al respecto se adoptar�, se sustenta en cinco grandes �reas: acciones preventivas; reorganizaci�n y modernizaci�n de los servicios; consolidaci�n del sistema; reorganizaci�n de la asistencia social; y formaci�n, capacitaci�n e investigaci�n ... 7. La pol�tica social ... 7.4. Salud ... Con el prop�sito de avanzar hacia la justicia social, la revoluci�n mexicana emprendi� la tarea de brindar a cada mexicano mejores condiciones de existencia, desembocando en materia de salud en dos tipos de reg�menes: el de seguridad social que ampara a los trabajadores que cuentan con una relaci�n laboral formal y el de asistencia p�blica y social dirigido a toda la poblaci�n. 7.4.1. D.�stico ... Las carencias en la prestaci�n de servicios de asistencia social se reflejan fundamentalmente en los menores de 15 a�os, ancianos y minusv�lidos, grupos en los que la desnutrici�n, la falta de oportunidad educativa y de recreaci�n se manifiestan con mayor severidad ... 7.4.4. L�neas generales de acci�n: ... Para mejorar la asistencia social, la acci�n estar� encaminada a: Impulsar la protecci�n social de los menores y ancianos en estado total o parcial de abandono, de los menores en edad escolar, de los minusv�lidos y de la familia en general; implantar los mecanismos que permitan a la Federaci�n convenir con los gobiernos de los Estados y concertar con los sectores privados y social la poblaci�n a proteger, los servicios a proporcionar y los recursos que aportar�n las diversas partes para el sostenimiento de los mismos ... 7.4.4. L�neas generales de acci�n: ... La acci�n coordinada de las instituciones del sector salud repercutir�, en lo inmediato, en un manejo m�s eficiente de los recursos disponibles y har� posible avanzar en el prop�sito de ampliar la cobertura de los servicios a la poblaci�n con un m�nimo razonable de calidad para todos los individuos, l�nea que se inserta en la estrategia de reordenaci�n econ�mica y concreta el cambio estructural en materia de salud. La estrategia definida comprende el desarrollo de l�neas generales de acci�n dirigidas a la prevenci�n de enfermedades, atenci�n a la salud y asistencia social ... 7.4.3.4. Reorganizaci�n de la asistencia social. La cuarta �rea est� constituida por la reorganizaci�n de los servicios de asistencia social. Implica reorientar su concepci�n y definir esquemas b�sicos que permitan coordinar los servicios de este tipo que presta el sector p�blico, y concertar los que realizan los sectores privado y social ... Cap�tulo noveno ... 9. Pol�tica regional ... 9.5.1. D.�stico ... A pesar de los esfuerzos realizados en materia de salud y asistencia social, a�n prevalecen condiciones de insuficiencia y desigualdad ...

    El veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, se expidi� la nueva Ley del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en un avance m�s de la pol�tica social.

    El siete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro se public� en el Diario Oficial de la Federaci�n la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protecci�n de la salud, en la cual se definieron las bases y modalidades de acceso a los servicios, se distribuy� la competencia sanitaria entre la Federaci�n y los Estados y se definieron los elementos b�sicos de la asistencia social (Diario Oficial de fecha del siete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro).

    En la exposici�n de motivos de la citada norma se se�alaba, lo siguiente:

    ... La iniciativa que se presenta a consideraci�n de la representaci�n nacional, responde al mandato que contiene el nuevo p�rrafo tercero del art�culo 4o. constitucional: define la naturaleza y alcance del derecho a la protecci�n de la salud, as� como las bases y modalidades de acceso a los servicios de salud y distribuye la competencia en materia de salubridad general entre la Federaci�n y las entidades federativas. Igualmente, y a fin de dar impulso a la efectividad de la nueva garant�a social, se sistematizan las bases legales del Sistema Nacional de Salud, se clarifica la distribuci�n de competencias federales que inciden, as� sea indirectamente, en el �mbito de la salud; se moderniza la legislaci�n sanitaria, se se�alan mecanismos para que los sectores social y privado contribuyan al mejoramiento de la salud y se avanza en el proceso de racionalizaci�n de su regulaci�n ... El t�tulo segundo desarrolla las bases fundamentales del Sistema Nacional de Salud, constituido por las distintas dependencias y entidades p�blicas de los tres niveles de gobierno y los sectores social y privado, y que se concibe como un conjunto de mecanismos de coordinaci�n tendente a dar cumplimiento al nuevo derecho social. Al Sistema Nacional de Salud as� concebido, se le se�alan siete objetivos prioritarios: prestar servicios de salud a toda persona; contribuir al desarrollo demogr�fico; coadyuvar al bienestar social mediante la asistencia social a grupos vulnerables; impulsar el desarrollo de la familia y la comunidad; mejorar las condiciones sanitarias del ambiente; promover un sistema nacional de recursos humanos para la salud y participar en el cambio de patrones culturales en el �mbito de la salud ... El t�tulo tercero se�ala que, atendiendo a la naturaleza de los servicios de salud, �stos se clasifican como sigue: de atenci�n m�dica, de salud p�blica y de asistencia social, y contiene el lineamiento de que se extiendan cuantitativa y cualitativamente esos servicios en beneficio de los grupos vulnerables ... La asistencia social es recogida por primera vez por la legislaci�n sanitaria. El t�tulo d�cimo reconoce la importancia estrat�gica de la asistencia social y la se�ala como una de las finalidades b�sicas del Sistema Nacional de Salud. Es por ello que la iniciativa tambi�n reglamenta el p�rrafo quinto del art�culo 4o. constitucional ... El Gobierno F., como lo se�ala el Plan Nacional de Desarrollo, ha resuelto dar prioridad a la asistencia social y confiar al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, organismo p�blico integrado al sector salud, la coordinaci�n del subsector de asistencia social y el impulso de los programas que los poderes p�blicos lleven a cabo en ese �mbito. Por lo que se refiere a la asistencia social, la iniciativa contiene los elementos b�sicos que podr�a desarrollarse sistem�ticamente en una iniciativa que en su momento podr�a presentarse a consideraci�n de la representaci�n nacional ...

    Los art�culos 3o. y 5o. de la citada Ley General de Salud de mil novecientos ochenta y cuatro, se�alaban:

    "Art�culo 3o. En los t�rminos de esta ley, es materia de salubridad general: ... XVIII. La asistencia social ..."

    Art�culo 5o. El Sistema Nacional de Salud est� constituido por las dependencias y entidades de la administraci�n p�blica, tanto federal como local, y las personas f�sicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, as� como por los mecanismos de coordinaci�n de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protecci�n de la salud.

    Esta norma, partiendo de la nueva garant�a individual del derecho a la salud, establecida por el Poder Constituyente Permanente en el p�rrafo tercero del art�culo 4o. constitucional, establece a la asistencia social como parte de los servicios de salud, y as� por primera vez, la asistencia social es regulada en la legislaci�n sanitaria.

    De igual forma, partiendo de este concepto, no s�lo se involucra a los sectores p�blico y privado sino que adiciona al denominado sector social.

    Al citado sector social no lo define la Ley General de Salud, sin embargo el p�rrafo s�ptimo del art�culo 25 de la C.�n F. s� lo hace al se�alar:

    Art�culo 25. (s�ptimo p�rrafo) La ley establecer� los mecanismos que faciliten la organizaci�n y la expansi�n de la actividad econ�mica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organizaci�n social para la producci�n, distribuci�n y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios ...

    Lo anterior, se corrobora de lo se�alado por el Glosario de t�rminos m�s usuales en la administraci�n p�blica federal de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico al disponer:

    Sector social: Conjunto de organizaciones que no dependen del sector p�blico y que son ajenas al sector privado: ejidatario, comunidades agr�colas, peque�os propietarios, asociaciones de artesanos, cooperativas, empresas sindicales, sindicatos, partidos pol�ticos, etc.

    As� pues, en la Ley General de Salud se reconoce la participaci�n de los sectores p�blico, social y privado en la prestaci�n del servicio de asistencia social.

    El d�a nueve de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro el Ejecutivo F. aprob� el Programa Nacional de Salud mil novecientos ochenta y cuatro-mil novecientos ochenta y ocho, con el prop�sito de racionalizar las estrategias y acciones en materia de salud a cargo de la administraci�n p�blica federal, coordin�ndolas con los Gobiernos Estatales e incorporando a los sectores social y privado mediante las vertientes de concertaci�n e inducci�n; este instrumento program�tico estableci� los objetivos, metas y l�neas de acci�n en materia de salud, a trav�s de trece programas de acci�n y cuatro programas de apoyo, que giran alrededor de seis objetivos generales; el sexto objetivo general, se refiere al Programa de Asistencia Social.

    El plan en cita en lo conducente se�ala:

    "... Objetivo sexto. Contribuir al bienestar social de la poblaci�n, por medio de la asistencia social a los grupos m�s vulnerables a fin de incorporarlos en una vida m�s equilibrada en lo econ�mico y en lo social, y propiciar el desarrollo de la familia a la comunidad y su integraci�n social: Programa de Asistencia Social. Los programas de apoyo que abarcan a los 13 programas de acci�n son: Programa de Investigaci�n para la Salud. Programa de Formaci�n y Desarrollo de Recursos Humanos para la Salud. Programa de Informaci�n.Programa de Insumos para la Salud ... Es de se�alar, por otra parte, que algunos de los programas de acci�n, como el de asistencia social habr�n de dar lugar a un n�mero muy vasto de programas espec�ficos que searticular�n en el programa institucional respectivo ... Los proyectos estrat�gicos se ubican en los tres campos definidos por la Ley General de Salud (atenci�n m�dica, salud p�blica y asistencia social), cuya realizaci�n permitir� incidir en el mejoramiento del nivel de salud de la poblaci�n ... P.I.D.�stico general. Cap�tulo 1. Antecedentes y estructura del Sistema Nacional de Salud. 1.1. Antecedentes institucionales del sector salud ... Primera etapa. Esta fase hist�rica se caracteriza por la participaci�n marginal del Gobierno F. en los servicios de atenci�n m�dica, en correspondencia con la ideolog�a liberal que privaba en la segunda parte del siglo XIX. No se concibe la articulaci�n de un Sistema Nacional de Salud ni se encomienda al Estado la responsabilidad de prestar atenci�n m�dica conforme a un criterio de universalidad. La salubridad, seg�n la C.�n de 1857, no era competencia de la Federaci�n y, por ende, reca�a en la jurisdicci�n de los Estados y, en su caso, de los Municipios, reserv�ndose al Estado la funci�n primordial de garantizar los derechos individuales, por lo que no se concibi� un sistema p�blico de prestaci�n del servicio de salud. La Federaci�n se limit� a llevar a cabo acciones de control epidemiol�gico en puertos y fronteras. La asistencia social quedaba circunscrita a acciones de caridad y coyunturales del Estado ... Segunda etapa ... En relaci�n a la asistencia social, en 1961 se estructura el Instituto Nacional de Protecci�n a la Infancia, y en 1968 se organiza la Instituci�n Mexicana de Asistencia a la Ni�ez, que al fusionarse en 1977, dan lugar al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. En este mismo a�o se establece el sector salud con base en la nueva L.O.�nica de la Administraci�n P�blica F., en el cual no quedan agrupados el IMSS, el ISSSTE y el DIF... Tercera etapa ... Asimismo, en diciembre de 1982 el presidente de la Rep�blica acord� que el DIF quedara agrupado al sector salud, encarg�ndosele a ese organismo la asistencia social. En enero de 1983 procedi� a instalar el Gabinete de Salud, y en febrero de 1984, se public� en el Diario Oficial la Ley General de Salud, quedando establecidas las facultades que se atribuyen a la SSA como coordinadora del Sistema Nacional de Salud. Esa ley, por otro lado, redistribuye con �nimo descentralizador, la competencia sanitaria entre la Federaci�n y las entidades federativas, y define la naturaleza del derecho a la protecci�n de la salud. En 1984 entr� en vigor la nueva Ley del ISSSTE ... Por �ltimo, la concepci�n de la salud se ha ampliado al incorporarse formalmente la asistencia social, la que se ha convertido en un conjunto de actividades prioritarias e integrado por un programa gubernamental. 1.2. Servicios de salud. El derecho a la protecci�n de la salud conlleva a que el Estado, la sociedad y los individuos compartan responsabilidades. El Estado ha venido concretando estas responsabilidades en instituciones, facultades de autoridad, recursos, acciones y programas que en una concepci�n moderna han formado servicios de salud que, por su naturaleza, se clasifican en: atenci�n m�dica, salud p�blica y asistencia social. El objeto de esos servicios es proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad ... Estos servicios se pueden clasificar conforme a los prestadores y usuarios de los mismos en: p�blicos para la poblaci�n abierta, los de seguridad social, los privados y los del sector social. La salud p�blica atiende problemas que rebasan el nivel individual y requieren para su soluci�n acciones organizadas de car�cter colectivo ... Por consiguiente, sus servicios no son el resultado de la demanda individual de atenci�n a la salud, sino el reconocimiento de la obligaci�n del Estado de actuar para la protecci�n sanitaria de la poblaci�n contra fen�menos de diverso orden, fundamentalmente ambientales ... Por asistencia social se entiende el conjunto de acciones tendentes a modificar y mejorar las circunstancias de car�cter social que impiden al individuo su desarrollo integral, as� como la protecci�n f�sica, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotecci�n y desventaja f�sica y mental, hasta lograr su incorporaci�n a una vida plena y productiva. Las actividades de la asistencia social son, entre otras: atenci�n en establecimientos especializados a menores y ancianos en estado de abandono; promoci�n del bienestar del senescente; el ejercicio de la tutela de menores; la prestaci�n de servicios de alimentaci�n complementaria; y, la promoci�n de la participaci�n consciente y organizada de la comunidad en acciones de asistencia y desarrollo social. Los servicios de asistencia social han sido integrados a un subsector, estando a cargo del Sistema Integral de la Familia la coordinaci�n y el control de la operaci�n de acciones que llevan a cabo las instituciones p�blicas en esta materia. Por su parte a la SSA corresponde promover y fomentar estos programas, as� como emitir las normas t�cnicas para su funcionamiento. 1.3. Elementos org�nicos del Sistema Nacional de Salud. Conforme a la Ley General de Salud, el Sistema Nacional de Salud est� constituido por las dependencias y entidades de la administraci�n p�blica, tanto federales como locales y por las personas f�sicas o morales de los sectores social y privado que prestan servicios de salud, as� como por los mecanismos de coordinaci�n de acciones. Su objetivo es dar cumplimiento al derecho a la protecci�n de la salud. A nivel federal, se forma el sector salud con dos modalidades: la administrativa y la program�tica. Dentro del sector administrativo se han constituido dos subsectores b�sicos: asistencia social e institutos nacionales de salud ... Los Estados y Municipios desarrollan tambi�n acciones de salud, orientadas fundamentalmente a la prestaci�n de servicios m�dicos a poblaci�n abierta y a la creaci�n de infraestructura que contribuya a la modificaci�n de factores ambientales que inciden directamente en las condiciones de salud de la poblaci�n (agua potable y alcantarillado). Este complejo org�nico y las personas f�sicas y morales de los sectores social y privado, son elementos constitutivos del Sistema Nacional de Salud. Aun cuando la participaci�n de estos �ltimos se da predominantemente en el campo de los servicios m�dicos, llevan a cabo tambi�n acciones de salud p�blica y de asistencia social ... Cap�tulo 3. Inventario de recursos del sector salud. 3.1. Cobertura ... Por su parte, en 1983 las instituciones que conforman el subsector de asistencia social prestaron servicios a aproximadamente 10 millones de personas comprendidas dentro de la poblaci�n abierta ... 3.4. Recursos del sector privado. De acuerdo a los datos proporcionados por la C�mara Nacional de Hospitales, existen en M�xico alrededor de mil hospitales privados ... Cap�tulo 4. Problemas por campo de actividad ... 4.3. Problemas en materia de asistencia social. No obstante los esfuerzos desarrollados por las �ltimas administraciones en este campo, subsisten todav�a una diversidad de problemas, entre otros, los siguientes: No existe una normatividad id�nea en lo jur�dico, operativo, organizativo y de funcionamiento que permita, tanto en el sector p�blico como en el social y el privado, tener una instrumentaci�n eficiente de la pol�tica de asistencia social. Los servicios y la infraestructura de asistencia social son insuficientes debido a la escasez de recursos de toda �ndole, para dar respuesta efectiva a la protecci�n de los grupos de poblaci�n prioritarios. El �nfasis de las acciones asistenciales tiende a dar respuesta a los problemas resultantes de la marginaci�n, m�s que a sus factores casuales. Existen diferencias significativas entre las instituciones en cuanto a la cantidad y calidad de los recursos y servicios asistenciales, as� como respecto a los criterios para administrarlos. La deficiente vigilancia y apoyo t�cnico a las acciones de asistencia social que realizan los particulares ha generado un bajo aprovechamiento de importantes recursos sociales ... Cap�tulo 5. Objetivos generales. 5.1. Prop�sito b�sico ... 6. De asistencia social. Contribuir al bienestar social de la poblaci�n al proporcionar asistencia social principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados, minusv�lidos, madres gestantes de escasos recursos, as� como a indigentes, para proporcionar su incorporaci�n a una vida equilibrada en lo econ�mico y social, y apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad, fomentando la educaci�n para la integraci�n social. Cap�tulo 6. Metas de resultados y algunas metas operativas seleccionadas ... 6.7. Metas de asistencia social ... Cap�tulo 7. Estrategia general ... 7.2. Lineamientos estrat�gicos (sustantivos) ... Ampliar y modernizar la disponibilidad de la infraestructura para la asistencia social, como casas cuna, hogar, albergues, centros de asistencia, de rehabilitaci�n y educaci�n especial, entre otros. Cap�tulo 8. Estrategias instrumentales ... 8.3. Modernizaci�n administrativa ... Revisar y adecuar la apertura program�tica del sector en funci�n de la Ley General de Salud, la nueva Ley del ISSSTE y la legislaci�n que en su caso se expida en materia de asistencia social. 8.4. Coordinaci�n intersectorial ... Se tiene por prop�sito lograr la vinculaci�n de las acciones del sector salud con las que llevan a cabo otros sectores cuando incidan estas �ltimas en los niveles de salud, preferentemente las relacionadas con ambiente, nutrici�n, formaci�n de recursos humanos, investigaci�n, asistencia social, control sanitario y producci�n, distribuci�n y comercializaci�n de los insumos esenciales para la salud. Para ello se han establecido las siguientes l�neas program�ticas de vinculaci�n por sector ... Departamento del Distrito F.: A.�n m�dica; saneamiento b�sico; control sanitario; y, asistencia social ... Cap�tulo 13. Programa de acci�n para contribuir al desarrollo demogr�fico arm�nico. 13.1. Programa de planificaci�n familiar ... Cap�tulo 14. Programa de acci�n para fortalecer la asistencia social ... 14.1. Programa de asistencia social. La asistencia social tiene 2 �reas b�sicas: la atenci�n al individuo y, el desarrollo de la familia y la comunidad. En el subsector de asistencia social ser�n materia de programas espec�ficos. En la presente administraci�n se otorga prioridad a la reorganizaci�n de los servicios de asistencia social, reorientando su concepci�n a efecto de superar el paternalismo que los caracteriza. En la Ley General de Salud se define a la asistencia social como ?El conjunto de acciones tendentes a modificar y mejorar las circunstancias de car�cter social que impidan al individuo su desarrollo integral, as� como la protecci�n f�sica, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotecci�n o desventaja f�sica y mental, hasta lograr su incorporaci�n a una vida plena y productiva.? ... Objetivos espec�ficos. Contribuir al bienestar social de la poblaci�n al proporcionar asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados, minusv�lidos, madres gestantes de escasos recursos, as� como a indigentes, a fin de propiciar su incorporaci�n a una vida equilibrada en lo econ�mico y lo social, y apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad, fomentando la educaci�n para la integraci�n social ... Cap�tulo 15. Programas de apoyo ... Cap�tulo 16. Proyectos estrat�gicos. Los proyectos estrat�gicos se orientan a coadyuvar al disfrute progresivo del derecho a la protecci�n de la salud, y avanzar hacia una sociedad cada vez m�s igualitaria ... Los proyectos se ubican en los tres campos definidos por la Ley General de Salud: atenci�n m�dica, salud p�blica y asistencia social, su realizaci�n permitir� incidir en el mejoramiento del nivel de salud de la poblaci�n, particularmente en �reas rurales y urbanas rezagadas; tender hacia una cobertura nacional de los servicios de salud, fundamentalmente del primer nivel de atenci�n; impulsar las acciones preventivas; racionalizar el uso de la capacidad instalada, fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiol�gica y control sanitario, y promover las acciones de educaci�n para la salud ... Asistencia social. En materia de asistencia social, los proyectos de inversi�n se orientan a adecuar las instalaciones a la m�s eficiente y �gil prestaci�n de los servicios asistenciales y rehabilitatorios, as� como a proporcionar los servicios rehabilitatorios y de educaci�n especial a los minusv�lidos, en las entidades federativas que no cuenten con estos servicios ..."

    En este punto cabe destacar que en el plan de desarrollo en cita se precisa que las personas f�sicas y morales de los sectores social y privado son elementos constitutivos del Sistema Nacional de Salud dentro del cual se incorpora la materia de asistencia social.

    El veintiuno de enero de mil novecientos ochenta y cinco se public� en el Diario Oficial de la Federaci�n el decreto por el que se reform� y adicion� la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica F., mediante el cual se modificaron los art�culos 26 y 39 para cambiar la denominaci�n y conciliar las competencias que corresponden a la dependencia del Ejecutivo F. encargada de este ramo, de manera que se ajuste "m�s a la concepci�n y cobertura de la nueva garant�a social y de los diversos servicios p�blicos, sociales y privados que componen al Sistema Nacional de Salud".

    Con estas reformas la S.�a de Salubridad y Asistencia cambi� su denominaci�n a S.�a de Salud y se ampliaron sus facultades en el ramo de salubridad general, especialmente en materia de asistencia social.

