Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 35494485

Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Localizacion:SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Diciembre de 2007
RESUMEN

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 10/2007. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SACRAMENTO, COAHUILA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007, QUE ESTABLECE EL PAGO DE "DERECHOS" POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO A RAZÓN DE 3% PARA SERVICIO DOMÉSTICO Y DE 4% PARA SERVICIO COMERCIAL O INDUSTRIAL, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX, NUMERAL 5o., INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.MULTAS FIJAS. EL ARTÍCULO 34, FRACCIONES V A X Y XII A XXIV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SACRAMENTO, COAHUILA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007, QUE PREVÉ SU IMPOSICIÓN, TRANSGREDE LOS NUMERALES 16 Y 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

 
CONTENIDO

ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD 10/2007. PROCURADOR GENERAL DE LA REP�BLICA.
MINISTRO PONENTE: S.S.A.A..
SECRETARIO: A.M.R. MAT�AS.
M�xico, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al d�a treinta de agosto de dos mil siete.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil siete, en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, E.M.I., en su car�cter de procurador general de la Rep�blica, promovi� acci�n de inconstitucionalidad en la que solicit� la invalidez de los art�culos 13 y 34, fracciones V a X y XII a XXIV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, para el ejercicio fiscal de dos mil siete, publicada el veintis�is de diciembre de dos mil seis en el P.�dico Oficial de la entidad. Dichos preceptos establecen lo siguiente:
"Art�culo 13. Es objeto de este derecho la prestaci�n del servicio de alumbrado p�blico para los habitantes del Municipio. Se entiende por servicio de alumbrado p�blico, el que el Municipio otorga a la comunidad, en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso com�n. La tarifa que se aplicar� para el pago de derechos por la prestaci�n de alumbrado p�blico ser� del 3% para servicio dom�stico y del 4% en servicio comercial e industrial, de la cantidad que figure en el recibo o factura de la compa��a prestadora del servicio de energ�a el�ctrica. Los propietarios o poseedores de predios r�sticos o urbanos que no est�n registrados como usuarios en la Comisi�n Federal de Electricidad, pagar�n la tarifa se�alada en el p�rrafo que antecede, mediante el recibo que al efecto expida la tesorer�a municipal."
"Art�culo 34. Los ingresos, que perciba el Municipio por concepto de sanciones administrativas y fiscales, ser�n los siguientes: ... V. Traspasar una licencia de funcionamiento sin la autorizaci�n de la autoridad municipal, multa de $189.00. VI. El cambio de domicilio sin previa autorizaci�n de la autoridad municipal, multa de $189.00. VII. La violaci�n de las disposiciones contenidas al caso a la Ley para la Atenci�n, Tratamiento y A.�n de Menores en el Estado de Coahuila, multa de $357.00, sin perjuicio de responsabilidad penal a que se pudiera haber incurrido. VIII. En caso de reincidencia de las fracciones V, VI y VII se aplicar�n las siguientes sanciones: a) Cuando se reincide por primera vez, se duplicar� la sanci�n establecida en la partida anterior, y se clausurar� el establecimiento por 30 d�as. b) Si reincide por segunda vez o m�s veces, se clausurar� definitivamente el establecimiento, y se aplicar� una multa de $2,100.00. IX. Los predios no construidos en la zona urbana, deber�n ser bardeados o cercados a una altura m�nima de dos metros con cualquier clase de material adecuado, el incumplimiento de esta disposici�n se sancionar� con una multa de $6.50 por metro lineal. X. Las banquetas que se encuentren en mal estado, deber�n ser reparadas inmediatamente despu�s de que as� lo ordene el Departamento de Obras P�blicas del Municipio, en caso de inobservancia se aplicar� una multa de $5.50 por metro cuadrado, a los infractores de esta disposici�n. ... XII. Es obligaci�n de toda persona a que construya o repare una obra, solicitar permiso al Departamento de Obras P�blicas del Municipio, para mejorar fachadas o bardas, dicho permiso ser� gratuito, quien no cumpla con esta disposici�n ser� sancionado con una multa de $105.00. XIII. La construcci�n o reparaci�n de fachadas o marquesinas que puedan significar un peligro para la circulaci�n en las banquetas, deber�n ser protegidas con el m�ximo de seguridad para los peatones, quedando totalmente prohibido obstruir la banqueta que dificulte la circulaci�n. Los infractores de esta disposici�n ser�n sancionados con multa de $105.00, sin perjuicio de construir la obra de protecci�n a su cargo. XIV. Se sancionar� de $284.00, a las personas que no mantengan limpios los lotes bald�os, usos y colindancias con la v�a p�blica, cuando el Departamento de Obras P�blicas lo requiera. XV. Los establecimientos que operen sin licencia, se har�n acreedores a una multa de $116.00. XVI. Quien viole sellos de clausura, se har� acreedor a una sanci�n de $735.00. XVII. Quienes realicen matanza clandestina de animales se les aplicar� una multa de $1,313.00. XVIII. Se sancionar� con una multa de $104.00, a quienes incurran en cualesquiera de las conductas siguientes: 1. Descuidar el aseo del tramo de calle y banqueta que corresponda a los propietarios o poseedores de casas, edificios, terrenos bald�os y establecimientos comerciales o industriales. 2. Quemar basura o desperdicios fuera de los lugares autorizados por el R. Ayuntamiento. 3. Destruir los dep�sitos de basura instalados en la v�a p�blica. XIX. Tirar basura en la v�a p�blica o en los lugares no autorizados para tal efecto por el R. Ayuntamiento, cobrar� una multa de $142.00. XX. Por fraccionamientos no autorizados, una multa de $42.00 por lote. XXI. Por relotificaciones no autorizadas, una multa de $42.00 por lote. XXII. Se sancionar� con una multa a las personas que sin autorizaci�n incurran en las siguientes conductas: a) D., de $39.00. b) Excavaciones y obras de conducci�n, de $39.00. Obras complementarias, de $18.00. d) Obras completas, de $42.00. e) Obras exteriores, de $20.00. f) A., de $37.00. g) Por construir el tapial para ocupaci�n de la v�a p�blica, de $27.00. h) Revolturas de morteros o concretos en �reas pavimentadas, de $42.00. i) Por no tener licencia y documentaci�n en la obra, de $42.00. j) Por no presentar el aviso de terminaci�n de obras, de $11.00. XXIII. Por la ocupaci�n de dos espacios, se impondr� una multa de $31.00. XXIV. Por introducir objetos diferentes a monedas en estacion�metros municipales $30.50."
SEGUNDO. El promovente de esta acci�n estima que las disposiciones legales impugnadas son violatorias de los art�culos 16, 22, primer p�rrafo, 73, fracci�n XXIX, secci�n 5, inciso a) y 124 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO. En sus conceptos de invalidez, el procurador general de la Rep�blica argumenta lo siguiente:
1. En el primero de ellos se argumenta que el precepto 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, para el ejercicio fiscal de dos mil siete, es violatorio de los art�culos 16, 22, 73, fracci�n XXIX, secci�n 5, inciso a) y 124 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente:
a) De conformidad con los art�culos 40, 41, 42 y 124 de la Carta Magna, el Estado mexicano se constituye en una Rep�blica Federal, compuesta de Estados libres y soberanos en cuanto a su r�gimen interior, pero unidos en una Federaci�n establecida seg�n los principios de la Ley Fundamental, por lo que si bien los Estados pueden crear su propio sistema jur�dico no deben contravenir las disposiciones del Pacto Federal en el que se establecen competencias residuales, de acuerdo con lo cual, todas aquellas facultades que no est�n expresamente otorgadas a la Federaci�n, corresponden a los Estados.
b) En relaci�n con lo anterior, de la interpretaci�n literal del art�culo 73, fracci�n XXIX, secci�n 5, inciso a), de la Constituci�n Federal, se desprende que es facultad exclusiva del Congreso de la Uni�n establecer contribuciones en materia de energ�a el�ctrica.
c) En t�rminos de lo previsto por el art�culo 5o. del C�digo F. de la Federaci�n, las contribuciones deben tener ciertos elementos, tales como sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y �poca de pago.
De acuerdo con el art�culo 2o. del citado c�digo, los tributos se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, siendo estos �ltimos las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio p�blico de la naci�n, as� como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho p�blico.
d) Si bien el art�culo 115, fracci�n III, inciso b), de la Constituci�n Federal prev� que el Municipio tendr� a su cargo el servicio p�blico de alumbrado, dicha facultad no puede extenderse para que el Municipio pueda, a trav�s de su Ley de Ingresos, cobrar impuestos por el consumo de energ�a el�ctrica.
En este entendido, el precepto 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, para el ejercicio fiscal dos mil siete, que se tilda de inconstitucional, al conformar la base del gravamen de acuerdo al importe del consumo de energ�a el�ctrica, trastoca los art�culos constitucionales mencionados, toda vez que no se est� pagando por la prestaci�n del servicio otorgado por el Municipio en sus funciones de derecho p�blico, sino en relaci�n a lo que el contribuyente consume de fluido el�ctrico, es decir, que a mayor consumo, la base gravable aumenta y, por ende, crece el pago del tributo y a la inversa.
De este modo, la base se establece de acuerdo a la capacidad contributiva, en relaci�n con el consumo de energ�a el�ctrica, lo cual no corresponde a una actividad del ente p�blico por concepto del servicio de alumbrado, sino a un hecho o acto ajeno que tiende a gravar la capacidad tributaria de quienes utilizan el servicio.
Apoya su razonamiento en el criterio sustentado por este Alto Tribunal al resolver la acci�n de inconstitucionalidad 25/2006, as� como en las tesis de jurisprudencia de rubros: "ALUMBRADO P�BLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O C�DIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERG�A EL�CTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACI�N." y "ALUMBRADO P�BLICO. LAS DIVERSAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003, QUE PREV�N LA TASA APLICABLE A ESA CONTRIBUCI�N ESPECIAL, INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACI�N."
e) La garant�a de legalidad prevista por el art�culo 16 de la Constituci�n Federal, obliga a toda autoridad a que sus actos se encuentren fundamentados y motivados, requisitos que trat�ndose de leyes se cumplen, el primero de ellos, con la cita de los preceptos legales en los cuales se apoye la determinaci�n adoptada con la expresi�n de las causas inmediatas, razones particulares que demuestren la adecuaci�n de las hip�tesis contenidas en las disposiciones que sirvieron de fundamento para emitir el acto en el caso concreto.
