Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 29072205

Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Localizacion:JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Marzo de 2001
RESUMEN

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 4/2000. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LXVIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.CATASTRO. EL ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY CORRESPONDIENTE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (ADICIONADO POR DECRETO NÚMERO 244, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA ENTIDAD, EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE), NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD 4/2000. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LXVIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LE�N.

MINISTRO PONENTE: J.V.A.A.�N.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAG�N.

M�xico, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al d�a quince de febrero de dos mil uno.

VISTOS; y

RESULTANDO:

PRIMERO

Por escrito presentado el doce de enero de dos mil, en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, T.R.J.�rez, Mar�a E.C.H.�ndez, R.S.C.�, L.C.T.�o B., Eliud T�mez G�mez, O. �ngel R.�guez Su�rez, M.J.�s Pe�a Garza, E.N.V., A.B. de la Garza Tijerina, M.P.�a D., C�sar L.C.H., J.R.�guez C.�n, L.G.G.�lez y �scar J.A.G., ostent�ndose como diputados locales integrantes de la Sexag�sima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo Le�n, promovieron acci�n de inconstitucionalidad, demandando la invalidez del Decreto N�mero "244", el cual reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Catastro, expedido el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, emitido por el Congreso del Estado de Nuevo Le�n y promulgado por el gobernador constitucional de dicha entidad.

SEGUNDO

La parte actora estima que la norma cuya invalidez demanda, es violatoria de los art�culos 14, 16 y 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Pol�tica Federal.

TERCERO

En la demanda se se�alan como antecedentes del caso, en s�ntesis, los siguientes:

Que el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, en sesi�n ordinaria del Congreso del Estado de Nuevo Le�n, se present� dictamen de la Comisi�n de Hacienda sobre la iniciativa de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley del Catastro, siendo aprobadas por la mayor�a simple de sus integrantes, es decir, la mitad m�s uno de los diputados asistentes a la sesi�n (art�culo 141, inciso a) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Local), constituy�ndose as� el decreto impugnado, el cual fue promulgado por el gobernador del Estado, public�ndose en el P.�dico Oficial de la entidad el treinta y uno de diciembre del a�o indicado.

CUARTO

En la demanda se se�al� como primer concepto de invalidez en lo medular:

  1. Que los preceptos 7o., 9o., 11, 19, 20, 23 bis, 25 y 26 que contiene el Decreto "244" que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Catastro del Estado de Nuevo Le�n, son violatorios del principio de legalidad que consagra la fracci�n IV del art�culo 31 de la Constituci�n Federal y, por consecuencia, de los numerales 14 y 16 de la citada N.S., pues aun cuando la fracci�n IV del numeral 31 citado, establece como obligaci�n de los gobernados la contribuci�n para los gastos p�blicos, dispone que debe ser de la manera proporcional y equitativa que se�alen las leyes.

  2. Que el principio de legalidad que consagra el precepto aludido, se hace consistir en que la carga tributaria est� establecida en una ley emanada del Legislativo y que sus elementos est�n consignados de manera expresa en �sta, no dando lugar a alguna arbitrariedad por las autoridades exactoras para el cobro de impuestos imprevisibles, a fin de que el sujeto pasivo pueda en todo momento conocer la forma cierta de su contribuci�n.

  3. Que de la interpretaci�n arm�nica de los preceptos cuya invalidez se demanda, se advierte que el Congreso del Estado deleg� a favor de la D.�n de Catastro, dependiente del Poder Ejecutivo de la entidad, la facultad de formular proyectos de bases generales por unidades tipo, los que ser�n revisados y aprobados por las Juntas Municipales Catastrales y posteriormente revisadas por una Junta Central Catastral, constituyendo lo anterior una delegaci�n inconstitucional de facultades, impidiendo a los contribuyentes conocer en forma cierta y segura la forma de pago del impuesto predial.

  4. Que el art�culo 19, cuya invalidez se demanda, no consigna la �poca o circunstancias en que puedan ser objeto de revisi�n las bases generales de valores por unidades tipo, dejando al arbitrio de la autoridad administrativa tal determinaci�n, y al se�alar el dispositivo indicado que dichas bases podr�n ser objeto de revisi�n parcial o total cuando las circunstancias econ�micas o la inflaci�n lo justifiquen, se deja en estado de indefensi�n a los contribuyentes al no indicar la ley, qu� debe entenderse por circunstancias econ�micas, o cu�les son los factores determinantes para motivar la revisi�n o, los casos de justificaci�n de una circunstancia econ�mica o inflacionaria que d� lugar para proceder a la revisi�n.

  5. Que al efectuarse la delegaci�n de facultades por el Congreso del Estado a las autoridades administrativas para la determinaci�n del valor catastral base del impuesto predial, permitiendo que se formulen los aval�os en la forma y t�rminos que se precisen mediante disposici�n reglamentaria, se violentan los numerales 14, 16 y 31, fracci�n IV, de la Constituci�n, pues dicha N.S. atribuye al citado Congreso la facultad de crear impuestos.

  6. Que "atribuci�n" y "facultad" no son sin�nimos, pues el primero contiene la idea de deber y los deberes que importan el cumplimiento de una funci�n propia no son delegables, excepto cuando la Carta Suprema confiere expresamente esa facultad, que una delegaci�n s�lo es v�lida, cuando el ejercicio de la atribuci�n no es privativo o exclusivo de la autoridad que lo delega; que ni el Poder Ejecutivo ni ning�n otro pueden ejercer competencias que les est�n constitucionalmente vedadas.

  7. La parte accionante cit� en apoyo a los anteriores conceptos las tesis de los rubros: "IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY.", "IMPUESTO PREDIAL. SON INCONSTITUCIONALES LAS LEYES QUE FACULTAN A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS A ACTUALIZAR, POR MEDIO DE TABLAS DE VALORES CATASTRALES, LA BASE GRAVABLE DEL TRIBUTO (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE SINALOA)." e "IMPUESTO PREDIAL. EL ART�CULO 66, REFORMADO, DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PREVIENE LA ACTUALIZACI�N DE LOS VALORES CATASTRALES, ES INCONSTITUCIONAL.".

  8. Sostiene la parte accionante, que los art�culos 7o., 9o., 23, 25 y 26 de la Ley del Catastro, cuya invalidez se demanda, contravienen lo dispuesto por la N.S., al implicar delegaci�n inconstitucional de atribuciones del Congreso hacia una dependencia del Ejecutivo, pues renuncia a la facultad legislativa que consignan a su favor los preceptos 31, fracci�n IV constitucional y "63 fracci�n I" (sic) de la Constituci�n Estatal.

  9. En apoyo a la anterior consideraci�n, la parte accionante cit� las jurisprudencias de los rubros: "FACULTADES EXTRAORDINARIAS. SON INCONSTITUCIONALES LAS CONCEDIDAS AL GOBERNADOR DE UN ESTADO, FUERA DE LOS CASOS PERMITIDOS POR LA CONSTITUCI�N (LEY N�M. 6 DE PLANIFICACI�N PARA EL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE)." y "DELEGACI�N DE FACULTADES PARA LEGISLAR. COMPETENCIA DE LAS SECRETAR�AS DE ESTADO.".

  10. A. tambi�n la accionante, que aunque la Ley del Catastro fije requisitos al Ejecutivo para determinar la base del impuesto predial, el legislador debe ser quien la apruebe, sin que ello quiera decir que �ste deba ser quien determine el valor catastral o base gravable del impuesto, ya que al legislador no le corresponde aplicar la ley tributaria, sino s�lo aprobar los elementos esenciales del tributo, a fin de que el Ejecutivo no pueda obtener el impuesto que m�s le plazca, por lo que al delegarse la base gravable del impuesto predial se vulnera el "principio de reserva de ley" y "legalidad".

    En el segundo de los conceptos de invalidez, esencialmente se sustenta:

  11. Que los art�culos 7o., 9o., 11, 19, 20, 23 bis, 25 y 26 del decreto que motiva esta acci�n de inconstitucionalidad, contravienen las garant�as de legalidad que consagran los art�culos 31, fracci�n IV, 14 y 16 de la Constituci�n Federal, pues el primero de los numerales constitucionales citados en la fracci�n indicada, contempla la obligaci�n de contribuir a los gastos p�blicos mediante el cobro de impuestos determinados en ley, lo cual implica que los elementos de toda contribuci�n se encuentren establecidos mediante acto formal y materialmente legislativo, seg�n el criterio sustentado por esta Suprema Corte, bajo el rubro: "IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY.".

  12. Que el an�lisis arm�nico de los art�culos 2o. del C�digo Fiscal del Estado de Nuevo Le�n, 1o. y 26 de la Ley del Catastro, 1o., 21 bis, 21 bis-2 y 21 bis-7 de la Ley de Hacienda para los Municipios de dicha entidad, permite advertir: a) Que son leyes fiscales en el Estado, la de Hacienda para los Municipios y la de Catastro; b) Que la citada Ley de Hacienda en su "cap�tulo I bis" establece como gravamen a cargo de los contribuyentes neoleoneses el "impuesto predial"; c) Que la valuaci�n catastral de los predios (determinaci�n de la base gravable del impuesto predial), se practicar� en la forma y t�rminos que se�ala la Ley del Catastro, lo que aparenta cumplir con el principio de legalidad tributaria, al encontrarse supuestamente determinada en dicha ley la base del impuesto predial, pero de la lectura de los art�culos 7o., 9o., 11, 19, 23 bis, 25 y 26, cuya invalidez se demanda, se desprende que la determinaci�n de la base gravable del impuesto predial no emana de un acto formal legislativo, al delegarse tal atribuci�n a las "Juntas Municipales Catastrales", a la "D.�n de Catastro" y a la "Junta Central Catastral".

  13. Que al otorgarse en los preceptos cuya invalidez se demanda, a la autoridad administrativa, una atribuci�n que por ley corresponde al Congreso del Estado (determinaci�n de la base gravable del impuesto predial), se hace evidente la inconstitucionalidad de dichos numerales, ya que un elemento esencial de la contribuci�n no se encuentra establecido en un acto formal y material legislativo, quedando por consecuencia indebido margen para la arbitrariedad de la autoridad exactora para el cobro de impuestos imprevisibles.

    En el tercero de los conceptos de invalidez, medularmente se argumenta:

  14. Que los preceptos cuya invalidez se demanda, y particularmente el 11 de los mismos, son violatorios del principio de seguridad jur�dica que consagra el primer p�rrafo del art�culo 16 de la Constituci�n Federal, al otorgar a la D.�n de Catastro �mbito competencial indefinido, toda vez que el citado precepto constitucional establece la garant�a de seguridad jur�dica que condiciona los actos de molestia inherentes a las relaciones entre gobernantes y gobernados, y tal garant�a implica el conjunto de facultades que la ley reserva a determinado �rgano del Estado, por lo que si el acto de molestia emana de autoridad que al dictarlo o ejecutarlo se excede en sus facultades, se violenta la misma.

