Ejecutoria num. P./J. 127/2005 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26823488

Ejecutoria num. P./J. 127/2005 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P./J. 127/2005
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Diciembre de 2005
RESUMEN

LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. DEBEN DETERMINAR LAS NORMAS QUE CONSTITUYEN BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y LAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. DEBEN DETERMINAR LAS NORMAS QUE CONSTITUYEN BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACI�N P�BLICA MUNICIPAL Y LAS DE APLICACI�N SUPLETORIA.

LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ RELATIVA CUANDO DERIVA DE LA OMISI�N DE LAS LEGISLATURAS DE PRECISAR QU� NORMAS SON IMPERATIVAS A LOS MUNICIPIOS Y CU�LES PUEDEN APLICAR SUPLETORIAMENTE.

LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. LOS AYUNTAMIENTOS PUEDEN FUNDAMENTAR SU ACTUACI�N EN LA NORMATIVIDAD EXPEDIDA POR LA LEGISLATURA ESTATAL HASTA EN TANTO EMITAN SUS NORMAS REGLAMENTARIAS.

LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. LOS CASOS A QUE SE REFIERE EL ART�CULO 115, FRACCI�N II, INCISOS B) Y D), DE LA CONSTITUCI�N DE LA REP�BLICA QUE REQUIEREN EL ACUERDO DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS, SON ENUNCIATIVOS Y NO LIMITATIVOS.

LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. OBJETIVO Y ALCANCES DE LAS BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACI�N P�BLICA MUNICIPAL.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ESTUDIE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA O ACTO BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA LA CAUSA DE PEDIR.

ESTADO MEXICANO. �RDENES JUR�DICOS QUE LO INTEGRAN.

LEYES ESTATALES Y REGLAMENTOS EN MATERIA MUNICIPAL. ESQUEMA DE ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES QUE DERIVAN DE LA REFORMA AL ART�CULO 115, F.I., SEGUNDO P�RRAFO, DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

MUNICIPIOS. CONTENIDO Y ALCANCE DE SU FACULTAD REGLAMENTARIA.

MUNICIPIOS. EL ART�CULO 115, FRACCIONES I Y II, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL RECONOCE LA EXISTENCIA DE UN ORDEN JUR�DICO PROPIO.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 14/2001. MUNICIPIO DE PACHUCA DE S., ESTADO DE HIDALGO.

MINISTRA PONENTE: O.S.C.D.G.V..

SECRETARIAS: M.M.G. Y CARMINA CORT�S RODR�GUEZ.

M�xico, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al d�a siete de julio de dos mil cinco.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO

Mediante oficio presentado el veinticinco de mayo de dos mil uno, en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, M. �ngelO.J., quien se ostent� con el car�cter de s�ndico del Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Estado de H., promovi� controversia constitucional en la que demand� la invalidez de las normas que m�s adelante se precisan, emitidas por las autoridades que a continuaci�n se indican:

II. �rganos demandados: 1. H. Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de H., con domicilio conocido en carretera M�xico-Pachuca Km. 84.5, Centro C�vico, Pachuca de S., H.. 2. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de H., con domicilio conocido en Palacio de Gobierno del Estado, P.J.�rez s/n, Pachuca de S., H.. 3. Secretario de Gobierno del Estado Libre y Soberano de H., con domicilio conocido en Palacio de Gobierno del Estado, P.J.�rez s/n, Pachuca de S., H.. 4. Director del P.�dico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de H., con domicilio conocido en Palacio de Gobierno del Estado, P.J.�rez s/n, Pachuca de S., H.. IV. Actos cuya invalidez se demanda: 1. La aprobaci�n, sanci�n, promulgaci�n, publicaci�n, vigencia e indebida aplicaci�n del art�culo 148 de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de H., mismo que a su letra dice: �La Ley Org�nica Municipal determinar� la organizaci�n y funcionamiento de las dependencias administrativas del Ayuntamiento, as� como los requisitos, facultades obligaciones de sus titulares.�. Tambi�n se reclama la falta de adecuaci�n del citado art�culo 148 constitucional local respecto a la reforma del art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 23 de diciembre de 1999 y que entr� en vigor parcialmente el 23 de marzo del a�o 2000 y en pleno vigor el 23 de marzo de 2001. 2. La aprobaci�n, sanci�n, promulgaci�n, publicaci�n y vigencia del Decreto 213 de la LVII Legislatura del H. Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de H. que contiene La Ley Org�nica Municipal del Estado de H., publicada mediante alcance al P.�dico Oficial del Estado de H., de fecha 16 de abril de 2001, y en lo particular los art�culos se�alados en el concepto de invalidez."

SEGUNDO

Los antecedentes que aduce la parte actora son los siguientes:

  1. El d�a 26 de marzo de 2001, se aprob� por el H. Congreso del Estado de H., el Decreto 213 de la LVII Legislatura que contiene la Ley Org�nica Municipal del Estado de H., envi�ndose al Ejecutivo para su sanci�n y publicaci�n, hecho del cual tuvimos conocimiento hasta la publicaci�n de la misma en el Peri�dico Oficial del Estado de H. en los t�rminos y fechas que se se�alan en el punto siguiente. 2. En fecha no conocida con exactitud, se public� en el Peri�dico Oficial del Gobierno del Estado de H., una edici�n de alcance al P.�dico Oficial de fecha 16 de abril de 2001, en donde aparece el Decreto 213 de la LVII Legislatura del H. Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de H. que contiene la Ley Org�nica Municipal de H., sancionado, promulgado y publicado por el gobernador de dicha entidad federativa. No dejamos de se�alar la trampa del Poder Ejecutivo consistente en publicar materialmente en fecha posterior al 16 de abril de 2001 el mencionado decreto, mismo al que tuvimos acceso hasta despu�s del 25 de abril de 2001. Lo anterior se aclara porque la publicaci�n efectiva se retrotrae a una fecha en que la misma no exist�a materialmente (16 de abril de 2001), bajo la trampa jur�dica de la figura del �alcance�, misma que si bien se�ala la fecha que se �alcanza� (16 de abril de 2001), no indica la fecha en la que dicho alcance se realiza materialmente; ello, con la �nica intenci�n de acortar o dejar fuera de t�rmino a quien tuviera inter�s jur�dico en impugnar dicha ley. Empero y a manera de protecci�n, vengo a presentar la presente controversia dentro de los 30 d�as h�biles contados a partir de la fecha indebidamente alcanzada por la publicaci�n de marras que lo es el 16 de abril de 2001."

TERCERO

Los conceptos de invalidez que aduce la parte actora son los siguientes:

�nico. El Decreto 213 de la LVII Legislatura del H. Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de H. que contiene la Ley Org�nica Municipal de H. y particularmente los art�culos que adelante se se�alan, violan en su conjunto el art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos vigente; as� como el art�culo segundo transitorio del decreto que aprob� la reforma del art�culo 115 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el 23 de diciembre de 1999, por las siguientes razones. La reforma constitucional al art�culo 115 de 1999, cre� la figura de �leyes estatales en materia municipal�, con el prop�sito de delimitar el alcance y contenido de las mismas para precisamente ampliar la facultad reglamentaria de los Municipios. Por tanto, no se trata de una facultad legislativa enunciativa como se encontraba dicho dispositivo constitucional antes de 1999, sino que fue intenci�n del Constituyente Permanente acotar los contenidos de la ley municipal expedida por los Congresos Locales para favorecer la vida reglamentaria municipal y con ello, su autonom�a. Dicha ley estatal en materia municipal, como es de su conocimiento, se encuentra prevista y delimitada en la propia Constituci�n en el nuevo art�culo 115 constitucional, cuya fracci�n II dice lo siguiente: �II. ... Los Ayuntamientos tendr�n facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deber�n expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de polic�a y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci�n p�blica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia y aseguren la participaci�n ciudadana y vecinal. El objeto de las leyes a que se refiere el p�rrafo anterior ser� establecer: a) Las bases generales de la administraci�n p�blica municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnaci�n y los �rganos para dirimir las controversias entre dicha administraci�n y los particulares, con sujeci�n a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; c) Las normas de aplicaci�n general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de este art�culo, como el segundo p�rrafo de la fracci�n VII del art�culo 116 de esta Constituci�n; d) El procedimiento y condiciones para que el Gobierno Estatal asuma una funci�n o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la Legislatura Estatal considere que el Municipio de que se trate est� imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, ser� necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y e) Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes. Las Legislaturas Estatales emitir�n las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolver�n los conflictos que se presenten entre los Municipios y el Gobierno del Estado, o entre aqu�llos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores.�. De la disposici�n descrita en relaci�n con el tema que nos ocupa, podemos deducir que se generan los siguientes principios: 1. La ley estatal en materia municipal que prev� la fracci�n II del art�culo 115 constitucional, se trata de una ley de objeto limitado, es decir, su contenido no debe rebasar los incisos a) al e), establecidos en dicha fracci�n, para as� propiciar el robustecimiento de la actividad reglamentaria municipal. 2. El exceso respecto del principio anterior, genera su inconstitucionalidad, particularmente si invade materias de reglamentaci�n municipal conforme al decreto del nuevo segundo p�rrafo de la fracci�n II del 115, y el esp�ritu del mismo ya transcrita en p�rrafos anteriores. Por tanto, es de competencia municipal que se expidan reglamentos: Que organicen la administraci�n p�blica municipal. Que regulen el funcionamiento interno del Ayuntamiento (Cabildo). Que regulen las materias (fracci�n III del 115 C.), procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia. Aseguren la participaci�n ciudadana y vecinal. En esta inteligencia, es inconstitucional la ley que invade tales materias, en perjuicio de la autonom�a del Ayuntamiento para autorregularlas. 3. La ley debe prever las bases de la administraci�n p�blica y de procedimiento administrativo, no as� la organizaci�n espec�fica de los Ayuntamientos. 4. Qued� reservado para el �mbito reglamentario todo lo relativo a la organizaci�n y funcionamiento del Ayuntamiento, as� como la participaci�n ciudadana, etc. 5. En materia de mayor�as calificadas del Ayuntamiento, �stas s�lo son posibles de establecerse en la ley, trat�ndose de disposici�n de bienes muebles (sic), o actos jur�dicos que obliguen al Ayuntamiento m�s all� de su periodo de gobierno. Por tanto, es indebido imponer a los Ayuntamientos la toma de decisiones a partir de mayor�a calificada fuera de estos temas. (Inmobiliario y actos jur�dicos que comprometan a los Ayuntamientos m�s all� de su periodo constitucional). Asimismo, en esta materia, no es v�lido que las legislaturas act�en como resolutores en lugar de los Ayuntamientos. Lo anterior no se surte s�lo de la lectura del decreto en cita, sino de los propios considerandos y motivos del dictamen de la reforma al 115 constitucional aprobados en la C�mara de Diputados el 17 de junio de 1999 y en la de Senadores el 25 de junio del mismo a�o, que a continuaci�n volvemos a citar para ilustrar el anterior acierto: �4.2 La intenci�n de esta C.�n D., consiste en fortalecer al �mbito de competencia municipal y las facultades de su �rgano de gobierno. Por ello se propone tal y como lo plantean los autores de las iniciativas antes descritas, delimitar el objeto y los alcances de las leyes estatales que versan sobre cuestiones municipales. Lo que se traduce en que la competencia reglamentaria del Municipio, implique de forma exclusiva, los aspectos fundamentales para su desarrollo. De ah� que se defina y modifique en la fracci�n II, el concepto de bases normativas, por el de leyes estatales en materia municipal, conforme a las cuales los Ayuntamientos expiden sus reglamentos, y otras disposiciones administrativas de orden general. Dichas leyes se deben orientar a las cuestiones generales sustantivas y adjetivas, que le den un marco normativo homog�neo a los Municipios de un Estado, sin intervenir en las cuestiones espec�ficas de cada Municipio. En consecuencia, queda para el �mbito reglamentario como facultad de los Ayuntamientos, todo lo relativo a su organizaci�n y funcionamiento interno y de la administraci�n p�blica municipal; as� como para la regulaci�n sustantiva y adjetiva de las materias de su competencia a trav�s de los bandos, reglamentos, circulares y dem�s disposiciones de car�cter general; mientras que las leyes estatales en materia municipal, contemplar�n lo referente al procedimiento administrativo, conforme a los principios que enunciaren los nuevos incisos, y dem�s aspectos que contienen lo siguiente: 4.2.1 En el inciso a) se establecen los medios de impugnaci�n y los �rganos correspondientes, para dirimir controversias entre los particulares y la administraci�n p�blica municipal, los cuales deber�n conducir a la observancia de los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. Se deja a salvo para cada Ayuntamiento decidir, a trav�s de disposiciones reglamentarias, formas y procedimientos de participaci�n ciudadana y vecinal. La ley, s�lo contemplar� los principios generales de este rubro. 4.2.2 En el inciso b), se establece que la ley deber� prever el requisito de mayor�a calificada de los miembros de un Ayuntamiento en las decisiones relativas a la afectaci�n de su patrimonio inmobiliario y la firma de convenios que por su trascendencia lo requieran; sin embargo, en dichas decisiones la Legislatura Estatal ya no intervendr� en la toma de la decisi�n a los Ayuntamientos. 4.2.3 En el inciso c), se se�ala que las leyes estatales incluir�n normas de aplicaci�n general para la celebraci�n de convenios de asociaci�n entre dos o m�s Municipios, entre uno o varios Municipios y el estudio incluyendo la hip�tesis a que se refiere la fracci�n VII del art�culo 116 constitucional, para fines de derecho p�blico ... 4.2.4 En el inciso d), se prev� que la ley estatal contemple, con base en el �mbito de competencia exclusiva municipal, el procedimiento y las condiciones para que el Ayuntamiento transfiera la prestaci�n de un servicio p�blico o el ejercicio de una funci�n a su cargo, en favor del Estado. Ello mediante la solicitud del Ayuntamiento a la legislatura, cuando no haya convenio con el Gobierno Estatal de que se trate. 4.2.5 En el inciso e), se establece que las Legislaturas Estatales expedir�n las normas aplicables a los Municipios que no cuenten con los reglamentos correspondientes. Es decir, la norma que emita el Legislativo para suplir en estos casos, la falta de reglamentos b�sicos y esenciales de los Municipios, ser� de aplicaci�n temporal en tanto el Municipio de que se trate emita sus propios reglamentos. Por �ltimo, la comisi�n considera necesario prever en un nuevo p�rrafo cuarto de la fracci�n II en an�lisis, que las Legislaturas Estatales establezcan las normas de procedimiento para resolver los conflictos que pudieran surgir entre los Gobiernos Estatales y los Municipios con motivo de la realizaci�n de los actos que se refieren los incisos b) y d) de la fracci�n segunda en comento. Para dirimir tales diferencias, el �rgano competente ser� la Legislatura Estatal correspondiente. Esta previsi�n desde luego, se entiende sin perjuicio del derecho de los Gobiernos Estatales y de los Municipios de acudir en controversia constitucional en los t�rminos del art�culo 105 constitucional y su ley reglamentaria.�. Visto lo anterior, resulta que la ley aprobada parte de un error de origen, al se�alar como su objeto un concepto que no es el permitido por la Constituci�n, ya que el art�culo 1o. de la ley impugnada, indica que su objeto es regular la organizaci�n y funcionamiento de los Municipios, en contravenci�n con el 115, que se�ala que el objeto de la ley ser� establecer las bases generales de la administraci�n p�blica y de procedimiento administrativo, dejando claro que precisamente el tema de la organizaci�n y funcionamiento interno de los Ayuntamientos es materia de la facultad reglamentaria municipal. Lo anterior no es un simple juego de palabras, ya que la ley aprobada a partir de tan err�neo objeto, violenta la autonom�a municipal para auto-organizarse, y para determinar su r�gimen y funcionamiento interno, pues la citada ley regula pr�cticamente toda la vida municipal, desde sus dependencias, participaci�n ciudadana, procedimientos particulares, pasando por generar un organigrama que mete en camisa de fuerza al Ayuntamiento. Bajo esta perspectiva, lo �nico salvable de la ley son los art�culos que realmente se refieren a generalidades de la administraci�n p�blica y a los incisos del a) al e) de la fracci�n II del art�culo 115 vigente. Como se observa, en virtud de los principios que arroja la reforma al art�culo 115 constitucional de 1999, consistentes en la delimitaci�n de los alcances de la ley sobre materia municipal, as� como el haber garantizado que el tema organizacional y de funcionamiento interno qued� para el �mbito reglamentario municipal, y si bien el �mbito de la Legislatura Estatal no desaparece, s� se acota favoreciendo el ensanchamiento y robustecimiento de la capacidad autonormativa (autonom�a) de los Ayuntamientos, dada su naturaleza colegiada. A mayor abundamiento, debe decirse que la reforma genera un concepto novedoso de facultad reglamentaria aut�noma. Autonom�a es un t�rmino que proviene del lat�n auto (propio) y nomos (norma) y que consiste en la atribuci�n de un organismo o persona jur�dica para darse a s� misma normatividad con valor jur�dico en un �mbito espec�fico de competencia. As�, la reforma al art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el 23 de diciembre de 1999, atribuye a los Municipios mexicanos no s�lo un �mbito propio de acci�n exclusivo, sino la facultad de normarlo por s� mismo a trav�s de sus �rganos de gobierno (Ayuntamientos), las materias de su competencia que van desde la organizaci�n de la administraci�n p�blica municipal y el funcionamiento interno del Ayuntamiento, hasta la regulaci�n sustantiva y adjetiva de las materias de su exclusiva competencia, pasando desde luego por la regulaci�n de las relaciones del Gobierno Municipal con sus gobernados en materia de participaci�n ciudadana y vecinal. Nace as� la reglamentaci�n municipal aut�noma que se distingue de los reglamentos tradicionales en los que solamente se provee a la exacta observancia de la ley en la esfera administrativa. En efecto, los reglamentos aut�nomos tienen la caracter�stica de ser producidos por los Ayuntamientos en ejercicio pleno de una funci�n materialmente legislativa en donde pueden crear derechos, obligaciones, procedimientos, sanciones, etc. Asimismo, su relaci�n con la ley general es relativa exclusivamente a los datos comunes que deben tener en ciertos aspectos los Municipios de un mismo Estado. Sin embargo, tal como lo establece la fracci�n II del art�culo 115 en cita, dichas leyes marco, al estar limitadas en su objeto a ciertas generalidades, nos da como resultado el que los Municipios puedan cuasilegislar a trav�s de reglamentos u ordenanzas municipales, los aspectos necesarios para un desarrollo aut�nomo y subsidiario de la vida municipal en las materias de su exclusiva competencia. De lo anterior se traduce que existir�n dos dimensiones o estratos reglamentarios municipales: El aut�nomo que ya hemos explicado y el directivo que es la facultad reglamentaria tradicional en donde los Municipios se limitan a proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de una ley. En este �ltimo caso estamos ante materias que no son del �mbito exclusivo municipal, sea porque la Constituci�n Federal o la Local no lo hayan atribuido con tal car�cter y entonces, la facultad normativa se ve limitada a tan s�lo proveer la concreci�n de la ley pero sin poder crear derechos y obligaciones espont�neamente, sujet�ndose en todo el tiempo a la naturaleza jur�dica y alcances de la ley especial de la materia que se trate. Por tanto, en la medida que la ley impugnada invade pues, en doble esquema los principios ya explicados, ya que por una parte va m�s all� de los que limitativamente les permite la Constituci�n a los Congresos Estatales en esta materia, y a la vez materialmente invaden temas como el de la organizaci�n y funcionamiento interno del Ayuntamiento al m�ximo detalle, no obstante ser materias que el Constituyente Permanente reserv� para la funci�n reglamentaria municipal; en tal grado de inconstitucionalidad se encuentran los art�culos de la Ley Org�nica Municipal del Estado de H. cuya invalidez se solicita, mismos que adelante se se�alan. Como se observar�, la cantidad de art�culos indebidamente estipulados hacen inviable e inconsistente la ley, misma que no acude al esp�ritu y sentido correcto de la reforma constitucional municipal de 1999. Para demostrar lo anterior, a continuaci�n se�alamos uno a uno los art�culos de dicha ley y el principio o principios de la reforma al art�culo 115 constitucional de 1999 que violentan, conforme a los p�rrafos precedentes del presente concepto de invalidez, en el entendido que los art�culos parte de ellos que queden en puntos suspensivos ... son v�lidos y por ello no los transcribimos siquiera, mientras que el texto transcrito de los art�culos se identificar� con el o los principios que a nuestro juicio se conculcan. Decreto que contiene la Ley Org�nica Municipal del Estado de H.. T�tulo primero. Disposiciones generales. C.�tulo primero. D.M.. �Art�culo 1o. Las disposiciones de la presente ley son de orden p�blico y de inter�s social, tienen por objeto regular la organizaci�n y funcionamiento de los Municipios, de acuerdo con lo dispuesto en los art�culos 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 115 al 148 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de H.. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. �Art�culo 2o. ...�. �Art�culo 3o. Los Municipios del Estado, estar�n organizados y regular�n su funcionamiento de acuerdo con lo dispuesto por la presente ley, en lo interno se regir�n por su propia reglamentaci�n que se ajustar� a los principios establecidos en la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en la del Estado, en esta ley y en las correlativas, as� como en lo siguiente: I. Los Ayuntamientos quedan facultados para aprobar los bandos de gobierno y de polic�a, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci�n p�blica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia y promuevan la participaci�n de la sociedad. II. En los Municipios en los que no existan los bandos y reglamentos a que se refiere la fracci�n anterior, los Ayuntamientos aplicar�n las reglas que fije �sta u otra ley que se expidan en materia municipal, a fin de permitirles cumplir sus fines y ejercer todas las atribuciones establecidas en el art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, el t�tulo IX de la Constituci�n Pol�tica del Estado de H.. III. Para dirimir las controversias que se generen entre la administraci�n p�blica municipal y los particulares, en relaci�n a los recursos administrativos, se sujetar�n a lo dispuesto por el t�tulo octavo, cap�tulo tercero de esta ley, a partir de los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. �Art�culo 4o. ...�. �Art�culo 5o. Los Municipios no tendr�n ning�n superior jer�rquico, ser�n independientes entre s� y no habr� ninguna autoridad intermedia entre �stos y los Poderes del Estado. Asimismo, podr�n coordinarse y asociarse en los t�rminos de la presente ley, para la m�s eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. Los acuerdos de coordinaci�n o asociaci�n ser�n aprobados por las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento. Cuando la asociaci�n est� referida a Municipios de dos o m�s entidades federativas, se requerir� de la aprobaci�n de las dos terceras partes de los miembros del Congreso del Estado. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 5 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. �Art�culo 6o. ...�. �Art�culo 7o. ...�. �Art�culo 8o. ...�. �Art�culo 9o. ...�. Cap�tulo segundo. De la poblaci�n del Municipio. �Art�culo 10. Esta ley es obligatoria para todos los habitantes de los Municipios del Estado de H., as� como para los que se encuentren temporal o transitoriamente dentro de su territorio. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3, 4 y 5 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones en virtud de que hace aplicable la totalidad de la ley, sin excepci�n).�. �Art�culo 11. ...�. �Art�culo 12. ...�. �Art�culo 13. ...�. �Art�culo 14. ...�. �Art�culo 15. ...�. �Art�culo 16. ...�. �Art�culo 17. ...�. �Art�culo 18. ...�. �Art�culo 19. ...�. �Art�culo 20. ...�. Cap�tulo tercero. De la participaci�n ciudadana. �Art�culo 21. ... (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. �Art�culo 22. La organizaci�n, desarrollo y procedimientos de las anteriores figuras, se llevar�n de conformidad a lo que establezca la ley de la materia o reglamentos municipales correspondientes, que al efecto se expidan. Son nulas de pleno derecho las convocatorias a plebiscito o refer�ndum, cuyo objeto pudiera conculcar garant�as individuales. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 2 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, en la medida en que faculta a que la organizaci�n, desarrollo y procedimientos de la participaci�n ciudadana se regulen indistintamente en ley estatal o reglamento municipal, cuando su regulaci�n s�lo puede ser de reglamento municipal).�. T�tulo segundo. Del Gobierno Municipal. Cap�tulo primero. De los Ayuntamientos. �Art�culo 23. ...�. �Art�culo 24. ...�. �Art�culo 25. ...�. �Art�culo 26. ...�. �Art�culo 27. ...�. �Art�culo 28. ...�. �Art�culo 29. ...�. �Art�culo 30. ...�. �Art�culo 31. ...�. �Art�culo 32. ...�. �Art�culo 33. ...�. �Art�culo 34. ...�. �Art�culo 35. ...�. �Art�culo 36. ...�. �Art�culo 37. Los Ayuntamientos deber�n resolver los asuntos de su competencia colegiadamente y podr�n funcionar con la asistencia de la mayor�a de sus integrantes. Los miembros del Ayuntamiento tendr�n iguales derechos y sus acuerdos se tomar�n por mayor�a de votos, salvo en los casos en que la ley exija la asistencia total o mayor�a absoluta o calificada de votos de los regidores. En las sesiones del Ayuntamiento s�lo tendr�n derecho a voz y voto, el presidente municipal, los s�ndicos y los regidores. Los Ayuntamientos celebrar�n sesiones p�blicas ordinarias o extraordinarias e itinerantes, previo acuerdo de la mayor�a de sus integrantes; las sesiones podr�n ser privadas cuando as� lo aprueben las dos terceras partes de sus integrantes. Podr�n convocar a sesi�n extraordinaria las dos terceras partes de los regidores, cuando se requiera. En sesi�n extraordinaria, s�lo se tratar�n los asuntos objeto de la convocatoria. Las sesiones del Ayuntamiento, ser�n presididas por el presidente municipal y moderadas por quien designe el Ayuntamiento. Para la atenci�n de los asuntos internos y la correspondencia, los Ayuntamientos podr�n contar con un oficial mayor, nombrado mediante acuerdo de la mayor�a de sus integrantes. El presupuesto de egresos contemplar� la remuneraci�n que le corresponda. Los Ayuntamientos, no podr�n revocar sus acuerdos, sino en aquellos casos en que deban acatar sentencias jurisdiccionales, al resolver recursos administrativos o se advierta que se oponen a las dem�s leyes y reglamentos en vigor, o afecten el inter�s de la sociedad. Compete al presidente municipal, ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento. Carecen de facultades de ejecuci�n y de ejercicio de jurisdicci�n, las comisiones, los s�ndicos y los regidores. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3, 4 y 5 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. �Art�culo 38. Las sesiones de los Ayuntamientos, constar�n en un libro de actas en el cual deber�n asentarse la denominaci�n de los asuntos tratados, un extracto de ellos, as� como el resultado y sentido de la votaci�n. Cuando se refieran a normas de car�cter general que sean de observancia municipal o reglamentos, se har�n constar �ntegramente en el libro de actas, las que deber�n ser firmadas en ambos casos, por los miembros del Ayuntamiento. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. �Art�culo 39. Para lo no previsto en esta ley, sobre el funcionamiento de los Ayuntamientos, se estar� a las disposiciones de su respectivo reglamento interior o las dem�s leyes de la materia. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. �Art�culo 40. Las facultades otorgadas por la Constituci�n Pol�tica del Estado de H. y esta ley al presidente municipal, deber�n ejercitarse directa y personalmente bajo su estricta responsabilidad. Podr� delegar facultades en funcionarios municipales para proveer en la esfera administrativa al exacto cumplimiento de sus atribuciones, en los t�rminos que fija la presente ley, los bandos de gobierno y de polic�a, y los reglamentos de la administraci�n p�blica municipal. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. �Art�culo 41. ...�. �Art�culo 42. ...�. Cap�tulo tercero. De las Juntas de Acci�n C�vica y Cultural. �Art�culo 43. En cada Municipio se integrar� una Junta de Acci�n C�vica y Cultural, que tendr� como objetivos fundamentales los de organizar actos c�vicos en las fechas hist�ricas tradicionales y desarrollar eventos o actividades que tiendan a fomentar la educaci�n c�vica y la superaci�n cultural de sus habitantes. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. �Art�culo 44. La Junta de Acci�n C�vica y Cultural, se integrar� por el presidente municipal, dos secretarios vocales, un tesorero y sus respectivos suplentes. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. �Art�culo 45. Los secretarios vocales, el tesorero y los suplentes, ser�n designados por el Ayuntamiento en el mes de enero de cada a�o, a propuesta del presidente municipal. Para su designaci�n, preferentemente se tomar� en cuenta su vinculaci�n con el sector educativo o su pertenencia a las asociaciones o colegios de profesionistas y t�cnicos. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. �Art�culo 46. Los Ayuntamientos, solventar�n los gastos que eroguen las Juntas de Acci�n C�vica y Cultural, con los fondos que se destinen para ese objeto y con los que se arbitren por aportaciones p�blicas, sin que puedan dar inversi�n distinta a los fondos as� recaudados, salvo el caso en que los Ayuntamientos de acuerdo con las Juntas de Acci�n C�vica, los apliquen en la construcci�n de obras materiales o la prestaci�n de un servicio de notorio beneficio para el Municipio. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. �Art�culo 47. El tesorero de la junta, administrar� los fondos de �sta, rendir� en los meses de junio y diciembre de cada a�o un informe al Ayuntamiento, que contenga la lista de los donantes y el monto de lo recaudado por medio distinto, los gastos erogados, as� como la declaraci�n de que quedan los comprobantes a la vista del p�blico para su examen. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. �Art�culo 48. Los cargos de miembros de las Juntas de Acci�n C�vica y Cultural ser�n honor�ficos. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. Cap�tulo cuarto. Facultades y obligaciones de los Ayuntamientos. �Art�culo 49. Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos: I.P. en la esfera administrativa lo necesario para la aplicaci�n de esta ley, as� como el mejor desempe�o de las funciones que le se�alen �sta u otras leyes, bandos y reglamentos. El Ayuntamiento y sus comisiones, podr�n ser asistidos por los �rganos administrativos municipales a fin de cumplir con sus atribuciones; II. Elaborar y aprobar, de acuerdo con esta ley y las dem�s que en materia municipal expida la Legislatura del Estado, los bandos de gobierno y de polic�a, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen el funcionamiento del Ayuntamiento y de la administraci�n p�blica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia y aseguren la participaci�n de la sociedad. En lo conducente y de conformidad a los fines se�alados en el p�rrafo tercero del art�culo 27 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, expedir�n los reglamentos y disposiciones administrativas que fueran necesarios; III. Para el mejor cumplimiento de las funciones del Gobierno Municipal, los reglamentos que organizan y regulan la administraci�n p�blica municipal y los servicios, podr�n contemplar el establecimiento de unidades de apoyo t�cnico en cada una de sus principales dependencias y tendr�n como referente las que dispone la presente ley; as� mismo, los Municipios establecer�n en su presupuesto de egresos, una partida destinada a desarrollar programas para la formaci�n, capacitaci�n y actualizaci�n de los miembros del Ayuntamiento y de la administraci�n municipal, a fin de mejorar sus capacidades de gobierno, t�cnicas y administrativas; las administraciones municipales, conforme a sus recursos econ�micos, establecer�n un sistema de profesionalizaci�n para la gesti�n de recursos humanos, a trav�s del desarrollo de metodolog�as de selecci�n, capacitaci�n y evaluaci�n de funcionarios, a efecto de propiciar una mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus funciones. (V. el (los) principio (s) marcado (s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones). IV. ... V. ... VI. ... VII. ... VIII. ... IX. ... X. ... XI. ... XII. ... XIII. ... XIV. ... XV. ... XVI. ... XVII. Enajenar, a t�tulo gratuito u oneroso, los inmuebles de dominio privado del Municipio, �nicamente cuando as� lo aprueben las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento y previa localizaci�n y medici�n de la propiedad y aval�o por peritos; la venta se efectuar� en los t�rminos de la autorizaci�n y conforme a lo previsto por la ley de la materia. La donaci�n de inmuebles s�lo proceder�, cuando se destinen a la ejecuci�n de obras de beneficio com�n y mediante el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 5 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones). XVIII. ... XIX. ... XX. ... XXI. ... XXII. ... XXIII. ... XXIV. ... XXV. ... XXVII. ... XXVIII. ... XXIX. ... XXX. ... XXXI. ... XXXII. (sic) Proponer al Congreso del Estado, en el �mbito de su competencia, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; as� como las tasas de las contribuciones adicionales. Los ingresos obtenidos por tasas adicionales, deber�n destinarse �ntegramente al objeto de su establecimiento y en ning�n caso, por s� o de manera conjunta, rebasar�n el 10% del monto que arroje la contribuci�n base. Los Ayuntamientos y, en su caso, el Congreso del Estado, podr�n solicitar los criterios t�cnicos de las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, a fin de respaldar sus proyectos y resoluciones (Nota: la parte actora se�ala la fracci�n XXXII, cuando el texto que transcribe corresponde a la fracci�n XXXI). (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, as� como la libertad de hacienda ampliada en los t�rminos de la reforma a la fracci�n IV del art�culo 115, cuyo esp�ritu estableci� en el considerando 4.4. del dictamen que no ser�a v�lido el acto del Congreso u otra autoridad que predeterminara el gasto de los egresos municipales al establecer el ingreso como indebidamente se establece en esta fracci�n). XXXIII. (sic) Formular y aprobar anualmente su presupuesto de egresos, el cual deber� ser aprobado por las dos terceras partes del Ayuntamiento (Nota: la parte actora se�ala la fracci�n XXXIII, cuando el texto que transcribe corresponde a la fracci�n XXXII). (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 5 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, as� como el principio de libertad hacendaria que se robusteci� en la nueva fracci�n IV del art�culo 115 constitucional). XXXIV. ... XXXV. ... XXXVI. ... XXXVII. ... XXXVIII. (sic) Autorizar, mediante el voto aprobatorio de las dos terceras partes de sus integrantes, las solicitudes de expropiaci�n de bienes por causa de utilidad p�blica, como lo previene la Constituci�n Pol�tica del Estado de Hidalgo (Nota: la parte actora se�ala la fracci�n XXXVIII, cuando el texto que transcribe corresponde a la fracci�n XXXVII). (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 5 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones). XXXIX. ... XL. ... XLI. ... XLII. ... .�. �Art�culo 50. ...�. Cap�tulo quinto. Facultades y obligaciones de los presidentes municipales. �Art�culo 51. El presidente municipal, asumir� la representaci�n jur�dica del Ayuntamiento en los litigios en que �ste fuera parte, cuando el s�ndico est� impedido legalmente para ello, o no la asuma por cualquier causa. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. �Art�culo 52. Son facultades y obligaciones de los presidentes municipales, las siguientes: I.S. y ordenar la publicaci�n de bandos y reglamentos aprobados por el Ayuntamiento, as� como publicar las leyes y reglamentos que se le encomienden. Para la sanci�n de los bandos y reglamentos, podr� convocar a refer�ndum en los t�rminos previstos por los art�culos 21 y 22 de esta ley; II. Convocar y presidir las sesiones del Ayuntamiento, conforme a esta ley; III. Dentro de su competencia, cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos federales, estatales y municipales; as� como los acuerdos del Ayuntamiento; IV. Rendir al Ayuntamiento, en sesi�n p�blica, informe anual sobre la administraci�n p�blica municipal y las labores realizadas, el 16 de enero de cada a�o; cuando por causas de fuerza mayor no fuera posible en esta fecha se har� en otra, previo acuerdo de la mayor�a del propio Ayuntamiento, en el que se se�alar� fecha y hora para este acto, sin que exceda del d�a 31 de enero en los t�rminos previstos en la Constituci�n Pol�tica del Estado de H.. En el caso de haberse designado Consejo Municipal, en los t�rminos previstos en esta ley, el presidente del mismo, tendr� la representaci�n del consejo y la obligaci�n de rendir a �ste, el informe anual sobre la administraci�n p�blica municipal y las labores realizadas; V.N. y remover al secretario general municipal, tesorero y dem�s funcionarios que se requieran, para el eficaz desempe�o de la administraci�n municipal; VI. Extender los nombramientos y tomar protesta a los delegados y subdelegados, electos por los pueblos, comunidades, colonias, fraccionamientos y barrios; as� como suspenderlos por incumplimiento de sus funciones o por la comisi�n de delitos de los fueros com�n o federal y separarlos en definitiva cuando fueren encontrados responsables. Cuando faltare el delegado o subdelegado, solicitar� a los vecinos una nueva elecci�n. Nombrar y remover a los alcaides y al personal de seguridad y administrativo de acuerdo con las disposiciones aplicables, as� como cuidar que las dependencias y oficinas municipales se integren y funcionen con eficiencia; VII. Vigilar la recaudaci�n en todas las ramas de la hacienda municipal y que la inversi�n de los fondos municipales se apliquen con estricto apego al presupuesto; VIII. Autorizar a la Tesorer�a Municipal, en uni�n del secretario general, las �rdenes de pago que sean, conforme al presupuesto; IX. Constituir el Comit� de P.�n del Desarrollo Municipal, con la participaci�n de representantes de los sectores p�blico, social y privado, y de profesionistas y t�cnicos, que residan dentro de su territorio; as� como el Comit� de Desarrollo Urbano Municipal, en los mismos t�rminos; X. Cumplir con el plan estatal de desarrollo, el del Municipio y los programas sectoriales, regionales y especiales aprobados, respecto a lo que se refiere a su Municipio. A m�s tardar, noventa d�as despu�s de tomar posesi�n de su cargo, el presidente municipal deber� presentar un plan de desarrollo municipal congruente con el plan estatal; XI. Visitar los poblados del Municipio, a fin de supervisar la obra p�blica y los servicios, as� como para conocer su problem�tica e informar al Ayuntamiento o consejo para que sean tomadas las resoluciones y providencias correspondientes; XII. Auxiliar a las autoridades federales en la aplicaci�n y cumplimiento de las disposiciones previstas en los art�culos 27 y 30 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; XIII. Vigilar que los funcionarios y comisiones encargadas de los diferentes servicios municipales, cumplan puntualmente con su cometido; XIV. Recabar la autorizaci�n de la mayor�a de los integrantes del Ayuntamiento, para el nombramiento del conciliador municipal y los titulares de las Unidades T�cnicas de la Administraci�n Municipal; XV. Mandar fijar las placas distintivas en las calles, jardines, plazas y paseos p�blicos, cuya nomenclatura haya sido aprobada por el Ayuntamiento; XVI. Tener bajo su mando los cuerpos de seguridad para la conservaci�n del orden p�blico, con excepci�n de las facultades que se reservan al presidente de la Rep�blica y al gobernador del Estado, conforme a lo establecido por la fracci�n VII del art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; XVII. Solicitar la autorizaci�n del Ayuntamiento para ausentarse del Municipio por m�s de quince d�as, si el plazo excediere de treinta d�as conocer� y resolver� el Congreso del Estado; XVIII. Enviar a las autoridades municipales y estatales, as� como a las bibliotecas del Municipio, los ejemplares que contengan las leyes y reglamentos y dem�s disposiciones vigentes en materia municipal, con la debida oportunidad; XIX. Promover lo necesario para que los oficiales y funcionarios por delegaci�n del Registro del Estado Familiar, desempe�en en el Municipio los servicios que les competen, en los t�rminos establecidos en la Constituci�n Pol�tica del Estado y dem�s leyes de la materia y vigilar su cumplimiento; XX. Obligar crediticiamente al Municipio en forma mancomunada con el secretario general y el tesorero municipal. Cuando el pago de estas obligaciones vaya m�s all� del periodo de su ejercicio, el acuerdo deber� ser aprobado por las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento; XXI. Crear, o en su caso, modificar y suprimir las dependencias necesarias para el desempe�o de los asuntos del orden administrativo y para la eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos municipales, previo acuerdo del Ayuntamiento y en los t�rminos del reglamento correspondiente; XXII. Proponer al Ayuntamiento, la divisi�n administrativa del territorio municipal en delegaciones, subdelegaciones, sectores, secciones y manzanas o la modificaci�n de la existente, as� como reconocer la denominaci�n pol�tica de las poblaciones y solicitar la declaratoria de nuevas categor�as pol�ticas al Congreso del Estado; XXIII. Solicitar, con el acuerdo de la mayor�a de los integrantes del Ayuntamiento, la expropiaci�n de bienes por causa de utilidad p�blica, como lo previene la Constituci�n Pol�tica del Estado de H.; XXIV. Formular anualmente la iniciativa de la Ley de Ingresos y remitirla al Congreso del Estado para su aprobaci�n, previa autorizaci�n acordada por la mayor�a del Ayuntamiento, a m�s tardar en la primera quincena del mes de noviembre; XXV. Formular anualmente el presupuesto de egresos y someterlo a la aprobaci�n del Ayuntamiento; XXVI. Publicar mensualmente, en el diario o peri�dico de mayor circulaci�n local o en los estrados de la presidencia municipal, el balance de los ingresos y egresos del Ayuntamiento; XXVII. Otorgar o denegar, en su �mbito de competencia, licencias y permisos de uso del suelo, construcci�n y alineamiento, con observancia de los ordenamientos respectivos; XXVIII. Vigilar y fijar, en su caso, las condiciones que deban reunir todos los establecimientos industriales, comerciales y de servicios cuyo inadecuado funcionamiento pueda ocasionar da�os o molestias a la comunidad y dar cuenta a la autoridad competente cuando corresponda; autorizar, denegar o suspender, con el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, los establecimientos donde se consuman bebidas alcoh�licas y aquellos cuyas caracter�sticas coincidan con las referidas en el p�rrafo anterior y ajustar sus actos a lo establecido por la fracci�n XXVII del art�culo 49 de esta ley; XXIX. Otorgar o denegar permisos para el establecimiento de mercados, tianguis y ferias, conforme a la normatividad vigente; XXX. Otorgar o denegar permisos, de acuerdo a la normatividad en vigor, para la realizaci�n de actividades mercantiles en la v�a p�blica y designar su ubicaci�n; XXXI. Proporcionar los servicios de seguridad a la poblaci�n en general y mantener el orden en espect�culos, festividades, paseos y lugares p�blicos; XXXII. Conceder licencias y autorizar los precios a las empresas que promuevan espect�culos p�blicos y vigilar que en ellas se desarrollen los programas anunciados y autorizados conforme a las leyes y reglamentos de la materia; XXXIII. Ejercitar, por medio del s�ndico o apoderados especiales las acciones judiciales que competan al Municipio; XXXIV. Destinar los bienes del Ayuntamiento a aquellos fines que sean m�s adecuados para la buena administraci�n municipal, previa autorizaci�n del mismo; XXXV. Nombrar representante jur�dico en negocios judiciales que ata�en al Municipio, cuando el s�ndico est� impedido legalmente para ello, o no la asuma por cualquier causa; XXXVI. Proveer en la esfera administrativa todo lo necesario, para la creaci�n y sostenimiento de los servicios municipales; XXXVII. Disponer las transferencias de partidas que reclamen los servicios municipales, previa autorizaci�n de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, y observar las prioridades del desarrollo social y las Leyes de Planeaci�n y la de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano; XXXVIII. Conceder licencias y autorizaciones municipales para el funcionamiento de giros industriales, comerciales, tur�sticos y de servicios profesionales, con observancia de los ordenamientos respectivos, as� como cancelarlas temporal o definitivamente por mal uso de ellas, o por violar las disposiciones reglamentarias; XXXIX. Informar al Ayuntamiento en forma oral o por escrito cuando fuese requerido para ello, independientemente del informe anual, sobre las labores realizadas durante el transcurso del a�o y del Estado que guarde la hacienda municipal; XL. Admitir o rechazar renuncias o licencias de los funcionarios y empleados municipales; XLI. Imponer administrativamente a los empleados y funcionarios de la administraci�n municipal, las sanciones que correspondan de acuerdo con el reglamento interno de la administraci�n municipal y la ley de la materia o lo dispuesto por las condiciones generales de trabajo; XLII. Ejercer las funciones del Registro del Estado Familiar o delegarlas en el funcionario id�neo que designe; XLIII. Proponer al Ayuntamiento las medidas que estime pertinentes para realizar las obras necesarias en el Municipio, en la inteligencia de que antes de principiar cualquier obra nueva, deber� terminar o continuar las que haya recibido de la administraci�n anterior como inconclusas o iniciadas, salvo que por circunstancias especiales fundadas o motivadas, se estime conveniente que dichas obras no se terminen o contin�en; en cuyo caso, es necesario acuerdo expreso de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, previo dictamen de la unidad de obras p�blicas municipales; XLIV. Ejercer las funciones de presidente de la Junta Municipal de Reclutamiento y proceder a la inscripci�n de los j�venes en edad militar, organizar el sorteo correspondiente y entregar el personal a las autoridades militares el primer domingo del mes de enero, de acuerdo con la Ley del Servicio Militar Nacional; XLV. Elaborar en coordinaci�n con el s�ndico y por conducto del personal responsable, inventario minucioso de todos los bienes municipales, muebles e inmuebles. Este inventario se har� en un libro especial y en el mes de enero de cada a�o se revisar�, para hacer constar las modificaciones que haya habido en el curso del a�o anterior; XLVI. Cuidar de la conservaci�n del orden p�blico, para lo cual dictar� las medidas que a su juicio requieran las circunstancias; XLVII. Reunir oportunamente los datos estad�sticos del Municipio; XLVIII. Cuidar de la conservaci�n y eficacia de los servicios p�blicos y dictar las medidas que el caso amerite; XLIX. Exigir de los funcionarios y empleados municipales, el cumplimiento de sus obligaciones; L. Calificar las infracciones cometidas a las leyes, reglamentos y disposiciones municipales de observancia general y resolver sobre el recurso de revocaci�n; LI. Expedir constancias de vecindad; LII. Conceder permisos para manifestaciones p�blicas, siempre y cuando se llenen los requisitos que para este efecto se�ala el art�culo 9o. de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; LIII. Celebrar contratos con particulares o instituciones oficiales en los t�rminos se�alados por la Constituci�n Pol�tica del Estado de H., esta ley y las dem�s relativas; LIV. Someter a plebiscito los proyectos para la concesi�n de servicios p�blicos a cargo del Municipio, conforme a lo dispuesto en esta ley; LV. Resolver los recursos interpuestos en contra de sus acuerdos y resoluciones; LVI. Proponer al Ayuntamiento, la integraci�n de Comisiones de Gobierno y Administraci�n; LVII. Presentar ante la Contadur�a M. de Hacienda del Congreso del Estado, su declaraci�n patrimonial inicial, dentro de los sesenta d�as h�biles siguientes a la toma de posesi�n; de modificaci�n anual, durante el mes de mayo de cada a�o; y de conclusi�n de encargo, dentro de los treinta d�as h�biles siguiente a �sta y LVIII. Las dem�s que le se�alen la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constituci�n Pol�tica del Estado de H., esta ley y los dem�s ordenamientos de la materia. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. �Art�culo 53. Para los efectos de la fracci�n I del art�culo anterior, cuando se apruebe por el Ayuntamiento un reglamento o decreto y sea enviado al presidente para su sanci�n y publicaci�n, dentro de diez d�as podr� devolverlo con observaciones procedentes para ser discutido nuevamente por aqu�l y si fuere confirmado por las dos terceras partes de sus miembros volver� al presidente quien deber� publicarlos sin m�s tr�mites y proveer en la esfera administrativa su debido cumplimiento. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. �Art�culo 54. Se tendr� por aprobado como reglamento o decreto, el no devuelto dentro de los diez d�as siguientes a su env�o. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones). �Art�culo 55. Los presidentes municipales, se encuentran impedidos para: I. Aplicar los fondos, valores y bienes municipales a fines distintos a los que est�n destinados y excederse en el ejercicio del presupuesto de egresos. La transferencia de partidas, s�lo podr� realizarse con la aprobaci�n de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento; II. Imponer contribuci�n o sanci�n alguna que no est� se�alada en las leyes, reglamentos y otras disposiciones legales vigentes; III. Ausentarse del Municipio por m�s de quince d�as sin licencia del Ayuntamiento; IV. Cobrar personalmente o por interp�sita persona o empleado que no se encuentre facultado, multa o arbitrio alguno; V.C. o autorizar que alguna oficina distinta de la Tesorer�a Municipal, conserve o retenga fondos municipales; VI. Residir habitualmente durante su gesti�n fuera del territorio municipal que representa y VII. A., con excepci�n de su esposa que podr� fungir como presidenta y directora del Desarrollo Integral de la Familia municipal, de intervenir o participar indebidamente en la selecci�n, nombramiento, designaci�n contrataci�n, o promoci�n de familiares o parientes consangu�neos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. �Art�culo 56. ...�. �Art�culo 57. ...�. �Art�culo 58. ...�. �Art�culo 59. ...�. T�tulo segundo. Del Gobierno Municipal. Cap�tulo sexto. De los s�ndicos. �Art�culo 60. Los s�ndicos de los Ayuntamientos, tendr�n las siguientes facultades y obligaciones: I. La procuraci�n, defensa y promoci�n de los intereses municipales; II. La representaci�n jur�dica del Ayuntamiento, en los litigios en que �ste fuera parte; III. Cuidar que se observen escrupulosamente las disposiciones de esta ley, para el efecto de sancionar cualquier infracci�n que se cometa; IV. Presidir la Comisi�n de Hacienda Municipal, revisar y firmar la cuenta p�blica que mensualmente deber� remitirse al Congreso del Estado e informar por escrito al Ayuntamiento; vigilar y preservar el acceso a la informaci�n, que sea requerida por los miembros del Ayuntamiento; V.R. y firmar los cortes de caja de la Tesorer�a M., y cuidar que la aplicaci�n de los gastos, se haga con todos los requisitos legales y conforme al presupuesto respectivo; VI. Intervenir en la formaci�n del inventario general de los bienes que integran el patrimonio del Municipio, a que se refiere el art�culo 87 de esta ley; VII. Legalizar la propiedad de los bienes municipales; VIII. Demandar ante las autoridades competentes la responsabilidad en que incurran en el desempe�o de sus cargos, los funcionarios y empleados del Municipio; IX. Vigilar los negocios del Municipio, a fin de evitar que se venzan los t�rminos legales y hacer las promociones o gestiones que el caso amerite; X. Intervenir en la formulaci�n y actualizaci�n del inventario general de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio y hacer que se inscriban en un libro especial con expresi�n de sus valores y caracter�sticas de identificaci�n, as� como el destino de los mismos; XI. Vigilar que las multas que impongan las autoridades municipales, se haga de acuerdo a las tarifas establecidas e ingresen a la tesorer�a previo el comprobante que debe expedirse en cada caso; XII. Asistir a los remates p�blicos que se verifiquen, en los que tenga inter�s el Municipio, para procurar que se finquen al mejor postor y que se cumplan los t�rminos y dem�s formalidades prevenidas por la ley; XIII. Tramitar las expropiaciones que por causa de utilidad p�blica fueren necesarias, por los medios que estime convenientes y previa autorizaci�n del Ayuntamiento; XIV. Dar cuenta al presidente y al Ayuntamiento del arreglo definitivo que se hubiese logrado en los asuntos, del Estado que guarden los mismos, a fin de dictar las providencias necesarias y XV. Las dem�s que le concedan o le impongan la ley, los reglamentos y acuerdos del Ayuntamiento. Los s�ndicos, concurrir�n a las sesiones del Ayuntamiento, con voz y voto; percibir�n su dieta de asistencia que se�ale el presupuesto de egresos del Municipio y no podr�n, en ning�n caso, desempe�ar cargos, empleos o comisiones remuneradas en la administraci�n p�blica municipal. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. �Art�culo 61. ...�. Cap�tulo s�ptimo. De los regidores. �Art�culo 62. Son facultades y obligaciones de los regidores, las siguientes: I.V. y atender el ramo de la administraci�n municipal que le sea encomendado por el Ayuntamiento; as� como los acuerdos y disposiciones tomadas y dictadas en las sesiones correspondientes; II. Estudiar y proponer soluciones y emitir su voto acerca de las medidas convenientes para la debida atenci�n de los diferentes ramos de la administraci�n municipal; III. Concurrir a las ceremonias c�vicas y a los dem�s actos a que fueren convocados por el presidente municipal; IV. Vigilar que los actos de la administraci�n municipal, se desarrollen en apego a los dispuesto por las leyes y normas de observancia municipal; V.R., analizar y emitir su voto, respecto de las materias siguientes en: a) Los proyectos de acuerdo para la aprobaci�n de los bandos, reglamentos, decretos y circulares de observancia general en el Municipio, que le sean presentados por el presidente municipal, los s�ndicos, los regidores o los vecinos del Municipio, refrendar aquellos que hayan sido sometidos a refer�ndum y cuidar que las disposiciones no invadan las competencias reservadas para el Estado o la Federaci�n; b) Las solicitudes de expropiaci�n por causa de utilidad p�blica, as� como disponer la indemnizaci�n a sus propietarios, en cumplimiento a lo dispuesto por la fracci�n V del art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y la fracci�n XVII del art�culo 141 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de H. y por la ley de la materia; c) La enajenaci�n de bienes inmuebles del dominio privado del Municipio y observar las previsiones establecidas por la Constituci�n Pol�tica del Estado de H.; d) Los proyectos de acuerdo para celebrar contratos que comprometan el patrimonio del Municipio u obliguen econ�micamente al Ayuntamiento, en los t�rminos de esta ley; e) Los proyectos de acuerdo para la firma de convenios de asociaci�n con los Municipios del Estado, cuya finalidad sea el mejor cumplimiento de sus fines. Cuando la asociaci�n se establezca para el mismo prop�sito con Municipios de otras entidades federativas, el Ayuntamiento deber� turnar el acuerdo de referencia al Congreso del Estado, para su autorizaci�n; f) Los proyectos de acuerdo para convenir con el Estado, el cobro de determinadas contribuciones o la administraci�n de servicios municipales, cuando los motivos sean de car�cter t�cnico o financiero y cuya finalidad sea obtener una mayor eficacia en la funci�n administrativa; g) Los proyectos de acuerdo para la municipalizaci�n de servicios p�blicos o para aprobar las convocatorias para celebrar plebiscitos, a fin de concesionarlos, como lo refieren los art�culos 21 y 22 y el t�tulo s�ptimo de esta ley; h) Las propuestas para el nombramiento del conciliador municipal, as� como de los titulares de las unidades t�cnicas de las dependencias de la administraci�n p�blica municipal e i) Las propuestas de modificaci�n de categor�as correspondientes a los poblados y localidades del Municipio; VI. Solicitar al presidente municipal la informaci�n t�cnica, jur�dica o financiera, a que hubiera lugar, para resolver los recursos de revisi�n de los particulares que se inconformen por una disposici�n administrativa, la inadecuada prestaci�n de un servicio o la negaci�n de un permiso o licencia; VII. Solicitar al presidente municipal, informaci�n sobre los proyectos de desarrollo regional y los de las zonas conurbadas, convenidos con el Estado, o los que, a trav�s de �l, se convengan con la Federaci�n y los que se realicen por coordinaci�n o asociaci�n con otros Municipios; VIII. Vigilar que las peticiones realizadas a la administraci�n p�blica municipal, se resuelvan oportunamente; IX. Solicitar informaci�n a los s�ndicos, respecto de los asuntos de su competencia, cuando lo consideren necesario; X.V. que el presidente municipal cumpla con los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento; XI. Recibir, analizar y aprobar, en su caso, el informe anual que rinda el presidente municipal o el presidente del Consejo Municipal; XII. Cumplir con las funciones inherentes a sus comisiones e informar al Ayuntamiento de sus resultados; XIII. Realizar sesiones de audiencia p�blica, para recibir peticiones y propuestas de la comunidad; XIV. Acompa�ar al presidente municipal a los recorridos de supervisi�n de obras que realice y XV. Las dem�s que les otorguen las leyes y reglamentos. Los regidores, concurrir�n a las sesiones del Ayuntamiento, con voz y voto; percibir�n su dieta de asistencia que se�ale el presupuesto de egresos del Municipio y no podr�n, en ning�n caso, desempe�ar cargos, empleos o comisiones remuneradas en la administraci�n p�blica municipal. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. Cap�tulo octavo. De las comisiones. �Art�culo 63. Para estudiar, examinar y elaborar proyectos para solucionar los problemas municipales, as� como vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, podr�n designarse comisiones entre sus miembros, en la primera sesi�n ordinaria y en su caso, inmediatamente que sea necesario, sin que exceda de treinta d�as. Las actividades que desempe�ar�n las comisiones, estar�n de acuerdo con la naturaleza del nombre que se les asigne, las cuales ser�n permanentes y especiales y contar�n con todo el apoyo y facilidades de las autoridades y funcionarios municipales, quienes en ning�n caso podr�n negar la informaci�n que se les requiera y observar�n lo dispuesto por el reglamento interior del Ayuntamiento. La Comisi�n de Hacienda Municipal, vigilar� la recaudaci�n en todas las ramas de la hacienda municipal y que la inversi�n de los fondos municipales se apliquen con estricto apego al presupuesto. Cada comisi�n estar� conformada de tres integrantes, a excepci�n de la Comisi�n de Hacienda Municipal. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. �Art�culo 64. Las comisiones se dividir�n en permanentes y especiales: I.S. permanentes: a) De Hacienda Municipal; b) De Polic�a Preventiva, Tr�nsito y Vialidad; c) De Derechos Humanos y Prevenci�n Social; d) De Gobernaci�n, Bandos, Reglamentos y Circulares; e) De Asentamientos Humanos, Fraccionamientos, Licencias y Regulaci�n de la Tenencia de la Tierra; f) De Salud y Sanidad; g) De Educaci�n, Cultura y Fomento Deportivo y h) De Protecci�n Civil. La Comisi�n de Hacienda Municipal, deber� estar integrada por el s�ndico y cuando menos un regidor de cada fracci�n y II. Ser�n especiales, las que designe el Ayuntamiento, de acuerdo con las necesidades del Municipio. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. �Art�culo 65. Las comisiones propondr�n al Ayuntamiento, los proyectos de soluci�n a los problemas de su conocimiento a efecto de atender todos los ramos del gobierno y la administraci�n p�blica municipal. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. �Art�culo 66. Las comisiones carecer�n de facultades ejecutivas y podr�n incorporarse a ellas, �nicamente con voz, los vecinos que se�ale el Ayuntamiento y acepten voluntariamente. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. Cap�tulo noveno. Suplencia de autoridades municipales. �Art�culo 67. ...�. �Art�culo 68. ...�. �Art�culo 69. ...�. �Art�culo 70. ...�. Cap�tulo d�cimo. De la suspensi�n y revocaci�n del mandato a los miembros del Ayuntamiento. �Art�culo 71. ...�. �Art�culo 72. ...�. �Art�culo 73. ...�. T�tulo tercero. De los �rganos auxiliares y de colaboraci�n municipales. Cap�tulo primero. De las autoridades auxiliares. �Art�culo 74. Para los efectos de esta ley, son autoridades auxiliares municipales, los delegados y subdelegados. Para ser delegado o subdelegado municipal, se requiere ser ciudadano de la comunidad, saber leer y escribir, tener como m�nimo dieciocho a�os de edad, cumplidos al d�a de su elecci�n, no pertenecer al estado eclesi�stico y tener un modo honesto de vivir. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. �Art�culo 75. Las autoridades auxiliares municipales, actuar�n en sus respectivas jurisdicciones, como delegados de los Ayuntamientos y tendr�n las atribuciones siguientes: I.C. el orden, la seguridad y la sanidad b�sica de los vecinos del lugar y reportar ante los cuerpos de seguridad o los titulares de Servicios P�blicos y de Salud las acciones que requieren de su intervenci�n; II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias que expida el Ayuntamiento y reportar, ante el �rgano administrativo correspondiente, las violaciones a los mismos; III. Elaborar, revisar y tener actualizado el censo de poblaci�n de la demarcaci�n correspondiente; IV. Gestionar ante el presidente municipal, la satisfacci�n de los requerimientos fundamentales de la comunidad; V. Organizar el trabajo comunitario; VI. Auxiliar en todo lo que requiera el presidente municipal para el mejor cumplimiento de sus funciones, salvo en los asuntos pol�tico-electorales, por no ser competencia de �stos y VII. Las dem�s que le otorguen los reglamentos respectivos. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. �Art�culo 76. Los delegados y subdelegados, ser�n electos por los vecinos de la localidad en el primer mes de cada a�o, durar�n en su cargo un a�o y podr�n ser removidos por causa justificada, a consideraci�n de los vecinos de la comunidad. El nombramiento y remoci�n de delegados y subdelegados, se ajustar� a lo previsto por las disposiciones legales vigentes y pueden ser ratificados por una sola ocasi�n. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. Cap�tulo segundo. De los Consejos de Colaboraci�n Municipal. �Art�culo 77. En cada Municipio, funcionar� uno o varios Consejos de Colaboraci�n Municipal, seg�n lo acuerde el Ayuntamiento. El presidente municipal, con el acuerdo de la mayor�a de los integrantes del Ayuntamiento, convocar� p�blicamente a los vecinos del pueblo, comunidad, zona, demarcaci�n, colonia, fraccionamiento o barrio, para la integraci�n de los Consejos de Colaboraci�n Municipal. Las organizaciones y agrupaciones representativas de los principales sectores sociales de la comunidad, podr�n acreditar a su representante dentro de los consejos. Los delegados y subdelegados, est�n facultados para presidir los Consejos de Colaboraci�n Municipal, si as� lo aprueba la mayor�a de los vecinos del pueblo, comunidad, zona, demarcaci�n, colonia, fraccionamiento o barrio, en primera convocatoria p�blica, o los que asistan, en segunda convocatoria. En la organizaci�n, funcionamiento y supervisi�n de los Consejos de Colaboraci�n Municipal, s�lo podr� intervenir el Ayuntamiento. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. �Art�culo 78. Los Consejos de Colaboraci�n Municipal, ser�n �rganos de participaci�n social y podr�n cumplir funciones de consulta, promoci�n y gestor�a, los que tendr�n a su cargo las siguientes facultades y obligaciones: I.C. para el cumplimiento eficaz de los planes, programas, acciones y servicios municipales; II. Promover la participaci�n y colaboraci�n de los habitantes y vecinos, en todos los aspectos de beneficio social; III. Presentar propuestas al Ayuntamiento, para fijar las bases de los planes y programas municipales o para modificarlos en su caso y IV. Realizar funciones de contralor�a social respecto de obras, acciones o servicios a cargo de la comunidad, en la forma y procedimientos que establezca la ley o reglamento correspondiente. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. �Art�culo 79. Los Consejos de Colaboraci�n Municipal, se integrar�n con vecinos del Municipio en la forma y t�rminos que determine el reglamento interior del Ayuntamiento. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. �Art�culo 80. Los Consejos de Colaboraci�n Municipal, tendr�n la obligaci�n de informar oportunamente al Ayuntamiento sobre sus actividades. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. �Art�culo 81. El presidente municipal, con el visto bueno del s�ndico, podr� autorizar a los Consejos de Colaboraci�n, la recepci�n de aportaciones econ�micas de la comunidad, para la realizaci�n de sus fines sociales. En este caso, los recibos ser�n autorizados y controlados por la Tesorer�a M. y sus fondos, se aplicar�n al cumplimiento del fin acordado. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. �Art�culo 82. Cuando uno o m�s de los miembros del Consejo de Colaboraci�n Municipal, no cumplan con sus obligaciones y tengan suplentes, ser�n sustituidos por �stos; en caso contrario, el presidente municipal podr� solicitar a los vecinos, a las organizaciones sociales o agrupaciones civiles la designaci�n de los sustitutos. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. T�tulo cuarto. Cap�tulo �nico. De los organismos descentralizados y empresas de participaci�n municipal. �Art�culo 83. ...�. �Art�culo 84. ...�. �Art�culo 85. ...�. �Art�culo 86. ...�. T�tulo quinto. Cap�tulo �nico. Del patrimonio y la hacienda p�blica municipal. �Art�culo 87. ...�. �Art�culo 88. Los bienes de dominio p�blico, son inalienables, imprescriptibles e inembargables y no est�n sujetos a acci�n reivindicatoria o de posesi�n definitiva o provisional, mientras no var�e su situaci�n jur�dica. Los bienes de dominio privado, podr�n ser enajenados mediante acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, previo aval�o que presente la Unidad de Obras P�blicas, en t�rminos de lo previsto por la Ley de Bienes del Estado de H.. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. �Art�culo 89. ...�. �Art�culo 90. ...�. T�tulo sexto. R�gimen administrativo. Cap�tulo primero. De la Secretar�a General Municipal. �Art�culo 91. En cada Ayuntamiento, para auxiliar en sus funciones al presidente municipal, se tendr� una Secretar�a General Municipal. La Secretar�a General Municipal, estar� encomendada a un secretario que no ser� miembro del Ayuntamiento y su designaci�n la har� el presidente municipal. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. �Art�culo 92. Para ser secretario general municipal, se requiere: I.S. hidalguense en pleno uso de sus derechos pol�ticos y civiles; II. Ser vecino del Municipio, con residencia efectiva por lo menos de un a�o; III. Tener la formaci�n acad�mica o experiencia administrativa necesaria, as� como capacidad y honestidad reconocidas; IV. Ser de reconocida honorabilidad; V. No haber sido condenado en proceso penal, por delito intencional y VI. No ser ministro de ning�n culto religioso. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. �Art�culo 93. Son facultades y obligaciones del secretario general municipal: I. Tener a su cargo el cuidado y direcci�n de la oficina y el archivo del Ayuntamiento; II. Controlar la correspondencia oficial y dar cuenta diaria de los asuntos al presidente para acordar el tr�mite; III. Estar presente en todas las sesiones del Ayuntamiento con voz informativa; IV. Expedir las copias, credenciales y dem�s certificaciones y documentos que acuerde el presidente municipal; V. Refrendar con su firma todos los documentos oficiales emanados del presidente municipal; VI. Formular y presentar al presidente municipal, relaci�n mensual de expedientes que se hayan resuelto en dicho lapso en la presidencia, o se encuentren pendientes de resoluci�n, con menci�n sucinta del asunto en cada caso; VII. Con la intervenci�n del s�ndico, elaborar el inventario general y registro en libros especiales de los bienes muebles e inmuebles, propiedad del Municipio, de dominio p�blico y de dominio privado, expresando todos los datos de identificaci�n, valor y destino de los mismos; VIII. Formar y conservar actualizada una colecci�n de leyes, decretos, reglamentos, circulares, P.�dico Oficial del Gobierno del Estado, y en general de todas las disposiciones legales de aplicaci�n en el Municipio y en el Estado; IX. Desempe�ar la funci�n de secretario de la Junta Municipal de Reclutamiento; X.S. las faltas del presidente municipal, en los t�rminos de esta ley; XI. Distribuir entre los empleados de la secretar�a a su cargo, las labores que deban desempe�ar; XII. Desempe�ar los cargos y comisiones oficiales, que le confiere el presidente; XIII. Cuidar que los empleados municipales, concurran a las horas de despacho y que desempe�en sus labores con prontitud, exactitud y eficacia; XIV. Cumplir y hacer cumplir en la esfera de su competencia, los bandos de gobierno y de polic�a, el Reglamento Interior de la Administraci�n y los Reglamentos de Seguridad P�blica y Tr�nsito Municipal, el de Protecci�n Civil y todas las normas legales establecidas y los asuntos que le encomiende el presidente municipal, para la conservaci�n del orden, la protecci�n de la poblaci�n y el pronto y eficaz despacho de los asuntos administrativos municipales y XV. Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando se le requiera. Para el desempe�o de sus funciones y el desahogo de los asuntos legales, el secretario general municipal, estar� asistido de una Unidad T�cnica Jur�dica a cargo de un profesionista o pasante de la licenciatura en derecho, que acredite satisfactoriamente sus estudios y cuyo nombramiento deber� ser autorizado por la mayor�a de los integrantes del Ayuntamiento. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. �Art�culo 94. El secretario general municipal, ser� suplido por la persona que designe el presidente municipal.�. Cap�tulo segundo. De la Tesorer�a M.. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones). Cap�tulo segundo. De la Tesorer�a M.. (Los siguientes art�culos, del 95 al 125 inclusive, violan los principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, en raz�n de que se ocupan indebidamente de organizar toda la administraci�n p�blica municipal, procedimientos para su integraci�n y redistribuci�n de competencias municipales, mismas que conforme a lo dicho y alegado, son de competencia reglamentaria municipal). �Art�culo 95. La Tesorer�a M., es el �nico �rgano de recaudaci�n de los recursos financieros municipales, con las excepciones expresamente se�aladas por la ley. Esta dependencia, estar� a cargo de un tesorero municipal que ser� designado por el presidente.�. �Art�culo 96. Para ser tesorero municipal, se requiere: I.S. ciudadano en pleno goce de sus derechos pol�ticos y civiles; II. Tener conocimiento y la capacidad t�cnica suficiente para desempe�ar el cargo; III. Ser de reconocida honorabilidad y honradez; IV. No haber sido condenado por delitos intencionales; V.C. el manejo de los fondos y cumplir con los requisitos que se�alen otras leyes protectoras de la hacienda municipal y VI. No ser ministro de alg�n culto religioso.�. �Art�culo 97. Los tesoreros municipales, tomar�n posesi�n de su cargo, previo el corte de caja y auditor�a que se practique, el cual ser� revisado por el presidente municipal y el s�ndico del Ayuntamiento y firmado por quien entregue y por quien reciba la Tesorer�a M.. En la misma diligencia, se entregar�n y recibir�n, respectivamente y por inventario, el archivo, los muebles, los �tiles de la dependencia, los libros de registro anotados al d�a y la relaci�n de deudores de todos los ramos de ingresos, as� como la relaci�n de obras en proceso, considerando el avance fiscal y financiero. El acta, la auditor�a, los cortes de caja e inventarios que con tal motivo se levanten, se formular�n por quintuplicado, para distribuir los respectivos ejemplares en la siguiente forma: Archivo de la tesorer�a, uno a las personas que entreguen, uno al tesorero que reciba, uno al presidente municipal y uno al s�ndico. Para el desempe�o de sus funciones, el tesorero municipal estar� asistido por una Unidad T�cnica de Finanzas y Contabilidad, cuya responsabilidad deber� recaer en un profesionista o pasante de las carreras de econom�a, administraci�n o contadur�a, que acredite satisfactoriamente sus estudios, cuyo nombramiento deber� ser autorizado por la mayor�a de los integrantes del Ayuntamiento; el responsable del �rea referida, refrendar� con su firma los documentos oficiales suscritos por el titular de la Tesorer�a Municipal.�. �Art�culo 98. El tesorero municipal, tendr� como facultades y obligaciones, las siguientes: I.V., por s� mismo o por medio de sus subalternos, la recaudaci�n de las contribuciones y toda clase de ingresos municipales, cobrar los cr�ditos que correspondan a la administraci�n p�blica municipal, de acuerdo con las disposiciones legales; II. Cuidar, que se haga con puntualidad el cobro de los cr�ditos fiscales municipales, con exactitud las liquidaciones, con prontitud el despacho de los asuntos de su competencia, en orden y debida comprobaci�n las cuentas de ingresos y egresos; III. Tener al d�a los libros de caja, diario, cuentas corrientes y los auxiliares y de registro que sean necesarios para la debida comprobaci�n de los ingresos y egresos; IV. Llevar, por s� mismo, la caja de la tesorer�a, cuyos valores estar�n siempre bajo su inmediato cuidado y exclusiva responsabilidad; V.A. el cobro de los adeudos a favor del Municipio, con la debida eficiencia y cuidar que los rezagos no aumenten; VI. Proporcionar oportunamente al Ayuntamiento, todos los datos e informes que sean necesarios para la formulaci�n del proyecto de Ley de Ingresos Municipales y del presupuesto de egresos, as� como vigilar que dichos ordenamientos se ajusten a las disposiciones de esta ley; VII. Verificar, que las multas impuestas por las autoridades municipales, ingresen a la Tesorer�a Municipal; VIII. Solicitar se hagan a la Tesorer�a Municipal, visitas de inspecci�n o auditor�a; IX. Glosar oportunamente las cuentas del Ayuntamiento; X. Proponer al Ayuntamiento, las medidas o disposiciones que tiendan a sanear y aumentar la hacienda p�blica del Municipio; XI. Dar pronto y exacto cumplimiento a los acuerdos, �rdenes y disposiciones del Ayuntamiento y del presidente municipal, que le sean comunicados en los t�rminos de esta ley. Cuando el Ayuntamiento o el presidente municipal, ordene alg�n gasto que no re�na los requisitos legales, el tesorero se abstendr� de pagarlo, fundando y motivando por escrito su abstenci�n. Si aquellos insistieren en la orden, tambi�n por escrito, el tesorero har� el pago bajo la responsabilidad del que dicte dicha orden; XII. Realizar junto con el s�ndico, las gestiones oportunas en los asuntos en que tenga inter�s el erario municipal; XIII. Remitir a la Contadur�a M. de Hacienda del Congreso del Estado, las cuentas, informes contables y financieros mensuales dentro de los primeros quince d�as del mes siguiente; XIV. Presentar mensualmente al Ayuntamiento, el corte de caja de la Tesorer�a Municipal con el visto bueno del s�ndico; XV. Contestar oportunamente, las observaciones que haga la Contadur�a M. de Hacienda del Congreso del Estado, en los t�rminos de la ley respectiva; XVI. Cuidar que el despacho de la oficina, se haga el d�a y hora fijada por el reglamento interior o se�alados por el Ayuntamiento o el presidente municipal; XVII. Comunicar al presidente municipal, las faltas oficiales en que incurran los empleados de su dependencia; XVIII. Cuidar bajo su responsabilidad el Estado y conservaci�n de inmuebles, muebles, archivos, mobiliario, equipo de oficina, de c�mputo y parque vehicular; XIX. Expedir copias certificadas de los documentos a su cuidado, en los t�rminos y condiciones que se�ale el acuerdo expreso del Ayuntamiento, o del presidente municipal; XX. Informar oportunamente al Ayuntamiento y al presidente municipal, sobre las partidas que est�n pr�ximas a agotarse, para los efectos que procedan; XXI. Realizar el padr�n de contribuyentes municipales; XXII. Informar al Ayuntamiento y al presidente municipal, de los datos que le pidan y respecto de los arbitrios que tienen; XXIII. Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando sea requerido; XXIV. Practicar, diariamente, corte de caja de primera operaci�n en el libro respectivo e informar al presidente municipal; XXV. Emplear la facultad econ�mico coactiva, para hacer efectivo los cr�ditos fiscales y XXVI. Las dem�s que le asignen las leyes y reglamentos.�. �Art�culo 99. La inspecci�n de la hacienda p�blica municipal, compete al Ayuntamiento, por conducto del s�ndico, en los t�rminos de esta ley, o a la Contadur�a M. de Hacienda del Congreso del Estado, cuando el Ejecutivo del mismo, sea aval de empr�stitos o cr�ditos concedidos a los Ayuntamientos o sea acreedor de estos �ltimos. El Congreso del Estado o la Diputaci�n Permanente, podr�n en cualquier tiempo, solicitar a la Contadur�a M. de Hacienda, la pr�ctica de visita de inspecci�n, supervisi�n o auditor�a.�. �Art�culo 100. La inspecci�n de la hacienda p�blica municipal, se contraer� a lo siguiente: I.E. si la contabilidad se lleva en forma adecuada, legal y t�cnicamente y si se encuentra al corriente; II. Averiguar si se defraudan los intereses del erario municipal y las causas de que no se recaude lo que corresponde, y confrontar en la tesorer�a las partidas de entrada con los recibos que se hayan expedido a los contribuyentes y cotejarlos con los comprobantes formulados al efecto, por la presidencia municipal; III. Conocer el monto de los rezagos y los motivos por los cuales no se hicieron oportunamente los cobros y exigir que se hagan desde luego con las medidas de apremio que marca la ley; IV. Investigar si tanto el tesorero como sus empleados, cumplen con sus obligaciones y atienden al p�blico con la debida diligencia; V. Examinar si se han cometido irregularidades en perjuicio del fisco municipal o de los contribuyentes y en su caso, se�alar a los responsables; VI. Revisar el archivo de la tesorer�a, cercior�ndose de que los expedientes se encuentren en orden y la correspondencia al corriente; VII. Observar el estado que guardan los muebles, �tiles y enseres de la oficina; VIII. Tomar las medidas necesarias, para el aseguramiento de bienes en los casos de fraude al erario municipal, en tanto se hace la consignaci�n correspondiente; IX. Examinar y hacer constar: a) Si hay raspaduras, enmendaduras o notas entre renglones en los asientos; b) Si los libros est�n autorizados y rubricados por quien corresponda; c) Si en las operaciones aritm�ticas y contables hay errores; d) Si los asientos de los diversos libros de la tesorer�a, concuerdan entre s�; e) Si los comprobantes del d�bito, justifican las respectivas partidas; si se cobraron impuestos que las leyes no autorizan y si se hicieron gastos que no est�n debidamente comprobados; f) Si los pagos se hicieron con puntualidad o hay alg�n adelanto o atraso en ellos y si las adquisiciones se hicieron de conformidad con la ley de la materia y g) Si los asientos se llevan al corriente; X. Las dem�s facultades que, en relaci�n con la hacienda municipal, sean conferidas a la propia Contadur�a M. de Hacienda del Congreso del Estado, en la ley org�nica respectiva.�. �Art�culo 101. Se concede acci�n popular, para denunciar ante el Ayuntamiento o el presidente municipal, la malversaci�n de fondos municipales y cualquier otro hecho que se estime en contra de la hacienda municipal.�. Cap�tulo tercero. De la contralor�a. �Art�culo 102. En cada Ayuntamiento, habr� una contralor�a que tendr� por objeto la vigilancia y evaluaci�n del desempe�o de las distintas �reas de la administraci�n municipal, para promover la productividad, eficiencia y eficacia, a trav�s de la implantaci�n de sistemas de control interno, adecuado a las circunstancias, as� como vigilar, en su �mbito, el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de Servidores P�blicos.�. �Art�culo 103. La contralor�a, tendr� las siguientes facultades y obligaciones: I. Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulen las funciones del Ayuntamiento; II. Vigilar la observancia de los procedimientos establecidos para el control interno del Ayuntamiento; III. Vigilar, en su �mbito, el cumplimiento de las normas establecidas por los organismos de control del Estado, como son: la Secretar�a de Contralor�a del Gobierno del Estado de H. y la Contadur�a M. de Hacienda del Congreso del mismo; IV. Coordinar las auditor�as generales o especiales, que deban realizarse por acuerdo del presidente municipal, en todas las �reas de la administraci�n p�blica municipal; V.E. y proponer, conjuntamente con el secretario general municipal, a las diversas dependencias de la administraci�n p�blica municipal, mejoras a los sistemas de administraci�n y control, que se consideren convenientes; VI. Dar seguimiento a programas de Gobierno Municipal; VII. Investigar cualquier situaci�n de orden administrativo, que le solicite el presidente municipal; VIII. Rendir informe de sus actividades al presidente municipal; IX. Recabar las declaraciones patrimoniales de los servidores p�blicos que deban presentarla, de conformidad con la ley de la materia y X. Las dem�s que le se�alen las leyes, reglamentos y acuerdos del Ayuntamiento, e instrucciones del presidente municipal. El titular de la Contralor�a, deber� contar con estudios de educaci�n media superior o su equivalente en la rama contable administrativa, como m�nimo, debidamente acreditados ante el Ayuntamiento.�. Cap�tulo cuarto. De los servicios p�blicos. �Art�culo 104. Los Municipios, organizar�n y reglamentar�n la administraci�n, funcionamiento, conservaci�n o explotaci�n de los servicios p�blicos. Se consideran, enunciativa y no limitativamente como tales, los siguientes: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici�n de aguas residuales; II. Alumbrado p�blico; III. Limpia, recolecci�n, traslado, tratamiento y disposici�n final de residuos; IV. Mercado y centrales de abasto; V.P.; VI. Rastro; VII. Registro del Estado Familiar; VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; IX. Seguridad p�blica, en los t�rminos del art�culo 21 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, Polic�a Preventiva Municipal y Tr�nsito; X.P.�n de la flora, la fauna y el medio ambiente; XI. Los sistemas necesarios para la seguridad civil de la poblaci�n; XII. Asistencia social; XIII. Sanidad municipal; XIV. Obras p�blicas; XV. Conservaci�n de obras de inter�s social; XVI. Fomentar el turismo y la recreaci�n; XVII. Proporcionar, reglamentar y vigilar toda clase de espect�culos y XVIII. Los dem�s que la Legislatura del Estado determine, seg�n las condiciones territoriales y socioecon�micas de los Municipios; as� como sus capacidades t�cnicas administrativas y financieras. Estos servicios, podr�n prestarse con el concurso del Gobierno del Estado, cuando as� lo soliciten las autoridades municipales, previa aprobaci�n del Ayuntamiento y mediante convenio, en los t�rminos de ley.�. �Art�culo 105. La prestaci�n de los servicios p�blicos a cargo de los Ayuntamientos, podr� concesionarse; particularmente, aquellos que no afecten la estructura y organizaci�n municipal, ni a las personas f�sicas o morales. En igualdad de circunstancias se preferir� a los vecinos del Municipio para otorgar la concesi�n. No ser�n objeto de concesi�n, los servicios de seguridad p�blica, tr�nsito, protecci�n civil, Registro del Estado Familiar y sanidad.�. �Art�culo 106. Cuando los servicios p�blicos sean prestados directamente por el Ayuntamiento, ser�n administrados con la vigilancia del presidente o por la de los �rganos municipales respectivos, en la forma que determinen esta ley, sus reglamentos, el Ayuntamiento o el presidente municipal.�. �Art�culo 107. Cuando los servicios p�blicos municipales, sean concesionados a particulares, se sujetar�n a las disposiciones de esta ley, sus decretos y reglamentos, a las contenidas en la concesi�n y a las que determine el Ayuntamiento.�. Cap�tulo quinto. De las dependencias encargadas de los servicios p�blicos. �Art�culo 108. El presidente municipal, tendr� facultades para proponer, de acuerdo con las necesidades administrativas y con la disponibilidad de recursos financieros, las dependencias que sean indispensables para la buena marcha de los servicios p�blicos. La creaci�n de cada dependencia, deber� hacerse por acuerdo que expida el Ayuntamiento, el cual se�alar� las funciones y competencias a que deban sujetarse. Las dependencias de la administraci�n municipal, que no est�n comprendidas en esta ley, estar�n consideradas en el reglamento interior de la administraci�n municipal o en el acuerdo respectivo.�. �Art�culo 109. Las dependencias encargadas de los servicios p�blicos en los t�rminos de la presente ley, deber�n contar con el personal suficiente para el desempe�o de sus funciones.�. �Art�culo 110. Para ser jefe de una dependencia municipal, ser�n requisitos indispensables los siguientes: I.S. ciudadano hidalguense; II. Ser de reconocida honestidad y honorabilidad; III. No tener antecedentes penales; IV. Contar con los conocimientos inherentes para el buen desempe�o de su cargo y V.T. instrucci�n secundaria, cuando menos.�. �Art�culo 111. El oficial del Registro del Estado Familiar, llevar� a cabo los actos que le correspondan de conformidad con la ley de la materia y deber� observar las formalidades, el protocolo y los requisitos que se establecen para ellos. Los actos del Registro del Estado Familiar, podr�n verificarse en horas ordinarias o extraordinarias, dentro o fuera de sus oficinas, pero no fuera de su jurisdicci�n.�. �Art�culo 112. El presidente municipal, vigilar� que del Registro del Estado Familiar, se remita a la Direcci�n del Registro del Estado Familiar del Gobierno del Estado, dentro de los primeros quince d�as del mes de enero de cada a�o, el duplicado de los libros correspondientes.�. �Art�culo 113. Al titular de Obras P�blicas, le corresponde: I.L. a cabo la planeaci�n y programaci�n de las obras que deba realizar el Ayuntamiento y su ejecuci�n, cuando no deban ser sometidas a concurso; II. Hacer los estudios y presupuestos de las obras a cargo del Municipio; III. Intervenir en la forma en que el presidente municipal le indique, en las obras que el Municipio realice con participaci�n del Estado o la Federaci�n o en coordinaci�n o asociaci�n con otros Municipios; IV. Autorizar el uso del suelo y licencias de fraccionamiento que deba extender el presidente municipal, en los t�rminos de las leyes federales y estatales en la materia; para ello, deber� observar las disposiciones correspondientes al desarrollo regional; as� como expedir permisos para la construcci�n, ampliaci�n o remodelaci�n de casas, edificios, banquetas, bardas, conexiones de drenaje, etc�tera y cuidar que los interesados observen los requisitos se�alados por las leyes y reglamentos correspondientes, as� como de que se cubran las contribuciones que se causen; V.S. a las personas que sin permiso o sin observar los dem�s requisitos se encuentren con obras en construcci�n; VI. Realizar aval�os; VII. Expedir constancia de alineamiento y n�meros oficiales; VIII. Responder, personalmente, por las deficiencias que tengan las obras municipales que bajo su direcci�n se lleven a cabo; IX. Intervenir en la elaboraci�n de los estudios y proyectos para el establecimiento y administraci�n de las reservas territoriales del Municipio; X. Intervenir en la regularizaci�n de la tenencia de la tierra urbana y preservar el entorno ecol�gico, en las obras que se realicen; XI. Elaborar la propuesta de valores unitarios a que se refiere el �ltimo p�rrafo del art�culo 50 de esta ley; XII. Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando sea requerido y XIII. Asistir al presidente municipal, en las funciones t�cnicas del Comit� de Planeaci�n del Desarrollo Municipal. El titular de Obras P�blicas de los Municipios, deber� ser un profesionista o t�cnico en la materia o, en su caso, deber� contar con el apoyo de una Unidad T�cnica de Dise�o, C�lculo y Ejecuci�n de Obras, cuyo responsable acredite satisfactoriamente sus estudios y, en este caso, su nombramiento deber� ser autorizado por la mayor�a de los integrantes del Ayuntamiento; el responsable de la unidad referida, refrendar� con su firma los documentos oficiales, suscritos por el titular de Obras P�blicas.�. �Art�culo 114. Los Ayuntamientos, por conducto de su presidente municipal o de las dependencias municipales de obras p�blicas o de planeaci�n y urbanismo, ejercer�n las funciones relativas a la planeaci�n y urbanizaci�n de los centros y zonas destinados a los asentamientos humanos de su jurisdicci�n, con las atribuciones que les asignen las leyes federales y estatales en la materia y dem�s disposiciones legales aplicables.�. �Art�culo 115. El titular de Planeaci�n y Urbanizaci�n, tendr� las siguientes facultades y obligaciones: I. Presentar propuestas al Ayuntamiento para la elaboraci�n de planes y programas de urbanismo y formular la zonificaci�n y el plan de desarrollo urbano, en su �mbito de competencia, conforme a la ley de la materia; II. Participar en la formulaci�n de planes de desarrollo urbano y regional sustentables, en los que intervenga la Federaci�n, el Estado u otros Municipios, en concordancia con los planes generales de la materia; III. Formular recomendaciones al Ayuntamiento para mejorar la administraci�n municipal o la prestaci�n de servicios p�blicos municipales; IV. Realizar estudios y aceptar informaci�n y opiniones de los grupos sociales que integren la comunidad, respecto a la elaboraci�n de los planes municipales sobre asentamientos humanos; V.C. ante el Ayuntamiento, cuando sea requerido; VI. Gestionar, ante el Ayuntamiento, la expedici�n de los reglamentos y las disposiciones administrativas tendientes a regular el funcionamiento de su dependencia y dar operatividad a los planes de desarrollo municipal, en concordancia con la legislaci�n federal y estatal en la materia y VII. Asistir al presidente municipal y al titular de Obras P�blicas, en las funciones t�cnicas del Comit� de Planeaci�n para el Desarrollo Municipal. El titular de Planeaci�n y Urbanizaci�n, deber� ser profesionista o t�cnico con conocimientos en la materia, que acredite satisfactoriamente sus estudios y su nombramiento deber� ser autorizado por la mayor�a de los integrantes del Ayuntamiento; el responsable del �rea referida, refrendar� con su firma los documentos oficiales suscritos por el titular de Obras P�blicas. Cuando un Ayuntamiento no cuente con esta dependencia, las funciones correspondientes ser�n asumidas por la Unidad de Obras P�blicas.�. �Art�culo 116. El titular de Comercio y Mercados, funcionar� de acuerdo con el reglamento correspondiente y tendr� a su cargo el control de la actividad mercantil de su competencia.�. �Art�culo 117. El titular de Limpia y Transporte, tendr� como funci�n: I.M. en estado de limpieza y buena presentaci�n las calles, plazas, jardines y establecimientos p�blicos de la ciudad; II. Conservar en buen estado los camiones recolectores de basura, que deber�n pasar en forma peri�dica en todas las calles, para la prestaci�n del servicio; III. Proponer en coordinaci�n con el titular de Obras P�blicas, los lugares apropiados para plantas tratadoras, rellenos sanitarios y basureros y IV. Las dem�s que le impongan las leyes y los reglamentos correspondientes.�. �Art�culo 118. Corresponde al titular del Rastro Municipal, procurar que la matanza del ganado y aves se realice bajo su control, con observancia de las disposiciones sanitarias, vigilar que se paguen las contribuciones y se ponga el sello correspondiente para la circulaci�n de carnes. Vigilar el adecuado funcionamiento de los rastros operados por particulares y procurar que se cumpla con la hacienda municipal y las dem�s disposiciones vigentes.�. �Art�culo 119. El jefe de la Oficina de Alumbrado P�blico, deber� conservar en buen estado las redes de distribuci�n, realizar los estudios para las ampliaciones y mejoras correspondientes, cuidar que en su oportunidad se repongan las l�mparas fundidas, prender y apagar a la hora indicada el alumbrado p�blico, llevar un minucioso registro del consumo de energ�a el�ctrica y comunicar al tesorero municipal o al titular de Obras P�blicas, las tomas clandestinas que afecten las redes a cargo del Municipio.�. �Art�culo 120. Al jefe de Parques y Jardines, le corresponde la vigilancia, conservaci�n y equipamiento de los parques y lugares p�blicos de recreo, as� como procurar que estos lugares sean un ornato atractivo para la poblaci�n.�. �Art�culo 121. El titular de la Unidad de Reglamentos, tendr� a su cargo, la aplicaci�n y observancia de los reglamentos municipales expedidos por el Ayuntamiento y las leyes que expida la Legislatura del Estado y levantar las infracciones que correspondan.�. �Art�culo 122. Al titular de Sanidad Municipal, le compete vigilar el cumplimiento de las disposiciones del c�digo en la materia y su reglamento, para crear nuevas y mejores condiciones de higiene y salud para los habitantes del Municipio.�. �Art�culo 123. El jefe de Espect�culos, tendr� como funci�n, vigilar que en los lugares donde se desarrollen todo tipo de espect�culos o diversiones, no se falte a la moral y las buenas costumbres; as� mismo, le corresponde autorizar los permisos y cuidar que se paguen las contribuciones respectivas al Municipio.�. �Art�culo 124. El responsable del P.�n Municipal, tendr� a su cargo la administraci�n del mismo, el control y vigilancia de la inhumaci�n y exhumaci�n de cad�veres, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales correspondientes.�. Cap�tulo sexto. De la asistencia social. �Art�culo 125. La administraci�n municipal, en el sector central o paramunicipal, contar� con una unidad encargada de prestar los servicios de asistencia social con la denominaci�n de Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. Para financiar su operaci�n, el Ayuntamiento establecer�, conforme a sus recursos, la partida presupuestal correspondiente, no podr� ser �sta de un monto menor al 3% del total del presupuesto de egresos, independientemente de los recursos federales y estatales que se le transfieran. La Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, estar� regida por un patronato, presidido por la persona que designe el presidente municipal y una direcci�n, con las unidades administrativas o dependencias que establezca el acuerdo o reglamento correspondiente o sus propios requerimientos. El titular del Desarrollo Integral de la Familia municipal, deber� contar con el apoyo de una unidad t�cnica, cuyo responsable deber� ser un profesionista o t�cnico con conocimientos en las materias de derecho, administraci�n o ramas afines a �stas, que acredite satisfactoriamente sus estudios ante el Ayuntamiento. El responsable de la unidad referida, refrendar� con su firma los documentos oficiales suscritos por el titular del Desarrollo Integral de la Familia municipal. (Los anteriores art�culos, del 95 al 125, violan los principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, en raz�n de que se ocupan indebidamente de organizar toda la administraci�n p�blica municipal, procedimientos para su integraci�n y redistribuci�n de competencias municipales, mismas que conforme a lo dicho y alegado son de competencia reglamentaria municipal). Cap�tulo s�ptimo. De los actos administrativos municipales. �Art�culo 126. ... (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3, 4 y 5 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, particularmente en raz�n de la forma enunciativa en que se deja la posibilidad de que las leyes establezcan diversos casos en los que el Ayuntamiento debe acudir en autorizaci�n ante el Congreso del Estado, lo cual perjudica su autonom�a).�. �Art�culo 127. ...�. �Art�culo 128. ...�. �Art�culo 129. ...�. �Art�culo 130. ...�. �Art�culo 131. ...�. �Art�culo 132. Los Ayuntamientos, por ning�n motivo har�n donaci�n bajo ning�n t�tulo, de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, excepto cuando se trate de realizaci�n de obras de beneficio colectivo; en este caso, se observar� lo dispuesto por la fracci�n XVII del art�culo 49 de esta ley. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3, 4 y 5 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, as� como el principio de libertad de hacienda, ya que en todo caso los l�mites al destino del haber municipal se determina en el presupuesto que aprueba libremente el Ayuntamiento conforme a su plan de desarrollo).�. �Art�culo 133. ...�. �Art�culo 134. Los contratos y actos realizados en contravenci�n a lo dispuesto por esta ley, son nulos de pleno derecho. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. �Art�culo 135. ...�. Cap�tulo octavo. De la Polic�a Preventiva Municipal. �Art�culo 136. ...�. �Art�culo 137. La prestaci�n de los servicios de polic�a preventiva y tr�nsito, estar�n encomendados a los agentes de vigilancia municipales, cuya direcci�n corresponde a un secretario, director, jefe o comandante de Polic�a y Tr�nsito, en forma conjunta o separada, que ser�n designados por el presidente municipal y s�lo podr�n ser removidos por �l mismo. El titular de la Polic�a Preventiva y Tr�nsito Municipal, deber� ser ciudadano hidalguense y no deber� haber sido condenado en proceso penal, por delito intencional. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, as� como la fracci�n VII del art�culo 115 que encomienda a un reglamento municipal el ejercicio de la funci�n preventiva municipal).�. �Art�culo 138. El titular de Polic�a y Tr�nsito acordar� directamente con el presidente municipal, por lo menos una vez a la semana. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, as� como la fracci�n VII del art�culo 115 que encomienda a un reglamento municipal el ejercicio de la funci�n preventiva municipal). �Art�culo 139. El titular de Polic�a y Tr�nsito, tendr� las siguientes facultades y obligaciones: I. Preservar la seguridad de las personas, de sus bienes y la tranquilidad de �stas y hacer cumplir el bando de polic�a o Reglamento de Polic�a y Tr�nsito Municipal; II. Organizar la fuerza p�blica municipal, de tal manera, que preste eficientemente sus servicios de polic�a preventiva y tr�nsito, especialmente en los d�as y lugares que por causas espec�ficas requieran una vigilancia y auxilio mayor; III. Cumplir con lo establecido en las leyes y reglamentos en la esfera de su competencia; IV. Rendir diariamente al presidente municipal un parte de polic�a y de los accidentes de tr�nsito, de da�os y lesiones originadas, as� como de las personas detenidas e indicar la hora exacta de la detenci�n y la naturaleza de la infracci�n; V. Coordinarse con los cuerpos de Polic�a y Tr�nsito de la Federaci�n, el Estado y de los Municipios circunvecinos, con fines de cooperaci�n, reciprocidad y ayuda mutua e intercambiar con los mismos, datos estad�sticos, fichas, informes, etc�tera, que tiendan a prevenir la delincuencia, en cumplimiento de los convenios de coordinaci�n suscritos por el Ayuntamiento y de conformidad con lo establecido en los p�rrafos cinco, seis y siete del art�culo 21 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley que establece las Bases de Coordinaci�n en Materia de Seguridad P�blica, la Constituci�n Pol�tica del Estado de H. y la dem�s legislaci�n aplicable; VI. Procurar dotar al cuerpo de polic�a y tr�nsito, de mejores recursos y elementos t�cnicos que le permitan actuar sobre bases cient�ficas en la prevenci�n de infracciones y delitos; VII. Organizar ciclos de academia para su personal, cuando no exista instituci�n especial de capacitaci�n policial o celebrar convenios con el Estado, para mejorar el nivel cultural de sus miembros, t�cnicas de investigaci�n y dem�s actividades encaminadas a ese fin y VIII. Las dem�s que le asignen las leyes y reglamentos, el Ayuntamiento y el presidente municipal. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, as� como la fracci�n VII del art�culo 115 que encomienda a un reglamento municipal el ejercicio de la funci�n preventiva municipal).�. T�tulo s�ptimo. De la municipalizaci�n y concesi�n de los servicios p�blicos. Cap�tulo primero. De la municipalizaci�n. �Art�culo 140. ...�. �Art�culo 141. ...�. �Art�culo 142. ...�. �Art�culo 143. ...�. �Art�culo 144. ...�. �Art�culo 145. ...�. Cap�tulo segundo. Del otorgamiento, cancelaci�n y caducidad de las concesiones. �Art�culo 146. ...�. �Art�culo 147. ...�. �Art�culo 148. ...�. �Art�culo 149. El otorgamiento de las concesiones sobre bienes y servicios p�blicos municipales, se sujetar�n a las siguientes bases: I. Contar con el acuerdo del Ayuntamiento, respecto de la imposibilidad de modernizar y mejorar la prestaci�n del servicio, el que deber� publicarse, en el Peri�dico Oficial del Estado y en el peri�dico de mayor circulaci�n en la localidad; II. Cumplir con los requisitos previstos en la ley de la materia; III. Determinar el r�gimen a que deber�n estar sometidas las concesiones, as� como el t�rmino de las mismas, las causas de caducidad, cancelaci�n y forma de vigilancia por parte del Municipio en la prestaci�n del servicio. Si la recuperaci�n de la inversi�n as� lo requiere y no represente un dem�rito en las finanzas de futuras administraciones de los Municipios, el t�rmino de la concesi�n podr� otorgarse hasta por un periodo de quince a�os; IV. Se�alar las condiciones, bajo las cuales se garantice la seguridad, suficiencia y regularidad del servicio y V. Establecer las condiciones y formas en que deber�n otorgarse las garant�as para responder de los derechos y obligaciones que genere la concesi�n del servicio p�blico o este mismo. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. �Art�culo 150. Procede la cancelaci�n de concesiones de los servicios p�blicos, en los casos siguientes: I. Cuando se constate que el servicio, se presta en forma distinta a los t�rminos de la concesi�n, no se cumpla con las obligaciones contra�das o no se preste el servicio concesionado regularmente a excepci�n de hechos de fuerza mayor; II. Cuando el concesionario pierda capacidad econ�mica o carezca de los elementos materiales o t�cnicos para la prestaci�n del servicio; III. Cuando se constate que el concesionario no conserva los bienes e instalaciones en buen estado o cuando �stos sufran deterioro por su negligencia, con perjuicio para la prestaci�n normal del servicio; IV. Porque el concesionario no otorgue las garant�as que se fijen y V. Por cualquier otra causa similar a las anteriores. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. �Art�culo 151. El Ayuntamiento, podr� acordar administrativamente y en cualquier tiempo, la cancelaci�n de la concesi�n, en los casos se�alados por el art�culo anterior. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. �Art�culo 152. Las concesiones, caducan: I. Cuando no se inicie la prestaci�n del servicio, dentro del plazo se�alado en la concesi�n y II. Por la conclusi�n del t�rmino de su vigencia. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. �Art�culo 153. Para acordar la caducidad, se oir� previamente al concesionario, salvo las excepciones previstas en esta ley y al efecto, se har� de su conocimiento la causa de la caducidad y se le conceder� un t�rmino de cinco d�as h�biles para que exprese lo que a su derecho corresponda. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. �Art�culo 154. Las causas de caducidad consistentes en la conclusi�n del t�rmino de su vigencia, operan de pleno derecho por el simple transcurso del tiempo y en este caso, no es necesario o�r previamente al concesionario, quien dentro del t�rmino de quince d�as, antes de la culminaci�n del plazo, deber� expresar por escrito su deseo de continuar con la concesi�n, en caso de no hacerlo, se considerar� que no desea continuar con ella. La solicitud de renovaci�n de la concesi�n no obliga al Ayuntamiento a concesionar de nueva cuenta el servicio a la misma persona. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).�. T�tulo octavo. De la justicia administrativa. Cap�tulo primero. De la conciliaci�n municipal. �Art�culo 155. ...�. �Art�culo 156. ...�. �Art�culo 157. ...�. �Art�culo 158. ...�. Cap�tulo segundo. De las sanciones y medidas de seguridad. �Art�culo 159. ...�. �Art�culo 160. ...�. �Art�culo 161. ...�. �Art�culo 162. ...�. Cap�tulo tercero. De los recursos administrativos. �Art�culo 163. ...�. �Art�culo 164. ...�. �Art�culo 165. ...�. �Art�culo 166. ...�. �Art�culo 167. ...�. �Art�culo 168. ...�. T�tulo noveno. Legislaci�n municipal. Cap�tulo �nico. De los bandos de gobierno y de polic�a, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general. �Art�culo 169. ...�. �Art�culo 170. ...�. �Art�culo 171. ...�. T�tulo d�cimo. Cap�tulo �nico. Del Comit� de Planeaci�n del Desarrollo Municipal. �Art�culo 172. En los Municipios que conforman al Estado de H., funcionar� un Comit� de Planeaci�n del Desarrollo Municipal (Copladem) que estar� sujeto a lo dispuesto por la Constituci�n Pol�tica del Estado de H., la Ley Estatal de Planeaci�n y la normatividad municipal respectiva. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, particularmente por el hecho de que la planeaci�n del desarrollo es un asunto fundamental de participaci�n ciudadana, misma que debe quedar regulada en un ordenamiento municipal conforme a los citados principios y sin la intervenci�n del gobierno o Congreso del Estado).�. �Art�culo 173. El Comit� de Planeaci�n del Desarrollo Municipal, funcionar� como �rgano desconcentrado dependiente del presidente municipal, el que contar� con las siguientes atribuciones: I.P. y coadyuvar con la autoridad municipal, con la colaboraci�n de los sectores que act�an a nivel local, en la elaboraci�n del plan de desarrollo municipal y los programas sectoriales, en congruencia con los que formulen los Gobiernos Federal y Estatal; II. Observar las disposiciones de coordinaci�n entre los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal y la cooperaci�n de los sectores social y privado, para la ejecuci�n en el �mbito local de los planes del sector p�blico; III. Coordinar el control y evaluaci�n de los planes, programas y proyectos de desarrollo del Municipio, los que estar�n adecuados a los que formulen los Gobiernos Federal y Estatal, y coadyuvar al oportuno cumplimiento de sus objetivos y metas; IV. Formular y presentar a la consideraci�n de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, propuestas de programas de inversi�n, gasto y financiamiento p�blicos para el Municipio. Dichas propuestas deber�n presentarse respecto de obras o servicios claramente jerarquizados, fundamentalmente a partir de las prioridades se�aladas en el programa de Gobierno Municipal; V.P. a los Gobiernos Federal y Estatal, programas y acciones a concertar, con el prop�sito de coadyuvar al desarrollo del Municipio. As� mismo, evaluar la ejecuci�n de dichos programas y acciones, e informar peri�dicamente a dichos �rdenes de gobierno; VI. Promover la celebraci�n de acuerdos de cooperaci�n entre el sector p�blico y los sectores social y privado, que act�en localmente, a efecto de que sus acciones concurran al logro de los objetivos del desarrollo del Municipio; VII. Promover la coordinaci�n con otros comit�s municipales para coadyuvar en la formulaci�n, instrumentaci�n, control y evaluaci�n de planes y programas para el desarrollo de zonas intermunicipales, y solicitar al Ayuntamiento pida la intervenci�n del Gobierno del Estado, para tales efectos; VIII. Fungir como �rganos de consulta de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, sobre la situaci�n socioecon�mica del Municipio y IX. Proponer a los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, medidas de car�cter jur�dico, administrativo y financiero necesarias para el cumplimiento de las funciones y la consecuci�n de los objetivos del propio comit�. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, particularmente por el hecho de que la planeaci�n del desarrollo es un asunto fundamental de participaci�n ciudadana, misma que debe quedar regulada en un ordenamiento municipal conforme a los citados principios y sin la intervenci�n del gobierno o Congreso del Estado).�. �Art�culo 174. El Comit� de Planeaci�n del Desarrollo Municipal, se integrar� por una asamblea general y un consejo directivo. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, particularmente por el hecho de que la planeaci�n del desarrollo es un asunto fundamental de participaci�n ciudadana, misma que debe quedar regulada en un ordenamiento municipal conforme a los citados principios y sin la intervenci�n del gobierno o Congreso del Estado).�. �Art�culo 175. La asamblea general, estar� integrada por los representantes de los sectores p�blico, social y privado. Este �rgano tiene car�cter consultivo para la elaboraci�n de los programas y proyectos de obras, acciones o servicios a cargo del Municipio. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, particularmente por el hecho de que la planeaci�n del desarrollo es un asunto fundamental de participaci�n ciudadana, misma que debe quedar regulada en un ordenamiento municipal conforme a los citados principios y sin la intervenci�n del gobierno o Congreso del Estado).�. �Art�culo 176. Podr�n ser miembros de la asamblea general: I. Los funcionarios de mayor jerarqu�a del Ayuntamiento; II. Los titulares de los �rganos de las dependencias del Gobierno del Estado y los representantes de las entidades de la administraci�n p�blica federal, cuyos programas, acciones o servicios, incidan en el desarrollo del Municipio; III. Los diputados federales y locales que incidan en el Municipio; IV. Los representantes de las organizaciones y asociaciones de empresarios, profesionistas, obreros y campesinos, as� como de las sociedades cooperativas que act�en en el Municipio y que est�n debidamente registradas ante las autoridades correspondientes; V. Las autoridades educativas y los directivos de las instituciones m�s representativas del sector de educaci�n; VI. Los delegados municipales y subdelegados; VII. Los presidentes de los consejos de colaboraci�n municipal; VIII. Los presidentes de los comisariados ejidales y de bienes comunales y IX. Otros representantes de los sectores social y privado, que el coordinador del comit� estime pertinente. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, particularmente por el hecho de que la planeaci�n del desarrollo es un asunto fundamental de participaci�n ciudadana, misma que debe quedar regulada en un ordenamiento municipal conforme a los citados principios y sin la intervenci�n del gobierno o Congreso del Estado).�. �Art�culo 177. El consejo directivo, estar� integrado por: I. Un coordinador que ser� el presidente municipal; II. Una Secretar�a T�cnica, que estar� a cargo del titular de Planeaci�n o el de Obras P�blicas y III. Las comisiones de trabajo que se consideren necesarias. Los cargos de la asamblea general y del consejo directivo del Comit� de Planeaci�n del Desarrollo Municipal, tendr�n car�cter honor�fico. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, particularmente por el hecho de que la planeaci�n del desarrollo es un asunto fundamental de participaci�n ciudadana, misma que debe quedar regulada en un ordenamiento municipal conforme a los citados principios y sin la intervenci�n del gobierno o Congreso del Estado).�. �Art�culo 178. El Comit� de Planeaci�n, contar� con el apoyo t�cnico que en cada caso se convenga con las entidades de la administraci�n p�blica federal y estatal, para su adecuada operaci�n. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, particularmente por el hecho de que la planeaci�n del desarrollo es un asunto fundamental de participaci�n ciudadana, misma que debe quedar regulada en un ordenamiento municipal conforme a los citados principios y sin la intervenci�n del gobierno o Congreso del Estado).�. �T�tulo und�cimo. Cap�tulo �nico. De las responsabilidades de las autoridades municipales. �Art�culo 179. ...�. �Art�culo 180. ... �. �Art�culo 181. ...�. �Art�culo 182. ...�. �Art�culo 183. ...�. T�tulo duod�cimo. De la colaboraci�n entre el Municipio y el Estado. Cap�tulo �nico. Asesor�a municipal. �Art�culo 184. ...�. �Art�culo 185. ...�. Art�culos transitorios. Primero. La presente ley, entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el P.�dico Oficial del Gobierno del Estado. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3, 4 y 5 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, particularmente en virtud de que le da viabilidad integral para que los art�culos impugnados de inconstitucionales tengan vida jur�dica). Segundo. Se abroga la Nueva Ley Org�nica Municipal del Estado de H., publicada en el Peri�dico Oficial del Gobierno del Estado, el 21 de noviembre de 1983 y sus reformas subsecuentes. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3, 4 y 5 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, particularmente en virtud de que le da viabilidad integral para que los art�culos impugnados de inconstitucionales tengan vida jur�dica). Tercero. Se derogan todas las disposiciones legales secundarias que se opongan a esta ley. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3, 4 y 5 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, particularmente en virtud de que le da viabilidad integral para que los art�culos impugnados de inconstitucionales tengan vida jur�dica). Cuarto. Los Municipios deber�n de expedir sus reglamentos respectivos, dentro del t�rmino de ciento ochenta d�as, a partir de la entrada en vigor de este ordenamiento. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3, 4 y 5 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, particularmente en virtud de que le da viabilidad integral para que los art�culos impugnados de inconstitucionales tengan vida jur�dica). Quinto. ... Sexto. ... S�ptimo. La obligaci�n de elaborar el plan de desarrollo municipal a que se refiere la fracci�n X del art�culo 52 de esta ley, entrar� en vigor el 16 de enero del a�o 2003. (V. el (los) principio(s) marcados(s) como n�mero(s) 1, 2, 3, 4 y 5 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, particularmente en virtud de que le da viabilidad integral para que los art�culos impugnados de inconstitucionales tengan vida jur�dica). Octavo. Las autoridades administrativas referidas en los art�culos 93, 98, 113 y 115 de esta ley, tendr�n la obligaci�n de comparecer ante el Ayuntamiento cuando �ste los requiera, a partir del 1o. de enero del a�o 2002. (V. el (los) principio(s) marcado(s) como n�mero(s) 1, 2, 3, 4 y 5 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, particularmente en virtud de que le da viabilidad integral para que los art�culos impugnados de inconstitucionales tengan vida jur�dica)."

