Ejecutoria num. P./J. 52/2003 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26825432

Ejecutoria num. P./J. 52/2003 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P./J. 52/2003
Localizacion:JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Agosto de 2003
RESUMEN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 327/2001. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TECAMAC, ESTADO DE MÉXICO, CONTRA LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO DE LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA.CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE REGULA LA LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA, ADMITE INTERPRETACIÓN FLEXIBLE.CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERVENCIÓN A LA TESORERÍA MUNICIPAL. ES INCONSTITUCIONAL LA QUE REALIZA LA LEGISLATURA DE UN ESTADO CUANDO LA LEY NO SEÑALA CUÁLES SERÁN SUS ALCANCES Y LÍMITES.CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI CONFORME A LA LEGISLACIÓN LOCAL APLICABLE EL SÍNDICO MUNICIPAL OSTENTA LA REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO, PERO DE AUTOS SE ADVIERTE QUE LOS ACTOS IMPUGNADOS TUVIERON SU ORIGEN EN UN CONFLICTO ENTRE ÉSTE Y UN FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO, EXCEPCIONALMENTE PROCEDE RECONOCER LA LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 327/2001. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TECAMAC, ESTADO DE M�XICO, CONTRA LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO DE LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA.

MINISTRO PONENTE: JOS� DE JES�S GUDI�O PELAYO.

SECRETARIA: MAR�A A.H. CHONG CUY.

M�xico, Distrito F.. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n del d�a ocho de julio de dos mil tres.

VISTOS los autos para resolver la controversia constitucional n�mero 327/2001, promovida por el Ayuntamiento del Municipio de T., Estado de M�xico; y

RESULTANDO

PRIMERO

Por escrito presentado el d�a trece de septiembre de dos mil uno en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ... ostent�ndose como presidente municipal y representante legal del Municipio de T., Estado de M�xico, promovi� controversia constitucional en contra de las siguientes autoridades del Estado de M�xico:

"II. Demandados.

"Entidad. Estado de M�xico

"Poder demandado: Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de M�xico; y Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de M�xico.

"�rganos demandados:

"A. H. Legislatura del Estado Libre y Soberano de M�xico. L. esquina R.P., Colonia Centro, Toluca, M�xico.

"B. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de M�xico. Av. L. Pte. 300, colonia Centro, Toluca, M�xico.

"C.S. general de Gobierno del Estado Libre y Soberano de M�xico. Av. L. Pte. 300, colonia Centro, Toluca, M�xico.

"D.C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G. de la H. Legislatura del Estado Libre y Soberano de M�xico. L. esquina R.P., colonia Centro, Toluca, M�xico.

"E. Contador general de G. del Poder Legislativo. Matamoros 124, colonia Centro, Toluca, M�xico.

F.J. del Departamento del P.�dico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de M�xico. Matamoros 308 Sur, colonia Centro, Toluca, M�xico.

SEGUNDO

En su demanda el Municipio actor demand� la invalidez de los siguientes actos:

"IV. Normas y actos cuya invalidez se reclaman.

"1. De la autoridad se�alada en el inciso A) del apartado dos de la presente, H. Legislatura del Estado Libre y Soberano de M�xico se reclama:

"A. La expedici�n, vigencia y aplicaci�n del Decreto N�mero 25, aprobado por la H. LI Legislatura del Estado que contiene la Ley Org�nica para la Contadur�a General de G. del Poder Legislativo del Estado de M�xico, publicada en el P.�dico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de M�xico, de fecha 15 de octubre de 1991; en lo particular el art�culo 47 en su �ltimo p�rrafo de la ley citada, que invade, vulnera y restringe la autonom�a y esfera de competencias del Municipio de T., M�xico, y su libertad en el manejo de la hacienda municipal.

"B. La publicaci�n, vigencia y aplicaci�n del Decreto 96 aprobado por la H. LII Legislatura del Estado de M�xico, que contiene la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de M�xico, publicada en el P.�dico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de M�xico de fecha 15 de septiembre de 1995.

"C. La publicaci�n, vigencia y aplicaci�n del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de M�xico, publicada en el P.�dico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de M�xico de fecha 15 de septiembre de 1995.

"2. De la autoridad se�alada en el inciso B) del apartado dos de la presente, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de M�xico, se reclama:

"La promulgaci�n, publicaci�n, vigencia y aplicaci�n del Decreto N�mero 25 aprobado por la H. LI Legislatura del Estado, que contiene la Ley Org�nica para la Contadur�a General de G. del Poder Legislativo del Estado de M�xico, publicada en el P.�dico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de M�xico de fecha 15 de octubre de 1991, en lo particular el art�culo 47 en su �ltimo p�rrafo de la ley citada, que invade, vulnera y conculca la autonom�a y esfera de competencias del Municipio de T., M�xico, y su libertad en el manejo de su hacienda.

"3. De la autoridad se�alada en el inciso C) del apartado dos de la presente, secretario general de Gobierno del Estado Libre y Soberano de M�xico, se reclama:

"A. El refrendo, publicaci�n, vigencia y aplicaci�n del Decreto N�mero 25 aprobado por la H. LI Legislatura del Estado que contiene la Ley Org�nica para la Contadur�a General de G. del Poder Legislativo del Estado de M�xico, publicada en el P.�dico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de M�xico de fecha 15 de octubre de 1991, en lo particular el art�culo 47 en su �ltimo p�rrafo de la ley citada, que invade, viola y conculca la autonom�a y esfera de competencias del Municipio de T., M�xico, as� como su libertad en el manejo de la hacienda municipal.

"4. De la autoridad se�alada en el inciso D) del apartado dos de la presente, C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G. del Poder Legislativo del Estado de M�xico, se reclama:

"A. El oficio de fecha 17 de agosto del presente a�o, mediante el cual se determina la intervenci�n de la Tesorer�a del H. Ayuntamiento del Municipio de T., M�xico, as� como el nombramiento de interventor, mismo que fuera notificado al suscrito presidente municipal de T., Estado de M�xico, en fecha 17 de agosto de dos mil uno.

"B. El oficio de fecha 24 de agosto del presente a�o mediante el cual solicitan al presidente municipal de T., M�xico, la revocaci�n definitiva del tesorero municipal.

"C. La aplicaci�n de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de M�xico, del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de M�xico, de la Ley Org�nica para la Contadur�a General de G. del Poder Legislativo del Estado de M�xico, especialmente en su art�culo 47, �ltimo p�rrafo, que vulneran y violan la libertad del Municipio de T., M�xico, as� como su esfera de competencias y libertad en el manejo de la hacienda municipal y de la administraci�n p�blica municipal.

"5. De la autoridad se�alada en el inciso E) del apartado dos de la presente, contador general de G. del Poder Legislativo del Estado de M�xico, se reclaman:

"A. Los acuerdos, prove�dos, resoluciones y comunicados remitidos a la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G. de la H. Legislatura del Estado Libre y Soberano de M�xico, mediante los cuales hacen del conocimiento de dicha comisi�n las supuestas irregularidades en el manejo de la Tesorer�a del H. Ayuntamiento del Municipio de T., M�xico; as� como la aplicaci�n del �ltimo p�rrafo del art�culo 47 de la Ley Org�nica para la Contadur�a General de G. del Poder Legislativo del Estado de M�xico, mediante los cuales se conculcan la libertad hacendaria y administrativa municipal, se invade la esfera de competencias y el manejo libre de la hacienda municipal del Municipio de T., M�xico.

"6. De la autoridad se�alada en el inciso F) del apartado dos de la presente jefe del Departamento del P.�dico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de M�xico, se reclama:

"La publicaci�n material en el P.�dico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de M�xico de: la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de M�xico, contenida en la edici�n de fecha 15 de septiembre de 1995; la Ley Org�nica para la Contadur�a General de G. del Poder Legislativo del Estado de M�xico, contenida en la edici�n de fecha 15 de octubre de 1991; y el Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de M�xico, contenido en la edici�n de fecha 15 de septiembre de 1995.

"7. D.�n de que como consecuencia de la ilegalidad y anticonstitucionalidad de sus actos, resultan inv�lidas las �rdenes en relaci�n con la intervenci�n de la hacienda y Tesorer�a M., y del pedimento de revocaci�n definitiva del nombramiento del tesorero municipal.

"As� como de todas las �rdenes, acuerdos, y prove�dos que la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G., as� como del contador general de G. expidan o emitan para invadir, conculcar y violar la esfera de competencias municipales relativas al manejo de la hacienda y administraci�n p�blica municipales o a la autonom�a hacendaria y financiera del Municipio de T., M�xico."

TERCERO

La actora se�al� como preceptos constitucionales violados los art�culos 1o., 14, 16, 115, 124 y 133 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos."

CUARTO

N.� como antecedentes de la demanda los que enseguida se transcriben:

"1. El promovente fue elegido Presidente M. Constitucional del Municipio de T., M�xico, en consecuencia, conforme al art�culo 128, fracci�n V, de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de M�xico; y al art�culo 48, fracci�n IV, de la Ley Org�nica M., tengo la representaci�n jur�dica del Municipio de T., M�xico, aunado al hecho de que el s�ndico municipal es el causante del problema que dio origen a la intervenci�n de la tesorer�a y administraci�n municipal siendo, adem�s, que dicho s�ndico tiene intereses contrapuestos a los del Municipio, por lo cual el Ayuntamiento en Pleno me autoriz� para la defensa de los derechos del Municipio, siendo ese el esp�ritu de los preceptos legales que se mencionan y otorgan la representaci�n jur�dica a los presidentes municipales.

"2. El Municipio constitucionalmente maneja libremente su hacienda y administraci�n, lo anterior conforme lo dispone el art�culo 115, fracciones II y IV, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y 128 de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de M�xico; no obstante, debe someterse al control y fiscalizaci�n de la H. Legislatura del Estado, misma que para ello ha creado, mediante la Ley Org�nica para la Contadur�a General de G. del Poder Legislativo, los �rganos competentes, determinando en la misma ley, en las normas reglamentarias y en los acuerdos o decretos respectivos la organizaci�n administrativa correspondiente a este �rgano de G..

"3. En la Ley Org�nica para la Contadur�a General de G. se contienen diversas obligaciones a cargo de las autoridades municipales y de otros �rganos. El art�culo 42 de la ley en cita expresa: ?Los Ayuntamientos por conducto del s�ndico y tesorero municipales, est�n obligados a proporcionar a la contadur�a general de G. informe mensual de las operaciones realizadas por el Ayuntamiento en el ejercicio de sus funciones, mismo que se integrar�, con el estado de posici�n financiera y los anexos del mismo que soporten cada uno de los renglones; el estado comparativo presupuestal de ingresos y egresos; as� como el informe de obras p�blicas realizadas en el territorio municipal, con el avance de cada una de ellas en el mes del informe.?. La misma ley en cita determina en sus art�culos 43 y 44 que los informes a que se refiere el numeral 42 deben ser entregados en los primeros quince d�as h�biles posteriores al ejercicio mensual; estos informes y la documentaci�n que los integran deber�n ser firmados por el presidente municipal, s�ndico, tesorero y secretario, respectivamente.

"4. Hasta el mes de diciembre del a�o pr�ximo pasado se cumpli� cabalmente con las obligaciones contenidas en los art�culos 42, 43 y 44 de la Ley Org�nica para la Contadur�a General de G.; es el caso que a partir del mes de enero del a�o en curso y a la fecha el s�ndico municipal incumpli� con la firma de los informes mensuales y de la documentaci�n que la ley requiere que se integre a los mismos, no obstante que el tesorero municipal le comunic�, mediante oficios, que en las oficinas de la Tesorer�a M. se encontraban los informes mensuales y la documentaci�n correspondiente para su firma, sin que el s�ndico ocurriera a firmar los mismos, incumpliendo as� el s�ndico municipal la obligaci�n de firmar tales documentos, ya que el art�culo 44 de la invocada ley org�nica contiene el imperativo consistente en que el presidente municipal, el s�ndico y el tesorero, deber�n firmar tales informes y documentos que se les relacionen, contempl�ndose en contrapartida en el mismo precepto, el potestativo consistente en que los funcionarios obligados a la firma de los informes pueden hacer las observaciones que estimen pertinentes.

"5. El tesorero municipal present� el d�a 26 de febrero del presente a�o, mediante oficio debidamente recibido por la Contadur�a General de G., en el cual se autoriz� a las personas que deber�an entregar y recibir la documentaci�n correspondiente a la cuenta p�blica y a los informes mensuales, documentaci�n entre la cual se contemplan los pliegos de observaciones que a los informes de cuenta p�blica realice la Contadur�a General de G..

"6. El 27 de junio del presente a�o, por no haber cumplido supuestamente en tiempo con la entrega de los informes mensuales, as� como de los correspondientes a la obra p�blica y dem�s documentaci�n que se integra a �stos, se nos cit� al suscrito presidente municipal constitucional, al s�ndico y al tesorero, todos del Municipio de T., Estado de M�xico, mediante oficios CGG/SJ/905/01 y CGG/SJ/907/01 signados por el contador general de G., para ocurrir el d�a 27 de julio del presente a�o. Para dar inicio al procedimiento administrativo para determinar la posible responsabilidad en que incurrimos al no cumplir con la entrega oportuna de los informes mensuales.

"El d�a y hora se�alado, presentes en las oficinas que ocupa la Contadur�a General de G., se nos dio garant�a de audiencia en el expediente administrativo disciplinario n�mero 118/01, mismo en el que se expres� por parte de los citados, los motivos por los cuales no se hab�an entregado los informes mensuales correspondientes; la causa principal por lo cual no entregaron en su oportunidad los informes mensuales de enero a mayo del a�o en curso, fue la constante negativa del s�ndico municipal para cumplir con su obligaci�n de firmar los mismos, as� como la documentaci�n que los integran.

"7. En el desahogo de la garant�a de audiencia se expres� que no se nos recib�a por personal de la Contadur�a General de G. los informes mensuales, no obstante haberse presentado los mismos ante el personal competente; manifestando el tesorero municipal ... que en ese momento se encontraban a disposici�n de la Contadur�a General de G. los informes mensuales correspondientes a los meses de enero a mayo del presente a�o, sin que determinaran la recepci�n de los mismos los servidores p�blicos de la Contadur�a General de G..

"8. Con posterioridad recib� el oficio fechado en 17 de agosto del presente a�o, el cual se encuentra firmado por los integrantes de la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G. y el presidente de la Gran C.�n de la H. LIV Legislatura del Estado, en el que se me informa que se determin� por dicha comisi�n la intervenci�n de la Tesorer�a M., fund�ndose para ello en los art�culos 11, fracci�n XV y 47, fracci�n VI, es decir, porque supuestamente no se hab�an entregado los informes mensuales, as� como los de la obra p�blica.

"Del oficio de referencia resalta que los integrantes de la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G. expresan: ?Por este conducto le informo que esta comisi�n inspectora de la Contadur�a General de G. ha tenido conocimiento de irregularidades en el manejo de la tesorer�a de ese H. Ayuntamiento ...?

"Es decir, que a la comisi�n de referencia alguien, que no puede ser personal distinto o diverso de la Contadur�a General de G., inform� de dicho presunto incumplimiento.

"9. Con fecha 21 de agosto del a�o en curso se present� el contador p�blico ... en las oficinas de la presidencia municipal a mi cargo, manifestando que era el interventor designado por la Contadur�a General de G. para llevar a efecto la intervenci�n decretada, identific�ndose con credencial de elector, es decir, sin documento oficial expedido por la Contadur�a General de G., no obstante le requer� la documentaci�n oficial que lo acreditara como servidor p�blico, no presentando ning�n documento; se levant� acta de la intervenci�n, en la cual se declar� abierta la intervenci�n multicitada, determin�ndose en el acta y no en el oficio emitido por la C.�n de Inspecci�n los efectos y alcances de la misma, que en la pr�ctica es la sustituci�n de los �rganos de la administraci�n municipal competentes por el interventor.

"10. Con fecha 27 de agosto del presente a�o el Pleno del H. Ayuntamiento me autoriz� para realizar todas y cada una de las acciones legales y administrativas para la defensa de la hacienda municipal; en cumplimiento de este acuerdo, este mismo d�a ocurr� a las oficinas de la Contadur�a General de G., haci�ndome acompa�ar del notario p�blico n�mero 15 del Distrito de Toluca, L.. ... y del L.. ... el primero para que diera fe y certificara los hechos que se concretizaran en esas oficinas.

"Como lo pruebo con la escritura 2212, al presentar los informes mensuales y el informe de obras municipales correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de este a�o, el servidor p�blico de la Contadur�a General de G. de nombre ... manifest�: ?Que por instrucciones de su superior jer�rquico, el jefe del Departamento Jur�dico ... no se puede recibir la documentaci�n porque no trae la firma del s�ndico municipal.?

"Ante las manifestaciones realizadas por el L.. ... y pasando un tiempo, se procedi� a la recepci�n de los informes mensuales de referencia y de los informes de obra p�blica.

"11. El mismo d�a 27, con la presencia del notario p�blico n�mero 15 L.. ... nos trasladamos a la oficina en donde se entreg� la documentaci�n resultante de los an�lisis de los informes mensuales de obra p�blica y de la cuenta p�blica, lugar donde el servidor p�blico ... nos atendi�, y al solicitarle la documentaci�n correspondiente al Municipio de T., M�xico, expres�: ?Que por instrucciones superiores que tiene recibidas del subdirector de E.�n, contador p�blico ... dadas el 28 de marzo de este a�o, lo cual hace consultando una anotaci�n en un documento que tiene a un lado de la barra de recepci�n, la documentaci�n de T. s�lo se entregar� al s�ndico municipal, informando por �ltimo que los informes ya fueron entregados al s�ndico municipal ... en fecha 27 de julio del presente a�o en siete cajas.?

"Por lo expresado no se entreg� al suscrito documento alguno, es decir, se desconoce por los �rganos competentes de la administraci�n p�blica municipal de T., Estado de M�xico, la existencia de observaciones y/o pliegos preventivos, relativos a los informes mensuales de la cuenta p�blica municipal correspondientes al ejercicio 2000 de la presente administraci�n municipal de T., Estado de M�xico, y al informe anual correspondiente a dicho ejercicio.

"12. De lo anteriormente expuesto en los apartados que anteceden se desprende y prueba que personal mencionado de la Contadur�a General de G., en concierto con el s�ndico del Municipio de T., M�xico:

"A.F. a la honradez y a la legalidad que norman sus actos, ministraron a los integrantes de la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G. de la H. LIV Legislatura del Estado, informes no apegados a la realidad, ya que la falta de entrega oportuna de los informes mensuales y de la documentaci�n correspondiente se debi� a un acto de ilegalidad de los servidores de la Contadur�a General de G. que dieron �rdenes a sus subalternos para no recibir la entrega de los informes mensuales del Municipio de T., M�xico.

"B. Que la falta de entrega puntual de los informes mensuales y de los informes de obra p�blica y documentos que la integran no fue por irresponsabilidad de los servidores p�blicos municipales de T., Estado de M�xico, a excepci�n del s�ndico municipal, respecto de quien se presume existe concierto con las autoridades de la Contadur�aGeneral de G..

"C. Que los servidores p�blicos de la Contadur�a General de G. dieron instrucciones a sus subordinados para impedir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley Org�nica para la Contadur�a General de G., por parte de los servidores municipales de T., Estado de M�xico, conduci�ndose dichos servidores del Poder Legislativo del Estado de M�xico en concierto con el s�ndico municipal de T., Estado de M�xico.

"D. Que los actos de los servidores de la Contadur�a General de G. se hicieron al margen de las facultades expresas que �stos tienen, lo cual caus� la intervenci�n de la hacienda p�blica municipal, la iniciaci�n del procedimiento disciplinario 108/01, y la solicitud de remoci�n definitiva del tesorero municipal.

"E. La intervenci�n de la hacienda p�blica municipal se realiza sin motivaci�n, fundamento legal y sin que se hubieren concretizado los supuestos contenidos en el art�culo 47 de la Ley Org�nica para la Contadur�a General de G., violando la competencia municipal en materia hacendaria y administrativa, y sobre todo, sin un procedimiento en el cual el Ayuntamiento municipal por medio de sus leg�timos representantes hubiera sido o�do en garant�a de audiencia.

