Ejecutoria num. 2a./J. 139/2007 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 35494170

Ejecutoria num. 2a./J. 139/2007 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 139/2007
Localizacion:MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Septiembre de 2007
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL OCTAVO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.SOCIO O ACCIONISTA RESPONSABLE SOLIDARIO DEL CRÉDITO FISCAL DERIVADO DE LA FALTA DE AVISO DE CAMBIO DE DOMICILIO DE LA SOCIEDAD CONTRIBUYENTE. DEBE OTORGÁRSELE GARANTÍA DE AUDIENCIA PARA QUE ALEGUE LO QUE A SU INTERÉS CONVENGA, TANTO DE LA DETERMINACIÓN DE SU RESPONSABILIDAD COMO DEL PROCEDIMIENTO QUE CULMINÓ CON LA FIJACIÓN DEL REFERIDO CRÉDITO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 6/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL OCTAVO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL D�CIMO NOVENO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA G�ITR�N.

SECRETARIA: OLIVA ESCUDERO CONTRERAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer de la presente denuncia de contradicci�n de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n General de la Rep�blica, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en relaci�n con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario N�mero 5/2001 de veintiuno de junio de dos mil uno, toda vez que las ejecutorias de las que emanan los posibles criterios encontrados corresponden a la materia administrativa que es de su competencia.

SEGUNDO

La denuncia de contradicci�n de tesis proviene de parte leg�tima, toda vez que la realiz� la Ministra presidenta de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en t�rminos del art�culo 197-A de la Ley de Amparo (foja 5 vuelta).

TERCERO

A fin de estar en aptitud de resolver el presente asunto, es necesario tener presentes las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias de las cuales emanan los criterios que se denuncian como encontrados.

  1. El Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito sostuvo en la revisi�n fiscal 173/2006, lo siguiente:

    "Por otro lado, les asiste la raz�n a las autoridades recurrentes, ya que es verdad que el primer concepto de impugnaci�n esgrimido por el actor en contra de la orden de visita, es inoperante, toda vez que en �l se cuestiona la legalidad de la orden de visita, concretamente en cuanto a la fundamentaci�n de la misma, la cual si bien es el origen de la resoluci�n determinante impugnada lo cierto es que fue practicada a la empresa Acoi de M�xico, S.C., y en atenci�n a ello, el representante legal de la empresa revisada era el �nico que pod�a combatir tales actos de molestia, por ser esa persona moral la legitimada para hacer valer los recursos legales procedentes y no as� el actor �scar R.�guez C.�n, en su car�cter de responsable solidario, pues debe considerarse que se trata de un deudor sobrevenido, de acuerdo con lo previsto en el art�culo 26, fracci�n III, p�rrafo tercero, inciso b), y fracci�n X, del C�digo F. de la Federaci�n y su calidad resulta de la conducta que asumi� el directo obligado frente a la autoridad fiscal; al haber cambiado de domicilio y en ese instante, el socio de la empresa causante, actor en el juicio se convirti� en responsable solidario por disposici�n de la ley; y si bien es cierto ello constituye una presunci�n legal, y de que los hechos que la configuran admiten prueba en contrario, tambi�n lo es que s�lo pod�a alegar y ofrecer pruebas que desvirtuaran los hechos u omisiones por los cuales se le consider� que tiene el car�cter de obligado solidario y no en contra de los actos anteriores a la determinaci�n del cr�dito pues como lo aducen los promoventes del presente recurso, ello s�lo le corresponde impugnarlo a la empresa contribuyente.

    "Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis 2a. LXXIX/2005, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por conducto de su Segunda Sala, que aparece publicada en la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XXII, julio de 2005, p�gina 509, que a la letra dice:

    "?RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. EL ART�CULO 26, FRACCI�N III, P�RRAFO TERCERO, INCISO B), DEL C�DIGO FISCAL DE LA FEDERACI�N, AL NO PREVER A FAVOR DEL POSIBLE AFECTADO LA OPORTUNIDAD DE SER O�DO PARA DESVIRTUAR LOS HECHOS U OMISIONES POR LOS QUE SE LE CONSIDERA OBLIGADO SOLIDARIO, VIOLA LA GARANT�A DE AUDIENCIA PREVIA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n emiti� la tesis de jurisprudencia 110, publicada en el Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, p�gina 141, con el rubro: �AUDIENCIA, GARANT�A DE. EN MATERIA IMPOSITIVA, NO ES NECESARIO QUE SEA PREVIA.�, de la que se infiere que cuando la autoridad hacendaria determina un cr�dito fiscal por el incumplimiento en el pago de una contribuci�n, la garant�a de audiencia consagrada en el art�culo 14 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos puede otorgarse a los causantes con posterioridad al dictado de la liquidaci�n, en virtud de que deriva del incumplimiento de sus obligaciones fiscales; sin embargo, no resulta aplicable a los deudores solidarios que se ubican dentro de los supuestos que establece el art�culo 26, fracci�n III, p�rrafo tercero, inciso b), del C�digo F. de la Federaci�n, en atenci�n a que se trata de deudores sobrevenidos y su calidad resulta de la conducta que asuma el directo obligado frente a la autoridad fiscal en los casos que previene y, en ese instante, quien no era deudor se convierte en responsable solidario por presunci�n legal; empero, tal presunci�n y los hechos que la configuraban admiten prueba en contrario, motivo por el cual resulta indispensable que previamente a la declaraci�n de responsabilidad solidaria, la autoridad fiscal le brinde al posible afectado las garant�as de audiencia y de defensa para que pruebe y alegue lo que a su derecho convenga. En esa virtud, el citado precepto legal viola la referida garant�a constitucional, al no prever a favor del posible afectado la oportunidad de ser o�do para desvirtuar los hechos u omisiones por los que se le considera obligado solidario.?

    "As� las cosas y ante lo fundado del agravio en comento, lo conducente es revocar la resoluci�n que se revisa, para el efecto de que la Sala F. dicte otra resoluci�n en la que, considere inoperante el primer concepto de impugnaci�n y analice con libertad de jurisdicci�n los restantes y resuelva lo que en derecho corresponda; tomando en consideraci�n, asimismo la totalidad de los argumentos de la parte demandada al contestar los conceptos en comento; sin que este Tribunal Colegiado pueda legalmente entrar al estudio de las cuestiones omitidas a que antes se hizo relaci�n, en virtud de que no puede sustituir las facultades propias de la Sala Regional a quo." (fojas 114 a 116 vuelta).

    Esta resoluci�n dio lugar a la siguiente tesis:

    "RESPONSABLE SOLIDARIO EN MATERIA FISCAL. S�LO PUEDE CONTROVERTIR LA LEGALIDAD O ILEGALIDAD DE LA RESOLUCI�N QUE LE DETERMIN� TAL CAR�CTER, Y NO EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACI�N INSTAURADO EN CONTRA DE LA PERSONA MORAL DE LA CUAL ES SOCIO. La garant�a de audiencia que debe otorgarse al responsable solidario, no puede llegar al extremo de controvertir actos relativos al procedimiento de fiscalizaci�n de donde deriva la determinaci�n del cr�dito de la persona moral obligada de la cual es socio, en atenci�n a que quien se encuentra legitimado para combatir tales actos de molestia es el representante legal de la empresa revisada y no el responsable solidario, pues se trata de un deudor sobrevenido de acuerdo con el art�culo 26, fracciones III, p�rrafo tercero, inciso b) y X, del C�digo F. de la Federaci�n, y su calidad resulta de la conducta que asumi� el directamente obligado frente a la autoridad fiscal, al haber cambiado de domicilio, convirti�ndose el socio de la empresa causante en responsable solidario por presunci�n legal; la que si bien es cierto que admite prueba en contrario, tambi�n lo es que s�lo permite alegar y ofrecer pruebas que desvirt�en los hechos u omisiones por los cuales se le considera que tiene el car�cter de obligado solidario y no en contra de los actos anteriores a la determinaci�n del cr�dito, pues ello s�lo corresponde impugnarlo a la empresa contribuyente." (Tesis aislada, Materia Administrativa, Novena �poca, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XXIV, agosto de 2006, tesis VIII.1o.79 A, p�gina 2333).

  2. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del D�cimo Noveno Circuito, al resolver la revisi�n fiscal n�mero 36/2006-I sostuvo:

    "SEXTO. Son infundados los motivos de agravio hechos valer por la autoridad inconforme, al tenor de las siguientes consideraciones:

    "De las constancias del controvertido de origen se desprende que R.A.M. demand� la nulidad de la resoluci�n contenida en el oficio 324-SAT-28-I-VI-02733, de treinta de marzo de dos mil cuatro, emitido por la Administraci�n Local de Auditor�a F. de Tampico, Tamaulipas, por medio de la cual se determin� su responsabilidad solidaria respecto de la persona moral ?Pesquera Vancouver, S.A. de C.V.?, y estableci� diferencias de impuesto sobre la renta y recargos por una cantidad total de $4'884,215.77 (cuatro millones ochocientos ochenta y cuatro mil doscientos quince pesos 77/100 M.N.).