Apoya sus argumentos en la tesis de jurisprudencia de rubro: "FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.", con lo cual concluye que el legislativo s�lo puede emitir normas cuyo �mbito espacial, material y personal de validez corresponda a la esfera de las atribuciones de ese �rgano.
f) Por todo lo anterior, concluye que al no estar facultado el Congreso del Estado de Coahuila para fijar un impuesto en materia de energ�a el�ctrica, actu� fuera de los l�mites de las atribuciones que le confiere la Constituci�n Federal, transgrediendo los art�culos 16 y 124 de ese ordenamiento, toda vez que fue m�s all� de su esfera de competencia y, en consecuencia, vulnera el diverso art�culo 73, fracci�n XXIX, secci�n 5, inciso a), de la propia N.F..
2. En el segundo concepto de invalidez se esgrime que el numeral 34, fracciones V a X y XII a XXIV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, para el ejercicio fiscal de dos mil siete, es violatorio de los art�culos 16 y 22, p�rrafo primero, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente:
a) Establece diversas multas fijas, las cuales son contrarias al primer p�rrafo del art�culo 22 invocado que instituye, entre otros supuestos, la prohibici�n del cobro de multas excesivas o fijas. En efecto, el Congreso de Coahuila en el precepto cuestionado previ� multas fijas, pues no estableci� los m�nimos y m�ximos de la sanci�n econ�mica que la autoridad municipal deber� de tomar en cuenta al aplicarla, por lo cual es dable aseverar que no valorar� las razones, motivos, consideraciones y situaciones de hecho y de derecho que dieron origen al acto del particular que se pretende sancionar.
En tales circunstancias, la autoridad administrativa sancionadora estar�a imposibilitada para calificar la gravedad o levedad de la falta cometida, por ello la multa ser�a irrazonable y desproporcionada; luego, esa falta de elementos para individualizar la sanci�n, es lo que conduce a considerar a las multas excesivas.
La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n se ha manifestado respecto de la multa excesiva o fija en la tesis de rubro: "MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE."
b) Por otra parte, la garant�a gen�rica de legalidad consagrada en el art�culo 16 constitucional, contiene un mandato para todas las autoridades, esto es, para las de cualquier orden y nivel de gobierno, incluyendo al Poder Legislativo, tanto federal como local, en los t�rminos se�alados antes.
c) En este contexto, resulta evidente que el Congreso de Coahuila, al prever una multa fija en el numeral impugnado, contravino lo dispuesto por el art�culo 22 de la Carta Magna, toda vez que dicho precepto proh�be expresamente las multas excesivas o fijas; en consecuencia, al no poder existir dentro de nuestro marco jur�dico este tipo de multas, el �rgano legislativo se extralimit� en sus atribuciones, vulnerando con ello lo dispuesto por el numeral 16 de la Constituci�n Federal.
CUARTO. Mediante acuerdo del veintis�is de enero de dos mil siete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n orden� formar y registrar el expediente relativo a la presente acci�n de inconstitucionalidad, a la que correspondi� el n�mero 10/2007 y, por raz�n de turno, design� al M.S.S.A.A., para instruir el procedimiento y para que formulara el proyecto de resoluci�n respectivo.
Por auto de veintinueve de enero de dos mil siete, el Ministro instructor admiti� la acci�n de inconstitucionalidad y orden� dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila, quienes emitieron y promulgaron la norma impugnada, a efecto de que rindieran sus respectivos informes.
QUINTO. Las autoridades emisora y promulgadora de la norma general impugnada, al rendir sus informes manifestaron en s�ntesis lo siguiente:
El Poder Legislativo del Estado de Coahuila, al rendir su informe en lo medular manifest�, lo que a continuaci�n se relata:
1. La Legislatura Estatal cuenta con facultades para emitir leyes donde se disponga el pago de contribuciones, incluidas las derivadas de derechos por la prestaci�n de servicios p�blicos; en el caso de la ley tildada de inconstitucional, el procedimiento legislativo fue seguido puntualmente y, por tanto, no existe ilegalidad en ese aspecto.
2. El cobro del derecho de alumbrado p�blico a fijar por los Municipios se encuentra claramente establecido en el p�rrafo �ltimo, del art�culo 42 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, norma que tiene su origen en el precepto 73 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como se advierte de la inserci�n siguiente:
"Cap�tulo IX. De las participaciones a las entidades federativas. Art�culo 41. La Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico celebrar� convenio con los Estados que soliciten adherirse al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. para recibir participaciones en los t�rminos de la Ley de Coordinaci�n F., conviniendo en no mantener impuestos locales o municipales sobre: I. Los actos o actividades por los que deba pagarse el impuesto al valor agregado o sobre las prestaciones o contraprestaciones que deriven de los mismos, ni sobre la producci�n de bienes cuando por su enajenaci�n deba pagarse dicho impuesto, excepto la prestaci�n de servicios de hospedaje, campamentos, paraderos de casas rodantes y de tiempo compartido. Para los efectos de esta fracci�n, en los servicios de hospedaje, campamentos, paraderos de casas rodantes y de tiempo compartido, s�lo se considerar� el albergue sin incluir a los alimentos y dem�s servicios relacionados con los mismos. Los impuestos locales o municipales que establezcan las entidades federativas en la enajenaci�n de bienes o prestaci�n de servicios mencionados en esta fracci�n, no se considerar�n como valor para calcular el impuesto a que se refiere esta ley. II. La enajenaci�n de bienes o prestaci�n de servicios cuando una u otras se exporten o sean de los se�alados en los art�culos 2o. A y 2o. C de esta ley. III. Los bienes que integren el activo o sobre la utilidad o el capital de las empresas, excepto por la tenencia o uso de autom�viles, omnibuses, camiones y tractores no agr�colas tipo quinta rueda, aeronaves, embarcaciones, veleros, esqu�es acu�ticos motorizados, motocicleta acu�tica, tabla de oleaje con motor, autom�viles el�ctricos y motocicletas. IV. Durante el ejercicio de 1996 el impuesto al valor agregado sobre el servicio o suministro de agua para uso dom�stico, se causar� a la tasa del cero porciento. V. El uso o goce temporal de casa habitaci�n. VI. E.�culos p�blicos consistentes en obras de teatro y funciones de circo, que en su conjunto superen un gravamen a nivel local del 8% calculado sobre el ingreso total que derive de dichas actividades. Queda comprendido dentro de esta limitante cualquier gravamen adicional que se les establezca con motivo de las citadas actividades. VII. La enajenaci�n de billetes y dem�s comprobantes que permitan participar en loter�as, rifas, sorteos y concursos de toda clase, organizados por organismos p�blicos descentralizados de la administraci�n p�blica federal, cuyo objeto social sea la obtenci�n de recursos para destinarlos a la asistencia p�blica. Tampoco mantendr�n impuestos locales o municipales de car�cter adicional sobre las participaciones en grav�menes federales que les correspondan. El Distrito Federal no establecer� ni mantendr� en vigor los grav�menes a que se refiere este art�culo.". "Art�culo 42. Se except�an de lo dispuesto en el art�culo anterior los impuestos que los Estados o el Distrito Federal tengan establecidos o establezcan sobre enajenaci�n de construcciones por las que deba pagarse el impuesto al valor agregado. En ning�n caso lo dispuesto en el art�culo anterior, se entender� limitativo de la facultad de los Estados y del Distrito Federal para gravar con impuestos locales o municipales la propiedad o posesi�n del suelo o construcciones, o la transmisi�n de propiedad de los mismos o sobre plusval�a o mejor�a espec�fica, siempre que no se discrimine en contra de los contribuyentes del impuesto al valor agregado. Lo dispuesto en los dos p�rrafos anteriores no se aplicar� respecto de la enajenaci�n de los certificados de participaci�n inmobiliarios no amortizables a que se refiere el segundo p�rrafo de la fracci�n VII del art�culo 9o. de esta ley. Trat�ndose de energ�a el�ctrica las entidades federativas no podr� (sic) decretar impuestos, contribuciones o grav�menes locales o municipales, cualquiera que sea su origen o denominaci�n, sobre: I.P.�n, introducci�n, transmisi�n, distribuci�n, venta o consumo de energ�a el�ctrica. II. Actos de organizaci�n de empresas generadoras o importadoras de energ�a el�ctrica. III. Capitales invertidos en los fines que expresa la fracci�n I.I.. Expedici�n o emisi�n por empresas generadoras e importadoras de energ�a el�ctrica, de t�tulos, acciones u obligaciones y operaciones relativas a los mismos. V.D., intereses o utilidades que representan o perciban las empresas que se�ala la fracci�n anterior. Se except�a de lo dispuesto en las fracciones anteriores, el impuesto a la propiedad privada que grava la tierra, pero no las mejoras y la urbana que pertenezca a las plantas productoras e importadoras as� como los derechos por servicios de alumbrado p�blico que cobren los Municipios, aun cuando para sudeterminaci�n se utilice como base el consumo de energ�a el�ctrica."
Por tanto, es obvio que el procurador general de la Rep�blica ignora o pretende ignorar la existencia del numeral preinserto, pues no considera la posibilidad de que en el marco del sistema de coordinaci�n fiscal se dan materias concurrentes y que de la facultad de igual naturaleza derivada de tal precepto se permita el cobro del derecho al servicio de alumbrado p�blico a los Municipios utilizando como base el consumo de energ�a el�ctrica.
En esta tesitura, al emitir el art�culo 13 cuestionado, simplemente se aplic� lo dispuesto en el numeral 42 de Ley del Impuesto al Valor Agregado, pues en la expedici�n prevista en �l se otorg� a los Municipios la facultad de cobro del derecho por el servicio p�blico de energ�a el�ctrica.
3. El cobro del derecho de alumbrado p�blico previsto en el art�culo 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, no es inconstitucional, porque si bien es cierto que el numeral 73 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos dispone que corresponde al Congreso de la Uni�n establecer contribuciones sobre energ�a el�ctrica, tambi�n lo es que conforme a lo establecido en el precepto 115, fracci�n III, inciso a) y IV, inciso c), de ese Magno Ordenamiento el Municipio est� obligado a prestar el servicio de alumbrado p�blico y para atender el mismo cuenta con los ingresos derivados de la recaudaci�n por cobro de la prestaci�n de los servicios p�blicos, entre los cuales se encuentra el de energ�a el�ctrica e incluso existe una prohibici�n a fin de evitar que por medio de las leyes federales se establezcan descuentos al cobro de los servicios municipales.
