Ejecutoria num. 1a. XXXIII/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26825166

Ejecutoria num. 1a. XXXIII/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a. XXXIII/2005
Localizacion:JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Enero de 2004
RESUMEN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 56/2002. ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS.CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS QUE CONFORMAN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 56/2002. ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS.

MINISTRO PONENTE: JOS� DE JES�S GUDI�O PELAYO.

SECRETARIO: J.A.T.V..

M�xico, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al d�a doce de noviembre de dos mil tres.

VISTOS los autos para resolver la controversia constitucional n�mero 56/2002, promovida por el Estado Libre y Soberano de Zacatecas; y,

RESULTANDO:

PRIMERO

Por escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil dos ante la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, el licenciado A.G.N. y el diputado S.A.G.E., ostent�ndose como procurador general de Justicia del Estado de Zacatecas y representante legal del Gobierno de dicha entidad y como presidente de la Comisi�n Legislativa de Puntos Constitucionales de la LVII Legislatura del Estado de Zacatecas y representante jur�dico de dicho cuerpo colegiado, respectivamente, promovieron controversia constitucional en contra de las siguientes autoridades:

Demandados: Son demandados en el presente asunto: A. Poder Ejecutivo Federal, cuyo titular es el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. B.S. de Hacienda y Cr�dito P�blico. C. Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas, dependiente de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico. D. La Administraci�n de Comercio Exterior 4, dependiente del Servicio de Administraci�n Tributaria de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico. E. La Administraci�n Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal, dependiente del Servicio de Administraci�n Tributaria de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico. F. Servicio de Administraci�n Tributaria, de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico.

SEGUNDO

En su demanda, el actor demand� la invalidez de los siguientes actos:

"A. La invasi�n de la soberan�a del Estado de Zacatecas por parte del Poder Ejecutivo Federal, debido a que se est�n afectando las facultades constitucionales de esta entidad por determinaciones que implican violaciones a diversos art�culos constitucionales que en el apartado de conceptos de invalidez se precisar�n. Dicha invasi�n a la esfera de competencias del Estado de Zacatecas se provoca debido a que el Poder Ejecutivo Federal pretende legislar en materia de modalidades a la propiedad privada de bienes que se ubican en el territorio de esta entidad federativa. B. El oficio n�mero 351-A-1a. 0015 de fecha 12 de junio de 2002, expedido por el titular de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas. C. El oficio n�mero 325-SAT-V-E-7209 de fecha 8 de abril de 2002, emitido por el administrador de Comercio Exterior 4, dependiente del Servicio de Administraci�n Tributaria de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico. D. El oficio n�mero 325-SAT-V-E-6914 de fecha 25 de marzo de 2002, emitido por el administrador central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal, dependiente del Servicio de Administraci�n Tributaria de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico. E. La implementaci�n de los procedimientos administrativos en materia aduanera en veh�culos propiedad del Estado de Zacatecas por parte del Servicio de Administraci�n Tributaria, y que se derivan de la aplicaci�n de los criterios contenidos en los oficios enumerados anteriormente. F. Todas las consecuencias legales y materiales que deriven de los anteriores actos."

TERCERO

El actor se�al� como preceptos constitucionales violados los art�culos 16, 27, 49, 50, 73, fracci�n XXIX, inciso 1o., 80, 89, fracci�n I, 121, fracci�n II y 124 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO

El promovente narr� como antecedentes de la demanda los que a continuaci�n se transcriben:

VI. Antecedentes de la norma general o actos cuya invalidez se demande. Lo constituyen los siguientes: Hechos: Primero. En ejercicio de las facultades que tiene conferidas por el art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Uni�n decret� la Ley para la Inscripci�n de Veh�culos de Procedencia Extranjera, misma que fuera publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el d�a 12 de marzo del a�o 2001. Dicha norma, por su contenido y consecuencias, constituye una ley fiscal especial, adem�s de formar parte de la legislaci�n que en materia de coordinaci�n fiscal existe en nuestro pa�s. Esta norma general se emiti� para tratar de resolver la problem�tica que existe en torno a la gran cantidad de veh�culos de procedencia extranjera que existen en el pa�s, y que, por lo mismo, no tienen una legal estancia en el territorio nacional. En este sentido, el ordenamiento legal mencionado establece la posibilidad de inscribir y regularizar veh�culos de procedencia extranjera, se�alando qu� tipo de veh�culos pueden ser objeto de dicha regularizaci�n; por lo cual, en el art�culo segundo se se�ala que ser�n objeto de inscripci�n los veh�culos automotores cuyos modelos sean 1993 o anteriores y posteriores a 1970, que tengan las siguientes caracter�sticas: a) Los veh�culos automotores, camionetas Pick-up y vagonetas con capacidad hasta de doce pasajeros, as� como los se�alados en el anexo �nico de la ley; b) Los veh�culos internados al pa�s antes del 31 de octubre de 2000; y, c) Los destinados al servicio p�blico de transporte y carga, y cuya capacidad no exceda los 3,500 Kg. En el art�culo tercero se determin� que no pod�an ser objeto de inscripci�n los veh�culos siguientes: a) Los veh�culos modelos 1994 en adelante, y los veh�culos 1969 y anteriores; b) Los considerados de lujo y deportivos; c) Los introducidos al territorio nacional a partir del 31 de octubre del a�o 2000; d) Los que se encuentren embargados a la fecha de expedici�n de la ley; e) Los tipos vivienda; y, f) Los que se encuentran en la franja fronteriza de 20 kil�metros paralela a la l�nea divisoria internacional del norte del pa�s. En el art�culo quinto de dicha ley se estableci� que la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico y la Secretar�a de Econom�a se coordinar�an con las autoridades fiscales de las entidades federativas para llevar a cabo la inscripci�n de los veh�culos a que se refiere la ley mencionada. En el art�culo segundo transitorio de la ley en cuesti�n se determin� que los propietarios o poseedores de veh�culos de procedencia extranjera que no fueran objeto de inscripci�n contar�an con el plazo de 120 d�as naturales para sacarlos del pa�s o donarlos al fisco federal o a las entidades federativas, caso en el cual el interesado quedar�a liberado de la responsabilidad relacionada con el pago de las contribuciones y la ausencia del permiso de importaci�n. Segundo. En fecha 6 de abril del a�o 2001 fue publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el Reglamento de la Ley para la Inscripci�n de Veh�culos de Procedencia Extranjera, el cual, al ser una disposici�n de car�cter reglamentaria, establece con mayor claridad y a detalle el procedimiento a seguir para la inscripci�n de veh�culos de procedencia extranjera, as� como regula cuestiones ya establecidas en la norma que le da origen. Tercero. En el Estado de Zacatecas hubo una gran cantidad de veh�culos de procedencia extranjera que no fueron objeto de la Ley para la Inscripci�n de Veh�culos de Procedencia Extranjera a que se hizo menci�n, en raz�n de no reunir los requisitos que la misma establec�a, por lo que sus propietarios, acogi�ndose al beneficio contemplado en el art�culo segundo transitorio de dicha ley, decidieron donarlos en beneficio del Gobierno del Estado de Zacatecas. Cuarto. En ejercicio de las facultades concedidas por el art�culo 65, fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Zacatecas; 14, fracci�n I, de la Ley Org�nica del Poder Legislativo; 86, 88 y 90 del Reglamento General del Congreso del Estado; y principalmente en ejercicio de las facultades legislativas concedidas a los Estados en los art�culos 121, fracci�n II y 124 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y con la finalidad, precisamente, de regular las donaciones de veh�culos de procedencia extranjera que se hac�an a favor del Gobierno del Estado en t�rminos de la Ley para la Inscripci�n de Veh�culos de Procedencia Extranjera, el Congreso del Estado de Zacatecas emiti� el Decreto N�mero 61, publicado en el suplemento al P.�dico Oficial de fecha 18 de mayo de 2002, donde se ratificaba que el Ejecutivo del Estado tiene la facultad para realizar el emplacamiento y expedici�n de tarjetas de circulaci�n de veh�culos, en este caso, de aquellos que sean de procedencia extranjera y donados por particulares al Gobierno del Estado. En t�rminos de lo dispuesto por el art�culo primero de dicho decreto, se autoriz� al Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas a otorgar en comodato a sus anteriores propietarios los veh�culos de procedencia extranjera que en tiempo y forma fueron donados al propio Gobierno del Estado. En el art�culo segundo de dicho decreto se ratific� la facultad del Ejecutivo Estatal para expedir y registrar las placas de circulaci�n vehicular respecto de los veh�culos de procedencia extranjera donados en su favor en t�rminos de la Ley para la Inscripci�n de Veh�culos de Procedencia Extranjera. Quinto. Con fundamento en la Ley para la Inscripci�n de Veh�culos de Procedencia Extranjera y el Decreto N�mero 61 expedido por el Congreso del Estado de Zacatecas, el Gobierno del Estado recibi� en donaci�n varios veh�culos, mismos que a su vez fueron otorgados en comodato a los particulares propietarios originales. Sexto. En fecha 4 de septiembre de 2002 el representante jur�dico del gobierno y la Legislatura del Estado de Zacatecas fuimos notificados por parte del secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas de la existencia de las determinaciones contenidas en el oficio n�mero 351-A-1a. 0015 de fecha 12 de junio de 2002, emitido por el titular de la Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, de las determinaciones contenidas en el diverso 325-SAT-V-E-7209 de fecha 8 de abril de 2002, emitido por el administrador de Comercio Exterior 4, dependiente del Servicio de Administraci�n Tributaria de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico; y del criterio contenido en el oficio n�mero 325-SAT-V-E-6914 de fecha 25 de marzo de 2002, emitido por el administrador central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal, dependiente del Servicio de Administraci�n Tributaria de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico. En el primero de los oficios mencionados se pretende que el Decreto N�mero 61 emitido por el Congreso del Estado de Zacatecas a que nos hemos referido con anterioridad, es violatorio de diversas disposiciones legales, y se amenaza al Gobierno del Estado con la aplicaci�n de diversas sanciones contempladas en el C�digo F. de la Federaci�n, la Ley Aduanera, la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Veh�culos, la Ley de Coordinaci�n F. y el Convenio de Colaboraci�n Administrativa en Materia F. Federal. El motivo que aducen las autoridades hacendarias en los diversos oficios enumerados para pretender aplicar las sanciones a que hace alusi�n, se basa en la supuesta prohibici�n que existe para el Gobierno del Estado de dar en comodato los veh�culos de procedencia extranjera que fueron donados a su favor, pues las autoridades federales pretenden que ?los veh�culos objeto de donaci�n a esa entidad federativa deber�n ser destinados estrictamente al ejercicio de las funciones de derecho p�blico, al de sus Municipios o de sus organismos descentralizados, no pudiendo ser enajenados, donados, o dados en comodato o usufructo a nadie, toda vez que �stos no se encuentran legalmente en el pa�s?. S�ptimo. En cumplimiento a los criterios contenidos en los oficios se�alados en el punto precedente, el Poder Ejecutivo Federal, a trav�s del Servicio de Administraci�n Tributaria de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, ha iniciado diversos procedimientos administrativos en materia aduanera en contra de comodatarios de veh�culos de procedencia extranjera propiedad del Estado de Zacatecas, y que le fueran donados a esta entidad federal en t�rminos de las disposiciones de la Ley para la Inscripci�n de Veh�culos de Procedencia Extranjera, procediendo a embargarlos precautoriamente. De estos actos, tambi�n el Gobierno del Estado y la legislatura tuvimos conocimiento el d�a 4 de septiembre de 2002. Se anexan al presente copias certificadas de las constancias de algunos de los procedimientos administrativos en materia aduanera instaurados en contra de comodatarios de veh�culos propiedad del Gobierno del Estado de Zacatecas. Octavo. Los actos que se combaten resultan violatorios de diversos principios de competencia contenidos en la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y que vulneran la soberan�a del Estado de Zacatecas, por lo cual nos vemos en la necesidad de promover el presente juicio de controversia constitucional.