  15. Que el contenido del art�culo 11 del decreto que motiva la acci�n de inconstitucionalidad, viola la garant�a de seguridad jur�dica establecida en el citado art�culo 16 constitucional, al no determinar en forma cierta, precisa, expresa y limitada, la competencia (suma de atribuciones) que se pretende otorgar a la D.�n de Catastro, no obstante que esta Suprema Corte de Justicia emiti� jurisprudencias en las cuales determina la esfera competencial de los �rganos de autoridad, de los rubros: "AUTORIDADES.-Las autoridades s�lo pueden hacer lo que la ley les permite.", "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACI�N ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", citando la accionante tambi�n la tesis de rubro: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, FACULTADES DE LAS AUTORIDADES DEBEN ESTAR EXPRESAMENTE ESTABLECIDAS EN LA LEY.".

    En el cuarto de los conceptos de invalidez, en s�ntesis sostiene la parte accionante:

  16. Que los preceptos cuya invalidez se demanda, en particular el vig�simo segundo transitorio, resulta violatorio del principio de legalidad que consagra la fracci�n IV del art�culo 31 constitucional, en cuanto establece el incremento en las bases generales de valores por unidades tipo, y en los valores catastrales de los predios ubicados en el Estado, ya que contraviene las garant�as de legalidad, proporcionalidad y equidad que consagra el precepto constitucional citado en la fracci�n indicada, al prever la aplicaci�n del incremento citado hasta en un trece por ciento.

  17. Que lo anterior se realiza sin consignar en la ley base alguna para poder precisar en qu� casos se aplicar� el monto m�nimo, medio o m�ximo del rango porcentual indicado, dejando al arbitrio de la autoridad administrativa la determinaci�n de los elementos fundamentales (base gravable) del impuesto predial, sin definir los elementos y supuestos de la obligaci�n tributaria, es decir, los hechos imponibles, sujetos pasivos, objeto, base y cantidad de la prestaci�n, de tal modo que a la autoridad exactora no le quede ning�n margen de discrecionalidad en cuanto a su determinaci�n, sino que su funci�n se constri�a a aplicar a los casos concretos las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas por el Poder Legislativo.

  18. Que la ilegalidad del citado art�culo vig�simo segundo transitorio, se hace evidente al expresar �ste en su parte final: "... En ning�n caso los valores catastrales podr�n rebasar el valor actual real de los inmuebles ...", ya que la determinaci�n del valor actual real de los bienes inmuebles ubicados en el Estado es atribuci�n del Ejecutivo, a trav�s de la D.�n de Catastro, seg�n lo dispuesto por el art�culo 29 de la ley correspondiente, por lo que con el precepto combatido se deja en manos de la autoridad administrativa la determinaci�n discrecional del valor catastral de los referidos bienes y, por ende, tal dispositivo viola la garant�a de legalidad tributaria contenida en el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal.

  19. En lo relativo, la parte accionante cit� las jurisprudencias de los siguientes rubros: "IMPUESTO PREDIAL. EL ART�CULO 66, REFORMADO, DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PREVIENE LA ACTUALIZACI�N DE LOS VALORES CATASTRALES, ES INCONSTITUCIONAL." y "PREDIAL. EL ART�CULO 66 DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE DEL 1o. DE ENERO DE 1981 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1982, QUE ESTABLECE EL IMPUESTO CITADO, ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONTENIDO EN EL ART�CULO 31, FRACCI�N IV, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL.".

    En el quinto de sus conceptos de invalidez, la accionante refiere de manera toral:

  20. Que el art�culo vig�simo segundo transitorio del Decreto "244" que motiva esta acci�n de inconstitucionalidad, contraviene las garant�as de legalidad, proporcionalidad y equidad que consagra el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal, porque el incremento determinado en �ste, mediante una f�rmula porcentual fija, no revela la capacidad contributiva de los propietarios de inmuebles, puesto que se aparta del valor real de sus propiedades, contrari�ndose el principio de proporcionalidad; que al establecerse la posibilidad de que el impuesto predial se determine conforme a valores apartados del valor real, se viola el principio de equidad, puesto que no se precisa en la ley, procedimiento alguno que sirva para fijar los criterios de valuaci�n de cada predio.

  21. Que la aplicaci�n de un porcentaje fijo de incremento para todos los inmuebles ubicados en el Estado resulta arbitrario, ya que cada lote de terreno y propiedad tienen distinto valor por sus dimensiones, cercan�a a las avenidas, orientaci�n, ubicaci�n y otros factores, por lo que el procedimiento para la determinaci�n de la base gravable del impuesto predial que se consigna en el precepto de m�rito, da lugar a que quien tiene un inmueble de valor real elevado, pague menos que el que tiene un inmueble de valor inferior; que se infringe el principio de legalidad al otorgarse a la autoridad administrativa y no al Congreso del Estado, la determinaci�n de la base gravable de dicha contribuci�n.

  22. En apoyo a sus consideraciones anteriores, la parte accionante cit� las jurisprudencias de los rubros: "PREDIAL. INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS FRACCIONES III Y IV DEL ART�CULO 22 DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1983, EN CUANTO VIOLA EL ART�CULO 31, FRACCI�N IV, DE LA C. e "IMPUESTO PREDIAL. SON INCONSTITUCIONALES LAS LEYES QUE FACULTAN A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS A ACTUALIZAR, POR MEDIO DE TABLAS DE VALORES CATASTRALES, LA BASE GRAVABLE DEL TRIBUTO (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE SINALOA).".

    En el sexto de sus conceptos de invalidez, la parte accionante s�lo reitera, en esencia, lo argumentado en el cuarto y quinto de �stos, sintetizados con antelaci�n, citando en apoyo de sus consideraciones las jurisprudencias de los rubros: "IMPUESTO PREDIAL. EL ART�CULO 66, REFORMADO, DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PREVIENE LA ACTUALIZACI�N DE LOS VALORES CATASTRALES, ES INCONSTITUCIONAL." e "IMPUESTO PREDIAL, EL ART�CULO 66 DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, REFORMADO POR EL DECRETO DE 30 DE DICIEMBRE DE 1980, ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE CONSAGRA EL ART�CULO 31, FRACCI�N IV, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL, EN CUANTO AL SISTEMA DE VALUACI�N DE PREDIOS QUE ESTABLECE PARA LOS EFECTOS DEL.".

QUINTO

Mediante prove�do de diecisiete de enero de dos mil, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n orden� formar y registrar el expediente relativo a la presente acci�n de inconstitucionalidad y turnar el asunto al Ministro Jos� V.A.A.�n, a fin de que instruyese el procedimiento y formulara el proyecto de resoluci�n respectivo.

Por auto de dieciocho de enero de dos mil, el Ministro instructor admiti� a tr�mite la demanda y orden� emplazar a los �rganos demandados para que rindieran sus respectivos informes.

SEXTO

Por escrito de diecis�is de febrero del a�o dos mil, el presidente, el primer y segundo secretarios de la mesa directiva por el periodo extraordinario de la Sexag�sima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo Le�n, rindieron informe en el que, en lo conducente, precisaron:

  1. En relaci�n con el primer concepto de invalidez, que es cierta la emisi�n del decreto cuya invalidez, se demanda, aprobado en sesi�n de la legislatura el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, misma en la que participaron en la discusi�n y aprobaci�n los accionantes, quienes estuvieron de acuerdo; que es inexacto que en el citado decreto se delegue a la autoridad administrativa la facultad de determinar a capricho la base gravable del impuesto predial; que los art�culos 7o., 8o., 19, 20, 23 bis, 25 y 26 de la Ley del Catastro, no liberan en forma alguna la determinaci�n de las bases generales de valores por unidades tipo, ni los valores catastrales de los inmuebles, ya que el art�culo 20 proh�be a la autoridad administrativa la modificaci�n de tales valores, salvo el caso en que el Congreso Local determine un porcentaje modificatorio aplicable.

  2. Que el diverso 19 del ordenamiento invocado, si bien pudiera entenderse que permite la revisi�n de valores catastrales en cualquier momento, �ste forma parte integral de un mecanismo tendiente a proporcionar legalidad a la actuaci�n de la autoridad administrativa, pues al establecer la revisi�n de las bases generales de valores unitarios, obliga a que su nueva determinaci�n o modificaci�n sea notificada al particular, a fin de que �ste se encuentre en facultad de impugnar tal determinaci�n de conformidad con los art�culos 26 y 30 bis de la Ley del Catastro para que la autoridad compruebe que su modificaci�n es justificada legalmente; en lo referente al art�culo vig�simo segundo transitorio impugnado, su vigencia s�locorresponde al a�o dos mil y s�lo procede el incremento establecido en �ste si la autoridad administrativa comprueba una justificaci�n econ�mica, por lo que en ning�n momento se faculta a la autoridad administrativa para que modifique valores catastrales de los predios, sino exclusivamente para que realice el trabajo de campo que la Ley del Catastro y su reglamento estipulan para realizar los proyectos relativos.

  3. Que el decreto impugnado no constituye ninguna norma tributaria y para que se considere como tal, es necesario que en �sta queden definidos, sujeto, objeto o hecho imponible, tasa o tarifa, que al no contener tales supuestos el decreto impugnado, resulta infundado que pueda ser violatorio del art�culo 31, fracci�n IV, constitucional; que las bases generales de valores por unidades tipo y los valores catastrales de los predios, sirven de base para el impuesto predial y su valuaci�n debe ser practicada en la forma y t�rminos que se�ale la Ley de Hacienda y la Ley del Catastro, atendiendo al objeto de dicho impuesto y a quienes son sujetos del mismo; que para que pudiera considerarse una norma tributaria en contradicci�n a los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad deber�a relacionarse con la obligaci�n conducente de los contribuyentes.

  4. Que el pago de los tributos que proporciona la riqueza gravada se puede conseguir mediante la utilizaci�n de tasas progresivas pero tambi�n con tasas fijas que atiendan a la capacidad contributiva; esta Suprema Corte, al respecto, sustent� el criterio del rubro: "IMPUESTO PREDIAL. EL ART�CULO 21 BIS-8, TERCER P�RRAFO, DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE NUEVO LE�N, PUBLICADO EN EL PERI�DICO OFICIAL DE ESE ESTADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1993, NO ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA."; que no existe ninguna violaci�n al principio de legalidad por virtud de que la Ley de Hacienda prev� el impuesto predial y remite para su valuaci�n a la Ley del Catastro, la cual establece el mecanismo y procedimiento correspondiente para ello, ya que se contempla en funci�n de las normas que establecen los elementos esenciales y no de aquellas que se�alan las formalidades para determinar la base gravable.