"13. El procedimiento administrativo disciplinario 118/01, instaurado por la Contadur�a General de G., no se sujet� a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores P�blicos del Estado de M�xico y Municipios, ni de lo previsto en el C�digo de Procedimientos Administrativos de dicha entidad federativa, es decir, como es de verse y se desprende del citado procedimiento, primeramente se citaron al C.P. municipal, s�ndico y tesorero, todos del Municipio de T., Estado de M�xico, mediante oficios ya relacionados con antelaci�n y en los que no se hace referencia alguna al procedimiento administrativo disciplinario, es decir, no se establece la naturaleza, fines y alcances del procedimiento al que se nos citaba, simplemente se dice que se trata de una garant�a de audiencia, sin prevenirse el derecho que en todo caso resultar�a afectado con la resoluci�n que en su caso se dictara en dicho procedimiento; a la fecha no existe sentencia o resoluci�n en el procedimiento antes citado o de existir la misma no ha sido legalmente notificada a los servidores p�blicos, salvo claro est�, que se la notifiquen al se�or s�ndico, seg�n su costumbre inveretada (sic), a efecto de que los dem�s servidores p�blicos sujetos a tan singular procedimiento no tengamos conocimiento de la resoluci�n que en el mismo se hubiere dado o llegue a dar.

"14. Como se ha expresado, los informes mensuales, los informes de obra p�blica y los documentos que integran �stos, que corresponden a los meses de enero a mayo del presente a�o, no son firmados por el s�ndico municipal ... ya que �ste en forma permanente se ha negado a la fecha a firmar los informes y documentos de referencia, no obstante que se le solicit� en forma y t�rminos por el tesorero municipal, por personal de la Contadur�a General de G. (posterior a instancia expresa del presidente municipal de T., M�x.) y por el H. Ayuntamiento de T., M�xico. La conducta del s�ndico municipal consistente en la negativa a cumplir con la obligaci�n que se contiene en el art�culo 44 de la Ley Org�nica para la Contadur�a General de G. del Poder Legislativo del Estado, es reiterada y con el �nico fin de causar problemas a la administraci�n municipal.

"15. La Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de M�xico fue aprobada mediante Decreto N�mero 96 de la H. LII Legislatura del Estado de M�xico, este mismo cuerpo colegiado orden� su publicaci�n en el P.�dico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de M�xico, es decir, no se remiti� al gobernador constitucional para los efectos de su publicaci�n, por tanto, tampoco fue refrendada por el secretario general de Gobierno, habi�ndose publicado el d�a 15 de septiembre de 1995, entrando en vigor el d�a 16 del mismo mes y a�o; la falta de comunicaci�n al Ejecutivo del Estado para el efecto de la publicaci�n y observancia de la ley en cita, conculca el art�culo 57 de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de M�xico, y el art�culo 92 de la misma ley org�nica en estudio que ordena, en el p�rrafo segundo, que la ley debe remitirse al Ejecutivo del Estado para los efectos de su publicaci�n y observancia, sin que �ste tenga derecho de veto. No estando en vigor la ley de referencia, la legislatura que aprob� el Decreto 96 debi� sujetarse a lo dispuesto por la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de M�xico en vigor desde 1978, que en su art�culo 138 determina expresamente que se comunicar� al Ejecutivo las leyes y decretos correspondientes para el efecto de su publicaci�n y observancia.

"En esta ley, publicada el 15 de septiembre de 1995, se crea la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G., como es de verse y se desprende del art�culo 69 de la ley en menci�n, dejando al reglamento respectivo la organizaci�n y funcionamiento de la misma.

"La Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado no se comunic� al Ejecutivo Estatal para el efecto de su publicaci�n, sino que el Poder Legislativo la public� directamente.

"16. La Ley Org�nica para la Contadur�a General de G. del Poder Legislativo del Estado de M�xico fue aprobada mediante Decreto N�mero 25 de la H. LI Legislatura del Estado de M�xico, ordenando su publicaci�n en el P.�dico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de M�xico el gobernador constitucional de la entidad, previ� refrendo del secretario de gobierno, acto que se realiz� en fecha 15 de octubre de 1991, entrando en vigor el d�a 1o. de enero de 1992.

"Esta ley, en el art�culo 47, �ltimo p�rrafo, expresa que la ?C.�n Inspectora de la Contadur�a General de G., podr� solicitar a la autoridad competente, la revocaci�n definitiva del servidor p�blico municipal que corresponda; en su caso, la intervenci�n de la Tesorer�a M. respectiva, en los casos debidamente acreditados de omisi�n reiterada.?, sin que la ley respectiva en este �ltimo caso determine el procedimiento, alcances o efectos de la intervenci�n, as� como la autoridad competente para decretarla.

"Con el precepto en cita se permite la invasi�n que conculca y viola la esfera de competencias previstas en el art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo las relativas al manejo libre de su hacienda municipal, pese a ello, se aprob� y orden� su publicaci�n.

"Al no tener un procedimiento, ni estar reglamentada la intervenci�n prevista en el precepto legal en estudio, queda al arbitrio de la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G. determinar los mismos, o no determinarlos como en el presente caso.

"17. El Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de M�xico se aprob� por Decreto 97 de la H. LII Legislatura, public�ndose en el P.�dico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de M�xico en fecha 15 de septiembre de 1995, entrando en vigor el d�a 16 de septiembre de 1995.

"En este reglamento en el cap�tulo III, que se integra por los art�culos 13 a 27 inclusive, se determina la organizaci�n y funcionamiento de las comisiones y comit�s de la Legislatura del Estado.

Pese a que en estos art�culos se determina el funcionamiento de las comisiones, la forma de sesionar y tomar acuerdos, la C.�n de Inspecci�n para la Contadur�a General de G. tom� un acuerdo sin sujetarse a la ley y reglamento respectivos. Y a pesar de ello y sin tener la competencia legal determin� intervenir la Tesorer�a M. de T., M�xico, y sin sujetarse al procedimiento previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores P�blicos del Estado de M�xico y Municipios orden� la remoci�n definitiva e inmediata del tesorero municipal.

QUINTO

El actor manifest� como conceptos de invalidez los siguientes:

"VIII. Conceptos de invalidez.

"Primer concepto de invalidez:

"Los actos de la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G. y del contador general de G., ambos �rganos del Poder Legislativo del Estado de M�xico y cuya invalidez se demanda, contravienen los preceptos contenidos en la fracci�n I del art�culo 115 constitucional, que expresa:

"?Cada Municipio ser� gobernado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa, integrado por un presidente municipal y el n�mero de regidores y s�ndicos que la ley determine. La competencia que esta Constituci�n otorga al gobierno municipal se ejercer� por el Ayuntamiento de manera exclusiva ...?

"Asimismo, los actos cuya invalidez se demanda son lesivos y conculcan el precepto constitucional en cita en sus fracciones II y IV que establecen:

"?Art�culo 115. ...

"?II. Los Municipios estar�n investidos de personalidad jur�dica y manejar�n su patrimonio conforme a la ley.

"?...

"?IV. Los Municipios administrar�n libremente se hacienda ...

"?Las Legislaturas de los Estados aprobar�n las Leyes de Ingresos de los Municipios, revisar�n y fiscalizar�n sus cuentas p�blicas. Los presupuestos de egresos ser�n aprobados por los Ayuntamientos ...?

"Conforme a lo dispuesto por el art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, el Municipio tiene libertad y autonom�a pol�tica, hacendaria y administrativa; se le reconoce como un �mbito de gobierno y se establece expresamente que el Ayuntamiento es el �rgano encargado de ejercer dicho gobierno, otorg�ndole competencias exclusivas, es decir, cuando el Constituyente Reformador reconoce en el precepto 115 constitucional que ser� gobernado por un Ayuntamiento elegido por sufragio universal, libre y directo, que representa leg�timamente a sus vecinos y habitantes, y se le otorga una serie de competencias para que las gestionen con plena autonom�a, responsabilidad y libertad; por lo cual se le otorgan suficientes facultades y atribuciones para gestionar las tareas que se refieran a las necesidades e intereses locales.

"Al otorgar al Municipio personalidad jur�dica propia, el Constituyente Reformador est� haciendo al Municipio sujeto de fines aut�nomos, de derechos de libertad, como son los que otorga en la fracci�n IV del art�culo 115 constitucional, al expresar que el Municipio manejar� libremente su hacienda, derechos �stos que no son absolutos, que est�n sujetos y limitados por deberes de acci�n y deberes de abstenci�n previstos por la Legislatura F. o Estatal.

"La Legislatura Estatal podr� determinar normas que contengan deberes de acci�n o de abstenci�n respecto al manejo libre de su hacienda, en la cual queda comprendido su patrimonio.

"El Ayuntamiento por s� o por conducto de los �rganos que expresamente se determinan en la Ley Org�nica para la Contadur�a General de G. del Poder Legislativo del Estado de M�xico debe entregar, en cumplimiento a lo dispuesto por los art�culos 34 al 44 inclusive, de la invocada ley, la cuenta p�blica municipal; el informe mensual de las operaciones realizadas por el Ayuntamiento en ejercicio de sus funciones que se integra con el estado de posici�n financiera y los anexos del mismo; el estado comparativo presupuestal de ingresos y egresos, as� como el informe de obras p�blicas realizadas.

"Los informes que se mencionan en el apartado que antecede deber�n ser debidamente firmados por el presidente, s�ndico, tesorero, secretario del Municipio, entreg�ndolos en los tiempos previstos.

"Lo anterior es para que la Legislatura del Estado, en ejercicio de las facultades que le otorga la fracci�n cuarta del art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, las revisen y las fiscalicen y, en su caso, de ser omisos conforme a los procedimientos establecidos, sancionen a los servidores p�blicos por las responsabilidades a su cargo, y no como en el presente caso, que sin ser �rgano competente, sin tener la facultad o atribuci�n legal, y sin otorgar al Ayuntamiento o a sus integrantes o representantes garant�a de audiencia expresa con tal finalidad, la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G. y el contador general de G. resuelven y acuerdan la intervenci�n de la Tesorer�a M. y la remoci�n definitiva del tesorero municipal de T., Estado de M�xico.

"En el supuesto no concedido de que la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de M�xico y su Reglamento, ambos publicados el 15 de septiembre de 1995, estuvieren vigentes, debe decirse entonces que las responsables, C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G. y contador general de G., emitieron los acuerdos o resoluciones de referencia, relativas a la intervenci�n de la Tesorer�a M. y la remoci�n del tesorero municipal de T., Estado de M�xico, sin motivaci�n y fundamentaci�n, en clara violaci�n del procedimiento previsto para las comisiones, y sobre todo sin tener la competencia para ordenar la intervenci�n de la Tesorer�a M. y la remoci�n definitiva del tesorero municipal, es decir, si la ley no previene los alcances, fines, formas y dem�s caracter�sticas que deba revestir la intervenci�n, y si el art�culo 143 de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de M�xico previene que las autoridades del Estado y s�lo tienen las facultades que expresamente les confieren las leyes y otros ordenamientos jur�dicos, es advertible que la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G. del Poder Legislativo del Estado de M�xico no puede ejercer intervenci�n alguna en raz�n de que carece de facultades para determinar los efectos, alcances y dem�s particularidades de la misma y, m�s a�n, sustituir o delegar t�citamente a favor del interventor una atribuci�n de la que carece, independientemente del hecho de que la sola menci�n de la intervenci�n en la Ley Org�nica para la Contadur�a General de G. es contraria a los principios que informan a las fracciones I y IV del art�culo 115 de la Constituci�n F..

"A mayor abundamiento, como se contiene en el art�culo 61, fracci�n XXXII, de la Constituci�n del Estado Libre y Soberano de M�xico, la Legislatura Estatal tiene como facultades y obligaciones recibir, revisar y calificar cada a�o las cuentas p�blicas del Estado y Municipios; conforme a la fracci�n XXXIII revisar las cuentas y actos relativos a la aplicaci�n de los fondos p�blicos del Estado y de los Municipios; de acuerdo con la fracci�n XXXIV fiscalizar la administraci�n de los ingresos y egresos de los Municipios; y por �ltimo, conforme a la fracci�n XXXV fincar las responsabilidades que resulten de la revisi�n y calificaci�n de las cuentas p�blicas del Estado y de los Municipios, y del ejercicio del gasto de los Ayuntamientos; as� las cosas y conforme a las atribuciones que la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de M�xico asigna al Poder Legislativo, se advierte que �ste no tiene competencia para decretar la intervenci�n de la hacienda p�blica ni del Estado ni de los Municipios, ni intervenir a la administraci�n p�blica del Estado ni a las administraciones p�blicas de los Municipios, ello es patente en raz�n de que conforme a nuestro sistema de divisi�n de poderes no es dable al Legislativo ejercer las funciones del Ejecutivo estatal o municipal o suplantarlas aun con la m�scara de ?intervenci�n?.

"La Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de M�xico, malamente publicada en fecha 15 de septiembre de 1995, en su art�culo 72 expresamente determina:

"? Art�culo 72. Las comisiones de dictamen tendr�n como funciones estudiar y analizar los proyectos de ley o decreto y los asuntos que les sean turnados con el objeto de elaborar los dict�menes o informes, debiendo dar cuenta de ellos al presidente de la Legislatura en los plazos establecidos por la ley y el reglamento.?

"De igual manera el Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de M�xico, en sus art�culos 13 a 27 inclusive, determina la organizaci�n y funcionamiento de las C.ones de la Legislatura conforme al art�culo 22.

"?Art�culo 22. El presidente de la comisi�n ser� el encargado de presentar el dictamen a la consideraci�n de la asamblea ...?

"Asimismo, en el reglamento se norma el funcionamiento de las comisiones, y en el presente caso, la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G. debi� someter a la consideraci�n del �rgano competente de la legislatura, que es la asamblea, a trav�s del presidente de la legislatura la recomendaci�n y, en su caso, la resoluci�n correspondientes, ambas relativas a la intervenci�n de la tesorer�a y remoci�n definitiva del tesorero municipal; al no sujetarse al procedimiento y carecer de competencia, la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G. y el contador general de G. conculcan las garant�as de seguridad jur�dica y de legalidad contenidas en los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio del Municipio de T., M�xico.

"La C.�n de Inspecci�n para la Contadur�a General de G. del Poder Legislativo del Estado de M�xico y el contador general de G. de la Legislatura del Estado de M�xico al dictar los acuerdos contenidos en los oficios de fechas 17 y 24 de agosto del presente a�o, ordenando en el primero la intervenci�n de la Tesorer�a M., y en el segundo la revocaci�n definitiva del nombramiento del tesorero municipal, violan flagrantemente en perjuicio del Municipio de T., M�xico, las garant�as contenidas en los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ya que sin seguir para ello las formalidades esenciales del procedimiento, sin que los acuerdos combatidos est�n debidamente fundados, razonados y motivados, sin que se apeguen a la letra de la ley, a su interpretaci�n jur�dica y a los principios generales de derecho, de una manera arbitraria ordenan la intervenci�n de la hacienda municipal y la remoci�n definitiva del tesorero municipal privando al Municipio de manejar libremente su hacienda por s� y por conducto de los �rganos que �ste en ejercicio de sus facultades nombr�, que incumplen con los requisitos legales para el manejo de la hacienda y de la administraci�n p�blica municipal. Debe abundarse, es particularmente grave el acto de intervenci�n decretado por la comisi�n de inspecci�n multicitada, ya que trasciende a toda la administraci�n p�blica municipal, pues concentra en la persona del interventor todas las decisiones concernientes a la administraci�n p�blica del Municipio, puesto que el interventor tiene las m�s amplias facultades que �l mismo decida darse con la complacencia de la comisi�n inspectora que lo design� y del contador general de G., es decir, se est� en presencia de la discrecionalidad m�s absoluta e inadmisible de que pueda gozar autoridad alguna.

"Segundo concepto de invalidez:

"La Ley Org�nica para la Contadur�a General de G. aprobada por la H. LI Legislatura del Estado de M�xico, mediante el Decreto N�mero 25 de fecha 11 de septiembre de 1991, que fue publicada en el P.�dico Oficial Gaceta del Gobierno por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de M�xico, y refrendada por el secretario de gobierno en fecha 15 de octubre de 1991, misma que entr� en vigor el 1o. de enero de 1992, es anticonstitucional, porque conculca el manejo libre de la hacienda y del patrimonio municipal por parte del Ayuntamiento y de los �rganos legalmente constituidos y nombra un interventor que sustituye a los �rganos legalmente creados y, por ende, a los titulares que fueron nombrados por el Ayuntamiento en ejercicio de las atribuciones exclusivas y propias.

"El art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracci�n II (sic), pen�ltimo p�rrafo, expresa:

"?Art�culo 115. ...

"?Las legislaturas de los Estados aprobar�n las leyes de ingresos de losMunicipios, revisar�n y fiscalizar�n sus cuentas p�blicas. ...?

"En este mismo tenor la Constituci�n del Estado Libre y Soberano de M�xico en las fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV del art�culo 61, otorga atribuciones a la Legislatura del Estado para:

"?Recibir, revisar y calificar cada a�o las cuentas p�blicas del Estado y del Municipio; revisar, las cuentas y actos relativos a la aplicaci�n de los fondos p�blicos del Estado y Municipios; fiscalizar la administraci�n de los ingresos y egresos de los Municipios y de sus organismos auxiliares, y fincar las responsabilidades que resulten de la revisi�n y calificaci�n de las cuentas p�blicas de los Estados y los Municipios y del ejercicio del gasto de los Ayuntamientos.?

"En este mismo precepto constitucional estatal se determina que la legislatura para el ejercicio de las facultades mencionadas en el p�rrafo que antecede, contar� con un �rgano t�cnico que se denominar� Contadur�a General de G..

"Es el caso que en el �ltimo p�rrafo del art�culo 47 de la Ley Org�nica para la Contadur�a General de G. del Poder Legislativo del Estado de M�xico, expresamente se determina:

"?Art�culo 47. ...

"?La C.�n Inspectora de la Contadur�a General de G. podr�, solicitar a la autoridad competente, la suspensi�n temporal o la revocaci�n definitiva del nombramiento o mandato del servidor p�blico municipal que corresponda; en su caso, hasta la intervenci�n de la tesorer�a respectiva, en los casos debidamente acreditados de omisi�n reiterada en el cumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones I, V y VI de este art�culo.?

"Del contenido del precepto legal en estudio y del uso, aplicaci�n y concretizaci�n que la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G. y el contador general de G. del Poder Legislativo hacen de este precepto legal, se demuestra la anticonstitucionalidad del mismo, ya que como en el presente caso cuando emiten el acuerdo que se contiene en el oficio del 17 de agosto del presente a�o, emitido por la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G., que a la letra dice:

"?C. ... Presidente M. Constitucional de T., M�xico.

"?Por este conducto le informo que esta C.�n Inspectora de la Contadur�a General de G. ha tenido conocimiento de irregularidades en el manejo de la Tesorer�a de ese H. Ayuntamiento, por lo que con fundamento en los art�culos 11 fracci�n XV y 47, fracci�n VI, �ltimo p�rrafo, de la Ley Org�nica para la Contadur�a General de G., se ha determinado intervenirla, para tal efecto se ha designado como interventor de la Tesorer�a al C.P. ...

"?Lo anterior, se le comunica a efecto de que se otorguen al interventor las facilidades necesarias para la realizaci�n de su funci�n.?

"La intervenci�n decretada por las autoridades responsables viola en perjuicio del Municipio de T., M�xico, las fracciones II y IV del art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, primeramente porque impide el manejo libre de su hacienda y de su patrimonio, y conculca la autonom�a pol�tica, econ�mica y administrativa del Municipio de T., porque esta intervenci�n decretada por las autoridades responsables contiene y limita la libertad municipal; de igual manera, con la intervenci�n se sustituye fuera de todo procedimiento previsto en la fracci�n I del art�culo 115 constitucional, al �rgano de gobierno que es el Ayuntamiento y que tiene las competencias, es decir, las facultades y atribuciones para el manejo de la hacienda p�blica; como es de verse en la exposici�n de motivos de la reforma constitucional de este precepto, el Constituyente Reformador prev� que los recursos que integran la hacienda municipal sean ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos.

"Y siendo los Ayuntamientos, en t�rminos de lo dispuesto por los art�culos 122, 123 y 125 de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de M�xico, quienes tienen la facultad y atribuci�n para el manejo de la hacienda p�blica, lo que es concordante con lo dispuesto en los art�culos 31, fracciones IX, X, XVII, XVIII, XIX y XX; 48, fracciones IX y X; 93 y 95 de la Ley Org�nica M., la intervenci�n y el nombramiento de un interventor se convierte y concretiza en una sustituci�n del Ayuntamiento, presidente municipal y tesorero municipal, situaci�n que viola flagrantemente las disposiciones contenidas en el art�culo 115 constitucional, que otorga competencias exclusivas para el manejo libre de la hacienda y de la administraci�n p�blica.

