Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26827767

Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Localizacion:GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Abril de 2000
RESUMEN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 6/98. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALJOJUCA, PUEBLA Y OTROS MUNICIPIOS DE LA MISMA ENTIDAD.AUTORIDAD INTERMEDIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.AUTORIDADES INTERMEDIAS. TIENEN ESE CARÁCTER LOS COMITÉS DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA (LEY PARA EL FEDERALISMO HACENDARIO DEL ESTADO DE PUEBLA).HACIENDA MUNICIPAL. LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES FORMAN PARTE DE AQUÉLLA, PERO SÓLO LAS PRIMERAS QUEDAN COMPRENDIDAS EN EL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 6/98. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALJOJUCA, PUEBLA Y OTROS MUNICIPIOS DE LA MISMA ENTIDAD.

MINISTRO PONENTE: G.I.O.M..

SECRETARIO: O.A.C.Q..

M�xico, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, correspondiente al d�a catorce de marzo de dos mil.

VISTOS; y

RESULTANDO:

PRIMERO

Por escrito presentado en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho, T.�s E. de J.�nimo A. y D.�n C.�s G.�n en su car�cter, respectivamente, de presidente municipal y s�ndico del Municipio de Aljojuca, A.T.R. y P.C.R.�rez en su car�cter, respectivamente, de presidente municipal y s�ndico del Municipio de N., y R.C.�stomo B. y J.S.D. en su car�cter, respectivamente, de presidente municipal y s�ndico del Municipio de Altepexi, Municipios todos ellos del Estado de Puebla, promovieron en representaci�n de sus respectivos Municipios controversia constitucional en contra de los actos y autoridades que a continuaci�n se se�alan:

�rganos demandados y su domicilio. a) El Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, constituido por el Congreso Constitucional del Estado, con domicilio en el recinto oficial de dicho Poder en la ciudad de Puebla, Estado de Puebla, llamado Palacio Legislativo y bien conocido en dicha localidad. b) El Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Puebla, cuyo titular es el C. Gobernador Constitucional de dicho Estado, L.. M.B. D�az, con domicilio en el Palacio de Gobierno del Estado de Puebla, ubicado en la ciudad de Puebla e igualmente bien conocido en dicha localidad. N. general y actos cuya invalidez se demanda y medio oficial en el que se public� tal norma general de la cual derivan los actos que se impugnan. 1. La norma general cuya invalidez se demanda es la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, aprobada por el Congreso del Estado de Puebla el d�a 27 de enero de 1998, promulgada y publicada en el Peri�dico Oficial del Estado el d�a 28 de enero de 1998, la cual entr� en vigor el mismo d�a de su publicaci�n. De esa ley se impugna todo el sentido general que su contenido revela, as� como espec�ficamente las disposiciones de aplicaci�n generales contenidas en los siguientes art�culos de la misma ley impugnada: Art�culos 4o., fracciones VII y IX, 8o., tercer p�rrafo, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, fracciones III y V, 30, 35, 36, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 73, 74, 76, 81, 82, 83, 84, 95, 96, 97 y 98. 2. Tambi�n se impugnan, por carecer de validez constitucional, todos los actos que son o lleguen a ser consecuencia de la aplicaci�n concreta de los preceptos antes mencionados de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, sobre todo por lo que hace a la creaci�n, organizaci�n y funcionamiento de los llamados Comit�s de P.�n para el Desarrollo Municipal y dem�s grupos supuestamente organizados de los diversos sectores que prev� dicha ley, as� como los actos de las Juntas Auxiliares, incluyendo en forma espec�fica los actos tendientes al ejercicio de las atribuciones y funciones que la ley que se combate otorga a dichas autoridades intermedias que pretende establecer en los preceptos antes se�alados. Asimismo, se combaten todos los actos que tambi�n son o lleguen a ser consecuencia de la aplicaci�n de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, tendientes a la administraci�n, distribuci�n, ejecuci�n, ejercicio y fiscalizaci�n de las participaciones y aportaciones federales que corresponden a los Municipios actores. Funciones que la ley impugnada pretende atribuir inconstitucionalmente a las autoridades que trata de establecer, en tanto que la Ley Fundamental y Suprema de toda la Uni�n atribuye incuestionablemente las mismas funciones a otras autoridades leg�timamente establecidas, entre ellas a las autoridades municipales.