  5. Que el art�culo 21 de la Ley del Catastro, contempla que las bases generales no deben exceder del valor comercial del bien y es en el reglamento de la ley donde queda establecido el procedimiento para formular los aval�os; que los accionantes no acreditan sus conceptos de invalidez, adem�s de que no es en los preceptos que contiene el decreto impugnado en donde quedan establecidos los elementos y supuestos de la obligaci�n tributaria relativa al impuesto predial, no existe contradicci�n entre �stos y los art�culos de la Constituci�n Federal; que en ninguna parte de los preceptos impugnados se contiene facultad alguna para que la autoridad administrativa en forma arbitraria haga la aplicaci�n conducente del impuesto; que en el caso, tienen aplicaci�n los criterios de este Alto Tribunal de los rubros: "CATASTRO. LOS ART�CULOS 30 Y 55 DE LA LEY CORRESPONDIENTE DEL ESTADO DE SINALOA, AS� COMO EL 18 DE SU REGLAMENTO, NO SON VIOLATORIOS DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA." e "IMPUESTO PREDIAL.".

  6. Que el contenido de los preceptos cuya invalidez se demanda se ajusta a las prescripciones constitucionales, m�xime si se atiende a que se determin� que �ste no deber� rebasar el valor real de los inmuebles y los particulares tienen oportunidad de defensa; que las tesis a que alude la parte accionante, referentes al Distrito Federal, son inaplicables en el caso y ya fueron superadas.

    En relaci�n con el segundo concepto de invalidez:

  7. Que el incremento en las bases generales de valores por unidades tipo y valores catastrales de los predios en t�rminos de lo previsto por el art�culo 20 de la Ley del Catastro, qued� precisado en el vig�simo segundo transitorio del decreto impugnado y tal no representa ninguna contribuci�n ni establece impuesto alguno, por lo que no es contradictorio a lo previsto por el diverso 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal.

  8. Que los elementos esenciales del impuesto predial est�n definidos en la Ley de Hacienda para los Municipios, por lo que al no impugnarse los preceptos relativos de dicho ordenamiento, de los cuales surge la obligaci�n tributaria, devienen infundados los conceptos de violaci�n aducidos en el correlativo que se contesta; que para la aplicaci�n de la Ley de Ingresos de Hacienda, Catastro y su reglamento, las autoridades municipales act�an de acuerdo con las facultades que les otorga la ley; que los accionantes no muestran la inconstitucionalidad del decreto impugnado ni c�mo se deja al arbitrio de la autoridad administrativa, como argumentan, la determinaci�n de los elementos fundamentales del impuesto predial, pues los preceptos impugnados no impiden que los sujetos pasivos del impuesto conozcan en forma cierta el importe a pagar por la contribuci�n; que los accionantes no advierten la diferencia entre las normas tributarias y aquellas que prev�n variables sin afectar el impuesto.

    En relaci�n con el tercer concepto de invalidez:

  9. Que el art�culo 1o. de la Ley del Catastro establece que �sta es para realizar el control y valorizaci�n de los inmuebles ubicados en el Estado y los diversos 4o. al 9o. delimitan a las autoridades administrativas que intervienen en el proceso, as� como sus facultades; que de lo anterior deviene infundado que el art�culo 11 impugnado resulte inconstitucional, pues atendiendo a lo dispuesto en el diverso 9o., se aprecia que las facultades de la D.�n de Catastro se encuentran limitadas por la ley.

    En relaci�n con el cuarto concepto de invalidez se precisa:

  10. Que el mismo es infundado, pues en principio se omite hacer una relaci�n l�gico-jur�dica en relaci�n con la Ley de Ingresos y la Ley de Hacienda donde se establece el objeto del impuesto y dem�s conceptos inherentes; que este Alto Tribunal, al respecto, emiti� la jurisprudencia de la voz: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACI�N DE DOS NORMAS DISTINTAS QUE LO FUNDAMENTAN. ES IMPROCEDENTE SI S�LO SE IMPUGN� UNA DE ELLAS, CUANDO EL ACTO SUBSISTE APOY�NDOSE EN LA OTRA NORMA QUE NO SE COMBATI�.".

  11. Que no se violan los principios contenidos en el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal con el acto impugnado, porque dicho precepto no proh�be la instauraci�n de la tasa proporcional del impuesto predial; que en ning�n momento se ver� afectada la capacidad contributiva de quienes deban pagar el impuesto y no existe violaci�n al principio general de legalidad ni violaci�n al art�culo 14 de la Constituci�n Federal; que en el caso, los caracteres necesarios del impuesto, forma, contenido y alcance, est�n consignados en la Ley de Ingresos, de Hacienda para los Municipios, del Catastro y su reglamento, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos impredecibles.

    En relaci�n con el quinto concepto de invalidez se�al�:

    Que el decreto impugnado no viola el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal, ya que es infundado que no se precise en la ley el procedimiento para fijar los criterios de valuaci�n en cada predio; que en el caso, no hay infracci�n aun cuando se otorguen facultades a la autoridad administrativa para la determinaci�n de la base gravable, por lo que son inaplicables las diversas tesis que cita la accionante relativas al Distrito Federal.

    En relaci�n al sexto concepto de invalidez aduce:

    Que el mismo es infundado, pues en �ste no se hace una relaci�n l�gico-jur�dica en funci�n de la Ley de Ingresos, adem�s de que el mismo resulta confuso al ser reiterativo con lo argumentado en los anteriores.

    Por su parte, el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo Le�n manifest�:

  12. Que son infundados el primer y segundo conceptos de invalidez que aducen los accionantes, por virtud de que de la interpretaci�n arm�nica de la Ley del Catastro y su reglamento, se desprende que el legislador s� establece con precisi�n los elementos para determinar la base gravable del impuesto predial, de modo que no se deja a la autoridad administrativa esa determinaci�n.

  13. Que los art�culos que se impugnan as� como los diversos del 12 al 21 del Reglamento de la Ley del Catastro establecen, en esencia, los lineamientos para determinar dicha base, presumi�ndose los conceptos y dando los pasos que deben darse e incluso prev� un recurso para el contribuyente que no est� de acuerdo con la valuaci�n; que si bien los preceptos impugnados establecen que las autoridades administrativas determinar�n lo ah� especificado, ello no ser� a su arbitrio sino a trav�s del procedimiento que marca la ley y su reglamento; que es pr�cticamente imposible que el gobernador establezca una sola forma para determinar el impuesto relativo; que los criterios que deben prevalecer al resolver el presente asunto son los emitidos por este Alto Tribunal, bajo los rubros de: "CATASTRO. LOS ART�CULOS 30 Y 55 DE LA LEY CORRESPONDIENTE DEL ESTADO DE SINALOA, AS� COMO EL 18 DE SU REGLAMENTO, NO SON VIOLATORIOS DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA." y "LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY.".

  14. Que resulta infundado el argumento de los accionantes referente a la violaci�n al art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal, ya que la circunstancia de que el legislador no estableciera una �poca cierta para la revisi�n de las bases, fue atendiendo a las caracter�sticas econ�micas cambiantes del pa�s; que el decreto impugnado no es violatorio del principio de legalidad, siendo aplicable al caso, la tesis de rubro: "LEGALIDAD TRIBUTARIA. DICHA GARANT�A NO EXIGE QUE EL LEGISLADOR EST� OBLIGADO A DEFINIR TODOS LOS T�RMINOS Y PALABRAS USADAS EN LA LEY.".

    En relaci�n con el tercer concepto de invalidez:

    Que el mismo resulta infundado, ya que lo dispuesto por el art�culo 11 impugnado no debe entenderse como un otorgamiento de atribuciones ilimitadas a la elecci�n de catastro del Estado, considerando que de la ley relativa se desprenden cu�les son �stas espec�ficamente.

    En relaci�n con el cuarto concepto de invalidez refiere:

  15. Que el art�culo vig�simo segundo transitorio del decreto impugnado no resulta inconstitucional, pues es fijo y no variable como lo sostiene la accionante, determin�ndose que �ste no puede rebasar el valor actual de los inmuebles, por lo que no existe ilegalidad alguna en el contenido de dicho numeral; que al respecto es aplicable la tesis de la voz: "PREDIAL. VALOR CATASTRAL. CONSTITUCIONALIDAD DEL ART�CULO 18 DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1983, QUE SE REFIERE A SU ACTUACI�N, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.".

  16. Que en el se�alado numeral, contrario a lo argumentado por los accionantes, no existe margen de discrecionalidad de las autoridades administrativas en la emisi�n del valor real, dado que se da oportunidad al particular de solicitar su reconsideraci�n.

    En cuanto al quinto concepto de invalidez, se precisa:

  17. Que no le asiste la raz�n a la accionante en cuanto a la inconstitucionalidad del numeral vig�simo segundo transitorio impugnado, ya que el incremento a que alude se aplica sobre el valor catastral de cada predio y de tal forma se garantiza que el incremento sea proporcional, inexistiendo desproporcionalidad o inequidad alguna; en apoyo de lo anterior se citan las jurisprudencias de rubros: "N�MINAS, IMPUESTO SOBRE. LA TASA FIJA DEL 2% PREVISTA EN EL ART�CULO 45-H DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA." y "ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. EL ART�CULO 2o. DE LA LEY QUE ESTABLECE LA TASA FIJA DEL 2% NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.".

  18. Que independientemente de lo anterior, a los accionantes les correspond�a probar que el cobro del tributo es desproporcional e inequitativo y no lo hicieron, citando dicho informante las tesis de la voz: "IMPUESTOS, DESPROPORCIONALIDAD Y FALTA DE EQUIDAD DE LOS. DEBEN PROBARSE.", "IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS." y "DERECHOS. PARA QUE SE CONSIDEREN INCONSTITUCIONALES DEBE PROBARSE LA DESPROPORCIONALIDAD ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO Y LA TASA LEGAL.".

    En relaci�n con el sexto de los conceptos de invalidez indic�:

    Que la presente acci�n tiene por objeto plantear la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y la Constituci�n Federal, mas no la violaci�n de garant�as individuales, por lo que el agravio relativo no se ajusta a lo dispuesto en la ley reglamentaria, ya que estas �ltimas violaciones s�lo pueden combatirlas los particulares agraviados mediante el juicio de amparo.

S�PTIMO

Mediante oficio PGR 144/2000, de tres de marzo del a�o dos mil, el procurador general de la Rep�blica en atenci�n a la vista que se le dio del escrito de demanda y los informes rendidos, en lo medular extern�:

  1. Que estimaba oportuna la acci�n ejercitada.

  2. Que los promoventes de dicha acci�n cuentan con la legitimaci�n procesal necesaria para promover la referida acci�n de inconstitucionalidad.

  3. Que no obstante, de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la entidad y de la Ley Org�nica del Poder Legislativo, no se desprende qui�n tiene la representaci�n de la diputaci�n permanente, se puede presumir que el compareciente, presidente de la misma, tiene dicha representatividad y no as� los secretarios que comparecen conjuntamente con el anterior.

  4. Que tambi�n debe de considerarse con legitimaci�n al gobernador del Estado de Nuevo Le�n, autoridad que promulg� el decreto impugnado.