"La Ley Org�nica para la Contadur�a General de G. del Poder Legislativo del Estado de M�xico, en el �ltimo p�rrafo de su art�culo 47, viola tambi�n en perjuicio del Municipio de T., M�xico, la facultad que se otorga a las Legislaturas de los Estados para revisar y fiscalizar las cuentas p�blicas municipales, as� como las facultades que la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de M�xico le otorga a la legislatura en su art�culo 31 en sus fracciones XXXII a la XXXV inclusive, que no son m�s que de revisar, fiscalizar, calificar las cuentas p�blicas y los actos de aplicaci�n de los fondos p�blicos municipales, es decir, no tiene facultades la legislatura, previstas en la Constituci�n F., ni en la Constituci�n Local, para intervenir la hacienda p�blica municipal del H. Ayuntamiento de T., M�xico, ni para impedir con ello el manejo libre de la hacienda y de la administraci�n p�blica municipal.

"De los preceptos mencionados en el p�rrafo que antecede, se desprende que tampoco tiene la Legislatura del Estado, por conducto de la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G., ni por conducto del contador general de G. de la Legislatura del Estado, facultad o atribuci�n alguna para sustituir a los �rganos encargados del manejo libre de la hacienda y de la administraci�n p�blica municipal.

"El Municipio de T., M�xico, tiene la obligaci�n de presentar para su revisi�n, inspecci�n, an�lisis al �rgano fiscalizador, Legislatura del Estado y Contadur�a General de G., las cuentas p�blicas anuales, los informes mensuales y toda la documentaci�n que la integra, as� como de aquella que sea solicitada en t�rminos de las facultades que tengan los �rganos que son competentes; no permitir� el Municipio de T., M�xico, un ejercicio abusivo, arbitrario y sobre todo anticonstitucional, para sustituir o suplantar a los �rganos que constitucionalmente y conforme a las leyes tienen a su cargo el manejo libre de la hacienda y de la administraci�n p�blica municipales, sobre todo cuando las autoridades responsables se dan facultades y atribuciones que constitucionalmente no tienen, violando con ello el principio contenido en el art�culo 124 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que expresa que los Estados tienen las facultades que no est�n expresamente concedidas por esta Constituci�n a la Federaci�n y, por ende, a los Municipios, y tampoco pueden las responsables otorgarse a s� mismas facultades que constitucionalmente no le son expresamente concedidas, como es en el caso de la fracci�n IV del art�culo 115 constitucional, que solamente les permite revisar y fiscalizar las cuentas p�blicas, m�s no intervenir la administraci�n y la hacienda p�blica municipal, y menos aun sustituir a sus �rganos a trav�s de interventores designados, ni puede confiscar o requisar ni administrar los recursos p�blicos del Municipio, ni hacerse de los documentos que le son propios a la administraci�n p�blica municipal, ni sustituir al Ayuntamiento en las decisiones concernientes a la administraci�n p�blica municipal que necesariamente exigen liberaci�n de recursos monetarios, en suma, no es dable a las responsables decretar intervenci�n a la hacienda p�blica municipal, ya que trastornan ilegalmente la correcta conducci�n de los asuntos p�blicos del Municipio, habida cuenta de que el Ayuntamiento emiti� el plan de desarrollo municipal para el ejercicio constitucional y la propia legislatura del Estado lo aprob�, por lo que el Ayuntamiento est� obligado a cumplir con el citado plan de desarrollo municipal, situaci�n que resulta imposible cuando se tiene a un dizque interventor que es el que toma las decisiones acerca de los recursos financieros o monetarios que se liberan, as� como la oportunidad de ello, en suma, es el que decide el manejo del gasto p�blico aun al margen del presupuesto de egresos aprobado, todo ello es evidente y flagrante violaci�n a las fracciones I, II y IV del art�culo 115 de la Constituci�n F. y en suplantaci�n de la competencia del Ayuntamiento.

"Debe destacarse que resulta no s�lo anticonstitucional la facultad que la legislatura se arrog� para intervenir la Tesorer�a M. de T., sino que adem�s ahora resulta que la legislatura del Estado que conforme al art�culo 115 de la Constituci�n F. debe vigilar y fiscalizar que los recursos municipales se apliquen correctamente, al exceder tal atribuci�n e intervenir directamente la Tesorer�a M. de vigilante pas� a administrador, sin que se advierta ante qui�n va a responder la propia Legislatura del Estado por el manejo directo y abiertamente discrecional de los recursos p�blicos del Municipio de T., Estado de M�xico.

"Por lo anterior, es que el art�culo 47, �ltimo p�rrafo, de la Ley Org�nica para la Contadur�a General de G. del Poder Legislativo del Estado de M�xico, es anticonstitucional, y los actos cuya invalidez se reclama deben ser declarados por esta Suprema Corte de Justicia inv�lidos.

"Las autoridades responsables del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de M�xico al aprobar, promulgar, refrendar, publicar y observar la Ley Org�nica para la Contadur�a General de G. del Poder Legislativo del Estado de M�xico, sobre todo en su art�culo 47, que otorga facultades de intervenci�n de la hacienda y de la administraci�n p�blica municipal y de sustituci�n de �rganos que tienen a su cargo legalmente el manejo libre de la hacienda, patrimonio y administraci�n municipal, violan y conculcan anticonstitucionalmente en forma abusiva y arbitraria las competencias que en la materia otorga el art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos al Municipio, en este caso concreto, al Municipio de T., M�xico.

"Obligaci�n de las autoridades se�aladas como responsables era analizar, en todo el procedimiento legislativo que llev� para la aprobaci�n, promulgaci�n, refrendo, publicaci�n y observancia de la Ley Org�nica para la Contadur�a General de G. del Poder Legislativo del Estado de M�xico, sobre todo en su art�culo 47, que otorga facultades de intervenci�n de la hacienda y de la administraci�n p�blica municipal y de sustituci�n de �rganos que tienen a su cargo legalmente el manejo libre de la hacienda, patrimonio y administraci�n municipal, violan y conculcan anticonstitucionalmente en forma abusiva y arbitraria las competencias que en la materia otorga el art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos al Municipio, en este caso concreto, al Municipio de T., M�xico.

"Obligaci�n de las autoridades se�aladas como responsables era analizar en todo el procedimiento legislativo que llev� para la aprobaci�n, promulgaci�n, refrendo, publicaci�n y observancia de la Ley Org�nica para la Contadur�a General de G. del Poder Legislativo del Estado de M�xico, que los preceptos que la integran fueran acordes con la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, con la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de M�xico, y que no se arrogar�n a �rganos en el Poder Legislativo competencias propias y exclusivas del Municipio, que no se impidiera el manejo libre de la hacienda, patrimonio y administraci�n p�blica municipal, que la sustituci�n de los �rganos municipales se hiciera con estricto respeto a los procedimientos constitucionales previstos en la fracci�n I del art�culo 115 constitucional y en la Ley de Responsabilidades para los Servidores P�blicos del Estado y Municipios otorg�ndoles, previa audiencia, el ejercicio de los recursos y medios de impugnaci�n que las leyes prev�n, y al no hacerlo as�, es claro que existe con los actos emitidos y que se se�alan como actos cuya invalidez se reclama una violaci�n a la Constituci�n F. en su art�culo 115, en sus fracciones I, II y IV, art�culo 124 y art�culo 133 de la misma Constituci�n, porque al no respetar las autoridades, �rganos y poderes responsables, las facultades que constitucionalmente tienen, ni las disposiciones de la Constituci�n Pol�tica F., violan las competencias del Municipio de T..

"Tercer concepto de invalidez.

"El Poder Legislativo del Estado de M�xico por Decreto N�mero 96, aprobado por la H. LII Legislatura del Estado de M�xico, aprob� la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de M�xico, el d�a veintisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco, mismo decreto que fue publicado en el P.�dico Oficial Gaceta del Gobierno, lo cual aconteci� el d�a quince de septiembre de ese mismo a�o.

"El �rgano que orden� la publicaci�n fue directamente el Poder Legislativo del Estado de M�xico, es decir, no se remiti� para su conocimiento y publicaci�n al Poder Ejecutivo del Estado de M�xico, como expresamente lo ordena el art�culo 57 de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de M�xico, que en su p�rrafo primero, a la letra dice: ?Toda resoluci�n de la legislatura tendr� el car�cter de ley, decreto, iniciativa al Congreso de la Uni�n o acuerdo. Las leyes o decretos aprobados se comunicar�n al Ejecutivo para su promulgaci�n, publicaci�n y observancia, salvo aquellos que sean de la incumbencia exclusiva de la legislatura, en los que no tendr� el derecho de veto.?

"La misma legislatura en el procedimiento de elaboraci�n y aprobaci�n de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de M�xico interpret� el precepto legal antes mencionado; interpretaci�n que qued� plasmada en el art�culo 92 de la ley en cita, que a la letra dice:

"?Art�culo 92. Las leyes o decretos aprobados por la legislatura, deber�n comunicarse al Ejecutivo del Estado para su promulgaci�n, publicaci�n y observancia.

"?T.�ndose de leyes o decretos de la incumbencia exclusiva de la legislatura, se har� la comunicaci�n respectiva para el s�lo efecto de su publicaci�n y observancia.?

"De lo expuesto se infiere que el Decreto 96 de la LII Legislatura del Estado de M�xico, que contiene la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de M�xico debi� comunicarse al Ejecutivo del Estado de M�xico para los efectos de su publicaci�n y observancia, el no hacerlo as� viola el procedimiento legislativo previsto en la Constituci�n del Estado de M�xico, y en la anterior Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de M�xico expedida en 1978, que expresamente en su art�culo 138, previene que toda ley o decreto aprobado por la legislatura se comunicar� al Ejecutivo del Estado para su publicaci�n, de donde se sigue que para publicarse la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado expedida en 1995 y que derogaba a la anterior, deb�a respetarse el procedimiento legislativo previsto en la ley que se derogaba, habida cuenta que la derogaci�n de la misma s�lo se dar�a una vez que entrara en vigor la nueva ley.

"Al no haberse publicado legalmente la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de M�xico, la misma carece de vigencia y, por tanto, de observancia y cumplimiento; consecuentemente, la C.�n Inspectora para la Contadur�a General de G. es un �rgano inexistente, ya que se cre� esta comisi�n conforme lo disponen los art�culos 68, 69 y 70 de la ley de referencia, y al carecer de vigencia esta ley y al no estar legalmente creada la C.�n para la Inspecci�n de la Contadur�a General de G., no es �rgano competente para resolver o acordar la intervenci�n de la Tesorer�a M. y resolver sobre la remoci�n definitiva del tesorero municipal, en t�rminos de los oficios de fecha 17 y 24 de agosto del presente a�o, signado por los integrantes de la comisi�n multicitada.

"Por tanto, al haberse condenado una intervenci�n de la Tesorer�a M. y la remoci�n definitiva del tesorero municipal por un �rgano creado al amparo de una ley que no se encuentra en vigencia, dichos acuerdos o resoluciones deben ser declarados inv�lidos por esta H. Suprema Corte de Justicia.

"El jefe del Departamento del P.�dico Oficial Gaceta del Gobierno, al publicar la ley de referencia sin haber cumplido la legislatura con la comunicaci�n al gobernador constitucional del Estado, para el efecto de que �ste ordenar� la publicaci�n de la ley en el peri�dico a su cargo, permiti� que circulara y tuviera observancia una ilegal ley, permitiendo con ello que se conculcar�n las garant�as constitucionales de seguridad y de legalidad, as� como las competencias constitucionales que el art�culo 115 otorga al Municipio de T., M�xico.

"Cuarto concepto de invalidez.

"El Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de M�xico, en fecha catorce de septiembre de mil novecientos noventa y dos, aprob� el Decreto 97 que contiene el Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de M�xico, ordenando su publicaci�n en el P.�dico Oficial Gaceta del Gobierno, por lo que apareci� publicado este reglamento en la Gaceta del Gobierno, en fecha quince de septiembre de mil novecientos noventa y cinco.

"La H. Legislatura del Estado de M�xico al aprobar el reglamento de referencia, orden� que deber�a de publicar el mismo el gobernador del Estado, esto se desprende de la leyenda que aparece expresamente al t�rmino del transitorio tercero y que a la letra dice:

"?Lo tendr� entendido el gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla.?

"Es decir, la Asamblea de la Legislatura del Estado Libre y Soberano de M�xico, �rgano supremo de la misma, orden� que se publicara el reglamento de referencia por conducto del Ejecutivo del Estado, es decir, del gobernador constitucional, lo que no respet� ni cumpli� la legislatura, ordenando directamente la publicaci�n de dicho reglamento.

"Adem�s, este reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de M�xico, en su art�culo 1o., expresa lo siguiente:

"?Art�culo 1o. Este reglamento es de orden p�blico e inter�s general y tiene por objeto regular la organizaci�n y funcionamiento del Poder Legislativo, conforme a las disposiciones de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de M�xico y la Ley Org�nica del Poder Legislativo.?

"La ley que reglamenta, o sea, la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de M�xico, en el art�culo primero transitorio expresa: ?... entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en la Gaceta del Gobierno.?, y habiendose publicado el d�a quince de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, entra en vigor el d�a 16 de ese mismo mes y a�o (en el supuesto no concedido que estuviese legalmente publicada dicha ley); el reglamento se public� el mismo d�a 15 de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, y conforme al transitorio primero entr� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en la Gaceta del Gobierno, el diecis�is de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (en el supuesto no concedido que estuviese legalmente publicado dicho reglamento); de donde se infiere que el reglamento se aprob�, public� y entr� en vigencia conjuntamente con la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de M�xico, en donde se infiere que se violentaron los tiempos del procedimiento legislativo referentes a la publicaci�n y vigencia de este reglamento (en el supuesto no admitido que estuviere vigente), y si a ello agregamos que la ley org�nica en cita no fue legalmente publicada y, por tanto, carece de legal vigencia, estamos entonces ante unreglamento que fue ilegalmente publicado y puesto supuestamente en vigencia.

"Toda vez de que la organizaci�n y funcionamiento de las comisiones de la legislatura, entre las que se comprende la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G. de la Legislatura del Estado Libre y Soberano de M�xico, se organiza y funciona en t�rminos de los art�culo 13 al 27 inclusive, de este reglamento, la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G. que emiti� la resoluci�n o acuerdo de intervenci�n y de remoci�n definitiva del tesorero municipal, que se contiene en los oficios de fechas 17 y 24 de agosto del presente a�o, tienen un inexistente sustento legal en su integraci�n, organizaci�n y funcionamiento del �rgano responsable emitente y, por tanto, debe declararse que estos oficios son inv�lidos y que el Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de M�xico carece de vigencia y, por tanto, no debe de observarse ni de cumplirse por los particulares y, en su caso, por el Municipio de T., M�xico.

El jefe del Departamento del P.�dico Oficial Gaceta del Gobierno, al publicar el reglamento de referencia, sin haber cumplido la legislatura con la comunicaci�n al gobernador constitucional del Estado, para el efecto de que �ste ordenar� la publicaci�n del reglamento en el peri�dico a su cargo, permiti� que circulara y tuviera observancia un ilegal reglamento, permitiendo con ello que se conculcar�n las garant�as constitucionales de seguridad y de legalidad, as� como las competencias constitucionales que el art�culo 115 otorga al Municipio de T., M�xico.

SEXTO

Por auto del Ministro presidente de este tribunal, fechado el veinticuatro de septiembre de dos mil uno, se orden� formar y registrar el expediente de esta controversia constitucional, y se remiti� el asunto al Ministro Jos� de Jes�s G.�o P., a quien correspondi� fungir como instructor del proceso.

"S�PTIMO. Por auto de tres de octubre del a�o dos mil uno, el Ministro J.D.�az R., en suplencia del Ministro instructor Jos� de Jes�s G.�o P., admiti� la demanda, excepto por lo que se refiere a los actos atribuidos al jefe del Departamento del P.�dico Oficial del Estado de M�xico, por carecer de legitimaci�n pasiva en este tipo de juicios, de conformidad con el criterio jurisprudencial de este Pleno, cuya tesis lleva por rubro: "LEGITIMACI�N PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CARECEN DE ELLA LOS �RGANOS SUBORDINADOS."

En el mismo auto se acord� dar vista al procurador general de la Rep�blica, correr traslado a las autoridades demandadas y solicitarles el env�o de los documentos necesarios para la integraci�n del expediente.

OCTAVO

En la secuela del proceso las autoridades demandadas contestaron oportunamente la demanda y ofrecieron las pruebas que estimaron convenientes.

Asimismo, el procurador general de la Rep�blica emiti� opini�n.

Posteriormente, el veintid�s de febrero de dos mil dos se llev� a cabo la audiencia de ley, misma en que se recibieron y relacionaron las pruebas y alegatos de las partes, pasando los autos al Ministro ponente para la elaboraci�n del proyecto de resoluci�n respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer del presente juicio, de conformidad con los art�culos 104, fracci�n IV y 105, fracci�n I, inciso i), de la Constituci�n General de la Rep�blica; 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del citado precepto constitucional; y 10, fracci�n I, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n; toda vez que se trata de una controversia suscitada entre un Municipio y su Estado, por conducto de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del mismo, por actos que se atribuyen a ambos.

SEGUNDO

II.1. Es extempor�nea la presentaci�n de la demanda respecto:

?Del Decreto 96 aprobado por la H. LII Legislatura del Estado de M�xico, que contiene la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de M�xico, publicada en el P.�dico Oficial Gaceta del Gobierno de fecha quince de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (p�rrafos 1.B) y 6 del apartado IV romano del escrito de demanda).

?Del Reglamento del Poder Legislativo del Estado de M�xico, publicado en el P.�dico Oficial Gaceta del Gobierno de fecha quince de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (p�rrafos 1.C) y 6 del apartado IV romano del escrito de demanda).

En efecto, los ordenamientos legales antes mencionados fueron ambos publicados el quince de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, por lo que de conformidad con la fracci�n II del art�culo 21 de la ley reglamentaria de la materia, el plazo de treinta d�as para impugnar dichas normas por su sola expedici�n corri� a partir del d�a diecis�is siguiente, y siendo que la demanda se presenta algunos a�os despu�s, concretamente el trece de septiembre de dos mil uno, es evidente que el plazo para dicha impugnaci�n fue excedido, resultando entonces improcedente el juicio de constitucionalidad que propone el actor y procedente el sobreseimiento en su respecto, con apoyo en los art�culos 19, fracci�n VII y 21, fracci�n II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 Constitucional.

II.2. Por otra parte, respecto de los actos de aplicaci�n, el juicio es tambi�n improcedente toda vez que dichas normas se impugnan con motivo de su primer acto de aplicaci�n, mas no se aprecia que las mismas hayan sido objeto de aplicaci�n en los oficios cuya inconstitucionalidad tambi�n aduce el actor. Dichos oficios se�alan:

El oficio de intervenci�n:

"Toluca de L., M�xico, 17 de agosto de 2001.

"C. ... Presidente M. Constitucional de T., M�xico.

"Por este conducto le informo que esta C.�n Inspectora de la Contadur�a General de G. ha tenido conocimiento de irregularidades en el manejo de la Tesorer�a de ese H. Ayuntamiento, por lo que, con fundamento en los art�culos 11, fracci�n XV y 47, fracci�n VI, �ltimo p�rrafo, de la Ley Org�nica para la Contadur�a General de G., se ha determinado intervenirla, para tal efecto se ha determinado como interventor de la tesorer�a al C.P. ...

"Lo anterior se le comunica para el efecto de que se le otorguen al interventor las facilidades necesarias para la realizaci�n de su funci�n.

"Atentamente.

Dip. ... Presidente de la Gran C.�n de la H. LIV Legislatura del Estado de M�xico y vocal de la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G.. Dip. ... Presidente de la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G.. Dip. ... Secretario de la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G.. Dip. ... P. de la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G.. Dip. ... Vocal de la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G.. Dip. ... Vocal de la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G.. Dip. ... Vocal de la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G..

El oficio de solicitud de revocaci�n:

"Toluca de L., M�xico, 24 de agosto de 2001.

"C. ... Presidente M. Constitucional de T., M�xico.