    "Cabe decir que en los conceptos de nulidad expuestos en su demanda, la persona f�sica actora desarroll� argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad tanto de dicha resoluci�n donde se le consider� responsable solidario, como de la diversa que determin� el cr�dito fiscal a cargo de la empresa ?Pesquera Vancouver, S.A. de C.V.?.

    "De la demanda correspondi� conocer, por raz�n de territorio, a la Sala Regional del Golfo Norte del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, quien (sic) por auto de dos de septiembre de dos mil cuatro admiti� la competencia que le deleg� la Sala Regional del Noreste de ese propio tribunal. En diverso prove�do de esa misma fecha admiti� a tr�mite dicho escrito inicial y, como consecuencia, orden� correr traslado a las autoridades demandadas para que ocurrieran a formular su contestaci�n en los t�rminos de ley.

    "Mediante oficio n�mero 325-SAT-28-II-C1-(8)-00418, de veinticuatro de enero de dos mil cinco, la administradora local jur�dica de esta ciudad compareci� a nombre de dichas autoridades y, antes de desarrollar la contestaci�n que consider� pertinente en derecho, adujo como cuesti�n previa que la litis en el juicio se constri�e exclusivamente a determinar si es legal o no la resoluci�n donde se determin� un cr�dito fiscal a cargo del actor, en su car�cter de responsable solidario de ?Pesquera Vancouver, S.A. de C.V.? y, por tanto, estim� que la Sala deb�a abstenerse de analizar los conceptos de nulidad enderezados en contra del procedimiento fiscalizador que culmin� con la resoluci�n determinante del cr�dito original.

    "La Sala de origen dict� la sentencia impugnada en este recurso, el primero de diciembre del a�o pr�ximo pasado, y en ella, como una cuesti�n previa, consider� desacertada la aseveraci�n de quien contest� la demanda en representaci�n de las autoridades hacendarias, en cuanto a que en el caso debe abstenerse de estudiar los conceptos encaminados a demostrar la ilegalidad del procedimiento fiscalizador seguido a la empresa contribuyente.

    "Ello porque, adujo, la resoluci�n impugnada en el juicio de nulidad emana de un procedimiento de fiscalizaci�n llevado a cabo con la empresa ?Pesquera Vancouver, S.A. de C.V.?, en donde el actor fungi� como socio accionista; por tanto, sostuvo que no analizar los argumentos relacionados con la resoluci�n determinante del cr�dito original implicar�a dejarlo en completo estado de indefensi�n, coart�ndole su derecho a verter agravios sobre los actos desahogados en la visita que origin� la resoluci�n donde se determin� el cr�dito que debe cubrir, a pesar de que se emiti� en contravenci�n a las formalidades previstas por las leyes.

    "Tales consideraciones sirvieron de base a la Sala F. para estudiar los conceptos enderezados por el contribuyente actor contra el procedimiento fiscalizador, los cuales estim� fundados para declarar la nulidad de la resoluci�n controvertida con el argumento de que deriva de un acto viciado, pues no notific� la conclusi�n de dicho procedimiento dentro del t�rmino legal establecido para tal efecto.

    "Esos mismos razonamientos constituyen la materia a la cual se constri�en los agravios expuestos por la autoridad recurrente, en los siguientes t�rminos:

    "Sostiene en esencia que la sentencia combatida es ilegal porque la Sala de origen vari� la litis, pues en lugar de decretar la inoperancia de los conceptos de nulidad encaminados a controvertir la resoluci�n determinante del cr�dito original, planteados por el actor a pesar de ser un tercero ajeno a ese proceso fiscalizador, los analiz� y con base en ellos nulific� una resoluci�n dirigida a otra persona (?Pesquera Vancouver, S.A. de C.V.?), olvidando que dicho tercero s�lo puede inconformarse respecto de una resoluci�n que le cause un perjuicio directo, o sea, la diversa donde se determin� su responsabilidad solidaria.

    "Sobre esa l�nea de defensa, la autoridad recurrente afirma que, trat�ndose de una determinaci�n de responsabilidad solidaria, el actor �nicamente puede controvertir el procedimiento y la resoluci�n por cuyo conducto se le finc� la misma, pero no est� en aptitud legal de agraviarse respecto de un procedimiento de fiscalizaci�n seguido a una persona diversa.

    "Sostiene que, aun cuando la responsabilidad solidaria establecida al actor deriva del procedimiento instaurado a ?Pesquera Vancouver, S.A. de C.V.?, ambas determinaciones constituyen procedimientos diversos y, por tanto, respecto de la resoluci�n determinante del cr�dito s�lo dicha persona moral puede inconformarse, pues es un paso procesal previo a la imposibilidad del cobro como hip�tesis para fincar una responsabilidad solidaria.

    "Por tanto, aduce, el agravio relativo a la caducidad de facultades de la autoridad hacendaria, en relaci�n con el procedimiento fiscalizador de origen, que sirvi� de base a la Sala para resolver como lo hizo, debi� declararse inoperante. Adem�s, abunda, su garant�a de audiencia qued� a salvo desde el momento mismo en que tiene la posibilidad de controvertir la resoluci�n por la cual se establece su responsabilidad solidaria.

    "Tales argumentos son infundados, por lo siguiente:

    "Para los efectos de este estudio resulta oportuno, en primer t�rmino, tener en consideraci�n que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, respecto a la garant�a de audiencia ha sustentado, entre otros, los criterios contenidos en las jurisprudencias cuyos rubros, texto y datos de identificaci�n se transcriben enseguida:

    "?AUDIENCIA, GARANT�A DE. C�MO QUEDA CUMPLIDA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. La garant�a que otorga el art�culo 14 de la Constituci�n Federal, sobre la necesidad de un juicio previo para que pueda privarse a los ciudadanos de sus propiedades, posesiones y derechos, se cumple satisfactoriamente cuando se trata de actos administrativos, si la autoridad que los dicta y ejecuta se ha ce�ido estrictamente a las normas del procedimiento se�alado por la ley, pues la connotaci�n de ser o�do y vencido, no puede referirse sino a la existencia en la ley, de un procedimiento especial en el que se d� audiencia al interesado y oportunidad de rendir sus pruebas; por lo que no hay necesidad de que se siga en contra del quejoso un procedimiento judicial, para que la autoridad administrativa dicte el acto reclamado." (Quinta �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo LXXIX, p�gina 5919).

    "?AUDIENCIA Y SEGURIDAD JUR�DICA, GARANT�AS DE. ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA DE BIENES O DERECHOS. DISTINCI�N. ART�CULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. En los t�rminos del art�culo 14, p�rrafo segundo, de la Constituci�n Federal, la audiencia previa a la emisi�n del acto de autoridad y el debido proceso legal, como garant�as del gobernado, son de observancia obligatoria �nicamente trat�ndose de actos privativos, sea de la vida, de la libertad, de propiedades, posesiones o derechos de los particulares mas no as� cuando se trata de actos de molestia que no tengan la finalidad de privar al afectado de alguno de sus bienes o derechos, pues tales actos se rigen solamente por la garant�a de seguridad jur�dica (fundamentaci�n y motivaci�n) que establece el art�culo 16 constitucional.? (S�ptima �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n, tomo 81, Tercera Parte, p�gina 15).

    "?ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCI�N. El art�culo 14 constitucional establece, en su segundo p�rrafo, que nadie podr� ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el art�culo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer p�rrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constituci�n Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminuci�n, menoscabo o supresi�n definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a trav�s del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el art�culo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectaci�n a la esfera jur�dica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues s�lo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jur�dicos, los autoriza, seg�n lo dispuesto por el art�culo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde �sta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinci�n debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privaci�n de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia �ndole tiende s�lo a una restricci�n provisional.? (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo IV, tesis P./J. 40/96, p�gina 5).

    "?FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garant�a de audiencia establecida por el art�culo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga �se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento�. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privaci�n y que, de manera gen�rica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificaci�n del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resoluci�n que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejar�a de cumplir con el fin de la garant�a de audiencia, que es evitar la indefensi�n del afectado.? (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y suGaceta, Tomo II, diciembre de 1995, tesis P./J. 47/95, p�gina 133).

    "De las anteriores tesis se advierte que nuestro M�ximo Tribunal del pa�s ha establecido como regla general, que la emisi�n de los actos materialmente jurisdiccionales o administrativos, cuyo efecto es desincorporar alg�n derecho de la esfera jur�dica de un gobernado debe estar precedida, necesariamente, de un procedimiento en donde se le permita desarrollar plenamente sus defensas, para salvaguardar as� sus garant�as de audiencia previa y efectiva defensa.

    "Ahora bien, el art�culo del C�digo F. de la Federaci�n donde se prev�n los casos para decretar actualizada la figura de la responsabilidad solidaria, en la hip�tesis que la autoridad hacendaria atribuy� al actor en el juicio de nulidad, dice:

    "?Art�culo 26. Son responsables solidarios con los contribuyentes:

    "?...

    "?X. Los socios o accionistas, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relaci�n con las actividades realizadas por la sociedad cuando ten�an tal calidad, en la parte del inter�s fiscal que no alcance a ser garantizado con los bienes de la misma, siempre que dicha sociedad incurra en cualquiera de los supuestos a que se refieren los incisos a), b) y c) de la fracci�n III de este art�culo, sin que la responsabilidad exceda de la participaci�n que ten�an en el capital social de la sociedad durante el periodo o a la fecha de que se trate.?