  5. Que resultan infundados los conceptos de invalidez planteados por la parte accionante, pues es inexacto que los preceptos cuya invalidez se demanda resulten inconstitucionales o violatorios de los principios a que dicha actora se refiere ni tampoco de los art�culos 14, 16 y 31, fracci�n IV, de la Constituci�n General de la Rep�blica, toda vez que mediante dichos preceptos, la Legislatura Estatal no deleg� la facultad de establecer impuestos a las autoridades administrativas, ya que la Ley del Catastro tiene como objeto regular el control y valorizaci�n de los inmuebles a trav�s de la Secretar�a de Finanzas y la Tesorer�a General, quienes son auxiliares de las Juntas Central y Municipales Catastrales.

Que el deber de la legislatura s�lo es poner los lineamientos en las leyes para que la autoridad fiscal cumpla su funci�n; y de la lectura integral de las leyes fiscales y la Ley del Catastro, se desprenden los elementos del impuesto, por lo que las autoridades administrativas no ejercen una funci�n legislativa, circunscribiendo su actuaci�n a la determinaci�n y cobro del impuesto, seg�n se desprende de los art�culos 2o., fracciones II y VII del C�digo Fiscal de la entidad, 1o. y 26 de la Ley del Catastro y 1o. y 21 bis, fracciones I, II y III, 21 bis-1, fracciones I y II, 21 bis-2, 21 bis-7, 21 bis-8 y 21 bis-12, todos de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo Le�n.

Que si bien en los numerales impugnados se establecen facultades para que la Junta Central Catastral revise los proyectos de las bases generales de valores por unidades tipo, ello debe entenderse como una facultad para la revisi�n y control de �stos, a fin de fijar legalmente los valores que servir�n para integrar el impuesto predial.

Que lo establecido en el art�culo 19 impugnado, se advierte encaminado a practicar un cobro justo, equitativo y proporcional que de ning�n modo resulta inconstitucional; que para cumplir con el principio de legalidad, basta con que se utilicen t�rminos de clara comprensi�n para que la autoridad se ajuste a lo determinado, citando el procurador de la Rep�blica, en apoyo de lo anterior, la tesis bajo el rubro: "LEGALIDAD TRIBUTARIA. DICHA GARANT�A NO EXIGE QUE EL LEGISLADOR EST� OBLIGADO A DEFINIR TODOS LOS T�RMINOS Y PALABRAS USADAS EN LA LEY.".

Que adem�s, no se deja al arbitrio de la autoridad la temporalidad para realizar la revisi�n de las bases generales de valores por unidades tipo, pues en el art�culo 18 del Reglamento de la Ley del Catastro establece que la realizaci�n de la evaluaci�n debe ser en un plazo m�ximo de quince d�as contados a partir de la fecha que recibe los proyectos de la D.�n de Catastro.

Que deviene infundado el concepto de invalidez relativo a la inconstitucionalidad del art�culo vig�simo segundo transitorio impugnado, pues el mismo tiene estrecha vinculaci�n con los diversos 20 y 21 de la Ley del Catastro y de �stos en conjunto se desprende que las bases generales de valores por unidades tipo y valor catastral, pueden ajustarse al trece por ciento sin poder modificarse, a menos que sea objeto de revisi�n y que el aval�o de los predios debe sujetarse a las bases generales sin exceder del valor comercial del inmueble, es decir, para la aplicaci�n de dicho porcentaje s�lo se dan dos supuestos, el primero, cuando no exist�a valor catastral establecido con anterioridad y, el segundo, que es a fin de actualizar la contribuci�n y el tener un ingreso real.

Que el citado trece por ciento no se establece como variable como argumenta la actora sino de manera fija, se citan en apoyo a lo anterior las jurisprudencias de rubros: "EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES AN�LOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE EST�N EN SITUACIONES DISPARES.", "IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ART�CULO 31, FRACCI�N IV, CONSTITUCIONAL." y "EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS.".

Que en relaci�n con el art�culo 11 impugnado, su contenido ha sido denominado por este M�ximo Tribunal como una "facultad residual", por lo que no resulta inconstitucional que no se especifiquen en el mismo las atribuciones que corresponden a la Ley del Catastro, ni se deja margen de arbitrariedad a la autoridad, sino que se establece a fin de que no exista laguna jur�dica alguna.

OCTAVO

Por acuerdo del veinticinco de febrero del a�o dos mil, se dio vista a las partes con las constancias que integran la presente acci�n de inconstitucionalidad para que formularan alegatos, sin que aparezca en los autos del expediente promoci�n alguna con motivo de lo anterior.

Mediante prove�do de veintitr�s de marzo del citado a�o, se tuvo por integrado el expediente, poni�ndose los autos en estado de resoluci�n.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para resolver la presente acci�n de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 105, fracci�n II, inciso d), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracci�n I, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, por virtud de que se demanda la declaraci�n de invalidez por inconstitucionalidad del Decreto "244", que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Catastro del Estado de Nuevo Le�n, publicadas en el P.�dico Oficial de dicha entidad el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

SEGUNDO

Por ser una cuesti�n de orden p�blico y estudio preferente, se analizar� en primer t�rmino la oportunidad de la demanda.

El art�culo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Federal, dispone en lo conducente:

"Art�culo 60. El plazo para ejercitar la acci�n de inconstitucionalidad ser� de treinta d�as naturales contados a partir del d�a siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. ..."

Conforme al art�culo transcrito, el c�mputo del plazo para ejercitar la acci�n de inconstitucionalidad debe hacerse a partir del d�a siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional, cuya invalidez sedemande, sea publicado en el correspondiente medio oficial.

El Decreto N�mero "244", que contiene los preceptos cuya invalidez se demanda, como se indic� con anterioridad, fue publicado el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, por lo que atendiendo a lo dispuesto en el citado art�culo 60, el plazo legal para la interposici�n de la acci�n transcurri� del primero al treinta de enero del a�o dos mil.

En el caso, la demanda relativa aparece presentada el doce del indicado mes y a�o, seg�n el sello estampado al reverso del escrito correspondiente, visible a fojas sesenta y tres vuelta, es decir, al d�cimo segundo d�a del plazo establecido, en consecuencia, es claro que la acci�n ejercitada resulta oportuna.

TERCERO

Acto continuo se proceder� a analizar la legitimaci�n de quienes promueven la acci�n de inconstitucionalidad, por ser ello tambi�n una cuesti�n de orden p�blico y de estudio preferente.

Suscriben la demanda T.R.J.�rez, Mar�a E.C.H.�ndez, R.S.C.�, L.C.T.�o B., Eliud T�mez G�mez, O. �ngel R.�guez Su�rez, M.J.�s Pe�a Garza, E.N.V., A.B. de la Garza Tijerina, M.P.�a D., C�sar L.C.H., J.R.�guez C.�n, L.G.G.�lez y �scar J.A.G., ostent�ndose todos como diputados locales, integrantes de la Sexag�sima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo Le�n.

Los art�culos 105, fracci�n II, inciso d), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 62 de la ley reglamentaria de la materia, en su parte conducente disponen:

"Art�culo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer�, en los t�rminos que se�ale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"...

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y esta Constituci�n. Las acciones de inconstitucionalidad podr�n ejercitarse, dentro de los treinta d�as naturales siguientes a la fecha de publicaci�n de la norma, por: ... d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los �rganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio �rgano."

Art�culo 62. En los casos previstos en los incisos a), b), d) y e) de la fracci�n II del art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, la demanda en que se ejercite la acci�n deber� estar firmada por cuando menos el treinta y tres por ciento de los integrantes de los correspondientes �rganos legislativos. ...

De lo previsto por dichos numerales, se desprende que en los casos en que la acci�n de inconstitucionalidad se ejercite por integrantes de alg�n �rgano legislativo estatal en contra de leyes expedidas por el propio �rgano, la demanda correspondiente deber� estar firmada cuando menos por el equivalente al treinta y tres por ciento de quienes integren al mismo, es decir, deben satisfacerse tres requisitos, a saber:

  1. Que los promoventes sean integrantes del �rgano legislativo estatal;

  2. Que dichos promoventes representen cuando menos el equivalente al treinta y tres por ciento del �rgano legislativo estatal; y,

  3. Que la acci�n de inconstitucionalidad se plantee en contra de leyes expedidas por el �rgano legislativo del que sean integrantes los promoventes.

En el caso, se adjunt� al escrito de demanda copia certificada por el oficial mayor del Congreso del Estado de Nuevo Le�n, de las hojas uno y de la siete a la doce del P.�dico Oficial de esa entidad, del primero de agosto de mil novecientos noventa y siete, en las que aparece la publicaci�n del acta de sesi�n de c�mputo y declaratoria de validez de las elecciones celebradas el seis de julio de mil novecientos noventa y siete, relativas a diputados locales y gobernador del Estado de Nuevo Le�n, en la que se hace constar los resultados finales de dichas elecciones, apareciendo los signantes de la presente demanda, antes mencionados, como diputados propietarios e integrantes de la Sexag�sima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo Le�n.

El art�culo 46 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n, respecto a la integraci�n del Congreso Estatal, se�ala lo siguiente:

"Art�culo 46. Se deposita el Poder Legislativo en un Congreso que se renovar� cada tres a�os, compuesto por veintis�is diputados electos por mayor�a relativa, votados en distritos electorales uninominales y hasta diecis�is electos por el principio de representaci�n proporcional, designados de acuerdo a las bases y formas que establece la ley.-A ning�n partido pol�tico se le podr�n asignar m�s de veintis�is diputaciones por ambos principios, adem�s tampoco a ning�n partido se le podr�n asignar m�s de catorce diputaciones por el principio de representaci�n proporcional.-Los diputados de mayor�a relativa y de representaci�n proporcional tendr�n la misma categor�a e iguales facultades y obligaciones."

De tal numeral se advierte que el Congreso Local se integra por un total de cuarenta y dos diputados; por ende, los catorce diputados que signan la presente demanda de acci�n de inconstitucionalidad equivalen al treinta y tres punto treinta y tres por ciento de su integraci�n.

Por �ltimo, el Decreto N�mero "244", que contiene los preceptos cuya invalidez se demanda por la parte accionante, aparece emitido por el aludido Congreso del Estado de Nuevo Le�n, al cual acreditan pertenecer los promoventes, seg�n puede apreciarse a fojas 111 de las constancias, en la cual obra la publicaci�n del indicado decreto en el P.�dico Oficial de la entidad.

De lo anterior se concluye que la parte actora cuenta con la legitimaci�n necesaria para ejercer la presente acci�n de inconstitucionalidad, pues cumple con los requisitos necesarios establecidos por el art�culo 62 de la ley reglamentaria de la materia.

CUARTO

Previo a dar respuesta a los conceptos de invalidez aducidos por la parte promovente, debe precisarse:

Que el decreto, cuya invalidez se demanda, del cual obra su publicaci�n en el P.�dico Oficial del Estado de Nuevo Le�n, a fojas de la ciento once a la ciento catorce del expediente, reform� la Ley del Catastro del Estado, en sus art�culos: "5o., primer p�rrafo; 7o., primer p�rrafo; 9o., 11, 12, 14, 16, 19, primer p�rrafo; 20, 22, 23 bis, primer p�rrafo; 24, 25, 26, 29, p�rrafos primero y segundo; 30 bis. Se adiciona la Ley del Catastro del Estado en sus art�culos 14, con un segundo p�rrafo; 16, con los p�rrafos segundo y tercero; 32 bis y con un art�culo vig�simo segundo transitorio.".