    La reforma en cita dispone:

    "Se reforma y adiciona la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica F.. Art�culo primero: Se reforma el art�culo 26 de la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica F., para quedar como sigue: ?Art�culo 26. Para el estudio, planeaci�n y despacho de los negocios del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Uni�n, contar� con las siguientes dependencias: S.�a de Salud.?. Art�culo segundo. Se reforma y adiciona el art�culo 39 de la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica F., en los siguientes t�rminos: ?Art�culo 39. A la S.�a de Salud, corresponde el despacho de los siguientes asuntos: I y II ... III. A.icar a la asistencia p�blica los fondos que le proporcionen la Loter�a Nacional y los Pron�sticos para la Asistencia P�blica; y administrar el patrimonio de la beneficencia p�blica en el Distrito F., en los t�rminos de las disposiciones legales aplicables, a fin de apoyar los programas de servicios de salud; IV y V ... VI. P., normar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional de Salud y proveer a la adecuada participaci�n de las dependencias y entidades p�blicas que presten servicios de salud, a fin de asegurar el cumplimiento del derecho a la protecci�n de la salud. Asimismo, propiciar� y coordinar� la participaci�n de los sectores social y privado en dicho Sistema Nacional de Salud y determinar� las pol�ticas y acciones de inducci�n y concertaci�n correspondientes; VII. P., normar y controlar los servicios de atenci�n m�dica, salud p�blica, asistencia social y regulaci�n sanitaria que correspondan al Sistema Nacional de Salud; VIII. Dictar las normas t�cnicas a que quedar� sujeta la prestaci�n de servicios de salud en las materias de salubridad general, incluyendo las de asistencia social, por parte de los sectores p�blico, social y privado, y verificar su cumplimiento; IX a XX ... XXI. Actuar como autoridad sanitaria, ejercer las facultades en materia de salubridad general que las leyes le confieren al Ejecutivo F., vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y dem�s disposiciones aplicables y ejercer la acci�n extraordinaria en materia de salubridad general. XXII y XXIII.? ..."

    As�, la competencia de la citada secretar�a establecida en dicha ley, en lo relativo a asistencia social qued� de la siguiente manera:

    -Establecer y conducir la pol�tica en materia de asistencia social, servicios m�dicos y salubridad general, con excepci�n de lo relativo al saneamiento del ambiente; y coordinar los programas de servicios a la salud de la administraci�n p�blica federal, as� como los agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se determinen.

    -Crear y administrar establecimientos de salubridad, de asistencia p�blica y de terapia social en cualquier lugar del territorio nacional y organizar la asistencia p�blica en el Distrito F..

    -Abonar a la asistencia p�blica los fondos que le proporcionen la Loter�a Nacional y los Pron�sticos Deportivos para la Asistencia P�blica y administrar el patrimonio de la beneficencia p�blica en el Distrito F., en los t�rminos de las disposiciones legales aplicables, a fin de apoyar los programas de servicios de salud.

    -Organizar y vigilar las instituciones de beneficencia privada, en los t�rminos de las leyes relativas, e integrar sus patronatos, respetando la voluntad de los fundadores.

    -Administrar los bienes y fondos que el Gobierno F. destine para la atenci�n de los servicios de asistencia p�blica.

    -Plantear, normar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional de Salud y proveer a la adecuada participaci�n de las dependencias y entidades p�blicas que presten servicios de salud, a fin de asegurar el cumplimiento del derecho a la protecci�n de la salud.

    -Asimismo, propiciar� y coordinar� la participaci�n de los sectores social y privado en dicho Sistema Nacional de Salud y determinar� las pol�ticas y acciones de inducci�n y concertaci�n correspondientes.

    -P., normar y controlar los servicios de atenci�n m�dica, salud p�blica, asistencia social y regulaci�n sanitaria que correspondan al Sistema Nacional de Salud.

    -Dictar las normas t�cnicas a que quedar� sujeta la prestaci�n de servicios de salud en las materias de salubridad general, incluyendo las de asistencia social, por parte de los sectores p�blico, social y privado y verificar su cumplimiento.

    -Actuar como autoridad sanitaria, ejercer las facultades en materia de salubridad general que las leyes le confieren al Ejecutivo F., vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y dem�s disposiciones aplicables y ejercer la acci�n extraordinaria en materia de salubridad general.

    -Establecer las normas que deben orientar los servicios de asistencia social que presten las dependencias y entidades federales y proveer a su cumplimiento; y,

    -Los dem�s que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.

    Este conjunto de competencias "significa la conformaci�n de una nueva secretar�a que ha replanteado un concepto de salud y que se inspira por una doctrina de servicio".

    De esta reforma, destaca la disposici�n en que expresamente se se�ala que tanto el sector p�blico como privado y el social prestan el servicio de asistencia social.

    El nueve de enero de mil novecientos ochenta y seis, se expidi� la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social; este hecho no constituye la simple expedici�n de una nueva norma jur�dica; m�s bien se trata de un evento de alta significaci�n puesto que, por primera vez en la historia de M�xico, se cuenta con una legislaci�n especial y del m�s alto nivel que regula de manera integral, la materia de asistencia social.

    La exposici�n de motivos de la citada ley, en lo que al caso interesa, se�ala:

    El Ejecutivo F. a mi cargo, en uso de la facultad que le confiere el art�culo 71, fracci�n I de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, env�a a esa representaci�n nacional la iniciativa de Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, que tiene la finalidad deregular, en lo relativo a la asistencia social, el derecho a la protecci�n de la salud que tiene toda persona en los t�rminos del tercer p�rrafo del art�culo 4o. constitucional ... El desarrollo desigual que caracteriza a los pa�ses en proceso decrecimiento como el nuestro, provoca la formaci�n de grupos sociales con mayor grado de vulnerabilidad y menores posibilidades de ingreso y mantenimiento aut�nomo en el concierto social ... Para dar cumplimiento a dicha obligaci�n, esa soberan�a aprob� el 26 de diciembre de 1983, la Ley General de Salud, reglamentaria del art�culo 4o. constitucional, en la cual se dispuso claramente que el bienestar f�sico y mental del hombre que contribuya al ejercicio pleno de sus capacidades es una de las finalidades primordiales de la nueva garant�a social que consagra el derecho a la protecci�n de la salud. En consecuencia, en ese ordenamiento legal se incluy� entre los objetivos del Sistema Nacional de Salud la colaboraci�n en el bienestar social, de la poblaci�n mediante servicios de asistencia social principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados y minusv�lidos para fomentar su bienestar y propiciar su incorporaci�n a una vida equilibrada en lo econ�mico y lo social. La asistencia social, adquiri� relevancia a partir de la promulgaci�n de la Ley General de Salud, recibiendo el car�cter de servicio b�sico de salud, se reconoci� como una de las tareas de inter�s prioritario a cargo del Estado y la comunidad, y fue agrupada entre las materias de salubridad general por primera vez en la historia de la legislaci�n sanitaria mexicana. Su regulaci�n sustantiva recibi� claridad y orden al sistematizarse en un solo cuerpo normativo de aplicaci�n en todo el territorio nacional. De tal suerte, se transforma radicalmente el perfil de la asistencia social en nuestro pa�s ... El Estado queda comprometido a proporcionar en forma sistem�tica servicios de asistencia social y a normar, promover y coordinar los que brinden los sectores social y privado ... Hist�ricamente la asistencia social en M�xico estaba ligada a instituciones que desarrollaban las acciones respectivas sin un marco jur�dico apropiado y atendiendo primordialmente a motivos ideol�gicos, �ticos o religiosos y no como debiera ser, en funci�n de las necesidades propias de los grupos desprotegidos. Es as� que el Estado no interviene para dar claridad y coherencia a la labor asistencial hasta mediados del siglo XIX, cuando a causa de la reforma liberal se expide en 1861, el Decreto de Secularizaci�n de Establecimientos de Beneficencia, colocando a las instituciones asistenciales bajo la inspecci�n inmediata de la autoridad p�blica, la cual deb�a cuidar que dichos establecimientos fueran correctamente administrados y manejaran sus fondos con atingencia. Sin embargo, las obligaciones asistenciales del Estado se reduc�an a una simple labor de vigilancia administrativa de los establecimientos fundados por particulares ... La preocupaci�n por otorgar a la asistencia social el adecuado marco normativo y el inter�s de coordinar los servicios que prestan las diferentes instituciones p�blicas y privadas se combinaron en los �ltimos a�os para dar como resultado la incorporaci�n a nuestro derecho de las nuevas garant�as sociales consagradas en el art�culo 4o. constitucional y su reglamentaci�n en la Ley General de Salud, que permite precisar un concepto renovado e integral de protecci�n asistencial sustentado por la interrelaci�n sistem�tica de los esfuerzos de los sectores social y privado, bajo la rector�a del Estado ... Por tanto, estamos en presencia de un cambio de valoraci�n de la asistencia social en lo jur�dico y en lo pol�tico. La asistencia social es ahora una de las responsabilidades prioritarias del Estado y la sociedad y constituye uno de los tres tipos b�sicos de servicios de salud que contempla la Ley General de Salud ... Se se�ala como objeto del ordenamiento, establecer las bases y procedimientos para promover la prestaci�n de los servicios de asistencia social que establece la Ley General de Salud y coordinar el acceso a los mismos, as� como promover y coordinar la concurrencia y colaboraci�n de la Federaci�n, las entidades federativas y los sectores social y privado en su prestaci�n, previni�ndose as� el necesario enlace normativo con la legislaci�n reglamentaria del art�culo 4o., p�rrafo tercero constitucional ... Por otra parte, se hace la separaci�n de los servicios de asistencia social que se prestan en el �mbito federal, por distintas dependencias y entidades p�blicas, dentro de la esfera de sus respectivas responsabilidades, a fin de evitar la duplicidad de esfuerzos y ejercicio de acciones encontradas. Con lo anterior se pretende que la ley coordine y complemente el accionar p�blico en lo relativo a asistencia social ... Se circunscriben los servicios de salud en materia de asistencia social dentro del marco del Sistema Nacional de Salud, pero con respeto a las respectivas competencias de las instituciones p�blicas de seguridad social y dem�s prestadores sociales y privados, nacientes de los ordenamientos espec�ficos en que apoyen ... Dentro del anterior marco de participaci�n de los sectores p�blico, social y privado, el cap�tulo tercero de la iniciativa que propongo, desarrolla las dos vertientes b�sicas de la planeaci�n democr�tica y que radican en la coordinaci�n y la concentraci�n en todos los niveles. De esta manera, adem�s de asegurarse la adecuada coordinaci�n de acciones en el �mbito de la prestaci�n de los servicios de salud en materia de asistencia social, es cometido primordial favorecer prioritariamente a los grupos sociales m�s vulnerables, para lo cual se ordena la celebraci�n de acuerdos y la concertaci�n de acciones con los distintos sectores de la vida nacional. Igualmente y en afinidad a uno de los prop�sitos fundamentales del Sistema Nacional de Salud, especial comentario merecen las disposiciones de esta iniciativa en la promoci�n de convenios entre los distintos niveles de gobierno, con el objeto de ampliar la cobertura y la calidad de los servicios de salud en materia de asistencia social en las entidades federativas y los Municipios ...

    Los art�culos 1o., 3o. y 5o. de la citada Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, se�alan:

    "Art�culo 1o. La presente ley regir� en toda la Rep�blica, sus disposiciones son de orden p�blico e inter�s social y tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de un sistema nacional de asistencia social que promueve la prestaci�n de los servicios de asistencia social que establece la Ley General de Salud y coordine el acceso de los mismos, garantizando la concurrencia y colaboraci�n de la Federaci�n, las entidades federativas y los sectores social y privado."

    "Art�culo 3o. Para los efectos de esta ley, se entiende por asistencia social el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de car�cter social que impidan al individuo su desarrollo integral, as� como la protecci�n f�sica, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotecci�n o desventaja f�sica y mental, hasta lograr su incorporaci�n a una vida plena y productiva."

    Art�culo 5o. La prestaci�n de los servicios de asistencia social que establece la Ley General de Salud, que sean de jurisdicci�n federal, se realizar� por las dependencias del Ejecutivo F. competentes, cada una seg�n la esfera de sus atribuciones, as� como por las entidades de la administraci�n p�blica federal y por las instituciones que tengan entre sus objetivos la prestaci�n de esos servicios, de conformidad con lo que disponen las leyes respectivas.

    As� pues, con esta ley se persigue el bienestar social de la poblaci�n mediante servicios de asistencia social, que el Estado debe proveer por s� (asistencia p�blica), as� como el sector privado (asistencia privada) y el sector social a nivel tanto federal como local de conformidad con lo que se�alen las leyes respectivas.

    El primero de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, se reform� y adicion� la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F..

    La exposici�n de motivos se�ala lo siguiente:

    ... La nueva garant�a social elevada a rango constitucional mediante la adici�n del p�rrafo tercero del art�culo 4o. de la Ley Fundamental, consagra el reconocimiento de que la salud es un bien social en cuya protecci�n deben participar el Estado, la sociedad y los diversos sectores que organizadamente la componen ... Es as� que la S.�a de Salud tiene la responsabilidad, como instancia coordinadora del sector salud, de planear y evaluar acciones que lleven a cabo los subsectores de la asistencia social y la asistencia privada ... As�, la asistencia social es recogida por primera vez por la legislaci�n sanitaria. El t�tulo d�cimo de la Ley General de Salud reconoce la importancia estrat�gica de la asistencia social, recibiendo el car�cter b�sico de salud y reconoci�ndola como una de las tareas de inter�s prioritario a cargo del Estado y la comunidad. De esta suerte se transforma radicalmente la concepci�n de la asistencia social en nuestro pa�s. El Plan Nacional de Desarrollo se�ala, entre los prop�sitos que se persiguen en materia de salud, el promover la protecci�n social que permita fomentar el bienestar de la poblaci�n de escasos recursos, enfocando una de sus estrategias prioritarias a la reorganizaci�n de los servicios de asistencia, para lo cual deben reorientarse los objetivos asistenciales y sociales de las instituciones de asistencia privada para contribuir, con mayor contundencia, a la consecuci�n de los fines del propio Plan Nacional de Desarrollo. La realizaci�n de las acciones asistenciales adquiere, desde el punto de vista constitucional y legal, una dimensi�n program�tica como obligaci�n del Estado de establecer las condiciones m�nimas para que los grupos m�s necesitados de la poblaci�n gocen progresivamente de los satisfactores que aseguren el pleno ejercicio de su derecho a la protecci�n de la salud. El Estado queda comprometido a proporcionar, en forma sistem�tica, servicios de asistencia social y a normar, promover y coordinar los que brinden los sectores social y privado ... Fue as� que ese honorable Congreso aprob� la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el 9 de enero de 1986, que reestructura el organismo p�blico descentralizado encargado de la asistencia social, denominado Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, cuya tarea est� orientada a proporcionar los servicios asistenciales encaminados al desarrollo integral de la familia y a apoyar en su formaci�n y subsistencia a individuos con carencias familiares ... De esta manera, las instituciones de asistencia privada, al desarrollar sus acciones en favor de las clases necesitadas, colaboran con el Estado de una manera decisiva a la soluci�n de la carga asistencial, de ah� que el poder p�blico debe esforzarse en su atenci�n e impulso. Planteado el marco jur�dico para la regulaci�n de la asistencia social a cargo del sector p�blico, se hace imperativo modernizar y adecuar el contexto legal de la actividad que en este campo realizan los particulares. El esfuerzo conjunto y coordinado de los sectores p�blico y privado solidariamente involucrados en la mec�nica asistencial, har�n posible la rehabilitaci�n y desarrollo de la poblaci�n necesitada ... Por tanto, para complementar el proceso de regulaci�n jur�dica dentro del marco del rubro asistencial, resulta ahora necesario, a juicio del Ejecutivo a mi cargo, la actualizaci�n de conceptos y la unificaci�n de procedimientos y lineamientos que faciliten y propicien el fomento de acciones de asistencia, que realicen los particulares. La iniciativa que se eleva a la consideraci�n de esa honorable representaci�n nacional, refuerza jur�dicamente los lineamientos existentes y tiene por objeto establecer las bases jur�dicas para garantizar a los particulares el efectivo cumplimiento de su voluntad al constituir instituciones de asistencia privada, de tal forma que la participaci�n solidaria y decidida de los particulares contribuya a la consolidaci�n del Sistema Nacional de Asistencia Social y, por lo tanto, al efectivo cumplimiento del derecho a la protecci�n de la salud que consagra nuestra Carta Primordial ...

    De la citada exposici�n de motivos, destaca en primer t�rmino, que a la asistencia privada se le reconoce un objetivo social, y una colaboraci�n con el Estado en la tarea asistencial para la consolidaci�n del Sistema Nacional de Asistencia Social.

    El d�a diez de agosto de mil novecientos ochenta y siete, se reform� el art�culo 73, fracci�n VI, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, por virtud de la cual, como �rgano de representaci�n ciudadana del Distrito F., se cre� la Asamblea de Representantes del Distrito F. y a la cual se le dot� de las siguientes facultades:

    Art�culo 73. El Congreso tiene facultad: ...VI. Para legislar en todo lo relativo al Distrito F., someti�ndose a las bases siguientes: ... 3a. ... Son facultades de la Asamblea de Representantes del Distrito F. las siguientes: A) Dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de polic�a y buen gobierno que, sin contravenir lo dispuesto por las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Uni�n para el Distrito F., tengan por objeto atender las necesidades que se manifiesten entre los habitantes del propio Distrito F., en materia de: educaci�n, salud y asistencia social; ... I) Expedir, sin intervenci�n de ning�n otro �rgano, el reglamento para su gobierno interior; y J) Iniciar ante el Congreso de la Uni�n, leyes o decretos en materias relativas al Distrito F. ...

    Acorde a lo anterior, la entonces Asamblea de Representantes del Distrito F. desde mil novecientos ochenta y siete, contaba con facultades para dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de polic�a y buen gobierno entre otras materias en asistencia social, que si bien es cierto en esa �poca dichos ordenamientos no pod�an contravenir lo dispuesto por las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Uni�n para el Distrito F., tambi�n lo es que la citada facultad ya se refer�a a la materia de asistencia social que es lo relevante para el objeto del presente estudio.

    El treinta y uno de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, se publica el Plan Nacional de Desarrollo mil novecientos ochenta y nueve-mil novecientos noventa y cuatro, en el cual respecto del rubro de asistencia social, se se�al� lo siguiente:

    Presentaci�n (51 p�rrafo) ... El plan prev� atender las demandas prioritarias del bienestar social, aquellas que afectan directamente el bienestar de las mayor�as: la seguridad p�blica, la educaci�n, la salud y la asistencia social, la alimentaci�n, la vivienda, la disponibilidad de servicios b�sicos, el acceso y promoci�n de la cultura, el deporte y el esparcimiento. Cap�tulo especial merece la erradicaci�n de la pobreza extrema ... Cap�tulo 5. Acuerdo nacional para la recuperaci�n econ�mica con estabilidad de precios ... 5.3. Modernizaci�n econ�mica ... 5.3.1. Modernizaci�n del campo ... es preciso fortalecer la asistencia social en el medio rural, sobre todo para no descuidar el bienestar de los campesinos con menores dotaciones o carentes de tierras ... Cap�tulo 6. Acuerdo nacional para el mejoramiento productivo del nivel de vida ... 6.2. A.�n a las demandas prioritarias del bienestar social ... 6.2.3. Salud, asistencia y seguridad social. Entendida en un sentido amplio, la salud no es s�lo la ausencia de enfermedad sino un estado de completo bienestar f�sico y mental, en un contexto ecol�gico y social propicio para su sustento y desarrollo. La salud descansa en la esfera de pr�cticamente todas las interacciones econ�micas, sociales y culturales, y es, con ellas, un componente sin�rgico del bienestar social. As�, la salud es un elemento imprescindible del desarrollo y, en una sociedad que tiene como principio la justicia y la igualdad sociales, es un derecho esencial de todos. La salud no resulta meramente del solo progreso econ�mico y social; requiere de acciones espec�ficas para prevenir, preservar o restituir la integridad y vitalidad f�sica y mental de los individuos en todas las esferas donde pueden estar expuestos a distintos riesgos ... La asistencia y la seguridad social complementan a la salud haciendo m�s integral el prop�sito de atender el bienestar social en esta materia. La asistencia social persigue incorporar a los individuos que lo requieren a una vida digna y equilibrada en lo econ�mico y social, principalmente menores en estado de abandono y en general desamparados y minusv�lidos. La seguridad social atiende al bienestar del trabajador y de su familia en sus necesidades de salud, educaci�n, vivienda, cultura y recreaci�n ...

    En diversa reforma del siete de enero de mil novecientos noventa y uno, se reform� la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, para el Distrito F. cuya exposici�n de motivos se�al�:

    El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, establece que el objetivo principal de la asistencia social es incorporar a las personas que lo requieran a una vida digna y equilibrada en lo econ�mico y social, principalmente a menores en estado de abandono y en general a personas desamparadas y minusv�lidas. Asimismo, se�ala que el objetivo general de la pol�tica asistencial es impulsar la protecci�n a todos los mexicanos brind�ndoles servicios y prestaciones oportunos, eficaces, equitativos y humanitarios, que coadyuven efectivamente al mejoramiento de sus condiciones de bienestar social ... La asistencia social que por muchos a�os han venido ofreciendo organizadamente los particulares, ha representado una aportaci�n importante en el mejoramiento de las condiciones de vida de dichos grupos sociales. El Estado ha reconocido esta acci�n asistencial y ha procurado que �sta se realice con la mayor libertad y con los apoyos necesarios para hacerla m�s eficaz ... En primer t�rmino, esta iniciativa propone incluir a las instituciones privadas cuyas actividades constituyen verdaderos actos de promoci�n, desarrollo y solidaridad sociales. De ah� que se sugiera el reconocimiento y regulaci�n de las actividades de instituciones que tienen como finalidad la solidaridad y el desarrollo sociales ... Por lo que se refiere al �rgano a trav�s del cual el Estado ejerce el control y vigilancia de las instituciones asistenciales privadas -el cual actualmente es un �rgano desconcentrado de la S.�a de Salud, y tomando en cuenta que el nuevo marco jur�dico que regula el Sistema Nacional de Salud, dentro del cual se ubica la asistencia social, establece que corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, la organizaci�n, operaci�n, supervisi�n y evaluaci�n de los servicios de asistencia social-, la iniciativa plantea que la Junta de Asistencia Privada pase a formar parte del Departamento del Distrito F., para lo cual se propone modificar diversos art�culos de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F. ...

    La reforma en cita, todav�a en ese entonces correspondi� al Congreso de la Uni�n y de su exposici�n de motivos destaca que el �rgano legislativo federal estableci� que los particulares por muchos a�os han ofrecido el servicio de asistencia social y que �sta constituye verdaderos actos de promoci�n, desarrollo y solidaridad sociales y, que corresponde a los gobiernos de las entidades federativas los servicios de asistencia social, entre los que se encuentra la asistencia privada.