CUARTO

La parte actora estima violados los art�culos 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, as� como el segundo transitorio del decreto que aprob� la reforma de ese precepto constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintitr�s de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

QUINTO

Por acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil uno, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n orden� formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional, al que le correspondi� el n�mero 14/2001, y por raz�n de turno design� como instructora a la M.O.M.�a del Carmen S�nchez C. de G.�a V..

Mediante auto de cinco de junio de dos mil uno, la Ministra instructora tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional; como autoridades demandadas �nicamente al Congreso y al gobernador del Estado de H., a quienes orden� emplazarlas para la formulaci�n de su respectiva contestaci�n y dar vista al procurador general de la Rep�blica para que manifestara lo que a su representaci�n correspondiera.

SEXTO

El Congreso del Estado de H. al contestar la demanda, en s�ntesis, manifest�:

1) Que es cierto que el veintis�is de marzo de dos mil uno aprob� el Decreto N�mero 213, que contiene la Ley Org�nica Municipal del Estado de H..

2) Que es cierto que la reforma al art�culo 115 constitucional ampli� las facultades de los Municipios sobre rubros diversos, dentro de las cuales se encuentran las establecidas en la fracci�n II, donde se se�ala la facultad de los Ayuntamientos para aprobar sus bandos de polic�a y gobierno y dem�s disposiciones que organicen, entre otras cosas, a la administraci�n p�blica municipal; sin embargo, en dicha fracci�n se establece que los bandos y disposiciones referidas se aprobar�n de acuerdo a las leyes que en materia municipal deber�n expedir las Legislaturas de los Estados, en el caso, el Congreso del Estado de H..

3) Que el art�culo 115 constitucional se�ala que las leyes que expedir�n las legislaturas establecer�n las bases generales de la administraci�n p�blica municipal; y esto comprende de manera general las dependencias que van a desarrollar la funci�n administrativa con la finalidad de satisfacer las necesidades de la colectividad, motivo por el cual la Ley Org�nica Municipal, cumpliendo con lo que la Constituci�n Federal dispone en la fracci�n II del art�culo 115 constitucional, se limita a establecer las bases de la administraci�n p�blica municipal, salvaguardando la facultad reglamentaria que tienen los Municipios para darse sus propios bandos y disposiciones administrativas que tendr�n aplicaci�n dentro de sus jurisdicciones.

4) Que no es indebido imponer una mayor�a calificada para otros asuntos en los que tenga injerencia el Municipio, fuera de los temas relativos a inmobiliario y actos jur�dicos que comprometan a los Ayuntamientos m�s all� de su periodo constitucional, ni que las legislaturas act�en como resolutores en lugar de los Ayuntamientos, en raz�n de que es a la Legislatura Local a quien corresponde expedir las leyes en materia municipal que determinen las bases sobre las cuales los Ayuntamientos expedir�n sus bandos y dem�s disposiciones administrativas. Adem�s, lo que se busc� en la Ley Org�nica Municipal fue establecer las bases para que los Ayuntamientos lleven a cabo sus funciones y evitar futuras controversias; m�xime cuando existen todav�a Municipios que no cuentan con sus propios bandos y reglamentos.

5) Que no obstante que existen facultades materialmente legislativas, ejecutivas y judiciales, atribuidas a autoridades distintas a las que formalmente deban desempe�arlas, quien tiene por mandato constitucional la facultad de expedir leyes es el Poder Legislativo, tanto a nivel federal como a nivel local, respectivamente; por tanto, no puede estimarse que el hecho de que el Congreso del Estado de Hidalgo haya expedido la Ley Org�nica Municipal donde regula los aspectos relacionados con los Municipios, signifique que se ha violado la autonom�a municipal, m�xime cuando dicha ley se reform� con base en los planteamientos establecidos por el art�culo 115 constitucional.

6) Que aunque en la reforma al art�culo 115 constitucional se ampl�an las facultades de los Ayuntamientos, tambi�n se debe recordar cu�l es la naturaleza del reglamento y cu�l es la de la ley; en s�ntesis, el reglamento es un acto formalmente administrativo y materialmente legislativo; part�cipe de los atributos de la ley aunque ambos ordenamientos son de naturaleza impersonal, general y abstracta. El reglamento emana del Ejecutivo, a quien incumbe proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de la ley, y es una norma subalterna que tiene su medida y justificaci�n en la ley; lo anterior, de conformidad con la tesis jurisprudencial: "REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS. FACULTAD DEL PRESIDENTE DE LA REP�BLICA PARA EXPEDIRLOS. SU NATURALEZA."

7) Que derivado de lo previsto por el art�culo segundo transitorio del Decreto por el que se reform� el art�culo 115 constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintitr�s de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, las Legislaturas Locales debieron adecuar sus Constituciones y leyes secundarias en el plazo de un a�o a partir de la entrada en vigor del decreto de referencia (veintid�s de marzo de dos mil) el cual venci� el veintid�s marzo de dos mil uno. En este contexto, las reformas de adecuaci�n de la Constituci�n Pol�tica del Estado de H. al decreto mencionado fueron aprobadas por el Congreso del Estado en sesi�n extraordinaria de veintid�s de febrero de dos mil uno y publicadas en el Peri�dico Oficial del Gobierno del Estado de veintis�is de febrero del mismo a�o.

8) Que para la reforma a la Ley Org�nica Municipal es importante hacer la aclaraci�n de que la sesi�n extraordinaria dentro de la cual se inici� el procedimiento legislativo para su reforma, fue el veintid�s de marzo de dos mil uno, declar�ndose por acuerdo del Pleno del Congreso del Estado un receso para que la C.�n de Legislaci�n y Puntos Constitucionales pudiera analizar y dictaminar sobre las iniciativas de ley presentadas, y que dicho receso fuera a partir del d�a de su inicio (veintid�s de marzo de dos mil uno) y que se continuar�a con la lectura del dictamen el veintis�is de marzo del mismo a�o, fecha en la cual fue aprobada la Ley Org�nica Municipal para el Estado de H., publicada en el Peri�dico Oficial del Gobierno del Estado el diecis�is de abril de dos mil uno.

El gobernador del Estado de H. no contest� la demanda, no obstante que se le emplaz� para tal efecto, como se desprende de la constancia de notificaci�n que obra agregada a fojas doscientos tres de este expediente, por lo que por auto de veinte de agosto de dos mil uno, se declar� preclu�do su derecho para contestar la demanda.

S�PTIMO

El procurador general de la Rep�blica respecto de la demanda de controversia constitucional interpuesta, en s�ntesis, se�al�:

1) Que esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para sustanciar y resolver la presente controversia constitucional.

2) Que el s�ndico del Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Estado de H., est� legitimado para representar a ese �rgano municipal en el presente juicio, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 11 de la Ley Reglamentaria del Art�culo 105 de la Constituci�n Federal.

3) Que resulta extempor�nea la presentaci�n de la demanda por lo que hace a la aprobaci�n, sanci�n, promulgaci�n y publicaci�n del art�culo 148 de la Constituci�n del Estado de H., ya que el texto impugnado corresponde a la reforma publicada en el Peri�dico Oficial de la entidad el nueve de mayo de mil novecientos noventa y ocho, derogado con las reformas y adiciones realizadas a la Constituci�n Local publicadas el veintis�is de febrero de dos mil uno.

4) Que respecto del Decreto 213, que contiene la Ley Org�nica Municipal del Estado de H., la presentaci�n de la demanda es oportuna.

5) Que no obstante la extemporaneidad de la demanda con respecto al art�culo 148 de la Constituci�n Local, el texto de este precepto que la actora se�al�, corresponde a la reforma publicada en el Peri�dico Oficial de la entidad el nueve de mayo de mil novecientos noventa y ocho, derogado con las reformas y adiciones realizadas a la Constituci�n Local, publicadas el veintis�is de febrero de dos mil uno, por lo que no existe la norma impugnada, por lo que debe sobreseerse la controversia constitucional respecto de dicho numeral, con fundamento en la fracci�n III del art�culo 20, en relaci�n con la fracci�n VIII del numeral 19, ambos de la ley reglamentaria de la materia.

6) Que en la fracci�n II del art�culo 115 constitucional, se delimitan el objeto y alcances que deben contener las normas estatales, con el prop�sito de otorgar al Municipio autonom�a y de mantener uniformidad en la vida institucional municipal, por lo que se otorg� al Municipio la facultad reglamentaria consistente en expedir disposiciones administrativas de observancia general; sin embargo, tal potestad la deber� desarrollar de acuerdo a las leyes que en materia municipal emitan las Legislaturas de los Estados, las que deben contener bases generales que sirvan de marco normativo a los Ayuntamientos.

7) Que las bases generales de las leyes estriban precisamente en no dirigirse a un Municipio o Municipios de manera particular o legislar aspectos espec�ficos y particulares de su administraci�n y, como segunda limitante, que deber�n emitirse respetando el orden jur�dico mexicano establecido en la Constituci�n Federal, de tal manera que observe los principios consagrados en la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y en la Local de la entidad a la que pertenezcan, de lo que se concluye que la Constituci�n Federal otorga a los Ayuntamientos la facultad reglamentaria consistente en expedir toda clase de disposiciones administrativas de observancia general, ya sean sustantivas y/o adjetivas, pero siempre bajo un marco normativo emitido por el Congreso de la entidad a la que pertenezcan.

8) Que el art�culo 115, fracci�n II, constitucional, emplea dos t�rminos distintos en contenido y alcance: establecer y organizar. Sobre el t�rmino "establecer" que atribuye a las legislaturas, va enderezado a facultarlas para crear, determinar o instituir los elementos que integran la administraci�n p�blica municipal. El t�rmino "organizar" que se atribuye a los Municipios, debe entenderse no como una facultad de crear, determinar o instituir la administraci�n p�blica, sino de dar orden a lo establecido por la Legislatura Local, en todo lo referente a la administraci�n p�blica.

9) Que la adecuaci�n del art�culo 148 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de H. a las reformas del art�culo 115 constitucional, ya fue realizada en las disposiciones correspondientes de la Constituci�n Local y publicada en el Peri�dico Oficial de la entidad el veintis�is de febrero de dos mil uno, por lo que deviene inoperante la manifestaci�n que al respecto formula la actora.

10) Que el Decreto 213 que contiene la Ley Org�nica Municipal del Estado de H., as� como la mayor�a de sus supuestos normativos no vulneran los "cinco principios" que seg�n la parte actora se derivan de la fracci�n II del art�culo 115 constitucional, porque los lineamientos que contiene el ordenamiento org�nico municipal en cuesti�n son de car�cter general al no aplicarse a casos concretos, es decir, no especifica con detalle c�mo debe funcionar y organizarse el Municipio, ni las actividades concretas que debe realizar para alcanzar sus fines, as� como tampoco las relaciones que surjan con motivo de sus actividades, desprendi�ndose la necesidad de crear disposiciones secundarias por parte de los Ayuntamientos, para con ellas regular concretamente su organizaci�n, funcionamiento y relaciones jur�dicas.

11) Que de lo previsto por los numerales 1o., 3o., fracciones I, II y II (sic), 5o., 10, 21, 22, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, fracciones I, II, III, XVII, XXXI y XXXVII, 51, 52, 53, 54, 55, 60, fracciones III a XV, 62, 63, 64, 65, 66, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 88, 91, 92, 93, 94, 95 a 124, 126, fracci�n V, 132, 134, 137, 138, 139, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 172, 173, 174, 176, 177, 178, primero, segundo, tercero, cuarto, s�ptimo y octavo transitorios de la Ley Org�nica Municipal del Estado de H., se puede advertir que las reformas y adiciones que ah� se contienen y que se impugnan por la presente v�a, corresponden a una adecuaci�n a lo preceptuado en el art�culo 115, fracci�n II, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en beneficio de la categor�a de orden de gobierno que les fue otorgado a los Ayuntamientos, para garantizar en su �mbito el desarrollo municipal en coordinaci�n y cooperaci�n con los Gobiernos Federal y Estatal; que son disposiciones orientadas a colegiar las decisiones m�s importantes de los Ayuntamientos respecto de su hacienda, patrimonio y deuda, con plenas facultades sobre la materia y de las atribuciones relacionadas con la planeaci�n y ordenamiento del desarrollo urbano y regional.

12) Que de acuerdo con lo expresado en el dictamen de la Comisi�n de Gobernaci�n y Puntos Constitucionales de la C�mara de Diputados, en su cap�tulo de "Consideraciones" a la reforma del art�culo 115 de la Constituci�n Federal, a trav�s de �sta se busca que el alcance de las leyes estatales orienten las cuestiones sustantivas y adjetivas de los Municipios de un Estado con el prop�sito de dar un marco normativo homog�neo entre ellos, sin intervenir en las cuestiones espec�ficas de cada Municipio, dejando la facultad de �mbito reglamentario al Ayuntamiento; es decir, el objetivo es dotar de una base general que sirva para la organizaci�n y funcionamiento del Municipio, a efecto de que logre sus fines, lo que requiere que tenga una estructura y determinados �rganos, su competencia y atribuciones, estableciendo los requisitos a satisfacer por las personas que integran esos �rganos, los que deben de estar contenidos en la Ley Org�nica Municipal del Estado, en la que se salvaguarde la facultad de los Ayuntamientos para expedir sus respectivos reglamentos interiores en uso de sus atribuciones constitucionales.

13) Que a trav�s de la expedici�n de la Ley Org�nica Municipal del Estado de H., se establece la facultad expresa de los Ayuntamientos para expedir bandos de polic�a y buen gobierno, reglamentos, circulares y otras disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus jurisdicciones; se establece la competencia municipal en cuanto a funciones y servicios p�blicos b�sicos, los que la autoridad municipal deber� prestar; adem�s, se le otorgan facultades espec�ficas en materia de zonificaci�n, desarrollo urbano, de reservas territoriales, de utilizaci�n del suelo y regularizaci�n de la tenencia de la tierra, as� como para otorgar licencias y permisos de construcci�n y participar en cuestiones relativas a la creaci�n y administraci�n de reservas ecol�gicas; de igual forma, cuenta con un patrimonio propio integrado por los bienes y recursos que le sean necesarios para atender sus responsabilidades con la comunidad, entre otros.