"Por este conducto le informo que esta C.�n Inspectora de la Contadur�a General de G. ha tenido conocimiento del incumplimiento reiterado de las obligaciones que establecen el art�culo 47, fracciones I, V y VI de la Ley Org�nica para la Contadur�a General de G., por lo que para dar cumplimiento al �ltimo p�rrafo del art�culo citado y en relaci�n con el art�culo 44, �ltimo p�rrafo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores P�blicos del Estado de M�xico, solicitamos la revocaci�n definitiva del nombramiento del titular de la Tesorer�a M..

"Lo anterior se le hace de su conocimiento a efecto de que proceda de inmediato al cumplimiento de lo mencionado.

"Dip. ... Presidente de la Gran C.�n de la H. LIV Legislatura del Estado de M�xico y vocal de la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G.. Dip. ... Presidente de la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G.. Dip. ... Secretario de la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G.. Dip. ... P. de la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G.. Dip. ... Vocal de la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G.. Dip. ... Vocal de la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G.. Dip. ... Vocal de la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G.."

Como se aprecia, las determinaciones jur�dicas tomadas en dichos oficios, mismas que el actor estima son inconstitucionales, no han sido emitidas ni con base en la Ley Org�nica del Poder Legislativo Estatal o su correspondiente reglamento.

De su propia literalidad se desprende que el fundamento de los mismos es el art�culo 47 de la Ley Org�nica para la Contadur�a General de G., particularmente algunas de sus porciones normativas, y que esos otros ordenamientos no pueden estimarse aplicados en su perjuicio.

Ciertamente, la autoridad emisora de dichos actos, la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G. perteneciente al Poder Legislativo Estatal, funda su existencia jur�dica en la Ley Org�nica del Poder Legislativo impugnada y encuentra definido gran parte de su �mbito de facultades en esa ley, as� como en su reglamento.

Empero, ello por s� mismo es insuficiente para estimar que en los oficios reclamados se est� en presencia de la aplicaci�n de esos ordenamientos, pues no puede estimarse como ley aplicada aquella que no constituye en s� misma el fundamento decisorio del actuar que agravia al promovente que, en la especie, es el ya referido art�culo 47 de la Ley Org�nica para la Contadur�a General de G..

Inclusive, en abono de lo anterior, puede agregarse que este propio Pleno ha sostenido que ni siquiera la cita de un precepto en un determinado acto de autoridad basta por s� mismo para considerar que el propio dispositivo ha sido aplicado y proceder as� al estudio de su constitucionalidad. Esto conduce a que, si a�n en el caso en que el dispositivo es citado en el acto que se impugna, pero se advierte que �ste no es el fundamento jur�dico que da sost�n a la determinaci�n que alberga el mismo no procede su impugnaci�n, por mayor�a de raz�n resulta inconcuso que si el art�culo ni se cita ni descansa en �l la decisi�n plasmada en el acto, menos a�n puede considerarse procedente este juicio respecto de los ordenamientos en referencia con motivo de su aplicaci�n.

El criterio al que se viene haciendo referencia dice:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: III, mayo de 1996

"Tesis: P. LXVII/96

"P�gina: 113

"LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PARA QUE SE DEMUESTRE QUE SE APLICARON, NO BASTA QUE SE CITEN LAS NORMAS RECLAMADAS, SINO QUE ES NECESARIO QUE SE ACTUALICEN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN ELLAS. Aun cuando en una orden de visita o el acta relativa que se reclamen en amparo y que tuvieren por objeto verificar si la negociaci�n de la quejosa cumple con la ley, tambi�n impugnada, las autoridades responsables mencionen las disposiciones reclamadas, esa circunstancia no es suficiente para considerar que �stas ya fueron aplicadas, si no existen actos concretos que actualicen lo dispuesto por las normas. En esas condiciones, si no se han actualizado las hip�tesis previstas en las disposiciones legales, debido a que la autoridad administrativa no ha utilizado la facultad que le confieren, no puede estimarse que ya exist�a acto concreto de aplicaci�n. As� las cosas, si las disposiciones legales, fueron reclamadas con motivo de su aplicaci�n, sin haberse demostrado �sta, es claro que la sola existencia de las referidas normas no afecta los intereses jur�dicos de la quejosa, por lo que se surte en la especie la causal de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n V de la Ley de Amparo.

"Amparo en revisi�n 7817/82. S.B.E.. 4 de octubre de 1982. M.�a de diecisiete votos. Ponente: Mar�a C.S.�n de T.. Secretario: A.I.R..

"Amparo en revisi�n 557/95. E.�culos y D.L., S.A. 11 de marzo de 1996. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: J.V.C. y C. y H.R.P. por estar desempe�ando un encargo extraordinario. Ponente: J.D.�az R.. Secretario: J.C.R..

El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada el veinticinco de abril en curso, aprob�, con el n�mero LXVII/1996, la tesis que antecede; y determin� que la votaci�n es id�nea para integrar tesis de jurisprudencia. M�xico, Distrito F., a veinticinco de abril de mil novecientos noventa y seis.

Criterio que si bien fue dictado en materia de amparo, no hay raz�n para que se inobserve en juicios de esta �ndole, pues con �l se persigue que se analice el fundamento real de los actos de autoridad y no el que simplemente pudieran aparentar, objetivo que tambi�n est� latente en la controversia constitucional.

As� las cosas, dada la inexistencia de los actos de aplicaci�n de tales ordenamientos, tampoco se actualiza el segundo supuesto previsto en el art�culo 21 de la ley reglamentaria, por lo que con fundamento en tal dispositivo, el juicio es improcedente respecto a la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de M�xico y al Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de M�xico, pero s� es procedente respecto del art�culo 47 de la Ley Org�nica para la Contadur�a General de G. del Poder Legislativo (p�rrafo 4.C) del cap�tulo respectivo de la demanda), en tanto que �ste s� ha sido objeto de aplicaci�n en los oficios impugnados, como se aprecia de la transcripci�n que de los mismos fue hecha p�ginas atr�s, y la impugnaci�n de los mismos s� ha sido efectuada en tiempo, como se explica m�s adelante.

Razones estas por las que huelga pronunciamiento espec�fico en torno a la causa de improcedencia por inexistencia del acto, que fue invocada por el Congreso demandado al aducir que no hubo actos de aplicaci�n de la Ley Org�nica del Poder Legislativo estatal y de su reglamento.

II.3. Ahora bien, resulta oportuna la presentaci�n de la demanda por lo que se refiere a lo siguiente:

� El Decreto n�mero 25, aprobado por la H. LI Legislatura del Estado, que contiene la Ley Org�nica para la Contadur�a General de G. del Poder Legislativo del Estado de M�xico, publicada en el P.�dico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de M�xico de fecha quince de octubre de mil novecientos noventa y uno, particularmente, s�lo en lo que respecta al art�culo 47 en su �ltimo p�rrafo (p�rrafos 1.A); 2, segundo p�rrafo; 3.A); y 6, todos ellos del cap�tulo respectivo de la demanda).

� Oficio de la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G. del Poder Legislativo fechado el diecisiete de agosto de dos mil uno, por el que se comunica la determinaci�n de intervenir la tesorer�a del Municipio actor, as� como el nombramiento del propio interventor (p�rrafo 4.A), �dem).

� Oficio de la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G. del Poder Legislativo fechado el veinticuatro de agosto del mismo a�o, mediante el cual solicita al presidente del Municipio actor la revocaci�n definitiva del nombramiento del tesorero municipal (p�rrafo 4.B), �dem).

La fracci�n II del art�culo 21 de la Ley Reglamentaria del Art�culo 105 Constitucional establece que el plazo de treinta d�as para interponer la demanda de controversia constitucional en contra de normas generales se computar� tomando en cuenta las dos hip�tesis siguientes: a) el d�a siguiente a su publicaci�n; o, b) el d�a siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicaci�n de la norma que d� lugar a la controversia.

Los oficios impugnados que constituyen a su vez el primer acto de aplicaci�n de la disposici�n tambi�n impugnada, conllevan a que el c�mputo para la oportunidad de la presentaci�n de la demanda deba realizarse conforme a lo que impone la segunda hip�tesis, precisamente porque el actor cuestiona su constitucionalidad con motivo de su primer acto de aplicaci�n.

Ahora bien, el primero de los oficios emitidos en el que se aplic� al actor la porci�n del dispositivo impugnado referente a la intervenci�n de su tesorer�a le fue notificado, a decir suyo, el propio diecisiete de agosto de dos mil uno, por lo que el plazo para promover la controversia constitucional corri� a partir del d�a veinte del mismo mes y a�o al primero de octubre siguiente, por lo que si el escrito de demanda se present� el trece de septiembre de ese a�o, resulta evidente que el juicio se promovi� dentro del t�rmino de ley.

Por otra parte, respecto de la impugnaci�n de la diversa porci�n del dispositivo, tocante a la solicitud de revocaci�n del tesorero, se tiene que el oficio en el que se plasma su aplicaci�n est� fechado el veinticuatro de agosto de ese mismo a�o, y el actor se ostenta sabedor del mismo desde ese mismo d�a, conforme a las propias manifestaciones vertidas en el escrito de demanda. As� las cosas, el plazo para su impugnaci�n inici� el veintisiete de agosto y corri� hasta el diez de octubre siguiente; siendo que la demanda se present�, como ya se ha dicho, el trece de septiembre, es claro que, desde cualesquier perspectiva, �sta fue oportuna respecto de estos actos.

En este contexto y conforme a lo explicado, debe entenderse que la demanda ha sido presentada en tiempo respecto de los oficios, en tanto que �stos constituyen el acto de aplicaci�n que da lugar a la impugnaci�n, tambi�n oportuna, de las dos porciones normativas del art�culo 47 de la Ley Org�nica para la Contadur�a General de G. a las que se ha venido haciendo referencia.

Finalmente, cabe anticipar que de momento no se hace pronunciamiento espec�fico respecto a la oportunidad de la impugnaci�n de los dem�s actos y disposiciones relatadas en el resultando segundo toda vez que, como se ver� m�s adelante, el juicio result� improcedente respecto de ellos por razones de otra �ndole.

TERCERO

Por lo que respecta a la legitimaci�n en el proceso de quien promueve este juicio, debe se�alarse que �sta s� qued� acreditada, por las razones que a continuaci�n se explican.

El art�culo 11 de la ley reglamentaria de esta materia establece que podr�n comparecer a juicio los funcionarios que, en los t�rminos de las normas que los rigen, est�n facultados para representar a los �rganos correspondientes. En la especie, la remisi�n debe hacerse a la Ley Org�nica M. del Estado de M�xico, que en el aspecto en an�lisis dispone:

"Art�culo 52. Los s�ndicos municipales tendr�n a su cargo la procuraci�n y defensa de los derechos e intereses del Municipio, en especial los de car�cter patrimonial y la funci�n de contralor�a interna, la que, en su caso, ejercer�n conjuntamente con el �rgano de control y evaluaci�n que al efecto establezcan los Ayuntamientos."

Art�culo 53. Los s�ndicos tendr�n las siguientes atribuciones:

I.P., defender y promover los derechos e intereses municipales; representar jur�dicamente a los Ayuntamientos en los litigios en que �stos fueren parte, y en la gesti�n de los negocios de la hacienda municipal. ...

De conformidad con la legislaci�n local reproducida, por regla general, la representaci�n del Municipio corresponde al s�ndico municipal, que no es quien en la especie comparece a promover este juicio.

Sin embargo, esa legislaci�n tambi�n prev� un supuesto de excepci�n, a saber:

Art�culo 50. El presidente asumir� la representaci�n jur�dica del Ayuntamiento en los litigios, cuando el s�ndico est� ausente, se niegue a hacerlo o est� impedido legalmente para ello.

Esto significa que en los supuestos antes establecidos, es el presidente municipal quien asume la representaci�n jur�dica del Municipio en los litigios en que �ste resulte involucrado.

En la especie, la demanda es presentadaa nombre del Municipio por ... en su car�cter de presidente municipal del Municipio de T., Estado de M�xico, quien, en opini�n de este tribunal, fungi� de manera leg�tima como representante del Municipio actor para efectos de la promoci�n de este juicio.

En efecto, el art�culo 50 antes reproducido de la ley org�nica municipal, al se�alar los supuestos en que el presidente municipal excepcionalmente asume la representaci�n del Municipio, establece tres hip�tesis espec�ficas:

1) Que el s�ndico est� ausente;

2) Que se niegue a hacerlo; o

3) Que est� legalmente impedido para ello.

En estricto rigor, debe se�alarse que no hay constancia alguna en autos de que el s�ndico hubiera estado ausente y por ello imposibilitado materialmente para signar la demanda, ni de que �sta se le haya entregado para su firma obteni�ndose al respecto una negativa de su parte, como tampoco hay constancia o afirmaci�n alguna en el sentido de que el s�ndico haya tenido un impedimento legal que no hiciera posible que signara la demanda.

Sin embargo, este tribunal estima que con apoyo en lo dispuesto por el art�culo 11 de la ley reglamentaria de este juicio que autoriza tambi�n a presumir la representaci�n, as� como en las diversas constancias que integran los autos, particularmente aquellas relativas a los antecedentes que informan los hechos que dieron lugar a los actos impugnados y en un af�n de no obstaculizar el acceso a la justicia, que tanto el dispositivo reci�n citado de la ley org�nica municipal, as� como la ley reglamentaria en comento no deben ser interpretados con ese rigor.

En efecto, el art�culo 11 de la ley reglamentaria se�ala:

Art�culo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deber�n comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en t�rminos de las normas que los rigen, est�n facultados para representarlos. En todo caso, se presumir� que quien comparezca a juicio goza de la representaci�n legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. ...

Dispositivo del cual debe ponerse en relieve la parte relativa a la atribuci�n que otorga al tribunal para presumir la representaci�n de quien promueve, pero particularmente que dicho contenido permite inferir o desprender que la interpretaci�n jur�dica que deba realizarse respecto a las normas que regulan este presupuesto procesal, puede y debe hacerse con cierta flexibilidad, procurando no convertir las normas legales en obst�culos para el acceso a la justicia, sobre todo si puede advertirse, como en la especie, que se presenta un supuesto no previsto espec�ficamente por la ley local, como lo es el que los actos hoy impugnados son consecuencia, precisamente, de un conflicto de intereses entre el s�ndico y la presidencia municipal.

En efecto, en el cap�tulo de antecedentes del escrito de demanda se expone que:

"... el s�ndico municipal es el causante del problema que dio origen a la intervenci�n de la tesorer�a y administraci�n municipal, siendo, adem�s, que dicho s�ndico tiene intereses contrapuestos a los del Municipio ..."

Expresiones estas que encuentran apoyo en una serie de constancias que obran en autos, como son: copias de los oficios por los que se entregan para firma del s�ndico los informes mensuales que habr�n de rendirse a la Contadur�a General de G.; de los diversos en los que se le indica al s�ndico que est�n a su disposici�n dichos informes en las oficinas de la Tesorer�a M. para que proceda a firmarlos; certificaci�n del acta levantada con motivo de la audiencia en la que la Contadur�a General de G. escuch�, entre otros, al s�ndico municipal, misma en la que �ste confirm� que se hab�a negado a firmar los informes en cuesti�n y explic� las razones que tuvo para ello (p�ginas 68, 69, 71, 73, 74, 75 y 80 del tomo I).

En fin, son m�ltiples los elementos que obran en autos que revelan que, efectivamente, los actos y normas aqu� impugnados tuvieron lugar a ra�z de una falta de entendimiento o conflicto entre la presidencia y Tesorer�a M. y el s�ndico del Ayuntamiento.

Las particularidades de esta situaci�n tornan l�gico que no haya sido el s�ndico quien emprendiera esta defensa y que, en cambio, el propio Ayuntamiento haya acordado en sesi�n de Cabildo que el presidente municipal asumiera esta importante tarea, para no quedar en un estado de indefensi�n merced la falta de entendimiento con el s�ndico.

En efecto, en el acta levantada como motivo de la sesi�n de Cabildo del veintiocho de agosto de dos mil uno se asent� (p�gina 131 del tomo I):

"Toma la palabra el Ejecutivo M. y sugiere que despu�s de las aclaraciones y comentarios vertidos el honorable Cabildo tome acuerdo en los siguientes t�rminos: 1) Que el honorable Cabildo instruya al Ejecutivo M. para que realice lo que proceda para llevar a cabo la defensa de la hacienda p�blica municipal y la nulidad de la intervenci�n a la Tesorer�a M. por parte de la C.�n Inspectora de la Contadur�a General de G.; 2) Que el honorable Cabildo instruya al presidente municipal para que proceda a realizar las medidas legales y administrativas correspondientes respecto al no ejercicio de las atribuciones del s�ndico municipal, las cuales han generado conflicto a esta administraci�n municipal; 3) La ratificaci�n del acuerdo emitido en fecha 22 de agosto de 2001, para enviar la cuenta p�blica municipal correspondiente a los meses de enero a mayo de 2001 a la Contadur�a General de G.. Al llevarse a cabo la votaci�n se obtuvo el siguiente resultado: 10 votos a favor, 4 votos en contra emitidos por los C. Ing. ... s�ndico municipal, Dr. ... primer regidor, Profra. ... segundo regidor y C. ... cuarto regidor, as� como la abstenci�n por parte del C. ... d�cimo regidor. En uso de la palabra el C. ... noveno regidor menciona que en el Cabildo anterior se fueron con la conciencia de que el acuerdo era que se iba a firmar y en este caso se mande la documentaci�n sin la firma del s�ndico y que intervenga quien tenga que ser por ley y en todo caso se llame al s�ndico para aclarar. El C. ... d�cimo segundo regidor comenta que si ya se hab�a realizado un Cabildo anterior para mandar la cuenta p�blica municipal sin la firma del s�ndico, en todo caso se proceda.

Se extiende la presente a los veintiocho d�as del mes de agosto de dos mil uno, para los fines legales a que haya lugar. Doy fe. El secretario del H. Ayuntamiento. C. ...

Ciertamente, la autorizaci�n reci�n reproducida que hace el Ayuntamiento al presidente municipal para actuar en defensa de los intereses municipales ante esta situaci�n no legitima por s� sola al presidente municipal para asumir la representaci�n del Municipio, pero s� acredita que hay una voluntad del Ayuntamiento por emprender esta defensa e inconformarse con los actos que aqu� impugna, y de lo anterior se infiere que el presidente municipal al promover este juicio, act�a movido no por un inter�s particular, sino respaldado por la voluntad expresada del �rgano colegiado que encabeza.

Todos estos elementos, concatenados entre s�, y bajo la �ptica de flexibilidad antes justificada bajo la cual deben interpretarse las disposiciones que fueron reproducidas a lo largo de este apartado considerativo, imponen y a la vez justifican que se reconozca en este juicio legitimaci�n en el proceso a ... en su calidad de presidente municipal del Municipio de T., Estado de M�xico, pues tambi�n acredit� que efectivamente ostenta dicho cargo, con la constancia que al respecto le fue expedida por el Instituto Electoral del Estado de M�xico y que obra en la p�gina 67 del tomo I de estos autos.

CUARTO

Por otra parte, respecto de la legitimaci�n de las dem�s partes de este juicio, y con fundamento en el art�culo 105, fracci�n I, inciso i), de los art�culos 10, fracci�n II y 11 de la ley reglamentaria de la materia, y de conformidad con lo que adelante se expone, es de se�alarse:

IV.1. Se reconoce legitimaci�n causal pasiva al gobernador del Estado de M�xico, en tanto que de �l se reprochan la promulgaci�n y publicaci�n del ordenamiento en el que se contiene el dispositivo impugnado; y, efectivamente, al dar lectura a estos ordenamientos obra al calce de los mismos una anotaci�n en la que se hace constar la fecha de su promulgaci�n y la de su publicaci�n por parte de esta autoridad; al igual que puede advertirse el refrendo que hizo el secretario general de Gobierno respectivo.

Asimismo, tambi�n se reconoce legitimaci�n en el proceso a ... firmante de la contestaci�n de demanda respectiva, en su calidad de gobernador constitucional del Estado de M�xico, pues as� lo acredita con copia certificada de la constancia de mayor�a expedida por el Instituto Electoral del Estado de M�xico, misma que obra en la p�gina 532 del tomo I de estos autos.