Por tanto, en uso de esas facultades el Municipio de Sacramento, Coahuila, remiti� a la legislatura demandada su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del a�o dos mil siete, en la cual se contiene el cobro del derecho por alumbrado p�blico, la cual fue turnada a estudio a comisiones y con base en el art�culo 115 de la Constituci�n, se aprob� por unanimidad de votos.
En este orden de ideas, el numeral 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, impugnado, resulta constitucional porque si bien es cierto que con fundamento en lo dispuesto en el art�culo 73 de la Carta Magna, el Congreso de la Uni�n tiene atribuciones para establecer contribuciones sobre energ�a el�ctrica, tambi�n lo es que de acuerdo a lo establecido en el art�culo 115, fracci�n III, inciso b), los Municipios tienen a su cargo la prestaci�n de servicios p�blicos, entre otros, el de alumbrado p�blico. Adem�s, que como lo dispone la fracci�n IV, inciso c), del precepto �ltimamente citado, los Municipios tienen derecho a recibir los ingresos derivados de la prestaci�n de los servicios a su cargo para el funcionamiento de los mismos, luego, es obvio que las legislaturas pueden fijar las contribuciones correspondientes a los Municipios por concepto de los servicios que presten y como ya se vio es de su competencia exclusiva el servicio de m�rito y, por ende, el cobro del derecho derivado del mismo.
4. Conforme a lo establecido en el numeral 7o. del C�digo Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila, los elementos del derecho de alumbrado p�blico es una actuaci�n del Municipio, consistente en la prestaci�n de un servicio p�blico y en el pago que debe realizar el sujeto pasivo de la contribuci�n, el cual le permite sostener la prestaci�n de tal servicio.
La tasa basada en el consumo dom�stico comercial e industrial, para el pago del derecho de alumbrado p�blico cuestionado, se utiliz� para observar el principio de equidad, pues s�lo de esa forma se trata igual a los iguales y desigual a los desiguales; luego, para diferenciar a los contribuyentes se estableci� una tasa del 3% para el consumo domiciliario y del 4% al consumo comercial e industrial que obtiene con base a la medici�n del consumo de energ�a el�ctrica, pues no debe soslayarse que los usuarios con mayor potencial econ�mico, tienen mayores recursos.
Por tanto, el art�culo 13, cuestionado, no establece un impuesto, sino un derecho por la prestaci�n de un servicio p�blico, pues se cobr� para cubrir la prestaci�n del servicio p�blico de energ�a el�ctrica; por ello no se invade la esfera de competencia del legislador federal.
5. Toda vez que la multa tiene una naturaleza diferente a las contribuciones, no se puede hablar de violaci�n al art�culo 31, fracci�n IV constitucional, que establece los principios de proporcionalidad y equidad, pues las contribuciones tienen como punto de partida el �mbito patrimonial del gobernado, mientras que las multas aplican sanciones por conductas contrarias al orden social que no alcanzan el grado de delito, pero que administrativamente son reprochables porque alteran el orden social. Apoya lo anterior, la tesis de rubro: "MULTAS POR INFRACCI�N ADMINISTRATIVA. NO SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS CONSAGRADOS EN EL ART�CULO 31, FRACCI�N IV, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL."
Por su parte, el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, al rendir su informe manifest� lo que enseguida se narra.
La ley tildada de inconstitucional se ajusta a las distintas fases del procedimiento legislativo, toda vez que se fundamenta en los art�culos 62, fracci�n IV, 64, 66 y 84, fracci�n III, de la Constituci�n Pol�tica del Estado.
El acto legislativo reclamado y su vigencia no vulneran las garant�as constitucionales de que se duele el promovente, ya que en el mismo se contiene la debida fundamentaci�n y motivaci�n, entendiendo por esto que el Congreso que expidi� la ley est� facultado para ello, motivo por el cual el Ejecutivo del Estado orden� la promulgaci�n respectiva. Ese Alto Tribunal ha mantenido el criterio de que el Congreso que expidi� la ley, constitucionalmente est� facultado para ello, ya que los requisitos se satisfacen cuando el mismo Poder Legislativo act�a dentro de los l�mites de las atribuciones que la Constituci�n le confiere.
SEXTO. Una vez cerrado el periodo de alegatos, el veinte de marzo de dos mil siete se declar� cerrada la instrucci�n, y se puso el expediente en estado de resoluci�n para formular el proyecto correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para resolver la presente acci�n de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 105, fracci�n II, inciso c), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracci�n I, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, toda vez que el procurador general de la Rep�blica plantea la posible contradicci�n entre los art�culos 13 y 34, fracciones V a X y XII a XXIV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, para el ejercicio fiscal de dos mil siete y la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO. En primer lugar se analizar� si la acci�n de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.
De conformidad con el numeral 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos,(1) el c�mputo del plazo de treinta d�as naturales para ejercitar la acci�n de inconstitucionalidad debe hacerse a partir del d�a siguiente al en que se public� en el medio de difusi�n oficial la norma impugnada.
Asimismo, conforme al criterio sostenido por este Pleno en la sesi�n de cuatro de mayo de dos mil seis, derivado de la acci�n de inconstitucionalidad 25/2004, las acciones podr�n ejercerse dentro de los treinta d�as naturales siguientes a la fecha de publicaci�n de la norma, acorde con lo dispuesto por el segundo p�rrafo de la fracci�n II del art�culo 105 constitucional, por lo que se abandon� el criterio sostenido por el propio Pleno en la sesi�n de veintisiete de octubre de dos mil cinco, derivado de la acci�n de inconstitucionalidad 21/2005.
Ahora bien, el decreto por el que se dieron a conocer los preceptos impugnados, fue publicado en el P.�dico Oficial de la entidad el veintis�is de diciembre de dos mil seis, por tanto, el plazo para ejercer esta v�a inici� el veintisiete del mismo mes y a�o y concluy� el veinticinco de enero de dos mil siete, de conformidad con el art�culo 60 antes referido.


En este tenor, toda vez que el oficio de la acci�n de inconstitucionalidad se recibi� en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el veinticinco de enero de dos mil siete, seg�n se advierte del sello de recepci�n que obra al reverso de la foja 21 de autos, es decir, el �ltimo d�a del plazo establecido para ello, es evidente que su presentaci�n fue oportuna.
TERCERO. A continuaci�n se procede a analizar la legitimaci�n del promovente, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acci�n.
S. la demanda E.M.M.I., en su car�cter de procurador general de la Rep�blica, lo que acredita con la copia certificada de su designaci�n en ese cargo por parte del presidente de la Rep�blica.(2)
Ahora bien, de acuerdo con lo previsto por el art�culo 105, fracci�n II, inciso c), de la Constituci�n Federal,(3) si en el caso se plantea la inconstitucionalidad de los art�culos 13 y 34, fracciones V a X y XII a XXIV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, para el ejercicio fiscal de dos mil siete, ordenamiento que tiene el car�cter de estatal, el procurador general de la Rep�blica cuenta con la legitimaci�n necesaria para hacerlo.
Apoyan la conclusi�n anterior, las tesis de jurisprudencia n�mero P./J. 98/2001 y P./J. 92/2006, de rubros: "ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REP�BLICA TIENE LEGITIMACI�N PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, AS� COMO TRATADOS INTERNACIONALES."(4) y "ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REP�BLICA EST� LEGITIMADO PARA SOLICITAR LA INVALIDEZ DE UNA LEY MUNICIPAL EXPEDIDA POR EL CONGRESO ESTATAL."(5)
CUARTO. En virtud de que de las constancias que integran la presente acci�n de inconstitucionalidad se advierte que no existen causas de improcedencia hechas valer por las partes pendientes de an�lisis y este Tribunal Pleno tampoco advierte de oficio la existencia de otra causal cuyo estudio deba abordarse, se proceder� al examen de la litis constitucional.
QUINTO. En primer t�rmino, se estudiar� el concepto de invalidez planteado por la parte promovente, tendiente a evidenciar que el art�culo 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila para el ejercicio fiscal de dos mil siete, es violatorio del art�culo 73, fracci�n XXIX, numeral 5o., inciso a), de la Constituci�n Federal, toda vez que, seg�n aduce, en aqu�l se establece un impuesto al consumo de energ�a el�ctrica, lo cual excede la competencia de la Legislatura del Estado para fijar las contribuciones que deben recaudar los Municipios por el servicio de alumbrado p�blico prevista por el art�culo 115, fracci�n III, inciso b), de la Constituci�n Federal.
A efecto de analizar las cuestiones planteadas, en primer t�rmino resulta necesario se�alar que el art�culo 73, fracci�n XXIX, numeral 5o., inciso a), de la Constituci�n Federal, dispone que corresponde al Congreso de la Uni�n establecer contribuciones especiales sobre energ�a el�ctrica; y por su parte, el 115, fracci�n III, inciso b), prev� que los Municipios tendr�n a su cargo, entre otros servicios, el alumbrado p�blico y, la fracci�n IV, inciso c), del mismo precepto, establece que los Municipios tienen derecho a recibir -entre otros- los ingresos derivados de la prestaci�n de los servicios p�blicos a su cargo y, en caso de que se utilice la figura del "derecho" para el financiamiento del servicio p�blico, conforme al principio de reserva de ley que obliga a que las contribuciones s�lo tengan esta fuente normativa, es facultad de las legislaturas aprobar las leyes de ingresos de este nivel de gobierno.(6)
De acuerdo con lo anterior, en principio se aprecia que, por una parte, el Congreso Federal tiene atribuci�n para el establecimiento de las contribuciones sobre energ�a el�ctrica y, por la otra, que al corresponder a las legislaturas de los Estados fijar las contribuciones que correspondan a los Municipios por concepto de los servicios que presten, siendo de su competencia exclusiva el servicio de alumbrado p�blico, �stos pueden, como consecuencia de esa atribuci�n, realizar el cobro de los derechos con motivo de la prestaci�n de dicho servicio.