SEGUNDO

Los antecedentes del caso son los siguientes:

Hechos que constituyen los antecedentes de la norma general y de los actos cuya invalidez se demanda. 1. El titular del Ejecutivo del Estado de Puebla envi� al Congreso Local la iniciativa de Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla. 2. Dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de G.�n, Justicia y Puntos Constitucionales, y de Hacienda y Patrimonio Estatal y Municipal, para su estudio y dictamen. 3. Las Comisiones Unidas mencionadas sometieron al H. Congreso del Estado de Puebla el dictamen correspondiente con minuta de ley, la cual fue aprobada por mayor�a con fecha 27 de enero de 1998. 4. La Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla as� aprobada, fue turnada al Ejecutivo del Estado para los efectos constitucionales de su promulgaci�n y publicaci�n, habiendo sido publicada en el Peri�dico Oficial del Estado de Puebla, n�mero 12, segunda secci�n, el 28 de enero de 1998, para entrar en vigor el d�a de su publicaci�n, atento a lo dispuesto en su art�culo primero transitorio. 5. A pesar de que la ley que se combate ya entr� en vigor, a�n no se han creado los �rganos que la misma prev�, que tienen el car�cter de autoridades intermedias prohibidas por la Constituci�n, como son los Comit�s de P.�n para el Desarrollo Municipal, raz�n por la cual por este medio se combaten y se impugnan, no solamente la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla en s� misma, espec�ficamente por lo que hace a los art�culos ya se�alados, sino tambi�n todos los actos que son o lleguen a ser consecuencia directa e inmediata de su aplicaci�n: la integraci�n y la atribuci�n de funciones de los comit�s ya referidos; la participaci�n en los actos relacionados con el ejercicio de las funciones de las Juntas Auxiliares, as� como la expedici�n de verdaderas normas de observancia general, inconstitucionalmente delegada por el Poder Legislativo al gobernador del Estado, pues le encomienda en la ley que se combate la emisi�n de un pretendido ?Manual �nico de O.�n para el Federalismo Hacendario?. La Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla es inconstitucional por las razones a que m�s adelante haremos referencia y, por tal motivo, es el cuerpo normativo general que constituye uno de los actos en contra de los cuales se promueve esta controversia constitucional, espec�ficamente por lo que hace a sus art�culos 4o., fracciones VII y IX, 8o., tercer p�rrafo, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, fracciones III y V, 30, 35, 36, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 73, 74, 76, 81, 82, 83, 84, 95, 96, 97 y 98. Esta controversia constitucional tambi�n se promueve en contra de los actos que se realicen o pretendan realizarse como consecuencia directa de la aplicaci�n de dicha ley, espec�ficamente con fundamento en los mencionados art�culos, cuyos actos en forma l�gica y necesaria tambi�n devienen en inconstitucionales. Con la finalidad de facilitar el ejercicio de la funci�n jurisdiccional de ese H. Tribunal Supremo en la presente controversia constitucional, espec�ficamente por lo que toca a la consulta general y total o parcial, o espec�fica de la ley que se impugna, como ya se ha dicho, los promoventes adjuntamos a este escrito como anexo ?10? del mismo, un ejemplar original del ya mencionado �rgano oficial del Gobierno del Estado de Puebla, tomo CCLXXIII, n�mero 12, segunda secci�n, publicado en ?H.P. de Z.?, el mi�rcoles 28 de enero de 1998.

TERCERO

Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:

"Conceptos de invalidez. Antes de expresar los conceptos de invalidez de las disposiciones generales de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla y de los actos que se combaten a trav�s de esta controversia constitucional, es conveniente hacer una breve sinopsis de la evoluci�n que ha tenido la figura del Municipio desde la Constituci�n de 1917, para el efecto de entender cu�l ha sido la tendencia de las diversas reformas constitucionales en cuanto a esa forma de organizaci�n pol�tico-administrativa del Estado, como lo es precisamente el Municipio. Desde el Constituyente de 1917, al elaborar el art�culo 115 constitucional, surgieron con motivo de la Revoluci�n Mexicana diversas ideas en cuanto a la forma de administraci�n de la hacienda municipal. A este respecto, hab�a en ese Congreso Constituyente dos posiciones: La primera, que defend�a la intervenci�n del Ejecutivo Federal en materia de recaudaci�n de impuestos, al argumentar que los Municipios ten�an la obligaci�n de sujetarse a las leyes que dictaran las Legislaturas Locales, pues sosten�a que los Municipios no eran entidades totalmente independientes y aut�nomas, toda vez que ten�an que ver con el Estado en cuyo territorio se encontrara su asiento y demarcaci�n. La segunda, defend�a la libertad municipal y la autonom�a del Ayuntamiento, con el argumento de que el Municipio deber�a tener su hacienda propia, porque desde el momento que tuviese intervenci�n del Estado o de la Federaci�n o de ambos, aqu�l dejar�a de subsistir. De la anterior discusi�n se denota la gran preocupaci�n que habr�a de dar a los Municipios mayor libertad para lograr as� la autonom�a municipal. De esta manera se buscaba que los Municipios fueran la primera c�lula de la organizaci�n democr�tica del pa�s y el primer �rgano de representaci�n pol�tica del individuo dentro de la sociedad. Despu�s de varias sesiones, el Constituyente consagr� la libertad municipal en el art�culo 115 de la Carta Magna, estableci�ndose en la parte conducente, que ?cada Municipio ser� administrado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa, administrando libremente su hacienda, la cual se formar� de las contribuciones que se�alen las Legislaturas de los Estados y que, en todo caso, ser�n las suficientes para atender a las necesidades municipales?. Igualmente, en relaci�n con la autonom�a municipal, el Constituyente de 1917 plasm� en la fracci�n I del art�culo 115 constitucional, la prohibici�n expresa y terminante de la existencia de una ?autoridad intermedia? entre los Municipios y los gobiernos de los Estados, para tratar de resolver as� diversas situaciones, de hecho, que hist�ricamente se hab�an presentado, en virtud de las cuales se creaban, por debajo de los gobiernos de los Estados, diversas figuras o entidades que constitu�an factores reales de poder, que de facto eran reconocidas inclusive por los gobernadores, toda vez que en algunos casos cumpl�an las �rdenes de �stos. As� se socavaba la libertad y autonom�a de las que necesariamente deben gozar los Municipios. Posteriormente, hubo una serie de reformas constitucionales referentes a la instituci�n del Municipio. Una de las m�s importantes y trascendentes es la efectuada en el a�o de 1982, por iniciativa del presidente M. de la Madrid Hurtado, que, en lo referente al patrimonio de los Municipios, establec�a lo siguiente: a) Elevar a rango constitucional el derecho de los Municipios a recibir las participaciones federales que, en su caso, se les asignen, obligando a las Legislaturas Locales a establecer anualmente las bases correspondientes. b) Que los presupuestos de egresos de los Municipios deben ser aprobados s�lo por los Ayuntamientos, con base en los ingresos disponibles. c) Por �ltimo, se incluye la facultad para la celebraci�n de convenios, considerada pertinente, a fin de homologar en el orden constitucional la celebraci�n de convenios que hasta esa fecha se hab�a efectuado entre la Federaci�n y los Estados. Dicha iniciativa fue aprobada por el �rgano revisor de la Constituci�n General de la Rep�blica a que alude el art�culo 135 de la misma. El decreto de reformas constitucionales correspondiente se public� en el Diario Oficial de la Federaci�n el d�a 3 de febrero de 1983. Con lo anterior, de manera muy general, queda clara la tendencia de considerar al Municipio como una organizaci�n pol�tico-administrativa aut�noma, que debe ser administrada por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa, no permiti�ndose, por mandato constitucional, que exista autoridad intermedia alguna entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado. Igualmente, en lo referente a su patrimonio, se le otorga al Municipio la libre administraci�n de su hacienda, facultad que es eminente y evidentemente irrenunciable y, por ello, indelegable en favor de los Gobiernos Estatales o, con mayor raz�n, en favor de cualesquiera autoridades intermedias que dichos gobiernos o aun el Federal, pretendan crear o establecer. Como consecuencia de lo ya se�alado, el art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, espec�ficamente en sus fracciones I y IV, y sus correlativos de la Constituci�n del Estado de Puebla, que son los art�culos 1o., 2o. y 102, en relaci�n con los art�culos 13, 50, fracci�n III, 51 y 52 de la L.O.