    "Por su parte, el inciso b) de la fracci�n III de ese mismo numeral, que sirvi� de base a la autoridad hacendaria para considerar al actor del juicio de nulidad como responsable solidario de una persona moral donde fue socio, y al cual remite la hip�tesis acabada de transcribir, dispone:

    "?b) Cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en los t�rminos del reglamento de este c�digo, siempre que dicho cambio se efect�e despu�s de que se le hubiera notificado el inicio del ejercicio de las facultades de comprobaci�n previstas en este c�digo y antes de que se haya notificado la resoluci�n que se dicte con motivo de dicho ejercicio, o cuando el cambio se realice despu�s de que se le hubiera notificado un cr�dito fiscal y antes de que �ste se haya cubierto o hubiera quedado sin efectos.?

    "Como puede verse, el precepto reci�n transcrito establece en la parte que interesa para los efectos de este estudio, que son responsables solidarios, entre otros, los socios o accionistas, respecto de las contribuciones que se hubieren causado en relaci�n con las actividades realizadas por la sociedad cuando ten�an tal calidad, cuando el obligado principal cambie su domicilio sin dar el aviso correspondiente a la autoridad hacendaria, si dicho cambio se efect�a despu�s de que se le hubiera notificado el inicio del ejercicio de las facultades de comprobaci�n pero antes de la notificaci�n de la resoluci�n relativa.

    "Por su parte, los art�culos 2o. y 42 del mismo ordenamiento legal, refieren lo siguiente:

    "?Art�culo 2o. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera:

    "?I. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas f�sicas y morales que se encuentran en la situaci�n jur�dica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las se�aladas en las fracciones II, III y IV de este art�culo. ...?

    "?Art�culo 42. Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los cr�ditos fiscales, as� como para comprobar la omisi�n de delitos fiscales y para proporcionar informaci�n a otras autoridades fiscales, estar�n facultadas para:

    "?I. Rectificar los errores aritm�ticos, omisiones y otros que aparezcan en las declaraciones, solicitudes o avisos, para lo cual las autoridades fiscales podr�n requerir al contribuyente la presentaci�n de la documentaci�n que proceda, para la rectificaci�n del error u omisi�n de que se trate.

    "?II. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en la oficina de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisi�n, la contabilidad, as� como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran.

    "?III. Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos revisar su contabilidad, bienes y mercanc�as.

    "?IV. Revisar los dict�menes formulados por contadores p�blicos sobre los estados financieros de los contribuyentes y sobre las operaciones de enajenaci�n de acciones que realicen, as� como la declaratoria por solicitudes de devoluci�n de saldos a favor de impuestos al valor agregado y cualquier otro dictamen que tenga repercusi�n para efectos fiscales formulado por contador p�blico y su relaci�n con el cumplimiento de disposiciones fiscales.

    "?V. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de la expedici�n de comprobantes fiscales, de conformidad con el procedimiento previsto en el art�culo 49 de este c�digo.

    "?VI. Practicar u ordenar se practique aval�o o verificaci�n f�sica de toda clase de bienes, incluso durante su transporte.

    "?VII. Recabar de los funcionarios y empleados p�blicos y de los fedatarios, los informes y datos que posean con motivo de sus funciones.

    "?VIII. Allegarse las pruebas necesarias para formular la denuncia, querella o declaratoria al ministerio p�blico para que ejercite la acci�n penal por la posible comisi�n de delitos fiscales. Las actuales que practiquen las autoridades fiscales tendr�n el mismo valor probatorio que la ley relativa concede a las actas de la polic�a judicial; y la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, a trav�s de los abogados hacendarios que designe, ser�n coadyuvantes del ministerio p�blico federal, en los t�rminos del C�digo Federal de Procedimientos Penales.

    "?Las autoridades fiscales podr�n ejercer estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, entendi�ndose que se inician con el primer acto que se notifique al contribuyente.?

    "Tal como se puede apreciar, el art�culo 2o. del C�digo F. de la Federaci�n establece que son contribuciones: los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y los derechos. Tambi�n define lo que debe entenderse por cada uno de estos conceptos, dentro de los cuales reviste particular importancia para efectos de este an�lisis, lo que se�ala en el sentido de que: ?Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas f�sicas y morales que se encuentran en la situaci�n jur�dica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las se�aladas en las fracciones II, III y IV de este art�culo?.

    "Del mismo modo, dicho normativo establece la facultad de las autoridades fiscales para comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales, con el objeto de que, en su caso, determinen las contribuciones omitidas o los cr�ditos fiscales, raz�n por la cual est�n facultadas para llevar a cabo, entre otros actos, visitas domiciliarias a los contribuyentes.

    "Ahora bien, desde luego que este Tribunal Colegiado no desconoce que trat�ndose de la materia tributaria el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha establecido que la garant�a de audiencia no necesita ser previa, pues basta que los afectados sean o�dos con posterioridad a la aplicaci�n del impuesto, en las tesis de jurisprudencia y aislada, cuyos rubros, texto y datos de identificaci�n se transcriben a continuaci�n:

    "?AUDIENCIA, GARANT�A DE, EN MATERIA IMPOSITIVA. NO ES NECESARIO QUE SEA PREVIA. Teniendo un gravamen el car�cter de impuesto, por definici�n de la ley, no es necesario cumplir con la garant�a de previa audiencia establecida en el art�culo 14 constitucional, ya que el impuesto es una prestaci�n unilateral y obligatoria y la audiencia que se puede otorgar a los causantes es siempre posterior a la aplicaci�n del impuesto, que es cuando existe la posibilidad de que los interesados impugnen, ante las propias autoridades, el monto y cobro correspondiente, y basta que la ley otorgue a los causantes el derecho a combatir la fijaci�n del gravamen, una vez que ha sido determinado, para que en materia hacendaria se cumpla con el derecho fundamental de audiencia, consagrado por el art�culo 14 constitucional, precepto que no requiere necesariamente, y en todo caso, la audiencia previa, sino que, de acuerdo con su esp�ritu, es bastante que los afectados sean o�dos en defensa antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos.? (S�ptima �poca, Pleno, Ap�ndice 2000, Tomo I Const., Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, tesis 110, p�gina 141).

    "?GARANT�A DE AUDIENCIA PREVIA, EXCEPCIONES A LA, EN MATERIA FISCAL. No puede exigirse el establecimiento de una audiencia previa en beneficio de los afectados y en relaci�n con la fijaci�n de un impuesto, toda vez que esa fijaci�n, para cumplir con los fines de la tributaci�n, debe ser establecida unilateralmente por el Estado, e inmediatamente ejecutiva, ya que ser�a sumamente grave que fuese necesario llamar a los particulares afectados, para que objetaran previamente la determinaci�n de un impuesto, lo que paralizar�a los servicios correspondientes, y, por el contrario, cuando se trata de contribuciones, la audiencia que se puede otorgar a los causantes es siempre posterior a la fijaci�n del impuesto, que es cuando existe la posibilidad de que los interesados impugnen ante las propias autoridades el monto y el cobro correspondiente, y basta que la ley otorgue a los causantes el derecho de combatir la fijaci�n del impuesto, una vez que ha sido determinado por las autoridades fiscales, para que en materia hacendaria se cumpla con el derecho fundamental de audiencia consagrado por el art�culo 14 constitucional, precepto que no requiere necesariamente, y en todo caso, la audiencia previa, sino que de acuerdo con su esp�ritu, es bastante que los afectados sean o�dos en defensa antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos. Si bien es verdad que el Poder Legislativo est� obligado, seg�n el art�culo 14 constitucional, a establecer en las leyes el procedimiento adecuado para o�r a los interesados y darles oportunidad de defenderse, tambi�n es cierto que la propia Corte ha establecido excepciones a ese criterio, entre las que se encuentran las leyes fiscales federales, respecto de las cuales debe observarse el r�gimen establecido por el C�digo F. de la Federaci�n. En efecto, como el fisco se encarga de cobrar los impuestos determinados por las leyes, para el sostenimiento de las instituciones y de los servicios p�blicos, es evidente que dicho cobro tiene que hacerse mediante actos ejecutivos y unilaterales, que si bien pueden ser sometidos a una revisi�n posterior a solicitud de los afectados, no pueden quedar paralizados por el requisito de audiencia previa, porque de esa manera podr�a llegar el momento en que las instituciones y el orden constitucional desaparecieran por falta de los elementos econ�micos necesarios para subsistencia. Por tanto, en materia tributaria no rige la garant�a de audiencia previa, al grado de que el legislador tenga que establecerla en las leyes impositivas.? (S�ptima �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n, tomo 44, Primera Parte, p�gina 29).

    "Conforme a las tesis transcritas, cuando la autoridad hacendaria determina un cr�dito fiscal derivado del incumplimiento en el pago de una contribuci�n, la garant�a de audiencia consagrada en el art�culo 14 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos puede otorgarse a los causantes con posterioridad al dictado de la liquidaci�n, en virtud de que dicho cr�dito deriva de su propio incumplimiento en el pago de sus obligaciones fiscales.