14) Que en los preceptos impugnados se dispone que con el previo acuerdo de los Ayuntamientos y con sujeci�n a la ley, podr�n asociarse y coordinarse para la m�s eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos que les corresponden; y que cuando esa asociaci�n se d� entre Municipios de dos o m�s Estados, se deber� contar para ello con la aprobaci�n de las respectivas legislaturas; as� como que tambi�n podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste de manera directa o a trav�s del organismo correspondiente se haga cargo temporalmente de dichos servicios, o bien, se prev� la coordinaci�n entre el Estado y el propio Municipio.

15) Que en el decreto impugnado se contemplan �rganos auxiliares y de colaboraci�n municipal, que tienen por objeto llevar a cabo tareas de auxilio y apoyo en las funciones del Gobierno Municipal, con diversas funciones y denominaciones, coadyuvando al desarrollo de los Municipios, a los que compete directamente su organizaci�n y funcionamiento.

16) Que la ley combatida norma de manera general la participaci�n ciudadana, y lejos de pugnar con la Constituci�n Federal, cumple con lo establecido en el primer p�rrafo de la fracci�n II del art�culo 115 constitucional, ya que en todo r�gimen democr�tico los instrumentos por los que se consolida la democracia semidirecta, entre otros, son la iniciativa popular, el refer�ndum y el plebiscito, los cuales se ejercen para asegurar la participaci�n ciudadana vecinal al permit�rsele la expresi�n de su voluntad en los actos de gobierno, o bien, en la expedici�n de normas; por lo que en el caso, la norma impugnada establece dichas figuras jur�dicas se�alando �nicamente su definici�n y aclarando que se aplicar�n conforme a lo dispuesto en los reglamentos municipales correspondientes. Asimismo, no se desprende que se imponga a los Ayuntamientos adoptar el sentido en que la ciudadan�a se deba pronunciar, ni que se obligue a los Municipios a que se apeguen a los resultados de la conducta ciudadana, por lo que de ninguna manera implica una invasi�n a su esfera competencial.

17) Que por todo lo anterior, el Congreso de la entidad emiti� la norma impugnada en el ejercicio de su potestad soberana que le confiere la Constituci�n Federal, en espec�fico, la de emitir leyes en materia municipal, y como se puede advertir, contiene disposiciones de car�cter general, sin que del texto mismo de los preceptos se infiera la violaci�n a alg�n principio consagrado en la Constituci�n Federal.

18) Que los �rganos que se establecen en la ley combatida son necesarios en la administraci�n p�blica de los Municipios, pues favorecen el buen desempe�o de las funciones que tienen encomendadas, entre ellas, la prestaci�n directa de los servicios p�blicos, sin perjuicio de que los Municipios puedan crear otras dependencias a las que se les encomiende la prestaci�n de servicios p�blicos municipales, con fundamento en las bases generales de administraci�n que establezcan las Legislaturas de los Estados, por lo que no se vulnera precepto alguno de la Constituci�n Federal.

19) Que respecto de que el principio de mayor�a calificada debe establecerse �nicamente en los casos que traten de la disposici�n de bienes inmuebles o actos jur�dicos que obliguen al Ayuntamiento m�s all� de su periodo de gobierno, cabe se�alar que en el inciso b), fracci�n II, del numeral 115 de la Constituci�n Federal, no se limita la facultad de imponerla para otros asuntos en los que tenga injerencia el Municipio, en raz�n de que corresponde al Constituyente Local expedir las leyes en materia municipal que determinen las bases sobre las cuales los Ayuntamientos deben expedir sus bandos y dem�s disposiciones administrativas; por tanto, los numerales impugnados en esta controversia constitucional no violentan la facultad reglamentaria de los Ayuntamientos en cuanto a su organizaci�n y funcionamiento, prevista en el art�culo 115, fracci�n II, incisos a), b), c), d) y e), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

20) Que la Legislatura Estatal en uso de sus atribuciones emiti� la ley impugnada de acuerdo con lo dispuesto por la Constituci�n Federal, es decir, se�al� las bases generales de la organizaci�n, administraci�n y procedimientos municipales de manera enunciativa, dio un marco normativo homog�neo a los Municipios del Estado y dej� a salvo los detalles para los reglamentos y manuales en que se debe desarrollar la administraci�n p�blica municipal en el �mbito de su competencia.

21) Que el art�culo 125 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de H., al establecer que las Juntas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia con las que cuente cada Municipio ser�n financiadas por el Ayuntamiento, el que para tal efecto deber� aprobar un presupuesto que no puede ser menor del 3% del total del presupuesto de egresos, vulnera el principio de libre ejercicio de la hacienda p�blica, consagrado en el art�culo 115, fracciones II, primer p�rrafo y IV, p�rrafos primero y �ltimo, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, porque predetermina y compromete parte del presupuesto de egresos de los Municipios del Estado de H..

22) Que la actora arguye violaciones en el procedimiento legislativo al haberse emitido el Decreto 213, que contiene la Ley Org�nica Municipal local; sin embargo, no se�al� en qu� consisten, ni formul� argumentos tendentes a demostrar la invalidez del acto impugnado, por lo que es imposible opinar a este respecto.

23) Que conforme al art�culo segundo transitorio del decreto de reformas al numeral 115 de la Constituci�n Federal, publicado el veintitr�s de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, y toda vez que tal reforma entr� en vigor el veintitr�s de marzo de dos mil, la adecuaci�n de las Constituciones y leyes locales al contenido del numeral constitucional referido, debi� ser a m�s tardar el veintid�s de marzo de dos mil uno; y que con el fin de cumplir con las reformas constitucionales en comento, la Quincuag�sima S�ptima Legislatura aprob� reformas y adiciones a diversos art�culos de la Constituci�n Pol�tica del Estado de H., contenidas en el t�tulo IX, relativo a los Municipios, mediante el cual traslada al �mbito estatal lo dispuesto por la Constituci�n Federal en la reforma mencionada.

24) Que con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el art�culo segundo transitorio del decreto de reformas al art�culo 115 constitucional, el gobernador y diputados de una fracci�n parlamentaria del Estado de H., el catorce de marzo de dos mil uno enviaron al Congreso Local las iniciativas de creaci�n de la Ley Org�nica Municipal, la cual fue aprobada el veintis�is de marzo de dos mil uno y publicada en el Peri�dico Oficial del Gobierno del Estado mediante Decreto 213, de diecisiete de abril del mismo a�o, por lo que dentro del a�o a que se refiere dicho precepto constitucional, se cumpli� con lo ordenado por el mismo.

OCTAVO

Agotado el tr�mite respectivo, en t�rminos de los art�culos 29 y 34 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se llev� a cabo la audiencia respectiva, en la que se hizo relaci�n de los autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resoluci�n.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 105, fracci�n I, inciso i), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracci�n I, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Estado de H. a trav�s de sus Poderes Legislativo y Ejecutivo y el Municipio de Pachuca de S. del mismo Estado.

SEGUNDO

Por raz�n de orden y por ser objeto de controversia, en primer lugar se analizar� la existencia del art�culo 148 de la Constituci�n del Estado de H., cuya aprobaci�n, sanci�n, promulgaci�n y publicaci�n, impugna la parte actora.

El procurador general de la Rep�blica aduce al respecto que el texto del art�culo 148 de la Constituci�n del Estado de H. que impugna la actora, corresponde al que fue derogado con las reformas y adiciones realizadas a la Constituci�n Local, publicadas el veintis�is de febrero de dos mil uno, por lo que no existe la norma impugnada y, por ende, debe sobreseerse al respecto, con fundamento en la fracci�n III del art�culo 20 de la ley reglamentaria de la materia.

El art�culo 20, fracci�n III, de la ley reglamentaria de la materia dispone:

Art�culo 20. El sobreseimiento proceder� en los casos siguientes:

...

III. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe la norma o acto materia de la controversia, o cuando no se probare la existencia de ese �ltimo."

De lo transcrito se advierte que ante la inexistencia claramente demostrada de la norma o acto materia de la controversia constitucional, o ante la falta de prueba de su existencia proceder� el sobreseimiento del juicio.

En el caso, el Municipio actor impugna el art�culo 148 de la Constituci�n del Estado de H. y precisa que su texto es: "La Ley Org�nica Municipal determinar� la organizaci�n y funcionamiento de las dependencias administrativas del Ayuntamiento, as� como los requisitos, facultades y obligaciones de sus titulares."

Cabe precisar que el texto del numeral en comento, estuvo vigente hasta antes de las reformas y adiciones a la Constituci�n del Estado de H., publicadas el veintis�is de febrero de dos mil uno.

Por su parte, el art�culo 148 de la Constituci�n del Estado de H., en vigor a partir del veintisiete de febrero del dos mil uno, dispone:

Art�culo 148. Las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, se regir�n por la ley que expida la Legislatura del Estado con base en lo dispuesto en el art�culo 123 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos."

De lo anotado se concluye que el texto del art�culo 148 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de H. que impugna la parte actora, es aquel que dej� de existir en virtud de las reformas y adiciones realizadas a esa Constituci�n, publicadas el veintis�is de febrero de dos mil uno; por tanto, la disposici�n legal impugnada no existe en cuanto al texto que se�ala el actor; consecuentemente, se actualiza la hip�tesis prevista por la fracci�n III del art�culo 20 de la ley reglamentaria de la materia, y por ello, con fundamento en este �ltimo numeral, se debe sobreseer en la presente controversia constitucional respecto del art�culo 148 de la Constituci�n Local impugnado.

En virtud del sobreseimiento anotado, s�lo ser� materia de estudio en la presente controversia constitucional, lo relativo a la inconstitucionalidad planteada respecto de los preceptos contenidos en la Ley Org�nica Municipal del Estado de H. vigente.

TERCERO

A continuaci�n se analizar� si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente.

En el caso se impugna la aprobaci�n, sanci�n, promulgaci�n y publicaci�n del Decreto 213, que contiene la Ley Org�nica Municipal del Estado de H., publicada mediante alcance al P.�dico Oficial del Estado de H. de diecis�is de abril de dos mil uno, y en particular los art�culos 1o., 3o., 5o., 10, 21, segundo p�rrafo, 22, primer p�rrafo, 37 a 40, 43 a 49, fracciones I, II, III, XVII, XXXI, XXXII y XXXVII, 51 a 55, 60, fracciones III a XV, 62 a 66, 74 a 82, 88, 91 a 126, fracci�n V, 132, 134, 137 a 139, 149 a 154, 172 a 178 y primero, segundo, tercero, cuarto, s�ptimo y octavo transitorios de la Ley Org�nica Municipal del Estado de H., por tanto, se trata de una norma general.

Se debe aclarar que la parte actora se�ala como impugnado el art�culo 49 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de H., en sus fracciones XXXII, XXXIII y XXXVIII; sin embargo, del contenido que de tales fracciones invoca, se advierte que la cita es equivocada, pues el relativo a la fracci�n XXXII, corresponde a la fracci�n XXXI, el de la fracci�n XXXIII, se refiere al de la fracci�n XXXII, y el de la fracci�n XXXVIII es el relativo a la fracci�n XXXVII; por tanto, se debe concluir que en el caso se impugnan las fracciones XXXI, XXXII y XXXVII del art�culo 49 mencionado.

El art�culo 21, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la materia se�ala:

Art�culo 21. El plazo para la interposici�n de la demanda ser�:

...

II. Trat�ndose de normas generales, de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente a la fecha de su publicaci�n, o del d�a siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicaci�n de la norma que d� lugar a la controversia."

De acuerdo con lo dispuesto por la fracci�n II del art�culo 21 transcrito, trat�ndose de normas generales, el plazo para la promover de la demanda de controversia constitucional ser� de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente:

  1. a la fecha de su publicaci�n; o,

  2. al en que se produzca el primer acto de aplicaci�n de la norma que d� lugar a la controversia.

La Ley Org�nica Municipal del Estado de H. que contiene los preceptos impugnados, se public� en el Peri�dico Oficial del Estado de H., de diecis�is de abril de dos mil uno, como se advierte de la documental que obra agregada a fojas ciento treinta y siete a ciento noventa y cuatro de este expediente.

En raz�n de lo anterior, y toda vez que la norma referida se impugna por su publicaci�n, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 21, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la materia, el plazo de treinta d�as h�biles para promover dicha demanda transcurri� del martes diecisiete de abril al martes veintinueve de mayo de dos mil uno, debi�ndose descontar del c�mputo respectivo los s�bados veintiuno y veintiocho de abril, cinco, doce, diecinueve y veintis�is de mayo, los domingos veintid�s y veintinueve de abril, seis, trece, veinte y veintisiete de mayo, as� como el martes primero de mayo, por ser inh�biles, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 2o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Federal, en relaci�n con el art�culo 163 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n.

Por lo anterior, al haberse presentado la demanda de controversia constitucional a estudio el veinticinco de mayo de dos mil uno, como se advierte del sello que obra estampado al reverso de la �ltima foja del oficio de demanda, esto es, al vig�simo octavo d�a h�bil del plazo, debe concluirse que respecto de la Ley Org�nica Municipal impugnada fue promovida oportunamente.

CUARTO

Enseguida, se analiza la legitimaci�n de quien promueve la presente controversia constitucional.

El estudio de la legitimaci�n de la parte promovente deber� realizarse conforme lo dispone el art�culo 11, primer p�rrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Federal, que prev�:

Art�culo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deber�n comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en t�rminos de las normas que los rigen, est�n facultados para representarlos. En todo caso, se presumir� que quien comparezca a juicio goza de la representaci�n legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."

De lo transcrito se desprende que este �rgano jurisdiccional debe analizar, primeramente, si la representaci�n de quien promueve a nombre de la entidad, poder u �rgano, se encuentra consignada en ley; en caso contrario, podr� presumirse dicha representaci�n y capacidad, salvo prueba en contrario.

En el presente caso, M. �ngel O.J.�nez promueve la controversia constitucional, ostent�ndose con el car�cter de s�ndico del Ayuntamiento del Municipio de Pachuca de S., Estado de H., y como representante de ese Ayuntamiento.

El promovente acredita tal car�cter con la copia certificada de la constancia de mayor�a relativa de la elecci�n de Ayuntamientos para el periodo dos mil-dos mil tres, expedida por el presidente del Concejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado de H., el dos de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, que obra agregada a fojas setenta y siete de este expediente.

Toda vez que la norma materia de impugnaci�n en esta controversia es la Ley Org�nica Municipal del Estado de H. vigente, al caso resulta aplicable el contenido de la ley anterior a la vigente, que en su art�culo 49, fracci�n II, dispon�a:

Art�culo 49. El s�ndico del Ayuntamiento, tendr� las siguientes facultades y obligaciones:

...

II. La representaci�n jur�dica del Ayuntamiento en los litigios en que �ste fuere parte."

De lo anterior se advierte que corresponde al s�ndico la representaci�n jur�dica de los Ayuntamientos.

En estas circunstancias, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 11, primer p�rrafo, de la ley reglamentaria de la materia, el s�ndico promovente tiene la representaci�n legal del Ayuntamiento y, por ende, el Municipio actor est� legitimado para acudir a la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 105, fracci�n I, inciso i), de la Constituci�n Federal.

QUINTO

A continuaci�n se estudia la legitimaci�n pasiva, condici�n necesaria para la procedencia de la acci�n, ya que la parte demandada debe ser la obligada por la ley a satisfacer la exigencia que se demanda.

Las autoridades demandadas en la presente controversia constitucional son el Congreso y el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

En representaci�n del Congreso del Estado de H., comparece Ang�lica G.�a A., en su car�cter de presidenta de la Diputaci�n Permanente de ese �rgano legislativo, lo cual acredita con la copia certificada de la declaratoria de instalaci�n de dicha D.�n Permanente, de veintiocho de junio de dos mil uno, que aparece agregada a fojas doscientos treinta y uno a doscientos treinta y ocho de este expediente.

Los art�culos 38, 57 y 59 de la Constituci�n del Estado de H. prev�n:

Art�culo 38. El Congreso tendr� durante el a�o, dos periodos ordinarios de sesiones, como sigue:

El primero se iniciar� el primero de abril y concluir� el �ltimo de junio. El segundo comenzar� el primero de octubre y termina el treinta y uno de diciembre.

Los periodos no podr�n prorrogarse m�s all� de la fecha de su terminaci�n."

Art�culo 57. Durante los recesos del Congreso habr� una D.�n Permanente, compuesta de siete diputados con el car�cter de propietarios y otros dos como suplentes."

Art�culo 59. Son facultades de la Diputaci�n Permanente:

I. Convocar a sesiones extraordinarias por s� o a solicitud formulada por el gobernador del Estado;

II. Conceder licencia al gobernador del Estado cuando sea por un lapso mayor de un mes y a los diputados, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Fiscal Administrativo y del Tribunal Electoral, as� como al procurador general de Justicia y al subprocurador de Asuntos Electorales, cuando sea por un periodo mayor de tres meses;

III. Recibir la protesta al cargo de gobernador, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Fiscal Administrativo y del Tribunal Electoral, as� como al procurador general de Justicia y al subprocurador de Asuntos Electorales;

IV. Resolver asuntos de su competencia y recibir durante el receso del Congreso del Estado las iniciativas de ley y proposiciones que le dirijan, turn�ndolas para dictamen a fin de que se despachen en el periodo inmediato de sesiones;

V. Conocer las propuestas de nombramiento de los consejeros ciudadanos del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y las de los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado y de su licencia o renuncia, en los t�rminos que establezca la ley de la materia;

VI. Nombrar con car�cter interino a los empleados de la Contadur�a M. de Hacienda;

VII. Nombrar gobernador provisional en los casos previstos por esta Constituci�n;

VIII. Conocer en su caso, la propuesta del Ejecutivo para nombrar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y Tribunal Fiscal Administrativo, de la renuncia de �stos a su encargo. As� como la lista de propuestas que presente el titular del Ejecutivo para el nombramiento de procurador general de Justicia del Estado y de subprocurador de Asuntos Electorales, y de su renuncia o remoci�n;

IX. Autorizar cualquier tipo de enajenaci�n de los bienes inmuebles propiedad del Estado;

X. Las dem�s que le confiere expresamente esta Constituci�n."

Por su parte, los art�culos 129 y 131 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de H. prev�n:

Art�culo 129. La Comisi�n Permanente ejercer� sus funciones durante los periodos de receso del Congreso."

Art�culo 131. Las facultades y obligaciones de la Comisi�n Permanente son las que le confiere el art�culo 59 de la Constituci�n Pol�tica del Estado."

De lo transcrito se advierte que el Congreso del Estado de H. tendr� durante el a�o dos periodos ordinarios de sesiones; el primero se iniciar� el primer d�a de abril y concluir� el �ltimo de junio, y el segundo comenzar� el primero de octubre y terminar� el treinta y uno de diciembre, y que durante los recesos del Congreso habr� una D.�n Permanente.

De esta forma se deduce que los periodos de receso de ese �rgano legislativo comprenden del primero de julio al treinta de septiembre siguiente, y del primero de enero al treinta y uno de marzo siguiente.

Del an�lisis integral de los preceptos de la Constituci�n Pol�tica y de la Ley Org�nica del Poder Legislativo, ambas del Estado de H., que regulan la actividad y facultades de la Diputaci�n Permanente de dicho poder y de sus integrantes, se advierte que no prev�n qui�n ejerce la representaci�n legal de tal diputaci�n; por tanto, al haberse presentado el oficio de contestaci�n de demanda por la presidenta de la Diputaci�n Permanente en comento, el diecinueve de julio de dos mil uno, esto es, durante el periodo de receso del Congreso Local, en t�rminos del primer p�rrafo del art�culo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, transcrito en el considerando anterior, se debe presumir que quien comparece a contestar la demanda goza de la representaci�n legal para hacerlo, al no existir en autos prueba en contrario que impida dicha presunci�n.

En las circunstancias anotadas, el referido Congreso cuenta con legitimaci�n pasiva para comparecer a la presente controversia constitucional, ya que fue quien expidi� la norma impugnada, como se advierte de la documental que obra agregada a fojas ciento treinta y siete a ciento noventa y cuatro de este expediente.

Ahora, no obstante que respecto del gobernador del Estado de H., por auto de veinte de agosto de dos mil uno, se tuvo por preclu�do su derecho para contestar la demanda de controversia constitucional, debe analizarse si esta autoridad es la obligada por la ley a satisfacer la exigencia que se demanda.

Del oficio de demanda se aprecia que al referido gobernador se le imputa la publicaci�n de la Ley Org�nica Municipal del Estado de H..

El art�culo 61 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Hidalgo dispone:

Art�culo 61. Se deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo en un ciudadano que se denominar� Gobernador Constitucional del Estado de H., quien durar� en su encargo 6 a�os, debiendo tomar posesi�n el 1o. de abril del a�o correspondiente y nunca podr� ser reelecto."

De lo anterior se advierte que el ejercicio del Poder Ejecutivo del Estado de H. se deposita en el gobernador de la entidad, por tanto, dicha autoridad tiene legitimaci�n pasiva para intervenir en la presente controversia constitucional, m�xime que fue quien promulg� y orden� la publicaci�n de la ley impugnada, como se advierte de la documental que obra agregada a fojas sesenta y cinco a ciento nueve de este expediente.

SEXTO

En virtud de que las partes en la presente controversia constitucional no hacen valer ninguna causal de improcedencia o motivo de sobreseimiento diverso al analizado en el considerando segundo, ni este Alto Tribunal advierte que en el presente caso se actualice alguno de los se�alados en los art�culos 19 y 20 de la ley reglamentaria de la materia, se procede al an�lisis de los conceptos de invalidez expuestos en la demanda de controversia constitucional.

S�PTIMO

En los conceptos de invalidez que se hacen valer, la parte actora aduce, esencialmente, que los preceptos de la Ley Org�nica Municipal del Estado de H. impugnados, son violatorios del art�culo 115, fracciones I, II, incisos a), b), c), d) y e), III y IV, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

A fin de estar en posibilidad de contestar dichos argumentos, es menester ubicar al Municipio dentro del orden jur�dico de nuestra naci�n, pues s�lo determinando su lugar en dicho sistema normativo, ser� posible definir con claridad las normas jur�dicas que afectan la vida municipal, las facultades que les corresponden a cada uno de los niveles de gobierno en este �mbito, as� como proporcionar un criterio de delimitaci�n entre las facultades de creaci�n normativa de las legislaturas y las que competen a los Ayuntamientos.

Por principio, hay que dejar sentado que todo orden jur�dico es un sistema de normas que constituyen una unidad, la cual est� determinada por el hecho de que la creaci�n o el contenido de la de grado m�s bajo se encuentra establecida por otra de grado mayor y as� sucesivamente hasta llegar a la norma de rango superior, que es la Constituci�n, en la cual se funda la validez de todo el ordenamiento jur�dico.

La Constituci�n Federal es la norma suprema en nuestro pa�s; a trav�s de ella se imponen deberes, se crean limitaciones, se otorgan facultades y se conceden derechos. Nada ni nadie puede estar sobre ella, pues su naturaleza niega la posibilidad de que est� sometida a otro cuerpo normativo superior. Esto se traduce en la subordinaci�n hacia ella de todas las normas del ordenamiento jur�dico y en el hecho de que todos y cada uno de los actos de autoridad deben, asimismo, estar de acuerdo con ella.

Estos principios fundamentales del orden jer�rquico normativo del derecho mexicano encuentran su fundamento en el art�culo 133 de la Constituci�n Federal, concretamente, en la parte que expresa que: "Esta Constituci�n, las leyes del Congreso de la Uni�n que emanen de ella y todos los tratados que est�n de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la Rep�blica, con aprobaci�n del Senado, ser�n la Ley Suprema de toda la Uni�n."

Ahora bien, nuestra Constituci�n adopt� como forma de Estado, el sistema federal, y como forma de gobierno, el sistema republicano, democr�tico y representativo; de ello precisamente deriva la determinaci�n constitucional de los �mbitos competenciales de cada orden jur�dico parcial.

Al respecto, el art�culo 40 de la Constituci�n de los Estados Unidos Mexicanos establece que: "Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una R.�blica representativa, democr�tica, federal, compuesta de Estados Libres y S. en todo lo concerniente a su r�gimen interior; pero unidos en una Federaci�n establecida seg�n los principios de esta Ley Fundamental."; y por su parte, el art�culo 41 dispone que: "El pueblo ejerce su soberan�a por medio de los Poderes de la Uni�n, en los casos de la competencia de �stos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus reg�menes interiores, en los t�rminos respectivamente establecidos por la presente Constituci�n Federal y las Particulares de los Estados, las que en ning�n caso podr�n contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. ..."

Aunado a lo anterior, el art�culo 44 de la propia C.�n define la naturaleza y territorio del Distrito Federal, que es la entidad federativa donde se asientan los Poderes Federales, y el art�culo 122 prev� el r�gimen conforme al cual se debe regir dicha entidad.

Por otro lado, el art�culo 115 de este mismo cuerpo normativo fundamental expresa que los Estados tendr�n como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa al Municipio Libre.

De lo anterior podemos desprender que en nuestro pa�s existen varios �rdenes normativos, esto es, un orden constitucional y diversos �rdenes parciales.

A la luz del texto constitucional previo a la reforma de mil novecientos noventa y nueve al art�culo 115, este Tribunal Pleno emiti� el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 95/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo X, septiembre de 1999, p�gina 709, conforme al cual determin� que dichos �rdenes eran los siguientes: el orden constitucional, el orden federal, el orden local o estatal y el orden del Distrito Federal. La jurisprudencia invocada es del tenor siguiente:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS DIVERSOS �RDENES JUR�DICOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCI�N FEDERAL TIENEN AUTONOM�A FUNCIONAL Y ASIGNACIONES COMPETENCIALES PROPIAS. Del contenido de los art�culos 1o., 40, 41, primer p�rrafo, 43, 44, 49, 105, fracci�n I, 115, fracci�n I, 116, primero y segundo p�rrafos, 122, primero y segundo p�rrafos, 124 y 133, de la Constituci�n Federal, puede distinguirse la existencia de cuatro �rdenes jur�dicos dentro del Estado mexicano, a saber: el federal, el local o estatal, el del Distrito Federal y el constitucional. Cada uno de ellos cuenta con asignaciones competenciales propias que, por lo general, son excluyentes entre s�, contando con autonom�a para su ejercicio a cargo de las autoridades correspondientes."

El criterio anterior se sustent� en las siguientes consideraciones:

Por principio de cuentas, debe subrayarse la existencia de los diferentes �rdenes jur�dicos que conforman el Estado mexicano, previstos en la propia Constituci�n Federal, cuya interrelaci�n normativa se explica a continuaci�n, para lo cual es preciso atender al contenido de los art�culos 1o., 40, 41, primer p�rrafo, 43, 44, 49, 105, fracci�n I, 115, fracci�n I, 116, primer y segundo p�rrafos, 122, primer y segundo p�rrafos, 124 y 133, de la propia Ley Fundamental:

...

De los preceptos anteriores puede distinguirse la existencia de cuatro �rdenes jur�dicos dentro del Estado mexicano, con asignaciones competenciales propias y, por regla general, excluyentes entre s�, que implican descentralizaci�n y autonom�a en cuanto a su ejercicio a cargo de las autoridades correspondientes, cuyas caracter�sticas esenciales, en relaci�n con la cuesti�n que ocupa a este tribunal, se enumeran enseguida:

  1. Orden jur�dico federal. Su existencia se encuentra sustentada en el art�culo 40 de la Carta Magna, que consagra la uni�n de todos los Estados con autonom�a hacia su interior, que se integran dentro de una Federaci�n, la cual constituye un orden jur�dico distinto. En su aspecto funcional, el numeral 49 dispone el principio de divisi�n de poderes para el ejercicio de las atribuciones de autoridad en el �mbito federal, desarrollando la competencia espec�fica de cada uno de ellos en los art�culos subsecuentes, que comprenden hasta el 107, destacando que las autoridades tienen jurisdicci�n sobre todo el territorio nacional, que abarca las treinta y un entidades federativas y el Distrito Federal, cuyas denominaciones y l�mites est�n descritos en los art�culos 43 y 44. Se resalta tambi�n, como principio fundamental en la asignaci�n de atribuciones competenciales en favor de los Poderes Federales, que las facultades de las autoridades de este orden jur�dico deben encontrarse expresamente previstas a su favor en la Constituci�n Pol�tica del Estado mexicano, en t�rminos de lo dispuesto en el numeral 124.

  2. Orden jur�dico estatal o local. La existencia de este orden jur�dico tiene apoyo en el art�culo 40 constitucional, en cuanto prev� la existencia de Estados Libres y S. en su r�gimen interior, enumerados en el art�culo 43 de la propia Ley Fundamental. Las reglas con base en las cuales deber� estructurarse la divisi�n de poderes a cargo de las autoridades estatales se encuentran descritas en el numeral 116, siendo que la materia sustantiva sobre la cual tienen autonom�a funcional se obtiene por exclusi�n de las atribuciones consagradas expresamente en favor de la Federaci�n por la Constituci�n General, atento a la regla prevista en el art�culo 124.

    As�, el r�gimen regulador de la uni�n de los Estados federales, se�alado en los art�culos 40 y 41 constitucionales, se encuentra cimentado en dos principios fundamentales y complementarios entre s�:

    1) La existencia de entidades federativas con libertad de autodeterminaci�n en cuanto hace a su r�gimen interno, y

    2) Que el ejercicio de la autonom�a estatal respete las prevenciones de la Constituci�n Federal.

    De acuerdo con los principios anteriores, debe ser la propia Carta Magna el documento que detalle el campo de atribuciones que tiene la Federaci�n y cada una de las entidades federativas, situaci�n que se ve cumplida, de modo general, con lo consagrado en su art�culo 124, cuyo ejercicio, aunque aut�nomo y discrecional, deber� respetar los postulados de la Constituci�n Federal. As�, la distribuci�n de competencias se rige por el principio consagrado en el art�culo 124 constitucional, conforme al cual se otorgan facultades expresas a los funcionarios federales, entendi�ndose reservadas las dem�s a los Estados de la Rep�blica, es decir, que la delimitaci�n de competencias entre el orden federal y el de los Estados -miembros- se resuelve a base de listar expresamente las facultades de aqu�l, reserv�ndose a las entidades federativas las que no lo est�n. Los funcionarios federales, pues, no pueden realizar acto ninguno fuera del �mbito que la Constituci�n F. se�ala; por su parte, los Estados ejercitan todas las facultades no asignadas a los �rganos federales.

    En s�ntesis, la interpretaci�n arm�nica de los art�culos 124, 40 y 41 constitucionales lleva a concluir, como premisa, que las entidades federativas tendr�n plena autonom�a para que, sin transgredir los principios establecidos en la Constituci�n, resuelvan con libertad en las materias que la propia Carta Magna les ha reservado competencia, al no se�alarlas de manera expresa en la competencia de la Federaci�n.

    Es de destacarse, especialmente, que dentro del orden jur�dico estatal aparece la figura del Municipio Libre, estructura de gobierno que si bien tiene como N.F. la autonom�a funcional para la prestaci�n de los servicios p�blicos a su cargo y el ejercicio del gobierno dentro de los l�mites territoriales que le corresponde, a trav�s de los Ayuntamientos, conforme a lo establecido en el art�culo 115, tambi�n guarda nexos indisolubles con los Poderes Locales que impide considerarlos como un orden jur�dico independiente del local.

    Tomando en consideraci�n la importancia que tienen las relaciones entre los Estados y sus Municipios, con base en el principio de la libertad que deben tener �stos en cuanto a su gesti�n, por ser la c�lula de poder que tiene un contacto m�s cercano con la poblaci�n, en el art�culo 115 de la Constituci�n se han regulado actos de trascendencia referidos a la injerencia de las autoridades estatales en el �mbito municipal, que ejemplificativamente se enumeran a continuaci�n:

    Suspensi�n y desaparici�n de Ayuntamientos, o de sus gobiernos, por causas graves establecidas en la ley local, respetando el derecho de defensa de los funcionarios municipales (art. 115, fracci�n I, p�rrafo tercero).

    Designaci�n de los miembros de los Consejos Municipales en el caso de la hip�tesis anterior, cuando no puedan entrar en funciones los suplentes (art. 115, fracci�n I, p�rrafo tercero).

    Concurso de los Estados con los Municipios en servicios p�blicos, con base en lo establecido en la ley local (art. 115, fracci�n III).

    Establecimiento de contribuciones municipales sobre ciertos rubros (art. 115, fracci�n IV).

    Cumplimiento de convenios en relaci�n con la administraci�n de contribuciones municipales (art. 115, fracci�n IV).

    Establecimiento de participaciones federales a los Municipios con base en la ley estatal (art. 115, fracci�n IV).

    Concordancia de las Leyes de Ingresos municipales con los presupuestos de egresos presentados por los Ayuntamientos (art. 115, fracci�n IV).

    Administraci�n y planificaci�n de zonas de desarrollo municipal con base en la ley estatal y federal (art. 115, fracci�n V).

    Cumplimiento de convenios de regulaci�n de territorios municipales y estatales lim�trofes (art. 115, fracci�n VI).

    De los ejemplos anteriores se deduce la raz�n de que la pertenencia de los Municipios a un Estado aut�nomo sujeta tambi�n a los primeros a someter sus diferencias con otros Municipios, en principio, a la decisi�n de las autoridades de Gobierno Locales, por estar comprendidos todos dentro de un mismo orden normativo.

    ...

  3. Orden Jur�dico del Distrito Federal. El fundamento de su autonom�a estructural y funcional, en relaci�n con los �rdenes jur�dicos estudiados con antelaci�n, es el art�culo 122 constitucional, dispositivo que establece las prevenciones correspondientes a la coexistencia de los �rganos de gobierno a quienes se encomienda ejercer el poder pol�tico de la entidad, sobre el espacio territorial descrito en el art�culo 44 de la Carta Magna. Sus caracter�sticas son diversas a las del orden jur�dico estatal, pero ello resulta ajeno a la presente controversia.

  4. Orden jur�dico constitucional. Seg�n puede apreciarse de las precisiones relativas a los dem�s �rdenes jur�dicos, el constitucional es el que establece, en su aspecto org�nico, el sistema de competencias al que deber�n ce�irse la Federaci�n, Estados y Municipios, y Distrito Federal. En lo que se conoce en la doctrina como aspecto dogm�tico, el orden jur�dico constitucional previene las obligaciones que deben ser respetadas, sin distinci�n, por las autoridades de los tres �rdenes jur�dicos anteriores.

    El orden jur�dico constitucional tiende, adem�s de establecer las reglas con base en las cuales deben ejercer sus funciones competenciales las autoridades de los dem�s �rdenes normativos, a preservar la regularidad en dicho ejercicio, consistente en que �ste se lleve a cabo dentro del marco de las atribuciones establecidas, sin nunca rebasar los principios rectores previstos en la Constituci�n Federal, ya sea en perjuicio de los gobernados, por violaci�n de garant�as individuales, o bien afectando la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jur�dico.

    Para lograr obtener lo anterior, los Poderes Constituyente y Reformador han establecido diversos medios de control de la regularidad constitucional referidos a los �rdenes jur�dicos federal, estatal y del Distrito Federal, entre los que se encuentran las controversias constitucionales, cuya resoluci�n se ha encomendado a esta Suprema Corte, en su car�cter de tribunal constitucional, encargado de velar que la actuaci�n de las autoridades se ajuste a lo establecido en la Carta Magna, encontrando sustento jur�dico en el art�culo 105, fracci�n I, antes transcrito.

    La raz�n de ser de esos medios de control radica en que en el sistema constitucional del Estado federal, donde coexisten los �rdenes jur�dicos descritos con antelaci�n, el ordenamiento que debe darles unidad y cohesi�n es la propia C.�n. De este modo, el orden jur�dico constitucional se erige como un orden total, al extender su validez y eficacia normativa de una manera absoluta sobre los �rdenes jur�dicos parciales.

    En consecuencia, es de concluirse que el ejercicio de control de la regularidad constitucional es una actividad jur�dica que no puede ser ubicada, estrictamente, como funci�n propia de ninguno de los �rdenes parciales, federal o locales, pues si la pretensi�n del referido control es la salvaguarda del orden primario o total, la funci�n interpretativa y de decisi�n sobre si un acto de autoridad est� o no apegado a la N.F., debe reputarse como una funci�n de car�cter constitucional, que no es susceptible de equipararse a ninguno de los �rdenes inmediatamente subordinados a la Constituci�n -el federal propiamente dicho y los �rdenes estatales-, en virtud de que las hip�tesis de control contempladas en la Carta Magna permiten que los actos de autoridad, provenientes tanto de la Federaci�n como de las entidades que la componen, puedan ser anulados por una determinaci�n de uno de los �rganos del Poder Judicial Federal, en este caso la Suprema Corte, en ejercicio, como se dijo, de una funci�n de orden constitucional, superior a los restantes �rdenes jur�dicos parciales."

    Resulta importante hacer notar que respecto del Municipio, este Alto Tribunal sostuvo en la resoluci�n que se cit� anteriormente, lo siguiente:

    Es de destacarse, especialmente, que dentro del orden jur�dico estatal aparece la figura del Municipio Libre, estructura de gobierno que si bien tiene como N.F. la autonom�a funcional para la prestaci�n de los servicios p�blicos a su cargo y el ejercicio del gobierno dentro de los l�mites territoriales que le corresponde, a trav�s de los Ayuntamientos, conforme a lo establecido en el art�culo 115, tambi�n guarda nexos indisolubles con los Poderes Locales que impide considerarlos como un orden jur�dico independiente del local."

    Es preciso aclarar que las consideraciones anteriores fueron emitidas por este Alto Tribunal con anterioridad a la reforma constitucional al art�culo 115 de veintitr�s de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, raz�n por la cual resulta necesario ponderar el contenido de dicha reforma constitucional y su trascendencia, para efectos de determinar su impacto en el esquema de �rdenes jur�dicos que existen en nuestro pa�s.

    El texto del art�culo 115 que deriv� de la aludida reforma del a�o de mil novecientos noventa y nueve, se�ala lo siguiente:

    Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

    (Reformado primer p�rrafo, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    I. Cada Municipio ser� gobernado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa, integrado por un presidente municipal y el n�mero de regidores y s�ndicos que la ley determine. La competencia que esta Constituci�n otorga al Gobierno Municipal se ejercer� por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habr� autoridad intermedia alguna entre �ste y el Gobierno del Estado.

    Los presidentes municipales, regidores y s�ndicos de los Ayuntamientos, electos popularmente por elecci�n directa, no podr�n ser reelectos para el periodo inmediato. Las personas que por elecci�n indirecta, o por nombramiento o designaci�n de alguna autoridad desempe�en las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominaci�n que se les d�, no podr�n ser electas para el periodo inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el car�cter de propietarios, no podr�n ser electos para el periodo inmediato con el car�cter de suplentes, pero los que tengan el car�cter de suplentes s� podr�n ser electos para el periodo inmediato como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio.

    Las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podr�n suspender Ayuntamientos, declarar que �stos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic) alegatos que a su juicio convengan.

    (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    Si alguno de los miembros dejare de desempe�ar su cargo, ser� sustituido por su suplente, o se proceder� seg�n lo disponga la ley.

    (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayor�a de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las Legislaturas de los Estados designar�n de entre los vecinos a los Consejos Municipales que concluir�n los periodos respectivos; estos consejos estar�n integrados por el n�mero de miembros que determine la ley, quienes deber�n cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores;

    II. Los Municipios estar�n investidos de personalidad jur�dica y manejar�n su patrimonio conforme a la ley.

    (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    Los Ayuntamientos tendr�n facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deber�n expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de polic�a y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci�n p�blica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia y aseguren la participaci�n ciudadana y vecinal.

    (Adicionado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    El objeto de las leyes a que se refiere el p�rrafo anterior ser� establecer:

  5. Las bases generales de la administraci�n p�blica municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnaci�n y los �rganos para dirimir las controversias entre dicha administraci�n y los particulares, con sujeci�n a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;

  6. Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;

  7. Las normas de aplicaci�n general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de este art�culo, como el segundo p�rrafo de la fracci�n VII del art�culo 116 de esta Constituci�n;

  8. El procedimiento y condiciones para que el Gobierno Estatal asuma una funci�n o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la Legislatura Estatal considere que el Municipio de que se trate est� imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, ser� necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y

  9. Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.

    (Adicionado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    Las Legislaturas Estatales emitir�n las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolver�n los conflictos que se presenten entre los Municipios y el Gobierno del Estado, o entre aqu�llos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores;

    (Reformado primer p�rrafo, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    III. Los Municipios tendr�n a su cargo las funciones y servicios p�blicos siguientes:

    (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

  10. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici�n de sus aguas residuales;

  11. Alumbrado p�blico.

    (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

  12. Limpia, recolecci�n, traslado, tratamiento y disposici�n final de residuos;

  13. Mercados y centrales de abasto.

  14. P..

  15. Rastro.

    (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

  16. Calles, parques y jardines y su equipamiento;

    (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

  17. Seguridad p�blica, en los t�rminos del art�culo 21 de esta Constituci�n, Polic�a Preventiva Municipal y Tr�nsito; e

  18. Los dem�s que las Legislaturas Locales determinen seg�n las condiciones territoriales y socio-econ�micas de los Municipios, as� como su capacidad administrativa y financiera.

    (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempe�o de las funciones o la prestaci�n de los servicios a su cargo, los Municipios observar�n lo dispuesto por las leyes federales y estatales.

    (Adicionado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podr�n coordinarse y asociarse para la m�s eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y trat�ndose de la asociaci�n de Municipios de dos o m�s Estados, deber�n contar con la aprobaci�n de las Legislaturas de los Estados respectivas. As� mismo cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste, de manera directa o a trav�s del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio;

    (Adicionado, D.O.F. 14 de agosto de 2001)

    Las comunidades ind�genas, dentro del �mbito municipal, podr�n coordinarse y asociarse en los t�rminos y para los efectos que prevenga la ley.

    IV. Los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

  19. Percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

    Los Municipios podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administraci�n de esas contribuciones.

  20. Las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

  21. Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo.

    (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    Las leyes federales no limitar�n la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni conceder�n exenciones en relaci�n con las mismas. Las leyes estatales no establecer�n exenciones o subsidios en favor de persona o instituci�n alguna respecto de dichas contribuciones. S�lo estar�n exentos los bienes de dominio p�blico de la Federaci�n, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier t�tulo, para fines administrativos o prop�sitos distintos a los de su objeto p�blico.

    (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    Los Ayuntamientos, en el �mbito de su competencia, propondr�n a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

    (Adicionado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    Las Legislaturas de los Estados aprobar�n las Leyes de Ingresos de los Municipios, revisar�n y fiscalizar�n sus cuentas p�blicas. Los presupuestos de egresos ser�n aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.

    (Adicionado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    Los recursos que integran la hacienda municipal ser�n ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;

    (Reformada, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    V. Los Municipios, en los t�rminos de las leyes federales y estatales relativas, estar�n facultados para:

  22. Formular, aprobar y administrar la zonificaci�n y planes de desarrollo urbano municipal;

  23. Participar en la creaci�n y administraci�n de sus reservas territoriales;

  24. Participar en la formulaci�n de planes de desarrollo regional, los cuales deber�n estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federaci�n o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deber�n asegurar la participaci�n de los Municipios;

  25. Autorizar, controlar y vigilar la utilizaci�n del suelo, en el �mbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;

  26. Intervenir en la regularizaci�n de la tenencia de la tierra urbana;

  27. Otorgar licencias y permisos para construcciones;

  28. Participar en la creaci�n y administraci�n de zonas de reservas ecol�gicas y en la elaboraci�n y aplicaci�n de programas de ordenamiento en esta materia;

  29. Intervenir en la formulaci�n y aplicaci�n de programas de transporte p�blico de pasajeros cuando aqu�llos afecten su �mbito territorial; e

  30. Celebrar convenios para la administraci�n y custodia de las zonas federales.

    En lo conducente y de conformidad a los fines se�alados en el p�rrafo tercero del art�culo 27 de esta Constituci�n, expedir�n los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios;

    VI. Cuando dos o m�s centros urbanos situados en territorios municipales de dos o m�s entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demogr�fica, la Federaci�n, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el �mbito de sus competencias, planear�n y regular�n de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia.

    (Reformada, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    VII. La Polic�a Preventiva Municipal estar� al mando del presidente municipal, en los t�rminos del reglamento correspondiente. Aqu�lla acatar� las �rdenes que el gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que �ste juzgue como de fuerza mayor o alteraci�n grave del orden p�blico.

    El Ejecutivo Federal tendr� el mando de la fuerza p�blica en los lugares donde resida habitual o transitoriamente;

    (Reformada, D.O.F. 17 de marzo de 1987)

    VIII. Las leyes de los Estados introducir�n el principio de la representaci�n proporcional en la elecci�n de los Ayuntamientos de todos los Municipios.

    Las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, se regir�n por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto en el art�culo 123 de esta Constituci�n, y sus disposiciones reglamentarias.

    IX. (Derogada, D.O.F. 17 de marzo de 1987)

    X. (Derogada, D.O.F. 17 de marzo de 1987)."

    A fin de determinar con precisi�n cu�l es el contenido y alcance que debe atribuirse al precepto transcrito y concluir si a ra�z del texto reformado puede considerarse que el Municipio tiene un orden jur�dico propio, es necesario acudir al m�todo gen�tico-teleol�gico, pues s�lo as� es posible contar con los elementos suficientes para interpretarlo correctamente. Este m�todo de interpretaci�n ha sido explicado por el Pleno de este Alto Tribunal en la tesis P. XXVIII/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.V., abril de 1998, p�gina 117, que a la letra dice:

    INTERPRETACI�N DE LA CONSTITUCI�N. ANTE LA OSCURIDAD O INSUFICIENCIA DE SU LETRA DEBE ACUDIRSE A LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONOCER LOS VALORES O INSTITUCIONES QUE SE PRETENDIERON SALVAGUARDAR POR EL CONSTITUYENTE O EL PODER REVISOR. El propio art�culo 14 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos autoriza, frente a la insuficiencia u oscuridad de la letra de la ley, utilizar mecanismos de interpretaci�n jur�dica. Al desentra�ar el sentido y alcance de un mandato constitucional deben privilegiarse aquellos que permitan conocer los valores o instituciones que se quisieron salvaguardar por el Constituyente o el Poder Revisor. As�, el m�todo gen�tico-teleol�gico permite, al analizar la exposici�n de motivos de determinada iniciativa de reforma constitucional, los dict�menes de las Comisiones del Congreso de la Uni�n y el propio debate, descubrir las causas que generaron determinada enmienda al C�digo Pol�tico, as� como la finalidad de su inclusi�n, lo que constituye un m�todo que puede utilizarse al analizar un art�culo de la Constituci�n, ya que en ella se cristalizan los m�s altos principios y valores de la vida democr�tica y republicana reconocidos en nuestro sistema jur�dico."

    Al respecto, este Alto Tribunal ya ha sostenido en la controversia constitucional 19/2001, promovida por el Municipio de Santa Catarina, Nuevo Le�n, resuelta el dieciocho de marzo de dos mil tres, por mayor�a de ocho votos, lo siguiente:

    El desarrollo legislativo e hist�rico que ha tenido el art�culo 115 constitucional, dedicado al Municipio Libre, es revelador de que esta figura es, en el Estado mexicano, la piedra angular sobre la cual se construye la sociedad nacional, en tanto es la primera organizaci�n estatal en entrar en contacto con el n�cleo social. Los diversos documentos que integran los procesos legislativos de las reformas sufridas por ese numeral durante su vigencia as� coinciden.

    Empero, ha sido muy largo el camino que el Municipio ha tenido que recorrer para hacer realidad su �libertad�, que fue incluso bandera emblem�tica de las luchas revolucionarias. No obstante su elevaci�n a rango constitucional en mil novecientos diecisiete, fueron muchas las limitaciones y el cercenamiento que la propia Constituci�n impuso al Municipio, oblig�ndolo o someti�ndolo a la voluntad del Ejecutivo Estatal o del Legislativo tambi�n estatal o, en el mejor de los casos, rode�ndole de un contexto jur�dico vulnerable.

    En esa evoluci�n se pueden identificar tres momentos determinantes del Municipio Libre, partiendo de la importante consagraci�n constitucional que en mil novecientos diecisiete se dio de esta figura:

    1) La reforma municipal de mil novecientos ochenta y tres, misma que, incluso, fue objeto de interpretaci�n por parte de la anterior integraci�n de esta Suprema Corte; destacando aquella interpretaci�n efectuada con motivo del amparo en revisi�n 4521/91, fallado por este Tribunal Pleno el siete de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, en el que se sostuvo que la intenci�n del legislador fue fortalecer de tal manera al Municipio con esta reforma, que ello permit�a colegir que, para efectos de la legitimaci�n activa de las controversias constitucionales, se pod�a admitir en el Municipio un car�cter de Poder de los Estados; legitimaci�n que le estaba, aparentemente, soslayada por el entonces texto del art�culo 105 constitucional.

    2) La reforma judicial de mil novecientos noventa y cuatro, ejercicio legislativo que, si bien dedicado a lo judicial federal, lleg� a trastocar la vida jur�dico institucional del Municipio, en tanto le reconoci� expresamente legitimaci�n activa para acudir en defensa jurisdiccional de sus facultades y �mbito competencial ante esta Suprema Corte en v�a de controversia constitucional. De alguna manera parece advertirse que el legislador ponder� la situaci�n de indefensi�n municipal advertida y superada por el criterio antes referido, pues el Poder Reformador recogi� y super� todo aquello puesto en evidencia con aquella interpretaci�n judicial. Esta reforma ha sido de suma importancia para el Municipio, b�sicamente por los siguientes motivos:

    Primero, el n�mero de juicios de esta naturaleza iniciados por Municipios, en comparaci�n con los iniciados por otros entes pol�ticos, es revelador del enorme impacto que esta reforma constitucional tuvo en la vida municipal y de la eficacia de la norma constitucional reformada; y

    Segundo, porque a partir de los fallos que ha venido emitiendo esta Suprema Corte en dichos juicios, fue advirti�ndose que muchas injerencias o interferencias de los Estados, ya sea del Ejecutivo o Legislativo Estatal, en la vida administrativa, pol�tica o jur�dica de los Municipios se han hecho merced de licencia constitucional para ello. Esto es, si los Municipios no pod�an hacer realidad su autonom�a, era porque la propia Constituci�n General autorizaba una serie de limitaciones a la misma a favor de las autoridades estatales.

    3) La reforma de mil novecientos noventa y nueve, conforme a la cual se avanz� en pro de la consolidaci�n de la autonom�a municipal y de su fortalecimiento, particularmente frente a las injerencias de los Gobiernos Estatales, y se superaron algunas de las limitaciones antes referidas."

    La reforma constitucional a la que se refiere en �ltimo t�rmino el texto transcrito, se gest� entre los a�os de mil novecientos noventa y siete a mil novecientos noventa y nueve, tiempo durante el cual fueron present�ndose a la C�mara de Diputados nueve iniciativas por parte de distintos grupos parlamentarios que propon�an modificaciones al art�culo 115.

    Cuando finalmente se agend� la reforma municipal, estas nueve propuestas se estudiaron de manera conjunta por la comisi�n encargada de dictaminarlas y, como resultado de su trabajo, se elabor� un proyecto �nico de reforma constitucional que fue el que, a la postre, se discuti� y aprob� por ambas C�maras.

    Los principales puntos de la reforma de veintitr�s de diciembre de mil novecientos noventa y nueve al art�culo 115 de la Constituci�n Federal pueden sintetizarse de la siguiente forma:

  31. El reconocimiento expreso del Municipio como �mbito de gobierno que se realiz� en la fracci�n I, al sustituir el t�rmino "administrado" por "gobernado";

  32. El fortalecimiento de su facultad reglamentaria en los temas referidos en la fracci�n II, adem�s de la limitaci�n del contenido de las leyes estatales sobre cuestiones municipales;

  33. El reconocimiento de competencias exclusivas en materia de servicios y funciones p�blicas en la fracci�n III, sustituy�ndose el concurso del Estado en dicha competencia por la posibilidad de celebrar convenios para la asunci�n de una funci�n o servicio p�blico por parte del Estado, siempre y cuando medie solicitud del Ayuntamiento, as� como el incremento del cat�logo de funciones y servicios, adem�s de la posibilidad de coordinaci�n intermunicipal para estos temas, existiendo incluso posibilidad de asociaci�n entre Municipios de diversos Estados;

  34. Facultad de iniciativa en lo referente a tributos relacionados con la propiedad inmobiliaria en la fracci�n IV, limitando los supuestos de exenci�n determinados constitucionalmente respecto de las contribuciones municipales;

  35. En lo concerniente al cat�logo de facultades que en el sistema constitucional de concurrencia regula la fracci�n V del art�culo 115, adem�s de las facultades de las que ya gozaban en materia de aprobaci�n y administraci�n de los planes de desarrollo urbano, se adicion� la de participar en la formulaci�n de planes de desarrollo regional, as� como la obligaci�n de la Federaci�n y del Estado de asegurar la participaci�n de los Municipios en �sta; autorizar el uso del suelo adicionalmente a las facultades de control y vigilancia que ya ten�a; participar en la elaboraci�n y aplicaci�n de programas de ordenamiento de zonas de reservas ecol�gicas, adem�s de sus facultades de creaci�n y administraci�n de �stas; intervenir en la formulaci�n y aplicaci�n de programas de transporte p�blico de pasajeros cuando aqu�llos afecten su �mbito territorial y celebrar convenios para la administraci�n y custodia de las zonas federales; y,

  36. La transmisi�n del mando de la Polic�a Preventiva Municipal del gobernador al presidente municipal, quien s�lo acatar� las �rdenes del primero en los casos que aqu�l juzgue como de fuerza mayor o alteraci�n grave del orden p�blico, as� como la habilitaci�n al reglamento municipal en esta materia en la fracci�n VII.

    La relaci�n anterior pone de manifiesto que la reforma aument� de forma significativa las atribuciones de los Municipios y consolid� su �mbito de gobierno. A continuaci�n se procede al an�lisis de algunos de los anteriores puntos con m�s detalle.

    Por cuanto ata�e al reconocimiento expreso del Municipio como �mbito de gobierno, es de se�alarse que en el dictamen de la Comisi�n de Gobernaci�n y Puntos Constitucionales, se estim� que era necesario reformar la fracci�n I del art�culo 115 constitucional, en su primer p�rrafo, con la intenci�n de reconocer expresamente el car�cter del Municipio como �mbito de gobierno. Para ello se consider� conveniente sustituir en ese p�rrafo la frase "cada Municipio ser� administrado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa", por la que dice que "cada Municipio ser� gobernado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa", para dejar clara la naturaleza del Ayuntamiento como �rgano de Gobierno del Municipio.

    Una de las novedades de la reforma de mil novecientos noventa y nueve, por tanto, consisti� en caracterizar de manera expl�cita al Municipio como �rgano de gobierno, culminando as� una evoluci�n que de alguna manera ven�a experimentando el Municipio desde las reformas constitucionales de mil novecientos ochenta y tres y mil novecientos noventa y cuatro, cuyo contenido y trascendencia ya fue referido en l�neas anteriores. A lo largo de esta evoluci�n, los Municipios asistieron a un progresivo desarrollo y consolidaci�n de varias de sus facultades, como la de emitir su propia normatividad, a trav�s de bandos y reglamentos, aun cuando estaba limitada al mero desarrollo de las bases normativas establecidas por los Estados, o como la de acudir a un medio de control constitucional a fin de defender una esfera jur�dica de atribuciones propias y exclusivas. Estas notas son las que permit�an concebir al Municipio como un ente cuyo desempe�o iba m�s all� del de un �rgano de administraci�n por regi�n.

    El car�cter de �rgano de gobierno del Ayuntamiento ya le hab�a sido reconocido, inclusive, por esta Suprema Corte de Justicia en diversas tesis de jurisprudencia y aisladas, de las que puede inferirse que desde antes de la reforma de mil novecientos noventa y nueve al art�culo 115 constitucional, el Municipio ya contaba con autonom�a funcional y asignaciones competenciales propias.

    Las tesis referidas son las publicadas en la Novena �poca, Pleno y Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomos X, septiembre de 1999; VIII, diciembre de 1998; VII, febrero de 1998; XI, febrero de 2000; P./J. 96/99; P. LXXIII/98; 2a. XIII/98; P./J. 10/2000; p�ginas 705, 790, 337 y 509, respectivamente, y son las siguientes:

    CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ORDEN JUR�DICO ESTATAL COMPRENDE LAS RELACIONES ENTRE LOS PODERES LOCALES Y SUS MUNICIPIOS. Dentro del orden jur�dico estatal se consagra la figura del Municipio Libre, estructura de gobierno que si bien tiene como N.F. la autonom�a funcional para la prestaci�n de los servicios p�blicos a su cargo y el ejercicio del gobierno dentro de los l�mites territoriales que le corresponde, a trav�s de los Ayuntamientos, conforme a lo establecido en el art�culo 115, fracci�n I, de la Constituci�n Federal, tambi�n guarda nexos jur�dicos indisolubles con los Poderes Locales que impide considerar a los Municipios como un orden independiente del local, entre los cuales se pueden citar los siguientes: creaci�n, suspensi�n o desaparici�n de Municipios y Ayuntamientos, revocaci�n del mandato de alguno de sus miembros por la Legislatura Estatal, sujeci�n de la normatividad y actuaci�n municipal a las bases legales que establezca el Congreso Local, aprobaci�n del Gobierno Estatal de los ingresos y revisi�n de los egresos municipales, entre otras. De lo anterior se deduce que la pertenencia de los Municipios a un Estado aut�nomo sujeta a los primeros a someter sus diferencias con otros Municipios, en principio, a la decisi�n de las autoridades de Gobierno Locales, por estar comprendidos todos dentro de un mismo orden normativo.

    Controversia constitucional 31/97. Ayuntamiento de Temixco, M.. 9 de agosto de 1999. Mayor�a de ocho votos. Ausente: J.V.A.A.�n. Disidentes: Jos� de Jes�s G.�o P. y G.I.O.M.. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretario: H.S.C.."

    CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACI�N ACTIVA Y LEGITIMACI�N PASIVA. De la finalidad perseguida con la figura de la controversia constitucional, el espectro de su tutela jur�dica y su armonizaci�n con los art�culos 40, 41 y 49, en relaci�n con el 115, 116 y 122 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que podr�n tener legitimaci�n activa para ejercer la acci�n constitucional a que se refiere la fracci�n I del art�culo 105 de la propia Ley Suprema, de manera gen�rica: la Federaci�n, una entidad federada, un Municipio y Distrito Federal (que corresponden a los niveles de gobierno establecidos en la Constituci�n Federal); el Poder Ejecutivo Federal, el Congreso de la Uni�n, cualesquiera de las C�maras de �ste o la Comisi�n Permanente (Poderes Federales); los poderes de una misma entidad federada (Poderes Locales); y por �ltimo, los �rganos de gobierno del Distrito Federal, porque precisamente estos �rganos primarios del Estado, son los que pueden reclamar la invalidez de normas generales o actos que estimen violatorios del �mbito competencial que para ellos prev� la Carta Magna. En consecuencia, los �rganos derivados, en ning�n caso, podr�n tener legitimaci�n activa, ya que no se ubican dentro del supuesto de la tutela jur�dica del medio de control constitucional. Sin embargo, en cuanto a la legitimaci�n pasiva para intervenir en el procedimiento relativo no se requiere, necesariamente, ser un �rgano originario del Estado, por lo que, en cada caso particular deber� analizarse ello, atendiendo al principio de supremac�a constitucional, a la finalidad perseguida con este instrumento procesal y al espectro de su tutela jur�dica.

    Solicitud de revocaci�n por hecho superveniente en el incidente de suspensi�n relativo a la controversia constitucional 51/96. G.H.R. y M.B.F.C. y Diez, en su car�cter de presidente municipal y s�ndico, respectivamente, del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, del Estado de Puebla, contra el gobernador y el Congreso del propio Estado. 16 de junio de 1998. Unanimidad de diez votos (impedimento legal M.A.G.�itr�n). Ponente: S.S.A.A.. Secretario: R.L.H.�ndez."

    CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL AN�LISIS PARA RESOLVER EL CONFLICTO SUSCITADO ENTRE DOS NIVELES DE GOBIERNO IMPLICA EL ESTUDIO TANTO DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES RELATIVOS, COMO DE LA MOTIVACI�N Y CAUSA GENERADORA QUE LLEV� AL LEGISLADOR A ELEVARLOS A RANGO CONSTITUCIONAL. Acorde con su propia y especial naturaleza, las controversias constitucionales constituyen una acci�n cuyo objetivo esencial es permitir la impugnaci�n de los actos y disposiciones generales que afecten las respectivas facultades de cualquiera de los diferentes niveles de gobierno, o que de alguna manera se traduzcan en una invasi�n a su �mbito competencial provocada por otro nivel de gobierno; todo esto con el fin de que se respeten las facultades y atribuciones que a cada uno corresponde, de tal manera que cada nivel de gobierno est� en aptitud de llevar a cabo y agotar en sus t�rminos, todas aquellas que el propio sistema federal le otorga a trav�s de la Carta Magna. Con este prop�sito, al resolver el fondo, se tendr�n que analizar los principios rectores elevados a rango constitucional, que determinan los respectivos �mbitos de competencia de cada nivel de gobierno y en los que se precisan las facultades y atribuciones de cada uno de �stos, lo cual debe hacerse tambi�n considerando la propia motivaci�n y causa generadora que llev� al legislador a la inclusi�n de dichos principios e instituciones fundamentales como lineamientos de nuestro sistema federal, de tal manera que se aprecie en forma cierta el sentido y teleolog�a de �stos para una correcta interpretaci�n y aplicaci�n de los mismos en beneficio de la sociedad.

    Recurso de reclamaci�n en la controversia constitucional 51/96. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Estado de Puebla. 5 de septiembre de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: S.S.A.A.. Ponente: G.D.G.�ngora P.. Secretario: O.A.C.Q.."