�nica Municipal del Estado de Puebla, establecen claramente lo siguiente: Que no puede haber autoridad intermedia alguna entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado. Que los Municipios manejar�n su patrimonio conforme a la ley, administrando libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: i) Percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora, as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los Municipios podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administraci�n de esas contribuciones. ii) Las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. iii) Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo. Expuesto lo anterior, pasamos a expresar los siguientes conceptos de invalidez: Primero. V.�n a lo dispuesto por el primer p�rrafo de la fracci�n I del art�culo 115 constitucional, porque, en virtud de diversos preceptos de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, se crean autoridades intermedias entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado. 1. El art�culo 115 constitucional, fracci�n I, primer p�rrafo, establece, en la parte conducente, que el Municipio Libre constituye la base de la divisi�n territorial y de la organizaci�n pol�tica y administrativa de los Estados; que cada Municipio ser� administrado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa y que no habr� autoridad intermedia alguna entre �ste y el Gobierno del Estado. 2. En el mismo sentido, se hallan los siguientes preceptos de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Puebla: Art�culo 1o., que establece que el Estado de Puebla es una entidad jur�dica y pol�tica, organizada conforme a los principios establecidos por la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en vigor. Art�culo 2o., que se�ala que el Estado adopta para su r�gimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre. Art�culo 102, que dispone en su primer p�rrafo, en congruencia con lo anterior, que el Municipio Libre constituye la base de la divisi�n territorial y de la organizaci�n pol�tica y administrativa del Estado, y que cada Municipio ser� administrado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa ... sin que haya ninguna autoridad intermedia entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado. 3. De manera correcta, lo anterior tambi�n es reconfirmado por la L.O.�nica Municipal del Estado de Puebla, en cuyo art�culo 13 igualmente se establece que cada Municipio ser� administrado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa ... y no habr� ninguna autoridad intermedia entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado. 4. Ahora bien, la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, y todos los actos que son consecuencia directa e inmediata de su aplicaci�n, contravienen de modo flagrante el imperativo constitucional que establece: no habr� ninguna autoridad intermedia entre el Ayuntamiento de cada Municipio y el Gobierno del Estado. Efectivamente, todos los preceptos de la ley que se impugna y que de alguna manera se refieren a dichas autoridades intermedias, como son los llamados Comit�s de P.�n para el Desarrollo Municipal, transgreden la disposici�n constitucional a que se refiere este primer concepto de invalidez, toda vez que constituyen autoridades o entidades sobrepuestas al Municipio en la administraci�n de los recursos que le son propios y que constituyen parte fundamental de su patrimonio y su hacienda. Los preceptos de la ley que se combate, que por esta raz�n en particular resultan inconstitucionales, son los art�culos 4o., fracciones VII y IX, 8o., tercer p�rrafo, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, fracciones III y V, 30, 42, 43, 44, 49, 50, 57, 82, 95 y 98. Como se desprende de la lectura de tales disposiciones de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, se est�n creando autoridades intermedias entre los Ayuntamientos y el Gobierno del Estado, denominados Comit�s de P.�n para el Desarrollo Municipal, adem�s de las ya existentes Juntas Auxiliares, con facultades que implican una contravenci�n a la prohibici�n constitucional multimencionada. Ello vulnera y socava la libertad y autonom�a municipales, pues a trav�s de tales autoridades intermedias se condiciona la actuaci�n de los Municipios en cuanto al libre manejo de su patrimonio y la genuina administraci�n de su hacienda. 5. Esto es as�, toda vez que en la ley que se combate se otorgan a los Comit�s de P.