En efecto, de conformidad con las fracciones III, inciso b) y IV, inciso c), del art�culo 115 de la Constituci�n Federal, la Hacienda P�blica de los Municipios se compone, entre otras cosas, de los ingresos derivados de la prestaci�n de los servicios p�blicos que tengan a su cargo, y como ya se dijo el servicio p�blico de alumbrado es uno de los servicios que prestan los Municipios. Por tanto, al tener a su cargo el servicio p�blico de alumbrado, indiscutiblemente pueden gravarlo a efecto de realizar cobros y recaudaciones para poder seguir prestando dicho servicio, sin embargo, deber�n hacerlo como un derecho y no como impuesto.
Por tanto, a efecto de determinar si el art�culo impugnado resulta constitucional o no, es necesario establecer claramente la naturaleza de la contribuci�n contenida por el citado precepto, es decir, si el mismo se trata de una contribuci�n de las previstas por el precitado art�culo 73 de la Constituci�n Federal, tal como sostiene el procurador general de la Rep�blica o, si por el contrario, se trata del establecimiento de un derecho.
En primer t�rmino, de manera general podemos se�alar que desde tiempos pret�ritos, las Constituciones del mundo han puesto especial �nfasis en establecer limitaciones al poder p�blico, que se plasman en diversos principios que deben seguir las contribuciones, ante la necesidad de protecci�n al derecho de propiedad privada de los gobernados. Estos principios no s�lo act�an como l�mites, sino que tambi�n dan sus notas distintivas a las obligaciones p�blicas denominadas contribuciones o tributos.
En nuestro pa�s, el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal,(7) regula los principios que deben regir a las contribuciones tanto en nivel federal como en el del Distrito Federal, los Estados y los Municipios, ya que consagra los principios constitucionales tributarios de reserva de ley, destino al gasto p�blico, proporcionalidad y equidad; los cuales adem�s de ser garant�as individuales, enuncian las caracter�sticas que pueden llevarnos a construir un concepto jur�dico de tributo o contribuci�n con base en la N.F., las cuales se se�alan a continuaci�n:
a) Toda contribuci�n tiene su fuente en el poder de imperio del Estado.
b) Constituyen prestaciones en dinero y excepcionalmente en especie o en servicios.(8)
c) S�lo se pueden crear mediante ley.
d) Se encuentran afectos a fines esencialmente recaudatorios, es decir, tienen por destino el gasto p�blico, sin que se niegue la posibilidad de servir a prop�sitos de pol�tica econ�mica.
e) Los criterios de justicia tributaria son el de proporcionalidad o capacidad contributiva y el de equidad.
De acuerdo con estas caracter�sticas previstas por la N.F., podemos esbozar un concepto jur�dico de las contribuciones o tributos que resulte aplicable a todos los niveles de gobierno, al cual se le puede definir como un ingreso de derecho p�blico -normalmente pecuniario- destinado al financiamiento de los gastos generales, obtenido por un ente de igual naturaleza -Federaci�n, Distrito Federal, Estados o Municipios-, titular de un derecho de cr�dito frente al contribuyente, cuya obligaci�n surge de la ley, la cual debe gravar un hecho indicativo de capacidad econ�mica, dando un trato equitativo a todos los contribuyentes.
Una vez fijado un concepto constitucional de contribuci�n o tributo, tenemos que �ste se conforma de distintas especies, que comparten una configuraci�n estructural compuesta por sus elementos esenciales, los que, por un lado, permiten, mediante su an�lisis integral y arm�nico, determinar su naturaleza y, por el otro, constituyen el punto de partida para el an�lisis de su adecuaci�n al marco jur�dico constitucional que los regula.
Dichos elementos esenciales de la contribuci�n, reconocidos tanto doctrinalmente como en el derecho positivo, consisten en el sujeto, hecho imponible, base imponible, tasa o tarifa, y �poca de pago.
As�, aun cuando el C�digo F. de la Federaci�n se�ala como elementos del tributo al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa,(9) debe entenderse que el t�rmino "objeto", se refiere a un aspecto m�s complejo de los elementos del tributo, denominado hecho imponible y, en particular, a su aspecto objetivo, es decir, a la riqueza manifestada a trav�s de la realizaci�n del supuesto previsto en ley.
Dichos conceptos pueden explicarse de la manera siguiente:
a) Sujeto: La persona f�sica o moral que actualiza el hecho imponible, quedando vinculada de manera pasiva en virtud del nacimiento de la obligaci�n jur�dico-tributaria.
b) Hecho imponible: Es el presupuesto de naturaleza jur�dica o econ�mica fijado por la ley para configurar cada tributo y de cuya realizaci�n depende el nacimiento de la obligaci�n tributaria.
El hecho imponible constituye el hecho definidor o configurador que identifica a cada tributo, m�s a�n, que legitima la imposici�n, en cuanto que s�lo por su realizaci�n puede producirse la sujeci�n al tributo y ser� l�cita su exigencia.
En efecto, el hecho imponible debe ser, en todos los casos, un elemento fijado por la ley; se trata siempre de un hecho de naturaleza jur�dica, creado y definido por la norma, y que no existe hasta que �sta lo ha descrito o tipificado.(10)
c) Base imponible: El valor o magnitud representativa de la riqueza constitutiva del elemento objetivo del hecho imponible, que sirve para la determinaci�n l�quida del cr�dito fiscal, una vez que se aplica a dicho concepto la tasa o tarifa.
d) Tasa o tarifa: Es la cantidad porcentual o determinada que se aplica sobre la base imponible para efecto de obtener como resultado la determinaci�n del cr�dito fiscal, y
e) �poca de pago: Momento o plazo dentro del cual la obligaci�n es exigible y por tanto debe ser cubierta por el sujeto pasivo de la obligaci�n tributaria.
Ahora bien, aun cuando los mencionados componentes de los tributos son una constante estructural, su contenido es variable, present�ndose de manera distinta, dependiendo de qu� tipo de contribuci�n se analice, dotando a su vez de una naturaleza propia a cada tributo.
Asimismo, cabe apuntar que de acuerdo con la autonom�a de las entidades federativas, y con el sistema de distribuci�n de competencias que prev� la Constituci�n Federal, tanto la Federaci�n como el Distrito Federal y cada Estado para s� y para sus Municipios, tienen libertad para realizar su propia configuraci�n de las categor�as de las contribuciones o tributos, imprimiendo los matices correspondientes a su realidad; sin embargo, esta libertad no autoriza al legislador para desnaturalizar estas instituciones, por lo que deben respetar sus notas esenciales tanto en lo referente a su naturaleza como contribuci�n, como a las notas de sus especies.
Una vez sentadas las bases anteriores, cabe se�alar que en nivel federal el art�culo 2o. del C�digo F. de la Federaci�n establece la clasificaci�n de las contribuciones comprendidas en nuestro ordenamiento jur�dico, distinguiendo cuatro especies del g�nero contribuci�n, a saber: los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y los derechos, los cuales conceptualiza de la siguiente forma:
1. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas f�sicas y morales que se encuentran en la situaci�n jur�dica o de hechoprevista por la misma y que sean distintas de las se�aladas en las fracciones II, III y IV, de este art�culo.
2. Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.
3. Contribuciones de mejoras son las establecidas en ley a cargo de las personas f�sicas y morales que se beneficien de manera directa por obras p�blicas.
4. Derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio p�blico de la naci�n, as� como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho p�blico, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u �rganos desconcentrados cuando, en este �ltimo caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. Tambi�n son derechos las contribuciones a cargo de los organismos p�blicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.
De lo expuesto, podemos afirmar que en las contribuciones denominadas "derechos", el hecho imponible lo constituye una actuaci�n de los �rganos del Estado a trav�s del r�gimen de servicio p�blico, o bien, el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio p�blico de la naci�n; mientras que en el caso de los impuestos, el hecho imponible est� constituido por hechos o actos que sin tener una relaci�n directa con la actividad del ente p�blico como tal, ponen de manifiesto de manera relevante la capacidad contributiva del sujeto pasivo. No est� por dem�s agregar que si bien la exigencia de capacidad contributiva es nota de las contribuciones, en el caso de los impuestos, que es su especie m�s importante, este aspecto cobra mayor relevancia.
Al respecto, cabe se�alar que el hecho imponible de las contribuciones reviste un car�cter especial entre los componentes que integran el tributo, toda vez que no s�lo constituye el presupuesto para el nacimiento de la obligaci�n tributaria, sino que adem�s, sirve como elemento de identificaci�n del tributo, pues en una situaci�n de normalidad evidencia e identifica la categor�a de la contribuci�n a la que pertenece. Esta situaci�n de normalidad tiene como presupuesto la congruencia que debe existir entre dicho elemento y la base imponible, ya que mientras el primero ubica la situaci�n, hecho, acto, o actividad denotativa de capacidad contributiva, el segundo representa la magnitud cuantificable de dicha capacidad, erigi�ndose en premisa para la determinaci�n en cantidad l�quida de la contribuci�n.
En este sentido, el hecho imponible otorga efectos jur�dicos a la actualizaci�n de determinada hip�tesis, debido a que la situaci�n, hecho, acto o actividad constituye un reflejo de la capacidad contributiva del sujeto que actualiza la mencionada hip�tesis, y no una consecuencia jur�dica derivada de la voluntad del legislador de manera arbitraria.
Conforme a los anteriores razonamientos, resulta l�gico concluir que el hecho imponible, al referirse a la capacidad contributiva del sujeto pasivo que lo actualiza, requiere de un elemento adicional para poder concretar el monto de la obligaci�n tributaria, de manera tal que se respeta la garant�a de proporcionalidad tributaria en la medida en que exista congruencia entre el hecho imponible y la cuantificaci�n de su magnitud, funci�n esta �ltima que le corresponde al elemento tributario conocido como base imponible. Asimismo, la exigencia de congruencia entre hecho imponible y base, adem�s de ser un requisito de proporcionalidad, es tambi�n una cuesti�n de l�gica interna de los tributos, pues de lo contrario existir� imprecisi�n en torno a cu�l es el aspecto objetivo efectivamente gravado y cu�l es la categor�a tributaria que efectivamente se regula, lo que inclusive puede incidir en la competencia de la autoridad legislativa, pues �sta puede carecer de facultades constitucionales para gravar tal hecho o acto.