QUINTO

La parte actora manifest� como conceptos de invalidez los siguientes:

"VII. Conceptos de invalidez. Primero. Los actos cuya invalidez se reclama son violatorios del principio de competencia constitucional establecido por el art�culo 124; del principio lex rei sitae establecido en la fracci�n II del art�culo 121; as� como del principio de divisi�n de poderes contemplado por los numerales 49, 50, 73, fracci�n XXIX, inciso 1o., 80 y 89, fracci�n I, todos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en nuestro pa�s, y atendiendo a la disposici�n contemplada por el art�culo 124 de la Ley Fundamental, se establece un sistema de divisi�n de competencias entre la Federaci�n y los Estados miembros. Dicho sistema divisorio se establece con base en el principio general de que aquellas facultades que no est�n concedidas expresamente a los funcionarios federales por la propia Carta Magna se entender�n que forman parte de las atribuciones de los Estados. Ello significa que nuestra Ley Fundamental establece un sistema de facultades expresas para la Federaci�n y un sistema de facultades por excepci�n para los Estados miembros. Nuestra Constituci�n se coloc� en el supuesto de que la Federaci�n mexicana naci� de un pacto entre Estados preexistentes, que delegaban ciertas facultades en el poder central y se reservan las restantes, por ello, en este sistema el Poder Federal est� integrado por facultades expresas que se les restaron a los Estados, y cualquier duda que surja acerca de la competencia que pertenece a cada �mbito, debe resolverse a favor de los Estados miembros, no s�lo porque �stos conservan la zona no definida, sino tambi�n porque la limitaci�n de las facultades de la Federaci�n, dentro de lo que expresamente le est� conferido, es principio b�sico de este sistema. Facultades expresamente conferidas a los Poderes Federales y facultades limitadas de los mismos poderes, son expresiones equivalentes. En efecto, los Poderes Federales no son sino representantes con facultades de que enumeradamente est�n dotados; cualquier ejercicio de facultades no conferidas es un exceso en la comisi�n que implica un acto nulo; por tanto, el l�mite de las facultades est� donde termina su expresa enumeraci�n. S�gase de lo dicho que las facultades federales no pueden extenderse por analog�a, por igualdad, ni por mayor�a de raz�n a otros casos distintos de los expresamente previstos. La ampliaci�n de la facultad as� ejercida significar�a en realidad o un contenido diverso en la facultad ya existente o la creaci�n de una nueva facultad; en ambos casos el int�rprete sustituir�a indebidamente al legislador Constituyente, que es el �nico que puede investir de facultades a los Poderes Federales. Tenemos pues, en nuestro pa�s, un sistema estricto que recluye a los Poderes Federales dentro de una zona perfectamente ce�ida. Ahora bien, no hay que desconocer que de conformidad con nuestro sistema de competencias constitucionales, existe otra entidad que es necesario considerar para definir la competencia entre Federaci�n y Estados, nos referimos al �mbito de atribuciones del Municipio. Entonces, tenemos que el sistema de distribuci�n de competencias que establece la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos se integra b�sicamente por las facultades conferidas expresamente a la Federaci�n, las potestades asignadas en el art�culo 115 de la misma a los Municipios y por las restantes que, de acuerdo con su art�culo 124, corresponden a las entidades federativas. As�, el �mbito competencial de los Estados se integra, en principio, por las facultades no expresamente conferidas a la Federaci�n o a los Municipios. En este sentido, v�ase la siguiente tesis: ?CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DISTRIBUCI�N DE COMPETENCIAS ENTRE LA FEDERACI�N, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.? (se transcribe). Hasta aqu� comentaremos las disposiciones que establecen la regla general para hacer la distribuci�n de competencias entre la Federaci�n y las entidades que forman parte de la uni�n. Por otro lado, el art�culo 121, fracci�n II, de la Carta Magna establece el principio fundamental de lex rei sitae. Dicho numeral literalmente dispone: ?Art�culo 121. ...? (se transcribe). Ello sencillamente significa que la regulaci�n jur�dica que tenga relaci�n con cualquier bien mueble o inmueble pertenece a las leyes locales. Es decir, es a las Legislaturas de los Estados a quienes corresponde emitir la regulaci�n jur�dica sobre los diversos derechos y obligaciones que nacen para los particulares y que tengan relaci�n con bienes muebles o inmuebles que se ubiquen en el territorio del Estado. Hay que puntualizar que en el caso de las leyes que regulan la propiedad mobiliaria e inmobiliaria, tambi�n puede corresponder su emisi�n al Congreso de la Uni�n, pero s�lo en aquellas materias que la Constituci�n Pol�tica le tiene reservadas como de su exclusiva competencia, por ejemplo, en el caso de la propiedad agraria, pues compete al Congreso Federal emitir la reglamentaci�n sobre la misma. Pero en el caso de las materias que no est�n reservadas a la Federaci�n, competer� a los Estados el regular dicho �mbito, todo ello en estricto acatamiento a la regla de competencia constitucional establecida por el art�culo 124 de la Ley Fundamental. En las facultades para regular los aspectos relativos a la propiedad se incluye todo lo que se refiere a la imposici�n de modalidades, pues dichas modalidades constituyen limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad, pues repercuten en cuanto a los derechos de usar, gozar y disponer, y necesariamente deben estar reguladas por las leyes locales o federales en sus respectivos �mbitos de competencia. De ah� que compete a los Estados miembros el establecer las limitaciones al derecho de propiedad (que se conoce como modalidades) respecto de los bienes muebles e inmuebles que se ubiquen en su territorio y cuya regulaci�n legal no competa al Congreso de la Uni�n. Esto es, si bien es cierto que el Congreso de la Uni�n est� facultado legalmente para imponer las modalidades a la propiedad privada a trav�s de las leyes que expida, tambi�n lo es que dicha facultad legislativa no opera en todos los casos, pues es menester para ello que el inter�s p�blico que legitime constitucionalmente la imposici�n de la modalidad incida en alguno de los ramos o materias que formen el cuadro competencial del citado Congreso; de manera tal que si, por el contrario, el ramo o materia incumbe legislativamente a los Congresos de los Estados en virtud del principio contenido en el art�culo 124 de la Constituci�n Federal, las leyes que impongan modalidades a la propiedad privada pueden provenir de �stos, lo que encuentra apoyo en lo previsto en la fracci�n II del art�culo 121 de la Ley Fundamental que consagra el principio lex rei sitae, al disponer que los bienes muebles einmuebles se regir�n por la ley del lugar de su ubicaci�n. As�, al ser evidente que la propiedad es un derecho real que se ejerce sobre un bien mobiliario o inmobiliario, sin el cual tal derecho ser�a inconcebible, la imposici�n de modalidades a la propiedad repercute necesariamente en su objeto constituido por dichos bienes en cuanto a la manera o forma de usarlos, disfrutarlos y disponer de ellos. De ah� que respecto de los bienes muebles e inmuebles que se ubiquen dentro de su territorio, las Legislaturas Locales son las competentes para dictar las leyes que regulen su uso, goce y disponibilidad, siempre que el inter�s p�blico que funde dicha regulaci�n no concierna a ninguno de los ramos o materias que sean de la competencia constitucional del Congreso de la Uni�n, integrada por las facultades expresas e impl�citas de dicho �rgano legislativo federal contempladas por el art�culo 73 de la Ley Fundamental. Para apoyar este criterio citaremos la siguiente tesis pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n: ?PROPIEDAD PRIVADA, MODALIDADES A LA. EL CONGRESO DE LA UNI�N NO ES EL �NICO FACULTADO PARA IMPONERLAS, EN T�RMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ART�CULO 27 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL.? (se transcribe). De lo hasta ahora expuesto tenemos que, haciendo una interpretaci�n conjunta de los art�culos 121, fracci�n II y 124 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, es competencia de las Legislaturas Locales el emitir las normas generales que regulen el uso, goce y disponibilidad de todos los bienes muebles e inmuebles que se ubiquen en su territorio siempre que el inter�s p�blico que funde dicha regulaci�n no concierna a ninguno de los ramos o materias que sean de la competencia constitucional del Congreso de la Uni�n, integrada por las facultades expresas e impl�citas de dicho �rgano legislativo federal contempladas por el art�culo 73 de la Carga Magna. Y es en este contexto que las Legislaturas de los Estados tienen competencia exclusiva para imponer las modalidades que dicte el inter�s p�blico en relaci�n con los bienes que se ubican en su territorio. Ello es de esta manera debido a que es evidente que la propiedad es un derecho real que se ejerce sobre un bien mobiliario o inmobiliario, sin el cual tal derecho ser�a inconcebible, y la imposici�n de modalidades a la propiedad repercute necesariamente en su objeto constituido por dichos bienes en cuanto a la manera o forma de usarlos, disfrutarlos y disponer de ellos. Por otro lado, y de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 49, 50, 73, fracci�n XXIX, inciso 1o., 80 y 89, fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en nuestro pa�s existe un sistema de divisi�n de poderes que tiene por objeto lograr un equilibrio entre ellos para as� evitar arbitrariedades. De esta manera, este sistema de divisi�n de poderes distribuye determinadas tareas entre los tres que existen. As�, el Poder Legislativo tiene la funci�n primordial de crear leyes para regular las situaciones generales, abstractas e impersonales. Al Poder Ejecutivo le corresponde, principalmente, la aplicaci�n de dichas leyes en el �mbito de las esferas administrativa y de gobierno propias de su competencia. Y al Poder Judicial corresponde el ejercicio de la funci�n jurisdiccional, entendida �sta como la facultad de decidir, con fuerza vinculativa para las partes, determinada situaci�n jur�dica controvertida, aplicando el derecho al caso concreto. Acordes con las disposiciones contenidas en el art�culo 27 constitucional y todos los numerales precedentemente se�alados, corresponde exclusivamente al Poder Legislativo, sea este federal o estatal, el imponer modalidades