    "Tales criterios resultan perfectamente aplicables trat�ndose de deudores solidarios que ya tienen ese car�cter en el momento mismo en que el cr�dito se origina. Empero, no ocurre lo mismo en el caso concreto materia de este an�lisis.

    "En efecto, en la hip�tesis que sirvi� de base a la autoridad hacendaria para estimar actualizada la calidad de responsable solidario del contribuyente actor, respecto de la persona moral denominada ?Pesquera Vancouver S.A. de C.V.?, se consideran responsables solidarios con los contribuyentes directos, a los socios o accionistas respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relaci�n con las actividades realizadas por la sociedad cuando ten�an tal calidad, entre otros supuestos, cuando dicha persona moral cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en los t�rminos del Reglamento del C�digo F. de la Federaci�n, siempre que ese cambio se efect�e despu�s de que se le hubiera notificado el inicio del ejercicio de las facultades de comprobaci�n previstas en el propio c�digo y antes de que sea notificada la resoluci�n que se dicte con motivo del ejercicio, o cuando el cambio se realice despu�s de que se le hubiera notificado un cr�dito fiscal y antes de que �ste se haya cubierto o hubiera quedado sin efectos.

    "En este supuesto, se trata de un deudor sobrevenido, y su calidad de solidario result� de la conducta asumida por la directamente obligada frente a la autoridad fiscal, o sea, ?Pesquera Vancouver S.A. de C.V.?; concretamente, porque cambi� de domicilio sin presentar el aviso que exige el Reglamento del C�digo F. de la Federaci�n.

    "De manera que en ese instante, R.A.M., quien no era deudor, se convirti� en responsable solidario por presunci�n legal; empero, tal presunci�n y los hechos que la configuran ciertamente admiten prueba en contrario, y por ese motivo resulta indispensable analizar los argumentos de defensa enderezados por el actor en contra del procedimiento que culmin� con la resoluci�n determinante del cr�dito, relativos a que no se sigui� con las formalidades previstas por la ley, pues debe tenerse en cuenta que, hasta ese momento, el afectado fue un tercero extra�o a la relaci�n jur�dica entre el fisco y el causante de la cual se deriva el cr�dito.

    "De no considerarlo de ese modo, podr�a entonces darse el caso de que un procedimiento fiscalizador fuese notoriamente ilegal, por no haberse seguido bajo las formalidades previstas por la ley, tal como en el caso ocurri�, seg�n las consideraciones de la sentencia combatida; pero no el acto donde se design� a un contribuyente como responsable solidario, porque ah� s� se hubiesen observado las directrices legalmente previstas para dicha designaci�n. En tal caso, de no permitirse a la Sala F. pronunciarse sobre los argumentos tendientes a demostrar dicha ilegalidad, se obligar�a al solidario a cubrir un cr�dito totalmente ileg�timo, sin respetar su garant�a de audiencia y, por tanto, de defensa, lo cual resulta contrario al esp�ritu de nuestra Carta Magna, conforme a la premisa fundamental que qued� expuesta al inicio de este an�lisis.

    "Tales consideraciones dejan perfectamente claro el porqu� las tesis transcritas en p�rrafos precedentes, relativas a la garant�a de audiencia en materia fiscal, no resultan aplicables en el caso concreto pues, adem�s de las consideraciones ya expuestas, debe destacarse que el responsable solidario no es el sujeto directo de la relaci�n tributaria, como s� ocurre en las hip�tesis desarrolladas en dichas tesis.

    "Por tanto, en estricto apego al derecho fundamental garantizado en el art�culo 14, p�rrafo segundo, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, debe convenirse con la Sala de origen en el sentido de que est� facultada para pronunciarse sobre el fondo de los argumentos planteados por el contribuyente actor, en contra del procedimiento fiscalizador que culmin� con el cr�dito fiscal respecto del cual se le consider� responsable solidario.

    "Por otra parte, como la autoridad inconforme no endereza alg�n agravio en contra de las consideraciones que sirvieron de base a la Sala del conocimiento para declarar la nulidad de la resoluci�n impugnada, es decir, las relativas a que la autoridad hacendaria no notific� la conclusi�n del procedimiento fiscalizador dentro del t�rmino legal y, como consecuencia, qued� sin efectos tanto la orden de visita como las actuaciones que de ella se derivaron; entonces, dichas consideraciones, ante la falta de impugnaci�n, correctas o no, deben permanecer inc�lumes para seguir rigiendo el sentido de la sentencia impugnada." (fojas 27 vuelta a 69).

    Con motivo de esta resoluci�n, el Tribunal Colegiado sustent� la siguiente tesis:

    "RESPONSABLE SOLIDARIO EN MATERIA FISCAL. SI UN SOCIO O ACCIONISTA ADQUIERE ESA CALIDAD POR LA FALTA DE AVISO DE CAMBIO DE DOMICILIO DE LA PERSONA MORAL CONTRIBUYENTE, LA SALA FISCAL DEBE EXAMINAR SUS ARGUMENTOS DE DEFENSA ENCAMINADOS A CONTROVERTIR EL PROCEDIMIENTO QUE CULMIN� CON LA RESOLUCI�N DETERMINANTE DEL CR�DITO FISCAL, EN ATENCI�N A LA GARANT�A DE AUDIENCIA. La responsabilidad solidaria que deriva del cambio de domicilio de la persona moral contribuyente sin presentar el aviso correspondiente despu�s de que se le haya notificado el inicio de facultades de comprobaci�n y antes de la notificaci�n de la resoluci�n correspondiente, prevista en el art�culo 26, fracci�n III, inciso b), del C�digo F. de la Federaci�n, nace por una presunci�n legal resultado de la conducta asumida por el directamente obligado frente a la autoridad fiscal que por tanto, admite prueba en contrario, pues coloca a la persona que se ubique en esa hip�tesis, como puede ser el socio o accionista a que se refiere el citado numeral 26 en su fracci�n X, en una situaci�n de tercero extra�o a la relaci�n jur�dica entre el contribuyente (persona moral) y el fisco. Lo anterior es suficiente para estimar que resulta necesario se otorgue a dicho responsable solidario la garant�a de audiencia y, en su caso, la Sala F. debe examinar los argumentos de defensa enderezados contra el procedimiento que culmin� con la resoluci�n determinante del cr�dito, a fin de no contravenir el art�culo 14 constitucional." (Tesis aislada, Materia Administrativa, Novena �poca, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XXIV, diciembre de 2006, tesis XIX.1o.A.C.24 A, p�gina 1393).

CUARTO

Como cuesti�n previa, debe examinarse si en el caso se actualizan los requisitos de existencia de la contradicci�n de tesis denunciada.

Los art�culos 94 y 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establecen la obligatoriedad de la jurisprudencia y la necesidad de unificar los criterios contradictorios que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito en los siguientes t�rminos:

"Art�culo 94. ...

"La ley fijar� los t�rminos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federaci�n sobre interpretaci�n de la Constituci�n, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, as� como los requisitos para su interrupci�n y modificaci�n."

"Art�culo 107. Todas las controversias de que habla el art�culo 103 se sujetar�n a los procedimientos y formas del orden jur�dico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podr�ndenunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, seg�n corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"...

La resoluci�n que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos p�rrafos anteriores, s�lo tendr�n el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectar� las situaciones jur�dicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicci�n.

Por su parte, el art�culo 197-A de la Ley de Amparo dispone:

"Art�culo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados Tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidir� cu�l tesis debe prevalecer. El procurador general de la Rep�blica, por s� o por conducto del agente que al efecto designe, podr�, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta d�as.

La resoluci�n que se dicte no afectar� las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. ...

Estos preceptos contemplan la figura de la contradicci�n de tesis y el procedimiento para su unificaci�n con el prop�sito de garantizar al gobernado la seguridad jur�dica a trav�s de la jurisprudencia que emita la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que surja de la interpretaci�n general del supuesto controvertido para que pueda regir en asuntos de id�ntica o similar naturaleza con car�cter obligatorio.

Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n sustent� la jurisprudencia P./J. 26/2001 que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., abril de 2001, p�gina 76, que precisa los requisitos de existencia que debe reunir la contradicci�n de criterios, en los siguientes t�rminos:

CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

En el presente caso s� se actualizan los supuestos de existencia de la contradicci�n de tesis denunciada, porque:

  1. Ambos Tribunales Colegiados examinaron cuestiones jur�dicas esencialmente iguales:

    1. Analizaron sendos recursos de revisi�n fiscal interpuestos contra las resoluciones pronunciadas por Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa en juicios de nulidad.

    2. En los juicios de nulidad se impugnaron resoluciones que determinaban la responsabilidad solidaria de los actores respecto de cr�ditos fiscales fincados a los deudores principales.

    3. La determinaci�n de la responsabilidad solidaria ocurri� con posterioridad a la liquidaci�n del cr�dito fiscal.

    4. En ambos casos, los actores ten�an el car�cter de socios de la empresa causante y se estim� que su responsabilidad se fundaba en la actualizaci�n del supuesto que contempla el art�culo 26, fracci�n III, p�rrafo tercero, inciso b) y fracci�n X del C�digo F. de la Federaci�n, toda vez que la empresa deudora hab�a cambiado de domicilio sin presentar el aviso correspondiente.