En efecto, la distorsi�n de la relaci�n entre el hecho imponible y la base, normalmente nos llevar� a una imprecisi�n respecto del aspecto objetivo u objeto que pretendi� gravar el legislador, pues mientras el hecho imponible atiende a un objeto, la base mide un objeto distinto; sin embargo, este conflicto debe resolverse atendiendo a la base imponible, pues siendo el tributo una prestaci�n dineraria, debe tomarse en cuenta que la base es la que sirve para la determinaci�n pecuniaria del tributo, pues es la medida que representa a la que se aplica la tasa o tarifa, raz�n por la cual podr� revelarnos el verdadero aspecto objetivo del hecho imponible gravado por el legislador, que se encuentra oculto en la base y que, inclusive, no necesita de la realizaci�n del hecho imponible ficticio para materializar el surgimiento de la obligaci�n, lo cual en algunas ocasiones podr� revelarnos que un impuesto grava un objeto diferente al que refiere su hecho imponible o que una contribuci�n es un impuesto o una contribuci�n de mejoras y no un derecho y viceversa.
Ahora, debe analizarse la naturaleza de la contribuci�n establecida por el art�culo 13 impugnado, el cual se encuentra previsto en el t�tulo segundo denominado "De las contribuciones", cap�tulo octavo denominado "De los derechos por la prestaci�n de servicios p�blicos", secci�n tercera denominada "De los servicios de alumbrado p�blico", de la Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, para el ejercicio fiscal de dos mil siete.(11)
De la lectura del precepto citado, se advierte que la Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, para el ejercicio fiscal de dos mil siete, establece una contribuci�n a la que otorga la naturaleza jur�dica de derecho, cuyo objeto o hecho imponible, lo constituye la prestaci�n del servicio de alumbrado p�blico que haga el Municipio.
No obstante lo anterior, tenemos que la armon�a que debe existir en los elementos esenciales del tributo relativos a un derecho, se rompe con el contenido del art�culo 13 impugnado, al regular que la base para el c�lculo de este derecho son los consumos de energ�a el�ctrica en tarifa del 3% para servicio dom�stico y del 4% en servicio comercial e industrial, de la cantidad que figure en el recibo o factura de la compa��a prestadora del servicio de energ�a el�ctrica.
De ello se advierte que se establece como magnitud o valor denotativo de capacidad contributiva, el consumo de energ�a el�ctrica, por lo que en el caso, la base del tributo se encuentra relacionada con un hecho imponible que no responde a una actividad del ente p�blico por concepto del servicio de alumbrado p�blico, sino a un hecho, acto, situaci�n o actividad denotativo de capacidad contributiva ajeno a la actividad del ente p�blico y que, en el caso, consiste en dicho consumo de energ�a.
Como expusimos, este conflicto entre el aspecto objetivo que denota el hecho imponible y el que denota la base, se resuelve en favor del contemplado en la base, pues es el que servir� para el c�lculo del tributo, que se liquidar� con base en el consumo de energ�a el�ctrica e ir� variando seg�n aumente o disminuya dicho consumo.
El anterior razonamiento permite descubrir la verdadera naturaleza del tributo en an�lisis, puesto que al haber identificado el hecho imponible real, que se encuentra en la base, permite concluir que se trata de una contribuci�n perteneciente a la categor�a de los impuestos, ya que la naturaleza de las contribuciones se debe apreciar en relaci�n con su propia estructura y no con el nombre con el que el legislador las denomine.
Por tanto, no obstante que el art�culo impugnado denomina a la contribuci�n de m�rito "derecho", materialmente se trata de un impuesto sobre el consumo de energ�a el�ctrica, tributo que como qued� previamente estudiado, es competencia exclusiva de la Federaci�n, raz�n por la cual resulta contrario a lo previsto por el art�culo 73, fracci�n XXIX, numeral 5o., inciso a), de la Constituci�n Federal.
En similar sentido se ha pronunciado esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, y ello se corrobora con las jurisprudencias del Tribunal Pleno y de la Segunda Sala, de n�meros P./J. 6/88 y 2a./J. 25/2004, cuyos rubros se�alan, respectivamente: "ALUMBRADO P�BLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O C�DIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERG�A EL�CTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACI�N."(12) y "ALUMBRADO P�BLICO. LAS DIVERSAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2003, QUE PREV�N LA TASA APLICABLE A ESA CONTRIBUCI�N ESPECIAL, INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACI�N."(13)
No obsta a la conclusi�n alcanzada que el art�culo 42 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado(14) establezca como una excepci�n a las prohibiciones para las entidades legislativas para decretar impuestos, contribuciones o grav�menes locales o municipales en materia de energ�a el�ctrica, el poder establecer derechos por servicios de alumbrado p�blico que cobren los Municipios, aun cuando para su determinaci�n se utilice como base el consumo de energ�a el�ctrica.
Sobre lo anterior, cabe destacar que el art�culo 73, fracci�n XXIX, �ltimo p�rrafo de la Constituci�n Federal,(15) establece que las entidades federativas participar�n en el rendimiento de las contribuciones especiales -entre las que se encuentran las relativas a energ�a el�ctrica-, en la proporci�n que la ley secundaria federal lo determine, y que las legislaturas locales fijar�n el porcentaje correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energ�a el�ctrica.
En t�rminos de lo que se ha venido exponiendo, lo anterior no significa que las entidades federativas tengan competencia concurrente con la Federaci�n para que, a trav�s de las Legislaturas Locales, fijen impuestos u otras contribuciones sobre energ�a el�ctrica; por el contrario, al ser una materia de competencia exclusiva de la Federaci�n, �sta es la �nica facultada para establecer contribuciones especiales en ese rubro.
Lo que en realidad dispone el precepto constitucional se�alado, es que a trav�s del Sistema Nacional de Coordinaci�n F., se permite a las entidades federativas recibir participaciones federales en los t�rminos de la Ley de Coordinaci�n F.; en el caso particular, se les autoriza a percibir ingresos de los recursos obtenidos a trav�s de contribuciones especiales en materia de energ�a el�ctrica (impuesto establecido por la Federaci�n), pero al mismo tiempo, se impone a las Legislaturas Locales la obligaci�n de fijar el porcentaje que corresponder� a los Municipios, respecto de dichos ingresos por concepto de impuesto sobre energ�a el�ctrica.
En tales condiciones, queda claro que el precepto constitucional se�alado, no establece una competencia concurrente en materia de contribuciones sobre energ�a el�ctrica, sino s�lo un sistema de distribuci�n de participaciones federales por ese concepto a las entidades federativas y de �stas a los Municipios.
Al respecto, conviene tener presente el criterio de rubro: "IMPUESTOS. SISTEMA CONSTITUCIONAL REFERIDO A LA MATERIA FISCAL. COMPETENCIA ENTRE LA FEDERACI�N Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA DECRETARLOS."(16)
De conformidad con lo expuesto, lo procedente es declarar la invalidez del art�culo 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, para el ejercicio fiscal de dos mil siete.
En tal virtud, al haberse declarado la invalidez del precepto impugnado por los motivos expuestos, resulta innecesario ocuparse de los restantes argumentos planteados por el promovente, tendientes a evidenciar que ese dispositivo es contrario a diversos preceptos constitucionales. Resulta aplicable la jurisprudencia n�mero P./J. 37/2004, de rubro: "ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ."(17)
En similares t�rminos se pronunci� este Tribunal Pleno al resolver en sesi�n p�blica de veintisiete de octubre de dos mil cinco, por unanimidad de nueve votos,(18) las acciones de inconstitucionalidad 21/2005, 22/2005 y 23/2005; en sesi�n p�blica de treinta de mayo de dos mil seis, por unanimidad de once votos, las acciones de inconstitucionalidad 10/2006, 11/2006 y 12/2006; en sesi�n p�blica de primero de junio de dos mil seis, por unanimidad de once votos, la acci�n de inconstitucionalidad 16/2006; y en sesi�n p�blica de cinco de junio de dos mil seis, tambi�n por unanimidad de once votos, las acciones de inconstitucionalidad 14/2006, 15/2006, 17/2006, 18/2006, 19/2006, 20/2006, 21/2006, 22/2006 y 23/2006.
SEXTO. Por otra parte, se analizar� el segundo concepto de invalidez planteado por la parte promovente, tendiente a evidenciar que el art�culo 34, fracciones V a X y XII a XXIV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, para el ejercicio fiscal de dos mil siete, contraviene lo dispuesto por los art�culos 16 y 22 de la Constituci�n Federal, al prever diversas multas fijas.
En dicho apartado del escrito inicial, el promovente pretende evidenciar que el art�culo 34, fracciones V a X y XII a XXIV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, para el ejercicio fiscal de dos mil siete, contraviene lo dispuesto por los art�culos 16 y 22, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal, al prever diversas multas fijas.
En principio, conviene precisar qu� se ha entendido por multa fija.
El art�culo 22 de la Constituci�n Federal(19) proh�be, entre otras penas, la multa excesiva.
Ya en diversos precedentes nos hemos pronunciado sobre este tema, en el sentido de que una multa es excesiva cuando la ley que la prev� no da posibilidad a quien debe imponerla, de determinar su monto o su cuant�a, esto es, de considerar la gravedad de la infracci�n, la capacidad econ�mica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad de la infracci�n, a fin de individualizar el monto de la multa. Este criterio se plasm� en la tesis de jurisprudencia P./J. 9/95, de rubro: "MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE."(20)
As�, la imposici�n de multas debe ser proporcional a la infracci�n cometida, para lo cual deben considerarse diversos elementos, de lo contrario, resultar� excesiva.
En otras palabras, las multas deben guardar una relaci�n de proporcionalidad frente a la infracci�n realizada, a fin de establecer su cuant�a, para lo cual deber� considerarse la reincidencia, las posibilidades econ�micas del infractor, la gravedad del il�cito, etc�tera.