a la propiedad privada. Esto significa que es facultad exclusiva y excluyente del Poder Legislativo regular todos los aspectos relativos a la propiedad mobiliaria e inmobiliaria, entre los que se incluye la imposici�n de restricciones a los derechos de uso, goce y disfrute en que consiste dicho derecho. Es decir, como el art�culo 27 constitucional establece que la naci�n tendr� en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el inter�s p�blico, y como la regulaci�n del derecho de propiedad est� contenida en los C�digos Civiles federales y locales, es claro que de acuerdo con el texto constitucional, son exclusivamente los legisladores, ya federal o ya locales, los que pueden imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el inter�s p�blico. Entonces, s�lo el Poder Legislativo puede regular las modalidades que se establecen al derecho de propiedad, pudiendo las Legislaturas Locales, en principio, establecer modalidades a la propiedad privada dentro de sus esferas de competencia, con la sola limitaci�n de no violar ninguna disposici�n constitucional, ni federal cuando haya concurrencia de competencias. En este sentido: ?PLANIFICACI�N DEL DISTRITO FEDERAL, LEY DE. MODALIDADES A LA PROPIEDAD.? (se transcribe). Haciendo una s�ntesis de todo lo hasta ahora expuesto, podemos establecer que es competencia exclusiva del Poder Legislativo de los Estados el imponer las modalidades que dicte el inter�s p�blico respecto de los bienes muebles e inmuebles que se ubiquen en su territorio y que no sean materia de regulaci�n por parte del Congreso de la Uni�n. No obstante estas claras disposiciones constitucionales, el Poder Ejecutivo Federal, en los actos que ahora se combaten, pretende imponer modalidades al derecho de propiedad que el Gobierno del Estado de Zacatecas tiene respecto de los veh�culos de procedencia extranjera que le fueron donados por particulares en t�rminos de las disposiciones contenidas en la Ley para la Regularizaci�n de Veh�culos de Procedencia Extranjera. En efecto, de una transcripci�n del contenido de dichos actos se pretende limitar el derecho de usar, gozar y disponer de dichos veh�culos que pertenecen en propiedad al gobierno, pues literalmente se establece que: ?los veh�culos objeto de donaci�n a esa entidad federativa deber�n ser destinados estrictamente al ejercicio de las funciones de derecho p�blico, al de sus Municipios o de sus organismos descentralizados, no pudiendo ser enajenados, donados, o dados en comodato o usufructo a nadie?. Esta determinaci�n de las autoridades federales demandadas impone una modalidad al derecho de propiedad no contemplada por ninguna ley federal o local, pues implica una limitaci�n o transformaci�n del derecho de propiedad; as�, la modalidad impuesta trae como consecuencia una limitaci�n o transformaci�n del derecho de propiedad sobre los automotores donados al Estado. Esto es, la modalidad a la propiedad privada se aclara con mayor precisi�n si se estudia desde el punto de vista de los efectos que produce en relaci�n con los derechos del propietario. Los efectos de la modalidad que se est� imponiendo a la propiedad del Gobierno del Estado se traducen en la extinci�n parcial de los atributos del propietario, ya que no se sigue gozando en virtud de las limitaciones estatuidas de todas las facultades inherentes a la extensi�n actual de su derecho, que son las de usar, gozar y disponer del bien material del derecho de propiedad. Lo anterior se deriva del propio concepto de ?modalidad?, pues por modalidad a la propiedad privada debe entenderse el establecimiento de una disposici�n que modifique, esencialmente, la forma de ese derecho y que sus efectos consisten en una extinci�n parcial de los atributos del propietario, de manera que �ste no sigue gozando en virtud de las limitaciones estatuidas de todas las facultades inherentes a la extensi�n actual de su derecho. De lo anterior puede estimarse que la imposici�n de modalidades a la propiedad privada se traduce necesariamente en la supresi�n o en la limitaci�n de alguno de los derechos reales inherentes y consustanciales a ella, como lo son el derecho a usar la cosa, el de disfrutar de la misma y el de disponer de �sta, de manera que s�lo a trav�s de estos elementos puede existir la posibilidad de que se impongan las referidas modalidades. Para mayor claridad en cuanto al concepto de ?modalidad? se citar� la siguiente tesis: ?PROPIEDAD PRIVADA, MODALIDADES A LA. SU IMPOSICI�N, CONFORME AL ART�CULO 27 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL, EST� REFERIDA A LOS DERECHOS REALES QUE SE TENGAN SOBRE LA COSA O EL BIEN.? (se transcribe). Es en este orden de ideas que los actos combatidos resultan inconstitucionales por varias razones que enseguida se expondr�n. En primer lugar, dichos actos resultan violatorios del sistema de competencia constitucional para regular el derecho de propiedad establecido por los art�culos 121, fracci�n II y 124 de la Constituci�n, pues como ya expusimos, corresponde exclusivamente a la Legislatura del Estado de Zacatecas el emitir las normas generales que regulen el uso, goce y disponibilidad de todos los bienes muebles e inmuebles que se ubiquen en su territorio, siempre que el inter�s p�blico que funde dicha regulaci�n no concierna a ninguno de los ramos o materias que sean de la competencia constitucional del Congreso de la Uni�n; y es en este contexto que la Legislatura de este Estado tiene competencia exclusiva para imponer las modalidades que dicte el inter�s p�blico en relaci�n con los bienes que se ubican en su territorio y que son de su propiedad, y entre los que se encuentran aquellos que le fueron donados por particulares en el contexto de la Ley para la Inscripci�n de Veh�culos de Procedencia Extranjera. Debido a ello, las autoridades ejecutivas federales ahora demandadas carecen de competencia para imponer modalidades a la propiedad exclusiva del Gobierno del Estado de Zacatecas. Cabe acotar y se�alar que el Congreso de la Uni�n, en la Ley para la Inscripci�n de Veh�culos de Procedencia Extranjera, y seguramente en acatamiento de las disposiciones constitucionales aludidas, no impuso ninguna modalidad al derecho de propiedad de los Estados sobre los veh�culos de procedencia extranjera que recibieran en donaci�n. Por otro lado, dichos actos tambi�n resultan violatorios del principio de divisi�n de poderes contemplado por los art�culos 49, 50, 73, fracci�n XXIX, inciso 1o., 80 y 89, fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en relaci�n directa con el art�culo 27, pues constituyen actos materialmente legislativos al ser normas jur�dicas generales, abstractas e impersonales, que imponen modalidades al derecho de propiedad que ostenta el Gobierno del Estado de Zacatecas sobre bienes muebles que fueron objeto de donaci�n en su favor, en los t�rminos establecidos por la Ley para la Inscripci�n de Veh�culos de Procedencia Extranjera. Y como ya hemos demostrado, dichas autoridades ejecutivas no tienen facultades constitucionales para emitir leyes que establezcan modalidades al derecho de propiedad, pues la emisi�n de este tipo de normas generales es competencia exclusiva de las autoridades legislativas, ya federales, ya estatales, en su respectivo �mbito competencial. Esto es, acorde con las disposiciones contenidas en el art�culo 27 constitucional y los numerales precedentemente se�alados que establecen el sistema de divisi�n de poderes, corresponde exclusivamente al Poder Legislativo, sea este federal o estatal, el imponer modalidades a la propiedad privada. Esto significa que es facultad exclusiva y excluyente del Poder Legislativo regular todos los aspectos relativos a la propiedad mobiliaria e inmobiliaria, entre los que se incluyen la imposici�n de restricciones a los derechos de uso, goce y disfrute en que consiste dicho derecho. Y en el caso que nos ocupa, es competencia exclusiva del Poder Legislativo de los Estados, a trav�s de una norma general, el imponer las modalidades que dicte el inter�s p�blico respecto de los bienes muebles e inmuebles que se ubiquen en su territorio y que no sean materia de regulaci�n por parte del Congreso de la Uni�n; por tanto, las autoridades demandadas no tienen facultades para imponer las modalidades a la propiedad como lo hacen en los actos cuya invalidez se reclama. Sirven de apoyo para demostrar las facultades exclusivas que tiene el Poder Legislativo Estatal para imponer modalidades al derecho de propiedad a trav�s de una ley, y en t�rminos de lo aqu� expuesto, las siguientes tesis pronunciadas por el Poder Judicial Federal: ?PROPIEDAD PRIVADA, MODALIDADES A LA.? (se transcribe). ?PROPIEDAD PRIVADA, FACULTADES DE LOS ESTADOS PARA IMPONER MODALIDADES A LAS.? (se transcribe). ?ARRENDAMIENTO, CONSTITUCIONALIDAD DE LOS DECRETOS DE LAS LEGISLATURAS LOCALES EN MATERIA DE (PROPIEDAD PRIVADA, MODALIDADES A LA).? (se transcribe). Finalmente, precisaremos que de las determinaciones estrictas contenidas en el art�culo 27 constitucional se desprende que la naci�n, en cualquier tiempo, pero siempre que lo exija el inter�s p�blico, podr� dictar disposiciones que vengan a modificar el derecho de propiedad, en la forma en que era reconocido por las leyes vigentes en la fecha en que el Constituyente dict� el mandamiento, pero es err�neo sostener que el Ejecutivo de la Uni�n tenga facultades constitucionales para imponer modalidades a la propiedad privada, pues ni dicho numeral, ni ning�n otro de la Carta Magna lo autoriza para tales efectos. Ahora bien, los actos ahora combatidos y dictados por el Poder Ejecutivo Federal no podr�an fundarse en dicho art�culo 27 constitucional, ya que conforme a lo dispuesto por el art�culo 75, fracci�n XIX, 121, fracci�n II y 124 de la propia Ley Fundamental, toca al Congreso de la Uni�n o a las Legislaturas de los Estados el ejercer la facultad de expedir esta clase de mandamientos legales, y ser�n estos �rganos del Estado quienes est�n plenamente capacitados para indicar, por medio de disposiciones de aplicaci�n general y para casos posteriores, cu�les son las modalidades que, en su caso, deb�an imponerse a la propiedad de los Estados sobre veh�culos de procedencia extranjera, y s�lo tocaba al Ejecutivo proveer en la esfera administrativa a la citada observancia de las disposiciones que sobre este particular pueden dictar los mencionados �rganos legislativos. Por tanto, es claro que el Poder Ejecutivo no puede, a trav�s de un acto concreto, imponer modalidades al derecho de propiedad. Sobre el particular, v�ase: ?PROPIEDAD, EL PRESIDENTE DE LA REP�BLICA NO PUEDE IMPONER MODALIDADES A LA.? (se