    El veintiocho de enero de mil novecientos noventa y dos, se reform� el art�culo 27 de la C.�n F..

    En la exposici�n de motivos en lo que al caso interesa, se se�al� lo siguiente:

    ... En la fracci�n III del art�culo 27 constitucional en vigor, se proh�be a las instituciones de beneficencia, p�blica oprivada, estar bajo el patronato, direcci�n o administraci�n de instituciones religiosas o de ministros de los cultos. Se considera que esta prohibici�n debe suprimirse, pues en los tiempos actuales no se estima que subsistan las razones que motivaron tal restricci�n. En efecto, no parecejustificado impedir a los ministros de los cultos o a las corporaciones religiosas formar parte de instituciones de beneficencia que tengan por objeto el auxilio de los necesitados o cualquier otro objeto l�cito, siempre y cuando se ajusten a los objetivos asistenciales que les dan origen. Adicionalmente, la adquisici�n de bienes ra�ces por parte de las instituciones de beneficencia, expresamente se sujeta a lo que establezca la ley, para que sea �sta la que disponga las medidas tendientes a evitar que estas instituciones tengan en propiedad inmuebles ajenos a su objeto ... Tambi�n se propone suprimir de esta fracci�n III del art�culo 27 la imposibilidad para las instituciones de beneficencia de adquirir, tener y administrar capitales impuestos sobre bienes ra�ces, cuando los plazos de imposici�n excedan de diez a�os, ya que dicha prevenci�n ten�a raz�n de existir en otra �poca, en la que a trav�s del contrato de anticresis, el deudor entregaba al acreedor un inmueble para que �ste lo disfrutara hasta en tanto se cubriera la deuda. Al no contemplarse ya esta figura en la legislaci�n civil federal en vigor, la consistencia jur�dica determina la consiguiente derogaci�n de la referida prohibici�n ...

    Del citado texto, se advierte que el Constituyente Permanente al reformar el texto del art�culo 27 de la C.�n F., consider� que tanto las instituciones de beneficencia p�blica como las de beneficencia privada tienen por objeto el auxilio de los necesitados como una finalidad asistencial com�n.

    Por reforma de fecha veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y tres, se reforman entre otros los art�culos 73 y 122 de la C.�n F. y, en consecuencia, en el �ltimo precepto, se facult� a la Asamblea de Representantes del Distrito F. en los siguientes t�rminos:

    Art�culo 122. El Gobierno del Distrito F. est� a cargo de los Poderes de la Uni�n, los cuales lo ejercer�n por s� y a trav�s de los �rganos de Gobierno del Distrito F. representativos y democr�ticos, que establece esta C.�n. ... IV. La Asamblea de Representantes del Distrito F. tiene facultades para: a) Expedir su ley org�nica que regular� su estructura y funcionamiento internos, la que ser� enviada al jefe del Distrito F. y al presidente de la Rep�blica para su sola publicaci�n ... Las prohibiciones y limitaciones que esta C.�n establece para los Estados se aplicar�n para el Distrito F. ... d) Expedir la ley org�nica de los tribunales de justicia del Distrito F.; e) Expedir la L.O.�nica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ... f) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito F., ante el Congreso de la Uni�n; g) Legislar en el �mbito local en lo relativo al Distrito F. en los t�rminos del Estatuto de Gobierno en materias de: administraci�n p�blica local, su r�gimen interno y de procedimientos administrativos; de presupuesto, contabilidad y gasto p�blico; regulaci�n de su contadur�a mayor; bienes del dominio p�blico y privado del Distrito F.; servicios p�blicos y su concesi�n, as� como de la explotaci�n, uso y aprovechamiento de bienes del dominio del Distrito F.; justicia c�vica sobre faltas de polic�a y buen gobierno; participaci�n ciudadana; organismo protector de los derechos humanos; civil; penal; defensor�a de oficio; notariado; protecci�n civil; prevenci�n y readaptaci�n social; planeaci�n del desarrollo; desarrollo urbano y uso del suelo; establecimiento de reservas territoriales; preservaci�n del medio ambiente y protecci�n ecol�gica; protecci�n de animales; construcciones y edificaciones; v�as p�blicas, transporte urbano y tr�nsito; estacionamientos; servicio p�blico de limpia; fomento econ�mico y protecci�n al empleo; establecimientos mercantiles; espect�culos p�blicos; desarrollo agropecuario; vivienda; salud y asistencia social; turismo y servicios de alojamiento; previsi�n social; fomento cultural, c�vico y deportivo; mercados, rastros y abasto; cementerios, y funci�n social educativa en los t�rminos de la fracci�n VIII del art�culo 3o. de esta C.�n; y h) Las dem�s que expresamente le otorga esta C.�n ...

    Con la reforma en cita, se modifican sustancialmente las facultades de la Asamblea de Representantes del Distrito F., pues mientras que anteriormente (mil novecientos ochenta y siete) ten�a atribuciones para dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de polic�a y buen gobierno que no pod�an contravenir lo dispuesto por las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Uni�n para el Distrito F., con la reforma en cita se le da competencia para legislar y no s�lo reglamentar lo relativo al Distrito F. entre otras materias en lo referente a la asistencia social, �nicamente acotada dicha atribuci�n a lo establecido en el Estatuto de Gobierno que continua expidiendo el Congreso de la Uni�n.

    Por reforma al art�culo 122 de la N.F., publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintid�s de agosto de mil novecientos noventa y seis, se sustituye a la Asamblea de Representantes del Distrito F., por la Asamblea Legislativa de la misma entidad y se le faculta expresamente en los siguientes t�rminos:

    "Art�culo 122. Definida por el art�culo 44 de este ordenamiento la naturaleza jur�dica del Distrito F., su gobierno est� a cargo de los Poderes F.es y de los �rganos ejecutivo, legislativo y judicial de car�cter local, en los t�rminos de este art�culo ... Base primera. Respecto a la Asamblea Legislativa: ...V. La Asamblea Legislativa, en los t�rminos del Estatuto de Gobierno, tendr� las siguientes facultades: a) Expedir su ley org�nica, la que ser� enviada al jefe de Gobierno del Distrito F. para el solo efecto de que ordene su publicaci�n ... d) Nombrar a quien deba sustituir en caso de falta absoluta, al jefe de Gobierno del Distrito F.; e) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda p�blica, la contadur�a mayor y el presupuesto, la contabilidad y el gasto p�blico del Distrito F.; f) Expedir las disposiciones que rijan las elecciones locales en el Distrito F., sujet�ndose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales tomar�n en cuenta los principios establecidos en los incisos b) al i) de la fracci�n IV del art�culo 116 de esta C.�n. En estas elecciones s�lo podr�n participar los partidos pol�ticos con registro nacional; g) Legislar en materia de administraci�n p�blica local, su r�gimen interno y de procedimientos administrativos; h) Legislar en las materias civil y penal; normar el organismo protector de los derechos humanos, participaci�n ciudadana, defensor�a de oficio, notariado y registro p�blico de la propiedad y de comercio; i) Normar la protecci�n civil; justicia c�vica sobre faltas de polic�a y buen gobierno; los servicios de seguridad prestados por empresas privadas; la prevenci�n y la readaptaci�n social; la salud y asistencia social; y la previsi�n social; j) Legislar en materia de planeaci�n del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo; preservaci�n del medio ambiente y protecci�n ecol�gica; vivienda; construcciones y edificaciones; v�as p�blicas, tr�nsito y estacionamientos; adquisiciones y obra p�blica; y sobre explotaci�n, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito F.; k) Regular la prestaci�n y la concesi�n de los servicios p�blicos; legislar sobre los servicios de transporte urbano, de limpia, turismo y servicios de alojamiento, mercados, rastros y abasto, y cementerios; l) Expedir normas sobre fomento econ�mico y protecci�n al empleo; desarrollo agropecuario; establecimientos mercantiles; protecci�n de animales; espect�culos p�blicos; fomento cultural, c�vico y deportivo; y funci�n social educativa en los t�rminos de la fracci�n VIII, del art�culo 3o. de esta C.�n; m) Expedir la ley org�nica de los tribunales encargados de la funci�n judicial del fuero com�n en el Distrito F., que incluir� lo relativo a las responsabilidades de los servidores p�blicos de dichos �rganos; n) Expedir la L.O.�nica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Distrito F.; �) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito F., ante el Congreso de la Uni�n; y o) Las dem�s que se le confieran expresamente en esta C.�n ..."

    As�, en esta reforma, adem�s de que se modifica la denominaci�n del �rgano legislativo del Distrito F., se ampl�a su �mbito competencial, sin embargo, se reitera la facultad de dicho �rgano para normar la materia de asistencia social en el Distrito F..

    De lo expuesto, conforme a un an�lisis hist�rico del concepto de asistencia privada, podemos, en general, se�alar lo siguiente:

    1. La labor asistencial en nuestro pa�s, inicia con la actividad de las �rdenes religiosas que se apoyaban en el principio de la caridad.

    2. Apoyadas en el cristianismo, las instituciones asistenciales pasaron a depender completamente de la iglesia.

    3. El concepto de la caridad es superado y entonces la labor asistencial se basa en la diversa figura de la beneficencia.

    4. En una posterior etapa, con la suspensi�n de las �rdenes religiosas, se merma el servicio hospitalario asistencial prestado por la iglesia.

    5. Durante el gobierno del presidente J. se secularizan las fundaciones de beneficencia y, en consecuencia, la asistencia prestada por las �rdenes religiosas es transferida al Estado.

    6. Es hasta mil ochocientos noventa y nueve, que se les reconoce personalidad jur�dica a las instituciones de beneficencia privada.

    7. En la Ley sobre Beneficencia Privada del Distrito y Territorios F.es de mil ochocientos noventa y nueve, se precisan como actos de beneficencia privada "todos los que se sujeten con fondos particulares".

    8. En mil novecientos diecinueve, se precisa el "derecho del poder p�blico para cuidar la recta administraci�n de los bienes de beneficencia privada".

    9. En el gobierno del presidente L�zaro C�rdenas, se fusiona la beneficencia p�blica y privada del Distrito F. y se distingue entre asistencia o beneficencia p�blica y beneficencia privada.

    10. En la reforma de ocho de marzo de mil novecientos cuarenta y ocho a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito y Territorios F.es, se reconoce que las asociaciones de asistencia privada colaboran con el poder p�blico en la prestaci�n de los servicios sociales.

    11. Es hasta la Ley General de Salud de mil novecientos ochenta y cuatro cuando se definen los elementos b�sicos de la asistencia social, y la participaci�n de los sectores p�blico, social y privado en su prestaci�n.

    12. En la exposici�n de motivos de la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social (mil novecientos ochenta y seis), ya se precisa con claridad la obligaci�n del Estado para prestar servicios de asistencia social y su facultad para normar, promover y coordinar los que brinde el sector privado.

    13. En la exposici�n de motivos de la reforma a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Distrito F. (mil novecientos ochenta y seis), se establece con claridad que la participaci�n de los particulares, contribuye a la consolidaci�n del Sistema Nacional de Asistencia Social.

    14. En la exposici�n de motivos de la reforma a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F. de siete de enero de mil novecientos noventa y uno, se establece que conforme al nuevo marco jur�dico que regula el Sistema Nacional de Salud dentro del cual se ubica la asistencia social, corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, la organizaci�n, operaci�n, supervisi�n y evaluaci�n de los servicios de asistencia social, por lo que el �rgano a trav�s del cual el Estado ejerce control y vigilancia de las instituciones asistenciales privadas que hasta esa fecha era un �rgano desconcentrado de la S.�a de Salud, deber�a pasar al Gobierno del Distrito F.; la iniciativa plantea que la Junta de Asistencia Privada pase a formar parte del Departamento del Distrito F..

      Del an�lisis de los antecedentes hist�ricos, constitucionales y legales que dieron lugar a la asistencia privada, no cabe duda que la asistencia privada junto con la asistencia p�blica inciden en el concepto de asistencia social y que los sectores p�blico, privado y social participan en ese rubro.

      En efecto, aunque como se ha visto a lo largo de la historia de nuestro pa�s se han diferenciado perfectamente la asistencia p�blica y la privada, lo cierto es que actualmente la labor asistencial tanto del sector p�blico como privado persigue un fin social, lo que ha tra�do como consecuencia que la finalidad de la asistencia sea social, con independencia de la naturaleza de los recursos (p�blicos o privados) de los entes que la prestan.

      1. Conforme a la interpretaci�n sistem�tica del concepto de asistencia, es decir a la luz del tratamiento que a dicha figura le da el texto constitucional en su integridad, y las leyes respectivas podemos se�alar lo siguiente:

      A) Respecto de la C.�n F..

      En este punto, se hace necesario realizar un an�lisis integral del texto de la N.F. para detectar, en cu�les de sus preceptos regula el vocablo asistencia para posteriormente determinar si dichos preceptos nos ofrecen datos para establecer el concepto de asistencia social.

      El t�rmino de asistencia es utilizado por el texto constitucional en los siguientes preceptos:

      "Art�culo 20. En todo proceso de orden penal, tendr� el inculpado las siguientes garant�as: ... II. No podr� ser obligado a declarar. Queda prohibida y ser� sancionada por la ley penal, toda incomunicaci�n, intimidaci�n o tortura. La confesi�n rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio P�blico o del Juez, o ante �stos sin la asistencia de su defensor carecer� de todo valor probatorio ..."

      "Art�culo 27. ... La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la naci�n, se regir� por las siguientes prescripciones: ... XX. El Estado promover� las condiciones para el desarrollo rural integral, con el prop�sito de generar empleo y garantizar a la poblaci�n campesina el bienestar y su participaci�n e incorporaci�n en el desarrollo nacional, y fomentar� la actividad agropecuaria y forestal para el �ptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, cr�ditos, servicios de capacitaci�n y asistencia t�cnica. Asimismo expedir� la legislaci�n reglamentaria para planear y organizar la producci�n agropecuaria, su industrializaci�n y comercializaci�n, consider�ndolas de inter�s p�blico."

      "Art�culo 122. Definida por el art�culo 44 de este ordenamiento la naturaleza jur�dica del Distrito F., su gobierno est� a cargo de los Poderes F.es y de los �rganos ejecutivo, legislativo y judicial de car�cter local, en los t�rminos de este art�culo ... C. El Estatuto de Gobierno del Distrito F. se sujetar� a las siguientes bases: Base primera. Respecto a la Asamblea Legislativa: ...V. La Asamblea Legislativa, en los t�rminos del Estatuto de Gobierno, tendr� las siguientes facultades: ... i) Normar la protecci�n civil; justicia c�vica sobre faltas de polic�a y buen gobierno; los servicios de seguridad prestados por empresas privadas; la prevenci�n y la readaptaci�n social; la salud y asistencia social; y la previsi�n social ..."

      Art�culo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente �til; al efecto, se promover�n la creaci�n de empleos y la organizaci�n social para el trabajo, conforme a la ley ... B. Entre los Poderes de la Uni�n, el Gobierno del Distrito F. y sus trabajadores: ... XI. La seguridad social se organizar� conforme a las siguientes bases m�nimas: ... c) Las mujeres durante el embarazo no realizar�n trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relaci�n con la gestaci�n; gozar�n forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos despu�s del mismo, debiendo percibir su salario �ntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relaci�n de trabajo. En el periodo de lactancia tendr�n dos descansos extraordinarios por d�a, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Adem�s, disfrutar�n de asistencia m�dica y obst�trica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarder�as infantiles. d) Los familiares de los trabajadores tendr�n derecho a asistencia m�dica y medicinas, en los casos y en la proporci�n que determine la ley ...

      De lo anterior, podemos advertir que los art�culos 20, 27 y 123 de la C.�n F., si bien es cierto hacen referencia al concepto de asistencia, tambi�n lo es que el mismo no se refiere al conjunto de acciones tendientes a modificar o mejorar las circunstancias de car�cter social que impidan al individuo su desarrollo integral, y su integraci�n al grupo social que seg�n lo ya visto, es el contenido que para el presente asunto interesa de la labor asistencial.

      En efecto, el art�culo 20 se refiere a la asistencia legal que el indiciado en toda causa penal deber� tener al momento de declarar.

      El art�culo 27 precisa la obligaci�n del Estado para fomentar la actividad agropecuaria y forestal entre otros factores mediante la asistencia t�cnica.

      Por �ltimo, el art�culo 123 se refiere a la organizaci�n de la seguridad social de los trabajadores del Estado y en particular a la asistencia m�dica a que tienen derecho tanto �stos como sus familiares.

      Respecto del art�culo 122 de la C.�n F., dicho precepto es el �nico que contiene el concepto de asistencia que para el presente estudio interesa, al facultar a la Asamblea Legislativa del Distrito F. para normar la asistencia social.

      En este punto debe reiterarse que como se precis� en el an�lisis hist�rico anteriormente desarrollado, a la hoy Asamblea Legislativa del Distrito F. desde mil novecientos ochenta y siete en que fue instituida como Asamblea de Representantes del Distrito F., se le facult� para dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de polic�a y buen gobierno, entre otras materias, en asistencia social.

      Por lo anterior, toda vez que el concepto de asistencia social que utiliza la C.�n F. es relativamente reciente (mil novecientos ochenta y siete) y atendiendo a que seg�n se ha visto el concepto de asistencia es una evoluci�n del diverso de beneficencia, y que la C.�n F. que nos rige data de mil novecientos diecisiete, se hace necesario analizar �ntegramente el texto constitucional a fin de determinar si en alguno de sus preceptos regula el aspecto de la beneficencia, y que �ste, concatenado con el de asistencia social, pueda clarificarlo.

      Los art�culos de la N.F. que contienen la palabra beneficencia, son los siguientes:

      "Art�culo 27. ... La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la naci�n, se regir� por las siguientes prescripciones: ... III. Las instituciones de beneficencia, p�blica o privada, que tengan por objeto el auxilio de los necesitados, la investigaci�n cient�fica, la difusi�n de la ense�anza, la ayuda rec�proca de los asociados, o cualquier otro objeto l�cito, no podr�n adquirir m�s bienes ra�ces que los indispensables para su objeto, inmediata o directamente destinados a �l, con sujeci�n a lo que determine la ley reglamentaria ..."

      "Art�culo 28. (p�rrafo s�ptimo) No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a trav�s del banco central en las �reas estrat�gicas deacu�aci�n de moneda y emisi�n de billetes. El banco central, en los t�rminos que establezcan las leyes y con la intervenci�n que corresponda a las autoridades competentes, regular� los cambios, as� como la intermediaci�n y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulaci�n yproveer a su observancia. La conducci�n del banco estar� a cargo de personas cuya designaci�n ser� hecha por el presidente de la Rep�blica con la aprobaci�n de la C�mara de Senadores o de la Comisi�n Permanente, en su caso; desempe�ar�n su encargo por periodos cuya duraci�n y escalonamiento provean al ejercicio aut�nomo de sus funciones; s�lo podr�n ser removidas por causa grave y no podr�n tener ning�n otro empleo, cargo o comisi�n, con excepci�n de aquellos en que act�en en representaci�n del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, cient�ficas, culturales o de beneficencia. Las personas encargadas de la conducci�n del banco central, podr�n ser sujetos de juicio pol�tico conforme a lo dispuesto por el art�culo 110 de esta C.�n ..."

      "Art�culo 41. El pueblo ejerce su soberan�a por medio de los Poderes de la Uni�n, en los casos de la competencia de �stos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus reg�menes interiores, en los t�rminos respectivamente establecidos por la presente C.�n F. y las particulares de los Estados, las que en ning�n caso podr�n contravenir las estipulaciones del Pacto F.. La renovaci�n de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizar� mediante elecciones libres, aut�nticas y peri�dicas, conforme a las siguientes bases: ... III. (p�rrafo cuarto) El consejero presidente y los consejeros electorales durar�n en su cargo siete a�os y no podr�n tener ning�n otro empleo, cargo o comisi�n, con excepci�n de aquellos en que act�en en representaci�n del Consejo General y de los que desempe�en en asociaciones docentes, cient�ficas, culturales, de investigaci�n o de beneficencia, no remunerados. La retribuci�n que perciban el consejero presidente y los consejeros electorales ser� igual a la prevista para los Ministros de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n ..."

      Art�culo 101. (primer p�rrafo) Los Ministros de la Suprema C.e de Justicia, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, los respectivos secretarios, y los consejeros de la Judicatura F., as� como los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podr�n, en ning�n caso, aceptar ni desempe�ar empleo o encargo de la Federaci�n, de los Estados, del Distrito F. o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones cient�ficas, docentes, literarias o de beneficencia ...

      Ahora bien, los art�culos 28, 41 y 101, no ofrecen dato alguno para determinar si la asistencia o beneficencia privada est� contenida en el concepto de asistencia social, pues solamente contienen la prohibici�n para que el gobernador del banco central, el consejero presidente y consejeros electorales del Instituto F. Electoral y los Ministros de la Suprema C.e de Justicia, Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito as� como sus respectivos secretarios, los consejeros de la Judicatura F. y Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, puedan desempe�ar empleo o cargo en el sector p�blico o privado salvo aquellos no remunerados, entre otros, en asociaciones de beneficencia.

      En cambio, el art�culo 27, fracci�n III de la N.F., nos da los siguientes elementos:

    15. Asume la divisi�n doctrinal e hist�rica de asistencia social en instituciones de beneficencia o asistencia p�blica y privada.

    16. Atribuye el mismo objeto a ambas instituciones.

    17. Dentro de su objeto, destaca el auxilio a los necesitados, que seg�n se ha visto es la esencia de la asistencia social.

    18. P.�be que ambos tipos de instituciones adquieran m�s bienes ra�ces que los indispensables para su objeto, inmediata o directamente destinados a �l.

    19. Dicha prohibici�n, deber� sujetarse a la que determine la ley reglamentaria.

      Aunado a lo anterior, toda vez que como se ha se�alado anteriormente, conforme al art�culo 122 constitucional, el �rgano legislativo del Distrito F. est� obligado a ejercer sus facultades constitucionales en los t�rminos que establezca el Estatuto de Gobierno del Distrito F., se hace necesario analizar la forma en que dicha facultad para normar la asistencia social se encuentra acotada en el estatuto referido.