En el caso a estudio, atendiendo a lo dispuesto por el art�culo 39 de la ley reglamentaria de la materia, aplicable en lo conducente, de conformidad con lo dispuesto por el diverso 59 del citado ordenamiento legal, examinados los razonamientos expuestos en el escrito de demanda, a fin de resolver la cuesti�n efectivamente planteada, se aprecia que la materia de la presente acci�n de inconstitucionalidad no la constituyen todos los art�culos que fueron reformados y adicionados a trav�s del Decreto N�mero "244", cuya invalidez se demanda, el cual reform� y adicion� diversas disposiciones de la Ley del Catastro del Estado de Nuevo Le�n, sino que exclusivamente se pretende sea declarada la invalidez por inconstitucionalidad de los preceptos 7o., 9o., 11, 19, 20, 23 bis, 25, 26 y transitorio vig�simo segundo.

Lo anterior, atendiendo a que la parte accionante en sus conceptos de invalidez de manera reiterada, s�lo se�ala los citados numerales y argumentos de invalidez relativos a �stos a fin de evidenciar su inconstitucionalidad.

Asimismo, conviene tener presente que como conceptos de invalidez se se�al� en lo medular:

  1. Que los art�culos 7o., 9o., 11, 19, 20, 23 bis, 25, 26 y vig�simo segundo transitorio del Decreto "244" impugnado, son violatorios del principio de legalidad que consagra el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional, as� como de los diversos 14 y 16 de dicha norma, al delegar el Congreso del Estado a favor de la D.�n de Catastro dependiente del Ejecutivo Local, la facultad de formular proyectos de bases generales por unidades tipo, para determinar el valor catastral base del impuesto predial, no obstante que lo anterior es una atribuci�n exclusiva del Congreso, delegable cuando as� lo disponga la Constituci�n y en el caso no acontece as�.

    Que aunque la Ley del Catastro fije requisitos para determinar la base del impuesto predial, debe ser el legislador quien apruebe los elementos esenciales del tributo, pues al delegarse tal facultad a la autoridad administrativa se vulneran los principios de "reserva de ley y legalidad".

    Que el art�culo 19 impugnado es violatorio de los preceptos constitucionales citados, al no consignar la �poca o circunstancias en que puedan ser objeto de revisi�n las bases generales de valores por unidades tipo, dej�ndolo al arbitrio de la autoridad administrativa, siendo omiso en precisar qu� debe entenderse por circunstancias econ�micas, factores determinantes para la revisi�n contemplada en �sta, as� como los casos de justificaci�n de una circunstancia econ�mica o inflacionaria que da lugar a dicha revisi�n.

  2. Que la obligaci�n de contribuci�n contenida en el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional, implica que los elementos de toda contribuci�n se encuentren establecidos mediante un acto legislativo, seg�n criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, de rubro: "IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY." y, en el caso, de la lectura de los preceptos cuya invalidez se demanda, se desprende que la determinaci�n de la base gravable del impuesto predial no emana de un acto legislativo, y al otorgarse tal atribuci�n a la autoridad administrativa no obstante corresponder al Congreso Local, evidencia la inconstitucionalidad de los preceptos de que se trata.

  3. Que el art�culo 11 cuya invalidez se demanda, es violatorio del principio de seguridad que consagra el art�culo 16 constitucional, pues la garant�a en �ste contenida implica que la autoridad que dicte o ejecute el acto de que se trata se encuentra legalmente facultada para ello y, en el caso, las autoridades responsables a que aluden los numerales cuya invalidez se demanda, carecen de facultades para fijar las bases para el cobro del impuesto predial, al respecto se citan las tesis de la voz: "AUTORIDADES.", "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACI�N ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD." y "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, FACULTADES DE LAS AUTORIDADES DEBEN ESTAR EXPRESAMENTE ESTABLECIDAS EN LA LEY.".

  4. Que el art�culo vig�simo segundo transitorio, cuya invalidez se demanda, es violatorio del art�culo 31, fracci�n IV, constitucional, al establecer el incremento en las bases generales de valores por unidades tipo y catastrales hasta en un 13%, pues en �ste no se precisa en qu� casos se aplicar� el monto m�nimo, medio o m�ximo, ni se definen los elementos y supuestos de la obligaci�n, a fin de que la autoridad administrativa s�lo se concrete a aplicar las disposiciones generales, adem�s de que el incremento determinado contrar�a el principio de proporcionalidad, equidad y legalidad, al no revelar la capacidad contributiva de los propietarios, al no fijar espec�ficamente criterios de valuaci�n; en lo relativo se citaron las tesis de rubros: "IMPUESTO PREDIAL. EL ART�CULO 66, REFORMADO, DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL. QUE PREVIENE LA ACTUALIZACI�N DE LOS VALORES CATASTRALES, ES INCONSTITUCIONAL." y "PREDIAL. EL ART�CULO 66 DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE DEL 1o. DE ENERO DE 1981 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1982, QUE ESTABLECE EL IMPUESTO CITADO, ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONTENIDO EN EL ART�CULO 31, FRACCI�N IV, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL.".

    Que lo asentado en la parte final del numeral citado, evidencia la ilegalidad del mismo, ya que la determinaci�n del valor actual real de los bienes inmuebles en el Estado, es atribuci�n del Ejecutivo, a trav�s de la D.�n de Catastro de conformidad con el art�culo 29 de la Ley del Catastro.

    Previo al an�lisis de los conceptos de invalidez, debe se�alarse que la Constituci�n Federal se divide en dos apartados fundamentales: dogm�tico y org�nico, y que existen procedimientos constitucionales que salvaguardan cada uno, la controversia constitucional en lo relativo a la parte org�nica y el juicio de amparo y la acci�n de inconstitucionalidad respecto de su parte dogm�tica, siendo esta �ltima un medio de control abstracto que surge ante una denuncia de inconstitucionalidad respecto de normas o leyes generales, sin m�s limitaci�n de que la disposici�n u ordenamiento normativo de que se trate se estime que contravenga la Constituci�n Federal.

    En el caso de la acci�n de inconstitucionalidad, no obstante que como ya se indic�, es un procedimiento constitucional para la salvaguarda de la parte org�nica de la Ley Suprema de la Rep�blica, las partes legitimadas para ejercitar la misma pueden plantear la contradicci�n entre las normas combatidas y la Constituci�n Federal, ya sea con relaci�n a su parte dogm�tica u org�nica al no existir disposici�n que establezca alguna limitaci�n al respecto, ni desprenderse ello de los antecedentes legislativos de las �ltimas reformas constitucionales relativas, correspondientes a los a�os de mil novecientos noventa y cinco y mil novecientos noventa y seis.

    Precisado lo anterior, debe asentarse que el examen de los conceptos de invalidez expuestos se realizar� de manera conjunta dada su �ntima relaci�n.

    La parte accionante considera inconstitucionales los art�culos 7o., 9o., 11, 19, 20, 23 bis, 25, 26 y transitorio vig�simo segundo de la vigente Ley del Catastro del Estado de Nuevo Le�n, pues dice, violan el principio de legalidad consignado en el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional.

    El referido precepto constitucional en la fracci�n indicada se�ala:

    "Art�culo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

    "...

    IV. Contribuir para los gastos p�blicos, as� de la Federaci�n, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

    El aludido principio de legalidad establecido en el numeral y fracci�n transcritos, ha sido interpretado por este Alto Tribunal en la jurisprudencia n�mero 168, consultable en la p�gina 169 del Tomo I, Primera Parte del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice:

    IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCI�N FEDERAL.-El principio de legalidad se encuentra claramente establecido por el art�culo 31 constitucional, al expresar, en su fracci�n IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos p�blicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, y est�, adem�s, minuciosamente reglamentado en su aspecto formal, por diversos preceptos que se refieren a la expedici�n de la Ley General de Ingresos, en la que se determinan los impuestos que se causar�n y recaudar�n durante el periodo que la misma abarca. Por otra parte, examinando atentamente este principio de legalidad, a la luz del sistema general que informa nuestras disposiciones constitucionales en materia impositiva y de explicaci�n racional e hist�rica, se encuentra que la necesidad de que la carga tributaria de los gobernados est� establecida en una ley, no significa tan s�lo que el acto creador del impuesto deba emanar de aquel poder que, conforme a la Constituci�n del Estado, est� encargado de la funci�n legislativa, ya que as� se satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a trav�s de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, sino fundamentalmente que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligaci�n tributaria, est�n consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a t�tulo particular, sino que el sujeto pasivo de la relaci�n tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos p�blicos del Estado, y a la autoridad no queda otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante. Esto, por lo dem�s, es consecuencia del principio general de legalidad, conforme al cual ning�n �rgano del Estado puede realizar actos individuales que no est�n previstos y autorizados por disposici�n general anterior, y est� reconocido por el art�culo 14 de nuestra Ley Fundamental. Lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposici�n, la imprevisibilidad en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, deben considerarse absolutamente proscritos en el r�gimen constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que pretenda justific�rseles.

    En relaci�n con el indicado principio de legalidad contenido en el referido art�culo 31, fracci�n IV, constitucional, este Tribunal Pleno sustent� la jurisprudencia n�mero 162, visible en la p�gina 165 del Tomo I, Primera Parte del Ap�ndice al Semanario Judicial del la Federaci�n, que dice:

    IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY.-Al disponer el art�culo 31 constitucional, en su fracci�n IV, que son obligaciones de los mexicanos ?contribuir para los gastos p�blicos, as� de la Federaci�n como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes?, no s�lo establece que para la validez constitucional de un tributo es necesario que, primero, est� establecido por ley; segundo, sea proporcional y equitativo y, tercero, sea destinado al pago de los gastos p�blicos, sino que tambi�n exige que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa y �poca de pago, est�n consignados de manera expresa en la ley, para que as� no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a t�tulo particular, sino que a la autoridad no quede otra cosa que aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la relaci�n tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos p�blicos de la Federaci�n, del Estado o Municipio en que resida.

    Atendiendo a los criterios transcritos, se concluye que para cumplir con el requisito de legalidad contenido en el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional, se requiere no s�lo que el acto creador del impuesto emane del Poder Legislativo y la carga tributaria est� establecida en una ley, sino tambi�n que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligaci�n tributaria est�n consignados expresamente en la misma, de tal modo que no quede margen a la arbitrariedad de las autoridades exactoras para el cobro de impuestos imprevisibles o a t�tulo particular, es decir, la ley debe regular en qu� supuestos se origina el deber de pagar un tributo (hecho imponible), qui�n est� obligado a pagarlo (sujeto pasivo) cu�nto hay que pagar (base, tasa o tarifa) y �poca de pago.