transcribe). ?PROPIEDAD PRIVADA, MODALIDADES A LA.? (se transcribe). Por lo expuesto, esta parte considera que el Poder Ejecutivo de la Uni�n, a trav�s de actos concretos de las autoridades demandadas, est� invadiendo la esfera de competencia constitucional de la Legislatura y del Gobierno del Estado de Zacatecas, por lo que deber� emitirse resoluci�n en la que se declaren inv�lidos dichos actos y sus consecuencias jur�dicas y materiales, con todos los efectos a que se refiere el art�culo 105 constitucional y su ley reglamentaria. Segundo. Los actos cuya invalidez se reclama son violatorios del principio de legalidad establecido en el art�culo 16 de la Constituci�n General de la Rep�blica, por dejar de aplicar, siendo aplicables, las disposiciones contenidas en los art�culos segundo transitorio de la Ley para la Inscripci�n de Veh�culos de Procedencia Extranjera; y 11 y 19 del reglamento de dicha ley. Dichos numerales establecen, en t�rminos generales, que los propietarios o poseedores de veh�culos de procedencia extranjera que no puedan ser objeto de inscripci�n contar�n con el plazo de 120 d�as naturales contados a partir de la entrada en vigor de la ley para que los saquen del pa�s o donarlos al fisco federal o a las entidades federativas. En este �ltimo caso, es decir, cuando se decida donarlos, el interesado quedar� liberado de la responsabilidad relacionada con el pago de las contribuciones y la ausencia del permiso de importaci�n. La Ley para la Inscripci�n de Veh�culos de Procedencia Extranjera en realidad es una ley fiscal especial, pues regula una serie de supuestos jur�dicos que deben aplicarse con preferencia a cualquier otra disposici�n de esta misma naturaleza. Es decir, la aplicaci�n de las disposiciones contenidas en esta ley deben aplicarse preferentemente a cualquier otra, pues la ley fiscal especial debe prevalecer sobre las normas fiscales generales. La preferencia de la aplicaci�n de la ley fiscal especial sobre la general la ha reconocido en diversas ejecutorias el Poder Judicial Federal: ?CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ART�CULO 142 LEY ADUANERA, RECURSO DE REVOCACI�N, DEBE AGOTARSE ANTES DE OCURRIR AL JUICIO DE NULIDAD EN EL.? (se transcribe). Ahora bien, en t�rminos de las disposiciones contenidas en la ley mencionada y en su reglamento, se contemplan diversas consecuencias que se generan con motivo de la actualizaci�n de las hip�tesis all� contenidas. La primer consecuencia que se produce es que si el particular cuyo veh�culo no fue objeto de dicha norma decide donar el veh�culo a una entidad federativa, se genera el derecho de propiedad a favor del Estado en cuyo favor se produjo la donaci�n, pues la naturaleza propia de este contrato es transferir el derecho de propiedad. La segunda consecuencia que se produce con motivo de la donaci�n de los veh�culos de procedencia extranjera a una entidad federativa consiste en que ?el interesado quedar� liberado de la responsabilidad relacionada con el pago de las contribuciones y la ausencia de permiso de importaci�n?, lo que jur�dicamente se traduce en la condonaci�n de todas las contribuciones relacionadas con la importaci�n del veh�culo al territorio nacional. Esta condonaci�n opera a favor del ?interesado? y, en este caso, los ?interesados? lo constituyen tanto el particular donante como el donatario, en este caso, el Gobierno del Estado. La tercera consecuencia impl�cita que se establece en los numerales citados es que, una vez donado el veh�culo a la entidad federativa, en los t�rminos y condiciones que en la propia ley y reglamento se se�alan, dicho veh�culo adquiere una legal estancia en el pa�s, pues es un resultado l�gico de las dos consecuencias anteriores. Esto se debe, en principio, a la condonaci�n de las contribuciones que sobre comercio exterior se llegaran a causar, y a que la propia Ley para la Inscripci�n de Veh�culos de Procedencia Extranjera reconoce el derecho leg�timo de propiedad a favor de los donatarios, que pueden ser tanto la Federaci�n como las entidades. Es decir, si la ley mencionada condona cualquier contribuci�n sobre comercio exterior y, adem�s, reconoce un leg�timo derecho de propiedad sobre una mercanc�a de procedencia extranjera, es evidente, claro y hasta l�gico que dicha mercanc�a adquiere una condici�n jur�dica de legal estancia en el pa�s, pues las mercanc�as que no tengan legal estancia en el territorio nacional no pueden ser objeto de contrato alguno ni mucho menos de propiedad. No obstante estas claras disposiciones legales mencionadas, las autoridades federales demandadas en los actos combatidos han desconocido las consecuencias jur�dicas aqu� rese�adas, por lo que violan flagrantemente el principio de legalidad contenido en el art�culo 16 al dejar de aplicar, siendo aplicables, las determinaciones de la Ley para la Inscripci�n de Veh�culos de Procedencia Extranjera que, adem�s, es una ley fiscal especial, debiendo prevaler sobre cualquier ley fiscal general. Tercero. Los actos que ahora se combaten violan el principio de legalidad establecido en el art�culo 16 de la Constituci�n, debido a que los mismos no se encuentran fundados ni motivados. Para que un acto de autoridad se considere adecuada y suficientemente fundado y motivado, ha de expresarse con precisi�n el precepto legal aplicable al caso y tambi�n deben se�alarse, con precisi�n, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideraci�n para la emisi�n del acto, siendo necesario, adem�s, que exista adecuaci�n entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren laship�tesis normativas. Esto se traduce simplemente en que el principio de legalidad consagrado en el art�culo 16 de nuestra Carta Magna establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendi�ndose por lo primero la obligaci�n de la autoridad que lo emite de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en que se apoye la determinaci�n adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos l�gico-jur�dicos sobre el porqu� consider� que el caso concreto se ajusta a la hip�tesis normativa. En este sentido se ha pronunciado el Poder Judicial Federal en las siguientes tesis: ?FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N.? (se transcribe). ?FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N, CONCEPTO DE.? (se transcribe). ?FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N.? (se transcribe). En el particular, el Poder Ejecutivo Federal, al emitir los actos cuya invalidez se reclama, no cita los preceptos legales aplicables al caso concreto, pues en ning�n momento hace referencia al art�culo segundo transitorio de la Ley para la Inscripci�n de Veh�culos de Procedencia Extranjera, ni al art�culo 11 de su reglamento, mismos que son aplicables espec�ficamente al particular, limit�ndose dichas autoridades a citar art�culos de la Ley del Servicio de Administraci�n Tributaria y del Reglamento Interior del Servicio de Administraci�n Tributaria, los cuales no tienen aplicaci�n al caso particular. Tambi�n las autoridades federales citan como fundamento de sus determinaciones el acuerdo contenido en el oficio n�mero 351-A-1a. II-0233 de 15 de abril de 2002, emitido por el administrador central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal de la Administraci�n General Jur�dica del Servicio de Administraci�n Tributaria, lo cual, obviamente, no puede considerarse estrictamente como ?fundamento? de su actuaci�n, pues la Carta Magna exige que los actos de autoridad se apoyen en una ley, entendida �sta en su sentido formal y material y no en acuerdos administrativos que no constituyen propiamente leyes. En los actos cuya invalidez se demanda tampoco las autoridades federales emiten un razonamiento l�gico-jur�dico en virtud del cual consideran que las normas generales son aplicables al caso particular, limit�ndose a imponer, en perjuicio del Estado de Zacatecas, y sin fundamento ni razonamiento alguno, modalidades a la propiedad de bienes muebles que se ubican en el territorio de esta entidad y a implantar, tambi�n en perjuicio de esta entidad, los procedimientos administrativos en materia aduanera en bienes muebles de su propiedad. Mucho menos, las autoridades demandadas se�alan con precisi�n las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideraci�n para la emisi�n de los actos cuya invalidez se demanda; ni tampoco demuestran que exista adecuaci�n entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hip�tesis normativas. Finalmente, y en relaci�n con los agravios constitucionales esgrimidos segundo y tercero, resulta procedente el estudio de dichos conceptos de invalidez invocados en esta controversia constitucional, no obstante se refieran a contravenciones al art�culo 16 de la Constituci�n Federal, pues se hacen en relaci�n con otras disposiciones federales y locales que est�n vinculadas de modo fundamental con el acto o la ley reclamados. Es decir, si bien el art�culo citado se encuentra dentro del t�tulo primero, cap�tulo primero, denominado ?De las garant�as individuales?, lo cierto es que esta parte es reconocida como axiol�gica o valorativa, por lo que aun trat�ndose de un sistema procesal, como la presente controversia, que tiende a evitar la invasi�n de esferas entre los tres niveles de gobierno, deben aplicarse, por analog�a, esos principios, siendo lo anterior acorde con la finalidad perseguida en el art�culo 105 de la Carta Magna, de someter a la decisi�n judicial el examen integral de validez de los actos impugnados. Sobre el particular, v�ase: ?CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE EST�N VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON EL ACTO O LA LEY RECLAMADOS.? (se transcribe). ?CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA GARANT�A DE DEBIDO PROCESO LEGAL PREVISTA EN EL ART�CULO 14 DE LA CONSTITUCI�N, DEBE RESPETARSE A LAS PARTES PARA INTERPRETAR SI LA DEMANDA FUE PROMOVIDA OPORTUNAMENTE. (se transcribe). En los t�rminos de los art�culos 177 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n y 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, esta tesis es obligatoria para las Salas, Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, Juzgados de Distrito, tribunales militares, agrarios y judiciales del orden com�n de los Estados y del Distrito Federal, y administrativos y del trabajo, sean �stos federales o locales. El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada el once de noviembre en curso, aprob�, con el n�mero 65/1996, la tesis de jurisprudencia que antecede. M�xico, Distrito Federal, a once de noviembre de mil novecientos noventa y seis.?."