    AUTORIDAD INTERMEDIA. INTERPRETACI�N DE LA FRACCI�N I DEL ART�CULO 115 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL. El art�culo 115, fracci�n I, de la Constituci�n Federal, establece que cada Municipio ser� administrado por un Ayuntamiento y no habr� ninguna autoridad intermedia entre �ste y el Gobierno del Estado. El an�lisis de los antecedentes hist�ricos, constitucionales y legislativos que motivaron la prohibici�n de la autoridad intermedia introducida por el Constituyente de mil novecientos diecisiete, lo cual obedeci� a la existencia previa de los llamados jefes pol�ticos o prefectos, que pol�tica y administrativamente se ubicaban entre el gobierno y los Ayuntamientos y ten�an amplias facultades con respecto a estos �ltimos, puede llevar a diversas interpretaciones sobre lo que en la actualidad puede constituir una autoridad de esta naturaleza. Al respecto, los supuestos en que puede darse dicha figura son los siguientes: a) Cuando fuera del Gobierno Estatal y del Municipal se instituye una autoridad distinta o ajena a alguno de �stos; b) Cuando dicha autoridad, cualquiera que sea su origen o denominaci�n, lesione la autonom�a municipal, suplantando o mediatizando sus facultades constitucionales o invadiendo la esfera competencial del Ayuntamiento; y, c) Cuando esta autoridad se instituye como un �rgano intermedio de enlace entre el Gobierno del Estado y del Municipio, impidiendo o interrumpiendo la comunicaci�n directa que debe haber entre ambos niveles de gobierno.

    Controversia constitucional 4/98. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Puebla y otros del mismo Estado. 10 de febrero de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: M.A.G.�itr�n y Jos� de Jes�s G.�o P.. Ponente: S.S.A.A.. Secretario: O.A.C.Q.."

    Derivado de lo anterior, puede sostenerse a manera de corolario, lo siguiente:

    � A partir de la reforma constitucional que se gest� en el a�o de mil novecientos ochenta y tres, los Municipios asistieron a un progresivo desarrollo y consolidaci�n de varias de sus facultades, como la de emitir su propia normatividad, a trav�s de bandos y reglamentos, aun cuando estaba limitada al mero desarrollo de las bases normativas establecidas por los Estados.

    � Asimismo, como consecuencia de la reforma de mil novecientos noventa y cuatro del art�culo 105 de la Constituci�n Federal, se le otorg� al Municipio la facultad de acudir a un medio de control constitucional (la controversia constitucional), a fin de defender una esfera jur�dica de atribuciones propias y exclusivas.

    � Por �ltimo, la reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve trajo consigo, entre otras innovaciones, la sustituci�n en el primer p�rrafo, de la fracci�n I del art�culo 115 constitucional, de la frase "cada Municipio ser� administrado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa", por la que dice "cada Municipio ser� gobernado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa", lo que no es otra cosa sino el reconocimiento expreso de una evoluci�n que ha venido sufriendo el Municipio desde las reformas constitucionales de mil novecientos ochenta y tres y mil novecientos noventa y cuatro.

    Los puntos antes rese�ados permiten a este Tribunal Pleno concluir la existencia de un orden jur�dico municipal.

    En efecto, el car�cter de �rgano de gobierno del Ayuntamiento est� relacionado con la facultad reglamentaria que se le otorg� desde mil novecientos ochenta y tres, la cual es inherente a todo poder de mando, as� como con la existencia de un �mbito de atribuciones municipales exclusivas susceptibles de ser salvaguardadas a trav�s de un medio de control constitucional, lo cual, como ha sostenido este Alto Tribunal, es singular y caracter�stico de las relaciones entre distintos niveles de gobierno.

    La conceptualizaci�n del Municipio como �rgano de gobierno conlleva adem�s el reconocimiento de una potestad de auto-organizaci�n, en virtud de la cual, si bien el Estado regula un c�mulo de facultades esenciales del Municipio, quedan para el Ayuntamiento potestades adicionales que le permiten definir la estructura de sus propios �rganos de administraci�n, sin contradecir aquellas normas b�sicas o bases generales que expida la legislatura. Lo anterior queda confirmado tan pronto se concatena este concepto expl�cito del Municipio como "�rgano de gobierno" con el contenido que la reforma otorg� a la facultad reglamentaria municipal, seg�n se ver� a continuaci�n.

    En efecto, por cuanto se refiere al fortalecimiento de la facultad reglamentaria del Municipio, es necesario recordar que desde mil novecientos ochenta y tres, se le hab�a reconocido constitucionalmente una facultad reglamentaria. Su ejercicio, sin embargo, se supeditaba a ser un mero desarrollo de las bases normativas que establec�an las Legislaturas Estatales, sin que los Municipios pudieran emitir reglamentos susceptibles de atender verdaderamente a sus respectivas particularidades, pues actuaban simplemente como reglamentos de detalle de la ley. Lo anterior trajo como consecuencia que, en la pr�ctica, la facultad reglamentaria de los Municipios quedara disminuida, pues las Legislaturas Estatales a trav�s de las referidas bases normativas, condicionaban totalmente su alcance y eficacia.

    A ra�z de la situaci�n descrita, el �rgano Reformador de la Constituci�n, en mil novecientos noventa y nueve, decidi� modificar el segundo p�rrafo de la fracci�n II del art�culo 115 constitucional, con un doble prop�sito: delimitar el objeto y alcances de las leyes estatales en materia municipal y ampliar la facultad reglamentaria del Municipio en determinadas materias.

    Dicha delimitaci�n fue realizada en el art�culo 115, fracci�n II, de la Constituci�n Federal, que dispone:

    Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

    ...

    II. Los Municipios estar�n investidos de personalidad jur�dica y manejar�n su patrimonio conforme a la ley.

    (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    Los Ayuntamientos tendr�n facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deber�n expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de polic�a y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci�n p�blica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia y aseguren la participaci�n ciudadana y vecinal.

    (Adicionado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    El objeto de las leyes a que se refiere el p�rrafo anterior ser� establecer:

  37. Las bases generales de la administraci�n p�blica municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnaci�n y los �rganos para dirimir las controversias entre dicha administraci�n y los particulares, con sujeci�n a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;

  38. Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;

  39. Las normas de aplicaci�n general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de este art�culo, como el segundo p�rrafo de la fracci�n VII del art�culo 116 de esta Constituci�n;

  40. El procedimiento y condiciones para que el Gobierno Estatal asuma una funci�n o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la Legislatura Estatal considere que el Municipio de que se trate est� imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, ser� necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y

  41. Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.

    (Adicionado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    Las Legislaturas Estatales emitir�n las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolver�n los conflictos que se presenten entre los Municipios y el Gobierno del Estado, o entre aqu�llos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores."

    El texto reformado del art�culo 115 constitucional, modific� el t�rmino "bases normativas" utilizado en la redacci�n anterior, por el de "leyes estatales en materia municipal", lo que obedeci� a la necesidad de limitar el margen de actuaci�n de las Legislaturas Estatales respecto de los Municipios, para acotarlo al establecimiento de un cat�logo de normas esenciales tendentes a proporcionar un marco normativo homog�neo que asegure el funcionamiento regular del Ayuntamiento, pero sin permitir a dichas legislaturas intervenir en las cuestiones propias y espec�ficas de cada Municipio.

    Para entender en su exacta magnitud esta reforma, es conveniente acudir a su procedimiento de creaci�n y, en espec�fico, al dictamen emitido por la Comisi�n de Gobernaci�n y Puntos Constitucionales de la C�mara de Diputados, documento cuyo an�lisis debe privilegiarse para efectos de la interpretaci�n, en el que se expres� lo siguiente:

    4.2 La intenci�n de esta Comisi�n D., consiste en fortalecer al �mbito de competencia municipal y las facultades de su �rgano de gobierno. Por ello se propone tal y como lo plantean los autores de las iniciativas antes descritas, delimitar el objeto y los alcances de las leyes estatales que versan sobre cuestiones municipales. Lo que se traduce en que la competencia reglamentaria del Municipio, implique de forma exclusiva, los aspectos fundamentales para su desarrollo. De ah� que se defina y modifique en la fracci�n II, el concepto de bases normativas, por el de leyes estatales en materia municipal, conforme a las cuales los Ayuntamientos expiden sus reglamentos, y otras disposiciones administrativas de orden general.

    Dichas leyes se deben orientar a las cuestiones generales sustantivas y adjetivas, que le den un marco normativo homog�neo a los Municipios de un Estado, sin intervenir en las cuestiones especificas de cada Municipio.

    En consecuencia, queda para el �mbito reglamentario como facultad de los Ayuntamientos, todo lo relativo a su organizaci�n y funcionamiento interno y de la administraci�n p�blica municipal; as� como para la regulaci�n sustantiva y adjetiva de las materias de su competencia a trav�s de bandos, reglamentos, circulares y dem�s disposiciones de car�cter general; mientras que las leyes estatales en materia municipal, contemplar�n lo referente al procedimiento administrativo, conforme a los principios que se enuncian en los nuevos incisos, y dem�s aspectos que contienen lo siguiente:

    4.2.1 En el inciso a) se establecen los medios de impugnaci�n y los �rganos correspondientes, para dirimir controversias entre los particulares y la administraci�n publica municipal, los cuales deber�n conducir a la observancia de los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. Se deja a salvo para cada Ayuntamiento decidir, a trav�s de disposiciones reglamentarias, formas y procedimientos de participaci�n ciudadana y vecinal. La ley, s�lo contemplar� los principios generales en este rubro.

    4.2.2 En el inciso b), se establece que la ley deber� prever el requisito de mayor�a calificada de los miembros de un Ayuntamiento en las decisiones relativas a la afectaci�n de su patrimonio inmobiliario y la firma de convenios que por su trascendencia lo requieran; sin embargo, en dichas decisiones la Legislatura Estatal ya no intervendr� en la toma de la decisi�n a los Ayuntamientos.

    4.2.3 En el inciso c), se se�ala que las leyes estatales incluir�n normas de aplicaci�n general para la celebraci�n de convenios de asociaci�n entre dos o m�s Municipios, entre uno o varios Municipios y el Estado, incluyendo la hip�tesis a que se refiere la fracci�n VII del art�culo 116 constitucional, para fines de derecho p�blico.

    4.2.4 En el inciso d), se prev� que la ley estatal contemple, con base en el �mbito de competencia exclusiva municipal, el procedimiento y las condiciones para que el Ayuntamiento transfiera la prestaci�n de un servicio p�blico o el ejercicio de una funci�n a su cargo, en favor del Estado. Ello mediante la solicitud del Ayuntamiento a la legislatura, cuando no haya convenio con el Gobierno Estatal de que se trate.

    4.2.5 En el inciso e), se establece que las Legislaturas Estatales expedir�n las normas aplicables a los Municipios que no cuenten con los reglamentos correspondientes. Es decir, la norma que emita el legislativo para suplir en estos casos, la falta de reglamentos b�sicos y esenciales de los Municipios, ser� de aplicaci�n temporal en tanto el Municipio de que se trate, emita sus propios reglamentos.

    Por �ltimo, la comisi�n considera necesario prever en un nuevo p�rrafo cuarto de la fracci�n II en an�lisis, que las Legislaturas Estatales establezcan las normas de procedimiento para resolver los conflictos que pudieran surgir entre los Gobiernos Estatales y los Municipios con motivo de la realizaci�n de los actos a que se refieren los incisos b) y d) de la fracci�n segunda en comento. Para dirimir tales diferencias, el �rgano competente ser� la Legislatura Estatal correspondiente. Esta previsi�n desde luego se entiende sin perjuicio del derecho de los Gobiernos Estatales y de los Municipios de acudir en controversia constitucional en los t�rminos del art�culo 105 constitucional y su ley reglamentaria."

    De la lectura del punto 4.2 del dictamen transcrito, se pueden inferir los siguientes puntos:

    1) La intenci�n de fortalecer el �mbito de competencia municipal y las facultades del Ayuntamiento, delimitando el objeto y los alcances de las leyes estatales que versan sobre cuestiones municipales, de ah� que se modifique el concepto de "bases normativas" por el de "leyes estatales en materia municipal", lo que implica una delimitaci�n de los �mbitos competenciales de las legislaturas y de los Ayuntamientos.

    2) Que las leyes estatales en materia municipal est�n limitadas a los temas que se enuncian en cinco incisos.

    3) Que dichas leyes deben orientarse a las cuestiones generales sustantivas y adjetivas que le den un marco normativo homog�neo a los Municipios de un Estado, sin intervenir en las cuestiones espec�ficas de cada Municipio.

    4) Que lo anterior se traduce en que la competencia reglamentaria Municipal implique "de forma exclusiva los aspectos fundamentales para su desarrollo".

    5) Que, en consecuencia, queda para el �mbito reglamentario de los Ayuntamientos todo lo relativo a su organizaci�n y funcionamiento interno y de la administraci�n p�blica municipal, as� como para la regulaci�n sustantiva y adjetiva de las materias de su competencia a trav�s de bandos, reglamentos, circulares y dem�s disposiciones de car�cter general.

    6) Que las Legislaturas Estatales pueden expedir las normas aplicables en los Municipios que no cuenten con los reglamentos correspondientes, es decir, las normas que emita el Legislativo podr�n suplir la falta de reglamentos b�sicos y esenciales de los Municipios; sin embargo, ser�n de aplicaci�n temporal y su eficacia estar� sujeta a que los Municipios emitan sus propios reglamentos.

    Si, como destacan los puntos referidos, con anterioridad a la reforma de mil novecientos noventa y nueve, los Ayuntamientos no pod�an hacer una aportaci�n normativa propia que respondiera a sus distintas necesidades y realidad social, a partir de la misma se fortalece y consolida el �mbito municipal, reconoci�ndose a los Ayuntamientos de manera expresa el car�cter de �rganos de gobierno, ampliando su esfera de atribuciones y facult�ndolos para emitir una nueva categor�a de reglamentos que les permiten fungir con su nuevo car�cter, en la medida en la que ahora les corresponde normar lo relativo a la organizaci�n y funcionamiento interno del Municipio, en lo que ata�e a las cuestiones espec�ficas que les corresponden, con la condici�n de que tales reglamentos respeten el contenido de las leyes en materia municipal.

    La reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve disminuy�, por tanto, la extensi�n normativa de las leyes en materia municipal, ampliando la de los reglamentos expedidos por los Ayuntamientos con fundamento en la fracci�n II del art�culo 115.

    En efecto, en el texto del art�culo 115 reformado en mil novecientos ochenta y tres, se establec�a lo siguiente:

    Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

    ...

    II. Los Municipios estar�n investidos de personalidad jur�dica y manejar�n su patrimonio conforme a la ley.

    Los Ayuntamientos poseer�n facultades para expedir de acuerdo con las bases normativas que deber�n establecer las Legislaturas de los Estados, los bandos de polic�a y buen gobierno y los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones."

    Como se advierte, antes de la reforma de mil novecientos noventa y nueve, los reglamentos emitidos por los Municipios ten�an como �nico objeto detallar las bases normativas establecidas por las legislaturas, sin que existiera alguna limitaci�n constitucional en cuanto a la extensi�n y contenido de las mencionadas bases.

    A ra�z de la multicitada reforma, sin embargo, los �rganos legislativos estatales cuentan ahora con l�mites expresos a su producci�n normativa, y el Ayuntamiento goza de un �mbito m�s amplio de reglamentaci�n garantizado constitucionalmente, a trav�s del cual puede decidir las particularidades de su organizaci�n, de las materias de su competencia exclusiva, as� como de las cuestiones de polic�a y gobierno, con el prop�sito de ajustarlas a su propio entorno.

    As�, podemos se�alar que, al establecer el �rgano Reformador que "Los Ayuntamientos tendr�n facultades para aprobar de acuerdo con las leyes en materia municipal que deber�n expedir las Legislaturas de los Estados", su intenci�n es establecer una delimitaci�n competencial seg�n la cual la ley estatal tiene un contenido especificado en cinco incisos y el Municipio puede dictar "bandos de polic�a y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci�n p�blica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia y aseguren la participaci�n ciudadana y vecinal", en aquello orientado a atender a sus necesidades particulares. El prop�sito del �rgano Reformador, en otras palabras, es que el �mbito municipal y el �mbito estatal no se contrapongan, sino que guarden una relaci�n de concordancia y complementariedad, dado que el Municipio forma parte de la entidad federativa. Por ello, conforme al art�culo 115, la ley estatal s�lo establece bases generales y los Municipios deben atenderlas, pero pueden regular ya en lo particular las dem�s cuestiones que requieran para su eficaz organizaci�n y gobierno.

    La nueva categor�a de reglamentos a que se ha venido haciendo referencia, son de fuente constitucional y tienen un contenido material propio que no puede contradecir el de las leyes en materia municipal a que se refiere la fracci�n II del art�culo 115 constitucional, que fija ciertos lineamientos o bases generales, pero s� puede contener disposiciones que permitan a cada Municipio adoptar una variedad de formas adecuadas para regular su vida municipal, su organizaci�n administrativa y sus competencias constitucionales exclusivas, atendiendo a sus caracter�sticas sociales, econ�micas, biogeogr�ficas, poblacionales, urban�sticas, etc�tera.

    El Constituyente Permanente, en consecuencia, trata de establecer un equilibrio competencial en el que no prevalezca la regla de que un nivel de autoridad tiene facultades mayores o de mayor importancia que el otro, sino un esquema en el que cada uno tenga las que constitucionalmente le corresponden: al Estado le corresponde sentar las bases generales a fin de que exista similitud en los aspectos fundamentales en todos los Municipios del Estado, y al Municipio le corresponde dictar sus normas espec�ficas, sin contradecir esas bases generales, dentro de su jurisdicci�n.

    Por lo anterior, es posible concluir que la intenci�n fundamental de la reforma de mil novecientos noventa y nueve, en lo que se refiere a la fracci�n II del art�culo 115 constitucional, es la siguiente: los Municipios deben ser iguales en lo que es consustancial a todos, lo cual se logra con la emisi�n de las bases generales que emite la Legislatura del Estado, pero tienen el derecho derivado de la Constituci�n Federal de ser distintos en lo que es propio de cada uno de ellos, lo cual se consigue a trav�s de la facultad normativa exclusiva que les confiere la citada fracci�n II del art�culo 115 constitucional.

    Ahora, si bien es cierto que el Municipio tiene la posibilidad de crear normas jur�dicas en virtud de una asignaci�n competencial propia, tambi�n lo es que tiene relaci�n con los otros �rdenes jur�dicos y que est� sujeto al orden jur�dico nacional, debiendo respetar, por tanto, el reparto de facultades previsto en la Constituci�n Federal y, en su caso, en las Estatales; lo cual en nada menoscaba el espacio de actuaci�n que tiene asegurado por la primera, en el que no podr�n intervenir directamente los Estados, salvo en el caso previsto por la fracci�n II, inciso e), es decir, ante la ausencia de normas reglamentarias expedidas por el Ayuntamiento, so pena de inconstitucionalidad por incompetencia del �rgano que legisle en tales materias.

    As�, la fracci�n II del art�culo 115 constitucional, en realidad opera una delimitaci�n competencial consistente en que la ley estatal tiene un contenido acotado y el Municipio puede dictar "reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci�n p�blica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia y aseguren la participaci�n ciudadana y vecinal"; es decir, que al haberse delimitado el objeto de las leyes municipales, ha aumentado el contenido de la facultad reglamentaria de los Municipios.

    En efecto, en la reforma de mil novecientos noventa y nueve el �rgano Reformador de la Constituci�n tuvo como objetivo esencial proporcionar un criterio de delimitaci�n entre los ordenamientos que competen a los Ayuntamientos y los que corresponden a las leyes que en materia municipal emiten las legislaturas, por el cual se produce una expansi�n del �mbito de las normas reglamentarias municipales, pues los Ayuntamientos pueden ahora, a trav�s de �stas y de acuerdo con las leyes estatales en materia municipal de contenido constitucionalmente delimitado, emitir disposiciones de polic�a y gobierno, organizar la administraci�n p�blica municipal, regular las materias, procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia, y asegurar la participaci�n ciudadana y vecinal, atendiendo a las particularidades que requiera su situaci�n concreta.

    La conclusi�n anterior se confirma con la interpretaci�n del inciso e) de la fracci�n II del art�culo 115 constitucional, el cual se�ala lo siguiente:

    Art�culo 115. ...

    II. ...

    El objeto de las leyes a que se refiere el p�rrafo anterior ser� establecer:

    ...

  42. Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes."

    Como destac� el dictamen de la Comisi�n de Gobernaci�n y Puntos Constitucionales de la C�mara de Diputados, el inciso e) de la fracci�n II es precisamente una de las piedras angulares en la construcci�n de una competencia material de las normas reglamentarias municipales que se distingue de la estatal. En efecto, este inciso reconoce indirectamente la entidad jur�dica de la facultad reglamentaria municipal, al prever la existencia de normas que, en su ausencia, eviten la existencia de un vac�o jur�dico en los Municipios, en el entendido de que tales disposiciones ser�n de eficacia temporal hasta en tanto cada Municipio dicte sus propias normas.

    Al respecto, el dictamen referido expresamente se�ala lo siguiente:

    4.2.5 En el inciso e), se establece que las Legislaturas Estatales expedir�n las normas aplicables a los Municipios que no cuenten con los reglamentos correspondientes. Es decir, la norma que emita el Legislativo para suplir en estos casos, la falta de reglamentos b�sicos y esenciales de los Municipios, ser� de aplicaci�n temporal en tanto el Municipio de que se trate, emita sus propios reglamentos."

    El sistema de supletoriedad que prev� el inciso e), confirma que es facultad del Municipio expedir reglamentos con un contenido material propio, de tal suerte que si por alguna raz�n faltasen los mismos, la aplicaci�n de las normas estatales ser� temporal, esto es, en tanto el Municipio expida las disposiciones relativas.

    Como qued� se�alado con anterioridad, hasta antes de la reforma de mil novecientos noventa y nueve las, legislaturas ten�an una facultad sin l�mites materiales para regular la vida municipal, por lo cual el marco de actuaci�n del reglamento del Municipio se restring�a a desarrollar el contenido de �stas. La reforma referida ampli� la facultad reglamentaria de los Ayuntamientos -lo que implica la posibilidad de emitir su propia normatividad de acuerdo con su realidad, necesidades, proyectos y objetivos- y redujo la extensi�n normativa que pueden tener las leyes estatales en materia municipal, las cuales deben dejar espacio para el despliegue de la facultad reglamentaria de los reglamentos, o deben especificar que, en todo caso, lo ocupan de forma supletoria.

    Ahora bien, como se se�al� con anterioridad, este Tribunal Pleno se ha pronunciado en el sentido de que existe un orden jur�dico, cuando un �rgano de gobierno cuenta con asignaciones competenciales propias derivadas de la Constituci�n Federal que, por lo general, son excluyentes entre s�, contando con autonom�a para su ejercicio.

    En esta tesitura, toda vez que el esquema normativo antes desarrollado incluye el ejercicio por parte de los Ayuntamientos de asignaciones competenciales propias, debe concluirse que el Municipio tiene un orden jur�dico propio.

    Este reconocimiento a un orden jur�dico propio del Municipio, de ninguna manera soslaya su relaci�n con los otros �rdenes jur�dicos, lo que significa que el Municipio est� sujeto al orden nacional, es decir, debe respetar la Constituci�n Federal, los tratados internacionales y las leyes federales, as� como las Constituciones y leyes estatales.

    En conclusi�n, la Constituci�n considera al Municipio Libre como un �mbito de gobierno y le atribuye facultades normativas con car�cter exclusivo en determinados �mbitos, de lo que deriva su reconocimiento como orden jur�dico parcial del Estado mexicano. Dicho orden se integra por las normas que a continuaci�n se expresan:

  43. Por la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos;

  44. Por los tratados internaciones, las leyes federales y sus reglamentos;

  45. Por las Constituciones Locales;

  46. Por las leyes locales y sus reglamentos; y,

  47. Por los reglamentos municipales.

    Lo anterior puede esquematizarse de una manera ilustrativa de la manera siguiente:

    Ver esquema

    A continuaci�n se procede a desarrollar con detalle el contenido del cuadro sin�ptico anterior, a fin de explicar con claridad la relaci�n que existe entre las normas generadas por las entidades federativas y las emitidas por los Municipios.

    Para ello, iniciaremos con el an�lisis del �mbito de las normas estatales (leyes locales y sus reglamentos), sin hacer un desarrollo sobre los siguientes �rdenes: 1) Constituci�n Federal; 2) Tratados internacionales y leyes federales; y, 3) Constituciones Locales; respecto de la primera ya se ha hablado, y respecto de los �ltimos no se considera indispensable abundar para resolver la litis planteada en esta controversia.

    Atendiendo a su �mbito de validez, las leyes expedidas por las autoridades estatales pueden clasificarse de la siguiente manera:

  48. Normas que derivan del contenido de la Constituci�n Federal, que son aquellas que, incidiendo en el �mbito del Municipio, son expedidas por la Legislatura Estatal: 1) en acatamiento de una disposici�n expresa de la Constituci�n, incluyendo las que derivan del ejercicio de facultades concurrentes y de coordinaci�n con la Federaci�n; 2) en aplicaci�n de un principio constitucional derivado de su interpretaci�n, o bien, 3) que reproducen literal o casi literalmente el texto constitucional, esto es, son normas que encuentran la fuente de su ejercicio y sus l�mites en la propia Constituci�n Federal.

    Al respecto, resulta conveniente abundar sobre la naturaleza jur�dica de las facultades coincidentes, las cuales se definen como aquellas que tanto la Federaci�n como las entidades federativas pueden realizar por disposici�n constitucional, y est�n establecidas en una forma amplia y en una forma restringida: llamando "amplia" a aquella modalidad en la cual no se faculta a la Federaci�n o a las entidades federativas a expedir las bases o un cierto criterio de divisi�n entre ambos �rdenes jur�dicos y "restringida" cuando se confiere tanto a la Federaci�n como a las entidades federativas, pero se concede a una de ellas la atribuci�n para fijar bases o un cierto criterio de divisi�n de esa facultad.

    Vale la pena aclarar que cuando se dice que la Federaci�n o un Estado tienen competencias "coincidentes en un sentido amplio", est� dici�ndose que ambas partes realizan una porci�n de una cierta actividad (tratamiento de menores infractores, por ejemplo), lo que en modo alguno significa que realicen la misma facultad. En el caso de la "coincidencia en un sentido restringido", se est� ante una situaci�n en la que la competencia para emitir las normas generales iniciales corresponde a la Federaci�n, y es s�lo a partir de lo que sus �rganos legislativos dispongan que los Estados pueden conocer los alcances de sus competencias. Aqu� es importante se�alar que �stas no podr�n ser sobre la misma materia, pues la misma la diferencia el �rgano federal al emitir la ley, ni tampoco sobre la emisi�n de la ley, pues ello es competencia exclusiva de la Federaci�n.

    Por otro lado, las "facultades coexistentes" son definidas como aquellas que una parte de la misma facultad compete a la Federaci�n y la otra a las entidades federativas; sin embargo, hay que tomar en consideraci�n que no es posible hablar de la existencia de una misma facultad, por ejemplo, en materia de v�as generales de comunicaci�n, para luego considerar que la parte general de la misma corresponde a la Federaci�n, y la parte no general a los Estados. En este caso, lo que puede ser un tema en el que se den ciertas relaciones materiales, no significa que se trate de una misma facultad, sino sencillamente de dos facultades: una de ellas, la federal otorgada expresamente, y otra de ellas por v�a residual.

    Finalmente, es necesario proporcionar ejemplos de las normas estatales que derivan del contenido de la Constituci�n Federal, como lo son aquellas que establecen las causas graves para la desaparici�n de los Ayuntamientos y la suspensi�n o revocaci�n de alguno de los integrantes del Cabildo (art�culo 115, fracci�n I, constitucional); las normas de elecci�n de los miembros del Ayuntamiento (art�culo 115, fracci�n I, p�rrafo segundo y fracci�n VIII constitucional); las normas relativas a la aprobaci�n de la Ley de Ingresos y a las contribuciones municipales, las normas relativas a la distribuci�n de las participaciones federales, la fiscalizaci�n de las cuentas p�blicas, la coordinaci�n de las comunidades ind�genas dentro del �mbito municipal (art�culo 115, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal); el r�gimen de responsabilidades de los servidores p�blicos (art�culos 109 y 113 constitucionales); la protesta de respeto a la Constituci�n Federal (art�culo 128 constitucional); los derechos y obligaciones de los ciudadanos mexicanos (art�culos 34 a 36 constitucionales); las normas de planeaci�n (art�culos 26 y 115 constitucionales); las normas que regulan, dentro del marco legal expedido por la Federaci�n, facultades concurrentes como asentamientos humanos, salud, equilibrio ecol�gico, educaci�n, protecci�n civil, turismo, etc�tera (art�culos 3o., 4o., 73, fracciones XVI, XXIX-C, XXIX-G, XXIX-J y XXIX-K); las normas relativas al sistema nacional de coordinaci�n de seguridad p�blica (art�culos 21 y 115, fracci�n VIII); la creaci�n de un sistema de profesionalizaci�n de los servidores p�blicos (art�culo 115, fracci�n VIII, en relaci�n con el 123, apartado B y el 116, fracci�n VII); la creaci�n de organismos de protecci�n de los derechos humanos en nivel estatal (art�culo 102, apartado B); la regulaci�n de la deuda p�blica municipal (art�culo 117), etc�tera.

  49. Normas derivadas del art�culo 124 de la Constituci�n Federal, que son aquellas que emite la Legislatura Estatal en el �mbito de competencia que dicho precepto le reconoce como propio, y en ejercicio del cual los Estados pueden conceder a los Municipios facultades o recursos distintos a los que expresamente les otorga la Constituci�n Federal, o ampliar el �mbito de los mismos pero sin contradecir el texto de la Constituci�n Federal.

    Verbigracia, cuando las legislaturas facultan a los Municipios para asumir un servicio p�blico no previsto en el art�culo 115 constitucional, o bien, cuando les autorizan el ejercicio de la funci�n p�blica relativa al Registro Civil, o bien, el establecimiento de un sistema estatal de coordinaci�n fiscal y la distribuci�n de participaciones a los Municipios derivadas de los ingresos obtenidos por contribuciones estatales.

  50. "Leyes en materia municipal", que son aquellas cuya denominaci�n y fuente proviene espec�ficamente de la fracci�n II del art�culo 115 constitucional, y cuyo objeto, por disposici�n expresa de este precepto, est� limitado a los siguientes puntos:

    1. Las bases generales de administraci�n p�blica municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnaci�n y los �rganos para dirimir las controversias entre dicha administraci�n y los particulares, con sujeci�n a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;

    2. Los casos que requieren el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;

    3. Las normas de aplicaci�n general para que el Municipio celebre convenios con otros Municipios o con el Estado sobre la prestaci�n de servicios p�blicos y administraci�n de contribuciones;

    4. El procedimiento y condiciones para que el Gobierno Estatal asuma una funci�n o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la Legislatura Estatal considere que el Municipio de que se trate est� imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso ser� necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes;

    5. Las normas aplicables a falta de reglamentaci�n municipal.

      A continuaci�n se proceder� a la explicaci�n de cada uno de los supuestos que integran el concepto de "leyes en materia municipal".

    6. Bases generales de la administraci�n p�blica municipal.

      Como se ha afirmado con anterioridad, la reforma a la fracci�n II del art�culo 115 de la Constituci�n General, de veintitr�s de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, sustituy� el concepto de "bases normativas" que utilizaba el texto anterior, por el de "leyes en materia municipal".

      Esta modificaci�n de la terminolog�a utilizada en la Constituci�n atiende al prop�sito del �rgano Reformador de ampliar el �mbito competencial del Municipio y delimitar el objeto de las leyes estatales en materia municipal, a fin de potenciar la capacidad reglamentaria de los Ayuntamientos mediante la limitaci�n de las facultades legislativas en materia municipal de los Congresos Locales.

      En esta tesitura, como ya hemos subrayado, el t�rmino "bases generales de la administraci�n p�blica municipal" no puede interpretarse en el sentido de que concede a las Legislaturas de los Estados una libertad ilimitada para legislar en materia municipal.

      Sin embargo, tampoco puede interpretarse como una liberalidad total a favor de la facultad reglamentaria municipal, pues los Municipios tendr�n que respetar el contenido de estas bases generales de la administraci�n p�blica municipal, ya que al dictar sus normas reglamentarias no deben contradecir lo establecido en dichas bases que les resultan plenamente obligatorias por prever un marco que da uniformidad a los Municipios de un Estado en aspectos fundamentales.

      En efecto, es menester partir de dos premisas esenciales que ya se han dejado sentadas: 1) Que la reforma de mil novecientos noventa y nueve tuvo por objeto ampliar y fortalecer el �mbito de competencia municipal; y, 2) Que fue objeto de dicha reforma en t�rminos de lo establecido por el dictamen de la Comisi�n de Gobernaci�n y Puntos Constitucionales de la C�mara de Diputados "delimitar el objeto y los alcances de las leyes estatales que versan sobre cuestiones municipales. Lo que se traduce en que la competencia reglamentaria del Municipio, implique de forma exclusiva los aspectos fundamentales para su desarrollo".

      En ese sentido, en dicho dictamen se dispuso expresamente que:

      Dichas leyes se deben orientar a las cuestiones generales sustantivas y adjetivas, que le den un marco normativo homog�neo a los Municipios de un Estado, sin intervenir en las cuestiones espec�ficas de cada Municipio. En consecuencia, queda para el �mbito reglamentario como facultad de los Ayuntamientos, todo lo relativo a su organizaci�n y funcionamiento interno y de la administraci�n p�blica municipal; as� como para la regulaci�n sustantiva y adjetiva de las materias de su competencia a trav�s de bandos, reglamentos, circulares y dem�s disposiciones de car�cter general; mientras que las leyes estatales en materia municipal, contemplar�n lo referente al procedimiento administrativo, conforme a los principios que se enuncian en los nuevos incisos ..."

      De lo anterior se desprende que:

      1) Las bases de la administraci�n p�blica municipal que dicten las Legislaturas Estatales deben orientarse a regular s�lo cuestiones generales del Municipio, tanto sustantivas como adjetivas;

      2) El establecimiento de dichas cuestiones generales tendr� por objeto �nicamente establecer un marco normativo homog�neo a los Municipios de un Estado, que debe entenderse como el caudal normativo indispensable que asegure el funcionamiento del Municipio, pero �nicamente en los aspectos que requieran dicha uniformidad;

      3) La competencia reglamentaria del Municipio implica la facultad exclusiva para regular los aspectos medulares de su propio desarrollo;

      4) No es aceptable que con apoyo en la facultad legislativa con que cuenta el Estado para regular la materia municipal, intervenga en las cuestiones espec�ficas de cada Municipio, toda vez que esto le est� constitucionalmente reservado a �ste.

      Esto es, las bases generales de la administraci�n p�blica municipal no pueden tener una extensi�n tem�tica tal que anule la facultad del Municipio para reglamentar sus cuestiones espec�ficas.

      5) En consecuencia, queda para el �mbito reglamentario, como facultad exclusiva de los Ayuntamientos, lo relativo a polic�a y gobierno, su organizaci�n y funcionamiento interno, lo referente a la administraci�n p�blica municipal, as� como la facultad para emitir normas sustantivas y adjetivas en las materias de su competencia exclusiva, a trav�s de bandos, reglamentos, circulares y dem�s disposiciones de car�cter general, en todo lo que se refiera a las cuestiones espec�ficas de cada Municipio.

      En efecto, la administraci�n p�blica municipal requiere de un marco jur�dico adecuado con la realidad, que si bien debe respetar lineamientos, bases generales o normas esenciales, tambi�n debe tomar en cuenta la variedad de formas que puede adoptar una organizaci�n municipal, atendiendo a las caracter�sticas sociales econ�micas, biogeogr�ficas, poblacionales, urban�sticas, etc�tera, de cada Municipio; de ello se sigue que no es posible establecer una organizaci�n interna �nica y definitiva para los diversos Municipios que integren una entidad federativa. En respeto de esa capacidad de organizaci�n y gobierno, los Municipios cuentan ahora con un �mbito de competencia propia, referido a la regulaci�n de estas cuestiones particulares.

      6) En ese sentido, las leyes estatales en materia municipal derivadas del art�culo 115, fracci�n II, inciso a), de la Constituci�n Federal, esto es, "las bases generales de la administraci�n p�blica municipal", esencialmente comprenden aquellas normas indispensables para el funcionamiento regular del Municipio; del Ayuntamiento como su �rgano de gobierno y de su administraci�n p�blica; las normas relativas al procedimiento administrativo, conforme a los principios que se enuncian en los nuevos incisos incluidos en la reforma, as� como la regulaci�n de los aspectos de las funciones y los servicios p�blicos municipales que requieren uniformidad para efectos de la posible convivencia y orden entre los Municipios de un mismo Estado.

      En atenci�n a todo lo anterior, en el dictamen de la Comisi�n de Gobernaci�n y Puntos Constitucionales de la C�mara de Diputados se dijo expresamente que "Municipios con mayor libertad y autonom�a, ser�n fuentes de creatividad y de nuevas iniciativas; Municipios con mayores responsabilidades p�blicas, ser�n fuentes de mayores gobiernos".

      Por tanto, debe considerarse que las leyes estatales en materia municipal derivadas del art�culo 115, fracci�n II, inciso a), de la Constituci�n Federal, esto es, "las bases generales de la administraci�n p�blica municipal", esencialmente comprenden: lo referente al establecimiento de una serie de normas esenciales relacionadas con la estructura del Ayuntamiento y sus elementos, los derechos y obligaciones de sus habitantes, los aspectos esenciales de funcionamiento de la administraci�n p�blica municipal vinculados con la transparencia en el ejercicio de gobierno, los procedimientos de creaci�n normativa del Ayuntamiento, los aspectos que requieren ser uniformes respecto de las funciones y los servicios p�blicos municipales, etc�tera.

      En consecuencia, de manera enunciativa m�s no limitativa, pueden se�alarse como bases generales de administraci�n p�blica municipal, las siguientes:

  51. La regulaci�n de las funciones esenciales de los �rganos municipales establecidos en la Constituci�n Federal, es decir, del Ayuntamiento, del presidente municipal, de los s�ndicos y de los regidores, en la medida en que no interfieran con las cuestiones espec�ficas de cada Municipio. Lo anterior, sin perjuicio de que cada Ayuntamiento pueda, a trav�s de su facultad reglamentaria, establecer nuevas facultades y funciones a estos �rganos, que le impriman un car�cter individual a cada Municipio.

  52. La regulaci�n de las funciones esenciales de los �rganos municipales cuya existencia es indispensable para el desenvolvimiento regular y transparente de la administraci�n p�blica municipal, esto es, del secretario del Municipio y del �rgano encargado de la tesorer�a municipal.

  53. Las normas que regulen la poblaci�n del Municipio en cuanto a su identidad, pertenencia, derechos y obligaciones b�sicas (por ejemplo: qui�nes tienen la calidad de habitante o residente de un Municipio, c�mo se pierde la residencia, qu� derechos otorga la vecindad, la clasificaci�n de n�cleos de poblaci�n en ciudades, pueblos, villas, comunidades, rancher�as, etc�tera).

  54. La denominaci�n de las autoridades auxiliares del Ayuntamiento.

  55. Las normas relativas a la representaci�n jur�dica de los Ayuntamientos.

  56. Las normas que establezcan la forma de creaci�n de los reglamentos, bandos y dem�s disposiciones generales de orden municipal y su publicidad.

  57. Las normas que establezcan mecanismos para evitar el indebido ejercicio del gobierno por parte de los mun�cipes.

  58. Las normas que regulen la obligaci�n de llevar un inventario de los bienes municipales.

  59. Las normas que establezcan los principios generales en cuanto a la participaci�n ciudadana y vecinal, respetando que corresponde al "Ayuntamiento decidir, a trav�s de disposiciones reglamentarias, formas y procedimientos de participaci�n ciudadana y vecinal", seg�n se aclara en el multirreferido dictamen.

  60. El periodo de duraci�n del Gobierno Municipal y su fecha y formalidades de instalaci�n, as� como las normas que determinan las formalidades de entrega y recepci�n de los Ayuntamientos entrante y saliente.

  61. El r�gimen de licencias, permisos e impedimentos de los funcionarios del Ayuntamiento.

  62. Las formalidades esenciales de acuerdo con las cuales deben llevarse a cabo las sesiones del Cabildo.

  63. La rendici�n de informes peri�dicos por parte de los mun�cipes al Cabildo.

  64. El establecimiento de reglas en materia de formulaci�n del presupuesto de egresos que faciliten la respectiva fiscalizaci�n, o los supuestos relativos a la falta de aprobaci�n por el Ayuntamiento de dicho presupuesto en tiempo.

  65. Sanciones y medidas de seguridad.

  66. Las normas que se refieren al procedimiento administrativo.

  67. Las normas relativas a la transparencia y al acceso a la informaci�n gubernamental.

  68. La regulaci�n de los aspectos de las funciones y los servicios p�blicos municipales que requieren uniformidad, para efectos de la posible convivencia y orden entre los Municipios de un mismo Estado, etc�tera.

    1. Los casos que requieren el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento.

      En el inciso b) de la fracci�n II del art�culo 115 constitucional, se otorgan facultades a la Legislatura Estatal para determinar los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento.

      Dicha fracci�n se refiere, en primer lugar, al establecimiento de una votaci�n calificada de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal. Esta porci�n normativa, debe interpretarse en el sentido de que la legislatura tiene la facultad discrecional para establecer todos aquellos casos relativos al patrimonio inmobiliario municipal, en los que se requiera ese elevado qu�rum de votaci�n. Esta facultad discrecional deber� ejercitarse tomando como base un criterio de importancia y trascendencia en relaci�n con la afectaci�n que podr�a sufrir el patrimonio inmobiliario municipal y que, por tanto, justifique la existencia de una votaci�n calificada.

      Lo anterior no implica que las Legislaturas Estatales o cualquier otro ente ajeno al Ayuntamiento se conviertan en instancias de decisi�n directa e inmediata respecto de los bienes inmuebles del Municipio, como lo ha interpretado ya este Alto Tribunal en la tesis P./J. 36/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., agosto de 2003, p�gina 1251, que a la letra indica:

      BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO. CUALQUIER NORMA QUE SUJETE A LA APROBACI�N DE LA LEGISLATURA LOCAL SU DISPOSICI�N, DEBE DECLARARSE INCONSTITUCIONAL (INTERPRETACI�N DEL ART�CULO 115, F.I., INCISO B), DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL, ADICIONADO POR REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACI�N EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999). El desarrollo legislativo e hist�rico del art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, revela que el Municipio Libre es la base sobre la que se construye la sociedad nacional, como lo demuestran los diversos documentos que integran los procesos legislativos de sus reformas, tales como la municipal de 1983, la judicial de 1994 y la municipal de 1999, siendo esta �ltima donde destaca la voluntad del �rgano Reformador en pro de la consolidaci�n de su autonom�a, pues lo libera de algunas injerencias de los Gobiernos Estatales y lo configura expresamente como un tercer nivel de gobierno, m�s que como una entidad de �ndole administrativa, con un �mbito de gobierno y competencias propias y exclusivas, todo lo cual conlleva a determinar que la interpretaci�n del texto actual del art�culo 115 debe hacer palpable y posible el fortalecimiento municipal, para as� dar eficacia material y formal al Municipio Libre, sin que esto signifique que se ignoren aquellas injerencias leg�timas y expresamente constitucionales que conserven los Ejecutivos o las Legislaturas Estatales. Atento lo anterior, el texto adicionado del inciso b) de la fracci�n II del art�culo 115 constitucional debe interpretarse desde una �ptica restrictiva en el sentido de que s�lo sean esas las injerencias admisibles de la Legislatura Local en la actividad municipal, pues as� se permite materializar el principio de autonom�a y no tornar nugatorio el ejercicio legislativo realizado por el Constituyente Permanente, sino m�s bien consolidarlo, lo que significa que el inciso citado s�lo autoriza a las Legislaturas Locales a que se�alen cu�les ser�n los supuestos en que los actos relativos al patrimonio inmobiliario municipal requerir�n de un acuerdo de mayor�a calificada de los propios integrantes del Ayuntamiento, mas no las autoriza para erigirse en una instancia m�s exigible e indispensable para la realizaci�n o validez jur�dica de dichos actos de disposici�n o administraci�n, lo cual atenta contra el esp�ritu de la reforma constitucional y los fines perseguidos por �sta; de ah� que cualquier norma que sujete a la aprobaci�n de la Legislatura Local la disposici�n de los bienes inmuebles de los Municipios, al no encontrarse prevista esa facultad en la fracci�n citada, debe declararse inconstitucional."

      En un segundo plano, la fracci�n en comento se refiere a los casos en los que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento.

      A su vez, en el inciso d) de la propia fracci�n II, se establece como imperativo esa misma mayor�a calificada para que el Ayuntamiento pueda solicitar al Gobierno Estatal que este �ltimo asuma una funci�n o servicio municipal. Sobre el contenido y alcances de este inciso se abundar� m�s adelante.

      Por �ltimo, resulta pertinente se�alar que del contenido del art�culo 115 de la Constituci�n Federal, en el cual se contienen atribuciones expresas de las Legislaturas de los Estados para regir la vida municipal, en relaci�n con el art�culo 124 de la Carta Magna, que establece las facultades que de manera residual corresponden a las entidades federativas, se concluye que no existe prohibici�n alguna para que los Congresos Locales puedan determinar casos distintos a los se�alados en la fracci�n II, incisos b) y d), del art�culo 115, que se analiza, en los que se requiera que las decisiones de los Ayuntamientos se adopten por una mayor�a de las dos terceras partes de sus integrantes.

    2. Las normas de aplicaci�n general para celebrar convenios sobre la prestaci�n de servicios p�blicos y la administraci�n de contribuciones.

      En el inciso c) de la fracci�n II del art�culo 115 de la Constituci�n Federal, se le otorgan facultades a las legislaturas para expedir las normas relativas a la celebraci�n de los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de este art�culo, como el segundo p�rrafo de la fracci�n VII del art�culo 116 de la misma Norma Fundamental:

      Art�culo 115.

      ...

      El objeto de las leyes a que se refiere el p�rrafo anterior ser� establecer:

      ...

  69. Las normas de aplicaci�n general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de este art�culo, como el segundo p�rrafo de la fracci�n VII del art�culo 116 de esta Constituci�n."

    Para interpretar el contenido de la fracci�n en estudio se debe atender al texto de las porciones normativas a las que este inciso alude:

    Art�culo 115. ...

    III. Los Municipios tendr�n a su cargo las funciones y servicios p�blicos siguientes:

    ...

    Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podr�n coordinarse y asociarse para la m�s eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y trat�ndose de la asociaci�n de Municipios de dos o m�s Estados, deber�n contar con la aprobaci�n de las Legislaturas de los Estados respectivas. As� mismo cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste, de manera directa o a trav�s del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio;

    ...

    IV. Los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

  70. Percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

    Los Municipios podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administraci�n de esas contribuciones."

    Art�culo 116. El poder p�blico de los Estados se dividir�, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

    Los Poderes de los Estados se organizar�n conforme a la Constituci�n de cada uno de ellos, con sujeci�n a las siguientes normas:

    ...

    VII. La Federaci�n y los Estados, en los t�rminos de ley, podr�n convenir la asunci�n por parte de �stos del ejercicio de sus funciones, la ejecuci�n y operaci�n de obras y la prestaci�n de servicios p�blicos, cuando el desarrollo econ�mico y social lo haga necesario.

    Los Estados estar�n facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto de que �stos asuman la prestaci�n de los servicios o la atenci�n de las funciones a las que se refiere el p�rrafo anterior."

    De lo anterior se infiere que en t�rminos del referido inciso c) de la fracci�n II del art�culo 115 de la Constituci�n Federal, las leyes municipales contendr�n las normas de car�cter general para celebrar los convenios: 1) De coordinaci�n o asociaci�n entre Municipios para la prestaci�n conjunta de los servicios p�blicos que les correspondan, destacando que el texto constitucional permite la asociaci�n de Municipios de diversos Estados; 2) Entre la entidad federativa y sus Municipios, para que aqu�lla se haga cargo de alguna de las funciones realizadas con la administraci�n de las contribuciones derivadas de la propiedad inmobiliaria; y, 3) Entre la entidad federativa y sus Municipios, a efecto de que la primera asuma la prestaci�n de los servicios, o bien, alguna de las funciones, ejecuci�n y prestaci�n de obras cuando el desarrollo econ�mico y social lo hagan necesario.

    En atenci�n a que la reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve elimin� la concurrencia de la prestaci�n de servicios p�blicos entre el Estado y sus Municipios para sustituirla por una f�rmula de exclusividad de competencia en favor del Municipio consagrada en la fracci�n III del art�culo 115 de la Constituci�n Federal, y del mismo modo fortaleci� el �mbito hacendario del Municipio al darle mayores atribuciones respecto de las contribuciones relacionadas con la propiedad inmobiliaria, el nuevo texto constitucional prev� la posibilidad de la celebraci�n de convenios entre dichos entes, dejando a la legislatura la regulaci�n de las bases sobre las cuales se celebrar�n tales convenios.

    1. El procedimiento y condiciones para que el Gobierno Estatal asuma una funci�n o servicio municipal cuando no exista convenio.

    El inciso d) de la fracci�n II del art�culo 115 del texto constitucional dispone lo siguiente:

    II. ...

    El objeto de las leyes a que se refiere el p�rrafo anterior ser� establecer:

    ...

  71. El procedimiento y condiciones para que el Gobierno Estatal asuma una funci�n o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la Legislatura Estatal considere que el Municipio de que se trate est� imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, ser� necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes."

    Para llegar a la correcta interpretaci�n del precepto transcrito es menester acudir, de nueva cuenta, al dictamen de la Comisi�n de Gobernaci�n y Puntos Constitucionales de la C�mara de Diputados, en espec�fico en lo referente a la reforma de la fracci�n III del art�culo 115 de la Constituci�n Federal:

    4.3 Una de las reformas m�s importantes que se introducen en el presente decreto es, sin duda, la referente a la fracci�n III que contiene un cat�logo de competencias exclusivas.

    Este aspecto, est� planteado en las iniciativas en estudio, por lo cual, la comisi�n que suscribe estima procedente eliminar el concurso de los Estados en las funciones y servicios establecidos en la nueva fracci�n III, para que queden con dicho doble car�cter (funci�n y servicio p�blico), las materias descritas en los incisos correspondientes en calidad de competencias municipales exclusivas, sin perjuicio del mecanismo de transferencia previsto en los incisos c) y d) de la ya explicada nueva fracci�n II.

    ...

    De todo lo anterior, se debe concluir que se trata de funciones y servicios del �mbito municipal, para que se ejerzan o se presten exclusivamente por su �rgano de gobierno: el Ayuntamiento y la administraci�n p�blica municipal que le deriva."

    Asimismo, por cuanto se refiere al contenido de la fracci�n II, inciso d), del art�culo 115, objeto de la interpretaci�n, se se�al�:

    4.2.4 En el inciso d), se prev� que la ley estatal contemple, con base en el �mbito de competencia exclusiva municipal, el procedimiento y las condiciones para que el Ayuntamiento transfiera la prestaci�n de un servicio p�blico o el ejercicio de una funci�n a su cargo, en favor del Estado. Ello mediante la solicitud del Ayuntamiento a la legislatura, cuando no haya convenio con el Gobierno Estatal de que se trate."

    De la lectura de los antecedentes legislativos transcritos, deriva que para salvaguardar el �mbito competencial del Municipio y hacer posible la transferencia al Estado de la prestaci�n de un servicio p�blico o el ejercicio de una funci�n p�blica municipal, es indispensable que exista una solicitud previa del Ayuntamiento involucrado, aprobada por lo menos por la mayor�a calificada de las dos terceras partes de sus miembros.

    En esta tesitura, el precepto en estudio debe interpretarse en el sentido de que cuando no exista convenio entre un Estado y sus Municipios en relaci�n con la prestaci�n de funciones o servicios p�blicos, el Ayuntamiento, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podr� solicitar a la legislatura que el Gobierno Estatal asuma la funci�n o servicio p�blico de que se trate, quedando para la legislatura la emisi�n de normas que regulen los t�rminos de la asunci�n de �stos por parte del Gobierno del Estado, as� como el dictamen correspondiente que califique la imposibilidad del ejercicio de la funci�n o de la prestaci�n del servicio por el Ayuntamiento, sin que haya lugar a interpretar que la legislatura puede determinar oficiosamente tal circunstancia de manera unilateral, pues la solicitud respectiva es un derecho exclusivo del Ayuntamiento.

    1. Las normas aplicables a falta de reglamentaci�n municipal.

    Por �ltimo, el inciso e) de la fracci�n II del art�culo 115 del texto constitucional, establece lo siguiente:

    II. ...

    El objeto de las leyes a que se refiere el p�rrafo anterior ser� establecer:

    ...

  72. Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes."

    Como se dijo con anterioridad, el dictamen de la Comisi�n de Gobernaci�n y Puntos Constitucionales, expresamente se�ala lo siguiente:

    4.2.5 En el inciso e), se establece que las Legislaturas Estatales expedir�n las normas aplicables a los Municipios que no cuenten con los reglamentos correspondientes. Es decir, la norma que emita el Legislativo para suplir en estos casos, la falta de reglamentos b�sicos y esenciales de los Municipios, ser� de aplicaci�n temporal en tanto el Municipio de que se trate, emita sus propios reglamentos."

    De ello se sigue que si bien en este inciso se otorga a la legislatura una facultad muy amplia para emitir todo tipo de normas relativas al funcionamiento municipal, lo cierto es que la aplicaci�n de estas normas ser� �nicamente supletoria en los Municipios que no cuenten con la reglamentaci�n correspondiente, raz�n por la cual, como lo expresa el dictamen, su aplicaci�n ser� temporal, esto es, en tanto el Municipio expida las disposiciones relativas.

    En otras palabras, el Municipio puede reivindicar para s� la facultad de regular en aquellas materias en las que ya lo hizo el Estado de manera subsidiaria, y cuando esto acontezca deber� inaplicarse inmediatamente la normativa estatal.

    En este sentido, como qued� se�alado con antelaci�n, la reforma de mil novecientos noventa y nueve ampli� la facultad reglamentaria de los Ayuntamientos, para el efecto de que en comuni�n con las bases generales establecidas por el Estado, emitan su propia normatividad de acuerdo con su realidad, necesidades, proyectos y objetivos.

    Ante la asimetr�a de los Ayuntamientos que forman nuestro pa�s, el �rgano Reformador previ� la posibilidad de que algunos de ellos no contaran con la infraestructura suficiente para emitir, de manera inmediata, los reglamentos respectivos, raz�n por la cual cre� esta disposici�n que establece la posibilidad de que los Ayuntamientos fundamenten su actuaci�n en la legislaci�n estatal hasta en tanto emitan sus normas reglamentarias. De esta forma se evitan lagunas normativas en el �mbito de Gobierno Municipal, pues la legislaci�n emitida con detalle por las Legislaturas Estatales, en virtud de esta autorizaci�n constitucional, impedir� la paralizaci�n de funciones de los Ayuntamientos peque�os o insuficientemente regulados, que podr�a ocurrir ante la ausencia de un marco normativo debido a la exigencia del principio de juridicidad, conforme al cual, los actos de autoridad deben encontrar su fundamento en una norma jur�dica.

    Ciertamente, el �rgano Reformador previ� que la mera ampliaci�n de atribuciones a nivel constitucional, no era suficiente para cambiar la realidad hist�rica del Ayuntamiento y de su esfera restringida de actuaci�n o para acortar por s� las profundas desigualdades que existen entre los distintos Municipios que integran el pa�s, por lo cual cre� la obligaci�n de que las legislaturas emitan este tipo de normas de car�cter temporal.

    A la luz de la norma en estudio, se justifica que las legislaturas expidan disposiciones que rijan detalladamente la vida municipal, siempre y cuando tengan un car�cter supletorio y temporal, cuya vigencia estar� supeditada a la emisi�n de las normas reglamentarias que emita el Ayuntamiento.

    En este tenor, resulta indispensable se�alar que es pr�cticamente imposible que la Legislatura Estatal pueda emitir normas espec�ficas para cada uno de los Municipios que lo integran, raz�n por la cual ser� un marco normativo gen�rico que regular� tanto a los Municipios con un elevado nivel de desarrollo, como a los que no lo tienen.

    Lo anterior conllevar� que en la norma local se regulen cuestiones que no sean aplicables a todos los Municipios, por contar �stos con distintas necesidades y realidades sociales. As�, se regular�n �rganos cuya existencia se justifique y cuyo funcionamiento se pueda sufragar en un Municipio desarrollado o de alta concentraci�n demogr�fica, pero que en otro tipo de Municipios sean figuras innecesarias o inviables dadas las limitaciones financieras del Municipio o su realidad social, biogeogr�fica, demogr�fica o cultural; o bien, por lo que respecta a la elegibilidad de algunas autoridades, habr� cargos para los que en algunos Municipios la ley contemple requisitos que sean imposibles de cumplir, dado el rezago educacional que ah� se presente, en tanto que en otros Municipios no existir� este problema.

    En esta tesitura, y atendiendo al principio de fortalecimiento municipal, esta Suprema Corte considera que este tipo de normas constituye un marco normativo auxiliar del cual podr� ir haciendo uso cada Ayuntamiento, en la medida en que sea necesario para cumplir con sus atribuciones constitucionales y carezca del reglamento respectivo, raz�n por la cual deber� existir una flexibilidad en su aplicaci�n que depender� de las necesidades de cada Municipio y de las decisiones que, como su �rgano de gobierno, tome el Ayuntamiento.

    De lo expuesto se puede concluir que este tipo de leyes en materia municipal tiene una vertiente instrumental, cuyo objetivo es evitar un vac�o de legalidad ante la ausencia de la norma reglamentaria respectiva, permitiendo que el Ayuntamiento aplique de manera supletoria la legislaci�n local de acuerdo con su propia realidad.

    Asimismo, se debe se�alar que en la medida en que el Ayuntamiento decida realizar determinados actos o instituir alguna figura jur�dica y no cuente con el reglamento correspondiente, o bien, su regulaci�n sea deficiente, podr� acudir a la legislaci�n estatal respectiva, pues el objetivo de �sta es que el Ayuntamiento pueda cumplir con sus funciones y no quede paralizado.

    Por otro lado, tambi�n debe quedar sentado que en ejercicio de su libertad de auto-organizaci�n, el Ayuntamiento puede decidir que no necesita de una determinada figura jur�dica, situaci�n en la cual la legislaci�n supletoria que verse sobre dicha figura no tendr� el car�cter de obligatoria para ese Municipio.

    Lo anterior de ninguna manera significa que el Municipio pueda dictar actos que no tengan fundamento jur�dico, pues todos sus actos deben descansar en una norma jur�dica, en atenci�n al principio de legalidad tutelado en los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n Federal.

    Como corolario, es posible sostener que la fracci�n II del art�culo 115 constitucional otorga a las Legislaturas Estatales dos atribuciones en materia municipal que conviene resaltar en este apartado: La primera es que emitan las bases generales sobre el Gobierno Municipal y sus atribuciones; es decir, que las legislaturas emitan la ley marco en materia municipal, que establezca los lineamientos esenciales de los cuales no se puede apartar la actuaci�n del Municipio. La segunda consiste en que las legislaturas emitan disposiciones de detalle sobre esas mismas materias municipales, aplicables solamente en aquellos Municipios que no cuenten con la reglamentaci�n correspondiente, con la caracter�stica antes precisada de que en el momento en que el Municipio emita sus propios reglamentos quedar� desvinculado autom�ticamente de la ley.

    Ahora bien, este Alto Tribunal considera que la localizaci�n f�sica de estas �ltimas normas dentro de los diferentes cuerpos legislativos locales, constituye como tal un problema de t�cnica legislativa que las Legislaturas Estatales podr�an resolver de diferentes maneras: Podr�an emitir, por ejemplo, una ley marco que contuviera las disposiciones de las cuales no podr�a apartarse el Municipio, por haberlas emitido el Estado en ejercicio de las atribuciones que la propia Constituci�n Federal le confiere en materia municipal y, por separado, una ley complementaria aplicable solamente en aquellos Municipios que carezcan de disposiciones municipales. Esto dar�a lugar a la existencia de dos cuerpos normativos separados que permitir�an ubicar con mayor precisi�n a los dos tipos de normas a que se ha venido haciendo referencia.

    Otra opci�n ser�a que el Congreso Estatal emitiera una sola Ley Org�nica Municipal, en la que precisara cu�les son las normas que constituyen la ley marco y cu�les son aplicables supletoriamente por los Municipios que no tengan su reglamentaci�n espec�fica.

    Una tercera opci�n podr�a ser que el Congreso Estatal emitiera una sola ley marco y, por separado, diversas disposiciones aplicables de manera supletoria a los Municipios, las cuales, a su vez, se encontrar�an agrupadas por categor�as de Municipios, bas�ndose en el n�mero de habitantes de cada uno de ellos, su crecimiento econ�mico, caracter�sticas territoriales o en cualquier otra circunstancia que la legislatura estimara pertinente.

    Lo anterior demuestra la existencia de una variedad de posibilidades para que la legislatura elija libremente la t�cnica legislativa m�s adecuada para ejercer sus facultades constitucionales en esta materia. Sin embargo, esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n estima que independientemente de la t�cnica que adopte la legislatura para regular la vida municipal, lo importante es que el legislador estatal distinga claramente las normas que considera obligatorias para el Municipio, en tanto que con ellas procura homogeneizar a los Municipios del Estado, de aquellas que s�lo son aplicables de manera supletoria.

    Habiendo quedado expuesto el tema relativo a las leyes locales, corresponde ocuparse ahora de los reglamentos municipales, como parte del orden jur�dico municipal esquematizado en el cuadro sin�ptico plasmado en este considerando.

    Reglamentos municipales.

    Hist�ricamente, a los cuerpos normativos que emanaban de los Ayuntamientos, para distinguirlos de las leyes que proven�an de las Cortes, se les denomin� ordenanzas u ordenanzas municipales. Ante la carencia de �rganos informativos regulares, durante mucho tiempo dichos ordenamientos se dieron a conocer a los interesados a grito vivo, d�ndoles lectura en lugares estrat�gicos y concurridos de las poblaciones mediante bandos solemnes u ordinarios (del verbo "bandir", que a su vez se origina del vocablo visigodo bandwjan, que significa pregonar o hacer p�blico algo). Con el transcurso de los a�os y la repetici�n de los actos, el nombre del instrumento se utiliz� como sin�nimo de la materia. Por eso, en la actualidad a esos complejos normativos se les denomina gen�ricamente bandos.

    Ahora bien, el art�culo 115, fracci�n II, de la Constituci�n Federal, no s�lo faculta a los Municipios a expedir bandos, sino tambi�n reglamentos, circulares y disposiciones de observancia general que tienen las siguientes caracter�sticas:

  73. Se trata de verdaderos ordenamientos normativos, esto es, tienen la caracter�stica de estar compuestos por normas generales, abstractas e impersonales.