�n para el Desarrollo Municipal facultades para planear, discutir, analizar y seleccionar las obras y acciones por realizar, para atender las demandas de la poblaci�n, as� como para aprobar los programas de obras de acciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Sin embargo, tales facultades no son de mera coordinaci�n y de apoyo a la administraci�n p�blica municipal, sino poderes unilaterales de decisi�n y de ejecuci�n, que las coloca por encima de los Gobiernos Municipales, con supremac�a y supraordenaci�n frente a las actividades y atribuciones que la Constituci�n y la ley les confieren a los Municipios, en detrimento y en perjuicio de su libertad y autonom�a. Sirva para confirmar el anterior criterio, la tesis de jurisprudencia que se transcribe a continuaci�n: ?CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. AUTORIDAD INTERMEDIA PROHIBIDA EN EL ART�CULO 115, FRACCI�N I, DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CARACTER�STICAS GENERALES QUE LA IDENTIFICAN. El Constituyente de 1917 impuso la prohibici�n de �autoridad intermedia� a que se refiere la fracci�n I del art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en atenci�n a situaciones de hecho, seg�n informa la historia, en virtud de las cuales se creaban, por debajo de los Gobiernos Estatales, personas conocidas como �jefes pol�ticos� que detentaban un poder real de hecho reconocido por el gobernador, en virtud del cual se cumpl�an las �rdenes de �ste y serv�a para que la autoridad tuviera medios inmediatos de acci�n y centralizaci�n. T.ando en consideraci�n lo anterior, debe establecerse que una autoridad, ente, �rgano o persona de que se trate, no debe tener facultades o atribuciones que le permitan actuar de manera independiente, unilateral y con decisi�n, que no sea resultado o provenga de manera directa de los acuerdos o decisiones tomados por los diferentes niveles de gobierno dentro del�mbito de sus respectivas facultades, a efecto de impedir que la conducta de aqu�llos se traduzca en actos o hechos que interrumpan u obstaculicen la comunicaci�n directa entre el Gobierno Estatal y el Municipio, o que impliquen sustituci�n o arrogaci�n de sus facultades. Controversia constitucional 2/95. J.�s H.T., J.M.G.�lez y M.G.G., en su car�cter de Presidente Municipal, S. y S�ndico Segundo del Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, Estado de Nuevo Le�n, respectivamente, contra el Gobernador, S. General de Gobierno y Congreso Estatal del propio Estado. 13 de mayo de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: M.A.G.�itr�n. Ponente: G.D.G.�ngora P.. S.: O.A.C.Q.. El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada el dos de junio de mil novecientos noventa y siete, aprob�, con el n�mero 50/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. M�xico, Distrito Federal, a dos junio de mil novecientos noventa y siete. Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. T.o: V, junio de 1997. Tesis: P./J. 50/97. P�gina: 343.?. 6. Igualmente, resulta inconstitucional por ser consecuencia directa e inmediata de lo anterior, el art�culo 97 de la ley que se combate, pues dispone que en caso de que los Ayuntamientos no ministren los recursos correspondientes a sus Juntas Auxiliares, el Gobierno del Estado los liquidar� directamente. Tal acto por ser consecuencia de la aplicaci�n de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, tambi�n es claramente inconstitucional. 7. Finalmente, conviene resaltar que a trav�s de la fracci�n VII del art�culo 4o. de la ley que se combate, se est� obligando a los Municipios a integrarse a los �rganos hacendarios, concretamente a los Comit�s de P.�n para el Desarrollo Municipal. Ello es claramente inconstitucional puesto que el Municipio tiene la autonom�a plena en sus funciones y en el manejo de su hacienda. Por tanto, no puede ser obligado a formar parte de un �rgano intermedio, superior al Municipio, que disponga de sus recursos fiscales. Con base en lo anterior, lo procedente conforme a derecho es declarar fundada la presente demanda de controversia constitucional y, consecuentemente, declarar la inconstitucionalidad de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, por lo que hace a los preceptos espec�ficos se�alados en este primer concepto de invalidez. Segundo. Hay violaci�n a lo dispuesto por la fracci�n II y por el inciso B) de la fracci�n IV del art�culo 115 constitucional. Debido a que la aplicaci�n de diversos preceptos de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, impiden que los Municipios actores administren libremente, a trav�s de los Ayuntamientos leg�timamente electos, las participaciones y aportaciones federales que la Federaci�n les cubre, y que son parte de la hacienda municipal. Antes de entrar en el desarrollo de este segundo concepto de invalidez, es menester se�alar que se encuentra estrechamente vinculado con el primero, raz�n por la cual finalmente ambos conceptos de invalidez deben ser considerados en forma conjunta y arm�nica para decretar la inconstitucionalidad de la ley y de los actos que se combaten. 