    Los preceptos cuya invalidez se demanda, son del tenor literal siguiente:

    "Art�culo 7o. Es facultad de las Juntas Municipales Catastrales o en su caso, de la Junta Central Catastral, la revisi�n y aprobaci�n de los valores actuales reales, as� como de las bases generales de valores por unidades tipo y de los valores unitarios de construcci�n, los cuales deber�n encontrarse ajustados a los criterios que emita la Junta Central Catastral."

    "Art�culo 9o. La D.�n de Catastro, en coordinaci�n con los Municipios, tendr� a su cargo la formulaci�n de las basesgenerales de valores por unidades tipo; la realizaci�n de los trabajos de limitaci�n de regiones de cada Municipio del Estado, dividi�ndolo en zonas urbanas y r�sticas; as� mismo, la D.�n de Catastro llevar� el registro, control y actualizaci�n del padr�n catastral, utilizando con el apoyo de los Municipios, la fotogrametr�a u otros m�todos t�cnicos de medici�n y c�lculos masivos a trav�s de los cuales se pueda conocer la ubicaci�n, medidas y colindancias del predio, las construcciones existentes y dem�s caracter�sticas del mismo, as� como los datos de identificaci�n del propietario o poseedor y establecer las normas t�cnicas para la formaci�n, mejoramiento y conservaci�n de los registros catastrales para el control y valuaci�n en materia inmobiliaria."

    "Art�culo 11. A la D.�n de Catastro le competer�n todas las atribuciones catastrales no encomendadas a los dem�s organismos mencionados."

    "Art�culo 19. Las bases generales de valores por unidades tipo podr�n ser objeto de revisi�n total o parcial, cuando las circunstancias econ�micas o la inflaci�n, lo justifiquen, as� como cuando se den los supuestos contenidos en el art�culo 22 de esta misma ley; en la inteligencia de que si �sta no se practica, subsistir�n las bases generales de valores existentes."

    "Art�culo 20. Las bases generales de valores por unidades tipo y los valores catastrales de los inmuebles, podr�n ajustarse conforme a los porcentajes que establezca el Congreso del Estado mediante disposici�n de vigencia anual, que entrar� en vigor el 1o. de enero de cada a�o, sin necesidad de que los mismos sean notificados a los interesados para tener plena validez. Fuera de este supuesto, las bases generales de valores por unidades tipo y los valores catastrales no podr�n ser modificados, mientras no sean objeto de revisi�n, a menos que deban introducirse nuevos valores unitarios o cuando sea indispensable crear una nueva categor�a no prevista en la tabla original, ya sea por motivo de ampliaci�n de zonas urbanas o por cualquier otra causa."

    "Art�culo 23 bis. La Junta Municipal o la Junta Central Catastral, en su caso, presentar�n los estudios de valores comerciales correspondientes a su circunscripci�n territorial y vigilar�n el comportamiento del mercado para mantener actualizados estos valores, ya que servir�n de base para determinar el valor actual real que expide la Secretar�a de Finanzas y Tesorer�a General del Estado, mismo que se utilizar� para el c�lculo del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles, as� como para las contribuciones en materia de desarrollo urbano. Dicho valor deber� tener como base los elementos para la determinaci�n del valor catastral."

    "Art�culo 25. Se faculta a la D.�n de Catastro para formular y proponer los valores por unidades tipo de los inmuebles ubicados en los Municipios del Estado que no hayan sido objeto de catastraci�n, en los t�rminos de esta ley, mismos que ser�n revisados y aprobados por la Junta Municipal Catastral correspondiente o en su caso, por la Junta Central Catastral."

    "Art�culo 26. Los aval�os practicados con sujeci�n a la presente ley y su reglamento, servir�n de base para la determinaci�n del impuesto predial en el Estado y no podr�n ser modificados para los mismos fines, a menos que se pruebe que su determinaci�n no se hizo conforme a lo previsto en los citados ordenamientos. A falta de manifestaci�n oportuna de los contribuyentes, la D.�n de Catastro proceder� a formular los aval�os, sin perjuicio de la sanci�n que procediere y en caso de que no exista valor autorizado de dicho sector, tales valores ser�n revisados y aprobados por la Junta Municipal Catastral que corresponda o en su caso, por la Junta Central Catastral."

    Art�culo vig�simo segundo transitorio. En los t�rminos previstos en los art�culos 20 y 21 de la Ley del Catastro del Estado, durante el a�o 2000 se aplicar� un incremento en las bases generales de valores por unidades tipo y en los valores catastrales de los predios ubicados en el Estado, de un 13% respecto de los terrenos y construcciones. En ning�n caso los valores catastrales podr�n rebasar el valor actual real de los inmuebles. A los predios que al primero de enero del a�o 2000, hubieren sido objeto de revalorizaci�n en un periodo anterior a doce meses, no les ser� aplicable lo dispuesto en el p�rrafo anterior.

    La parte accionante considera que los preceptos legales que se impugnan, antes transcritos, incumplen con la garant�a de legalidad consagrada en el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional, al otorgarse a la D.�n de Catastro, dependiente del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo Le�n, la facultad de formular proyectos de bases generales por unidades tipo para determinar el valor catastral base del impuesto predial, no obstante que ello es una atribuci�n exclusiva del Congreso de la entidad y, tambi�n al establecerse en el transitorio vig�simo segundo de los preceptos impugnados, el incremento en dichas bases hasta en un trece por ciento respecto de los terrenos y construcciones, sin precisar los casos en que debe aplicarse el monto m�nimo, medio o m�ximo del rango porcentual indicado.

    Ahora, el impuesto predial se trata del gravamen que recae sobre la propiedad o posesi�n de los bienes inmuebles, y constituye un impuesto directo al ser aquel mediante el cual el legislador se propuso alcanzar al verdadero contribuyente, suprimiendo a todo intermediario entre el pagador y el fisco.

    Para la determinaci�n de la base del impuesto predial intervienen una serie de factores, entre otros, el tipo de predio (r�stico, urbano o suburbano, residencial o industrial), si cuentan con edificaci�n (en el caso de los predios urbanos o suburbanos), si est�n cultivados (predios r�sticos), tipo de construcci�n, ubicaci�n, servicios, productividad, etc�tera, por lo que la autoridad requiere de cierto margen de poder discrecional para la valuaci�n catastral de los predios.

    Del referido an�lisis de los preceptos cuya invalidez se demanda, se advierte que en su art�culo 26, inciso g), la referida ley hace una remisi�n expresa a su reglamento en cuanto al aval�o de los predios, por lo cual a fin de estar en aptitud de determinar si los preceptos impugnados cumplen o no con la garant�a de legalidad aludida, resulta necesario analizar lo dispuesto por los numerales cuya invalidez se demanda con algunos otros que integran dicha ley, en concordancia con los preceptos legales de su reglamento, pues resultar�a antijur�dico fijar el alcance de una disposici�n legal apart�ndola del contexto normativo del que forma parte.

    Al respecto, encuentra apoyo lo asentado en la jurisprudencia n�mero 215, emitida por este Alto Tribunal, visible en la p�gina 206, Tomo I, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice:

    LEYES FISCALES. LA INTERPRETACI�N SISTEM�TICA DE SUS NORMAS NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE INTERPRETACI�N Y APLICACI�N ESTRICTA Y DE LEGALIDAD QUE RIGEN EN DICHA MATERIA.-Si bien es cierto que la interpretaci�n y aplicaci�n de las normas impositivas es estricta, tambi�n es cierto que resultar�a imposible interpretar cada precepto consider�ndolo fuera del contexto normativo del que forma parte, ya que de ser as�, cualquier intento estricto de interpretaci�n resultar�a infructuoso para determinar el sentido y alcance de las normas. Toda norma requiere de una interpretaci�n, aunque sea literal, sin importar su rango, ya sea constitucional, legal, reglamentario, contractual o de cualquier otra �ndole, y un principio de hermen�utica obliga a interpretar los preceptos jur�dicos en funci�n a los dem�s que integran el ordenamiento al que pertenecen, y en funci�n a los dem�s ordenamientos que integran un determinado r�gimen jur�dico; sin que ello implique que en materia impositiva una interpretaci�n estricta pero al fin y al cabo interpretaci�n, vaya a obligar al sujeto pasivo de la norma tributaria al pago de contribuciones no establecidas en las leyes fiscales. En consecuencia, interrelacionar las normas de manera sistem�tica no viola el principio de interpretaci�n y aplicaci�n estricta que rige la materia fiscal, ni el principio de legalidad que prevalece en dicha materia, de acuerdo con el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional.

    El art�culo 21 bis-7 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo Le�n, se�ala que la base del impuesto predial ser� el valor catastral del inmueble, el cual ser� determinado conforme al procedimiento previsto en la Ley del Catastro.

    Por su parte, los art�culos 2o., 8o., 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 21 de la Ley del Catastro del Estado de Nuevo Le�n, establecen:

    "Art�culo 2o. Corresponde a la Secretar�a de Finanzas y Tesorer�a General del Estado la aplicaci�n de la presente ley.-Son organismos auxiliares de la Secretar�a de Finanzas y Tesorer�a General del Estado: a) La Junta Central Catastral; b) Las Juntas Municipales Catastrales; c) Las C�maras de Comercio, de Industria y Propietarios de Bienes Ra�ces; d) El Instituto Mexicano de Valuaci�n de Nuevo Le�n, A.C.; y e) Las personas o instituciones privadas cuya colaboraci�n se requiera."

    "Art�culo 8o. La D.�n de Catastro se compondr� de un director y de los empleados t�cnicos y administrativos que designe el Ejecutivo del Estado."

    "Art�culo 13. En la valorizaci�n catastral intervendr�n dos series de operaciones: I.D.�n de las bases generales de valores por unidades tipo; y II. Valorizaci�n de los predios en particular. La determinaci�n de las bases generales de valores por unidades tipo se har� considerando separadamente la tierra y las construcciones o cualquier otro tipo de mejoras existentes.-Tal determinaci�n deber� contener tantas unidades y valores cuantos sean necesarios para obtener, en relaci�n con ello, el aval�o general y equitativo de la propiedad ra�z en el Estado."

    "Art�culo 14. En las zonas urbanas, y suburbanas la unidad de superficie que se tome para el aval�o de la tierra ser� el metro cuadrado, y en la determinaci�n de los valores de las ?unidades tipo?, se tendr� en cuenta: I. El uso o caracter�sticas predominantes de los predios en cada calle y en la zona catastral respectiva; II. La rentabilidad de los predios en la zona; y III. Los servicios urbanos de toda �ndole, y cualquier otro factor determinante del valor de la tierra."

    "Art�culo 15. Para determinar las bases generales de valores por unidades tipo en las diferentes clases de construcciones, se seguir�n las normas que a continuaci�n se expresan:

    "I. Se har�n clasificaciones por tipos de edificaciones permanentes y provisionales seg�n los materiales empleados, calidad de mano de obra, usos comercial, industrial, residencial y especiales, as� como la productividad media por a�o en cada regi�n catastral; y, II. Se fijar� el valor por metro cuadrado o c�bico de superficie cubierta, en la forma que el reglamento de esta ley determine. Para efecto de determinar las bases generales de valores por unidades tipo aplicables a la construcci�n, el Estado se dividir� en 5 zonas catastrales, en las cuales los valores consignados en las bases generales, podr�n equipararse para todos los Municipios que se encuentren comprendidos en la zona respectiva.-Las zonas catastrales a que se refiere el p�rrafo anterior se integrar�n de la siguiente manera ..."