En este sentido, para que una multa sea acorde al Texto Constitucional, debe contener un par�metro establecido en cantidades o porcentajes m�nimos y m�ximos, que permitan a las autoridades facultadas para imponerlas, determinar su monto de acuerdo a las circunstancias personales del infractor, tomando en cuenta su capacidad econ�mica, la reincidencia o cualquier otro elemento del que se desprenda la levedad o gravedad de la infracci�n, ya que de lo contrario, el establecimiento de multas fijas que se apliquen a todos los infractores por igual, de manera invariable e inflexible, trae como consecuencia el exceso autoritario y un tratamiento desproporcionado a los infractores. Sirven de apoyo, las tesis de jurisprudencia P./J. 102/99 y P./J. 17/2000, de rubros: "MULTAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN EN PORCENTAJES DETERMINADOS ENTRE UN M�NIMO Y UN M�XIMO, NO SON INCONSTITUCIONALES."(21) y "MULTAS. NO TIENEN EL CAR�CTER DE FIJAS LAS ESTABLECIDAS EN PRECEPTOS QUE PREV�N UNA SANCI�N M�NIMA Y UNA M�XIMA."(22)
Ahora bien, en el concepto de invalidez planteado, el promovente aduce esencialmente que el art�culo 34, fracciones V a X y XII a XXIV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, para el ejercicio fiscal de dos mil siete,(23) establece diversas multas fijas que son contrarias al art�culo 22 de la Constituci�n Federal, ya que no prev�n los m�nimos y m�ximos de la sanci�n econ�mica que la autoridad municipal deber� tomar en cuenta al aplicarla.
En t�rminos generales, dicho precepto establece en sus fracciones V a X y XII a XXIV, que los ingresos que perciba el Municipio por concepto de sanciones administrativas y fiscales, ser�n los siguientes:
I. Traspasar una licencia de funcionamiento sin la autorizaci�n de la autoridad municipal, multa de $189.00, (fracci�n V)
II. El cambio de domicilio sin previa autorizaci�n de la autoridad municipal, multa de $189.00, (fracci�n VI)
VII. La violaci�n de las disposiciones contenidas al caso a la Ley para la Atenci�n, Tratamiento y A.�n de Menores en el Estado de Coahuila, multa de $357.00, sin perjuicio de responsabilidad penal a que se pudiera haber incurrido, (fracci�n VII)
III. En caso de reincidencia de las fracciones V, VI y VII se aplicar�n las siguientes sanciones: (fracci�n VIII)
a) Cuando se reincide por primera vez, se duplicar� la sanci�n establecida en la partida anterior, y se clausurar� el establecimiento por 30 d�as.
b) Si reincide por segunda vez o m�s veces, se clausurar� definitivamente el establecimiento, y se aplicar� una multa de $2,100.00.
IV. Los predios no construidos en la zona urbana, deber�n ser bardeados o cercados a una altura m�nima de dos metros con cualquier clase de material adecuado, el incumplimiento de esta disposici�n se sancionar� con una multa de $6.50 por metro lineal, (fracci�n IX)
V. Las banquetas que se encuentren en mal estado, deber�n ser reparadas inmediatamente despu�s de que as� lo ordene el Departamento de Obras P�blicas del Municipio, en caso de inobservancia se aplicar� una multa de $5.50 por metro cuadrado, a los infractores de esta disposici�n, (fracci�n X)
VI. Es obligaci�n de toda persona a que construya o repare una obra, solicitar permiso al Departamento de Obras P�blicas del Municipio, para mejorar fachadas o bardas, dicho permiso ser� gratuito, quien no cumpla con esta disposici�n ser� sancionado con una multa de $105.00 (fracci�n XII)
VII. La construcci�n o reparaci�n de fachadas o marquesinas que puedan significar un peligro para la circulaci�n en las banquetas, deber�n ser protegidas con el m�ximo de seguridad para los peatones, quedando totalmente prohibido obstruir la banqueta que dificulte la circulaci�n. Los infractores de esta disposici�n ser�n sancionados con multa de $105.00, sin perjuicio de construir la obra de protecci�n a su cargo (fracci�n XIII)
VIII. Se sancionar� de $284.00, a las personas que no mantengan limpios los lotes bald�os, usos y colindancias con la v�a p�blica, cuando el Departamento de Obras P�blicas lo requiera (fracci�n XIV)
VIII. Los establecimientos que operen sin licencia, se har�n acreedores a una multa de $116.00 (fracci�n XV)
IX. Quien viole sellos de clausura, se har� acreedor a una sanci�n de $735.00 (fracci�n XVI)
X. Quienes realicen matanza clandestina de animales se les aplicar� una multa de $1,313.00 (fracci�n XVII)
XI. Se sancionar� con una multa de $104.00, a quienes incurran en cualesquiera de las conductas siguientes (fracci�n XVIII):
1. Descuidar el aseo del tramo de calle y banqueta que corresponda a los propietarios o poseedores de casas, edificios, terrenos bald�os y establecimientos comerciales o industriales.
2. Quemar basura o desperdicios fuera de los lugares autorizados por el R. Ayuntamiento.
3. Destruir los dep�sitos de basura instalados en la v�a p�blica.
XII. Tirar basura en la v�a p�blica o en los lugares no autorizados para tal efecto por el R. Ayuntamiento, cobrar� una multa de $142.00 (fracci�n XIX)
XIII. Por fraccionamientos no autorizados, una multa de $42.00 por lote (fracci�n XX)
XIV. Por relotificaciones no autorizadas, una multa de $42.00 por lote (fracci�n XXI)
XV. Sesancionar� con una multa a las personas que sin autorizaci�n incurran en las siguientes conductas (fracci�n XXII):
1. D., de $39.00.
2. Excavaciones y obras de conducci�n, de $39.00.
3. Obras complementarias, de $18.00.
4. Obras completas, de $42.00.
5. Obras exteriores, de $20.00.
6. A., de $37.00.
7. Por construir el tapial para ocupaci�n de la v�a p�blica, de $27.00.
8. Revolturas de morteros o concretos en �reas pavimentadas, de $42.00.
9. Por no tener licencia y documentaci�n en la obra, de $42.00.
10. Por no presentar el aviso de terminaci�n de obras, de $11.00.
XVI. Por la ocupaci�n de dos espacios, se impondr� una multa de $31.00 (fracci�n XXIII)
XVII. Por introducir objetos diferentes a monedas en estacion�metros municipales $30.50 (fracci�n XXIV)
Como puede advertirse, la norma impugnada establece que la autoridad municipal sancionar� con diversas multas o sanciones espec�ficas, a quienes realicen las conductas descritas.
Por consiguiente, al prever el art�culo 34, fracciones V a X y XII a XXIV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, para el ejercicio fiscal de dos mil siete, diversas multas o sanciones de montos espec�ficos, esto es, prever multas fijas, entonces efectivamente vulneran el art�culo 22 constitucional, toda vez que la autoridad facultada para imponerlas no tiene la posibilidad para determinar en cada caso su monto o cuant�a, tomando en cuenta el da�o causado a la sociedad, la capacidad econ�mica del infractor, la reincidencia, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la magnitud del hecho infractor y de ah�, la multa que corresponda imponer a quien lo cometi�.
Al haber resultado fundado el concepto de invalidez relativo a la violaci�n del art�culo 22 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, tambi�n se vulnera el art�culo 16 constitucional, que prev� el principio de legalidad.
A�n m�s, cabe destacar en particular, que el dispositivo en an�lisis en su fracci�n VI, al establecer que se sancionar� con una multa de $189.00 (ciento ochenta y nueve pesos M.N. 00/100) "El cambio de domicilio sin previa autorizaci�n de la autoridad municipal ... ." -sin estar vinculado dicho supuesto con alguna cuesti�n fiscal-, vulnera en s� mismo el art�culo 11 de la Constituci�n Federal, por limitar con dicha sanci�n la garant�a de libre tr�nsito, cuyo ejercicio est� subordinado s�lo a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigraci�n, inmigraci�n y salubridad general de la Rep�blica, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el pa�s, sin que el supuesto en an�lisis quede comprendido dentro de los citados casos excepcionales.
Al haber resultado fundado el concepto de invalidez relativo a la violaci�n del art�culo 22 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, tambi�n se estima vulnerado el art�culo 16 constitucional, que prev� el principio de legalidad; y, adicionalmente, la garant�a de libre tr�nsito contenida en el art�culo 11 constitucional, por lo que se refiere, en particular, a la fracci�n VI del art�culo 34 impugnado.
En estas condiciones, al ser violatorios de los dispositivos constitucionales se�alados, debe declararse la invalidez de los art�culos 13 y 34, fracciones V a X y XII a XXIV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, para el ejercicio fiscal de dos mil siete.
En similares t�rminos se pronunci� este Tribunal Pleno al resolver en sesi�n p�blica de veinticinco de mayo de dos mil seis, por unanimidad de ocho votos,(24) las acciones de inconstitucionalidad 1/2006, 2/2006, 3/2006, 4/2006, 5/2006, 6/2006, 7/2006, 8/2006 y 9/2006.
La declaratoria de invalidez de los art�culos 13 y 34, fracciones V a X y XII a XXIV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, para el ejercicio fiscal de dos mil siete, surtir� efectos a partir del d�a siguiente de la legal notificaci�n de la presente ejecutoria al Congreso del Estado de Coahuila.
Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:
PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acci�n de inconstitucionalidad.
SEGUNDO. Se declara la invalidez de los art�culos 13 y 34, fracciones V a X y XII a XXIV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, para el ejercicio fiscal de dos mil siete, publicada en el P.�dico Oficial de dicha entidad, el veintis�is de diciembre de dos mil seis.
TERCERO. La declaratoria de invalidez de las normas impugnadas surtir� efectos en t�rminos del �ltimo considerando de esta ejecutoria.
CUARTO. N.�quese esta resoluci�n al Municipio de Sacramento, Estado de Coahuila.
QUINTO. P.�quese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federaci�n, en el P.�dico Oficial del Estado de Coahuila y en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta.
N.�quese; haci�ndolo por medio de oficio a las partes y al Municipio de Sacramento, Coahuila, en su car�cter de autoridad ejecutora y, en su oportunidad, arch�vese el expediente como asunto concluido.
As� lo resolvi� el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de once votos de los se�ores M.S.S.A.A., J.R.�n C.�o D�az, M.B.L.R., J.F.F.G.S., G.D.G.�ngora P., Jos� de Jes�s G.�o P., M.A.G.�itr�n, S.A.V.H.�ndez, O.M.�a del Carmen S�nchez C. de G.�a V., J.N.S.M. y presidente G.I.O.M..