IV.2. Por otra parte, tambi�n se reconoce legitimaci�n pasiva al secretario general de Gobierno del Estado de M�xico, no obstante ser subordinado jer�rquico del Ejecutivo Estatal, en tanto que de �l se reprocha el refrendo del decreto que contiene la norma cuya constitucionalidad aqu� se cuestiona, al que p�rrafos atr�s se hizo referencia, acto respecto del cual es aut�nomo frente a tal Ejecutivo, tal como se explica en la jurisprudencia que dice:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIV, septiembre de 2001

"Tesis: P./J. 109/2001

"P�gina: 1104

"SECRETARIOS DE ESTADO. TIENEN LEGITIMACI�N PASIVA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CUANDO HAYAN INTERVENIDO EN EL REFRENDO DEL DECRETO IMPUGNADO. Este Alto Tribunal ha sustentado el criterio de que los ?�rganos de gobierno derivados?, es decir, aquellos que no tienen delimitada su esfera de competencia en la Constituci�n F., sino en una ley, no pueden tener legitimaci�n activa en las controversias constitucionales ya que no se ubican dentro del supuesto de la tutela jur�dica del medio de control constitucional, pero que en cuanto a la legitimaci�n pasiva, no se requiere, necesariamente, ser un �rgano originario del Estado, por lo que, en cada caso particular debe analizarse la legitimaci�n atendiendo al principio de supremac�a constitucional, a la finalidad perseguida con este instrumento procesal y al espectro de su tutela jur�dica. Por tanto, si conforme a los art�culos 92 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica F., el refrendo de los decretos y reglamentos del jefe del Ejecutivo, a cargo de los secretarios de Estado reviste autonom�a, por constituir un medio de control del ejercicio del Poder Ejecutivo F., es de concluirse que los referidos funcionarios cuentan con legitimaci�n pasiva en la controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 10, fracci�n II y 11, segundo p�rrafo, de la ley reglamentaria de la materia.

"Controversia constitucional 5/2001. Jefe del Gobierno del Distrito F.. 4 de septiembre de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: M.A.G.�itr�n. Ponente: J.D.R.. Secretarios: P.A.N.M.�n y C�sar de Jes�s M.S..

El Tribunal Pleno, en su sesi�n p�blica celebrada hoy cuatro de septiembre en curso, aprob�, con el n�mero 109/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. M�xico, Distrito F., a cuatro de septiembre de dos mil uno.

Igualmente, se reconoce a ... secretario general de gobierno, su legitimaci�n procesal por parte de dicha secretar�a estatal, pues acredit� ser su titular con copia certificada de su nombramiento como tal, localizable en la p�gina 533 de estos autos.

IV.3. Por lo que ata�e al Poder Legislativo del Estado de M�xico, tambi�n es de reconocerse su legitimaci�n pasiva en esta controversia, pues de dicho poder se reprocha, concretamente, la aprobaci�n y expedici�n del art�culo 47 de la Ley Org�nica para la Contadur�a General de G., actos que a todas luces es evidente provienen de dicho �rgano.

Adicionalmente, en cuanto a la legitimaci�n procesal de quien comparece como representante de dicho poder, es de se�alarse que ese extremo tambi�n fue debidamente acreditado.

Lo anterior toda vez que, de conformidad con los art�culos 42, 43 y 47, fracci�n XVII, de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de M�xico, es al presidente de la mesa directiva de la legislatura a qui�n corresponde su representaci�n; los numerales disponen:

"Art�culo 42. La directiva de la legislatura estar� integrada por un presidente, dos vicepresidentes, dos secretarios y dos prosecretarios. Los vicepresidentes suplir�n en sus faltas alternativamente al presidente; los secretarios a los vicepresidentes, y los prosecretarios, lo har�n respecto de los secretarios.

"Los integrantes de la directiva se elegir�n mensualmente en votaci�n secreta y no podr�n ser electos para ocupar igual cargo u otro durante el mismo periodo. Las mismas disposiciones regir�n en la elecci�n de la directiva de los periodos extraordinarios.

"El presidente de la directiva, lo ser� tambi�n de la legislatura."

"Art�culo 43. Los integrantes de la directiva que presidir�n la legislatura en el mes de inicio de los periodos ordinarios o extraordinarios, ser�n electos en junta dentro de los siete d�as anteriores al inicio del periodo; en el supuesto de que la junta no pudiere realizarse, podr�n elegirse el primer d�a del periodo respectivo.

"Cada mes en la fecha en que se hubieren abierto las sesiones iniciar� su gesti�n la nueva directiva, para lo cual deber� ser elegida dentro de los siete d�as anteriores, o bien, en la primera sesi�n del mes en el que deba fungir."

"Art�culo 47. Son atribuciones del presidente de la legislatura:

"...

"XVII. Representar jur�dicamente al Poder Legislativo ante todo g�nero de autoridades. ..."

Dicho lo anterior, y siendo que el diputado ... firmante de la demanda, acredit� fungir como presidente de la mesa directiva en ese momento con el ejemplar de la Gaceta del Gobierno del treinta y uno de octubre de dos mil uno, p�ginas 603-606, es claro entonces que goza de la representaci�n en comento.

IV.4. En cambio, la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G. del Poder Legislativo del Estado de M�xico y el contador general de G. carecen de legitimaci�n pasiva en este juicio, en virtud de la subordinaci�n jer�rquica que tienen respecto del Poder Legislativo del Estado de M�xico.

En efecto, esta Suprema Corte ha sustentado reiteradamente el criterio de que los "�rganos derivados" pueden tener legitimaci�n pasiva en estos procedimientos s�lo si se tiene la certeza de que son aut�nomos de los sujetos que, siendo demandados, se enumeran en la fracci�n I del art�culo 105 constitucional. El criterio en referencia se�ala:

"LEGITIMACI�N PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CARECEN DE ELLA LOS �RGANOS SUBORDINADOS. Tomando en consideraci�n que la finalidad principal de las controversias constitucionales es evitar que se invada la esfera de competencia establecida en la Constituci�n F., para determinar lo referente a la legitimaci�n pasiva, adem�s de la clasificaci�n de �rganos originarios o derivados que se realiza en la tesis establecida por esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, n�mero P. LXXIII/98, publicada a fojas 790, T.V., diciembre de 1998, Pleno, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, bajo el rubro: ?CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LEGITIMACI�N ACTIVA Y LEGITIMACI�N PASIVA.?, para deducir esa legitimaci�n, debe atenderse, adem�s, a la subordinaci�n jer�rquica. En este orden de ideas, s�lo puede aceptarse que tiene legitimaci�n pasiva un �rgano derivado, si es aut�nomo de los sujetos que, siendo demandados, se enumeran en la fracci�n I del art�culo 105 constitucional. Sin embargo, cuando ese �rgano derivado est� subordinado jer�rquicamente a otro ente o poder de los que se�ala el mencionado art�culo 105, fracci�n I, resulta improcedente tenerlo como demandado, pues es claro que el superior jer�rquico, al cumplir la ejecutoria, tiene la obligaci�n de girar, a todos sus subordinados, las �rdenes e instrucciones necesarias a fin de lograr ese cumplimiento; y estos �ltimos, la obligaci�n de acatarla aun cuando no se les haya reconocido el car�cter de demandados.

"Controversia constitucional 26/99. C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n. 24 de agosto de 2000. Once votos. Ponente: O.S.C. de G.�a V.. Secretario: P.A.N.M.�n." (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, tesis P./J. 84/2000, p�gina 967).

Sin embargo, cuando ese �rgano "derivado" est� subordinado jer�rquicamente a otro ente o poder de los que se�ala el mencionado art�culo 105, fracci�n I, resulta improcedente tenerlo como demandado, pues es claro que el superior jer�rquico al cumplir la ejecutoria tiene la obligaci�n de girar a todos sus subordinados las �rdenes e instrucciones necesarias a fin de lograr ese cumplimiento, y �stos tendr�n la obligaci�n de acatarla aun cuando no se les haya reconocido el car�cter de demandados.

En la especie, los demandados contador general de G. y C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G., son subordinados jer�rquicos del Poder Legislativo demandado, y ah� radica la raz�n por la cual no se les reconozca legitimaci�n pasiva en la presente controversia constitucional, lo cual, por supuesto, es una determinaci�n que de ninguna manera impide que, en su caso, queden vinculados a la decisi�n que emita este Tribunal Pleno en relaci�n con el Poder Legislativo del Estado de M�xico.

Esta relaci�n de subordinaci�n jer�rquica entre los �rganos antes precisados deriva de las siguientes normas:

De la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de M�xico:

"Art�culo 61. Son facultades y obligaciones de la legislatura:

"...

XXXII. Recibir, revisar y calificar cada a�o las cuestas p�blicas del Estado y Municipios. Para tal efecto contar� con un �rgano t�cnico que se denominar� Contadur�a General de G..

Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de M�xico:

"Art�culo 41. En el ejercicio de sus funciones, la Legislatura actuar� a trav�s de los siguientes �rganos:

"...

"IV. Las comisiones y los comit�s."

"Art�culo 68. La legislatura para el ejercicio de sus funciones, contar� con comisiones de dictamen, especiales, jurisdiccionales y comit�s. En el reglamento se regular� la organizaci�n y funcionamiento de dichos �rganos."

"Art�culo 69. En la tercera sesi�n del primer periodo de sesiones ordinarias, a propuesta de la Gran C.�n y mediante votaci�n econ�mica, la asamblea aprobar� para todo el ejercicio constitucional, la integraci�n de las comisiones de dictamen siguientes:

"...

Inspecci�n de la Contadur�a General de G..

Ley Org�nica para la Contadur�a General de G.:

"Art�culo 1o. La presente ley es de orden p�blico, y tiene como objeto regular la organizaci�n y atribuciones de la Contadur�a General de G. del Poder Legislativo del Estado de M�xico."

"Art�culo 2o. La Contadur�a General de G. es el �rgano t�cnico de la Legislatura del Estado de M�xico, que tiene a su cargo el control y fiscalizaci�n del ingreso y gasto p�blico, con atribuciones y funciones para revisar la Cuenta de la Hacienda P�blica del Gobierno del Estado, sus organismos auxiliares, as� como de las cuentas de las haciendas p�blicas y organismos municipales a informar de sus resultados, en los t�rminos que disponga la presente ley y dem�s ordenamientos legales aplicables."

"Art�culo 5o. La Contadur�a General de G. informar� exclusivamente a la Legislatura del Estado, por conducto de la C.�n Inspectora de la Contadur�a General de G. del resultado de la revisi�n de la cuenta p�blica estatal y de las municipales y de las auditor�as practicadas y en su caso, de lasirregularidades o deficiencias detectadas, debiendo preservar la confidencialidad de dicha informaci�n. ..."

"Art�culo 6o. Corresponde a la legislatura, la responsabilidad de supervisar todas las actividades de la Contadur�a General de G.; funci�n que ejercer� a trav�s de la C.�n Inspectora de la Contadur�a General de G. ..."

As� pues, el Poder Legislativo es el facultado, en principio, para realizar los actos relacionados con la revisi�n y fiscalizaci�n de las cuentas p�blicas municipales, pero es la Contadur�a General de G. quien desempe�a t�cnica y legalmente dichas funciones, fungiendo para tal efecto como enlace entre el seno de la legislatura y el propio �rgano t�cnico la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G..

Es decir, el ejercicio directo de funciones que de suyo, conforme a las leyes transcritas, corresponden al Poder Legislativo del Estado de M�xico, se encomiendan a la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G. y al contador general titular de dicho �rgano.

En este orden de ideas, debe concluirse que los demandados contador general de G. y la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G., como subordinados al Poder Legislativo del Estado de M�xico, carecen de legitimaci�n pasiva y as� debe declararse.

IV.5. Finalmente, el procurador general de la Rep�blica est� legitimado para intervenir en este juicio, por as� disponerlo la fracci�n IV del art�culo 10 de la ley reglamentaria de la materia.

Comparece en su nombre ... a quien se le reconoce legitimaci�n procesal en tanto acredit� ser el titular de dicha dependencia con copia certificada de su nombramiento como procurador general de la Rep�blica (tomo I, p�gina 503).

QUINTO

Ahora bien, retomando el estudio de la procedencia de este juicio, es de se�alarse que �ste resulta improcedente en lo que concierne a los actos y por las razones que acto seguido se exponen.

V.1. Es improcedente el juicio respecto de:

� Los acuerdos, prove�dos, resoluciones y comunicados remitidos a la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G., mediante los cuales hace del conocimiento de esta �ltima las supuestas irregularidades en el manejo de la Tesorer�a del Ayuntamiento del Municipio de T., M�xico (p�rrafo 5.A), �dem).

En efecto, salvo por dos comunicaciones a las que m�s adelante se har� referencia, este tribunal advierte oficiosamente que dichos actos no existieron, por lo que debe decretarse el sobreseimiento respecto de los mismos.

Conforme a constancias que obran en autos existen algunas documentales que si bien no son en s� mismas los "acuerdos, prove�dos, resoluciones y comunicados girados por la Contadur�a General de G. a la C.�n de Inspecci�n" que adujo el actor, dado su contenido y literalidad s� permiten inferir y acreditar la existencia de al menos dos comunicaciones enviadas v�a oficio por el contador general, titular de la Contadur�a General de G., al presidente de la C.�n de Inspecci�n en el sentido apuntado. Las documentales que prueban lo anterior son:

1) Oficio n�mero CGG/SJ/1367/01, de fecha diecis�is de agosto de dos mil uno girado por el contador general de G. y dirigido al presidente de la C.�n Inspectora de la Contadur�a General de G., en cuyo contenido se se�ala (p�gina 483 del primer tomo):

"CGG/SJ/1367/01

"Toluca, M�xico, a 16 de agosto de 2001

"Dip. ...

"Presidente de la C.�n Inspectora

de la Contadur�a General de G..

"De acuerdo con su solicitud, me permito hacer de su conocimiento que el H. Ayuntamiento de T., M�xico, a la fecha tiene un atraso considerable en la entrega de los informes mensuales que corresponden desde el mes de enero a junio de 2001, por tal motivo este �rgano t�cnico procedi� a iniciar el procedimiento administrativo disciplinario por incumplir con tal obligaci�n, procedimiento que se encuentra en tr�mite de determinaci�n.

"Lo que hago de su conocimiento para los efectos procedentes.

"Atentamente

"El contador general de G.

"C.P. ...

"C.c.p. Diputado ... Presidente de la Gran C.�n de la LIV Legislatura del Estado de M�xico y miembro de la C.�n Inspectora de la Contadur�a General de G..

C.c.p. ... Subcontador de G..

C.c.p. ... Subdirector jur�dico de la Contadur�a General de G.."

Dicha documental, no obstante ser copia certificada de su original, no adquiere por s� calidad de prueba plena toda vez que la misma es a su vez copia simple del oficio que le fue entregado al subdirector jur�dico de la Contadur�a General de G., copia que a la postre fue agregada al expediente abierto para los efectos indicados.

Al tener dicha documental a la vista se puede apreciar una tacha en el lugar donde se se�ala a qui�n se dirigi� el oficio y tambi�n una marca de "paloma" al pie del mismo, de donde se aprecia que �sta es la copia que le fue marcada al referido subdirector jur�dico y que, incluso, carece de la firma aut�grafa de qui�n gir� dicho oficio.

Esto �ltimo encuentra su explicaci�n l�gica en que la documental en referencia es tan s�lo copia certificada de la diversa copia que se le marc� al subdirector jur�dico de la Contadur�a General de G. del oficio girado por el contador general de G. al presidente de la C.�n de Inspecci�n.

Pero en abono al valor que puede arrojar dicha constancia, vale destacar de la misma cuatro sellos ah� estampados: 1) que corresponde al sello de la Contadur�a General de G., estampado justamente en el lugar se�alado para la firma del girador; 2) otro de recibido por la oficina del subcontador de G.; 3) otro de recibido por la oficina del presidente de la C.�n de Inspecci�n; y 4) un �ltimo sello de recepci�n que s�lo tiene legible la parte que dice "presidencia" y que, conforme a las copias que se marcaron en el oficio, es de suponerse que corresponde al recibo efectuado de la copia respectiva en la oficina de la presidencia de la Gran C.�n.

2) De igual manera, es relevante destacar para estos efectos que en el acta que se levant� con motivo de la reuni�n de trabajo de la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G., celebrada el diecisiete de agosto de dos mil uno se hizo constar (p�ginas 484 a 485 del tomo I):

"En el sal�n de juntas previas del recinto del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de L., capital del Estado de M�xico, siendo las once horas del d�a diecisiete de agosto del a�o dos mil uno, constituido el qu�rum por los diputados ... se dio inici� a la reuni�n de la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G., desarroll�ndose en la forma siguiente:

"1. El presidente dio cuenta del orden del d�a integrado por las materias siguientes:

"� Asunto relacionado con el H. Ayuntamiento del Municipio de T., M�xico.

"El orden del d�a es aprobado por unanimidad de votos.

"2. Continuando con el desarrollo de la reuni�n y sobre el asunto relacionado con el H. Ayuntamiento de T., el presidente comunic� a los integrantes de la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G., que en fecha 16 de agosto del a�o en curso recibi� oficio n�mero CGG/1367/01, mediante el cual el contador general de G. hace saber que el H. Ayuntamiento de T., M�xico, a la fecha tiene un atraso considerable en la entrega de los informes mensuales que corresponden desde el mes de enero a junio del a�o dos mil uno, por este motivo este �rgano t�cnico procedi� a iniciar el procedimiento administrativo disciplinario por incumplir con tal obligaci�n, procedimiento que se encuentra en tr�mite de determinaci�n.

"La secretaria dio lectura al documento.

"La presidencia abre la discusi�n del asunto y lo somete a la consideraci�n de los integrantes de la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G. quienes acuerdan, por unanimidad de votos, intervenir la Tesorer�a de ese H. Ayuntamiento, en t�rminos de lo dispuesto en los art�culos 11, fracci�n XV y 47, fracci�n VI, �ltimo p�rrafo, de la Ley Org�nica para la Contadur�a General de G. del Poder Legislativo del Estado de M�xico.

La presidencia dispone la notificaci�n del presente acuerdo para los efectos legales que corresponden ...

3) Oficio n�mero CGG/SJ/1377/01 de fecha veintid�s de agosto de dos mil uno girado por el contador general de G. y dirigido al presidente de la C.�n Inspectora de la Contadur�a General de G., en cuyo contenido se se�ala (p�gina 487 del primer tomo):

"CGG/SJ/1377/01

"Toluca, M�xico, a 22 de agosto de 2001

"Dip. ...

"Presidente de la C.�n Inspectora de la Contadur�a General de G..

"En respuesta a su solicitud y en seguimiento a nuestro oficio n�mero CGG/1367/01, me permito hacer de su conocimiento para los efectos procedentes la situaci�n que guarda el H. Ayuntamiento de T., M�xico.

"No ha entregado los informes mensuales del mes de enero a julio de 2001.

"Entreg� la cuenta p�blica anual extempor�neamente.

"Observaciones sin solventar:

"� Administrativas $6'974,684

"� Directas $3'868,574

"Total $10'843,258

"La �ltima vez que contestaron observaciones fue el 20 de junio de 2001 y corresponden a las observaciones de octubre de 2000.

"Estoy a sus �rdenes para cualquier aclaraci�n o ampliaci�n al contenido del presente.

"Atentamente

"El contador general de G.

"C.P. ...

"(R�brica)

"C.c.p. Diputado ... Presidente de la Gran C.�n de la LIV Legislatura del Estado de M�xico y miembro de la C.�n Inspectora de la Contadur�a General de G..

"C.c.p. ... Subcontador de G..

"C.c.p. ... Subdirector jur�dico de la Contadur�a General de G.."

Al igual que en el caso del oficio mencionado en el inciso 1) anterior, esta documental, no obstante ser copia certificada de su original, no adquiere por s� misma calidad de prueba plena en tanto es, a su vez, copia simple del oficio que le fue entregado al subdirector jur�dico de la Contadur�a General de G., misma que a la postre fue agregada al expediente abierto para los efectos indicados.

En efecto, al tener dicha documental a la vista se puede apreciar una tacha en el lugar donde se se�ala a qui�n se dirigi� el oficio y tambi�n una marca de "paloma" al pie del mismo, de donde se aprecia que �sta es la copia que le fue marcada y entregada al referido subdirector jur�dico, pero en esta ocasi�n s� lleva estampada la firma aut�grafa de quien gir� dicho oficio.

4) Asimismo, debe destacarse tambi�n el contenido del acta que se levant� con motivo de la reuni�n de trabajo de la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G. celebrada el veintitr�s de agosto de dos mil uno (p�ginas 489 a 490 del tomo I):

"En el sal�n de juntas previas del recinto del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de L., capital del Estado de M�xico, siendo las doce horas del d�a veintitr�s de agosto del a�o dos mil uno, constituido el qu�rum por los diputados ... se dio inici� a la reuni�n de la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G., desarroll�ndose en la forma siguiente:

"1. El presidente dio cuenta del orden del d�a integrado por las materias siguientes:

"� Asunto relacionado con el H. Ayuntamiento del Municipio de T., M�xico.