      Los art�culos 24, fracci�n I, 36 y 42, fracci�n XIII del Estatuto de Gobierno del Distrito F., se�alan lo siguiente:

      "Art�culo 24. Corresponde al Congreso de la Uni�n: I.L. en lo relativo al Distrito F., con excepci�n de las materias expresamente conferidas por la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos a la Asamblea Legislativa del Distrito F.."

      "Art�culo 36. La funci�n legislativa del Distrito F. corresponde a la Asamblea Legislativa en las materias que expresamente le confiere la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos."

      Art�culo 42. La Asamblea Legislativa tiene facultades para: ... XIII. Normar la protecci�n civil; justicia c�vica sobre faltas de polic�a y buen gobierno; los servicios de seguridad prestados por empresas privadas; la prevenci�n y la readaptaci�n social; la salud; la asistencia social; y la previsi�n social.

      As� pues, el Estatuto de Gobierno del Distrito F. reitera la facultad que la C.�n F. concede a la Asamblea Legislativa del Distrito F. para normar la materia de asistencia social.

      B) L.�n federal.

      En este punto, se proceder� al an�lisis de las disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, pues la primera reglamenta el derecho a la protecci�n de la salud que tiene toda persona en los t�rminos del art�culo 4o. de la C.�n F., y la segunda establece las bases y procedimientos de un sistema nacional de asistencia social como servicio de salud previsto en la citada Ley General de Salud.

    20. Por lo que hace a la Ley General de Salud:

      Los art�culos 1o., 2o., fracci�n V, 3o., fracci�n XVIII, 4o., fracci�n IV, 5o., 13, fracci�n I, 24, fracci�n III, 27, fracci�n X y 167, se�alan lo siguiente:

      "Art�culo 1o. La presente ley reglamenta el derecho a la protecci�n de la salud que tiene toda persona en los t�rminos del art�culo 4o. de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federaci�n y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicaci�n en toda la Rep�blica y sus disposiciones son de orden p�blico e inter�s social."

      "Art�culo 2o. El derecho a la protecci�n de la salud, tiene las siguientes finalidades: ... V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la poblaci�n."

      "Art�culo 3o. En los t�rminos de esta ley, es materia de salubridad general: ... XVIII. La asistencia social."

      "Art�culo 4o. Son autoridades sanitarias: ... IV. Los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el del Departamento del Distrito F.."

      "Art�culo 5o. El Sistema Nacional de Salud est� constituido por las dependencias y entidades de la administraci�n p�blica, tanto federal como local, y las personas f�sicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, as� como por los mecanismos de coordinaci�n de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protecci�n de la salud."

      "Art�culo 13. La competencia entre la Federaci�n y las entidades federativas en materia de salubridad general quedar� distribuida conforme a lo siguiente: A.C. al Ejecutivo F., por conducto de la S.�a de Salud: I. Dictar las normas oficiales mexicanas a que quedar� sujeta la prestaci�n, en todo el territorio nacional, de servicios de salud en las materias de salubridad general y verificar su cumplimiento; II. En las materias enumeradas en las fracciones I, III, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII del art�culo 3o. de esta ley, organizar y operar los servicios respectivos y vigilar su funcionamiento por s� o en coordinaci�n con dependencias y entidades del sector salud; III.O. y operar los servicios de salud a su cargo y, en todas las materias de salubridad general, desarrollar temporalmente acciones en las entidades federativas, cuando �stas se lo soliciten, de conformidad con los acuerdos de coordinaci�n que se celebren al efecto; IV. Promover, orientar, fomentar y apoyar las acciones en materia de salubridad general a cargo de los gobiernos de las entidades federativas, con sujeci�n a las pol�ticas nacionales en la materia; V.E. la acci�n extraordinaria en materia de salubridad general; VI. Promover y programar el alcance y las modalidades del Sistema Nacional de Salud y desarrollar las acciones necesarias para su consolidaci�n y funcionamiento; VII. Coordinar el Sistema Nacional de Salud; VIII. Realizar la evaluaci�n general de la prestaci�n de servicios de salud en materia de salubridad general en todo el territorio nacional; IX. Ejercer la coordinaci�n y la vigilancia general del cumplimiento de las disposiciones de esta ley y dem�s normas aplicables en materia de salubridad general, y X. Las dem�s que sean necesarias para hacer efectivas las facultades anteriores y las que se establezcan en esta ley y en otras disposiciones generales aplicables. B. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales: I.O., operar, supervisar y evaluar la prestaci�n de los servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX del art�culo 3o. de esta ley, de conformidad con las disposiciones aplicables ..."

      "Art�culo 24. Los servicios de salud se clasifican en tres tipos: ... III. De asistencia social."

      "Art�culo 27. Para los efectos del derecho a la protecci�n de la salud, se consideran servicios b�sicos de salud los referentes a: ... X. La asistencia social a los grupos m�s vulnerables."

      Art�culo 167. Para los efectos de esta ley, se entiende por asistencia social el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de car�cter social que impidan al individuo su desarrollo integral, as� como la protecci�n f�sica, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotecci�n o desventaja f�sica y mental, hasta lograr su incorporaci�n a una vida plena y productiva.

      De los preceptos en cita podemos se�alar lo siguiente:

      1) Por asistencia social se entiende el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de car�cter social que impidan al individuo su desarrollo integral, as� como la protecci�n f�sica, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotecci�n o desventaja f�sica y mental, hasta lograr su incorporaci�n a una vida plena y productiva (art�culo 167).

      2) Una de las finalidades del derecho a la salud que como se ha se�alado resulta del p�rrafo tercero del art�culo 4o. de la C.�n F., es el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la poblaci�n (art�culos 1o. y 2o., fracci�n V).

      3) La asistencia social, es materia de salubridad general (art�culo 3o., fracci�n XVIII).

      4) Los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo al del Distrito F. son autoridades sanitarias (art�culo 4o., fracci�n IV).

      5) El Sistema Nacional de Salud se integra por las dependencias y entidades de la administraci�n p�blica, tanto federal como local y por las personas f�sicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, as� como por los mecanismos de coordinaci�n de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protecci�n de la salud (art�culo 5o.).

      6) Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas en materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, organizar, operar, supervisar y evaluar la prestaci�n de los servicios de salubridad general entre los que se encuentra la asistencia social (art�culo 13, apartado B, fracci�n I).

      7) La asistencia social constituye uno de los tres servicios de salud previstos en la ley (art�culo 24, fracci�n III).

      8) La asistencia social a los grupos m�s vulnerables se considera un servicio b�sico de salud (art�culo 27, fracci�n X).

    21. En lo relativo a la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social:

      Los art�culos 1o., 3o., 4o., 5o., 6o., 7o., 8o., 11, fracciones V y VI, 13, 36, 37, 41, 42 y 43, disponen lo siguiente:

      "Art�culo 1o. La presente ley regir� en toda la Rep�blica, sus disposiciones son de orden p�blico e inter�s social y tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de un sistema nacional de asistencia social que promueve la prestaci�n de los servicios de asistencia social que establece la Ley General de Salud y coordine el acceso de los mismos, garantizando la concurrencia y colaboraci�n de la Federaci�n, las entidades federativas y los sectores social y privado."

      "Art�culo 3o. Para los efectos de esta ley, se entiende por asistencia social el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de car�cter social que impidan al individuo su desarrollo integral, as� como la protecci�n f�sica, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotecci�n o desventaja f�sica y mental, hasta lograr su incorporaci�n a una vida plena y productiva."

      "Art�culo 4o. En los t�rminos del art�culo anterior de esta ley, son sujetos de la recepci�n de los servicios de asistencia social preferentemente los siguientes: I.M. en estado de abandono, desamparo, desnutrici�n o sujetos al maltrato; II.M. infractores; III. A.�licos, farmacodependientes o individuos en condiciones de vagancia; IV. Mujeres en periodo de gestaci�n o lactancia; V.A. en desamparo, incapacidad, marginaci�n o sujetos al maltrato; VI. Inv�lidos por causa de ceguera, debilidad visual, sordera, mudez, alteraciones del sistema neuro-musculoesquel�tico, deficiencias mentales, problemas de lenguaje u otras deficiencias; VII. Indigentes; VIII. Personas que por su extrema ignorancia requieran de servicios asistenciales; IX. V�ctimas de la comisi�n de delitos en estado de abandono; X. Familiares que dependen econ�micamente de quienes se encuentren detenidos por causas penales y que queden en estado de abandono; XI. Habitantes del medio rural o del urbano marginados que carezcan de lo indispensable para su subsistencia, y XII. Personas afectadas por desastres."

      "Art�culo 5o. La prestaci�n de los servicios de asistencia social que establece la Ley General de Salud, que sean de jurisdicci�n federal, se realizar� por las dependencias del Ejecutivo F. competentes, cada una seg�n la esfera de sus atribuciones, as� como por las entidades de la administraci�n p�blica federal y por las instituciones que tengan entre sus objetivos la prestaci�n de esos servicios, de conformidad con lo que disponen las leyes respectivas."

      "Art�culo 6o. De acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de Salud corresponde a los gobiernos de las entidades federativas en materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, organizar, operar, supervisar y evaluar la prestaci�n de los servicios de salud en materia de asistencia social, con base en las normas t�cnicas que al efecto expida la S.�a de Salud."

      "Art�culo 7o. Los servicios de salud en materia de asistencia social que presten la Federaci�n, los Estados, los Municipios y los sectores social y privado, forman parte del Sistema Nacional de Salud. Los que se presten en los Estados por los Gobiernos Locales y por los sectores social y privado, formar�n parte de los sistemas estatales de salud en lo relativo a su r�gimen local."

      "Art�culo 8o. En los t�rminos del art�culo anterior, los servicios de salud, en materia de asistencia social que se presten como servicios p�blicos a la poblaci�n en general, por las instituciones de seguridad social y los de car�cter social y privado, se seguir�n rigiendo por los ordenamientos espec�ficos que les son aplicables y supletoriamente por la presente ley."

      "Art�culo 11. La S.�a de Salud, en su car�cter de autoridad sanitaria, directamente o a trav�s del organismo, tendr� respecto de la asistencia social como materia de salubridad general, las siguientes atribuciones: ... V. Coordinar a trav�s de los acuerdos respectivos, en el marco del Convenio �nico de Desarrollo, con las entidades federativas, la prestaci�n y promoci�n de los servicios de salud en materia de asistencia social; VI. Concertar acciones con los sectores social y privado, mediante convenios y contratos en que se regulen la prestaci�n y promoci�n de los servicios de salud en materia de asistencia social, con la participaci�n que corresponda a otras dependencias o entidades ..."

      "Art�culo 13. El organismo a que se refiere el art�culo 172 de la Ley General de Salud se denomina Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Es un organismo p�blico descentralizado con personalidad jur�dica y patrimonio propios y tiene como objetivos la promoci�n de la asistencia social, la prestaci�n de servicios en ese campo, la promoci�n de la interrelaci�n sistem�tica de acciones que en la materia lleven a cabo las instituciones p�blicas, as� como la realizaci�n de las dem�s acciones que establezcan las disposiciones legales aplicables."

      "Art�culo 36. Con el prop�sito de asegurar la adecuada coordinaci�n de acciones en el �mbito de la prestaci�n de los servicios de salud en materia de asistencia social y con el objeto de favorecer prioritariamente a los grupos sociales m�s vulnerables, en los t�rminos del Sistema Nacional de Planeaci�n y de la Ley General de Salud, la S.�a de Salud, a trav�s del organismo, celebrar� acuerdos y concertar� acciones con los sectores p�blico, social y privado de las entidades federativas."

      "Art�culo 37. Con el objeto de ampliar la cobertura y la calidad de los servicios de salud en materia de asistencia social en las entidades federativas y los Municipios, la S.�a de Salud, a trav�s del organismo, promover�n la celebraci�n de convenios entre los distintos niveles de gobierno, a fin de: I.E. programas conjuntos; II. Promover la conjunci�n de los niveles de gobierno en la aportaci�n de recursos financieros; III. Distribuir y coordinar acciones entre las partes, de manera proporcional y equitativa; IV. Procurar la integraci�n y fortalecimiento de los reg�menes de asistencia privada, y V. Consolidar los apoyos a los patrimonios de la beneficencia p�blica de las entidades federativas."

      "Art�culo 41. El Estado, con el objeto de ampliar la cobertura de los servicios de salud de asistencia social, fincados en la solidaridad ciudadana, promover� en todo el pa�s, la creaci�n de asociaciones de asistencia privada, fundaciones y otras similares, las que con sus propios recursos o con liberalidades de cualquier naturaleza que aporte la sociedad en general y con sujeci�n a los ordenamientos que las rijan, presten dichos servicios. En todo caso, la S.�a de Salud emitir� las normas t�cnicas que dichas instituciones deber�n observar en la prestaci�n de los servicios de salud en materia de asistencia social. El organismo les prestar� la asesor�a t�cnica necesaria y los apoyos conducentes."

      "Art�culo 42. A propuesta del organismo, la S.�a de Salud promover� ante las autoridades correspondientes el otorgamiento de est�mulos fiscales, parainducir las acciones de los sectores social y privado en la prestaci�n de servicios de salud en materia de asistencia social."

      Art�culo 43. El Gobierno F., directamente o a trav�s del organismo y de las dependencias y entidades competentes, propiciar� la concertaci�n de acciones en materia de asistencia social, con los sectores social y privado, mediante lacelebraci�n de convenios y contratos, los que se ajustar�n a las siguientes bases: I.D.�n de las responsabilidades que asuman los integrantes de los sectores social y privado; II. Determinaci�n de las acciones de orientaci�n, est�mulo y apoyo que llevar� a cabo el Gobierno F.; III. F.�n del objeto, materia y alcances jur�dicos de los compromisos que asuman las partes con reserva de las funciones de autoridad que competan al Gobierno F., y IV. E.�n de las dem�s estipulaciones que de com�n acuerdo establezcan las partes.

      De los preceptos transcritos, destaca lo siguiente:

      1) La Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de un sistema nacional de asistencia social, que promueva la prestaci�n de los servicios de asistencia social que establece la Ley General de Salud, y adem�s coordine el acceso a los mismos, garantizando la concurrencia y colaboraci�n de la Federaci�n, las entidades federativas y los sectores social y privado (art�culo 1o.).

      2) Se reputa como asistencia social el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de car�cter social que impidan al individuo su desarrollo integral, as� como la protecci�n f�sica, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotecci�n o desventaja f�sica y mental, hasta lograr su incorporaci�n a una vida plena y productiva (art�culo 3o.).

      3) Los destinatarios de los servicios de asistencia social preferentemente ser�n: menores en estado de abandono, desamparo, desnutrici�n o sujetos al maltrato; menores infractores; alcoh�licos, farmacodependientes o individuos en condiciones de vagancia; mujeres en periodo de gestaci�n o lactancia; ancianos en desamparo, incapacidad, marginaci�n o sujetos al maltrato; inv�lidos por causa de ceguera, debilidad visual, sordera, mudez, alteraciones del sistema neuro-musculoesquel�tico, deficiencias mentales, problemas de lenguaje u otras deficiencias; indigentes; personas que por su extrema ignorancia requieran de servicios asistenciales; v�ctimas de la comisi�n de delitos en estado de abandono; familiares que dependen econ�micamente de quienes se encuentren detenidos por causas penales y que queden en estado de abandono; habitantes del medio rural o del urbano marginados que carezcan de lo indispensable para su subsistencia; y, personas afectadas por desastres (art�culo 4o.).

      4) Los servicios de asistencia social que sean de jurisdicci�n federal, se realizar�n por las dependencias y entidades del Ejecutivo F. as� como por las instituciones que tengan entre sus objetivos, la prestaci�n de esos servicios de conformidad con lo que disponen las leyes respectivas (art�culo 5o.).

      5) Conforme a la Ley General de Salud, corresponde a los gobiernos de las entidades federativas en materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, organizar, operar, supervisar y evaluar la prestaci�n de los servicios de salud en materia de asistencia social, con base en las normas t�cnicas que al efecto expida la S.�a de Salud (art�culo 6o.).

      6) La Federaci�n, los Estados, los Municipios y los sectores social y privado prestan servicios de salud en materia de asistencia social, los cuales forman parte del Sistema Nacional de Salud (art�culo 7o., primer p�rrafo).

      7) Los servicios de salud en materia de asistencia social que prestan los Estados por los Gobiernos Locales y por los sectores social y privado, formar�n parte de los sistemas estatales de salud en lo relativo a su r�gimen local (art�culo 7o., segundo p�rrafo).

      8) Los servicios de salud en materia de asistencia social que presten las instituciones de seguridad social y los de car�cter social y privado, se seguir�n rigiendo por los ordenamientos espec�ficos que les son aplicables y supletoriamente por la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social (art�culo 8o.).

      9) La S.�a de Salud en tanto autoridad sanitaria directamente o a trav�s del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, tendr� facultades entre otras, para coordinar a trav�s de convenios en el marco del Convenio �nico de Desarrollo, con las entidades federativas la prestaci�n y promoci�n de los servicios de salud en materia de asistencia social, as� como concertar acciones con los sectores social y privado, mediante convenios y contratos en que se regulen la prestaci�n y promoci�n de los servicios de salud en materia de asistencia social, con la participaci�n que corresponda a otras dependencias y entidades (art�culo 11, fracciones V y VI).

      10) El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, es un organismo p�blico descentralizado con personalidad jur�dica y patrimonio propio y tiene como objetivos la promoci�n de la asistencia social, la prestaci�n de servicios en ese campo, la promoci�n de la interrelaci�n sistem�tica de acciones que en la materia lleven a cabo las instituciones p�blicas, as� como la realizaci�n de las dem�s acciones que establezcan las disposiciones legales aplicables (art�culo 13).

      11) La S.�a de Salud, a trav�s del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, celebrar� acuerdos y concertar� acciones con los sectores p�blico, social y privado de las entidades federativas con el objeto de asegurar la prestaci�n de los servicios de salud en materia de asistencia social (art�culo 36).

      12) Con el objeto de ampliar la cobertura y calidad de los servicios de salud en materia de asistencia social en las entidades federativas y los Municipios, la S.�a de Salud, a trav�s del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, promover� la celebraci�n de convenios entre los distintos niveles de gobierno, entre otros fines, para procurar la integraci�n y fortalecimiento de los reg�menes de asistencia privada y para consolidar los apoyos a los patrimonios de la beneficencia p�blica de las entidades federativas (art�culo 37, fracciones IV y V).

      13) El Estado con el objeto de ampliar la cobertura de los servicios de salud de asistencia social, promover� en todo el pa�s la creaci�n de asociaciones de asistencia privada, las que con sujeci�n a los ordenamientos que las rijan presten dichos servicios (art�culo 41, primer p�rrafo).

      14) La S.�a de Salud, emitir� las normas t�cnicas que las instituciones de asistencia privada deber�n observar en la prestaci�n de los servicios de salud en materia de asistencia social (art�culo 41, segundo p�rrafo).

      15) A propuesta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la S.�a de Salud promover� ante las autoridades correspondientes el otorgamiento de est�mulos fiscales, para inducir las acciones de los sectores social y privado en la prestaci�n de los servicios de salud en materia de asistencia social (art�culo 42).

      16) El Gobierno F., propiciar� la concertaci�n de acciones en materia de asistencia social, con los sectores social y privado, mediante la celebraci�n de convenios y contratos (art�culo 43).

      As�, de las disposiciones federales ya precisadas, interpretadas sistem�ticamente, podemos concluir lo siguiente:

      1. Asistencia social, es el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de car�cter social que impidan al individuo su desarrollo integral, as� como la protecci�n f�sica, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotecci�n o desventaja f�sica y mental, hasta lograr su incorporaci�n a una vida plena y productiva (art�culo 167 de la Ley General de Salud y 3o. de la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social).

      2. La asistencia social es un tipo de los servicios de salud que deriva del derecho a la protecci�n de la salud previsto en el art�culo 4o., tercer p�rrafo de la C.�n F. (art�culos 1o., 3o., 24 y 27 de la Ley General de Salud y 1o., 8o., de la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social).

      3. La Federaci�n, las entidades federativas y los sectores social y privado concurren en la prestaci�n de los servicios de asistencia social (art�culo 1o. de la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social).

      4. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas en materia de salubridad general como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, operar, supervisar y evaluar la prestaci�n de los servicios de salud en materia de asistencia social (art�culos 13, apartado B, fracci�n I de la Ley General de Salud y 6o. de la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social).

      5. Los servicios de salud en materia de asistencia social que presten las instituciones de car�cter social y privado se seguir�n rigiendo por los ordenamientos espec�ficos que les son aplicables y supletoriamente por la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social (art�culos 8o. y 41 de la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social).

      6. Como consecuencia de que los servicios de salud en materia de asistencia social corresponden a los gobiernos de las entidades federativas y aquellos que presten las instituciones de car�cter social y privado se regir�n conforme a los ordenamientos que les son aplicables, la S.�a de Salud por medio de convenios se coordinar� con las entidades federativas y los sectores social y privado para la prestaci�n de los servicios de salud en materia de asistencia social (art�culos 11, fracciones V y VI, 37 y 43 de la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social).

    22. L.�n estatal:

      En este punto, es necesario precisar que en los Estados de la Rep�blica existen diversos ordenamientos que regulan la materia de asistencia social y que enseguida se precisan:

  78. A.:

    1.1. Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social.

  79. Baja California:

    2.1. Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social.

    2.2. Reglamento Interno de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social.

  80. Baja California Sur:

    3.1. Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social.

    3.2. Acuerdo que crea y reglamenta el Patronato para la Reincorporaci�n Social.

  81. C.:

    4.1. L.O.�nica de Asistencia Social.

    4.2. Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social.

    4.3. Ley de Instituciones de Asistencia Privada.

  82. Chiapas:

    5.1. Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social.

  83. Chihuahua:

    6.1. Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social.

  84. Coahuila:

    7.1. Reglamento del Patronato de Asistencia Postliberacional del Estado de Coahuila de Zaragoza.

  85. Colima:

    8.1. Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social.

    8.2. Reglamento de la Junta de Beneficencia Privada.

  86. Distrito F.:

    9.1. Ley de Instituciones de Asistencia Privada.

  87. Durango:

    10.1. Ley de Asistencia Social.

    10.2. Ley sobre F.ones y Asociaciones de Beneficencia Privada.

  88. Estado de M�xico:

    11.1. Ley de Asistencia Social.

    11.2. Ley de Asistencia Privada.

    11.3. Ley que crea los organismos p�blicos descentralizados, de asistencia social, de car�cter municipal, denominados Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia.

  89. Guanajuato:

    12.1. Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social.

  90. G.:

    13.1. Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social.