    "Art�culo 16. En las zonas r�sticas, la determinaci�n de las bases generales de valores tipo se har� sobre una clasificaci�n agron�mica de la tierra y de su situaci�n topogr�fica teniendo en cuenta adem�s el rendimiento medio anual seg�n el objeto a que se dedique, de acuerdo con lo que al efecto establece el reglamento. La unidad de superficie ser�, en todo caso, de una hect�rea."

    "Art�culo 17. El valor de la tierra y de las mejoras que �sta contenga, ser� determinado con base en la estimaci�n t�cnica de su valor real, y dicho valor ser� el ?valor catastral?."

    "Art�culo 18. Las bases generales de valores por unidades tipo deber�n ser del dominio p�blico y estar�n a disposici�n de los interesados en las oficinas de la D.�n de Catastro y en los Municipios correspondientes."

    Art�culo 21. El aval�o de los predios se har� con estricto apego a las bases generales de valores por unidad tipo, sin exceder de su valor comercial. En el reglamento de esta ley se se�alar� el procedimiento para formular los aval�os.

    De los preceptos transcritos se advierte:

    1. Que las Juntas Municipal y Central de Catastro son organismos auxiliares de la Secretar�a de Finanzas y Tesorer�a General del Estado; que en las zonas urbanas y suburbanas la unidad de superficie que se tome para el aval�o de la tierra ser� el metro cuadrado, y en la determinaci�n de los valores de las unidades tipo se tendr�n en cuenta todos aquellos factores determinantes del valor de la tierra.

    2. Que la determinaci�n de las bases generales de valores por unidades tipo en las diferentes clases de construcciones, se har� con base en una clasificaci�n de los predios de acuerdo al tipo de construcci�n, calidad de mano de obra, uso del suelo y productividad, se fijar� el valor por metro cuadrado o c�bico de superficie cubierta y se dividir� el Estado en zonas.

    3. La determinaci�n de las bases generales de valores por unidades tipo en las zonas r�sticas se har� sobre una clasificaci�n agron�mica de la tierra y de su situaci�n topogr�fica, tomando en cuenta el rendimiento medio anual del predio y la unidad de superficie ser� de una hect�rea.

    4. El aval�o de los predios se har� con estricto apego a las bases generales de valores por unidades tipo, sin exceder su valor comercial.

      Del an�lisis del Reglamento de la Ley del Catastro se puede advertir, que en su art�culo 11 define los diferentes conceptos de propiedad (urbana, suburbana y r�stica); en sus numerales del 12 al 15 se�ala el procedimiento para la formaci�n de bases generales de valores por unidades tipo, dando los lineamientos para determinar los valores unitarios de la tierra, tipos de edificaci�n o construcci�n y los datos que deber�n consignarse en las tablas de valores; en sus diversos del 16 al 21 establece el procedimiento que deber� seguirse para la valuaci�n de los predios, que comprende la formulaci�n de los proyectos de bases generales de valores por unidades tipo de las tablas de m�rito y compensaciones, los cuales indica, previa opini�n de la Junta Central Catastral, ser�n fijados en tableros o lugares visibles de las oficinas de la D.�n de Catastro y de las Delegaciones de Finanzas Estatales. Por �ltimo, en los art�culos del 21 al 27, contempla el procedimiento de valuaci�n de los predios basados en las manifestaciones o declaraciones de los due�os o poseedores de predios r�sticos, urbanos o suburbanos, y los datos obtenidos por la D.�n de Catastro mediante los levantamientos realizados en las regiones catastrales correspondientes.

      De lo anterior que resulte indiscutible que la ley de la materia y su reglamento sean en su conjunto los que establecen el procedimiento que deber� seguirse para la determinaci�n de la base del impuesto predial (bases generales de valores por unidades tipo y valores catastrales de los inmuebles).

      Por cuanto se refiere a la actualizaci�n de las referidas bases generales de valores por unidades tipo y los valores catastrales de los inmuebles, del art�culo 20 impugnado de la Ley del Catastro, antes transcrito, se aprecia que podr�n ajustarse conforme a los porcentajes que establezca el Congreso del Estado mediante disposici�n de vigencia anual.

      En dicho orden de ideas, resulta inconcuso que los preceptos impugnados no son violatorios del principio de legalidad que consagra el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional, pues, de lo asentado con antelaci�n, se evidencia que la carga tributaria de que se trata se encuentra emanada del Poder Legislativo al estar establecida en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo Le�n, y sus caracter�sticas esenciales, forma, contenido y alcance est�n consignadas expresamente de forma arm�nica en la Ley del Catastro, y su reglamento, regulando de manera concordante en su conjunto en qu� supuestos se origina el deber de pago, qui�n est� obligado a �ste y cu�nto tiene que pagar.

      No es obst�culo alguno a lo considerado que en el art�culo 25, cuya invalidez se demanda, se otorgue a la D.�n de Catastro la facultad de formular y proponer los valores, facultad que argumenta la parte accionante es una atribuci�n exclusiva del Congreso Local, habida cuenta que en principio, la formulaci�n de dichos valores, contrario a lo argumentado, no es una facultad del Congreso Local, pues a �ste de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 63, fracci�n X, de la Constituci�n Pol�tica de la entidad, s�lo le corresponde fijar anualmente, a propuesta de los Ayuntamientos, las contribuciones que deben formar parte de la hacienda de �stos, aunado a que seg�n se puede apreciar del citado numeral impugnado, la facultad otorgada a la D.�n de Catastro es s�lo para formular y proponer los valores respecto de inmuebles que no hayan sido materia de catastraci�n, y dicha propuesta deber� ser revisada y aprobada por las Juntas Municipal o Central de Catastro que corresponda. De ah� que tal facultad no resulte violatoria de ning�n principio o precepto legal.

      Tampoco es �bice lo previsto en el art�culo transitorio vig�simo segundo tambi�n impugnado, el cual establece:

      Art�culo vig�simo segundo transitorio. En los t�rminos previstos en los art�culos 20 y 21 de la Ley del Catastro del Estado, durante el a�o 2000 se aplicar� un incremento en las bases generales de valores por unidades tipo y en los valores catastrales de los predios ubicados en el Estado, de un 13% respecto de los terrenos y construcciones. En ning�n caso los valores catastrales podr�n rebasar el valor actual real de los inmuebles. A los predios que al primero de enero del a�o 2000, hubieren sido objeto de revalorizaci�n en un periodo anterior a doce meses, no les ser� aplicable lo dispuesto en el p�rrafo anterior.

      En efecto, si bien dicho numeral establece un porcentaje preciso mediante el cual la autoridad administrativa puede ejercer la facultad que le otorga la ley de incrementar las bases generales de valores y los valores catastrales de los predios del Estado, durante el a�o dos mil, es claro que tal actualizaci�n no la efectuar� a su libre arbitrio sino que tendr� que hacerlo exclusivamente con tal porcentaje, no pudiendo rebasar el valor actual real de los inmuebles. Por lo que deviene irrelevante el argumento relativo de la parte accionante en cuanto a la falta de precisi�n de un monto m�nimo, medio o m�ximo, al ser claro que se trata de un porcentaje espec�fico.

      Cabe agregar que los factores que intervienen en la determinaci�n de la valorizaci�n de los predios (bases generales de valores por unidades tipo y valorizaci�n de los predios en particular), son aquellos que les dan plusval�a o minusval�a, y pueden ser de muy variadas clases, cuyo impacto en el valor del predio para efectos catastrales debe ser razonado por la autoridad administrativa, los cuales no permanecen est�ticos, sino que se encuentran en constante cambio.

      Lo anterior, aunado a que para el caso de que el contribuyente no est� conforme con la valuaci�n del predio que servir� de base para la determinaci�n del impuesto predial, la Ley del Catastro del Estado prev� la reconsideraci�n en su art�culo 30 bis.

      Sirve de apoyo, en lo conducente, el criterio sostenido por este Tribunal Pleno en la tesis aislada n�mero P. CXLIX/97, que se encuentra publicada en la p�gina setenta y cuatro del Tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice:

      "CATASTRO. LOS ART�CULOS 30 Y 55 DE LA LEY CORRESPONDIENTE DEL ESTADO DE SINALOA, AS� COMO EL 18 DE SU REGLAMENTO, NO SON VIOLATORIOS DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.-La interpretaci�n arm�nica del art�culo 51 de la Leyde Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, as� como de los inmersos en la Ley de Catastro de ese Estado, pone de manifiesto que los art�culos 30 y 55 de �sta no son violatorios del principio de legalidad previsto en el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional. El primero de ellos establece, como base para la determinaci�n del impuesto predial en trat�ndose de predios r�sticos o fincas urbanas, el valor catastral determinado conforme a la Ley de Catastro. A su vez, en los art�culos 30 y 55 de esta ley se faculta al Instituto Catastral de dicha entidad para que, a trav�s del implemento de las tablas de valores unitarios, obtenga el aval�o de los inmuebles practicado por peritos, tambi�n autorizados por el instituto, y determine as� el valor catastral. Si bien de tales art�culos se desprende que una autoridad administrativa, como lo es el Instituto Catastral, determinar� el valor catastral, tal determinaci�n no la hace a su arbitrio, sino de acuerdo con los lineamientos previstos en la propia ley, especialmente en los art�culos 6o., 26, 30, 31, 32, 33, 34, 50, 52, 54 y 55, entre otros, de los que se desprende que la ley define diversos conceptos, se�ala los pasos que deben darse, los �ndices a que hay que atender e incluso prev� un recurso a favor del contribuyente que no est� de acuerdo con la valuaci�n. Es decir, en la ley se dan los lineamientos que debe seguir el Instituto Catastral al realizar los estudios t�cnicos para determinar la propuesta de valores unitarios. Si el legislador no entra en detalles, ello obedece a que se est� en presencia de un fen�meno din�mico que requiere de un cuerpo especializado que tenga experiencia en esas materias, quien al emitir las tablas de valores fija �ndices que dan una razonable certeza o justificaci�n racional para evitar arbitrariedades en contra de los gobernados. De ah� que, atendiendo al principio de reserva relativa que rige en materia de legalidad tributaria, la remisi�n que se hace al art�culo 18 del reglamento para que fije el procedimiento al que dicho instituto deba sujetarse para la elaboraci�n de las mencionadas tablas, no pueda considerarse como una deslegalizaci�n de la materia reservada, toda vez que el procedimiento establecido en el reglamento est� claramente subordinado a la ley, y no se trata de una regulaci�n independiente, con lo que se evita que la autoridad administrativa a su arbitrio fije el valor de las bases para determinar el valor del inmueble objeto del tributo."