"� Asunto relacionado con ...

"El orden del d�a es aprobado por unanimidad de votos.

"2. Prosiguiendo con el desarrollo de la reuni�n y por lo que hace al asunto relacionado con el H. Ayuntamiento de T., el presidente comunic� a los integrantes de la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G. que en fecha 22 de agosto del a�o en curso recibi� oficio n�mero CGG/1377/01, mediante el cual el contador general de G. hace saber, para los efectos procedentes, la situaci�n que guarda el H. Ayuntamiento de T., M�xico, sobre irregularidades e incumplimiento de obligaciones conforme la siguiente descripci�n:

"No ha entregado los informes mensuales del mes de enero a julio de 2001.

"Entreg� la cuenta p�blica anual extempor�neamente.

"Observaciones sin solventar:

"� Administrativas $6'974,684

"� Directas $3'868,574

"Total $10'843,258

"� La �ltima vez que contestaron observaciones fue el 20 de junio de 2001 y corresponden a las observaciones de octubre de 2000.

"La secretaria dio lectura al documento.

"H.�ndose hecho del conocimiento de los integrantes de la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G. el comunicado remitido por el contador general de G., la presidencia abre la discusi�n del asunto y lo somete a la consideraci�n de los diputados. Como resultado del an�lisis los integrantes de la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G., por unanimidad de votos, acordaron solicitar la revocaci�n definitiva del nombramiento del titular de la Tesorer�a M., en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 47, fracciones I, V y VI, de la Ley Org�nica para la Contadur�a General de G. del Poder Legislativo del Estado de M�xico, en relaci�n con el art�culo 44, �ltimo p�rrafo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores P�blicos del Estado de M�xico.

La presidencia dispone la notificaci�n del presente acuerdo para los efectos legales que corresponden. ...

5) Finalmente, para corroborar la existencia de tales comunicaciones tambi�n debe destacarse el dicho del propio presidente de la C.�n de Inspecci�n cuando se�al�, en oficio dirigido al Ministro instructor, externado por escrito, al desahogar cierto requerimiento que le fue realizado, en el sentido de que el contador general de G. le gir� e hizo llegar los oficios antes relatados y que la C.�n de Inspecci�n sesion� y acord� lo conducente en las actas a las que tambi�n se ha venido haciendo referencia (p�gina 718 del tomo I).

Con la excepci�n de esta �ltima documental cuyo original s� obra en autos, todas las dem�s obran en copia certificada y si bien individualmente podr�an no acreditar de manera plena el extremo en estudio, adminiculadas entre s� permiten inferir v�lidamente y tener por acreditado que, contrario a lo aducido por las demandadas, s� hubo comunicaciones por parte del contador general de G. hacia la C.�n de Inspecci�n, en las que inform� de las supuestas irregularidades en que hab�a incurrido el Municipio actor, valor probatorio que se reconoce con apoyo en los art�culos 129, 190, 197, 200 y 202 del C�digo F. de Procedimientos Civiles, ordenamiento supletorio por disposici�n de la ley reglamentaria de este juicio.

Sin embargo, no obstante que se acredita la existencia de las dos comunicaciones giradas por la Contadur�a General a la C.�n de Inspecci�n, el juicio resulta improcedente en contra de dichas comunicaciones en tanto que, por s� mismas, no son susceptibles de generar un agravio al quejoso, elemento indispensable en juicios de esta �ndole y que da lugar al inter�s jur�dico necesario para hacer viable su impugnaci�n, como refiere la siguiente jurisprudencia:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIV, julio de 2001

"Tesis: P./J. 83/2001

"P�gina: 875

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTER�S LEG�TIMO PARA PROMOVERLA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sostenido, en la tesis n�mero P./J. 71/2000, visible en la p�gina novecientos sesenta y cinco del Tomo XII, agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyo rubro es ?CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. DIFERENCIAS ENTRE AMBOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL.?, que en la promoci�n de la controversia constitucional, el promovente plantea la existencia de un agravio en su perjuicio; sin embargo, dicho agravio debe entenderse como un inter�s leg�timo para acudir a esta v�a el cual, a su vez, se traduce en una afectaci�n que resienten en su esfera de atribuciones las entidades poderes u �rganos a que se refiere la fracci�n I del art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en raz�n de su especial situaci�n frente al acto que consideren lesivo; dicho inter�s se actualiza cuando la conducta de la autoridad demandada sea susceptible de causar perjuicio o privar de un beneficio a la parte que promueve en raz�n de la situaci�n de hecho en la que �sta se encuentre, la cual necesariamente deber� estar legalmente tutelada, para que se pueda exigir su estricta observancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

"Controversia constitucional 9/2000. Ayuntamiento del Municipio de Nativitas, Estado de Tlaxcala. 18 de junio de 2001. M.�a de diez votos. Disidente: Jos� de Jes�s G.�o P.. Ponente: O.S.C. de G.�a V.. Secretario: P.A.N.M.�n.

"El Tribunal Pleno, en su sesi�n p�blica celebrada hoy dieciocho de junio en curso, aprob�, con el n�mero 83/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. M�xico, Distrito F., a dieciocho de junio de dos mil uno."

En efecto, trat�ndose de los actos precedentes que dan lugar al acto que a la postre es el que se tilda de inconstitucional, en la medida en que �stos por s� mismos no constituyen la fuente del agravio, y si �stos no son reclamados por vicios propios, el juicio respecto de los mismos ser� improcedente. Bajo estas consideraciones y tomando en cuenta que los actos aqu� en estudio, seg�n se aprecia de la integridad del escrito de demanda, no se ha impugnado por vicios propios, con fundamento en el art�culo 19, fracci�n VIII, en relaci�n con el diverso 43 de la ley de la materia y con apoyo en la jurisprudencia reci�n citada, el juicio resulta improcedente en su contra.

Por otra parte, s� es fundada la inexistencia invocada como causa de improcedencia respecto de "los acuerdos, prove�dos y resoluciones de la Contadur�a General de G." que se refirieran a las supuestas irregularidades en el manejo de la Tesorer�a del Ayuntamiento del Municipio de T., M�xico, pues, salvo por las anteriores comunicaciones ya referidas, no se prob� en autos la existencia de tales actos imputados a la Contadur�a General de G., por lo que con fundamento en la fracci�n III del art�culo 20 de la ley reglamentaria de la materia, ha lugar a sobreseer en el juicio respecto de dichos "acuerdos, prove�dos y resoluciones de la Contadur�a General de G.".

Para mayor claridad, no huelga expresar que los sobreseimientos decretados en este apartado V.1. se refieren a las comunicaciones giradas por la Contadur�a General de G. a la C.�n Inspectora de la misma, as� como a los acuerdos, prove�dos y resoluciones tomadas por la propia Contadur�a General; no hay tal sobreseimiento respecto de los acuerdos tomados por la C.�n Inspectora que quedaron referidos en los incisos numerados de p�ginas precedentes, pues su invocaci�n fue s�lo como apoyo documental probatorio de que s� existieron las comunicaciones respecto de las cuales se sobresee en el juicio.

V.2. Por otra parte, no obstante su inclusi�n como actos impugnados en el cap�tulo respectivo de la demanda, no se tendr� como tal la:

"D.�n de que como consecuencia de la ilegalidad y anticonstitucionalidad de sus actos, resultan inv�lidas las �rdenes en relaci�n a la intervenci�n de la hacienda y Tesorer�a M. y del procedimiento de revocaci�n definitiva de nombramiento de tesorero municipal." (p�rrafo 7, primer p�rrafo, cap�tulo de actos impugnados de la demanda, transcrito en el resultando segundo de esta ejecutoria).

Esta manifestaci�n se entiende, dado su contenido, como una cuesti�n petitoria de la demanda, y no como un acto destacadamente impugnado.

En esta misma l�nea, tampoco se entender�n como actos destacadamente impugnados:

"... todas las �rdenes, acuerdos y prove�dos que la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G., as� como el contador general de G. expidan o emitan para invadir, conculcar y violar la esfera de competencias municipales relativasal manejo de la hacienda y administraci�n p�blica municipales o a la autonom�a hacendaria y financiera del Municipio de T., M�xico." (p�rrafo 7, segundo p�rrafo, �dem).

Esto �ltimo porque, en la medida en que dichos actos no han sido definidos o precisados de alguna manera en la demanda ni durante el juicio, no cabe m�s que entender que en ese concepto se impugnan o se refieren aquellos actos que sean consecuencia jur�dica y f�ctica de la intervenci�n decretada a su tesorer�a as� como a la solicitud de revocaci�n del nombramiento del tesorero, y en la medida en que s�lo son actos derivados de otros impugnados, la determinaci�n que se haga respecto de estos �ltimos habr� de provocar, en su caso, la validez de �stos.

V.3. Por otra parte, el gobernador del Estado adujo que no existen los actos de "vigencia" y "aplicaci�n" de la Ley Org�nica para la Contadur�a General de G. que de �l se reclaman; se�ala que la "vigencia" de una norma es el momento en el que �sta entra en vigor y que ello es algo que se determina por el propio decreto, por lo que no le es reprochable a �l.

Asimismo, que la "aplicaci�n" de la norma contenida en dicho ordenamiento no es un acto que le sea atribuible, por lo que debe sobreseerse ante la inexistencia de dichos actos.

Resulta innegable que la vigencia de una norma, como apunta dicha demandada, es un momento que determina el propio legislador y no un acto propiamente, menos a�n atribuible al Ejecutivo Estatal; sin embargo, el ordenamiento respecto del cual se aduce esta causal de improcedencia, la Ley Org�nica para la Contadur�a General de G., como ya se ha dicho en varias ocasiones a lo largo de esta ejecutoria, s� le fue aplicado al actor por una de las demandadas.

Ciertamente, no le fue aplicado por el Ejecutivo Estatal, tal como �l lo se�ala, pero s� le fue aplicado, y ello es raz�n suficiente para admitir el examen de la constitucionalidad del mismo.

No se inadvierte que el Municipio se�ala en su libelo que, entre otras cosas, reprocha al Ejecutivo Estatal la vigencia y aplicaci�n de este ordenamiento, pero ello m�s que nada debe entenderse como una deficiencia en el escrito de demanda, superado el cual no queda lugar a dudas que lo que de �l se reprocha es la promulgaci�n y publicaci�n de dicho cuerpo legal. Motivos estos por los que es de desestimarse la causal aqu� en comento.

V.4. Por su parte, la legislatura adujo que siendo el objeto de la controversia constitucional la tutela de esferas de competencias, y toda vez que los actos materia de la controversia no vulneran la esfera de competencia del Municipio actor y la legislatura es competente para realizarlos, el juicio debe ser improcedente.

Tal argumento es inatendible y por ello habr� de desestimarse, en tanto no constituye propiamente una causa de improcedencia de este juicio, sino que es tendente a justificar la constitucionalidad de los actos, lo que corresponde al an�lisis de fondo y no de procedencia, como se�ala la jurisprudencia que enseguida se reproduce:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBER� DESESTIMARSE. En reiteradas tesis este Alto Tribunal ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una controversia constitucional se hace valer una causal donde se involucra una argumentaci�n en �ntima relaci�n con el fondo del negocio, debe desestimarse y declararse la procedencia, y, si no se surte otro motivo de improcedencia hacer el estudio de los conceptos de invalidez relativos a las cuestiones constitucionales propuestas.

"Controversia constitucional 31/97. Ayuntamiento de Temixco, M.. 9 de agosto de 1999. M.�a de ocho votos. Ausente: J.V.A.A.�n. Disidentes: Jos� de Jes�s G.�o P. y G.I.O.M.. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretario: H.S.C.." (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo X, septiembre de 1999, tesis P./J. 92/99, p�gina 710).

V.5. Asimismo, el Poder Legislativo demandado afirma que la controversia constitucional es improcedente debido a que los actos impugnados son inherentes al fincamiento de responsabilidades administrativas y, en consecuencia, conforme a los art�culos 54 de la Ley Org�nica de la Contadur�a General de G., 65 y 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores P�blicos del Estado de M�xico y 186 del C�digo de Procedimientos Administrativos del mismo Estado, son impugnables en la v�a administrativa, por lo que la acci�n intentada resulta improcedente, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 19, fracci�n VI, de la ley de la materia.

Este planteamiento es infundado.

En efecto, sin necesidad de entrar a discernir si los actos impugnados y las disposiciones en ellos aplicadas tambi�n impugnadas son o no cuestiones inherentes o derivadas del fincamiento de responsabilidades administrativas, lo cierto es que en este juicio se cuestiona la constitucionalidad del precepto en que se fundamentan los mismos, por estimar el actor que violentan el art�culo 115 de la Carta Magna, estudio que no puede realizarse en una instancia local, y que es propiamente competencia de este tribunal.

Dicho de otra manera, en la especie se cuestiona la validez de esos actos en tanto que se estima por el actor que la norma local en que se fundamentan es contraria a la Constituci�n General, por lo que, dadas estas particularidades, no se puede exigir al promovente que acuda, previo a este juicio, ante una instancia local que no tiene competencia legal para resolver un planteamiento de inconstitucionalidad como el que se hace.

En este sentido se ha pronunciado este propio Pleno al sustentar la jurisprudencia que dice:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XV, enero de 2002

"Tesis: P./J. 136/2001

"P�gina: 917

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA V�A PREVISTA EN LA LEGISLACI�N LOCAL S�LO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCI�N FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESI�N SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACI�N A NORMAS LOCALES. El art�culo 19, fracci�n VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece como causal de improcedencia de las controversias constitucionales el que no se haya agotado la v�a legalmente prevista para la soluci�n del conflicto, principio de definitividad que trat�ndose de recursos o medios de defensa previstos en las legislaciones locales s�lo opera cuando en la demanda no se planteen violaciones directas e inmediatas a la Constituci�n F., sino violaciones a la legislaci�n local que, como consecuencia, produzcan la transgresi�n a normas de la Carta Magna, pues el �rgano local a quien se atribuya competencia para conocer del conflicto carece de ella para pronunciarse sobre la vulneraci�n a disposiciones de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la interpretaci�n de la Norma Fundamental corresponde dentro de nuestro sistema constitucional, en exclusiva, al Poder Judicial de la Federaci�n y, concretamente en el caso de controversias constitucionales, a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

"Controversia constitucional 6/2001. Ayuntamiento del Municipio de Ju�rez, C.. 25 de octubre de 2001. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: J.D.�az R. y Jos� de Jes�s G.�o P.. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretaria: L.F.M.G.P..

"El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprob�, con el n�mero 136/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. M�xico, Distrito F., a seis de diciembre de dos mil uno."

Finalmente, no huelga se�alar que, por haber sido temas ya abordados en las consideraciones precedentes, los siguientes motivos de improcedencia aducidos por las partes no ser�n objeto de nuevo y pormenorizado estudio:

V.6. La falta de legitimaci�n procesal del promovente, toda vez que en t�rminos de la Ley Org�nica M. no le corresponde a �l la representaci�n jur�dica del Municipio, sino al s�ndico, motivo que aducen todas las demandadas; ello ha sido objeto de estudio y pronunciamiento en el considerando tercero de esta ejecutoria.

V.7. La falta de legitimaci�n pasiva en la causa que aduce respecto de s� mismo, el contador general de G. respecto de la Contadur�a General de G., as� como el presidente de la C.�n de Inspecci�n respecto de la propia comisi�n; el pronunciamiento respectivo qued� expresado en el considerando anterior, concretamente en el punto IV.4.

As� las cosas, al no existir m�s planteamientos de improcedencia que deban ser analizados, como tampoco advertirse otros oficiosamente, lo conducente es proceder al estudio de fondo del presente asunto.

SEXTO

Sin embargo, antes de entrar de lleno a dicho estudio se estima conveniente recapitular cu�les s� fueron los actos y normas respecto de los cuales result� procedente este juicio; �stos son:

1) El art�culo 47, �ltimo p�rrafo, de la Ley Org�nica para la Contadur�a General de G. del Poder Legislativo del Estado de M�xico, particularmente en la porci�n normativa conforme a la cual se faculta a la C.�n de Inspecci�n de la Legislatura Estatal a intervenir la tesorer�a de los Municipios, en los supuestos ah� previstos; as� como en aquella porci�n normativa en la que se faculta a la C.�n de Inspecci�n de la Legislatura Estatal a solicitar la revocaci�n del nombramiento del tesorero municipal en los supuestos ah� previstos;

2) El oficio de la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G. del Poder Legislativo fechado el diecisiete de agosto de dos mil uno, por el que se comunica la determinaci�n de intervenir la tesorer�a del Municipio actor, as� como el nombramiento del propio interventor (p�rrafo 4.A), �dem).

3) Oficio de la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G. del Poder Legislativo fechado el veinticuatro de agosto del mismo a�o, mediante el cual solicita al presidente del Municipio actor la revocaci�n definitiva del nombramiento del tesorero municipal (p�rrafo 4.B), �dem).

As� las cosas y toda vez que los conceptos de invalidez "tercero" y "cuarto", seg�n quedaron plasmados en el escrito de demanda, se dedican a combatir la invalidez de la Ley Org�nica del Poder Legislativo Local, as� como de su reglamento, ordenamientos respecto a los cuales el juicio result� improcedente, dichos conceptos no ser�n aqu� objeto de estudio.

En cambio, s� lo ser�n, en tanto se enderezan a combatir los actos y normas respecto de los que el juicio s� procedi�, los conceptos de invalidez primero y segundo, as� como los diversos motivos de anulaci�n que esgrime respecto de dichos actos y normas a lo largo del texto de su demanda, aun cuando no se ubican precisamente en el cap�tulo de la misma llamado "conceptos de invalidez".

Los motivos de anulaci�n expresados por el actor en estos rubros son, en s�ntesis:

  1. Que la intervenci�n de la Tesorer�a M. se realiz� sin fundamento ni motivo, y sin que mediara un procedimiento en el cual el Municipio hubiese sido o�do en garant�a de audiencia (n�mero trece del cap�tulo de hechos).

  2. Que el procedimiento administrativo disciplinario no se sujet� a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores P�blicos del Estado de M�xico ni en el C�digo de Procedimientos Administrativos Local, pues al ser citados el presidente municipal, el tesorero y el s�ndico para la garant�a de audiencia que se les dio, no se les comunic� cu�l era la naturaleza, fines y alcances de ese procedimiento, como tampoco se les previno del derecho que en todo caso resultar�a afectado con la resoluci�n que, en su caso, llegara a dictarse (n�mero trece del cap�tulo de hechos).

  3. Que a la fecha no existe sentencia o resoluci�n dictada en dicho procedimiento o, de existir, no les ha sido legalmente notificada (n�mero trece del cap�tulo de hechos).

  4. Que la legislatura no tiene competencia o atribuciones para intervenir la Tesorer�a M. ni para solicitar la remoci�n definitiva del tesorero municipal (primer concepto de invalidez).

  5. Que tanto la intervenci�n como la solicitud de remoci�n del tesorero no est�n fundados y motivados (primer concepto de invalidez).

  6. Que en tanto la ley no previene cu�les son los alcances, fines, formas y dem�s caracter�sticas de la intervenci�n, y siendo que las autoridades s�lo tienen las facultades que expresamente les conceden las leyes, la C.�n de Inspecci�n no puede decretar la intervenci�n al carecer de facultades para determinar los efectos, alcances y dem�s particularidades de la misma, y m�s a�n sustituir o delegar a favor de un interventor una atribuci�n de la que carece (primer concepto de invalidez).

  7. Que la intervenci�n prevista en el �ltimo p�rrafo del art�culo 47 de la Ley Org�nica de la Contadur�a General de G. es contraria a las fracciones II y IV del art�culo 115 constitucional, toda vez que conculca la libre hacienda municipal y a la libertad de administraci�n p�blica municipal (primer concepto de invalidez).

  8. Que la Constituci�n Local faculta a la legislatura para fiscalizar y vigilar el manejo de los recursos municipales, as� como revisar su cuenta p�blica, pero ello no tiene por alcance ni le da competencia para decretar la intervenci�n de la administraci�n municipal (primer concepto de invalidez).