    13.2. Ley de Instituciones de Asistencia Privada.

  91. Hidalgo:

    14.1. Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social.

  92. Jalisco:

    15.1. C�digo de Asistencia Social.

  93. M.�n:

    16.1. Ley de Asistencia Social.

    16.2. Ley de Instituciones de Asistencia Privada.

  94. M.:

    17.1. Ley de Asistencia Social.

  95. Nuevo Le�n:

    18.1. Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social.

    18.2. Ley de la Beneficencia Privada.

  96. Oaxaca:

    19.1. Ley de Instituciones de Asistencia, Promoci�n Humana y Desarrollo Social Privadas.

  97. Puebla:

    20.1. Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social.

    20.2. Ley de Instituciones de Beneficencia Privada.

  98. Q.�taro:

    21.1. Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social.

    21.2. Ley para el Fomento y Regulaci�n de las Instituciones de Asistencia Privada.

  99. Q.R.:

    22.1. Ley de Asistencia Social.

  100. S.L.P.�:

    23.1. Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social.

  101. Sinaloa:

    24.1. Ley de Asistencia Social.

    24.2. Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social.

  102. Sonora:

    25.1. Ley de Asistencia Social.

    25.2. Ley de Beneficencia Privada.

    25.3. Reglamento de las Instituciones de Asistencia Privada.

  103. Tabasco:

    26.1. Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social.

  104. Tamaulipas:

    27.1. Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social.

    27.2. Ley de Instituciones de Asistencia Social.

  105. Tlaxcala:

    28.1. Ley de Asistencia Social.

    28.2. Reglamento Interior para la operaci�n del Comit� para el Fondo de Aportaciones M�ltiples en su apartado de asistencia social.

  106. Veracruz:

    29.1. Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social.

    29.2. Ley de Instituciones de Beneficencia Privada.

  107. Y.�n:

    30.1. L.O.�nica de Asistencia Social.

    30.2. Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social.

  108. Zacatecas:

    31.1. Ley de Asistencia Social.

    Debe destacarse que las disposiciones legales de Estados como A., Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, G., M., Nuevo Le�n, Puebla, Q.�taro, Q.R., S.L.P.�, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Y.�n, fueron expedidas con base en las disposiciones de la Ley General de Salud y la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Privada.

    As�, a guisa de ejemplo, la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de A. en sus art�culos 1o., 3o., 5o., 6o., 7o., 9o., 15, 37 y 48, se�ala:

    "Art�culo 1o. Las disposiciones de la presente ley son de orden p�blico e inter�s social y tienen por objeto crear y establecer las bases y procedimientos de un sistema estatal de asistencia social, que promueva la prestaci�n de los servicios de asistencia social, que establece la Ley General de Salud y coordine el acceso de los mismos, as� como la concurrencia y colaboraci�n del Gobierno F., Gobierno Estatal y Municipal, y la participaci�n de los sectores social y privado, seg�n la competencia que establezca la Ley General de Salud y la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social."

    "Art�culo 3o. Para los efectos de esta ley se entiende por asistencia social, al conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de car�cter social que impidan al individuo su desarrollo integral, as� como la protecci�n f�sica, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotecci�n o desventaja f�sica o mental, tendiente a lograr su incorporaci�n a una vida plena y productiva."

    "Art�culo 5o. El Gobierno del Estado podr� participar en la prestaci�n de servicios de asistencia social de competencia federal, siempre y cuando se convenga para ello."

    "Art�culo 6o. De acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de Salud, corresponde al Gobierno del Estado, como autoridad local, en materia de salubridad general, organizar, operar, supervisar y evaluar la prestaci�n de los servicios de salud en materia de asistencia social, dentro de la jurisdicci�n territorial y con base a las normas t�cnicas que al efecto establezca la S.�a de Salud."

    "Art�culo 7o. El Sistema Estatal de Asistencia Social, que se comprende en el Sistema Estatal de Salud, estar� constituido por las dependencias y entidades de la administraci�n p�blica, tanto estatal como municipal, y por las personas f�sicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de asistencia social, as� como por los mecanismos de coordinaci�n de acciones de asistencia social en el Estado."

    "Art�culo 9o. En los t�rminos del art�culo 7o. de esta ley, los servicios de salud en materia de asistencia social que se prestan como servicios p�blicos a la poblaci�n en general, a nivel estatal o municipal, por las instituciones de seguridad social y los de car�cter social y privado, se seguir�n rigiendo por los ordenamientos espec�ficos que les sean aplicables y supletoriamente por la presente ley."

    "Art�culo 15. Las instituciones particulares podr�n prestar los servicios de asistencia social debiendo observar el cumplimiento de los ordenamientos legales federales, locales y municipales que en su caso correspondan."

    "Art�culo 37. La beneficencia privada representa la actividad de los particulares encaminada a fomentar el sentido de apoyo y solidaridad en la comunidad hacia los d�biles sociales. El Estado, estimular� tales actividades, evaluar� las acciones y programas de las instituciones que esta ley rige, cuidar� que los recursos empleados en estas funciones rindan los mejores resultados y que se cumplan las disposiciones o voluntad de los fundadores, expresados en los estatutos de las instituciones de beneficencia. Para los efectos de esta ley, se consideran actos relativos a la beneficencia privada los siguientes: I. El establecimiento de hospitales, orfanatorios, asilos, casas de maternidad, de exp�sitos, de salud y en general, toda obra que tenga por objeto socorrer a las clases necesitadas y desvalidas; II. La instalaci�n y dotaci�n de planteles educativos, bibliotecas, sistemas y de becas, escuelas de artes y oficios, est�mulos, donativos y recompensas; III. Las acciones encaminadas a favorecer a la comunidad con la creaci�n de instituciones de beneficencia que promuevan la cultura, el arte y la mejor formaci�n al individuo; y IV. Las dem�s acciones que redunden en favorecer a la sociedad y en contribuir a mejorar el �mbito social."

    Art�culo 48. Las instituciones de beneficencia privada son creadas por particulares, su finalidad se considera de utilidad p�blica, no lucrativa y el Estado las reconoce como auxiliares de la asistencia social con capacidad para poseer un patrimonio propio, destinado a la realizaci�n de sus objetivos. Se entender�n por acciones no lucrativas y de utilidad p�blica, los actos ejecutados por las instituciones de beneficencia con fondos particulares, sin objeto de especulaci�n y con un fin humanitario. Las instituciones de beneficencia privada pueden ser fundaciones o asociaciones.

    De los preceptos en cita, se advierte que ordenamientos como el del Estado de A., con apoyo en el art�culo 13, apartado B, fracci�n I de la Ley General de Salud y 6o. de la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, regularon en su integridad la prestaci�n de los servicios de salud en materia de asistencia social entre los que se encuentra la participaci�n del sector privado por medio de instituciones de asistencia privada.

    Por el contrario, Estados como C., Durango, Estado de M�xico, Jalisco, M.�n, Oaxaca, Y.�n y Zacatecas, no han adecuado sus leyes a las disposiciones que reglamentan el p�rrafo tercero del art�culo 4o. de la C.�n F., sin embargo, tambi�n regulan la materia de asistencia social y lo relativo a la participaci�n de las instituciones de asistencia privada en esta materia.

    As�, conforme a este an�lisis sistem�tico del concepto de asistencia podemos concluir lo siguiente:

    1. La C.�n F. �nicamente se refiere al concepto de asistencia social, cuando faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito F. para normar la asistencia social.

    2. Por lo que hace al concepto de beneficencia que como se hase�alado es sin�nimo del de asistencia, la N.F. en su art�culo 27, fracci�n III, asume la divisi�n doctrinal e hist�rica de asistencia social en instituciones de beneficencia o asistencia p�blica y privada, y les atribuye el mismo objeto que fundamentalmente consiste en el auxilio a los necesitados.

    3. El Estatuto de Gobierno del Distrito F. conformeal cual se ejercen las facultades de la Asamblea Legislativa seg�n lo dispone expresamente el art�culo 122 de la C.�n F., reitera la atribuci�n del �rgano legislativo del Distrito F. para normar la materia de asistencia social.

    4. La Ley General de Salud y la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, precisan el contenido del concepto de asistencia social, lo ubican como un servicio de salud derivado del derecho a la protecci�n de la salud previsto en el p�rrafo tercero del art�culo 4o. de la C.�n F. y establecen la competencia de los gobiernos de las entidades federativas para operar todo lo relativo a los servicios de salud en materia de asistencia social, as� como la sujeci�n de las asociaciones de asistencia privada a los ordenamientos que los rijan.

    5. Los Estados de la Federaci�n en su totalidad, han regulado la materia de asistencia social y, por ende, han expedido ordenamientos legales acerca de la reglamentaci�n de las instituciones de asistencia privada como prestadoras del servicio de salud en materia de asistencia social.

      En este punto, es necesario precisar que aun cuando el Distrito F. es una entidad �nica con caracter�sticas muy peculiares que la distinguen de los Estados de la Federaci�n y que su �mbito competencial a diferencia de dichos Estados es expreso, para los efectos del presente estudio es necesario asentar que no existe disposici�n constitucional alguna que faculte al Congreso F. para legislar en materia de instituciones de asistencia privada y que, por el contrario, las leyes federales (Ley General de Salud y Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social), que reglamentan y regulan el derecho a la protecci�n de la salud previsto en el art�culo 4o., tercer p�rrafo, de la C.�n F., atribuyen dicha facultad a los gobiernos de las entidades federativas como servicio de salud en materia de asistencia social, raz�n por la cual dicha materia ha quedado reservada a los Estados. En este orden de ideas, si de la exposici�n de motivos de la reforma constitucional realizada en mil novecientos noventa y seis al art�culo 122, que rige todo lo concerniente al Distrito F., el Constituyente Permanente estim� necesario dotar a los �rganos de gobierno de la citada entidad con facultades propias del �mbito local y entre �stas le atribuy� a la Asamblea Legislativa la facultad de legislar en materia de asistencia social, seg�n lo ya expuesto, la interpretaci�n sistem�tica del texto de la N.S., en relaci�n con las leyes federales y locales que la reglamentan, debe ser en el sentido de que el �rgano legislativo del Distrito F. s� tiene atribuciones para expedir la ley impugnada.

      1. Por �ltimo, conforme a la interpretaci�n teleol�gica del concepto de asistencia social, podemos se�alar lo siguiente:

      Si como se ha visto, conforme a la Ley General de Salud, Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social y Leyes Estatales de los Sistemas de Asistencia Social:

    6. Actualmente el concepto de asistencia social se integra por el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de car�cter social que impidan al individuo su desarrollo integral, as� como la protecci�n f�sica, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotecci�n o desventaja f�sica y mental, hasta lograr su incorporaci�n a una vida plena y productiva.

    7. Los sujetos de la recepci�n de los servicios de asistencia social preferentemente son los menores en estado de abandono, desamparo, desnutrici�n o sujetos de maltrato; menores infractores, alcoh�licos, farmacodependientes y en general las personas en estado de necesidad, desprotecci�n y desventaja.

    8. Los sujetos activos en la prestaci�n de los servicios de salud en materia de asistencia social son la Federaci�n, los Estados, los Municipios y los sectores social y privado.

    9. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas en materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones ejercer todo lo relativo a la prestaci�n de los servicios de salud en materia de asistencia social.

    10. Los servicios de salud en materia de asistencia social que presten las instituciones de car�cter social y privado se regir�n por los ordenamientos espec�ficos que les son aplicables.

      Entonces, conforme a esta interpretaci�n podemos concluir que:

      1) Los ordenamientos legales ya no realizan una clasificaci�n entre servicios de asistencia p�blica y asistencia privada sino que se reconoce que la labor asistencial persigue un fin social al que concurren el sector p�blico, privado y social.

      2) La asistencia social est� constituida por un conjunto de acciones dirigidas al conglomerado social con la finalidad de auxiliar a personas en estado de desventaja.

      3) La asistencia p�blica, que como se ha se�alado anteriormente se le consideraba el �rgano del Estado destinado a prevenir y remediar las necesidades de las clases desvalidas (acuerdo de fecha veintiuno de agosto de mil novecientos veintis�is), y que por tanto prestaba sus servicios con recursos p�blicos, actualmente est� constituida por las acciones que en materia de asistencia social realiza el Estado (Federaci�n, Estados y Municipios), y al cual se le denomina sector p�blico.

      4) La asistencia privada, que se considera consist�a en los servicios que prestaban entidades jur�dicas con bienes de propiedad particular (Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito y Territorios F.es de mil novecientos cuarenta y tres), conforme a los ordenamientos legales vigentes, est� constituida por las acciones que en materia de asistencia social realizan las personas f�sicas o morales de car�cter privado y al cual se le denomina sector privado.

      5) Recientemente, tambi�n existen acciones en materia de asistencia social que realizan las instituciones de car�cter social y al cual se le denomina sector social.

      Ahora bien, en el caso particular, los art�culos 1o. y 2o., fracci�n I de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F. que se impugna en el presente procedimiento, se�alan:

      "Art�culo 1o. Esta ley tiene por objeto regular las instituciones de asistencia privada que son entidades con personalidad jur�dica y patrimonio propio, sin prop�sito de lucro que, con bienes de propiedad particular ejecutan actos de asistencia social sin designar individualmente a los beneficiarios. Las instituciones de asistencia privada ser�n fundaciones o asociaciones."

      Art�culo 2o. Para los efectos de esta ley, se entender� por: I. Asistencia social: al conjunto de acciones dirigidas a proporcionar el apoyo, la integraci�n social y el sano desarrollo de los individuos o grupos de poblaci�n vulnerable o en situaci�n de riesgo, por su condici�n de desventaja, abandono o desprotecci�n f�sica, mental, jur�dica o social. As� como las acciones dirigidas a enfrentar situaciones de urgencia, fortalecer su capacidad para resolver necesidades, ejercer sus derechos y, de ser posible, procurar su reintegraci�n al seno familiar, laboral y social. La asistencia social comprende acciones de promoci�n, previsi�n, prevenci�n, protecci�n y rehabilitaci�n.

      As�, si la ley impugnada atribuye a las instituciones de asistencia privada del Distrito F. la prestaci�n de servicios de asistencia social, con base en un an�lisis gramatical, hist�rico, sistem�tico y teleol�gico, a juicio de este Tribunal Pleno de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, no cabe duda alguna de que cuando el art�culo 122, apartado C, base primera, fracci�n V, inciso i) faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito F. para normar la asistencia social, dicha facultad incluye la de expedir la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F. que se impugna en este procedimiento.

      Atento a lo anterior, toda vez que la facultad de la Asamblea Legislativa del Distrito F., para expedir la ley impugnada deriva del inciso i), fracci�n V, apartado C, del art�culo 122 de la C.�n F., se hace innecesario analizar el alcance de la facultad que el inciso g) del precepto en cita otorga al citado �rgano legislativo para legislar en materia de administraci�n p�blica local.

SEXTO

Por lo anterior, tambi�n resulta infundado el concepto de invalidez en el que se plantea que la Asamblea Legislativa del Distrito F. indebidamente expidi� la ley impugnada en uso de facultades impl�citas por corresponder dichas atribuciones �nicamente al Congreso de la Uni�n en t�rminos del art�culo 73, fracci�n XXX de la C.�n F..

En efecto, el art�culo 73, fracci�n XXX, de la C.�n F., dispone:

"Art�culo 73. El Congreso tiene facultad: ... XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta C.�n a los Poderes de la Uni�n."

Tales atribuciones que el texto constitucional otorga al Congreso de la Uni�n, se denominan por la doctrina "facultades impl�citas".

As� pues, mientras que, conforme al art�culo 124 de la C.�n F. que dispone: "Art�culo 124. Las facultades que no est�n expresamente concedidas por esta C.�n a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.", las facultades expl�citas son las conferidas por la C.�n a cualquiera de los Poderes F.es, concreta y determinadamente en alguna materia, las facultades impl�citas son las que el Poder Legislativo puede concederse a s� mismo o a cualquiera de los otros dos Poderes F.es como medio necesario para ejercer alguna de las facultades expl�citas.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el entonces Tribunal Pleno de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, visible a fojas 101, V.X., Primera Parte, Sexta �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n que se�ala:

LEY ORG�NICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI�N, CONSTITUCIONALIDAD DE LA. El Congreso de la Uni�n expidi� la L.O.�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, que rige la estructura y funcionamiento del propio poder, para que el mismo pueda ejercer de modo efectivo las facultades que le otorga la C.�n General de la Rep�blica, e introdujo en dicha ley las disposiciones que atribuyen a los tribunales de los Estados la funci�n de �rganos auxiliares de los federales, por estimar que sin el auxilio de la justicia com�n, la administraci�n de la Justicia F. se ver�a en muchos casos retardada y entorpecida. Tal es la raz�n en que se inspiran dichas disposiciones, cuya constitucionalidad, por ende, no puede desconocerse, ya que si el Congreso de la Uni�n las consider� necesarias para hacer efectivas las facultades constitucionales del Poder Judicial de la Federaci�n, se sigue de ello que fueron expedidas en uso de las facultades impl�citas que a aqu�l concede la fracci�n XXX del art�culo 73 de la Carta Fundamental.

Atento a lo anterior, tal y como qued� expuesto, la Asamblea Legislativa del Distrito F. expidi� la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F. en uso de la facultad que expresamente le confiere el art�culo 122, apartado C, base primera, fracci�n V, inciso i) de la C.�n F. y 43, fracci�n XIII del Estatuto de Gobierno, y no en uso de facultades impl�citas, por lo que el planteamiento de la promovente resulta infundado.

Respecto del argumento consistente en que con la expedici�n de la ley impugnada se contradice el art�culo 89, fracci�n I de la N.F., en relaci�n a la facultad reglamentaria del presidente de la Rep�blica respecto de las leyes aprobadas por el Congreso F., debe se�alarse lo siguiente:

El art�culo 89, fracci�n I de la C.�n F., dispone:

"Art�culo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes: I.P. y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Uni�n, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia."

Dicho precepto en su parte final se refiere a lo que la doctrina denomina "facultad reglamentaria del presidente", y precisamente se refiere a la facultad que posee el Ejecutivo F. para formular los reglamentos necesarios para ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Uni�n.

En el mismo sentido el art�culo 122, apartado C, base segunda, fracci�n II, inciso b), se�ala lo siguiente:

"Art�culo 122. Definida por el art�culo 44 de este ordenamiento la naturaleza jur�dica del Distrito F., su gobierno est� a cargo de los Poderes F.es y de los �rganos ejecutivo, legislativo y judicial de car�cter local, en los t�rminos de este art�culo ... C. El Estatuto de Gobierno del Distrito F. se sujetar� a las siguientes bases: ... Base segunda. Respecto al jefe de Gobierno del Distrito F.: ... II. El jefe de Gobierno del Distrito F. tendr� las facultades y obligaciones siguientes: ... b) Promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida la Asamblea Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la expedici�n de reglamentos, decretos y acuerdos. Asimismo, podr� hacer observaciones a las leyes que la Asamblea Legislativa le env�e para su promulgaci�n, en un plazo no mayor de diez d�as h�biles. Si el proyecto observado fuese confirmado por mayor�a calificada de dos tercios de los diputados presentes, deber� ser promulgado por el jefe de Gobierno del Distrito F.."

De dicho precepto se advierte que el jefe de Gobierno del Distrito F., tambi�n posee la "facultad reglamentaria", pero por lo que hace a las leyes que expida la Asamblea Legislativa del Distrito F..

Ahora bien, este Tribunal Pleno de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, con fundamento en el art�culo 71 de la ley reglamentaria de la materia y despu�s de un an�lisis integral de la demanda de acci�n de inconstitucionalidad, advierte que la parte promovente plantea que toda vez que desde su punto de vista la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F. debi� haberse expedido por el Congreso de la Uni�n y no por la Asamblea Legislativa del Distrito F. tal y como aconteci�, la expedici�n de la citada ley por el �rgano legislativo del Distrito F., impide que el presidente de la Rep�blica pueda ejercer su facultad reglamentaria sobre dicha ley.

Por lo anterior, resulta inexacto lo argumentado por el procurador general de la Rep�blica en el sentido de que la parte promovente plantea una futura violaci�n al art�culo 89, fracci�n I de la C.�n F., lo que no puede ser analizado en la presente acci�n de inconstitucionalidad.

Ahora bien, dicho concepto de invalidez resulta infundado, pues seg�n lo ya analizado, la parte promovente parte de la premisa falsa de que la Asamblea Legislativa no tiene facultad para expedir la ley impugnada, y que por lo tanto en consecuencia no corresponde al jefe de Gobierno de dicha entidad reglamentarla, sino al presidente de la Rep�blica expedir el reglamento respectivo.

Lo expuesto resulta inexacto, pues se reitera que el �rgano legislativo del Distrito F. s� est� expresamente facultado para expedir la norma impugnada y, en consecuencia, corresponde al jefe de Gobierno reglamentarla en t�rminos del art�culo 122, apartado C, base segunda, fracci�n II, inciso b) de la C.�n F., sin que en modo alguno se restrinja la facultad reglamentaria que posee el presidente de la Rep�blica conforme al art�culo 89, fracci�n I de la N.F., por no tratarse de una norma que debiera expedir el Congreso de la Uni�n.

Respecto del argumento en el sentido de que el Poder Constituyente Permanente de haber querido facultar a la Asamblea Legislativa del Distrito F. para legislar en materia de asistencia privada, lo hubiera hecho expresamente como aconteci� en materia de adquisiciones y obra p�blica, y registro p�blico de la propiedad cabe se�alar, lo siguiente:

El art�culo 122, apartado C, base primera, fracci�n V, incisos g), h) y j), se�ala:

"Art�culo 122. Definida por el art�culo 44 de este ordenamiento la naturaleza jur�dica del Distrito F., su gobierno est� a cargo de los Poderes F.es y de los �rganos ejecutivo, legislativo y judicial de car�cter local, en los t�rminos de este art�culo ... C. El Estatuto de Gobierno del Distrito F. se sujetar� a las siguientes bases: Base primera. Respecto a la Asamblea Legislativa: ... V. La Asamblea Legislativa, en los t�rminos del Estatuto de Gobierno, tendr� las siguientes facultades: ... g) Legislar en materia de administraci�n p�blica local, su r�gimen interno y de procedimientos administrativos; h) Legislar en las materias civil y penal; normar el organismo protector de los derechos humanos, participaci�n ciudadana, defensor�a de oficio, notariado y registro p�blico de la propiedad y de comercio; ... j) Legislar en materia de planeaci�n del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo; preservaci�n del medio ambiente y protecci�n ecol�gica; vivienda; construcciones y edificaciones; v�as p�blicas, tr�nsito y estacionamientos; adquisiciones y obra p�blica; y sobre explotaci�n, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito F.."