El se�or Ministro M.A.G.�n salv� su criterio consistente en que los derechos por servicio de alumbrado p�blico no son impuestos sino contribuciones t�picas propias del Municipio, y precis� que vot� a favor de la declaraci�n de invalidez, pero no por invasi�n de esferas, sino por violaci�n al principio de proporcionalidad a que se refiere la fracci�n IV del art�culo 31 constitucional; la se�ora Ministra S�nchez C. de G.�a V. dej� a salvo su criterio respecto a que los derechos por servicio de alumbrado p�blico deben respetar los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, y el se�or Ministro Franco Gonz�lez S. lo dej� respecto de las consideraciones referidas a multas fijas, y reservaron su derecho de formular, en su caso y oportunidad, votos concurrentes.
El se�or Ministro presidente G.I.O.M. declar� que el asunto se resolvi� en los t�rminos precisados.
Nota: La denominaci�n correcta de la "Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, para el ejercicio fiscal de dos mil siete" citada en esta ejecutoria, conforme al P.�dico Oficial del Estado de Coahuila de 26 de diciembre de 2006, es la de "Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, para el ejercicio fiscal 2007".

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1. "Art�culo 60. El plazo para ejercitar la acci�n de inconstitucionalidad ser� de treinta d�as naturales contados a partir del d�a siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el �ltimo d�a del plazo fuese inh�bil, la demanda podr� presentarse el primer d�a h�bil siguiente.
"En materia electoral, para el c�mputo de los plazos, todos los d�as son h�biles."
2. Foja 22 del expediente.
3. "Art�culo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer�, en los t�rminos que se�ala la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y esta Constituci�n.
"Las acciones de inconstitucionalidad podr�n ejercitarse, dentro de los treinta d�as naturales siguientes a la fecha de publicaci�n de la norma, por:
"...
"c) El procurador general de la Rep�blica, en contra de leyes de car�cter Federal, estatal y del Distrito Federal, as� como de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano."
4. Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., septiembre de 2001, tesis P./J. 98/2001, p�gina 823. Texto del criterio: "El art�culo 105, fracci�n II, inciso c), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos faculta al procurador general de la Rep�blica para impugnar, mediante el ejercicio de las acciones de inconstitucionalidad, leyes de car�cter Federal, estatal o del Distrito Federal, as� como tratados internacionales, sin que sea indispensable al efecto la existencia de agravio alguno, en virtud de que dicho medio de control constitucional se promueve con el inter�s general de preservar, de modo directo y �nico, la supremac�a constitucional, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n realice un an�lisis abstracto de la constitucionalidad de la norma. En otras palabras, no es necesario que el procurador general de la Rep�blica resulte agraviado o beneficiado con la norma en contra de la cual enderece la acci�n de inconstitucionalidad ni que est� vinculado con la resoluci�n que llegue a dictarse, pues ser� suficiente su inter�s general, abstracto e impersonal de que se respete la supremac�a de la Carta Magna."
5. Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XXIV, julio de 2006, tesis P./J. 92/2006, p�gina 818. Texto del criterio: "El art�culo 105, fracci�n II, inciso c), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos prev� la facultad del procurador general de la Rep�blica para promover acciones de inconstitucionalidad contra leyes federales, estatales o del Distrito Federal, as� como tratados internacionales celebrados por M�xico. Por otra parte, para determinar la calidad de la norma general impugnada (federal, estatal o del Distrito Federal), debe atenderse al �rgano que la expidi�, no al �mbito espacial de aplicaci�n que tenga. En esa virtud, se concluye que el referido procurador est� legitimado para solicitar la invalidez de una Ley de Ingresos municipal, en tanto es expedida por el Congreso Estatal de conformidad con el art�culo 115, fracci�n IV, pen�ltimo p�rrafo, de la Constituci�n Federal, pero no respecto de disposiciones generales emitidas por el Ayuntamiento respectivo, como es el Bando de Polic�a Municipal."
6. "Art�culo 73. El Congreso tiene facultad: ... XXIX. Para establecer contribuciones: ... 5o. Especiales sobre: a) Energ�a el�ctrica."
"Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: ... III. Los Municipios tendr�n a su cargo las funciones y servicios p�blicos siguientes: ... b) Alumbrado p�blico. ... Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempe�o de las funciones o la prestaci�n de los servicios a su cargo, los Municipios observar�n lo dispuesto por las leyes federales y estatales. Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podr�n coordinarse y asociarse para la m�s eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y trat�ndose de la asociaci�n de Municipios de dos o m�s Estados, deber�n contar con la aprobaci�n de las legislaturas de los Estados respectivas. As� mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste, de manera directa o a trav�s del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio; ... IV. Los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: ... c) Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo. Las leyes federales no limitar�n la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni conceder�n exenciones en relaci�n con las mismas. Las leyes estatales no establecer�n exenciones o subsidios a favor de persona o instituci�n alguna respecto de dichas contribuciones. S�lo estar�n exentos los bienes de dominio p�blico de la Federaci�n, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier t�tulo, para fines administrativos o prop�sitos distintos a los de su objeto p�blico. Los ayuntamientos, en el �mbito de su competencia, propondr�n a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Las Legislaturas de los Estados aprobar�n las Leyes de Ingresos de los Municipios, revisar�n y fiscalizar�n sus cuentas p�blicas. Los presupuestos de egresos ser�n aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. Los recursos que integran la hacienda municipal ser�n ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; ... ."
7. "Art�culo 31. Son obligaciones de los mexicanos: ... IV. Contribuir para los gastos p�blicos, as� de la Federaci�n, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."
8. En nuestro pa�s las contribuciones pueden ser pagadas en dinero o bien en especie, en tanto que el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal no se limita al dinero, sino que gen�ricamente se refiere a "Contribuir para los gastos p�blicos ..." Para ejemplificar lo anterior, se cita el tercer p�rrafo del art�culo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de 2006, que dispone: "El Ejecutivo Federal informar� al Congreso de la Uni�n de los ingresos pagados en especie o en servicios, por contribuciones, as� como, en su caso, el destino de los mismos."
9. "Art�culo 5o. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que se�alan excepciones a las mismas, as� como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicaci�n estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.
"Las otras disposiciones fiscales se interpretar�n aplicando cualquier m�todo de interpretaci�n jur�dica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicar�n supletoriamente las disposiciones del derecho federal com�n cuando su aplicaci�n no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal."
10. Este elemento es de naturaleza compleja y este Alto Tribunal al resolver el amparo en revisi�n 351/97, el veinte de enero de mil novecientos noventa y ocho, estableci� que se compone de dos elementos: el subjetivo y el objetivo. El elemento subjetivo es la relaci�n, preestablecida tambi�n por la ley, en la que debe encontrarse el sujeto pasivo del tributo con aquel primer elemento (objetivo) a fin de que pueda surgir frente a �l el cr�dito impositivo del ente p�blico. Por su parte, el elemento objetivo del hecho imponible (o presupuesto objetivo) es un acto, un hecho o una situaci�n de la persona o de sus bienes que puede ser contemplado desde varios aspectos (material, espacial, temporal y cuantitativo).
11. "Art�culo 13. Es objeto de este derecho la prestaci�n del servicio de alumbrado p�blico para los habitantes del Municipio. Se entiende por servicio de alumbrado p�blico, el que el Municipio otorga a la comunidad, en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso com�n.
"La tarifa que se aplicar� para el pago de derechos por la prestaci�n de alumbrado p�blico ser� del 3% para servicio dom�stico y del 4% en servicio comercial e industrial, de la cantidad que figure en el recibo o factura de la compa��a prestadora del servicio de energ�a el�ctrica.
"Los propietarios o poseedores de predios r�sticos o urbanos que no est�n registrados como usuarios en la Comisi�n Federal de Electricidad, pagar�n la tarifa se�alada en el p�rrafo que antecede, mediante el recibo que al efecto expida la Tesorer�a Municipal."
12. Octava �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo I, Primera Parte-1, enero a junio de 1988, tesis P./J. 6/88, p�gina 134. Texto del criterio: "De conformidad con lo dispuesto en el art�culo 73, fracci�n XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constituci�n, es facultad del Congreso de la Uni�n establecer contribuciones sobre el consumo de energ�a el�ctrica; ahora bien, cuando en los c�digos y leyes locales se prev� que los derechos por servicio de alumbrado p�blico se calculen tom�ndose como base la cantidad que se paga por consumo de energ�a el�ctrica, en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislaci�n local. En efecto, debe existir una relaci�n l�gica entre el objeto de una contribuci�n y su base, principio que se rompe en casos como �stos, pues ninguna relaci�n hay entre lo que se consume de energ�a el�ctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado p�blico, debiendo concluirse que en realidad se trata de una contribuci�n establecida por las Legislaturas Locales al consumo de fluido el�ctrico, con lo cual invaden la esfera de facultades exclusivas de la Federaci�n y contravienen la Constituci�n General de la Rep�blica."
13. Novena �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., marzo de 2004, tesis 2a./J. 25/2004, p�gina 317, texto del criterio: "La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 158/2002, estableci� que si no se impugn� oportunamente la Ley de Hacienda para los Municipios de esa entidad federativa, que prev� los sujetos, objeto, base y �poca de pago de la ?contribuci�n especial por servicio de alumbrado p�blico?, debe tenerse por consentida, y que al emitirse anualmente las Leyes de Ingresos para cada Municipio de ese Estado, surge la posibilidad de impugnar en amparo s�lo respecto de la tasa ah� prevista; ahora bien, en virtud de que los porcentajes de dicha tasa se hacen depender de las tarifas que para la venta del servicio p�blico de energ�a el�ctrica establece la Ley de Servicio P�blico de Energ�a El�ctrica y su reglamento, cuya emisi�n compete al �mbito federal, as� como las contribuciones correspondientes seg�n lo establece el art�culo 73, fracciones X y XXIX, inciso 5o., subinciso a) de la Constituci�n Federal, cuando se impugnen las citadas leyes de ingresos, en cuanto a este elemento, tambi�n es aplicable, en t�rminos del art�culo 76 Bis, fracci�n I, de la Ley de Amparo, la tesis jurisprudencial tem�tica P./J. 6/88 de rubro: ?ALUMBRADO P�BLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O C�DIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERG�A EL�CTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACI�N.?."
14. "Art�culo 42. Se except�an de lo dispuesto en el art�culo anterior los impuestos que los Estados o el Distrito Federal tengan establecidos o establezcan sobre enajenaci�n de construcciones por las que deba pagarse el impuesto al valor agregado.