  9. La C.�n de Inspecci�n, como comisi�n de dictamen que es, debi� sujetarse a lo previsto en el art�culo 72 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo Estatal, as� como a su reglamento, particularmente en su art�culo 22, para resolver sobre la intervenci�n o solicitud de remoci�n; esto hubiera implicado que el presidente de la C.�n de Inspecci�n diera cuenta de la situaci�n al presidente del Congreso y que �ste sometiera la cuesti�n a discusi�n y resoluci�n por la asamblea en Pleno. Pero no se sigui� ese procedimiento (primer concepto de invalidez).

  10. Ambos actos, tanto el de la intervenci�n como la solicitud de remoci�n, se dictaron sin que previamente se hubiera seguido un procedimiento en el cual se hubieran cuidado las formalidades esenciales del mismo (primer concepto de invalidez).

  11. Que la intervenci�n es particularmente grave, pues concentra en el interventor todas las decisiones concernientes a la administraci�n p�blica del Municipio, en tanto que �ste tiene las m�s amplias facultades, seg�n �l mismo decida, por lo que se est� en presencia de la discrecionalidad m�s absoluta e inadmisible de que pueda gozarse (primer concepto de invalidez).

  12. El interventor sustituye al �rgano de Gobierno M. -el Ayuntamiento- y a los titulares que fueron nombrados por �ste, en ejercicio de las atribuciones exclusivas y propias para administrar la hacienda p�blica, por lo que, adem�s de violentar la libre administraci�n municipal, la intervenci�n conculca tambi�n la autonom�a pol�tica, econ�mica y administrativa del Municipio (segundo concepto de invalidez).

  13. Por disposici�n del art�culo 115, fracci�n IV, constitucional, las Legislaturas Locales est�n facultadas para revisar y fiscalizar las cuentas p�blicas municipales, facultad que reitera la Constituci�n Local. Para este cometido la propia Carta Local establece un �rgano t�cnico, la Contadur�a General de G..

    Sin embargo, ni la Constituci�n General ni la Local facultan a la legislatura, a sus comisiones o al �rgano t�cnico referido para intervenir la Tesorer�a M. e impedir con ello el manejo libre de la hacienda y de la administraci�n p�blica municipal. De suerte tal que, al intervenir la Tesorer�a M., la demandada se arroga facultades que no tiene (segundo concepto de invalidez).

  14. El art�culo 115 constitucional s�lo faculta a la legislatura a revisar y fiscalizar las cuentas p�blicas de los Municipios, pero no la faculta para sustituirse en los �rganos de administraci�n municipales por conducto de interventores, ni a sustituir al Ayuntamiento en las decisiones respecto a la administraci�n de su hacienda.

    Por lo cual aduce el actor que la legislatura demandada pas� de vigilante a administrador, y no se advierte qui�n responder� de esos manejos (segundo concepto de invalidez).

S�PTIMO

Para mayor claridad, los conceptos de anulaci�n ser�n estudiados en dos partes, primero, en aquello atinente a la constitucionalidad de la intervenci�n a la Tesorer�a M. y despu�s lo propio respecto de la solicitud de remoci�n definitiva del tesorero.

Ahora bien, por lo que ata�e al reproche de inconstitucionalidad que formula el actor respecto de la intervenci�n a la Tesorer�a M., es de se�alarse que este tribunal es de la opini�n de que, en efecto, tal como se aduce, es inconstitucional la porci�n normativa del �ltimo p�rrafo del art�culo 47 de la Ley Org�nica de la Contadur�a General de G., cuando dice:

La C.�n Inspectora de la Contadur�a General de G., podr� solicitar a la autoridad competente, la suspensi�n temporal o la revocaci�n definitiva del nombramiento o mandato del servidor p�blico municipal que corresponda; en su caso, hasta la intervenci�n de la tesorer�a respectiva, en los casos debidamente acreditados de omisi�n reiterada en el cumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones I, V y VI de este art�culo.

Ciertamente, como lo admite el promovente y como lo arguye tambi�n la legislatura demandada, el Poder Legislativo de cada Estado tiene, conforme marca el propio art�culo 115, fracci�n IV, �ltimo p�rrafo, de la Constituci�n General, la facultad de revisar y fiscalizar el ejercicio que el Municipio haga de sus recursos a trav�s de la revisi�n de la cuenta p�blica municipal. El art�culo referido, en la parte conducente, establece:

"Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

"...

"IV. Los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

...

"Las Legislaturas de los Estados aprobar�n las Leyes de Ingresos de los Municipios, revisar�n y fiscalizar�n sus cuentas p�blicas. Los presupuestos de egresos ser�n aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.

Los recursos que integran la hacienda municipal ser�n ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen conforme a la ley.

En consonancia con dicha disposici�n, la Carta Suprema Local ha reiterado como facultades de la Legislatura Estatal:

"Art�culo 61. Son facultades y obligaciones de la legislatura:

"...

"XXXII. Recibir, revisar y calificar cada a�o las cuentas p�blicas del Estado y Municipios. Para tal efecto contar� con un �rgano t�cnico que se denominar� Contadur�a General de G.;

"XXXIII. Revisar, por conducto de la Contadur�a General de G., las cuentas y actos relativos a la aplicaci�n de los fondos p�blicos del Estado y de los Municipios;

"XXXIV. Fiscalizar la administraci�n de los ingresos y egresos de los Municipios y de sus organismos auxiliares;

"XXXV. Fincar las responsabilidades que resulten de la revisi�n y calificaci�n de las cuentas p�blicas del Estado y de los Municipios y del ejercicio del gasto de los Ayuntamientos."

M�s a�n, el propio Legislativo, al expedir la ley org�nica que lo regula, dispuso el establecimiento de una dependenciaespecialmente destinada para auxiliarle en el desempe�o de estas funciones, misma que se denomina Contadur�a General de G., tal como dispone el art�culo 94 del ordenamiento en cita, que dice:

"Art�culo 94. Para el ejercicio de sus funciones, la legislatura contar� con las dependencias siguientes:

I. Contadur�a General de G. ...

Dependencia facultada por ese mismo ordenamiento para fiscalizar, revisar y calificar las cuentas p�blicas de los Municipios, como establece el art�culo 95, cuya literalidad dispone:

Art�culo 95. Para el control, fiscalizaci�n, revisi�n y calificaci�n del ingreso del gasto p�blico del Estado y Municipios y de los organismos auxiliares, la legislatura dispondr� de la Contadur�a General de G., cuya organizaci�n y funcionamiento se regir�n por su ley org�nica y su reglamento.

Para detallar la normatividad anterior, as� como el �mbito de competencias propio de la Contadur�a General de G., se expidi� la Ley Org�nica para la Contadur�a General de G. del Poder Legislativo del Estado de M�xico, empero, aun cuando las leyes citadas mencionan la existencia de un reglamento de esta �ltima, �ste no ha sido expedido.

As� las cosas, es claro a todas luces que las facultades de revisi�n y fiscalizaci�n de dicho �rgano, as� como aquellas encaminadas para la realizaci�n de ello, son facultades que encuentran como soporte de su constitucionalidad el propio art�culo 115, en la parte de �ste antes reproducida.

Este propio Pleno incluso, apoyado en el texto constitucional referido, ha sentado criterio jurisprudencial en caso an�logo en el cual de manera clara reconoce la constitucionalidad de disposiciones estatales en ese sentido. En efecto, se ha sentado la tesis de jurisprudencia que dice:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XII, agosto de 2000

"Tesis: P./J. 72/2000

"P�gina: 964

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ART�CULOS 45 Y 58, F.V., DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, QUE FACULTAN AL CONGRESO DE ESA ENTIDAD PARA REVISAR Y CALIFICAR LAS CUENTAS P�BLICAS MUNICIPALES, NO TRANSGREDEN EL ART�CULO 115, FRACCI�N IV, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL. El art�culo 45 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Tamaulipas que faculta al Congreso Local para examinar las cuentas de recaudaci�n y aplicaci�n de los fondos p�blicos municipales, con el objeto de determinar si las cantidades percibidas y gastadas est�n de acuerdo con las partidas respectivas de los presupuestos; si se actu� de conformidad con las leyes de la materia; si los gastos est�n justificados y si ha lugar a exigir alguna responsabilidad; y el diverso art�culo 58, fracci�n VI, del propio ordenamiento que dispone que corresponde al citado Congreso, por conducto de la Contadur�a M. de Hacienda, realizar la revisi�n y calificaci�n de la cuenta p�blica municipal, no transgreden el art�culo 115, fracci�n IV, de la Constituci�n F.. Si bien es cierto que conforme a lo dispuesto por este precepto constitucional, las Legislaturas de los Estados tienen la facultad gen�rica de aprobar las Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos y revisar sus cuentas p�blicas, ello es con la finalidad de revelar el estado de las finanzas p�blicas municipales, as� como asegurar la realizaci�n transparente de los planes municipales de desarrollo y sus programas por medio de la verificaci�n de la asignaci�n adecuada de los recursos disponibles, el control, vigilancia y fincamiento de responsabilidades, por lo que las atribuciones concedidas en los art�culos 45 y 58, fracci�n VI, de la citada Constituci�n Local, no contrar�an o exceden las conferidas por el precepto de la Constituci�n F. de referencia.

"Controversia constitucional 15/98. Ayuntamiento del Municipio de R�o Bravo, Tamaulipas. 11 de mayo de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: J.V.A.A.�n. Ponente: H.R.P.. Secretario: P.A.N.M.�n.

El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada hoy once de julio en curso, aprob�, con el n�mero 72/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. M�xico, Distrito F., a once de julio de dos mil.

Estas facultades constitucionalmente otorgadas a las Legislaturas Estatales para su cabal realizaci�n, pueden incluir entre las normas que las desarrollan tanto disposiciones tendentes a sancionar aquellas conductas, positivas o negativas, por las que se evada el cumplimiento de las mismas o se contravengan expresamente impidiendo as� la ejecuci�n de los actos necesarios para el cumplimiento de esa tarea fiscalizadora, como tambi�n pueden incluir disposiciones tendentes a asegurar el cumplimiento de las mismas, como ser�an la fijaci�n o la posibilidad de decretar medidas precautorias con ello vinculadas.

Sin embargo, dichas normas de desarrollo, aun cuando su naturaleza o fines sean meramente precautorios o punitivos, no pueden llegar al extremo de vulnerar la esfera de atribuciones de que constitucionalmente goza el fiscalizado, en este caso, el Municipio. Esto es, la esfera de atribuciones de que goza el fiscalizado, es decir, el Municipio, funge como extremo y l�mite de las facultades de revisi�n y fiscalizaci�n que tiene atribuidas el fiscalizador.

En la especie, el art�culo 47, �ltimo p�rrafo, de la Ley Org�nica para la Contadur�a General de G. estatuye la posibilidad de decretar la intervenci�n de la Tesorer�a M. ante el incumplimiento reiterado de dicha entidad de ciertas obligaciones ah� precisadas que sea debidamente acreditado; dicho dispositivo se�ala:

"Art�culo 47. Incurren en responsabilidad administrativa en los t�rminos de esta ley, los servidores p�blicos del Estado y Municipios, que en el ejercicio de sus funciones incumplan con las siguientes obligaciones espec�ficas:

"I.R. oportunamente la cuenta p�blica.

"II. Proporcionar la informaci�n que solicite la Contadur�a General de G. en los t�rminos establecidos en la ley.

"III. Llevar a cabo la revisi�n, integraci�n o comprobaci�n de cuentas conforme a lo establecido por los ordenamientos aplicables.

"IV. Observar las normas aplicables a los procedimientos, m�todos y sistemas en materia de contabilidad, auditor�a gubernamental y archivo contable.

"V.R. informes y dar contestaci�n en los t�rminos de esta ley a las observaciones que haga la Contadur�a General de G., derivadas de la revisi�n de la cuenta p�blica, de los informes mensuales o del resultado de las auditor�as practicadas.

"VI. Remitir los informes mensuales de los estados financieros de la hacienda p�blica municipal y de obras p�blicas municipales en los t�rminos establecidos en esta ley.

"VII. Caucionar el manejo de los recursos p�blicos en los t�rminos establecidos por esta ley.

"VIII. Informar a la Contadur�a General de G., de las enajenaciones y donaciones de los bienes muebles e inmuebles de los Municipios, previamente a la realizaci�n de la operaci�n.

La C.�n Inspectora de la Contadur�a General de G., podr� solicitar a la autoridad competente, la suspensi�n temporal o la revocaci�n definitiva del nombramiento o mandato del servidor p�blico municipal que corresponda; en su caso, hasta la intervenci�n de la tesorer�a respectiva, en los casos debidamente acreditados de omisi�n reiterada en el cumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones I, V y VI de este art�culo.

Esta figura, la de la intervenci�n y, consecuentemente, la del interventor, es una que aparece en diversas ramas del derecho, como son la civil, mercantil, fiscal, bancario y laboral. Se estima ilustrativo acudir a estas materias, aun cuando ello sea de manera sucinta, gen�rica y ejemplificativa, para poner en evidencia lo que no prev� la legislaci�n del Estado de M�xico aqu� impugnada.

En la legislaci�n civil sustantiva y adjetiva, en materia de sucesiones, existen dos tipos de interventores, uno: aquel que designa el J. del conocimiento antes de que sea nombrado el albacea, en cuyo caso �nicamente tienen el car�cter de depositarios; y otro: cuando el heredero o los herederos no hubieren estado conformes con el nombramiento de albacea hecho por la mayor�a tienen derecho de nombrar un interventor que vigile al albacea.

El interventor de la sucesi�n �nicamente se encuentra legitimado para ejercitar acciones en nombre y representaci�n de �sta, cuando no se haya designado todav�a al albacea y previa autorizaci�n judicial, pues si ya fue nombrado s�lo tendr� funciones de vigilancia.

En efecto, la primera clase de interventor ser� un simple depositario, sin poder desempe�ar otras funciones administrativas que las de mera conservaci�n y las que se refieren al pago de deudas mortuorias con autorizaci�n judicial; sin embargo, si por cualquier motivo no hubiere albacea despu�s de cierto tiempo iniciado el juicio sucesorio, podr� el interventor, con autorizaci�n del tribunal, intentar las demandas que tengan por objeto recobrar bienes o hacer efectivos derechos pertenecientes a aqu�llas y contestar las demandas que contra ella se promuevan, y en los casos urgentes podr� el J., aun antes de que se cumpla ese t�rmino de un mes, autorizar al interventor para que demande y conteste a nombre de la sucesi�n.

El interventor nombrado por los herederos no conformes con el albacea no puede tener la posesi�n ni aun interina de los bienes.

Tanto el interventor depositario como el vigilante del albacea estar�n obligados a rendir la cuenta de su administraci�n correspondiente al a�o anterior. Adem�s, los interventores que administren bienes garantizar�n su manejo.

Por �ltimo, en cuanto a los interventores en materia de sucesiones, dicho cargo acabar�, entre otras maneras, por el t�rmino natural del mismo o cuando sea nombrado un albacea, o cuando termine el encargo del albacea al que se vigila.

Igualmente la legislaci�n civil establece que en los casos de embargo, de todo secuestro se tendr� como depositario a la persona que bajo su responsabilidad nombre el acreedor, pudiendo ser �l mismo o el deudor mediante formal inventario.

Ahora bien, cuando el secuestro se efect�a en una finca r�stica, o en una negociaci�n mercantil o industrial, el depositario ser� mero interventor con cargo a la caja, vigilando la contabilidad y tendr� en t�rminos generales las siguientes atribuciones:

I.I. el manejo de la negociaci�n o finca r�stica en su caso, y las operaciones que en ellas respectivamente se hagan, a fin de que produzcan el mejor rendimiento posible;

  1. Vigilar en las fincas r�sticas la recolecci�n de los frutos y su venta, y recoger� el producto de �sta;

  2. Vigilar las compras y ventas de las negociaciones mercantiles, recogiendo bajo su responsabilidad el numerario;

  3. Vigilar la compra de materia prima, su elaboraci�n y la venta de los productos, en las negociaciones industriales, recogiendo el numerario y efectos de comercio para hacerlos efectivos en su vencimiento;

    V.M. los fondos para los gastos de la negociaci�n o finca r�stica y cuidar� de que la inversi�n de esos fondos se haga convenientemente;

  4. Depositar el dinero que resultare sobrante, despu�s de cubiertos los gastos necesarios y ordinarios, como se previene en otras disposiciones;

  5. Tomar provisionalmente las medidas que la prudencia aconseje para evitar los abusos y malos manejos en los administradores, dando inmediatamente cuenta al J. para su ratificaci�n y, en su caso, para que determine lo conducente a remediar el mal.

    En materia mercantil, cuando se efect�en embargos y en lo relativo a nombramientos de un interventor, dada las escasas disposiciones al respecto en el C�digo de Comercio, la legislaci�n civil es aplicable de manera supletoria.

    Sin embargo, en la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito se se�ala que quien otorgue cr�ditos refaccionarios o de habilitaci�n o av�o tiene en todo tiempo el derecho de designar interventor que cuide del exacto cumplimiento de las obligaciones del acreditado.

    Por otro lado, la Ley de Concursos Mercantiles establece que los interventores representar�n los intereses de los acreedores y tendr�n a su cargo la vigilancia de la actuaci�n del conciliador y del s�ndico, as� como de los actos realizados por el comerciante en la administraci�n de su empresa, teniendo las facultades siguientes:

  6. Gestionar la notificaci�n y publicaci�n de la sentencia de concurso mercantil;

  7. Solicitar al conciliador o al s�ndico el examen de alg�n libro o documento, as� como cualquier otro medio de almacenamiento de datos del comerciante sujeto a concurso mercantil, respecto de las cuestiones que a su juicio puedan afectar los intereses de los acreedores;

  8. Solicitar al conciliador o al s�ndico informaci�n por escrito sobre las cuestiones relativas a la administraci�n de la masa que a su juicio puedan afectar los intereses de los acreedores, as� como los informes que se mencionan en el art�culo 59 de esa ley; y,

  9. Las dem�s que se establecen en esa legislaci�n.

    En materia bancaria cuando en virtud de una inspecci�n se encuentre que operaciones de alguna instituci�n de cr�dito no est�n realizadas en los t�rminos de las disposiciones aplicables, y previo al incumplimiento de las medidas dictadas por el presidente de la C.�n Nacional Bancaria, �l mismo, con acuerdo de la junta de gobierno podr� disponer que un inspector intervenga la instituci�n, a fin de normalizar las operaciones que se hayan considerado irregulares.

    Tal intervenci�n administrativa se llevar� a cabo directamente por el interventor, quien realizar� los actos necesarios para cumplir los objetivos que se se�alen en el acuerdo correspondiente.

    Por otro lado, cuando a juicio de la C.�n Nacional Bancaria y de Valores existan irregularidades de cualquier g�nero en las instituciones de cr�dito que afecten su estabilidad o solvencia y pongan en peligro los intereses del p�blico o acreedores, el presidente de dicho �rgano podr� proponer a la Junta de Gobierno la declaraci�n de intervenci�n con car�cter de gerencia de la instituci�n de que se trate y designar a la persona f�sica que se haga cargo de la instituci�n con el car�cter de interventor-gerente.

    Este interventor-gerente tendr� todas las facultades que normalmente correspondan al consejo de administraci�n de la instituci�n y plenos poderes generales para actos de dominio, de administraci�n, de pleitos y cobranzas, para otorgar y suscribir t�tulos de cr�dito, para presentar denuncias y querellas y desistir de estas �ltimas, y para otorgar los poderes generales o especiales que juzgue convenientes y revocar los que estuvieren otorgados por la instituci�n intervenida y los que �l mismo hubiere extendido.

    Como se advierte, el segundo interventor tiene todas las atribuciones de administraci�n, no as� el primero, ya que �ste s�lo estar� facultado para realizar los objetivos que se�ale el acuerdo por el que se le nombr�.

    Por �ltimo, en materia tributaria las autoridades fiscales, para hacer efectivo un cr�dito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales, requerir�n de pago al deudor y, en caso de que �ste no pruebe en el acto haberlo efectuado, proceder�n a embargar bienes para rematarlos y enajenarlos o a embargar negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, a fin de obtener, mediante la intervenci�n de ellas, los ingresos necesarios que permitan satisfacer el cr�dito fiscal y los accesorios legales.

    Ahora bien, en estos casos de embargo de negociaciones, el depositario designado tendr� el car�cter de interventor con cargo a la caja o de administrador.