Del texto de los citados preceptos, se advierte que contrariamente a lo aducido por la promovente, el hecho de que el Poder Reformador de la C.�n con independencia de la facultad gen�rica concedida a la Asamblea Legislativa del Distrito F. para legislar en materia civil y administraci�n p�blica local, otorgara la espec�fica para expedir las leyes del registro p�blico de la propiedad y de comercio y de adquisiciones y obra p�blica, confirma la facultad que el �rgano legislativo local posee para legislar en materia de asistencia privada.

En efecto, si el Constituyente Permanente en las materias que se se�alan consider� necesario especificar alg�n aspecto de una facultad gen�rica, por medio de una facultad espec�fica, tal aspecto no limita o nulifica la atribuci�n general.

As� es, el hecho de que la Asamblea Legislativa tenga facultad para legislar en materia de registro p�blico de la propiedad y de comercio, no implica que s�lo pueda legislar en materia civil sobre este aspecto.

De igual forma la atribuci�n que tiene el �rgano legislativo del Distrito F. para legislar sobre adquisiciones y obra p�blica, no limita o suprime la diversa facultad gen�rica que posee para legislar en materia de administraci�n p�blica local.

Atento a lo anterior, si el �rgano reformador de la C.�n facult�, seg�n se ha visto, a la Asamblea Legislativa del Distrito F. para legislar en materia de asistencia social, esta atribuci�n, debe estimarse concedida en forma amplia y, en consecuencia, si como se ha determinado el rubro de asistencia privada est� contenida en el concepto de asistencia social, es indudable que la Asamblea Legislativa del Distrito F. est� facultada para expedir la ley que se impugna.

A mayor abundamiento, debe se�alarse que si como ha quedado precisado anteriormente el concepto de asistencia social est� conformado por la labor ben�fica que realizan los sectores p�blico, social y privado, de asumir este Tribunal Pleno la interpretaci�n propuesta por la parte promovente, la facultad que el art�culo 122 de la C.�n F. otorg� a la Asamblea Legislativa para normar la asistencia social, ser�a nugatoria, pues para poder ejercerla conforme a dicho criterio, ser�a necesario que el Constituyente Permanente dotara al�rgano legislativo local literalmente para legislar en materia de asistencia social realizada por los sectores p�blico, social y privado, lo que es contrario al esp�ritu de la disposici�n constitucional en comento pues ya se ha visto que la expresi�n "asistencia social" comprende los tres rubros.

Por lo que hace al argumento en el sentido de que del art�culo 67, fracci�n VI, del Estatutode Gobierno del Distrito F. se advierte que es facultad del Congreso de la Uni�n expedir la ley impugnada, pues de otra forma no habr�a raz�n para establecer la facultad para nombrar y remover al presidente de la Junta de Asistencia Privada en favor de un �rgano del Distrito F., cabe precisar lo siguiente:

El art�culo 67, fracci�n VI, del Estatuto de Gobierno del Distrito F., se�ala:

"Art�culo 67. Las facultades y obligaciones del jefe de Gobierno del Distrito F. son las siguientes: ... VI. Nombrar y remover al presidente de la Junta de Asistencia Privada del Distrito F., de acuerdo con lo que disponga la ley."

Ahora bien, la circunstancia de que el Congreso de la Uni�n en el Estatuto de Gobierno estableciera la facultad del jefe de Gobierno del Distrito F. para nombrar y remover al presidente de la Junta de Asistencia Privada en modo alguno implica o proporciona dato alguno que establezca la competencia del citado Congreso para expedir la ley impugnada.

En efecto, conforme al sistema de competencias que establece el art�culo 122 de la C.�n F. respecto del Distrito F., las autoridades locales entre las que se encuentra el jefe de Gobierno deber�n ejercer sus facultades en los t�rminos establecidos por la propia N.F. y el Estatuto de Gobierno del Distrito F..

As� pues, si en el Estatuto de Gobierno el Congreso de la Uni�n consider� oportuno establecer la facultad exclusiva del jefe de Gobierno para designar y remover al presidente de la Junta de Asistencia Privada del Distrito F., tal circunstancia no guarda relaci�n alguna con la competencia de la Asamblea Legislativa de la citada entidad para expedir la ley impugnada.

Confirma lo anterior, el hecho de que en la fracci�n VII del citado precepto se faculta al jefe de Gobierno para nombrar y remover al procurador general de Justicia del Distrito F. en los t�rminos del propio estatuto, y la fracci�n IX, lo faculta para proponer al presidente de la Rep�blica el nombramiento o revocaci�n del presidente de la Junta Local de Conciliaci�n y Arbitraje, es decir, la participaci�n que el Congreso de la Uni�n en el Estatuto de Gobierno determina para el jefe de Gobierno del Distrito F. en la designaci�n o remoci�n de servidores p�blicos locales, no determina el �mbito competencial del �rgano legislativo local o bien del federal.

Del mismo modo, la remisi�n que el citado art�culo 67, fracci�n VI, del Estatuto de Gobierno hace al se�alar: "con lo que disponga la ley", en modo alguno implica que dicha ley deba ser expedida por el Congreso de la Uni�n, pues como ejemplo, el art�culo 122, apartado C, base primera, fracci�n I de la C.�n F., dispone que: "Los diputados a la Asamblea Legislativa ser�n elegidos cada tres a�os por voto universal, libre, directo y secreto en los t�rminos que disponga la ley.", y sin embargo dicha ley no la expide el Congreso de la Uni�n, sino la Asamblea Legislativa en t�rminos del inciso f) de la fracci�n V del citado precepto.

Respecto del art�culo 39, fracci�n IV de la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica F., que a juicio de la parte promovente da la pauta para concluir que le corresponde al Congreso de la Uni�n expedir la ley impugnada, cabe se�alar lo siguiente:

El art�culo 39, fracci�n IV de la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica F., se�ala lo siguiente:

Art�culo 39. A la S.�a de Salud, corresponde el despacho de los siguientes asuntos: ... IV. Organizar y vigilar las instituciones de beneficencia privada, en los t�rminos de las leyes relativas, e integrar sus patronatos, respetando la voluntad de los fundadores.

Ahora bien, el texto en cita data del veintinueve de diciembre de mil novecientos setenta y seis, fecha en que se public� la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica F..

No obstante lo anterior, por decreto de treinta y uno de diciembre de mil novecientos treinta y siete, en el art�culo 15-D, fracciones V y VI, de la Ley de S.�as y Departamentos de Estado, se facult� a la S.�a de Asistencia P�blica en los siguientes t�rminos:

Art�culo 15-D. Ser�n atribuciones de la S.�a de la Asistencia P�blica: ... V. La organizaci�n, vigilancia y control de las instituciones de beneficencia privada, a efecto de prestar mejor servicio social y cumplir con mayor eficacia la voluntad de sus fundadores; VI. La integraci�n de los patronatos de las instituciones de beneficencia privada, respetando la voluntad de los fundadores.

Ahora bien, dicha disposici�n al facultar a la S.�a de Salud para integrar los patronatos de las instituciones de beneficencia privada respetando la voluntad de sus fundadores, en modo alguno puede interpretarse en el sentido de que la citada secretar�a forme parte de los patronatos, sino a procurar los actos necesarios para su integraci�n.

En efecto, en la fecha que se expidi� la disposici�n de la ley org�nica en cita (veintinueve de diciembre de mil novecientos setenta y nueve), se encontraba en vigor la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito y Territorios F.es de mil novecientos cuarenta y tres.

La ley en cita en sus art�culos 83 y 84 dispon�a lo siguiente:

"Art�culo 83. La Junta de Asistencia Privada es el �rgano por medio del cual el poder p�blico ejerce el cuidado y vigilancia que le competen sobre las instituciones de asistencia privada. Dicha junta estar� integrada por siete vocales, designados entre personas de reconocida honorabilidad, que deber�n ser mexicanos por nacimiento."

Art�culo 84. El secretario de la Asistencia P�blica designar� cuatro vocales y entre ellos, al presidente de la Junta ...

Por posterior reforma al citado art�culo 83 se precis� lo siguiente:

Art�culo 83. La Junta de Asistencia Privada es un �rgano administrativo desconcentrado por funci�n, jer�rquicamente subordinado a la S.�a de Salud, por medio del cual el poder p�blico ejerce la vigilancia y asesor�a que le compete sobre las instituciones de asistencia privada.

As� pues, puede concluirse que la facultad que el art�culo 39, fracci�n IV de la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica F. otorga a la ley de la S.�a de Salud para organizar, vigilar e integrar patronatos de las instituciones de beneficencia privada, obedec�a a la participaci�n que dicha autoridad ten�a en la Junta de Asistencia Privada; as� es, la interpretaci�n referida, tambi�n tiene su sustento en los art�culos 9o., p�rrafo cuarto, 13, fracci�n V, 16, fracci�n VII, 46, 48, 51, fracci�n II y 91, fracciones XVII y XIX de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada en comento, que se�alan:

"Art�culo 9o. (p�rrafo cuarto) El Estado s�lo tiene facultad para vigilar e inspeccionar la administraci�n de las instituciones de asistencia privada en cuanto sea necesario para impedir la distracci�n de sus bienes o su inversi�n en fines ajenos a su objeto o el incumplimiento de la voluntad del fundador."

"Art�culo 13. Las personas que en vida deseen constituir una instituci�n de asistencia privada, presentar�n a la junta de ese ramo un escrito que contenga: ... V. La designaci�n de las personas que vayan a fungir como patronos o, en su caso, las que integrar�n las juntas o consejos que hayan de representarlas y administrarlas, y la manera de sustituirlas."

"Art�culo 16. Los estatutos contendr�n: ... VII. La persona o personas que deber�n desempe�ar el patronato, junta o consejo de la instituci�n, as� como los casos y la forma de sustituirlas. Este derecho es exclusivo de los fundadores. Cuando �stos no lo ejerciten, los estatutos no contendr�n el requisito que exige esta fracci�n, sino que la designaci�n y sustituci�n de los patronos se regir� por las disposiciones de esta ley."

"Art�culo 46. Son patronos las personas a quienes corresponde la representaci�n legal y la administraci�n de las instituciones de asistencia privada."

"Art�culo 48. El cargo de patrono �nicamente puede ser desempe�ado por la persona designada por el fundador o por quien deba sustituirla conforme a los estatutos y en su caso, por quien designe la Junta de Asistencia Privada. Los patronos podr�n otorgar poderes generales para pleitos y cobranzas, conforme al art�culo 2554 del C�digo Civil. Para ejecutar actos de dominio o de administraci�n de bienes acordados por el patronato, el poder que se otorgue ser� siempre especial."

"Art�culo 51. No podr�n desempe�ar el cargo de patrono de una instituci�n: ... II. Las personas que desempe�en cargo de elecci�n popular, los secretarios y subsecretarios de Estado, los oficiales mayores de las secretar�as de Estado, el jefe, los secretarios generales y el oficial mayor del Departamento del Distrito F., los directores generales, gerentes generales o similares de los organismos descentralizados y de las empresas de participaci�n estatal; el presidente y los vocales de la Junta de Asistencia Privada representantes del sector p�blico conforme a lo establecido por el art�culo 84 de esta ley, los funcionarios y empleados de la misma."

Art�culo 91. Para el cumplimiento de sus fines, la junta tendr� las siguientes funciones: ... XVII. Vigilar que los patronatos cumplan con las disposiciones de esta ley y los estatutos ... XIX. Revisar los estatutos de las instituciones, a fin de que los mismos se ajusten estrictamente a esta ley, cuidando especialmente que en ellos no se contrar�e la voluntad de los fundadores. La junta indicar�, en su caso, al patronato de una instituci�n, las reformas que fueren necesarias a sus estatutos y les se�alar� un t�rmino de sesenta d�as para llevar a cabo dichas reformas.

En efecto, de los dispositivos en cita, en esencia se advierte que la designaci�n de patronos corresponde a los fundadores de las instituciones y en su defecto por la Junta de Asistencia Privada, el cargo de patrono no podr� ser desempe�ado entre otros por los secretarios y subsecretarios de Estado, as� como la injerencia de la Junta de Asistencia Privada en el desempe�o de los patronatos de las instituciones.

Ahora bien, en fecha posterior (mil novecientos ochenta y cuatro), se expide la Ley General de Salud, la cual establece a la asistencia social como un servicio de salud (art�culo 24, fracci�n III), determina que el servicio de asistencia social corresponde a los gobiernos de las entidades federativas como autoridades locales dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales y de conformidad con las disposiciones aplicables (art�culos 3o., fracci�n XVIII y 13, apartado B, fracci�n I).

Dichos preceptos que para mayor claridad del asunto se vuelven a transcribir disponen:

"Art�culo 24. Los servicios de salud se clasifican en tres tipos: ... III. De asistencia social."

"Art�culo 3o. En los t�rminos de esta ley, es materia de salubridad general: ... XVIII. La asistencia social."

Art�culo 13. La competencia entre la Federaci�n y las entidades federativas en materia de salubridad general quedar� distribuida conforme a lo siguiente: ... B. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales: I.O., operar, supervisar y evaluar la prestaci�n de los servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX del art�culo 3o. de esta ley, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Del mismo modo, el nueve de enero de mil novecientos ochenta y seis, se public� la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, la cual busca promover la prestaci�n de los servicios de asistencia social que establece la Ley General de Salud y coordine el acceso de los mismos, garantizando la concurrencia y colaboraci�n de la Federaci�n, las entidades federativas y los sectores social y privado (art�culo 1o.), dicha norma precisa que los servicios de asistencia social que sean de jurisdicci�n federal se realizar�n por las dependencias del Ejecutivo F. competentes, cada una seg�n la esfera de sus atribuciones, as� como por las entidades de la administraci�n p�blica federal y por las instituciones que tengan entre sus objetivos la prestaci�n de esos servicios, de conformidad con lo que disponen las leyes respectivas (art�culo 5o.), y respecto a los servicios de asistencia social que prestan las instituciones de seguridad social y las de car�cter social y privado, la norma en comento precisa que se seguir�n rigiendo por los ordenamientos espec�ficos que les son aplicables y supletoriamente por la propia ley (art�culo 8o.), y por �ltimo, se faculta a la S.�a de Salud, para vigilar el cumplimiento de la ley sin perjuicio de las facultades que en la materia competan a otras dependencias y entidades de la administraci�n p�blica federal y a los gobiernos y entidades de los Estados (art�culo 10, fracci�n II).

Los preceptos en cita se�alan:

"Art�culo 1o. La presente ley regir� en toda la Rep�blica, sus disposiciones son de orden p�blico e inter�s social y tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de un sistema nacional de asistencia social que promueva la prestaci�n de los servicios de asistencia social que establece la Ley General de Salud y coordine el acceso de los mismos, garantizando la concurrencia y colaboraci�n de la Federaci�n, las entidades federativas y los sectores social y privado."

"Art�culo 5o. La prestaci�n de los servicios de asistencia social que establece la Ley General de Salud, que sean de jurisdicci�n federal, se realizar� por las dependencias del Ejecutivo F. competentes, cada una seg�n la esfera de sus atribuciones, as� como por las entidades de la administraci�n p�blica federal y por las instituciones que tengan entre sus objetivos la prestaci�n de esos servicios, de conformidad con lo que disponen las leyes respectivas."

"Art�culo 8o. En los t�rminos del art�culo anterior, los servicios de salud, en materia de asistencia social que se presten como servicios p�blicos a la poblaci�n en general, por las instituciones de seguridad social y los de car�cter social y privado, se seguir�n rigiendo por los ordenamientos espec�ficos que les son aplicables y supletoriamente por la presente ley."

"Art�culo 10. La S.�a de Salud, en su car�cter de autoridad sanitaria, tendr� respecto de la asistencia social, como materia de salubridad general, las siguientes atribuciones: ... II. Vigilar el estricto cumplimiento de esta ley, as� como las disposiciones que se dicten con base en ella, sin perjuicio de las facultades que en la materia competan a otras dependencias y entidades de la administraci�n p�blica federal y a los gobiernos y entidades de los Estados."

Del mismo modo, el cap�tulo tercero de la ley en cita denominado "De la coordinaci�n y concertaci�n" en sus art�culos 36, 37, 38 y 41, disponen:

"Art�culo 36. Con el prop�sito de asegurar la adecuada coordinaci�n de acciones en el �mbito de la prestaci�n de los servicios de salud en materia de asistencia social y con el objeto de favorecer prioritariamente a los grupos sociales m�s vulnerables, en los t�rminos del Sistema Nacional de Planeaci�n y de la Ley General de Salud, la S.�a de Salud, a trav�s del organismo, celebrar� acuerdos y concertar� acciones con los sectores p�blico, social y privado de las entidades federativas."

"Art�culo 37. Con el objeto de ampliar la cobertura y la calidad de los servicios de salud en materia de asistencia social en las entidades federativas y los Municipios, la S.�a de Salud, a trav�s del organismo, promover�n la celebraci�n de convenios entre los distintos niveles de gobierno, a fin de: I.E. programas conjuntos; II. Promover la conjunci�n de los niveles de gobierno en la aportaci�n de recursos financieros; III. Distribuir y coordinar acciones entre las partes, de manera proporcional y equitativa; IV. Procurar la integraci�n y fortalecimiento de los reg�menes de asistencia privada, y V. Consolidar los apoyos a los patrimonios de la beneficencia p�blica de las entidades federativas."

"Art�culo 38. La S.�a de Salud, a trav�s del organismo, en el marco de los Convenios �nicos de Desarrollo, podr� pactar con los gobiernos de las entidades federativas y a trav�s de �stos con los Municipios, las acciones que tengan por objeto promover e impulsar la prestaci�n de los servicios de salud en materia de asistencia social."

Art�culo 41. El Estado, con el objeto de ampliar la cobertura de los servicios de salud de asistencia social, fincados en la solidaridad ciudadana, promover� en todo el pa�s, la creaci�n de asociaciones de asistencia privada, fundaciones y otras similares, las que con sus propios recursos o con liberalidades de cualquier naturaleza que aporte la sociedad en general y con sujeci�n a los ordenamientos que las rijan, presten dichos servicios. En todo caso, la S.�a de Salud emitir� las normas t�cnicas que dichas instituciones deber�n observar en la prestaci�n de los servicios de salud en materia de asistencia social. El organismo les prestar� la asesor�a t�cnica necesaria y los apoyos conducentes.

De lo expuesto se sigue que, por disposici�n de la Ley General de Salud y de la Ley sobre el Sistema de Asistencia Social, cuya validez constitucional no es objeto de examen en este procedimiento, la materia de asistencia social en salud es concurrente y coordinada entre la Federaci�n y las entidades federativas; y as� el objeto de la ley es sentar las bases para la promoci�n de un sistema nacional de asistencia que coordine a los sectores social, p�blico y privado e impulse la participaci�n de la sociedad y del gobierno en la materia.

As� pues, la coordinaci�n de las actividades asistenciales se llevar� a efecto mediante acuerdos de coordinaci�n entre la S.�a de Salud, con los sectores p�blico, social y privado de las entidades federativas.

Lo hasta aqu� expuesto, se advierte con claridad de la exposici�n de motivos de la reforma a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F. de siete de enero de mil novecientos noventa y uno, que se�ala:

... Por lo que se refiere al �rgano a trav�s del cual el Estado ejerce el control y vigilancia de las instituciones asistenciales privadas -el cual actualmente es un �rgano desconcentrado de la S.�a de Salud, y tomando en cuenta que el nuevo marco jur�dico que regula el Sistema Nacional de Salud, dentro del cual se ubica la asistencia social, establece que corresponde a los gobiernos de las entidades federativas la organizaci�n, operaci�n, supervisi�n y evaluaci�n de los servicios de asistencia social-, la iniciativa plantea que la Junta de Asistencia Privada pase a formar parte del Departamento del Distrito F., para lo cual se propone modificar diversos art�culos de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F. ...

En conclusi�n, la facultad que el art�culo 39, fracci�n IV de la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica F. otorga a la S.�a de Salud para organizar y vigilar a las instituciones de beneficencia privada, e integrar sus patronatos, debe analizarse a la luz de las dem�s disposiciones relativas como son la Ley General de Salud y la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, disposiciones de las cuales se advierte que la citada facultad que se le otorga a la S.�a de Salud, es concurrente con las diversas que poseen las entidades federativas en el servicio de saludprestado por la asistencia social, y en su caso con las que realizan los sectores social y privado en los t�rminos precisados anteriormente.

En el mismo orden de ideas, la parte accionante aduce que toda vez que en la integraci�n de la Junta de Asistencia Privada del Distrito F. participan dependencias de la administraci�n p�blica federal, resulta claro que la materia de asistencia privada es de competenciafederal.

Los art�culos 70, 73 y 74 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F. impugnada, disponen:

"Art�culo 70. La Junta de Asistencia Privada del Distrito F. es un �rgano administrativo desconcentrado de la administraci�n p�blica del Distrito F., con autonom�a t�cnica y operativa, jer�rquicamente subordinado al jefe de Gobierno del Distrito F.."

"Art�culo 73. Los �rganos superiores de la junta son los siguientes: I. El consejo directivo, y II. El presidente."

Art�culo 74. El consejo directivo se integra por: I. El presidente de la Junta; II. El titular de la S.�a de Gobierno del Distrito F.; III. El titular de la S.�a de Finanzas del Distrito F.; IV. El titular de la S.�a de Desarrollo Social del Distrito F.; V. El titular de la S.�a de Salud del Distrito F.; VI. El titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito F., y VII. Cinco representantes de las instituciones de asistencia privada. El consejo directivo invitar� a las sesiones, a un representante de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico de la administraci�n p�blica federal quien, en caso de aceptar la invitaci�n, participara con voz y voto. En este caso, se a�adir� otro representante de las instituciones de asistencia privada a los previstos en la fracci�n s�ptima del presente art�culo. As� mismo, se invitar� a las sesiones a un representante de la Contralor�a General del Distrito F. quien, en caso de aceptar la invitaci�n, participar� con voz pero sin voto. Por cada miembro titular habr� un suplente. El presidente ser� suplido en sus ausencias por el titular de la secretar�a, quien podr� delegar sus funciones operativas en tanto lo considere necesario. La junta contar� con un secretario ejecutivo designado en los t�rminos de esta ley, qui�n fungir� como secretario del consejo, para lo cual participar� en las sesiones con voz, pero sin voto.