SEXTO

Por acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil dos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n orden� formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, la cual por raz�n de turno correspondi� conocer al Ministro J.� de Jes�s G.�o P. como instructor del procedimiento.

S�PTIMO

En la secuela del proceso, las autoridades demandas contestaron oportunamente la demanda y ofrecieron las pruebas que estimaron convenientes.

Asimismo, el procurador general de la Rep�blica emiti� oportunamente su opini�n.

Posteriormente, el siete de febrero de dos mil tres se celebr� la audiencia de ley, misma en que se recibieron y relacionaron las pruebas y alegatos de las partes, pasando los autos al Ministro ponente para la elaboraci�n del proyecto de sentencia correspondiente.

Previo dictamen del Ministro ponente, mediante auto de fecha veintiuno de octubre de dos mil tres, emitido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, se determin� el env�o del asunto a esta Primera Sala para su resoluci�n.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer del presente juicio, de conformidad con los art�culos 104, fracci�n IV y 105, fracci�n I, inciso a), de la Constituci�n General; 1o. de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del citado precepto constitucional; 10, fracci�n I, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n; y de acuerdo con el punto cuarto del Acuerdo 5/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, toda vez que se trata de una controversia constitucional suscitada entre el Estado Libre y Soberano de Zacatecas y el Poder Ejecutivo Federal, cuyo representante es el presidente de la Rep�blica, as� como la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico y dem�s organismos subordinados a �sta, por actos que se atribuyen a estas �ltimas, en el que se hace innecesaria la intervenci�n del Tribunal Pleno, en atenci�n al sentido del presente fallo.

Ello es as� no obstante que el secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico, en su escrito de contestaci�n de demanda, se�al� que en vista de que la pretensi�n del Estado actor en el presente juicio consiste en lograr la anulaci�n de actos que versan sobre el cumplimiento de los convenios de coordinaci�n fiscal celebrados entre la Federaci�n y �ste, la v�a id�nea para lograr tal fin, de conformidad con los art�culos 12 de la Ley de Coordinaci�n F. y 10 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, es el juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinaci�n fiscal, mas no la controversia constitucional.

Los art�culos referidos establecen a la letra lo siguiente:

"Art�culo 12. La entidad inconforme con la declaratoria por la que se considera que deja de estar adherida al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. podr� ocurrir ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, conforme al art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Org�nica del Poder Judicial Federal, demandando la anulaci�n de la declaratoria que se haya dictado conforme al art�culo anterior de esta ley.

"...

"En caso de que la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico infringiera las disposiciones legales y convenios relativos a la coordinaci�n fiscal en perjuicio de un (sic) entidad federativa, �sta podr� reclamar su cumplimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, siguiendo, en lo aplicable el procedimiento establecido en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos."

"Art�culo 10. La Suprema Corte de Justicia conocer� funcionando en Pleno:

"...

X. De los juicios de anulaci�n de la declaratoria de exclusi�n de los Estados del Sistema Nacional de Coordinaci�n F., y de los juicios sobre cumplimiento de los convenios de coordinaci�n celebrados por el Gobierno Federal con los Gobiernos de los Estados o el Distrito Federal, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinaci�n F., en t�rminos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en lo que hace a las controversias constitucionales. ...

De las normas anteriores se desprende que los juicios sobre cumplimiento de convenios de coordinaci�n fiscal constituyen medios de control exclusivamente de legalidad, cuya funci�n radica en determinar si la resoluci�n emitida por el erario federal se encuentra ajustada o no a las disposiciones contenidas en la Ley de Coordinaci�n F. y a los convenios de coordinaci�n fiscal celebrados con los Estados. En cambio, como se desprende de la Ley Reglamentaria de la Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y de reiterados criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, las controversias constitucionales constituyen un control de constitucionalidad cuya finalidad consiste en hacer respetar el sistema de distribuci�n de facultades entre los distintos niveles de gobierno, conferidas por la Ley Suprema.