  74. Normalmente no se trata de ordenamientos r�gidos, toda vez que pueden ser modificados o derogados por el propio Ayuntamiento que los expidi�, sin m�s formalidades que las que se hayan seguido para su emisi�n.

    No obstante lo anterior, los Ayuntamientos, en ejercicio de su facultad regulatoria, deben respetar ciertos imperativos, a saber:

    1) Los bandos y reglamentos no pueden estar en oposici�n a la Constituci�n General ni a las de los Estados, as� como tampoco a las leyes federales o locales; y,

    2) Deben versar sobre materias, funciones o servicios que le correspondan constitucional o legalmente a los Municipios.

    Como ha quedado se�alado con anterioridad, es necesario recordar que desde mil novecientos ochenta y tres se hab�a reconocido constitucionalmente al Municipio una facultad reglamentaria; sin embargo, su ejercicio se supeditaba a desarrollar las bases normativas que deb�an establecer las Legislaturas de los Estados, sin que los Municipios pudieran emitir reglamentos susceptibles de ajustarse a sus respectivas particularidades, pues s�lo actuaban como reglamentos para detallar la ley. La reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve, ampli� la esfera de competencia del Municipio en lo referente a su facultad reglamentaria en los temas a que se refiere el p�rrafo segundo de la fracci�n II del art�culo 115 de la Constituci�n Federal, esto es, "bandos de polic�a y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci�n p�blica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia y aseguren la participaci�n ciudadana y vecinal".

    Bajo este tenor, se advierte que los Ayuntamientos pueden expedir dos tipos de normas reglamentarias:

  75. El reglamento tradicional de detalle de las normas, que funciona de manera similar a los reglamentos derivados de la fracci�n I del art�culo 89 de la Constituci�n Federal y de los expedidos por los gobernadores de los Estados, en los cuales la extensi�n normativa y su capacidad de innovaci�n se encuentra limitada, puesto que el principio de subordinaci�n jer�rquica exige que el reglamento est� precedido por una ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente o pormenorice y en las que encuentre su justificaci�n y medida.

    Entre estos reglamentos encontrar�amos, por ejemplo, aquellos que versando sobre materias distintas a la fracci�n II del art�culo 115 de la Constituci�n Federal, tienen el fundamento de su existencia bien sea en disposici�n constitucional o en habilitaci�n realizada por el legislador federal o local en favor del reglamento municipal.

    Esto se ve muy claramente en las materias concurrentes. As�, por ejemplo, en la materia de protecci�n al ambiente y preservaci�n y restauraci�n del equilibrio ecol�gico, regulada tanto en la fracci�n XXIX-G del art�culo 73, como en la fracci�n V del art�culo 115 de la Constituci�n Federal, as� como por la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, que en su art�culo 10 dispone:

    Art�culo 10. Los Congresos de los Estados, con arreglo a sus respectivas Constituciones y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, expedir�n las disposiciones legales que sean necesarias para regular las materias de su competencia previstas en esta ley. Los Ayuntamientos, por su parte, dictar�n los bandos de polic�a y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas que correspondan, para que en sus respectivas circunscripciones, se cumplan las previsiones del presente ordenamiento.

    En el ejercicio de sus atribuciones, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, observar�n las disposiciones de esta ley y las que de ella se deriven."

    De lo anterior se infiere que en este caso la facultad reglamentaria es de detalle y se encuentra completamente subordinada a las disposiciones tanto de la ley marco, como de las leyes locales.

    De manera similar ocurre en la materia de asentamientos humanos regulada tanto en la fracci�n XXIX-C del art�culo 73, como en la fracci�n V del art�culo 115 de la Constituci�n Federal, as� como por la Ley General de Asentamientos Humanos, que en su art�culo 8o., fracci�n I, faculta a las entidades federativas para legislar en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de poblaci�n. As�, el Municipio con fundamento en la ley marco y en la local, emitir� los reglamentos que permitan implementar las medidas tendentes a desarrollar la ley en los aspectos relativos a su jurisdicci�n, as� como las facultades expresamente conferidas en la fracci�n V del art�culo 115 constitucional.

    Tambi�n se puede expedir este tipo de reglamento en las cuestiones relativas al patrimonio, pues el primer p�rrafo de la fracci�n II remite a la ley en dicho aspecto, como se ve a continuaci�n:

    Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

    ...

    II. Los Municipios estar�n investidos de personalidad jur�dica y manejar�n su patrimonio conforme a la ley."

    De lo anterior se infiere que las legislaturas regular�n la cuesti�n patrimonial del Municipio; sin embargo, �ste podr� emitir los reglamentos de detalle de dicha ley para el manejo de su patrimonio.

    Por �ltimo, tambi�n podemos mencionar a los reglamentos de las condiciones generales de trabajo que detallan lo relativo a los derechos laborales consignados en el art�culo 123 de la Constituci�n Federal y la respectiva ley burocr�tica estatal.

  76. Los reglamentos derivados de la fracci�n II del art�culo 115 constitucional, esto es, "bandos de polic�a y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci�n p�blica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia y aseguren la participaci�n ciudadana y vecinal", que tienen una mayor extensi�n normativa y en donde los Municipios pueden regular m�s ampliamente aquellos aspectos espec�ficos de la vida municipal en el �mbito de sus competencias.

    Es importante destacar, nuevamente, que si bien esta nueva categor�a de reglamentos municipales tiene un contenido material propio, el mismo no puede contradecir a la Constituci�n Federal ni a las de los Estados, as� como tampoco a las leyes federales o locales.

    Tambi�n resulta pertinente recapitular que dentro de las leyes locales que deben ser respetadas se encuentran las leyes en materia municipal a que se refiere la fracci�n II del art�culo 115 constitucional, que tienen por objeto la fijaci�n de ciertos lineamientos o bases generales que establezcan un marco normativo homog�neo a los Municipios de un Estado, el cual debe entenderse como el caudal normativo indispensable que asegure el funcionamiento del Municipio, pero �nicamente en los aspectos que requieran dicha uniformidad.

    A su vez, las normas reglamentarias derivadas de la fracci�n II, segundo p�rrafo, del art�culo 115 constitucional, tienen la caracter�stica de la expansi�n normativa, es decir, permiten a cada Municipio adoptar una variedad de formas adecuadas para regular su vida interna, tanto en lo referente a su organizaci�n administrativa y sus competencias constitucionales exclusivas, como en la relaci�n con sus gobernados, atendiendo a las caracter�sticas sociales, econ�micas, biogeogr�ficas, poblacionales, culturales urban�sticas, etc�tera.

    Como se dijo con anterioridad, los Municipios deben ser iguales en lo que es consustancial a todos, lo cual se logra con la emisi�n de las bases generales que emite la Legislatura del Estado, pero tienen el derecho derivado de la Constituci�n Federal de ser distintos en lo que es propio de cada uno de ellos, lo cual se consigue a trav�s de la facultad normativa exclusiva que les confiere la multicitada fracci�n II del art�culo 115.

    Por �ltimo, resulta importante destacar que el ejercicio de la facultad reglamentaria del Municipio no es obligatoria, mientras que la Constituci�n Federal, dentro del concepto de leyes en materia municipal, ha contemplado como obligaci�n para las legislaturas la expedici�n de normas detalladas que act�en de manera supletoria y temporal en aquellos Municipios que no cuenten con estos ordenamientos.

    Ejemplificaremos ahora algunos de los tipos de reglamentos que se pueden emitir con fundamento en esta fracci�n.

    El reglamento interior se encarga de la composici�n y estructura del Ayuntamiento, as� como de las atribuciones y deberes de cada uno de sus miembros. Los principales aspectos que puede contemplar en este reglamento son: residencia e instalaci�n del Ayuntamiento; derechos y obligaciones de sus integrantes; sesiones de Cabildo; comisiones; votaciones para los acuerdos y para su revocaci�n; funcionarios esenciales de la administraci�n p�blica municipal; licencias y permisos de los servidores de la administraci�n p�blica, etc�tera.

    Para que la administraci�n municipal trabaje de manera adecuada es preciso que se expidan reglamentos que detallen la estructura administrativa, estableciendo sus �rganos y dependencias, as� como la administraci�n p�blica centralizada y paramunicipal, las bases para manejar sus recursos y su personal, as� como un sistema que controle y eval�e sus actividades. Para estos prop�sitos pueden expedirse los siguientes ordenamientos: el reglamento interno de la administraci�n, en el cual se detallan los �rganos que conforman la administraci�n, sus funciones y responsabilidades, y el reglamento de control de gesti�n que permite supervisar, evaluar y controlar las actividades de las dependencias municipales, as� como normar la contralor�a.

    Los reglamentos de servicios p�blicos, por otro lado, regular�n las actividades municipales que constitucionalmente se han declarado como tales, o bien, de los servicios que transfiera al Municipio el legislador local. Entre los reglamentos que normalmente se expiden para los servicios p�blicos est�n los de mercados, limpia, alumbrado p�blico, rastros, panteones, parques y jardines, agua potable y alcantarillado. En este tipo de reglamentos se establece tambi�n cu�l es la forma en que se puede prestar el servicio p�blico correspondiente, sea de manera directa, en colaboraci�n o concesionado a particulares.

    Asimismo, tambi�n existen los reglamentos relativos a las funciones p�blicas, como son el de seguridad p�blica, el cual deber� respetar los lineamientos del sistema de seguridad p�blica, polic�a preventiva, tr�nsito y protecci�n civil.

    Es importante reiterar que si bien el Estado podr� regular aquellos aspectos que sean esenciales sobre el ejercicio de las funciones y la prestaci�n de los servicios p�blicos municipales en la medida en que ello requiera de una regulaci�n homog�nea, corresponder� sin embargo al Municipio emitir las normas relativas a su �mbito de actuaci�n, como son las relativas a la organizaci�n y prestaci�n del servicio. As� lo ha interpretado el Pleno de este Alto Tribunal en la tesis P./J. 137/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XV, enero de 2002, p�gina 1044, que a la letra indica:

    TR�NSITO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA EXPEDICI�N DE LA LEY RELATIVA POR LA LEGISLATURA ESTATAL NO QUEBRANTA EL ART�CULO 115, FRACCIONES II Y III, INCISO H), DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI INVADE LA ESFERA COMPETENCIAL DEL MUNICIPIO DE JU�REZ. Si bien el art�culo 115, fracci�n III, inciso h), constitucional reserva al tr�nsito como una de las funciones y servicios p�blicos a cargo de los Municipios, ello no significa que las Legislaturas de los Estados est�n impedidas para legislar en esa materia, porque tienen facultades para legislar en materia de v�as de comunicaci�n, lo que comprende al tr�nsito y, conforme al sistema de distribuci�n de competencias establecido en nuestra Constituci�n Federal, tal servicio debe ser regulado en los tres niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal. La interpretaci�n congruente y relacionada del art�culo 115, fracciones II, segundo p�rrafo, y III, pen�ltimo p�rrafo, que establecen las facultades de los Ayuntamientos para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deber�n expedir las legislaturas, los bandos de polic�a y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas dentro de sus respectivas jurisdicciones y la sujeci�n de los Municipios en el desempe�o de las funciones y la prestaci�n de los servicios p�blicos a su cargo conforme a lo dispuesto por las leyes federales y estatales, junto con la voluntad del �rgano Reformador de la Constituci�n Federal manifestada en los dict�menes de las C�maras de Origen y Revisora del proyecto de reformas del a�o de 1999 a dicho dispositivo, permiten concluir que corresponder� a las Legislaturas Estatales emitir las normas que regulen la prestaci�n del servicio de tr�nsito para darle uniformidad en todo el Estado mediante el establecimiento de un marco normativo homog�neo (lo que implica el registro y control de veh�culos, la autorizaci�n de su circulaci�n, la emisi�n de las placas correspondientes, la emisi�n de las calcoman�as y hologramas de identificaci�n vehicular, la expedici�n de licencias de conducir, as� como la normativa general a que deben sujetarse los conductores y peatones, las conductas que constituir�n infracciones, las sanciones aplicables, etc�tera), y a los Municipios, en sus respectivos �mbitos de jurisdicci�n, la emisi�n de las normas relativas a la administraci�n, organizaci�n, planeaci�n y operaci�n del servicio a fin de que �ste se preste de manera continua, uniforme, permanente y regular (como lo son las normas relativas al sentido de circulaci�n en las avenidas y calles, a las se�ales y dispositivos para el control de tr�nsito, a la seguridad vial, al horario para la prestaci�n de los servicios administrativos y a la distribuci�n de facultades entre las diversas autoridades de tr�nsito municipales, entre otras). Atento a lo anterior, la Ley de Tr�nsito del Estado de Chihuahua no quebranta el art�culo 115, fracciones II y III, inciso h), de la Constituci�n Federal, ni invade la esfera competencial del Municipio de Ju�rez, pues fue expedida por el Congreso del Estado en uso de sus facultades legislativas en la materia y en las disposiciones que comprende no se consignan normas cuya emisi�n corresponde a los Municipios, sino que claramente se precisa en su art�culo 5o. que la prestaci�n del servicio p�blico de tr�nsito estar� a cargo de los Municipios; en su numeral 7o. que la aplicaci�n de la ley corresponder� a las autoridades estatales y municipales en sus respectivas �reas de competencia y en el art�culo cuarto transitorio que los Municipios deber�n expedir sus respectivos reglamentos en materia de tr�nsito."

    Por �ltimo, hay que subrayar que los particulares efect�an muchas actividades que el Municipio no puede ignorar, por lo que de conformidad con las leyes federales o locales existentes sobre cada materia espec�fica, debe encauzarlas jur�dicamente de manera apropiada por ser un �rgano de gobierno electo democr�ticamente, a fin de que exista orden y gobernabilidad en el �mbito del Municipio.

    Por ello, ser� habitual el establecimiento de derechos y obligaciones de los particulares en diferentes reglamentos y bandos de polic�a y gobierno en materias como: justicia c�vica municipal, diversiones y espect�culos p�blicos; anuncios y letreros; bebidas alcoh�licas, cantinas, bares y dep�sitos de cerveza; aparatos electromec�nicos y sonoros; expendios de carne y aves; premio al m�rito civil en el Municipio; establecimiento, operaci�n y funcionamiento de establos; mediaci�n; establecimientos mercantiles, industriales y de servicios; protecci�n de animales; control de la fauna canina y felina; informadores de los servicios de hospedaje; comercio en la v�a p�blica; para la apertura y funcionamiento de molinos de nixtamal y tortiller�as; de bomberos; promoci�n a la cultura; patronato para las ferias municipales; estacionamientos; espect�culos taurinos; vecindades; box y lucha; promoci�n a la vivienda; participaci�n ciudadana; zonas peatonales; cr�nica municipal; de espacios recreativos; m�sicos; jaripeos; juegos de video, futbolitos y similares; otorgamiento de becas econ�micas; control de la prostituci�n y actividades de alto riesgo para la propagaci�n de enfermedades de transmisi�n sexual; funcionamiento de ambulancias; etc�tera.

    En el texto del precepto constitucional cuyos rasgos principales hemos venido desarrollando se hace tambi�n alusi�n a las circulares y disposiciones administrativas de observancia general que pueden expedir los Ayuntamientos.

    En las circulares se contienen normalmente instrucciones o reglas dirigidas por los �rganos superiores a los inferiores para especificar interpretaciones de normas, decisiones o procedimientos. Las circulares pueden ser internas, si �nicamente se refieren a asuntos de la competencia interna de las unidades administrativas, o externas, si van dirigidas a los particulares.

    Las circulares y las disposiciones generales a que alude la norma constitucional sirven a los Municipios para llevar en detalle y a la pr�ctica las disposiciones generales de los reglamentos. De este modo pueden se�alarse en ellas, por ejemplo, los d�as del a�o que tienen el car�cter de feriados para el comercio establecido, los horarios en que normalmente funcionar�n determinados servicios p�blicos o los lugares en que �stos se prestar�n, las horas l�mite en que pueden realizar sus actividades ciertos expendios o funcionar determinados negocios, etc�tera.

    A la luz del marco jur�dico descrito con anterioridad, a continuaci�n se procede al an�lisis de los conceptos de invalidez espec�ficos.

OCTAVO

Previamente al examen de constitucionalidad, resulta necesario analizar una de las instituciones procesales del juicio de controversia constitucional, a saber, la suplencia de la deficiencia de la demanda, prevista en el art�culo 40 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Federal.

Lo anterior es as�, porque en el asunto a estudio el Municipio actor se�al� como acto impugnado a la Ley Org�nica Municipal del Estado de H., seg�n se advierte de la transcripci�n de la demanda que obra a foja dos de esta ejecutoria, sin embargo, s�lo formul� conceptos de invalidez en relaci�n con preceptos muy espec�ficos de la misma ley.

En efecto, aun cuando es cierto que el Municipio actor en la presente controversia constitucional se�al� en el cap�tulo de actos impugnados de su demanda a la Ley Org�nica Municipal del Estado de H., tambi�n lo es que en el cap�tulo de conceptos de invalidez s�lo enderez� argumentos jur�dicos tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de los art�culos 1o., 3o., 5o., 10, 21, 22, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, fracciones I, II, III, XVII, XXXI, XXXII, XXXVII, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 132, 134, 137, 138, 139, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 172, 173, 174, 175, 176, 177 y 178 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de H., por lo que s�lo esos preceptos se tendr�n como actos impugnados de manera destacada.

De ah� que la primera interrogante por resolver consiste en determinar si en una controversia constitucional, en la que se se�ala como acto reclamado todo un cuerpo normativo y, posteriormente, en los conceptos de invalidez s�lo se combaten expresamente algunos de sus preceptos, la instituci�n de la suplencia en la deficiencia de la queja obliga a este Alto Tribunal a estudiar todos los preceptos de la ley controvertida, o bien, si debe circunscribirse el estudio a aquellos en relaci�n a los cuales existe una causa de pedir, aunque �sta sea m�nima.

Para resolver esta cuesti�n, conviene precisar, en primer lugar, que en la controversia constitucional, a la parte actora le corresponde el inicio del proceso, en t�rminos del art�culo 10, fracci�n I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 Constitucional, y a la parte demandada formular su r�plica o contestaci�n.

El referido art�culo 10, fracci�n I, establece lo siguiente:

Art�culo 10. Tendr�n el car�cter de parte en las controversias constitucionales:

I. Como actor, la entidad, poder u �rgano que promueva la controversia."

Conviene mencionar cu�les son los requisitos que deben contener tanto la demanda como la contestaci�n de la controversia constitucional, seg�n lo dispuesto en los art�culos 22 y 23 de la ley de la materia, por resultar ampliamente ilustrativos para efectos del presente estudio:

Art�culo 22. El escrito de demanda deber� se�alar:

I. La entidad, poder u �rgano actor, su domicilio y el nombre y cargo del funcionario que los represente;

II. La entidad, poder u �rgano demandado y su domicilio;

III. Las entidades, poderes u �rganos terceros interesados, si los hubiere, y sus domicilios;

IV. La norma general o acto cuya invalidez se demande, as� como, en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado;

V. Los preceptos constitucionales que, en su caso, se estimen violados;

VI. La manifestaci�n de los hechos o abstenciones que le consten al actor y que constituyan los antecedentes de la norma general o acto cuya invalidez se demande, y

VII. Los conceptos de invalidez."

Art�culo 23. El escrito de contestaci�n de demanda deber� contener, cuando menos:

I. La relaci�n precisa de cada uno de los hechos narrados por la parte actora, afirm�ndolos, neg�ndolos, expresando que los ignora por no ser propios o exponiendo c�mo ocurrieron, y

II. Las razones o fundamentos jur�dicos que se estimen pertinentes para sostener la validez de la norma general o acto de que se trate."

De la transcripci�n anterior, se desprende que el legislador previ�, en su car�cter de carga procesal, que el actor iniciara la controversia constitucional y que en su escrito inicial se�alara cu�les son los conceptos de invalidez, esto es, los razonamientos jur�dicos que estimara pertinentes para sostener la inconstitucionalidad de la norma general o acto impugnado.

Este es un deber del cual no se le puede relevar al actor, por disposici�n expresa de la ley, lo que permite considerar a la controversia constitucional como un procedimiento dispositivo y no inquisitivo, toda vez que el �rgano de control constitucional no puede iniciar de oficio el proceso.

En tal virtud, el �rgano de control constitucional debe valorar si los citados conceptos de invalidez, como tales, son o no fundados. Sin embargo, el an�lisis de tales conceptos no puede realizarse a la luz de un r�gido principio de estricto derecho, pues el art�culo 40 de la propia ley reglamentaria de la materia establece la figura jur�dica de la suplencia de la queja deficiente.

El referido precepto legal dispone lo siguiente:

Art�culo 40. En todos los casos la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n deber� suplir la deficiencia de la demanda, contestaci�n, alegatos o agravios."

Para abordar los alcances de la figura en an�lisis, conviene remitirse al dictamen de la C�mara de Diputados, emitido con motivo de la iniciativa presidencial de la ley reglamentaria que nos ocupa:

En atenci�n al alto inter�s que se ventila en las controversias constitucionales, que no s�lo ata�en a los �rganos del poder p�blico actuantes, sino que involucran el equilibrio jur�dico-pol�tico del Estado de derecho, se estima conveniente que en la parte relativa a las sentencias, se obligue a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n a corregir errores en la cita de los preceptos que se invoquen y a suplir las deficiencias de la demanda, contestaci�n, alegatos y agravios, dado que no se trata de resolver sobre la mayor o menor capacidad y conocimientos de las partes, sino salvaguardar el texto constitucional y los valores que del mismo se desprenden."

Del texto anterior, se desprende que es obligaci�n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n suplir la deficiencia de la demanda, pues el prop�sito que se persigue es el de salvaguardar el texto de la Constituci�n y los valores que de ella se desprenden.

Sin embargo, no debe perderse de vista que la suplencia de la queja deficiente en controversia constitucional es una instituci�n procesal, que si bien fue establecida con la finalidad de hacer prevalecer la Constituci�n como Ley Suprema, tampoco puede ignorar las normas y cargas procesales que permean al litigio constitucional y que se encuentran previstas en el mismo sistema legal, por tanto, tal suplencia se encuentra sujeta a ciertos par�metros m�nimos que permiten su funcionalidad.

En primer lugar, es necesario puntualizar que la suplencia de la deficiencia de la demanda se entiende referida, b�sicamente, a los conceptos de invalidez, es decir, a la materia misma del juicio de controversia constitucional, pues tal suplencia se debe traducir, en �ltima instancia, en la salvaguarda del texto constitucional y los valores que de �l emanan.

Ahora bien, debido a que el control jurisdiccional se presenta en un juicio en el que el juzgador debe resolver la contienda existente entre las partes, conforme a la litis que se conform� al presentar la demanda y la contestaci�n, el tribunal constitucional debe limitar su estudio a los puntos planteados por las partes sin poder invocar otros respecto de los cuales la actora no hubiere se�alado, en el contexto del proceso, que le asiste alg�n inter�s leg�timo ni hubiera denunciado su posible transgresi�n a la Carta Magna.

Esta afirmaci�n armoniza con el texto del art�culo 40 de la ley reglamentaria, cuando dispone que debe suplirse la deficiencia de la demanda, mas no suplir la ausencia de queja, de tal modo que no ser�a papel de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n procurar en la sentencia razonamientos jur�dicos ante la completa ausencia de conceptos de invalidez. De no entenderlo as�, se estar�a transformando el proceso dispositivo de la controversia constitucional en un proceso inquisitivo, en el que la Suprema Corte, como poseedora del control constitucional, no tendr�a l�mites en la resoluci�n de los juicios de esta naturaleza, de tal suerte que podr�a resolver sobre cuestiones no planteadas, escud�ndose bajo el argumento de la regularidad constitucional, lo cual romper�a con la naturaleza procesal de este medio de control, pues en ese orden de ideas de nada servir�a emplazar a la autoridad para que contestara la demanda y ofreciera pruebas, ya que con independencia de lo que manifestara y probara, el �rgano de control adoptar�a la resoluci�n que estimara conveniente.

De ah� entonces que todo an�lisis constitucional que emprenda este tribunal, exige de un planteamiento jur�dico formulado por la parte actora, introducido por ella como materia de la litis y con respecto al cual se hubiere formulado alg�n concepto de invalidez, en t�rminos del art�culo 22, fracci�n VII, de la ley reglamentaria de la materia.

No hay que perder de vista que los conceptos de invalidez formulados por el actor deben constituir, idealmente, un planteamiento l�gico jur�dico relativo al fondo del asunto, aunque este Alto Tribunal bien pueda admitir como tal todo razonamiento que, cuando menos, contenga la expresi�n clara de la causa de pedir a trav�s de la cual la parte actora busque acreditar la existencia del inter�s leg�timo que le asiste para interponer el juicio de controversia constitucional, as� como para demostrar la inconstitucionalidad de la norma o actos impugnados.

Por tanto, en el concepto de invalidez se deber� expresar, cuando menos, cu�l es la lesi�n o agravio que el actor estima le causa el acto o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que este Alto Tribunal pueda estudiarlos, sin que sea necesario que tales conceptos de invalidez guarden un apego estricto a la forma l�gica del silogismo, pues ser� suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir.

Finalmente, es preciso aludir al contenido del art�culo 41, fracci�n IV, de la ley reglamentaria de la materia, el cual dispone:

Art�culo 41. Las sentencias deber�n contener:

...

IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisi�n, en su caso, los �rganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el �mbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deber�n extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada."

De la interpretaci�n sistem�tica del citado precepto con los restantes del mismo ordenamiento legal, bien puede concluirse lo siguiente: cuando un precepto legal que no fue expresamente impugnado en una controversia constitucional pero guarda una relaci�n de interdependencia evidente respecto de otro que s� fue impugnado y respecto del cual ya existe una determinaci�n de inconstitucionalidad por parte de este Alto Tribunal, entonces tal inconstitucionalidad, por congruencia, deber� extenderse al primero.

Tal declaratoria de inconstitucionalidad, admisible en v�a de consecuencia l�gica, no rompe de modo alguno con las limitaciones de la suplencia de la deficiencia de la demanda antes apuntadas, pues como se ha mencionado, exige como condici�n suficiente y necesaria que exista un planteamiento de inconstitucionalidad o concepto de invalidez previo con respecto a una norma espec�fica, y que existan otros preceptos que, aunque no espec�ficamente impugnados, contienen normas que resultan una simple especificaci�n, desarrollo de la primera o respecto de las cuales la primera represente una premisa l�gicamente inseparable.

Por tal motivo, la presente controversia constitucional se ocupar� �nica y exclusivamente del an�lisis de los preceptos de la Ley Org�nica Municipal en cita, que fueron expresamente impugnados en el cap�tulo de conceptos de invalidez de la demanda y con respecto a los cuales se formularon argumentos jur�dicos tendentes a demostrar su inconstitucionalidad, en la inteligencia de que si la invalidez de alguno de ellos afecta a alg�n otro precepto del mismo sistema jur�dico estatal, pero que no fue impugnado expresamente por el actor, este Alto Tribunal estar� en condiciones de declarar, en v�a de consecuencia, su respectiva inconstitucionalidad.

NOVENO

Como qued� precisado en el considerando s�ptimo de esta ejecutoria, la fracci�n II del art�culo 115 constitucional otorga a las Legislaturas Estatales dos atribuciones en materia municipal: una, la de emitir las bases generales necesarias para conferir una homogeneidad b�sica al Gobierno Municipal, que establezcan los lineamientos esenciales de los cuales no se puede apartar en el ejercicio de sus competencias constitucionales; y otra, la de emitir disposiciones de detalle sobre esa misma materia municipal, aplicables solamente en los Municipios que no cuenten con la reglamentaci�n correspondiente, con la caracter�stica antes precisada de que en el momento en que el Municipio emita sus propios reglamentos dichas disposiciones resultar�n autom�ticamente inaplicables.

Pues bien, de la revisi�n y an�lisis exhaustivos de la norma impugnada, se aprecia que el legislador estatal emiti� una Ley Org�nica Municipal en la que no distingue cu�les son bases generales de administraci�n tendentes a establecer un marco normativo homog�neo a los Municipios del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 115, fracci�n II, inciso a), y cu�les son normas de aplicaci�n supletoria por ausencia de reglamento municipal, en t�rminos del art�culo 115, fracci�n II, inciso e), lo que genera graves inconvenientes a los Municipios, toda vez que no se encuentran en posibilidad de determinar cu�l es el �mbito en el que sus facultades para regular en materia municipal fueron respetadas y en el que puede emitir reglamentos, bandos, circulares y normas administrativas de car�cter municipal. En tal situaci�n, la autonom�a jur�dica del Municipio actor queda afectada puesto que no le es posible distinguir cu�les normas le son imperativas, por constituir bases generales cuya reglamentaci�n es competencia del Estado, y cu�les otras resultan de aplicaci�n �nicamente supletoria, en ausencia de sus propios reglamentos.

Ahora bien, como ha quedado asentado en l�neas anteriores, es facultad exclusiva de las Legislaturas Estatales hacer la distinci�n entre las normas que son bases generales de administraci�n y normas aplicables por ausencia de reglamentos. En ese orden de ideas, no es atribuci�n de este Alto Tribunal sustituirse en el papel de la Legislatura Estatal y clasificar en primera instancia cada una de las normas que se contienen en el cuerpo normativo impugnado, m�xime que con ello se corre el riesgo de darles una categor�a que no necesariamente coincidir�a con la que la legislatura le hubiera querido imprimir, lo que dar�a lugar a que esta Suprema Corte de Justicia se sustituyera en el ejercicio de funciones que, de acuerdo a lo previsto en el art�culo 115, fracci�n II, de la Constituci�n Federal, son propias y exclusivas de la Legislatura Estatal.

Por ello, tomando en cuenta que con el contenido de esta ejecutoria, espec�ficamente con lo se�alado en el considerando s�ptimo, en el que se determin� el alcance del art�culo 115, fracci�n II, de la Carta Magna, es factible que a trav�s de un nuevo acto legislativo el Congreso Estatal lleve a cabo esa decantaci�n o clasificaci�n de normas y desempe�e su funci�n legislativa a cabalidad, pues precisamente en respeto al r�gimen federalista que rige al Estado mexicano, el Constituyente Permanente estableci� que fueran las Legislaturas de los Estados las que establecieran las reglas a que se refiere el precepto constitucional mencionado, para lo cual deber�n tomar como lineamientos los derivados de la interpretaci�n realizada por este Alto Tribunal al respecto.

En esa tesitura, toda vez que en t�rminos del art�culo 115, fracci�n II, de la Constituci�n Federal, corresponde a las Legislaturas Estatales establecer las bases generales de administraci�n p�blica municipal, as� como las normas que sean supletorias ante la ausencia del reglamento correspondiente que deber� emitir el Municipio, se debe declarar la invalidez relativa de los art�culos 21, 22, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, fracci�n XXXVII, 51, 52, fracciones I, II, IV, V, VI, primer p�rrafo, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XXIX, XXX, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLIII, XLV, XLVII, XLVIII, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVIII; 55, fracciones I, III, IV, V, VI y VII, 60, fracciones I, II, IV, V, VI VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 62, fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 63, 64, 65, 66, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 103, �ltimo p�rrafo, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, fracciones IV y V, 134, 137, 138, 139, 149, 150, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de H., reclamados por el Municipio actor, s�lo para el efecto de que se considere que no le son imperativos y que, por ello, puede dictar sus propios reglamentos, aun en contra de lo que los preceptos reclamados antes rese�ados establezcan, pues ante la falta de precisi�n de la naturaleza de las normas impugnadas referidas, debe declararse que el Municipio actor se encuentra en libertad de decidir aplicarlas de forma supletoria, o bien, de emitir sus propias normas para regir su desarrollo municipal, sin que con lo anterior se prejuzgue sobre la constitucionalidad del reglamento que pudiera emitir el Municipio, pues en todo caso ello ser�a objeto de un diverso an�lisis, tanto a trav�s de una controversia constitucional, o bien, en su caso, del juicio de amparo.

Por �ltimo, cabe reiterar que lo anterior no afecta en modo alguno la facultad de la Legislatura Estatal para que en cumplimiento a lo dispuesto en el art�culo segundo transitorio del decreto por el cual se reform� el art�culo 115 de la Constituci�n Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintitr�s de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, emita una nueva ley en la que distinga la calidad de las normas a que se refiere, precisamente, el art�culo 115, fracci�n II, de la Constituci�n Federal.

El citado art�culo transitorio dispone:

Art�culo segundo. Los Estados deber�n adecuar sus Constituciones y leyes conforme a lo dispuesto en este decreto a m�s tardar en un a�o a partir de su entrada en vigor. En su caso, el Congreso de la Uni�n deber� realizar las adecuaciones a las leyes federales a m�s tardar el 30 de abril del a�o 2001.

En tanto se realizan las adecuaciones a que se refiere el p�rrafo anterior, se continuar�n aplicando las disposiciones vigentes."

En conclusi�n, las normas precisadas en este considerando se declaran inconstitucionales, en virtud de que con su contenido se viola lo dispuesto expresamente por el art�culo 115, fracci�n II, incisos a) y e), de la Constituci�n Federal, de tal modo que no ser�n obligatorias para el Municipio actor.

D�CIMO

A continuaci�n, se procede al estudio de los preceptos impugnados expresamente por el Municipio actor, los cuales, contrariamente a lo se�alado en los conceptos de invalidez, se estima que no son violatorios de la Constituci�n Federal, como a continuaci�n se pasa a demostrar.

El actor se�ala que el art�culo 1o. de la ley impugnada, al establecer que su objeto es regular la organizaci�n y funcionamiento de los Municipios, violenta la autonom�a municipal para auto-organizarse, con lo cual transgrede lo dispuesto en el art�culo 115 constitucional que se�ala que el objeto de la ley ser� establecer las bases generales de la administraci�n p�blica y de procedimiento administrativo, dejando como materia de la facultad reglamentaria municipal lo relativo a la organizaci�n y funcionamiento internos de los Ayuntamientos.

El art�culo impugnado se encuentra dentro del cap�tulo I, denominado "D.M.", y se�ala:

Art�culo 1o. Las disposiciones de la presente ley son de orden p�blico y de inter�s social, tienen por objeto regular la organizaci�n y funcionamiento de los Municipios, de acuerdo con lo dispuesto en los art�culos 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 115 al 148 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de H.."

Por su estrecha vinculaci�n con el art�culo 3o., que tambi�n fue impugnado, resulta conveniente analizarlos de manera conjunta. Este �ltimo precepto establece:

Art�culo 3o. Los Municipios del Estado, estar�n organizados y regular�n su funcionamiento de acuerdo con lo dispuesto por la presente ley, en lo interno se regir�n por su propia reglamentaci�n que se ajustar� a los principios establecidos en la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en la del Estado, en esta ley y en las correlativas, as� como en lo siguiente:

I. Los Ayuntamientos quedan facultados para aprobar los bandos de gobierno y de polic�a, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci�n p�blica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia y promuevan la participaci�n de la sociedad.

II. En los Municipios en los que no existan los bandos y reglamentos a que se refiere la fracci�n anterior, los Ayuntamientos aplicar�n las reglas que fije �sta u otra ley que se expidan en materia municipal, a fin de permitirles cumplir sus fines y ejercer todas las atribuciones establecidas en el art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, el t�tulo IX de la Constituci�n Pol�tica del Estado de H..

III. Para dirimir las controversias que se generen entre la administraci�n p�blica municipal y los particulares, en relaci�n a los recursos administrativos, se sujetar�n a lo dispuesto por el t�tulo octavo, cap�tulo tercero de esta ley, a partir de los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad."

De lo expuesto en el marco jur�dico municipal, se desprende que a pesar de que el art�culo 1o. de la ley impugnada se�ale como objetivo regular la organizaci�n y funcionamiento de los Municipios, y no el establecer las bases generales de la administraci�n p�blica y de procedimiento administrativo, como se asienta en la fracci�n II, inciso a), del art�culo 115 constitucional, no puede considerarse como violatorio de dicho precepto, toda vez que, como ha quedado expuesto, la legislatura tiene m�ltiples facultades en relaci�n con el Municipio que la propia norma constitucional prev� en diversos art�culos, no s�lo en el 115, ni tampoco �nicamente en su fracci�n II, facultades que constituyen normas derivadas de la Constituci�n, cuya regulaci�n, por derivar de �sta, no puede considerarse inconstitucional. Incluso el art�culo 3o. de la ley indica que los Municipios regular�n su funcionamiento de acuerdo con lo dispuesto por la presente ley y en lo interno se regir�n por su propia reglamentaci�n que se ajustar� a los principios establecidos en la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos lo que, desde luego, no se limita al art�culo 115.

Adem�s, para verificar si la ley se apega o no a lo dispuesto en la Constituci�n Federal, es menester analizar individualmente cada uno de los art�culos que la integran, pues el contenido de los preceptos en estudio es una declaraci�n gen�rica que enuncia el objeto de la ley, el cual depende del contenido de la norma en su integridad, raz�n por la cual el concepto de invalidez debe declararse infundado.

Ahora, respecto del art�culo 5o., el Municipio actor aduce que invade la esfera de su competencia, pues se refiere a cuestiones de la administraci�n p�blica municipal que corresponde determinar a cada Ayuntamiento.

El precepto se�alado, indica lo siguiente:

Art�culo 5o. Los Municipios no tendr�n ning�n superior jer�rquico, ser�n independientes entre s� y no habr� ninguna autoridad intermedia entre �stos y los Poderes del Estado.

Asimismo, podr�n coordinarse y asociarse en los t�rminos de la presente ley, para la m�s eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. Los acuerdos de coordinaci�n o asociaci�n ser�n aprobados por las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento. Cuando la asociaci�n est� referida a Municipios de dos o m�s entidades federativas, se requerir� de la aprobaci�n de las dos terceras partes de los miembros del Congreso del Estado."

El art�culo anteriormente reproducido, en t�rminos generales, es una norma derivada del art�culo 115, fracci�n I, primer p�rrafo y fracci�n III, pen�ltimo p�rrafo, de la Constituci�n Federal, que establecen:

Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

I. Cada Municipio ser� gobernado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa, integrado por un presidente municipal y el n�mero de regidores y s�ndicos que la ley determine. La competencia que esta Constituci�n otorga al Gobierno Municipal se ejercer� por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habr� autoridad intermedia alguna entre �ste y el Gobierno del Estado.

...

Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podr�n coordinarse y asociarse para la m�s eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y trat�ndose de la asociaci�n de Municipios de dos o m�s Estados, deber�n contar con la aprobaci�n de las Legislaturas de los Estados respectivas. As� mismo, cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste, de manera directa o a trav�s del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio."

Las normas constitucionales reproducidas establecen que el Gobierno del Municipio se ejerce con exclusividad por el Ayuntamiento y, asimismo, la prohibici�n de que exista autoridad intermedia entre �ste y el Estado, as� como la posibilidad de que se celebren convenios entre los Municipios de un mismo Estado para la prestaci�n de servicios p�blicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan y, adem�s, la posibilidad de asociaci�n entre Municipios de dos o m�s entidades federativas, previa aprobaci�n de la Legislatura Local.

Bajo este tenor, toda vez que la norma impugnada reproduce casi en su integridad el texto del art�culo 115, fracci�n I, primer p�rrafo y fracci�n III, pen�ltimo p�rrafo, no puede considerarse inconstitucional y, por tanto, el concepto de invalidez en relaci�n con los p�rrafos primero y segundo, parte primera, del art�culo 5o. de la ley impugnada, resulta infundado.

Manifiesta el Municipio actor que el art�culo 10 de la ley en estudio vulnera el �mbito de atribuciones que le reconoce la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

El precepto en cuesti�n, que se contiene en el cap�tulo "De la poblaci�n del Municipio", se�ala:

Art�culo 10. Esta ley es obligatoria para todos los habitantes de los Municipios del Estado de H., as� como para los que se encuentren temporal o transitoriamente dentro de su territorio."

El precepto anotado establece el �mbito personal y espacial de validez de la Ley Org�nica Municipal del Estado de H., en tanto establece que la misma obliga a los habitantes del Estado de H. y a quienes se encuentren en su territorio.

Bajo este tenor, la ley no puede considerarse inconstitucional por s� misma, puesto que tendr�a que acudirse al estudio individualizado de cada norma impugnada para estar en posibilidad de determinar lo conducente.

Dentro del cap�tulo de conceptos de invalidez, se�ala el Municipio actor que el art�culo 49, relativo a las facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en sus fracciones I, II y XXXII, atenta contra lo dispuesto en el art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, porque invade la esfera de competencias que dicho precepto constitucional otorga a los Municipios.

El referido art�culo 49, en las fracciones impugnadas antes precisadas, expresa lo siguiente:

Art�culo 49. Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos:

I.P. en la esfera administrativa lo necesario para la aplicaci�n de esta ley, as� como el mejor desempe�o de las funciones que le se�alen esta u otras leyes, bandos y reglamentos. El Ayuntamiento y sus comisiones, podr�n ser asistidos por los �rganos administrativos municipales a fin de cumplir con sus atribuciones;

II. Elaborar y aprobar, de acuerdo con esta ley y las dem�s que en materia municipal expida la Legislatura del Estado, los bandos de gobierno y de polic�a, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen el funcionamiento del Ayuntamiento y de la administraci�n p�blica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia y aseguren la participaci�n de la sociedad.

En lo conducente y de conformidad a los fines se�alados en el p�rrafo tercero del art�culo 27 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, expedir�n los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios;

...

XXXII. Formular y aprobar anualmente su presupuesto de egresos, el cual deber� ser aprobado por las dos terceras partes del Ayuntamiento."

A continuaci�n, se proceder� a analizar una a una las fracciones impugnadas, con objeto de determinar su naturaleza y su apego o desapego al texto constitucional.

La fracci�n I del art�culo 49 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de H., consagra la facultad de los Municipios para proveer en la esfera administrativa lo necesario para la aplicaci�n de las leyes y reglamentos, as� como la posibilidad de que tanto el Ayuntamiento como sus comisiones, puedan ser asistidos por �rganos administrativos municipales.

Esta disposici�n es una norma derivada de las fracciones I, primer p�rrafo y II, segundo p�rrafo, del art�culo 115 de la Constituci�n Federal, en tanto que establece, por un lado, la facultad del Ayuntamiento para ejecutar las leyes y los reglamentos estatales y municipales que les sean aplicables y de auxiliarse de los �rganos administrativos municipales que requiera, lo cual es parte esencial de sus funciones administrativas y de gobierno, y por el otro, la atribuci�n para dictar los bandos, circulares y reglamentos que resulten necesarios para el correcto desempe�o de dichas funciones, a la cual hace especial referencia el segundo p�rrafo de la fracci�n II del citado precepto constitucional.

La fracci�n II del art�culo 49 en comento, consagra, en espec�fico, la atribuci�n del Ayuntamiento para dictar los bandos de gobierno y de polic�a, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones.

Tal como qued� expresado en el estudio previo, sobre este particular, S.V.C. (Derecho Municipal, P.-UNAM, M�xico, 2003) expresa que los reglamentos municipales se han clasificado en la doctrina, seg�n su materia, en cuatro tipos, a saber: a) para regular la organizaci�n y funcionamiento interno del Ayuntamiento; b) para regular la organizaci�n y funcionamiento de la administraci�n municipal; c) para normar los servicios p�blicos y las formas en que se prestan; y d) para regular las actividades de los particulares.

Corresponde al reglamento interior encargarse de la composici�n y estructura del Ayuntamiento, as� como de las atribuciones y deberes de cada uno de sus miembros. Los principales aspectos que son menester contemplar en este reglamento son: residencia e instalaci�n del Ayuntamiento; derechos y obligaciones de sus integrantes; sesiones de Cabildo; comisiones y votaci�n para los acuerdos y para su revocaci�n.

Para que la administraci�n municipal trabaje de manera adecuada, es preciso que se expidan reglamentos que detallen la estructura administrativa, las bases para manejar sus recursos y su personal, as� como un sistema que controle y eval�e sus actividades. Para estos prop�sitos deben expedirse cuando menos los siguientes ordenamientos: el reglamento interno de la administraci�n, en el cual se detallan los �rganos que conforman la administraci�n, sus funciones y responsabilidades; el reglamento de control de gesti�n, que permite supervisar, evaluar y controlar las actividades de las dependencias municipales, as� como normar la contralor�a, cuya actividad es muy importante en tales cometidos.

Los reglamentos de servicios p�blicos regulan las actividades municipales que constitucionalmente se han declarado como tales, por lo cual pueden llegar a ser muy numerosos y heterog�neos. Entre los reglamentos que normalmente se expiden para los servicios p�blicos, est�n los de mercados, limpia p�blica, rastros, panteones, parques y jardines, seguridad p�blica, agua potable y alcantarillado. En este tipo de reglamentos, se establece tambi�n cu�l es la forma en que se puede prestar el servicio p�blico correspondiente, sea de manera directa, en colaboraci�n o concesionado a particulares.

Los particulares, por �ltimo, efect�an muchas actividades que el Municipio no puede ignorar y debe encauzar jur�dicamente de manera apropiada. Para tal efecto, se�ala derechos y obligaciones a los particulares en diferentes reglamentos, entre otros: los de fraccionamientos; construcci�n; establecimientos industriales; establecimientos comerciales; ambulantes; diversi�n y espect�culos p�blicos; anuncios y letreros; cantinas, bares y dep�sitos de cervezas; y aparatos electromec�nicos y sonoros.

Por �ltimo, conviene se�alar que en las circulares se contienen normalmente instrucciones o reglas dirigidas por los �rganos superiores a los inferiores para especificar interpretaciones de normas, decisiones o procedimientos. Las circulares pueden ser internas, si �nicamente se refieren a asuntos de la competencia interna de las unidades administrativas, o externas, si van dirigidas a los particulares. Pueden mencionarse de manera espec�fica en este rubro, las relativas al comercio establecido, los d�as del a�o que tienen el car�cter feriado, los horarios en que normalmente funcionar�n determinados servicios p�blicos o los lugares en que �stos se prestar�n, las horas l�mite en que pueden realizar sus actividades ciertos expendios o funcionar determinados negocios, etc�tera.

De alguna manera, todas estas premisas doctrinarias son recogidas por la fracci�n II del art�culo 49 de la Ley Org�nica Municipal para el Estado de H..

En efecto, debe estimarse que dicha fracci�n tambi�n es una norma derivada de la fracci�n II, segundo p�rrafo, del art�culo 115 de la Constituci�n Federal, en tanto que no hace sino reproducir la Norma Constitucional relativa a la facultad de los Ayuntamientos para emitir normas generales.

No est� por dem�s insistir en que el Constituyente Permanente que reform� el art�culo 115 constitucional, para quedar en los t�rminos en que actualmente se encuentra consignado, tuvo la intenci�n de fortalecer el �mbito de competencia municipal y las facultades de sus �rganos de gobierno. Por ello, se delimit� el objeto y los alcances de las leyes estatales que versan sobre cuestiones municipales, lo que se traduce en que la competencia reglamentaria del Municipio implique, de forma exclusiva, los aspectos fundamentales para su desarrollo. De ah� precisamente que se haya modificado en la fracci�n II del art�culo 115 de la Constituci�n General de la Rep�blica, el concepto de bases normativas por el de leyes estatales en materia municipal, conforme a las cuales los Ayuntamientos expidan su normatividad propia.

Lo anterior est� contenido en el punto 4.2 del dictamen de la Comisi�n de Gobierno y Puntos Constitucionales de la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n, en los t�rminos siguientes:

La intenci�n de esta Comisi�n D., consiste en fortalecer el �mbito de competencia municipal y las facultades de su �rgano de gobierno. Por ello se propone tal y como lo plantean los autores de las iniciativas antes descritas, delimitar el objeto y los alcances de las leyes estatales que versan sobre cuestiones municipales. Lo que se traduce en que la competencia reglamentaria del Municipio, implique de forma exclusiva, los aspectos fundamentales para su desarrollo. De ah� que se defina y modifique en la fracci�n II, el concepto de bases normativas, por el de leyes estatales en materia municipal, conforme a las cuales los Ayuntamientos expidan sus reglamentos, y otras disposiciones administrativas de orden general."

Ahora bien, el Municipio actor manifiesta que la fracci�n XXXII del mismo art�culo 49, que establece que el Ayuntamiento est� facultado para formular y aprobar anualmente su presupuesto de egresos, el cual deber� ser aprobado por las dos terceras partes del Ayuntamiento, es inconstitucional.

Sin embargo, conforme al cuarto p�rrafo del inciso c) de la fracci�n IV del art�culo 115 constitucional, el Ayuntamiento tiene la facultad de formular y aprobar su presupuesto de egresos anual, por lo que, en ese aspecto, no puede sostenerse que la norma impugnada sea inconstitucional, pues s�lo reitera el contenido de la Carta Magna. No pasa desapercibido que el art�culo controvertido dispone que el presupuesto de egresos "deber� ser aprobado por las dos terceras partes del Ayuntamiento", pues como se mencion� en el considerando s�ptimo de esta resoluci�n, del contenido del art�culo 115 de la Constituci�n Federal, en el cual se contienen atribuciones expresas de las Legislaturas de los Estados para regir la vida municipal, en relaci�n con el art�culo 124 de la Carta Magna, que establece las facultades que de manera residual corresponden a las entidades federativas, se concluye que no existe prohibici�n alguna para que los Congresos Locales puedan determinar casos distintos a los se�alados en la fracci�n II, incisos b) y d), del art�culo 115 constitucional, en los que se requiera que las decisiones de los Ayuntamientos se adopten por una mayor�a de las dos terceras partes de sus integrantes.

En sus conceptos de invalidez, el Municipio actor tambi�n se�ala que los art�culos 52, fracciones II, VI, X, XV, XVI, XIX, XX, XXI, XXII, XXVII, XXXI, XLI, XLII, XLIV, XLVI, XLIX y LVII, y 55, fracci�n II, de la Ley Org�nica Municipal del Estado de H., insertos dentro del cap�tulo relativo a las facultades y obligaciones de los presidentes municipales, transgreden el art�culo 115 constitucional, toda vez que invaden la esfera competencial del Municipio que dicho precepto les otorga, adem�s de que, seg�n su propio dicho, "en materia de mayor�as calificadas del Ayuntamiento, �stas s�lo son posibles de establecerse en la ley, trat�ndose de disposici�n de bienes muebles (sic), o actos jur�dicos que obliguen al Ayuntamiento m�s all� de su periodo de gobierno. Por tanto, es indebido imponer a los Ayuntamientos la toma de decisiones a partir de mayor�a calificada fuera de esos temas".

Para dar contestaci�n a los argumentos de la parte actora, conviene transcribir y analizar, uno por uno, los preceptos mencionados.

Por lo que se refiere al art�culo 52 impugnado, este dispone lo siguiente:

Art�culo 52. Son facultades y obligaciones de los presidentes municipales, las siguientes:

...

III. Dentro de su competencia, cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos federales, estatales y municipales; as� como los acuerdos del Ayuntamiento;

...

VI. Extender los nombramientos y tomar protesta a los delegados y subdelegados, electos por los pueblos, comunidades, colonias, fraccionamientos y barrios; as� como suspenderlos por incumplimiento de sus funciones o por la comisi�n de delitos de los fueros com�n o federal y separarlos en definitiva cuando fueren encontrados responsables. Cuando faltare el delegado o subdelegado, solicitar� a los vecinos una nueva elecci�n.

Nombrar y remover a los alcaides y al personal de seguridad y administrativo de acuerdo con las disposiciones aplicables, as� como cuidar que las dependencias y oficinas municipales se integren y funcionen con eficiencia;

...

X. Cumplir con el plan estatal de desarrollo, el del Municipio y los programas sectoriales, regionales y especiales aprobados, respecto a lo que se refiere a su Municipio. A m�s tardar, noventa d�as despu�s de tomar posesi�n de su cargo, el presidente municipal deber� presentar un plan de desarrollo municipal congruente con el Plan Estatal;

...

XV. Mandar fijar las placas distintivas en las calles, jardines, plazas y paseos p�blicos, cuya nomenclatura haya sido aprobada por el Ayuntamiento;

XVI. Tener bajo su mando los cuerpos de seguridad para la conservaci�n del orden p�blico, con excepci�n de las facultades que se reservan al presidente de la Rep�blica y al gobernador del Estado, conforme a lo establecido por la fracci�n VII del art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos;

...

XIX. Promover lo necesario para que los oficiales y funcionarios por delegaci�n del Registro del Estado Familiar, desempe�en en el Municipio los servicios que les competen, en los t�rminos establecidos en la Constituci�n Pol�tica del Estado y dem�s leyes de la materia y vigilar su cumplimiento;

XX. Obligar crediticiamente al Municipio en forma mancomunada con el secretario general y el tesorero municipal. Cuando el pago de estas obligaciones vaya m�s all� del periodo de su ejercicio, el acuerdo deber� ser aprobado por las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento;

XXI. Crear, o en su caso, modificar y suprimir las dependencias necesarias para el desempe�o de los asuntos del orden administrativo y para la eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos municipales, previo acuerdo del Ayuntamiento y en los t�rminos del reglamento correspondiente;

XXII. Proponer al Ayuntamiento, la divisi�n administrativa del territorio municipal en delegaciones, subdelegaciones, sectores, secciones y manzanas o la modificaci�n de la existente, as� como reconocer la denominaci�n pol�tica de las poblaciones y solicitar la declaratoria de nuevas categor�as pol�ticas al Congreso del Estado;

...

XXVII. Otorgar o denegar, en su �mbito de competencia, licencias y permisos de uso del suelo, construcci�n y alineamiento, con observancia de los ordenamientos respectivos;

...

XXXI. Proporcionar los servicios de seguridad a la poblaci�n en general y mantener el orden en espect�culos, festividades, paseos y lugares p�blicos;

...

XLI. Imponer administrativamente a los empleados y funcionarios de la administraci�n municipal, las sanciones que correspondan de acuerdo con el reglamento interno de la administraci�n municipal y la ley de la materia o lo dispuesto por las condiciones generales de trabajo;

XLII. Ejercer las funciones del Registro del Estado Familiar o delegarlas en el funcionario id�neo que designe;

...

XLIV. Ejercer las funciones de presidente de la Junta Municipal de Reclutamiento y proceder a la inscripci�n de los j�venes en edad militar, organizar el sorteo correspondiente y entregar el personal a las autoridades militares el primer domingo del mes de enero, de acuerdo con la Ley del Servicio Militar Nacional;

...

XLVI. Cuidar de la conservaci�n del orden p�blico, para lo cual dictar� las medidas que a su juicio requieran las circunstancias;

XLVII. Reunir oportunamente los datos estad�sticos del Municipio;

...

XLIX. Exigir de los funcionarios y empleados municipales, el cumplimiento de sus obligaciones;

...

LVII. Presentar ante la Contadur�a M. de Hacienda del Congreso del Estado, su declaraci�n patrimonial inicial, dentro de los sesenta d�as h�biles siguientes a la toma de posesi�n; de modificaci�n anual, durante el mes de mayo de cada a�o; y de conclusi�n de encargo, dentro de los treinta d�as h�biles siguientes a �sta."

Para analizar la constitucionalidad de un precepto tan amplio por referirse a las facultades y obligaciones de los presidentes municipales, a continuaci�n se procede a agrupar aquellas fracciones que guardan una naturaleza jur�dica similar entre s�.

Conviene ahora referirse a la naturaleza jur�dica de las fracciones III, VI, segundo p�rrafo, X, XV, XVI, XIX, XX, XXXI, XLI, XLII, XLIV, XLVI, XLIX y LVII del art�culo 52 impugnado, pues todas ellas, como se pasar� a demostrar a continuaci�n, constituyen normas derivadas de diversos preceptos de la Constituci�n Federal y que, por ende, no la contrar�an.

La fracci�n III establece la facultad y obligaci�n del presidente municipal de aplicar las normas federales, estatales y municipales, as� como los acuerdos del Ayuntamiento. Dicha facultad encuentra apoyo directo en el art�culo 128 constitucional, el cual dispone lo siguiente:

Art�culo 128. Todo funcionario p�blico, sin excepci�n alguna, antes de tomar posesi�n de su encargo, prestar� la protesta de guardar la Constituci�n y las leyes que de ella emanen."

Por tanto, el referido precepto es una norma derivada de la Constituci�n Federal y en nada invade la autonom�a municipal.

Por su parte, las fracciones X, XIX, XLII, LI y LII, encuentran su apoyo en el art�culo 124 de la Constituci�n Federal, el cual dispone lo siguiente:

Art�culo 124. Las facultades que no est�n expresamente concedidas por esta Constituci�n a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados."

En efecto, la fracci�n X que establece que es obligaci�n del presidente municipal cumplir con los planes de desarrollo aplicables a su Municipio, as� como elaborar su propio plan de desarrollo, es una norma derivada del art�culo 124 y del art�culo 115, fracci�n V, constitucional, porque la Norma Suprema reserva a las Legislaturas Estatales expedir las normas relativas a la planeaci�n del desarrollo estatal y faculta a los Municipios para establecer su plan de desarrollo municipal.

No sobra decir que las entidades federativas deben garantizar la participaci�n del Municipio en la formulaci�n de planes de desarrollo regional, en t�rminos del art�culo 115, fracci�n V, inciso c), de la Constituci�n Federal, el cual establece lo siguiente:

Art�culo 115. ...

V. Los Municipios, en los t�rminos de las leyes federales y estatales relativas, estar�n facultados para:

...

  1. Participar en la formulaci�n de planes de desarrollo regional, los cuales deber�n estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federaci�n o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deber�n asegurar la participaci�n de los Municipios."

    Por lo que se refiere a la fracci�n XIX, que establece como facultad del presidente municipal promover lo necesario para que los funcionarios del Registro del Estado Familiar desempe�en sus funciones en el Municipio y a la fracci�n XLII, que faculta a dicho funcionario para ejercer las funciones del Registro del Estado Familiar y delegarlas en el funcionario que designe, debe decirse que tambi�n son normas derivadas del art�culo 124 constitucional, porque el Registro Civil es una funci�n esencialmente estatal, como se desprende del propio art�culo 121, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal:

    Art�culo 121. En cada Estado de la Federaci�n se dar� entera fe y cr�dito a los actos p�blicos, registros y procedimientos judiciales de los otros. El Congreso de la Uni�n, por medio de leyes generales, prescribir� la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujet�ndose a las bases siguientes:

    ...

    IV. Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado, tendr�n validez en los otros."

    De ah� que si las funciones del Registro Civil son competencia de las entidades federativas, estas �ltimas pueden delegarlas en los Municipios y establecer las condiciones en las que se deber�n desempe�ar, sin que ello sea inconstitucional o vulnere la esfera de competencia originariamente asignada a los Municipios, pues ello tambi�n coincide con el contenido del art�culo 115, fracci�n III, inciso i), de la Constituci�n Federal.

    En resumen, del contenido de las fracciones X, XIX y XLII del art�culo 52 impugnado, se advierte que se trata de funciones que originariamente les corresponden a los Estados, mismas que de alguna manera delegan total o parcialmente en los Municipios. Por tanto, si su ejercicio es estatal, no puede decirse que con ellas se est� invadiendo la esfera de competencia de los Municipios, sino que por el contrario, se est� ampliando su esfera de atribuciones con funciones que constitucionalmente no les son reconocidas, pero que por un acto de autonom�a del Estado les son atribuidas mediante un ordenamiento emanado de la Legislatura Local, en consecuencia, tales fracciones tampoco son inconstitucionales y resultan infundados los conceptos de invalidez que tienen como prop�sito acreditarlo.

    Por �ltimo, por lo que hace a la fracci�n XX del art�culo 52, debe decirse que se trata de una norma de derivada del art�culo 117, fracci�n VIII, constitucional, en cuanto a que prev� que es facultad de los Municipios contraer obligaciones o empr�stitos cuando se destinen a inversiones p�blicas productivas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas.

    En efecto, resulta conveniente se�alar que el empr�stito como fuente de financiamiento del gasto del Ayuntamiento, surge como una alternativa ante la insuficiencia financiera de los Municipios y, por el otro lado, la responsabilidad de atender, entre otras cuestiones, la prestaci�n de los servicios p�blicos municipales y el desarrollo de sus comunidades.

    A ra�z de la insuficiencia de los ingresos percibidos en el Municipio, tanto por la v�a de sus contribuciones como de las participaciones y aportaciones federales y estatales, se generan reacciones diversas en la poblaci�n municipal, que perciben la incapacidad del Municipio de proporcionar los servicios p�blicos m�s indispensables, o bien, de impulsar el desarrollo en sus comunidades, hasta el riesgo latente de estallido social por insatisfacci�n de sus necesidades primarias.

    Las alternativas de soluci�n resultan ser cada vez m�s escasas, y entre ellas, una de las m�s v�lidas desde el punto de vista jur�dico y social, consiste en la obtenci�n de recursos a trav�s de empr�stitos que los Municipios puedan obtener vali�ndose de los organismos oficiales creados con esa finalidad o de aquellas instituciones o grupos con posibilidad de ofrecer financiamiento ventajoso para las obras municipales.

    Esta situaci�n ha sido recogida en nuestra Constituci�n Federal, en el art�culo 117, fracci�n VIII, que regula lo siguiente:

    Art�culo 117. Los Estados no pueden, en ning�n caso:

    ...

    VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empr�stitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

    Los Estados y los Municipios no podr�n contraer obligaciones o empr�stitos sino cuando se destinen a inversiones p�blicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas p�blicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los Ejecutivos informar�n de su ejercicio al rendir la cuenta p�blica."

    Del texto anterior se desprende que los Municipios podr�n acceder al cr�dito, siempre y cuando cumplan con las bases que establezca la ley y, adem�s, dichos recursos se destinen a inversiones p�blicas productivas, por lo cual no puede considerarse inconstitucional la fracci�n en comento.

    Adem�s, la exigencia que prev� el numeral en cuesti�n consistente en exigir el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento cuando el pago de esas obligaciones vaya m�s all� del periodo del presidente municipal, tiene su fundamento en el art�culo 115, fracci�n II, inciso b), de la Constituci�n Federal.

    Menci�n especial merece la fracci�n XLIII que, entre otras cosas, establece que para la suspensi�n o terminaci�n de obras p�blicas que se hubiesen iniciado durante el periodo del Ayuntamiento anterior, ser� necesario obtener el acuerdo expreso de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento. Lo anterior porque si bien es cierto que el inciso b) de la fracci�n II del art�culo 115 constitucional, establece dicha mayor�a calificada �nicamente para obtener la autorizaci�n para iniciar una obra cuya realizaci�n se prolongue m�s all� del periodo del Ayuntamiento, tambi�n lo es que por igualdad de raz�n debe imperar la misma regla cuando, como en el caso, se trata de suspender o terminar anticipadamente la realizaci�n de una obra p�blica ordenada por la administraci�n municipal anterior.

    Aunado a lo anterior, debe decirse que mediante el contenido de la fracci�n XLIII tambi�n se pretende brindar un marco gen�rico con el que se cumplan los principios de transparencia, eficiencia y eficacia que requiere la toma de decisiones en materia de obras p�blicas, todo lo cual le da un amplio sustento constitucional.

    Con respecto al contenido de la fracci�n XV, que establece la facultad de mandar fijar las placas distintivas en las calles, jardines, plazas y paseos, debe decirse que se trata de la aplicaci�n directa del art�culo 115, fracci�n III, inciso g), de la Constituci�n Federal, el cual dispone que:

    Art�culo 115. ...

    III. Los Municipios tendr�n a su cargo las funciones y servicios p�blicos siguientes:

    ...

  2. Calles, parques y jardines y su equipamiento."

    De donde se advierte que si el legislador estatal estableci� una facultad relacionada con las calles, plazas y jardines, s�lo est� llevando al detalle el contenido del art�culo constitucional antes transcrito, raz�n por la cual no resulta invasor de la esfera competencial del Municipio.

    Por lo que respecta a la fracci�n VI, segundo p�rrafo, que otorga al presidente municipal la facultad de nombrar y remover a los alcaldes y al personal de seguridad; la fracci�n XVI, que se refiere a la facultad para tener bajo su mando a los cuerpos de seguridad; la fracci�n XXXI, que le otorga las atribuciones necesarias para proporcionar los servicios de seguridad a la poblaci�n; y la fracci�n XLVI, que autoriza a dicho funcionario para llevar a cabo medidas tendentes a conservar el orden p�blico, debe decirse que se trata de la aplicaci�n directa del art�culo 115 constitucional, fracci�n VII, de la Constituci�n Federal, el cual dispone lo siguiente:

    Art�culo 115. ...

    VII. La Polic�a Preventiva Municipal estar� al mando del presidente municipal, en los t�rminos del reglamento correspondiente. Aqu�lla acatar� las �rdenes que el gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que �ste juzgue como de fuerza mayor o alteraci�n grave del orden p�blico.

    El Ejecutivo Federal tendr� el mando de la fuerza p�blica en los lugares donde resida habitual o transitoriamente."

    Como deriva de lo anterior, las fracciones referidas no son m�s que la aplicaci�n de la facultad constitucional que tienen los presidentes municipales de tener a su cargo a la polic�a preventiva y, por tanto, asumir la funci�n de preservar el orden p�blico y proveer sobre la seguridad de la poblaci�n municipal, de ah� que igualmente deban considerarse acordes con el texto constitucional.

    Por cuanto hace a la fracci�n XLI, que faculta al presidente municipal a sancionar administrativamente a los empleados y funcionarios de la administraci�n p�blica municipal; la fracci�n XLIX, que faculta a dicho presidente a exigir a esos mismos funcionarios y empleados el cumplimiento de sus obligaciones; y la fracci�n LVII, que obliga a dicho mun�cipe a presentar sus declaraciones patrimoniales ante la Contadur�a M. de Hacienda del Congreso del Estado, se trata de normas cuyo contenido se haya inscrito en el marco de los art�culos 109, primer p�rrafo, fracci�n III y 113 constitucionales, mismos que disponen en sus t�rminos lo siguiente:

    Art�culo 109. El Congreso de la Uni�n y las Legislaturas de los Estados, dentro de los �mbitos de sus respectivas competencias, expedir�n las leyes de responsabilidades de los servidores p�blicos y las dem�s normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este car�cter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:

    ...

    III. Se aplicar�n sanciones administrativas a los servidores p�blicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempe�o de sus empleos, cargos o comisiones."

    Art�culo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores p�blicos, determinar�n sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempe�o de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, as� como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, adem�s de las que se�alen las leyes, consistir�n en suspensi�n, destituci�n e inhabilitaci�n, as� como en sanciones econ�micas, y deber�n establecerse de acuerdo con los beneficios econ�micos obtenidos por el responsable y con los da�os y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracci�n III del art�culo 109, pero que no podr�n exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los da�os y perjuicios causados. ..."

    Es decir, a trav�s de las fracciones impugnadas, la Legislatura Local est� legislando en materia de responsabilidades de los servidores p�blicos y, en uso de esa misma facultad, otorga al presidente municipal la potestad de sancionar administrativamente tanto a los funcionarios como a los empleados municipales. Por su parte, el presidente municipal est� obligado a presentar sus declaraciones patrimoniales, a trav�s de las cuales podr�a advertirse un enriquecimiento injustificado o un beneficio econ�mico a costa del erario p�blico, en abierta transgresi�n a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempe�o de sus funciones.

    Bajo ese esquema, puede concluirse que las fracciones XLI, XLIX y LVII del art�culo 52 impugnado, son preceptos que encuentran apoyo directo en los art�culos 109 y 113 constitucionales, raz�n por la cual no invaden la esfera de competencia del Municipio.

    Por lo que respecta a las normas de esta naturaleza, debe decirse que la fracci�n XLIV del mencionado art�culo 52, tambi�n es una norma que desarrolla de manera directa el contenido de la Constituci�n Federal, en este caso, el art�culo 31, fracci�n II, de la Carta Magna. En efecto, la fracci�n impugnada faculta al presidente municipal a ejercer las funciones de presidente de la Junta Municipal de Reclutamiento y proceder a la inscripci�n de los j�venes de edad militar, por su parte, el precepto constitucional dispone lo siguiente:

    Art�culo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

    ...

    II. Asistir en los d�as y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir instrucci�n c�vica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadanos, diestros en el manejo de las armas, y conocedores de la disciplina militar."

    De donde se advierte que si bien es cierto que los Ayuntamientos del Estado de Hidalgo deber�n constituir su Junta Municipal de Reclutamiento, en estricta consonancia con el precepto constitucional antes citado, la labor de inscripci�n y reclutamiento se llevar� a cabo a trav�s del presidente municipal, todo lo cual encuentra sustento en la Norma Suprema y, por ende, no puede ser tildado de inconstitucional.

    Por �ltimo, en cuanto se refiere a las fracciones XXI, XXII y XXVII, relativas a la facultad de los presidentes municipales para organizar y dividir pol�tica, administrativa y territorialmente al Municipio, �stas constituyen el reconocimiento, por parte de la legislatura, de la facultad de los Ayuntamientos para organizar su administraci�n p�blica municipal, lo que conlleva la posibilidad de crear las dependencias, entidades u organismos que estimen necesarios para su adecuado funcionamiento, justamente en cumplimiento del contenido de la fracci�n II del art�culo 115 constitucional, por lo cual no se puede considerar que con el contenido de dichas fracciones se est� vulnerando la esfera competencial del Municipio.

    Conviene referirse ahora al contenido del art�culo 55, �nicamente por lo que hace a la fracci�n II de la ley impugnada, pues respecto a las restantes fracciones que lo integran ya se formul� un pronunciamiento de invalidez relativa, en t�rminos del considerando noveno de la presente ejecutoria.

    El referido precepto establece, en la fracci�n II, lo siguiente:

    Art�culo 55. Los presidentes municipales, se encuentran impedidos para:

    ...

    II. Imponer contribuci�n o sanci�n alguna que no est� se�alada en las leyes, reglamentos y otras disposiciones legales vigentes."

    La fracci�n mencionada impide al presidente municipal imponer contribuci�n o sanci�n alguna que no est� se�alada en las leyes, reglamentos u otras disposiciones vigentes. En dicha disposici�n se consigna el principio de legalidad previsto en los art�culos 14 y 31, fracci�n IV, constitucionales, pues toda contribuci�n o sanci�n debe fundarse en una ley en sentido formal y material, mas no en un acto unilateral que no tenga apoyo en esta �ltima. Por tal motivo, la norma en comento no es inconstitucional, sino que deriva inmediatamente de la Carta Magna y, por tanto, no vulnera la autonom�a municipal, por lo que en ese aspecto es infundado el concepto de invalidez que se hace valer.

    En su concepto de invalidez, el Municipio actor se�ala que el art�culo 60, fracciones III y VIII, de la Ley Org�nica Municipal del Estado de H., inserto dentro del cap�tulo relativo a los s�ndicos, es inconstitucional, toda vez que invade la esfera competencial del Municipio prevista en el art�culo 115, fracci�n II, constitucional, que lo faculta para autogobernarse, desarrollar esta funci�n de manera exclusiva y para aprobar todas las disposiciones que organice la administraci�n p�blica municipal.

    El art�culo 60, en lo conducente, dispone lo siguiente:

    Art�culo 60. Los s�ndicos de los Ayuntamientos, tendr�n las siguientes facultades y obligaciones:

    ...

    III. Cuidar que se observen escrupulosamente las disposiciones de esta ley, para el efecto de sancionar cualquier infracci�n que se cometa;

    ...

    VIII. Demandar ante las autoridades competentes la responsabilidad en que incurran en el desempe�o de sus cargos, los funcionarios y empleados del Municipio."

    Las fracciones de referencia se refieren a la facultad del s�ndico para vigilar que se observen las disposiciones de la ley org�nica que ahora se combate, as� como demandar ante las autoridades competentes la responsabilidad en que incurran en el desempe�o de sus cargos, los funcionarios y empleados del Municipio. La circunstancia de que la Legislatura del Estado haya establecido tales atribuciones a favor del s�ndico municipal, no constituyen m�s que una aplicaci�n directa de los art�culos 109 y 113 de la Constituci�n Federal, en los cuales se establece que ser� facultad de las entidades federativas determinar a trav�s de la ley cu�l ser� el r�gimen de responsabilidad al que se sujetar�n los servidores p�blicos del propio Estado y, por supuesto, del Municipio, seg�n se advierte de la siguiente transcripci�n:

    Art�culo 109. El Congreso de la Uni�n y las Legislaturas de los Estados, dentro de los �mbitos de sus respectivas competencias, expedir�n las leyes de responsabilidades de los servidores p�blicos y las dem�s normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este car�cter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:

    ...

    III. Se aplicar�n sanciones administrativas a los servidores p�blicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempe�o de sus empleos, cargos o comisiones. ..."

    Art�culo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores p�blicos, determinar�n sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempe�o de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, as� como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, adem�s de las que se�alen las leyes, consistir�n en suspensi�n, destituci�n e inhabilitaci�n, as� como en sanciones econ�micas, y deber�n establecerse de acuerdo con los beneficios econ�micos obtenidos por el responsable y con los da�os y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracci�n III del art�culo 109, pero que no podr�n exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los da�os y perjuicios causados. ..."

    Por tanto, la circunstancia de que la Legislatura Estatal previera que el s�ndico se convierta en un vigilante y denunciante del incumplimiento de la norma, as� como de los principios que rigen el ejercicio de la funci�n p�blica, en nada atenta a la capacidad de autogobierno del Municipio, pues la propia Constituci�n Federal faculta a la legislatura para ello. Por lo anterior, en este aspecto resulta infundado el concepto de invalidez que plantea el Ayuntamiento actor.

    En su concepto de invalidez, el Municipio actor se�ala que el art�culo 62, fracci�n IV, de la Ley Org�nica Municipal del Estado de H., inserto dentro del cap�tulo relativo a las facultades y obligaciones de los regidores es inconstitucional, toda vez que invade la esfera competencial del Municipio prevista en el art�culo 115, fracci�n II, constitucional, que lo faculta para autogobernarse, desarrollar esta funci�n de manera exclusiva y para aprobar todas las disposiciones que organicen la administraci�n p�blica municipal. Asimismo, la parte actora invoc� como argumento el relativo a que en materia de mayor�as calificadas del Ayuntamiento, �stas s�lo son posibles de establecerse en una ley, trat�ndose de la disposici�n de bienes inmuebles o de la celebraci�n de actos jur�dicos que obliguen al Ayuntamiento m�s all� de su periodo de gobierno.

    El texto del art�culo 62, fracci�n IV, es el siguiente:

    Art�culo 62. Son facultades y obligaciones de los regidores, las siguientes:

    ...

    IV. Vigilar que los actos de la administraci�n municipal, se desarrollen en apego a lo dispuesto por las leyes y normas de observancia municipal."

    Dicha fracci�n establece la obligaci�n de los regidores de vigilar que los actos de la administraci�n municipal se desarrollen con apego a lo dispuesto por las leyes y normas de observancia general, cabe decir que tambi�n se trata de una norma derivada de los art�culos 109 y 113 de la Constituci�n Federal, los cuales establecen que las leyes de los Estados determinar�n el r�gimen de responsabilidad de los servidores p�blicos. Es decir, a trav�s de la fracci�n impugnada, el Estado de H. est� legislando en materia de responsabilidades de los servidores p�blicos y, en uso de esa misma facultad, otorga al regidor, a trav�s de una ley, la potestad de vigilar que los actos de la administraci�n se apeguen a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que exige la Constituci�n.

    Bajo ese esquema, puede concluirse que la fracci�n IV, encuentra apoyo directo en los art�culos 109 y 113 constitucionales, raz�n por la cual no invade la esfera de competencia del Municipio.

    La parte actora se�ala que el art�culo 88 de la ley impugnada, es violatorio del art�culo 115 constitucional, toda vez que invade la esfera de competencia de los Municipios al transgredir la facultad que tienen los Ayuntamientos para autogobernarse y para desarrollar esta funci�n de manera exclusiva.

    El art�culo impugnado es del tenor literal siguiente:

    Art�culo 88. Los bienes de dominio p�blico, son inalienables, imprescriptibles e inembargables y no est�n sujetos a acci�n reivindicatoria o de posesi�n definitiva o provisional, mientras no var�e su situaci�n jur�dica.

    Los bienes de dominio privado, podr�n ser enajenados mediante acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, previo aval�o que presente la Unidad de Obras P�blicas, en t�rminos de lo previsto por la Ley de Bienes del Estado de H.."

    Por cuanto se refiere al primer p�rrafo, tenemos que es una norma derivada de la fracci�n II, primer p�rrafo, del art�culo 115 de la Constituci�n Federal, que indica:

    Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

    ...

    II. Los Municipios estar�n investidos de personalidad jur�dica y manejar�n su patrimonio conforme a la ley."

    Ciertamente, en t�rminos de la norma constitucional citada, corresponde a las Legislaturas Locales la determinaci�n del r�gimen patrimonial de los bienes del Municipio, sin embargo, no podr� intervenir en la administraci�n y decisiones que el Ayuntamiento tome con respecto al destino de esos bienes, pues la Constituci�n limita sus atribuciones en el inciso b) de la fracci�n II del art�culo 115, que circunscribe el objeto de las leyes en materia municipal, al establecimiento de los casos en los que se requiera la votaci�n de las dos terceras partes del Ayuntamiento para la afectaci�n del patrimonio inmobiliario municipal.

    En efecto, en el dictamen de la Comisi�n de Gobernaci�n y Puntos Constitucionales de la C�mara de Diputados, en el punto 4.2.2 se se�al� lo siguiente:

    En el inciso b), se establece que la ley deber� prever el requisito de mayor�a calificada de los miembros de un Ayuntamiento en las decisiones relativas a la afectaci�n de su patrimonio inmobiliario y la firma de convenios que por su trascendencia lo requieran; sin embargo, en dichas decisiones la Legislatura Estatal ya no intervendr� en la toma de la decisi�n a los Ayuntamientos."

    Ahora bien, por cuanto se refiere al segundo p�rrafo del precepto en estudio, mismo que establece la necesidad de una votaci�n calificada para la enajenaci�n de los bienes de dominio privado, debe realizarse una interpretaci�n conforme con el inciso b) de la fracci�n II del art�culo 115 constitucional, en virtud de que �sta se refiere a que la legislatura podr� establecer que se requiera la mayor�a calificada de los miembros del Cabildo, �nicamente trat�ndose de la afectaci�n de bienes inmuebles.

    En consecuencia, el segundo p�rrafo del presente art�culo debe interpretarse en el sentido de que al referirse a bienes de dominio privado, lo hace �nicamente respecto a los inmuebles.

    Bajo este tenor y toda vez que la norma que se impugna es conforme con la Constituci�n Federal, el concepto de invalidez respectivo deviene en infundado.

    El Municipio actor se�ala en su concepto de invalidez, que las disposiciones relativas a la inspecci�n de la hacienda p�blica municipal invaden la esfera de competencias del Ayuntamiento, puesto que se refiere a cuestiones de organizaci�n del Municipio que le corresponde regular a cada uno.

    A fin de poder dar contestaci�n al concepto de invalidez antes rese�ado, resulta indispensable acudir al texto del art�culo 100, pues es el �nico con respecto al cual subsiste el problema de constitucionalidad:

    Art�culo 100. La inspecci�n de la hacienda p�blica municipal, se contraer� a lo siguiente:

    I.E. si la contabilidad se lleva en forma adecuada, legal y t�cnicamente y si se encuentra al corriente;

    II. Averiguar si se defraudan los intereses del erario municipal y las causas de que no se recaude lo que corresponde y confrontar en la tesorer�a las partidas de entrada con los recibos que se hayan expedido a los contribuyentes y cotejarlos con los comprobantes formulados al efecto, por la presidencia municipal;

    III. Conocer el monto de los rezagos y los motivos por los cuales no se hicieron oportunamente los cobros y exigir que se hagan desde luego con las medidas de apremio que marca la ley;

    IV. Investigar si tanto el tesorero como sus empleados, cumplen con sus obligaciones y atienden al p�blico con la debida diligencia;

    V. Examinar si se han cometido irregularidades en perjuicio del fisco municipal o de los contribuyentes y en su caso, se�alar a los responsables;

    VI. Revisar el archivo de la tesorer�a, cercior�ndose de que los expedientes se encuentren en orden y la correspondencia al corriente;

    VII. Observar el estado que guardan los muebles, �tiles y enseres de la oficina;

    VIII. Tomar las medidas necesarias, para el aseguramiento de bienes en los casos de fraude al erario municipal, en tanto se hace la consignaci�n correspondiente;

    IX. Examinar y hacer constar:

  3. Si hay raspaduras, enmendaduras o notas entre renglones en los asientos;

  4. Si los libros est�n autorizados y rubricados por quien corresponda;

  5. Si en las operaciones aritm�ticas y contables hay errores;

  6. Si los asientos de los diversos libros de la tesorer�a, concuerdan entre s�;

  7. Si los comprobantes del d�bito, justifican las respectivas partidas; si se cobraron impuestos que las leyes no autorizan y si se hicieron gastos que no est�n debidamente comprobados;

  8. Si los pagos se hicieron con puntualidad o hay alg�n adelanto o atraso en ellos y si las adquisiciones se hicieron de conformidad con la ley de la materia y

  9. Si los asientos se llevan al corriente.

    X. Las dem�s facultades que, en relaci�n con la hacienda municipal, sean conferidas a la propia Contadur�a M. de Hacienda del Congreso del Estado, en la ley org�nica respectiva."

    Dicho art�culo se refiere a la posibilidad del Congreso del Estado o la Diputaci�n Permanente de solicitar en cualquier momento a la Contadur�a M. de Hacienda, la pr�ctica de visitas de inspecci�n, supervisi�n o auditor�a, as� como a la materia a la que se deber� contraer la inspecci�n de la hacienda municipal, se sostiene que deben ser consideradas como normas que derivan del art�culo 115, fracci�n IV, pen�ltimo p�rrafo, de la Constituci�n Federal, atento a lo siguiente.

    El art�culo 115, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal establece:

    Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

    ...

    IV. Los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

  10. Percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

    Los Municipios podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administraci�n de esas contribuciones.

  11. Las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

  12. Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo.

    (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    Las leyes federales no limitar�n la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni conceder�n exenciones en relaci�n con las mismas. Las leyes estatales no establecer�n exenciones o subsidios en favor de persona o instituci�n alguna respecto de dichas contribuciones. S�lo estar�n exentos los bienes de dominio p�blico de la Federaci�n, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier t�tulo, para fines administrativos o prop�sitos distintos a los de su objeto p�blico.

    (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    Los Ayuntamientos, en el �mbito de su competencia, propondr�n a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

    (Adicionado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    Las Legislaturas de los Estados aprobar�n las Leyes de Ingresos de los Municipios, revisar�n y fiscalizar�n sus cuentas p�blicas. Los presupuestos de egresos ser�n aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.

    (Adicionado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    Los recursos que integran la hacienda municipal ser�n ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley."

    Del precepto en cita, destacan los siguientes elementos:

  13. La libre administraci�n de la hacienda municipal.

  14. La facultad de las Legislaturas Locales para establecer las contribuciones y otros ingresos que han de percibir los Municipios (Leyes de Ingresos).

  15. La facultad de los citados �rganos para fiscalizar las cuentas p�blicas municipales.

  16. La facultad de los Ayuntamientos para aprobar sus presupuestos de egresos.

    As� pues, el citado precepto con claridad faculta a las Legislaturas de los Estados para fiscalizar las cuentas p�blicas de los Ayuntamientos y, por tanto, la reglamentaci�n de dicha facultad debe establecerse en las Constituciones y leyes locales.

    Ahora bien, respecto de la facultad que constitucionalmente poseen las Legislaturas Locales para fiscalizar las cuentas p�blicas municipales, debe destacarse lo siguiente:

    El maestro F.T.R., se�ala que:

    ... la cuenta p�blica es un instrumento legal, destinado a comprobar una operaci�n pret�rita ... en un r�gimen efectivamente democr�tico, la revisi�n de la cuenta p�blica debe de significar el juicio cr�tico, imparcial y objetivo, de la obra realizada por el ejecutor del presupuesto, se�al�ndole las deficiencias si las hubiere, principalmente el desbordamiento en gastos no autorizados ..."

    Asimismo, es menester destacar que la reforma de mil novecientos noventa y nueve al art�culo 115 de la Constituci�n Federal, agreg� en la fracci�n IV, pen�ltimo p�rrafo, el t�rmino "fiscalizar�n", refiri�ndose a la actuaci�n de la legislatura respecto de la cuenta p�blica municipal. En el dictamen de la Comisi�n de Gobernaci�n y Puntos Constitucionales de la C�mara de Diputados, se explic� la raz�n de tal adici�n de la siguiente manera:

    A juicio de la comisi�n suscrita, la incorporaci�n del t�rmino fiscalizaci�n atiende el sentido que anima la reforma constitucional en curso de su art�culo 79, misma que dar�a lugar a la creaci�n de la entidad de fiscalizaci�n superior."

    Cabe hacer notar que este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, ha considerado que la citada facultad junto con la de aprobaci�n de Leyes de Ingresos y determinaci�n del presupuesto de egresos municipales, tienen, entre otras finalidades, la de revelar el Estado de las finanzas p�blicas, as� como asegurar la realizaci�n transparente de los planes de desarrollo y sus programas, lo cual se logra mediante la verificaci�n de la asignaci�n adecuada de los recursos disponibles, el control, vigilancia y fincamiento de responsabilidades correspondientes. La jurisprudencia a que se alude es la P./J. 72/2000, que deriv� de un caso an�logo y fue publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XII, agosto de 2000, p�gina 964, que a la letra indica:

    CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ART�CULOS 45 Y 58, F.V., DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, QUE FACULTAN AL CONGRESO DE ESA ENTIDAD PARA REVISAR Y CALIFICAR LAS CUENTAS P�BLICAS MUNICIPALES, NO TRANSGREDEN EL ART�CULO 115, FRACCI�N IV, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL. El art�culo 45 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Tamaulipas que faculta al Congreso Local para examinar las cuentas de recaudaci�n y aplicaci�n de los fondos p�blicos municipales, con el objeto de determinar si las cantidades percibidas y gastadas est�n de acuerdo con las partidas respectivas de los presupuestos; si se actu� de conformidad con las leyes de la materia; si los gastos est�n justificados y si ha lugar a exigir alguna responsabilidad; y el diverso art�culo 58, fracci�n VI, del propio ordenamiento que dispone que corresponde al citado Congreso, por conducto de la Contadur�a M. de Hacienda, realizar la revisi�n y calificaci�n de la cuenta p�blica municipal, no transgreden el art�culo 115, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal. Si bien es cierto que conforme a lo dispuesto por este precepto constitucional, las Legislaturas de los Estados tienen la facultad gen�rica de aprobar las Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos y revisar sus cuentas p�blicas, ello es con la finalidad de revelar el Estado de las finanzas p�blicas municipales, as� como asegurar la realizaci�n transparente de los planes municipales de desarrollo y sus programas por medio de la verificaci�n de la asignaci�n adecuada de los recursos disponibles, el control, vigilancia y fincamiento de responsabilidades, por lo que las atribuciones concedidas en los art�culos 45 y 58, fracci�n VI, de la citada Constituci�n Local, no contrar�an o exceden las conferidas por el precepto de la Constituci�n Federal de referencia."

    En conclusi�n, la Constituci�n Federal establece la facultad en favor de las Legislaturas Estatales de aprobar las Leyes de Ingresos de los Municipios y de revisar las cuentas p�blicas municipales, raz�n por la cual el establecimiento de los procedimientos, las facultades de los �rganos de inspecci�n, as� como la delimitaci�n del objeto de revisi�n por parte de las Legislaturas de los Estados, no es m�s que el desarrollo de la fracci�n IV, pen�ltimo p�rrafo, del art�culo 115 de la Constituci�n Federal y, consecuentemente, debe ser considerada como una norma derivada de aqu�lla y, por tanto, no pueden ser invasores de la esfera de competencia del Municipio, por lo que los respectivos argumentos de invalidez deben considerarse infundados.

    En diverso concepto de invalidez, el Municipio actor se�ala que la Legislatura Estatal invade su esfera de competencias al obligar a los Ayuntamientos a contar con una Contralor�a M..

    Los art�culos 102 y 103 que prev�n lo relativo a la Contralor�a Municipal, se�alan lo siguiente:

    Art�culo 102. En cada Ayuntamiento, habr� una contralor�a que tendr� por objeto la vigilancia y evaluaci�n del desempe�o de las distintas �reas de la administraci�n municipal, para promover la productividad, eficiencia y eficacia, a trav�s de la implantaci�n de sistemas de control interno, adecuado a las circunstancias, as� como vigilar, en su �mbito, el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de Servidores P�blicos."

    Art�culo 103. La contralor�a, tendr� las siguientes facultades y obligaciones:

    I. Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulen las funciones del Ayuntamiento;

    II. Vigilar la observancia de los procedimientos establecidos para el control interno del Ayuntamiento;

    III. Vigilar, en su �mbito, el cumplimiento de las normas establecidas por los organismos de control del Estado, como son: la Secretar�a de Contralor�a del Gobierno del Estado de H. y la Contadur�a M. de Hacienda del Congreso del mismo;

    IV. Coordinar las auditor�as generales o especiales, que deban realizarse por acuerdo del presidente municipal, en todas las �reas de la administraci�n p�blica municipal;

    V.E. y proponer, conjuntamente con el secretario general municipal, a las diversas dependencias de la administraci�n p�blica municipal, mejoras a los sistemas de administraci�n y control, que se consideren convenientes;

    VI. Dar seguimiento a programas de Gobierno Municipal;

    VII. Investigar cualquier situaci�n de orden administrativo, que le solicite el presidente municipal;

    VIII. Rendir informe de sus actividades al presidente municipal;

    IX. Recabar las declaraciones patrimoniales de los servidores p�blicos que deban presentarla, de conformidad con la ley de la materia y

    X. Las dem�s que le se�alen las leyes, reglamentos y acuerdos del Ayuntamiento, e instrucciones del presidente municipal.

    El titular de la Contralor�a, deber� contar con estudios de educaci�n media superior o su equivalente en la rama contable administrativa, como m�nimo, debidamente acreditados ante el Ayuntamiento."

    Los citados preceptos establecen la obligaci�n de que en cada Ayuntamiento exista una contralor�a que se encargue de la vigilancia y evaluaci�n de la administraci�n p�blica municipal, as� como del cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de Servidores P�blicos, adem�s, prev� lo relativo a las facultades y obligaciones de dicho �rgano y su �ltimo p�rrafo establece los requisitos para ocupar el cargo de contralor.

    Ahora bien, el t�tulo cuarto de la Constituci�n Federal, aborda lo relativo a las responsabilidades de los servidores p�blicos, facultando en los art�culos 108, 109 y 113 de la misma a que las Legislaturas Locales regulen dicha materia. Para mayor claridad, se transcriben de nueva cuenta los preceptos citados:

    (Reformado primer p�rrafo, D.O.F. 22 de agosto de 1996)

    Art�culo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este t�tulo se reputar�n como servidores p�blicos a los representantes de elecci�n popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y, en general, a toda persona que desempe�e un empleo, cargo o comisi�n de cualquier naturaleza en la administraci�n p�blica federal o en el Distrito Federal, as� como a los servidores del Instituto Federal Electoral, quienes ser�n responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempe�o de sus respectivas funciones.

    (Reformado, D.O.F. 28 de diciembre de 1982)

    El presidente de la Rep�blica, durante el tiempo de su encargo, s�lo podr� ser acusado por traici�n a la patria y delitos graves del orden com�n.

    (Reformado, D.O.F. 31 de diciembre de 1994)

    Los gobernadores de los Estados, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, ser�n responsables por violaciones a esta Constituci�n y a las leyes federales, as� como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

    (Reformado, D.O.F. 28 de diciembre de 1982)

    Las Constituciones de los Estados de la Rep�blica precisar�n, en los mismos t�rminos del primer p�rrafo de este art�culo y para los efectos de sus responsabilidades, el car�cter de servidores p�blicos de quienes desempe�en empleo, cargo o comisi�n en los Estados y en los Municipios."

    Art�culo 109. El Congreso de la Uni�n y las Legislaturas de los Estados, dentro de los �mbitos de sus respectivas competencias, expedir�n las leyes de responsabilidades de los servidores p�blicos y las dem�s normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este car�cter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:

    I. Se impondr�n, mediante juicio pol�tico, las sanciones indicadas en el art�culo 110 a los servidores p�blicos se�alados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses p�blicos fundamentales o de su buen despacho.

    No procede el juicio pol�tico por la mera expresi�n de ideas.

    II. La comisi�n de delitos por parte de cualquier servidor p�blico ser� perseguida y sancionada en los t�rminos de la legislaci�n penal; y

    III. Se aplicar�n sanciones administrativas a los servidores p�blicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempe�o de sus empleos, cargos o comisiones.

    Los procedimientos para la aplicaci�n de las sanciones mencionadas se desarrollar�n aut�nomamente. No podr�n imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

    Las leyes determinar�n los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento il�cito a los servidores p�blicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por s� o por interp�sita persona, aumenten sustancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como due�os sobre ellos, cuya procedencia l�cita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionar�n con el decomiso y con la privaci�n de la propiedad de dichos bienes, adem�s de las otras penas que correspondan.

    Cualquier ciudadano, bajo su m�s estricta responsabilidad y mediante la presentaci�n de elementos de prueba, podr� formular denuncia ante la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n respecto de las conductas a las que se refiere el presente art�culo."

    Art�culo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores p�blicos, determinar�n sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempe�o de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, as� como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, adem�s de las que se�alen las leyes, consistir�n en suspensi�n, destituci�n e inhabilitaci�n, as� como en sanciones econ�micas, y deber�n establecerse de acuerdo con los beneficios econ�micos obtenidos por el responsable y con los da�os y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracci�n III del art�culo 109, pero que no podr�n exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los da�os y perjuicios causados.

    (Adicionado, D.O.F. 14 de junio de 2002)

    La responsabilidad del Estado por los da�os que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, ser� objetiva y directa. Los particulares tendr�n derecho a una indemnizaci�n conforme a las bases, l�mites y procedimientos que establezcan las leyes."

    De la lectura de las invocadas disposiciones de la Carta Magna, se advierte, en primer lugar, la intenci�n del Constituyente de regular a ese alto rango la vigilancia de todos los servidores p�blicos a fin de garantizar la transparencia de su conducta en el ejercicio de sus funciones, dejando claramente definida la necesidad de responsabilizarlos mediante los lineamientos generales cuyo desarrollo y especificaci�n encomienda a las Constituciones Locales y a las leyes, tanto federales como estatales.

    Tambi�n se advierte que la Constituci�n General de la Rep�blica prev�, en los art�culos transcritos, tres distintas formas de responsabilidad: una pol�tica, cuando en el ejercicio de sus funciones, los servidores p�blicos adopten conductas que perjudiquen los intereses p�blicos b�sicos o el buen despacho de los asuntos respectivos; otra de car�cter penal, por los delitos perpetrados por dichos servidores; y una m�s de �ndole administrativa, por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que los servidores p�blicos deben cumplir en sus cargos; estas responsabilidades, como ya se indic�, son reglamentadas en las leyes secundarias, siendo importante destacar para efectos de este asunto que los funcionarios p�blicos al servicio del Municipio, sin excepci�n, est�n sujetos a dichas responsabilidades pol�ticas, penales y administrativas y, asimismo, que el propio art�culo 108 constitucional ordena a los Constituyentes y Legislaturas Locales la expedici�n de las normas relativas, tanto en relaci�n con los servidores del Estado como en lo atinente a los de los Municipios.

    En este tenor, si la Constituci�n Federal faculta a las Legislaturas Estatales para regular lo relativo a las responsabilidades p�blicas tanto de los servidores p�blicos del Estado como los de los Municipios, as� como los procedimientos y autoridades encargadas de la aplicaci�n de estas normas, es claro que se trata del desarrollo de los art�culos 108, 109 y 113 de la Constituci�n Federal y, consecuentemente, la creaci�n de la contralor�a y el establecimiento de sus facultades deben ser consideradas como normas derivadas de aqu�lla, a excepci�n del �ltimo p�rrafo del art�culo 103 y, por tanto, no pueden ser invasoras de la esfera de competencia del Municipio, por lo que los respectivos argumentos de invalidez deben considerarse infundados.

    Resulta aplicable, por analog�a, la jurisprudencia de este Tribunal Pleno, n�mero P./J. 33/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XI, abril de 2000, p�gina 819, que a la letra indica:

    MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LE�N. LOS MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS RESPONDEN CONSTITUCIONALMENTE DEL EJERCICIO INDEBIDO DE SU ENCARGO. La Ley de Responsabilidades de los Servidores P�blicos para el Estado de Nuevo Le�n, reformada en 1991, impone a los funcionarios municipales electos popularmente la obligaci�n de formular sus declaraciones patrimoniales ante la Contralor�a del Estado, pero es infundada la pretensi�n de que, con ello, se invada la esfera de competencia que el art�culo 115 de la Constituci�n Federal reserva a los Municipios, ya que, por lo contrario, el establecimiento de dicho r�gimen responde al sistema constitucional de responsabilidades. As�, de los art�culos 108, 109 y 113 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte la intenci�n del Constituyente de regular a ese alto rango las funciones de vigilancia de todos los servidores p�blicos, a fin de garantizar la transparencia en el ejercicio de la funci�n p�blica y definir la necesidad de fincar responsabilidades cuando esta funci�n se ejerza en forma indebida; tales disposiciones de la Carta Magna, estatuyen la responsabilidad: pol�tica, cuando en el ejercicio de sus funciones, los servidores p�blicos adopten conductas que perjudiquen los intereses p�blicos b�sicos o el buen despacho de los asuntos de su legal competencia; la de car�cter penal, por los delitos perpetrados por dichos servidores; y la de �ndole administrativa, por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia inherentes al ejercicio del encargo. Cuando estas responsabilidades son del fuero local, de acuerdo con el art�culo 108 constitucional, son materia de las Constituciones Locales y deben ser desarrolladas por las leyes secundarias que al efecto expidan las Legislaturas Locales, tanto en relaci�n con los servidores de los Estados, como de los Municipios. En el Estado de Nuevo Le�n, las normas correspondientes se encuentran plasmadas en los art�culos 63, fracci�n V, 105, 107, 110, 112 y 115 de su Constituci�n Pol�tica, as� como en los art�culos 2o. y 24, fracciones VII y XIII, de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica del Estado, 26, inciso a), fracci�n VII, 160 y 161 de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica Municipal del Estado, y 2o., 3o., 41, 45 y 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores P�blicos para el Estado de Nuevo Le�n, de cuya relaci�n concordante se infiere que el r�gimen de las responsabilidades en que pueden incurrir los servidores del Estado de Nuevo Le�n y de sus Municipios, se apega al sistema constitucional."

    Por lo que respecta a los requisitos para ser contralor contenidos en el �ltimo p�rrafo del art�culo 103, este Alto Tribunal ya se pronunci� en el considerando noveno de esta ejecutoria sobre la invalidez relativa de dicha porci�n normativa, por no precisar si se trata de una base general de administraci�n p�blica municipal o una norma por ausencia de reglamento, en t�rminos del art�culo 115, fracci�n II, inciso e), constitucional, por lo que no es necesario hacer referencia a ella en este apartado.

    Se�ala el Municipio actor que la Legislatura Estatal invade su esfera de competencias al prever de manera exhaustiva todo lo relacionado con los servicios p�blicos, aun cuando dichas cuestiones fueron reservadas por la Constituci�n Federal a los Municipios.

    El art�culo 104 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de Hidalgo dispone:

    Art�culo 104. Los Municipios, organizar�n y reglamentar�n la administraci�n, funcionamiento, conservaci�n o explotaci�n de los servicios p�blicos. Se consideran, enunciativa y no limitativamente como tales, los siguientes:

    I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici�n de aguas residuales;

    II. Alumbrado p�blico;

    III. Limpia, recolecci�n, traslado, tratamiento y disposici�n final de residuos;

    IV. Mercado y centrales de abasto;

    V.P.;

    VI. Rastro;

    VII. Registro del Estado Familiar;

    VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento;

    IX. Seguridad p�blica, en los t�rminos del art�culo 21 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, polic�a preventiva municipal y tr�nsito;

    X.P.�n de la flora, la fauna y el medio ambiente;

    XI. Los sistemas necesarios para la seguridad civil de la poblaci�n;

    XII. Asistencia social;

    XIII. Sanidad municipal;

    XIV. Obras p�blicas;

    XV. Conservaci�n de obras de inter�s social;

    XVI. Fomentar el turismo y la recreaci�n;

    XVII. Proporcionar, reglamentar y vigilar toda clase de espect�culos y

    XVIII. Los dem�s que la Legislatura del Estado determine, seg�n las condiciones territoriales y socioecon�micas de los Municipios; as� como sus capacidades t�cnicas administrativas y financieras.

    Estos servicios, podr�n prestarse con el concurso del Gobierno del Estado, cuando as� lo soliciten las autoridades municipales, previa aprobaci�n del Ayuntamiento y mediante convenio, en los t�rminos de ley."

    A fin de analizar el art�culo anterior, es menester atender al contenido del art�culo 115, fracci�n III, de la Constituci�n Federal, que dispone lo siguiente:

    Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

    ...

    III. Los Municipios tendr�n a su cargo las funciones y servicios p�blicos siguientes:

    (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

  17. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici�n de sus aguas residuales;

  18. Alumbrado p�blico;

    (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

  19. Limpia, recolecci�n, traslado, tratamiento y disposici�n final de residuos;

  20. Mercados y centrales de abasto;

  21. Panteones;

  22. Rastro;

    (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

  23. Calles, parques y jardines y su equipamiento;

    (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

  24. Seguridad p�blica, en los t�rminos del art�culo 21 de esta Constituci�n, Polic�a Preventiva Municipal y Tr�nsito; e

  25. Los dem�s que las Legislaturas Locales determinen seg�n las condiciones territoriales y socio-econ�micas de los Municipios, as� como su capacidad administrativa y financiera.

    (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempe�o de las funciones o la prestaci�n de los servicios a su cargo, los Municipios observar�n lo dispuesto por las leyes federales y estatales.

    (Adicionado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podr�n coordinarse y asociarse para la m�s eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y trat�ndose de la asociaci�n de Municipios de dos o m�s Estados, deber�n contar con la aprobaci�n de las Legislaturas de los Estados respectivas. As� mismo cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste, de manera directa o a trav�s del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio;

    (Adicionado, D.O.F. 14 de agosto de 2001)

    Las comunidades ind�genas, dentro del �mbito municipal, podr�n coordinarse y asociarse en los t�rminos y para los efectos que prevenga la ley."

    De lo anterior, tenemos que las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX y XVIII, �ltimo p�rrafo, que, respectivamente, regulan los servicios p�blicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici�n de aguas residuales; alumbrado p�blico; limpia, recolecci�n, traslado, tratamiento y disposici�n final de residuos; mercado y centrales de abasto; panteones; rastro; calles, parques y jardines y su equipamiento; seguridad p�blica, en los t�rminos del art�culo 21 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y Polic�a Preventiva Municipal y Tr�nsito, as� como la posibilidad de que los servicios p�blicos sean prestados con el concurso del Gobierno del Estado a solicitud de las autoridades municipales y previa autorizaci�n del Ayuntamiento correspondiente, deben ser consideradas normas derivadas de la fracci�n III del art�culo 115 de la Constituci�n Federal, en tanto reproducen literalmente el texto previsto en los incisos a) al h) y el pen�ltimo p�rrafo de dicho precepto.

    Por lo que se refiere a la fracci�n XIV del art�culo 104 que se analiza, y que se refiere a obra p�blica, debe se�alarse lo siguiente.

    En principio, es menester precisar que las obras p�blicas son aquellas que son de uso y aprovechamiento general, as� como las construcciones destinadas a servicios y funciones p�blicas que est�n a cargo de la Federaci�n, los Estados, o bien, los Municipios. Ciertamente, la obra p�blica se refiere a inmuebles que al sufrir una transformaci�n material por el ejercicio de una titularidad administrativa, se traducen en una afectaci�n final del mismo que redundar� en el uso y aprovechamiento de la generalidad.

    Bajo este tenor, la facultad de los Municipios de realizar obra p�blica tambi�n debe considerarse como una norma derivada del art�culo 115, fracci�n III, de la Constituci�n Federal, pues est� impl�cita dentro de la naturaleza de los servicios y funciones p�blicas, toda vez que consiste en la creaci�n y mantenimiento de la infraestructura indispensable para su prestaci�n.

    Por �ltimo, en cuanto a la fracci�n XVII que establece la facultad de los Municipios de proporcionar, reglamentar y vigilar toda clase de espect�culos, debe se�alarse igualmente que deriva del art�culo 115, fracci�n II, de la Constituci�n Federal, que dispone:

    Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

    ...

    II. Los Municipios estar�n investidos de personalidad jur�dica y manejar�n su patrimonio conforme a la ley.

    (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    Los Ayuntamientos tendr�n facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deber�n expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de polic�a y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci�n p�blica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia y aseguren la participaci�n ciudadana y vecinal."

    El art�culo 115, fracci�n II, de la Constituci�n Federal, faculta expresamente a los Ayuntamientos para expedir los reglamentos de polic�a y gobierno.

    Hasta antes de la reforma de mil novecientos noventa y nueve, se hablaba de la expresi�n "polic�a y buen gobierno". El t�rmino de polic�a se emplea en el sentido amplio que le da el derecho p�blico, refiri�ndose a las actividades administrativas, tanto de car�cter preventivo como represivo, que tienden a asegurar o a restaurar el orden y la paz p�blica en una ciudad determinada. El buen gobierno se refiere a que esas mismas actividades deben tener como finalidad beneficiar los intereses de los ciudadanos en lo general o, incluso, cuando as� proceda, a su particular provecho. Ahora se emplea el t�rmino de polic�a y gobierno.

    Los reglamentos de polic�a y gobierno tienen como finalidad regular la conducta de los particulares, teniendo como objetivo la tranquilidad, la seguridad y el bienestar de la colectividad, es decir, se trata de facultades con las que cuentan los gobernantes para limitar los derechos y la posibilidad de actuaci�n de los particulares en beneficio del inter�s general y con base en el orden p�blico.

    En este orden de ideas, debe considerarse que el contenido de la fracci�n XVII, se traduce en la particularizaci�n de la facultad concedida por la Constituci�n Federal en favor de los Municipios de expedir bandos de polic�a y gobierno al �mbito espec�fico de los espect�culos, en la medida de que su realizaci�n no importe perjuicios a la comunidad, raz�n por la cual debe considerarse una norma derivada del art�culo 115, fracci�n II, de la Constituci�n Federal.

    Este Alto Tribunal ha sostenido la existencia de reglamentos aut�nomos de polic�a y buen gobierno desde principios del siglo pasado, tal como se desprende de la siguiente tesis de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, Tomo LXXII, p�gina 1639, que indica:

    MISCEL�NEAS. Existen reglamentos aut�nomos que no guardan relaci�n con la ley y su existencia la reconoce el art�culo 21 constitucional, al establecer la posibilidad de que la autoridad administrativa dicte reglamentos gubernativos o de polic�a y establezca sanciones en ellos. Ahora bien, un reglamento que establezca que un miscel�nea no debe vender pan, sino que tiene que transformarse en expendio de ese art�culo; que s�lo puede establecerse a determinada distancia respecto de otro expendio y que tiene que observar tales o cuales regulaciones respecto del precio a que vende, etc., ya no constituye simples medidas de polic�a o buen gobierno, de acuerdo con el concepto tradicional que tienen estas expresiones, sino que legisla en materia de comercio, y entonces, la autoridad administrativa rebasa los l�mites de la facultad que le concede dicho art�culo 21, porque invade las funciones propias del Poder Legislativo. Por tanto, el amparo que se pida contra la expedici�n, promulgaci�n y publicaci�n del Reglamento de la Industria del Pan, en el Distrito Federal, debe concederse.

    Amparo administrativo en revisi�n 885/42. Espinosa viuda de G.E.. 20 de abril de 1942. Mayor�a de tres votos. Ausente: O.M.G.�lez. Disidente: A.F.R.�rez. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente. Engrose: G.F.."

    En conclusi�n, en todas las fracciones referidas, la legislatura no otorga al Municipio derechos u obligaciones distintos a los que la Constituci�n Federal directamente asigna a �ste, raz�n por la cual su actuaci�n no puede considerarse invasora de la esfera de competencias del Municipio y, por tanto, el concepto de invalidez resulta infundado respecto de dichas fracciones.

    Ahora bien, por cuanto respecta a las fracciones X, XI, XIII y XVI del art�culo 104 de la ley impugnada, que establecen la facultad de los Municipios para proteger la flora, la fauna y el medio ambiente; el establecimiento de los sistemas necesarios para la seguridad civil de la poblaci�n; la sanidad municipal; y el turismo y la recreaci�n; debe destacarse que las mismas tambi�n son normas derivadas de la Constituci�n Federal, espec�ficamente del art�culo 73, fracciones XXIX-G, XXIX-I y XVI, este �ltimo en relaci�n con el art�culo 4o., p�rrafo tercero y XXIX-K, que regulan como materias concurrentes las relativas a protecci�n, preservaci�n y restauraci�n del ambiente y equilibrio ecol�gico; protecci�n civil; salubridad general y turismo, respectivamente.

    Respecto de las facultades concurrentes, el Pleno de este Alto Tribunal ha sostenido la jurisprudencia P./J. 142/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XV, enero de 2002, p�gina 1042, que a la letra dice:

    FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JUR�DICO MEXICANO. SUS CARACTER�STICAS GENERALES. Si bien es cierto que el art�culo 124 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece que: �Las facultades que no est�n expresamente concedidas por esta Constituci�n a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.�, tambi�n lo es que el �rgano Reformador de la Constituci�n determin�, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Uni�n fijara un reparto de competencias, denominado �facultades concurrentes�, entre la Federaci�n, las entidades federativas y los Municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la educativa (art�culos 3o., fracci�n VIII y 73, fracci�n XXV), la de salubridad (art�culos 4o., p�rrafo tercero y 73, fracci�n XVI), la de asentamientos humanos (art�culos 27, p�rrafo tercero y 73, fracci�n XXIX-C), la de seguridad p�blica (art�culo 73, fracci�n XXIII), la ambiental (art�culo 73, fracci�n XXIX-G), la de protecci�n civil (art�culo 73, fracci�n XXIX-I) y la deportiva (art�culo 73, fracci�n XXIX-J). Esto es, en el sistema jur�dico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federaci�n, puedan actuar respecto de una misma materia, pero ser� el Congreso de la Uni�n el que determine la forma y los t�rminos de la participaci�n de dichos entes a trav�s de una ley general."

    Ahora bien, toda vez que las facultades concurrentes implican que por disposici�n constitucional el Congreso de la Uni�n fije el reparto de competencias entre la Federaci�n, Estados y Municipios, a trav�s de una ley, es menester acudir a las respectivas leyes marco, a fin de determinar si la Legislatura Local es respetuosa de �stas y, en consecuencia, de lo dispuesto por los art�culos 73 y 115 de la Constituci�n Federal.

    Por cuanto se refiere a la materia de protecci�n, preservaci�n y restauraci�n del ambiente y equilibrio ecol�gico, el legislador federal expidi� como ley marco, la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, en cuyos art�culos 7o. y 8o. dispuso lo siguiente:

    Art�culo 7o. Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

    I. La formulaci�n, conducci�n y evaluaci�n de la pol�tica ambiental estatal;

    II. La aplicaci�n de los instrumentos de pol�tica ambiental previstos en las leyes locales en la materia, as� como la preservaci�n y restauraci�n del equilibrio ecol�gico y la protecci�n al ambiente que se realice en bienes y zonas de jurisdicci�n estatal, en las materias que no est�n expresamente atribuidas a la Federaci�n;

    III. La prevenci�n y control de la contaminaci�n atmosf�rica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, as� como por fuentes m�viles, que conforme a lo establecido en esta ley no sean de competencia federal;

    IV. La regulaci�n de actividades que no sean consideradas altamente riesgosas para el ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 149 de la presente ley;

    V. El establecimiento, regulaci�n, administraci�n y vigilancia de las �reas naturales protegidas previstas en la legislaci�n local, con la participaci�n de los Gobiernos Municipales;

    VI. La regulaci�n de los sistemas de recolecci�n, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposici�n final de los residuos s�lidos e industriales que no est�n considerados como peligrosos de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 137 de la presente ley;

    VII. La prevenci�n y el control de la contaminaci�n generada por la emisi�n de ruido, vibraciones, energ�a t�rmica, lum�nica, radiaciones electromagn�ticas y olores perjudiciales al equilibrio ecol�gico o al ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, as� como, en su caso, de fuentes m�viles que conforme a lo establecido en esta ley no sean de competencia federal;

    VIII. La regulaci�n del aprovechamiento sustentable y la prevenci�n y control de la contaminaci�n de las aguas de jurisdicci�n estatal; as� como de las aguas nacionales que tengan asignadas;

    IX. La formulaci�n, expedici�n y ejecuci�n de los programas de ordenamiento ecol�gico del territorio a que se refiere el art�culo 20 BIS 2 de esta ley, con la participaci�n de los Municipios respectivos;

    X. La prevenci�n y el control de la contaminaci�n generada por el aprovechamiento de las sustancias no reservadas a la Federaci�n, que constituyan dep�sitos de naturaleza similar a los componentes de los terrenos, tales como rocas o productos de su descomposici�n que s�lo puedan utilizarse para la fabricaci�n de materiales para la construcci�n u ornamento de obras;

    XI. La atenci�n de los asuntos que afecten el equilibrio ecol�gico o el ambiente de dos o m�s Municipios;

    XII. La participaci�n en emergencias y contingencias ambientales, conforme a las pol�ticas y programas de protecci�n civil que al efecto se establezcan;

    XIII. La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Federaci�n, en las materias y supuestos a que se refieren las fracciones III, VI y VII de este art�culo;

    XIV. La conducci�n de la pol�tica estatal de informaci�n y difusi�n en materia ambiental;

    XV. La promoci�n de la participaci�n de la sociedad en materia ambiental, de conformidad con lo dispuesto en esta ley;

    XVI. La evaluaci�n del impacto ambiental de las obras o actividades que no se encuentren expresamente reservadas a la Federaci�n, por la presente ley y, en su caso, la expedici�n de las autorizaciones correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 35 BIS 2 de la presente ley;

    XVII. El ejercicio de las funciones que en materia de preservaci�n del equilibrio ecol�gico y protecci�n al ambiente les transfiera la Federaci�n, conforme a lo dispuesto en el art�culo 11 de este ordenamiento;

    XVIII. La formulaci�n, ejecuci�n y evaluaci�n del programa estatal de protecci�n al ambiente;

    XIX. La emisi�n de recomendaciones a las autoridades competentes en materia ambiental, con el prop�sito de promover el cumplimiento de la legislaci�n ambiental;

    XX. La atenci�n coordinada con la Federaci�n de asuntos que afecten el equilibrio ecol�gico de dos o m�s entidades federativas, cuando as� lo consideren conveniente las entidades federativas respectivas, y

    XXI. La atenci�n de los dem�s asuntos que en materia de preservaci�n del equilibrio ecol�gico y protecci�n al ambiente les conceda esta ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no est�n otorgados expresamente a la Federaci�n."

    (Reformado, D.O.F. 13 de diciembre de 1996)

    Art�culo 8o. Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

    I. La formulaci�n, conducci�n y evaluaci�n de la pol�tica ambiental municipal;

    II. La aplicaci�n de los instrumentos de pol�tica ambiental previstos en las leyes locales en la materia y la preservaci�n y restauraci�n del equilibrio ecol�gico y la protecci�n al ambiente en bienes y zonas de jurisdicci�n municipal, en las materias que no est�n expresamente atribuidas a la Federaci�n o a los Estados;

    III. La aplicaci�n de las disposiciones jur�dicas en materia de prevenci�n y control de la contaminaci�n atmosf�rica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, as� como de emisiones de contaminantes a la atm�sfera provenientes de fuentes m�viles que no sean consideradas de jurisdicci�n federal, con la participaci�n que de acuerdo con la legislaci�n estatal corresponda al Gobierno del Estado;

    IV. La aplicaci�n de las disposiciones jur�dicas relativas a la prevenci�n y control de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generaci�n, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposici�n final de los residuos s�lidos e industriales que no est�n considerados como peligrosos, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 137 de la presente ley;

    V. La creaci�n y administraci�n de zonas de preservaci�n ecol�gica de los centros de poblaci�n, parques urbanos, jardines p�blicos y dem�s �reas an�logas previstas por la legislaci�n local;

    VI. La aplicaci�n de las disposiciones jur�dicas relativas a la prevenci�n y control de la contaminaci�n por ruido, vibraciones, energ�a t�rmica, radiaciones electromagn�ticas y lum�nica y olores perjudiciales para el equilibrio ecol�gico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, as� como la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes m�viles excepto las que conforme a esta ley sean consideradas de jurisdicci�n federal;

    VII. La aplicaci�n de las disposiciones jur�dicas en materia de prevenci�n y control de la contaminaci�n de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de poblaci�n, as� como de las aguas nacionales que tengan asignadas, con la participaci�n que conforme a la legislaci�n local en la materia corresponda a los Gobiernos de los Estados;

    VIII. La formulaci�n y expedici�n de los programas de ordenamiento ecol�gico local del territorio a que se refiere el art�culo 20 BIS 4 de esta ley, en los t�rminos en ella previstos, as� como el control y la vigilancia del uso y cambio de uso del suelo, establecidos en dichos programas;

    IX. La preservaci�n y restauraci�n del equilibrio ecol�gico y la protecci�n al ambiente en los centros de poblaci�n, en relaci�n con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, tr�nsito y transporte locales, siempre y cuando no se trate de facultades otorgadas a la Federaci�n o a los Estados en la presente ley;

    X. La participaci�n en la atenci�n de los asuntos que afecten el equilibrio ecol�gico de dos o m�s Municipios y que generen efectos ambientales en su circunscripci�n territorial;

    XI. La participaci�n en emergencias y contingencias ambientales conforme a las pol�ticas y programas de protecci�n civil que al efecto se establezcan;

    XII. La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Federaci�n, en las materias y supuestos a que se refieren las fracciones III, IV, VI y VII de este art�culo;

    XIII. La formulaci�n y conducci�n de la pol�tica municipal de informaci�n y difusi�n en materia ambiental;

    XIV. La participaci�n en la evaluaci�n del impacto ambiental de obras o actividades de competencia estatal, cuando las mismas se realicen en el �mbito de su circunscripci�n territorial;

    XV. La formulaci�n, ejecuci�n y evaluaci�n del programa municipal de protecci�n al ambiente, y

    XVI. La atenci�n de los dem�s asuntos que en materia de preservaci�n del equilibrio ecol�gico y protecci�n al ambiente les conceda esta ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no est�n otorgados expresamente a la Federaci�n o a los Estados."

    De lo anterior, tenemos que la ley otorga a las Legislaturas Locales un car�cter regulatorio que se debe ejercer a trav�s de ley y a los Municipios un car�cter esencialmente ejecutivo, por cuanto se refiere al cumplimiento de la norma local, raz�n por la cual la atribuci�n relativa a la protecci�n de la flora, la fauna y el medio ambiente no resulta invasora de la esfera municipal.

    En segundo lugar, por cuanto ata�e a la protecci�n civil, el legislador federal expidi� la Ley General de la Protecci�n Civil, en cuyo art�culo 15 asent�:

    Art�culo 15. Es responsabilidad de los gobernadores de los Estados, del jefe de Gobierno del Distrito Federal y de los presidentes municipales, la integraci�n y funcionamiento de los sistemas de protecci�n civil de las entidades federativas y de los Municipios respectivamente, conforme a lo que establezca la legislaci�n local en la materia.

    Para tal efecto, promover�n la instalaci�n de Consejos Estatales de Protecci�n Civil, y el establecimiento de las Unidades Estatal y Municipales de Protecci�n Civil, o en su caso, de la Unidad de Protecci�n Civil del Distrito Federal y de las delegaciones que correspondan.

    Los Consejos Estatales y M. se integrar�n y tendr�n las facultades que les se�alen las leyes y disposiciones locales."

    De lo anterior se desprende que la ley marco faculta a los Municipios para establecer un sistema de protecci�n civil municipal, conforme a lo dispuesto por la ley local, raz�n por la cual el hecho de que la Legislatura Local atribuya al Municipio la materia de protecci�n civil, no resulta violatorio de su esfera competencial.

    En cuanto al tema de sanidad municipal, es necesario destacar que el legislador federal expidi� la Ley General de Salud, en cuyos art�culos 393 y 403 dispuso:

    Art�culo 393. Corresponde a la Secretar�a de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en el �mbito de sus respectivas competencias, la vigilancia del cumplimiento de esta ley y dem�s disposiciones que se dicten con base en ella.

    La participaci�n de las autoridades municipales estar� determinada por los convenios que celebren con los gobiernos de las respectivas entidades federativas y por lo que dispongan los ordenamientos locales."

    Art�culo 403. Son competentes para ordenar o ejecutar medidas de seguridad, la Secretar�a de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el �mbito de sus respectivas competencias.

    La participaci�n de los Municipios estar� determinada por los convenios que celebren con los gobiernos de las respectivas entidades federativas y por lo que dispongan los ordenamientos locales."

    De lo anterior tenemos que los Ayuntamientos ejercer�n la competencia del Municipio, de acuerdo con lo que disponga la ley local, raz�n por la cual el hecho de que la Legislatura Local atribuya al Municipio la materia de sanidad, no resulta violatorio de su esfera competencial.

    Por �ltimo, en cuanto se refiere a la fracci�n XVI, que establece la facultad del Municipio de fomentar el turismo y la recreaci�n, debe se�alarse que con fecha veintinueve de septiembre de dos mil tres, se public� en el Diario Oficial de la Federaci�n una adici�n al art�culo 73 de la Constituci�n Federal, por medio de la cual se agreg� la fracci�n XXIX-K, que establece la concurrencia de la Federaci�n, Estados y Municipios en materia de turismo. El texto al que se hace referencia es el siguiente:

    Art�culo 73. El Congreso tiene facultad:

    ...

    XXIX-K. Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinaci�n de las facultades concurrentes entre la Federaci�n, Estados, Municipios y el Distrito Federal, as� como la participaci�n de los sectores social y privado."

    Toda vez que el art�culo impugnado se expidi� con anterioridad a la reforma constitucional y no se ha reformado la Ley Federal de Turismo a la cual le corresponde ahora la calidad de ley marco, este tribunal constitucional no cuenta con elementos suficientes para determinar si la ley es inconstitucional, raz�n por la cual debe prevalecer un principio de presunci�n de constitucionalidad de la norma.

    Bajo este tenor, toda vez que las fracciones estudiadas son respetuosas del sistema de facultades concurrentes previsto por la Constituci�n Federal en las materias antes referidas, debe concluirse que no existe una invasi�n a la esfera de competencia del Municipio y, en consecuencia, resulta infundado el respectivo concepto de invalidez.

    Por �ltimo, en relaci�n con las fracciones VII, XII, XV y XVIII del art�culo que se analiza, en las que se establece la facultad de los Municipios de llevar el Registro del Estado Familiar, asistencia social y la conservaci�n de obras de inter�s social, es menester destacar que las mismas derivan de lo regulado en la fracci�n III, inciso i), del art�culo 115 de la Constituci�n Federal, que establece la posibilidad de que las Legislaturas Locales determinen seg�n las condiciones territoriales y socioecon�micas de los Municipios, as� como su capacidad administrativa y financiera, otorguen al Municipio facultades diversas a las establecidas por la Constituci�n Federal.

    Atento a lo anterior, las fracciones en estudio no pueden considerarse invasoras de la esfera competencial del Municipio.

    Independientemente de lo anterior, este Alto Tribunal considera que al atribuir nuevas facultades para prestar funciones o servicios p�blicos al Municipio, la legislatura deber� prever que los ingresos respectivos se incorporen a la hacienda p�blica municipal, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso c) de la fracci�n IV del art�culo 115 de la Constituci�n Federal, que indica:

    Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

    ...

    IV. Los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

    ...

  26. Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo."

    Al respecto, resultan ilustradoras las jurisprudencias de este Tribunal Pleno, con los n�meros P./J. 6/2000 y P./J. 53/2002, publicadas en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, publicadas, respectivamente, en el Tomo XI, febrero de 2000, p�gina 514, y el Tomo XVII, enero de 2003, p�gina 1393, que indican:

    HACIENDA MUNICIPAL. CONCEPTOS SUJETOS AL R�GIMEN DE LIBRE ADMINISTRACI�N HACENDARIA (ART�CULO 115, FRACCI�N IV, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL). El art�culo 115, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal, establece que la hacienda municipal se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; b) Las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados; y, c) Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo. De una interpretaci�n arm�nica, sistem�tica y teleol�gica de la disposici�n constitucional, se concluye que la misma no tiende a establecer la forma en que puede integrarse la totalidad de la hacienda municipal, sino a precisar en lo particular aquellos conceptos de la misma que quedan sujetos al r�gimen de libre administraci�n hacendaria, toda vez que, por una parte, la hacienda municipal comprende un universo de elementos que no se incluyen en su totalidad en la disposici�n constitucional y que tambi�n forman parte de la hacienda municipal y, por otra, la disposici�n fundamental lo que instituye, m�s que la forma en que se integra la hacienda municipal, son los conceptos de �sta que quedan comprendidos en el aludido r�gimen de libre administraci�n hacendaria."

    HACIENDA MUNICIPAL. LAS CONTRIBUCIONES QUE ESTABLEZCAN LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA SE ENCUENTRAN TUTELADAS BAJO EL R�GIMEN DE LIBRE ADMINISTRACI�N HACENDARIA, POR LO QUE ESOS RECURSOS PERTENECEN EXCLUSIVAMENTE A LOS MUNICIPIOS Y NO AL GOBIERNO DEL ESTADO (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART�CULO 1o., FRACCI�N I, DE LA �LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2002� DEL ESTADO DE SONORA). El art�culo 115, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal, establece la forma en que se integra la hacienda municipal, se�alando que se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor; por su parte, los incisos a), b) y c), de la fracci�n IV mencionada, se refieren a los conceptos que estar�n sujetos al r�gimen de libre administraci�n hacendaria. El indicado inciso a), dispone que, en todo caso, los Municipios percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles, luego, esos recursos, forman parte de la hacienda municipal y est�n sujetos al r�gimen de libre administraci�n hacendaria, lo que hace patente que dichos recursos pertenecen a los Municipios de forma exclusiva y no al Gobierno del Estado; por lo tanto, si en la Ley de Ingresos Estatal se establece que el Gobierno del Estado percibir� los ingresos provenientes del �impuesto predial ejidal�, ello vulnera lo dispuesto por el art�culo 115, fracci�n IV, inciso a), de la Constituci�n Federal. Como consecuencia de lo anterior, la Legislatura Local, tampoco puede establecer disposici�n alguna que indique a los Municipios el destino de esos recursos, ya que se encuentran bajo el r�gimen de libre administraci�n hacendaria y en libertad de ocuparlos de acuerdo con sus necesidades, siempre que se apliquen al gasto p�blico."

    Por otro lado, los art�culos 111 y 112 de la ley org�nica que se analiza, disponen:

    Art�culo 111. El Oficial del Registro del Estado Familiar, llevar� a cabo los actos que le correspondan de conformidad con la ley de la materia y deber� observar las formalidades, el protocolo y los requisitos que se establecen para ellos.

    Los actos del Registro del Estado Familiar, podr�n verificarse en horas ordinarias o extraordinarias, dentro o fuera de sus oficinas, pero no fuera de su jurisdicci�n."

    Art�culo 112. El presidente municipal, vigilar� que del Registro del Estado Familiar, se remita a la Direcci�n del Registro del Estado Familiar del Gobierno del Estado, dentro de los primeros quince d�as del mes de enero de cada a�o, el duplicado de los libros correspondientes."

    Los preceptos antes se�alados disponen la forma en que deber� actuar el oficial del Registro del Estado Familiar y que el presidente municipal ser� el encargado de vigilar que el Registro del Estado Familiar sea remitido al registro estatal en el t�rmino que establece la propia norma.

    A este respecto, resulta conveniente se�alar que el Registro del Estado Familiar es una funci�n p�blica delegada por el Estado al Municipio con fundamento en el art�culo 115, fracci�n III, inciso i), constitucional, que establece la facultad de que las entidades federativas deleguen a favor de los Municipios, algunos servicios y funciones p�blicos diversos a los concedidos por la Constituci�n Federal, lo anterior se traduce en que, como ya qued� se�alado con anterioridad, la Legislatura Estatal en uso de la autonom�a que le otorga el art�culo 124 constitucional, puede imponer diversos requisitos y modalidades que deber� cumplir el Municipio de que se trate para la adecuada prestaci�n del servicio concedido.

    En esta tesitura, el hecho de que la Legislatura del Estado hubiera determinado que para el manejo del Registro del Estado Familiar se debe cumplir con los requisitos que le imponen los art�culos 111 y 112 antes transcritos, no est� invadiendo la esfera de competencias del Municipio actor, sino que est� haciendo uso de la facultad antes se�alada, la cual le fue otorgada constitucionalmente y, por la cual, no puede ser considerada inconstitucional.

    Por otro lado, el art�culo 114 impugnado dispone lo siguiente:

    Art�culo 114. Los Ayuntamientos, por conducto de su presidente municipal o de las dependencias municipales de obras p�blicas o de planeaci�n y urbanismo, ejercer�n las funciones relativas a la planeaci�n y urbanizaci�n de los centros y zonas destinados a los asentamientos humanos de su jurisdicci�n, con las atribuciones que les asignen las leyes federales y estatales en la materia y dem�s disposiciones legales aplicables."

    El art�culo anterior prev� el marco jur�dico que regir� a las funciones de obra p�blica o de planeaci�n y urbanismo que deber�n ser ejercidas por el presidente municipal o por la dependencia correspondiente.

    A su vez, el art�culo 115 constitucional, fracci�n V, dispone:

    Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

    ...

    V. Los Municipios, en los t�rminos de las leyes federales y estatales relativas, estar�n facultados para:

  27. Formular, aprobar y administrar la zonificaci�n y planes de desarrollo urbano municipal;

  28. Participar en la creaci�n y administraci�n de sus reservas territoriales;

  29. Participar en la formulaci�n de planes de desarrollo regional, los cuales deber�n estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federaci�n o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deber�n asegurar la participaci�n de los Municipios;

  30. Autorizar, controlar y vigilar la utilizaci�n del suelo, en el �mbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;

  31. Intervenir en la regularizaci�n de la tenencia de la tierra urbana;

  32. Otorgar licencias y permisos para construcciones;

  33. Participar en la creaci�n y administraci�n de zonas de reservas ecol�gicas y en la elaboraci�n y aplicaci�n de programas de ordenamiento en esta materia;

  34. Intervenir en la formulaci�n y aplicaci�n de programas de transporte p�blico de pasajeros cuando aquellos afecten su �mbito territorial; e

  35. Celebrar convenios para la administraci�n y custodia de las zonas federales.

    En lo conducente y de conformidad a los fines se�alados en el p�rrafo tercero del art�culo 27 de esta Constituci�n, expedir�n los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios."

    Asimismo, resulta indispensable acudir al contenido del art�culo 73, fracci�n XXIX-C, que dispone:

    Art�culo 73. El Congreso tiene facultad:

    ...

    XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios en el �mbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el p�rrafo tercero del art�culo 27 de esta Constituci�n."

    Anteriormente, qued� precisado que respecto de las facultades concurrentes, el Pleno de este Alto Tribunal ha sostenido la jurisprudencia P./J. 142/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XV, enero de 2002, p�gina 1042, que a la letra dice:

    FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JUR�DICO MEXICANO. SUS CARACTER�STICAS GENERALES. Si bien es cierto que el art�culo 124 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece que: �Las facultades que no est�n expresamente concedidas por esta Constituci�n a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.�, tambi�n lo es que el �rgano Reformador de la Constituci�n determin�, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Uni�n fijara un reparto de competencias, denominado �facultades concurrentes�, entre la Federaci�n, las entidades federativas y los Municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la educativa (art�culos 3o., fracci�n VIII y 73, fracci�n XXV), la de salubridad (art�culos 4o., p�rrafo tercero y 73, fracci�n XVI), la de asentamientos humanos (art�culos 27, p�rrafo tercero y 73, fracci�n XXIX-C), la de seguridad p�blica (art�culo 73, fracci�n XXIII), la ambiental (art�culo 73, fracci�n XXIX-G), la de protecci�n civil (art�culo 73, fracci�n XXIX-I) y la deportiva (art�culo 73, fracci�n XXIX-J). Esto es, en el sistema jur�dico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federaci�n, puedan actuar respecto de una misma materia, pero ser� el Congreso de la Uni�n el que determine la forma y los t�rminos de la participaci�n de dichos entes a trav�s de una ley general."

    Ahora bien, toda vez que las facultades concurrentes implican que por disposici�n constitucional el Congreso de la Uni�n fije el reparto de competencias entre la Federaci�n, Estados y Municipios, a trav�s de una ley, es menester acudir a la respectiva ley marco, a fin de determinar si la Legislatura Local es respetuosa de �stas y, en consecuencia, de lo dispuesto por los art�culos 73 y 115 de la Constituci�n Federal.

    As� pues, la Ley General de Asentamientos Humanos, en lo que interesa prev�:

    Art�culo 6o. Las atribuciones que en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de poblaci�n tiene el Estado, ser�n ejercidas de manera concurrente por la Federaci�n, las entidades federativas y los Municipios, en el �mbito de la competencia que les determina la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos."

    Art�culo 8o. Corresponden a las entidades federativas, en el �mbito de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes atribuciones:

    I. Legislar en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de poblaci�n, atendiendo a las facultades concurrentes previstas en la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos;

    II. Formular, aprobar y administrar el programa estatal de desarrollo urbano, as� como evaluar y vigilar su cumplimiento;

    III. Promover la participaci�n social conforme a lo dispuesto en esta ley;

    IV. Autorizar la fundaci�n de centros de poblaci�n;

    V.P. en la planeaci�n y regulaci�n de las conurbaciones, en los t�rminos de esta ley y de la legislaci�n estatal de desarrollo urbano;

    VI. Coordinarse con la Federaci�n, con otras entidades federativas y con sus Municipios, para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de poblaci�n;

    VII. Convenir con los sectores social y privado la realizaci�n de acciones e inversiones concertadas para el desarrollo regional y urbano;

    VIII. Participar, conforme a la legislaci�n federal y local, en la Constituci�n y administraci�n de reservas territoriales, la regularizaci�n de la tenencia de la tierra urbana, la dotaci�n de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, as� como en la protecci�n del patrimonio cultural y del equilibrio ecol�gico de los centros de poblaci�n;

    IX. Convenir con los respectivos Municipios la administraci�n conjunta de servicios p�blicos municipales, en los t�rminos de las leyes locales;

    X. Apoyar a las autoridades municipales que lo soliciten, en la administraci�n de la planeaci�n del desarrollo urbano;

    XI. Imponer medidas de seguridad y sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones jur�dicas y de los programas estatales de desarrollo urbano, conforme lo prevea la legislaci�n local;

    XII. Coadyuvar con la Federaci�n en el cumplimiento del programa nacional de desarrollo urbano, y

    XIII. Las dem�s que les se�alen esta ley y otras disposiciones jur�dicas federales y locales."

    Art�culo 9o. Corresponden a los Municipios, en el �mbito de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes atribuciones:

    I.F., aprobar y administrar los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de poblaci�n y los dem�s que de �stos deriven, as� como evaluar y vigilar su cumplimiento, de conformidad con la legislaci�n local;

    II. Regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de �reas y predios en los centros de poblaci�n;

    III. Administrar la zonificaci�n prevista en los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de poblaci�n y los dem�s que de �stos deriven;

    IV. Promover y realizar acciones e inversiones para la conservaci�n, mejoramiento y crecimiento de los centros de poblaci�n;

    V.P. la fundaci�n de centros de poblaci�n;

    VI. Participar en la planeaci�n y regulaci�n de las conurbaciones, en los t�rminos de esta ley y de la legislaci�n local;

    VII. Celebrar con la Federaci�n, la entidad federativa respectiva, con otros Municipios o con los particulares, convenios y acuerdos de coordinaci�n y concertaci�n que apoyen los objetivos y prioridades previstos en los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de poblaci�n y los dem�s que de �stos deriven;

    VIII. Prestar los servicios p�blicos municipales, atendiendo a lo previsto en la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislaci�n local;

    IX. Coordinarse y asociarse con la respectiva entidad federativa y con otros Municipios o con los particulares, para la prestaci�n de servicios p�blicos municipales, de acuerdo con lo previsto en la legislaci�n local;

    X. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de uso de suelo, construcci�n, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y condominios, de conformidad con las disposiciones jur�dicas locales, planes o programas de desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de �reas y predios;

    XI. Intervenir en la regularizaci�n de la tenencia de la tierra urbana, en los t�rminos de la legislaci�n aplicable y de conformidad con los planes o programas de desarrollo urbano y las reservas, usos y destinos de �reas y predios;

    XII. Participar en la creaci�n y administraci�n de reservas territoriales para el desarrollo urbano, la vivienda y la preservaci�n ecol�gica, de conformidad con las disposiciones jur�dicas aplicables;

    XIII. Imponer medidas de seguridad y sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones jur�dicas, planes o programas de desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de �reas y predios en los t�rminos de la legislaci�n local;

    XIV. Informar y difundir permanentemente sobre la aplicaci�n de los planes o programas de desarrollo urbano, y

    XV. Las dem�s que les se�ale esta ley y otras disposiciones jur�dicas federales y locales.

    Los Municipios ejercer�n sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a trav�s de los Cabildos de los Ayuntamientos o con el control y evaluaci�n de �stos."

    De lo anterior se desprende que la ley marco faculta a los Municipios para establecer un sistema de planeaci�n y regulaci�n de asentamientos humanos, conforme a lo dispuesto por la ley local, lo que es conforme con el art�culo 115, fracci�n V, de la Constituci�n Federal, que dentro del marco de la concurrencia tiene la funci�n de otorgarle al Municipio una esfera m�nima de derechos constitucionalmente garantizada.

    Ahora bien, el art�culo 115, fracci�n I, de la Constituci�n Federal, dispone lo siguiente:

    Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

    (Reformado primer p�rrafo, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    I. Cada Municipio ser� gobernado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa, integrado por un presidente municipal y el n�mero de regidores y s�ndicos que la ley determine. La competencia que esta Constituci�n otorga al Gobierno Municipal se ejercer� por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habr� autoridad intermedia alguna entre �ste y el Gobierno del Estado."

    La norma constitucional citada dispone que la competencia que la Constituci�n otorga al Gobierno Municipal debe ejercerse por el Ayuntamiento de manera exclusiva, raz�n por la cual, si determinadas facultades en materia de asentamientos humanos tiene reconocimiento constitucional como una competencia a favor de los Municipios, es inconcuso que las mismas deben ejercerse por el Ayuntamiento de forma exclusiva y, en todo caso, la decisi�n de si el conocimiento de tales atribuciones debe ejercerse por el Ayuntamiento en pleno, por una comisi�n, o bien, por una direcci�n municipal, es una cuesti�n que le corresponde de manera aut�noma al Municipio, en t�rminos de lo regulado por la fracci�n II del art�culo 115 de la Constituci�n Federal.

    Por tanto, el art�culo 114 al contemplar que son los Ayuntamientos los que ejercer�n las funciones relativas a la planeaci�n y urbanizaci�n de los centros y zonas destinadas a los asentamientos humanos, es una norma derivada directamente del art�culo 115, fracci�n V, de la Constituci�n Federal. No obstante lo anterior, la porci�n normativa que establece "... por conducto de su presidente municipal o de las dependencias municipales de obras p�blicas o de planeaci�n y urbanismo ...", debe interpretarse conforme al art�culo 115, fracci�n II, inciso e), y considerarse como una norma por ausencia de reglamento municipal, que ser� aplicable en tanto el Ayuntamiento no emita su propia normatividad en la que decida si depositar� el ejercicio de esa funci�n en un diverso �rgano o miembro del Ayuntamiento.

    Mientras tanto, el Ayuntamiento podr� actuar en pleno en tales funciones, pues su competencia deriva directamente de las fracciones I y V del art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

    El Municipio actor manifiesta que la Legislatura Estatal carece de facultades para emitir normas como la contenida en el art�culo 125 de la ley impugnada y que, por tanto, al hacerlo invade su esfera de competencias.

    El art�culo antes referido establece:

    Art�culo 125. La administraci�n municipal, en el sector central o paramunicipal, contar� con una unidad encargada de prestar los servicios de asistencia social con la denominaci�n de Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. Para financiar su operaci�n, el Ayuntamiento establecer�, conforme a sus recursos, la partida presupuestal correspondiente, no podr� ser �sta de un monto menor al 3% del total del presupuesto de egresos, independientemente de los recursos federales y estatales que se le transfieran.

    La Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, estar� regida por un patronato, presidido por la persona que designe el presidente municipal y una direcci�n, con las unidades administrativas o dependencias que establezca el acuerdo o reglamento correspondiente o sus propios requerimientos.

    El titular del Desarrollo Integral de la Familia municipal, deber� contar con el apoyo de una unidad t�cnica, cuyo responsable deber� ser un profesionista o t�cnico con conocimientos en las materias de derecho, administraci�n o ramas afines a �stas, que acredite satisfactoriamente sus estudios ante el Ayuntamiento. El responsable de la unidad referida, refrendar� con su firma los documentos oficiales suscritos por el titular del Desarrollo Integral de la Familia municipal."

    En la primera parte del primer p�rrafo del art�culo que se analiza, se establece que la administraci�n municipal deber� contar con una unidad que prestar� los servicios de asistencia social, as� como la denominaci�n que le corresponder�. Asimismo, en el segundo y tercer p�rrafos se prev� que la Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, deber� estar regida por un patronato y los requisitos de la persona que deber� ocupar el cargo de la unidad t�cnica de apoyo a dicha dependencia.

    Los fragmentos del precepto reclamado se�alados deben ser considerados como normas derivadas de la fracci�n III, inciso i), del art�culo 115 constitucional, toda vez que se trata de una funci�n p�blica concedida por la Legislatura Estatal a favor del Municipio y, en este sentido, ha quedado precisado con antelaci�n que en este tipo de servicios p�blicos en los que es la Legislatura Estatal la que los encarga directamente al Municipio, �sta puede, en uso de la autonom�a que le otorga el art�culo 124 constitucional, establecer requisitos, modalidades y hasta dependencias, siempre y cuando prevea el presupuesto para tal efecto.

    En este sentido, es claro que lo dispuesto por el art�culo impugnado en los fragmentos referidos no es violatorio de la esfera competencial del Municipio, pues al tratarse de una funci�n p�blica otorgada por la propia Legislatura Estatal a favor de �ste, es claro que le puede imponer una serie de modalidades y requisitos que tiendan a la adecuada prestaci�n de la funci�n de que se trata.

    Por otro lado, en la segunda parte del primer p�rrafo del precepto transcrito, se establece la obligaci�n del Ayuntamiento de establecer conforme a sus recursos la partida presupuestal correspondiente, que no podr� ser de un monto menor al 3% del total del presupuesto de egresos independientemente de los recursos federales y estatales que se les transfieran; sin embargo, este Tribunal Pleno se reservar� el pronunciamiento de constitucionalidad respectivo, para ser abordado en el siguiente considerando.

    La parte actora tambi�n impugn� el art�culo 126, en relaci�n con el cual s�lo es necesario pronunciarse respecto de las fracciones I, II y III, mismas que se transcriben a continuaci�n:

    Art�culo 126. Los Ayuntamientos necesitan autorizaci�n del Congreso del Estado, para:

    I. Establecer los valores catastrales base, equiparables al valor comercial, para la aplicaci�n del impuesto a la propiedad inmobiliaria;

    II. Suscribir convenios de asociaci�n con Municipios de otras entidades federativas;

    III. Contratar empr�stitos cuando funja como avalista el Estado, conforme a la ley de la materia."

    Cabe precisar que el art�culo 126 se�ala que los Ayuntamientos necesitan autorizaci�n del Congreso del Estado para realizar determinados actos, y de su contenido se advierte que se trata de normas derivadas de los art�culos 31, fracci�n IV, 115, fracciones III y IV, antepen�ltimo p�rrafo, y art�culo quinto transitorio del decreto de reformas a la Constituci�n Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintitr�s de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, as� como el art�culo 117, fracci�n VIII, segundo p�rrafo, de la misma Carta Magna, los cuales se transcriben a continuaci�n:

    Art�culo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

    ...

    (Reformada, D.O.F. 25 de octubre de 1993)

    IV. Contribuir para los gastos p�blicos, as� de la Federaci�n, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."

    Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

    ...

    III. Los Municipios tendr�n a su cargo las funciones y servicios p�blicos siguientes:

    (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

  36. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici�n de sus aguas residuales;

  37. Alumbrado p�blico;

    (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

  38. Limpia, recolecci�n, traslado, tratamiento y disposici�n final de residuos;

  39. Mercados y centrales de abasto;

  40. Panteones;

  41. Rastro;

    (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

  42. Calles, parques y jardines y su equipamiento;

    (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

  43. Seguridad p�blica, en los t�rminos del art�culo 21 de esta Constituci�n, Polic�a Preventiva Municipal y Tr�nsito; e

  44. Los dem�s que las Legislaturas Locales determinen seg�n las condiciones territoriales y socio-econ�micas de los Municipios, as� como su capacidad administrativa y financiera.

    (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempe�o de las funciones o la prestaci�n de los servicios a su cargo, los Municipios observar�n lo dispuesto por las leyes federales y estatales.

    (Adicionado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podr�n coordinarse y asociarse para la m�s eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y trat�ndose de la asociaci�n de Municipios de dos o m�s Estados, deber�n contar con la aprobaci�n de las Legislaturas de los Estados respectivas. As� mismo cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste, de manera directa o a trav�s del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio;

    (Adicionado, D.O.F. 14 de agosto de 2001)

    Las comunidades ind�genas, dentro del �mbito municipal, podr�n coordinarse y asociarse en los t�rminos y para los efectos que prevenga la ley.

    IV. Los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

  45. Percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

    Los Municipios podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administraci�n de esas contribuciones.

  46. Las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

  47. Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo.

    (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    Las leyes federales no limitar�n la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni conceder�n exenciones en relaci�n con las mismas. Las leyes estatales no establecer�n exenciones o subsidios en favor de persona o instituci�n alguna respecto de dichas contribuciones. S�lo estar�n exentos los bienes de dominio p�blico de la Federaci�n, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier t�tulo, para fines administrativos o prop�sitos distintos a los de su objeto p�blico.

    (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    Los Ayuntamientos, en el �mbito de su competencia, propondr�n a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

    (Adicionado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    Las Legislaturas de los Estados aprobar�n las Leyes de Ingresos de los Municipios, revisar�n y fiscalizar�n sus cuentas p�blicas. Los presupuestos de egresos ser�n aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.

    (Adicionado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    Los recursos que integran la hacienda municipal ser�n ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley."

    Art�culo 117. Los Estados no pueden, en ning�n caso:

    ...

    (Reformada, D.O.F. 21 de abril de 1981)

    VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empr�stitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

    Los Estados y los Municipios no podr�n contraer obligaciones o empr�stitos sino cuando se destinen a inversiones p�blicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas p�blicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los Ejecutivos informar�n de su ejercicio al rendir la cuenta p�blica."

    Transitorios

    Art�culo quinto. Antes del inicio del ejercicio fiscal de 2002, las Legislaturas de los Estados, en coordinaci�n con los Municipios respectivos, adoptar�n las medidas conducentes a fin de que los valores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los valores de mercado de dicha propiedad y proceder�n, en su caso, a realizar las adecuaciones correspondientes a las tasas aplicables para el cobro de las mencionadas contribuciones, a fin de garantizar su apego a los principios de proporcionalidad y equidad."

    De la lectura de los preceptos constitucionales, se advierte que la facultad de fijar contribuciones es exclusiva de las Legislaturas de los Estados, en atenci�n al principio de reserva de ley en materia tributaria; asimismo, cuando se trate de la celebraci�n de convenios de asociaci�n con Municipios de otras entidades federativas, es la propia C.�n la que establece la exigencia de contar con la aprobaci�n de las Legislaturas de los Estados a los cuales pertenecen, y finalmente, las Legislaturas Estatales tendr�n las facultades para fijar en una ley cu�les son las condiciones bajo las cuales pueden contraer obligaciones o empr�stitos, por lo que en el caso espec�fico se torna indispensable contar con su autorizaci�n si se trata de fungir como avales de los Municipios.

    En relaci�n con el Comit� de Planeaci�n del Desarrollo Municipal que prev� la ley impugnada, el Municipio actor controvierte los art�culos 172 a 178, por estimar que invaden la esfera de atribuciones que le concede la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y que consagran una autoridad intermedia de las prohibidas por el art�culo 115 de dicha N.F..

    Los citados preceptos, que integran el t�tulo d�cimo, cap�tulo �nico, de la ley impugnada, denominado "Del Comit� de Planeaci�n del Desarrollo Municipal", prev�n lo siguiente:

    Art�culo 172. En los Municipios que conforman al Estado de H., funcionar� un Comit� de Planeaci�n del Desarrollo Municipal (Copladem) que estar� sujeto a lo dispuesto por la Constituci�n Pol�tica del Estado de H., la Ley Estatal de Planeaci�n y la normatividad municipal respectiva."

    Art�culo 173. El Comit� de Planeaci�n del Desarrollo Municipal, funcionar� como �rgano desconcentrado dependiente del presidente municipal, el que contar� con las siguientes atribuciones:

    I.P. y coadyuvar con la autoridad municipal, con la colaboraci�n de los sectores que act�an a nivel local, en la elaboraci�n del plan de desarrollo municipal y los programas sectoriales, en congruencia con los que formulen los Gobiernos Federal y Estatal;

    II. Observar las disposiciones de coordinaci�n entre los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal y la cooperaci�n de los sectores social y privado, para la ejecuci�n en el �mbito local de los planes del sector p�blico;

    III. Coordinar el control y evaluaci�n de los planes, programas y proyectos de desarrollo del Municipio, los que estar�n adecuados a los que formulen los Gobiernos Federal y Estatal, y coadyuvar al oportuno cumplimiento de sus objetivos y metas;

    IV. Formular y presentar a la consideraci�n de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, propuestas de programas de inversi�n, gasto y financiamiento p�blicos para el Municipio. Dichas propuestas deber�n presentarse respecto de obras o servicios claramente jerarquizados, fundamentalmente a partir de las prioridades se�aladas en el Programa de Gobierno Municipal;

    V.P. a los Gobiernos Federal y Estatal, programas y acciones a concertar, con el prop�sito de coadyuvar al desarrollo del Municipio. As� mismo, evaluar la ejecuci�n de dichos programas y acciones, e informar peri�dicamente a dichos �rdenes de gobierno;

    VI. Promover la celebraci�n de acuerdos de cooperaci�n entre el sector p�blico y los sectores social y privado, que act�en localmente, a efecto de que sus acciones concurran al logro de los objetivos del desarrollo del Municipio;

    VII. Promover la coordinaci�n con otros comit�s municipales para coadyuvar en la formulaci�n, instrumentaci�n, control y evaluaci�n de planes y programas para el desarrollo de zonas intermunicipales, y solicitar al Ayuntamiento pida la intervenci�n del Gobierno del Estado, para tales efectos;

    VIII. Fungir como �rganos de consulta de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, sobre la situaci�n socioecon�mica del Municipio; y

    IX. Proponer a los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, medidas de car�cter jur�dico, administrativo y financiero necesarias para el cumplimiento de las funciones y la consecuci�n de los objetivos del propio comit�."

    Art�culo 174. El Comit� de Planeaci�n del Desarrollo Municipal, se integrar� por una asamblea general y un consejo directivo."

    Art�culo 175. La asamblea general, estar� integrada por los representantes de los sectores p�blico, social y privado. Este �rgano tiene car�cter consultivo para la elaboraci�n de los programas y proyectos de obras, acciones o servicios a cargo del Municipio."

    Art�culo 176. Podr�n ser miembros de la asamblea general:

    I. Los funcionarios de mayor jerarqu�a del Ayuntamiento;

    II. Los titulares de los �rganos de las dependencias del Gobierno del Estado y los representantes de las entidades de la administraci�n p�blica federal, cuyos programas, acciones o servicios, incidan en el desarrollo del Municipio;

    III. Los diputados federales y locales que incidan en el Municipio;

    IV. Los representantes de las organizaciones y asociaciones de empresarios, profesionistas, obreros y campesinos, as� como de las sociedades cooperativas que act�en en el Municipio y que est�n debidamente registradas ante las autoridades correspondientes;

    V. Las autoridades educativas y los directivos de las instituciones m�s representativas del sector de educaci�n;

    VI. Los delegados municipales y subdelegados;

    VII. Los presidentes de los Consejos de Colaboraci�n Municipal;

    VIII. Los presidentes de los comisariados ejidales y de bienes comunales y

    IX. Otros representantes de los sectores social y privado, que el coordinador del comit� estime pertinente."

    Art�culo 177. El consejo directivo, estar� integrado por:

    I. Un coordinador que ser� el presidente municipal;

    II. Una Secretar�a T�cnica, que estar� a cargo del titular de Planeaci�n o el de Obras P�blicas y

    III. Las comisiones de trabajo que se consideren necesarias.

    Los cargos de la asamblea general y del consejo directivo del Comit� de Planeaci�n del Desarrollo Municipal, tendr�n car�cter honor�fico."

    Art�culo 178. El Comit� de Planeaci�n, contar� con el apoyo t�cnico que en cada caso se convenga con las entidades de la administraci�n p�blica federal y estatal, para su adecuada operaci�n."

    Los numerales transcritos se�alan la organizaci�n y funcionamiento de los Comit�s de Planeaci�n del Desarrollo Municipal.

    A fin de poder determinar la constitucionalidad de las normas anteriormente transcritas, resulta indispensable explicar la naturaleza de los referidos Comit�s de Planeaci�n de Desarrollo Municipal.

    A partir del a�o de mil novecientos ochenta y dos, la Constituci�n, en sus art�culos 25 y 26, faculta al Ejecutivo Federal para establecer un Plan Nacional de Desarrollo por medio del cual el Estado organizar� un sistema de planeaci�n democr�tica del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la econom�a, para asegurar la independencia y democratizaci�n pol�tica, social y cultural de la naci�n. Los objetivos de la planeaci�n, determinados por los fines del proyecto nacional contenido en la Constituci�n, inclu�an la participaci�n de los diversos sectores sociales con el fin de recoger sus demandas e incorporarlas tanto en el plan de desarrollo, como en los programas espec�ficos que en �l se contuvieran.

    Los art�culos antes citados, textualmente se�alan lo siguiente:

    Art�culo 25. Corresponde al Estado la rector�a del desarrollo nacional para garantizar que �ste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberan�a de la naci�n y su r�gimen democr�tico y que, mediante el fomento del crecimiento econ�mico y el empleo y una m�s justa distribuci�n del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constituci�n.

    (Reformado, D.O.F. 3 de febrero de 1983)

    El Estado planear�, conducir�, coordinar� y orientar� la actividad econ�mica nacional, y llevar� al cabo la regulaci�n y fomento de las actividades que demande el inter�s general en el marco de libertades que otorga esta Constituci�n.

    (Reformado, D.O.F. 3 de febrero de 1983)

    Al desarrollo econ�mico nacional concurrir�n, con responsabilidad social, el sector p�blico, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad econ�mica que contribuyan al desarrollo de la naci�n.

    (Reformado, D.O.F. 3 de febrero de 1983)

    El sector p�blico tendr� a su cargo, de manera exclusiva, las �reas estrat�gicas que se se�alan en el art�culo 28, p�rrafo cuarto de la Constituci�n, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.

    (Reformado, D.O.F. 3 de febrero de 1983)

    As� mismo podr� participar por s� o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las �reas prioritarias del desarrollo.

    (Reformado, D.O.F. 3 de febrero de 1983)

    Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyar� e impulsar� a las empresas de los sectores social y privado de la econom�a, sujet�ndolos a las modalidades que dicte el inter�s p�blico y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservaci�n y el medio ambiente.

    (Reformado, D.O.F. 3 de febrero de 1983)

    La ley establecer� los mecanismos que faciliten la organizaci�n y la expansi�n de la actividad econ�mica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organizaci�n social para la producci�n, distribuci�n y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

    (Reformado, D.O.F. 3 de febrero de 1983)

    La ley alentar� y proteger� la actividad econ�mica que realicen los particulares y proveer� las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo econ�mico nacional, en los t�rminos que establece esta Constituci�n."

    (Reformado, D.O.F. 3 de febrero de 1983)

    Art�culo 26. El Estado organizar� un sistema de planeaci�n democr�tica del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la econom�a para la independencia y la democratizaci�n pol�tica, social y cultural de la naci�n.

    Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constituci�n determinar�n los objetivos de la planeaci�n. La planeaci�n ser� democr�tica. Mediante la participaci�n de los diversos sectores sociales recoger� las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habr� un plan nacional de desarrollo al que se sujetar�n obligatoriamente los programas de la administraci�n p�blica federal.

    La ley facultar� al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participaci�n y consulta popular en el sistema nacional de planeaci�n democr�tica, y los criterios para la formulaci�n, instrumentaci�n, control y evaluaci�n del plan y los programas de desarrollo. As� mismo determinar� los �rganos responsables del proceso de planeaci�n y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboraci�n y ejecuci�n.

    En el sistema de planeaci�n democr�tica, el Congreso de la Uni�n tendr� la intervenci�n que se�ale la ley."

    Como puede advertirse de la transcripci�n anterior, la Constituci�n faculta al Ejecutivo Federal para que determine los criterios para la formulaci�n, ejecuci�n, control y evaluaci�n de dicho plan y de los programas de desarrollo que abarque y para que se�ale los �rganos responsables del proceso de planeaci�n, as� como las bases para que �ste coordine su acci�n con los gobiernos de las entidades federativas mediante convenios, concierte con los particulares las acciones que �stos deben realizar durante la elaboraci�n y ejecuci�n de dicho proceso, e induzca su actividad de acuerdo con los objetivos del desarrollo.

    A fin de ejecutar el plan nacional de desarrollo a que obliga la Constituci�n General de la Rep�blica, se consider� indispensable fortalecer la capacidad de los tres niveles de gobierno para conducir la planeaci�n del desarrollo en sus distintos �mbitos, a trav�s de la coordinaci�n de las actividades entre la Federaci�n, los Estados y los Municipios.

    En ese sentido, cabe se�alar que la participaci�n de las autoridades, instituciones y grupos implicados en el plan nacional de desarrollo ocurre de manera distinta, a saber: es obligatoria respecto a las dependencias de la administraci�n p�blica federal y a las entidades paraestatales; se da en forma coordinada entre las autoridades federales y estatales; y se produce de manera inducida o concertada en lo relativo a los sectores social y privado.

    Es por esta raz�n que las acciones en las que intervienen los tres niveles de gobierno (Federaci�n, Estados y Municipios) son reguladas por los convenios de desarrollo social celebrados entre el Ejecutivo Federal y los Gobiernos Estatales, siendo �stos el instrumento que rige las acciones que en materia de planeaci�n realizan las dependencias de la administraci�n p�blica federal con los gobiernos de las entidades federativas.

    Dichos convenios celebrados entre el Gobierno Federal y cada uno de los Estados, tienen una vigencia anual y comprenden los programas ubicados dentro del contexto del Plan Nacional de Desarrollo, adem�s, constituyen un acuerdo pactado entre las autoridades federales y las estatales, para regir el desarrollo de la inversi�n coordinada en proyectos espec�ficos ejecutados con cargo al presupuesto federal, y en ellos se contienen las reglas para que ambos niveles de gobierno participen en la planeaci�n nacional y coadyuven a la consecuci�n de los objetivos de �sta.

    Ahora, si bien es cierto que la raz�n de ser de los Comit�s de Planeaci�n de Desarrollo Municipal se encuentra, precisamente, en los convenios de desarrollo social que celebran las entidades federativas con las autoridades federales, y que su objetivo esencial es coordinar las acciones y programas de ambas instancias de gobierno, a fin de que sean congruentes con las que derivan del Plan Nacional de Desarrollo, tambi�n lo es que dicha coordinaci�n no debe llevarse al extremo de imponer a los Municipios a trav�s de las leyes org�nicas municipales que emiten las Legislaturas de los Estados, la obligaci�n de contar con una autoridad intermedia, tal como lo aduce el Municipio actor.

    A efecto de precisar lo anterior, es necesario determinar previamente lo que debe entenderse por autoridad intermedia para los efectos del art�culo 115, fracci�n I, constitucional, ya que dicha figura no se encuentra expresamente definida en el texto constitucional y, por ello, su determinaci�n resulta compleja.

    El citado dispositivo fundamental, en su fracci�n I, establece:

    Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

    I. Cada Municipio ser� gobernado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa, integrado por un presidente municipal y el n�mero de regidores y s�ndicos que la ley determine. La competencia que esta Constituci�n otorga al Gobierno Municipal se ejercer� por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habr� autoridad intermedia alguna entre �ste y el Gobierno del Estado."

    De la disposici�n constitucional transcrita, se advierte que cada Municipio ser� gobernado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa, que las competencias que la Constituci�n Federal otorga al Gobierno Municipal se ejercer� por el propio Ayuntamiento de manera exclusiva y que no habr� ninguna autoridad intermedia entre �ste y el Gobierno del Estado.

    Sobre este tema, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha emitido las tesis jurisprudenciales n�meros P./J. 26/97, P./J. 48/97 y P./J. 50/97, visibles a fojas 133, 395 y 343, respectivamente, del Tomo V, correspondiente a los meses de abril y junio de 1997, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dicen:

    CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL INSTITUTO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA NO ES AUTORIDAD INTERMEDIA ENTRE EL GOBIERNO ESTATAL Y EL MUNICIPIO. La prohibici�n de autoridad intermedia entre Estado y Municipio, a que se refiere la fracci�n I del art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, pretende evitar la subsistencia de sistemas viciados que elevaban a ciertas personas �de confianza�, como los llamados �jefes pol�ticos�, a la calidad de intercesores que, v�lidos de su influencia con los gobernadores, predominaban sobre los mandatarios electos popularmente en el Municipio. En el caso del Instituto Estatal de Desarrollo Municipal del Estado de Oaxaca, de los art�culos 1o., 3o. y 4o. del Decreto N�mero 75 que lo cre�, as� como de las dem�s disposiciones que lo integran, que prev�n su organizaci�n, objetivos y atribuciones, se advierte que tal organismo no tiene una posici�n de supremac�a frente a los Municipios, sino que, por lo contrario, s�lo es de mera coordinaci�n y apoyo, pues no se le otorgan facultades unilaterales de decisi�n o ejecutividad que le permitan actuar por encima de los Municipios; es, b�sicamente, un �rgano descentralizado por servicio, que �nicamente act�a a instancia de �stos y aunque forma parte de la administraci�n p�blica paraestatal dentro de la esfera de competencia del Poder Ejecutivo Estatal, en t�rminos de lo dispuesto por los art�culos 2o., 4o. y 42 de la Ley Org�nica del Poder Ejecutivo, no constituye autoridad intermedia entre el Estado y el Municipio, por ser parte del propio Gobierno del Estado y por no contar con facultades unilaterales de decisi�n que afecten o impidan la comunicaci�n directa entre ambos niveles de gobierno."

    CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. AUTORIDADES INTERMEDIAS ENTRE EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, NO LAS CONSTITUYEN LAS JUNTAS DE MEJORAMIENTO MORAL, C�VICO Y MATERIAL EN EL ESTADO DE NUEVO LE�N. De conformidad con lo dispuesto en los art�culos 1o. y 2o. de la Ley que crea las Juntas de Mejoramiento Moral, C�vico y Material en el Estado de Nuevo Le�n, los fines que persiguen �stas quedan limitados a encauzar y fomentar la cooperaci�n de los particulares en lo moral, c�vico y material, y las atribuciones que se les otorgan se reducen a pugnar por inculcar un claro concepto de los derechos y obligaciones de los ciudadanos para que act�en con justicia social, con nobleza y con dignidad, as� como para fomentar el culto a los h�roes que han forjado la patria. Atento a ello, las Juntas de Mejoramiento no constituyen autoridad intermedia y, por ende, los preceptos citados no transgreden lo dispuesto en la fracci�n I del art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se les permite actuar en forma independiente, unilateral o con decisi�n que implique obstrucci�n u obstaculizaci�n en la comunicaci�n directa entre gobierno y Municipio, o que signifique sometimiento, sustituci�n o arrogaci�n de facultades de alguno de estos niveles de gobierno, ni invaden su esfera de competencia."

    CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. AUTORIDAD INTERMEDIA PROHIBIDA EN EL ART�CULO 115, FRACCI�N I, DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CARACTER�STICAS GENERALES QUE LA IDENTIFICAN. El Constituyente de 1917 impuso la prohibici�n de �autoridad intermedia� a que se refiere la fracci�n I del art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en atenci�n a situaciones de hecho, seg�n informa la historia, en virtud de las cuales se creaban, por debajo de los Gobiernos Estatales, personas conocidas como �jefes pol�ticos� que detentaban un poder real y de hecho reconocido por el gobernador, en virtud del cual se cumpl�an las �rdenes de �ste y serv�a para que la autoridad tuviera medios inmediatos de acci�n y centralizaci�n. Tomando en consideraci�n lo anterior, debe establecerse que una autoridad, ente, �rgano o persona de que se trate, no debe tener facultades o atribuciones que le permitan actuar de manera independiente, unilateral y con decisi�n, que no sea resultado o provenga de manera directa de los acuerdos o decisiones tomados por los diferentes niveles de gobierno dentro del �mbito de sus respectivas facultades, a efecto de impedir que la conducta de aqu�llos se traduzca en actos o hechos que interrumpan u obstaculicen la comunicaci�n directa entre el Gobierno Estatal y el Municipio, o que impliquen sustituci�n o arrogaci�n de sus facultades."

    Asimismo, este Alto Tribunal al resolver la controversia constitucional 4/98, promovida por el Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Puebla y otros del mismo Estado, resuelta el diez de febrero de dos mil, sostuvo que en t�rminos del p�rrafo primero de la fracci�n I del art�culo 115 constitucional y de los antecedentes hist�ricos del mismo, podr�a decirse que la prohibici�n se refiere a que fuera del Gobierno Estatal y el Municipal, no debe existir una autoridad distinta o ajena a alguno de �stos, o bien, que dicha autoridad, cualquiera que sea su origen o denominaci�n, lesiona la autonom�a municipal, suplantando o mediatizando sus facultades constitucionales o invadiendo la esfera competencial del Ayuntamiento, o finalmente, que la prohibici�n �nicamente pretenda impedir que dentro de la relaci�n que debe existir entre el Gobierno del Estado y el Municipio, dadas sus respectivas facultades en ciertas materias, no debe haber un �rgano intermedio que impida la comunicaci�n directa entre ambos niveles de gobierno, de tal forma que no haya un ente de enlace o que pueda interrumpir esa comunicaci�n.

    Precisado lo anterior, se pasa al an�lisis del caso concreto a la luz de las tres posturas que dan una distinta interpretaci�n de lo que debe entenderse por autoridad intermedia, en relaci�n con los Comit�s de Planeaci�n para el Desarrollo Municipal que prev� la ley impugnada.

    1. Primera postura. La prohibici�n de autoridad intermedia se refiere a que fuera del Gobierno Estatal y el Municipal, no debe existir una autoridad distinta o ajena a alguno de �stos.

      Estos comit�s se califican como de desarrollo municipal y se trata de un �rgano desconcentrado del Municipio que, por ende, se ubica dentro de la administraci�n municipal.

      En efecto, el primer p�rrafo del art�culo 173 de la ley impugnada se�ala que dicho comit� "funcionar� como �rgano desconcentrado dependiente del presidente municipal".

      En consecuencia, debe considerarse que dichos comit�s constituyen una autoridad que no est� al margen del gobierno de los Municipios, por lo que, conforme a la postura que se analiza, no deben considerarse como autoridades intermedias.

    2. Segunda postura. Interpretaci�n en el sentido de que autoridad intermedia es aquella que cualquiera que sea su origen o denominaci�n, lesiona la autonom�a municipal, suplantando o mediatizando sus facultades constitucionales o invadiendo la esfera competencial del Ayuntamiento.

      A este respecto, resulta conveniente acudir al texto del art�culo 173 de la ley que se revisa, que dispone:

      Art�culo 173. El Comit� de Planeaci�n del Desarrollo Municipal, funcionar� como �rgano desconcentrado dependiente del presidente municipal, el que contar� con las siguientes atribuciones:

      I.P. y coadyuvar con la autoridad municipal, con la colaboraci�n de los sectores que act�an a nivel local, en la elaboraci�n del plan de desarrollo municipal y los programas sectoriales, en congruencia con los que formulen los Gobiernos Federal y Estatal;

      II. Observar las disposiciones de coordinaci�n entre los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal y la cooperaci�n de los sectores social y privado, para la ejecuci�n en el �mbito local de los planes del sector p�blico;

      III. Coordinar el control y evaluaci�n de los planes, programas y proyectos de desarrollo del Municipio, los que estar�n adecuados a los que formulen los Gobiernos Federal y Estatal, y coadyuvar al oportuno cumplimiento de sus objetivos y metas;

      IV. Formular y presentar a la consideraci�n de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, propuestas de programas de inversi�n, gasto y financiamiento p�blicos para el Municipio. Dichas propuestas deber�n presentarse respecto de obras o servicios claramente jerarquizados, fundamentalmente a partir de las prioridades se�aladas en el programa de Gobierno Municipal;

      V.P. a los Gobiernos Federal y Estatal, programas y acciones a concertar, con el prop�sito de coadyuvar al desarrollo del Municipio. As� mismo, evaluar la ejecuci�n de dichos programas y acciones, e informar peri�dicamente a dichos �rdenes de gobierno;

      VI. Promover la celebraci�n de acuerdos de cooperaci�n entre el sector p�blico y los sectores social y privado, que act�en localmente, a efecto de que sus acciones concurran al logro de los objetivos del desarrollo del Municipio;

      VII. Promover la coordinaci�n con otros comit�s municipales para coadyuvar en la formulaci�n, instrumentaci�n, control y evaluaci�n de planes y programas para el desarrollo de zonas intermunicipales, y solicitar al Ayuntamiento pida la intervenci�n del Gobierno del Estado, para tales efectos;

      VIII. Fungir como �rganos de consulta de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, sobre la situaci�n socioecon�mica del Municipio y

      IX. Proponer a los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, medidas de car�cter jur�dico, administrativo y financiero necesarias para el cumplimiento de las funciones y la consecuci�n de los objetivos del propio comit�."

      De conformidad con la disposici�n transcrita, los aludidos comit�s constituyen �rganos encargados, entre otras cosas, de coadyuvar en la elaboraci�n del plan de desarrollo municipal, de controlar y evaluar los planes, programas y proyectos de desarrollo del Municipio, y de proponer a los Gobiernos Federal y Estatal programas y acciones, as� como evaluar la ejecuci�n de los mismos e informar de ello peri�dicamente tanto al Gobierno Federal como al Estatal, destacando ante todo que se trata de �rganos consultivos m�s que de ejecuci�n.

      De las facultades antes precisadas, se desprende que los Comit�s de Planeaci�n para el Desarrollo Municipal constituyen instancias encargadas de planear las obras y acciones del Municipio, controlar y evaluar la ejecuci�n de dichos planes y, asimismo, de informar a las autoridades federales y estatales de todo ello.

      Acorde con lo anterior, es evidente que los referidos comit�s no constituyen autoridades intermedias conforme a la segunda postura que se analiza, ya que no se les dota de facultades tales que invaden la esfera de competencia de los Ayuntamientos, pues no realizan el plan de desarrollo municipal, ni intervienen en su administraci�n y ejecuci�n directa, sino que pretenden coadyuvar en la planeaci�n arm�nica de los recursos federales, estatales y municipales.

      En efecto, no debe soslayarse que considerando la naturaleza propia de estos organismos de planeaci�n, su funci�n debe limitarse a apoyar y coordinar a las autoridades estatales y municipales, as� como a los particulares, para que los sectores p�blicos, sociales y privados concurran en el desarrollo social de los Municipios, pero no para la toma de decisiones en estas materias cuya competencia es exclusiva en el �mbito municipal de los Ayuntamientos, quienes si bien est�n obligados a dar intervenci�n a cada sector, ello no implica darles poder de decisi�n y ejecuci�n, pues de otra manera el Ayuntamiento se constituir�a en mero ejecutor de las decisiones de dichos comit�s.

    3. Tercera postura. Son autoridades intermedias las que impiden la comunicaci�n directa entre el Municipio y el Gobierno del Estado.

      Como qued� precisado con anterioridad, en t�rminos del art�culo 173 de la ley en estudio, los Comit�s de Planeaci�n para el Desarrollo Municipal tienen, entre otras atribuciones, la de proponer a los Gobiernos Federal y Estatal, programas y acciones a desarrollar, as� como informar de ello peri�dicamente tanto al Gobierno Federal como al Estatal, adem�s de fungir como �rgano de consulta de los Gobiernos Federal y Estatal sobre la situaci�n econ�mica del Municipio.

      Sin embargo, tales comit�s no impiden la comunicaci�n directa entre el Municipio y el Gobierno del Estado, ya que la ley no los contempla como v�nculo entre aqu�llos, sino como una instancia de participaci�n social que coadyuva en la planeaci�n municipal y que resulta una instancia importante de opini�n en la planeaci�n regional que realizan la Federaci�n, los Estados y los Municipios.

      En conclusi�n, los comit�s a que se refiere la norma impugnada no impiden la comunicaci�n directa entre el Municipio y el Gobierno del Estado, ya que la ley no los contempla como v�nculo entre aqu�llos, sino como una instancia de participaci�n social que coadyuva en la planeaci�n municipal y que resulta una instancia importante de opini�n en la planeaci�n regional que realizan la Federaci�n, los Estados y los Municipios.

      Consecuentemente, procede reconocer la constitucionalidad de los art�culos 172 a 178 de la Ley Org�nica Municipal para el Estado de H., que prev�n dichos Comit�s de Planeaci�n para el Desarrollo Municipal.

      Finalmente, es preciso pronunciarse en relaci�n con la constitucionalidad de los art�culos primero, segundo, tercero, cuarto, s�ptimo y octavo transitorios, que fueron impugnados expresamente por el Municipio actor. Dichos preceptos son del tenor siguiente:

Primero

La presente ley, entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el P.�dico Oficial del Gobierno del Estado."

Segundo

Se abroga la Nueva Ley Org�nica Municipal del Estado de H., publicada en el Peri�dico Oficial del Gobierno del Estado, el 21 de noviembre de 1983 y sus reformas subsecuentes."

Tercero

Se derogan todas las disposiciones legales secundarias que se opongan a esta ley."

Cuarto

Los Municipios, deber�n de expedir sus reglamentos respectivos, dentro del t�rmino de ciento ochenta d�as, a partir de la entrada en vigor de este ordenamiento."

S�ptimo

La obligaci�n de elaborar el plan de desarrollo municipal a que se refiere la fracci�n X del art�culo 52 de esta ley, entrar� en vigor el 16 de enero del a�o 2003."

Octavo

Las autoridades administrativas referidas en los art�culos 93, 98, 113 y 115 de esta ley, tendr�n la obligaci�n de comparecer ante el Ayuntamiento, cuando �ste los requiera, a partir del 1o. de enero del a�o 2002."

Los art�culos transcritos se�alan la fecha de entrada en vigor de la norma; la abrogaci�n de la Ley Org�nica Municipal del Estado de H. anterior a la vigente; la derogaci�n de todas las disposiciones legales secundarias que se opongan a la Ley Org�nica Municipal vigente; el plazo para que los Municipios expidan sus reglamentos respectivos; la obligaci�n de elaborar el plan de desarrollo municipal; y la obligaci�n de diversas autoridades administrativas de comparecer ante el Ayuntamiento cuando �ste lo requiera.

De esta forma, el hecho de que en los art�culos transitorios primero, segundo, tercero, cuarto, s�ptimo y octavo de la Ley Org�nica Municipal del Estado de H. se se�alen diversas cuestiones relacionadas con la fecha de entrada en vigor de la ley, as� como con las consecuencias de su vigencia, como son la abrogaci�n o derogaci�n de las disposiciones legales correspondientes, s�lo constituyen cuestiones consustanciales a la norma que por s� solas no resultan inconstitucionales, pues s�lo se refieren al �mbito espacial y temporal de validez de la misma, por tanto, los art�culos transitorios impugnados en comento no son violatorios de los principios que se desprenden de la fracci�n II del art�culo 115 constitucional.

El Municipio actor tambi�n aduce que si la ley cuya invalidez se demanda resulta inconstitucional por su falta de adecuaci�n al decreto y esp�ritu de la reforma del art�culo 115 de la Constituci�n Federal, publicada el veintitr�s de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, es obvio que se conculca permanentemente el art�culo segundo transitorio de dicha reforma, en tanto la adecuaci�n no satisfaga los extremos del precepto constitucional mencionado.

El art�culo segundo transitorio en comento, se�ala:

Art�culo segundo. Los Estados deber�n adecuar sus Constituciones y leyes conforme a lo dispuesto en este decreto a m�s tardar en un a�o a partir de su entrada en vigor. En su caso, el Congreso de la Uni�n deber� realizar las adecuaciones a las leyes federales a m�s tardar el 30 de abril del a�o 2001.

En tanto se realizan las adecuaciones a que se refiere el p�rrafo anterior, se continuar�n aplicando las disposiciones vigentes."

De lo transcrito se advierte, en la parte que interesa, la obligaci�n de los Estados de adecuar sus Constituciones y leyes conforme a lo dispuesto en las reformas al art�culo 115 de la Constituci�n Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federaci�n de veintitr�s de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, a m�s tardar en un a�o a partir de su entrada en vigor.

Por su parte, el art�culo 1o. de la Ley Org�nica Municipal del Estado de H. se�ala:

Art�culo 1o. Las disposiciones de la presente ley son de orden p�blico y de inter�s social, tienen por objeto regular la organizaci�n y funcionamiento de los Municipios, de acuerdo con lo dispuesto en los art�culos 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 115 al 148 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de H.."

Lo transcrito revela que la Ley Org�nica Municipal del Estado de H. se emiti� con el objeto de regular la organizaci�n y funcionamiento de los Municipios, de acuerdo con lo ordenado, entre otros, por el art�culo 115 de la Constituci�n Federal.

En las circunstancias anotadas, si la Legislatura del Estado de H. emiti� la Ley Org�nica Municipal que contiene los preceptos impugnados, con el objeto de adecuarla a lo dispuesto por el art�culo 115 de la Constituci�n Federal, con la emisi�n de esta norma busc� cumplir desde un punto de vista estrictamente formal con lo ordenado por el art�culo segundo transitorio en comento, sin que sea �bice a lo anterior que en el caso, de acuerdo con el estudio realizado, se haya declarado la inconstitucionalidad de diversos preceptos de la referida Ley Org�nica Municipal, por considerar que desde un punto de vista material no se satisfacen las exigencias o alcances de la mencionada reforma, ello no trae consigo la invalidez, per se, del art�culo transitorio mencionado, pues esto no depende de que se declare o no tal inconstitucionalidad, sino de que la Legislatura Estatal emita la norma respectiva, con el prop�sito de adecuarla materialmente a lo dispuesto por el art�culo 115 de la Constituci�n Federal, obligaci�n con la que desde un plano formal cumpli� el Congreso Local.

En virtud de lo anotado, no existe la violaci�n al art�culo segundo transitorio del decreto de reformas al art�culo 115 de la Constituci�n Federal, publicado el veintitr�s de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

D�CIMO PRIMERO

A continuaci�n se procede al an�lisis de los preceptos impugnados expresamente por el Ayuntamiento actor y que no han sido materia de pronunciamiento, porque el actor los considera directamente violatorios de alg�n precepto de la Constituci�n Federal, distinto al art�culo 115, incisos a) y e), de la misma Carta Magna.

� Art�culo 49, fracci�n III.

Dentro del cap�tulo de conceptos de invalidez, se�ala el Municipio actor que el art�culo 49, relativo a las facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en su fracci�n III, atenta contra lo dispuesto en el art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos porque invade la esfera de competencias que dicho precepto constitucional otorga a los Municipios.

El referido art�culo 49, en la fracci�n impugnada antes precisada, expresa lo siguiente:

Art�culo 49. Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos:

...

III. Para el mejor cumplimiento de las funciones del Gobierno Municipal, los reglamentos que organizan y regulan la administraci�n p�blica municipal y los servicios, podr�n contemplar el establecimiento de unidades de apoyo t�cnico en cada una de sus principales dependencias y tendr�n como referente las que dispone la presente ley; as� mismo, los Municipios establecer�n en su presupuesto de egresos, una partida destinada a desarrollar programas para la formaci�n, capacitaci�n y actualizaci�n de los miembros del Ayuntamiento y de la administraci�n municipal, a fin de mejorar sus capacidades de gobierno, t�cnicas y administrativas;

Las administraciones municipales, conforme a sus recursos econ�micos, establecer�n un sistema de profesionalizaci�n para la gesti�n de recursos humanos, a trav�s del desarrollo de metodolog�as de selecci�n, capacitaci�n y evaluaci�n de funcionarios, a efecto de propiciar una mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus funciones."

A continuaci�n, se proceder� a analizar una a una las fracciones impugnadas, con el objeto de determinar su naturaleza y su apego o desapego al texto constitucional.

La fracci�n III del art�culo 49 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de H., consagra tres normas distintas, a saber: a) la facultad de los Ayuntamientos para establecer unidades de apoyo t�cnico en cada una de sus principales dependencias; b) la obligaci�n de establecer en sus presupuestos de egresos una partida especial destinada a desarrollar programas para la formaci�n, capacitaci�n y actualizaci�n de los miembros del Ayuntamiento y de la administraci�n municipal; y, c) la obligaci�n de establecer un sistema de profesionalizaci�n para la gesti�n de recursos humanos, a efecto de propiciar una mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las funciones de los funcionarios municipales. A continuaci�n se har� referencia a cada una de ellas por separado.

La facultad de los Ayuntamientos para establecer unidades de apoyo t�cnico en sus dependencias, es una norma derivada de la fracci�n II, segundo p�rrafo, del art�culo 115 de la Constituci�n Federal, toda vez que de acuerdo con dicho precepto constitucional, el Ayuntamiento tiene facultades para reglamentar todo lo relativo a su organizaci�n, funcionamiento interno y administraci�n p�blica y, por ende, para crear cualquier unidad de apoyo o, en general, �rgano administrativo que requiera para el correcto ejercicio de sus funciones. Todo lo anterior, en el entendido de que independientemente de que la legislatura le conceda o no esta facultad, el Ayuntamiento cuenta con ella, pues se la otorga la propia N.F..

Caso distinto lo constituye la obligaci�n del Ayuntamiento de establecer en sus presupuestos de egresos una partida especial destinada a desarrollar programas para la formaci�n, capacitaci�n y actualizaci�n de los miembros del Ayuntamiento y de la administraci�n municipal, puesto que dicha norma resulta inconstitucional en atenci�n a que viola el principio de libertad presupuestaria del Municipio consagrada en la fracci�n IV del art�culo 115 de la Norma Fundamental, en virtud de que la Legislatura Local no puede imponer a los Municipios la obligaci�n de contemplar partidas presupuestales espec�ficas, salvo cuando ello provenga de aportaciones federales o estatales y en los t�rminos de la regulaci�n correspondiente.

Lo anterior encuentra sustento en las tesis P./J. 8/2000, P./J. 7/2000, P./J. 6/2000, visibles en las p�ginas 509, 630 y 514 del Tomo XI, febrero de 2000, Pleno, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que a la letra dicen:

APORTACIONES FEDERALES. CARACTER�STICAS. Estos fondos son de naturaleza federal y corresponden a una partida que la Federaci�n destina para coadyuvar al fortalecimiento de los Estados y Municipios en apoyo de actividades espec�ficas; se prev�n en el presupuesto de egresos de la Federaci�n, regul�ndose en el cap�tulo V de la Ley de Coordinaci�n Fiscal, resultando independientes de los que se destinan a los Estados y Municipios por concepto de participaciones federales."

PARTICIPACIONES FEDERALES. CARACTER�STICAS. La caracter�stica particular de estos ingresos consiste en que tanto la Federaci�n como los Estados pueden gravar la misma fuente, pero convienen para que no se d� una doble tributaci�n; los montos que se obtengan se entregan a la Federaci�n quien a su vez los redistribuye, participando as� de ellos. Por lo mismo, como el Congreso de la Uni�n y las Legislaturas de los Estados pueden establecer contribuciones sobre las mismas fuentes por tener facultades concurrentes, el legislador estableci� la celebraci�n de convenios de coordinaci�n fiscal por virtud de los cuales los Estados, a cambio de abstenerse de imponer grav�menes sobre las materias que tambi�n prev�n las leyes federales, podr�n beneficiarse de un porcentaje del Fondo General de Participaciones formado con la recaudaci�n de grav�menes locales o municipales que las entidades convengan con la Federaci�n, en t�rminos de lo dispuesto por la Ley de Coordinaci�n F. y del presupuesto de egresos de la Federaci�n. A las Legislaturas Locales corresponde establecer su distribuci�n entre los Municipios mediante disposiciones de car�cter general."

HACIENDA MUNICIPAL. CONCEPTOS SUJETOS AL R�GIMEN DE LIBRE ADMINISTRACI�N HACENDARIA (ART�CULO 115, FRACCI�N IV, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL). El art�culo 115, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal, establece que la hacienda municipal se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; b) Las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados; y, c) Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo. De una interpretaci�n arm�nica, sistem�tica y teleol�gica de la disposici�n constitucional, se concluye que la misma no tiende a establecer la forma en que puede integrarse la totalidad de la hacienda municipal, sino a precisar en lo particular aquellos conceptos de la misma que quedan sujetos al r�gimen de libre administraci�n hacendaria, toda vez que, por una parte, la hacienda municipal comprende un universo de elementos que no se incluyen en su totalidad en la disposici�n constitucional y que tambi�n forman parte de la hacienda municipal y, por otra, la disposici�n fundamental lo que instituye, m�s que la forma en que se integra la hacienda municipal, son los conceptos de �sta que quedan comprendidos en el aludido r�gimen de libre administraci�n hacendaria."

Por �ltimo, en relaci�n con la �ltima parte de la fracci�n III en estudio, en la cual se dispone que el Ayuntamiento tendr� la obligaci�n de establecer un sistema de profesionalizaci�n para la gesti�n de recursos humanos a efecto de propiciar una mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las funciones de los funcionarios municipales, debe decirse que se trata de una norma derivada de la fracci�n VIII, segundo p�rrafo, del art�culo 115, relacionado con el art�culo 123, apartado B, ambos de la Constituci�n Federal. Lo anterior, en virtud de que de la lectura de los preceptos referidos se desprende que los Municipios deben regular las relaciones de trabajo entre ellos y sus trabajadores en t�rminos de las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados, con base en lo dispuesto en el art�culo 123 mencionado.

En orden a todo lo anterior, lo procedente es declarar s�lo la inconstitucionalidad parcial de la fracci�n III del art�culo 49 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de H., en la porci�n normativa que dice "as� mismo, los Municipios establecer�n en su presupuesto de egresos, una partida destinada a desarrollar programas para la formaci�n, capacitaci�n y actualizaci�n de los miembros del Ayuntamiento y de la administraci�n municipal, a fin de mejorar sus capacidades de gobierno, t�cnicas y administrativas", por lo que dicha fracci�n, para efectos de la presente controversia constitucional y en lo que ata�e a su aplicaci�n futura al Municipio actor, deber�n leerse de la siguiente manera:

III. Para el mejor cumplimiento de las funciones del Gobierno Municipal, los reglamentos que organizan y regulan la administraci�n p�blica municipal y los servicios, podr�n contemplar el establecimiento de unidades de apoyo t�cnico en cada una de sus principales dependencias y tendr�n como referente las que dispone la presente ley ...

Las administraciones municipales, conforme a sus recursos econ�micos, establecer�n un sistema de profesionalizaci�n para la gesti�n de recursos humanos, a trav�s del desarrollo de metodolog�as de selecci�n, capacitaci�n y evaluaci�n de funcionarios, a efecto de propiciar una mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus funciones."

� Art�culo 49, fracci�n XVII.

El Municipio actor tambi�n impugna la fracci�n XVII del art�culo 49 de la ley en comento, la cual dispone lo siguiente:

Art�culo 49. Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos:

...

XVII. Enajenar, a t�tulo gratuito u oneroso, los inmuebles de dominio privado del Municipio, �nicamente cuando as� lo aprueben las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento y previa localizaci�n y medici�n de la propiedad y aval�o por peritos; la venta se efectuar� en los t�rminos de la autorizaci�n y conforme a lo previsto por la ley de la materia. La donaci�n de inmuebles s�lo proceder�, cuando se destinen a la ejecuci�n de obras de beneficio com�n y mediante el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento."

Este precepto legal consagra, esencialmente, la facultad del Ayuntamiento para enajenar los inmuebles de dominio privado del Municipio y los requisitos conforme a los cuales los Ayuntamientos podr�n donar bienes inmuebles.

En lo referente a la primera parte de esta fracci�n, debe decirse que se trata de una ley en materia municipal, de las que establecen los casos en que se requiere el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento para afectar el patrimonio inmobiliario municipal, que regula el art�culo 115, fracci�n II, inciso b), de la Constituci�n Federal. En ese sentido, se trata de una disposici�n que no va en contra del texto constitucional, porque dicho precepto faculta a las Legislaturas de los Estados para establecer los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento, y la disposici�n impugnada �nicamente se concreta a establecer, dentro de los l�mites constitucionales, uno de tales casos.

Sin embargo, por lo que hace a la segunda parte de la referida fracci�n XVII del art�culo 49 en an�lisis, conforme a la cual: "La donaci�n de inmuebles s�lo proceder�, cuando se destinen a la ejecuci�n de obras de beneficio com�n y mediante el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento ...", debe se�alarse que la parte subrayada resulta inconstitucional al excederse del contenido del art�culo 115, fracci�n II, inciso b), la que si bien establece como facultad de la legislatura la determinaci�n de los casos en que se requiere mayor�a calificada para la afectaci�n del patrimonio inmobiliario del Municipio, no otorga a dicho Congreso Local la atribuci�n de establecer restricciones a la disposici�n de los bienes inmuebles del Municipio por parte del Ayuntamiento.

No est� por dem�s se�alar que si bien es cierto que no le asiste la raz�n a la parte actora cuando manifiesta, respecto de esta fracci�n, que resulta inconstitucional porque establece mayor�as calificadas de votaci�n para la toma de decisiones del Cabildo, pues en este caso espec�fico es claro que la norma se ajusta perfectamente a lo dispuesto por el art�culo 115, fracci�n II, inciso b), de la Constituci�n Federal, tambi�n lo es que la fracci�n impugnada que se analiza, en la porci�n normativa que establece "La donaci�n de inmuebles s�lo proceder� ... mediante el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento ..." cuando se destinen a la ejecuci�n de obras de beneficio com�n s� es parcialmente inconstitucional, por las razones antes expresadas.

En orden a lo anterior y dada la declaraci�n de inconstitucionalidad parcial antes expresada, la fracci�n XVII del art�culo 49 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de H., para efectos de la presente controversia constitucional y en lo que ata�e a su aplicaci�n futura al Municipio actor, deber� leerse de la siguiente manera:

XVII. Enajenar, a t�tulo gratuito u oneroso, los inmuebles de dominio privado del Municipio, �nicamente cuando as� lo aprueben las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento y previa localizaci�n y medici�n de la propiedad y aval�o por peritos; la venta se efectuar� en los t�rminos de la autorizaci�n y conforme a lo previsto por la ley de la materia. ..."

� Art�culo 49, fracci�n XXXI.

Pasando a otro punto, el Municipio actor tambi�n se inconforma respecto de la fracci�n XXXI del art�culo 49 en comento, la cual establece lo siguiente:

Art�culo 49. Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos:

...

XXXI. Proponer al Congreso del Estado, en el �mbito de su competencia, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; as� como las tasas de las contribuciones adicionales. Los ingresos obtenidos por tasas adicionales, deber�n destinarse �ntegramente al objeto de su establecimiento y en ning�n caso, por s� o de manera conjunta, rebasar�n el 10% del monto que arroje la contribuci�n base. Los Ayuntamientos y, en su caso, el Congreso del Estado, podr�n solicitar los criterios t�cnicos de las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, a fin de respaldar sus proyectos y resoluciones."

Dicho precepto prev�, en esencia, que es facultad del Ayuntamiento proponer a la Legislatura del Estado, en el �mbito de su competencia, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, as� como las tasas de las contribuciones adicionales. Dicha fracci�n tambi�n establece como obligaci�n de los Ayuntamientos, el que los ingresos obtenidos por tasas adicionales deban destinarse �ntegramente al objeto de su establecimiento y que en ning�n caso, por s� o de manera conjunta, rebasen el diez por ciento del monto que arroje la contribuci�n base.

La primera parte del precepto en comento, es una norma derivada del p�rrafo tercero del inciso c) de la fracci�n IV del art�culo 115 constitucional, pues dicho precepto expresamente establece la facultad de las Legislaturas de los Estados para aprobar las Leyes de Ingresos de los Municipios, revisar y fiscalizar sus cuentas p�blicas y aprobar sus presupuestos de egresos, por lo que las atribuciones que dicha porci�n normativa de la fracci�n XXXI del art�culo 49 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de H. le confiere a la Legislatura Estatal, son plenamente conformes con dicha facultad y, desde luego, con el texto constitucional.

No obstante lo anterior, la segunda parte de dicho precepto legal s� resulta contraria a la Norma Fundamental pues, por una parte, el hecho de que la legislatura disponga en la ley en estudio que los ingresos obtenidos por tasas adicionales deber�n, necesaria e indefectiblemente, dedicarse de manera �ntegra al objeto de su establecimiento, afecta el principio de libre administraci�n hacendaria consagrado en el art�culo 115, fracci�n IV, primer p�rrafo, de la Constituci�n, al predeterminar el destino que deben tener sus ingresos.

Adem�s, la parte en la que dicha fracci�n XXXI establece que en ning�n caso, por s� o de manera conjunta, tales tasas adicionales podr�n rebasar el diez por ciento del monto que arroje la contribuci�n base, viola la libertad de iniciativa del Municipio en materia de contribuciones a la propiedad inmobiliaria, pues de conformidad con la propia fracci�n IV del art�culo 115 constitucional, los Municipios tienen el derecho de proponer lo que consideren pertinente para su hacienda p�blica en lo referente a materia inmobiliaria, en la inteligencia de que ser� facultad exclusiva de la legislatura el aprobar, modificar o, en su caso, rechazar la iniciativa del Municipio al momento de discutir la correspondiente Ley de Ingresos.

Vale la pena mencionar que este Alto Tribunal ha sostenido desde la S�ptima �poca que las tasas adicionales constituyen, en realidad, una elevaci�n en el monto del cobro del impuesto que les sirve de base, por lo que tienen exactamente la misma naturaleza contributiva que el impuesto primario.

La jurisprudencia que contiene el criterio anterior, es visible en la p�gina 242 de los Vol�menes 181-186, Primera Parte, S�ptima �poca, Pleno del Semanario Judicial de la Federaci�n, y es del siguiente tenor:

IMPUESTO DEL 15% ADICIONAL SOBRE EL PAGO DE LOS IMPUESTOS Y DERECHOS QUE ESTABLEZCA LA LEY DE INGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL. EL ART�CULO 931 DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL ES CONSTITUCIONAL. El art�culo 931 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, que establece que es objeto del impuesto adicional del 15% el pago de los derechos que establezca la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal, legalmente debe considerarse igual a aquel sobre el que se cause, ya que, en realidad, al ser de la misma naturaleza, viene a constituir un aumento fijo a la propia tarifa del impuesto en cuesti�n y, en esas condiciones, el objeto impositivo del impuesto adicional no lo constituye el cumplimiento de una obligaci�n, como lo es el pago de los impuestos o derechos, sino que, al constituir un aumento a la tarifa respectiva, el objeto es el mismo del impuesto o derecho sobre el que se causa, por lo que, en estas condiciones, el impuesto del 15% adicional s� mira a la capacidad contributiva del causante, pues tiene la misma fuente impositiva que aqu�l y, por ende, no carece del elemento fuente y, consecuentemente, es constitucional."

Por ende, no es v�lido, como lo pretende la norma impugnada, dar a las tasas adicionales un tratamiento distinto al de las contribuciones base, con el prop�sito de destinar el monto recaudado a un fin exclusivo, esto es, al objeto de su establecimiento.

No est� por dem�s se�alar que la �ltima parte de la fracci�n XXXI que establece que tanto los Ayuntamientos como el Congreso del Estado podr�n solicitar los criterios t�cnicos de las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, a fin de respaldar sus proyectos y resoluciones, no constituye una norma obligatoria porque establece una facultad potestativa y, por lo mismo, no atenta contra el �mbito de atribuciones que la Constituci�n Federal le confiere al Municipio.

En orden a todo lo anterior, lo que procede es declarar la inconstitucionalidad de la fracci�n XXXI del art�culo 49 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de H., en la porci�n normativa en la que expresa que "Los ingresos obtenidos por tasas adicionales, deber�n destinarse �ntegramente al objeto de su establecimiento y en ning�n caso, por s� o de manera conjunta, rebasar�n el 10% del monto que arroje la contribuci�n base.", con lo cual dicha fracci�n, para efectos de la presente controversia constitucional y en lo que ata�e a su aplicaci�n futura al Municipio actor, deber� leerse de la siguiente manera:

XXXI. Proponer al Congreso del Estado, en el �mbito de su competencia, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; as� como las tasas de las contribuciones adicionales. ... Los Ayuntamientos y, en su caso, el Congreso del Estado, podr�n solicitar los criterios t�cnicos de las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, a fin de respaldar sus proyectos y resoluciones."

� Art�culos 53 y 54.

Los numerales impugnados disponen lo siguiente:

Art�culo 53. Para los efectos de la fracci�n I del art�culo anterior, cuando se apruebe por el Ayuntamiento un reglamento o decreto y sea enviado al presidente para su sanci�n y publicaci�n, dentro de diez d�as podr� devolverlo con observaciones procedentes para ser discutido nuevamente por aqu�l y si fuere confirmado por las dos terceras partes de sus miembros volver� al presidente quien deber� publicarlos sin m�s tr�mites y proveer en la esfera administrativa su debido cumplimiento."

Art�culo 54. Se tendr� por aprobado como reglamento o decreto, el no devuelto dentro de los diez d�as siguientes a su env�o."

Seg�n se advierte de la lectura del art�culo 53 antes transcrito, se le confiere al presidente municipal la facultad para realizar observaciones sobre los reglamentos o decretos que apruebe el Ayuntamiento, esto es, podr� devolver dichos ordenamientos dentro de los diez d�as a partir del en que los haya recibido, con las observaciones que considere procedentes para que sean discutidos nuevamente por el Ayuntamiento, lo que en la doctrina se conoce como "derecho de veto".

Al respecto, este Alto Tribunal considera que dicha facultad es inconstitucional, en atenci�n a los siguientes razonamientos:

  1. El art�culo 115, fracci�n I, primer p�rrafo, establece la tipolog�a de los funcionarios integrantes del Ayuntamiento como cuerpo colegiado al establecer que deber� estar conformado por el presidente municipal y el n�mero de regidores y s�ndicos que la ley determine. El precepto en menci�n, en la parte que interesa, dispone:

    Art�culo 115. ...

    I. Cada Municipio ser� gobernado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa, integrado por un presidente municipal y el n�mero de regidores y s�ndicos que la ley determine. La competencia que esta Constituci�n otorga al Gobierno Municipal se ejercer� por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habr� autoridad intermedia alguna entre �ste y el Gobierno del Estado."

  2. De la lectura del texto anterior y, en general, del art�culo 115 constitucional, se concluye que no existe ning�n rango jer�rquico entre los miembros del Ayuntamiento, esto es, todos los mun�cipes act�an en un plano de igualdad y que la �nica diferencia que pudiera establecerse entre ellos es por raz�n de competencia.

  3. Si el Ayuntamiento es un �rgano colegiado, entonces se sobreentiende que sus decisiones tambi�n las adopta de manera colegiada, ya sea por una mayor�a simple o calificada, decisiones en las cuales interviene el presidente municipal como miembro del Cabildo. En este supuesto, deben encontrarse los reglamentos y decretos municipales competencia de los Ayuntamientos, cuya emisi�n constituye una de las principales prerrogativas de los Ayuntamientos, seg�n lo dispone la fracci�n II, primer p�rrafo, del art�culo 115 constitucional.

  4. De ah� entonces que si el presidente municipal ha tenido intervenci�n en la elaboraci�n de un reglamento o decreto y ha ejercido su derecho de voz y voto en la toma de esa decisi�n colegiada, entonces resulta excesivo que se le confiera el derecho de veto sobre tales decisiones. M�xime que, en t�rminos del art�culo 53 impugnado, se requiere de una votaci�n calificada para superar las observaciones que en su caso formule el presidente.

    Con lo anterior se advierte que el precepto impugnado otorga un rango de superioridad al presidente municipal por lo que respecta a la elaboraci�n de normas, lo cual constituye, en el caso concreto, un contrasentido con la naturaleza jur�dica del Ayuntamiento como �rgano colegiado, m�xime porque la Constituci�n Federal no reconoce en favor del presidente municipal alg�n privilegio en la toma de decisiones, ni lo coloca en una posici�n jer�rquicamente superior en relaci�n con los dem�s integrantes del Ayuntamiento.

    Bajo esa tesitura, debe declararse inconstitucional el art�culo 53 en la porci�n normativa que dice "dentro de diez d�as podr� devolverlo con observaciones procedentes para ser discutido nuevamente por aqu�l", con lo cual, para efectos de la presente controversia constitucional y en lo que ata�e a su aplicaci�n futura al Municipio actor, deber� leerse de la siguiente manera:

    Art�culo 53. Para los efectos de la fracci�n I del art�culo anterior, cuando se apruebe por el Ayuntamiento un reglamento o decreto y sea enviado al presidente para su sanci�n y publicaci�n ... y si fuere confirmado por las dos terceras partes de sus miembros volver� al presidente quien deber� publicarlos sin m�s tr�mites y proveer en la esfera administrativa su debido cumplimiento."

    En v�a de consecuencia, debe declararse inconstitucional el art�culo 54 de la ley impugnada, pues en �l se establece que se tendr� por aprobado el reglamento o decreto que no sea devuelto por el presidente municipal dentro de los diez d�as siguientes a su env�o, esto es, que siendo el veto una facultad discrecional, en caso de que no se ejercite se tendr� por aprobado el reglamento o decreto. Tal determinaci�n encuentra su apoyo en el art�culo 41, fracci�n IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 Constitucional, el cual establece lo siguiente:

    Art�culo 41. Las sentencias deber�n contener:

    ...

    IV. ... Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deber�n extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada.

    � Art�culo 125.

    El Municipio actor manifiesta que la Legislatura Estatal carece de facultades para emitir normas como la contenida en el art�culo 125 de la ley impugnada y que, por tanto, al hacerlo invade su esfera de competencias.

    El art�culo antes referido establece:

    Art�culo 125. La administraci�n municipal, en el sector central o paramunicipal, contar� con una unidad encargada de prestar los servicios de asistencia social con la denominaci�n de Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. Para financiar su operaci�n, el Ayuntamiento establecer�, conforme a sus recursos, la partida presupuestal correspondiente, no podr� ser �sta de un monto menor al 3% del total del presupuesto de egresos, independientemente de los recursos federales y estatales que se le transfieran.

    La Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, estar� regida por un patronato, presidido por la persona que designe el presidente municipal y una direcci�n, con las unidades administrativas o dependencias que establezcan el acuerdo o reglamento correspondiente o sus propios requerimientos.

    El titular del Desarrollo Integral de la Familia municipal, deber� contar con el apoyo de una unidad t�cnica, cuyo responsable deber� ser un profesionista o t�cnico con conocimientos en las materias de derecho, administraci�n o ramas afines a �stas, que acredite satisfactoriamente sus estudios ante el Ayuntamiento. El responsable de la unidad referida, refrendar� con su firma los documentos oficiales suscritos por el titular del Desarrollo Integral de la Familia municipal."

    En la primera parte del primer p�rrafo del art�culo que se analiza, se establece que la administraci�n municipal deber� contar con una unidad que prestar� los servicios de asistencia social, as� como la denominaci�n que le corresponder�. Asimismo, en el segundo y tercer p�rrafos se prev� que la Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, deber� estar regida por un patronato y los requisitos de la persona que deber� ocupar el cargo de la unidad t�cnica de apoyo a dicha dependencia.

    Los fragmentos del precepto reclamado se�alados deben ser considerados como normas derivadas de la fracci�n III, inciso i), del art�culo 115 constitucional, toda vez que se trata de una funci�n p�blica concedida por la Legislatura Estatal a favor del Municipio y, en este sentido, ha quedado precisado con antelaci�n que en este tipo de servicios p�blicos en los que es la Legislatura Estatal la que los encarga directamente al Municipio, �sta puede, en uso de la autonom�a que le otorga el art�culo 124 constitucional, establecer requisitos, modalidades y hasta dependencias, siempre y cuando prevea el presupuesto para tal efecto.

    En este sentido, es claro que lo dispuesto por el art�culo impugnado en los fragmentos referidos no es violatorio de la esfera competencial del Municipio, pues al tratarse de una funci�n p�blica otorgada por la propia Legislatura Estatal a favor de �ste, es claro que le puede imponer una serie de modalidades y requisitos que tiendan a la adecuada prestaci�n de la funci�n de que se trata.

    Por otro lado, en la segunda parte del primer p�rrafo del precepto transcrito, se establece la obligaci�n del Ayuntamiento de establecer conforme a sus recursos la partida presupuestal correspondiente que no podr� ser de un monto menor al 3% del total del presupuesto de egresos independientemente de los recursos federales y estatales que se les transfieran.

    Esta parte de la disposici�n resulta violatoria de la fracci�n IV del art�culo 115 constitucional, que prev�:

    Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

    ...

    IV. Los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

  5. Percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

    Los Municipios podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administraci�n de esas contribuciones.

  6. Las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

  7. Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo.

    (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    Las leyes federales no limitar�n la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni conceder�n exenciones en relaci�n con las mismas. Las leyes estatales no establecer�n exenciones o subsidios en favor de persona o instituci�n alguna respecto de dichas contribuciones. S�lo estar�n exentos los bienes de dominio p�blico de la Federaci�n, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier t�tulo, para fines administrativos o prop�sitos distintos a los de su objeto p�blico.

    (Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    Los Ayuntamientos, en el �mbito de su competencia, propondr�n a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

    (Adicionado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    Las Legislaturas de los Estados aprobar�n las Leyes de Ingresos de los Municipios, revisar�n y fiscalizar�n sus cuentas p�blicas. Los presupuestos de egresos ser�n aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.

    (Adicionado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

    Los recursos que integran la hacienda municipal ser�n ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley."

    Como se desprende de la fracci�n V del art�culo 115 constitucional antes transcrita, los Ayuntamientos gozan de libertad para administrar su hacienda y corresponde a �stos aprobar su presupuesto de egresos.

    Ahora bien, la libre administraci�n de la hacienda municipal corresponde al r�gimen que estableci� el Poder Revisor de la Constituci�n con el prop�sito expreso de fortalecer la autonom�a y autosuficiencia econ�mica de los Municipios, de tal manera que estas entidades pol�ticas tengan libertad en la aplicaci�n de los recursos que les son propios, para la satisfacci�n de sus necesidades.

    Este criterio ha sido sostenido por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la jurisprudencia n�mero P./J. 5/2000, que aparece publicada en la p�gina 515 del Tomo XI, febrero de dos mil, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, que dice:

    HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACI�N HACENDARIA. SUS DIFERENCIAS (ART�CULO 115, FRACCI�N IV, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL). En t�rminos generales puede considerarse que la hacienda municipal se integra por los ingresos, activos y pasivos de los Municipios; por su parte, la libre administraci�n hacendaria debe entenderse como el r�gimen que estableci� el Poder Reformador de la Constituci�n a efecto de fortalecer la autonom�a y autosuficiencia econ�mica de los Municipios, con el fin de que �stos puedan tener libre disposici�n y aplicaci�n de sus recursos y satisfacer sus necesidades, todo esto en los t�rminos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines p�blicos."

    Igualmente, en la exposici�n de motivos de la reforma constitucional efectuada al art�culo 115, el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, se asent�:

    Dentro de estos grandes lineamientos, como consecuencia de los estudios realizados y como corolario de la intensa consulta popular efectuada, consideramos como medida fundamental para robustecer al Municipio, piedra angular de nuestra vida republicana y federal, hacer algunos cambios al art�culo 115, de la Constituci�n, tendientes a vigorizar su hacienda, su autonom�a pol�tica ...

    Se atribuyen igualmente a los Municipios los rendimientos de sus bienes propios, as� como de las otras contribuciones y los otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y fundamentalmente tambi�n los ingresos provenientes de la prestaci�n de los servicios p�blicos a su cargo. ..."

    Por otro lado, el concepto de hacienda, en un sentido amplio, puede entenderse como el conjunto de bienes organizados para el ejercicio de la actividad econ�mica de un ente, que bien puede ser de naturaleza privada o, como en el caso, p�blica. Lo que permite calificar a un conjunto de bienes como hacienda es, justamente, el destino o fin al que se encuentran afectos, es el elemento que le da cohesi�n y permite identificarla como una unidad econ�mica.

    Algunos autores distinguen entre el patrimonio y la hacienda municipal. Esto es, el patrimonio de un Municipio se refiere a todos los bienes, materiales e inmateriales, muebles e inmuebles, etc�tera, que le pertenecen y sobre los cuales ejerce dominio. Bajo esta noci�n, el patrimonio municipal es m�s amplio que su hacienda.

    La hacienda municipal se conforma con los recursos econ�micos con los que cuenta el Municipio para cumplir con sus funciones y proporcionar los servicios p�blicos que tiene a su cargo.

    En este contexto, la libre administraci�n de la hacienda municipal debe entenderse exclusivamente como la facultad de organizar, esto es, ordenar econ�micamente los recursos del Municipio disponibles y utilizarlos para proveer a la satisfacci�n de los intereses y necesidades sociales, as� como a prestar los servicios p�blicos que tenga a su cargo, siempre que se apliquen al gasto p�blico.

    As� las cosas, la regulaci�n de un destino para los ingresos p�blicos preconfigurado por la ley, constituye una limitaci�n a la libre administraci�n de la misma que violenta la fracci�n IV del art�culo 115 de la Constituci�n Federal. En este tenor, el supuesto jur�dico previsto en la segunda parte del primer p�rrafo del art�culo 125 de la ley impugnada, que dispone la obligaci�n de que el Ayuntamiento destine en la partida presupuestal correspondiente a asistencia social un monto no menor al 3% del total del presupuesto de egresos, independientemente de los recursos federales y estatales que se les transfieran, resulta inconstitucional, toda vez que atenta contra el r�gimen de libre administraci�n hacendaria, raz�n por la cual debe declararse su invalidez.

    Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la jurisprudencia P./J. 53/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., enero de 2003, p�gina 1393, que a la letra indica:

    HACIENDA MUNICIPAL. LAS CONTRIBUCIONES QUE ESTABLEZCAN LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA SE ENCUENTRAN TUTELADAS BAJO EL R�GIMEN DE LIBRE ADMINISTRACI�N HACENDARIA, POR LO QUE ESOS RECURSOS PERTENECEN EXCLUSIVAMENTE A LOS MUNICIPIOS Y NO AL GOBIERNO DEL ESTADO (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART�CULO 1o., FRACCI�N I, DE LA �LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2002� DEL ESTADO DE SONORA). El art�culo 115, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal, establece la forma en que se integra la hacienda municipal, se�alando que se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor; por su parte, los incisos a), b) y c), de la fracci�n IV mencionada, se refieren a los conceptos que estar�n sujetos al r�gimen de libre administraci�n hacendaria. El indicado inciso a), dispone que, en todo caso, los Municipios percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles, luego, esos recursos, forman parte de la hacienda municipal y est�n sujetos al r�gimen de libre administraci�n hacendaria, lo que hace patente que dichos recursos pertenecen a los Municipios de forma exclusiva y no al Gobierno del Estado; por lo tanto, si en la Ley de Ingresos Estatal se establece que el Gobierno del Estado percibir� los ingresos provenientes del �impuesto predial ejidal�, ello vulnera lo dispuesto por el art�culo 115, fracci�n IV, inciso a), de la Constituci�n Federal. Como consecuencia de lo anterior, la Legislatura Local, tampoco puede establecer disposici�n alguna que indique a los Municipios el destino de esos recursos, ya que se encuentran bajo el r�gimen de libre administraci�n hacendaria y en libertad de ocuparlos de acuerdo con sus necesidades, siempre que se apliquen al gasto p�blico."

    Consecuentemente, debe declararse la inconstitucionalidad del primer p�rrafo del art�culo 125 impugnado, en la porci�n normativa que dice "Para financiar su operaci�n, el Ayuntamiento establecer�, conforme a sus recursos, la partida presupuestal correspondiente, no podr� ser �sta de un monto menor al 3% del total del presupuesto de egresos, independientemente de los recursos federales y estatales que se le transfieran.", raz�n por la cual, para efectos de la presente controversia constitucional y en lo que ata�e a su aplicaci�n futura al Municipio actor, deber� leerse de la siguiente manera:

    Art�culo 125. La administraci�n municipal, en el sector central o paramunicipal, contar� con una unidad encargada de prestar los servicios de asistencia social con la denominaci�n de Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia."

    � Art�culo 132.

    La parte actora aduce que el art�culo 132 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de H. impugnado, viola el principio de libertad hacendaria, ya que limita el destino del haber municipal, cuando esto s�lo es posible hacerlo a trav�s del presupuesto, el cual lo determina libremente el Ayuntamiento conforme a su plan de desarrollo.

    Procede ahora transcribir el art�culo 132 impugnado:

    Art�culo 132. Los Ayuntamientos, por ning�n motivo har�n donaci�n bajo ning�n t�tulo, de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, excepto cuando se trate de realizaci�n de obras de beneficio colectivo; en este caso, se observar� lo dispuesto por la fracci�n XVII del art�culo 49 de esta ley."

    Por su parte, la fracci�n IV del art�culo 115 de la Constituci�n Federal, se�ala:

    Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

    ...

    IV. Los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

  8. Percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

    Los Municipios podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administraci�n de esas contribuciones.

  9. Las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

  10. Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo.

    Las leyes federales no limitar�n la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni conceder�n exenciones en relaci�n con las mismas. Las leyes estatales no establecer�n exenciones o subsidios en favor de persona o instituci�n alguna respecto de dichas contribuciones. S�lo estar�n exentos los bienes de dominio p�blico de la Federaci�n, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier t�tulo, para fines administrativos o prop�sitos distintos a los de su objeto p�blico.

    Los Ayuntamientos, en el �mbito de su competencia, propondr�n a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

    Las Legislaturas de los Estados aprobar�n las Leyes de Ingresos de los Municipios, revisar�n y fiscalizar�n sus cuentas p�blicas. Los presupuestos de egresos ser�n aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.

    Los recursos que integran la hacienda municipal ser�n ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley."

    La disposici�n anotada prev� la libre administraci�n hacendaria por parte de los Municipios y la forma en que se integra la hacienda municipal; los casos en que las leyes federales no pueden establecer contribuciones sobre los conceptos que corresponden a los Municipios; la prohibici�n para que en las leyes locales no se establezcan exenciones o subsidios respecto de las mismas contribuciones; la facultad de las Legislaturas Estatales para aprobar las Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos y para revisar sus cuentas p�blicas, as� como la facultad de tales Ayuntamientos para aprobar sus presupuestos de egresos.

    El numeral a estudio, es decir, el art�culo 132 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de H., dispone que los Ayuntamientos por ning�n motivo har�n donaci�n de los bienes e inmuebles propiedad del Municipio, excepto que se trate de realizaci�n de obras de beneficio colectivo y que en este caso se observar� lo dispuesto por la fracci�n XVII del art�culo 49 de la misma ley, es decir, mediante el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento.

    Como qued� sentado con anterioridad, el "patrimonio y hacienda municipales" son conceptos que con frecuencia se confunden o, en otros casos, se usan como sin�nimos, porque ambos vocablos se refieren al mismo tema. Se habla de patrimonio del Estado, por ende, del Municipio, haciendo alusi�n a todo tipo de bienes, materiales o inmateriales, que le pertenecen y sobre los que tiene dominio. En este sentido, el concepto de patrimonio es m�s amplio que el de hacienda, pues en el concepto de patrimonio se debe incluir tambi�n el de la hacienda.

    En cuanto al concepto de hacienda, implica fundamentalmente la idea de recursos econ�micos, esto es, del numerario con el que cuenta la municipalidad para proveer a su propia existencia y para atender sus funciones. La hacienda, por tanto, es una parte del patrimonio y no a la inversa.

    El texto del art�culo 115 constitucional distingue los dos conceptos en cuesti�n. La fracci�n II se�ala que los Municipios estar�n investidos de personalidad jur�dica y manejar�n su patrimonio conforme a la ley. Por otra parte, el p�rrafo inicial de la fracci�n IV, indica que los Municipios administrar�n libremente su hacienda.

    Se aprecia de lo anterior que el Constituyente Permanente tuvo cuidado de separar los conceptos a fin de no confundir las respectivas facultades que, en consecuencia, tocan al Municipio.

    En general, las legislaciones estatales determinan los diversos tipos de bienes que pertenecen al Municipio siguiendo la clasificaci�n doctrinaria de bienes del dominio p�blico y bienes del dominio privado.

    En la actual fracci�n IV del art�culo 115 constitucional, se establece la enumeraci�n de fuentes de ingresos propias para los Municipios, as� como diversas garant�as y reglas de car�cter fiscal y presupuestario que fortalecen a los Ayuntamientos.

    Se forma la hacienda municipal, puntualiza el p�rrafo primero de la fracci�n IV del art�culo 115 constitucional, de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan en su favor y, en todo caso, por: a) contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, incluyendo tasas adicionales, o las provenientes de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n, mejora o cambio de valor de los inmuebles; b) las participaciones federales, que se cubrir�n por la Federaci�n a los Municipios en los t�rminos determinados por la legislatura; c) ingresos derivados de las prestaciones de servicios p�blicos a su cargo; y, d) rendimientos de los bienes que le pertenezcan. Todo lo anterior, sin perjuicio de que las legislaturas puedan establecer en favor de los Municipios otro tipo de contribuciones y de ingresos.

    Cabe recordar, en primer lugar, que esta enumeraci�n de las fuentes de ingresos es de car�cter enunciativa y no limitativa, en virtud de que el concepto de hacienda municipal se integra por otros elementos que no est�n mencionados en la enumeraci�n que se comenta.

    Respecto de los conceptos que integran la hacienda municipal y que el Municipio administrar� libremente, esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sustentado la tesis P./J. 6/2000, publicada a p�ginas quinientos catorce del Tomo XI, febrero de dos mil, Pleno, Novena �poca, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que se�ala:

    HACIENDA MUNICIPAL. CONCEPTOS SUJETOS AL R�GIMEN DE LIBRE ADMINISTRACI�N HACENDARIA (ART�CULO 115, FRACCI�N IV, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL). El art�culo 115, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal, establece que la hacienda municipal se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; b) Las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados; y, c) Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo. De una interpretaci�n arm�nica, sistem�tica y teleol�gica de la disposici�n constitucional, se concluye que la misma no tiende a establecer la forma en que puede integrarse la totalidad de la hacienda municipal, sino a precisar en lo particular aquellos conceptos de la misma que quedan sujetos al r�gimen de libre administraci�n hacendaria, toda vez que, por una parte, la hacienda municipal comprende un universo de elementos que no se incluyen en su totalidad en la disposici�n constitucional y que tambi�n forman parte de la hacienda municipal y, por otra, la disposici�n fundamental lo que instituye, m�s que la forma en que se integra la hacienda municipal, son los conceptos de �sta que quedan comprendidos en el aludido r�gimen de libre administraci�n hacendaria."

    En cuanto a la libre administraci�n hacendaria, se debe agregar que este concepto debe entenderse como un r�gimen que estableci� el Poder Reformador de la Constituci�n y que ha sido motivo de m�ltiples reformas constitucionales a efecto de fortalecer la autonom�a y autosuficiencia econ�mica de los Municipios, con el fin de que �stos puedan tener libre disposici�n y aplicaci�n de sus recursos y satisfacer sus necesidades. Todo esto en los t�rminos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines p�blicos, de tal manera que atendiendo a sus necesidades propias y siendo �stos los que de mejor manera y en forma m�s cercana las conocen, puedan priorizar la aplicaci�n de sus recursos sin que se vean afectados por intereses ajenos o por cuestiones que, por desconocimiento u otra raz�n, los obligaran a ejercer sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales.

    La consideraci�n anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la tesis jurisprudencial n�mero P./J. 5/2000, publicada en la p�gina 515, Tomo XI, febrero de dos mil, Pleno, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que se�ala:

    HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACI�N HACENDARIA. SUS DIFERENCIAS (ART�CULO 115, FRACCI�N IV, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL). En t�rminos generales puede considerarse que la hacienda municipal se integra por los ingresos, activos y pasivos de los Municipios; por su parte, la libre administraci�n hacendaria debe entenderse como el r�gimen que estableci� el Poder Reformador de la Constituci�n a efecto de fortalecer la autonom�a y autosuficiencia econ�mica de los Municipios, con el fin de que �stos puedan tener libre disposici�n y aplicaci�n de sus recursos y satisfacer sus necesidades, todo esto en los t�rminos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines p�blicos."

    La hacienda p�blica municipal es un elemento esencial del Municipio. Sin su concurso ser�a imposible que se cumplieran los objetivos de esta instituci�n ni tampoco se podr�an satisfacer los servicios que los ciudadanos esperan de ella. Para la hacienda municipal, la norma constitucional hace dos declaraciones terminantes; en el encabezado de la fracci�n IV subraya que los Municipios la "administrar�n libremente", en tanto que en el p�rrafo primero de la fracci�n II se indica que los Municipios "manejar�n su patrimonio conforme a la ley".

    Comprende la hacienda municipal cuatro principales elementos de car�cter financiero, a saber: a) los ingresos municipales; b) los egresos municipales; c) el patrimonio municipal; y, d) la deuda p�blica municipal.

    Ahora bien, los Municipios al igual que la Federaci�n y los Estados cuentan con una doble fuente de recursos, la m�s importante de la que deriva el grueso de sus entradas, son las contribuciones y participaciones que fija a su favor la ley; la otra, las rentas y los productos de los bienes que integran su patrimonio. Por disposici�n constitucional ejercen su actividad hacendaria mediante tres instituciones fundamentales: el presupuesto, Ley de Ingresos y cuenta anual, y adem�s existe una complementaria, los empr�stitos.

    Las cuatro instituciones existen por un doble imperativo: uno, que deriva de la Constituci�n Federal, consignado en el art�culo 115, fracci�n IV, �ltimo p�rrafo; y otro, que deriva de las Constituciones y leyes locales. Presupuesto e ingresos est�n estrechamente unidos, dependen uno del otro, los gastos se autorizan con base en ingresos determinados, los impuestos se recaban para alcanzar los objetivos establecidos en el presupuesto.

    Es menester recordar que este Tribunal Pleno al resolver las controversias constitucionales 18/2001 y 19/2001, en un asunto similar sostuvo lo siguiente:

S�PTIMO

Sentado lo anterior, se procede al estudio del inciso b) de la fracci�n II del art�culo 115 constitucional, inciso que es precisamente producto de la reforma constitucional de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, para as� estar en condiciones de determinar si los p�rrafos s�ptimo, noveno y d�cimo del reformado art�culo 23 de la Constituci�n de Nuevo Le�n lo violentan o no. La normatividad constitucional se�alada establece:

�Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

�...

�II. Los Municipios estar�n investidos de personalidad jur�dica y manejar�n su patrimonio conforme a la ley.

(Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

�Los Ayuntamientos tendr�n facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deber�n expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de polic�a y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci�n p�blica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia y aseguren la participaci�n ciudadana y vecinal.

(Adicionado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)

�El objeto de las leyes a que se refiere el p�rrafo anterior ser� establecer:

�...

�b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento.�

Respecto a este nuevo texto de la Constituci�n General, pueden identificarse tres antecedentes destacables del proceso legislativo.

  1. Como primer antecedente, la iniciativa presentada por diputados de la fracci�n parlamentaria del Partido Acci�n Nacional el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y nueve ante la C�mara de Diputados, en tanto fue en dicho documento donde primero se propuso establecer una limitaci�n expresa a las legislaturas respecto de los actos de disposici�n del patrimonio inmobiliario de los Municipios. Dicha iniciativa, en el aspecto aqu� en estudio, se sustent� en las siguientes consideraciones:

    �Al Municipio, a trav�s de su Ayuntamiento se le confirieron facultades reglamentarias, mas no existe limitaci�n alguna para que las Legislaturas Estatales y Federales, encuentren una frontera entre sus atribuciones y las del Municipio de tal manera, que sea efectiva la capacidad cuasilegislativa de los Ayuntamientos que de modo incipiente, ya les ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

    �Se les reconoce personalidad jur�dica pero hoy por hoy, los Gobiernos Estatales y las Legislaturas Locales afectan el �mbito municipal, tomando decisiones en su nombre, sobre todo de car�cter administrativo de tal manera que dejan a los Ayuntamientos como entidad de despacho o ejecuci�n en asuntos trascendentes.

    �Se les confiere patrimonio propio mas �ste esta sujeto a decisiones de las Legislaturas Estatales como si no existiera la madurez, ni la legitimidad pol�tica para que los Ayuntamientos tomen decisiones sobre el uso y destino de sus bienes, dando en los casos que lo ameriten la participaci�n ciudadana pertinente.

    �Se les confiere libertad para el manejo de su hacienda, al mismo tiempo que las legislaturas la limitan a ultranza y sobre manera, fundados en el reenv�o que a los Congresos Locales hizo el propio Constituyente, al referir sin la menor previsi�n, el que esta libertad se ejercer� conforme a la ley.

    �...

    �e) Finalmente, se adiciona un inciso d) a dicha fracci�n II facultando a las legislaturas para establecer en las bases normativas municipales, las decisiones que por su trascendencia, en todo caso deber�n ser tomadas por mayor�a calificada de los miembros del Ayuntamiento, haciendo especial �nfasis en la desincorporaci�n de bienes del dominio p�blico municipal, venta de inmuebles o cambio de destino, as� como las resoluciones administrativas o relaciones contractuales que comprometan al Municipio m�s all� del t�rmino de la gesti�n del Ayuntamiento o Consejo Municipal que se trate, sin que en ning�n caso puedan las legislaturas, como perversamente hoy sucede, ser la instancia de resoluci�n en materia patrimonial o administrativa de los Municipios.�

  2. Como segundo antecedente, la iniciativa presentada por diputados del Partido de la Revoluci�n Democr�tica, el treinta de abril de mil novecientos noventa y nueve, propuesta que, en lo que a este punto ata�e, recogi� lo que antes se hab�a propuesto en la iniciativa antes referida.

  3. Esta proposici�n fue finalmente recogida en la propuesta �nica que prepar� la Comisi�n D. de la C�mara de Origen, misma que abund� en razones para tal efecto, de las que destacan las que fueron transcritas p�ginas atr�s; y que, como ya se dijo, eventualmente hizo suyas expresamente la C�mara Revisora.

    En atenci�n a lo anterior, se estima que los incisos contenidos en la fracci�n II del art�culo 115, deben interpretarse desde una �ptica restrictiva conforme a la cual sean s�lo esas las intervenciones admisibles de la legislaci�n local respecto a la actividad municipal, pues esa �ptica restrictiva permite materializar el principio de autonom�a municipal y no tornar nugatario el ejercicio legislativo realizado por el Constituyente Permanente, sino m�s bien consolidarlo.

    Esto significa que el inciso b) de dicha fracci�n constitucional s�lo autoriza a las Legislaturas Locales a que se�alen cu�les ser�n los supuestos en que los actos relativos al patrimonio inmobiliario municipal requerir�n de un acuerdo de mayor�a calificada de los propios integrantes del Ayuntamiento, mas no le autoriza para erigirse en una instancia m�s exigible e indispensable para la realizaci�n o para la validez jur�dica de dichos actos de disposici�n o administraci�n. Eso atenta contra el esp�ritu de la reforma constitucional y los fines perseguidos por �sta.

    Interpretaci�n esta �ltima que se confirma no s�lo con la letra de la Constituci�n y de su procedimiento legislativo, lo que es suficiente para sustentarla (al que antes se ha hecho alusi�n), sino tambi�n con diversas opiniones de personas que intervinieron en dicho procedimiento y de estudiosos del debate municipal.

    As�, el diputado J.M.G.�rrez G.�lez, entonces presidente de la Comisi�n de Fortalecimiento Municipal, al sintetizar los puntos clave de la reforma constitucional en comento, destaca respecto de este tema:

    �Se crea la figura de leyes estatales en materia municipal, delimitadas a un objeto cuyo contenido se enumera en cinco incisos, de lo que se destaca que la ley no va a poder ir m�s all� del objeto constitucional, propiciando el robustecimiento de las capacidades reglamentarias (cuasilegislativas o materialmente legislativas) de los Ayuntamientos.

    �En este aspecto destaca por ejemplo que para la desincorporaci�n y disposici�n del patrimonio inmobiliario municipal o la realizaci�n de actos que comprometan al Municipio m�s all� del periodo del Ayuntamiento de que se trate, dichas determinaciones no ser�n a cargo de la legislatura sino de las dos terceras partes de los miembros de un Ayuntamiento.� (Reflexiones en torno a la reforma municipal del art�culo 115 constitucional, M. �ngel P.�a, M�xico, 2000).

    Por otra parte, M.P.�rez L�pez y J.N.��ez Mercado (La nueva estructura del derecho municipal mexicano, notas sobre la reforma constitucional en materia municipal de 1999, en Cuestiones constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, N�mero 4, enero-junio de 2001), indican:

    �La reforma municipal de 1999 tiende a se�alar principios y contenidos de la legislaci�n municipal, siempre en un sentido general y orientador. Los incisos agregados a la fracci�n II procuran cumplir ese cometido a partir de la experiencia recabada por el ejercicio pr�ctico, la legislaci�n elaborada y la jurisprudencia emitida. ...

    �C. Decisiones sobre el patrimonio inmobiliario municipal y celebraci�n de actos y convenios.

    �Con el inciso b) se establece un requisito de mayor�a calificada ... en la toma de decisiones concernientes a la afectaci�n de su patrimonio inmobiliario o para la celebraci�n de actos o convenios que comprometan al Municipio m�s all� del periodo que corresponda al Ayuntamiento, con el fin de evitar que quienes resulten electos para una gesti�n no tengan que enfrentar cargas o grav�menes que comprometan o limiten seriamente su desempe�o. T.�n se evita que las legislaturas intervengan de cualquier forma en una decisi�n que corresponde en forma exclusiva a los Ayuntamientos.�

    En esta misma l�nea argumentativa, debe agregarse que cuando la disposici�n constitucional en estudio habla �de resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal�, debe entenderse por �afectar�, no lo que gramaticalmente puede significar, sino lo que significa conforme al contexto en el que est� inserto dicho verbo y conforme arrojan los antecedentes del proceso legislativo que dieron lugar a esa redacci�n; por ello, puede afirmarse que �afectar�, en esta norma constitucional, tiene un significado amplio, que comprende todo aquel acto jur�dico por el cual se dispone del patrimonio inmueble, como ser�a desincorporar, enajenar, gravar, etc�tera.

    En efecto, en la propuesta presentada por los diputados del Partido Acci�n Nacional, antes referida en esta resoluci�n, se hablaba de desincorporaci�n para venta u otro destino; la propuesta de los diputados del Partido de la Revoluci�n Democr�tica se refiri� a �desincorporaci�n� y, finalmente, la Comisi�n D. opt� por �afectaci�n�. Esta elecci�n de la comisi�n, aunado a lo dicho en los documentos que informan el proceso legislativo, corroboran lo antes dicho.

    Ahora bien, los p�rrafos impugnados del art�culo 23 de la Carta Neoleonense estatuyen:

    �Art�culo 23. La propiedad de las personas no puede ser ocupada, sin su consentimiento sino por causa de utilidad p�blica y mediante indemnizaci�n. El precio que se fijar� como indemnizaci�n a la cosa expropiada, se basar� en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por �l de un modo t�cito por haber pagado sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el dem�rito que haya tenido la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignaci�n del valor fiscal, ser� lo �nico que deber� quedar sujeto a juicio pericial y a resoluci�n judicial. Esto mismo se observar� cuando se trate de objetos cuyo valor no est� fijado en las oficinas rent�sticas.

    �...

    �El Estado de Nuevo Le�n y sus Municipios tienen derecho para adquirir, poseer y administrar bienes ra�ces, y esta clase de bienes s�lo podr�n enajenarse, gravarse o desincorporarse, cualquiera que sea su origen, su destino y car�cter, mediante decreto del Congreso del Estado que as� lo autorice.

    � ...

    �Los convenios mediante los cuales se comprometa el libre uso de los bienes inmuebles municipales, se sujetar�n a los t�rminos que fijen las leyes, y requerir�n de la aprobaci�n de las dos terceras partes de los integrantes de los Ayuntamientos.

    �...

    �Ser�n inexistentes las enajenaciones, actos, convenios y contratos que no se ajusten a lo preceptuado por este art�culo y la ley.�

    Como se desprende de esta transcripci�n, la Constituci�n reformada de Nuevo Le�n faculta a la Legislatura Local para aprobar o rechazar aquellos actos relativos a la enajenaci�n, gravamen o desincorporaci�n del patrimonio inmobiliario de los Municipios de ese Estado, so pena de la inexistencia jur�dica de los mismos, pues exige decreto de autorizaci�n para tal efecto (p�rrafo s�ptimo en relaci�n con el d�cimo), lo cual, conforme a lo que se ha explicado en torno al inciso b) de la fracci�n II del art�culo 115, va mucho m�s all� de lo que �sta permite, de ah� su inconstitucionalidad.

    Esto es, mientras que la Constituci�n General reconoce a los Municipios la facultad de manejar su patrimonio inmueble, con la sola limitante de que las decisiones que a ese respecto se tomen por el Ayuntamiento, sean por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes y no m�s ..."

    De lo anterior, tenemos que la facultad del Ayuntamiento de manejar el patrimonio de los Municipios proviene directamente de la Constituci�n Federal y s�lo puede ser restringida o limitada por la Legislatura Estatal, cuando en uso de las facultades que le otorga la propia fracci�n II, inciso b), del art�culo 115 de la Constituci�n Federal, estatuye como requisito para el acto de manejo del patrimonio municipal, la aprobaci�n de una mayor�a de las dos terceras partes del Ayuntamiento, sin que la actuaci�n de la legislatura pueda exceder este marco.

    Por tanto, debe declararse la plena inconstitucionalidad del art�culo 132 mencionado, pues est� impidiendo que el Ayuntamiento disponga de su patrimonio, excediendo con ello las facultades que la Constituci�n F. le otorga en el art�culo 115, fracci�n II, inciso b), que se reducen a la regulaci�n de mayor�as calificadas para efectos de la disposici�n de bienes del Municipio.

D�CIMO SEGUNDO

Por �ltimo, conviene precisar los efectos de la declaratoria de invalidez de los preceptos declarados inconstitucionales por este Alto Tribunal.

En primer lugar, conviene mencionar que por lo que se refiere a los art�culos con respecto a los cuales se declar� la invalidez relativa, este Tribunal Pleno ya precis� los alcances y efectos de tal declaratoria, seg�n se desprende de la lectura del considerando noveno de esta ejecutoria.

En consecuencia, a continuaci�n se precisar�n los efectos de la declaratoria de invalidez de los art�culos de la Ley Org�nica Municipal para el Estado de H. que fueron declarados inconstitucionales, por las razones expresadas en el considerando anterior.

Dichos preceptos son los siguientes:

� Art�culo 49, fracci�n III, en la parte que dice: "as� mismo, los Municipios establecer�n en su presupuesto de egresos, una partida destinada a desarrollar programas para la formaci�n, capacitaci�n y actualizaci�n de los miembros del Ayuntamiento y de la administraci�n municipal, a fin de mejorar sus capacidades de gobierno, t�cnicas y administrativas"

� Art�culo 49, fracci�n XVII, en la parte que dice: "La donaci�n de inmuebles s�lo proceder�, cuando se destinen a la ejecuci�n de obras de beneficio com�n y mediante el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento"

� Art�culo 49, fracci�n XXXI, en la parte que dice: "Los ingresos obtenidos por tasas adicionales, deber�n destinarse �ntegramente al objeto de su establecimiento y en ning�n caso, por s� o de manera conjunta, rebasar�n el 10% del monto que arroje la contribuci�n base"

� Art�culo 53, en la parte que dice: "dentro de diez d�as podr� devolverlo con observaciones procedentes para ser discutido nuevamente por aqu�l"

� Art�culo 54.

� Art�culo 125, primer p�rrafo, en la porci�n normativa que dice: "Para financiar su operaci�n, el Ayuntamiento establecer�, conforme a sus recursos, la partida presupuestal correspondiente, no podr� ser �sta de un monto menor al 3% del total del presupuesto de egresos, independientemente de los recursos federales y estatales que se le transfieran."

� Art�culo 132.

Lo anterior, en atenci�n a lo dispuesto en la fracci�n IV del art�culo 41 de la ley reglamentaria de la materia, que prev�:

Art�culo 41. Las sentencias deber�n contener:

...

IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisi�n, en su caso, los �rganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el �mbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deber�n extenderse a todas aquellas normas cuya invalidez dependa de la propia norma invalidada."

A este respecto, el art�culo 105, fracci�n I, pen�ltimo y �ltimo p�rrafos, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y el art�culo 42 de su ley reglamentaria, prev�n:

Art�culo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer�, en los t�rminos que se�ale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, con excepci�n de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

...

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resoluci�n de la Suprema Corte de Justicia las declare inv�lidas, dicha resoluci�n tendr� efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayor�a de por lo menos ocho votos.

En los dem�s casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendr�n efectos �nicamente respecto de las partes en la controversia."

Art�culo 42. Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por la Federaci�n, de los Municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) de la fracci�n I del art�culo 105 constitucional, y la resoluci�n de la Suprema Corte de Justicia las declare inv�lidas, dicha resoluci�n tendr� efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayor�a de por los menos ocho votos.

En aquellas controversias respecto de normas generales en que no se alcance la votaci�n mencionada en el p�rrafo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia declarar� desestimadas dichas controversias. En estos casos no ser� aplicable lo dispuesto en el art�culo siguiente.

En todos los dem�s casos las resoluciones tendr�n efectos �nicamente respecto de las partes en la controversia."

De acuerdo con los preceptos reproducidos, la declaratoria de invalidez decretada en esta ejecutoria tiene efectos exclusivamente entre las partes, toda vez que en el presente caso fue el Municipio de Pachuca, el que demand� a la Legislatura del Estado de H. la invalidez de la Ley Org�nica Municipal de esa misma entidad federativa, por lo que se coloca dentro de los supuestos previstos en el �ltimo p�rrafo de la fracci�n I del art�culo 105 constitucional, as� como el �ltimo p�rrafo del art�culo 42 de la ley reglamentaria de la materia.

Por �ltimo, la declaratoria de invalidez surtir� efectos a partir de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n, por lo que las disposiciones generales declaradas inv�lidas ya no podr�n aplicarse a partir de entonces al Municipio actor, en la inteligencia de que si dichas normas generales ya produjeron efectos, no operar� la invalidez decretada respecto de �stos, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 45, p�rrafo segundo, de la citada ley reglamentaria, que dispone que la declaraci�n de invalidez de las sentencias no tendr� efectos retroactivos, salvo en materia penal.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO

Es procedente y parcialmente fundada la controversia constitucional promovida por el Municipio de Pachuca de S., Estado de H., a trav�s del s�ndico municipal.

SEGUNDO

Se sobresee respecto del art�culo 148 de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de H., en t�rminos del considerando segundo de esta ejecutoria.

TERCERO

Se reconoce la validez de los art�culos 1o., 3o., 5o., 10, 49, fracciones I, II, III, XVII, XXXI y XXXII, 52, fracciones III, VI, segundo p�rrafo, X, XV, XVI, XIX, XX, XXI, XXII, XXVII, XXXI, XLI, XLIX, XLII, XLIV, XLVI y LVII, 55, fracci�n II, 60, fracciones III y VIII, 62, fracci�n IV, 88, 100, 102, 103, salvo el �ltimo p�rrafo, 104, 111, 112, 114, 125, salvo el primer p�rrafo en la parte conducente, 126, fracciones I, II y III, 172, 173, 174, 175, 176, 177 y 178, y de los art�culos transitorios primero, segundo, tercero, cuarto, s�ptimo y octavo de la Ley Org�nica Municipal del Estado de H..

CUARTO

Se declara la invalidez relativa de los art�culos 21, 22, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, fracci�n XXXVII, 51, 52, fracciones I, II, IV, V, VI, primer p�rrafo, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XXIX, XXX, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLIII, XLV, XLVII, XLVIII, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVIII; 55, fracciones I, III, IV, V, VI y VII, 60, fracciones I, II, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 62, fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 63, 64, 65, 66, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 103, �ltimo p�rrafo, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, fracciones IV y V, 134, 137, 138, 139, 149, 150, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de H., en t�rminos del considerando noveno de esta ejecutoria.

QUINTO

Se declara la invalidez de los art�culos 49, fracci�n III, primer p�rrafo, en la parte que dice: "... as� mismo, los Municipios establecer�n en su presupuesto de egresos, una partida destinada a desarrollar programas para la formaci�n, capacitaci�n y actualizaci�n de los miembros del Ayuntamiento y de la administraci�n municipal, a fin de mejorar sus capacidades de gobierno, t�cnicas y administrativas ..."; fracci�n XVII, en la parte que dice: "La donaci�n de inmuebles s�lo proceder�, cuando se destinen a la ejecuci�n de obras de beneficio com�n y mediante el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento ...", fracci�n XXXI, en la parte que dice: "Los ingresos obtenidos por tasas adicionales, deber�n destinarse �ntegramente el objeto de su establecimiento y en ning�n caso, por s� o de manera conjunta, rebasar�n el 10% del monto que arroje la contribuci�n base."; 53, en la parte que dice: "... dentro de diez d�as podr� devolverlo con observaciones procedentes para ser discutido nuevamente por aqu�l ..."; 54, 125, primer p�rrafo en la porci�n normativa que dice: "Para financiar su operaci�n, el Ayuntamiento establecer�, conforme a sus recursos, la partida presupuestal correspondiente, no podr� ser �sta de un monto menor al 3% del total del presupuesto de egresos, independientemente de los recursos federales y estatales que se le transfieran."; y 132 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de H., en t�rminos del considerando d�cimo primero de esta ejecutoria.

SEXTO

Publ�quese esta resoluci�n el Diario Oficial de la Federaci�n, en el Peri�dico Oficial del Estado Libre y Soberano de H. y en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta.

N.�quese; haci�ndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.

As� lo resolvi� el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, el proyecto modificado se aprob� por unanimidad de diez votos, de los se�ores Ministros: A.A., C.�o D�az, L.R., D�az R., G�ngora P., O.M., V.H.�ndez, S.C., S.M. y presidente A.G.�itr�n, excepto por lo que hace al reconocimiento de validez de los art�culos del 172 al 178 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de H., propuesto en el resolutivo tercero, el que se aprob� por mayor�a de seis votos de los se�ores Ministros Coss�o D�az, L.R., G�ngora P., O.M., S�nchez C. y S.M.; los se�ores Ministros A.A., D�az R., V.H.�ndez y presidente A.G.�itr�n, votaron en contra y reservaron su derecho de formular voto de minor�a; y el resolutivo cuarto, que se aprob� por mayor�a de ocho votos de los se�ores Ministros A.A., C.�o D�az, L.R., D�az R., O.M., V.H.�ndez, S�nchez C. y presidente Azuela G�itr�n; los se�ores Ministros G�ngora P. y S.M., votaron en contra; la se�ora Ministra S�nchez C. y el se�or Ministro G�ngora P. formularon salvedades respecto de las consideraciones contenidas en los considerandos s�ptimo y octavo; los se�ores Ministros G�ngora P. y S.M. formularon salvedades respecto de las consideraciones contenidas en el considerando noveno. La se�ora Ministra S�nchez C. reserv� su derecho de formular voto concurrente y los se�ores M.S.M. y G�ngora P., reservaron su derecho de formular voto de minor�a.

El se�or Ministro presidente A.G.�itr�n declar� que el asunto se resolvi� en los t�rminos precisados y de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 44, primer p�rrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, orden� que la resoluci�n se publique en el Diario Oficial de la Federaci�n, en el Peri�dico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de H. y en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Por estar disfrutando de vacaciones, no asisti� el se�or Ministro Jos� de Jes�s G.�o P..

Tablas/Anexos relacionados

Ver esquema

Tesis:

N�mero tesis: 176928

Rubro: MUNICIPIOS. EL ART�CULO 115, FRACCIONES I Y II, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL RECONOCE LA EXISTENCIA DE UN ORDEN JUR�DICO PROPIO.

Localizacion: 9a. �poca; P.; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Octubre de 2005; P�g. 2070; [J];

N�mero tesis: 176929

Rubro: MUNICIPIOS. CONTENIDO Y ALCANCE DE SU FACULTAD REGLAMENTARIA.

Localizacion: 9a. �poca; P.; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Octubre de 2005; P�g. 2069; [J];

N�mero tesis: 176948

Rubro: LEYES ESTATALES Y REGLAMENTOS EN MATERIA MUNICIPAL. ESQUEMA DE ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES QUE DERIVAN DE LA REFORMA AL ART�CULO 115, F.I., SEGUNDO P�RRAFO, DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Localizacion: 9a. �poca; P.; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Octubre de 2005; P�g. 2068; [J];

N�mero tesis: 176949

Rubro: LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. OBJETIVO Y ALCANCES DE LAS BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACI�N P�BLICA MUNICIPAL.

Localizacion: 9a. �poca; P.; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Octubre de 2005; P�g. 2067; [J];

N�mero tesis: 176950

Rubro: LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. LOS CASOS A QUE SE REFIERE EL ART�CULO 115, F.I., INCISOS B) Y D), DE LA CONSTITUCI�N DE LA REP�BLICA QUE REQUIEREN EL ACUERDO DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS, SON ENUNCIATIVOS Y NO LIMITATIVOS.

Localizacion: 9a. �poca; P.; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Octubre de 2005; P�g. 2066; [J];

N�mero tesis: 176951

Rubro: LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. LOS AYUNTAMIENTOS PUEDEN FUNDAMENTAR SU ACTUACI�N EN LA NORMATIVIDAD EXPEDIDA POR LA LEGISLATURA ESTATAL HASTA EN TANTO EMITAN SUS NORMAS REGLAMENTARIAS.

Localizacion: 9a. �poca; P.; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Octubre de 2005; P�g. 2065; [J];

N�mero tesis: 176952

Rubro: LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ RELATIVA CUANDO DERIVA DE LA OMISI�N DE LAS LEGISLATURAS DE PRECISAR QU� NORMAS SON IMPERATIVAS A LOS MUNICIPIOS Y CU�LES PUEDEN APLICAR SUPLETORIAMENTE.

Localizacion: 9a. �poca; P.; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Octubre de 2005; P�g. 2064; [J];

N�mero tesis: 176953

Rubro: LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. DEBEN DETERMINAR LAS NORMAS QUE CONSTITUYEN BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACI�N P�BLICA MUNICIPAL Y LAS DE APLICACI�N SUPLETORIA.

Localizacion: 9a. �poca; P.; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Octubre de 2005; P�g. 2063; [J];

N�mero tesis: 177006

Rubro: ESTADO MEXICANO. �RDENES JUR�DICOS QUE LO INTEGRAN.

Localizacion: 9a. �poca; P.; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Octubre de 2005; P�g. 2062; [J];

N�mero tesis: 177048

Rubro: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ESTUDIE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA O ACTO BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA LA CAUSA DE PEDIR.

Localizacion: 9a. �poca; P.; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Octubre de 2005; P�g. 2062; [J];