De los preceptos se�alados, para lo que al caso interesa se advierte, lo siguiente:

  1. La Junta de Asistencia Privada del Distrito F. es un �rgano administrativo desconcentrado de la administraci�n p�blica del Distrito F..

  2. Los �rganos superiores de la junta son el consejo directivo y el presidente.

  3. El consejo directivo se integra por:

-El presidente.

-El secretario de Gobierno del Distrito F..

-El secretario de Finanzas del Distrito F..

-El secretario de Salud del Distrito F..

-El titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito F..

-Cinco representantes de las instituciones de asistencia privada.

-Un representante de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico de la administraci�n p�blica federal por invitaci�n con derecho a voz y voto.

-Un representante de la Contralor�a General del Distrito F. por invitaci�n con voz pero sin voto.

Ahora bien, es cierto que la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico eventualmente puede formar parte de la Junta de Asistencia Privada del Distrito F., cuando �sta hubiera aceptado la invitaci�n respectiva, sin embargo tal aspecto es irrelevante para determinar si la expedici�n de la ley impugnada corresponde al Congreso de la Uni�n o a la Asamblea Legislativa del Distrito F..

En efecto, el hecho de que la ley impugnada permita por invitaci�n la participaci�n de un representante de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico federal en la conformaci�n del consejo directivo de la junta, en nada afecta la facultad de la Asamblea Legislativa para expedir el ordenamiento impugnado, pues aun cuando no se hubiera previsto tal disposici�n la Junta de Asistencia Privada del Distrito F. se podr�a conformar y funcionar perfectamente, por lo que es inexacto que sea necesaria la participaci�n del Congreso de la Uni�n para que pueda facultarse a la citada S.�a de Hacienda para formar parte de la junta.

De igual forma, la circunstancia de que el Congreso de la Uni�n en la Ley del Impuesto sobre la Renta prevea un r�gimen fiscal espec�fico para las instituciones de asistencia privada en nada afecta la facultad que la Asamblea Legislativa posee para legislar en materia de asistencia privada.

En efecto, el art�culo 70, fracci�n VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta dispone, lo siguiente:

"Art�culo 70. Para los efectos de esta ley se consideran personas morales no contribuyentes, adem�s de las se�aladas en el art�culo 73, las siguientes: ... VI. Instituciones de asistencia o de beneficencia autorizadas por las leyes de la materia, as� como las sociedades o asociaciones civiles autorizadas para recibir donativos en los t�rminos de esta ley, que sin designar individualmente a los beneficiarios tengan como actividades las que a continuaci�n se se�alan: a) La atenci�n a personas que, por sus carencias socioecon�micas o por problemas de invalidez, se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos b�sicos de subsistencia y desarrollo; b) La atenci�n en establecimientos especializados a menores y ancianos en estado de abandono o desamparo e inv�lidos de escasos recursos; c) La prestaci�n de asistencia m�dica o jur�dica, de orientaci�n social, de servicios funerarios a personas de escasos recursos, especialmente a menores, ancianos e inv�lidos; d) La readaptaci�n social de personas que han llevado a cabo conductas il�citas; y, e) La rehabilitaci�n de farmacodependientes de escasos recursos."

Del texto transcrito se advierte que las instituciones de asistencia o beneficencia autorizadas por las leyes de la materia y que regulen las actividades descritas, no est�n obligadas al pago del impuesto sobre la renta.

Ahora bien, seg�n se ha se�alado, los art�culos 1o. y 2o. de la ley impugnada se�alan que �sta tiene por objeto regular a las instituciones de asistencia privada que ejecutan actos de asistencia social y que la asistencia social se integra con el conjunto de acciones dirigidas a proporcionar el apoyo, la integraci�n social y el sano desarrollo de los individuos o grupos de poblaci�n vulnerable o en situaci�n de riesgo, por su condici�n de desventaja, abandono o desprotecci�n f�sica, mental, jur�dica o social. As� como las acciones dirigidas a enfrentar situaciones de urgencia, fortalecer su capacidad para resolver necesidades, ejercer sus derechos y, de ser posible, procurar su reintegraci�n al seno familiar, laboral y social. La asistencia social comprende acciones de promoci�n, previsi�n, prevenci�n, protecci�n y rehabilitaci�n.

Aunado a lo anterior, debe precisarse que "las leyes de la materia" a que remite el precepto en cita pueden ser federal o bien locales como acontece en el caso del Distrito F., por ser precisamente estas normas las que regulan la materia de asistencia social, por lo que es inexacto que de la disposici�n en cita se infiera la competencia del Congreso de la Uni�n para expedir la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F. que se impugna en el presente procedimiento.

En efecto, acorde con lo ya se�alado, el art�culo 4o. de la ley impugnada dispone lo siguiente:

Art�culo 4o. Las instituciones de asistencia privada se consideran de utilidad p�blica y gozar�n de las exenciones, est�mulos, subsidios y facilidades administrativas que les confieran las leyes.

As� pues, la norma cuestionada por lo que hace a exenciones, est�mulos y subsidios remite a las disposiciones de las leyes respectivas como lo es la Ley del Impuesto sobre la Renta, es decir, la ley impugnada no prev� en este aspecto ning�n tipo de regulaci�n que pudiere considerarse de competencia federal, sino que en las materias propias de este �mbito remite a las leyes regulatorias de la materia.

Confirma lo anterior, el texto del art�culo 42 de la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social que dispone:

Art�culo 42. A propuesta del organismo, la S.�a de Salud promover� ante las autoridades correspondientes el otorgamiento de est�mulos fiscales, para inducir las acciones de los sectores social y privado en la prestaci�n de servicios de salud en materia de asistencia social.

As�, el precepto en cita faculta a la S.�a de Salud para que a propuesta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, promueva ante las autoridades correspondientes el otorgamiento de est�mulos fiscales, entre otros al sector privado.

Por lo que hace al argumento consistente en que del texto del art�culo 27, fracci�n III de la C.�n F. no se desprende que la Asamblea Legislativa del Distrito F. tenga competencia para expedir la ley impugnada, pues en dicho texto el Poder Constituyente distingui� entre la beneficencia privada y p�blica, es decir ambos rubros son perfectamente identificables, por lo que de haberse querido facultar al �rgano legislativo del Distrito F. para legislar en materia de asistencia privada as� lo hubiera se�alado expresamente, cabe se�alar lo siguiente:

En l�neas anteriores al realizar el estudio sistem�tico del concepto de asistencia privada, este Tribunal Pleno de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n determin� que contrariamente a lo alegado por la parte promovente, el texto del art�culo constitucional en cita, asume la divisi�n doctrinal e hist�rica de la asistencia social en instituciones de asistencia p�blicas y privadas, atribuye el mismo objeto a ambas instituciones y dentro de su objeto, destaca el auxilio a los necesitados que es la esencia de la asistencia social, aunado a que dicha disposici�n se aprob� desde el Constituyente de mil novecientos diecisiete, �poca en la cual no exist�a el concepto moderno de asistencia social que prev� el sistema jur�dico mexicano seg�n se ha precisado anteriormente.

Por lo anterior, es inexacto que del precepto constitucional en cita se advierta la incompetencia de la Asamblea Legislativa del Distrito F. para expedir la norma impugnada, pues por el contrario, la autoridad legislativa al expedir la ley cuestionada, sobre la materia de su regulaci�n est� obligada a acatar la disposici�n constitucional en comento, como efectivamente se hace en el art�culo 61 de la ley impugnada que a la letra se�ala:

"Art�culo 61. Las instituciones no podr�n adquirir m�s bienes inmuebles que los indispensables para cumplir inmediata o directamente con su objeto. La junta vigilar� que las instituciones mantengan �nicamente los bienes que se destinen al objeto de la instituci�n, procurando en su caso, que con las enajenaciones de los excedentes, el patrimonio de �stas no sufra disminuci�n."

Por lo que hace al art�culo 27, fracci�n VI de la C.�n F., la parte accionante aduce que al se�alar el art�culo 4o. de la ley impugnada que las instituciones de asistencia privada son de "utilidad p�blica", est� utilizando un t�rmino que conforme al art�culo constitucional en cita se refiere a expropiaci�n y que en trat�ndose del Distrito F. s�lo el Congreso de la Uni�n puede legislar en esa materia, por lo que entonces corresponde al citado Congreso y no a la Asamblea Legislativa expedir la ley impugnada.

El art�culo 4o. de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F. ya transcrito, dispone que "Las instituciones de asistencia privada se consideran de utilidad p�blica.".

Ahora bien, R. de P.V. en su Diccionario de Derecho se�ala, lo siguiente:

Utilidad p�blica. Recibe la calificaci�n de p�blica la utilidad que, directa, o indirectamente, aprovecha a la generalidad de las personas que integran la colectividad nacional, sin que ninguna pueda ser privada de ella, en cuanto representa un bien com�n de naturaleza material o moral. El concepto de utilidad p�blica es sumamente interesante para resolver los casos de expropiaci�n forzosa.

As� pues, si bien es cierto que el concepto de utilidad p�blica suele identificarse con el car�cter de requisito ineludible para que proceda la expropiaci�n, tambi�n lo es que no necesariamente debe referirse a tal aspecto.

En efecto, ya el art�culo 1o. de la Ley de Beneficencia Privada para el Distrito y Territorios F.es de mil novecientos cuatro, dispon�a:

... No se reputan actos de beneficencia los que no tienen un objeto de utilidad p�blica o son contrarios a la ley, a la moral o a las buenas costumbres.

En el mismo sentido, en la exposici�n de motivos de la reforma a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito y Territorios F.es de mil novecientos cuarenta y ocho, se hac�a referencia a una utilidad colectiva.

Por lo anterior, podemos se�alar que la utilidad ser� p�blica cuando beneficia en general a la colectividad y no limitativamente respecto de un �mbito material como acontece en materia de expropiaci�n.

As� pues, si como se ha reiterado la ley impugnada persigue regular la prestaci�n de un servicio socialmente necesario como lo es la asistencia social, es evidente que las instituciones que la prestan son de utilidad p�blica, sin que tal circunstancia implique de modo alguno que el Congreso de la Uni�n est� facultado para expedir la norma cuestionada.

A mayor abundamiento, debe se�alarse que el Poder Constituyente en el art�culo 123, fracci�n XXIX, de la C.�n F. acorde con lo ya se�alado, consider� a la Ley del Seguro Social como de utilidad p�blica al establecer:

Art�culo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente �til; al efecto, se promover�n la creaci�n de empleos y la organizaci�n social para el trabajo, conforme a la ley ... A. Entre los obreros, jornaleros, empleados dom�sticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: ... XXIX. Es de utilidad p�blica la Ley del Seguro Social, y ella comprender� seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesaci�n involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guarder�a y cualquier otro encaminado a la protecci�n y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

As� pues, el precepto en cita corrobora que el concepto de utilidad p�blica se refiere a un bien o servicio, material o cultural, com�n a la poblaci�n considerado de primordial importancia y no como materia propia del acto de expropiaci�n.

Por lo que hace a que el jefe de Gobierno del Distrito F., en t�rminos del apartado C, base segunda, fracci�n II, inciso b) del art�culo 122 de la C.�n estaba obligado a formular observaciones a la ley impugnada y como no lo hizo dicha norma resulta inconstitucional, debe se�alarse lo siguiente:

El precepto en cita dispone:

"Art�culo 122. Definida por el art�culo 44 de este ordenamiento la naturaleza jur�dica del Distrito F., su gobierno est� a cargo de los Poderes F.es y de los �rganos ejecutivo, legislativo y judicial de car�cter local, en los t�rminos de este art�culo ... La distribuci�n de competencias entre los Poderes de la Uni�n y las autoridades locales del Distrito F. se sujetar� a las siguientes disposiciones: ... C. El Estatuto de Gobierno del Distrito F. se sujetar� a las siguientes bases: ... Base segunda. Respecto al jefe de Gobierno del Distrito F.: ... II. El jefe de Gobierno del Distrito F. tendr� las facultades y obligaciones siguientes: ... b) Promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida la Asamblea Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la expedici�n de reglamentos, decretos y acuerdos. Asimismo, podr� hacer observaciones a las leyes que la Asamblea Legislativa le env�e para su promulgaci�n, en un plazo no mayor de diez d�as h�biles. Si el proyecto observado fuese confirmado por mayor�a calificada de dos tercios de los diputados presentes, deber� ser promulgado por el jefe de Gobierno del Distrito F.."

Del texto se�alado se advierte que se otorga al jefe de Gobierno del Distrito F. una potestad para que, si lo estima conveniente haga observaciones a las leyes que la Asamblea Legislativa le env�e para su promulgaci�n.

Esta potestad, pero respecto del presidente de la Rep�blica, est� prevista en el art�culo 72 de la C.�n F., y en la doctrina se le denomina "veto".

Esta facultad de vetar una ley, seg�n los autores, persigue una doble finalidad, primero asociar al Ejecutivo en la responsabilidad de la formaci�n de la ley y en segundo lugar la de dotarlo de una defensa contra la invasi�n del Legislativo.

As� pues, el texto del art�culo 122, apartado C, base segunda, fracci�n II, inciso b) de la C.�n F., prev� una prerrogativa y no una obligaci�n para el jefe de Gobierno del Distrito F., para hacer observaciones a las leyes que la Asamblea Legislativa le env�e para su promulgaci�n, y en consecuencia el hecho de que no las haya hecho respecto de la ley impugnada, en nada afecta la validez de la misma.

Lo mismo debe concluirse respecto del planteamiento en el sentido de que el jefe de Gobierno del Distrito F. al promulgar la ley impugnada viola el art�culo 122, apartado C, base segunda, fracci�n II, inciso a) de la C.�n F., toda vez que la citada ley la expidi� una autoridad incompetente por lo que no se cumpli� con el ordenamiento expedido por el Congreso de la Uni�n.

La fracci�n II, inciso a) del precepto en cita, se�ala:

II. El jefe de Gobierno del Distrito F. tendr� las facultades y obligaciones siguientes: a) Cumplir y ejecutar las leyes relativas al Distrito F. que expida el Congreso de la Uni�n, en la esfera de competencia del �rgano ejecutivo a su cargo o de sus dependencias.

Ahora bien, seg�n se ha desarrollado, las autoridades locales del Distrito F. poseen las facultades que les otorga el art�culo 122 de la C.�n F., las cuales deber�n de ejercerse en los t�rminos que se establezcan en el Estatuto de Gobierno del Distrito F..

El Estatuto de Gobierno precisado lo expide precisamente el Congreso de la Uni�n, y dicho ordenamiento legal en sus art�culos 42, fracci�n XIII y 48, se�alan lo siguiente:

"Art�culo 42. La Asamblea Legislativa tiene facultades para: ... XIII. Normar la protecci�n civil; justicia c�vica sobre faltas de polic�a y buen gobierno; los servicios de seguridad prestados por empresas privadas; la prevenci�n y la readaptaci�n social; la salud; la asistencia social; y la previsi�n social."

"Art�culo 48. Los proyectos de leyes o decretos que expida la Asamblea Legislativa del Distrito F., se remitir�n para su promulgaci�n al jefe de Gobierno del Distrito F., quien podr� hacer observaciones y devolver los proyectos dentro de diez d�as h�biles con esas observaciones, a no ser que, corriendo este t�rmino, hubiese la asamblea cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devoluci�n deber� hacerse el primer d�a h�bil en que la asamblea se re�na. De no ser devuelto en ese plazo, se entender� aceptado y se proceder� a su promulgaci�n. El proyecto devuelto con observaciones deber� ser discutido de nuevo por la asamblea. Si se aceptasen las observaciones o si fuese confirmado por las dos terceras partes del n�mero total de votos de los diputados presentes en la sesi�n, el proyecto ser� ley o decreto y se enviar� en los t�rminos aprobados, para su promulgaci�n."

De lo anterior, se advierte que el Congreso de la Uni�n en el Estatuto de Gobierno, facult� a la Asamblea Legislativa para legislar en materia de asistencia social y al jefe de Gobierno del Distrito F. para promulgar las leyesexpedidas por la citada asamblea.

En consecuencia, estando facultada la Asamblea Legislativa para expedir la ley impugnada y el jefe de Gobierno para promulgarla en t�rminos de la C.�n F. y del Estatuto de Gobierno del Distrito F., es evidente que este �ltimo cumpli� con la obligaci�n que le impone el inciso a), de la fracci�n II, base segunda, apartado C, del art�culo 122 de la C.�n F. para cumplir yejecutar las leyes relativas al Distrito F. que expida el Congreso de la Uni�n, como lo es el Estatuto de Gobierno, en la esfera de competencia del �rgano ejecutivo a su cargo.

S�PTIMO

En el segundo concepto de invalidez, la parte promovente aduce que la ley impugnada viola el art�culo 16 de la C.�n F. por haberse expedido por una autoridad incompetente.

En este sentido, debe precisarse que toda vez que este Tribunal Pleno de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n al analizar el primer concepto de invalidez concluy� que la Asamblea Legislativa del Distrito F. s� tiene facultad expresa conforme al art�culo 122, apartado C, base primera, fracci�n V, inciso i) de la C.�n F. para expedir la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F., entonces no existe violaci�n alguna al art�culo 16 de la propia N.F. por lo que hace a la incompetencia del �rgano legislativo emisor de la ley impugnada.

En otro aspecto, la promovente plantea que si la Asamblea Legislativa pretendi� regular la asistencia social, debi� atender al �mbito espec�fico de la misma que se deriva de la Ley General de Salud, y no a las instituciones de asistencia privada que no encuadran en ese contenido.

Es inexacto lo as� aducido atendiendo a lo siguiente:

  1. Ya en la Ley sobre Beneficencia Privada del Distrito y Territorios F.es de mil ochocientos noventa y nueve se regulaba la constituci�n, integraci�n y funcionamiento de las citadas instituciones.

  2. La Ley de Beneficencia Privada para el Distrito F. y Territorios F.es reformada en mayo de mil novecientos treinta y tres, en su art�culo 1o. establec�a la facultad del Estado para vigilar y controlar a dichas instituciones.

  3. En el documento intitulado "Diversas disposiciones relativas a la vigilancia del poder p�blico sobre las fundaciones de beneficencia privada, dictadas con anterioridad a la organizaci�n actual de la misma de mil novecientos diecinueve, se fija el derecho del poder p�blico para cuidar la recta administraci�n de los bienes de beneficencia privada ... sin necesidad de previa declaraci�n de la autoridad ni de solicitud de los interesados, sino �nica y exclusivamente por raz�n del ejercicio de las naturales y propias funciones del Estado para cuidar el bien general.".

  4. El decreto de treinta y uno de diciembre de mil novecientos treinta y siete, que crea a la S.�a de la Asistencia P�blica, en su art�culo 15-D faculta a la citada secretar�a para "la organizaci�n, vigilancia y control de las instituciones de beneficencia privada, a efecto de prestar mejor servicio social y cumplir con mayor eficacia la voluntad de los fundadores" y "la integraci�n de los patronatos de las instituciones de beneficencia privada, respetando la voluntad de sus fundadores".

    Del mismo modo, el art�culo 8o. del citado decreto dispon�a: "Los patronatos de las fundaciones de la beneficencia privada seguir�n funcionando con sujeci�n al reglamento que se formular�.".

  5. En mil novecientos cuarenta y siete, la Ley de S.�as y Departamentos de Estado otorga a la S.�a de Salubridad y Asistencia facultades para organizar, administrar, dirigir y controlar la salud, la asistencia y la beneficencia p�blica.

  6. En la exposici�n de motivos de la reforma a la Ley de Instituciones de Asistencia para el Distrito y Territorios F.es de mil novecientos cuarenta y ocho, se se�ala que las fundaciones o asociaciones de asistencia privada colaboran con el poder p�blico en la prestaci�n de uno de los servicios m�s trascendentales que la administraci�n presta a la sociedad, y se establece que dichos servicios deben ser vigilados por el Estado y cuidados con todo esmero para que redunden en el beneficio social y utilidad colectiva a que est�n dedicados.

  7. En la exposici�n de motivos de la Ley General de Salud de mil novecientos ochenta y cuatro, se dispone que en la citada ley "se moderniza la legislaci�n sanitaria, se se�alan mecanismos para que los sectores social y privado contribuyan al mejoramiento de la salud y se avanza en el proceso de racionalizaci�n de su regulaci�n".

  8. En la exposici�n de motivos de la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social de mil novecientos ochenta y seis, se reconoce que "... El Estado queda comprometido a proporcionar en forma sistem�tica servicios de asistencia social y a normar, promover y coordinar los que brinden los sectores social y privado ... Hist�ricamente la asistencia social en M�xico estaba ligada a instituciones que desarrollaban las acciones respectivas sin un marco jur�dico apropiado y atendiendo primordialmente a motivos ideol�gicos, �ticos o religiosos y no como debiera ser, en funci�n de las necesidades propias de los grupos desprotegidos. Es as� que el Estado no interviene para dar claridad y coherencia a la labor asistencial hasta mediados del siglo XIX, cuando a causa de la reforma liberal se expide en mil ochocientos sesenta y uno, el Decreto de Secularizaci�n de Establecimientos de Beneficencia, colocando a las instituciones asistenciales bajo la inspecci�n inmediata de la autoridad p�blica, la cual deb�a cuidar que dichos establecimientos fueran correctamente administrados y manejaran sus fondos con atingencia ..." y "... La preocupaci�n por otorgar a la asistencia social el adecuado marco normativo y el inter�s de coordinar los servicios que prestan las diferentes instituciones p�blicas y privadas se combinaron en los �ltimos a�os para dar como resultado la incorporaci�n a nuestro derecho de las nuevas garant�as sociales consagradas en el art�culo 4o. constitucional y su reglamentaci�n en la Ley General de Salud, que permite precisar un concepto renovado e integral de protecci�n asistencial sustentando por la interrelaci�n sistem�tica de los esfuerzos de los sectores sociales y privado, bajo la rector�a del Estado ...".

    As� pues, de lo expresado anteriormente, se advierte que la regulaci�n de la asistencia social espec�ficamente en su �mbito particular al cual se le ha denominado sector privado, siempre ha estado acompa�ado de la regulaci�n de las instituciones que prestan ese servicio como son las instituciones de asistencia privada.

    Aunado a lo anterior, debe se�alarse que contrariamente a lo que aduce la parte promovente, la Ley General de Salud en su art�culo 3o., fracci�n XVIII, se�ala como materia de salubridad general a la asistencia social y posteriormente en su art�culo 5o. dispone que el sector privado (que como ya se ha se�alado precisamente est� conformado por las instituciones de asistencia privada), forma parte del Sistema Nacional de Salud.

    El precepto en cita se�ala:

    "Art�culo 3o. En los t�rminos de esta ley, es materia de salubridad general: ... XVIII. La asistencia social."

    Art�culo 5o. El Sistema Nacional de Salud est� constituido por las dependencias y entidades de la administraci�n p�blica, tanto federal como local, y las personas f�sicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, as� como por los mecanismos de coordinaci�n de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protecci�n de la salud.

    Lo anterior se corrobora del texto del art�culo 7o. de la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, al disponer:

    Art�culo 7o. Los servicios de salud en materia de asistencia social que presten la Federaci�n, los Estados, los Municipios y los sectores social y privado, forman parte del Sistema Nacional de Salud ...

    Por todo lo expuesto, debe concluirse que cuando el art�culo 122, apartado C, base primera, fracci�n V, inciso i) de la C.�n F. faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito F. para normar la asistencia social, tal atribuci�n implica la regulaci�n de las instituciones de asistencia privada como acontece en la ley impugnada.

    En un diverso argumento, se plantea que la ley impugnada es contraria al texto constitucional pues regula aspectos relacionados con la materia civil respecto de la cual la Asamblea Legislativa del Distrito F. tuvo competencia para legislar hasta el primero de enero de mil novecientos noventa y nueve.

    Al respecto debe se�alarse que es inexacto lo aducido por la parte promovente toda vez que precisamente el C�digo Civil para el Distrito F. en Materia Com�n, y para toda la Rep�blica en Materia F. establece una regulaci�n especial para los actos que si bien son de naturaleza civil se refieren a las instituciones de asistencia privada, como se deriva de los siguientes preceptos:

    "Art�culo 1330. Las disposiciones testamentarias hechas en favor de los pobres en general o del alma, se regir�n por lo dispuesto en los art�culos del 75 al 87 de la Ley de Beneficencia Privada. Las hechas en favor de las iglesias, sectas o instituciones religiosas, se sujetar�n a lo dispuesto en los art�culos 27 de la C.�n F. y 88 de la ya citada Ley de Beneficencia."

    "Art�culo 1668. Las personas morales capaces de adquirir pueden, por conducto de sus representantes leg�timos, aceptar o repudiar herencias; pero trat�ndose de corporaciones de car�cter oficial o de instituciones de beneficencia privada no pueden repudiar la herencia, las primeras, sin aprobaci�n judicial, previa audiencia del Ministerio P�blico, y las segundas, sin sujetarse a las disposiciones relativas de la Ley de Beneficencia Privada. Los establecimientos p�blicos no pueden aceptar ni repudiar herencias sin aprobaci�n de la autoridad administrativa superior de quien dependan."

    "Art�culo 2687. Las asociaciones de beneficencia se regir�n por las leyes especiales correspondientes."

    Art�culo 2892. Respecto de los Montes de Piedad, que con autorizaci�n legal prestan dinero sobre prenda, se observar�n las leyes y reglamentos que les conciernen, y supletoriamente las disposiciones de este t�tulo.

    En consecuencia, si la ley civil respecto de los actos civiles relacionados con las instituciones de asistencia privada, remite a la ley que los regula, las disposiciones sobre testamentos, sucesiones, donativos, garant�as hipotecarias, etc�tera, que se refieran a estas instituciones, deben estar previstas en la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F. tal y como acontece en los cap�tulos II, III, IV y IX de la ley impugnada, sin que esto implique legislar en materia civil.

    Lo anterior, en modo alguno implica una derogaci�n o modificaci�n de las disposiciones civiles comunes, pues precisamente el C�digo Civil, en lo referente a la asistencia privada, remite a la ley especial como en el caso lo es la ley impugnada.

    En otro aspecto, la parte promovente aduce que la facultad que la Asamblea Legislativa posee para legislar en materia de asistencia social, no implica la de abrogar un ordenamiento dictado por el Congreso de la Uni�n como aconteci� respecto de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F..

    Al respecto debe precisarse que el art�culo 72, inciso F, de la C.�n F. dispone, lo siguiente:

    Art�culo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resoluci�n no sea exclusiva de alguna de las C�maras, se discutir� sucesivamente en ambas, observ�ndose el Reglamento de Debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones ... F. En la interpretaci�n, reforma o derogaci�n de las leyes o decretos, se observar�n los mismos tr�mites establecidos para su formaci�n.

    En este sentido, la Segunda Sala de esta Suprema C.e de Justicia de la Naci�n ha interpretado que el precepto en cita no exige que la reforma, adici�n, modificaci�n o derogaci�n de una norma legal provenga del mismo �rgano que la cre�, ni que para ello deban observarse los mismos tr�mites que los que se cumplieron para su expedici�n sino que aqu�llas se realicen conforme al procedimiento establecido en la C.�n F. para la creaci�n de leyes por parte de los �rganos facultados seg�n se actualicen los supuestos que en la propia N.F. se prev�n.

    Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis n�mero XCV/97, visible a fojas 393, Segunda Sala, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que a la letra se�ala:

    ABROGACI�N O DEROGACI�N DE REGLAMENTOS POR AUTORIDAD DISTINTA (ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL) DE QUIEN LOS EXPIDI� (PRESIDENTE DE LA REP�BLICA). NO VIOLA EL ART�CULO 72, INCISO F), CONSTITUCIONAL. Esta norma de m�xima jerarqu�a no exige que la reforma, adici�n, modificaci�n o derogaci�n de una norma legal provenga del mismo �rgano que la cre�, ni que para ello deban observarse los mismos tr�mites que en el caso particular de dicha norma se hayan cumplido para su expedici�n, sino que aqu�llas se realicen conforme al procedimiento establecido en la Carta Magna para la creaci�n de leyes por parte de los �rganos autorizados, seg�n se actualicen los supuestos que en la propia Ley Fundamental se prev�n. En este sentido, tal precepto no proh�be que los reglamentos expedidos para el Distrito F. por el presidente de la Rep�blica sean reformados, abrogados o derogados a trav�s del procedimiento ordinario previsto en el mismo numeral, por la Asamblea Legislativa del Distrito F., a quien le fueron transmitidas las funciones legislativas que ten�a el presidente de la Rep�blica antes de la enmienda constitucional, en materia de reglamentos administrativos en la Ciudad de M�xico; incluso, tampoco se proh�be que los reglamentos expedidos por esa asamblea pudieran, en su caso, ser reformados por el presidente de la Rep�blica en el supuesto de recobrar tales funciones y de realizarse las hip�tesis y observarse las formalidades previstas en la C.�n F.. Por lo anterior, el Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y Celebraci�n de Espect�culos P�blicos en el Distrito F., de 31 de julio de 1989, en cuyo art�culo tercero transitorio abroga el anterior reglamento, no transgrede las garant�as de seguridad jur�dica y legalidad.

    As� pues, por lo que hace a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito y Territorios F.es de mil novecientos cuarenta y tres, �sta fue expedida por el Congreso de la Uni�n cuando el texto constitucional lo facultaba para legislar en todo lo relativo al Distrito y Territorios F.es, es decir, el Congreso de la Uni�n actuaba como �rgano legislativo federal y como �rgano legislativo del Distrito F..

    Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis n�mero IV/91, visible a fojas 48, T.o VII-Febrero, Tercera Sala, Octava �poca y la jurisprudencia n�mero 2/92, visible a fojas 57, T.o IX-Enero, Pleno, Octava �poca, ambos documentos del Semanario Judicial de la Federaci�n, que a la letra se�alan:

    "CONGRESO DE LA UNI�N. NO TIENE PERSONALIDAD JUR�DICA DISTINTA CUANDO LEGISLA PARA LA FEDERACI�N QUE CUANDO LO HACE PARA EL DISTRITO FEDERAL. El art�culo 73, fracci�n VI, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al Congreso de la Uni�n para legislar en todo lo relativo al Distrito F., someti�ndose a las bases que en dicha fracci�n se se�alan y con las limitaciones que en la propia Ley Fundamental se precisan, en tanto que en las fracciones restantes se establecen sus facultades como Poder Legislativo de la Federaci�n. Ahora bien, el hecho de que el Congreso de la Uni�n tenga facultades como Congreso F. y como Legislatura Local, no significa que tenga distinta personalidad jur�dica al ejercer sus diversas facultades constitucionales, pues ser�a incorrecto considerar que al estar sesionando como Congreso F. y pasar a un asunto del Distrito F., suspendiera su sesi�n de Congreso para anunciar que pasa a sesionar como Legislatura Local, toda vez que se trata del mismo ente jur�dico. En consecuencia, es inexacto que el Congreso de la Uni�n al legislar para la Federaci�n y para el Distrito F. lo haga con personalidad jur�dica distinta y, por lo tanto, es tambi�n inexacto que expida como Legislatura Local, entre otros ordenamientos jur�dicos, las Leyes de Ingresos y de Hacienda del Departamento del Distrito F., con una personalidad jur�dica distinta con la que expide las leyes federales."

    "CONGRESO DE LA UNI�N. TIENE FACULTADES PARA LEGISLAR EN MATERIA FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL. El Congreso de la Uni�n s� tiene facultades para legislar en materia fiscal del Distrito F.. Lo anterior se desprende de lo que al respecto establece la C.�n General de la Rep�blica en el art�culo 73, fracci�n VI, que faculta expresamente al Congreso de la Uni�n ?para legislar en todo lo relativo al Distrito F.?; sin que para ello sea obst�culo el que dicho numeral someta el ejercicio de la facultad legislativa a las bases que la propia fracci�n VI se�ala, en tanto que la enumeraci�n de dichas bases es de car�cter enunciativo y no limitativo. Adem�s, las multicitadas bases son propiamente de car�cter org�nico respecto del gobierno del propio Distrito F., pero no constituyen enunciado restrictivo alguno en cuanto al ejercicio de la facultad legislativa que es propia del Congreso de la Uni�n."

    A partir de la reforma constitucional de octubre de mil novecientos noventa y tres, se faculta a la entonces Asamblea de Representantes del Distrito F., para legislar en materia de asistencia social.

    De igual forma, por reforma constitucional de agosto de mil novecientos noventa y seis, se establece como �rgano legislativo del Distrito F. a la Asamblea Legislativa la cual conforme al art�culo 122, apartado C, base primera, fracci�n V, inciso i) tiene facultades seg�n se ha visto para expedir la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F. que se impugna en este procedimiento.

    As� pues, si el Poder Constituyente Permanente mediante una reforma constitucional dispuso que la competencia para expedir la Ley de Instituciones de Asistencia Privada correspond�a ahora a la Asamblea Legislativa del Distrito F., privando de dicha facultad al Congreso de la Uni�n, entonces resulta acertado que el nuevo �rgano facultado para legislar en esa materia pueda abrogar la ley expedida por el �rgano anteriormente facultado para ello, aun y cuando el Poder Reformador no haya establecido en una disposici�n transitoria tal aspecto.

    En efecto, de considerar que el Congreso de la Uni�n es el facultado para abrogar la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito y Territorios F.es, tal proceder ser�a contrario al texto constitucional, pues se reitera, el �rgano legislativo federal actualmente carece de esa facultad.

    De igual forma, ser�a inaceptable que la Asamblea Legislativa del Distrito F. estuviera facultada para expedir una nueva Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F. sin tener atribuciones para abrogar la ley anterior y que por lo tanto pudieran coexistir dos normas que regularan la misma materia.

OCTAVO

En el tercer concepto de invalidez, la parte promovente aduce que la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F. es inconstitucional por existir vicios en el procedimiento legislativo y que por tanto se viola el art�culo 16 de la C.�n F..

Los vicios que se alegan son los siguientes:

  1. Las comisiones que dictaminaron la ley impugnada conforme a la ley org�nica de la asamblea y su reglamento, no ten�an competencia para ello.

  2. La convocatoria para las sesiones de las comisiones no fueron realizadas en los t�rminos quese�ala la ley.

Es inatendible el referido planteamiento.

En efecto, si en el procedimiento legislativo que culmin� con la norma impugnada, la iniciativa de ley fue dictaminada por las Comisiones de Desarrollo Social y A.�n Especial a G.V. que a juicio de la parte promovente no ten�an competencia para ello, y las convocatorias para las sesiones de las comisiones seg�n se aduce no fueron realizadas en los t�rminos que se�ala laley, tales violaciones, aun de ser fundadas no provocan la invalidez o inconstitucionalidad de la norma, pues lo cierto es que tales aspectos no incidieron en la formulaci�n del dictamen correspondiente ni en el conocimiento y aprobaci�n que el Pleno de la asamblea realiz� sobre la norma impugnada.

As� es, aun de haberse llevado el procedimiento legislativo en los t�rminos que se�ala la parte promovente, lo cierto es que de cualquier forma se formul� el dictamen y el Pleno de la Asamblea Legislativa lo aprob�.

Conviene resaltar tambi�n que no se impugna el resultado de la votaci�n y que el procedimiento legislativo simplemente es un cauce que permite llegar con un proyecto al Pleno de la Asamblea Legislativa para su votaci�n.

Por �ltimo, la parte promovente aduce que la ley impugnada en su art�culo segundo transitorio pretende abrogar la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito y Territorios F.es, la cual es inexistente pues la norma que en su caso debi� abrogarse es la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F..

Es infundado lo as� manifestado.

En efecto, el art�culo segundo transitorio de la ley impugnada, se�ala:

Transitorio "Segundo. Se abroga la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito y Territorios F.es, publicada el dos de enero de mil novecientos cuarenta y tres en el Diario Oficial de la Federaci�n, as� como todas sus reformas.".

Ahora bien, es inexacto que la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito y Territorios F.es, publicada el dos de enero de mil novecientos cuarenta y tres en el Diario Oficial de la Federaci�n fuera inexistente.

En efecto, la ley en cita como ya se precis�, se public� el dos de enero de mil novecientos cuarenta y tres, y fue modificada por reformas de diecisiete de julio del mismo a�o, veintiocho de febrero de mil novecientos cuarenta y cuatro, ocho de marzo de mil novecientos cuarenta y ocho, veintid�s de abril del mismo a�o, veintitr�s de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, quince de mayo de mil novecientos setenta y ocho, primero de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, veintis�is de enero de mil novecientos ochenta y siete y siete de enero de mil novecientos noventa y uno.

De las citadas reformas para lo que al caso interesa, destaca la publicada el veintitr�s de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, pues por virtud de �sta se cambi� la denominaci�n de la norma para establecerla como: "Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F.".

Las circunstancias que se tomaron en cuenta para dicha reforma seg�n la exposici�n de motivos son las siguientes:

"? Los Territorios F.es han desaparecido de nuestra realidad jur�dico-pol�tica. La iniciativa para reconocer constitucionalmente el rango de entidades federativas a los antiguos territorios de la Baja California Sur y de Q.R., fue aprobada por el Poder Constituyente Permanente y el art�culo 43 de la C.�n General de la Rep�blica que se�ala las partes integrantes de la Federaci�n, fue complementando con el nombre de los nuevos Estados. Asimismo, aprob� las reformas constitucionales necesarias para remodelar las disposiciones vigentes para los Territorios F.es, contenidas en el cuerpo de nuestra Carta Fundamental. Ahora es necesario reformar la legislaci�n del orden com�n que se ha mantenido vigente para el Distrito F. y los Territorios ? En atenci�n a las consideraciones expresadas, el Ejecutivo de la Uni�n ha juzgado pertinente iniciar ante esa C�mara, las reformas a la legislaci�n de la que se deriva una regulaci�n de los hechos y actos jur�dicos que generan derechos y obligaciones para los habitantes y las autoridades de los antiguos territorios. De esta manera, la legislaci�n secundaria en vigor simult�neamente para la Federaci�n, el Distrito F. y los Territorios, deben reformarse para, en uso de sus respectivas soberan�as, los Constituyentes y las Legislaturas ordinarias Estatales, en materias que son propias del r�gimen local, fijen los alcances de las nuevas normas que adopten y regular su convivencia al interior, as� como tambi�n para redefinir el �mbito espacial de validez de los supuestos normativos en el orden federal ? Proyecto de decreto.-De reformas a la Ley de S.�as y Departamentos de Estado; Ley de Amparo; Ley F. Electoral; Ley F. del Trabajo; Ley del Seguro Social; Ley F. de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Art�culo 123 C.onal; Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federaci�n, del Distrito y Territorios F.es y de los Altos Funcionarios de los Estados; Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; Ley F. de Educaci�n; Ley Reglamentaria de los Art�culos 4o. y 5o. C.onales en Materia de Profesiones para el Distrito y Territorios F.es; Ley F. sobre M. y Zonas Arqueol�gicos, Art�sticos e Hist�ricos; Ley General de Bienes Nacionales; Ley de Terrenos Bald�os, Nacionales y D.�as; Ley Reglamentaria del Art�culo 27 C.onal en Materia de Explotaci�n y Aprovechamiento de Recursos Minerales; Ley de Inspecci�n de Adquisici�n; Ley de Inspecci�n de Contratos y Obras; Ley F. de Reforma Agraria; Ley F. de Aguas; Ley Forestal; Ley del Impuesto sobre la Explotaci�n Forestal; Ley de Educaci�n Agr�cola; Ley F. para Prevenir y Controlar la Contaminaci�n Ambiental; Ley F. para el Fomento de la Pesca; Ley de la Propiedad Industrial; Ley F. de Estad�stica; Ley de las C�maras de Comercio y de las Industrias; Decreto que establece Bases para el Funcionamiento de la Comisi�n F. de Electricidad; C�digo de Comercio; Ley General de Instituciones de Cr�dito y Organizaciones Auxiliares; Ley F. de Instituciones de Fianzas; Ley General de Instituciones de Seguros; C�digo Fiscal de la Federaci�n; Ley del Impuesto sobre la Renta; L.F. del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles; Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Autom�viles; L.O.�nica del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n; Ley F. de Armas de Fuego y Explosivos; Ley sobre las caracter�sticas y el uso del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales; Ley de V�as Generales de Comunicaci�n; Ley de Navegaci�n y Comercio Mar�timos; C�digo Civil para el Distrito y Territorios F.es en Materia Com�n, y para toda la Rep�blica en Materia F.; C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito F. y Territorios; C�digo Penal para el Distrito y Territorios F.es en Materia de Fuero Com�n, y para toda la Rep�blica en Materia de Fuero F.; C�digo de Procedimientos Penales del Distrito y Territorios F.es; Ley que establece las Normas M�nimas sobre Readaptaci�n Social de Sentenciados; Ley sobre el R�gimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles, para el Distrito y Territorios F.es; Ley del Notariado para el Distrito F. y Territorios; Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito y Territorios F.es; L.O.�nica del Poder Judicial de la Federaci�n; L.O.�nica de la Procuradur�a General de Justicia del Distrito y Territorios F.es; L.O.�nica de los Tribunales de Justicia del Fuero Com�n del Distrito y Territorios F.es; Ley que crea los Consejos Tutelares para Menores Infractores del Distrito y Territorios F.es; L.O.�nica del Tribunal Fiscal de la Federaci�n; L.O.�nica de la Tesorer�a de la Federaci�n, y se abroga la L.O.�nica del Distrito y Territorios F.es de 31 de diciembre de 1928 ?"

As� pues, de lo expresado se advierte que es inexacto que el art�culo segundo transitorio de la ley impugnada al se�alar que abroga la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito y Territorios F.es, se refiera a una ley inexistente, pues como se vio aun cuando la denominaci�n correcta de la citada norma es la de Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F. a partir del veintitr�s de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, la cita inexacta de su denominaci�n no puede llegar al extremo de estimar que no se abrog� la ley respectiva.

En consecuencia y en atenci�n a todo lo expuesto, al ser infundados los conceptos de invalidez propuestos, procede reconocer la validez de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F..

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

Es procedente pero infundada la presente acci�n de inconstitucionalidad promovida por diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito F..

SEGUNDO

Se reconoce la validez de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito F..

TERCERO

Publ�quese esta resoluci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n.

Notif�quese; haci�ndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad arch�vese el expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n en Pleno, por unanimidad de once votos de los se�ores Ministros A.A., A.G.�itr�n, C. y C., D�az R., A.A.�n, G.�o P., O.M., R.P., S.C., S.M. y presidente G�ngora P.. Fue ponente en este asunto el se�or Ministro G.I.O.M..

Nota: Los rubros a que se alude al inicio de esta ejecutoria corresponden a las tesis P./J. 86/99, P./J. 83/99 y P./J. 88/99, publicadas en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.o X, septiembre de 1999, p�ginas 613, 614 y 699, respectivamente. De la misma resoluci�n tambi�n derivaron las tesis P./J. 85/99, P./J. 87/99, P./J. 84/99 y P./J. 89/99, de rubros: "ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. EL EMPLEO DE LOS VOCABLOS EXPEDIR, LEGISLAR Y NORMAR EN EL ART�CULO 122, APARTADO C, F.V., DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL SE REFIEREN A SU FACULTAD DE EXPEDIR LEYES.", "INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL EXPIDI� LA LEY RELATIVA EN USO DE SUS FACULTADES EXPRESAS.", "INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL TIENE FACULTADES PARA EXPEDIR LA LEY RELATIVA." e "INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL. LA POSIBLE PARTICIPACI�N DE UNA AUTORIDAD FEDERAL EN LA INTEGRACI�N DE LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA NO DETERMINA LA COMPETENCIA DEL CONGRESO DE LA UNI�N PARA EXPEDIR LA LEY RELATIVA.", publicadas en las p�ginas 613, la primera; 699, la segunda; 700, la tercera, y 701, la �ltima, de esta misma publicaci�n.

Las tesis de rubros: "FACULTADES EXPRESAS DE LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL. NO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE SE ESTABLEZCAN LITERALMENTE EN LA CONSTITUCI�N." y "ABROGACI�N O DEROGACI�N DE REGLAMENTOS POR AUTORIDAD DISTINTA (ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL) DE QUIEN LOS EXPIDI� (PRESIDENTE DE LA REP�BLICA). NO VIOLA EL ART�CULO 72, INCISO F), CONSTITUCIONAL.", citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.o II, diciembre de 1995, p�gina 132, tesis P./J. 40/95 y T.o VI, septiembre de 1997, p�gina 393, tesis 2a. XCV/97, respectivamente.