Por consiguiente, si como se desprende del escrito de demanda, lo que en esencia se impugna en el caso concreto es la invasi�n por parte de la Federaci�n de la esfera de atribuciones del Estado de Zacatecas -como consecuencia de haber emitido ciertos lineamientos sobre aspectos que, en opini�n del actor, le compete regular en exclusiva- debe considerarse que la presente v�a es la adecuada, con independencia de que los actos presumiblemente transgresores del sistema de distribuci�n de atribuciones constitucionales se refieran a materias relacionadas con las normas de coordinaci�n fiscal.

Es aplicable a contrario sensu la jurisprudencia n�mero P./J. 22/2002, localizada en la p�gina ochocientos noventa y nueve, Tomo XV, correspondiente al mes de abril de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que establece lo siguiente:

COORDINACI�N FISCAL. LOS JUICIOS QUE PREV�N LOS ART�CULOS 11-A Y 12 DE LA LEY RELATIVA Y 10, FRACCI�N X, DE LA LEY ORG�NICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI�N TIENEN CARACTER�STICAS PROPIAS QUE LOS DIFERENCIAN DE LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES QUE REGULA LA FRACCI�N I DEL ART�CULO 105 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL. Este Tribunal Pleno sustent� la tesis de jurisprudencia P./J. 156/2000, que dice: ?COMPETENCIA ECON�MICA. EL MEDIO DE CONTROL CUYA PROCEDENCIA SE REITERA EN EL ART�CULO 15 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, CONSTITUYE UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL DE LAS PREVISTAS EN EL ART�CULO 105, FRACCI�N I, DE LA CONSTITUCI�N GENERAL DE LA REP�BLICA. Cuando ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n se hace valer por una autoridad estatal, en t�rminos del referido precepto ordinario, una acci�n en contra de la declaraci�n de la Comisi�n Federal de Competencia Econ�mica, �rgano desconcentrado de la administraci�n p�blica federal, sobre la existencia de actos de autoridades estatales, emitidos en ejercicio de su autonom�a e imperio, que no pueden producir efectos jur�dicos por transgredir lo dispuesto en el art�culo 117, fracci�n V, constitucional, ello lleva a concluir que la mencionada acci�n constituye una controversia constitucional de las establecidas en el art�culo 105, fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la litis se plantea entre dos �rganos o entidades del Estado, las autoridades de la respectiva entidad federativa como sujeto activo y el Poder Ejecutivo Federal como sujeto pasivo, respecto del apego al Magno Ordenamiento de una resoluci�n, de una dependencia del mencionado poder, conforme a la cual existen y no pueden surtir efectos jur�dicos determinados actos de autoridades locales que fueron emitidos en contravenci�n de un dispositivo fundamental que acota su potestad aut�noma y, por ende, tiene como finalidad la emisi�n de un pronunciamiento que determine el �mbito de atribuciones que conforme a la Norma Fundamental pueden ejercer las entidades federativas; destacando que ante conflictos similares suscitados entre �stas y una dependencia del Ejecutivo Federal, el legislador ordinario las ha equiparado con la controversia constitucional, como sucede en el caso de los juicios ordinarios de anulaci�n de la declaratoria de exclusi�n de los Estados del Sistema Nacional de Coordinaci�n F. y de los juicios sobre cumplimiento de los convenios de coordinaci�n fiscal celebrados por los gobiernos de �stos con el Gobierno Federal, tal como deriva de lo dispuesto en los art�culos 12 de la Ley de Coordinaci�n F. y 10, fracci�n X, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n.?; este �rgano jurisdiccional se aparta del criterio jurisprudencial expuesto en lo que se refiere a que estos �ltimos juicios se equiparan a las controversias constitucionales, toda vez que de lo previsto en el referido art�culo 12 de la Ley de Coordinaci�n F., no se desprende dicha equiparaci�n, sino que en tales juicios se seguir�, en lo aplicable, el procedimiento establecido en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Adem�s, se trata de medios de impugnaci�n creados por una ley secundaria (Ley de Coordinaci�n F., cuya litis girar� en torno al cumplimiento de aqu�lla y del convenio de coordinaci�n que se cuestione, por lo que dichos juicios son medios de control de legalidad exclusivamente, ya que nada tienen que ver con el tema de constitucionalidad, sino solamente con la correcta o incorrecta aplicaci�n de la referida ley, as� como del convenio de coordinaci�n respectivo, es decir, no se est� ante un problema de invasi�n de esferas o de supremac�a constitucional, toda vez que este Alto Tribunal act�a como �rgano de legalidad ante un tema que se encuentra regulado por un sistema de coordinaci�n entre los Estados y la Federaci�n, por lo que la litis radica en determinar si se respetaron o no esos convenios, y no si hubo una invasi�n de esferas o violaci�n a la Constituci�n Federal.

SEGUNDO

A continuaci�n se analiza la oportunidad en la presentaci�n de la demanda.

Del escrito de demanda se desprende que en el presente juicio se impugna lo siguiente:

  1. Oficio n�mero 325-SAT-V-E-7209, de fecha ocho de abril de dos mil dos, expedido por la Administraci�n Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal.

  2. Oficio n�mero 325-SAT-V-E-6914, de fecha veinticinco de marzo de dos mil dos, emitido por el administrador central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal, dependiente del Servicio de Administraci�n Tributaria de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico.

  3. Oficio n�mero 351-A-1a. 0015, de fecha doce de junio de dos mil dos, expedido por el titular de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas.

  4. La instauraci�n y tr�mite por parte del Servicio de Administraci�n Tributaria de los procedimientos administrativos en materia aduanera, relativos a veh�culos propiedad del Estado de Zacatecas, los cuales derivan de la aplicaci�n de los criterios contenidos en los oficios referidos.

En el primero de los oficios referidos, la autoridad hacendaria federal da contestaci�n a la solicitud del Gobierno del Estado de Zacatecas, consistente en que le sean proporcionados los hologramas con los cuales se acredita la legal estancia y libre circulaci�n de seis veh�culos que le fueron donados a la luz de la Ley de Inscripci�n de Veh�culos de Procedencia Extranjera.

Al respecto, la autoridad se�ala que es improcedente lo solicitado de conformidad con los lineamientos que deben ser observados por los Gobiernos de los Estados en relaci�n con veh�culos donados bajo la ley referida, agregando que �stos fueron indicados al Gobierno del Estado de Colima mediante el oficio 325-SAT-V-E-6914, de veinticinco de marzo de dos mil dos, transcribiendo el que consider� relevante al caso particular:

"Los veh�culos objeto de donaci�n a esa entidad federativa deber�n ser destinados estrictamente al ejercicio de las funciones de derecho p�blico, al de sus Municipios o de sus organismos descentralizados, no pudiendo ser enajenados, donados o dados en comodato, o en usufructo a nadie toda vez que �stos no se encuentran legalmente en el pa�s ..."

El segundo de los oficios indicados (n�mero 325-SAT-V-E-6914 de veinticinco de marzo de dos mil dos) constituye tan s�lo un anexo del oficio anterior; se trata de aquel dirigido al Gobierno del Estado de Colima.

Por medio del tercer oficio (n�mero 351-A-1a. 0015 de doce de junio de dos mil dos) la autoridad tributaria informa al Gobierno del Estado de Zacatecas que el Decreto N�mero 61 -por el que se autoriza al Ejecutivo Local para dar en comodato los veh�culos donados al Estado en los t�rminos de la Ley para la Inscripci�n de Veh�culos de Procedencia Extranjera a sus propietarios originarios- contraviene los lineamientos referidos y puede dar lugar a la aplicaci�n de sanciones previstas en diversos ordenamientos federales, por lo que insta a la autoridad estatal a respetar los compromisos asumidos con la Federaci�n.

De lo anterior se desprende que lo impugnado en el presente juicio son actos y no normas jur�dicas generales. En efecto, el primero de los oficios arriba listados no establece una pauta general de conducta que deba ser seguida por clases de personas. Simplemente aplica al Gobierno del Estado de Zacatecas ciertos lineamientos establecidos por la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, respecto del destino que se le debe dar a los veh�culos donados en t�rminos de la Ley para la Inscripci�n de Veh�culos de Procedencia Extranjera, y como consecuencia de dicha aplicaci�n, determina que resulta improcedente la entrega de los hologramas solicitados.

Por lo que se refiere al segundo de los oficios listados, como se mencion�, constituye tan s�lo un anexo del anterior, que contiene los lineamientos aplicados al actor. Por tanto, �ste forma parte integrante del acto de aplicaci�n; y, consecuentemente, tampoco constituye una "norma general".

Tambi�n el tercero de los oficios constituye un acto, pues simplemente especifica las sanciones que podr�an ser aplicadas ante el incumplimiento de los lineamientos. A igual conclusi�n se llega respecto de la instauraci�n y tr�mite de los procedimientos administrativos en materia aduanera, pues �stos constituyen tan s�lo un instrumento establecido por el legislador del que se puede servir la autoridad exactora para verificar el cumplimiento por parte de los contribuyentes de las normas relativas a la legal estancia en el pa�s de veh�culos de procedencia extranjera y, por ende, tales procedimientos no producen, como consecuenciade su implementaci�n, criterios de conducta generales dirigidos a clases de personas. Raz�n por la cual se considera que son "actos" y no "normas generales".

As� las cosas, el plazo para la presentaci�n oportuna de la demanda se debe computar en los t�rminos de la fracci�n I del art�culo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece lo siguiente:

"Art�culo 21. El plazo para la interposici�n de la demanda ser�:

I.T.�ndose de actos, de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificaci�n de la resoluci�n o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecuci�n; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

Por su parte, el art�culo 255 del C�digo F. de la Federaci�n, que rige el momento en que surte efectos la notificaci�n de los actos emitidos por la autoridad tributaria federal, establece lo siguiente:

Art�culo 255. Las notificaciones surtir�n sus efectos el d�a h�bil siguiente a aquel en que fueren hechas. En los casos de notificaciones por lista se tendr� como fecha de notificaci�n la del d�a en que se hubiese fijado.

Ahora bien, el oficio n�mero 325-SAT-V-E-7209, de fecha ocho de abril de dos mil dos, fue notificado el d�a nueve siguiente a la Secretar�a de Finanzas de Zacatecas, seg�n se advierte del sello de recibo contenido en el mismo (como consta a foja ciento dos de autos), por lo que el plazo de treinta d�as previsto en el numeral anterior feneci� el d�a veintitr�s de mayo de dos mil dos, tomando en consideraci�n que el mi�rcoles primero de mayo fue un d�a inh�bil en la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. Consecuentemente, si la demanda fue presentada el treinta de septiembre de dos mil dos, se concluye que fue presentada de manera extempor�nea por lo que respecta a ese acto.

Por lo que respecta al oficio n�mero 325-SAT-V-E-6914, de veinticinco de marzo de dos mil dos, como �ste es tan s�lo un anexo del oficio anterior debe considerarse que sigue la suerte de aqu�l por lo que respecta a la oportunidad de la presentaci�n de la demanda.

En relaci�n con el oficio n�mero 351-A-1a. 0015, de fecha doce de junio de dos mil dos, �ste fue notificado el diecisiete de junio de dos mil dos a la Secretar�a de Finanzas de Zacatecas en el despacho del secretario, seg�n se advierte del sello de recibido contenido en el mismo (como consta a foja noventa y ocho de autos); el plazo de treinta d�as, por tanto, feneci� el d�a diecis�is de agosto del mismo a�o, tomando en consideraci�n que del quince al treinta y uno de julio hubo un periodo vacacional en este Alto Tribunal. Luego, al haber sido presentada la demanda hasta el treinta de septiembre siguiente, se concluye que el juicio fue promovido extempor�neamente por lo que respecta a dicho oficio.

En vista de lo considerado, lo procedente es sobreseer el juicio en relaci�n con los tres oficios referidos, con fundamento en los art�culos 19, fracci�n VII y 21, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la materia.

No es �bice a la conclusi�n anterior el hecho de que la parte actora manifest� en su demanda que tuvo conocimiento de los actos referidos hasta el cuatro de septiembre de dos mil dos, pues de las constancias que obran agregadas a autos (y espec�ficamente de los sellos de recibo contenidos en los oficios referidos) se desvirt�a dicha afirmaci�n.

Tampoco es �bice a lo concluido el hecho de que la actora considere que la implementaci�n de los procedimientos administrativos en materia aduanera constituye el primer acto de aplicaci�n de los lineamientos impugnados -lo que traer�a como consecuencia que el plazo de treinta d�as previsto en el art�culo 21 de la ley de la materia deba computarse a partir de la fecha en que fueron notificados tales actos y no en la que lo fueron los oficios-, en virtud de que, como se mencion�, el oficio 325-SAT-V-E-7209, de ocho de abril de dos mil dos, constituye un acto de aplicaci�n de los lineamientos previo a la implementaci�n de los procedimientos referidos. En efecto, a trav�s de dicho oficio la autoridad tributaria federal determina improcedente, con fundamento en los lineamientos referidos, la solicitud de entrega de los hologramas con los que se acredita la legal estancia y libre circulaci�n de ciertos veh�culos que fueron donados a la parte actora, por considerar que de acuerdo con �stos los veh�culos donados al Estado s�lo pueden ser destinados estrictamente al uso de las funciones p�blicas y, por ende, no pueden ser dados en comodato a los donantes originales. As�, en la parte relevante del oficio aludido se menciona lo siguiente:

"Me refiero a su atento oficio n�mero ING-128/02 del 14 de marzo del a�o en curso, mediante el cual solicita le sean proporcionados los hologramas con los cuales se acredite la legal estancia y libre circulaci�n para seis veh�culos que le fueron donados a esa entidad federativa, conforme a la Ley de Inscripci�n de Veh�culos de Procedencia Extranjera, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n del 12 de marzo de 2001.

"Sobre el particular, esta administraci�n, con fundamento en los art�culos tercero transitorio de la Ley del Servicio de Administraci�n Tributaria, 26, fracci�n IX y �ltimo p�rrafo, de dicho numeral, 27, inciso D, fracci�n II, del Reglamento Interior del Servicio de Administraci�n Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 22 de marzo de 2001, le comunica lo siguiente:

"En anexo al presente se env�a copia del oficio 325-SAT-V-E-6914 del 25 de marzo de 2002, en el cual da a conocer el procedimiento para la donaci�n de este tipo de veh�culos, mismo que en la parte conducente se�ala lo siguiente:

"?Los veh�culos objeto de donaci�n a esa entidad federativa deber�n ser destinados estrictamente al ejercicio de las funciones de derecho p�blico, al de sus Municipios o de sus organismos descentralizados, no pudiendo ser enajenados, donados, o dados en comodato o en usufructo a nadie, toda vez que �stos no se encuentran legalmente en el pa�s.?

En esa virtud, deber� entenderse que a estos veh�culos no es necesario adherirles hologramas o entregarles constancias de inscripci�n con los cuales se acredite su legal estancia en el pa�s, por lo que se agradecer� que se observe en todos sus t�rminos el oficio en comento.

TERCERO

Finalmente, por lo que respecta a la implementaci�n de los procedimientos ejecutivos aduaneros, resulta innecesario pronunciarse acerca de la oportunidad de su impugnaci�n (as� como sobre la legitimaci�n de las partes para combatir y defender, respectivamente, dicho acto en este juicio), en virtud de que la presente controversia constitucional resulta tambi�n improcedente en relaci�n con �stos, por los motivos se�alados a continuaci�n:

Como se mencion� antes y se advierte del escrito inicial de demanda, la parte actora no combate la implementaci�n de los procedimientos ejecutivos aduaneros por vicios propios, sino por constituir, a su parecer, el primer acto de aplicaci�n de los lineamientos emitidos por la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, relativos al destino que el Gobierno del Estado debe dar a los veh�culos que le han sido donados a la luz de la Ley para la Inscripci�n de Veh�culos de Procedencia Extranjera. As�, en las partes que interesan de la demanda se establece lo siguiente:

IV. Actos cuya invalidez se demanda. Se demanda la invalidez de los siguientes actos: ... E. La implementaci�n de los procedimientos administrativos en materia aduanera en veh�culos propiedad del Estado de Zacatecas por parte del Servicio de Administraci�n Tributaria, y que se derivan de la aplicaci�n de los criterios contenidos en los oficios enumerados anteriormente. ... VI. Antecedentes de la norma general o actos cuya invalidez se demande. Lo constituyen los siguientes. Hechos: ... S�ptimo. En cumplimiento a los criterios contenidos en los oficios se�alados en el punto precedente, el Poder Ejecutivo Federal, a trav�s del Servicio de Administraci�n Tributaria de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, ha iniciado diversos procedimientos administrativos en materia aduanera en contra de comodatarios de veh�culos de procedencia extranjera propiedad del Estado de Zacatecas, y que le fueron donados a esta entidad federal en t�rminos de las disposiciones de la Ley para la Inscripci�n de Veh�culos de Procedencia Extranjera, procediendo a embargarlo precautoriamente.

Por tanto, en vista de que los procedimientos administrativos aduaneros �nicamente fueron impugnados en el juicio en calidad de actos de aplicaci�n de los lineamientos combatidos, y no por vicios propios, debe concluirse que al haber sido sobrese�do el juicio respecto de �stos tambi�n debe serlo respecto de aqu�llos, pues en ese tipo de casos el acto concreto de aplicaci�n constituye tan s�lo una condici�n para la procedencia del estudio de la disposici�n combatida. Por esa raz�n no se puede desvincular aqu�l del examen de constitucionalidad de la norma. Sirve de apoyo a la consideraci�n anterior, en las partes subrayadas, las jurisprudencias transcritas a continuaci�n:

"S�ptima �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Ap�ndice de 1995

"Tomo: I, Parte SCJN

"Tesis: 221

"P�gina: 210

"LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACI�N. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicaci�n concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicaci�n, acto este que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por s� solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculaci�n entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicaci�n, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicaci�n necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos �ltimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicaci�n, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesi�n del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender tambi�n el acto de su aplicaci�n.

"Amparo en revisi�n 902/80. A.C.P.�n. 23 de marzo de 1982. Unanimidad de diecisiete votos.

"Amparo en revisi�n 5381/73. S.F.O.. 6 de julio de 1982. Unanimidad de diecisiete votos.

"Amparo en revisi�n 73/82. S.R.�n B.�n Amarillas y otros. 16 de noviembre de 1982. Unanimidad de diecisiete votos.

"Amparo en revisi�n 1559/62. Banco Nacional de M�xico, S.A. 7 de diciembre de 1982. Unanimidad de diecinueve votos.

"Amparo en revisi�n 8993/82. L.B.L.. 22 de mayo de 1984. Unanimidad de veinte votos."

"Novena �poca

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XII, agosto de 2000

"Tesis: 2a./J. 71/2000

"P�gina: 235

"LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACI�N. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia n�mero 221, visible en las p�ginas 210 y 211 del Tomo I del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, compilaci�n 1917-1995, de rubro: ?LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACI�N.?, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicaci�n concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposici�n impugnada del que concierne a su acto de aplicaci�n. De ah� que el juzgador de garant�as debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicaci�n impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garant�as la hip�tesis jur�dica controvertida y si en relaci�n con �l no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer as�, se impondr� sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicaci�n y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicaci�n, debe analizarse la constitucionalidad de la disposici�n impugnada determinando lo conducente y, �nicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a �sta, ser� factible abordar el estudio de los conceptos de violaci�n enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicaci�n; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas �ltimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada.

"Amparo en revisi�n 519/99. J.H.V.L. y otros. 21 de mayo de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: M.A.G.�itr�n. Ponente: G.I.O.M.. Secretario: R.C.C..

"Amparo en revisi�n 488/99. J.C.E. F�lix y otros. 21 de mayo de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: M.A.G.�itr�n. Ponente: S.S.A.A.. Secretario: R.L.H.�ndez.

"Amparo en revisi�n 485/99. M.M.Y.Y. y otros. 10 de septiembre de 1999. Cinco votos. Ponente: S.S.A.A.. Secretario: J.C.R.N..

"Amparo en revisi�n 453/99. �scar B.V. y otros. 10 de septiembre de 1999. Cinco votos. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretaria: Mar�a E.F.M.G.P..

"Amparo en revisi�n 691/99. M.C.R.�guez y otros. 24 de septiembre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: M.A.G.�itr�n. Ponente: G.I.O.M.. Secretario: R.C.C..

Tesis de jurisprudencia 71/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesi�n privada del cuatro de agosto del a�o dos mil.

Por otra parte, aun en el supuesto de que se considerare que la implementaci�n de los procedimientos administrativos aduaneros fue combatida por vicios propios, de todas formas el presente juicio resulta improcedente. Ello obedece a que la implementaci�n de tales procedimientos constituye meramente actos intra-procedimentales, no definitivos que, por tanto, no son susceptibles de producir una afectaci�n a la esfera de derechos de la parte actora.

En efecto, los art�culos 150 al 153 de la Ley Aduanera, relativos al procedimiento administrativo de verificaci�n, establecen lo siguiente:

"Art�culo 150. Las autoridades aduaneras levantar�n el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, cuando con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificaci�n de mercanc�as en transporte o por el ejercicio de las facultades de comprobaci�n, embarguen precautoriamente mercanc�as en los t�rminos previstos por esta ley. En dicha acta se deber� hacer constar: I. La identificaci�n de la autoridad que practica la diligencia. II. Los hechos y circunstancias que motivan el inicio del procedimiento. III. La descripci�n, naturaleza y dem�s caracter�sticas de las mercanc�as. IV. La toma de muestras de las mercanc�as, en su caso, y otros elementos probatorios necesarios para dictar la resoluci�n correspondiente. Deber� requerirse al interesado para que designe dos testigos y se�ale domicilio para o�r y recibir notificaciones dentro de la circunscripci�n territorial de la autoridad competente para tramitar y resolver el procedimiento correspondiente, salvo que se trate de pasajeros, en cuyo caso, podr�n se�alar un domicilio fuera de dicha circunscripci�n, apercibi�ndolo de que, de no hacerlo o de se�alar uno que no le corresponda a �l o a su representante, las notificaciones que fueren personales se efectuar�n por estrados. Si los testigos no son designados o los designados no aceptan fungir como tales, quien practique la diligencia los designar�. Dicha acta deber� se�alar que el interesado cuenta con un plazo de diez d�as h�biles, contados a partir del d�a siguiente a aquel en que surta efectos la notificaci�n, a fin de ofrecer las pruebas y formular los alegatos que a su derecho convenga. La autoridad que levante el acta respectiva deber� entregar al interesado en ese mismo acto, copia del acta de inicio del procedimiento, momento en el cual se considerar� notificado."

"Art�culo 151. Las autoridades aduaneras proceder�n al embargo precautorio de las mercanc�as y de los medios en que se transporten, en los siguientes casos: ..."

"Art�culo 152. En los casos en que con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificaci�n de mercanc�as en transporte, de la revisi�n de los documentos presentados durante el despacho o del ejercicio de las facultades de comprobaci�n, en que proceda la determinaci�n de contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposici�n de sanciones y no sea aplicable el art�culo 151 de esta ley, las autoridades aduaneras proceder�n a su determinaci�n, sin necesidad de sustanciar el procedimiento establecido en el art�culo 150 de esta ley.

"En este caso la autoridad aduanera dar� a conocer mediante escrito o acta circunstanciada los hechos u omisiones que impliquen la omisi�n de contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposici�n de sanciones, y deber� se�alarse que el interesado cuenta con un plazo de 10 d�as para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convengan.

"Las autoridades aduaneras efectuar�n la determinaci�n en un plazo que no exceder� de cuatro meses. ..."

"Art�culo 153. El interesado deber� ofrecer por escrito, las pruebas y alegatos que a su derecho convenga, ante la autoridad aduanera que hubiera levantado el acta a que se refiere el art�culo 150 de esta ley, dentro de los diez d�as siguientes a aquel en que surta efectos la notificaci�n de dicha acta. El ofrecimiento, desahogo y valoraci�n de las pruebas se har� de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 123 y 130 del C�digo F. de la Federaci�n.

"Cuando el interesado presente pruebas documentales que acrediten la legal estancia o tenencia de las mercanc�as en el pa�s; desvirt�en los supuestos por los cuales fueron objeto de embargo precautorio o acrediten que el valor declarado fue determinado de conformidad con el t�tulo III, cap�tulo III, secci�n primera de esta ley en los casos a que se refiere el art�culo 151, fracci�n VII de esta ley, la autoridad que levant� el acta a que se refiere el art�culo 150 de esta ley, dictar� de inmediato la resoluci�n, sin que en estos casos se impongan sanciones ni se est� obligado al pago de gastos de ejecuci�n; de existir mercanc�as embargadas se ordenar� su devoluci�n. Cuando el interesado no presente las pruebas o �stas no desvirt�en los supuestos por los cuales se embarg� precautoriamente la mercanc�a, las autoridades aduaneras deber�n de dictar resoluci�n definitiva, en un plazo que no exceder� de cuatro meses, contados a partir del d�a siguiente a aquel en que surti� efectos la notificaci�n del inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera. De no emitirse la resoluci�n definitiva en el t�rmino de referencia, quedar�n sin efectos las actuaciones de la autoridad que dieron inicio al procedimiento.

En los casos en que el interesado no desvirt�e mediante pruebas documentales los hechos y circunstancias que motivaron el inicio del procedimiento, as� como cuando ofrezca pruebas distintas, las autoridades aduaneras dictar�n resoluci�n determinando, en su caso, las contribuciones y las cuotas compensatorias omitidas, e imponiendo las sanciones que procedan, en un plazo que no exceder� de cuatro meses a partir de la fecha en que se levant� el acta a que se refiere el art�culo 150 de esta ley. ...

De lo anterior se desprende que el procedimiento administrativo en materia aduanera tiene comoprop�sito fundamental determinar si existe o no un cr�dito fiscal en contra del contribuyente y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes. Por esa raz�n, ser� hasta que la autoridad se pronuncie en definitiva acerca de la situaci�n fiscal de los veh�culos donados cuando estar� en posibilidad de ocasionar un perjuicio jur�dico al titular de los mismos. Consecuentemente, dicha determinaci�n ser�, en todo caso, la que deber� ser impugnada por el medio de defensa correspondiente, mas no los actos integrantes del procedimiento cuya funci�n se limita a generar las condiciones necesarias para su emisi�n, pues, se insiste, estos �ltimos no son susceptibles de ocasionar afectaci�n jur�dica alguna.

En vista de lo considerado procede sobreseer con fundamento en los art�culos 20, fracci�n II y 19, fracci�n VIII, en relaci�n con el art�culo 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos de la materia, pues este �ltimo dispositivo presupone como condici�n necesaria para la procedencia de una controversia constitucional la existencia de un acto que sea al menos susceptible de ocasionar una afectaci�n jur�dica a la parte demandante en el juicio.

Por lo expuesto y fundado se

resuelve:

�NICO.-Se sobresee la presente controversia constitucional.

N.�quese; haci�ndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.

As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: J.V.C. y C., J.� de Jes�s G.�o P. (ponente), O.S.C. de G.�a V. y presidente J.N.S.M.. Estuvo ausente el M.H.R.P..