    El interventor con cargo a la caja despu�s de separar las cantidades que correspondan por concepto de salarios y dem�s cr�ditos preferentes a que se refiere el c�digo de la materia, deber� retirar de la negociaci�n intervenida el diez por ciento de los ingresos en dinero y enterarlos en la caja de la oficina ejecutora diariamente o a medida que se efect�e la recaudaci�n, y cuando tenga conocimiento de irregularidades en el manejo de la negociaci�n dictar� las medidas provisionales urgentes que estime necesarias para proteger dichos intereses y dar� cuenta a la oficina ejecutora.

    El interventor administrador tendr� todas las facultades que normalmente correspondan a la administraci�n de la sociedad y plenos poderes para ejercer actos de dominio y de administraci�n, para pleitos y cobranzas, otorgar o suscribir t�tulos de cr�dito, presentar denuncias y querellas y desistir de estas �ltimas, previo acuerdo de la oficina ejecutora, as� como para otorgar los poderes generales o especiales que juzgue convenientes, revocar los otorgados por la sociedad intervenida y los que �l mismo hubiere conferido, y no quedar� supeditado en su actuaci�n al consejo de administraci�n, asamblea de accionistas, socios o part�cipes.

    Cuando tales negociaciones no constituyan una sociedad, el interventor administrador tendr� todas las facultades de due�o para la conservaci�n y buena marcha del negocio.

    El interventor administrador en referencia tendr� las siguientes obligaciones:

    I.R. cuentas mensuales comprobadas a la oficina ejecutora.

  10. Recaudar el diez por ciento de las ventas o ingresos diarios en la negociaci�n intervenida y entregar su importe en la caja de la oficina ejecutora a medida que se efect�e la recaudaci�n.

  11. No podr� enajenar los bienes del activo fijo.

    De la exposici�n anterior se advierte que son varias las materias en que se prev� la figura de la intervenci�n pero, en casi todos los casos, los interventores tienen diversas facultades y funciones, desde fungir como un mero vigilante hasta la de fungir como administrador.

    As� las cosas, no es dable concluir que la figura de la intervenci�n prevista en el art�culo 47 impugnado es de mera vigilancia y no de administraci�n, ni que la facultad de intervenir la Tesorer�a M. se encuentra dentro de la facultad de revisi�n de la cuenta p�blica, pues antes que nada la ley es omisa a tal grado que ni siquiera permite advertir cu�l ser�a en este caso el tipo de intervenci�n o las funciones del interventor. Y, como ya se ha visto, dicha figura puede tener matices tan variados que, incluso, pudiera llegar a considerarse que el interventor tiene facultades que s�lo corresponden al administrador.

    En el caso, el art�culo aqu� impugnado no establece hasta qu� grado se intervendr� la tesorer�a y, dado que s�lo se faculta a la legislatura a revisar la cuenta p�blica, pudiera ser que se viole la libertad de administrar su hacienda, en tanto que tal interventor pudiera llegar a tener la calidad de administrador, lo que el art�culo 115 no permite, sino que a lo que autoriza es a revisar y fiscalizar la cuenta p�blica municipal, mas no, en virtud de una intervenci�n, a administrarla.

    En este contexto, la inconstitucionalidad en el presente radica en una cuesti�n de grado, o m�s bien de falta de definici�n del grado y caracter�sticas en que opera la intervenci�n de la Tesorer�a M., como ser�an el aspecto temporal y material que pudiera revestir dicha intervenci�n, pues ante la falta de definici�n de temporalidad se llega a una falta de establecimiento del grado de intervenci�n de que ser� objeto la tesorer�a.

    En este punto, cabe agregar como precisi�n que si bien el art�culo 47 en estudio se refiere a la intervenci�n de la Tesorer�a M., en t�rminos reales lo que se interviene es la hacienda p�blica municipal, pues de acuerdo con los art�culos 94 y 95 de la Ley Org�nica M. del Estado de M�xico, el tesorero municipal es quien recibe la hacienda p�blica municipal y quien la administrar�, por lo que si la tesorer�a se encuentra en manos del interventor, la hacienda tambi�n estar� en manos del mismo.

    En la especie, el art�culo impugnado al no establecer el grado de la intervenci�n que refiere, los l�mites, el objeto ola duraci�n de la misma, deja todo a la discrecionalidad de la autoridad y abierta as� la posibilidad de que la intervenci�n sea absoluta, es decir, en grado de administraci�n, y que su temporalidad queda en la absoluta indefinici�n, y tal situaci�n resulta excedente a la permitida por el art�culo 115 al facultar para la revisi�n y fiscalizaci�n de la cuenta p�blica municipal, as� como contraria a la libertad de administraci�n de la hacienda por parte del Municipio.

    Esto es as�, ya que si el art�culo 115, fracci�n IV, de la Constituci�n F. establece que los Municipios administrar�n libremente su hacienda, y que las Legislaturas de los Estados podr�n revisar y fiscalizar la cuenta p�blica municipal, entonces, se obtiene que una intervenci�n que puede llegar a administrar la hacienda p�blica municipal ser�a contraria a la libre administraci�n municipal y exceder�a la facultad de revisi�n y fiscalizaci�n de la hacienda p�blica.

    Dicho lo anterior, y habi�ndose explicado las razones en que se sustenta la inconstitucionalidad que vicia la porci�n normativa del �ltimo p�rrafo del art�culo 47 de la Ley Org�nica para la Contadur�a General de G. del Poder Legislativo del Estado de M�xico, referente a la intervenci�n de la Tesorer�a M., por razones de �ndole l�gico-jur�dico es innecesario estudiar los dem�s conceptos de invalidez que se esgrimieron en contra de dicha norma. En apoyo de lo anterior es procedente invocar el siguiente criterio jurisprudencial, que si bien est� referido al estudio de la constitucionalidad de actos, es aplicable al estudio de la constitucionalidad de normas por analog�a e igualdad de raz�n, y dice:

    "Novena �poca

    "Instancia: Pleno

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: X, septiembre de 1999

    "Tesis: P./J. 100/99

    "P�gina: 705

    "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ.-Si se declara la invalidez del acto impugnado en una controversia constitucional, por haber sido fundado uno de los conceptos de invalidez propuestos por la parte actora, situaci�n que cumple el prop�sito de este juicio de nulidad de car�cter constitucional, resulta innecesario ocuparse de los restantes argumentos de queja relativos al mismo acto.

    "Controversia constitucional 31/97. Ayuntamiento de Temixco, M.. 9 de agosto de 1999. M.�a de ocho votos. Ausente: J.V.A.A.�n. Disidentes: Jes�s G.�o P. y G.I.O.M.. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretario: H.S.C..

    El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada el siete de septiembre del a�o en curso, aprob�, con el n�mero 100/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. M�xico, Distrito F., a siete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.

    En consecuencia, al haber resultado fundado lo aducido por el actor en torno a la inconstitucionalidad de la norma aqu� en comento, es inconcuso que el acto consistente en el oficio de la C.�n de Inspecci�n de la Contadur�a General de G. del Poder Legislativo fechado el diecisiete de agosto de dos mil uno, por el que comunica al actor la determinaci�n de intervenir su tesorer�a, en tanto que �ste se funda en el precepto reci�n declarado inconstitucional, dicho acto es tambi�n inconstitucional.

    En esta misma l�nea con fundamento en el art�culo 41, particularmente en su fracci�n IV, de la ley reglamentaria de este juicio, mismo que autoriza a este Alto Tribunal a efectuar la determinaci�n de los efectos de esta sentencia, se decreta tambi�n la invalidez del acuerdo tomado por la C.�n Inspectora en su reuni�n de trabajo del diecisiete de agosto de dos mil uno, misma en la que se acord� tal intervenci�n, y que fue reproducida en el considerando segundo, punto II.4., de esta misma ejecutoria, por las mismas razones que aqu� han sido explicadas.

    As� las cosas y por las mismas razones que se asientan en el p�rrafo que precede al anterior, es que huelga analizar los dem�s conceptos de invalidez enderezados en contra del oficio en menci�n.

OCTAVO

Dicho lo anterior, procede realizar el an�lisis relativo a la validez o invalidez de la solicitud de revocaci�n definitiva del nombramiento del tesorero municipal que la legislatura demandada por conducto de la C.�n de Inspecci�n formul� al actor.

Al igual que en el caso estudiado en el considerando anterior, la solicitud que se le formul� al actor descansa en lo consignado en el �ltimo p�rrafo del art�culo 47 de la misma ley org�nica, dispositivo que dispone:

"Art�culo 47. Incurren en responsabilidad administrativa en los t�rminos de esta ley, los servidores p�blicos del Estado y Municipios, que en el ejercicio de sus funciones incumplan con las siguientes obligaciones espec�ficas:

"I.R. oportunamente la cuenta p�blica.

"II. Proporcionar la informaci�n que solicite la Contadur�a General de G. en los t�rminos establecidos en la ley.

"III. Llevar a cabo la revisi�n, integraci�n o comprobaci�n de cuentas conforme a lo establecido por los ordenamientos aplicables

"IV. Observar las normas aplicables a los procedimientos, m�todos y sistemas en materia de contabilidad, auditor�a gubernamental y archivo contable.

"V.R. informes y dar contestaci�n en los t�rminos de esta ley a las observaciones que haga la Contadur�a General de G., derivadas de la revisi�n de la cuenta p�blica, de los informes mensuales o del resultado de las auditor�as practicadas.

"VI. Remitir los informes mensuales de los estados financieros de la hacienda p�blica municipal y de obras p�blicas municipales en los t�rminos establecidos en esta ley.

"VII. Caucionar el manejo de los recursos p�blicos en los t�rminos establecidos por esta ley.

"VIII. Informar a la Contadur�a General de G., de las enajenaciones y donaciones de los bienes muebles e inmuebles de los Municipios, previamente a la realizaci�n de la operaci�n.

"La C.�n Inspectora de la Contadur�a General de G., podr� solicitar a la autoridad competente, la suspensi�n temporal o la revocaci�n definitiva del nombramiento o mandato del servidor p�blico municipal que corresponda; en su caso, hasta la intervenci�n de la tesorer�a respectiva, en los casos debidamente acreditados de omisi�n reiterada en el cumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones I, V y VI de este art�culo."

Ciertamente, el actor no aduce con meridiana claridad alg�n motivo en espec�fico por el que dicha disposici�n de la ley org�nica pueda estimarse inconstitucional en s� misma pues, m�s bien, sus conceptos de anulaci�n, por lo que a la solicitud de revocaci�n del tesorero se refieren, giran en torno a cuestiones de legalidad, como son: que se carece de fundamentaci�n y motivaci�n, que no se sigui� el procedimiento como debi� seguirse, que no se dict� sentencia o resoluci�n alguna, etc�tera.

Empero, este tribunal advierte como causa de su pedir que el actor estima inconstitucional la facultad que el ordinal reci�n reproducido otorga para solicitar la revocaci�n en cuesti�n, pues por una parte reconoce, precisamente, que dicho ordinal (el art�culo 47) consigna esa atribuci�n y m�s adelante afirma que la demandada no tiene competencia o atribuciones para solicitar la remoci�n definitiva del tesorero municipal (n�mero cuatro de la s�ntesis vertida en el sexto considerando). Esta aparente inconsistencia en el dicho del actor no puede sino interpretarse como que cuando afirma que no hay tal atribuci�n, dicha atribuci�n que consigna la ley m�s bien no tiene soporte constitucional, particularmente en el art�culo 115 constitucional.

Sin embargo, este tribunal encuentra esto infundado.

En efecto, el art�culo reci�n citado, particularmente en la porci�n normativa cuya constitucionalidad aqu� se estudia, no faculta a ordenar la revocaci�n del nombramiento del servidor p�blico municipal, sino que faculta solamente a solicitar ante la autoridad competente que se impongan tales sanciones al haberse acreditado una omisi�n reiterada en el cumplimiento de las obligaciones que el propio art�culo establece.

El diverso art�culo 48 del mismo ordenamiento, mismo que tambi�n fue transcrito p�ginas atr�s, establece que, por lo que hace al art�culo 47, la Contadur�a General de G. es el �rgano facultado para determinar o proponer la sanci�n que corresponda, ello en t�rminos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores P�blicos del Estado y Municipios de dicha entidad federativa.

Es as� que, si se atiende al texto del art�culo 47, se advierte que �ste s�lo faculta a solicitar la revocaci�n, por lo que tal solicitud no puede considerarse invasora de la esfera de competencias del Municipio, en tanto que la sola solicitud por s� misma en nada obliga al Municipio. El dispositivo es claro y contiene s�lo una facultad sin connotaci�n imperativa, pues no hay motivo para considerar que el legislador quiso hacer de ese "podr� solicitar" o de la solicitud en s� misma el car�cter de imposici�n o determinaci�n definitiva.

Sin embargo, todo lo anterior no prejuzga sobre que, en la especie, el acto por el cual se aplica dicha atribuci�n sea constitucional tambi�n.

Respecto de la legalidad del acto de aplicaci�n, este tribunal encuentra que el acto de aplicaci�n en m�rito s� resulta contrario a la Constituci�n, particularmente al principio de legalidad en ella consagrado, en tanto que el mismo fue emitido de manera contraria a lo que estipulan las leyes locales en su respecto.

En efecto, siendo que el art�culo 47 en comento no establece la facultad de la C.�n Inspectora como algo imperativo, dicha comisi�n, con apoyo en ese mismo numeral, ejerce tal facultad pero le asigna a �sta una connotaci�n imperativa a la solicitud de revocaci�n, pues se�ala en las l�neas finales de su oficio "... lo anterior se hace de su conocimiento a efecto de que proceda de inmediato al cumplimiento de lo mencionado".

Esto es, siendo que el art�culo invocado por la C.�n Inspectora le faculta s�lo a formular una mera solicitud que no tiene una naturaleza vinculativa, �sta le imprime en su actuar tal imperatividad. Ello se traduce en que el oficio, aqu� acto impugnado, no se encuentre fundado y motivado, pues siendo el art�culo 47 el invocado como fundamento del mismo, �ste s�lo faculta a realizar una solicitud de revocaci�n y no a ordenar la misma, que es precisamente lo que hace la C.�n Inspectora.

En esta medida, los conceptos de invalidez que esgrimi� el actor en contra del acto de la C.�n Inspectora de la Contadur�a General de G. por el que le ordena revocar definitivamente el nombramiento del tesorero municipal, son fundados s�lo en lo referente a su falta de fundamentaci�n y motivaci�n (resumido en el n�mero 5 del considerando sexto), y ello es suficiente por s� mismo para decretar su invalidez, al haber quedado evidenciado el vicio de inconstitucionalidad del que se reviste.

Atento ello, y conforme a la tesis de jurisprudencia citada p�ginas atr�s, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ.", huelga abundar respecto de los dem�s planteamientos formulados por el Municipio actor encaminados a la invalidez del oficio en estudio.

Dicho lo anterior, con fundamento en el art�culo 41, particularmente en su fracci�n IV, de la ley reglamentaria de este juicio, mismo que autoriza a este Alto Tribunal a efectuar la determinaci�n de los efectos de esta sentencia, se decreta tambi�n la invalidez del acuerdo tomado por la C.�n Inspectora en su reuni�n de trabajo del veintitr�s de agosto de dos mil uno, misma en la que se acord� tal intervenci�n, y que fue reproducida en el considerando segundo, punto II.4., de esta misma ejecutoria, por las razones antes expuestas.

NOVENO

Ahora bien, procede recapitular cu�les son los actos y disposiciones cuya invalidez se concluy�, as� como los efectos que corresponden a cada una de esas declaratorias.

En primer t�rmino, se decreta la inconstitucionalidad del oficio de fecha diecisiete de agosto de dos mil uno, por el cual la C.�n Inspectora de la Contadur�a General de G. comunic� al actor que hab�a acordado intervenir la Tesorer�a M., as� como el acuerdo que en dicho sentido tom� la comisi�n legislativa en referencia, seg�n consta en el acta levantada de la reuni�n de trabajo efectuada el mismo d�a, todo ello con base en que el dispositivo en que se fund� tal determinaci�n es contrario a la Constituci�n, y se decreta tambi�n la invalidez de la porci�n normativa del art�culo 47, �ltimo p�rrafo, de la Ley Org�nica para la Contadur�a General de G. del Poder Legislativo del Estado de M�xico en la parte que se�ala que "... hasta la intervenci�n de la tesorer�a respectiva ..."

Igualmente, y por ser consecuencia de lo anterior, se decreta tambi�n la invalidez de los actos que se hayan emitido o realizado por la demandada en raz�n de la intervenci�n de referencia.

Ahora bien, por lo que respecta a la invalidez del oficio por el cual la C.�n Inspectora solicita la revocaci�n definitiva del nombramiento del tesorero municipal, es de se�alarse que toda vez que se reconoce la validez de la norma en que se fund� tal determinaci�n, concretamente la porci�n normativa del �ltimo p�rrafo del art�culo 47 de la misma ley, en la parte que refiere "La C.�n Inspectora de la Contadur�a General de G. podr� solicitar ... la revocaci�n definitiva del servidor p�blico municipal que corresponda ...", la invalidez decretada se circunscribe al oficio en s� mismo, de fecha veinticuatro de agosto de dos mil uno, por las ilegalidades que quedaron expuestas en el considerando anterior, as� como en el acuerdo de la C.�n de Inspecci�n, fechado el d�a previo, mismo que dio lugar al oficio en m�rito.

Por otra parte, las declaratorias de invalidez habr�n de surtir sus efectos a partir de la notificaci�n de esta sentencia.

Finalmente, no huelga se�alar que las declaratorias de invalidez antes decretadas s�lo tendr�n efectos entre las partes y no generales, dado que se trata de la impugnaci�n que hace un Municipio de la Legislatura de su Estado y ubicarse as� en la hip�tesis del �ltimo p�rrafo de la fracci�n I del art�culo 105 constitucional.

Asimismo, que lo anterior no impide que, de estimarlo procedente, las autoridades competentes inicien o prosigan con los procedimientos administrativos disciplinarios a que haya lugar, de ser �stos a�n procedentes y, en su caso, finquen las responsabilidades que resulten; y que, de haber lugar a ello, conforme a la normatividad aplicable y a lo invalidado y asentado en esta ejecutoria, la C.�n Inspectora actu� conforme a derecho corresponda.

Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se

resuelve:

PRIMERO

Con las salvedades que se refieren en los siguientes resolutivos, se sobresee en el juicio respeto de los actos precisados en el resultando segundo.

SEGUNDO

Se declara la invalidez del art�culo 47, �ltimo p�rrafo, de la Ley Org�nica para la Contadur�a General de G. del Poder Legislativo del Estado de M�xico, en la porci�n normativa que se�ala "... hasta la intervenci�n de la tesorer�a respectiva ...", declaratoria cuyos efectos quedaron precisados en el �ltimo considerando; y se declara la validez de ese mismo dispositivo, tambi�n en su �ltimo p�rrafo, en la porci�n normativa que se�ala: "la C.�n Inspectora de la Contadur�a General de G. podr� solicitar ... la revocaci�n definitiva del servidor p�blico municipal que corresponda ..."

TERCERO

Se declara la invalidez de los actos consistentes en: el oficio girado por la C.�n Inspectora de la Contadur�a General de G. del Poder Legislativo del Estado de M�xico y dirigido al Municipio actor, de fecha diecisiete de agosto de dos mil uno por el cual se le comunic� la intervenci�n de su tesorer�a; el acuerdo tomado por dicha C.�n Inspectora de esa misma fecha en el que acord� realizar tal intervenci�n; el diverso oficio girado por la C.�n Inspectora de la Contadur�a General de G. del Poder Legislativo del Estado de M�xico dirigido al presidente municipal del Municipio actor, de fecha veinticuatro de agosto de dos mil uno, por el cual le solicit� la revocaci�n definitiva del nombramiento del tesorero municipal; y el acuerdo tomado por dicha C.�n Inspectora, de veintitr�s de agosto de dos mil uno, en el que acord� realizar tal solicitud al presidente municipal; declaratorias todas estas cuyos efectos fueron precisados en el �ltimo considerando de esta resoluci�n.

CUARTO

Publ�quese esta resoluci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta; en el Diario Oficial de la Federaci�n, as� como en el P.�dico Oficial del Estado de M�xico.

N.�quese; por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.

As� lo resolvi� el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, habiendo sido analizado y discutido previamente el proyecto, se aprob� por unanimidad de once votos de los se�ores Ministros A.A., G�ngora P., C. y C., D�az R., A.A.�n, G.�o P., O.M., R.P., S�nchez C. de G.�a V., S.M. y presidente A.G.�itr�n, quien declar� que el asunto se resolvi� en los t�rminos propuestos.