  2. Arribaron a conclusiones opuestas sustentadas en las consideraciones e interpretaciones de las sentencias respectivas, ya que:

    1. El Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito estim� que como el deudor solidario es un deudor sobrevenido al juicio en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 26, fracci�n III, p�rrafo tercero, inciso b), y fracci�n X, del C�digo F. de la Federaci�n, su calidad resultaba de la conducta asumida por el directo obligado al haber cambiado de domicilio, y aunque su responsabilidad deriva de una presunci�n legal que admite prueba en contrario, s�lo puede alegar y ofrecer pruebas que desvirt�en los hechos u omisiones por los que se le consider� responsable solidario y no contra los actos anteriores a la determinaci�n del cr�dito, por lo que estim� que la Sala responsable debi� omitir el estudio de los motivos de nulidad encaminados a combatir estos aspectos y estimarlos inoperantes.

    2. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del D�cimo Noveno Circuito estim� que los criterios que la Suprema Corte ha sustentado en el sentido de que en la materia fiscal no es necesario que la garant�a de audiencia se otorgue previamente, resulta aplicable cuando el deudor solidario ya tiene ese car�cter en el momento en que el cr�dito se origina, pero que no ocurre lo mismo cuando el deudor solidario resulta de la conducta que asume el directamente obligado y por tal raz�n puede impugnar, a trav�s de los agravios que exponga en el juicio de nulidad, no s�lo tal resoluci�n, sino tambi�n el procedimiento que culmin� con la determinaci�n del cr�dito, ya que podr�a darse el caso de que la resoluci�n determinante del cr�dito fuera notoriamente ilegal y no as� la que establece la responsabilidad solidaria, y al estar impedido para alegar y probar respecto de los hechos u omisiones que dieron origen al cr�dito se le obligar�a a cubrir uno ileg�timo.

  3. Los criterios sustentados provienen del examen de los mismos elementos, puesto que ambos tribunales analizaron a la luz de las garant�as de seguridad jur�dica y audiencia que contemplan los art�culos 14 y 16 constitucionales el art�culo 26, fracci�n III, p�rrafo tercero, inciso b) y fracci�n X del C�digo F. de la Federaci�n, que contempla la presunci�n legal de que el socio de la deudora principal se convierte en deudor solidario cuando esa cambia de domicilio sin dar el aviso correspondiente, y con tal motivo debe otorg�rsele la garant�a de audiencia.

    En este orden, es claro que s� se actualizan los requisitos de existencia y el punto de contradicci�n se circunscribe a determinar si el responsable solidario de un cr�dito fiscal al promover el juicio de nulidad correspondiente puede exponer motivos de impugnaci�n relacionados con su derecho a alegar y ofrecer pruebas tanto de los hechos u omisiones que dieron lugar a la resoluci�n que lo tuvo con ese car�cter como de aquellos relacionados con el procedimiento que culmin� con la determinaci�n del cr�dito fiscal.

QUINTO

Previamente al an�lisis del tema, conviene puntualizar los aspectos que regir�n el estudio:

? Debe circunscribirse al an�lisis de la determinaci�n de responsabilidad solidaria del socio de la persona moral deudora principal, contemplado en la fracci�n X del art�culo 26 del C�digo F. de la Federaci�n.

? Se debe tomar en cuenta que la actualizaci�n de la responsabilidad en los casos puestos a la consideraci�n de los Tribunales Colegiados devino de la actualizaci�n de la hip�tesis contemplada en el art�culo 26, fracci�n III, tercer p�rrafo, inciso b), del C�digo F. de la Federaci�n al incumplir la deudora principal en obligaci�n de dar el aviso de cambio de domicilio.

? Tambi�n se debe tener presente que los dos Tribunales Colegiados determinaron el alcance de la garant�a de audiencia que debe otorgarse al deudor solidario que sobrevino al juicio con posterioridad a la determinaci�n del cr�dito fiscal en cuanto a su derecho a probar y alegar: si puede hacerlo s�lo respecto de los hechos u omisiones que dieron motivo a la resoluci�n que lo tuvo con ese car�cter, o tambi�n respecto del procedimiento administrativo que culmin� con la determinaci�n del cr�dito fiscal.

SEXTO

Puntualizado lo anterior, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n considera que debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio que se sustenta en esta resoluci�n.

Como en el caso est� a discusi�n la amplitud de la audiencia que debe otorgarse al socio o accionista constituido en deudor solidario sobrevenido al juicio despu�s de la determinaci�n del cr�dito fiscal con motivo del incumplimiento de la deudora principal en su obligaci�n de dar aviso del cambio de domicilio, resulta menester transcribir la norma del C�digo F. de la Federaci�n que contempla la hip�tesis analizada en los asuntos en que se sustentaron los criterios contradictorios:

"Art�culo 26. Son responsables solidarios con los contribuyentes:

"...

X. Los socios o accionistas, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relaci�n con las actividades realizadas por la sociedad cuando ten�an tal calidad, en la parte del inter�s fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la misma, siempre que dicha sociedad incurra en cualquiera de los supuestos a que se refieren los incisos a), b) y c) de la fracci�n III de este art�culo, sin que la responsabilidad exceda de la participaci�n que ten�an en el capital social de la sociedad durante el periodo o a la fecha de que se trate.

Tambi�n conviene tener presente la fracci�n III, p�rrafo tercero, inciso b) de este precepto, que se�ala:

"III. ... ser�n responsables solidarios por las contribuciones causadas o no retenidas por dichas personas morales durante su gesti�n, as� como por las que debieron pagarse o enterarse durante la misma, en la parte del inter�s fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la persona moral que dirigen, cuando dicha persona moral incurra en cualquiera de los siguientes supuestos:

"...

b) Cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en los t�rminos del reglamento de este c�digo, siempre que dicho cambio se efect�e despu�s de que se le hubiera notificado el inicio del ejercicio de las facultades de comprobaci�n previstas en este c�digo y antes de que se haya notificado la resoluci�n que se dicte con motivo de dicho ejercicio, o cuando el cambio se realice despu�s de que se le hubiera notificado un cr�dito fiscal y antes de que �ste se haya cubierto o hubiera quedado sin efectos.

La doctrina describe a la responsabilidad solidaria como la obligaci�n en que cada uno de los acreedores puede reclamar por s� la totalidad del cr�dito, o en que cada uno de los deudores est� obligado a satisfacer la deuda entera, sin perjuicio del posterior abono o resarcimiento que el cobro o el pago determinen entre el que lo realiza y sus cointeresados; surge por disposici�n legal expresa o por estipulaci�n del t�tulo constitutivo, y tiene como finalidad la simplificaci�n y la seguridad en el cumplimiento de las obligaciones; al grado de que, desde el punto de vista de los acreedores, cuando hay pluralidad de deudores, lo que se pretende es que todos sean garantes de los dem�s; de modo tal que s�lo la insolvencia plena frustre todo o en parte la expectativa crediticia.

En materia tributaria, el C�digo F. de la Federaci�n contempla la figura del obligado solidario y, concretamente en el supuesto materia de la presente contradicci�n, en la fracci�n X del art�culo 26 transcrito, relacionada con su fracci�n III, tercer p�rrafo, inciso b), se observa que la obligaci�n tributaria del responsable solidario nace con motivo de la actualizaci�n del supuesto que en ella se contempla: que la contribuyente, deudora principal, cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en los t�rminos que marca el reglamento del C�digo F..

Sobre la garant�a de audiencia que debe otorgarse al responsable solidario esta Segunda Sala sustent� el criterio contenido en la tesis aislada cuyos rubro, texto y datos de identificaci�n son los siguientes:

"RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. EL ART�CULO 26, FRACCI�N III, P�RRAFO TERCERO, INCISO B), DEL C�DIGO FISCAL DE LA FEDERACI�N, AL NO PREVER A FAVOR DEL POSIBLE AFECTADO LA OPORTUNIDAD DE SER O�DO PARA DESVIRTUAR LOS HECHOS U OMISIONES POR LOS QUE SE LE CONSIDERA OBLIGADO SOLIDARIO, VIOLA LA GARANT�A DE AUDIENCIA PREVIA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n emiti� la tesis de jurisprudencia 110, publicada en el Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, p�gina 141, con el rubro: ?AUDIENCIA, GARANT�A DE. EN MATERIA IMPOSITIVA, NO ES NECESARIO QUE SEA PREVIA.?, de la que se infiere que cuando la autoridad hacendaria determina un cr�dito fiscal por el incumplimiento en el pago de una contribuci�n, la garant�a de audiencia consagrada en el art�culo 14 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos puede otorgarse a los causantes con posterioridad al dictado de la liquidaci�n, en virtud de que deriva del incumplimiento de sus obligaciones fiscales; sin embargo, no resulta aplicable a los deudores solidarios que se ubican dentro de los supuestos que establece el art�culo 26, fracci�n III, p�rrafo tercero, inciso b), del C�digo F. de la Federaci�n, en atenci�n a que se trata de deudores sobrevenidos y su calidad resulta de la conducta que asuma el directo obligado frente a la autoridad fiscal en los casos que previene y, en ese instante, quien no era deudor se convierte en responsable solidario por presunci�n legal; empero, tal presunci�n y los hechos que la configuraban admiten prueba en contrario, motivo por el cual resulta indispensable que previamente a la declaraci�n de responsabilidad solidaria, la autoridad fiscal le brinde al posible afectado las garant�as de audiencia y de defensa para que pruebe y alegue lo que a su derecho convenga. En esa virtud, el citado precepto legal viola la referida garant�a constitucional, al no prever a favor del posible afectado la oportunidad de ser o�do para desvirtuar los hechos u omisiones por los que se le considera obligado solidario." (Tesis aislada, Materia Constitucional, Administrativa, Novena �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XXII, julio de 2005, tesis 2a. LXXIX/2005, p�gina 509).