      Por tanto, al fijarse en el art�culo vig�simo segundo transitorio impugnado el l�mite en que podr�n incrementarse las bases generales de valores por unidades tipo y valorizaci�n de los predios ubicados en el Estado, respecto de los terrenos y construcciones, se cumple con el requisito de legalidad tributaria exigido por el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

      Por otra parte, resulta infundado el concepto de invalidez en que se aduce que el citado precepto legal impugnado viola los principios de proporcionalidad y equidad consagrados en el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional, porque el incremento determinado "mediante una f�rmula porcentual fija", no revela la capacidad contributiva de los propietarios de inmuebles, contrari�ndose el principio de proporcionalidad y que tambi�n se viola el principio de equidad, al establecerse la posibilidad de que el impuesto predial se determine conforme a valores apartados del valor real, al no precisarse en la ley procedimiento alguno que sirva para fijar los criterios de valuaci�n de cada predio.

      Lo anterior deviene infundado, en virtud de que, como ha quedado precisado, el precepto legal que se combate no establece una f�rmula porcentual fija conforme a la cual deber�n incrementarse las bases generales de valores por unidades tipo y los valores catastrales de los predios ubicados en el Estado, ya que se�ala que durante el a�o 2000 "... se aplicar� un incremento ... de un 13% ...", lo cual no puede interpretarse m�s que en el sentido de que el aumento de la base del impuesto predial, deber� ser el citado porcentaje.

      Respecto a que no se precisa en la ley procedimiento alguno que sirva para fijar los criterios de valuaci�n de cada predio, resulta infundado conforme a los razonamientos precisados en p�rrafos precedentes.

      Por lo que hace al concepto de invalidez en que argumenta la parte accionante que el art�culo 19 impugnado es violatorio de los art�culos 14, 16 y 31, fracci�n IV, constitucional "al no consignar la �poca o circunstancias en que pueden ser objeto de revisi�n las bases generales de valores por unidades tipo, dej�ndolo al arbitrio de la autoridad administrativa, siendo omiso en precisar qu� debe entenderse por circunstancias econ�micas, factores determinantes para la revisi�n contemplada en �sta, as� como los casos de justificaci�n de una circunstancia econ�mica o inflacionaria que da lugar a dicha revisi�n".

      Debe precisarse que tambi�n resulta infundado, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 20 impugnado, dichas bases s�lo podr�n ajustarse conforme a los porcentajes que establezca el Congreso Local mediante disposici�n de vigencia anual, por lo que es indiscutible que la revisi�n a que se refiere el precepto 19 impugnado, de ning�n modo resulta violatorio de los preceptos constitucionales mencionados, ya que es claro que dicha revisi�n s�lo tendr� efectos al emitirse el ajuste indicado por el Congreso de la entidad.

      La parte accionante argumenta que el art�culo 11, cuya invalidez demanda, es violatorio del principio de seguridad que consagra el art�culo 16 constitucional.

      Ahora bien, el art�culo 16 constitucional establece:

      Art�culo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ...

      El citado precepto 11 impugnado, si bien se�ala que a la D.�n de Catastro le competer�n todas las atribuciones catastrales no encomendadas a las Juntas Municipales o Central Catastrales, no menos exacto es que opuesto a lo argumentado por la parte accionante, las atribuciones que pudieran derivarse de dicho precepto no resultan violatorias del art�culo constitucional antes transcrito, al no acreditarse que se encuentren reservadas a otra autoridad diversa a las Juntas mencionadas, m�xime que en ning�n momento se precisa en los preceptos cuya invalidez se demanda, ni en los que integran la Ley del Catastro que las multirreferidas Juntas tengan facultades para fijar las bases para el cobro del impuesto predial, como se aduce por la parte accionante, sino que exclusivamente de conformidad con el art�culo 23 bis impugnado, pueden presentar los estudios de valores comerciales correspondientes a su circunscripci�n territorial. De ah� que resulte infundado el concepto de invalidez de que se trata.

      Por consecuencia, tambi�n resulta infundado el argumento relativo a que los preceptos cuya invalidez se demanda, vulneran el principio de reserva de ley, pues debe ser el legislador quien apruebe los elementos esenciales del tributo, ya que como ha quedado de manifiesto con anterioridad, tales elementos se encuentran establecidos en la Ley del Catastro y su reglamento, ordenamientos los cuales al haber sido previamente aprobados por el Congreso Local, evidentemente emanan del legislador.

      Finalmente, el art�culo 14 constitucional dispone:

      "Art�culo 14. A ninguna ley se dar� efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

      "Nadie podr� ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ..."

      As�, del an�lisis de los preceptos cuya invalidez se demanda y todo lo precedentemente considerado, dejan de manifiesto que dichos numerales de ning�n modo resultan violatorios del precepto constitucional de que se trata.

      Por �ltimo, resultan inaplicables, en el caso concreto, las tesis que la parte accionante invoca en su demanda, por las siguientes razones:

    5. Las tesis de rubros: "IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY.", "IMPUESTO PREDIAL. EL ART�CULO 66, REFORMADO, DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PREVIENE LA ACTUALIZACI�N DE LOS VALORES CATASTRALES, ES INCONSTITUCIONAL.", e "IMPUESTO PREDIAL. SON INCONSTITUCIONALES LAS LEYES QUE FACULTAN A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS A ACTUALIZAR, POR MEDIO DE TABLAS DE VALORES CATASTRALES, LA BASE GRAVABLE DEL TRIBUTO (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE SINALOA).", por virtud de que como qued� de manifiesto con anterioridad, los elementos esenciales del impuesto s� se encuentran precisados expresamente en la ley.

    6. Las tesis de la voz: "IMPUESTO PREDIAL. SON INCONSTITUCIONALES LAS LEYES QUE FACULTAN A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS A ACTUALIZAR, POR MEDIO DE TABLAS DE VALORES CATASTRALES, LA BASE GRAVABLE DEL TRIBUTO (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE SINALOA)." e "IMPUESTO PREDIAL. EL ART�CULO 66, REFORMADO, DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PREVIENE LA ACTUALIZACI�N DE LOS VALORES CATASTRALES, ES INCONSTITUCIONAL.", en raz�n de que se refieren a la actualizaci�n de la base gravable y, en el caso, en ninguno de los preceptos cuya invalidez se demanda, se alude a una actualizaci�n, sino a una revisi�n de dicha base.

    7. La tesis de rubro: "FACULTADES EXTRAORDINARIAS. SON INCONSTITUCIONALES LAS CONCEDIDAS AL GOBERNADOR DE UN ESTADO, FUERA DE LOS CASOS PERMITIDOS POR LA CONSTITUCI�N (LEY N�M. 6 DE PLANIFICACI�N PARA EL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE).", porque los preceptos impugnados en ning�n momento otorgan facultades extraordinarias a alguna autoridad.

    8. La tesis de rubro: "DELEGACI�N DE FACULTADES PARA LEGISLAR. COMPETENCIA DE LAS SECRETAR�AS DE ESTADO.", habida cuenta que los multicitados preceptos impugnados, tampoco contemplan la delegaci�n de facultades para legislar.

    9. Las tesis de la voz: "AUTORIDADES.", "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACI�N ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD." y "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, FACULTADES DE LAS AUTORIDADES DEBEN ESTAR EXPRESAMENTE ESTABLECIDAS EN LA LEY.", por virtud de que en ning�n momento se acredita que las obligaciones o facultades otorgadas a las autoridades de que se trata no se encuentran contempladas en la ley.

    10. La tesis titulada: "PREDIAL. EL ART�CULO 66 DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE DEL 1o. DE ENERO DE 1981 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1982, QUE ESTABLECE EL IMPUESTO CITADO, ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONTENIDO EN EL ART�CULO 31, FRACCI�N IV, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL.", porque alude al caso en que la determinaci�n del impuesto predial queda al arbitrio de la autoridad exactora y tal supuesto no acontece en el caso concreto, conforme a los razonamientos expresados con anterioridad.

    11. La tesis de la voz: "PREDIAL, INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS FRACCIONES III Y IV DEL ART�CULO 22 DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1983, EN CUANTO VIOLA EL ART�CULO 31, FRACCI�N IV, DE LA C., porque se refiere a los casos en los que se violan los principios de proporcionalidad y equidad, supuestos que tampoco se actualizan en la especie seg�n qued� asentado en el desarrollo de la presente sentencia.

    12. La tesis de rubro: "IMPUESTO PREDIAL, EL ART�CULO 66 DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, REFORMADO POR EL DECRETO DE 30 DE DICIEMBRE DE 1980, ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE CONSAGRA EL ART�CULO 31, FRACCI�N IV, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL, EN CUANTO AL SISTEMA DE VALUACI�N DE PREDIOS QUE ESTABLECE PARA LOS EFECTOS DEL.", toda vez que como se determin� con anterioridad, los preceptos cuya invalidez se demanda no resultan violatorios del principio de legalidad aludido.

      En consecuencia, al ser infundados los conceptos de invalidez expuestos, procede declarar infundada la presente acci�n de inconstitucionalidad, reconociendo la validez del Decreto "244" del veinte de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, espec�ficamente de sus art�culos 7o., 9o., 11, 19, 20, 23 bis, 25, 26 y vig�simo segundo transitorio de la Ley del Catastro del Estado de Nuevo Le�n.

      Debe agregarse que este Tribunal Pleno, al resolver la acci�n de inconstitucionalidad 4/99, emiti� ejecutoria en la que sustent� iguales consideraciones a las que apoyan la presente resoluci�n, con excepci�n de lo relativo al porcentaje de aumento contemplado en el decreto impugnado.

      Por lo expuesto y fundado, se

      resuelve:

PRIMERO

Es procedente pero infundada la acci�n de inconstitucionalidad promovida por los diputados integrantes de la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo Le�n.

SEGUNDO

Se reconoce la validez constitucional del Decreto N�mero 244, que reform� la Ley del Catastro del Estado, espec�ficamente en lo que se refiere a los art�culos 7o., 9o., 11, 19, 20, 23 bis, 25, 26 y vig�simo segundo transitorio, publicado en el P.�dico Oficial de la misma entidad el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

TERCERO

Publ�quese esta resoluci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta.

N.�quese; haci�ndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.

As� lo resolvi� la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en Pleno, por unanimidad de once votos de los se�ores M.S.S.A.A., M.A.G.�itr�n, J.V.C. y C., J.D.R., J.V.A.A.�n, Jos� de Jes�s G.�o P., G.I.O.M., H.R.P., O.S.C. de G.�a V., J.N.S.M. y presidente G.D.G.�ngora P.. Fue ponente en este asunto el se�or Ministro Jos� V.A.A.�n.

Nota: Las tesis de jurisprudencia 168, 165 y 215, de rubros: "IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCI�N FEDERAL.", "IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY." y "LEYES FISCALES. LA INTERPRETACI�N SISTEM�TICA DE SUS NORMAS NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE INTERPRETACI�N Y APLICACI�N ESTRICTA Y DE LEGALIDAD QUE RIGEN EN DICHA MATERIA.", citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional.