Ejecutoria num. P./J. 108/2004 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26824552

Ejecutoria num. P./J. 108/2004 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P./J. 108/2004
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Octubre de 2004
RESUMEN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 15/2003. MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ.CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DECRETO 404 DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, POR EL QUE SE CREA EL MUNICIPIO DE VILLA DE POZOS, ES INCONSTITUCIONAL PORQUE SE FUNDÓ EN UN PROCEDIMIENTO REGIDO POR NORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DEROGADAS.CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DECRETO 404 DEL CONGRESO DE SAN LUIS POTOSÍ, POR EL QUE SE CREA EL MUNICIPIO DE VILLA DE POZOS NO TIENE CARÁCTER DE LEY ELECTORAL, AUN CUANDO SU ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO PREVENGA LA CELEBRACIÓN DE ELECCIONES PARA ELEGIR A SU AYUNTAMIENTO.CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DECRETO POR EL QUE UNA LEGISLATURA ESTATAL CREA UN MUNICIPIO ES UN ACTO CONDICIÓN POR LO QUE EL PLAZO PARA IMPUGNARLO SE RIGE POR LAS REGLAS RELATIVAS A LOS ACTOS EN SENTIDO ESTRICTO.CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL EXAMEN DEL DECRETO 404 DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, POR EL QUE SE CREA EL MUNICIPIO DE VILLA DE POZOS, REQUIERE TAMBIÉN EL ESTUDIO DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN QUE LE SIRVIÓ DE FUNDAMENTO.CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE SAN LUIS POTOSÍ, EN LOS RECESOS DE ÉSTE, TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA PARA COMPARECER A JUICIO, SI AL SUSCRIBIR EL ESCRITO RELATIVO ESTABA EN FUNCIONES Y TENÍA FACULTADES DE REPRESENTACIÓN.CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA PARA COMPARECER EN AQUÉLLA, TANTO RESPECTO DEL REFRENDO, COMO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS DECRETOS DEL GOBERNADOR.MUNICIPIOS. SU CREACIÓN ES UNA FACULTAD CONSTITUCIONAL RESERVADA A LOS ESTADOS DE LA FEDERACIÓN.

 
CONTENIDO

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 15/2003. MUNICIPIO DE S.L.P.�.
M�xico, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al d�a diecisiete de agosto del a�o dos mil cuatro.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante escrito de fecha once de febrero del a�o dos mil tres, presentado el doce siguiente ante la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, el Municipio de S.L.P.�, por conducto de J.E.P.�a C�rdenas y J.E.B.E., en su calidad de s�ndicos municipales, promovieron controversia constitucional, en contra de las autoridades y el acto que a continuaci�n se indican:
"II. Nombre y domicilio de los demandados. a) El H. Congreso del Estado de S.L.P.� con domicilio en Jard�n H. n�mero 19 y/o V. n�mero 100, colonia Centro, en S.L.P.�, S.L.P., como autoridad emisora. b) El C.L.. F.S.N., Gobernador Constitucional de S.L.P.�, y el C.J.D., secretario general de Gobierno, ambos con domicilio en el Palacio de Gobierno del Estado ubicado en Jard�n H. n�mero 9, Centro, S.L.P.�, S.L.P., como autoridades sancionadoras y ordenadoras de la publicaci�n correspondiente. c) El C. Director del P.�dico Oficial del Estado, como responsable de la publicaci�n. d) El C. Procurador general de la Rep�blica, para los efectos establecidos en la fracci�n IV del art�culo 10 de la ley reglamentaria del art�culo 105 constitucional. ... IV. Norma general combatida. La contenida en el Decreto 404 que se diera a conocer a trav�s del P.�dico Oficial del Estado, correspondiente al d�a 17 de diciembre de 2002, por el que ilegal e inconstitucionalmente se crea el Municipio de V. de P., S.L.P.�." (foja 2 de la controversia constitucional 15/2003).
SEGUNDO. El Municipio actor se�al� como terceros interesados a los Ayuntamientos de Cerro de S.P. y S. de Graciano S�nchez, ambos del Estado de S.L.P.�; plante� la violaci�n a los art�culos 14, 16, 40, 105, 115, 116, 117, 118 y 133 de la Constituci�n General de la Rep�blica, as� como 114 de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de S.L.P.� y relat� como antecedentes del caso, los siguientes:
"1. El 26 de mayo de 1995 se present� ante el Congreso del Estado una solicitud firmada por 1,635 personas, habitantes de la D.�n de V. de P. del Municipio de S.L.P.�, S.L.P., para el ?reotorgamiento? (sic) de la categor�a de Municipio a V. de P., toda vez que esta categor�a le hab�a sido suprimida desde el 10 de octubre de 1946. 2. Una vez instaurado el procedimiento que la Constituci�n L. y la L.O.�nica del Municipio Libre, vigentes entonces, establec�an para la creaci�n de M., el Poder Legislativo emiti� dictamen en diciembre de 1995 en el sentido de no aprobar la solicitud en cuesti�n. 3. Los peticionarios, inconformes, acudieron en diversas oportunidades ante la Justicia Federal, mediante la interposici�n de cuatro juicios de amparo, de lo que se deriv� que en octubre de 1996 se acordara la reposici�n del procedimiento. 4. La actual legislatura determin� en octubre de 2000 la instalaci�n de una comisi�n especial para asuntos de la D.�n de V. de P., encargada de dar seguimiento a la solicitud y, consecuentemente, de reponer el procedimiento de creaci�n del Municipio. 5. Derivado de ello se requiri� al Ayuntamiento de S.L.P.� la emisi�n de una opini�n al respecto, misma que se produjo en octubre de 2001 en sentido negativo a la propuesta de creaci�n del Municipio de V. de P.. 6. No obstante lo anterior, el pasado 9 de diciembre de 2002, las C.ones Unidas de G.�n y Puntos Constitucionales y, Especial para Asuntos de la D.�n de V. de P., emitieron dictamen aprobatorio, determin�ndose la creaci�n del Municipio de V. de P., segregado del Municipio de S.L.P.�. 7. Con fecha 14 de diciembre del a�o 2002 el H. Congreso del Estado con una mayor�a de votos simples emiti� el Decreto N�mero 404, que posteriormente fuera sancionado por el Ejecutivo Estatal y dado a conocer a trav�s de la publicaci�n en el P.�dico Oficial correspondiente al d�a 17 de diciembre de 2002, cuyo ejemplar se acompa�a al presente escrito como prueba de lo aqu� asentado. 8. En dicho decreto, emitido como se ha dicho por la Quincuag�sima Sexta Legislatura Constitucional del Estado de S.L.P.�, se crea el Municipio de V. de P., S.L.P.�, cuya cabecera ser� la del mismo nombre (art�culo primero); y se le otorga una conformaci�n territorial que dice estar siendo segregada exclusivamente del Municipio de la capital del Estado, seg�n unos puntos, referencias y coordenadas que se citan en el art�culo segundo. Aqu� termina el texto absoluto del decreto mencionado. 9. Los art�culos transitorios del Decreto 404 en comento establecen textualmente lo siguiente: ?Primero. El presente decreto entrar� en vigor a partir del d�a 1 de enero del a�o 2004.?. ?Segundo. De conformidad con lo establecido en la Ley Electoral del Estado, el Consejo Estatal Electoral proveer� lo conducente a efecto de que se lleve a cabo la elecci�n del Ayuntamiento del Municipio de V. de P., S.L.P., que deber� entrar en funciones a partir del 1 de enero de 2004.?. ?Tercero. Se deroga todo lo que se oponga al presente decreto.?. 10. El art�culo 2o. de la Constituci�n Pol�tica del Estado de S.L.P.� establece que esta entidad federativa es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos y que es libre y soberano en cuanto a su r�gimen interior, sin m�s limitaciones que aquellas que la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece a las entidades federativas. 11. Por su parte, el art�culo 5o. de la misma Constituci�n L. en su segundo p�rrafo establece que el Estado tiene como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa al Municipio Libre. Y luego agrega: ?Los M. que integran el Estado son los establecidos por la L.O.�nica del Municipio Libre.?. 12. La L.O.�nica del Municipio Libre de S.L.P.�, que viene a ser reglamentaria del art�culo 5o. de la Constituci�n Pol�tica L., establece actualmente en su art�culo 12 que: ?El territorio del Estado de S.L.P.� se divide en cincuenta y ocho M., con la extensi�n y l�mites que actualmente tienen.?. Luego, en el art�culo 13 del mismo cuerpo legal se otorga un listado de los cincuenta y ocho M. existentes dentro del cual no se encuentra descrito el Municipio de V. de P.. 13. Con fecha 27 de octubre del a�o 2002 dio inicio el proceso de elecci�n de Gobernador Constitucional del Estado, periodo 2003-2009; Diputados a la LVII Legislatura del Estado, periodo 2003-2006; y de Ayuntamientos, para el periodo constitucional 2004-2006, tal como consta del ejemplar del ?Calendario del Proceso Electoral? emitido por el Consejo Estatal Electoral del Estado de S.L.P.�, que se acompa�a. 14. Por �ltimo, el art�culo 105 de la Constituci�n Federal de la Rep�blica ordena categ�ricamente, en lo conducente, que: ?... Las leyes electorales federales y locales deber�n promulgarse y publicarse por lo menos noventa d�as antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podr� haber modificaciones legales fundamentales ...? (fojas 3 a 5 de la controversia constitucional 5/2003)."
TERCERO. La parte actora plante� los siguientes conceptos de invalidez:
"Primero. De los antecedentes antes precisados se obtiene, en primer lugar, que en el a�o de 1995 algunos habitantes de la D.�n de V. de P. solicitaron al Congreso del Estado de S.L.P.� que se devolviera la calidad de Municipio a la referida delegaci�n, toda vez que, seg�n su propio dicho, esta calidad le hab�a sido suprimida desde el 10 de octubre de 1946. Haciendo a un lado por un momento lo relacionado con la procedencia o improcedencia de lo solicitado; lo que s� queda claro es que entre lo pedido por los habitantes de la delegaci�n y lo concedido por el Congreso Estatal son cosas totalmente distintas: los peticionarios quer�an que su delegaci�n recobrara una calidad que antes ten�a -obviamente bajo las condiciones, caracter�sticas, linderos, e.e. que antes ten�a-, y el Congreso del Estado en lugar de tomar en cuenta lo peticionado, otorga, a trav�s del Decreto 404 que aqu� se impugna, la calidad de Municipio a un territorio distinto al que fuera requerido de origen. As� entonces, la Legislatura Estatal al conceder algo que no se le ha pedido se convierte en autoridad oficiosa, es decir, que no obra impulsada por una petici�n provenida de particulares, sino de su propia acci�n. Y as� vistas la cosas se llega a la fatal conclusi�n de que al no existir una petici�n de parte interesada en la forma y con los requisitos que la Constituci�n y las leyes mencionan para la creaci�n de un Municipio, tal creaci�n es ilegal y violatoria de la Constituci�n, por lo que debe declararse su invalidez. Segundo. El decreto materia de este examen y el dictamen en que se sustenta son violatorios de los principios de legalidad y debido proceso legal que tutela nuestra Carta Magna. Como puede apreciarse del dictamen que indebidamente aprob� la Legislatura L. se ha determinado la creaci�n de un Municipio con apoyo en una Constituci�n Estatal y una L.O.�nica del Municipio Libre abrogadas. En efecto, de una lectura al considerando noveno del dictamen de las C.ones Unidas de G.�n y Puntos Constitucionales y, Especial para Asuntos de la D.�n de V. de P., se aprecia con claridad que la ahora demandada emite su determinaci�n de crear un nuevo Municipio, bas�ndose en la Constituci�n vigente en el a�o de 1995, fecha en que se present� la solicitud de ?reotorgamiento? de la categor�a de Municipio a V. de P.; asimismo, se sustenta la decisi�n en una L.O.�nica del Municipio Libre que dej� de tener vigencia desde el a�o de 1997. Argumenta para ello el dictamen de marras, que ?... las leyes procesales son las reglas destinadas a la aplicaci�n de las normas sustantivas a casos particulares, para que los �rganos competentes declaren el derecho, son el v�nculo entre dichos �rganos y las personas que hacen valer un derecho, toda vez que un procedimiento se compone de diversas etapas y de una serie de actos sucesivos, siendo inconcuso que los derechos adjetivos que concede la ley procesal se van adquiriendo o concretando a medida que se actualizan los supuestos normativos correspondientes en el desarrollo de la secuela procesal, de modo que aunque una nueva ley de esa naturaleza entre en vigor de inmediato en los procesos en tr�mite, solamente operar� en lo tocante a todos los actos ulteriores respecto de los cuales no se haya dado la actualizaci�n de los supuestos normativos ...?. Es decir, la ahora demandada basa su acto inconstitucional en leyes abrogadas pretendiendo dotarlas de vigencia con el err�neo argumento de que en materia procesal -reconociendo la materia de la norma a aplicar- se van adquiriendo derechos, los cuales no pueden ser vulnerados por la ley nueva. Admitido entonces por la propia emisora del decreto un conflicto de leyes en el tiempo, dada la entrada en vigor de una nueva Constituci�n y una nueva L.O.�nica del Municipio Libre que, como igual se acepta, modifican reglas de procedimiento en materia de creaci�n de M., la litis se reduce a determinar si el Poder Legislativo L. actu� correctamente en el caso de la creaci�n del Municipio de V. de P., aplicando una Constituci�n y una ley abrogadas, pero que estaban vigentes al presentarse la solicitud respectiva o, si por el contrario, el decreto examinado es inconstitucional por no haber tomado en cuenta, para su fundamentaci�n, las disposiciones vigentes en el momento de su emisi�n. Conviene hacer aqu� una referencia a las normas vigentes en la fecha de la solicitud y, las vigentes en el momento en que se emite el dictamen que soporta el decreto combatido:

Ver tabla 1


"Como puede apreciarse, las modificaciones que, en el tema particular de la creaci�n de M., existen entre las normas aplicables en la fecha de presentaci�n de la solicitud y las vigentes al momento de emitirse el decreto combatido, son amplias e importantes; sin embargo, en modo alguno se puede estimar que la aplicaci�n de las disposiciones actuales afecte o lesione derechos adquiridos por los solicitantes. En efecto, al momento de entrar en vigor la Constituci�n Pol�tica del Estado que rige actualmente y, en su caso, la nueva L.O.�nica del Municipio Libre, los solicitantes no tienen m�s derecho adquirido que el de petici�n, es decir, lo �nico que no se les puede limitar o restringir es su derecho a recibir una respuesta a su planteamiento. Pero sostener que la presentaci�n de la solicitud de ?reotorgamiento? de la categor�a de Municipio produce el derecho a que el procedimiento y requisitos para ello sea el aplicable entonces, es inexacto. No hay raz�n o motivo para inferir que el ejercicio del derecho de petici�n produzca, necesariamente, un derecho inalterable a que la autoridad o entidad encargada de la respuesta deba sujetarse a las normas procesales vigentes cuando se recibi� la misma. Por tanto, la aplicaci�n de una serie de normas abrogadas para sustentar una determinaci�n que debe ser fundamentada en las nuevas disposiciones es un acto contrario al principio de debido proceso legal, lo que trae como consecuencia una afectaci�n a los intereses del actor, debiendo este Alto Tribunal declarar la invalidez de la norma general que crea el Municipio de V. de P.. Se insiste en que el conflicto de leyes en el tiempo, apreciado por la demandada, tiene una soluci�n sencilla: en materia procesal la aplicaci�n de leyes posteriores es factible, no hay tal violaci�n a la garant�a de irretroactividad, porque no hay derechos adquiridos. Los tribunales federales han sostenido este criterio en forma reiterada: ?RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL.? (se transcribe y cita precedentes) ?RETROACTIVIDAD. LAS LEYES PROCESALES NO PUEDEN PRODUCIRLA.? (se transcribe y cita precedentes) ?RETROACTIVIDAD. NO LA CONSTITUYE LA APLICACI�N DE LEYES PROCESALES.? (se transcribe y cita precedentes) ?RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES.? (transcribe y cita precedentes). Con estos atinados criterios se corrobora que, en el caso que nos ocupa, los solicitantes efectivamente ejercieron un derecho que la ley vigente les otorga: el de solicitar el reotorgamiento de la calidad de Municipio a lo que hoy era la D.�n de V. de P.; pero diferente es que el procedimiento de creaci�n del Municipio deba iniciarse, seguirse y concluirse oficiosamente y de conformidad con las normas vigentes en la fecha de la solicitud de reotorgamiento. En este caso, la presentaci�n de la solicitud equivale al ejercicio de la acci�n en materia procesal. Una ley posterior no puede limitar o rechazar el ejercicio de tal acci�n, pero puede v�lidamente introducir modificaciones en el procedimiento sin que ello signifique da�o a derechos adquiridos y, menos a�n, una violaci�n a la garant�a tutelada por el numeral 14 del Pacto Federal. Entre los tratadistas, tambi�n hay coincidencia en el criterio anterior, el M.J.C. invoca a R. en este sentido: ?Para R., que es el mejor expositor de la doctrina objetiva moderna -y que mayores adeptos tiene en la actualidad-, la ley nueva no podr� tocar situaciones jur�dicas ya constituidas o extinguidas, y s� a las que se encuentren en curso de constituci�n o de extinci�n. Considera que las leyes nuevas s� pueden aplicarse retroactivamente, cuando sean interpretativas -porque obra a la manera de un cambio de jurisprudencia-, as� como las relativas a las pruebas.? (C., J.V.G.�as y A., P.�a, 4a. Ed. 1983, p. 240). Se subraya que, en la especie, los derechos que adquirieron los solicitantes del nuevo Municipio, se reducen a que el �rgano competente d� curso a la misma e, incluso, instaure el procedimiento respectivo y emita una resoluci�n al respecto. Pero si en el curso del procedimiento las reglas del mismo cambian, lo correcto es aplicar las nuevas, sin que ello transgreda derecho alguno. Las tesis siguientes son ilustrativas en cuanto al tema de los derechos adquiridos: ?RETROACTIVIDAD DE LA LEY.? (se transcribe y cita precedentes) ?DERECHOS ADQUIRIDOS.? (se transcribe y cita precedentes) ?RETROACTIVIDAD, TEOR�AS DE LA.? (transcribe y cita precedentes) ?DERECHOS PROCESALES ADQUIRIDOS. CONCEPTO DE, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LA LEY.? (se transcribe y cita precedentes). La tesis anterior, si bien es de un Tribunal Colegiado, resulta interesante por contener exactamente el criterio que se viene invocando: no hay, como lo afirma incorrectamente el dictamen que aprobado da origen al decreto examinado, ning�n derecho adquirido por los solicitantes para que el procedimiento y los requisitos exigidos por las leyes vigentes cuando se present� la petici�n sean los aplicables en lugar de las normas expedidas posteriormente. De manera particular, se destaca el hecho de que para la creaci�n de nuevos M., la Constituci�n y la ley vigente en 1995, fecha de la solicitud, se exig�a que la solicitud para la creaci�n de un nuevo Municipio (que no es de la misma naturaleza que la efectuada en este caso, pues se trat� de una solicitud de reotorgamiento de una calidad de Municipio que tuvo con distintas caracter�sticas con anterioridad) la firmaran al menos 1,500 personas; en tanto que, al momento de determinarse la creaci�n del Municipio de V. de P., en diciembre pasado, las disposiciones aplicables precisan que la demanda la suscriban, al monos (sic), el 25% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la circunscripci�n territorial que se pretenda erigir como Municipio; es decir, se consider� necesario que la trascendental decisi�n de erigir una municipalidad estuviera respaldada por una proporci�n significativa de los ciudadanos de la comunidad correspondiente; de all� que, al aprobarse la solicitud que apoyan �nicamente 1,635 personas, es obvio que se incumple con un esencial requisito vigente. M�s grave a�n el hecho de que las firmas de las 1,635 personas que soportan la solicitud no hayan sido cotejadas o en modo alguno confrontadas con quienes supuestamente las estamparon. Para evitar la manipulaci�n de personas y firmas, las nuevas normas exigen que se acompa�e a la solicitud una lista con el nombre, firma y el n�mero de credencial de elector de los ciudadanos que hacen la solicitud. En el caso a debate, es evidente que no solamente no se confrontaron las firmas, sino que no se exigi� que se cumpliera con el requisito de se�alar el n�mero de credencial de elector de los firmantes. Igualmente significativa es la omisi�n, por parte del �rgano legislativo demandado, de llevar a cabo un plebiscito para tomar en cuenta -realmente- la opini�n ciudadana del Municipio o M. en que se encuentre la fracci�n territorial que pretende erigirse como Municipio. La ley anterior no preve�a esta formalidad, pero al modificarse e introducirse esta importante condici�n, es evidente que la entidad encargada del tr�mite de la solicitud debi� cumplirla, sin que en modo alguno pudiera estimarse que se vulneraba la garant�a de irretroactividad de la ley. Lo mismo puede decirse de los dem�s requisitos, que en nada merman los derechos de los solicitantes si se les exige su cumplimiento, dado que la creaci�n del nuevo Municipio, esencia de su petici�n, al entrar en vigor las nuevas disposiciones constituye una mera expectativa de derecho que no puede ser quebrantada por �stas. No puede soslayarse tampoco el hecho de que las modificaciones introducidas por el legislador s�lo tienen el prop�sitode mejorar las normas, de all� que la aplicaci�n de las anteriores, en detrimento de las nuevas, conduce a una deficiencia natural del acto, ya que no estar�a �ste acorde con las mejoras legales ya en vigor. I.B. cita a C. de la siguiente manera: ?Toda ley nueva se presume mejor que aquella a la que reemplaza; porque cuando el legislador hace una innovaci�n, no lo hace sino con el prop�sito de un mejoramiento y para corregir los abusos existentes. Por tanto, es natural suponer que ha querido someter a su imperio no solamente los acontecimientos que podr�an realizarse en el futuro, son a�n los hechos anteriores, en lo que ve a sus consecuencias que producir�n y se desarrollar�n despu�s de su promulgaci�n. Ser�a il�gico prolongar hacia el futuro los efectos de la ley abrogada y mantener en vigor, en detrimento de la regla nueva, las disposiciones que el legislador ha juzgado mejoradas. En consecuencia, se debe aplicar la ley reciente a todas las situaciones jur�dicas, a todas las relaciones de derecho existentes en el momento de su promulgaci�n y regular seg�n sus disposiciones los efectos que produzcan para lo futuro. Tal es el principio al cual, seg�n creemos, se debe uno adherir. Conduce, seg�n lo vemos, a rehusar toda supervivencia a la ley antigua.? (B., I.. Las Garant�as Individuales. P.�a, 11a. edici�n, 1978, p. 522). Es de reconocerse que en el tema de la irretroactividad la doctrina ha sostenido diversas opiniones y teor�as. Los tribunales han aceptado tradicionalmente la de los derechos adquiridos y las expectativas de derecho con mayor frecuencia. Sin embargo, en fechas m�s recientes, este Alto Tribunal ha acudido a la teor�a de los componentes de la norma a fin de poder precisar cu�ndo una ley es retroactiva y cu�ndo no, atendiendo a las consecuencias que se produzcan; la tesis es la siguiente: ?IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACI�N CONFORME A LA TEOR�A DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.? (se transcribe y cita precedentes). Ahora bien, en el caso examinado, puede decirse que las normas aplicables a partir de 1997, es decir, estando en curso el procedimiento de creaci�n del nuevo Municipio, no afectan en lo absoluto el efecto o consecuencia del acto generador ocurrido con anterioridad. En efecto, el acto generador es la solicitud de reotorgamiento (creaci�n) de un nuevo Municipio; en el curso del procedimiento las leyes sufren una importante modificaci�n que introduce mayores requisitos y condiciones para ello; pero no se restringe ni limita la posibilidad de que se erija el nuevo Municipio; luego entonces, si los solicitantes cumplen los requisitos que a ellos les corresponde y si una vez agotado satisfactoriamente el procedimiento de acuerdo con las nuevas disposiciones el �rgano competente determina que s� es procedente la creaci�n del nuevo Municipio, no se habr� incurrido en afectaci�n a los peticionarios y se habr� dado cumplimiento cabal a las nuevas normas. En este sentido, nos permitimos reiterar que la exigencia de que para la creaci�n de un nuevo Municipio se lleve a cabo un plebiscito es de suma importancia y no puede ser soslayado por el Poder Legislativo, m�xime que se trata de un mandato constitucional que no admite excepciones. De acuerdo con la tesis que a continuaci�n se transcribe, trat�ndose de disposiciones constitucionales, como la comentada, no hay retroactividad que pueda alegarse; de all� que el cumplimiento de esta formalidad era un elemento sine qua non para el Congreso que, al haberlo omitido, conculca de manera clara el principio de debido proceso legal. ?LEYES, RETROACTIVIDAD DE LAS.? (se transcribe y cita precedentes) ?RETROACTIVIDAD DE LOS PRECEPTOS QUE FIGURAN EN LA CONSTITUCI�N.? (se transcribe y cita precedentes). As� las cosas, el Congreso L. actu� indebidamente al llevar a cabo un procedimiento para la creaci�n de un Municipio con apoyo en normas abrogadas, omitiendo aplicar las disposiciones vigentes que inclu�an etapas procesales que eran menester agotar, sin que haberlo hecho hubiera significado lesi�n a derechos adquiridos ni violaci�n a la garant�a de irretroactividad de la ley. Tercero. No obstante lo anterior, si s�lo por un momento se supiera que las alegaciones producidas en el apartado anterior no fueran aplicables y que, por tanto, tuvieran aplicaci�n al caso concreto las disposiciones legales que se encontraban en vigor al momento en que se practic� la solicitud de reotorgamiento de la calidad de Municipio, aun as�, el decreto que hoy se impugna es ilegal e inconstitucional, pues aun trat�ndose de los requisitos previstos por las normas anteriores, a los cuales expresamente se sujeta el �rgano parlamentario demandado, existe una grave violaci�n que entra�a la inconstitucionalidad de la norma general reclamada. Nos referimos a que de conformidad con el art�culo 8o. de la L.O.�nica del Municipio Libre, vigente en 1995, fecha en que se presenta la solicitud y, por tanto, el fundamento legal que aplica la parte demandada en el decreto controvertido, se prev� que para la creaci�n del nuevo Municipio es menester contar con la aprobaci�n de al menos dos terceras partes de los votos de los diputados integrantes de la legislatura y el mismo n�mero de los Ayuntamientos que integran el Estado. Pues bien, para la creaci�n del Municipio de V. de P. no se ha obtenido la aprobaci�n de las dos terceras partes de los Ayuntamientos del Estado, por lo que atendiendo a las normas que el propio ente demandado decide aplicar, es inconcuso que falta un elemento importante para estimar agotado el procedimiento de erecci�n de la municipalidad. Consecuentemente, es claro que de acuerdo con la normatividad que aplica la autoridad emisora del acto controvertido, no se ha satisfecho a�n un importante elemento de validez que se exige para disponer la creaci�n del nuevo Municipio. El Congreso L., previa a la expedici�n y publicaci�n del Decreto 406, debi� someter la aprobaci�n del dictamen a los cincuenta y ocho Ayuntamientos del Estado, a fin de obtener, como lo dispone la L.O.�nica del Municipio Libre vigente en 1995 y que decidi� aplicar el cuerpo legislativo, el voto de al menos dos terceras partes de aqu�llos; en caso contrario, la creaci�n del Municipio no ser�a factible. Existe, por ende, un vicio de ilegalidad evidente, una falta al principio de debido proceso legal que hace que el decreto combatido sea inv�lido por carecer de un elemento esencial que exige la ley. Por tanto, este Alto Tribunal debe declarar inv�lido el decreto materia de esta controversia, por adolecer de vicios de ilegalidad que lo convierten en un acto inconstitucional. Cuarto. El decreto que dispone la creaci�n del Municipio de V. de P. afecta severamente al territorio, a la poblaci�n y al gobierno del Municipio de S.L.P.�, en clara violaci�n al art�culo 115 constitucional. La Carta Magna establece como uno de sus m�s elevados principios pol�ticos el de soberan�a de los Estados que forman la Uni�n, as� como el de libertad y autonom�a de los M. que los integran. Entre los elementos constitutivos esenciales de un Municipio est�n el territorio, la poblaci�n y el gobierno; todo acto de imperio que sin fundamento ni motivo afecte, lesione, limite o restrinja alguno de estos tres elementos, implica un atentado al principio de libertad y autonom�a municipal. El Municipio de S.L.P.�, hasta el d�a 17 de diciembre pasado, estaba constituido por un territorio determinado que inclu�a el actual del Municipio de V. de P.; el decreto examinado, al disponer la erecci�n de la nueva municipalidad, segrega una parte sustancial del territorio del Municipio actor, esto es, el equivalente a la anterior D.�n de V. de P.. Esta decisi�n no se encuentra debidamente fundada ni motivada, lo que entra�a una violaci�n a los principios del art�culo 115 constitucional. Adem�s, obvio es decir que al segregar esa parte del territorio, limita y restringe la hacienda municipal, al impedirle al Municipio de S.L.P.� la obtenci�n de los ingresos tributarios producto de los impuestos a la propiedad ra�z de ese territorio. Igualmente, el acto controvertido le impide a mi representado ejercer sus atribuciones y facultades de gobierno, incluyendo todos los aspectos de administraci�n, prestaci�n de servicios y planeaci�n del desarrollo, que son atribuciones conferidas por la Ley Fundamental a los M.. La pertenencia de la D.�n de V. de P. al Municipio de S.L.P.� deriva en el derecho a ejercer atribuciones de gobierno sobre el territorio de �sta, las cuales con la norma reclamada le quedan vedados. Al respecto del territorio municipal, el Dr. M.A.R., citado por Q.R.�n se�ala: ?Las entidades federativas que forman parte del Estado Federal, y que est�n enlistadas en la Constituci�n en el art�culo 116, y el Municipio, previsto tambi�n en la propia Constituci�n en el art�culo 115; de donde la Constituci�n Federal establece esos tres tipos de organizaci�n en un nivel jer�rquico descendente y con una diversa distribuci�n de autonom�a, que va se�al�ndose de tal manera que los M. tienen la autonom�a correspondiente al art�culo 115 y estrictamente dentro del territorio municipal.? (Q.R.�n, C.F., Derecho Municipal. P.�a, 1a. Ed. 1995, p. 154). As�, el acto unilateral y arbitrario del Poder Legislativo L. significa una privaci�n injustificada de una parte del territorio del Municipio demandante, circunstancia que merma ostensiblemente la capacidad de actuaci�n gubernativa de su Ayuntamiento y limita las atribuciones administrativas y de prestaci�n de servicios que la Constituci�n le reconoce, contribuyendo a que el decreto examinado sea flagrantemente inconstitucional. La detracci�n de un segmento del territorio del Municipio de S.L.P.�, adem�s, deriva en la afectaci�n de otros derechos igualmente contenidos en la Norma Suprema. Citamos la opini�n de la doctrina especializada: ?Con base en los ordenamientos jur�dicos rese�ados, as� como en los relativos de car�cter local, podemos resumir las siguientes facultades de tipo territorial de los M. mexicanos: A) Tienen capacidad jur�dica para poseer todo tipo de bienes inmuebles necesarios para su funcionamiento y la prestaci�n de los servicios p�blicos a su cargo. B) Cuentan con facultades para expedir reglamentos y dem�s disposiciones generales referentes a zonificaci�n, desarrollo urbano, protecci�n al ambiente y al equilibrio ecol�gico. C) Pueden aprobar y administrar la zonificaci�n de su territorio, as� como los planes de desarrollo urbano, en coordinaci�n con el Gobierno del Estado. D) Pueden participar en la creaci�n y administraci�n de reservas territoriales en coordinaci�n con los otros niveles de gobierno. E) Cuentan con atribuciones legales para intervenir en la regularizaci�n de la tenencia de la tierra urbana. F) Pueden otorgar licencias y permisos para construcciones, de acuerdo a las leyes de la materia. G) En los t�rminos de la fracci�n VI del art�culo 115, cuentan con facultades para planear y regular de manera coordinada con el Estado y la Federaci�n, el desarrollo de los centros de poblaci�n de tipo conurbado.? (Q.R.�n. op. cit. p. 157). As� las cosas, se advierte con nitidez que con la segregaci�n parcial del territorio del Municipio de S.L.P.�, se lesionan tambi�n derechos que el precepto constitucional establece a favor de estos entes pol�ticos, circunstancia soslayada por el �rgano parlamentario demandado. Es igualmente aplicable al tema el criterio jurisprudencial sostenido por esta Suprema Corte que a continuaci�n se invoca: ?CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA EXPRESI�N ?JURISDICCIONES? CONTENIDA EN LAS FRACCIONES II Y V DEL ART�CULO 115 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL, SE REFIERE AL TERRITORIO EN EL QUE LOS MUNICIPIOS EJERCEN SUS FACULTADES.? (se transcribe y cita precedentes). La decisi�n del Poder Legislativo L. no toma en consideraci�n en lo absoluto la disminuci�n que sufre en su territorio y atribuciones gubernativas y administrativas el Municipio del que se escinde el de nueva creaci�n. No valora ni aprecia las repercusiones que implica en cuanto a bienes de dominio p�blico y de dominio privado del Municipio actor. Esto �ltimo, considerando que las instalaciones y oficinas con las que se dice cuenta la D.�n de V. de P. y que son muestra de la capacidad que tiene para constituirse en Municipio y prestar los servicios p�blicos correspondientes y, con ello, se pretende tener por satisfecho el requisito de la fracci�n IV del art�culo 9o. de la L.O.�nica del Municipio Libre vigente en 1995, no son propiedad de la delegaci�n ni son bienes de dominio p�blico, sino que se trata de bienes de dominio privado que no pueden ser expropiados sin la respectiva indemnizaci�n. Pero, por encima de la afectaci�n patrimonial est� el perjuicio inferido en los derechos y prerrogativas que tutela a favor de los M. el numeral 115 del Pacto Federal, violaci�n que se estima contraria al principio de libertad y autonom�a municipal. Traemos a colaci�n los criterios siguientes: ?MUNICIPIO LIBRE.? (se transcribe y cita precedentes) ?MUNICIPIOS, LIBRE ADMINISTRACI�N DE LOS BIENES POR LOS.? (se transcribe y cita precedentes). Resulta particularmente significativo el hecho de que, para determinaciones como la suspensi�n o desaparici�n de Ayuntamientos, el Constituyente haya establecido no solamente procedimientos y condiciones espec�ficas, sino que de manera relevante destaque la necesidad de causas graves debidamente acreditadas que sustenten la medida, limitando con ello la facultad de los legislativos locales para incidir en la integraci�n de los cuerpos edilicios, y para decisiones significativamente m�s trascendentes, como lo es la creaci�n de un nuevo Municipio a partir del territorio y poblaci�n de uno ya existente, pueda, con notablemente mayor laxitud el Congreso Estatal adoptar la medida en cuesti�n, sin valorar el da�o y repercusi�n que sobre los elementos constitutivos de un Municipio se pueden causar, como de hecho ocurre en el caso examinado. As� debe este m�ximo �rgano jurisdiccional apreciar que el decreto materia de esta controversia se aleja del esp�ritu federalista de la Carta Magna al aprobar la erecci�n del Municipio de V. de P., en agravio patente del territorio, poblaci�n y gobierno del diverso Municipio de S.L.P.�. En efecto, es claro que no �nicamente es el territorio, elemento material, el que se ve afectado con la arbitraria decisi�n del ende demandado; es de igual manera el elemento poblacional el lesionado, al trastocarle s�bitamente su condici�n de pertenencia y raigambre a un Municipio. Vale la pena remitirnos de nueva cuenta a Q.R.�n que dice: ?Entre las notas que caracterizan al Municipio hisp�nico destaca, acusadamente, la noci�n de lo vecinal, determinada por la comunidad de residencia. Gramaticalmente, vecino es el que habita con otros en un mismo pueblo, barrio o casa. Es decir, que al hablar de vecindad se presupone la contig�idad material de familias y edificios, constituyendo una agrupaci�n perfectamente individualizada en el espacio.? (Albi, F.. El R�gimen Municipal en los Pa�ses Hispanoamericanos visto a trav�s de sus Constituciones, en Revista de la Vida L., p. 35). En otro orden de ideas, para la conformaci�n del elemento poblacional no solamente se requiere una reuni�n de individuos. Hace falta algo m�s consistente y homog�neo. ?No todo n�cleo denso de personas -dice H.- ubicado en un territorio determinado y sujeto a una autoridad com�n, dependiendo �sta a su vez de otra autoridad de mayor jerarqu�a institucional, constituye un Municipio. A esto debe agregarse un elemento volitivo, una libertad jur�dica de elecci�n, sin la cual no existe el Municipio.? (Citado en el Manual de Gobierno y Administraci�n Municipal, OFI, p. 22). Este ingrediente de voluntad, de fuerza espiritual, destino com�n, es esencial para cada Municipio, y es lo que a lo largo del tiempo va perfilando la organizaci�n local y va distinguiendo a unas de otras. ?Son aplicables, para explicar esta cuesti�n, las ense�anzas ya referidas de C.R., que partiendo de la naturaleza pol�tica y social del hombre fundamenta la formaci�n de las comunidades locales, luego transformadas, por los fines, en sociedades locales. Es en ese contexto donde radica la base social del Municipio, que es la ciudad como conjunto de ciudadanos y no de edificaciones; en particular su esencia sociol�gica; las relaciones de vecindad caracterizan el origen de la instituci�n municipal, sin embargo han sufrido mutaciones en el decurso del tiempo, llegando a transformar el concepto cl�sico de la ciudad. Sin la vecindad no es posible imaginar al Municipio. Las necesidades que ella requiere tienden al bien com�n, que es el fin de la sociedad local. Irrumpen entonces con este elemento poblacional los caracteres fundamentales del Municipio: como instituci�n local, pol�tica social.? (Q.R.�n, C.F., op. cit., p. 169). En la especie, como ha quedado dicho, no se han satisfecho los elementos y condiciones constitucionales y legales para tener por acreditado el supuesto de la voluntad de la poblaci�n de erigirse en un nuevo y diverso Municipio. Insistimos en que la solicitud -nunca verificada- de 1,635 personas no avala la voluntad de una comunidad cuya composici�n demogr�fica no solamente es considerablemente mayor a los supuestos solicitantes, sino que en la realidad muestra una clara y evidente tendencia hacia lo contrario, esto es, a continuar perteneciendo al actual Municipio de S.L.P.�. Ahora bien, desde luego que la poblaci�n de un Municipio no est� compuesta en forma homog�nea, ni es l�gico pretender que en t�rminos absolutos exista ese sentido de pertenencia y raigambre que debe caracterizarlo; pero de all� a que una petici�n de un n�mero �ntimo de personas, cuya representatividad es lo menos cuestionable, incida predominantemente en una decisi�n que al resto de sus coterr�neos les trastorna instant�neamente -sin consulta o sondeo v�lido que lo avale- su jurisdicci�n administrativa, por no mencionar su sentido de vecindad y comunidad, hay mucha distancia. De all� que, de conformidad con las normas aplicables actualmente, haya sido necesario que se obtuviera un dato veraz de la real intenci�n de la mayor�a de los habitantes del Municipio, mediante plebiscito sobre el tema en comento. No hay tal circunstancia que lleve a concluir, fundadamente, que es deseo de la poblaci�n, mayoritariamente expresada, de convertirse en un Municipio independiente del que, al 17 de diciembre �ltimo, pertenec�an. En adici�n a lo anterior, debe insistirse en que en el procedimiento previo al decreto combatido, el hoy actor aport� elementos de prueba contundentes que evidencian que no hay tal voluntad de la poblaci�n de constituir un Municipio diverso; por el contrario, son muestras valiosas -al menos equivalentes al de la solicitud que da causa al acto controvertido- de que no hay tal intenci�n. Sin embargo, la autoridad ahora demandada no las toma en consideraci�n en lo absoluto. Estos datos, verificables de haber existido la voluntad de hacerlo, seguramente conducen a una conclusi�n muy diferente de la que soporta la resoluci�n reclamada. La tesis que a continuaci�n se invoca hace notoria la violaci�n a la garant�a de audiencia en el caso que se examina. ?CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FALTA DE ESTUDIO DE PRUEBAS EN UN PROCEDIMIENTO DE NATURALEZA JURISDICCIONAL, ENTRE ENTIDADES U �RGANOS DE PODER, CONSTITUYE UNA VIOLACI�N A LOS ART�CULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCI�N.? (se transcribe y cita precedentes). Si bien es cierto que el procedimiento del que emana el decreto en cuesti�n no implica una contienda entre el Ayuntamiento actor y el Congreso demandado; no menos cierto es que, obligado como est� el Poder Legislativo a considerar la opini�n de los M.afectados, el dictamen que sirve de antecedente al acto impugnado no expresa en lo absoluto, la manera en que se valoraron los argumentos y pruebas que mi representado oportunamente expuso y aport�. De manera particular se destaca la falta de consideraci�n a los razonamientos expresados en relaci�n a la configuraci�n de �reas aleda�as a la zona urbana del Municipio de la capital; as� como a las caracter�sticas de la zona suroriente aleda�a a la zona urbana del mismo y -se�aladamente- al impacto negativo de la secesi�n planteada por los solicitantes respecto de la poblaci�n del Municipio, tal como se describe en el documento que se present� al Congreso en respuesta a su consulta. En dicho escrito se expresan las razones fundadas por las cuales se advierte el da�o que en la poblaci�n de la zona urbana de la D.�n de V. de P. se causar�a con la erecci�n del Municipio respectivo. Tales argumentos fueron desestimados unilateralmente, y sin raz�n l�gica o jur�dica que lo sustente, por la hoy demandada, llegando al extremo de sobredimensionar el alcance y sustento de la solicitud original, al decir sin fundamento alguno que ?s� existe un inter�s generalizado de la poblaci�n de V. de P. en constituirse en Municipio.?. Al respecto baste subrayar la existencia de peticiones de grupos de habitantes de colonias que ubicadas dentro de la demarcaci�n territorial de la delegaci�n, por tratarse de zonas urbanas, expresan su voluntad de continuar perteneciendo al Municipio de la capital del Estado. Adem�s, refiere el dictamen en estudio que existen solicitudes y documentos de los a�os de 1981, 1987 y 1985, sin que ello en modo alguno conduzca a la convicci�n del citado inter�s generalizado de la poblaci�n de la delegaci�n por ser Municipio. Quinto. Pero independientemente de lo anterior, resulta que cualquier clase de decreto, pero muy en particular aquel que conlleva tan graves afectaciones a la vida del Estado de S.L.P.�, debe tener una justificaci�n que le sirva de marco fundamental de legalidad. En otras palabras, no es ni podr� ser jam�s sostenido, que la simple voluntad expresada de un Congreso Estatal para la generaci�n de un Municipio sea o pueda ser causa eficiente para ello, ya que nuestra Constituci�n Pol�tica Nacional impone a todas las autoridades la obligaci�n ineludible de fundar y motivar todos sus actos, lo que se traduce en la necesidad de que el Congreso del Estado justifique con la ley en la mano y con expresi�n de las causas inmediatas y razones particulares por las que supone y concluye que debe crear un Municipio, como en la especie sucede. Y si a esto se agrega lo que ya se ha dicho respecto a que en el caso no existe relaci�n entre lo pedido (en aquella solicitud de reotorgamiento de calidad de Municipio datada en 1995) y lo otorgado por el Congreso en el decreto que hoy se impugna, el resultado es que la creaci�n del Municipio de V. de P. es absolutamente caprichosa y, por lo mismo, falta de fundamentaci�n y motivaci�n legales, lo que implica su inconstitucionalidad, por lo que deber� declararse su invalidez. Sexto. Y si a todo lo anterior se suma el hecho evidente de que la actual legislatura potosina fue tan caprichosa como descuidada en el cumplimiento de los requisitos legales impuestos a una acci�n como lo que aqu� se impugna, el resultado es la total ilegalidad del decreto que se impugna. En efecto, ya se ha dicho que los solicitantes pidieron una cosa y el Congreso les ha otorgado otra distinta; ya se ha insistido en que para hacerlo la actual legislatura indebidamente ech� mano de una legislaci�n inaplicable, pero que le resultaba m�s sencilla para el logro de sus oficiosas intenciones; se ha sostenido tambi�n que el Congreso demandado pas� por alto los requisitos legales que se imponen a la creaci�n de un Municipio, tales como la relaci�n de un plebiscito y contar con un 25% de la poblaci�n registrada en el padr�n electoral correspondiente. Falta decir que tan indebida fue la actuaci�n del Congreso demandado que incluso dej� de tomar en cuenta las objeciones y puntualizaciones que los M. afectados le hicieron ver oportunamente, como lo fue el hecho de que la definici�n del territorio del nuevo Municipio se encuentra mal trazada, hasta el grado de indicarse que el pol�gono respectivo ni siquiera cierra por uno de sus lados, lo que implicar�a tener un Municipio con un territorio indefinido. Estas cuestiones se le hicieron valer oportunamente al Congreso, sin embargo �ste nada dice ni en el dictamen aprobado ni en el decreto publicado, tal como si no se le hubiera hecho valer esta important�sima cuesti�n. El resultado es, nuevamente, la violaci�n a la garant�a de audiencia y la falta de fundamentaci�n y motivaci�n legales. S�ptimo. No obstante la clara disposici�n constitucional que proh�be terminantemente promulgar y publicar leyes electorales durante el desarrollo de los procesos electorales en que vayan a aplicarse, la mayor�a del Congreso potosino decidi� hacer caso omiso de esta disposici�n y crear un Municipio (el de V. de P.) que vendr�a siendo el 59o. del Estado, cuando como decimos, el proceso electoral para la elecci�n de los 58 Ayuntamientos del Estado hab�a dado comienzo a partir del d�a 27 de octubre del a�o 2002 y terminar�, seguramente, a finales del presente a�o 2003, una vez agotado el mismo. Es decir, que durante el proceso electoral para la elecci�n de los 58 Ayuntamientos del Estado, la mayor�a en el Congreso decidi� crear un 59o. Municipio, desobedeciendo, como se ha demostrado, el contenido del art�culo 105 constitucional. Esta sola situaci�n es suficiente para declarar la invalidez del decreto que aqu� se impugna. A estos respectos (sic) no est� dem�s dejar claro que esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sustentado reiteradamente que las normas generales electorales no son s�lo las que establecen el r�gimen normativo de los procesos electorales propiamente dichos, sino tambi�n las que, aunque contenidas en ordenamientos distintos a una ley o c�digo electoral sustantivo, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una manera o de otra. Este criterio se encuentra plasmado en la tesis de jurisprudencia P./J. 25/99, publicada en la p�gina 255 del Tomo IX correspondiente al mes de abril de 1999, Pleno, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, bajo la voz: ?ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. MATERIA ELECTORAL PARA LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO.?. Este mismo criterio fue sustentado de nueva cuenta en la acci�n de inconstitucionalidad n�mero 24/2002 que promoviera el Partido Acci�n Nacional en contra de la LVI Legislatura del Estado de S.L.P.�, en su sentencia de fecha 4 de noviembre de 2002, en la que adem�s de fundamentarse sobre el criterio antes dicho, sostiene a foja 42 lo siguiente: ?... en consecuencia, en t�rminos de la tesis de jurisprudencia antes transcrita, y contrariamente a lo que sostienen las autoridades, la norma impugnada (L.O.�nica del Municipio Libre de S.L.P.�) s� tiene un contenido eminentemente electoral, dado que la instalaci�n de los Ayuntamientos electos es la consecuencia natural y l�gica de la culminaci�n del proceso ...?. De manera que modificar o contraponerse a la L.O.�nica del Municipio Libre de S.L.P.� en pleno desarrollo de un proceso electoral para Ayuntamientos en el Estado, resulta ser una contravenci�n a la disposici�n constitucional contenida en el art�culo 105, a m�s de que ataca por lo m�s profundo el sentido y raz�n de ser de esa norma constitucional que pretende que durante los procesos electorales (y noventa d�as antes) no se modifiquen las reglas del juego con las que se inicia el mismo. N�tese como en la tesis jurisprudencial invocada se ejemplifica el criterio manifest�ndose lo irregular que resultar�a una distritaci�n o redistritaci�n, o la creaci�n de �rganos administrativos para fines electorales, organizaci�n de las elecciones, financiamiento p�blico, comunicaci�n social de los partidos, l�mites de las erogaciones y montos m�ximos de aportaciones, e.e., que por marcar reglas generales del juego no pueden ser modificadas durante el partido porque de hacerlo caer�amos en la total anarqu�a y en el fracaso absoluto de los procesos electorales. Y si estos ejemplos que ha discurrido esta Suprema Corte de Justicia son claras muestras de que disposiciones como ellas tienen un car�cter electoral, aun cuando no est�n plasmadas en leyes o dispositivos electorales sustantivos, bajo la misma raz�n el decreto que hoy se impugna debe considerarse como de car�cter eminentemente electoral, por lo siguiente: Modifica el mapa electoral al momento de introducir un nuevo Municipio al Estado de S.L.P.�, por lo que en lugar de organizarse 58 elecciones municipales, tendr�an que organizarse 59 elecciones. Modifica a los organismos electorales que deben constituirse para el proceso electoral ya iniciado, en la medida en que el decreto impugnado ordena en su transitorio segundo que se lleven a cabo elecciones para el nuevo Municipio de V. de P., lo que implicar�a la creaci�n de un Comit� Municipal Electoral en V. de P. para dirigir, organizar y desarrollar el proceso electoral correspondiente. De prevalecer el decreto que se impugna habr�a que celebrar elecciones para designar funcionarios municipales en un Ayuntamiento que a�n no existe, puesto que de acuerdo al art�culo transitorio primero del mismo ordena que su vigencia comience a partir del 1o. de enero de 2004, de esta forma se pretende elegir a un Cabildo municipal para un Ayuntamiento que no existe. Lo err�tico del proceso electoral pretendido es que conforme a los art�culos 74 y 75 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P.�, los Comit�s Municipales Electorales son organismos dependientes del Consejo Estatal Electoral, encargados de preparar, desarrollar y vigilar el proceso de elecci�n para Ayuntamientos, y tendr� su domicilio en cada una de las cabeceras de los M. de la entidad. Obviamente, en el pretendido caso actual no podr�a instalarse un Comit� Municipal para un Municipio que simplemente no existe. Por otra parte, con la absurda pretensi�n establecida en el decreto que se impugna, se estar�a tambi�n pretendiendo que los habitantes del Municipio de S.L.P.� capital voten en alguna rara forma segregada no por el Ayuntamiento a que pertenecen al momento de emitir su voto, sino por aquel que existir� a partir del mes de enero del 2004. Obviamente el Consejo Estatal Electoral tendr�a que definir -ya comenzado el proceso electoral como se ha dicho- un padr�n electoral espec�fico para el nuevo Municipio de V. de P., redefiniendo el padr�n electoral que le corresponde actualmente al Municipio de la capital del Estado, para que una vez hecho lo anterior y sin respetar ning�n tipo de garant�a de audiencia, se force a ciertos ciudadanos a emitir un voto por un Municipio inexistente, al tiempo en que pertenecen formal y constitucionalmente a otro. Por las mismas razones antes expuestas se le privar�a a ciertos ciudadanos del derecho constitucional de emitir su voto en el Municipio al que pertenecen al momento de emitir su sufragio, y que lo es el de la capital del Estado de S.L.P.�. No se sabe de qu� manera espec�fica se tendr�an que realizar los ajustes a los presupuestos que el Consejo Estatal Electoral ha presentado al Congreso del Estado, si se toma en cuenta que previa la iniciaci�n del proceso electoral el mencionado Consejo Electoral s�lo previ� la elecci�n de 58 Ayuntamientos y nunca 59. La misma cuesti�n, ajustes de presupuesto y asignaci�n de recursos, tendr�a que hacerse para la distribuci�n del financiamiento p�blico a los partidos pol�ticos que conforme al art�culo 35 de la Ley Electoral del Estado tiene que ver con los resultados anteriores y con el n�mero de elecciones en que se participe. �stos y otros muchos ejemplos que pudieran otorgarse son demostraciones claras de que la creaci�n de un nuevo Municipio durante el desarrollo de un proceso electoral para Ayuntamientos es inconcebible, lo que precisamente entendi� el legislador Constituyente al introducir la disposici�n comentada prevenida en el art�culo 105 constitucional. Por tanto, al violarse la Constituci�n como se ha dicho, y promulgarse y publicarse un Decreto 404 de eminente naturaleza electoral, debe resolverse la invalidez del decreto que aqu� se impugna, decretando que por las razones expuestas no es posible crear un nuevo Municipio cuando se encuentra en desarrollo un proceso de elecci�n municipal. Octavo. Otro concepto de invalidez resulta del hecho de que el Decreto 404 que aqu� se impugna, pretende la creaci�n de un nuevo Municipio, concretamente el n�mero 59 del Estado de S.L.P.�, cuando la L.O.�nica del Municipio Libre de este Estado -y que viene a ser reglamentaria del art�culo 5o. de la Constituci�n Pol�tica Estatal- dispone con toda precisi�n que la divisi�n territorial del Estado se da con 58 M. y que son los que limitativamente define y describe el art�culo 13 de la invocada ley. Esto es, que no puede emitirse un decreto de creaci�n de un Municipio n�mero 59 sin contravenir lo ordenado por los art�culos 12 y 13 de la L.O.�nica Municipal invocada, que al establecer el n�mero de M. en que se divide el Estado de S.L.P.� por orden expresa del numeral 5o. de la Constituci�n Pol�tica L., se eleva tal dispositivo a rango constitucional y no puede ser contrariado. Y si se pretendiera que tal contradicci�n puede hacerse en el futuro, tendr�amos que atender a los argumentos que se han descrito en el concepto de invalidez anterior, puesto que ha quedado claro que para esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n la L.O.�nica Municipal de S.L.P.� es una ley de contenido eminentemente electoral. Pero como el art�culo tercero transitorio del decreto que aqu� se impugna informa que se derogue todo lo que se oponga a este decreto, la verdad es que acatarlo ser�a tanto como reconocer la derogaci�n de la L.O.�nica del Municipio Libre de S.L.P.�, que como se ha venido insistiendo tiene nivel constitucional. De manera que se vean las cosas como se quiera, la realidad f�ctica es que con la emisi�n del Decreto 404 que aqu� se impugna, se modifican, derogan y crean disposiciones eminentemente electorales, lo que no pudo hacerse hasta en tanto no concluyera el proceso electoral que se encuentra en proceso. Por todas estas razones se evidencia la inconstitucionalidad del decreto que se impugna, por lo que solicitamos se resuelva su invalidez en la sentencia que en este procedimiento se dicte. Noveno. El decreto impugnado ha sido emitido en contravenci�n a lo establecido por el art�culo 16 constitucional ya que carece de fundamentaci�n y motivaci�n. En efecto, el citado decreto incumple con los requisitos formales establecidos por la Constituci�n Federal para un acto de naturaleza administrativa, por medio del cual se crea una nueva municipalidad, ya que en modo alguno se�ala los motivos y las disposiciones legales en que el Congreso del Estado se bas� para emitirlo, sin que obste para ello que la autoridad emisora sea el Poder Legislativo Estatal, dado que el mismo no se encuentra por encima del orden jur�dico y la excepci�n de fundar y motivar s�lo opera respecto de la emisi�n de normas de conducta de car�cter general y obligatorio, esto es, de actos de naturaleza legislativa y no respecto de aquellos referidos a casos concretos de naturaleza administrativa, como el que nos ocupa. Por lo anterior este Gobierno Municipal se encuentra en el m�s absoluto estado de indefensi�n al carecer del conocimiento exacto de los fundamentos reales y legales que hubiera tenido dicha autoridad legislativa para ordenar la creaci�n de una nueva municipalidad a partir de la segregaci�n de un �rea muy importante del territorio de este Municipio. Si esta violaci�n a las m�nimas garant�as procesales es siempre grave, en la especie resulta a�n m�s, dado que ese decreto tiene una gran trascendencia para la vida de esta poblaci�n y resulta inadmisible que se ordene la escisi�n de este territorio municipal y la separaci�n de sus habitantes sin m�s motivo ni base legal que la suprema voluntad del Congreso del Estado. Si bien podr�a se�alarse la existencia de un dictamen presentado al Congreso del Estado, el cual incluso se impugna a continuaci�n ad cautelam, cabe resaltar que dicho dictamen no ha sido publicado en el P.�dico Oficial, por lo que no forma parte del decreto que se impugna y carece de fuerza y valor legales y no puede, por los mismo, otorgar fundamento y motivaci�n a dicha disposici�n legislativa. D�cimo. El uso de una legislaci�n ya derogada como base del dictamen que se impugna, a m�s de ser violatoria en s� misma de lo establecido por la Constituci�n Federal, lo es por ser opuesta a lo establecido por el propio Congreso del Estado en anteriores actos legislativos. Este argumento ha sido se�alado por los suscritos en el primer concepto de invalidez. No obstante lo anterior, es necesario se�alar lo incongruente de la actuaci�n del propio Congreso del Estado como �rgano emisor de las normas jur�dicas a partir de las cuales se ha regido el procedimiento a trav�s del tiempo. Una cuesti�n respecto de la cual debe hacerse hincapi� es que el mismo Poder Legislativo del Estado de S.L.P.�, que ahora aplica la ley en forma indebida, al fundar su dictamen en una norma abrogada es el mismo �rgano que ha emitido las diversas normas legales a partir de las cuales se ha regido este procedimiento. Esto conlleva a que si ese �rgano legislativo emiti� dichas normas legales sin establecer salvedad alguna para la aplicaci�n de las diversas leyes que sucesivamente se han encontrado en vigor, fue precisamente porque su intenci�n expresa fue la de emitir una nueva ley y abrogar la anterior a fin de que no hubiese excepci�n alguna para la aplicaci�n de la misma, por ello, ahora no puede en modo alguno excusar la aplicaci�n de una ley cuando �l mismo estableci� su aplicaci�n obligatoria en todos los casos. Esta posici�n fue tergiversada en el propio dictamen al pretender justificar la utilizaci�n de la norma vigente al momento de recibirse la solicitud de reotorgamiento de Municipio. En este tenor los art�culos transitorios primero y segundo de la L.O.�nica del Municipio Libre del Estado de S.L.P.�, publicada el d�a 30 de abril de 1997 establecen: ?Primero. La presente ley entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el P.�dico Oficial del Estado. Segundo. Se abroga la vigente L.O.�nica del Municipio Libre del Estado de S.L.P.�, la cual data del tres de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro.?. Asimismo, los art�culos transitorios primero y segundo de la L.O.�nica del Municipio Libre del Estado de S.L.P.� publicada el 8 de julio de 2000 establecen: ?Primero. La presente ley entrar� en vigor el d�a veintis�is de septiembre del a�o dos mil. Segundo. A la entrada en vigor de este decreto, se abroga la L.O.�nica del Municipio Libre del Estado de S.L.P.�, publicada en el P.�dico Oficial del Estado el 30 de abril de 1997.?. De lo anterior deviene inconcuso que si seg�n el principio de no contradicci�n una cosa no puede ser y no ser a la vez lo que es, una ley es derecho vigente o no lo es o, por el contrario, ha sido abrogada o no, y no caben situaciones intermedias, ni puede la propia autoridad emisora considerarlas, a su capricho, vigentes o no, seg�n le convenga. Es evidente que el propio Congreso tuvo la facultad exclusiva de generar el caso de excepci�n de haberlo considerado necesario, situaci�n que no ocurri�, por lo que resulta evidente que solamente utiliza este desafortunado e injustificado criterio en el dictamen con el que respalda el derecho controvertido. D�cimo primero. La aplicaci�n de una ley yaabrogada como base de soluci�n de este asunto es contraria a la propia actuaci�n del H. Congreso del Estado durante el tr�mite del mismo. La aplicaci�n de una ley ya abrogada no s�lo es violatoria de las garant�as procesales establecidas por la Constituci�n de la Rep�blica, sino opuesto a la actuaci�n del propio Congreso del Estado dentro del procedimiento llevado a cabo a partir de la solicitud de remunicipalizaci�n antedicha, el cual se ha fundado en todo momento en las leyes vigentes al emitirse los diversos actos de autoridad y no en forma exclusiva en la que estuvo vigente al inicio del mismo. Como muestra de lo anterior se presentan �nicamente los siguientes casos: A. El oficio de fecha 3 de marzo de 2000, por el cual se solicita informaci�n al gobernador del Estado con base en lo dispuesto por la fracci�n V del art�culo 44 de la L.O.�nica del Municipio Libre entonces en vigor en el Estado. B. El oficio de fecha 1 de marzo de 2000, por el cual se solicita informaci�n al presidente municipal con base en lo dispuesto por la fracci�n V del art�culo 44 de la L.O.�nica del Municipio Libre entonces en vigor en el Estado. C.P. conducente de acta de sesi�n de Cabildo de fecha 30 de mayo de 2000, dentro de la cual se emite acuerdo con base en lo establecido por el art�culo 44 de la L.O.�nica del Municipio Libre en vigor en esa fecha. D.O. n�mero SF-026/2000, de fecha junio 23 de 2000, por medio del cual el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Dr. A.G.�n N. remite informe al diputado J.J.R.M., secretario de la C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, con base en lo establecido por la Ley de Coordinaci�n Fiscal y la Ley para la Administraci�n de las Aportaciones Transferidas al Estado y M. entonces en vigor. Es as� evidente la ilegalidad e incongruencia de la posici�n del Congreso del Estado que ahora, tras de siete a�os de procedimiento, pretende utilizar una norma distinta de la que ha estado aplicando hasta la fecha anterior al dictamen que se impugna, que es la ley que en cada momento procesal se ha encontrado vigente, as� como resulta improcedente y contrario a las normas elementales de todo procedimiento la pretensi�n del Poder Legislativo Estatal de llevar a cabo un procedimiento con base en una normatividad legal y emplear una diversa para resolver la cuesti�n. D�cimo segundo. El dictamen impugnado omite el estudio de aquellas constancias procesales diversas a la tesis que esgrime el Congreso del Estado. El dictamen en comento contraviene lo estatuido por los art�culos 14 y 16 constitucionales, toda vez que el Congreso del Estado en su af�n de responder en forma favorable a la solicitud de remunicipalizaci�n, opta por concretar su estudio a aquellas constancias procesales que aparentemente apoyan la tesis que dichas personas sostienen, dejando de lado todas aquellas constancias procesales que se opongan a la misma, seg�n se expone a continuaci�n: 1. La base del dictamen impugnado es que existe una mayoritaria aprobaci�n, por parte de la poblaci�n de la D.�n de V. de P., de la creaci�n del nuevo Municipio, lo cual dice acreditar la autoridad por medio del censo de 1990, estado de resultados al 31 de diciembre de 1994 y escrito remitido al Congreso del Estado con fecha 6 de marzo de 1987 y de los sondeos de opini�n supuestamente realizados por el Gobierno del Estado. A fin de que lo arriba se�alado tenga m�nimos visos de realidad, omite establecer que el 6 de marzo de 1987 este procedimiento a�n no iniciaba, ni exist�a solicitud al efecto, puesto que la solicitud que le dio apertura es de fecha 26 de mayo de 1995, y deja de se�alar que existen dentro del propio expediente sometido a estudio las siguientes comunicaciones enviadas por organizaciones comunales de las siguientes colonias: a. Fraccionamiento La Libertad, Ejido La Libertad y Colonia Urbana La Libertad, por medio de escrito de fecha 10 de noviembre de 1995. b. Colonias El Ejido, La Libertad, por medio de escrito de fecha 28 de noviembre de 1995. c. Prados de San Vicente, Segunda Secci�n, por medio de fecha 4 de diciembre de 1995. d. Colonias Azteca y El Palmar, por medio de escrito de fecha 5 de diciembre de 1995. e. Colonia Azteca, por medio de escrito de fecha 6 de diciembre de 1995. f. Unidad Habitacional Abastos, por medio de escrito de fecha 11 de diciembre de 1995. g. Ciudad 2000, por medio de escrito de fecha 20 de diciembre de 1995. Todos estos escritos corresponden a organizaciones ciudadanas legalmente establecidas cuya funci�n es, precisamente, la de abogar por el beneficio de los fraccionamientos o colonias que las han elegido, as� como llevar ante la autoridad los justos reclamos emanados del seno de su comunidad. Cabe precisar, as� mismo, que dichas organizaciones populares corresponden al sector m�s poblado de la delegaci�n y que sus representados exceden muchas veces a las mil seiscientas treinta y cinco personas que signan el escrito inicial de solicitud, as� como que las constancias en m�rito son contempor�neas del ocurso inicial en comento. Esta sola prueba desacredita la supuesta aprobaci�n popular mayoritaria a la secesi�n planteada en la fecha en que fue presentada la solicitud, puesto que acredita que los sectores m�s densamente poblados de la delegaci�n se opon�an ya, en la fecha en que inici� este procedimiento, a las pretensiones de los solicitantes. Asimismo, deja sin sustento f�ctico a la tesis de los supuestos ?derechos adquiridos? de los solicitantes, toda vez que de existir los mismos, que no es as�, estar�a obligado el Congreso del Estado a amparar los ?derechos adquiridos? de la poblaci�n de las colonias cuyas juntas de mejoras env�an los ocursos en comento, ya que tienen el mismo car�cter de solicitantes que quienes enviaron el escrito a partir del cual se abri� el procedimiento impugnado. 2. El dictamen impugnado sostiene que a la fecha existe una aprobaci�n mayoritaria de la poblaci�n a la secesi�n territorial a la que este Gobierno Municipal se ha opuesto, a partir de que el Ejecutivo del Estado dice haber realizado encuestas de opini�n y su resultado es positivo. Ahora bien, en un aspecto de capital importancia, como el que arriba se se�ala el Congreso del Estado, por principio de cuentas no corrobora en ning�n momento la existencia de dichas encuestas, sino que las da por realizadas, correctamente elaboradas y concluyentes, simplemente porque el Ejecutivo del Estado as� se lo dice, lo que en nada cubre los m�nimos requisitos procedimentales conducentes. Si bien dicha violaci�n a las m�nimas garant�as procedimentales es muy grave, es mayor su trascendencia cuando leemos, a fojas 2, apartado I, punto I, p�rrafo primero, del oficio n�mero 523/01 de fecha 5 de octubre de 2001, por medio del cual este Gobierno Municipal hace saber al Congreso del Estado los fundamentos que sirvieron de base para la emisi�n, por parte de su H. Cabildo, de opini�n en sentido negativo a la creaci�n del Municipio de P. lo siguiente: ?... por el contrario, tanto los sondeos informales de opini�n realizados por esta secretar�a, como los realizados por la C.�n Especial del Congreso del Estado, muestran un absoluto desconocimiento y falta de inter�s por parte de la poblaci�n en este asunto, sobre todo en el caso de los habitantes de la zona urbana de la delegaci�n, como es el caso de ciudad Dos Mil, La Libertad, Prados, etc.?. Esta afirmaci�n se deriva de que la secretar�a de este H. Ayuntamiento realiz� trabajos en conjunto con la C.�n Especial para Asuntos de P., el m�s importante de los cuales fue el proyecto de realizaci�n de un dictamen t�cnico com�n por parte de la C.�n Especial para Asunto de P. del Congreso del Estado, el Ejecutivo del Estado y este Gobierno Municipal. Para la realizaci�n de dicho dictamen se realizaron informalmente sondeos de opini�n, arrojando los realizados por la C.�n Especial mencionada y la secretar�a de este Ayuntamiento los resultados antedichos, quedando sin realizarse una encuesta que llevar�a a cabo una instituci�n imparcial especializada, dado que el Ejecutivo del Estado retard� los trabajos conjuntos para, finalmente, emitir por su cuenta la respuesta a que hace referencia el dictamen impugnado, seg�n consta en escrito enviado a este H. Ayuntamiento por la multicitada C.�n Especial el d�a 14 de septiembre de 2001. Omitiendo preguntar por las razones que orillaron al Congreso del Estado a otorgar prioridad a la opini�n enviada por el Ejecutivo del Estado, sobre la enviada por este Gobierno Municipal con base en trabajos realizados en conjunto con una C.�n Especial Legislativa, cabe se�alar como violaci�n evidente el que el dictamen impugnado se basa tan s�lo en la opini�n que conviene al inter�s notorio de emitir el dictamen en un sentido preciso, dejando fuera de la discusi�n cualquier opini�n o constancia procesal divergente. Esta falta de apreciaci�n de las pruebas y constancias implican claro caso de falta de atenci�n a la garant�a de debido proceso legal ya que el dictamen del Congreso resulta parcial a los peticionarios y nos provoca grave indefensi�n. D�cimo tercero. El decreto impugnado es violatorio de las m�nimas garant�as procesales establecidas por la Constituci�n de la Rep�blica, al haber sido emitido estando pendiente de llevarse a cabo una actuaci�n procesal. A. Con fecha 6 de junio de 1997 el Congreso del Estado solicit� del Consejo Estatal de Consulta Ciudadana ?se realice plebiscito en el Municipio de S.L.P.�, S.L.P., a fin de que esta soberan�a pueda determinar, en su caso, la creaci�n del Municipio de V.P..?. B. Con fecha 24 de julio de 1997 el Consejo Estatal de Consulta Ciudadana respondi�, por medio de escrito recibido en la Oficial�a de Partes del mencionado Congreso el d�a 25 de julio de ese mismo a�o que dicho consejo acord� diferir por tiempo indeterminado la realizaci�n del plebiscito solicitado. Copia de estos documentos obra en el expediente formado al caso por el Congreso del Estado ser�n presentados en el momento procesal oportuno. Con base en lo anterior deviene inconcuso que una actuaci�n procesal de la magnitud de un plebiscito ha sido ordenada legalmente por el Poder Legislativo Estatal a la instancia leg�timamente indicada para llevarla a cabo y su realizaci�n ha sido diferida por la misma y a la fecha se encuentra en suspenso. Ante esta situaci�n el Congreso del Estado, al emitir el decreto impugnado, viola las garant�as procesales que establece la Constituci�n de la Rep�blica y los m�nimos requisitos de procedimiento que obligan a la autoridad a emitir el auto a trav�s del cual se resuelve una cuesti�n, una vez que han sido agotados todos y cada uno de los actos procedimentales pendientes, sobre todo aquellos que habiendo sido debidamente ordenados por la misma autoridad, su ejecuci�n se encuentra en suspenso. D�cimo cuarto. Ad cautelam, se hace constar que el Congreso del Estado da por comprobada la existencia de lazos comunales, cuando no existen pruebas de los mismos y s�, en cambio, muchas pruebas en opuesto sentido. Uno de los requisitos fundamentales que establec�a en el texto derogado del art�culo 84, fracci�n I, de la Constituci�n Estatal era ?que la poblaci�n o grupos de poblaci�n que la vayan a componer (a la nueva municipalidad), est�n ligados por intereses comunales?, la falta de los cuales, seg�n obra acreditado en autos, fue la base por la cual el Congreso del Estado separ� a las D.ones de La Pila y V. de P.. El argumento fue se�alado por este Gobierno Municipal evidenciando la marcada diferencia entre la mayoritaria zona urbana y la exigua zona rural que conforma la cabecera delegacional, con lo cual quedaba reflejada la evidente falta de intereses comunales. Abundan en este expediente las pruebas de lo anteriormente se�alado, como lo son los oscuros enviados por las diversas colonias de la zona urbana, los censos de poblaci�n y la propia conformaci�n de la D.�n de P., entre muchos otros. Estos documentos se ofrecer�n en el momento procesal oportuno. Por otra parte y seg�n ya se acredit�, no obra en el expediente prueba alguna de que existan dichos intereses comunales, por lo que resulta evidente que aun al aplicar dicha norma derogada el Congreso del Estado toma de ella �nicamente lo que conviene a sus intereses. D�cimo quinto. El dictamen impugnado evade, o incluso francamente omite, el estudio de los argumentos planteados por este Gobierno Municipal. 1. A fin de acreditar con mayor precisi�n la gravedad de las violaciones a las garant�as constitucionales que establece el art�culo 14 constitucional, en el desarrollo de este punto tomaremos como base la descripci�n que el propio dictamen impugnado hace de los argumentos emitidos por este Gobierno Municipal, acompa��ndolos de la forma en la cual el mismo documento supone estarlos respondiendo, de tal manera que sea clara la explicaci�n de la incongruencia interna de ambos aspectos del instrumento legal en cuesti�n. Se�ala el propio dictamen que este H. Ayuntamiento ha expresado su opini�n negativa a partir de los siguientes argumentos: A. ?Que no ha sido evidente un inter�s generalizado de la poblaci�n de esa zona delegacional por la proyectada municipalizaci�n.?. B. ?No se demostr� la existencia de intereses comunales, que los habitantes de la cabecera delegacional tienen idiosincrasia diferente a la de los habitantes de la zona urbana.?. En presunta respuesta el dictamen impugnado se�ala: ?En cuanto que la poblaci�n que vaya a formar el Municipio est� ligado por intereses comunales, debe decirse que de acuerdo a elementos de prueba documentales aportados, se lleva a la convicci�n de que cuando menos con fecha 6 de marzo de 1987 el Congreso del Estado recibi� escrito dirigido a la LI Legislatura suscrito por habitantes de la D.�n de P., S.L.P., y vecinos de las fracciones de Santa Rita, Arroyos, La Noria, La Pila, Terreros y Jaralito, Los Jassos, El Panalillo, C., La Libertad y Los G�mez, solicitando que la D.�n de P. recuperara su autonom�a como Municipio, misma que se conserv� hasta el a�o de 1946 y anexan los siguientes documentos: 1. Nombre, domicilio y firma de m�s de mil quinientos habitantes.?. As� como censo de poblaci�n emitido por la directora de Servicios Coordinados de Salud P�blica en el Estado, oficios remitidos por los presidentes municipales de Cerro de S.P., S.D.G.�rrez, V. de R. y V. de Zaragoza ?mediante los cuales apoyan la integraci�n de la D.�n de V. de P. en Municipio Libre y no tiene objeci�n alguna.?. As� como dice acompa�ar oficio del director de Asuntos Jur�dicos del Gobierno del Estado y diversos escritos dirigidos a exgobernadores y al Congreso del Estado record�ndoles que desde 1981 existe un expediente relacionado con la petici�n de recuperar la categor�a de Municipio de V. de P.. ?De los anteriores elementos de convicci�n puede concluirse v�lidamente que los grupos de poblaci�n solicitantes est�n ligados por intereses comunales, lo que se corrobora plenamente con las circunstancias de hechos y de derecho a las que aludimos en el presente dictamen y que por econom�a procesal se tienen aqu� por reproducidas como si a la letra se insertaran para todos los efectos legales, afirmaci�n que se encuentra corroborada por otros elementos ... (cita decretos). Los decretos anteriores justifican que se restablece el Municipio de Tierra Nueva; se establece el Municipio de H. y se crea el Municipio de V. de A..?. ?Se considera que no le asiste la raz�n al H. Ayuntamiento de la capital, pues contrariamente a lo que sostiene s� existe un inter�s generalizado de la poblaci�n de V. de P. en constituirse en Municipio, atenta a las consideraciones correspondientes que anteceden y que espec�ficamente con las diversas solicitudes y documentos que se anexaron sobre el particular de los a�os de 1981, 1987 y 1995, mismas que ya fueron analizadas, con lo cual puede concluirse v�lidamente que no s�lo se acredita el inter�s generalizado de la poblaci�n de V. de P. en tener la categor�a de Municipio, sino que tambi�n se acreditan los intereses comunales de que trata la norma constitucional.?. Independientemente de la flagrante violaci�n procesal que implica fundar la resoluci�n de este asunto en constancias anteriores a su admisi�n, estas pruebas no acreditan en modo alguno la existencia de ning�n inter�s generalizado, ya que tan s�lo acreditar�an, de ser v�lidas y reales, que mil quinientas personas, sedicentes pobladores de diversos lugares del Municipio, hicieron una solicitud y que a la misma en modo alguno se le ha dado atenci�n en todo este tiempo. Estas documentales y los dem�s se�alamientos del Congreso ni responden ni tocan siquiera el punto esgrimido por este Ayuntamiento: Que no existen ni pueden existir intereses comunales entre las zona urbana y la rural de la delegaci�n, dada su idiosincrasia tan opuesta y que la poblaci�n rural es una poblaci�n que podr�a tender a considerarse como ?poce�o?, mientras que la poblaci�n urbana, por el contrario, se ha ido a asentar dentro de la delegaci�n por accidente, al adquirir su domicilio en zonas de la capital del Municipio que se han ido extendiendo hacia el territorio de la delegaci�n. Tampoco toca este argumento el hecho de que esta misma falta de intereses comunales entre zonas urbana y rural es la base por la cual el propio Congreso del Estado emiti� decreto separando a las D.ones de P. y La Pila. Tambi�n omite referirse a que esta situaci�n hace imposible comparar el proceso interno del desarrollo de la D.�n de P. con los dem�s M. que se�ala. Es adem�s evidente la insuficiencia del argumento de la autoridad legislativa estatal que considera ?inter�s generalizado de la poblaci�n? la adhesi�n de aproximadamente tres mil ciento cincuenta personas dentro de un periodo de 22 a�os. C. ?Que los motivos esgrimidos en la solicitud no se encuentran actualizados?. D. ?Que no se consideran las nuevas circunstancias que se dan en la D.�n de P..?. E. ?Que los motivos y razones esgrimidos no se adecuan a la realidad actual.?. Adem�s de que se ignoran estos argumentos, es evidente que acompa�ar supuestas pruebas de 1981 y 1987 como fundamento del dictamen es la mejor prueba de la veracidad de las afirmaciones de este Gobierno Municipal. F. ?Que adem�s de los requisitos que se�alaba la anterior del (siq) (sic) Org�nica del Municipio Libre, tambi�n se deben cumplir los requisitos que contempla la L.O.�nica del Municipio Libre en vigor.?. El argumento real expuesto por este Gobierno Municipal es que debe cumplirse con la legislaci�n vigente, lo que se reitera y se ha demostrado y que, adem�s, la solicitud no cumple ni siquiera con los requisitos de la ley que estaba en vigor en 1995, por la falta de intereses comunales, lo que no ha podido ser negado por la autoridad legislativa estatal y la insuficiencia econ�mica de la delegaci�n, la que tambi�n se ha acreditado, por medio de las documentales aportadas al propio Congreso Estatal. G. ?Que no se da cabal cumplimiento al requisito se�alado por la fracci�n I del art�culo 84 de la Constituci�n del Estado en cuanto a que la nueva municipalidad deber� contar con los recursos necesarios para el sostenimiento de la administraci�n municipal.?. H. ?En relaci�n del da�o que conllevar�a para la poblaci�n del Municipio de S.L.P.� la secesi�n propuesta, dicen que el crecimiento social urbano requiere, como factores fundamentales, de tierras adecuadas y agua potable, que en el caso de la ciudad capital se encuentran al sur oriente y constituyen la m�s importante reserva de desarrollo y, por ello, la secesi�n planteada causar�a un impacto negativo en la poblaci�n del Municipio de S.L.P.�.?. Al respecto el Congreso Estatal responde: ?No hay pruebas suficientes que sostengan lo argumentado por tal edil,en relaci�n al da�o que supuestamente conllevar�a para la poblaci�n de S.L.P.� la secesi�n que sufrir�an con la creaci�n del Municipio de V. de P., porque no hay medios de convicci�n que acrediten que en el sur oriente se encuentren tierras y agua potable adecuadas que constituyan la m�s importante reserva de desarrollo de la capital del Estado, ya que, a mayor abundamiento, como ya se hizo ver con antelaci�n, V. de P. s� cuenta con los suficientes ingresos para sufragar sus egresos con base en los datos que aport� el propio Municipio de la capital a la Contadur�a M. de Hacienda del Congreso del Estado y, por tanto, no hay bases s�lidas para llegar al convencimiento de que se generen graves consecuencias negativas con la creaci�n del Municipio que tratamos.?. Por principio nos parece inexplicable que el contador mayor de Hacienda obtenga resultados positivos de los datos que le entreg� este Gobierno Municipal y que arrojaban resultados negativos sobre el mismo particular. En segundo lugar, del mismo p�rrafo transcrito y del oficio de fecha 14 de septiembre de 2001, se deja fuera de duda la asidua participaci�n de este Gobierno Municipal dentro de este procedimiento y su colaboraci�n con el Congreso del Estado, a partir de la obligaci�n que al respecto le impone la ley. Por ello si el Congreso Estatal ahora expresa que ?No hay pruebas suficientes que sostengan lo argumentado por tal edil? ?porque no hay medios de convicci�n que acrediten que en el sur oriente se encuentren tierras y agua potable adecuadas que constituyan la m�s importante reserva de desarrollo de la capital del Estado? cuando obtuvo de este Gobierno Municipal todo el apoyo que solicit�, resulta evidente que no tiene esas pruebas �nicamente porque no las pidi� ni se interes� en obtenerlas, como corresponde a una autoridad que tiene como �nico objetivo v�lido el amparar el inter�s p�blico, alleg�ndose al efecto todos los datos necesarios para soportar su decisi�n, por lo que su propio argumento sobre este particular implica la aceptaci�n por dicha autoridad de que ha incumplido en perjuicio de este H. Ayuntamiento con las m�nimas garant�as procedimentales. Por otro lado, este Gobierno Municipal se opone a la secesi�n planteada, a partir del a�o que la misma causar�a a la poblaci�n del Municipio, a partir de los conceptos antedichos y el Congreso Estatal le responde que la misma no afecta al Municipio de S.L.P.�, S.L.P., porque, seg�n dice, ?V. de P. s� cuenta con los suficientes ingresos para sufragar sus egresos ... y, por tanto, no hay bases s�lidas para llegar al convencimiento de que se generen graves consecuencias negativas con la creaci�n del Municipio que tratamos?. La respuesta del Congreso del Estado es incongruente y sin sentido, dado que responde a una argumentaci�n s�lida referida al da�o causado a la poblaci�n de este Municipio, por la p�rdida de su reserva territorial y sus mantos acu�feros, con algo que nada tiene que ver, con lo que, a trav�s de este lenguaje lo �nico que logra dicha autoridad legislativa es una pobre evasi�n. De lo anterior se desprende, salvo mejor opini�n, el car�cter indudable de parte inaudita e indefensa dentro de este procedimiento que corresponde, por desgracia, a este Gobierno Municipal." (fojas 5 a 45 de la controversia constitucional 15/2003).
CUARTO. Mediante prove�do de catorce de febrero del a�o dos mil tres, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n orden� formar y registrar el expediente con el n�mero de controversia constitucional 15/2003 y por raz�n de turno design� al se�or Ministro Juan D�az R. para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resoluci�n correspondiente (foja 63 de la controversia constitucional 15/2003).
En acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil tres, el Ministro instructor tuvo por presentado a los promoventes con la personalidad que ostentaron y, admitida la demanda, reconoci� el car�cter de demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, as� como al secretario general de Gobierno, todos del Estado de S.L.P.�, no as� al director del P.�dico Oficial del Estado, en virtud de estar subordinado al Poder Ejecutivo Estatal, a quien ya se tuvo como demandado en el asunto.
Orden� emplazar a las autoridades demandadas para que dentro del plazo de treinta d�as h�biles rindieran su respectivo informe; reconoci� el car�cter de terceros interesados a los M. de Cerro de S.P. y S. de Graciano S�nchez, ambos del Estado de S.L.P.� a quienes orden� correrles traslado por igual plazo, para que expusieran lo que a su derecho conviniera. Y orden� dar vista al procurador general de la Rep�blica para que hiciera las manifestaciones que considerara pertinentes (fojas 65 y 66 de la controversia constitucional 15/2003).
QUINTO. Mediante escrito de treinta y uno de marzo del a�o dos mil tres, presentado el tres de abril siguiente en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, J.A.C.�o, quien se ostent� como presidente de la D.�n Permanente del Congreso del Estado de S.L.P.�, contest� la demanda en los t�rminos siguientes:
C. de improcedencia:
"Con fundamento en el art�culo 329 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria seg�n lo dispuesto por el art�culo 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Federal, se opone a la demanda la siguiente causal de improcedencia de la controversia constitucional: Improcedencia de la v�a. La v�a ejercida por el Municipio demandante resulta improcedente, toda vez que las acciones de controversia constitucional, por su propia naturaleza, s�lo pueden tener por materia las violaciones a la Constituci�n Federal que se aleguen, seg�n lo dispone la fracci�n VI del art�culo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 Constitucional. Respecto de los M., la Suprema Corte ha establecido que su competencia se limita a conocer de las controversias en que se impugne la violaci�n de un precepto de la Constituci�n Pol�tica Federal y, en la especie, el Municipio actor impugna el decreto por el que se cre� el Municipio de V. de P., sin que esto signifique que se impugnen por violaciones a leyes federales. Lo anterior, toda vez en ning�n precepto de la Constituci�n Federal se establece ordenamiento alguno que disponga como facultad de los Congresos Estatales la creaci�n, fusi�n o supresi�n de M., por lo que la expedici�n del Decreto 404 no resulta contrario a lo dispuesto por la Carta Magna. Sirve de sustento a lo anterior, la siguiente tesis jurisprudencial: ?CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES ENTRE UN ESTADO Y UNO DE SUS MUNICIPIOS. A LA SUPREMA CORTE S�LO COMPETE CONOCER DE LAS QUE SE PLANTEEN CON MOTIVO DE VIOLACIONES A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES DEL ORDEN FEDERAL.? (se transcribe). Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n, Novena �poca, tesis XLIV/96, T.I.I, marzo de 1996, p�gina 320. Para determinar los planteamientos cuyo conocimiento corresponda a esta Suprema Corte, propuestos mediante la acci�n de controversia constitucional suscitada entre un Estado y uno de sus M., debe tomarse en consideraci�n que los art�culos 105, fracci�n I, inciso i), de la Constituci�n General de la Rep�blica y 10, fracci�n I, de la L.O.�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, limitan su competencia a aquellas controversias que versen sobre la constitucionalidad de los actos o disposiciones generales impugnados, desprendi�ndose de ah� que se trata de violaciones a disposiciones constitucionales del orden federal. Por tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n carece de competencia para dirimir el presente planteamiento, pues la facultad de los Congresos para erigir, fusionar o suprimir M., se contempla en la Constituci�n L. de S.L.P.�, en su art�culo 57, fracci�n XXVI y no as� en la Constituci�n Federal. Por otro lado, y derivado de lo expuesto, nos encontramos ante otra evidente improcedencia, ya que la ley reglamentaria de la materia establece claramente la obligaci�n de agotar los medios de defensa ordinarios antes de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, seg�n lo siguiente: el art�culo 19, fracci�n VI, de la ley reglamentaria de la materia, se�ala: ?Las controversias constitucionales son improcedentes: ... VI. Cuando no se haya agotado la v�a legalmente prevista para la soluci�n del propio conflicto; ...?. De la disposici�n transcrita se desprende que la controversia constitucional ser� improcedente cuando se surtan los siguientes presupuestos normativos: (i) Que no se agote la v�a legal correspondiente y (ii) Que esta v�a sea apta para la soluci�n del propio conflicto.D. an�lisis gramatical, l�gico y jur�dico de dichos presupuestos normativos, se advierte que la causal de improcedencia a que se refiere la fracci�n VI del art�culo 19 de la ley de la materia, implica un principio de definitividad para efectos de las controversias constitucionales, por tratarse el caso de supuestas violaciones a normas estatales, como lo son la Constituci�n Pol�tica del Estado de S.L.P.� y la L.O.�nica del Municipio Libre de S.L.P.�. Este principio implica que, s� existe medio de defensa en virtud del cual pueda combatirse el acto materia de impugnaci�n en la controversia, y lograr con ello su revocaci�n, modificaci�n o nulificaci�n, sin necesidad de tener que acudir a este tipo de v�a constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, la parte afectada est� obligada a agotarlo previamente a esta acci�n. En el caso que nos ocupa resulta claro que la expedici�n del Decreto 404 impugnado no es violatorio a la Constituci�n Federal, ya que, como se mencion�, la creaci�n de M. no es una facultad contenida en nuestra Carta Magna, por lo que si el Ayuntamiento actor consider� que fueron violadas las disposiciones que se contemplan en la Constituci�n Pol�tica del Estado de S.L.P.� y su L.O.�nica del Municipio Libre, es claro que la v�a id�nea para impugnar tal acto no es la que nos ocupa. En efecto, la emisi�n de dicho decreto trata de cuestiones administrativas expedidas por el Poder Legislativo Estatal, y si el Ayuntamiento actor se supone perjudicado por su expedici�n, entonces debi� hacer uso de las instancias legales que corresponden por violaciones a leyes estatales. Aunado a la causal de improcedencia referida, nos encontramos ante la diferencia fundamental entre los procedimientos de amparo y del art�culo 105 constitucional que es muy clara: en el juicio de amparo se tutelan intereses directos de los gobernados y s�lo de manera indirecta se protege a la Constituci�n, mientras que los procedimientos instituidos en las fracciones I y II del art�culo 105 constitucional se conciben como instrumentos de protecci�n directa de nuestra Carta Magna. Igualmente, las nuevas atribuciones que se otorgaron en la reforma de mayo de 1995, implican que la Suprema Corte de Justicia puede llegar a determinar las competencias que correspondan a los tres niveles de gobierno que caracterizan a nuestro sistema federal, en tanto existe la posibilidad de que aquellos poderes u �rganos que estimen que una de sus atribuciones fue indebidamente invadida o restringida por la actuaci�n de otros, puedan plantear la respectiva controversia ante la Suprema Corte a fin de que la misma determine a cu�l de ellos debe corresponder. En este orden de ideas, se llega a la conclusi�n de que, por regla general, este tipo de acciones s�lo proceder�n con motivo de controversias suscitadas entre dos o m�s niveles de gobierno (Federaci�n, Estado o Municipio), en que se tilden de inconstitucionales actos o disposiciones generales emitidos por una entidad, poder u �rgano, cuando la cuesti�n de fondo debatida se refiera a la distribuci�n o invasi�n de competencias que a cada uno corresponda. Por tanto, la controversia constitucional deviene improcedente cuando una autoridad emite un acto respecto del cual no se cuestiona indebida atribuci�n de facultades o afectaci�n en la esfera competencial de otro nivel de gobierno distinto del que lo emite. Por lo cual el Decreto N�mero 404 que se diera a conocer a trav�s del P.�dico Oficial del Estado correspondiente al d�a 17 de diciembre de 2002, por el que se crea el Municipio de V. de P., al haber sido emitido en uso de las facultades conferidas en los art�culos 34, fracci�n X y 84 de la Constituci�n L., desde luego no significa una intromisi�n del Congreso del Estado en una esfera que no es de su competencia, como lo es el r�gimen interno de los Ayuntamientos, ni que se invada la autonom�a municipal, o que se restrinja el derecho de los Ayuntamientos de reglamentar su organizaci�n interna en funci�n de las obligaciones constitucionales, como lo alega el demandante. En consecuencia, si los actos del Congreso Estatal no afectan la esfera competencial del Municipio de S.L.P.�, es improcedente la controversia planteada por el actor."
En cuanto a los hechos:
"Contestaci�n a los hechos. 1. Es cierto lo manifestado en el punto 1 del cap�tulo de antecedentes. 2. Es cierto lo manifestado en el punto 2 del cap�tulo de antecedentes. 3. Es cierto lo manifestado en el punto 3 del cap�tulo de antecedentes. 4. Es cierto lo manifestado en el punto 4 del cap�tulo de antecedentes. 5. Es cierto lo manifestado en el punto 5 del cap�tulo de antecedentes. 6. Es cierto lo manifestado en el punto 6 del cap�tulo de antecedentes. 7. Es cierto lo manifestado en el punto 7 del cap�tulo de antecedentes. 8. Es cierto lo manifestado en el punto 8 del cap�tulo de antecedentes. 9. Es cierto lo manifestado en el punto 9 del cap�tulo de antecedentes. 10. Es cierto lo manifestado en el punto 10 del cap�tulo de antecedentes. 11. Es cierto lo manifestado en el punto 11 del cap�tulo de antecedentes. 12. Es cierto lo manifestado en el punto 12 del cap�tulo de antecedentes. 13. Es cierto lo manifestado en el punto 13 del cap�tulo de antecedentes. 14. Es cierto lo manifestado en el punto 14 del cap�tulo de antecedentes."
En cuanto a la validez del acto controvertido:
"Razones y fundamentos por los que se sostiene la validez de la norma controvertida. Primero. Una de las razones principales para sostener la expedici�n del Decreto 404 impugnado consiste en que previamente al planteamiento de otorgar la categor�a de Municipio a V. de P., el Congreso del Estado de San Luis hizo un completo an�lisis sobre la petici�n de municipalizaci�n referida, en uso de sus atribuciones, las cuales se encontraban comprendidas dentro de los art�culos 34, fracci�n X y 84 de la Constituci�n L., que se�alaban: ?Art�culo 34. Son atribuciones del Congreso: ... X. Crear y suprimir municipalidades; suspender Ayuntamientos o declarar su desaparici�n, as� como suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, con arreglo al art�culo 84 de esta Constituci�n.?. ?Art�culo 84. Para el ejercicio de las atribuciones que previene el art�culo 34 fracci�n X de esta Constituci�n, el Congreso del Estado se sujetar� a las siguientes bases: I. Para formar una municipalidad, se requerir� que la poblaci�n o grupos de poblaci�n que la vayan a componer, est�n ligados por intereses comunales, con una poblaci�n de tres mil habitantes por lo menos, y con los recursos necesarios para el sostenimiento de la administraci�n municipal.?. Para proceder a decretar dicha municipalizaci�n se estudiaron los requisitos que del art�culo 9o. de la entonces vigente L.O.�nica del Municipio Libre de S.L.P.�, que establec�a: a. Que lo soliciten cuando menos mil quinientos habitantes. b. Que la regi�n que pretenda erigirse en Municipio cuente con una poblaci�n m�nima de tres mil habitantes, lo que se acreditar� de acuerdo con el siguiente respectivo (sic). c. Que la dicha regi�n cuente con los recursos econ�micos suficientes para cubrir las erogaciones que demande la administraci�n municipal. d. Que se cuente con los locales adecuados para la instalaci�n de las oficinas municipales y para la prestaci�n de los servicios b�sicos, a juicio del propio Congreso del Estado. e. Que se tome en cuenta la opini�n, expresada por escrito del Congreso del Estado, de los Ayuntamientos afectados por la posible creaci�n del nuevo Municipio, quienes deber�n emitirla dentro de los setenta d�as siguientes a la fecha en que se les comunique la solicitud. f. Que se tome en cuenta un informe que deber� rendir el Ejecutivo del Estado sobre el particular, dentro de los sesenta d�as siguientes a la fecha en que se le solicite; y g. Que a criterio del Congreso del Estado no se perjudique la subsistencia de los M. afectados. Conjuntamente, esta legislatura se bas� en elementos claros de convicci�n aportados y recabados por los peticionarios y las distintas comisiones que intervinieron en las diversas etapas del procedimiento. En tal virtud, esta legislatura hizo uso de sus facultades, competencia y obligaciones al dictaminar la procedencia o no de la solicitud de la formaci�n de un nuevo Municipio, con las atribuciones que le fueron conferidas en la Constituci�n Pol�tica del Estado de S.L.P.�, su reglamento interno y su ley org�nica. Segundo. El demandante se�ala err�neamente que este Congreso L. actu� oficiosamente, al conceder algo que no se le hab�a solicitado, respecto a que se decret� la creaci�n de un Municipio y no la reotorgaci�n de la categor�a de Municipio, como lo hab�an requerido. L�gicamente, tal argumento carece de relevancia respecto a la denominaci�n que se dio a su pretensi�n, pues se debe de atender primordialmente a los hechos planteados, siendo evidente que el reotorgamiento de la calidad de Municipio implica de nueva cuenta creaci�n como tal (sic). En el caso, con fecha 26 de mayo de 1995 la LIV Legislatura del Congreso del Estado recibi� escrito de los habitantes de lo que territorialmente correspond�a a la D.�n Municipal de V. de P., S.L.P., solicitando la reotorgaci�n de la categor�a de Municipio y en respuesta se emiti� dictamen a favor de la creaci�n del Municipio de la D.�n de V. de P., otorg�ndosele el territorio que de acuerdo al decreto de fecha 26 de noviembre de 1999 le correspond�a, el cual fue aprobado en sesi�n plenaria del Congreso del Estado el d�a 14 de diciembre de 2002. Por lo cual, al haberse otorgado lo que se solicitaba, este Congreso L. en ning�n momento actu� oficiosamente, como lo pretende hacer creer el Ayuntamiento actor. As�, debe declararse inoperante dicho argumento pues, como se mencion�, la diferencia entre las denominaciones ?creaci�n de un nuevo Municipio? y ?reotorgaci�n de la categor�a de Municipio? tienen el mismo fin y satisfacen lo solicitado por tal n�cleo de poblaci�n, siendo esta circunstancia la que debe tomarse en cuenta y no simples e ineficaces argumentos sobre redacci�n. Tercero. Por otro lado, el demandante alega que este Congreso viola los principios de legalidad y debido proceso legal que tutela nuestra Carta Magna, por haber determinado la creaci�n de un Municipio en apoyo en normas abrogadas, lo cual es falso en base en los siguientes razonamientos: En el dictamen de fecha 9 de diciembre de 2002 se sostiene que la norma procesal aplicable es la contenida en la L.O.�nica del Municipio Libre del Estado vigente en el momento del tr�mite inicial del procedimiento respectivo, porque incluso ya se hab�an estimado satisfechos los supuestos normativos que contemplaba la ley en vigor en los momentos de emitirse el dictamen con fecha 5 de diciembre de 1995 por este H. Congreso, que negaba la petici�n de erigir en Municipio a V. de P., consider�ndose, adem�s, que no obstante de estar en la actualidad en presencia de la reposici�n de un procedimiento, ello de ninguna manera significa que se trate de uno nuevo, sino que es el mismo y, por lotanto, no se pueden aplicar los mayores requisitos que ahora contempla la L.O.�nica del Municipio Libre en vigor en su art�culo 47, pues de hacerlo se estar�a aplicando la ley retroactivamente en perjuicio de los solicitantes de municipalizaci�n de V. de P. contravini�ndose el art�culo 14 de la Constituci�n Federal. Toda vez que los requisitos contemplados en la L.O.�nica del Municipio Libre de 1984, vigente hasta el a�o de 1997, ya se encontraban satisfechos y, por ende, adquiridos los derechos procesales que consagraba dicha ley, pues incluso para ordenar la reposici�n del procedimiento, el recurso de reconsideraci�n que resolvi� lo anterior el 21 de octubre de 1996, se bas� no en el hecho de que careciera de alg�n requisito de los exigidos por los art�culos 34, fracci�n X y 84, fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica del Estado vigente en la �poca de solicitud de municipalizaci�n y 9o. de la L.O.�nica del Municipio Libre tambi�n vigente en esa �poca, sino en considerar que las opiniones del Ejecutivo y del presidente municipal de la capital no eran suficientes para establecer con claridad su oposici�n o su anuencia para otorgar la categor�a de Municipio a V. de P.. As�, una vez subsanada tal circunstancia, �nicamente correspond�a hacer un nuevo an�lisis sobre la procedencia de la creaci�n o no de dicho Municipio, en la inteligencia de que los hechos procesales se dieron en 1981, 1987, 1995 o 1996, es decir, antes de la existencia de modificaciones a requisitos para la formaci�n de nuevos M. y, por tanto, la L.O.�nica del Municipio Libre que result� aplicable fue la que estuvo vigente de 1984 a 1997. Por lo anterior, es claro que no existe una aplicaci�n retroactiva de disposiciones legales, raz�n por la que debe considerarse procedente el dictamen a que se ha venido haciendo alusi�n, y por consiguiente, el respectivo Decreto 404 que por esta v�a infundadamente se impugna." (fojas 125 a 134 de la controversia constitucional 15/2003).
SEXTO. Por escrito de veintisiete de marzo del a�o dos mil tres, presentado el d�a treinta y uno del mes y a�o citados, ante la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, F.S.N., como Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de S.L.P.�, contest� la demanda en los t�rminos siguientes:
C. de improcedencia:
"Previo al acto de dar contestaci�n a la infundada e improcedente acci�n de controversia constitucional interpuesta en contra de la autoridad que represento, por parte del Municipio de S.L.P.�, Estado de S.L.P.�, me permito elevar a su consideraci�n la causal de improcedencia se�alada en la fracci�n II del art�culo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 Constitucional, que refiere que las controversias constitucionales son improcedentes: ?II. Contra normas generales o actos en materia electoral?. En virtud de que el actor se�ala como norma general combatida: ?La contenida en el Decreto 404 que se diera a conocer a trav�s del P.�dico Oficial del Estado correspondiente al d�a 17 de diciembre de 2002, por el que ilegal e inconstitucionalmente se crea el Municipio de V. de P., S.L.P.�.?. Asimismo, la parte actora, en su concepto de invalidez marcado como s�ptimo, refiere esencialmente que el decreto impugnado se trata de una norma general electoral, y que, por tanto, debe ser declarado inv�lido; abundando a este respecto al referir que: ?las normas generales electorales no son s�lo las que establecen el r�gimen normativo de los procesos electorales propiamente dichos, sino tambi�n las que, aunque contenidas en ordenamientos distintos a una ley o c�digo electoral sustantivo, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una manera o de otra.?. Por tanto, de estimarse el Decreto 404 combatido, como una norma de car�cter electoral, la acci�n de controversia constitucional intentada es evidentemente improcedente, debiendo ser declarada de esta manera y, por tanto, en t�rminos de la fracci�n II del art�culo 20 de la ley de la materia citada, se debe decretar el sobreseimiento. Una vez expresado lo anterior y para el caso que se desestimase lo dicho, se procede dentro del t�rmino que establece el art�culo 26 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos a dar contestaci�n en forma ?ad cautelam? a la infundada demanda de controversia constitucional interpuesta por la parte actora, haci�ndolo de la siguiente manera:"
Respecto a los hechos:
"Contestaci�n al cap�tulo de hechos. I. La parte actora se�ala en su escrito inicial de demanda en su cap�tulo se�alado como antecedentes, los hechos de la misma, los cuales se pide se tengan como reproducidos por econom�a procesal, controvirti�ndose de la siguiente forma: 1. Por lo que hace a los hechos se�alados por la parte actora como 1o., 2o., 3o., 4o., 5o. y 6o. se ignoran por no ser hechos propios. 2. Se expresa que el hecho 7o. en lo referente a la emisi�n del decreto que se reclama no es un acto propio, sin embargo se conoce que es cierto, en virtud de que el mismo se remite para su promulgaci�n (sanci�n) y publicaci�n por parte del Poder Legislativo, puntualizando que los actos propios de esta autoridad se reconocen como ciertos, sin embargo, debe resaltarse que los mismos se realizaron conforme a las facultades que le otorgan los art�culos 67, 70 y 82 fracci�n II de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de S.L.P.�; por ende, dichos actos se encuentran dentro de la esfera de constitucionalidad y legalidad requerida y desde ning�n punto de vista puede estimarse que la promulgaci�n o publicaci�n del decreto sean contrarios a la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ni atentatorios de la competencia del Municipio actor de la presente controversia. 3. El hecho marcado con el n�mero 8o. no es propio, pero se conoce que es cierto, en virtud de que se trata de un decreto p�blico y vigente. 4. El hecho se�alado como n�mero 9o. no es propio, pero se conoce que es cierto, en virtud de que se trata de un decreto p�blico y vigente. 5. Los hechos se�alados con los n�meros 10 y 11 no son propios, pero se conoce que son ciertos, en virtud de que se trata del articulado de nuestra Constituci�n L. vigente. 6. El hecho n�mero 12 no es propio, pero se conoce que es falso, en virtud de que se trata de la L.O.�nica del Municipio Libre vigente en el Estado, la cual dispone en su art�culo 12 lo siguiente: ?Art�culo 12. En cada Municipio habr� un Ayuntamiento de elecci�n popular directa, y no habr� ninguna autoridad intermedia entre �ste y el Gobierno del Estado. La competencia que otorga al Gobierno Municipal la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de S.L.P.�, la presente ley y dem�s ordenamientos, se ejercer� por el Ayuntamiento de manera exclusiva.?. Y en su art�culo 13: ?Art�culo 13. Los Ayuntamientos se integrar�n mediante la aplicaci�n de los principios de mayor�a relativa y de representaci�n proporcional, de la forma siguiente: I. El Municipio de S.L.P.� con un presidente, un regidor y dos s�ndicos de mayor�a relativa y hasta catorce regidores de representaci�n proporcional; II. Los de Ciudad Valles, Matehuala, Rioverde, S. de Graciano S�nchez y Tamazunchale, con un presidente, un regidor y dos s�ndicos de mayor�a relativa, y hasta once regidores de representaci�n proporcional, y. III. Los restantes M., con un presidente, un regidor y un s�ndico de mayor�a relativa, y hasta cinco regidores de representaci�n proporcional. Por cada regidor y s�ndico propietarios se elegir� un suplente. En los M. del Estado que cuenten con una poblaci�n mayor de cuarenta mil habitantes, los s�ndicos deber�n ser abogados titulados. Ning�n integrante del Ayuntamiento podr� ocupar cargo honor�fico o remunerado de director, jefe de departamento o empleado del Municipio, ni ning�n otro de sus organismos intermunicipales o paramunicipales, debiendo constre�irse su responsabilidad al ejercicio propiamente edilicio. Los partidos pol�ticos postulantes en las elecciones para la renovaci�n de Ayuntamientos, deber�n presentar para su registro ante el organismo electoral que corresponda, la planilla de mayor�a relativa y la lista de candidatos a regidores de representaci�n proporcional.?. 7. El hecho n�mero 13 no es propio, pero se conoce que es cierto, en virtud de que se trata del texto vigente de nuestra Carta Magna."
Respecto a la validez del acto impugnado:
"Consideraciones para la validez del acto impugnado. La sanci�n y publicaci�n del Decreto 404 del Poder Legislativo del Estado que crea el Municipio de V. de P., S.L.P., actos controvertidos que ata�en a esta autoridad que se representa, son actos de autoridad competente, fundados y motivados, realizados acorde con las facultades y obligaciones constitucionales y legales que posee esta autoridad, sin que, de ninguna manera, pueda estimarse que los mismos son atentatorios de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el art�culo 67 de la Constituci�n Pol�tica Estatal dispone que: ?Aprobado un proyecto de ley, se turnar� al Ejecutivo para su sanci�n y publicaci�n ...?. Y siendo que se trata de un decreto legislativo, el mismo tiene car�cter de ley, por lo que la obligaci�n del Ejecutivo a mi cargo era la de proceder a su sanci�n, al estimarlo conveniente, y a su publicaci�n. Asimismo, la fracci�n II del art�culo 80 del citado ordenamiento legal, determina que son atribuciones del gobernador del Estado, entre otras: ?II. Promulgar y publicar en el P.�dico Oficial del Estado las leyes, decretos y acuerdos que expida la Legislatura del Estado, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia ...?, requisitos de ley que fueron observados y cumplidos. De lo que resulta que la sanci�n y publicaci�n del Decreto Legislativo 404 controvertido, y que constituyen los actos que se le reclaman a la autoridad que represento, fueron realizados conforme a los requisitos que marcan las leyes locales, acorde con las facultades constitucionales locales de que goza esta autoridad, con la fundamentaci�n y motivaci�n adecuada y, por ende, no cabe estimarlos inconstitucionales y, en consecuencia, deben ser declarados v�lidos."
Respecto a los conceptos de invalidez:
"Impugnaci�n de los conceptos de invalidez. Son infundados e inoperantes en su totalidad los conceptos de invalidez alegados por la parte actora en virtud de que: I. En su concepto de invalidez marcado como primero, alega la parte actora que los peticionarios de la (sic) solicitaron el reotorgamiento de la categor�a de Municipio a V. de P., y que el Congreso del Estado en lugar de tomar en cuenta lo peticionado, otorga a trav�s del Decreto 404 crea un Municipio en territorio distinto, ?as� entonces, la Legislatura Estatal al conceder algo que no se le ha pedido, se convierte en autoridad oficiosa, es decir, que no obra impulsada por una petici�n provenida de particulares, sino de su propia acci�n. Y as� vistas las cosas, se llega a la fatal conclusi�n de que al no existir una petici�n de parte interesada en la forma y con los requisitos que la Constituci�n y las leyes mencionan para la creaci�n de un Municipio, tal creaci�n es ilegal y violatoria de la Constituci�n, por lo que debe declararse su invalidez?. Tal dicho de la actora es claramente infundado en virtud de que, como la misma reconoce, existe una petici�n firmada por 1635 personas, habitantes de lo que era la D.�n de V. de P., Municipio de S.L.P.�, S.L.P., para la constituci�n de dicha delegaci�n en Municipio; por lo que en principio no puede considerarse que la Legislatura L. actu� oficiosamente, sino con sustento en dicha petici�n que cumple los requisitos del art�culo 8o. de la Ley del Municipio Libre que resulta aplicable al caso concreto. En segundo t�rmino, el Congreso del Estado al emitir el Decreto 404 controvertido procede a la creaci�n de un Municipio, conforme con las facultades de ley de las que goza, puesto que de ninguna manera pod�a proceder a ?reotorgar? dicha categor�a a la legislaci�n, ya que la Constituci�n Pol�tica del Estado aplicable, se�ala en la fracci�n X del art�culo 34 que: ?Art�culo 34. Son atribuciones del Congreso: ... X. Crear y suprimir municipalidades; suspender Ayuntamientos o declarar su desaparici�n ...?. Asimismo, el art�culo 8o. de la L.O.�nica del Municipio Libre aplicable dispone que: ?Art�culo 8o. Corresponde al Congreso del Estado aprobar la creaci�n, supresi�n y fusi�n de M. mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros y con aprobaci�n del mismo n�mero de los Ayuntamientos que integran el Estado.?. Donde es claramente visible que en ning�n momento se contempla la posibilidad jur�dica de ?reotorgar? la categor�a de Municipio a una delegaci�n, por lo que el Congreso del Estado, que como autoridad s�lo puede hacer lo que la ley le permite, no pod�a atender en ese sentido la solicitud de los demandantes; sin embargo, en uso de las facultades que le otorgan los ordenamientos citados, procedi� a efectuar lo que correspond�a, que era nuevamente la creaci�n de un Municipio. Por lo que dicho concepto de invalidez no deber� ser tomado en cuenta al momento de emitir sentencia. II. Se�ala la parte actora en su concepto de invalidez marcado como segundo que el decreto controvertido, as� como el dictamen en que se sustenta son violatorios de los principios de legalidad y debido proceso legal, en virtud de que ?se ha determinado la creaci�n de un Municipio con apoyo en una Constituci�n Estatal y una L.O.�nica del Municipio Libre abrogadas?. Concepto de invalidez que debe ser considerado infundado e inoperante, puesto que el actor carece de l�gica y t�cnica jur�dica al afirmarlo as�. En efecto, el 26 de mayo de 1995, como lo afirma la parte actora en el inciso 1 de su cap�tulo de antecedentes, se present� ante el Congreso del Estado una solicitud firmada por 1635 personas, habitantes de la D.�n de V. de P. del Municipio de S.L.P.�, S.L.P., para el reotorgamiento de la categor�a de Municipio a V. de P., toda vez que esta categor�a le hab�a sido suprimida desde el 10 de octubre de 1946. En ese instante se crea una situaci�n jur�dica determinada que dio inicio a un procedimiento dentro del �rgano legislativo local, ya que la solicitud respectiva fue correctamente realizada conforme a los requisitos del art�culo 9o. de la L.O.�nica del Municipio Libre del Estado, vigente y aplicable en ese momento determinado, que dispone en su parte conducente: ?Art�culo 9o. Para que pueda crearse un nuevo Municipio deber�n satisfacerse los siguientes requisitos: I. Que lo soliciten cuando menos mil quinientos habitantes ...?. Siendo el 26 de mayo de 1995 donde nace el derecho adquirido de los peticionarios, el tiempo transcurrido para que a aquel procedimiento recayera una resoluci�n final, esto es, el Decreto 404 que crea el Municipio de P., S.L.P., no es de ninguna manera responsabilidad de los solicitantes iniciales; por tanto, si a la fecha han aumentado los requisitos para realizar dicha solicitud, o inclusive para crear un nuevo Municipio, aun as�, de manera alguna pudo hab�rseles requerido a los solicitantes que satisficieran los mismos, puesto que es falto de toda l�gica humana y jur�dica que se les pudiera exigir que cumplieran con disposiciones futuras e inexistentes, las cuales al momento de realizar la petici�n no hab�an sido concebidas. Por ello, en cuanto a derecho sustantivo, como es el caso que nos ocupa, no existe la retroactividad de ley, garant�a consagrada en el art�culo 14 constitucional y, en consecuencia, las leyes que son aplicables al caso son aquellas vigentes en la �poca en que se elev� la solicitud mencionada. Por consiguiente, es conforme a derecho la aplicaci�n de las leyes hoy abrogadas, ya que las mismas son aplicables por haber estado en vigor al momento del nacimiento del derecho de los peticionarios; en consecuencia, dicha aplicaci�n de ninguna manera puede considerarse violatoria de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto de la irretroactividad de las normas mencionadas me permito citar la jurisprudencia P./J. 123/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, Novena �poca, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta en el Tomo XIV de octubre de 2001, p�gina 16, publicado bajo el rubro: ?RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACI�N CONFORME A LA TEOR�A DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.? (se transcribe). Sin que obste lo alegado por la parte actora en el sentido a la inmediatez de la aplicaci�n del derecho adjetivo, ya que, como es evidente, el caso que nos ocupa no nos remite a dicho supuesto, puesto que las normas de que se trata no tienen el car�cter de procesales. III. En lo que respecta al concepto de invalidez marcado como s�ptimo en el escrito inicial de la parte actora, que en su parte conducente manifiesta que: ?No obstante la clara disposici�n constitucional que proh�be terminantemente promulgar y publicar leyes electorales durante el desarrollo de los procesos electorales en que vayan a aplicarse, la mayor�a del Congreso potosino decidi� hacer caso omiso de esta disposici�n y crear un Municipio (el de V. de P.) que vendr�a siendo el 59o. (sic) del Estado, cuando, como decimos, el proceso electoral para la elecci�n de los 58 Ayuntamientos del Estado hab�a dado comienzo a partir del d�a 27 de octubre del a�o 2002, y terminar�, seguramente, a finales del presente a�o 2003, una vez agotado el mismo.?. Y sigue manifestando la actora: ?las normas generales electorales no son s�lo las que establecen el r�gimen normativo de los procesos electorales propiamente dichos, sino tambi�n las que, aunque contenidas en ordenamientos distintos a una ley o c�digo electoral sustantivo, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una manera o de otra.?. Debe considerarse que si dicho concepto se estima fundado, como ya se manifest�, es clara la improcedencia de la acci�n de controversia constitucional que se pretende, en virtud de lo dispuesto por la fracci�n II del art�culo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 Constitucional, que refiere que las controversias constitucionales son improcedentes: ?II. Contra normas generales o actos en materia electoral?. Lo que dar� lugar a decretar el sobreseimiento del presente juicio, acorde a lo dispuesto por la fracci�n II del art�culo 20 de la ley de la materia citada. IV. Alega la parte actora en su concepto de invalidez marcado como octavo que: ?el decreto que aqu� se impugna pretende la creaci�n de un nuevo Municipio, concretamente el n�mero 59 del Estado de S.L.P.�, cuando la L.O.�nica del Municipio Libre de este Estado y que viene a ser reglamentaria del art�culo quinto (sic) de la Constituci�n Pol�tica Estatal, dispone con toda precisi�n que la divisi�n territorial del Estado se da con 58 M. y que son los que limitativamente define y describe el art�culo 13 de la invocada ley?. Y sigue diciendo la demandante que: ?No puede emitirse un decreto de creaci�n de un Municipio n�mero 59 sin contravenir lo ordenado por los art�culos 12 y 13 de la ley org�nica invocada ...?. Y que acatar el contenido del art�culo tercero transitorio del decreto impugnado ?ser�a tanto como reconocer la derogaci�n de la L.O.�nica del Municipio Libre de S.L.P.�?. A lo que cabe decir que dicho concepto de violaci�n es infundado ya que raya en lo absurdo y es falto de toda l�gica jur�dica el que se pretenda imposible el que se emita disposici�n que reforme y adecue un ordenamientoemanado por el mismo �rgano legislativo y que, por tanto, goza de la misma jerarqu�a jur�dica. Por consiguiente dicho razonamiento no puede ser tomado en cuenta al momento de emitir resoluci�n al presente conflicto ya que evidentemente es infundado. V. Por lo que hace a lo manifestado por el actor en el concepto de invalidez se�alado como d�cimo, donde refiere que el uso de una legislaci�n ya derogada como base del dictamen que se impugna, es violatoria por ser opuesta a lo establecido por el propio Congreso del Estado en anteriores actos legislativos, esto es, a dicho del actor, en los art�culos transitorios que derogan la Ley del Municipio Libre aplicable al caso que nos ocupa. Concepto de invalidez que debe ser desestimado por infundado, puesto que la aplicaci�n de las normas jur�dicas utilizadas en la emisi�n del decreto legislativo impugnado fue realizada, como ya se mencion�, en atenci�n a la garant�a constitucional consagrada en el art�culo 14 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos que dispone que a ninguna ley se dar� efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Por tanto, la aplicaci�n de las leyes hoy abrogadas fue realizada en virtud de que las mismas eran vigentes al momento del nacimiento del derecho de los peticionarios de la creaci�n del Municipio de P., S.L.P., lo que no hace necesario que el �rgano legislativo contemplara en sus art�culos transitorios excepci�n alguna a la abrogaci�n, puesto que la misma rigi� a partir de los actos originados desde la entrada en vigor de dichas disposiciones, sin que con ello se afectaran los ocurridos con anterioridad. VI. En lo que respecta a lo dicho por la parte actora en su concepto d�cimo primero de violaci�n: ?La aplicaci�n de una ley ya abrogada como base de soluci�n de este asunto es contraria a la propia actuaci�n del H. Congreso del Estado durante el tr�mite del mismo.?. Dicho concepto es infundado en virtud de que, como el mismo actor refiere, las actuaciones del Congreso del Estado dictadas conforme a la ley vigente se refieren al procedimiento, por tanto, las mismas son correctas, ya que debe recordarse que la aplicaci�n del derecho adjetivo es inmediata, esto es, debe ser empleada conforme sea emitida, en virtud de que la misma no modifica derechos adquiridos. A este respecto me permito citar la tesis XVI.2o.1 K del Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito, Novena �poca, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.I., agosto de 1995, p�gina 614, bajo el rubro: ?RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES DE PROCEDIMIENTOS.? (se transcribe). Por lo que, una vez demostrado que los conceptos de violaci�n son infundados y por consecuencia inoperantes, los mismos deben ser desestimados y el Decreto legislativo 404 que crea el Municipio de P., S.L.P., considerado v�lido." (fojas 85 a 95 de la controversia constitucional 15/2003).
S�PTIMO. Mediante escrito de veintisiete de marzo del a�o dos mil tres, presentado el d�a treinta y uno del mes y a�o citados ante la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, M.A.A.M.�nez, quien se ostent� como secretario general de Gobierno del Estado de S.L.P.�, contest� la demanda.
Los apartados relativos a las causales de improcedencia y a la impugnaci�n de los conceptos de invalidez son esencialmente iguales a la contestaci�n del Gobernador Constitucional del Estado de S.L.P.�; por ello, en obvio de repeticiones se omite su transcripci�n y se remite a la parte conducente de dicha contestaci�n, ya reproducida en la parte conducente. Por esta raz�n enseguida se transcribir� la respuesta a la demanda, a cargo del citado secretario general de Gobierno del Estado de S.L.P.�, �nicamente en lo que difiere, sustancialmente, a la producida por dicho mandatario estatal.
Respecto a los hechos:
"Contestaci�n de hechos. I. La parte actora se�ala en su escrito inicial de demanda en su cap�tulo se�alado como antecedentes, los hechos de la misma, los cu�les en obvio de repeticiones se solicita se tengan como reproducidos por econom�a procesal, controvirti�ndose �stos de la siguiente forma: 1. Por lo que hace a los hechos se�alados por la parte actora con los n�meros 1o., 2o., 3o., 4o., 5o. y 6o. se ignoran por no ser hechos propios. 2. Se expresa que el hecho n�mero 7o., en lo referente a la emisi�n del decreto que se reclama no es un acto propio, sin embargo se conoce que es cierto, en virtud de que el mismo fue remitido para su promulgaci�n y publicaci�n al Poder Ejecutivo. Por lo que hace a la sanci�n del decreto, se manifiesta que es cierto ya que a pesar de no ser un acto propio, el mismo es conocido por haber sido refrendado por esta autoridad que se representa conforme con lo dispuesto por el art�culo 83 de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de S.L.P.� y 12 de la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica del Estado; por lo que hace a la publicaci�n de la norma impugnada se manifiesta, asimismo, que es cierto, y que la misma se efectu� en cumplimiento a lo dispuesto por el art�culo 32, fracci�n V, de la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica del Estado; por ende, se determina que los referidos actos se encuentran dentro de la esfera de constitucionalidad y legalidad requerida y desde ning�n punto de vista puede estimarse que el refrendo de la promulgaci�n o la publicaci�n del decreto sean inconstitucionales. 3. Los hechos referidos con los n�meros 8o. y 9o. que se contestan no son propios, pero se conocen que son ciertos en virtud de que se trata de un decreto p�blico y vigente. 4. En lo concerniente con lo expuesto en los hechos 10 y 11 que se contestan no son propios, pero se conoce que son ciertos, en virtud de que se trata del articulado de nuestra Constituci�n L. vigente. 5. El hecho n�mero 12 que se contesta no es propio, pero se conoce que es falso en virtud de que se trata de la L.O.�nica del Municipio Libre vigente en el Estado, la cual dispone en su art�culo 12 que: (se transcribe). Y en su art�culo 13: (se transcribe). 6. De lo manifestado en el hecho n�mero 13 que se contesta no es propio, pero se conoce que es cierto en virtud de que se trata del texto vigente de nuestra Carta Magna."
Respecto a la validez del acto impugnado:
"Consideraciones para la validez del acto impugnado. El refrendo de la sanci�n y publicaci�n del Decreto 404 del Poder Legislativo del Estado, que crea el Municipio de V. de P., S.L.P., actos controvertidos que ata�en a esta autoridad que se representa, son actos de autoridad competente, fundados y motivados, realizados acorde con las facultades y obligaciones constitucionales y legales que posee esta autoridad, sin que, de ninguna manera, pueda estimarse que los mismos carecen de constitucionalidad. En efecto, el refrendo es la instituci�n jur�dica contemplada en el art�culo 92 de nuestra Carta Magna, a trav�s de la cual se dota de plena validez a los decretos promulgatorios de leyes estampando la firma tanto del presidente de la Rep�blica como del secretario de G.�n, seg�n criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, mediante la jurisprudencia P./J. 3/88, y en su caso por el secretario al cual corresponda el asunto, as� pues, el soberano Poder Legislativo de este Estado decreta en el art�culo 83 de la Constituci�n Pol�tica L., similar figura jur�dica; ?Art�culo 83. Todas las leyes promulgadas por el gobernador deber�n ser refrendadas por el secretario general de Gobierno y sin este requisito no surtir�n efectos legales. Para su validez, los decretos, reglamentos, circulares, acuerdos y disposiciones de car�cter general que dicte el gobernador, adem�s del secretario general de Gobierno, deber�n ser firmados por el secretario del ramo que corresponda.?. En tal virtud, al contemplar el refrendo la Constituci�n General de la Rep�blica y la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de S.L.P.�, no puede alegarse que el acto mediante el cual se refrend� el Decreto 404 impugnado sea inconstitucional. Igualmente, la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica del Estado de S.L.P.� establece en su art�culo 12 que las leyes, decretos y dem�s disposiciones que el gobernador del Estado promulgue o expida, para que sean obligatorios, deber�n estar refrendados por el secretario general de Gobierno, raz�n por la cual se sostiene la constitucionalidad del acto reclamado. En lo referente a la publicaci�n del Decreto 404 que crea el Municipio de V. de P., S.L.P.�, la misma se realiz� en cumplimiento con lo dispuesto por el art�culo 70 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de S.L.P.�, que ordena la publicaci�n de las leyes, reglamentos, circulares, convenios y cualquier otra disposici�n de observancia o inter�s general, para su entrada en vigor, correlacionado con la fracci�n V del art�culo 32 de la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica Estatal que a la letra dice: ?Art�culo 32. A la Secretar�a General de Gobierno corresponde el despacho de los siguientes asuntos: ... V. Ser el conducto para presentar ante el Congreso del Estado las iniciativas de ley o decreto del Ejecutivo, as� como publicar las leyes, reglamentos y dem�s disposiciones jur�dicas que deban regir en el Estado?; Por tanto, la publicaci�n del Decreto Legislativo 404 controvertido, no puede ser estimada como atentatoria de nuestra Carta Magna, por haber sido llevada a cabo conforme a las obligaciones y facultades legales y constitucionales impuestas a esta autoridad que se representa, por lo que no cabe estimarla inconstitucional y debe ser declarada su validez." (fojas 97 a 108 de la controversia constitucional 15/2003).
OCTAVO. El Ayuntamiento de S. de Graciano S�nchez del Estado de S.L.P.�, por conducto de sus s�ndicos municipales A.S.E. y A.�n L.G.�lez, desahog� la vista que se le dio como tercero interesado mediante escritos presentados el dieciocho de marzo y el tres de abril del a�o dos mil tres en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, manifestando al respecto que se reserva su derecho para hacer las manifestaciones correspondientes, una vez que las autoridades contesten la demanda (fojas 80 y 114 a 122 de la controversia constitucional 15/2003).
El Municipio de Cerro de S.P., S.L.P.�, no compareci� al juicio en su calidad de tercero interesado, a pesar de que fue notificado del acuerdo en el que se le dio intervenci�n con ese car�cter, seg�n se desprende de la constancia que obra en la foja 71 de la controversia constitucional.
NOVENO. Mediante oficio n�mero PGR/0342/2003, de fecha trece de mayo del a�o dos mil tres, presentado en la misma fecha ante la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, el procurador general de la Rep�blica, compareci� a la controversia constitucional manifestando lo siguiente:
"Sobre la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n para conocer de la presente controversia constitucional. Los s�ndicos primero y segundo del Ayuntamiento de S.L.P.�, S.L.P.�, promovieron la presente controversia constitucional en contra del Congreso, gobernador y secretario general de Gobierno de la misma entidad, en la que solicitaron la invalidez del Decreto 404 publicado en el P.�dico Oficial del Estado de 17 de diciembre de 2002, mediante el cual se cre� el Municipio de V. de P., priv�ndosele de parte de su territorio y violando con ello los art�culos 14, 16, 40, 105, 115, 116, 117, 118 y 133 de la Constituci�n Federal. El art�culo 105, fracci�n I, inciso i), de la Constituci�n General de la Rep�blica, contempla la hip�tesis para que ese Alto Tribunal conozca de los litigios que se presenten entre un Estado y uno de sus M. sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; por tanto, considerando que en el juicio que nos ocupa se plantea una controversia por parte del Municipio de S.L.P.�, S.L.P.�, en contra de diversos actos del Congreso, gobernador y secretario general de Gobierno, todos de la misma entidad, al estimar que le causan perjuicio, se actualiza la competencia de ese Supremo Tribunal para sustanciar y resolver el presente medio de control constitucional.
"II. Sobre la legitimaci�n procesal de la actora. De conformidad con la primera parte del precepto 11 de la ley reglamentaria del art�culo 105, el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deber�n comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en t�rminos de las normas que los rigen, est�n facultados para representarlos. El Municipio de S.L.P.�, S.L.P.�, compareci� a juicio por conducto de los s�ndicos primero y segundo del Ayuntamiento, quienes acreditaron su personalidad con las copias certificadas del P.�dico Oficial del Estado de 23 de septiembre de 2000, de cuya lectura se desprende que los promoventes fueron electos para ocupar el cargo que ostentan. Los art�culos 13, fracci�n I y 75, fracci�n II, de la L.O.�nica Municipal del Estado de S.L.P.�, en la parte que interesa disponen: ?Art�culo 13. Los Ayuntamientos se integrar�n mediante la aplicaci�n de los principios de mayor�a relativa, y de representaci�n proporcional, de la forma siguiente: I. El Municipio de S.L.P.� con un presidente, un regidor y dos s�ndicos de mayor�a relativa y hasta catorce regidores de representaci�n proporcional; ...?. ?Art�culo 75. El s�ndico tendr� las siguientes facultades y obligaciones: ... II. La representaci�n jur�dica del Ayuntamiento en los asuntos en que �ste sea parte, y en la gesti�n de los negocios de la hacienda municipal; ...?. De los art�culos transcritos se desprende que la L.O.�nica Municipal no hace distinciones respecto de si el s�ndico primero o segundo del Ayuntamiento de S.L.P.�, en forma conjunta o individualmente, gozan de la representaci�n del Municipio actor, consecuentemente, es de afirmarse que dichos servidores p�blicos se encuentran legitimados para representar indistintamente al Municipio promovente en el presente juicio, en virtud de que han acreditado su personalidad y cuentan con la legitimaci�n procesal activa para promover controversias constitucionales, en t�rminos de lo dispuesto por el precepto 11, primer p�rrafo, de la ley reglamentaria del art�culo 105.
"III. Sobre la oportunidad de la demanda. La demanda que dio inicio a la controversia constitucional que nos ocupa fue presentada el 12 de febrero de 2003 ante esa Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en ella se solicit� la invalidez del Decreto 404 publicado en el P.�dico Oficial de S.L.P.� de 17 de diciembre de 2002, en virtud del cual se cre� el Municipio de V. de P., de la misma entidad. El precepto 21, fracci�n I, de la ley reglamentaria del art�culo 105, se�ala que el plazo para interponer la demanda de controversia constitucional en contra de actos es de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente al en que: *Conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificaci�n de la resoluci�n o acuerdo que se reclame; *Se haya tenido conocimiento del acto o de su ejecuci�n, o *El actor se ostente sabedor del acto. En el caso concreto se actualiza la tercera hip�tesis de la fracci�n I del numeral 21 de la ley reglamentaria del art�culo 105, toda vez que de la lectura integral del escrito inicial de demanda se advierte que el actor se ostent� sabedor del acto impugnado el 17 de diciembre de 2002, fecha en que se public� en el P.�dico Oficial de la entidad el Decreto 404; en consecuencia el plazo para interponer la demanda empez� a correr el 2 de enero de 2003 y feneci� el 13 de febrero del mismo a�o.D. c�mputo antes referido se deben descontar los d�as del 18 al 31 de diciembre de 2002 por corresponder al segundo periodo vacacional de ese Supremo Tribunal; 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 del mes de enero y 1, 2, 8 y 9 de febrero de 2003, por ser s�bados y domingos, as� como el 1o. de enero y 5 de febrero del a�o en curso por ser inh�biles, lo anterior seg�n lo establecen los numerales 2o. y 3o. de la ley reglamentaria del art�culo 105, en relaci�n con el 3o., 159 y 163 de la L.O.�nica del Poder Judicial de la Federaci�n. En ese orden, si la demanda se present� el 12 de febrero de 2003 y el plazo para promover la controversia constitucional feneci� el 13 de febrero del mismo a�o, se concluye que la misma fue interpuesta oportunamente."
"IV. Sobre las causales de improcedencia. a) Sobre normas generales o actos en materia electoral. El gobernador y el secretario general de Gobierno de S.L.P.�, promovieron la causal de improcedencia se�alada en la fracci�n II del art�culo 19 de la ley reglamentaria del art�culo 105, relativa a que las controversias constitucionales son improcedentes contra normas generales o actos en materia electoral, en virtud de que el actor se�al� como norma gen�rica combatida: ?La contenida en el Decreto 404 que se diera a conocer a trav�s del P.�dico Oficial del Estado correspondiente al 17 de diciembre de 2002, por el que ilegal e inconstitucionalmente se crea el Municipio de V. de P., S.L.P.�.?. Asimismo, la actora en el s�ptimo concepto de invalidez que hizo valer refiri� que el decreto impugnado se trata de una norma general electoral y, por tanto, debe ser declarada inv�lida; que de estimarse que el Decreto 404 sea una norma de car�cter electoral, la acci�n de controversia constitucional intentada es improcedente y en t�rminos de la fracci�n II del art�culo 20 de la ley de la materia se deber� decretar el sobreseimiento. Opini�n del procurador. Del texto mismo del decreto que se combate se desprende que su contenido no es de naturaleza electoral porque a trav�s de �l �nicamente se crea un nuevo Municipio en el Estado de S.L.P.�, es un acto administrativo que si bien modifica la geograf�a pol�tica de la referida entidad, tambi�n lo es que ello no implica que su contenido sea de car�cter electoral porque, en todo caso, ser�an de naturaleza electoral los actos a que se refiere el art�culo segundo transitorio de dicho decreto que a la letra dice: ?... De conformidad con lo establecido en la Ley Electoral del Estado, el Consejo Estatal Electoral proveer� lo conducente a efecto de que se lleve a cabo la elecci�n del Ayuntamiento del Municipio de V. de P., S.L.P., que deber� entrar en funciones a partir del 1 de enero de 2004.?. En efecto, los actos que en su momento llegaren a materializarse como consecuencia del cumplimiento de lo dispuesto por el numeral transitorio indicado ser�n de car�cter electoral, pero no as� la creaci�n del Municipio, pues esto es una cuesti�n eminentemente pol�tica que si bien tiene implicaciones electorales son como consecuencia de su creaci�n, por tanto, la creaci�n de una nueva municipalidad en el Estado en s� misma no es de naturaleza electoral. Atento a lo anterior resulta infundada la causal de improcedencia en virtud de que el acto que se impugna en esta v�a no es de car�cter electoral. b) Sobre el no agotamiento de la v�a legalmente prevista para la soluci�n del problema planteado. El presidente de la D.�n Permanente en representaci�n del Congreso del Estado de S.L.P.� se�al� que la v�a intentada por el demandante resulta improcedente ya que las acciones de controversia constitucional, por su propia naturaleza, s�lo pueden tener por materia violaciones a la Constituci�n Federal, seg�n lo dispone la fracci�n VI del numeral 19 de la ley reglamentaria del art�culo 105. Que ese Alto Tribunal ha establecido que su competencia se limita a conocer de las controversias en el que se impugne la violaci�n de un precepto de la ley fundamental y, en el caso espec�fico, el Municipio actor impugn� el decreto por el que se cre� el Municipiode V. de P., sin que esto signifique que se impugne por violaciones a las leyes federales; lo anterior toda vez que en ning�n precepto de la Constituci�n Federal se establece ordenamiento alguno que disponga como facultad de los Congresos Estatales la creaci�n, fusi�n o supresi�n de M., por lo que la expedici�n del Decreto 404 no resulta contraria a lo se�alado en la Carta Magna. Opini�n del procurador. Resulta infundada la causal de improcedencia que se analiza en virtud de los siguientes razonamientos. No procede la aplicaci�n de la fracci�n VI del numeral 19 de la ley reglamentaria del art�culo 105 que invoca la demandada porque se refiere al principio de definitividad que nada tiene que ver con los razonamientos que emplea, pues �stos se refieren a que no se puede, en materia de controversias constitucionales, alegar violaciones m�s que de car�cter constitucional, lo cual ha sido superado por ese Supremo Tribunal mediante la siguiente tesis jurisprudencial: ?Novena �poca, Instancia Pleno, Fuente Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo X, septiembre de 1999, tesis P./J. 98/99, p�gina 703. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCI�N FEDERAL.? (se transcribe)."
VI. Sobre los conceptos de invalidez ...
A. Sobre la violaci�n a los art�culos 14, 16 y 105 de la Constituci�n Federal ...
"Opini�n del procurador. Antes de emitir la opini�n que me compete estimo conveniente transcribir la parte conducente de los art�culos de la Constituci�n General de la Rep�blica que la actora aduce vulnerados: ?Art�culo 14.? (se transcribe). ?Art�culo 16.? (se transcribe). ?Art�culo 105.? (se transcribe). Ahora bien, la actora combate conjuntamente el dictamen emitido por las comisiones unidas y el decreto expedido por el Congreso Estatal, en este sentido, si bien es cierto que el dictamen no puede ser combatido por s� mismo, porque jur�dicamente no vincula al �rgano colegiado que conozca de �l, ni mucho menos condiciona el sentido de la discusi�n y votaci�n que realicen los miembros de la legislatura donde se delibere sobre el respectivo dictamen, dado que los diputados v�lidamente pueden resolver en sentido negativo a la proposici�n mediante una resoluci�n adversa, pues es en esos momentos cuando se ejerce propiamente la facultad del Congreso con independencia del �rgano pol�tico que hubiese presentado el dictamen que dio origen al proceso, lo cierto es que en el caso concreto tendr� que ser analizado por qu� fue aprobado por la legislatura y en �l se apoy� para emitir el decreto que ahora se impugna. Cabe se�alar que el dictamen impugnado constituye la fundamentaci�n y motivaci�n que sustenta el decreto cuya invalidez se solicita. Por otra parte, la actora argument� que el Congreso L. al emitir el decreto combatido se fundament� en los art�culos de la Constituci�n Estatal vigentes en el a�o de 1995, cuando se le solicit� la creaci�n del Municipio de V. de P., as� como en la L.O.�nica del Municipio Libre que dej� de tener vigencia en el a�o de 1997. Al respecto, los art�culos de la Constituci�n del Estado de S.L.P.�, vigentes a la presentaci�n de la solicitud de la creaci�n del nuevo Municipio y los numerales reformados con posterioridad a dicho evento contemplan lo siguiente: (hace transcripci�n comparativa). Cabe precisar que el Constituyente L. en las reformas a la Constituci�n Estatal de 20 de noviembre de 1996, adicion� al art�culo 57 la fracci�n XXVI, en donde se establece el requisito de consultar a la ciudadan�a de los M. interesados a trav�s de la figura del plebiscito cuando se pretendiera erigir nuevos M. en el Estado de S.L.P.�, lo cual constituye una modificaci�n sustancial al procedimiento de creaci�n de municipalidades en la entidad, consecuentemente, el Congreso de la entidad al aprobar el dictamen de comisiones debi� tomar en cuenta el requisito aludido, hip�tesis que en la especie no se cumpli�, toda vez que de las constancias que obran en el expediente principal no se advierte que el referido �rgano colegiado haya dado cabal cumplimiento al requisito estatuido en el numeral en comento. En efecto, si bien cuando le fue efectuada la solicitud al Congreso Estatal para la creaci�n del nuevo Municipio de V. de P., S.L.P.�, esa solicitud se ajust� plenamente a lo preceptuado por los numerales 34, fracci�n X y 84, fracci�n I, de la Constituci�n L. vigente en 1995, tambi�n lo es que al llevarse a cabo el 20 de noviembre de 1996 una reforma a la Norma Suprema de la entidad, y por tratarse de modificaciones a principios jur�dicos fundamentales en dicha Constituci�n L. relativos a la creaci�n de nuevos M., la legislatura debi� haber observado los recientes requisitos contemplados en los art�culos 57, fracci�n XXVI y 119, los cuales actualmente se encuentran en vigor, esto en raz�n de que la aprobaci�n del nuevo Municipio se materializ� hasta diciembre de 2002. Ahora bien, en la reforma a la Constituci�n de 20 de noviembre de 1996 se establece que en cumplimiento al art�culo 119 de la Ley Suprema del Estado la Legislatura L. debi� dar cumplimiento a los requisitos previstos en la L.O.�nica del Municipio Libre de S.L.P.� vigente a la fecha de dicha reforma para la creaci�n del Municipio de V. de P.. Esto es, debieron observarse los requisitos previstos en los art�culos 8o. y 9o. de la L.O.�nica del Municipio Libre de la entidad, vigente del 3 de febrero de 1984 al 30 de abril de 1997, seg�n suplemento del P.�dico Oficial del Estado y el art�culo segundo transitorio por el cual se abroga la L.O.�nica del Municipio Libre del Estado de S.L.P.�, publicado en el P.�dico Oficial el 30 de abril de 1997, respectivamente. Los requisitos previstos por los citados numerales para la creaci�n de nuevos M. establecen: ?Art�culo 8o.? (se transcribe). ?Art�culo 9o.? (se transcribe). De lo expuesto y de constancias que obran en el expediente principal, se advierte que el Congreso L. al aprobar el dictamen para la creaci�n del Municipio de V. de P., conforme a la normatividad aplicable, como ya se se�al�, omiti� dar cumplimiento al art�culo 8o. de la L.O.�nica del Municipio Libre del Estado de esa misma �poca, que establec�a como requisito para la creaci�n de M. el voto de las dos terceras partes de los diputados y la aprobaci�n del mismo n�mero de los Ayuntamientos integrantes de la entidad. Al respecto, la lista para votaci�n nominal de la Quincuag�sima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de 14 de diciembre de 2002, en la que aparece el registro de la votaci�n que emitieron los diputados que integran el �rgano legislativo local para la creaci�n del nuevo Municipio denominado V. de P., S.L.P.�, de conformidad con el art�culo 42 de la Constituci�n L., el Congreso estadual actualmente se compone con 27 legisladores. Atento a lo anterior cabe se�alar que de las constancias agregadas en autos del expediente principal se desprende que por lo que respecta al primero de los requisitos relativos a la votaci�n de las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso del Estado, �ste no se cumpli�, ya que si las dos terceras partes de la legislatura se conforman por 18 diputados de un total de 27 y si 16 votaron a favor del dictamen presentado por las C.ones Unidas y 9 en contra, resulta evidente que no se obtuvo la mayor�a calificada, por lo que se vulnera el principio de debido proceso consagrado en el precepto 14 de la Carta Magna, en virtud de que no se obtuvo el voto requerido. Por lo que respecta al segundo de los requisitos contemplados en el art�culo 8o. de la multicitada ley org�nica, consistente en la aprobaci�n de las dos terceras partes de los Ayuntamientos integrantes del Estado, con respecto a la creaci�n de un nuevo Municipio, �ste no se cumpli�, toda vez que de las constancias agregadas al expediente principal no se advierte que en el procedimiento llevado a cabo por el Congreso L. con motivo de la creaci�n del nuevo Municipio de V. de P., haya requerido a los 58 M. integrantes del Estado de S.L.P.�, para el efecto de que emitieran su voto respecto a su creaci�n, ya que �nicamente el �rgano colegiado solicit� la opini�n de los presidentes municipales de S.L.P.�, Cerro de S.P.S. de Graciano S�nchez, V. de R., V. de Zaragoza y A. de los Infante, vulner�ndose as� de igual manera el principio de debido proceso consagrado en el precepto 14 de la Norma Suprema. De lo anterior, considerando que el Congreso del Estado omiti� observar los requisitos de formalidad estatuidos en el art�culo 8o. de la L.O.�nica del Municipio Libre del Estado de S.L.P.�, resulta evidente que para la especie se vulner� el principio de debido proceso consagrado en el art�culo 14 de nuestro M�ximo Ordenamiento Jur�dico-Pol�tico. Por otra parte, en lo que respecta al cumplimiento de los requisitos se�alados en el numeral 9o., �stos fueron satisfechos, seg�n las constancias valoradas por las distintas comisiones que intervinieron en las diversas etapas del procedimiento de creaci�n del Municipio de V. de P.. Por todo lo expuesto, el Congreso Estatal al aprobar el dictamen por el cual se propone la creaci�n del Municipio de V. de P., S.L.P.�, con fundamento en la normatividad derogada y no aplicar la vigente, incurri� en una indebida aplicaci�n de la ley, violando el precepto 14 constitucional, por lo que respecta a la inobservancia de las formalidades esenciales del procedimiento, ya que no dio cumplimiento a lo establecido en el art�culo 57, fracci�n XXVI, de la Constituci�n L., al no consultar a la ciudadan�a de los M. interesados a trav�s de la figura del plebiscito, requisito sine qua non que se establece dentro del procedimiento para la constituci�n de nuevos M.. Por otra parte, respecto al argumento del promovente en el sentido de que el decreto impugnado se emiti� en contravenci�n a lo previsto por el art�culo 16 constitucional, ya que carece de fundamentaci�n y motivaci�n, sobre el particular cabe hacer los siguientes se�alamientos: Conforme el criterio emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis 146, S�ptima �poca, Ap�ndice de 1995, Tomo I, p�gina 149, bajo el rubro: ?FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.?, el Congreso del Estado si bien es cierto actu� en uso de sus facultades competenciales para la aprobaci�n de la creaci�n del Municipio de V. de P., regul� circunstancias sociales que ameritaban ser reglamentadas, las mismas fueron llevadas a cabo bajo el amparo de normas constitucionales derogadas, lo que se traduce que el �rgano legislativo haya incurrido en una indebida fundamentaci�n de los dispositivos legales adecuados y, por consecuencia, en una indebida motivaci�n, toda vez que, como ya se expuso con anterioridad, no se dio cumplimiento a la adici�n de la reforma constitucional consistente en consultar a la ciudadan�a de los M. interesados a trav�s de plebiscito. Por tanto, resulta parcialmente fundado el argumento de la actora. Por �ltimo, con relaci�n a lo esgrimido por el promovente en el sentido de que con la emisi�n del Decreto 404 combatido se vulner� el art�culo 105, fracci�n II, pen�ltimo p�rrafo, de la Constituci�n Federal, en virtud de que el Congreso decidi� crear un Municipio en pleno desarrollo de un proceso electoral en la entidad, cabe se�alar que en virtud de que, como ya se dijo, en la causal de improcedencia hecha valer por el Congreso L. el acto combatido no goza de naturaleza electoral, en obvio de repeticiones innecesarias, solicito a ese Supremo Tribunal tenga por reproducidos los argumentos vertidos por el suscrito en la correspondiente causal de improcedencia. Adicionalmente es de hacer notar que con respecto al art�culo segundo transitorio del decreto cuya invalidez se solicita, si bien, como ya se precis�, contiene actos relacionados con la materia electoral, �ste resulta inatendible por inoperante, toda vez que este tipo de medios de control constitucional, de conformidad con el art�culo 19, fracci�n II de la ley reglamentaria del art�culo 105, resulta improcedente contra normas generales o actos en materia electoral."
B. Sobre la violaci�n del art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos ...
"Opini�n del procurador. Antes de emitir la opini�n que me compete estimo conveniente transcribir la parte conducente del art�culo de la Constituci�n General de la Rep�blica que la actora aduce vulnerado: ?Art�culo 115.? (se transcribe). Por otra parte, con respecto al argumento de la actora en el sentido de que el decreto cuya invalidez se solicita, al afectar su territorio, poblaci�n y gobierno, viola el principio de libertad y autonom�a establecido en el art�culo 115 de la N.F., cabe se�alar lo siguiente: El art�culo 115 de la Constituci�n General de la Rep�blica prev� la libertad pol�tica del Municipio, as� como su autonom�a administrativa y econ�mica. La autonom�a pol�tica municipal se encuentra estrechamente vinculada con el fortalecimiento de la participaci�n ciudadana de los habitantes de los M., al ser ellos quienes eligen a sus autoridades a trav�s de un proceso electoral municipal. As�, cada Municipio es administrado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa, sin que medie autoridad alguna entre �ste y el Estado. Cabe se�alar que la autonom�a en cuesti�n adquiere mayor relevancia y se garantiza su prevalencia al establecerse un procedimiento al que deben sujetarle (sic) las Legislaturas Estatales para suspender los Ayuntamientos, declarar su desaparici�n y suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros. En cuanto a la autonom�a financiera es de hacer notar que no se puede concebir la libertad pol�tica cuando la primera de las citadas no est� asegurada, esto es, sin la autonom�a econ�mica es inalcanzable la autonom�a pol�tica necesaria para impulsar el desarrollo del sistema federal, por ello en el art�culo 115 constitucional se especificaron los ingresos propios municipales y se reforz� el principio de la libre administraci�n hacendaria, de tal manera que sin recursos financieros no se puede llevar a cabo correctamente la prestaci�n de los servicios p�blicos, la administraci�n de la zonificaci�n, planes de desarrollo urbano, ni la administraci�n de las reservas naturales de los M.. Por su parte en relaci�n con la autonom�a administrativa cabe se�alar que con �sta se pretendi� consolidar a trav�s de la facultad reglamentaria municipal; la especificaci�n de los servicios p�blicos que debe prestar el Municipio y la posibilidad de asociaci�n para su prestaci�n; el desarrollo urban�stico y la protecci�n ecol�gica municipal, y la protecci�n de las relaciones laborales entre el Municipio y sus trabajadores. Precisado lo anterior, paso al an�lisis de lo argumentado por la actora a efecto de determinar si en el caso en particular se actualiza la violaci�n al art�culo 115 de la Constituci�n Federal. La actora aduce que el decreto impugnado al ordenar la creaci�n de un nuevo Municipio afecta el territorio, poblaci�n y gobierno del Municipio de S.L.P.�, S.L.P.�, al respecto cabe se�alar que en virtud de que el Congreso L. al llevar a cabo el proceso de creaci�n del Municipio de V. de P. no observ� las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, omiti� aplicar los preceptos constitucionales y legales que regulan la conformaci�n de M. en la entidad y al crear uno nuevo bajo estas circunstancias limit� y restringi� la autonom�a del Municipio actor, toda vez que afect� el territorio, poblaci�n y gobierno del Estado en cierta y, por ende, menoscab� la libre administraci�n hacendaria municipal. Atento a lo anterior, resulta fundada la violaci�n al art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos."
C. Sobre la violaci�n a los art�culos 40, 116, 117, 118 y 133 de la Constituci�n Federal.
"La actora �nicamente anunci� la violaci�n de los referidos preceptos constitucionales sin verter razonamiento alguno tendente a demostrar su vulneraci�n, no obstante, de conformidad con los preceptos 39 y 40 de la ley reglamentaria del art�culo 105, el suscrito opina lo siguiente: En el caso particular, se transgreden los aludidos art�culos 116 y 133 en virtud de que el Congreso estadual no ajust� su actuar conforme a la Constituci�n L., toda vez que aun cuando le otorga plenas facultades para erigir nuevos M. en el Estado, para la creaci�n del Municipio de V. de P., aplic� disposiciones de la Constituci�n derogadas y la L.O.�nica del Municipio Libre del Estado de S.L.P.�, abrogada, por tanto, resulta incuestionable que el acto cuya invalidez se solicita va m�s all� de nuestro M�ximo Ordenamiento jur�dico-pol�tico, puesto que altera el orden constitucional que se encuentra inmerso en el precepto 133 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. En relaci�n con la pretendida violaci�n del art�culo 40 de la Constituci�n General de la Rep�blica, �sta resulta infundada en virtud de que con los actos impugnados no se alter� el r�gimen federal estatuido en dicho precepto constitucional. Por �ltimo, resulta inatendible la pretendida violaci�n de los art�culos 117 y 118 de la Constituci�n Federal, toda vez que del an�lisis concatenado de la demanda y dichos preceptos se infiere que �stos no guardan relaci�n con la litis planteada. En raz�n de lo anterior resulta parcialmente fundado el concepto de invalidez que nos ocupa con respecto de la vulneraci�n a los numerales 116 y 133 constitucionales. Por los razonamientos vertidos en el presente ocurso, al resultar fundada la violaci�n a los art�culos 14, 16, 115, 116 y 133 de la Constituci�n General de la Rep�blica, procede que esa Suprema Corte de Justicia de la Naci�n declare la invalidez del decreto combatido." (fojas 161 a 189 de la controversia constitucional 15/2003).
D�CIMO. Mediante escrito de fecha doce de agosto del a�o dos mil tres, presentado el trece siguiente ante la Oficina de Certificaci�n y Correspondencia de este Alto Tribunal, �ngel P.P., ostent�ndose como delegado del Municipio actor, solicit� la suspensi�n del acto de cuya invalidez se trata (fojas 205 a 207 de la controversia constitucional 15/2003).
Por auto de fecha trece de agosto del a�o dos mil tres, el Ministro instructor orden� que se formara por separado el cuaderno incidental respectivo (foja 275 de la controversia constitucional 15/2003).
En auto de la misma fecha, emitido en el cuaderno relativo al incidente de suspensi�n de la controversia constitucional, el Ministro instructor concedi� la suspensi�n solicitada, sin otorgamiento de garant�a alguna, en los t�rminos que a continuaci�n se transcriben en la parte conducente:
"... para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, para que no se ejecute ninguna de las disposiciones que se contienen en el decreto impugnado, hasta en tanto se resuelva el fondo de la presente controversia constitucional, toda vez que conforme a lo dispuesto por el art�culo 15 de la ley reglamentaria de la materia, con la concesi�n de la medida cautelar no se pone en peligro la seguridad o econom�a nacionales, ni las instituciones fundamentales del orden jur�dico mexicano, pues �nicamente se paralizan los efectos y consecuencias del acto atribuido a la autoridad demandada, as� como tampoco se causa un da�o mayor a la sociedad con relaci�n al beneficio que pudiera obtener el solicitante de la medida sino, por el contrario, se brinda seguridad jur�dica a los habitantes del territorio respecto del cual se emiti� el decreto impugnado. Adem�s,debe precisarse que de no concederse la medida suspensional, eventualmente se dejar�a sin materia la presente controversia constitucional. Igualmente, cabe resaltar que con la concesi�n de la suspensi�n no se prejuzga sobre el fondo del asunto que ser� materia del an�lisis de la sentencia que en su momento dicte este Alto Tribunal ..." (fojas 223 a 224 del incidente de suspensi�n de la controversia constitucional n�mero 15/2003).
D�CIMO PRIMERO. El d�a treinta y uno de marzo del a�o dos mil cuatro se verific� la audiencia prevista en los art�culos 29 y 34 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 Constitucional, en la que se hizo relaci�n de los autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas y por presentados los alegatos, y agotado el tr�mite respectivo se puso el asunto en estado de resoluci�n (fojas 577 y 578 de la controversia constitucional 15/2003).
CONSIDERANDO:
PRIMERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer y resolver la controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 105, fracci�n I, inciso i), de la Constituci�n General de la Rep�blica; 10, fracci�n I, de la L.O.�nica del Poder Judicial de la Federaci�n y punto tercero, fracci�n I, del Acuerdo General N�mero 5/2001, en virtud de que se plantea un conflicto entre un Estado y uno de sus M., ya que el Municipio de S.L.P.� demanda del Congreso, gobernador constitucional y secretario general de Gobierno, todos de la entidad federativa mencionada, la invalidez del Decreto N�mero Cuatrocientos Cuatro, publicado en el P.�dico Oficial del Gobierno del Estado de S.L.P.�, edici�n extraordinaria, correspondiente al d�a martes diecisiete de diciembre del a�o dos mil dos, que crea al Municipio de V. de P..
SEGUNDO. Por tratarse de una cuesti�n de oficio y orden p�blico, se analizar�, en principio, si la demanda se promovi� oportunamente.
Al respecto, debe decirse que en esta controversia constitucional se demanda la invalidez del Decreto N�mero Cuatrocientos Cuatro, publicado en el P.�dico Oficial del Estado de S.L.P.�, el d�a diecisiete de diciembre del a�o dos mil dos, en cuya virtud se cre� el Municipio de V. de P., expedido por el Congreso de la entidad federativa mencionada, cuya promulgaci�n y publicaci�n dispuso el gobernador constitucional y refrend� el secretario general de Gobierno de ese Estado.
El art�culo 21, fracciones I y II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se�alan:
"Art�culo 21. El plazo para la interposici�n de la demanda ser�:
"I.T.�ndose de actos, de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificaci�n de la resoluci�n o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecuci�n; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;
"II.T.�ndose de normas generales, de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente a la fecha de su publicaci�n, o del d�a siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicaci�n de la norma que d� lugar a la controversia, y ..."
Conforme al precepto legal acabado de reproducir, el plazo para la presentaci�n de la demanda de controversia constitucional ser� de treinta d�as, el cual se computar� en alguna de las siguientes formas:
a) Trat�ndose de actos, a partir del d�a siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificaci�n de la resoluci�n o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos; de su ejecuci�n; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;
b) Trat�ndose de normas generales, a partir del d�a siguiente de su publicaci�n o de su primer acto de aplicaci�n.
Acerca de la diferencia entre actos (normas jur�dicas individualizadas) y normas generales es conveniente apuntar lo siguiente.
De acuerdo con lo que sobre el particular ha sostenido la doctrina, son generales las normas que crean, modifican o extinguen una situaci�n jur�dica general, en cuanto obligan o facultan a todos los comprendidos dentro de la clase designada por la disposici�n normativa. En cambio, son individualizadas las normas que crean, modifican o extinguen una situaci�n jur�dica referida a uno o varios miembros de la misma clase, individualmente determinados. Esto es, mientras las normas individuales est�n dirigidas a uno o varios sujetos perfectamente determinados, las normas generales no tienen un destinatario concreto, sino que lo que condiciona su aplicaci�n a un sujeto es la posesi�n por dicho sujeto, de un atributo que de acuerdo con la misma norma, le hace destinatario de ella.
Adem�s, en tanto que las normas individuales son emitidas para regular y, por ende, definir una situaci�n concreta y espec�fica, las normas generales son dictadas con la finalidad de regular una cantidad indeterminada e indeterminable de situaciones.
Aunado a lo anterior, la aplicaci�n de las normas jur�dicas individualizadas se agota en un solo acto, esto es, son v�lidas para un caso particular y pueden ser obedecidas y aplicadas solamente una vez, en tanto que las normas jur�dicas generales se dictan con objeto de regular una cantidad indefinida de situaciones y su aplicaci�n no se agota en un solo acto.
As�, no resulta trascendente para determinar la generalidad o individualidad de una norma el hecho de que su aplicaci�n afecte a una o m�s personas, sino que dichas personas est�n espec�ficamente determinadas por ella o no.
Esto quiere decir, por ejemplo, que la sentencia de un tribunal internacional que define los l�mites territoriales de dos pa�ses, pese a trascender y afectar a todos los sujetos pertenecientes a dichos Estados y determinar, entre otras cosas, el �mbito espacial de validez de las normas jur�dicas generales de ambos pa�ses, es una norma jur�dica individualizada porque est� dirigida a dos entes perfectamente determinados (los pa�ses en contenci�n) y es v�lida s�lo para definir el caso concreto que se someti� a la decisi�n del tribunal.
Estos conceptos fueron aceptados por el Tribunal Pleno al resolver el once de mayo del a�o dos mil cuatro, el recurso de reclamaci�n n�mero 355/2003-PL, derivado de la acci�n de inconstitucionalidad 25/2003, bajo la ponencia del se�or M.G.I.O.M..
Pues bien, conforme a lo anterior debe decirse que el decreto pretendido de invalidez es una norma individualizada, tanto desde el punto de vista formal, como desde el punto de vista material, si se atiende a su contenido; por tanto se trata de un acto en estricto sentido que, como tal, encuadra en la hip�tesis de la fracci�n I del precepto reproducido con antelaci�n.
En efecto, desde el punto de vista gramatical, la palabra decreto tiene, entre otras acepciones, las dos siguientes:
En su significado amplio, se conceptualiza como resoluci�n, determinaci�n o decisi�n; proviene del verbo latino descernere que significa decidir o fallar. Bajo esta noci�n, dentro del concepto de decreto podr�a incluirse a la ley y a la sentencia, pues ambas entra�an una resoluci�n, orden o decisi�n.
En su acepci�n estricta, el decreto es un acto que implica una resoluci�n, orden o decisi�n para un caso concreto, particular o personal, lo cual excluye a los atributos materiales de generalidad, abstracci�n e impersonalidad de la ley.
As�, el decreto que crea al Municipio de V. de P. es un acto en sentido estricto o norma jur�dica individualizada porque, en primer lugar, tiene un destinatario perfectamente determinado, a saber: la nueva entidad pol�tica que crea y que se integra a la geograf�a estatal.
Por ende, se aplica a un caso concreto y se refiere a una situaci�n particular: la creaci�n, en espec�fico, del Municipio de V. de P..
Tambi�n se agota con la entidad que genera, pues satisface su finalidad esencial que consiste, precisamente, en la creaci�n del nuevo Municipio, tomando en cuenta que una vez constituido no volver� a aplicarse, ya que no podr�a existir caso alguno que se colocara en el mismo supuesto, esto es, no ser�a factible aplicar ulteriormente el mismo decreto para volver a crear la entidad que ya ha nacido a la vida jur�dica, ni ello ser�a necesario m�s de una sola vez; de aqu� que ese acto jur�dico s�lo crea una situaci�n jur�dica concreta, �nica e irrepetible.
Luego, a trav�s del decreto impugnado, se concreta o individualiza la creaci�n del nuevo Municipio de V. de P..
De resultar legal la creaci�n de esta nueva entidad pol�tica que se integra a la geograf�a estatal -lo que ser� ponderado en esta controversia constitucional-, ese acto particular producir� efectos, pues de validarse el acto impugnado, la vida jur�dica y pol�tica de la municipalidad que se integrar� a la geograf�a estatal, as� como sus relaciones con las dem�s esferas de gobierno y con los ciudadanos mismos y todos los actos que emita, se regir�n, al igual que en el caso de los M. ya constituidos, por todas las normas jur�dicas preexistentes, las cuales se encargar�n de recibirlo, materializando as� sus relaciones generales y universales derivadas de las consecuencias de su nacimiento como entidad pol�tica.
En este sentido, puede afirmarse que el decreto impugnado que crea al Municipio de V. de P., es un acto condici�n, ya que en virtud de �ste la nueva entidad se ubica en una situaci�n prevista y preexistente en la Constituci�n Federal, en la Constituci�n L. y en las leyes aplicables, que se apoderar�n de su situaci�n, rigi�ndola, con motivo de su creaci�n, pero dicha situaci�n jur�dica preexiste y perdura con independencia del acto condici�n que fue su g�nesis.
El acto de creaci�n de un Municipio dentro de un Estado es muy parecido a los actos en que la Federaci�n admite nuevos Estados, o forma un nuevo Estado dentro de los existentes, a que se refieren las fracciones I y III del art�culo 73 constitucional. D.G.F., al estudiar la naturaleza jur�dica de tales actos, ense�a lo siguiente (en el entendido que tambi�n incluye la fracci�n II ahora derogada):
"Con referencia a las disposiciones constitucionales relativas al Poder Legislativo, tomaremos, en primer t�rmino, las contenidas en el art�culo 73 que se�ala las facultades del Congreso, facultades que, de acuerdo con los principios que hemos establecido, constituyen todas funciones formalmente legislativas. En cuanto a su car�cter material, lo iremos se�alando al estudiar cada una de las fracciones de aquel precepto, seg�n el cual, el Congreso tiene facultad:
"I. Para admitir nuevos Estados o territorios a la Uni�n Federal.
"El acto que en uso de esa facultad se realiza, es la condici�n para que se aplique un r�gimen jur�dico general, un status que existe de antemano y que est� constituido por el sistema que la Constituci�n ha adoptado respecto de los Estados y territorios (t�tulo V y art. 73, frac. VI), a un caso concreto, el del nuevo Estado o territorio que se admite a la Federaci�n. Por tanto, se trata de un acto que determina una situaci�n jur�dica para un caso individual y consecuentemente debe reputarse como materialmente administrativo. Adem�s, y en vista de que el acto afecta a la integraci�n del Estado mexicano, hay que considerarlo, como un acto que, al mismo tiempo que administrativo, reviste por sus consecuencias el car�cter de acto pol�tico.
"II. Para erigir los territorios en Estado cuando tengan una poblaci�n de ochenta mil habitantes y los elementos necesarios para proveer a su existencia pol�tica.
"Esta facultad reviste la misma naturaleza que la anterior, pues con su ejercicio tambi�n se determina una situaci�n jur�dica para un caso individual, y las consecuencias de orden pr�ctico que se producen, interesan a la integraci�n del Estado Federal.
"En efecto, el r�gimen preestablecido para los Estados, entidades de la Federaci�n, es el que se hace aplicable por el acto de erecci�n al que antes era territorio al mismo tiempo que por raz�n del mismo deja de aplic�rsele el estatuto que la Constituci�n establece para los territorios.
"III. Para formar nuevos Estados dentro de los l�mites de los existentes ...
"Volvemos a encontrar un acto de la misma naturaleza de los dos anteriores, pues para el caso individual representado por los elementos que van a segregarse de los Estados existentes, se van aplicar por el acto previsto en esta fracci�n las normas que la Constituci�n ha establecido respecto a las entidades federativas.
"Se podr�a argumentar en este caso, del mismo modo que en los dos anteriores, que en realidad se est� creando una situaci�n jur�dica general, puesto que el nuevo organismo que se admite, se erija o se forme, va a tener facultades y obligaciones de car�cter abstracto, y que el estatuto de los miembros de la poblaci�n de esas nuevas entidades, se va a modificar tambi�n en una forma impersonal; que, por lo tanto, se encuentran en el acto los elementos de una ley.
"Que tales consecuencias se produzcan, es exacto; pero ello no significa que sean producidas directamente por el acto de admisi�n, erecci�n o formaci�n. Su origen est� en que, por virtud de estos actos se condiciona la aplicaci�n de las normas constitucionales que s� producen esos efectos. Cuando un Estado se incorpora a la Federaci�n, o cuando un territorio se transforma en Estado, o un Estado surge con elementos de los ya existentes, el acto por virtud del cual se hace la incorporaci�n, transformaci�n o segregaci�n no enumera las facultades y obligaciones que el nuevo Estado tendr� ni las normas a que habr�n de sujetarse los vecinos de �l, puesto que no se trata de dejar un orden jur�dico nuevo sino que va a ser aplicado el r�gimen establecido de antemano en el cap�tulo denominado ?De los Estados de la Federaci�n? y en las dem�s disposiciones relativas.
"Tambi�n se podr�an objetar que cuando el Congreso usa de las facultades consignadas en las tres fracciones a que nos hemos estado refiriendo, en realidad est� modificando la ley constitucional en el cap�tulo ?De las partes integrantes de la Federaci�n y del territorio nacional.?
"Es indudable que en el caso hay una reforma a la Constituci�n; pero tambi�n es innegable que cualquiera que sea la naturaleza intr�nseca del acto, la reforma se lleva a cabo por una resoluci�n formalmente legislativa, como son todas las que se dictan en uso de las facultades que al Congreso otorga el art�culo 73 de la propia Constituci�n." (Derecho Administrativo, P.�a, 1971, p. 65 a 67).
Las razones del M.F. acabadas de transcribir, llevadas al acto creador de un Municipio, permiten concluir que no es una ley, sino un acto administrativo, espec�ficamente, un acto condici�n.
Efectivamente, en el Estado de S.L.P.�, con antelaci�n a la emisi�n del decreto controvertido, preexiste un r�gimen jur�dico aplicable a los M. que se integra, en principio, con las disposiciones relativas de la Constituci�n General de la Rep�blica, fundamentalmente el art�culo 115 que sienta las bases del Municipio Libre, mismo que se complementa con las ordenanzas legales de car�cter federal aplicables y con las disposiciones locales respectivas, de manera esencial, su Constituci�n Pol�tica y la L.O.�nica del Municipio Libre, ordenamientos todos que conforman el marco jur�dico dentro del que se desenvuelven las atribuciones de los M. de esa entidad federativa.
Es este marco jur�dico preexistente al decreto impugnado, el que precisamente permiti� la creaci�n del Municipio de V. de P.; con este acto concreto se ubica a la nueva entidad dentro de ese universo jur�dico y, por ende, en la situaci�n general en la que previamente ya se ven�an desempe�ando los dem�s M..
De esta manera se distinguen los efectos que el decreto, como acto concreto y particular, produce y agota con la creaci�n del nuevo Municipio que individualiza, y aquellos que derivan de la incorporaci�n de �ste a la geograf�a pol�tica del Estado de S.L.P.�, los que si bien ser�n de �ndole general, no son el resultado del acto espec�fico de la creaci�n de la nueva c�lula, sino de su integraci�n al r�gimen jur�dico y pol�tico que habr� de regularla.
Precisado as� que el decreto cuya invalidez se demanda es un acto en los t�rminos de la fracci�n I del art�culo 21 de la ley de la materia, debe decirse que �ste fue publicado en el P.�dico Oficial del Estado de S.L.P.� correspondiente al d�a martes diecisiete de diciembre del a�o dos mil dos; esta fecha debe reputarse como aquella en la que el Municipio actor tuvo conocimiento del decreto impugnado, para efectos de la oportunidad en la promoci�n de esta instancia constitucional, en virtud de que el art�culo 109 del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de S.L.P.� establece que los decretos surtir�n sus efectos despu�s de que sean publicados en el P.�dico Oficial, en los t�rminos siguientes:
"Art�culo 109. Las leyes, decretos, acuerdos administrativos o econ�micos y reglamentos, s�lo ser�n de cumplimiento obligatorio y surtir�n efectos legales despu�s de que sean publicados en el P.�dico Oficial del Estado Libre y Soberano de S.L.P.�."
Por tanto, el plazo de treinta d�as del que dispon�a el Municipio actor para promover esta controversia constitucional, debe computarse a partir del d�a siguiente al de la publicaci�n del decreto impugnado en el medio de difusi�n oficial ya precisado, lo que significa, en principio, que ese lapso comenzar�a a transcurrir a partir del d�a mi�rcoles dieciocho de diciembre del a�o dos mil dos; sin embargo, como en ese momento este Alto Tribunal se encontraba en receso con motivo del segundo periodo vacacional correspondiente al a�o indicado, el cual concluy� el d�a primero de enero del a�o dos mil tres, ese intervalo no puede computarse como tiempo efectivamente transcurrido para efectos de la promoci�n de la demanda de invalidez, en virtud de que el art�culo 3o., en sus fracciones II y III, de la ley de la materia, es categ�rico al establecer que para el c�mputo de los plazos s�lo se contar�n los d�as h�biles y no correr�n durante los periodos de receso ni tampoco en los d�as en que se suspendan las labores.
En esa virtud, el plazo para la promoci�n de la demanda debe computarse a partir del primer d�a h�bil siguiente al de la publicaci�n del decreto cuya invalidez se demanda, que lo fue el d�a jueves dos de enero del a�o dos mil tres, lo cual significa que el plazo de treinta d�as para el ejercicio de la acci�n transcurri� a partir de esta fecha y feneci� el d�a jueves trece de febrero siguiente, descont�ndose de este c�mputo los d�as cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintis�is de enero, primero, dos, ocho y nueve de febrero, por ser s�bados y domingos y por tanto no h�biles, de conformidad con los art�culos 2o. y 3o., este �ltimo en sus fracciones ya indicadas, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, as� como el d�a cinco de febrero por establecerlo como inh�bil el numeral 163 de la L.O.�nica del Poder Judicial de la Federaci�n.
La demanda que dio origen a esta controversia constitucional, se present� el d�a doce de febrero del a�o dos mil tres ante la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, como consta del sello asentado en el reverso de la �ltima hoja de ese libelo inicial (foja 47 vuelta de la controversia constitucional 15/2003) por lo que es oportuna, ya que se present� el pen�ltimo d�a del t�rmino, esto es, un d�a antes de que feneciera el plazo computado precedentemente.
TERCERO. En el siguiente orden, por tratarse tambi�n de una cuesti�n de estudio preferente, se analizar� la legitimaci�nprocesal activa de quienes promueven esta instancia constitucional.
Los art�culos 10, fracci�n I y 11, primer p�rrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, establecen:
"Art�culo 10. Tendr�n el car�cter de parte en las controversias constitucionales:
"I. Como actor, la entidad, poder u �rgano que promueva la controversia; ..."
"Art�culo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deber�n comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en t�rminos de las normas que los rigen, est�n facultados para representarlos. En todo caso, se presumir� que quien comparezca a juicio goza de la representaci�n legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. ..."
En la norma transcrita se prev�n dos medios para tener por reconocida la representaci�n de quienes promueven a nombre de las partes, bajo los siguientes lineamientos:
1. Representaci�n consignada en ley:
a) El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado, podr�n comparecer a juicio por conducto de sus funcionarios.
b) Dichos funcionarios deben tener facultades de representaci�n.
c) Estas facultades deben estar contenidas en la ley que rija su funcionamiento.
2. P.�n de la representaci�n:
a) Existe la presunci�n de que quien comparece a juicio goza de la representaci�n legal y cuenta con la capacidad para hacerlo; y,
b) Esta suposici�n opera salvo prueba en contrario, ante la falta de disposici�n expresa en la ley relativa.
Conforme a lo expuesto, debe analizarse, en principio, si la representaci�n de quien promueve a nombre de la entidad, poder u �rgano, se encuentra prevista en la ley y si no es as�, entonces de manera subsidiaria operar� la presunci�n de representaci�n y capacidad, salvo prueba en contrario.
Quienes promueven la demanda son J.E.P.�a C�rdenas y J.E.B.E., en sus calidades de s�ndicos del Municipio de S.L.P.�, personalidad que acreditan con la copia certificada por el notario p�blico N�mero V. en ese Estado, del P.�dico Oficial de la misma entidad federativa de fecha veintitr�s de septiembre del a�o dos mil, que contiene la lista del Consejo Estatal Electoral relativa a la integraci�n de los cincuenta y ocho Ayuntamientos para el periodo constitucional dos mil al dos mil tres, en la cual consta que J.E.P.�a C�rdenas es s�ndico propietario del Municipio de S.L.P.� y J.E.B.E., suplente del mismo cargo en relaci�n con el otro s�ndico propietario J.H.G.R., en la misma municipalidad, pero de la certificaci�n del secretario del Ayuntamiento de ese lugar de fecha diez de febrero del a�o dos mil tres se advierte que en el punto XII de la orden del d�a, de la sesi�n ordinaria de Cabildo del d�a dieciocho de diciembre del a�o dos mil dos, se tom� al citado J.E.B.E. la protesta de ley como segundo s�ndico municipal, lo cual significa que dej� de ser suplente para asumir el cargo como propietario.
La certificaci�n del secretario del Ayuntamiento tiene eficacia probatoria para acreditar el hecho acabado de relatar, en virtud de que el art�culo 77 de la L.O.�nica del Municipio Libre del Estado de S.L.P.�, publicada en el P.�dico Oficial de esa entidad federativa el d�a once de julio del dos mil, en vigor, establece que para el despacho de los asuntos y para auxiliar al presidente en sus funciones, cada Ayuntamiento tendr� un secretario, al que corresponde, entre otras funciones, expedir certificaciones y autentificar con su firma las actas y documentos emanados del Ayuntamiento, en t�rminos de las fracciones VII y VIII del art�culo 78 del ordenamiento legal en cita, las cuales establecen:
"Art�culo 78. Son facultades y obligaciones del secretario:
"...
"VII. Expedir cuando proceda, las copias, credenciales y dem�s certificaciones que acuerden el Ayuntamiento y el presidente municipal;
"VIII. Autentificar con su firma las actas y documentos emanados del Ayuntamiento y del presidente municipal. ..."
Ahora bien, el art�culo 75, fracci�n II, de la misma L.O.�nica del Municipio Libre del Estado de S.L.P.� ya referida, establece:
"Art�culo 75. El s�ndico tendr� las siguientes facultades y obligaciones:
"...
"II. La representaci�n jur�dica del Ayuntamiento en los asuntos en que �ste sea parte, y en la gesti�n de los negocios de la hacienda municipal."
Conforme a esta transcripci�n, corresponde al s�ndico la representaci�n jur�dica del Ayuntamiento en los asuntos en que sea parte.
Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 11, primer p�rrafo, de la ley reglamentaria de la materia, debe concluirse que los s�ndicos municipales que promueven esta instancia constitucional s� tienen legitimaci�n procesal para ejercitar la v�a de controversia constitucional, en representaci�n del Municipio de S.L.P.�.
CUARTO. Enseguida se analiza la legitimaci�n pasiva, la cual constituye tambi�n un presupuesto para la procedencia de la acci�n, ya que la parte demandada debe ser la obligada por la ley a satisfacer la exigencia que se demanda.
Las autoridades demandadas del Estado de S.L.P.�, respecto de las cuales se admiti� esta instancia constitucional, son las siguientes:
1. El Congreso.
2. El gobernador.
3. El secretario de Gobierno.
Las dos primeras autoridades son �rganos de gobierno originarias y la segunda tiene el car�cter de derivada.
Los art�culos 10, fracci�n II y 11, primer p�rrafo, de la ley reglamentaria de la materia, establecen:
"Art�culo 10. Tendr�n el car�cter de parte en las controversias constitucionales:
"...
"II. Como demandado, la entidad, poder u �rgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia."
"Art�culo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deber�n comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en t�rminos de las normas que los rigen, est�n facultados para representarlos. En todo caso, se presumir� que quien comparezca a juicio goza de la representaci�n legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
"En las controversias constitucionales no se admitir� ninguna forma diversa de representaci�n a la prevista en el p�rrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio podr�n acreditarse delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley."
Conforme a lo anterior debe decirse, en principio, lo siguiente en torno a la participaci�n de las autoridades demandadas en el acto cuya invalidez se demanda.
El Decreto N�mero Cuatrocientos Cuatro, por cuya virtud se cre� el Municipio de V. de P., fue expedido por la Quincuag�sima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de S.L.P.�.
El gobernador constitucional de esa entidad federativa, promulg� y public� el decreto precisado en el p�rrafo que antecede, en el P.�dico Oficial del Gobierno de esa entidad federativa, correspondiente a su edici�n extraordinaria del d�a diecisiete de diciembre del a�o dos mil dos.
El secretario general de Gobierno del Estado de S.L.P.�, refrend� la promulgaci�n y publicaci�n y dispuso materialmente �sta.
Conforme a lo anterior y en t�rminos del art�culo 10, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la materia, las autoridades demandadas realizaron la emisi�n, promulgaci�n y publicaci�n del acto cuya invalidez se demanda, en el orden y t�rminos expuestos.
Ahora bien, en representaci�n del Congreso del Estado de S.L.P.�, compareci� J.A.C.�o, en su car�cter de presidente de la D.�n Permanente, personalidad que acredit� con la copia certificada relativa al acta de la sesi�n ordinaria de la Quincuag�sima Sexta Legislatura, correspondiente al d�a diecisiete de diciembre del a�o dos mil dos, en la cual consta que el nombrado fue electo como presidente de la D.�n Permanente que fungir�a durante el periodo de receso y en esa misma ocasi�n tom� protesta del cargo.
Los art�culos 52, p�rrafo primero y 59 de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de S.L.P.�, establecen:
"Art�culo 52. El Congreso tendr� anualmente dos periodos ordinarios de sesiones. El primero comenzar� el quince de septiembre y concluir� el quince de diciembre y el segundo, que ser� improrrogable, comenzar� el primero de abril y concluir� el d�a �ltimo de junio. El primer periodo se podr� ampliar hasta por un mes m�s, si se considera indispensable, seg�n las necesidades p�blicas o a petici�n del titular del Ejecutivo."
"Art�culo 59. Durante los recesos del Congreso habr� una D.�n Permanente compuesta de cinco diputados propietarios y dos suplentes, que aqu�l nombrar� antes de la clausura de sus sesiones ordinarias. Los diputados propietarios, conforme al orden de su elecci�n, ocupar�n los cargos de presidente, vicepresidente, secretario y primer y segundo vocales."
A su vez, los art�culos 90, 92 y 94, fracci�n XIV, de la L.O.�nica del Poder Legislativo del Estado de S.L.P.�, son del tenor siguiente:
"Art�culo 90. La D.�n Permanente es el �rgano del Congreso del Estado que durante los recesos de �ste desempe�ar� las funciones se�aladas en el art�culo 60 de la Constituci�n Pol�tica del Estado, por esta ley y por el reglamento interior del Congreso."
"Art�culo 92. La D.�n Permanente se integrar� con cinco diputados propietarios y dos suplentes. Los diputados propietarios, conforme al orden de su elecci�n, ocupar�n los cargos de presidente, vicepresidente, secretario y primer y segundo vocales."
"Art�culo 94. Desde el primer d�a de su instalaci�n hasta el �ltimo de su ejecuci�n, la D.�n Permanente ejercer� las siguientes atribuciones que le confiere la Constituci�n:
"...
"XIV. Representar a la legislatura a trav�s de su presidente ante todo g�nero de autoridades aun durante los periodos extraordinarios."
Conforme a lo anterior se obtiene que el Congreso de S.L.P.� tendr� anualmente dos periodos de sesiones en los t�rminos siguientes:
1. El primero comenzar� el quince de septiembre y concluir� el quince de diciembre.
2. El segundo iniciar� el primero de abril y concluir� el treinta (�ltimo d�a del mes) de junio.
La demanda de controversia constitucional se admiti� mediante prove�do de fecha diecisiete de febrero de dos mil tres, misma providencia en la que se mand� emplazar a las autoridades demandadas, entre ellas, al Poder Legislativo del Estado de S.L.P.�.
En esta fecha el Congreso del Estado de S.L.P.� no se encontraba en periodo ordinario de sesiones, en virtud de que �ste hab�a concluido el quince de diciembre del a�o dos mil dos, el otro periodo a�n no hab�a iniciado y en ese momento estaba en funciones la D.�n Permanente, que lo estuvo hasta el d�a treinta y uno de marzo del a�o dos mil tres.
Aparece de autos -sin prueba en contrario- que el presidente de la D.�n Permanente suscribi� el escrito de contestaci�n a la demanda controversial el d�a treinta y uno de marzo de dos mil tres, que corresponde al �ltimo d�a en que estuvo en funciones, aunque �ste se recibi�, de un propio, en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n el d�a tres de abril siguiente, cuando la D.�n Permanente hab�a cesado en su actividad, pues en esa data ya se encontraba en funciones el Congreso de S.L.P.�.
Ahora bien, acerca del momento en que surten sus efectos las promociones de las partes, este Alto Tribunal sustent� la jurisprudencia n�mero P./J. 19/2002, del rubro y tenor siguientes:
"Novena �poca
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta
"Tomo: XV, abril de 2002
"Tesis: P./J. 19/2002
"P�gina: 950
"PROMOCIONES DE LAS PARTES. SURTEN SUS EFECTOS EN EL MOMENTO EN QUE AL SERLES ENTREGADAS SON DEL CONOCIMIENTO DEL �RGANO JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE, CON INDEPENDENCIA DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO ELABORADAS O SUSCRITAS. Tomando en consideraci�n que es principio procesal general que lo que no obra en el expediente no puede tener relevancia jur�dica en el correspondiente procedimiento, se concluye que independientemente de la fecha en que se elaboren o suscriban las promociones u oficios de las partes en el procedimiento, mientras no se entreguen al �rgano jurisdiccional correspondiente, �ste no puede tener conocimiento de su existencia y, por tanto, no trascender�n al �mbito procesal ni surtir�n efectos para las dem�s partes, atendiendo a la fecha de entrega o dep�sito.
"Reclamaci�n 662/2001-PL, deducida de la controversia constitucional 155/2001. Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas. 5 de marzo de 2002. Unanimidad de diez votos. Ausente: J.V.A.A.�n. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretario: P.A.N.M.�n."
Conforme a esta jurisprudencia, para determinar el momento a partir del cual las promociones de las partes surten sus efectos no debe atenderse a la fecha en que se elaboran o suscriben, sino cuando se entreguen en sede jurisdiccional, pues a partir de ello, se tiene conocimiento de su existencia; por ende, es cuando trascender�n al �mbito procesal y surtir�n efectos para las partes.
Atendiendo al sentido estricto de esta jurisprudencia, habr� de concluirse, en principio, que el presidente de la D.�n Permanente del Congreso de S.L.P.� carec�a ya de legitimaci�n en el momento en que se recibi� en este Alto Tribunal su escrito de contestaci�n a la controversia constitucional.
Sin embargo, nuevas reflexiones conducen a atemperar este criterio.
El primer discernimiento para ello radica en un principio de buena fe.
Efectivamente, la raz�n que inspir� a la jurisprudencia supracitada obedeci� a la necesidad de prevenir y evitar alteraciones a las promociones, pues s�lo estableciendo que �stas tendr�an eficacia al ser entregadas al �rgano jurisdiccional correspondiente, habr�a certidumbre respecto de su contenido y eficacia para las partes, pero en el caso no existe raz�n para desatender la fecha de elaboraci�n del escrito relativo, ya que ninguna de las partes impugn� la legitimaci�n del presidente de la D.�n Permanente de S.L.P.�; tampoco controvirtieron la fecha en que suscribi� el ocurso relativo, ni existen en autos pruebas que la contradigan, de donde se deriva un principio de buena fe procesal del presidente de la D.�n Permanente, pues no debe perderse de vista que cuando se emplaz� al Congreso demandado, �ste se encontraba en receso y en funciones aqu�lla, de modo que fue quien conoci� del emplazamiento y es obvio que lo despach� para no dejarlo como asunto pendiente al Congreso, para el cual, ser�a novedoso y adem�s dispondr�a de menos tiempo para realizar su contestaci�n.
Otra raz�n para atemperar el criterio contenido en la jurisprudencia que se viene acotando radica en el hecho de que s�lo prev� el caso en que las promociones se presenten o entreguen al �rgano jurisdiccional correspondiente, pero deja de tomar en consideraci�n que existen otras v�as para la presentaci�n de las promociones, lo que sucede cuando las partes radiquen fuera del lugar de residencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, pues en t�rminos del art�culo 8o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, sus promociones se tendr�n por presentadas en tiempo si los escritos u oficios relativos se depositan dentro de los plazos legales, en las oficinas de correos mediante pieza certificada con acuse de recibo o se env�an desde la oficina de tel�grafos correspondiente, a condici�n de que tales oficinas se encuentren ubicadas en el lugar de residencia de las partes.
Empero, la raz�n toral para atemperar el criterio controvertido radica en el hecho de que en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad las partes necesariamente son entidades de gobierno, es decir, autoridades, seg�n se advierte del listado establecido en las fracciones I y II del art�culo 105 de la Constituci�n General de la Rep�blica, lo cual significa que sus escritos y promociones no son documentos simples y ordinarios, sino p�blicos por su autor�a.
En efecto, el primer p�rrafo del art�culo 129 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en t�rminos del art�culo 1o., de �sta, dispone "Son documentos p�blicos aquellos cuya formaci�n est� encomendada por la ley, dentro de los l�mites de su competencia, a un funcionario p�blico revestido de la fe p�blica, y los expedidos por funcionarios p�blicos en el ejercicio de sus funciones."
En los t�rminos de la �ltima parte de este dispositivo legal, son p�blicos aquellos documentos expedidos por funcionarios p�blicos en el ejercicio de sus funciones y hacen prueba plena en t�rminos del art�culo 202 del mismo ordenamiento procesal invocado.
Luego, una vez demostrado que la autoridad que comparece a una controversia constitucional o acci�n de inconstitucionalidad tiene atribuciones o competencia legales para hacerlo, entonces habr� de concluirse que el documento que suscriba lo emitir� precisamente en ejercicio de sus funciones; por tanto, se trata de un documento p�blico que, como tal, hace prueba por s� mismo, de la fecha de su expedici�n, salvo que esta presunci�n legal se desvirt�e con pruebas en contrario, en cuyo caso, operar� �nicamente la regla conforme a la cual debe estarse a la fecha de su presentaci�n ante esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en t�rminos de la jurisprudencia n�mero P./J. 19/2002 del Tribunal Pleno.
En estos t�rminos, se interrumpe parcialmente el criterio referido.
En esa virtud, se llega a la convicci�n, no desvirtuada, de que el presidente de la D.�n Permanente tiene capacidad legal para comparecer a la controversia constitucional en representaci�n de la Legislatura del Estado de S.L.P.�, actualiz�ndose as� los supuestos del primer p�rrafo del art�culo 11 de la ley de la materia, conforme al cual el demandado podr� comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en t�rminos de las normas que lo rigen est�n facultados para representarlo, lo que sucede en el caso, al tenor de los razonamientos expuestos, de modo que como la autor�a del acto cuya invalidez se demanda corresponde, precisamente, al Congreso de esa entidad federativa, entonces s� tiene legitimaci�n procesal pasiva para intervenir en este asunto, por tratarse de la parte que debe responder por la emisi�n de ese acto.
En otro orden, el gobernador del Estado de S.L.P.�, F.S.N., compareci� por s� a la controversia constitucional acreditando tal car�cter con la copia certificada, por el notario p�blico n�mero cuatro, adscrito, del Primer Distrito Judicial del Estado, del P.�dico Oficial de dicha entidad, de fecha siete de agosto de mil novecientos noventa y siete, en la parte en la cual contiene la declaraci�n pronunciada por el Consejo Estatal Electoral, respecto de la validez de la elecci�n del Gobernador Constitucional del Estado, celebrada el seis de julio de mil novecientos noventa y siete y la proclamaci�n del nombrado, F.S.N., como gobernador constitucional de la entidad durante el periodo de mil novecientos noventa y siete al a�o dos mil tres.
Asimismo, el gobernador del Estado de S.L.P.� es el depositario del Poder Ejecutivo de esa entidad federativa, y entre sus atribuciones tiene las de promulgar ypublicar en el P.�dico Oficial del Estado las leyes, decretos y acuerdos que expida la Legislatura L., as� como representar al Estado en sus relaciones con los Ayuntamientos, al tenor de lo dispuesto por los art�culos 72 y 80, fracciones II y XXVIII, de la Constituci�n Estatal, que son del tenor siguiente:
"Art�culo 72. El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que se denomina Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de S.L.P.�. Su elecci�n ser� directa y en los t�rminos que disponga la Ley Electoral del Estado, salvo los casos previstos en la presente Constituci�n."
"Art�culo 80. Son atribuciones del gobernador del Estado las siguientes:
"...
"II. Promulgar y publicar en el P.�dico Oficial del Estado las leyes, decretos y acuerdos que expida la Legislatura del Estado, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. La publicaci�n deber� darse dentro de un plazo que no exceda de veinte d�as h�biles contados a partir de aquel en que venza el t�rmino para ejercer el derecho de veto.
"...
"XXVIII. Representar al Estado en sus relaciones con el Gobierno Federal, con los gobiernos de otros Estados, con los Ayuntamientos y con otros organismos y entidades de derecho p�blico y privado."
Luego, si el Gobernador Constitucional del Estado de S.L.P.� compareci� directamente a esta controversia, y entre sus facultades tiene las de promulgar y publicar en el P.�dico Oficial de esa entidad las leyes, decretos y acuerdos que expida la Legislatura del Estado y �stas son precisamente las intervenciones que tuvo con relaci�n al decreto cuya invalidez se demanda, en tanto lo promulg� y public�, entonces tiene legitimaci�n procesal pasiva para intervenir en este asunto.
Finalmente, por lo que hace al secretario general de Gobierno del Estado de S.L.P.�, M.A.A.M.�nez, tambi�n compareci� por s� mismo a esta controversia constitucional, acreditando tal calidad con la copia certificada por el notario p�blico N�mero Tres de esa ciudad capital, del nombramiento de fecha trece de marzo del a�o dos mil tres, a trav�s del cual el gobernador de esa entidad federativa lo invisti� con ese car�cter, en ejercicio de las atribuciones que le otorga el art�culo 80 de la Constituci�n L..
Al respecto, debe decirse que el art�culo 80, fracci�n XI, de ese ordenamiento establece:
"Art�culo 80. Son atribuciones del gobernador del Estado las siguientes:
"...
"XI. Designar y remover libremente a los secretarios de despacho, as� como a los dem�s servidores p�blicos del Estado cuyo nombramiento y remoci�n no est�n atribuidos expresamente por esta Constituci�n a otra autoridad."
En esa virtud, el mencionado funcionario acredit� tener el car�cter con el que se le demanda, a trav�s de un nombramiento expedido por el gobernador del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales.
Debe considerarse, como se apunt� precedentemente, que el citado funcionario no es un �rgano de gobierno originario, sino derivado, en virtud de que no tiene delimitada su esfera competencial en la Constituci�n Federal, sino en una ley; sobre el particular, debe decirse que si bien es cierto que los �rganos derivados no pueden tener legitimaci�n activa en las controversias constitucionales, ya que no se ubican dentro del supuesto de la tutela jur�dica del medio de control constitucional, tambi�n lo es que trat�ndose de la legitimaci�n pasiva no se requiere, necesariamente, que sean �rganos originarios del Estado, lo cual implica que las autoridades derivadas s� pueden fungir como parte demandada en una controversia constitucional, lo que debe determinarse en cada caso en particular, atendiendo al principio de supremac�a constitucional, a la finalidad perseguida con este instrumento de control constitucional y al espectro de su tutela jur�dica.
Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo contenido y datos de publicaci�n son los siguientes:
"Novena �poca
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta
"Tomo: VIII, diciembre de 1998
"Tesis: P. LXXIII/98
"P�gina: 790
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACI�N ACTIVA Y LEGITIMACI�N PASIVA. De la finalidad perseguida con la figura de la controversia constitucional, el espectro de su tutela jur�dica y su armonizaci�n con los art�culos 40, 41 y 49, en relaci�n con el 115, 116 y 122 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que podr�n tener legitimaci�n activa para ejercer la acci�n constitucional a que se refiere la fracci�n I del art�culo 105 de la propia Ley Suprema, de manera gen�rica: la Federaci�n, una entidad federada, un Municipio y Distrito Federal (que corresponden a los niveles de gobierno establecidos en la Constituci�n Federal); el Poder Ejecutivo Federal, el Congreso de la Uni�n, cualesquiera de las C�maras de �ste o la C.�n Permanente (Poderes Federales); los poderes de una misma entidad federada (Poderes L.es); y por �ltimo, los �rganos de gobierno del Distrito Federal, porque precisamente estos �rganos primarios del Estado, son los que pueden reclamar la invalidez de normas generales o actos que estimen violatorios del �mbito competencial que para ellos prev� la Carta Magna. En consecuencia, los �rganos derivados, en ning�n caso, podr�n tener legitimaci�n activa, ya que no se ubican dentro del supuesto de la tutela jur�dica del medio de control constitucional. Sin embargo, en cuanto a la legitimaci�n pasiva para intervenir en el procedimiento relativo no se requiere, necesariamente, ser un �rgano originario del Estado, por lo que, en cada caso particular deber� analizarse ello, atendiendo al principio de supremac�a constitucional, a la finalidad perseguida con este instrumento procesal y al espectro de su tutela jur�dica."
Para determinar si el secretario general de Gobierno del Estado de S.L.P.� tiene legitimaci�n procesal pasiva debe tenerse en cuenta que los art�culos 3o., fracci�n I, inciso a), 8o, 12, 16, 18, 31, fracci�n I, y 32, fracci�n XXXVI, de la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica del Estado de S.L.P.� establecen lo siguiente:
"Art�culo 3o. Para el despacho de los asuntos que competen al Poder Ejecutivo, el gobernador del Estado se auxiliar� de las dependencias y entidades que conforman la administraci�n p�blica del Estado, la cual ser�:
"I.C., la que se integrar� por las siguientes dependencias:
"a) Las secretar�as del despacho."
"Art�culo 8o. El gobernador del Estado nombrar� y remover� libremente a los secretarios del despacho, al oficial mayor y a los dem�s servidores p�blicos del Poder Ejecutivo, cuyo nombramiento y remoci�n no est�n atribuidos expresamente por la ley a otra autoridad y presentar� al Congreso el nombramiento del procurador general del Estado para su ratificaci�n."
"Art�culo 12. Las leyes, decretos, reglamentos y dem�s disposiciones que el gobernador del Estado, promulgue o expida, para que sean obligatorios, deber�n estar refrendados por el secretario general de Gobierno, en atenci�n a lo dispuesto por el art�culo 83 de la Constituci�n Pol�tica del Estado y tambi�n por el encargado del ramo al que el asunto corresponda, por raz�n de su competencia."
"Art�culo 16. Los titulares de las dependencias de la administraci�n p�blica estatal acordar�n directamente con el gobernador del Estado los asuntos de su competencia, conforme a las disposiciones vigentes."
"Art�culo 18. Al frente de cada dependencia habr� un titular, quien, para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliar� de los servidores p�blicos que autoricen las leyes, los reglamentos interiores y los decretos y acuerdos del Ejecutivo."
"Art�culo 31. Para el estudio, planeaci�n y despacho de los asuntos y negocios de la administraci�n p�blica estatal, el Ejecutivo contar� con las siguientes dependencias:
"I.S.�a General de Gobierno."
"Art�culo 32. A la Secretar�a General de Gobierno corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
"...
"XXXVI. Administrar y publicar el P.�dico Oficial del Estado."
De los preceptos legales acabados de reproducir se obtiene que para el despacho de los asuntos que competen al Poder Ejecutivo, el gobernador del Estado se auxiliar�, entre otras, de las dependencias y entidades de la administraci�n p�blica centralizada, de la cual forman parte las secretar�as del despacho y, por ende, la Secretar�a General de Gobierno, cuyo titular, nombrado por el propio jefe del Poder Ejecutivo Estatal, tiene, entre otras, las siguientes atribuciones:
? Acordar directamente con el gobernador los asuntos de su competencia.
? Refrendar las leyes, decretos, reglamentos y dem�s disposiciones que el gobernador del Estado expide o promulgue, para que sean obligatorios.
? Administrar y publicar el P.�dico Oficial del Estado.
En esa virtud, la intervenci�n del secretario general de Gobierno del Estado de S.L.P.�, en el decreto cuya invalidez se demanda, deriva de sus atribuciones legales, en virtud de que le corresponde refrendar el decreto del titular del Poder Ejecutivo Estatal, relativo a su promulgaci�n y, en esa virtud, su refrendo es un acto aut�nomo de control del ejercicio del poder del gobernador del Estado; adem�s, la publicaci�n del decreto en el P.�dico Oficial del Estado es responsabilidad de �l y, entonces, tambi�n tiene legitimaci�n procesal pasiva para responder por su intervenci�n en el decreto que se impugna, pues realiz� actos propios derivados de un imperativo categ�rico y, en este sentido, cuenta con la legitimaci�n pasiva necesaria para comparecer a juicio, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 10, fracci�n II, y 11, segundo p�rrafo, de la ley de la materia.
QUINTO. Tambi�n de manera previa al estudio del fondo del asunto se pasa al an�lisis de las causales de improcedencia invocadas por las partes o aquellas que de oficio advierta este Alto Tribunal.
1. El Gobernador Constitucional y el secretario general de Gobierno, ambos del Estado de S.L.P.�, plantean que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el art�culo 19, fracci�n II, de la ley reglamentaria, en virtud de que la controversia se promueve en contra de una norma general de car�cter electoral, lo cual refiere la propia parte actora en el s�ptimo concepto de invalidez y, por tanto, que la controversia constitucional debe declararse improcedente con fundamento en el art�culo 20, fracci�n II, de la ley aplicable.
Esta causal de improcedencia no se actualiza en el caso a estudio, en atenci�n a las siguientes consideraciones.
El art�culo 19, fracci�n II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, establece:
"Art�culo 19. La controversias constitucionales son improcedentes:
"...
"II. Contra normas generales o actos en materia electoral."
El Tribunal Pleno, al resolver el d�a veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y nueve la acci�n de inconstitucionalidad n�mero 10/98, promovida por la minor�a parlamentaria de la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo Le�n, sustent� la jurisprudencia n�mero P./J. 25/99, en la cual precis� lo que debe entenderse por materia electoral, para los efectos de la acci�n de inconstitucionalidad, en los t�rminos siguientes:
"Novena �poca
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta
"Tomo: IX, abril de 1999
"Tesis: P./J. 25/99
"P�gina: 255
"ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. MATERIA ELECTORAL PARA LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. En la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, se instituy� este tipo de v�a constitucional en el art�culo 105, fracci�n II, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, pero se prohibi� su procedencia en contra de leyes en materia electoral; con la reforma a dicho precepto fundamental publicada en el mismo medio de difusi�n el veintid�s de agosto de mil novecientos noventa y seis, se admiti� la procedencia de la acci�n en contra de este tipo de leyes. Con motivo de esta �ltima reforma, la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de dicha Constituci�n prev� reglas gen�ricas para la sustanciaci�n del procedimiento de la acci�n de inconstitucionalidad y reglas espec�ficas cuando se impugnan leyes electorales. De una interpretaci�n arm�nica y sistem�tica, as� como teleol�gica de los art�culos 105, fracci�n II, y 116, fracci�n IV, en relaci�n con el 35, fracciones I y II, 36, fracciones III, IV y V, 41, 51, 56, 60, 81, 115, fracciones I y II, y 122, tercer p�rrafo, e inciso c), base primera, fracciones I y V, inciso f), todos de la propia Constituci�n, se llega al convencimiento de que las normas generales electorales no s�lo son las que establecen el r�gimen normativo de los procesos electorales propiamente dichos, sino tambi�n las que, aunque contenidas en ordenamientos distintos a una ley o c�digo electoral sustantivo, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una manera o de otra, como por ejemplo, distritaci�n o redistritaci�n, creaci�n de �rganos administrativos para fines electorales, organizaci�n de las elecciones, financiamiento p�blico, comunicaci�n social de los partidos, l�mites de las erogaciones y montos m�ximos de aportaciones, delitos y faltas administrativas y sus sanciones. Por lo tanto esas normas pueden impugnarse a trav�s de la acci�n de inconstitucionalidad y, por regla general, debe instruirse el procedimiento correspondiente y resolverse conforme a las disposiciones espec�ficas que para tales asuntos prev� la ley reglamentaria de la materia, pues al no existir disposici�n expresa o antecedente constitucional o legal alguno que permita diferenciarlas por raz�n de su contenido o de la materia espec�fica que regulan, no se justificar�a la aplicaci�n de las reglas gen�ricas para unas y las espec�ficas para otras."
En la parte conducente de la ejecutoria de la cual deriv� la jurisprudencia acabada de reproducir, se dijo lo siguiente:
"Del an�lisis del art�culo 105, fracci�n II, constitucional, considerando el esp�ritu del Poder Reformador de la Constituci�n que lo llev� a instituir la acci�n de inconstitucionalidad tambi�n como medio para impugnar leyes electorales, aunado a la reforma que arm�nicamente se hizo al mismo tiempo al art�culo 116, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal y tomando en consideraci�n las dem�s disposiciones de la Carta Fundamental antes transcrita, puede concluirse que cualquier ley de car�cter electoral, con independencia de la materia espec�fica que regule, ser� considerada como electoral para los efectos de la acci�n de inconstitucionalidad. En efecto, por cuanto hace a la materia electoral, el art�culo 116, fracci�n IV, constitucional, vigente, hace una relaci�n de materias que considera como ?materia electoral?, as�, por ejemplo, se tiene lo siguiente: a) lo referente al sufragio, universal, libre, secreto y directo; b) como principios rectores la legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, que deben observar las autoridades electorales; c) autonom�a e independencia en las decisiones de las autoridades que tengan a su cargo la organizaci�n de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia; d) establecimiento de los sistemas de medios de impugnaci�n; e) plazos para el desahogo de todas las instancias considerando el principio de definitividad en las etapas de los procesos electorales; f) financiamiento p�blico para los partidos pol�ticos; g) equidad para el acceso de los partidos pol�ticos a los medios de comunicaci�n social; h) fijaci�n de l�mites a las erogaciones de los partidos pol�ticos en sus campa�as y montos m�ximos de aportaciones, as� como el establecimiento de sanciones por incumplimiento; e, i) tipificaci�n de delitos y faltas en materia electoral, y sus sanciones. De lo anterior se observa que el art�culo 116, fracci�n IV, constitucional, de alguna manera, precisa aspectos espec�ficos que deben ser considerados propios de la ?materia electoral?, de entre los que se encuentran, cuestiones propias de los derechos pol�ticos, como son las bases generales que instituyen los principios rectores para la elecci�n de gobernadores, integrantes de las legislaturas y de los Ayuntamientos, as� como cuestiones propiamente organizativas, administrativas y de otra �ndole, como lo es la funci�n de las autoridades electorales, la organizaci�n de las elecciones, financiamiento p�blico, comunicaci�n social de los partidos, l�mites a las erogaciones y montos m�ximos de aportaciones, delitos y faltas administrativas y sus sanciones, etc�tera. Adem�s, acorde con lo que la disposici�n constitucional de m�rito se�ala como materia electoral, las dem�s disposiciones constitucionales se vinculan de manera �ntima con las mismas, en tanto que se refieren en t�rminos generales, entre otras cuestiones, a los partidos pol�ticos, a las autoridades electorales, a los procesos electorales y su organizaci�n, a la integraci�n de los �rganos legislativos, a la elecci�n de los representantes populares y a los sistemas de elecci�n. En este orden de ideas, atento a la reforma constitucional de mil novecientos noventa y seis, puede decirse que se estableci� como regla gen�rica, la posibilidad de impugnar disposiciones electorales a trav�s de la acci�n de inconstitucionalidad, sin establecer distingo alguno por raz�n de su contenido o por la materia espec�fica que regulan y, por el contrario, acorde con la reforma integral que se hizo a la Constituci�n Federal en cuestiones electorales, particularmente respecto del art�culo 116, fracci�n IV, en relaci�n con los dem�s preceptos anteriormente transcritos, se advierte que la materia electoral viene a comprender ahora conceptos tan amplios que van desde la elecci�n de los representantes mediante sufragio, hasta cuestiones organizativas o administrativas del proceso electoral. De esto se concluye que, al no existir distingo en este sentido entre las diferentes disposiciones electorales por raz�n de su contenido o de la materia espec�fica que regulan, debe considerarse que, por los fines que persigue la reforma al art�culo 105, fracci�n II, de la Constituci�n Federal para efectos de la impugnaci�n de este tipo de disposiciones, no puede distingu�rseles unas de otras para efectos del procedimiento en la acci�n de inconstitucionalidad, en tanto que todas inciden en la materia electoral." (fojas 172 a 174 de la acci�n de inconstitucionalidad 10/98).
De la jurisprudencia y ejecutoria acabadas de reproducir, en lo que interesa, se obtiene lo siguiente:
? La materia electoral comprende las cuestiones propias de los derechos pol�ticos, tales como las bases generales que instituyen los procesos rectores para la elecci�n de gobernadores, integrantes de las legislaturas y de los Ayuntamientos, de modo que las normas generales electorales, en principio, son las que establecen el r�gimen normativo de los procesos electorales propiamente dichos.
? Tambi�n forman parte de la materia electoral otros aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una u otra manera, tales como las cuestiones propiamente organizativas, administrativas y de otra �ndole, esto es, las funciones de las autoridades electorales y la creaci�n de �rganos administrativos para fines electorales, la organizaci�n de las elecciones, financiamiento p�blico, comunicaci�n social de los partidos, l�mites a las erogaciones y montos m�ximos de aportaciones, delitos, faltas administrativas y sus sanciones, distritaci�n o redistritaci�n, etc�tera.
? Las normas electorales pueden contenerse en una ley o c�digo electoralsustantivo o en ordenamientos distintos.
Aplicando estos conceptos al caso concreto, debe decirse que del an�lisis concatenado y arm�nico del dictamen de nueve de diciembre de dos mil dos emitido por la C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de S.L.P.�, en relaci�n con el Decreto N�mero 404 de dicho �rgano parlamentario, publicado en el P.�dico Oficial de esa entidad federativa el d�a diecisiete de diciembre del a�o dos mil dos, que cre� al Municipio de V. de P., y que fue el resultado del dictamen referido en primer t�rmino, no se advierte que su contenido sea de naturaleza electoral, como pretende la autoridad exponente de la causal de improcedencia en estudio, pues en ellos la autoridad demandada se concret�, esencialmente, a estudiar y valorar todos aquellos elementos inherentes a la creaci�n del nuevo Municipio de V. de P., tales como la petici�n ciudadana que le fuera formulada para tal efecto, las pruebas aportadas por los solicitantes, los informes y opiniones de las autoridades correspondientes, del Municipio afectado y de los conurbados, etc�tera.
Como resultado de la ponderaci�n de esos elementos, el Congreso demandado estim� viable la creaci�n de la nueva municipalidad, esencialmente, al amparo de las prescripciones de la Constituci�n Pol�tica y de la L.O.�nica del Municipio Libre, ambos del Estado de S.L.P.�, de donde se advierte que sus consideraciones rectoras son esencialmente de orden constitucional y de derecho administrativo, en la medida que se refieren a los aspectos que se tomaron en consideraci�n para dar nacimiento a la nueva entidad municipal, con la pretensi�n de incorporarla a la geograf�a pol�tica de ese Estado.
Inclusive, debe significarse el hecho de que el Municipio actor en ninguna parte de sus conceptos de invalidez combate cuesti�n electoral alguna, sino las razones jur�dicas que llevaron a la autoridad demandada a constituir el Municipio de V. de P., de modo que en esta instancia la litis no implica el estudio de aspectos de aquella �ndole, sino de los fundamentos y motivos del decreto y del dictamen del que deriv�, por los cuales se cre� esa nueva entidad pol�tica que afecta al Municipio de S.L.P.�, en tanto segrega una parte de su territorio para darle cabida.
No pasa inadvertido que el segundo art�culo transitorio del Decreto N�mero 404, cuya invalidez se demanda, emitido por la Quincuag�sima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de S.L.P.�, que crea al Municipio de V. de P., establece lo siguiente:
"Segundo. De conformidad con lo establecido en la Ley Electoral del Estado, el Consejo Estatal Electoral proveer� lo conducente a efecto de que se lleve a cabo la elecci�n del Ayuntamiento del Municipio de V. de P., S.L.P., que deber� entrar en funciones a partir del 1o. de enero de 2004."
Aun cuando en este transitorio se establece que el Consejo Estatal Electoral, de conformidad con lo establecido en la Ley Electoral del Estado, proveer� lo conducente a fin de que se lleve a cabo la elecci�n del Ayuntamiento de V. de P., que deber� entrar en funciones a partir del primero de enero del a�o dos mil cuatro, es obvio que s�lo se trata de una instrucci�n para lo futuro, que si bien se ejecutar� o cumplir� conforme a las leyes electorales preexistentes, no contiene ni implica modificaci�n o reforma legal alguna a �stas, de modo que esa determinaci�n no produce efectos generales ni abstractos, propios de las normas, sino que se refiere al caso espec�fico del nuevo Municipio de V. de P., para cuya cumplimentaci�n deben respetarse las disposiciones legales conducentes, habida cuenta que el decreto no regula el proceso en que habr�n de emitir el sufragio los habitantes de la nueva municipalidad, para elegir a sus gobernantes, sino s�lo ordena que, en su momento, se lleve a cabo el mismo.
Por tanto, conforme a los criterios contenidos en la jurisprudencia y ejecutoria reproducidos con antelaci�n, no se trata de una disposici�n en materia electoral, pues no instituye principios rectores para la elecci�n de un Ayuntamiento, ni cuestiones organizativas ni administrativas o de otra �ndole relacionadas con las funciones de las autoridades electorales o la creaci�n de �rganos administrativos para fines electorales, la organizaci�n de las elecciones, financiamiento p�blico, comunicaci�n social de los partidos, l�mites a las erogaciones y montos m�ximos de aportaciones, delitos, faltas administrativas y sus sanciones, distritaci�n o redistritaci�n, etc�tera, sino que la finalidad esencial y de primer orden en el decreto, como ya se dijo, lo constituye, precisamente, la constituci�n del nuevo Municipio de V. de P..
En este sentido, debe precisarse que la determinaci�n sobre la organizaci�n de elecciones para el primer Ayuntamiento que debe dirigir los destinos del nuevo Municipio es una disposici�n complementaria respecto del acto principal que se refiere, precisamente, a la creaci�n del nuevo Municipio; en ese tenor, el fin primordial del decreto no es el establecimiento de un proceso de elecciones en dicha municipalidad, sino la constituci�n de �sta, y cuando acontezca, deber� tener un gobierno y ser� entonces que habr� de surgir el Ayuntamiento que lo gobierne, previa elecci�n de sus mun�cipes, lo cual es de suyo consustancial al nacimiento del nuevo Municipio, pues es una consecuencia l�gica que debe tener autoridades que lo rijan. Luego, la cuesti�n relativa a las elecciones es un aspecto tangencial, es decir, accesorio a la creaci�n del Municipio y, por lo mismo, sin la entidad suficiente para inducir naturaleza electoral al decreto cuestionado.
As�, la determinaci�n de que se lleven a cabo elecciones en el nuevo Municipio de V. de P., no es el acto esencial del decreto; tampoco tiene autonom�a ni prevalencia, sino que tiene su raz�n de ser en la medida que complementa la decisi�n de crear un nuevo Municipio con la finalidad de que ese novedoso �mbito pol�tico que se genera se integre debidamente con los elementos fundamentales de los entes estatales, a saber, el territorio, la poblaci�n y su gobierno.
De esto se obtiene que la expresi�n o instrucci�n contenida en el acto impugnado en el sentido de que el Consejo Estatal proveer� lo conducente a fin de que se lleve a cabo la elecci�n del que ser�a el primer Ayuntamiento del nuevo Municipio constituido, no debe considerarse de manera aislada, pues no tendr�a raz�n de ser, si no es en funci�n de la constituci�n del nuevo Municipio.
Adem�s, debe hacerse �nfasis en lo ya expresado precedentemente, en el sentido de que el decreto cuya invalidez se demanda no regular� el proceso electoral que ordena instaurar, pues es puntual al indicar que �ste se llevar� a cabo conforme a la Ley Electoral del Estado de S.L.P.� y, en tal circunstancia, no reglamenta ninguna de las cuestiones propias de los derechos pol�ticos de los ciudadanos de esa demarcaci�n territorial, tales como las bases generales que instituyen los procesos rectores para la elecci�n de los Ayuntamientos, la que, en todo caso, se efectuar� conforme a las leyes electorales locales preexistentes.
Todo lo anteriormente expuesto conduce a la conclusi�n de que el acto impugnado no es un acto de naturaleza electoral y, que por ello, que no se actualiza la causal de improcedencia que se hace valer.
No obsta a esta decisi�n la circunstancia de que el propio Municipio actor, en el s�ptimo concepto de invalidez, atribuya al decreto reclamado naturaleza electoral, pues esta calidad no deriva de la calificaci�n de las partes, sino del contenido de su materia, conforme a los criterios de este Alto Tribunal.
Es as� que la causal de improcedencia planteada debe ser desestimada.
2. Por su parte, el presidente de la D.�n Permanente del Congreso del Estado de S.L.P.�, plantea lo siguiente:
Que la controversia constitucional es improcedente, porque a trav�s de ese medio de control s�lo pueden alegarse violaciones a la Constituci�n Federal, en t�rminos del art�culo 19, fracci�n VI, de la ley reglamentaria.
Que trat�ndose de M., el Tribunal Pleno sustent� la tesis n�mero XLIV/96 de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES ENTRE UN ESTADO Y UNO DE SUS MUNICIPIOS. A LA SUPREMA CORTE S�LO COMPETE CONOCER DE LAS QUE SE PLANTEEN CON MOTIVO DE VIOLACIONES A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES DEL ORDEN FEDERAL.", en la cual estableci� que su competencia se limita a conocer de aquellas en las cuales se impugne la violaci�n a un precepto de la Constituci�n Federal.
Que en el caso, el Municipio actor impugna el decreto por el que se cre� el Municipio de V. de P., sin que ello signifique que combata violaciones a leyes federales, en virtud de que ning�n precepto de la Constituci�n dispone como facultad de los Congresos Estatales la creaci�n, fusi�n o supresi�n de M., por lo que el decreto impugnado no podr�a ser contrario a la N.F..
Que entonces la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n carece de competencia para conocer de este juicio, pues la facultad del Congreso demandado para erigir, fusionar o suprimir M. se contempla en el art�culo 57, fracci�n XXVI, de la Constituci�n del Estado de S.L.P.�.
La improcedencia aducida tampoco se actualiza en el caso a estudio.
Efectivamente, debe decirse, sin que esto implique calificar los conceptos de invalidez y, por ende, entrar al fondo del asunto en este momento, que el Municipio actor plantea la invalidez del decreto impugnado por indebida aplicaci�n de los preceptos relativos de la Constituci�n Pol�tica y de la L.O.�nica del Municipio Libre, ambos del Estado de S.L.P.�, lo que en su opini�n redunda en violaci�n a los art�culos 14, 16, 40, 105, 115, 116, 117, 118 y 133 de la Constituci�n General de la Rep�blica, de donde se desprende que la contradicci�n con la N.F. se hace derivar de violaciones a normas de car�cter local, lo que ciertamente no constituye un planteamiento frontal, sino un esquema indirecto de inconstitucionalidad.
Ahora bien, es cierto que el Pleno de este Alto Tribunal sustent� la jurisprudencia n�mero P./J. 30/2000, cuyo contenido y datos de publicaci�n son los siguientes:
"Novena �poca
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta
"Tomo: XI, abril de 2000
"Tesis: P./J. 30/2000
"P�gina: 812
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES ENTRE UN ESTADO Y UNO DE SUS MUNICIPIOS. A LA SUPREMA CORTE S�LO COMPETE CONOCER DE LAS QUE SE PLANTEEN CON MOTIVO DE VIOLACIONES A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES DEL ORDEN FEDERAL. Para determinar los planteamientos cuyo conocimiento corresponda a esta Suprema Corte, propuestos mediante la acci�n de controversia constitucional suscitada entre un Estado y uno de sus M., debe tomarse en consideraci�n que los art�culos 105, fracci�n I, inciso i) de la Constituci�n General de la Rep�blica y 10, fracci�n I de la L.O.�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, limitan su competencia a aquellas controversias que versen sobre la constitucionalidad de los actos o disposiciones generales impugnados, desprendi�ndose de ah� que se trata de violaciones a disposiciones constitucionales del orden federal. Por lo tanto, carece de competencia para dirimir aquellos planteamientos contra actos a los que s�lo se atribuyan violaciones a la Constituci�n del Estado o a leyes locales, cuyo remedio corresponde establecer al Constituyente L. o a las Legislaturas de los Estados."
Esta jurisprudencia determina la falta de competencia de este Alto Tribunal (mas no la improcedencia de la instancia) para dirimir en una controversia constitucional planteamientos contra actos en los que s�lo se atribuyan violaciones a la Constituci�n o leyes locales, cuyo remedio corresponde establecer al Constituyente L. o a las Legislaturas de los Estados.
De la hip�tesis analizada en dicha tesis no deriva causal alguna de improcedencia pues, inclusive, la controversia constitucional 3/93 de la cual deriv� se resolvi� en cuanto al fondo, hasta el punto en que se reconoci� la validez de las normas impugnadas en ella; lo que se sustent� en esa ocasi�n fue la incompetencia de este Alto Tribunal para atender en un procedimiento de esta naturaleza aquellos planteamientos en los que s�lo se esgriman violaciones a ordenamientos de car�cter local que tengan remedio dentro de tal esfera, situaci�n que adem�s de ser distinta a la procedencia, tampoco se actualiza en el caso, pues el Municipio actor plantea que las violaciones a los ordenamientos locales que precisa derivan, ulteriormente, en violaci�n al Pacto Federal.
Por tanto, la jurisprudencia invocada no es id�nea para fundar la causal de improcedencia esgrimida por la autoridad demandada.
Adem�s, entre las causales de improcedencia de una controversia constitucional no se encuentra alguna que se relacione con la naturaleza de las violaciones alegadas, esto es, que para decretarla deba atenderse a lo esgrimido en los conceptos de invalidez y particularmente a que en �stos se planteen violaciones indirectas a la Constituci�n, como lo corrobora el art�culo 19 de la ley de la materia, que enseguida se transcribe:
"Art�culo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"I. Contra decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n;
"II. Contra normas generales o actos en materia electoral;
"III. Contra normas generales o actos que sean materia de una controversia pendiente de resolver, siempre que exista identidad de partes, normas generales o actos y conceptos de invalidez;
"IV. Contra normas generales o actos que hubieren sido materia de una ejecutoria dictada en otra controversia, o contra las resoluciones dictadas con motivo de su ejecuci�n, siempre que exista identidad de partes, normas generales o actos y conceptos de invalidez, en los casos a que se refiere el art�culo 105, fracci�n I, �ltimo p�rrafo, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos;
"V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia;
"VI. Cuando no se haya agotado la v�a legalmente prevista para la soluci�n del propio conflicto;
"VII. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en el art�culo 21, y
"VIII. En los dem�s casos en que la improcedencia resulte de alguna disposici�n de esta ley.
"En todo caso, las causales de improcedencia deber�n examinarse de oficio."
En esa virtud, si el art�culo 19 de la ley reglamentaria no establece que las controversias constitucionales sean improcedentes si en ellas se plantean violaciones indirectas a la Constituci�n General de la Rep�blica, entonces no es jur�dico que la autoridad demandada funde la inviabilidad de la acci�n en esa circunstancia.
Con independencia de lo anterior, cabe agregar que el Tribunal Pleno, al fallar el d�a veinte de octubre de mil novecientos noventa y ocho la acci�n de inconstitucionalidad 1/98, sostuvo que son procedentes los conceptos de invalidez en los que se aleguen violaciones indirectas a la Constituci�n General de la Rep�blica, por ejemplo, cuando la infracci�n a la N.F. se relaciona con otras disposiciones, como una Constituci�n L. o leyes secundarias, como sucede en el caso.
Dicha jurisprudencia es del rubro y tenor siguientes:
"Novena �poca
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta
"Tomo: IX, febrero de 1999
"Tesis: P./J. 4/99
"P�gina: 288
"ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE EST�N VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON LA LEY RECLAMADA. Resulta procedente el estudio del concepto de invalidez invocado en una acci�n de inconstitucionalidad, si en �l se alega contravenci�n al art�culo 16 de la Constituci�n Federal, en relaci�n con otras disposiciones, sean de la Constituci�n L. o de leyes secundarias, siempre que est�n vinculadas de modo fundamental con el acto o la ley reclamados, como sucede en el caso en que se invocan transgresiones a disposiciones ordinarias y de la Constituci�n L. dentro del proceso legislativo que culmin� con el ordenamiento combatido que, de ser fundadas, lo invalidar�an. Lo anterior es acorde con la finalidad perseguida en el art�culo 105 de la Carta Magna, de someter a la decisi�n judicial el examen integral de validez de las leyes impugnadas."
Tambi�n en apoyo de lo anterior, debe decirse que el Tribunal Pleno, al resolver la controversia constitucional n�mero 31/97, promovida por el Ayuntamiento de Temixco, M., sent� la jurisprudencia n�mero P./J. 98/99 en la cual estableci� que en las controversias constitucionales el control de la regularidad constitucional que ata�e a esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n autoriza el examen de todo tipo de violaciones a la Constituci�n Federal, independientemente de que �stas sean de car�cter formal, que se relacionen de manera mediata o inmediata con la N.F. o que tengan que ver con la parte dogm�tica u org�nica de la Norma Suprema.
As� lo establece la jurisprudencia cuyo contenido y datos de publicaci�n son los siguientes:
"Novena �poca
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta
"Tomo: X, septiembre de 1999
"Tesis: P./J. 98/99
"P�gina: 703
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCI�N FEDERAL. Los Poderes Constituyente y Reformador han establecido diversos medios de control de la regularidad constitucional referidos a los �rdenes jur�dicos federal, estatal y municipal, y del Distrito Federal, entre los que se encuentran las controversias constitucionales, previstas en el art�culo 105, fracci�n I, de la Carta Magna, cuya resoluci�n se ha encomendado a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en su car�cter de Tribunal Constitucional. La finalidad primordial de la reforma constitucional, vigente a partir de mil novecientos noventa y cinco, de fortalecer el federalismo y garantizar la supremac�a de la Constituci�n, consistente en que la actuaci�n de las autoridades se ajuste a lo establecido en aqu�lla, lleva a apartarse de las tesis que ha venido sosteniendo este Tribunal Pleno, en las que se soslaya el an�lisis, en controversias constitucionales, de conceptos de invalidez que no guarden una relaci�n directa e inmediata con preceptos o formalidades previstos en la Constituci�n Federal, porque si el control constitucional busca dar unidad y cohesi�n a los �rdenes jur�dicos descritos, en las relaciones de las entidades u �rganos de poder que las conforman, tal situaci�n justifica que una vez que se ha consagrado un medio de control para dirimir conflictos entre dichos entes, dejar de analizar ciertas argumentaciones s�lo por sus caracter�sticas formales o su relaci�n mediata o inmediata con la N.F., producir�a, en numerosos casos, su ineficacia, impidiendo salvaguardar la armon�a y el ejercicio pleno de libertades y atribuciones, por lo que resultar�a contrario al prop�sito se�alado, as� como al fortalecimiento del federalismo, cerrar la procedencia del citado medio de control por tales interpretaciones t�cnicas, lo que impl�citamente podr�a autorizar arbitrariedades, m�xime que por la naturaleza total que tiene el orden constitucional, en cuanto tiende a establecer y proteger todo el sistema de un Estado de derecho, su defensa debe ser tambi�n integral, independientemente de que pueda tratarse de la parte org�nica o la dogm�tica de la Norma Suprema, dado que no es posible parcializar este importante control."
En esa virtud, si en los conceptos de violaci�n se plantean violaciones indirectas a la Constituci�nGeneral de la Rep�blica, y adem�s se relacionan con su parte dogm�tica, tales planteamientos son atendibles, al tenor de los criterios aludidos.
Por estas razones, la causal de improcedencia planteada, que la autoridad demandada pretendi� tambi�n derivar o vincular a la falta de competencia legal de este Alto Tribunal, tampoco se actualiza en la especie.
3. En otro aspecto, el mismo presidente de la D.�n Permanente del Congreso potosino argumenta que derivado de lo anterior se actualiza otra causal de improcedencia, la prevista en el art�culo 19, fracci�n VI, de la ley reglamentaria, porque el Municipio actor debi� acudir a las instancias legales correspondientes por violaci�n a leyes estatales, como lo son la Constituci�n Pol�tica y la L.O.�nica del Municipio Libre, ambas del Estado de S.L.P.�.
Esta causal de improcedencia tampoco se actualiza en el caso a estudio.
En efecto, el art�culo 19, fracci�n VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, establece:
"Art�culo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"...
"VI. Cuando no se haya agotado la v�a legalmente prevista para la soluci�n del propio conflicto."
En respuesta al planteamiento de la autoridad demandada, debe decirse que esta causal no depende de la naturaleza de las violaciones alegadas, como la pretende hacer derivar al se�alar que en virtud de alegarse violaciones a la Constituci�n Pol�tica y a la L.O.�nica del Municipio Libre, ambas del Estado de S.L.P.�, debieron acotarse las instancias legales correspondientes, sino que la improcedencia pretendida derivar�a, en todo caso, de que las leyes respectivas que rigen los actos pretendidos de invalidez previeran una v�a para la soluci�n del propio conflicto ante la potestad de las propias autoridades comunes.
Ahora bien, en el caso, la parte demandada no precisa cu�l es la instancia legal que proceda en contra de un decreto del Congreso potosino que autorice la constituci�n de un nuevo Municipio.
No obstante lo anterior, del an�lisis de los ordenamientos legales correspondientes que rigen el acto cuya invalidez se demanda, es decir, la Constituci�n Pol�tica y la L.O.�nica del Municipio Libre, ambas del Estado de S.L.P.�, no se advierte que establezcan alguna v�a para la soluci�n del presente conflicto.
Por tanto, debe concluirse que los ordenamientos legales precisados no establecen alguna v�a legal para la soluci�n del conflicto aqu� planteado y, en esa virtud, menos puede actualizarse la improcedencia a la que se refiere la fracci�n VI del art�culo 19 de la ley reglamentaria y, en esa tesitura, la causal as� planteada debe ser desestimada.
4. Finalmente, la misma autoridad demandada, a la que se ha venido haciendo referencia, plantea que la controversia constitucional es improcedente cuando el acto respecto del cual se intenta no cuestiona la indebida atribuci�n de facultades o afectaci�n en la esfera competencial de otro nivel de gobierno distinto de aquel que lo emite; luego, si el decreto cuya invalidez se demanda se emiti� con base en las facultades conferidas en los art�culos 34, fracci�n X, y 84 de la Constituci�n L., ello no significa la intromisi�n del Congreso del Estado en una esfera que no sea de su competencia, como lo es el r�gimen interno de los Ayuntamientos, tampoco invade la autonom�a municipal ni restringe el derecho de los Ayuntamientos de reglamentar su organizaci�n interna en funci�n de sus obligaciones constitucionales.
Esta causal de improcedencia debe ser desestimada por las mismas razones expuestas al desautorizarse la que se trat� en el numeral dos que precede, pues se hace depender de la naturaleza de las violaciones alegadas siendo que, por una parte, el art�culo 19 de la ley reglamentaria, en ninguna de sus fracciones determina la improcedencia de las controversias constitucionales en atenci�n a la naturaleza de las violaciones alegadas y, por otra parte, las jurisprudencias plenarias n�meros P./J. 98/99 y P./J. 4/99, tambi�n ya citadas con antelaci�n, establecen que en este tipo de asuntos es posible el an�lisis de todo tipo de violaciones a la Constituci�n General de la Rep�blica, independientemente de que �stas sean de car�cter formal, que se relacionen de manera mediata o inmediata con la N.F. o que tengan que ver con la parte dogm�tica u org�nica de la Norma Suprema, las que, en todo caso, ser�n materia, precisamente, del fondo controvertido.
Por tanto, la circunstancia de que en opini�n del Congreso demandado el Municipio actor no proponga en sus conceptos de invalidez indebida atribuci�n de facultades o afectaci�n en la esfera competencial entre �rganos de gobierno no hace improcedente esta controversia constitucional, pues adem�s de que el an�lisis y eficacia de las violaciones alegadas ser� materia del fondo del asunto, ya qued� establecido que en las controversias constitucionales el control de la regularidad constitucional a cargo de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n autoriza el examen de todo tipo de violaciones a la N.F., pues ello fortalece al federalismo, garantiza la supremac�a de la Constituci�n y da unidad y cohesi�n a los �rdenes jur�dicos federal, estatal, municipal y del Distrito Federal.
Es as� que la causal de improcedencia analizada tampoco se surte en la especie.
En las relacionadas condiciones, no se actualiza ninguna de las causales de improcedencia planteadas por la autoridad demandada, ni este Alto Tribunal, de oficio, advierte que se actualice alguna otra; por tanto, a continuaci�n se procede al an�lisis de los conceptos de invalidez planteados por el Municipio actor.
SEXTO. Por raz�n de m�todo se analizar�n, en principio, los conceptos de invalidez planteados en los numerales dos y d�cimo del cap�tulo relativo de la demanda de la que deriva esta controversia constitucional, pues de resultar fundados ser�a innecesario el estudio de los restantes.
En los conceptos de invalidez anunciados la parte actora argumenta, esencialmente, que el acto pretendido de invalidez es inconstitucional, pues en el tr�mite del procedimiento relativo a la creaci�n del nuevo Municipio de V. de P. y en el dictamen favorable a dicha petici�n, de los que deriv� el decreto impugnado, se invocaron normas que ya no estaban en vigor al momento en que se realizaron las actuaciones correspondientes y se emiti� el citado dictamen.
Que esto es as�, porque la presentaci�n de la solicitud de reotorgamiento de la calidad de Municipio no produce para los solicitantes el derecho a que la autoridad se sujete a las normas que estuvieron vigentes cuando se recibi� dicha solicitud, y por ello la aplicaci�n de normas abrogadas, en lugar de las nuevas disposiciones legales aplicables, viola el principio de legalidad.
Que la circunstancia de que los solicitantes de la creaci�n del nuevo Municipio hayan ejercido una prerrogativa concedida por la ley, no les concede derecho a que su petici�n deba seguirse y concluirse de conformidad con las normas vigentes en la fecha de la solicitud respectiva, pues la ley posterior puede introducir modificaciones, sin que por ello lesione derechos adquiridos, de modo que si en el curso del procedimiento cambian las reglas, las nuevas disposiciones deben aplicarse.
Que entonces el Congreso demandado actu� indebidamente al apoyarse en normas abrogadas, pues con ello omiti� aplicar las disposiciones vigentes que prev�n nuevos requisitos, sin que la aplicaci�n de las nuevas normas implicara infracci�n alguna a derechos adquiridos, ni violaci�n a la garant�a de irretroactividad de la ley.
Por tanto, que el decreto reclamado y el tr�mite respectivo no deben sujetarse a las leyes que estaban vigentes al momento de formularse la solicitud respectiva, porque en el caso no existen derechos adquiridos, sino que las nuevas normas pueden introducir nuevos requisitos, sin que por ello puedan ser tachadas de retroactivas, conforme a los criterios establecidos por este Alto Tribunal.
Estos conceptos de invalidez son esencialmente fundados.
Con el prop�sito de lograr una mejor comprensi�n del asunto en estudio, resulta pertinente relatar los siguientes antecedentes del caso.
El Municipio de S.L.P.�, en el hecho uno del cap�tulo de antecedentes de su demanda inicial, se�al� que el d�a veintis�is de mayo de mil novecientos noventa y cinco present� ante el Congreso del Estado una solicitud firmada por mil seiscientas treinta y cinco personas, habitantes de la D.�n de V. de P., perteneciente todav�a en aquel entonces al Municipio actor, para que se "reotorgara" la categor�a de Municipio a dicha delegaci�n (foja 3 de la controversia constitucional 15/2003). Esta aseveraci�n fue aceptada por el Congreso demandado, quien al referirse a ese hecho se�al� expresamente lo siguiente: "1. Es cierto lo manifestado en el punto 1 del cap�tulo de antecedentes."
Esta manifestaci�n surte eficacia en contra del Congreso demandado, en t�rminos del art�culo 200 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en t�rminos del art�culo primero de �sta, dispositivo aquel que establece:
"Art�culo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestaci�n o en cualquier otro acto del juicio, har�n prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba."
No obstante lo anterior, en el numeral seis del considerando d�cimo primero del dictamen del cual deriva el decreto reclamado, que se transcribir� m�s adelante, se aprecia que la autoridad demandada refiri� que entre los documentos anexos a la solicitud que le fue dirigida se encuentran diversos escritos dirigidos a exgobernadores y al propio Congreso del Estado, record�ndoles que desde el a�o de mil novecientos ochenta y uno existe un expediente relacionado con la petici�n de que V. de P. recupere su categor�a de Municipio.
Ante esas argumentaciones contenidas en el dictamen legislativo y con el prop�sito de recabar pruebas para mejor proveer, con fundamento en el art�culo 35 de la ley de la materia, el Ministro instructor, mediante prove�do de fecha veintid�s de abril del a�o dos mil tres, requiri� al Poder Legislativo del Estado de S.L.P.� para que remitiera a este Alto Tribunal copia certificada del expediente formado en el a�o de mil novecientos ochenta y uno, con motivo de la solicitud de creaci�n del Municipio de V. de P., as� como de las actuaciones verificadas entre el veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y cinco y el diecisiete de diciembre de dos mil dos, en las cuales deber�a incluir los peritajes t�cnicos, planos y en general cualquier tipo de estudios poblacionales, econ�micos, etc�tera, que hubieran servido para establecer los l�mites territoriales en la creaci�n del Municipio de V. de P. o, en su defecto, manifestara el impedimento que tuviera para ello (fojas 141 y 142 de la controversia constitucional 15/2003).
En desahogo de dicho requerimiento, M.M. de la Garza, en su car�cter de delegada del Congreso demandado, personalidad que se le reconoci� mediante prove�do de fecha siete de abril del a�o dos mil tres (foja 136 de la controversia constitucional 15/2003) manifest� que no pod�a cumplir con lo solicitado, porque despu�s de haber realizado una b�squeda exhaustiva en los archivos del propio Congreso no se encontr� el expediente formado en el a�o de mil novecientos ochenta y uno, con motivo de la creaci�n del Municipio de V. de P. y, por lo que hace a las actuaciones solicitadas por el periodo indicado, que la documentaci�n se acompa�� al escrito de contestaci�n a la demanda de controversia constitucional (fojas 158 y 159 de la controversia constitucional 15/2003).
En esa virtud, aun cuando el propio dictamen del cual deriva el decreto reclamado proporciona indicios en el sentido de que, desde el a�o de mil novecientos ochenta y uno, existe un expediente relacionado con la solicitud de que la D.�n V. de P. recuperara su categor�a de Municipio, tal aserto no pudo corroborarse documentalmente, en virtud de que, seg�n lo inform� la delegada de la autoridad oficiante, en el Congreso demandado no se encontr� expediente alguno de aquella �poca.
Entre las constancias que integran esta controversia constitucional se encuentra la copia certificada del escrito de fecha veintis�is de mayo de mil novecientos noventa y cinco, suscrito por C.J.R.�guez, P.L.R. y A.A.F.R., quienes se ostentaron, respectivamente, como presidente, vicepresidente y secretario de la C.�n de Promoci�n y Gesti�n para el Municipio de V. de P., dirigido al Congreso del Estado de S.L.P.�, a trav�s del cual solicitaron que a la localidad mencionada le fuera reotorgada su categor�a de Municipio. Ese escrito tiene asentado un sello de la Oficial�a M. del Congreso L. en el que se hace constar que fue recibido a las trece horas con veinte minutos del mismo d�a de su fecha, esto es, el veintis�is de mayo de mil novecientos noventa y cinco, lo que corrobora la fecha de esa petici�n admitida tanto por el Municipio actor como por el Congreso demandado.
El escrito petitorio al que se ha hecho referencia es del tenor siguiente:
"V. de P., S.L.P. 26 de mayo de 1995. H. Congreso del Estado Libre y Soberano de S.L.P.�. Presente. Los habitantes de lo que corresponde a la D.�n Municipal V. de P., Municipio de la capital, con fundamento legal en el art�culo 8o. de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos a bien solicitar la reotorgaci�n de la categor�a de Municipio a V. de P., la cual le fue suprimida el 10 de octubre de 1946 y de lo cual, seg�n el peri�dico El Heraldo de San Luis con fecha 5 de octubre de 1946, expres� que no existi� un motivo real para quedar degradado a Congregaci�n Municipal, por tal motivo lo exigimos de conformidad con lo estipulado en los art�culos 34, fracci�n X, 84, fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de S.L.P.� y la L.O.�nica del Municipio Libre que en su art�culo 9o. a la letra dice: ?Art�culo 9o. Para que pueda crearse un nuevo Municipio, deber�n satisfacerse los siguientes requisitos: I. Que lo soliciten cuando menos mil quinientos habitantes. II. Que la regi�n que pretenda erigirse en Municipio cuente con una poblaci�n m�nima de tres mil habitantes, lo que se acreditar� de acuerdo con el censo respectivo. III. Que la referida regi�n cuente con los recursos econ�micos suficientes para cubrir, a criterio del propio Congreso, las erogaciones que demande la administraci�n municipal. IV. Que se cuente con los locales adecuados para la instalaci�n de las oficinas municipales y para la prestaci�n de los servicios b�sicos, a juicio del propio Congreso del Estado. V. Que se tome en cuenta la opini�n, expresada por escrito al Congreso del Estado, de los Ayuntamientos afectados por la posible creaci�n del nuevo Municipio, quienes deber�n emitirla dentro de los sesenta d�as siguientes a la fecha en que se les comunique la solicitud. VI. Que se tome en cuenta un informe que deber� rendir el Ejecutivo del Estado sobre el particular, dentro de los sesenta d�as siguientes a la fecha en que se le solicite. VII. Que a criterio del Congreso del Estado no se perjudique la subsistencia de los M. afectados.?. Conscientes del cambio positivo que hemos logrado en estos �ltimos a�os, tenemos la seguridad de que como Municipio lograremos un desarrollo mayor en nuestra regi�n, siempre y cuando se respete la jurisdicci�n territorial que comprende a la fecha. Con plena conciencia sabemos que al otorgarle la categor�a de Municipio a V. de P. seremos promotores de nuestro propio desarrollo y nos evitar�amos el problema de la designaci�n y con ello los problemas que vivimos ahora. Cabe se�alar que la D.�n Municipal de V. de P. no es la primera vez que solicita municipalidad, ni es la primera vez que ser� Municipio en caso de llegar a serlo, porque ya lo fue por m�s de un siglo, cont� con un Juzgado Mixto donde se ventilaron procesos del orden penal, civil, etc. Siendo revisadas sus sentencias de oficio por el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Consideraciones para solicitar el Municipio. Haciendo referencia en el art�culo anterior en la fracci�n I, menciona que se requiere que lo soliciten mil quinientos habitantes, anexamos firmas de habitantes que lo estamos solicitando 1635 (sic). En la fracci�n II, se requiere que la regi�n tenga cuando menos tres mil habitantes para lo cual anexamos la siguiente relaci�n seg�n el censo de 1990 del INEGI.


"Para satisfacer la fracci�n III, queremos mencionar que en el a�o de 1994 se obtuvo un promedio de ingresos de N$179,880 mensuales, seg�n el estado de resultados del 31 de diciembre de 1994, entre impuestos y derechos que la ciudadan�a pag�, sin tomar en cuenta las participaciones que aport� el Municipio de la capital. En la fracci�n IV se menciona que se deben tener instalaciones para brindar los servicios a la ciudadan�a, en el edificio de esta delegaci�n actualmente se tienen las extensiones de las direcciones siguientes del H. Ayuntamiento de la capital. Catastro. Servicios Municipales y Obras P�blicas. Comercio e Inspecci�n General. Promoci�n Ciudadana. T.�a y Contralor�a. Secretar�a General. Privado para un futuro presidente municipal. Sal�n de Acuerdos. Adem�s de la Oficial�a del Registro Civil y un cuartel de Seguridad P�blica Municipal con las siguientes �reas: Polic�a preventiva. Tr�nsito municipal. P.tos. Rescate y salvamento (ambulancia). Privado del Director. Celdas. R.. Contamos con un teatro del pueblo y una casa de cultura que alberga una biblioteca. L�mites y colindancias actuales seg�n catastro municipal. Al norte: S. de Graciano S�nchez y Cerro de S.P.. Al sur: V. de Zaragoza y V. de R.. Al oriente: A. de los Infante sujeto a verificaci�n. Al noroeste: S.L.P.� anillo perif�rico. Al poniente: S.L.P.�, Mesa de los Conejos (aun indefinido). Confiamos en su justa y favorable aprobaci�n, para la reotorgaci�n de la Municipalidad de V. de P.. Deseamos ser Municipio Libre y dejar de vivir bajo el tutelaje de la presidencia municipal de S.L.P.�. ?Por la emancipaci�n del pueblo?. Atentamente. La C.�n de Promoci�n y Gesti�n para el Municipio de V. de P.. Presidente. Firma. C.J.R.�guez. Vicepresidente. Firma. P.L.R.. Secretario. A.A.F.R.. Firma. Domicilios respectivos. J.E. No. 10 V. de P.. Antigua Carretera a Sta. Ma. No. 240. J.�n de los R. No. 200." (fojas 216 a 220 del cuaderno de pruebas presentadas por el presidente de la D.�n Permanente del Congreso del Estado de S.L.P.� en la controversia constitucional 15/2003).
Debe destacarse que aun cuando en este escrito los solicitantes piden al Congreso del Estado de S.L.P.� "... la reotorgaci�n de la categor�a de Municipio a V. de P. ...", tal manifestaci�n se equipara a la petici�n de que se cree un Municipio en ese lugar, en virtud de que los ordenamientos legales aplicables, vigentes al momento en que se formul� la solicitud, como se ver� m�s adelante, no preve�an espec�ficamente esa petici�n relativa a recuperar la categor�a de Municipio, sino que se refer�an a la creaci�n de M., que es precisamente lo que resolvi� la autoridad legislativa demandada.
El escrito petitorio transcrito con antelaci�n constituye un elemento esencial para la resoluci�n y comprensi�n de la problem�tica que se plantea en el asunto, pues talocurso dio inicio al tr�mite que culmin� con la emisi�n del acto cuya invalidez demanda el Municipio actor en esta controversia constitucional, que se hace consistir en el Decreto N�mero 404 del Congreso del Estado de S.L.P.�, publicado en el P.�dico Oficial del gobierno de esa entidad federativa, correspondiente al d�a martes diecisiete de diciembre del a�o dos mil dos, por cuya virtud se cre� el Municipio de V. de P., con efectos a partir del primero de enero del a�o dos mil cuatro, fecha en la que tambi�n deber� asumir funciones el primer Ayuntamiento electo que deba gobernar la nueva municipalidad.
Por su relevancia, a continuaci�n se transcribe dicho decreto:
"Poder Legislativo del Estado
"F.S.N., Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de S.L.P.�, a sus habitantes sabed:
"Que la Quincuag�sima Sexta Legislatura Constitucional del Estado se ha servido dirigirme el siguiente:
"Decreto 404
"La Quincuag�sima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de S.L.P.�, decreta lo siguiente:
"Primero. Se crea el Municipio de V. de P., S.L.P.�, cuya cabecera municipal ser� la del mismo nombre.
"Segundo. El Municipio de V. de P., S.L.P.�, se conforma territorialmente para los efectos legales y administrativos, con los poblados y extensiones que actualmente tiene la delegaci�n municipal del mismo nombre, y que ser�n segregados del territorio del Municipio de la capital del Estado, quedando de la forma siguiente:

Ver tabla 3


"Transitorios
"Primero. El presente decreto entrar� en vigor a partir del d�a 1o. de enero del a�o 2004.
"Segundo. De conformidad con lo establecido en la Ley Electoral del Estado, el Consejo Estatal Electoral proveer� lo conducente a efecto de que se lleve a cabo la elecci�n del Ayuntamiento del Municipio de V. de P., S.L.P., que deber� entrar en funciones a partir del 1o. de enero de 2004.
"Tercero. Se deroga todo lo que se oponga al presente decreto.
"Lo tendr� entendido el Ejecutivo del Estado y lo har� publicar, circular y obedecer.
"Dado en el Sal�n de Sesiones del H. Congreso del Estado, el d�a catorce de diciembre de dos mil dos.
"Diputado presidente: I.P.R., diputado secretario: F.C.P., diputado secretario: A.�s H.�ndez H.�ndez (R�bricas)
"Por tanto mando se cumpla y ejecute el presente decreto y que todas las autoridades lo hagan cumplir y guardar y al efecto se imprima, publique y circule a quienes corresponda.
"Dado en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de S.L.P.�, a los diecis�is d�as del mes de diciembre de dos mil dos.
"El Gobernador Constitucional del Estado
L.. F.S.N.
(R�brica)
"El secretario general de Gobierno
L.. J.D.H.�ndez D.
(R�brica)"
(Foja 62 frente y vuelta de la controversia constitucional 15/2003).
Este decreto que aparece publicado en el medio oficial de difusi�n precisado, corresponde a la �ltima parte del dictamen de fecha nueve de diciembre del a�o dos mil dos, emitido por la C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de S.L.P.�, a la que fue turnada la solicitud para la constituci�n del nuevo Municipio.
El dictamen del que deriva el decreto transcrito contiene la opini�n, as� como la valoraci�n de los elementos y pruebas que a juicio de la autoridad demandada respaldan la constituci�n de la nueva municipalidad.
Efectivamente, el dictamen contiene el an�lisis, valoraci�n y juicio de la autoridad parlamentaria en torno a la solicitud de creaci�n del nuevo Municipio de V. de P. y no el decreto publicado pues, como se ha visto, �ste s�lo es la parte final, conclusiva o resolutiva de aqu�l y se concreta a emitir la declaratoria respecto a la constituci�n del nuevo Municipio, as� como a asignarle su demarcaci�n y l�mites territoriales; entonces, debe atenderse a las consideraciones que rigen el dictamen legislativo, que contiene, precisamente, los fundamentos del decreto impugnado, de modo que se trata de un elemento esencial del proceso deliberativo parlamentario inherente a la constituci�n de la nueva municipalidad.
Esto es as�, porque los art�culos 50, fracci�n I, p�rrafo primero, 59, 66, fracci�n I, y 67 de la Ley del Poder Legislativo del Estado de S.L.P.�, establecen:
"Art�culo 50. El Congreso del Estado integrar� tantas C.ones como requiera el cumplimiento de sus funciones legislativas y podr�n ser:
"I. Permanentes;
"...
"C.ones permanentes: Son la Gran C.�n, las del Dictamen Legislativo, la de Gestor�a y Quejas, la de Vigilancia, la del Poder Legislativo ante el Consejo Estatal Electoral y la del Instituto de Investigaciones Legislativas."
"Art�culo 59. Las resoluciones de las comisiones se determinar�n por mayor�a de votos y en caso de empate, tendr� voto de calidad el presidente. Los dict�menes para ser emitidos deber�n ser firmados por la mayor�a de los integrantes de la comisi�n respectiva."
"Art�culo 66. Las C.ones Permanentes de dictamen legislativo ser�n las siguientes:
"I.G.�n y Puntos Constitucionales."
"Art�culo 67. Las atribuciones y funcionamiento de las C.ones Permanentes de dictamen legislativo se derivan de su denominaci�n, y ejercer�n en el �rea de su competencia el estudio, an�lisis y dictamen de las iniciativas de ley o decreto que se les turnen."
A su vez, los art�culos 90, 95, 100, 110, 111 y 112 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de S.L.P.� son del tenor siguiente:
"Art�culo 90. Quienes propongan iniciativas de leyes, decretos, acuerdos administrativos o econ�micos, en uso de las atribuciones que les otorgan la Constituci�n y la ley habr�n de sujetarse a las formalidades y procedimientos que establece el presente reglamento."
"Art�culo 95. Las propuestas de decretos comprender�n lo siguiente:
"I. El anteproyecto de decreto deber� presentarse por escrito y hacer referencia en su planteamiento a la b�squeda de una soluci�n relativa en un determinado tiempo y espacio, para corporaciones, establecimientos o personas.
"II. El planteamiento explicar� con argumentos y razonamientos su justificaci�n.
"III. Indicar� los beneficiarios si se trata de personas f�sicas, as� como sus nombres completos, edades, domicilios particulares y de trabajo, estado civil, e identificaciones. Lo anterior con documentos certificados por notario. Asimismo se se�alar� lugar y tiempo de vigencia del decreto.
"IV. De tratarse de personas morales, se�alar� la informaci�n necesaria que las identifique, ubique y les acredite su personalidad jur�dica, y
"V. El anteproyecto de decreto estar� conformado por la justificaci�n de la propuesta, la informaci�n relativa a los beneficiarios, argumentos, utilidad, consideraciones y conclusiones."
"Art�culo 100. El procedimiento que seguir�n las iniciativas presentadas al Congreso ser� el siguiente:
"I.S.�n recibidas en la Oficial�a M., en original y tres copias, una de las cuales ser� firmada de recibida y devuelta al proponente.
"II. La Oficial�a M. turnar� el expediente a la Secretar�a del Congreso para que registre en el Libro de Gobierno las iniciativas.
"III. El registro de las iniciativas se har� del conocimiento del Pleno y su presidente las turnar� a las comisiones correspondientes, para su an�lisis y dictamen.
"IV. El dictamen de las comisiones se discutir� en el Pleno, luego de la segunda lectura.
"V. En los casos en que se presente una iniciativa de grave y urgente resoluci�n se dispensar� la segunda lectura, y
"VI. La dispensa de tr�mites en el procedimiento de las iniciativas s�lo ser� posible por acuerdo expreso de las dos terceras partes de los diputados presentes."
"Art�culo 110. El dictamen legislativo es la opini�n y juicio fundado que resulta del an�lisis de una iniciativa de ley, decreto o acuerdos administrativos y econ�micos propuestos por la comisi�n que lo emiti�."
"Art�culo 111. El dictamen legislativo deber� contener:
"I. La determinaci�n de la iniciativa haciendo referencia, si se trata de ley, decreto o acuerdos administrativos o econ�micos.
"II. Si se trata de una iniciativa de ley, el dictamen har� referencia a su estructura jur�dica y exposici�n de motivos.
"III. De tratarse de un decreto, el dictamen propuesto contendr� los considerandos y la resoluci�n sobre el asunto, y
"IV. Para los acuerdos administrativos o econ�micos, se presentar� en el planteamiento, los argumentos de discusi�n y la respuesta positiva o negativa."
"Art�culo 112. Los dict�menes legislativos podr�n tener dos efectos una vez firmados en los t�rminos de ley. Los que a continuaci�n se indican:
"I.D. definitivo, el que argumente y funde debidamente el punto de vista terminal de la comisi�n en relaci�n del asunto o negocio que le correspondi� conocer, y
"II.D. suspensivo, todo aquel por el cual la comisi�n correspondiente solicita al Pleno del Congreso le conceda pr�rroga para formular su opini�n final."
La interpretaci�n adminiculada, sistem�tica y arm�nica de los preceptos legales acabados de producir, en lo que a este asunto trasciende, permite obtener las siguientes conclusiones:
? El Congreso del Estado de S.L.P.� se integrar� con las comisiones que requiera para el cumplimiento de sus funciones legislativas.
? Esas comisiones pueden tener el car�cter de permanentes, entre ellas se encuentra la de Dictamen Legislativo y, a su vez, dentro de �stas queda comprendida la de G.�n y Puntos Constitucionales.
? Las atribuciones y funcionamiento de las C.ones Permanentes de Dictamen Legislativo derivan de su denominaci�n y ejercer�n en el �rea de su competencia el estudio, an�lisis y dictamen de las iniciativas de ley o decreto que se les turnen.
? El dictamen legislativo es la opini�n y juicio fundado que resulta del an�lisis de una iniciativa de decreto, propuesto por la comisi�n que lo emiti�.
? El dictamen legislativo debe indicar la determinaci�n de la iniciativa y precisar si se trata de ley, decreto o acuerdos administrativos o econ�micos; trat�ndose de decretos debe, adem�s, contener los considerandos y la resoluci�n sobre el asunto.
? Tiene el car�cter de definitivo aquel dictamen que funde y motive debidamente el punto de vista terminal de la comisi�n, con relaci�n al asunto o negocio que le correspondi� conocer.
? Este dictamen se discutir� en Pleno y, en su caso, se aprobar�.
Todo lo expuesto permite establecer que el dictamen del que deriva un decreto del legislativo estatal que se combate, es un elemento inherente y esencial del proceso de la asamblea deliberativa, de modo que constituyen una unidad jur�dica indisoluble, pues el primero rige al segundo, lo cual implica que el decreto no puede concebirse sin aqu�l pues, de lo contrario, no se podr�a entender ni conocer la ratio del legislador estatal, como autor del acto pretendido de invalidez constitucional, a trav�s del cual se cre� el Municipio de V. de P..
Por tanto, dada su relevancia para la resoluci�n del asunto, es pertinente transcribir a continuaci�n el dictamen legislativo del que emana el decreto reclamado, cuya copia certificada obra en autos pues, adem�s, en ese documento el Congreso demandado expuso las razones de por qu�, a su juicio, deb�an aplicarse en la reposici�n del tr�mite normas procesales que ya no se encontraban en vigor al momento en que se verificaron las nuevas actuaciones, lo que ser� ponderado, precisamente, al dar respuesta a los conceptos de invalidez.
En esa virtud, el dictamen de la C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales, de fecha nueve de diciembre del a�o dos mil dos, en el que despu�s de ponderar los elementos del expediente, propuso la creaci�n del Municipio de V. de P., es del tenor siguiente:
"CC. Diputados secretarios de la LVI Legislatura del Estado. Presente. Con fecha 31 de mayo de 1995, le fue turnada en sesi�n ordinaria a la C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales la solicitud de creaci�n del Municipio de V. de P., presentada ante esta soberan�a por diversos habitantes de la actual delegaci�n municipal del mismo nombre, por lo que de conformidad con lo anterior, los integrantes de la comisi�n que suscribe nos permitimos elevar a la consideraci�n del honorable Pleno, el siguiente dictamen con base en los siguientes: Considerandos: Primero. La C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales es C.�n Permanente de dictamen legislativo de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 50, fracci�n I, y 66, fracci�n I, de la L.O.�nica del Poder Legislativo del Estado, por lo que resulta competente para emitir el presente dictamen. Segundo. En el estudio de la solicitud de referencia, se cont� con la colaboraci�n de la C.�n Especial para el asunto de V. de P., creada por el Pleno del Congreso del Estado en los t�rminos de los art�culos 50, �ltimo p�rrafo, de la L.O.�nica del Poder Legislativo del Estado y 68 del Reglamento Interior del Congreso del Estado. Tercero. Con fecha 26 de mayo de 1995, la LIV Legislatura del Congreso del Estado, recibi� escrito de los habitantes de lo que territorialmente corresponde a la D.�n Municipal de V. de P., S.L.P., solicitando la reotorgaci�n de la categor�a de Municipio de V. de P.; fundando su petici�n en los art�culos 8o. de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y en los entonces 34, fracci�n X, y 84, fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de S.L.P.�, as� como el art�culo 9o. de la L.O.�nica del Municipio Libre del Estado de S.L.P.�. A la petici�n de m�rito, los promoventes anexan documentos que contienen las firmas de 1,635 habitantes solicitantes; relaci�n de habitantes seg�n censo de 1990 del INEGI con un total de 48,264 habitantes; para satisfacer la fracci�n III del referido art�culo 9o. de la L.O.�nica del Municipio Libre mencionan que en el a�o de 1994 se obtuvo un promedio de ingresos de $179,880.00 pesos mensuales, seg�n el estado de resultados del 31 de diciembre de 1994, entre impuestos y derechos que la ciudadan�a pag�, sin tomar en cuenta las participaciones que aport� el Municipio de la capital; que en la fracci�n IV se menciona que se deben tener locales adecuados para la instalaci�n de oficinas municipales y para la prestaci�n de los servicios b�sicos y establecen que en el edificio de la delegaci�n se tienen extensiones de la direcci�n que se�alan. Cuarto. La C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales de la LIV Legislatura, con fecha 5 de diciembre de 1995, emiti� un dictamen mediante el cual no se aprob� la creaci�n del Municipio de V. de P., S.L.P., sin embargo se estableci� la existencia de los siguientes elementos de prueba: solicitud de m�s de 1,500 habitantes; la delegaci�n cuenta con m�s de 300 mil habitantes; que en 1994 se obtuvo un promedio de ingresos de $179,880.00 pesos mensuales; que cuentan con instalaciones para brindar servicios a la ciudadan�a; que obran opiniones sobre la pretensi�n que tratamos expresadas por los Ayuntamientos de Zaragoza y Cerro de S.P., del s�ndico municipal de S. de Graciano S�nchez, del presidente municipal de V. de R., del presidente del Municipio de S.L.P.� elaborado por el INEGI y opini�n al respecto mediante oficio del Ejecutivo del Estado. Quinto. Inconformes los peticionarios con la resoluci�n, interpusieron el recurso ordinario de reconsideraci�n y su negativa de admisi�n por parte del Congreso del Estado, origin� una serie de juicios de amparo, cuando menos los se�alados con los n�meros 97/96, 98/96, 190/96 y 184/96 en diferentes Juzgados de Distrito en el Estado, que adelante se analizan. El Congreso del Estado resolvi� el recurso de reconsideraci�n en sesi�n plenaria celebrada el 21 de octubre de 1996 y en el considerando quinto textualmente se dice: ?... As� las cosas, las opiniones emitidas al respecto tanto por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, como por el C. Presidente municipal de S.L.P.�, es cierto que no son suficientes para establecer con claridad su oposici�n o anuencia para otorgar nuevamente la categor�a de Municipio a la D.�n de V. de P., lo que significa por s� misma tal circunstancia la obligada reposici�n del procedimiento, a efecto de contar con tan necesaria opini�n debidamente definida, precisando ya sea en un sentido o en otro, su posici�n al respecto ...?. El resolutivo segundo de la resoluci�n textualmente dice: ?En consecuencia, esta C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales admite la reposici�n del procedimiento tendiente a otorgar, en su caso, la categor�a de Municipio a la D.�n de V. de P., solicitada originalmente por los hoy recurrentes, para efecto de que este H. Congreso emita en su oportunidad la resoluci�n respectiva.?. Sexto. La LV Legislatura del Congreso del Estado recepcion� de los promoventes nuevos elementos de prueba, sin embargo, no recibi� la opini�n ni del Ayuntamiento de la capital ni del Ejecutivo del Estado sobre el reotorgamiento de la calidad de Municipio a la actual D.�n de V. de P., S.L.P., la falta de estas opiniones trajeron como consecuencia jur�dica la imposibilidad legal de emitir un dictamen al respecto. S�ptimo. La actual LVI Legislatura con fecha 9 de octubre del a�o 2000, instal� la C.�n Especial para el asunto de V. de P., quien recibi� m�s elementos de prueba, todos los cuales adelante se describen, y con fecha 14 de septiembre de 2001, el Ejecutivo del Estado emiti� su informe sobre el particular, en contestaci�n a los oficios formulados por la C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales, as� como por la C.�n para Asuntos de la D.�n de V. de P., en donde se hab�a solicitado el informe del Ejecutivo, mismo que se proporcion� despu�s de que se llevaron a cabo encuestas de opini�n, y una vez concluidas, previo su an�lisis, comunica que la opini�n que emite sobre el particular es positiva, y que no existe inconveniente en que la D.�n de V. de P. sea elevada a la categor�a de Municipio. Octavo. En sesi�n ordinaria celebrada el 18 de octubre de 2001, se dio cuenta del oficio n�mero 523/01 del C. Presidente municipal de S.L.P.�, S.L.P., con la certificaci�n del secretario de dicho Ayuntamiento del 5 de octubre de 2001, recibido el 11 del mismo mes y a�o, en cumplimiento al acuerdo tomado por el Cabildo en sesi�n extraordinaria del 4 de octubre de 2001 y en los t�rminos de la legislaci�n que invocan, transcriben a esta soberan�a los fundamentos y motivos de orden legal, econ�mico, pol�tico y social que sirvieron de base para la emisi�n de la opini�n en sentido negativo, relativa a la propuesta de elevar la D.�n de P. al rango de Municipio, opini�n que se turn� a las C.ones de G.�n y Puntos Constitucionales y Especial para Asuntos de la D.�n de V. de P., S.L.P. y que adelante se analiza, y aqu� lo importante es que una vez recabado el informe del Ejecutivo del Estado y la opini�n del H. Ayuntamiento de la capital, posibilit� a la C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales para emitir el dictamen correspondiente, bajo el siguiente marco jur�dico. Noveno. Hasta aqu� se ha establecido que como respuesta a los peticionarios, se pronunci� una resoluci�n definitiva, mediante la cual se neg� que V. de P. fuera Municipio, que con fecha 15 de enero de 1996 fue aprobado el dictamen en sesi�n plenaria; que los peticionarios interpusieron el recurso de reconsideraci�n, el cual se resolvi� en sesi�n plenaria ordinaria celebrada el 21 de octubre de 1996 y en donde se admite la reposici�n del procedimiento a efecto de contar con el informe del Ejecutivo del Estado y la opini�ndel Ayuntamiento de la capital, las cuales se recabaron en las fechas que antes se precisan; se hacen estos se�alamientos a fin de dejar plenamente establecido que las normas sustantivas aplicables sobre el caso que nos ocupa son las contenidas en la Constituci�n Pol�tica del Estado vigente hasta el d�a 20 de noviembre de 1996, concretamente los art�culos 34, fracci�n X y 84, fracci�n I, que a la letra dice: ?Art�culo 34. Son atribuciones del Congreso: ... X. Crear y suprimir municipalidades; suspender Ayuntamientos o declarar su desaparici�n; suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros con arreglo al art�culo 84 de esta Constituci�n.?. ?Art�culo 84. Para el ejercicio de las atribuciones que previene el art�culo 34 fracci�n X de esta Constituci�n, el Congreso del Estado se sujetar� a las siguientes bases: I. Para formar una municipalidad, se requerir� que la poblaci�n o grupos de poblaci�n que la vayan a componer, est�n ligados por intereses comunales, con una poblaci�n de tres mil habitantes por lo menos, y con los recursos necesarios para el sostenimiento de la administraci�n municipal.?. La norma sustantiva constitucional, material objetiva o de fondo, seg�n el punto de vista de su clasificaci�n, es la realmente importante, porque contiene los supuestos, las hip�tesis, los consecuentes, el tipo, la objetividad, subjetividad, vigencia y finalidad de las propias normas jur�dicas. As� tenemos que la especie (sic) las normas sustantivas para la formaci�n de una municipalidad en el Estado de S.L.P.�, son las siguientes: a) El imperativo constitucional que sujeta al Congreso del Estado en el ejercicio de sus atribuciones para la formaci�n de una municipalidad a las siguientes bases. b) Que la poblaci�n o grupos de poblaci�n que la vayan a componer est�n ligados por intereses comunales. c) Con una poblaci�n de tres mil habitantes por lo menos. d) Con recursos necesarios para el sostenimiento de la administraci�n municipal. Por otra parte, tambi�n debe precisarse que las leyes procesales son las reglas destinadas a la aplicaci�n de las normas sustantivas a casos particulares, para que los �rganos competentes declaren el derecho, son el v�nculo entre dichos �rganos y las personas que hacen valer un derecho, toda vez que un procedimiento se compone de diversas etapas y de una serie de actos sucesivos, siendo inconcuso que los derechos adjetivos que concede la ley procesal se van adquiriendo o concretando a medida que se actualizan los supuestos normativos correspondientes en el desarrollo de la secuela procesal, de modo que aunque una nueva ley de esa naturaleza entre en vigor de inmediato en los procesos en tr�mite, solamente operar� en lo tocante a todos los actos ulteriores respecto de los cuales no se haya dado la actualizaci�n de los supuestos normativos y, por otra parte, aunque ciertamente los art�culos transitorios primero, segundo y tercero, de la actual L.O.�nica del Municipio Libre disponen en esencia que tal ley entrar� en vigor el veintis�is de septiembre del a�o dos mil y que al entrar en vigor se abroga la L.O.�nica del Municipio Libre publicada en el P.�dico Oficial del Estado el 30 de abril de 1997 y que igualmente se derogan las disposiciones y ordenamientos que se opongan a la ley actualmente en vigor y a su vez la mencionada L.O.�nica del Municipio de 1997, en sus art�culos transitorios segundo y tercero, tambi�n abrog� y derog� la L.O.�nica del Municipio Libre que data del 3 de febrero de 1984 que es la que se encontraba vigente cuando se inici� la petici�n de municipalizaci�n de V. de P.; sin embargo, es conveniente destacar al respecto que en nuestro sistema mexicano normalmente al abrogarse un ordenamiento jur�dico y derogar las disposiciones que se opongan al nuevo ordenamiento, obedece a la existencia de las diversas disposiciones que se emitieron con fundamento en el ordenamiento abrogado, que pueden resultar congruentes o no con las disposiciones que contiene el ordenamiento que abrog� al anterior, de ah� que s�lo se deroguen aquellas disposiciones que contravengan la nueva ley, pudiendo subsistir desde luego, las que no la contravengan, sino que por el contrario, se ajusten a las nuevas disposiciones normativas, lo que significa que subsiste la eficacia jur�dica de esas diversas disposiciones que no se opongan al nuevo ordenamiento y, por lo mismo, se sostiene que las normas procesales aplicables son las contenidas en la L.O.�nica del Municipio Libre del Estado vigente en el momento del tr�mite inicial del procedimiento respectivo, porque incluso ya se hab�an estimado satisfechos los supuestos normativos que contemplaba la ley en vigor en los momentos de emitirse el dictamen con fecha 5 de diciembre de 1995 por este H. Congreso, que negaba la petici�n de erigir en Municipio a V. de P., consider�ndose adem�s que no obstante de estar en la actualidad en presencia de la reposici�n de un procedimiento, ello de ninguna manera significa que se trate de uno nuevo, sino que es el mismo y, por tanto, no se pueden aplicar los mayores requisitos que ahora contempla la L.O.�nica del Municipio Libre en vigor en su art�culo 47, pues de hacerlo se estar�a aplicando la ley retroactivamente en perjuicio de los solicitantes de la municipalizaci�n de V. de P. contravini�ndose el art�culo 14 de la Constituci�n Federal, en virtud de que se estima que los requisitos contemplados en la L.O.�nica del Municipio Libre de 1984 vigente hasta el a�o de 1997, ya se encontraban satisfechos y, por ende, adquiridos los derechos procesales que consagraba dicha ley, pues incluso para ordenar la reposici�n del procedimiento, el recurso de reconsideraci�n que resolvi� lo anterior el 21 de octubre de 1996, se bas� no en el hecho de que faltara alg�n requisito de los exigidos por los art�culos 34, fracci�n X, y 84, fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica del Estado vigente en la �poca de solicitud de municipalizaci�n y 9o. de la L.O.�nica del Municipio Libre tambi�n vigente en esa �poca, sino en considerar que las opiniones del Ejecutivo y del presidente municipal de la capital no eran suficientes para establecer con claridad su oposici�n o su anuencia para otorgar la categor�a de Municipio a V. de P., por lo que una vez subsanada tal circunstancia, �nicamente corresponde ahora hacer un nuevo an�lisis sobre la procedencia de la creaci�n o no del Municipio que se pretende, en la inteligencia de que los hechos procesales se dieron bien en 1981, 1987, 1995 o 1996, es decir, antes de la existencia de modificaciones a requisitos para la formaci�n de nuevos M. y, por tanto, se estima que la L.O.�nica del Municipio Libre aplicable es la que estuvo vigente de 1984 a 1997, que en su art�culo 9o. establec�a: ?Art�culo 9o. Para que pueda crearse un nuevo Municipio, deber�n satisfacerse los siguientes requisitos: I. Que lo soliciten cuando menos mil quinientos habitantes. II. Que la regi�n que pretenda erigirse en Municipio cuente con una poblaci�n m�nima de tres mil habitantes, lo que se acreditar� de acuerdo con el censo respectivo. III. Que la referida regi�n cuente con los recursos econ�micos suficientes para cubrir, a criterio del propio Congreso, las erogaciones que demande la administraci�n municipal. IV. Que se cuente con los locales adecuados para la instalaci�n de las oficinas municipales y para la prestaci�n de los servicios b�sicos, a juicio del propio Congreso del Estado. V. Que se tome en cuenta la opini�n, expresada por escrito al Congreso del Estado, de los Ayuntamientos afectados por la posible creaci�n del nuevo Municipio, quienes deber�n emitirla dentro de los sesenta d�as siguientes a la fecha en que se les comunique la solicitud. VI. Que se tome en cuenta un informe que deber� rendir el Ejecutivo del Estado sobre el particular, dentro de los sesenta d�as siguientes a la fecha en que se le solicite. VII. Que a criterio del Congreso del Estado no se perjudique la subsistencia de los M. afectados.?. Antes de analizar si se cumple con el objetivo principal que es determinar si con los elementos de prueba aportados y recabados se satisfacen en el caso, tanto las normas sustantivas, como los requisitos de procedimiento para otorgar o no la categor�a de Municipio a V. de P.. Para efectos de ilustrar a manera de antecedente, es importante tomar en consideraci�n las siguientes circunstancias. El Congreso Constituyente de este Estado, con fecha 19 de julio de 1826, emiti� el Decreto N�mero 46 que trata de la divisi�n del Estado en diez partidos, designando sus respectivas cabeceras, correspondiendo al Partido de S.L.P.� la municipalidad de P.. El Congreso Constitucional del Estado, mediante el Decreto N�mero 61 de fecha 8 de octubre de 1827, trat� sobre la renovaci�n peri�dica y otras disposiciones relativas a los Ayuntamientos, en donde se establece que todos los a�os el d�a primero de enero se renovar�n los Ayuntamientos que haya en el Estado, que tendr� el Estado el n�mero de Ayuntamientos que se dir� y cada Ayuntamiento los alcaldes, regidores y s�ndicos procuradores que se les fijen. En San Francisco de los P. se compondr�n los Ayuntamientos de dos alcaldes, cuatro regidores y dos procuradores s�ndicos. El Congreso Constitucional del Estado, por Decreto N�mero 68 de fecha 26 de abril de 1830, que trat� sobre el arreglo de M., y en donde se establece que la municipalidad de P. y otros continuar�n comprendidos en los mismos t�rminos en que hoy se hayan. Los decretos anteriores acreditan que la entonces municipalidad de P., se form� al inicio de la divisi�n territorial del Estado, y precisamente por el Congreso Constituyente de este Estado. Por Decreto 51 de fecha 7 de octubre de 1946, emitido por la XXXVIII Legislatura del Congreso del Estado, publicado en el suplemento al n�mero de 1946, mediante el cual se dice quedan suprimidos los M. de P., Tierra Nueva, V. de A., H.�n y Agua Buena; que las demarcaciones territoriales suprimidas quedar�n constituidas con la categor�a de congregaciones municipales, y que la demarcaci�n territorial que pertenec�a a la extinta municipalidad de P., pasar� a formar parte del Municipio de S.L.P.�. Los peticionarios no s�lo dudan de los fundamentos y motivos y legales que se tuvieron para degradar a los M. seg�n el decreto, sino que tambi�n dudan de su existencia, aprobaci�n, promulgaci�n y publicaciones legales, al argumentar que P. se conserv� como Municipio, aun despu�s de publicado el Decreto N�mero 51, pues la Ley Electoral del Estado se modific� al respecto hasta el a�o de 1951 y la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico dej� de enviar participaciones hasta el a�o de 1954, y aseguran que la supresi�n del Municipio de V. de P., fue un acto arbitrario, ilegal e ileg�timo, por no ser fundado, razonado y motivado, priv�ndolos de esa forma de sus derechos pol�ticos al no poder elegir ni representar a sus propios gobiernos municipales, que no existi� raz�n legal alguna para la decisi�n de suprimir los M. de V. de P., Tierra Nueva, V. de A. y Agua Buena; prueba de ello, es que posterior y paulatinamente dichos M. fueron recuperando su categor�a de tales, conforme lo permitieron las condiciones pol�ticas en cada uno de ellos. D�cimo. Por otra parte, como ya se hizo notar con anterioridad, a la petici�n que hicieron los promoventes ante el Congreso del Estado, de que V. de P. figure como Municipio, conviene precisar que a ra�z de que la C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales de la LIV Legislatura con fecha 5 de diciembre de 1995, emiti� un dictamen mediante el cual se determina la no aprobaci�n de la creaci�n del Municipio de V. de P., S.L.P., dictamen que fue aprobado en la sesi�n plenaria de fecha 15 de enero de 1996. Inconformes los peticionarios con la resoluci�n, interpusieron el recurso ordinario de reconsideraci�n ante el H. Congreso del Estado y antes de resolverse tal recurso, se origin� una serie de juicios de amparo ante los Juzgados de Distrito en el Estado, se�alados por los n�meros 97/96, 98/96, 100/96 y 184/96, los cuales merecen un somero an�lisis. A. 97/96 en el cual el acto reclamado consist�a en ?la denegaci�n de justicia de que se nos ha hecho objeto por la responsable al no resolver en el t�rmino legal la admisi�n o desechamiento del recurso de reconsideraci�n interpuesto?. En la resoluci�n correspondiente de fecha 23 de febrero de 1996, lo menos que se dice es lo siguiente: ?son fundados los conceptos de violaci�n aducidos ... El art�culo 17 establece �... Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estar�n expeditos para impartirla en los plazos y t�rminos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial ...�, transcripci�n de la que se colige que la Constituci�n Federal prev� la obligaci�n de las autoridades no acat� el mandamiento constitucional (sic), por lo que es claro que con su omisi�n transgrede las garant�as consagradas en el referido precepto constitucional, motivo por el cual procede conceder a los quejosos el amparo y protecci�n de la Justicia Federal que solicitan.?. En el juicio de amparo 98/96 el acto reclamado lo era: ?la omisi�n de dar respuesta a un ocurso dirigido a los responsables por los suscritos en ejercicio de nuestro derecho de petici�n?. Por resoluci�n del 20 de marzo de 1996, se sobresee la causa porque los peticionarios del amparo no acreditaron la personalidad con la que comparecieron. En el juicio de amparo n�mero 100/96, el acto reclamado fue: ?El acuerdo de fecha 16 de febrero de 1996 mediante el cual se dio respuesta parcial a nuestro ocurso recibido por el H. Congreso del Estado el 6 de febrero de 1996?. Por resoluci�n de fecha 29 de marzo de 1996, se resolvi�: ?En consecuencia, al carecer el acto reclamado de los requisitos de fundamentaci�n y motivaci�n que consagra el art�culo 16 de la Carta Magna, conculca la garant�a de legalidad, en perjuicio de los quejosos y, por ende, procede conceder a �stos el amparo y protecci�n de la Justicia Federal solicitados, para que el secretario de la D.�n Permanente deje sin efecto el prove�do de fecha 16 de febrero del a�o en curso y con la libertad de jurisdicci�n, acuerde lo que en derecho proceda, sin m�s limitaci�n que satisfacer los requisitos constitucionales antes apuntados, como atinadamente lo solicit� la agente del Ministerio P�blico de la adscripci�n.?. En el juicio de amparo n�mero 184/96, los quejosos establecen como acto reclamado el siguiente: ?La resoluci�n aprobada por el Congreso del Estado el 10 de abril de 1996, reca�da al recurso de reconsideraci�n interpuesto por los suscritos en contra del dictamen de la C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales, aprobado por el propio Congreso en sesi�n de fecha 15 de enero de 1996, por el cual se niega la creaci�n del Municipio de V. de P., S.L.P., el Poder Judicial de la Federaci�n con fecha 31 de mayo de 1996 dict� sentencia, amparando y protegiendo a los quejosos, dejando insubsistente la resoluci�n reclamada y finalmente en sesi�n plenaria ordinaria celebrada el 21 de octubre de 1996, el Congreso del Estado cumpli� con la ejecutoria, resolviendo el recurso de reconsideraci�n por los resultados conocidos.?. Precisadas las circunstancias de hechos y de derechos que anteceden en relaci�n al planteamiento de otorgar la categor�a de Municipio a V. de P., ahora toca explicar con razonamientos si existe o no justificaci�n para ello y al efecto tenemos en resumen, con las pruebas que se aportaron, que con fecha 15 de enero de 1996 el Congreso en sesi�n plenaria, aprob� el dictamen que negaba la creaci�n del Municipio de V. de P. ya precisado en el considerando cuarto de esta resoluci�n, lo que origin� la inconformidad de los peticionarios, por lo que interpusieron los recursos y juicios de amparo que antes de precisan (sic) y que finalmente al resolverse el recurso de reconsideraci�n se determin� reponer el procedimiento; que la LIV Legislatura conform� una C.�n Plural para asuntos de V. de P.; que en la LV Legislatura recepcion� otros elementos de prueba por conducto de la C.�n Especial que integr� y que aqu� se toman en consideraci�n todos los elementos de prueba, espec�ficamente el informe del Ejecutivo del Estado y la opini�n del H. Ayuntamiento de la capital, lo que posibilita la emisi�n del presente dictamen, conforme al marco jur�dico aplicable, concretamente en los art�culos 34, fracci�n X, y 84, fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica L. vigente hasta el 20 de noviembre de 1996, as� como el art�culo 9o. de la L.O.�nica del Municipio Libre vigente en el a�o de 1996, que contiene las normas sustantivas y requisitos de procedimiento respectivamente, por lo que procedemos a determinar si se acreditan o no dichos extremos y, en consecuencia, si se otorga o no la categor�a del Municipio a V. de P. y al efecto decimos: Las normas sustantivas dentro de la formaci�n de una municipalidad en el Estado de S.L.P.�, son: a) El imperativo constitucional que sujeta al Congreso del Estado en el ejercicio de sus atribuciones para la formaci�n de una municipalidad a la siguiente base. b) La poblaci�n o grupos de poblaci�n que la vayan a componer est�n ligados por intereses comunales. c) Con una poblaci�n de tres mil habitantes por lo menos. d) Con recursos necesarios para sostenimiento de la administraci�n municipal. D�cimo primero. Los extremos a que se refiere el considerando anterior se encuentran plena y legalmente acreditados con los elementos de convicci�n siguiente: 1. Con el documento mediante el cual se establece que seg�n el censo de 1990 de INEGI, la D.�n Municipal de V. de P., S.L.P., arroja un total de 48,264 habitantes; 2. Con diverso documento en donde establece que en el a�o de 1994 se obtuvo un promedio de ingresos de $179,880 (sic) pesos mensuales, seg�n el estado de resultados del 31 de diciembre de 1994, entre impuestos y derechos que la ciudadan�a pag� sin tomar en cuenta las participaciones que aport� el Municipio de la capital. 3. Que para brindar los servicios a la ciudadan�a, en el edificio de la delegaci�n se tienen las extensiones de las direcciones del H. Ayuntamiento de la capital siguientes: catastro, servicios municipales y obras p�blicas, comercio e inspecci�n general, promoci�n ciudadana, tesorer�a y contralor�a, secretar�a general, privado del delegado, sal�n de acuerdos, oficial�a del registro civil y un cuartel de seguridad p�blica municipal, peritos, rescate y salvamento, privado del director, celdas, regaderas; se cuenta con un teatro del pueblo y una casa de la cultura que alberga una biblioteca. En cuanto que la poblaci�n que vaya a formar el Municipio est� ligado por intereses comunales, debe decirse que de acuerdo a elementos de prueba documentales aportados, se llega a la convicci�n de que cuando menos con fecha 6 de marzo de 1987 el Congreso del Estado recibi� escrito dirigido a la LI Legislatura suscrito por habitantes de la D.�n de P., S.L.P. y vecino de las fracciones de Santa Rita, Arroyos, La Noria, La Pila, Terreros y Jaralitos, Los Jassos, El Panalillo, C., La Libertad y Los G�mez, solicitando que la D.�n de P. recuperara su autonom�a como Municipio, misma que se conserv� hasta el a�o de 1946 y anexan los siguientes documentos: 1. Nombre, domicilio y firma de m�s de mil quinientos habitantes. 2. Censo de poblaci�n por grupos de edad, emitida por la directora de Servicios Coordinados de Salud P�blica en el Estado. 3. Oficios emitidos por los presidentes municipales de Cerro de S.P., S.D.G.�rrez y V. de R., mediante los cuales apoyan la integraci�n de la D.�n de V. de P. en Municipio Libre y no tienen objeci�n alguna. 4. Acta del Ayuntamiento de V. de Zaragoza, S.L.P., en elmismo sentido. 5. Oficio del director general de Asuntos Jur�dicos del Gobierno del Estado. 6. Tambi�n se anexan diversos escritos dirigidos a exgobernadores y Congreso del Estado, recordando que desde el a�o de 1981 existe un expediente relacionado con la petici�n de recuperar la categor�a de Municipio de V. de P., exponiendo las razones que consideraron pertinentes para apoyar su solicitud, entre ellos, recuperar sus derechos pol�ticos electorales, hist�ricos, demogr�ficos, sociales, culturales, econ�micos, e.e. De los anteriores elementos de convicci�n puede concluirse v�lidamente que los grupos de poblaci�n solicitantes est�n ligados por intereses comunes, lo que se corrobora plenamente con las circunstancias de hechos y de derecho a las que aludimos en el presente dictamen y que por econom�a procesal se tienen aqu� por reproducidas como si a la letra se insertaran para todos los efectos legales, afirmaci�n que se encuentra corroborada por otros elementos como lo es el Decreto N�mero 79 publicado en el P.�dico Oficial del Estado, de fecha 19 de marzo de 1950 el XXXIX H. Congreso Constitucional del Estado, en donde se decret� lisa y llanamente lo siguiente: ?Art�culo primero. Se restablece el Municipio de Tierra Nueva, Estado de S.L.P.�, el que comprender� los mismos poblados y extensi�n territorial que ten�a antes de la promulgaci�n del Decreto de fecha 7 de octubre de 1946, publicado en el n�mero 81 del P.�dico Oficial del Estado, con fecha 10 del mismo mes y a�o.?. De igual manera, por Decreto N�mero 45 del H. Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de S.L.P.�, publicado en el P.�dico Oficial del Estado con fecha 20 de octubre de 1955, se decreta lo siguiente: ?Art�culo primero. Se establece el Municipio de H.�n, comprendiendo el territorio que pertenec�a a su antigua circunscripci�n. Art�culo segundo. Se reforma el art�culo 2o. del Decreto 51 del 4 de octubre de 1946, publicado en el n�mero 81 del P.�dico Oficial del 10 de octubre del mismo a�o, en la parte relativa. Art�culo tercero. En consecuencia queda derogado el art�culo 7 del Decreto 51 del 4 de octubre de 1946, publicado en el n�mero 81 del P.�dico Oficial del 10 de octubre del mismo a�o.?. Finalmente por Decreto N�mero 196 del H. XLVI Congreso Constitucional del Estado publicado en el P.�dico Oficial del Estado de fecha 30 de diciembre de 1971, se crea el Municipio de V. de A., S.L.P., se�alando la cabecera municipal y l�mites indicando que la circunscripci�n territorial del nuevo Municipio, se agregar� del actual Municipio de V.H.; y se adicionan en lo conducente los art�culos de la L.O.�nica del Municipio Libre, y la L.O.�nica de los Tribunales del Estado. Los decretos anteriores, justifican que se restablece el Municipio de Tierra Nueva, se establece el Municipio de H.�n; y que se crea el Municipio de V. de A.; sin embargo con independencia de que V. de P. haya o no sido Municipio con anterioridad, como quiera que sea, se considera que aqu� de lo que se trata es de establecer entre otras cosas, si se encuentran satisfechas todas y cada una de las normas sustantivas contenidas en los preceptos constitucionales aplicables y ya se�aladas con antelaci�n, para otorgarle la categor�a de Municipio. D�cimo segundo. En cuanto a los requisitos de procedencia para la formaci�n de un Municipio como ya se ha puntualizado, los establece el art�culo 9o. de la L.O.�nica del Municipio Libre vigente al momento de solicitarse la municipalizaci�n que tratamos, en las fracciones siguientes: (se transcribe). A criterio de estas comisiones, los requisitos de procedencia referidos para la formaci�n del Municipio de V. de P., se encuentran legalmente justificados, con todos y cada uno de los elementos de convicci�n aportados y recabados por los peticionarios y las distintas comisiones que intervinieron en las diversas etapas del procedimiento de que antes se hace m�rito y que ya se se�alaron en el considerando d�cimo primero de esta resoluci�n y que se analizan en su expresi�n legal y en ese tenor en el sumario existen las documentales necesarias que acreditan fehacientemente todos y cada uno de los requisitos contenidos en el art�culo 9o. de la L.O.�nica del Municipio Libre, pues como ya se hizo notar existen elementos suficientes que tambi�n justifican que m�s de mil quinientos habitantes de V. de P. solicitan la municipalizaci�n de tal lugar, que la poblaci�n es mayor de tres mil habitantes seg�n el censo que obra en el expediente relativo, que cuentan con recursos econ�micos para cubrir sus erogaciones, que cuentan con los locales adecuados para la instalaci�n de las oficinas municipales y prestaci�n de servicios b�sicos, que ya obra la expresi�n del Ayuntamiento de la capital que va a ser afectado por la posible creaci�n del nuevo Municipio, que ya obra el informe del Ejecutivo al respecto y que a criterio del Congreso no se perjudica la subsistencia del Municipio afectado, todo lo cual tambi�n se corrobora con el an�lisis que al respecto realiz� la C.�n Plural de la LIV Legislatura que se tiene aqu� por reproducida para que surtan los efectos legales a que haya lugar y que permitieron recomendar la procedencia de la formaci�n del Municipio de V. de P. en octubre de 1995; lo que aunado a los elementos de convicci�n que antes se tomaron en consideraci�n para acreditar las normas sustantivas para la formaci�n de una municipalidad, entre ellas obviamente el informe del Ejecutivo del Estado, quien manifest� que previas encuestas de opini�n practicadas sobre el particular resuelve comunicar que la opini�n del Ejecutivo del Estado es positiva y que no existe inconveniente por parte de la administraci�n p�blica estatal en que la D.�n de V. de P. sea elevada a la categor�a de Municipio; adem�s de que tambi�n es importante destacar que obran documentales que justifican la circunstancia de que V. de P. cuenta con los recursos necesarios para el sostenimiento de la administraci�n municipal, pues obtienen los suficientes ingresos con los que pueden ir sufragando los egresos que se vayan necesitando, lo cual implica que s� son autosuficientes para administrarse por s� mismos, seg�n estudios realizados por la Contadur�a M. de Hacienda del Congreso del Estado con base en datos que aport� el Municipio de la capital y que constan en autos, todo lo cual nos llevan a la conclusi�n de que es procedente y legal se otorgue la categor�a de Municipio a V. de P.. D�cimo tercero. No pasa desapercibido a estas comisiones que la opini�n del H. Ayuntamiento de la capital fue en sentido negativo a la formaci�n del Municipio de V. de P., y en tres elementos dice fundamentalmente su oposici�n: a) Consideraciones preliminares; b) Vicios de la propuesta de municipalizaci�n, y, c) Los da�os que conllevar�a para el Municipio de la capital la propuesta aludida. En cuanto al primero de los elementos dicen que no ha sido evidente un inter�s generalizado de la poblaci�n de esa zona delegacional por la proyectada municipalizaci�n; que adem�s de los requisitos que se�alaba la anterior del Org�nica del Municipio Libre (sic), tambi�n se deben cumplir los requisitos que contempla la L.O.�nica del Municipio vigente. En cuanto a los vicios de la propuesta los hacen consistir esencialmente en que no se demostr� la existencia de intereses comunales, que los habitantes de la Cabecera D.onal tiene idiosincrasia diferente a la de los habitantes de la zona urbana; que los motivos esgrimidos en la solicitud no se encuentran actualizados; que no se da cabal cumplimiento al requisito se�alado por la fracci�n I del art�culo 84 de la Constituci�n del Estado en cuanto a que la nueva municipalidad deber� contar con los recursos necesarios para el sostenimiento de la administraci�n municipal; que no se consideran las nuevas circunstancias que se dan en la D.�n de P., que los motivos y razones esgrimidos no se adecuan a la realidad actual. En relaci�n del da�o que conllevar�a para la poblaci�n del Municipio de S.L.P.� la secesi�n propuesta, dicen que el crecimiento social urbano requiere, como factores fundamentales, de tierras adecuadas y agua potable, que en el caso de la ciudad capital encuentran al sur oriente y constituye la m�s importante reserva de desarrollo y por ello la secesi�n planteada causar�a un impacto negativo en la poblaci�n del Municipio de S.L.P.� y llegan a la conclusi�n que la solicitud de elevar el car�cter de Municipio a la D.�n de P., carece de fundamento legal a m�s de ser inviable y generar graves consecuencias negativas tanto para la poblaci�n de esa delegaci�n como para el resto de la que ocupa este Municipio. Se considera que no le asiste la raz�n al H. Ayuntamiento de la capital, pues contrariamente a lo que sostiene s� existe un inter�s generalizado de la poblaci�n de V. de P. en constituirse en Municipio, atenta a las consideraciones correspondientes que anteceden y espec�ficamente con las diversas solicitudes y documentos que se anexaron sobre el particular en los a�os de 1981, 1987 y 1995, mismas que ya fueron analizadas, con lo cual puede concluirse v�lidamente que no s�lo se acredita el inter�s generalizado de la poblaci�n de V. de P. en tener la categor�a de Municipio, sino tambi�n se acreditan los intereses comunales de que trata la norma constitucional, adem�s de que a criterio de este H. Congreso del Estado, se estima que no se perjudica la subsistencia del Municipio de la capital por las razones que alega el presidente municipal, habida cuenta que no hay pruebas suficientes que sostengan lo argumentado por tal edil, en relaci�n al da�o que supuestamente conllevar�a para la poblaci�n de S.L.P.� la secesi�n que sufrir�an con la creaci�n del Municipio de V. de P., porque no hay medios de convicci�n que acrediten que en el sur oriente se encuentren tierras y agua potable adecuadas que constituyan la m�s importante reserva de desarrollo de la capital del Estado, ya que a mayor abundamiento como ya se hizo ver con antelaci�n, V. de P. s� cuenta con los suficientes ingresos para sufragar sus egresos con base en los datos que aport� el propio Municipio de la capital a la Contadur�a M. de Hacienda del Congreso del Estado y, por tanto, no hay bases s�lidas para llegar al convencimiento de que se generen graves consecuencias negativas con la creaci�n del Municipio que tratamos. En relaci�n a lo tambi�n argumentado por el H. Ayuntamiento de la capital respecto a que en su concepto, no se cumplen los requisitos que contemplan la L.O.�nica del Municipio vigente, que los motivos y razones esgrimidos en la solicitud no se encuentran actualizados y no se adecuan a la realidad actual; al efecto se dej� plena y ampliamente establecido en el considerando noveno del presente dictamen cu�les son las leyes aplicables a este asunto y por ello es que tampoco se comparte el criterio que sostiene el Ayuntamiento de la capital en lo concerniente a lo que tratamos. Por lo dem�s tambi�n se dej� claramente establecido que en la especie se encuentran plena y legalmente acreditados todos y cada uno de los elementos contenidos en las normas sustantivas constitucionales, as� como los requisitos de la L.O.�nica del Municipio Libre vigente antes de la modificaci�n de requisitos para la formaci�n de nuevos M. y por ello es procedente y legal otorgar la categor�a de Municipio a la D.�n de V. de P., cuya cabecera municipal ser� la del mismo nombre y con los poblados y extensi�n territorial que m�s adelante se indica." (fojas 10 a 28 del cuaderno de pruebas presentadas por el presidente de la D.�n Permanente del Congreso del Estado de S.L.P.�, en la controversia constitucional 15/2003).
Del an�lisis del dictamen legislativo de nueve de diciembre del a�o dos mil dos, que ha quedado reproducido, se advierten los siguientes hechos relevantes en torno al estado procesal del expediente relativo a la creaci�n del Municipio de V. de P..
1. La C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales de la LIV Legislatura del Congreso Potosino ya hab�a emitido, previamente, el d�a cinco de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, un primer dictamen en el cual no aprob� la creaci�n de dicha municipalidad (foja 199 del proyecto).
2. En contra de esa opini�n negativa, los solicitantes del nuevo Municipio interpusieron el recurso ordinario de reconsideraci�n ante el Congreso del Estado, el cual fue resuelto en la sesi�n plenaria del veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y seis en el sentido de ordenar la reposici�n del procedimiento, en virtud de que las opiniones para la creaci�n del nuevo Municipio emitidas tanto por el titular del Poder Ejecutivo del Estado como por el presidente municipal de S.L.P.�, no eran suficientes para establecer con claridad su oposici�n o anuencia para otorgar la categor�a de Municipio a la entonces D.�n de V. de P., lo que daba lugar a la reposici�n procesal anunciada "... a efecto de contar con tan necesaria opini�n debidamente definida, precisando ya sea en un sentido o en otro, su posici�n al respecto ..." (fojas 200 y 201 del proyecto).
3. El Congreso demandado recab� de los promoventes nuevos elementos de prueba; sin embargo, no recibi� la opini�n ni del Ayuntamiento de la capital, como tampoco la del Ejecutivo del Estado, lo que en su momento dio lugar a la imposibilidad legal de emitir dictamen al respecto (foja 201 del proyecto).
4. La LVI Legislatura, con fecha nueve de octubre del a�o dos mil, instal� la C.�n Especial para el asunto de V. de P..
5. El d�a catorce de septiembre del a�o dos mil uno, en contestaci�n a los oficios formulados por la C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales y la C.�n para Asuntos de la D.�n de V. de P., el Ejecutivo del Estado emiti� su informe en sentido positivo, pues manifest� no tener inconveniente en que la D.�n de V. de P. adquiriera la categor�a de Municipio (fojas 201 y 202 del proyecto).
6. El Ayuntamiento del Estado de S.L.P.�, en cumplimiento al acuerdo tomado por el Cabildo en sesi�n extraordinaria del cuatro de octubre del a�o dos mil uno, rindi� su opini�n para la creaci�n del Municipio de V. de P. en sentido negativo, expresando los fundamentos y motivos de orden legal, econ�mico, pol�tico y social que fundaron su parecer (foja 202 del proyecto).
7. Una vez efectuado lo anterior, el Congreso demandado emiti� el d�a nueve de diciembre del a�o dos mil dos el nuevo dictamen (que aqu� se analiza) cuyo sentido es positivo, en tanto propuso la creaci�n del nuevo Municipio de V. de P..
En otros aspectos, en el dictamen legislativo al que se ha hecho referencia tambi�n qued� establecido, por una parte, que las normas sustantivas aplicables para resolver la petici�n de creaci�n del nuevo Municipio son los art�culos 34, fracci�n X, y 84, fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica del Estado, vigentes hasta el d�a veinte de noviembre de mil novecientos noventa y seis.
Por cuanto a la norma procesal que deb�a regir el tr�mite, la autoridad demandada, en el mismo dictamen legislativo del que deriv� el decreto impugnado, consider� aplicable el art�culo 9o. de la L.O.�nica del Municipio Libre del Estado de S.L.P.�, que se encontraba vigente al momento del tr�mite inicial del procedimiento respectivo, esto es, las que reg�an el veintis�is de mayo de mil novecientos noventa y cinco.
Al respecto, dicho parecer se apoy� en las siguientes consideraciones esenciales:
Que cuando una nueva ley procesal entra en vigor solamente se aplicar� trat�ndose de procedimientos en tr�mite a los actos ulteriores respecto de los cuales a�n no se hayan actualizado los supuestos normativos.
Que a la fecha del dictamen ya hab�a sido abrogada la L.O.�nica del Municipio Libre que data del tres de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, la cual se encontraba vigente cuando se inici� la petici�n de municipalizaci�n de V. de P., pero al abrogarse y entrar en vigor una nueva ley s�lo se opon�an al nuevo sistema las disposiciones que contraven�an la nueva, pudiendo subsistir v�lidamente las actuaciones que no se contrapon�an sino que se ajustaban a la nueva normatividad.
Que en esa virtud, las normas procesales aplicables son las contenidas en la L.O.�nica del Municipio Libre del Estado de S.L.P.� vigente en el momento del tr�mite inicial del procedimiento respectivo, porque ya se hab�an satisfecho los supuestos normativos que contemplaba la ley en vigor al momento de la emisi�n del dictamen de cinco de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en virtud del cual el Congreso demandado hab�a negado la petici�n de erigir en Municipio a V. de P..
Que a pesar de que en la actualidad se est� en presencia de la reposici�n de un procedimiento, no se trata de uno nuevo, sino que es el mismo y, por tanto, no se pueden aplicar las nuevas leyes, pues ello dar�a lugar a la retroactividad en perjuicio de los solicitantes de la municipalizaci�n de V. de P., en virtud de que los requisitos contemplados en la L.O.�nica del Municipio Libre de mil novecientos ochenta y cuatro, vigente hasta mil novecientos noventa y siete, ya se encontraban satisfechos y, por ende, adquiridos los derechos procesales que consagraba dicha ley, pues para ordenar la reposici�n del procedimiento, el recurso de reconsideraci�n resuelto por el propio Congreso demandado el d�a veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y seis no se bas� en el hecho de que faltara alguno de los requisitos exigidos por los art�culos 34, fracci�n X, y 84, fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica del Estado vigente en la �poca de la solicitud de municipalizaci�n y 9o. de la L.O.�nica del Municipio Libre, tambi�n vigente en esa �poca, sino en la circunstancia de que las opiniones del Ejecutivo y del presidente municipal de la capital no eran suficientes para establecer con claridad su oposici�n o su anuencia para otorgar la categor�a de Municipio a V. de P., por lo que una vez subsanada tal circunstancia, �nicamente correspond�a hacer un nuevo an�lisis sobre la procedencia de la creaci�n o no del Municipio que se pretende.
Por tanto, la autoridad demandada concluy� que resultaba aplicable al caso el art�culo 9o. de la L.O.�nica del Municipio Libre que estuvo vigente de mil novecientos ochenta y cuatro a mil novecientos noventa y siete, precepto que establec�a que para la constituci�n de un nuevo Municipio deb�an cumplirse los siguientes requisitos relativos al tr�mite:
I. Que lo soliciten cuando menos mil quinientos habitantes.
II. Que la regi�n que pretenda erigirse en Municipio cuente con una poblaci�n m�nima de tres mil habitantes conforme al censo respectivo.
III. Que la regi�n cuente con recursos econ�micos para cubrir, a criterio del Congreso, las erogaciones de la administraci�n municipal.
IV. Que se tengan los locales adecuados para la instalaci�n de las oficinas municipales y la prestaci�n de los servicios b�sicos.
V. Que se tome en cuenta la opini�n por escrito del Congreso del Estado, as� como la de los Ayuntamientos afectados, quienes deber�n emitirla dentro de los sesenta d�as siguientes a la fecha en que se les comunique la solicitud.
VI. Que se tome en consideraci�n el informe que el Ejecutivo del Estado deber� rendir dentro de los sesenta d�as a la fecha en que se le solicite.
VII. Que a criterio del Congreso del Estado no se perjudique la subsistencia de los M. afectados.
Una vez precisado lo anterior, en el mismo dictamen del que deriva el decreto impugnado, la autoridad responsable consider� cumplidos los requisitos establecidos en los preceptos originalmente vigentes en la �poca en que le fue solicitada la creaci�n delnuevo Municipio de V. de P., al tenor de los siguientes argumentos esenciales:
I. Que la poblaci�n de la D.�n de V. de P. es de cuarenta y ocho mil doscientos sesenta y cuatro habitantes, seg�n el censo del Instituto Nacional de Estad�stica, Geograf�a e Inform�tica.
II. Que se estableci� documentalmente que en el a�o de mil novecientos noventa y cuatro, la D.�n de V. de P. obtuvo un promedio mensual de ingresos de $179,880.00 (ciento setenta y nueve mil ochocientos ochenta pesos), seg�n el estado de resultados de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, entre impuestos y derechos pagados por la ciudadan�a, sin tomar en cuenta las participaciones que aport� el Municipio a la capital.
III. Que para brindar los servicios a la ciudadan�a, en el edificio de la delegaci�n, se tienen las extensiones de las Direcciones del Ayuntamiento de la capital correspondientes a: Catastro, Servicios Municipales y Obras P�blicas, Comercio e Inspecci�n General, Promoci�n Ciudadana, T.�a y Contralor�a, Secretar�a General, privado del delegado, sal�n de acuerdos, Oficial�a del Registro Civil y un cuartel de Seguridad P�blica Municipal, peritos, rescate y salvamento, privado del director de Celdas, regaderas, Teatro del Pueblo y Casa de la Cultura que alberga una biblioteca.
IV. Que la poblaci�n est� ligada por intereses comunales, seg�n se corrobora con las siguientes pruebas:
a) Nombre, domicilio y firma de m�s de mil quinientos habitantes.
b) Censos de poblaci�n de grupos de edad emitida por la directora de Servicios Coordinados de Salud P�blica en el Estado.
c) Oficios de los presidentes municipales de Cerro de S.P., S. D�az G.�rrez y V. de R., que apoyan la integraci�n de la D.�n de V. de P. en Municipio Libre y manifiestan no tener objeci�n alguna.
d) Acta del Ayuntamiento de V. de Zaragoza, en el mismo sentido.
e) Oficio del director general de Asuntos Jur�dicos del Gobierno del Estado.
f) Diversos escritos dirigidos a exgobernadores y al Congreso del Estado, record�ndoles que desde el a�o de mil novecientos ochenta y uno existe un expediente relacionado con la petici�n de recuperar la categor�a de Municipio de V. de P., exponiendo las razones que consideraron pertinentes para apoyar su solicitud, entre ellas, recuperar sus derechos pol�ticos electorales, hist�ricos, demogr�ficos, sociales, culturales, econ�micos, etc�tera.
Como corolario de lo anterior, el Congreso demandado estableci� que quedaron cumplidos todos y cada uno de los requisitos contenidos en el art�culo 9o. de la L.O.�nica del Municipio Libre que se encontraba vigente en el a�o de mil novecientos noventa y cinco, en virtud de que qued� justificado que m�s de mil quinientas personas solicitaron la municipalizaci�n de V. de P., que su poblaci�n es mayor a tres mil habitantes, seg�n el censo respectivo, que cuenta con los recursos econ�micos para cubrir sus erogaciones, as� como con los locales adecuados para la instalaci�n de las oficinas municipales y prestaci�n de los servicios b�sicos, que se tiene la opini�n del Ayuntamiento de la capital que va a ser afectado con la creaci�n del nuevo Municipio, as� como el informe del Ejecutivo; finalmente, que no se afecta la subsistencia del Municipio primitivo y que existe un inter�s generalizado de la poblaci�n de V. de P. de constituirse en Municipio.
Por tanto, el dictamen aprobado por la legislatura demandada determin� la creaci�n del Municipio de V. de P., al tenor de los argumentos rese�ados precedentemente.
Por su parte, el presidente de la D.�n Permanente del Congreso del Estado de S.L.P.�, al contestar la demanda, sostiene la validez del acto impugnado en el aspecto replicado por el Municipio actor, al tenor de los mismos fundamentos esgrimidos en el dictamen, que han quedado rese�ados, de modo que tales argumentaciones, con las que se integra la litis en este juicio, se confrontar�n directamente con las violaciones alegadas en los conceptos de invalidez.
La creaci�n de un Municipio no es una atribuci�n conferida por la Constituci�n General de la Rep�blica a las autoridades federales, pues las fracciones I y III del art�culo 73, son del tenor siguiente:
"Art�culo 73. El Congreso tiene facultad:
"I. Para admitir nuevos Estados a la Uni�n Federal;
"...
"III. Para formar nuevos Estados dentro de los l�mites de los existentes, siendo necesario al efecto:
"1o. Que la fracci�n o fracciones que pidan erigirse en Estados, cuenten con una poblaci�n de ciento veinte mil habitantes, por lo menos.
"2o. Que se compruebe ante el Congreso que tiene los elementos bastantes para proveer a su existencia pol�tica.
"3o. Que sean o�das las Legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia de la erecci�n del nuevo Estado, quedando obligadas a dar su informe dentro de seis meses, contados desde el d�a en que se les remita la comunicaci�n respectiva.
"4o. Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federaci�n, el cual enviar� su informe dentro de siete d�as contados desde la fecha en que le sea pedido.
"5o. Que sea votada la erecci�n del nuevo Estado por dos terceras partes de los diputados y senadores presentes en sus respectivas C�maras.
"6o. Que la resoluci�n del Congreso sea ratificada por la mayor�a de las Legislaturas de los Estados, previo examen de la copia del expediente, siempre que hayan dado su consentimiento las Legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate.
"7o. Si las Legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate, no hubieren dado su consentimiento, la ratificaci�n de que habla la fracci�n anterior, deber� ser hecha por las dos terceras partes del total de Legislaturas de los dem�s Estados."
De este precepto deriva que el Congreso de la Uni�n tiene atribuciones constitucionales para admitir nuevos Estados a la Uni�n Federal, as� como para formar nuevos dentro de los l�mites de los ya existentes, mas el dispositivo fundamental en cita nada dice respecto a la creaci�n de nuevos M. en los Estados federados.
En ese tenor, al no atribuirse esta facultad expresamente a las autoridades federales, debe entenderse que se encuentra reservada a los Estados dentro de cuyo territorio ha de constituirse la nueva municipalidad, en aplicaci�n de la prevenci�n general contenida en el art�culo 124 de la misma N.F., que establece:
"Art�culo 124. Las facultades que no est�n expresamente concedidas por esta Constituci�n a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados."
Lo anterior se relaciona, adem�s, con el art�culo 115, p�rrafo primero, de la Constituci�n General de la Rep�blica, que establece:
"Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes."
En esa virtud, si el Municipio es la base de la divisi�n territorial y de la organizaci�n pol�tica y administrativa de los Estados y la formaci�n de �stos no es una atribuci�n de las autoridades federales, entonces esta facultad corresponde a las entidades federativas, de modo que, para resolver sobre las violaciones alegadas en los conceptos de invalidez previamente rese�ados, debe acudirse a las disposiciones de la Constituci�n Pol�tica y de la L.O.�nica del Municipio Libre, ambas del Estado de S.L.P.�, que se encontraban vigentes en dos �pocas diversas.
La primera de ellas corresponde al d�a veintis�is de mayo de mil novecientos noventa y cinco, que es la fecha de la solicitud dirigida por un grupo de ciudadanos de la entonces D.�n V. de P. al Congreso potosino, para que se otorgara a esa demarcaci�n la categor�a de Municipio.
La segunda de esas �pocas se ubica en el a�o dos mil uno, en que tuvo verificativo la reposici�n del procedimiento con el objeto de recabar la opini�n del Municipio de S.L.P.� y el informe del gobernador del Estado, en torno a la creaci�n de la municipalidad precisada en el p�rrafo que precede y que tambi�n comprende, adem�s, las siguientes fechas: el nueve de diciembre del a�o dos mil dos, en que la C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de S.L.P.� elabor� el dictamen positivo para la creaci�n del nuevo Municipio de V. de P.; el catorce de diciembre del mismo mes y a�o, en que ese dictamen fue aprobado por la Quincuag�sima Sexta Legislatura, y el diecisiete, tambi�n del mes y a�o citados, que corresponde a la publicaci�n del decreto relativo en el P.�dico Oficial del Gobierno del Estado de S.L.P.�.
Lo anterior, porque las disposiciones legales que reg�an al momento en que se elev� a la autoridad legislativa demandada la petici�n para la creaci�n de un nuevo Municipio son distintas a las que se encontraban en vigor cuando se dieron los �ltimos sucesos mencionados.
En efecto, a partir de la consulta de las publicaciones oficiales correspondientes, se obtiene que en las �pocas destacadas reg�an preceptos de contenido diverso que exig�an, tambi�n, el cumplimiento de distintos requisitos para la constituci�n de un nuevo Municipio, como lo ilustra el cuadro comparativo siguiente:

Ver cuadro


De la anterior relaci�n se advierte que el d�a veintis�is de mayo de mil novecientos noventa y cinco, fecha que corresponde a aquella en la que un grupo de ciudadanos de la entonces D.�n de V. de P. solicit� al Congreso L. demandado que ese lugar recuperara su calidad de Municipio o, lo que es lo mismo, que se le otorgara esa categor�a, la cual fue presentada el mismo d�a ante la Oficial�a M. del Congreso potosino, reg�an los art�culos 34, fracci�n X (publicado en el P.�dico Oficial del Estado de S.L.P.�, n�mero extraordinario de 21 de diciembre de 1994), y 84 (publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de 15 de agosto de 1986), ambos de la Constituci�n Pol�tica de esa entidad federativa, conforme a los cuales, para formar un nuevo Municipio, se requer�a que la poblaci�n o grupos de poblaci�n que lo fueran a componer:
? Estuvieran ligados por intereses comunales.
? Tuvieran tres mil habitantes por lo menos.
? Contaran con los recursos necesarios para el sostenimiento de la administraci�n municipal.
Estos requisitos establecidos en la Constituci�n L. para la creaci�n de un nuevo Municipio, a su vez, se complementaban con los art�culos 8o. y 9o. de la L.O.�nica del Municipio Libre del Estado de S.L.P.�, vigente al d�a veintis�is de mayo de mil novecientos noventa y cinco, fecha de la solicitud para la constituci�n del nuevo Municipio de V. de P., contenida en el Decreto N�mero Trescientos Setenta de fecha dos de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, publicada en el suplemento al n�mero diez del P.�dico Oficial del Estado de fecha tres de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, conforme a los cuales, para la constituci�n de un nuevo Municipio, adem�s de los requisitos constitucionales ya precisados, se requer�a tambi�n satisfacer los siguientes:
? El voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso del Estado.
? La aprobaci�n de las dos terceras partes de los Ayuntamientos que integran a la entidad federativa.
? Que lo soliciten cuando menos mil quinientos habitantes.
? Que la regi�n que pretenda erigirse en Municipio cuente con una poblaci�n m�nima de tres mil habitantes conforme al censo respectivo.
? Que la regi�n cuente con recursos econ�micos para cubrir, a criterio del Congreso, las erogaciones de la administraci�n municipal.
? Que se tengan los locales adecuados para la instalaci�n de las oficinas municipales y la prestaci�n de los servicios b�sicos.
? Que se tome en cuenta la opini�n por escrito del Congreso del Estado, as� como la de los Ayuntamientos afectados, quienes deber�n emitirla dentro de los sesenta d�as siguientes a la fecha en que se les comunique la solicitud.
? Que se tome en consideraci�n el informe que el Ejecutivo del Estado deber� rendir dentro de los sesenta d�as a la fecha en que se le solicite.
? Que a criterio del Congreso del Estado no se perjudique la subsistencia de los M. afectados.
Este r�gimen original para la creaci�n de un nuevo Municipio, que se encontraba en vigor al d�a veintis�is de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en que se elev� al Congreso demandado la solicitud respectiva, sufri� modificaciones sustanciales.
Efectivamente, los art�culos 34, fracci�n X, y 84 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de S.L.P.�, fueron derogados por el Decreto de adiciones y reformas a diversos art�culos de la Constituci�n Pol�tica del Estado de S.L.P.�, publicado en el P.�dico Oficial del Gobierno de esa entidad federativa del d�a veinte de noviembre de mil novecientos noventa y seis, en cuyos art�culos primero y d�cimo transitorios se estableci� lo siguiente:
"Primero. Se derogan los art�culos constitucionales que en virtud de este decreto se reformaron �ntegramente; asimismo se derogan las partes correlativas de aquellos art�culos que se reformaron parcialmente.
"...
"D�cimo. El presente decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el P.�dico Oficial del Estado, previo cumplimiento a lo establecido en el art�culo 120 de la Constituci�n Pol�tica del Estado que se reforma."
En esa virtud, al d�a nueve de diciembre del a�o dos mil dos en que se elabor� el dictamen positivo para la creaci�n de la nueva municipalidad, del cual deriva el decreto impugnado, que fue votado por los diputados integrantes de la diputaci�n demandada el d�a catorce siguiente y difundido el diecisiete del mismo mes y a�o, reg�an ya otros preceptos que cambiaron sustancialmente los requisitos para la creaci�n de un nuevo Municipio que establec�an los art�culos derogados, pues los art�culos 57 y 119 de la Constituci�n L. de S.L.P.�, aplicables en las fechas indicadas, en vigor a partir del d�a veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis, establecen que para erigir M. se requiere:
? Tomar en cuenta criterios de orden demogr�fico, pol�tico, social y econ�mico.
? Consultar a la ciudadan�a de los M. interesados a trav�s de plebiscitos.
? Cumplir, adem�s, los requisitos que prevenga la L.O.�nica del Municipio Libre.
Estos requisitos tambi�n se complementan con la L.O.�nica del Municipio Libre del Estado de S.L.P.�, que tambi�n sufri� modificaciones, pues la ley de mil novecientos ochenta y cuatro que conten�a a los art�culos 8o. y 9o. previamente rese�ados, que estuvieron en vigor en la fecha de la solicitud para la creaci�n del nuevo Municipio, fue abrogada expresamente por la ley de la materia difundida en el P.�dico Oficial del Gobierno del Estado de S.L.P.� correspondiente al d�a treinta de abril de mil novecientos noventa y siete, al tenor de su segundo punto transitorio que estableci�:
"Segundo. Se abroga la vigente L.O.�nica del Municipio Libre del Estado de S.L.P.�, la cual data del tres de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro."
A su vez, la L.O.�nica del Municipio Libre del Estado de S.L.P.�, de treinta de abril de mil novecientos noventa y siete, fue tambi�n abrogada expresamente por la nueva y actual ley de la materia, publicada en el P.�dico Oficial del Gobierno del Estado de S.L.P.� del d�a once de julio del a�o dos mil, la cual establece en su segundo punto transitorio, lo siguiente:
"Segundo. A la entrada en vigor de este decreto, se abroga la L.O.�nica del Municipio Libre del Estado de S.L.P.�, publicada en el P.�dico Oficial del Estado el 30 de abril de 1997."
La nueva ley org�nica entr� en vigor el d�a veintis�is de septiembre del a�o dos mil, al tenor de su primer art�culo transitorio, que dice:
"Primero. La presente ley entrar� en vigor el d�a veintis�is de septiembre del a�o dos mil."
De esta manera, en el a�o dos mil uno en que se repuso el procedimiento a fin de recabar la opini�n del Municipio de S.L.P.� y el informe del gobernador del Estado respecto a la creaci�n del nuevo Municipio y, por ende, al d�a nueve de diciembre del a�o dos mil dos en que se elabor� el dictamen positivo para la creaci�n de la nueva municipalidad, del cual deriva el decreto impugnado, que fue votado por los diputados integrantes de la diputaci�n demandada el d�a catorce siguiente y difundido el diecisiete del mismo mes y a�o, reg�an ya otros preceptos que cambiaron sustancialmente los requisitos para la creaci�n de un nuevo Municipio, que establec�an los preceptos de la ley org�nica abrogada, pues ahora los art�culos del 46 al 50 de la L.O.�nica del Municipio Libre, vigente a partir del veintis�is de septiembre del a�o dos mil, ya transcritos en el cuadro comparativo precedente, establecen que para erigir M. se requiere:
? Solicitud por escrito de los interesados, respaldada con el nombre, las firmas y el n�mero de credencial de elector de cuando menos el veinticinco por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la circunscripci�n territorial que se pretenda erigir como Municipio.
? Precisar en la solicitud el nombre con el que pretenda denominarse el nuevo Municipio.
? Tener un censo de poblaci�n no menor a veinte mil habitantes.
? Contar con los recursos econ�micos suficientes para cubrir las erogaciones que requiera la administraci�n p�blica municipal, de acuerdo a los estudios que los sectores interesados presenten como prueba, sujeta a la comprobaci�n del propio Congreso del Estado
? Que el centro de poblaci�n se�alado como cabecera municipal cuente con los inmuebles e instalaciones necesarios para el funcionamiento de los servicios p�blicos municipales que establece la Constituci�n del Estado.
? Cuando sean varios los centros de poblaci�n que lo integren, que est�n debidamente comunicados.
? Que se tome en cuenta, mediante plebiscito, la opini�n ciudadana del Municipio o M. en que se encuentra la fracci�n territorial que pretende erigirse como Municipio.
? Que se tome en cuenta la opini�n, expresada por escrito, del Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos afectados con la posible creaci�n del Municipio, dentro de los sesenta d�as naturales siguientes a la fecha en la que el Congreso del Estado les comunique la solicitud.
? Que a criterio del Congreso del Estado no se perjudique la subsistencia de los dem�s M..
Asimismo, la nueva ley org�nica municipal aplicable al momento en que se repuso el procedimiento y emiti� el decreto impugnado, establece que a la solicitud de creaci�n del nuevo Municipio deber�n acompa�arse los siguientes documentos:
? Una lista con el nombre, firma y n�mero de credencial de elector de los ciudadanos interesados que eleven la solicitud.
? Monto estimado de los ingresos y egresos que podr�a tener la hacienda municipal.
? Relaci�n de edificios y terrenos con que se cuente para oficinas y la prestaci�n de los servicios p�blicos municipales, que deber�n ser cuando menos: mercados, rastro, polic�a, c�rcel, pante�n, escuelas que atiendan al menos los niveles preescolar, primaria y secundaria, servicios m�dicos, instituciones bancarias, industriales, comerciales y agr�colas ubicadas en el lugar que se se�ale como cabecera municipal.
? Descripci�n de las v�as de comunicaci�n entre el lugar que se proponga como cabecera municipal, con la capital del Estado y con los dem�s centros de poblaci�n que vayan a formar parte del nuevo Municipio.
? Nombres, categor�as pol�ticas, censos de poblaci�n, agropecuarios, comerciales e industriales, del poblado o poblados que se propongan para la integraci�ndel nuevo Municipio, as� como la descripci�n de sus per�metros y l�mites territoriales.
Las nuevas disposiciones de la L.O.�nica Municipal del Estado de S.L.P.� tambi�n establecen que en la creaci�n de un nuevo Municipio:
? Se seguir�n criterios de orden demogr�fico, pol�tico, social y econ�mico.
? Se evitar� que los centros de poblaci�n quebranten su unidad social, cultural o geogr�fica, se reduzca a menos de veinte mil habitantes la poblaci�n del Municipio o M. afectados o se disminuyan sus ingresos de forma que resulten insuficientes para cubrir las erogaciones de su administraci�n p�blica.
Al tenor de la relaci�n efectuada, queda evidenciado que en los momentos ya precisados, esto es, cuando se solicit� la creaci�n del nuevo Municipio de V. de P. y cuando se repuso el procedimiento relativo a fin de recibir la opini�n del Municipio de S.L.P.� y el informe del gobernador del Estado, se emiti�, se aprob� el dictamen y se public� el decreto que determin� su constituci�n, reg�an distintos preceptos tanto de la Constituci�n Pol�tica como de la L.O.�nica del Municipio Libre, ambos del Estado de S.L.P.�, pues los originalmente aplicables fueron abrogados y derogados por la nueva normatividad que regul� esa petici�n, estableciendo estos �ltimos diversos requisitos para ese fin, lo cual constituye un aspecto relevante a considerar, para analizar las violaciones alegadas.
Efectivamente, en el dictamen legislativo del que deriv� el decreto impugnado y en el escrito de contestaci�n a la demanda de invalidez, el Congreso del Estado de S.L.P.� sostuvo la aplicaci�n de las normas procesales contenidas en la L.O.�nica del Municipio Libre del Estado, vigentes en el momento del tr�mite inicial del procedimiento respectivo, esto es, las que reg�an el veintis�is de mayo de mil novecientos noventa y cinco, concretamente, el art�culo 9o. de la L.O.�nica del Municipio Libre que estuvo vigente de mil novecientos ochenta y cuatro a mil novecientos noventa y siete, bajo el argumento esencial de que ya se encontraban cumplidos los requisitos que establece dicho precepto y, por tanto, adquiridos los derechos que consagra ese numeral.
Ahora bien, los argumentos del Congreso demandado para sostener, en la reposici�n del procedimiento efectuada en el a�o dos mil uno, la aplicaci�n del precepto aludido, que estuvo en vigor al momento en que le fue presentada la solicitud respectiva, pero que actualmente se encuentra abrogado, conducen el estudio hacia el campo de la retroactividad de la ley, pues precisamente sostuvo la no aplicaci�n de la ley actualmente en vigor, porque, en su opini�n, hacerlo producir�a retroactividad en perjuicio de los solicitantes, argumento que es incorrecto, como se pasa a demostrar a continuaci�n.
El primer p�rrafo del art�culo 14 de la N.F. establece lo siguiente:
"Art�culo 14. A ninguna ley se dar� efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna."
La retroactividad puede ser analizada, esencialmente, a trav�s de dos teor�as fundamentales que son la de los derechos adquiridos y la de los componentes de la norma.
Respecto de la teor�a de los derechos adquiridos, el Tribunal Pleno sustent� la tesis cuyo contenido y datos de publicaci�n son los siguientes:
"Sexta �poca
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n
"Volumen: CXXXVI, Primera Parte
"P�gina: 80
"RETROACTIVIDAD, TEOR�AS DE LA. Sobre la materia de irretroactividad, existen diversidad de teor�as, siendo las m�s frecuentes, la de los derechos adquiridos y de las expectativas de derecho y la de las situaciones generales de derecho y situaciones concretas o situaciones abstractas y situaciones concretas, siendo la primera, el mandamiento de la ley, sin aplicaci�n concreta de la misma. El derecho adquirido es definible, cuando el acto realizado introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y el hecho efectuado no puede afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposici�n legal en contrario; y la expectativa de derecho es una esperanza o una pretensi�n de que se realice una situaci�n jur�dica concreta, de acuerdo con la legislaci�n vigente en un momento dado. En el primer caso, se realiza el derecho y entra al patrimonio; en el segundo, el derecho est� en potencia, sin realizar una situaci�n jur�dica concreta, no formando parte integrante del patrimonio; estos conceptos han sido acogidos por la Suprema Corte, como puede verse en las p�ginas 226 y 227 del Ap�ndice al Tomo L del Semanario Judicial de la Federaci�n, al establecer: ?Que para que una ley sea retroactiva, se requiere que obre sobre el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, y esta �ltima circunstancia es esencial?. ?La ley es retroactiva cuando vuelve al pasado, para cambiar, modificar o suprimir los derechos individuales adquiridos?. ?Al celebrarse un contrato, se crea una situaci�n jur�dica concreta, que no puede destruirse por la nueva ley, si no es incurriendo en el vicio de retroactividad. Si una obligaci�n ha nacido bajo el imperio de la ley antigua, subsistir� con los caracteres y las consecuencias que la misma ley le atribuye?."
Conforme a la teor�a de los derechos adquiridos y las expectativas de derecho, un derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, el cual no puede afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposici�n legal en contrario, a diferencia de la expectativa de derecho que se traduce en una pretensi�n de que se realice una situaci�n jur�dica concreta, conforme a la legislaci�n vigente en un momento determinado.
Este criterio ha sido reiterado por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en la tesis n�mero 2a. LXXXVIII/2001, cuyo contenido y datos de publicaci�n son los siguientes:
"Novena �poca
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta
"Tomo: XIII, junio de 2001
"Tesis: 2a. LXXXVIII/2001
"P�gina: 306
"IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANT�A CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACI�N S�LO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS. Conforme a la interpretaci�n que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha hecho del art�culo 14 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto al tema de la irretroactividad desfavorable que se proh�be, se desprende que �sta se entiende referida tanto al legislador, por cuanto a la expedici�n de las leyes, como a la autoridad que las aplica a un caso determinado, ya que la primera puede imprimir retroactividad, al modificar o afectar derechos adquiridos con anterioridad y la segunda, al aplicarlo, produci�ndose en ambos casos el efecto prohibido por el Constituyente. Ahora bien, el derecho adquirido es aquel que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jur�dico, o bien, es aquel que implica la introducci�n de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jur�dico; en cambio, la expectativa de derecho es una pretensi�n o esperanza de que se realice una situaci�n determinada que va a generar con posterioridad un derecho; es decir, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde al futuro. En estas condiciones, se concluye que si una ley o un acto concreto de aplicaci�n no afectan derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho no violan la garant�a de irretroactividad de las leyes prevista en el precepto constitucional citado."
Desde otra perspectiva, en la teor�a de los componentes de la norma, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha establecido que toda norma jur�dica contiene un supuesto y una consecuencia, en el que si aqu�l se realiza, �sta debe producirse, gener�ndose as� los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, que los destinatarios de la norma est�n en posibilidad de ejercer aqu�llos y de cumplir con �stas. Sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato ni en un solo momento, ya que puede suceder que su realizaci�n ocurra fraccionada en el tiempo y, para analizar la retroactividad o irretroactividad de las normas, es necesario analizar las diversas hip�tesis que pueden llegar a generarse a trav�s del tiempo.
Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia cuyo contenido y datos de publicaci�n son los siguientes:
"Novena �poca
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta
"Tomo: XIV, octubre de 2001
"Tesis: P./J. 123/2001
"P�gina: 16
"RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACI�N CONFORME A LA TEOR�A DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA. Conforme a la citada teor�a, para determinar si una ley cumple con la garant�a de irretroactividad prevista en el primer p�rrafo del art�culo 14 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que toda norma jur�dica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aqu�l se realiza, �sta debe producirse, gener�ndose, as�, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma est�n en posibilidad de ejercitar aqu�llos y cumplir con �stas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realizaci�n ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposici�n jur�dica, es fundamental determinar las hip�tesis que pueden presentarse en relaci�n con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jur�dica. Al respecto cabe se�alar que, generalmente y en principio, pueden darse las siguientes hip�tesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma jur�dica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposici�n legal posterior podr� variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garant�a de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jur�dica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podr� variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. Tambi�n puede suceder que la realizaci�n de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior, que no se produjeron durante su vigencia, no dependa de la realizaci�n de los supuestos previstos en esa ley, ocurridos despu�s de que la nueva disposici�n entr� en vigor, sino que tal realizaci�n estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por el establecimiento de un plazo o t�rmino espec�fico, o simplemente porque la realizaci�n de esas consecuencias era sucesiva o continuada; en este caso la nueva disposici�n tampoco deber� suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la raz�n sencilla de que �stas no est�n supeditadas a las modalidades se�aladas en la nueva ley. 4. Cuando la norma jur�dica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podr� modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previ�, sin violar la garant�a de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previ�, si son modificados por una norma posterior, �sta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habr�n de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de �sta las que deben regir su relaci�n, as� como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan."
Conforme a la jurisprudencia acabada de reproducir, para determinar la retroactividad o irretroactividad de las leyes, de acuerdo a la teor�a de los componentes de la norma, es necesario analizar las siguientes hip�tesis que pueden llegar a generarse a trav�s del tiempo:
1. Cuando durante la vigencia de una norma jur�dica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposici�n legal posterior podr� variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garant�a de irretroactividad, atento a que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida.
2. El caso en que la norma jur�dica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podr� variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva.
3. Tambi�n puede suceder que la realizaci�n de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior, que no se produjeron durante su vigencia, no dependa de la realizaci�n de los supuestos previstos en esa ley, ocurridos despu�s de que la nueva disposici�n entr� en vigor, sino que tal realizaci�n estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por el establecimiento de un plazo o t�rmino espec�fico, o simplemente porque la realizaci�n de esas consecuencias era sucesiva o continuada; en este caso, la nueva disposici�n tampoco deber� suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la raz�n sencilla de que �stas no est�n supeditadas a las modalidades se�aladas en la nueva ley.
4. Cuando la norma jur�dica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podr� modificar los actos del supuesto que se hayan realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previ�, sin violar la garant�a de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previ�, si son modificados por una norma posterior, �sta no puede considerarse retroactiva. En tal circunstancia, los actos o supuestos habr�n de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de �sta las que deben regir su relaci�n, as� como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan.
Los anteriores conceptos adquieren matices propios y caracter�sticos, trat�ndose de la retroactividad de las normas de procedimiento, que este Alto Tribunal ha establecido en diversas tesis, de las cuales son de citarse las siguientes:
"Quinta �poca
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n
"Tomo: IX
"P�gina: 373
"PROCEDIMIENTO. La retroactividad de las leyes de procedimiento cabe cuando se trata de la forma, con arreglo a la que puede ser ejercitado un derecho precedentemente adquirido, pero no cuando ese derecho ha nacido de la forma misma del procedimiento, derecho del que no puede privarse a nadie por una ley nueva y que hace nacer excepciones que pueden ser opuestas por el colitigante; mas la tramitaci�n del juicio debe, desde ese punto, sujetarse a la nueva ley."
"Quinta �poca
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n
"Tomo: LIX
"P�gina: 1201
"PROCEDIMIENTOS, EFECTOS JUR�DICOS DE LOS. En materia de procedimiento no existen, respecto al desarrollo ulterior del juicio, derechos adquiridos, pues cuando se ha entablado un juicio, los litigantes no tienen derecho a que, respecto de tr�mites ulteriores, se apliquen determinadas normas, de suerte que si el legislador posteriormente cambia las bases a que el procedimiento se sujetaba, al aplicar las nuevas leyes, no se incurre en el vicio de retroactividad."
"S�ptima �poca
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n
"Volumen: 59, Primera Parte
"P�gina: 60
"RETROACTIVIDAD. LAS LEYES PROCESALES NO PUEDEN PRODUCIRLA. Es bien sabido que trat�ndose de procedimientos por estar �stos constituidos por actos sucesivos, es decir, por no ser actos que se desarrollen en un solo momento, se van rigiendo por las disposiciones vigentes en la �poca en que tienen verificativo, y por esto, las leyes de procedimiento no pueden producir efectos retroactivos."
"S�ptima �poca
"Instancia: Cuarta Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n
"Vol�menes: 205-216, Quinta Parte
"P�gina: 49
"RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO. APLICACI�N QUE NO LA IMPLICA. Las leyes del procedimiento son de aplicaci�n inmediata a todas las contiendas que se inician o que est�n pendientes al tiempo en que entren en vigor. Pero esto no implica retroactividad, porque la aplicaci�n de las leyes procesales mira a un hecho existente en la actualidad, esto es a la litis, no a un hecho pasado, cual es el negocio jur�dico, y menos a la acci�n que se ejercita."
"Octava �poca
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n
"Tomo: I, Primera Parte-1, enero a junio de 1988
"P�gina: 110
"RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL. Una ley procesal est� formada, entre otras cosas, por normas que otorgan facultades que dan la posibilidad jur�dica a una persona de participar en cada una de las etapas que conforman el procedimiento y al estar regidas esas etapas por las disposiciones vigentes en la �poca en que van naciendo, no puede existir retroactividad mientras no se prive de alguna facultad con que ya se contaba; por tanto, si antes de que se actualice una etapa del procedimiento el legislador modifica la tramitaci�n de �ste, suprime un recurso, ampl�a un t�rmino, modifica la valoraci�n de las pruebas, etc., no existe retroactividad de la ley, ya que la serie de facultades que dan la posibilidad de participar en esa etapa, al no haberse actualizado �sta, no se ven afectadas."
Conforme a lo anterior se obtiene la premisa esencial de que las normas adjetivas se apoderan de la relaci�n jur�dica que nace en virtud de un procedimiento, en el estado en el que �ste se encuentre, rigiendo inmediatamente para aquellos actos procesales que a�n no se han realizado.
En ese tenor, debe decirse que aun cuando en principio es correcto el argumento del Congreso demandado vertido en el dictamen, en el sentido de que la nueva ley procesal que entre en vigor durante la sustanciaci�n del procedimiento s�lo ser� aplicable a los actos de tr�mite ulteriores, respecto de los cuales a�n no se hayan actualizado los supuestos normativos, esto es, aquellos actos del procedimiento que a�n no se han realizado; sin embargo, lo acertado de este razonamiento, que resulta congruente con las tesis de este Alto Tribunal que han sido invocadas, se contradice con los restantes argumentos y el proceder de dicha autoridad en tanto que, haciendo caso omiso de aquella premisa, sostuvo e invoc� en la reposici�n del procedimiento, la aplicaci�n de normas contenidas en la L.O.�nica del Municipio Libre del Estado que estuvieron vigentes en el momento del tr�mite inicial del procedimiento, esto es, aquellas que reg�an al d�a veintis�is de mayo de mil novecientos noventa y cinco y hasta mil novecientos noventa y siete, respecto de actuaciones procesales efectuadas en el a�o dos mil uno, que, por tanto, se realizaron ya fuera de la vigencia de aqu�llas, partiendo incorrectamente de la hip�tesis de que todos los requisitos exigidos para la creaci�n de un nuevo Municipio por las normas anteriores estaban cumplidos antes de que entraran en vigor las reformas constitucionales y legales, lo cual no es acertado.
En efecto, contrariamente a losostenido por la autoridad demandada en su dictamen, no es cierto que se encontraran cumplidos todos los requisitos que preve�a la ley anterior que en su momento rigi� el tr�mite, pues al efecto debe destacarse que el d�a veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y seis el Congreso potosino orden� la reposici�n del tr�mite para recabar la opini�n del Ayuntamiento de S.L.P.� y el informe del gobernador de la entidad federativa con relaci�n a la creaci�n del nuevo Municipio de V. de P., lo cual implica que el informe y opini�n originales no surtieron eficacia; por tanto, �stos deb�an rendirse nuevamente y, en esa virtud, el expediente no estaba debidamente integrado ni agotado adecuadamente el tr�mite; tan es as�, que el procedimiento se repuso en la forma y t�rminos precisados a fin de requerir dentro del tr�mite instaurado a esas entidades, para que emitieran de nueva cuenta su opini�n e informe, con la finalidad de contar con esos elementos que el propio Congreso calific� tan necesarios, as� como esenciales para la resoluci�n de la solicitud que le fuera elevada y las actuaciones del Congreso, en virtud de las cuales, en reposici�n del procedimiento, requiri� la opini�n del Ayuntamiento de S.L.P.� y el informe del gobernador de la entidad federativa, se efectuaron hasta el a�o dos mil uno, bajo la vigencia de la nueva norma, no obstante lo cual, el requerimiento de esos elementos se fund� en la L.O.�nica del Municipio Libre que estuvo en vigor hasta mil novecientos noventa y siete.
Lo desacertado de los argumentos y del proceder de la autoridad demandada radica en que, a su juicio, al abrogarse un ordenamiento jur�dico y derogarse las disposiciones que se opongan a la nueva norma, tal derogaci�n s�lo ocurre respecto de aquellas reglas que contravengan la nueva ley, pudiendo subsistir las que no se le opongan sino que se ajusten al nuevo sistema, las cuales, en su dicho, subsisten en su eficacia, cuando lo cierto es que en el caso existi� una determinaci�n expresa en las nuevas normas vigentes en el sentido de abrogar las anteriores reglas que en su momento resultaron aplicables, pues la L.O.�nica del Municipio Libre de mil novecientos ochenta y cuatro, que en su art�culo 9o. establec�a, en lo que a este estudio trasciende, que en el procedimiento de creaci�n de un Municipio deb�a tomarse en consideraci�n la opini�n de los Ayuntamientos afectados y el informe del Ejecutivo del Estado, que deber�an rendir dentro del t�rmino de sesenta d�as siguientes a la fecha en que se les requiera y comunique la solicitud respectiva; fue abrogada expresamente por la ley de la materia difundida en el P.�dico Oficial del Gobierno del Estado de S.L.P.� correspondiente al d�a treinta de abril de mil novecientos noventa y siete, al tenor de su segundo punto transitorio que estableci�:
"Segundo. Se abroga la vigente L.O.�nica del Municipio Libre del Estado de S.L.P.�, la cual data del tres de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro."
A su vez, la L.O.�nica del Municipio Libre del Estado de S.L.P.�, de treinta de abril de mil novecientos noventa y siete, fue tambi�n abrogada expresamente por la nueva y actual ley de la materia, publicada en el P.�dico Oficial del Gobierno del Estado de S.L.P.�, del d�a once de julio del a�o dos mil, la cual establece en su segundo punto transitorio, lo siguiente:
"Segundo. A la entrada en vigor de este decreto, se abroga la L.O.�nica del Municipio Libre del Estado de S.L.P.�, publicada en el P.�dico Oficial del Estado el 30 de abril de 1997."
Esta nueva ley org�nica, que es la que actualmente se encuentra vigente, entr� en vigor el d�a veintis�is de septiembre del a�o dos mil, al tenor de su primer art�culo transitorio, que dice:
"Primero. La presente ley entrar� en vigor el d�a veintis�is de septiembre del a�o dos mil."
Es pertinente acotar que en la exposici�n de motivos de la L.O.�nica del Municipio Libre para el Estado de S.L.P.�, actualmente en vigor, se manifest� la necesidad de adecuarla a los nuevos cambios y a las disposiciones constitucionales relativas, as� como superar las lagunas jur�dicas y la falta de normatividad de leyes anteriores en lo que se refiere a la creaci�n de M., entre otros aspectos; lo que implica que se trata de un ordenamiento legal din�mico que se adecua a los cambios sociales, como lo corrobora la siguiente transcripci�n, en la parte conducente, de la exposici�n de motivos de las reformas a ese ordenamiento legal.
"Los M. son hoy pilar fundamental de nuestro desarrollo, fortaleza de las entidades federativas y elementos plurales de la cohesi�n nacional; su desarrollo hist�rico acusa etapas de estancamiento, otras de franco detrimento y en las �ltimas d�cadas, a consecuencia del desarrollo del nuevo federalismo, inicia una de fortalecimiento. En este nuevo marco los M. se constituyen como impulsores del desarrollo y tienen mayores responsabilidades p�blicas.
"Con la reforma al art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y la consecuente al 114 de la Constituci�n del Estado, se hace necesaria la actualizaci�n de la L.O.�nica del Municipio Libre, para adecuarla a las nuevas disposiciones constitucionales; y se presenta la oportunidad de robustecer las capacidades de ejercicio del primer orden de gobierno, principalmente para arraigar a la comunidad y para que la sociedad pueda desarrollarse en un �mbito de mayor participaci�n y gobernabilidad.
"La aplicaci�n de la ley vigente hasta la fecha, ha dejado ver la existencia de lagunas jur�dicas y la falta de normatividad en asuntos tales como la creaci�n, fusi�n o supresi�n de M. o delegaciones municipales; suplencia de funcionarios municipales o procedimientos de instalaci�n de un Ayuntamiento, entre otros; lo que dificulta o deja a la interpretaci�n la forma de proceder en aspectos por dem�s relevantes.
"...
"La Constituci�n Pol�tica del Estado otorga al Congreso L. en su art�culo 57 fracci�n XXVI, la facultad de erigir, fusionar y suprimir M. y delegaciones municipales, tomando en cuenta criterios de orden demogr�fico, pol�tico, social y econ�mico.
"Esta facultad se encuentra reglamentada en la ley que se abroga, �nicamente en lo que hace a la formaci�n de nuevos M., en la que se se�alan de modo sucinto los requisitos fundamentales para la formaci�n de los mismos, pero es omisa en reglamentar lo relativo a la fusi�n y supresi�n de �stos, as� como en lo referente a la creaci�n, fusi�n o supresi�n de delegaciones municipales.
"En la pr�ctica, lo establecido en la citada ley org�nica resulta insuficiente para normar todos los aspectos en los que se hace necesario contar con reglamentaci�n espec�fica para determinar los requisitos, las formas y el procedimiento para que el Congreso del Estado cuente con elementos de juicio y prueba suficientes para decretar apegado plenamente a derecho, la creaci�n, fusi�n o supresi�n de M. y delegaciones municipales, ya que de otra forma estos criterios pueden resultar subjetivos.
"Esta ley establece los requisitos que los interesados deber�n cubrir para solicitar la creaci�n de un nuevo Municipio, los que deber�n acreditar los Ayuntamientos para solicitar la fusi�n de dos o m�s de ellos, o la creaci�n o fusi�n de delegaciones municipales, as� como la procedencia de la supresi�n de aqu�llos y �stas.
"Con el establecimiento de esta reglamentaci�n se pretende guardar el equilibrio demogr�fico, social, cultural, pol�tico y econ�mico del Estado en los M. de nueva creaci�n, buscando adem�s que no se afecten estos aspectos en los M. colindantes y en los que se segregar� territorio para la creaci�n de la nueva circunscripci�n."
En la fase del proceso legislativo de la L.O.�nica del Municipio Libre para el Estado de S.L.P.�, contenida en el Decreto N�mero Quinientos Cincuenta y Cuatro, acabada de reproducir parcialmente, se precisa que con las reformas a los art�culos 115 de la Constituci�n General de la Rep�blica y 114 de la Constituci�n L., se hizo necesaria la actualizaci�n de dicha legislaci�n para adecuarla a esas nuevas disposiciones constitucionales; asimismo, se destac� que la ley de la materia hasta entonces vigente hab�a dejado ver la existencia de lagunas jur�dicas y la falta de normatividad en asuntos relacionados con la creaci�n de M., situaciones que dificultaban o dejaba a la interpretaci�n la forma de proceder en esos aspectos relevantes; que sobre este tema la ley que se abroga es insuficiente para reglamentar los requisitos, las formas y el procedimiento para que el Congreso del Estado cuente con elementos de juicio y pruebas suficientes para decretar plenamente apegado a derecho, la creaci�n de M.; en este sentido, la nueva ley establece los requisitos que los interesados deber�n satisfacer para solicitar la creaci�n de un nuevo Municipio; asimismo, que con el establecimiento de la nueva reglamentaci�n se pretende guardar el equilibrio demogr�fico, social, cultural, pol�tico y econ�mico del Estado con los M. de nueva creaci�n, buscando, adem�s, que no se afecten estos aspectos en los M. colindantes de los cuales se segrega territorio para la creaci�n de las nuevas circunscripciones.
Por tanto, es incorrecto el argumento del Congreso demandado en el sentido de que al abrogarse un ordenamiento jur�dico y derogarse las disposiciones que se opongan a la nueva norma, tal derogaci�n s�lo ocurre respecto de aquellas que contravengan la nueva ley, pudiendo subsistir en su eficacia las que no se le opongan, sino que se ajusten al nuevo sistema, pues en contra de esa aseveraci�n debe decirse que en el caso a estudio, en la abrogaci�n sucesiva de las leyes precisadas, no se hizo salvedad alguna en cuanto a la eficacia de algunos preceptos m�s all� de su vigencia e, inclusive, tampoco se hizo reserva en su aplicaci�n respecto a procedimientos iniciados con anterioridad, sino que fueron categ�ricas y expresas al establecer la abrogaci�n de las leyes a las que fueron sustituyendo en el tiempo, de manera que �stas debieron regir las etapas y los actos del procedimiento acaecidos durante su vigencia pues, como ya se anunci�, al integrarse el procedimiento por una serie de actos concatenados que se ejecutan sucesivamente en el tiempo, �stos deben regirse por las normas vigentes, precisamente al momento en el que se realizan los actos del procedimiento y los que a�n no han nacido, �stos s� deben sujetarse a las nuevas disposiciones legales.
Ahora bien, en relaci�n con las actuaciones en virtud de las cuales, en reposici�n del procedimiento, se requirieron tanto al gobernador del Estado de S.L.P.� su informe como al Ayuntamiento de la capital su opini�n sobre la creaci�n del Municipio de V. de P., debe decirse lo siguiente.
Del an�lisis de las constancias procesales remitidas por la autoridad enjuiciada aparece la copia certificada del oficio de diecinueve de septiembre del a�o dos mil uno, en virtud del cual se comunica el acuerdo que ordena turnar a las C.ones de G.�n y Puntos Constitucionales y a la Especial para Asuntos de la D.�n de V. de P., la opini�n (debe decir informe) del gobernador del Estado en torno a la creaci�n del nuevo Municipio, la cual es del tenor siguiente:
"N�mero: 696/19/09/07. Asunto: Se comunica acuerdo. 19 de septiembre de 2001. Dip. Jos� �ngel C.T.. Presidente de la C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales, presente. En sesi�n ordinaria celebrada el d�a de la fecha, se dio cuenta del oficio s/n de los CC. Gobernador Constitucional del Estado y del secretario general de Gobierno, del 14 de septiembre del a�o en curso, recibido el 15 del mismo mes y a�o, derivado de la solicitud de las C.ones de G.�n y Puntos Constitucionales, y Asuntos de la D.�n de V. de P., respecto a la opini�n del Ejecutivo de que si la citada delegaci�n deber�a ser o no elevada a la categor�a de Municipio, de conformidad con lo que dispon�a el art�culo 44, fracci�n V, de la abrogada L.O.�nica del Municipio Libre, manifiesta que una vez que se concluyeron encuestas de opini�n que se llevaron a cabo, previo an�lisis del resultado de las mismas, comunica a esta soberan�a que de conformidad con lo establecido por el art�culo 47, fracci�n VII, de la vigente L.O.�nica del Municipio Libre, la opini�n que se emite sobre el particular es positiva. En tal virtud, se hace del conocimiento que no existe inconveniente por parte de la administraci�n p�blica estatal, en que la D.�n de V. de P. sea elevada a la categor�a de Municipio, a lo que recay� el siguiente acuerdo: T�rnese a las C.ones de G.�n y Puntos Constitucionales, y Especial para asuntos de la D.�n de V. de P.. Atentamente. Sufragio efectivo. No reelecci�n. (Firma). Dip. O.M.B.. Secretario. (Firma). Dip. I.P.R.. Secretario. 2001, A�o del fortalecimiento de la cultura del agua." (foja 51 del cuaderno correspondiente a las pruebas presentadas por el presidente de la D.�n Permanente del Congreso del Estado de S.L.P.� en la controversia constitucional 15/2003).
Tambi�n entre las constancias enviadas por la autoridad demandada aparece la copia certificada de la opini�n del Gobernador Constitucional del Estado, de fecha catorce de septiembre del a�o dos mil uno, que a la letra dice:
"14 de septiembre del 2001. CC. Diputados, secretarios de la LVI Legislatura del H. Congreso del Estado. Presente. Mediante diversos oficios, tanto la C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales como la C.�n para Asuntos de la D.�n V. de P. de ese H. Cuerpo Legislativo, solicitaron al titular del Ejecutivo a mi cargo, la opini�n respecto a si la citada delegaci�n deber�a ser o no elevada a la categor�a de Municipio, de conformidad con lo que dispon�a el art�culo 44, fracci�n V, de la abrogada L.O.�nica del Municipio Libre, misma que no se proporcion� oportunamente debido a que se llevaron a cabo encuestas de opini�n, como fue de su conocimiento. Una vez que se concluyeron las citadas encuestas, previo an�lisis del resultado de las mismas, tengo a bien comunicar a ese honorable Congreso que de conformidad con lo establecido por el art�culo 47, fracci�n VII, de la vigente L.O.�nica del Municipio Libre, la opini�n que se emite sobre el particular es positiva. En tal virtud, se hace de su conocimiento que no existe inconveniente por parte de la administraci�n p�blica estatal, en que la D.�n de V. de P. sea elevada a la categor�a de Municipio. Atentamente. Sufragio efectivo. No reelecci�n. El Gobernador Constitucional del Estado. (Firma). L.. F.S.N.. El secretario general de Gobierno. (Firma). L.. J.D.H.�ndez D.." (foja 52 del cuaderno correspondiente a las pruebas presentadas por el presidente de la D.�n Permanente del Congreso del Estado de S.L.P.� en la controversia constitucional 15/2003).
De estas constancias se infiere que el informe del Ejecutivo Estatal, respecto a la creaci�n del nuevo Municipio de V. de P., le fue solicitado con fundamento en el art�culo 44, fracci�n V, de la abrogada L.O.�nica del Municipio Libre del Estado de S.L.P.�, a pesar de que las actuaciones relativas se practicaron en el mes de septiembre del a�o dos mil uno.
Aun cuando en las actuaciones relatadas no se precisa a qu� ley org�nica municipal corresponde el precepto citado, es evidente que no se trata de la que estaba en vigor en el a�o dos mil uno, cuando se emitieron las mismas, pues el art�culo 44 de la L.O.�nica del Municipio Libre vigente a partir del d�a veintis�is de septiembre del a�o dos mil, que ser�a la aplicable a la reposici�n del procedimiento, atendiendo a la fecha de emisi�n de esas actuaciones, no tiene fracciones y se refiere, adem�s, a los Concejos Municipales, como lo ilustra la siguiente transcripci�n de dicho dispositivo legal:
"Art�culo 44. Los Concejos Municipales designados por el Congreso del Estado en los casos que establece la Constituci�n Pol�tica del Estado, se formar�n por un n�mero de concejales igual al de regidores que conforme a esta ley debe tener el Municipio de que se trate.
"Los concejales designados deber�n reunir los requisitos que establece la Constituci�n del Estado para ser miembro de un Ayuntamiento.
"El decreto de creaci�n del Concejo determinar� la fecha de inicio y conclusi�n del ejercicio de funciones del mismo, y los cargos que desempe�ar� cada concejal, debiendo designarse tambi�n a los suplentes."
Ese precepto y fracci�n en que se fundan las actuaciones referidas y con base en los cuales se requiri� al Ejecutivo Estatal su informe en torno a la creaci�n del nuevo Municipio de V. de P., corresponden a la L.O.�nica del Municipio Libre del treinta de abril de mil novecientos noventa y siete, que es anterior a la actual ley y estuvo en vigor hasta el d�a veinticinco de septiembre del a�o dos mil, el cual establec�a lo siguiente:
"Art�culo 44. Para que pueda crearse un nuevo Municipio deber� satisfacerse lo previsto en la Constituci�n Pol�tica del Estado, adem�s de los siguientes requisitos:
"...
"V. Que se tome en cuenta la opini�n, expresada por escrito al Congreso del Estado, de los Ayuntamientos afectados por la posible creaci�n del nuevo Municipio, quienes deber�n emitirla dentro de los sesenta d�as siguientes a la fecha en que se les comunique la solicitud. Asimismo que se tome en cuenta la opini�n que deber� rendir el Ejecutivo del Estado sobre el particular, dentro de los sesenta d�as siguientes a la fecha en que se le solicite."
De esta manera, queda corroborado, por lo que hace a las violaciones procesales alegadas por el Municipio actor, que la actuaci�n en virtud de la cual, en reposici�n del procedimiento, se requiri� al gobernador del Estado de S.L.P.� su informe sobre la constituci�n del nuevo Municipio de V. de P., no se fund� en la L.O.�nica del Municipio Libre de esa entidad federativa que se encontraba vigente a la fecha en que dicha actuaci�n fue emitida, sino que se apoy� en la legislaci�n anterior que fue abrogada.
Lo mismo sucede con la actuaci�n en virtud de la cual se requiri� al Ayuntamiento de S.L.P.� su opini�n, sobre la creaci�n de la nueva municipalidad.
Efectivamente, sobre este mismo tema, debe decirse que entre las constancias remitidas por la autoridad demandada no aparece el auto en virtud del cual, en reposici�n del procedimiento, debi� requerir al Ayuntamiento de S.L.P.� su opini�n, por escrito, en torno a la creaci�n del nuevo Municipio de V. de P.; no obstante ello, debe estarse a los t�rminos del dictamen que se impugna y a la contestaci�n a la demanda a cargo del presidente de la D.�n Permanente del Congreso potosino, en los cuales sostuvo la aplicaci�n de las normas procesales contenidas en la L.O.�nica del Municipio Libre vigente al momento del tr�mite inicial del procedimiento respectivo e, inclusive, cit� el art�culo 9o. de la L.O.�nica del Municipio Libre del Estado de S.L.P.� de mil novecientos ochenta y cuatro, que fue abrogada por la ley de la materia del treinta de abril de mil novecientos noventa y siete, que en su fracci�n V establec�a lo siguiente:
"Art�culo 9o. Para que pueda crearse un nuevo Municipio, deber�n satisfacerse los siguientes requisitos:
"...
"V. Que se tome en cuenta la opini�n, expresada por escrito al Congreso del Estado, de los Ayuntamientos afectados por la posible creaci�n del nuevo Municipio, quienes deber�n emitirla dentro de los sesenta d�as siguientes a la fecha en que se les comunique la solicitud."
Las manifestaciones del Congreso demandado vertidas en suescrito de contestaci�n a la controversia constitucional, en el sentido de que aplic� la legislaci�n procesal que se encontraba vigente en el a�o de mil novecientos noventa y cinco, cuando se le formul� la solicitud respectiva y concretamente el art�culo 9o. de la L.O.�nica del Municipio Libre que estuvo en vigor en el a�o de mil novecientos ochenta y cuatro y hasta el mes de abril de mil novecientos noventa y siete, surten eficacia probatoria en su contra, en t�rminos del art�culo 200 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles de aplicaci�n supletoria a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, seg�n se fund� con antelaci�n.
Por tanto, la reposici�n del procedimiento que tuvo por objeto requerir al Ayuntamiento de S.L.P.� su opini�n sobre la constituci�n del nuevo Municipio de V. de P., tampoco se fund� en la L.O.�nica del Municipio Libre de esa entidad federativa que se encontraba vigente a la fecha en que dicha actuaci�n fue emitida, sino que se apoy� en la legislaci�n que se reg�a en la �poca en que los solicitantes formularon la petici�n para que se constituyera el nuevo Municipio.
El proceder de la autoridad demandada, al fundar la reposici�n del procedimiento efectuada en el a�o dos mil uno, para recabar el informe del titular del Ejecutivo del Estado y la opini�n del Ayuntamiento del Municipio de S.L.P.�, respecto a la creaci�n del nuevo Municipio de V. de P., en las Leyes Org�nicas del Municipio Libre de esa entidad federativa ya precisadas, que fueron abrogadas y no en la ley de la materia vigente y aplicable en la fecha de la reposici�n procedimental, que es la que entr� en vigor el veintis�is de septiembre del a�o dos mil, es ilegal, pues en virtud de la reposici�n procesal de la que se ha venido hablando quedaron sin efectos tanto las actuaciones primigenias, por cuya virtud se hab�a requerido al gobernador del Estado y al Ayuntamiento de S.L.P.� que rindieran, respectivamente, su informe y opini�n, como estos mismos, lo cual produce un efecto equiparable al de la hip�tesis de que dichos actos no se hubieran realizado bajo la vigencia de las normas adjetivas anteriores, de modo tal que puede sostenerse v�lidamente que la opini�n del Ayuntamiento afectado y el informe del gobernador del Estado sobre la creaci�n del nuevo Municipio de V. de P., aunque se realizaron originalmente bajo la vigencia de normas anteriores, al quedar sin efectos como una consecuencia de la reposici�n del procedimiento de la que se ha venido hablando, se colocan en la misma situaci�n que aquellos actos que no se ejecutaron durante la vigencia de las normas que les precedieron, de modo que si los ordenamientos legales que los regulaban fueron abrogados por una ley posterior, �sta debe aplicarse para regir los nuevos actos que deben ser repuestos, sin que ello implique retroactividad conforme a los criterios ya citados precedentemente, ya que al no tratarse de actos ejecutados, sino de actuaciones repuestas, las partes no ten�an adquirido derecho alguno.
Efectivamente, si en t�rminos de las tesis acabadas de reproducir se define al derecho adquirido como el acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, entonces es evidente que los solicitantes de la creaci�n del Municipio de V. de P. no pod�an tener un derecho adquirido, pues la petici�n para la constituci�n de una nueva municipalidad, jur�dicamente, no es un acto que pase a formar parte de su patrimonio, entendido �ste como el conjunto o caudal de bienes, derechos y obligaciones, valuables o susceptibles de valuarse en dinero.
En este sentido, conforme a la definici�n tradicional de derecho adquirido adoptada por este Alto Tribunal, la solicitud elevada al �rgano legislativo estatal para la creaci�n de un nuevo Municipio e, inclusive, su resoluci�n favorable, no son actos que pudieran formar parte de la esfera jur�dica o del patrimonio de los solicitantes, pues no se trata de un bien, una facultad o un provecho que pudieran valuarse en numerario, como tampoco es susceptible de aprovechamiento jur�dico pecuniario para los solicitantes ni, por ende, de adquisici�n o aprovechamiento alguno.
Desde el punto de vista formal, la solicitud para la creaci�n de un nuevo Municipio constituye una manifestaci�n espec�fica del ejercicio del derecho de petici�n, con la particularidad de que quienes la formulan deben sujetarse a un procedimiento que debe irse agotando en sus etapas conforme a las normas vigentes y aplicables que rijan al momento en el que se van desarrollando todas y cada una de las fases de dicho tr�mite, que es necesario agotar a fin de que se analicen, valoren los elementos de prueba y se resuelva su petici�n, conforme a la normatividad que la regula.
De esta manera, la presentaci�n de la solicitud respectiva ante el Congreso del Estado se traduce en la pretensi�n de que se realice una situaci�n jur�dica concreta, en el caso, que se resuelva sobre su petici�n en torno a la creaci�n del nuevo Municipio; en este sentido, los solicitantes �nicamente tienen el derecho de obtener del Congreso del Estado de S.L.P.� una resoluci�n a la petici�n que le formularon para la constituci�n del Municipio de V. de P., pero no para que el procedimiento se repusiera conforme a preceptos que ya no estaban en vigor, pues si ya hab�an sido abrogados, no pod�a dot�rseles de eficacia para fundar la reposici�n del procedimiento a fin de recabar la opini�n del Ayuntamiento de S.L.P.� y el informe del gobernador del Estado en torno a la creaci�n de la nueva municipalidad, de modo que si esta renovaci�n del procedimiento en los aspectos se�alados se verific� fuera del t�rmino de la vigencia de los preceptos originarios, no puede ser regida por �stos, pues la petici�n formulada al Congreso Potosino qued� sujeta a las modalidades que imprimieran el orden p�blico y las leyes en vigor en los momentos en que se verificaran los tr�mites correspondientes y se emitiera el decreto respectivo, ya que sobre el inter�s de un grupo de ciudadanos debe prevalecer el orden p�blico vigente; de otra manera, existir�a un anacronismo al proseguir el tr�mite para la creaci�n de un nuevo Municipio al amparo de normas que ya no se encuentran vigentes, sino que fueron superadas por las nuevas disposiciones en vigor.
La aplicaci�n de la legislaci�n vigente al momento en que formularon la solicitud respectiva implicar�a, contra toda t�cnica legislativa, dotar de vigencia a disposiciones legales que dejaron de tenerla y que no pueden regir una resoluci�n emitida fuera de su �mbito temporal de validez, sobre todo si se toma en cuenta que el Congreso demandado fue categ�rico al abrogar las leyes org�nicas del Municipio Libre que precedieron a la que actualmente se encuentra en vigor.
Por tanto, la L.O.�nica del Municipio Libre del Estado de S.L.P.�, actualmente en vigor, es la que debi� regir la reposici�n del procedimiento en los aspectos relatados y no las abrogadas, sin que ello implique retroactividad, como lo expone la autoridad legislativa enjuiciada, pues en contra de esa aseveraci�n debe decirse que las nuevas normas aplicables regulan supuestos y consecuencias producidas a partir de su vigencia, pero no afectar�an consecuencias producidas en el pasado, como la solicitud formulada, ni los dem�s actos del procedimiento ya ejecutados que se encuentran firmes y respecto de los cuales no oper� la reposici�n procesal.
Desde otra perspectiva, para estar en posibilidad de determinar si una disposici�n normativa es violatoria de lo dispuesto por el art�culo 14 de la Constituci�n General de la Rep�blica, con base en la teor�a de los componentes de la norma, es menester tener en cuenta los distintos momentos en que se realiza el supuesto o supuestos jur�dicos, la consecuencia o consecuencias que de ellos derivan y la fecha en que entra en vigor la nueva disposici�n.
Conforme a esta teor�a, el supuesto de la norma ser�a el derecho a los habitantes del Estado de S.L.P.� para solicitar la creaci�n de un nuevo Municipio, materializado en la solicitud misma, y la consecuencia es el tr�mite del procedimiento, que en el caso concreto a estudio implica la necesaria reposici�n a fin de recabar la opini�n del Ayuntamiento de S.L.P.� y el informe del gobernador del Estado sobre el particular.
El supuesto, esto es, la solicitud para la creaci�n de la nueva municipalidad de V. de P. se dio el d�a veintis�is de mayo de mil novecientos noventa y cinco, cuando se encontraba en vigor el art�culo 9o. de la L.O.�nica del Municipio Libre del Estado de S.L.P.� de tres de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro.
La consecuencia, que en el caso a estudio se traducir�a en la reposici�n del procedimiento en los t�rminos apuntados, se dio hasta el a�o dos mil uno, cuando ya no reg�a el precepto citado, sino los art�culos 46, 47, 48, 49 y 50 de la L.O.�nica del Municipio Libre del Estado de S.L.P.�, publicada en el P.�dico Oficial de esa entidad federativa del d�a once de julio del a�o dos mil, ya relacionados en esta ejecutoria.
Es as�, que el supuesto y la consecuencia implicados en este asunto, a los que se ha hecho referencia, no se dieron en un mismo tiempo, sino en ocasiones diferentes, lo cual significa que en el primer momento, esto es, cuando se actualiz� el supuesto, reg�an unos preceptos legales y para la segunda (la reposici�n del procedimiento para los fines indicados), estaban ya en vigor otras normas distintas a las originales, las que resultaban aplicables, pues en virtud de la reposici�n del tr�mite se produce la ficci�n de que dicha consecuencia no naci� a la vida jur�dica con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley, sino precisamente con posterioridad a �sta, de tal modo que si no se produjo durante la vigencia de las normas primigenias, sino de las nuevas, tal consecuencia debe, necesariamente, sujetarse al imperio de las normas jur�dicas vigentes, que son las aplicables.
Por tanto, a la luz de la teor�a de los componentes de la norma, con la aplicaci�n de las normas adjetivas actualmente en vigor, en la reposici�n del procedimiento, tampoco se dar�a el fen�meno de la retroactividad que la autoridad demandada pretendi� evitar, aplicando, indebidamente, preceptos abrogados en la sustanciaci�n de la instancia correspondiente.
La circunstancia de que la autoridad enjuiciada haya fundado el procedimiento en leyes abrogadas en lugar de la L.O.�nica del Municipio Libre del Estado de S.L.P.�, actualmente en vigor, trascendi�, como aduce el Municipio actor en el segundo concepto de invalidez, para que el Congreso demandado no agotara otros tr�mites que ahora establece la norma aplicable, pues s�lo por citar un ejemplo, el art�culo 47, fracci�n VI, de la legislaci�n en cita previene que para otorgar la categor�a de Municipio deber� tomarse en cuenta, mediante plebiscito, la opini�n ciudadana del Municipio o M. en que se encuentre la fracci�n territorial que pretende erigirse como Municipio, requisito que tambi�n previene la fracci�n XXVI del art�culo 57 de la Constituci�n de esa entidad federativa y el cual, del an�lisis de las constancias relativas al cuaderno de las pruebas presentadas por el presidente de la D.�n Permanente del Congreso del Estado de S.L.P.�, no aparece que se hubiera llevado a cabo.
En las relacionadas condiciones, el decreto del Congreso del Estado de S.L.P.� que crea el Municipio de V. de P. viola la garant�a de debido proceso legal establecida en el art�culo 14 constitucional, en virtud de que la reposici�n del tr�mite que tuvo por objeto recabar la opini�n del Municipio de S.L.P.� y el informe del gobernador del Estado en torno a la constituci�n de la nueva municipalidad se apoy� en preceptos que pertenecen a Leyes Org�nicas del Municipio Libre de esa misma entidad federativa que ya se encontraban abrogadas y, por tanto, no estaban vigentes al momento de practicarse las nuevas actuaciones y, adem�s, porque las normas actuales prev�n la consulta ciudadana a trav�s de un plebiscito, el cual no se llev� a cabo.
Tal proceder, desde luego, conduce a decretar la invalidez constitucional del acto impugnado, por derivar de una reposici�n del procedimiento que en los aspectos apuntados no se sigui� conforme a las normas aplicables.
S�PTIMO. Aun cuando las violaciones cometidas en la secuela de la reposici�n procesal apuntadas son fundadas y suficientes para decretar la invalidez del acto impugnado, se considera pertinente acotar, para reforzar la conclusi�n alcanzada en torno a la inconstitucionalidad del acto invalidado, el d�cimo primer concepto de invalidez, �ste s� referido al fondo del asunto, en el cual el Municipio actor plantea, esencialmente, que el decreto impugnado es inconstitucional porque en �l la autoridad demandada aplic� tambi�n normas abrogadas.
Efectivamente, como se aprecia de la rese�a de las consideraciones del dictamen legislativo del que deriva el decreto impugnado, el Congreso del Estado de S.L.P.�, al acordar y resolver favorablemente la petici�n que le fuera formulada por un grupo de ciudadanos para la constituci�n del nuevo Municipio de V. de P., aplic� los art�culos 34, fracci�n X, y 84, fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica del Estado de S.L.P.�, que estuvieron vigentes hasta el d�a veinte de noviembre de mil novecientos noventa y seis, pues a partir del d�a veintiuno siguiente rigieron los art�culos 57 y 119 de la nueva Constituci�n L. que derog� aquellos dispositivos originales, los cuales, por esa raz�n, dejaron de tener validez desde la perspectiva de su �mbito de aplicaci�n en el tiempo y, por ende, ya no eran vinculatorios para la autoridad.
Los preceptos hoy derogados, en los que se apoy� el Congreso demandado, establec�an en lo conducente: el 34, fracci�n X, que era atribuci�n del Congreso crear M. y el 84, fracci�n I, que en el ejercicio de esa facultad se requerir�a que la poblaci�n o grupos de poblaci�n que la fueran a componer estuvieran ligados, por intereses comunales, con una poblaci�n de tres mil habitantes por lo menos y con los recursos necesarios para el sostenimiento de la administraci�n municipal.
Los art�culos de la Constituci�n L., actualmente aplicables, son el 57, fracci�n XXVI, que establece la atribuci�n del Congreso potosino para erigir M., tomando en cuenta criterios de orden demogr�fico, pol�tico, social y econ�mico, as� como en su caso, consultar a la ciudadan�a de los M. interesados a trav�s de plebiscito, y el 119 conforme al cual deber�n cumplirse los requisitos previstos en la L.O.�nica del Municipio Libre.
Sobre el particular, debe decirse que las normas, como manifestaciones de la creaci�n jur�dica, tienen un �mbito temporal de validez, pues rigen desde la fecha en que empiezan a tener vigencia y dejan de hacerlo cuando son abrogadas o derogadas.
Conforme a lo anterior, las normas jur�dicas deben aplicarse a los hechos que, en concordancia con los supuestos que prev�n, se presenten o sucedan en el intervalo comprendido entre el momento en que entran en vigor y hasta que dejen de tenerlo y no a supuestos o hechos que, acaecidos en otros momentos, se ubican cronol�gicamente fuera de esos par�metros que determinan su �mbito temporal de aplicaci�n.
En ese tenor, si los art�culos 34, fracci�n X, y 84, fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica del Estado de S.L.P.�, que preve�an las facultades, requisitos y criterios legales a seguir para la formaci�n de un nuevo Municipio, que originalmente se encontraban en vigor a la fecha en que se solicit� al Congreso de esa entidad federativa la creaci�n del nuevo Municipio de V. de P., ya no lo estaban a la fecha en que se resolvi� esa solicitud, en virtud de que fueron derogados por las nuevas disposiciones aplicables en los t�rminos ya indicados y los que actualmente se encuentran en vigor son los art�culos 57, fracci�n XXVI, y 119 de la propia Constituci�n Pol�tica, entonces no existe raz�n l�gica ni jur�dica para que el Congreso demandado aplicara aquellas disposiciones legales que perdieron su fuerza obligatoria, merced a las nuevas disposiciones.
Si la solicitud para la constituci�n del Municipio de V. de P. data del a�o de mil novecientos noventa y cinco, y durante el tr�mite correspondiente sobrevino la reforma constitucional que establece nuevos requisitos para la creaci�n de un nuevo Municipio, ello significa que a la entrada en vigor de las nuevas disposiciones dicha petici�n se encontraba pendiente de resolver, pero ello no es una raz�n legal que justifique la determinaci�n de la autoridad aqu� enjuiciada, pues el nuevo ordenamiento constitucional no establece que los procedimientos iniciados bajo las normatividades anteriores seguir�an tramit�ndose conforme a las mismas hasta su conclusi�n, sino que es categ�rico al establecer que se derogan los art�culos reformados �ntegramente, las partes de aquellos que lo fueron parcialmente, as� como todas las leyes y disposiciones que se le opongan, de modo que al pretender dotar de vigencia a los preceptos derogados el Congreso demandado desconoci� sus propias determinaciones en cuanto al t�rmino de la vigencia de aquellas leyes.
Las reformas al ordenamiento constitucional precisado no implicaron aspectos meramente formales o de ubicaci�n de los preceptos, sino que, al tenor del cuadro comparativo elaborado en el considerando que precede y de la relaci�n de unos y otros preceptos, ya tambi�n realizada, se advierte que introdujeron otros requisitos de gran importancia para la creaci�n de un nuevo Municipio, hasta el punto en que no existe coincidencia entre los que establec�an los preceptos en vigor al momento en que se elev� la solicitud respectiva y los que se preve�an a la fecha en que �sta se resolvi� favorablemente, de modo que se trata de cuestiones trascendentales de fondo.
Las modificaciones a la Constituci�n Pol�tica que ahora establecen otros requisitos para la creaci�n de un nuevo Municipio, obedecen a que las leyes, como instrumentos que regulan la vida humana, son elementos din�micos de la creaci�n jur�dica, lo cual implica que no necesariamente deben permanecer inalterables, sino que pueden reexaminarse y modificarse de acuerdo a las exigencias de la realidad.
Es esta din�mica en el cambio social, la que condujo al Congreso potosino, autor del decreto impugnado, a adicionar y reformar su Constituci�n, actualmente en vigor, como lo informa su exposici�n de motivos que enseguida se transcribe en la parte conducente:
"En las �ltimas d�cadas y, en particular, en los �ltimos a�os, el pa�s ha experimentado importantes transformaciones en su estructura social, modelo econ�mico y sistema pol�tico. Hoy somos un pa�s cada vez m�s urbano, con una poblaci�n que reconoce una franja amplia de sectores medios, modernos, informados y demandantes. Al mismo tiempo, algunos de nuestros problemas ancestrales: la pobreza, la marginaci�n y la desigualdad siguen ah�.
"La sociedad potosina no constituye una realidad aparte; enfrenta los mismos retos y desaf�os que el resto de la naci�n, pero lo hace a partir de sus peculiaridades regionales y de su historia propia.
"Las circunstancias hist�ricas que nos ha tocado vivir, nos exigen como sociedad un vasto esfuerzo de comprensi�n y claridad frente a los cambios a fin de construir para nuestros hijos un futuro digno de ser vivido, nos exige un esfuerzo oportuno y l�cido de adecuaci�n y reforma de las instituciones, pr�cticas y marcos normativos que rigen nuestra convivencia a las nuevas configuraciones sociales.
"La Constituci�n del Estado actualmente vigente data del a�o de 1943. Una sociedad activa y sumamente m�vil como la nuestra,que ha dado muestras a lo largo de la historia de su imaginaci�n pol�tica y de su capacidad de innovaci�n, ha generado nuevas necesidades y exigencias; ha introducido en nuestra vida p�blica temas sociales in�ditos que reclaman su incorporaci�n y regulaci�n en nuestra N.F.. ..."
En la exposici�n de motivos que adiciona y reforma la Constituci�n Pol�tica del Estado de S.L.P.� se destaca que tanto el pa�s como la propia entidad federativa han experimentado importantes transformaciones en la estructura social, modelo econ�mico y sistema pol�tico; que las circunstancias hist�ricas exigen a la sociedad un vasto esfuerzo para comprender los cambios, as� como para adecuar y reformar las instituciones, pr�cticas y marcos normativos que rigen la convivencia, a las nuevas configuraciones sociales; asimismo, se destac� como una de las razones de las adiciones y modificaciones a ese documento fundamental del Estado de S.L.P.�, que la Constituci�n hasta entonces en vigor, databa del a�o de mil novecientos cuarenta y tres, y que una sociedad activa y m�vil hab�a generado nuevas necesidades y exigencias, as� como introducido a la vida p�blica temas sociales in�ditos que reclamaban su incorporaci�n y regulaci�n en la N.F..
Conforme a lo expuesto, la ratio de las adiciones y reformas a la Constituci�n del Estado de S.L.P.� obedeci�, esencialmente, a la necesidad de establecer, merced a los cambios sociales, una regulaci�n que correspondiera a las actuales necesidades y exigencias de la sociedad potosina.
Por tanto, si las reformas y adiciones aludidas introdujeron nuevos requisitos para la creaci�n de un Municipio, la intenci�n que se advierte de las exposiciones de motivos demuestra la determinaci�n de que son estas nuevas disposiciones las que deben aplicarse a los casos concretos que se actualizan a partir de su vigencia.
En esa virtud, ni siquiera estaba en el albedr�o del Congreso L. demandado la elecci�n de los preceptos que deb�a aplicar para resolver la petici�n que le fuera elevada para la constituci�n del Municipio de V. de P., como indebidamente lo hizo, al optar por la aplicaci�n de los preceptos de la Constituci�n L. que estuvieron vigentes en la �poca en que se le formul� dicha solicitud, pues por mandato expreso de los art�culos transitorios correspondientes que derogaron los preceptos relativos se encontraba vinculado a aplicar los art�culos 57, fracci�n XXVI, y 119 de la Constituci�n L., vigentes a partir del d�a veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis.
En contra de esta afirmaci�n, no vale lo aducido por la autoridad demandada en el sentido de que los solicitantes ya hab�an satisfecho los requisitos que establec�an las normas en vigor al momento de la solicitud y del inicio del tr�mite correspondiente y, por tanto, que ten�an un derecho adquirido pues, como ya se indic� en el considerando anterior, la presentaci�n ante el Congreso del Estado de la solicitud formulada por un grupo de ciudadanos para la creaci�n del Municipio de V. de P. se traduce en la pretensi�n de que se realice una situaci�n jur�dica concreta, en el caso, que se resuelva su petici�n; en esa coyuntura, los solicitantes �nicamente tienen el derecho de obtener una resoluci�n por parte del Congreso del Estado de S.L.P.�, pero no para que �sta se decida conforme a los preceptos que estuvieron en vigor al momento de formularse dicha petici�n, pues si �stos ya fueron abrogados unos y derogados otros, no puede dot�rseles de eficacia para fundar el decreto respectivo, el que al haber sido emitido fuera del t�rmino de la vigencia de los preceptos originarios, no puede ser regido por �stos, pues los solicitantes de la creaci�n del nuevo Municipio, seg�n se ha dejado establecido, no adquirieron ning�n derecho a que su petici�n se resolviera conforme a los preceptos legales vigentes en alg�n tiempo, sino s�lo a que se resolviera, pero sujeta a las modalidades que imprimieran el orden p�blico y las leyes en vigor al momento de emitirse el decreto respectivo, ya que sobre el inter�s de un grupo de ciudadanos debe prevalecer el orden p�blico vigente; de otra manera, existir�a un anacronismo al autorizar la creaci�n de un nuevo Municipio al amparo de normas que ya no se encuentran vigentes, sino que fueron superadas por las nuevas disposiciones aplicables que establecen otros requisitos.
Es as� que los solicitantes de la constituci�n del nuevo Municipio no tienen el derecho adquirido de que se aplicara la legislaci�n vigente al momento en que formularon la solicitud respectiva pues, adem�s ello implicar�a, contra toda t�cnica legislativa, dotar de vigencia a disposiciones legales que dejaron de tenerla y que no pueden regir una resoluci�n emitida fuera de su �mbito temporal de validez, sobre todo si se toma en cuenta que el Congreso demandado abrog� y derog� aquellas disposiciones anteriores.
Por tanto, las nuevas normas emitidas por la legislatura potosina al adicionar y reformar la Constituci�n L. son las que debieron regir al acto impugnado y no las derogadas, sin que la aplicaci�n de las nuevas normas produjera retroactividad alguna, como lo expone la autoridad legislativa enjuiciada pues, en contra de esa aseveraci�n, debe decirse que las nuevas normas aplicables regulan supuestos y consecuencias producidas a partir de su vigencia, como es la emisi�n del decreto en estudio.
Luego, si en el intervalo que transcurri� entre la petici�n de referencia y el decreto que concluy� en la autorizaci�n de la constituci�n del nuevo Municipio existieron modificaciones constitucionales trascendentales a la materia o sustancia de la petici�n, el Congreso del Estado estaba obligado a aplicar las nuevas normas, sin que ello implique desconocer la solicitud que le fuera formulada, sino s�lo que �sta debe sujetarse a las modalidades que introdujeron las nuevas disposiciones, pues el legislador no se encuentra impedido para introducir nuevas normas, modificar o derogar las existentes, de acuerdo con las necesidades que demande la sociedad.
M�s todav�a, desde la perspectiva de la teor�a de los componentes de la norma, la aplicaci�n de los preceptos actuales y vigentes de la Constituci�n Pol�tica del Estado de S.L.P.� tampoco producir�a la retroactividad de la norma que la autoridad demandada pretendi� evitar con la aplicaci�n de los art�culos derogados.
Esto es as�, porque conforme a esta teor�a el supuesto de la norma ser�a el derecho de los habitantes del Estado de S.L.P.� para solicitar la creaci�n de un nuevo Municipio, materializado en la solicitud misma, y la consecuencia es la resoluci�n o decreto del Congreso del Estado que decide acerca de esa petici�n.
El supuesto, esto es, la solicitud para la creaci�n de la nueva municipalidad de V. de P. se dio el d�a veinticinco de julio de mil novecientos noventa y cinco, cuando se encontraban en vigor los art�culos 34, fracci�n X, y 84 de la Constituci�n Pol�tica, publicados en el Diario Oficial del d�a quince de agosto de mil novecientos ochenta y seis.
La consecuencia, esto es, la resoluci�n o decreto del Congreso del Estado, que en este caso acord� favorablemente la creaci�n del nuevo Municipio de V. de P., se emiti� hasta el d�a catorce de diciembre del a�o dos mil dos, cuando ya no reg�an los preceptos que estaban vigentes en la �poca de la solicitud respectiva, sino que en esa fecha ya se encontraban en vigor nuevas disposiciones que superaron a las anteriores, tales como los art�culos 57, fracci�n XXVI, y 119 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de S.L.P.�, publicados en el P.�dico Oficial n�mero ciento cuarenta del veinte de noviembre de mil novecientos noventa y seis.
Por tanto, el supuesto y la consecuencia implicados en este asunto no se dieron en un mismo tiempo, sino sucesivamente en ocasiones diferentes, lo cual significa que si en el primer momento, esto es, cuando se actualiz� el supuesto reg�an unos preceptos legales, y para la segunda estaban ya en vigor otras normas distintas a las originales, �stas v�lidamente pod�an modificar los elementos para que se diera la consecuencia, pues �sta no naci� a la vida jur�dica con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley, sino precisamente con posterioridad a �sta, de tal modo que si no se produjo durante la vigencia de las normas primigenias, sino de las nuevas, la consecuencia debe, necesariamente, sujetarse al imperio de las normas jur�dicas vigentes que le son aplicables.
De esta manera, a la luz de la teor�a de los componentes de la norma, con la aplicaci�n de las normas actualmente en vigor para la resoluci�n del asunto tampoco se dar�a el fen�meno de la retroactividad que la autoridad demandada pretendi� evitar, aplicando, indebidamente, como se ha visto, legislaciones abrogadas y derogadas al emitir el decreto impugnado.
En las relacionadas condiciones, el Congreso del Estado de S.L.P.�, al decretar en el acto impugnado la creaci�n del Municipio de V. de P., no estuvo en lo correcto al aplicar preceptos de la Constituci�n Pol�tica de esa entidad federativa que ya se encontraban derogados y, por tanto, no estaban vigentes al momento en que emiti� el pronunciamiento respectivo, ya que fueron sustituidos por otros preceptos que reformaron sustancialmente el r�gimen para la creaci�n de M., en la forma y t�rminos precisados en esta resoluci�n.
Con tan indebido proceder, la autoridad demandada no cumpli� con la garant�a de legalidad prevista en el art�culo 16 constitucional, en sus vertientes relativas a la fundamentaci�n y motivaci�n, las cuales, trat�ndose de actos que no trascienden de manera directa a los particulares, sino que se verifican s�lo en los �mbitos de gobierno, se cumplen de la siguiente manera:
a) La fundamentaci�n, con la existencia de una norma legal que otorga a la autoridad la facultad para actuar en determinado sentido y, asimismo, mediante el despliegue de la actuaci�n de esa misma autoridad en la forma en que lo disponga la ley.
b) La motivaci�n, con la existencia de los antecedentes f�cticos o circunstancias de hecho que permitan colegir que s� proced�a aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, que justifique que la autoridad haya actuado en ese sentido y no en otro.
Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo contenido y datos de publicaci�n son los siguientes:
"Novena �poca
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta
"Tomo: XI, abril de 2000
"Tesis: P./J. 50/2000
"P�gina: 813
"FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JUR�DICA DE LOS PARTICULARES. Trat�ndose de actos que no trascienden de manera inmediata la esfera jur�dica de los particulares, sino que se verifican s�lo en los �mbitos internos del gobierno, es decir, entre autoridades, el cumplimiento de la garant�a de legalidad tiene por objeto que se respete el orden jur�dico y que no se afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por parte de otra u otras. En este supuesto, la garant�a de legalidad y, concretamente, la parte relativa a la debida fundamentaci�n y motivaci�n, se cumple: a) Con la existencia de una norma legal que atribuya a favor de la autoridad, de manera n�tida, la facultad para actuar en determinado sentido y, asimismo, mediante el despliegue de la actuaci�n de esa misma autoridad en la forma precisa y exacta en que lo disponga la ley, es decir, ajust�ndose escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada; y b) Con la existencia constatada de los antecedentes f�cticos o circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que s� proced�a aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, que justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en determinado sentido y no en otro. A trav�s de la primera premisa, se dar� cumplimiento a la garant�a de debida fundamentaci�n y, mediante la observancia de la segunda, a la de debida motivaci�n."
El acto cuya invalidez se demanda no cumple con las garant�as de fundamentaci�n y motivaci�n en la forma y t�rminos prescritos por la jurisprudencia acabada de reproducir, pues existiendo normas vigentes y actuales que facultaban al Congreso del Estado de S.L.P.� para decidir sobre la creaci�n de un nuevo Municipio, el dictamen que acord� favorablemente la constituci�n de la nueva municipalidad no se fund� en ellas, sino en ordenamientos y preceptos que se encontraban derogados, de manera que su conducta no se ajust� a la norma que debi� regir dicho acto, sin que, por otra parte, en la hip�tesis a estudio procediera aplicar aquellas normas que perdieron su vigencia, por lo que su actuar no se justifica, al tenor de los razonamientos que han quedado expuestos.
La violaci�n a la garant�a de fundamentaci�n trasciende hasta el �mbito de facultades del Congreso del Estado de S.L.P.� para emitir el decreto impugnado, ya que para el ejercicio de una atribuci�n tan importante, como lo es la creaci�n de un nuevo Municipio, el Congreso demandado fund� su resoluci�n en el art�culo 34, fracci�n X, que si bien le conced�a esta prerrogativa, este dispositivo ya no se encontraba vigente en la �poca en que emiti� el dictamen y decreto respectivos, lo que implica que la autoridad demandada fund� el ejercicio de sus atribuciones en un precepto que ya no estaba vigente para fundar sus actos.
Por estas razones, el decreto combatido pugna con la Constituci�n General de la Rep�blica y, entonces, no puede reconocerse su validez.
Recapitulando lo expuesto, cabe concluir que el decreto impugnado viola la garant�a de debido proceso legal que establece el art�culo 14 constitucional, en virtud de que la reposici�n del tr�mite para recabar la opini�n del Ayuntamiento de S.L.P.� y el informe del gobernador del Estado se fund� en preceptos contenidos en leyes que ya se encontraban abrogadas al momento en que dicha reposici�n se llev� a cabo y, adem�s, porque no se agot� debidamente el tr�mite previsto en las normas adjetivas aplicables.
Asimismo, el decreto impugnado tambi�n viola el art�culo 16 de la N.F., que establece, en lo conducente, que los mandamientos de la autoridad deben estar fundados y motivados, lo que no sucede en el caso, habida cuenta que la fundamentaci�n del acto impugnado, al tenor de los argumentos expuestos, es incorrecta, pues no se apoya en los preceptos vigentes y aplicables que regulan el fondo de la solicitud para la creaci�n del Municipio de V. de P. y el tr�mite en los aspectos precisados, que prev�n tanto la Constituci�n Pol�tica como la L.O.�nica del Municipio Libre, ambas del Estado de S.L.P.�, lo que en v�a de consecuencia trasciende a su motivaci�n, pues �sta no puede ser correcta si se desarrolla sobre la base de preceptos inaplicables.
La falta de fundamentaci�n trasciende hasta las facultades de la autoridad demandada para emitir el decreto reclamado, en tanto apoy� el ejercicio de esa atribuci�n en un precepto no vigente.
Por tanto, ha lugar a decretar la invalidez del decreto impugnado, sin necesidad de analizar los restantes conceptos de invalidez.
Lo anterior es as�, en principio, porque si la fundamentaci�n del procedimiento y del decreto mismo es incorrecta, tambi�n lo son, por derivaci�n, las consideraciones que lo rigen, al derivar de preceptos jur�dicos inaplicables al caso.
Adem�s, en los restantes conceptos de invalidez, el Municipio actor pretende que sea este Alto Tribunal el que analice, conforme a los preceptos legales correctamente aplicables, cu�les requisitos de los que establecen �stos no quedaron cumplidos y, por ende, no es de autorizarse la creaci�n del nuevo Municipio de V. de P., estos aspectos no deben ser decididos de primera mano por esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, pues no puede sustituir el criterio del Congreso demandado al que corresponde decidir, ci��ndose a los ordenamientos jur�dicos vigentes y aplicables, lo que en derecho corresponda en torno a la solicitud que le fuera elevada para la creaci�n de la nueva municipalidad.
Por tanto, si la violaci�n que se declara fundada consiste en la indebida o incorrecta fundamentaci�n tanto del procedimiento, en lo que fue materia de reposici�n, como del decreto impugnado, �stos son los puntos en los que se suscit� la ruptura del orden constitucional, que debe ser reparado por el Congreso demandado, el cual, tomando en consideraci�n que el acto que ahora se declara inv�lido deriv� del ejercicio del derecho de petici�n de un grupo de ciudadanos, se encuentra en aptitud legal de reponer el procedimiento y emitir una nueva resoluci�n que decida sobre lo que le fue pedido, pero fundando tanto el procedimiento como el nuevo decreto que emita en los preceptos de la Constituci�n Pol�tica y de la L.O.�nica del Municipio Libre, ambas del Estado de S.L.P.�, vigentes, quedando intocado su criterio para deliberar lo conducente.
Es as� que, al tenor de estas consideraciones, queda evidenciado lo innecesario del estudio de los dem�s conceptos de invalidez.
Es aplicable al caso la jurisprudencia de rubro y tenor:
"Novena �poca
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta
"Tomo: X, septiembre de 1999
"Tesis: P./J. 100/99
"P�gina: 705
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ. Si se declara la invalidez del acto impugnado en una controversia constitucional, por haber sido fundado uno de los conceptos de invalidez propuestos por la parte actora, situaci�n que cumple el prop�sito de este juicio de nulidad de car�cter constitucional, resulta innecesario ocuparse de los restantes argumentos de queja relativos al mismo acto."
OCTAVO. A continuaci�n, con fundamento en los art�culos 105, fracci�n I, constitucional y 45 de la ley reglamentaria de la materia, esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n procede a establecer los efectos de la presente resoluci�n y el momento a partir del cual debe surtirlos.
Los art�culos invocados establecen lo siguiente:
"Art�culo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer�, en los t�rminos que se�ale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"I. De las controversias constitucionales que, con excepci�n de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
"a) La Federaci�n y un Estado o el Distrito Federal;
"b) La Federaci�n y un Municipio;
"c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Uni�n; aqu�l y cualquiera de las C�maras de �ste o, en su caso, la C.�n Permanente, sean como �rganos federales o del Distrito Federal;
"d) Un Estado y otro;
"e) Un Estado y el Distrito Federal;
"f) El Distrito Federal y un Municipio;
"g) Dos M. de diversos Estados;
"h) Dos Poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;
"i) Un Estado y uno de sus M., sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;
"j) Un Estado y un Municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y
"k) Dos �rganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.
"Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los M. impugnadas por la Federaci�n, de los M. impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resoluci�n de la Suprema Corte de Justicia las declare inv�lidas, dicha resoluci�n tendr� efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayor�a de por lo menos ocho votos.
"En los dem�s casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendr�nefectos �nicamente respecto de las partes en la controversia."
"Art�culo 45. Las sentencias producir�n sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.
"La declaraci�n de invalidez de las sentencias no tendr� efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regir�n los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia."
En el caso no se actualizan los supuestos previstos en el pen�ltimo p�rrafo del art�culo constitucional citado, ya que la controversia constitucional no vers� sobre disposiciones generales de los Estados o de los M. impugnadas por la Federaci�n, ni sobre disposiciones generales de los M. impugnadas por los Estados, y tampoco se trata de los casos se�alados en los incisos: c) del propio art�culo, esto es, controversias suscitadas entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Uni�n, aqu�l y cualquiera de las C�maras de �ste o, en su caso, la C.�n Permanente, sean como �rganos federales o del Distrito Federal; h) dos poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y, k) dos �rganos de Gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.
En este asunto las partes contendientes son el Municipio de S.L.P.�, en su calidad de actor y como demandados el Congreso, el gobernador y el secretario general de Gobierno, todos del Estado de S.L.P.�, de modo que se trata de un conflicto suscitado entre un Estado y uno de sus M., que encuadra en la previsi�n del inciso i) del art�culo constitucional en cita, hip�tesis prevista por ese numeral de la N.F. como de aquellas en las cuales la declaraci�n de invalidez s�lo produce efectos entre las partes ya precisadas, por as� disponerlo el �ltimo p�rrafo de ese precepto constitucional.
La invalidez decretada no impide que el Congreso del Estado de S.L.P.�, tomando en consideraci�n los t�rminos de la solicitud para la creaci�n del Municipio de V. de P. de fecha veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y cinco, las pruebas y dem�s elementos aportados o que se aporten posteriormente al expediente relativo, conforme a las disposiciones vigentes tanto procesales como de fondo, resuelva lo que en derecho proceda en torno a esa petici�n, aplicando los preceptos de la Constituci�n Pol�tica y de la L.O.�nica del Municipio Libre, vigentes al momento en que emita el dictamen y decreto relativos.
Por lo expuesto y fundado se

resuelve:
PRIMERO.-Es procedente y fundada la controversia constitucional.
SEGUNDO.-Se declara la invalidez del Decreto N�mero Cuatrocientos Cuatro, emitido por el Congreso del Estado de S.L.P.�, publicado en el P.�dico Oficial del Gobierno de esa entidad federativa el d�a diecisiete de diciembre del a�o dos mil dos, por cuya virtud se cre� el Municipio de V. de P..
TERCERO.-Publ�quese esta resoluci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta as� como en el P.�dico Oficial del Gobierno del Estado de S.L.P.�.
N.�quese; haci�ndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, arch�vese el expediente como asunto concluido.
As�, lo resolvi� la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en Pleno, por unanimidad de nueve votos de los se�ores Ministros A.A., C.�o D�az, L.R., D�az R., G.�o P., O.M., S.C., S.M. y presidente A.G.�itr�n. S.� el se�or Ministro G�ngora P.. Fue ponente el se�or Ministro D�az R..