Este criterio sirve de referencia al presente asunto, en cuanto que en �l se dirimi� que la norma materia de an�lisis en esta contradicci�n no contempla la garant�a de audiencia para el responsable solidario, determinando que en acatamiento al mandato del art�culo 14 constitucional debe otorg�rsele.

Conviene puntualizar que en el amparo directo en revisi�n que dio origen a la tesis transcrita, fue materia de discusi�n la oportunidad de la audiencia: si deb�a otorgarse antes o despu�s de la declaraci�n de la responsabilidad solidaria, no as� la amplitud de la garant�a, esto es, si debe escuch�rsele s�lo respecto de los hechos u omisiones por los que se le considera obligado solidario o tambi�n respecto de aquellos que sirvieron para determinar el cr�dito fiscal, que es el punto a dilucidar en el presente asunto.

Ahora bien, para determinar la amplitud de la audiencia debe tomarse en cuenta que en el momento en que se actualiza la hip�tesis de incumplimiento de que se trate por parte de la sociedad responsable directa, se actualiza la obligaci�n solidaria, y tambi�n en ese momento nace el derecho de audiencia del obligado solidario, de conformidad con el criterio referido sustentado por esta Segunda Sala, por lo que resulta necesario puntualizar el alcance de la obligaci�n que como tal le impone la norma.

El art�culo 31, fracci�n IV, constitucional establece la obligaci�n de contribuir a los gastos p�blicos, en los siguientes t�rminos:

"Art�culo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

"...

IV. Contribuir para los gastos p�blicos, as� de la Federaci�n, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Los art�culos 1o., 2o. y 6o. del C�digo F. de la Federaci�n se�alan lo siguiente:

"Art�culo 1o. Las personas f�sicas y las morales est�n obligadas a contribuir para los gastos p�blicos conforme a las leyes fiscales respectivas. ..."

"Art�culo 2o. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera:

"I. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas f�sicas y morales que se encuentran en la situaci�n jur�dica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las se�aladas en las fracciones II, III y IV de este art�culo. ..."

"Art�culo 6o. Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jur�dicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. ..."

Estos preceptos permiten ver que el obligado a contribuir con los gastos p�blicos es la persona f�sica o moral que se encuentre vinculada directamente con la situaci�n jur�dica o de hecho que la propia ley contemple y a quien puede exig�rsele el pago por la totalidad de la deuda fiscal.

El art�culo 26 del C�digo F. de la Federaci�n incorpora al responsable solidario a la relaci�n que ya existe entre el Estado y el contribuyente, como un deudor m�s con una masa de bienes que permiten asegurar la satisfacci�n del pago de las contribuciones causadas y sus accesorios; esto es, extiende la obligaci�n del pago del tributo al patrimonio del socio o accionista de la sociedad, constituy�ndolo en un sujeto que garantice el cumplimiento de la obligaci�n. Lo coloca como responsable de la deuda y le impone la carga de contribuir a su pago con su patrimonio.

La actualizaci�n de esta responsabilidad solidaria latente depende de la conducta que asuma la contribuyente, responsable directa, y surja la posibilidad del incumplimiento de su obligaci�n tributaria: "Cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en los t�rminos del reglamento de este c�digo ..."

La responsabilidad patrimonial que la ley impone al socio o accionista una vez que se actualiza la hip�tesis legal en comento, existe aun cuando el deber tributario del contribuyente no se haya determinado, como se advierte de lo previsto en el inciso b), fracci�n III del art�culo 26 mencionado, que se�ala: "... siempre que dicho cambio se efect�e despu�s de que se le hubiera notificado el inicio del ejercicio de las facultades de comprobaci�n previstas en este c�digo ..."

Aunque el responsable solidario queda vinculado a la obligaci�n tributaria desde el momento en que se dan las situaciones jur�dicas o de hecho que marca la ley, de acuerdo con su naturaleza accesoria, ese v�nculo est� vigente mientras se determina la existencia de la obligaci�n tributaria, o una vez determinada, mientras el cr�dito no se haya cubierto o extinguido: "... siempre que dicho cambio se efect�e ... antes de que se haya notificado la resoluci�n que se dicte con motivo de dicho ejercicio ... o cuando el cambio se realice despu�s de que se le hubiera notificado un cr�dito fiscal y antes de que �ste se haya cubierto o hubiera quedado sin efectos.", y su exigibilidad depende de la existencia de un cr�dito l�quido.

Los art�culos 2o., 21, 26 y 150 del C�digo F. de la Federaci�n se�alan:

"Art�culo 2o.

"...

"Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecuci�n y la indemnizaci�n a que se refiere el s�ptimo p�rrafo del art�culo 21 de estec�digo son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de �stas. ..."

"Art�culo 21. Cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales ... deber�n pagarse recargos en concepto de indemnizaci�n al fisco federal por la falta de pago oportuno ...

"...

"El cheque recibido por las autoridades fiscales que sea presentado en tiempo y no sea pagado, dar� lugar al cobro del monto del cheque y a una indemnizaci�n que ser� siempre del 20% del valor de �ste ..."

"Art�culo 26.

"...

"X. Los socios o accionistas, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relaci�n con las actividades realizadas por la sociedad cuando ten�an tal calidad, en la parte del inter�s fiscal que no alcance a ser garantizado con los bienes de la misma, siempre que dicha sociedad incurra en cualquiera de los supuestos a que se refieren los incisos a), b) y c) de la fracci�n III de este art�culo, sin que la responsabilidad exceda de la participaci�n que ten�an en el capital social de la sociedad durante el periodo o a la fecha de que se trate.

"...

"La responsabilidad solidaria comprender� los accesorios, con excepci�n de las multas. Lo dispuesto en este p�rrafo no impide que los responsables solidarios puedan ser sancionados por actos u omisiones propios."

Art�culo 150. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecuci�n para hacer efectivo un cr�dito fiscal, las personas f�sicas y las morales estar�n obligadas a pagar el 2% del cr�dito fiscal por concepto de gastos de ejecuci�n, por cada una de las diligencias que a continuaci�n se indican: ...

De estos preceptos se observa que la obligaci�n l�quida comprende el importe de las contribuciones no pagadas por el responsable directo, pero limitadas a un determinado valor que se incrementa con los accesorios, que son los recargos, los gastos de ejecuci�n y la indemnizaci�n a que alude el art�culo 21 citado. Esto es, la obligaci�n del socio o accionista de la sociedad contribuyente comprende la obligaci�n de �sta, pero no en su totalidad, sino s�lo:

  1. En la porci�n del inter�s fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la sociedad.

  2. Sin que exceda de la participaci�n que el responsable solidario ten�a en el capital social en el periodo o fecha de que se trate.

  3. Incrementado con los accesorios, en t�rminos del �ltimo p�rrafo del art�culo 26 en comento, que conforme al numeral 2o. transcrito, lo constituyen los recargos, los gastos de ejecuci�n y la indemnizaci�n que prev� el s�ptimo p�rrafo del art�culo 21, tambi�n transcrito.

Como el socio o accionista, responsable solidario, en t�rminos del mencionado precepto 26, debe responder de la deuda tributaria en una cantidad que no exceda de la participaci�n que ten�a en el capital social, conviene precisar lo que es el capital social y las acciones.

El capital social es una cantidad matem�tica equivalente a la suma del valor nominal de las acciones en que est� dividido, en t�rminos del art�culo 111 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que dice:

Art�culo 111. Las acciones en que se divide el capital social de una sociedad an�nima estar�n representadas por t�tulos nominativos que servir�n para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio, y se regir�n por las disposiciones relativas a valores literales, en lo que sea compatible con su naturaleza y no sea modificado por la presente ley.

Cada sociedad debe tener un capital que constituye una unidad econ�mica y jur�dica, seg�n se desprende del contenido de los art�culos 6o., 9o., 89, 91, 99, 111, 112 y 125, entre otros, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que, en lo que al tema importa, contemplan:

"Art�culo 6o. La escritura constitutiva de una sociedad deber� contener:

"...

"V. El importe del capital social. ..."

"Art�culo 9o. Toda sociedad podr� aumentar o disminuir su capital, observando, seg�n su naturaleza, los requisitos que exige esta ley. ..."

"Art�culo 89. Para proceder a la constituci�n de una sociedad an�nima, se requiere:

"...

"II. Que el capital social no sea menor de cincuenta mil pesos y que est� �ntegramente suscrito. ..."

"Art�culo 91. La escritura constitutiva de la sociedad an�nima deber� contener, adem�s de los datos requeridos por el art�culo 6o., los siguientes:

"...

"II. El n�mero, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital social, salvo lo dispuesto en el segundo p�rrafo de la fracci�n IV del art�culo 125. ..."

"Art�culo 99. Suscrito el capital social y hechas las exhibiciones legales, los fundadores, dentro de un plazo de quince d�as, publicar�n la convocatoria para la reuni�n de la Asamblea General Constitutiva, en la forma prevista en el programa."

"Art�culo 111. Las acciones en que se divide el capital social de una sociedad an�nima estar�n representadas por t�tulos nominativos que servir�n para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio, y se regir�n por las disposiciones relativas a valores literales, en lo que sea compatible con su naturaleza y no sea modificado por la presente ley."

"Art�culo 112. Las acciones ser�n de igual valor y conferir�n iguales derechos. ..."

"Art�culo 125. Los t�tulos de las acciones y los certificados provisionales deber�n expresar:

"...

IV. El importe del capital social, el n�mero total y el valor nominal de las acciones. ...

De estos preceptos se advierte que el capital social es la expresi�n num�rica del patrimonio neto o l�quido y la acci�n es una parte fraccionaria de esa suma, por lo que los t�tulos representativos de las acciones deben expresar el valor nominal de las mismas o la porci�n de capital que representan como expresi�n de dinero.

El capital social, como cifra aritm�tica cumple la misi�n de expresar la suma total de las aportaciones de los socios, y como patrimonio, es garant�a en favor de acreedores y de los propios accionistas. Respecto de aqu�llos, en cuanto asume la responsabilidad total respaldada por la realidad y la cuant�a de su patrimonio; respecto de los accionistas, de la efectividad de su participaci�n en los beneficios con la consistencia del capital social y su dedicaci�n a los fines para los que se constituy� la sociedad, de tal manera que el capital social como valor nominal es la cifra l�mite de aportaci�n y de responsabilidad de los socios frente a terceros, y como patrimonio es la garant�a que la sociedad ofrece a sus acreedores y a sus accionistas.

En este orden, si el C�digo F. de la Federaci�n impone al socio o accionista el car�cter de responsable solidario en la porci�n que aport� al capital social y �ste, como valor nominal, constituye una garant�a frente a los acreedores de la sociedad y el l�mite de responsabilidad de los socios frente a terceros, es evidente que su participaci�n de responsabilidad, as� limitada por el propio ordenamiento fiscal, se constri�e al valor nominal de su participaci�n en el capital social.

Ahora bien, las acciones con las que participa el responsable solidario forman parte de su patrimonio, del conjunto de bienes, derechos y obligaciones apreciables en dinero, por lo que, si como se se�al� con antelaci�n, la responsabilidad solidaria constri�e al socio o accionista al pago de la deuda fiscal y sus accesorios -si bien limitada a la porci�n de su participaci�n en el capital de la sociedad contribuyente- es claro que la determinaci�n de que es responsable solidario no le causa una afectaci�n en s� misma, sino en cuanto queda vinculado a la determinaci�n del cr�dito fiscal y obligado en contribuir a su pago, con su patrimonio.

Para el esclarecimiento del punto en contradicci�n, tambi�n resulta necesario tener presente lo que esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha establecido sobre la garant�a de audiencia en las tesis que a continuaci�n se transcriben:

"AUDIENCIA Y SEGURIDAD JUR�DICA, GARANT�AS DE. ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA DE BIENES O DERECHOS. DISTINCI�N. ART�CULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. En los t�rminos del art�culo 14, p�rrafo segundo, de la Constituci�n Federal, la audiencia previa a la emisi�n del acto de autoridad y el debido proceso legal, como garant�as del gobernado, son de observancia obligatoria �nicamente trat�ndose de actos privativos, sea de la vida, de la libertad, de propiedades, posesiones o derechos de los particulares mas no as� cuando se trata de actos de molestia que no tengan la finalidad de privar al afectado de alguno de sus bienes o derechos, pues tales actos se rigen solamente por la garant�a de seguridad jur�dica (fundamentaci�n y motivaci�n) que establece el art�culo 16 constitucional." (Tesis aislada, Materia Com�n, S�ptima �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n, Volumen 81, Tercera Parte, p�gina 15).

"ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCI�N. El art�culo 14 constitucional establece, en su segundo p�rrafo, que nadie podr� ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el art�culo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer p�rrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constituci�n Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminuci�n, menoscabo o supresi�n definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a trav�s del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el art�culo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectaci�n a la esfera jur�dica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues s�lo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jur�dicos, los autoriza, seg�n lo dispuesto por el art�culo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde �sta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinci�n debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privaci�n de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia �ndole tiende s�lo a una restricci�n provisional." (Materia Com�n, Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo IV, julio de 1996, tesis P./J. 40/96, p�gina 5).

"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garant�a de audiencia establecida por el art�culo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ?se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento?. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privaci�n y que, de manera gen�rica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificaci�n del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resoluci�n que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejar�a de cumplir con el fin de la garant�a de audiencia, que es evitar la indefensi�n del afectado." (Jurisprudencia, Materia Constitucional, Com�n, Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo II, diciembre de 1995, tesis P./J. 47/95, p�gina 133).

"AUDIENCIA, GARANT�A DE, EN MATERIA IMPOSITIVA. NO ES NECESARIO QUE SEA PREVIA. Teniendo un gravamen el car�cter de impuesto, por definici�n de la ley, no es necesario cumplir con la garant�a de previa audiencia establecida en el art�culo 14 constitucional, ya que el impuesto es una prestaci�n unilateral y obligatoria y la audiencia que se puede otorgar a los causantes es siempre posterior a la aplicaci�n del impuesto, que es cuando existe la posibilidad de que los interesados impugnen, ante las propias autoridades, el monto y cobro correspondiente, y basta que la ley otorgue a los causantes el derecho a combatir la fijaci�n del gravamen, una vez que ha sido determinado, para que en materia hacendaria se cumpla con el derecho fundamental de audiencia, consagrado por el art�culo 14 constitucional, precepto que no requiere necesariamente, y en todo caso, la audiencia previa, sino que, de acuerdo con su esp�ritu, es bastante que los afectados sean o�dos en defensa antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos." (Jurisprudencia, Materia Constitucional, Administrativa, S�ptima �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n, Volumen 66, Primera Parte, p�gina 77).

"AUDIENCIA PREVIA. LA EXCEPCI�N A DICHA GARANT�A, TRAT�NDOSE DE LA MATERIA TRIBUTARIA, OPERA �NICAMENTE RESPECTO DE ACTOS RELACIONADOS CON CR�DITOS FISCALES DERIVADOS DE LA FALTA DE PAGO DE UNA CONTRIBUCI�N O DE SUS ACCESORIOS. Del an�lisis de las ejecutorias que integran la jurisprudencia de este Alto Tribunal publicada con el n�mero 110, en la p�gina 141, del Tomo I, Materia Constitucional, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, de rubro: ?AUDIENCIA, GARANT�A DE. EN MATERIA IMPOSITIVA, NO ES NECESARIO QUE SEA PREVIA.?, se advierte que en ellas se sostuvo que, en atenci�n a que el cobro de las contribuciones resulta indispensable para el sostenimiento de las instituciones del Estado, as� como para la prestaci�n de diversos servicios p�blicos que est�n a cargo de diferentes �rganos de �ste, la recaudaci�n de los ingresos de naturaleza tributaria no puede estar supeditada a que previamente se escuche a los gobernados que se ubican en las hip�tesis de hecho que dan lugar al cobro de alguna contribuci�n, pues de lo contrario, podr�a llegar el momento en que las instituciones y el orden constitucional desaparecieran o se vieran gravemente afectados por falta de elementos econ�micos. En este tenor, toda vez que el referido criterio jurisprudencial constituye una excepci�n al principio general que deriva de la interpretaci�n del art�culo 14, p�rrafo segundo, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, debe estimarse que �nicamente es aplicable respecto de los actos de las autoridades hacendarias que tienen como finalidad realizar la determinaci�n o el cobro de contribuciones y sus accesorios, es decir, de las prestaciones patrimoniales de car�cter p�blico que, regidas por lo dispuesto en el art�culo 31, fracci�n IV, de la propia N.F., son establecidas por los �rganos del Estado que est�n dotados de potestad tributaria y tienen como finalidad fundamental sustentar el gasto p�blico, as� como respecto de las diversas prestaciones que se generen como consecuencia de la falta de pago oportuno de aqu�llas; es decir, la excepci�n a la garant�a de audiencia previa que rige en materia tributaria �nicamente es aplicable respecto del cobro de contribuciones, mas no en relaci�n con otras prestaciones patrimoniales que en el �mbito federal, seg�n lo dispuesto en el art�culo 4o., p�rrafo primero, del C�digo F. de la Federaci�n, tambi�n dan lugar a la generaci�n de cr�ditos fiscales." (Tesis aislada, Materia Constitucional, Administrativa, Novena �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., julio de 2002, tesis 2a. LXXII/2002, p�gina 446).