"En ning�n caso lo dispuesto en el art�culo anterior, se entender� limitativo de la facultad de los Estados y del Distrito Federal para gravar con impuestos locales o municipales la propiedad o posesi�n del suelo o construcciones, o la transmisi�n de propiedad de los mismos o sobre plusval�a o mejor�a espec�fica, siempre que no se discrimine en contra de los contribuyentes del impuesto al valor agregado.
"Lo dispuesto en los dosp�rrafos anteriores no se aplicar� respecto de la enajenaci�n de los certificados de participaci�n inmobiliarios no amortizables a que se refiere el segundo p�rrafo de la fracci�n VII del art�culo 9o. de esta ley.
"Trat�ndose de energ�a el�ctrica las entidades federativas no podr� (sic) decretar impuestos, contribuciones o grav�menes locales o municipales, cualquiera que sea su origen o denominaci�n, sobre:
"I.P.�n, introducci�n, transmisi�n, distribuci�n, venta o consumo de energ�a el�ctrica.
"II. Actos de organizaci�n de empresas generadoras o importadoras de energ�a el�ctrica.
"III. Capitales invertidos en los fines que expresa la fracci�n I.
"IV. Expedici�n o emisi�n por empresas generadoras e importadoras de energ�a el�ctrica, de t�tulos, acciones u obligaciones y operaciones relativas a los mismos.
"V.D., intereses o utilidades que representan o perciban las empresas que se�ala la fracci�n anterior.
"Se except�a de lo dispuesto en las fracciones anteriores, el impuesto a la propiedad privada que grava la tierra, pero no las mejoras y la urbana que pertenezca a las plantas productoras e importadoras as� como los derechos por servicios de alumbrado p�blico que cobren los Municipios, aun cuando para su determinaci�n se utilice como base el consumo de energ�a el�ctrica."
15. "Art�culo 73. El Congreso tiene facultad:
"...
"XXIX. Para establecer contribuciones:
"...
"Las entidades federativas participar�n en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporci�n que la ley secundaria Federal determine. Las Legislaturas Locales fijar�n el porcentaje correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energ�a el�ctrica; ..."
16. S�ptima �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n, Vol�menes 151-156, Primera Parte, p�gina 149, texto del criterio: "Una interpretaci�n sistem�tica de los preceptos constitucionales que se refieren a materia impositiva, determina que no existe una delimitaci�n radical entre la competencia federal y la estatal, sino que es un sistema complejo y las reglas principales las siguientes: a) Concurrencia contributiva de la Federaci�n y los Estados en la mayor�a de las fuentes de ingresos (art�culos 73, fracci�n VII y 124); b) L.�n a la facultad impositiva de los Estados mediante la reserva expresa y concreta de determinada materia a la Federaci�n (art�culo 73, fracci�n XXIX) y c) Restricciones expresas a la potestad tributaria de los Estados (art�culo 117, fracciones IV, V, VI y VII y 118)"
17. Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., junio de 2004, tesis P./J. 37/2004, p�gina 863. Texto del criterio: "Si se declara la invalidez del acto impugnado en una acci�n de inconstitucionalidad, por haber sido fundado uno de los conceptos de invalidez propuestos, se cumple el prop�sito de este medio de control constitucional y resulta innecesario ocuparse de los restantes argumentos relativos al mismo acto."
18. No asistieron los se�ores Ministros presidente M.A.G.�itr�n y G.D.G.�ngora P., por estar cumpliendo con comisiones de car�cter oficial.
19. "Art�culo 22. Quedan prohibidas las penas de mutilaci�n y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscaci�n de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. ... ."
20. Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo II, julio de 1995, tesis P./J. 9/95, p�gina 5. Texto del criterio: "De la acepci�n gramatical del vocablo ?excesivo?, as� como de las interpretaciones dadas por la doctrina y por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, para definir el concepto de multa excesiva, contenido en el art�culo 22 constitucional, se pueden obtener los siguientes elementos: a) Una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades econ�micas del infractor en relaci�n a la gravedad del il�cito; b) Cuando se propasa, va m�s adelante de lo l�cito y lo razonable; y c) Una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos. Por lo tanto, para que una multa no sea contraria al texto constitucional, debe establecerse en la ley que la autoridad facultada para imponerla, tenga posibilidad, en cada caso, de determinar su monto o cuant�a, tomando en cuenta la gravedad de la infracci�n, la capacidad econ�mica del infractor, la reincidencia, en su caso, de �ste en la comisi�n del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, para as� determinar individualizadamente la multa que corresponda."
21. Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, tesis P./J. 102/99, p�gina 31. Texto del criterio: "Esta Suprema Corte ha establecido, en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/95, que las leyes que prev�n multas fijas resultan inconstitucionales por cuanto al aplicarse a todos por igual de manera invariable e inflexible, propician excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares; sin embargo, no pueden considerarse fijas las multas establecidas por el legislador en porcentajes determinados entre un m�nimo y un m�ximo, porque con base en ese par�metro, la autoridad se encuentra facultada para individualizar las sanciones de conformidad con la gravedad de la infracci�n, la capacidad econ�mica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor."
22. Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, tesis P./J. 17/2000, p�gina 59. Texto del criterio: "El establecimiento de multas fijas es contrario a los art�culos 22 y 31, fracci�n IV, de la Constituci�n, por cuanto que al aplicarse a todos los infractores por igual, de manera invariable e inflexible, propicia excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares. En virtud de ello, los requisitos considerados por este M�ximo Tribunal para estimar que una multa es acorde al Texto Constitucional, se cumplen mediante el establecimiento, en la norma sancionadora, de cantidades m�nimas y m�ximas, lo que permite a la autoridad facultada para imponerla, determinar su monto de acuerdo a las circunstancias personales del infractor, tomando en cuenta su capacidad econ�mica y la gravedad de la violaci�n."
23. "Art�culo 34. Los ingresos, que perciba el Municipio por concepto de sanciones administrativas y fiscales, ser�n los siguientes: ... V. Traspasar una licencia de funcionamiento sin la autorizaci�n de la autoridad municipal, multa de $189.00.-VI. El cambio de domicilio sin previa autorizaci�n de la autoridad municipal, multa de $189.00.-VII. La violaci�n de las disposiciones contenidas al caso a la Ley para la Atenci�n, Tratamiento y A.�n de Menores en el Estado de Coahuila, multa de $357.00, sin perjuicio de responsabilidad penal a que se pudiera haber incurrido.-VIII. En caso de reincidencia de las fracciones V, VI y VII se aplicar�n las siguientes sanciones: a) Cuando se reincide por primera vez, se duplicar� la sanci�n establecida en la partida anterior, y se clausurar� el establecimiento por 30 d�as.-b) Si reincide por segunda vez o m�s veces, se clausurar� definitivamente el establecimiento, y se aplicar� una multa de $2,100.00.-IX. Los predios no construidos en la zona urbana, deber�n ser bardeados o cercados a una altura m�nima de dos metros con cualquier clase de material adecuado, el incumplimiento de esta disposici�n se sancionar� con una multa de $6.50 por metro lineal.-X. Las banquetas que se encuentren en mal estado, deber�n ser reparadas inmediatamente despu�s de que as� lo ordene el Departamento de Obras P�blicas del Municipio, en caso de inobservancia se aplicar� una multa de $5.50 por metro cuadrado, a los infractores de esta disposici�n. ... XII. Es obligaci�n de toda persona a que construya o repare una obra, solicitar permiso al Departamento de Obras P�blicas del Municipio, para mejorar fachadas o bardas, dicho permiso ser� gratuito, quien no cumpla con esta disposici�n ser� sancionado con una multa de $105.00.-XIII. La construcci�n o reparaci�n de fachadas o marquesinas que puedan significar un peligro para la circulaci�n en las banquetas, deber�n ser protegidas con el m�ximo de seguridad para los peatones, quedando totalmente prohibido obstruir la banqueta que dificulte la circulaci�n. Los infractores de esta disposici�n ser�n sancionados con multa de $105.00, sin perjuicio de construir la obra de protecci�n a su cargo.-XIV. Se sancionar� de $284.00, a las personas que no mantengan limpios los lotes bald�os, usos y colindancias con la v�a p�blica, cuando el Departamento de Obras P�blicas lo requiera.-XV. Los establecimientos que operen sin licencia, se har�n acreedores a una multa de $116.00.-XVI. Quien viole sellos de clausura, se har� acreedor a una sanci�n de $735.00.-XVII. Quienes realicen matanza clandestina de animales se les aplicar� una multa de $1,313.00.-XVIII. Se sancionar� con una multa de $104.00, a quienes incurran en cualesquiera de las conductas siguientes: 1. Descuidar el aseo del tramo de calle y banqueta que corresponda a los propietarios o poseedores de casas, edificios, terrenos bald�os y establecimientos comerciales o industriales.-2. Quemar basura o desperdicios fuera de los lugares autorizados por el R. Ayuntamiento.-3. Destruir los dep�sitos de basura instalados en la v�a p�blica.-XIX. Tirar basura en la v�a p�blica o en los lugares no autorizados para tal efecto por el R. Ayuntamiento, cobrar� una multa de $142.00-XX. Por fraccionamientos no autorizados, una multa de $42.00 por lote.-XXI. Por relotificaciones no autorizadas, una multa de $42.00 por lote.-XXII. Se sancionar� con una multa a las personas que sin autorizaci�n incurran en las siguientes conductas: a) D., de $39.00.-b) Excavaciones y obras de conducci�n, de $39.00.-c) Obras complementarias, de $18.00.-d) Obras completas, de $42.00.-e) Obras exteriores, de $20.00.-f) A., de $37.00.-g) Por construir el tapial para ocupaci�n de la v�a p�blica, de $27.00.-h) Revolturas de morteros o concretos en �reas pavimentadas, de $42.00.-i) Por no tener licencia y documentaci�n en la obra, de $42.00.-j) Por no presentar el aviso de terminaci�n de obras, de $11.00.-XXIII. Por la ocupaci�n de dos espacios, se impondr� una multa de $31.00.-XXIV. Por introducir objetos diferentes a monedas en estacion�metros municipales $30.50."
24. No asistieron los se�ores M.A.A., C.�o D�az y A.G.�itr�n.