De los criterios transcritos se observa que este �rgano constitucional funcionando en Pleno y su Segunda Sala, ha determinado que la Constituci�n Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos de los actos de molestia, ya que como los primeros constituyen un menoscabo o disminuci�n de un derecho, es menester que para su afectaci�n se cumpla con un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado, en t�rminos del art�culo 14 constitucional. En cambio, ello no es necesario trat�ndose de actos de molestia que s�lo restringen de manera provisional o preventiva un derecho.

El supuesto que se analiza constituye un acto privativo, ya que, como se vio con antelaci�n, la resoluci�n que determina que el socio es responsable solidario de la obligaci�n tributaria de la sociedad contribuyente, lo vincula directamente con la determinaci�n del cr�dito fiscal con la finalidad de incorporarlo al cumplimiento de ella con su patrimonio.

Igualmente esta Suprema Corte de Justicia ha estimado que la garant�a de audiencia impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento", que se traducen en: la notificaci�n del inicio del procedimiento y sus consecuencias; oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; oportunidad de alegar, y el dictado de una resoluci�n que dirima la cuesti�n planteada.

Al respecto esta Segunda Sala determin� en la tesis aislada 2a. LXXIX/2005, de rubro: "RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. EL ART�CULO 26, FRACCI�N III, P�RRAFO TERCERO, INCISO B), DEL C�DIGO FISCAL DE LA FEDERACI�N, AL NO PREVER A FAVOR DEL POSIBLE AFECTADO LA OPORTUNIDAD DE SER O�DO PARA DESVIRTUAR LOS HECHOS U OMISIONES POR LOS QUE SE LE CONSIDERA OBLIGADO SOLIDARIO, VIOLA LA GARANT�A DE AUDIENCIA PREVIA." transcrita al inicio de este considerando, que como la norma de m�rito no contempla la garant�a de audiencia en favor del responsable solidario, �sta debe otorg�rsele en acatamiento al art�culo 14 constitucional.

Asimismo, de los criterios transcritos, se observa que este Alto Tribunal ha sostenido que trat�ndose de materia impositiva no es necesario que la garant�a de audiencia se otorgue previamente al acto de privaci�n trat�ndose de actos relacionados con cr�ditos fiscales derivados de la falta de pago de una contribuci�n o de sus accesorios.

Consecuentemente, en t�rminos de las normas analizadas con antelaci�n y de los criterios que ha sustentado esta Suprema Corte se llega a la conclusi�n de que el socio o accionista que se constituye en responsable solidario del cr�dito fiscal que se ha determinado a la sociedad contribuyente que incumpli� con su obligaci�n de dar aviso del cambio de domicilio en t�rminos de lo dispuesto en el Reglamento del C�digo F. de la Federaci�n, en tanto que esa determinaci�n lo vincula directamente con la determinaci�n del cr�dito fiscal y lo obliga a contribuir a su pago con su patrimonio, es claro que tiene como finalidad que se le prive de �l en la proporci�n con la que particip� en el capital social en la �poca en que se actualiz� el derecho tributario de la sociedad causante, porlo que debe otorg�rsele la garant�a de audiencia para que pruebe y alegue lo que a su inter�s convenga, no s�lo respecto de los hechos u omisiones que se consideraron para determinar su responsabilidad solidaria, sino tambi�n respecto de aquellos que dieron lugar a la determinaci�n del cr�dito fiscal.

Cabe se�alar que esta Segunda Sala se aparta del criterio sustentado en la tesis aislada 2a. LXXIX/2005, que como se se�al� qued� transcrita al inicio de este considerando, y en ella se determin� que cuando el responsable solidario sobrevenga al juicio cuando el cr�dito fiscal ya est� determinado, la garant�a debe ser previa, toda vez que acorde con el criterio sustentado por esta Segunda Sala en el sentido de que trat�ndose de cr�ditos fiscales derivados de la falta de pago de una contribuci�n o de sus accesorios se establece una excepci�n a la garant�a de audiencia previa, y que como se vio, la resoluci�n que determina que el socio se constituye en responsable solidario no le causa perjuicio en s� misma, sino por su vinculaci�n con el cr�dito fiscal l�quido no cubierto por la sociedad responsable directa de su pago, de tal manera que si se otorgara con antelaci�n se causar�a un grave perjuicio al Estado, pues las contribuciones resultan necesarias para el sostenimiento de sus instituciones y la prestaci�n de servicios p�blicos, por lo que la recaudaci�n de los ingresos tributarios no puede estar supeditada a que previamente se escuche a los gobernados, ya que las instituciones y el orden constitucional se ver�an gravemente afectados por la falta de elementos econ�micos. Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio.

"GARANT�A DE AUDIENCIA PREVIA, EXCEPCIONES A LA, EN MATERIA FISCAL.-No puede exigirse el establecimiento de una audiencia previa en beneficio de los afectados y en relaci�n con la fijaci�n de un impuesto, toda vez que esa fijaci�n, para cumplir con los fines de la tributaci�n, debe ser establecida unilateralmente por el Estado, e inmediatamente ejecutiva, ya que ser�a sumamente grave que fuese necesario llamar a los particulares afectados, para que objetaran previamente la determinaci�n de un impuesto, lo que paralizar�a los servicios correspondientes, y, por el contrario, cuando se trata de contribuciones, la audiencia que se puede otorgar a los causantes es siempre posterior a la fijaci�n del impuesto, que es cuando existe la posibilidad de que los interesados impugnen ante las propias autoridades el monto y el cobro correspondiente, y basta que la ley otorgue a los causantes el derecho de combatir la fijaci�n del impuesto, una vez que ha sido determinado por las autoridades fiscales, para que en materia hacendaria se cumpla con el derecho fundamental de audiencia consagrado por el art�culo 14 constitucional, precepto que no requiere necesariamente, y en todo caso, la audiencia previa, sino que de acuerdo con su esp�ritu, es bastante que los afectados sean o�dos en defensa antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos. Si bien es verdad que el Poder Legislativo est� obligado, seg�n el art�culo 14 constitucional, a establecer en las leyes el procedimiento adecuado para o�r a los interesados y darles oportunidad de defenderse, tambi�n es cierto que la propia Corte ha establecido excepciones a ese criterio, entre las que se encuentran las leyes fiscales federales, respecto de las cuales debe observarse el r�gimen establecido por el C�digo F. de la Federaci�n. En efecto, como el fisco se encarga de cobrar los impuestos determinados por las leyes, para el sostenimiento de las instituciones y de los servicios p�blicos, es evidente que dicho cobro tiene que hacerse mediante actos ejecutivos y unilaterales, que si bien pueden ser sometidos a una revisi�n posterior a solicitud de los afectados, no pueden quedar paralizados por el requisito de audiencia previa, porque de esa manera podr�a llegar el momento en que las instituciones y el orden constitucional desaparecieran por falta de los elementos econ�micos necesarios para subsistencia. Por tanto, en materia tributaria no rige la garant�a de audiencia previa, al grado de que el legislador tenga que establecerla en las leyes impositivas." (Tesis aislada, Materia Constitucional, Administrativa, S�ptima �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n, Volumen 44, Primera Parte, p�gina 29).

S�PTIMO

Por lo expuesto en los considerandos anteriores, el criterio que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia, es el sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que se redacta en los siguientes t�rminos:

SOCIO O ACCIONISTA RESPONSABLE SOLIDARIO DEL CR�DITO FISCAL DERIVADO DE LA FALTA DE AVISO DE CAMBIO DE DOMICILIO DE LA SOCIEDAD CONTRIBUYENTE. DEBE OTORG�RSELE GARANT�A DE AUDIENCIA PARA QUE ALEGUE LO QUE A SU INTER�S CONVENGA, TANTO DE LA DETERMINACI�N DE SU RESPONSABILIDAD COMO DEL PROCEDIMIENTO QUE CULMIN� CON LA FIJACI�N DEL REFERIDO CR�DITO.-El socio o accionista se constituye en responsable solidario del cr�dito fiscal determinado a la sociedad contribuyente que incumpli� con su obligaci�n de dar aviso del cambio de domicilio en t�rminos del Reglamento del C�digo F. de la Federaci�n, en tanto que esa determinaci�n lo vincula directamente con la fijaci�n del cr�dito fiscal y lo obliga a contribuir al pago con su patrimonio en la proporci�n con la que particip� en el capital social en la �poca en que se actualiz� el hecho que motiv� el cr�dito; por tanto, debe otorg�rsele la garant�a de audiencia para que pruebe y alegue lo que a su inter�s convenga, no s�lo respecto de los hechos u omisiones que se consideraron para determinar su responsabilidad solidaria, sino tambi�n respecto de aquellos que dieron lugar a la determinaci�n del cr�dito fiscal.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

S� existe la contradicci�n de tesis denunciada entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero del Octavo Circuito y Primero en Materias Administrativa y Civil del D�cimo Noveno Circuito.

SEGUNDO

Se declara que debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en el �ltimo considerando de esta resoluci�n.

Notif�quese; c�mplase y, en su oportunidad, arch�vese este expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: M.A.G.�itr�n, G.D.G.�ngora P., S.S.A.A., J.F.F.G.S. y presidenta M.B.L.R.. Fue ponente el M.M.A.G.�itr�n.