1. El art�culo 115 constitucional, fracci�n IV, inciso b), establece que los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan en su favor, y en todo caso de las participaciones y aportaciones federales que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados, y de conformidad con lo establecido por las recientes modificaciones a la Ley de Coordinaci�n F., que en su nuevo cap�tulo V, referente a las aportaciones federales a los Municipios, establece dos nuevos fondos en el art�culo 25 de dicha ley. 2. En el mismo sentido encontramos el art�culo 103, fracci�n II de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Puebla, que dispone que los Municipios tienen personalidad jur�dica con patrimonio propio, que los Ayuntamientos manejar�n conforme a la ley y administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar�, entre otros conceptos, de las participaciones y aportaciones federales. 3. En forma congruente con lo antes se�alado, es conveniente citar los siguientes preceptos de la L.O.�nica Municipal: Art�culo 50, fracci�n III, que establece que la hacienda municipal se formar� con: ... Las participaciones federales. Art�culo 51, que dispone que los Ayuntamientos manejar�n conforme a la ley el patrimonio del Municipio. Art�culo 52, que establece que los Ayuntamientos administrar�n eficaz y libremente la hacienda municipal. Art�culo 55, que se�ala la forma en que se distribuir�n los fondos municipales, a saber: I.G. de educaci�n p�blica; II. P.�a y tr�nsito; III. A.�n de presos y sostenimiento de hospitales; IV. Gastos de conservaci�n de edificio y obras municipales; V. Servicios p�blicos; VI. Obras de utilidad general para el Municipio, como caminos, redes telef�nicas, puentes, etc.; VII.G. para el fomento de la agricultura, comercio e industria; VIII. Sueldos de los funcionarios y empleados del Ayuntamiento conforme lo dispongan los presupuestos respectivos. 4. Por su parte, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Puebla dispone en sus art�culos 1o. y 46 lo siguiente: ?Art�culo 1o. La hacienda p�blica para atender los gastos de los Municipios del Estado de Puebla, percibir� en cada ejercicio las contribuciones, productos, aprovechamientos, participaciones federales y estatales; ingresos extraordinarios y en su caso, las donaciones, herencias, legados y reintegros que se hicieran a su favor.?. ?Art�culo 46. Las participaciones que correspondan a los Municipios del Estado, en ingresos federales, se ingresar�n con arreglo a las disposiciones aplicables y, en cuotas de las leyes que lo establecen y, en su caso, la Ley de Coordinaci�n F. Federal, la Ley de Coordinaci�n F. del Estado de Puebla, el Convenio de Adhesi�n al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. y de Colaboraci�n Administrativa en Materia F. y Federal. 5. Igualmente, el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de 1998, en el �ltimo p�rrafo de su art�culo 8o. y en su art�culo 19, dispone lo siguiente: Art�culo 8o. (�ltimo p�rrafo) Las erogaciones que se ejerzan a trav�s del Ramo 33 Aportaciones F. para Entidades Federativas y Municipios deber�n aplicarse conforme a lo dispuesto por el cap�tulo V de la Ley de Coordinaci�n F. y este decreto ...?, ?Art�culo 19. Este precepto b�sicamente establece la manera en que se distribuir�n las erogaciones previstas para el Ramo 33 Aportaciones F. para Entidades Federativas y Municipios, en el a�o de 1998, como sigue: Fondo de Aportaciones para la Educaci�n B�sica y N.l; Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, tanto estatal como municipal; Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal; y Fondo de Aportaciones M�ltiples.?. 6. Los anteriores preceptos deben entenderse relacionados con los siguientes art�culos de la Ley de Coordinaci�n F., seg�n la misma fue reformada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el d�a 29 de diciembre de 1997, cuyos art�culos forman parte del nuevo cap�tulo V de esta ley denominado ?De los fondos de aportaciones federales?. Art�culo 25. Dispone que, con independencia de lo establecido en los cap�tulos del I al IV de la propia ley, respecto de la participaci�n de los Estados, Municipios y Distrito Federal en la recaudaci�n federal participable, los mismos fondos ya mencionados, es decir, el de Aportaciones para la Educaci�n B�sica y N.l, el de Aportaciones para los Servicios de Salud, el de Aportaciones para la Infraestructura Social, el de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal, y el de Aportaciones M�ltiples, se constituir�n en beneficio de las entidades federativas y, en su caso, de los Municipios con cargo a recursos de la Federaci�n. Art�culo 34. Establece la f�rmula y los procedimientos conforme a los cuales el Ejecutivo Federal, a trav�s de la S.retar�a de Desarrollo Social, distribuir� el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social entre los Estados, considerando criterios de pobreza extrema. Art�culo 35. Establece la f�rmula conforme a la cual los Estados distribuir�n entre los Municipios los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, considerando los criterios de magnitud de los Municipios y la profundidad de su pobreza extrema. Tambi�n se establece que si de la informaci�n disponible no es posible aplicar la f�rmula se�alada, referida en el art�culo 34 de la misma ley, se utilizar�n las cuatro variables que ah� se precisan, a saber: Poblaci�n ocupada del Municipio que perciba menos de dos salarios m�nimos respecto de la poblaci�n del Estado en similar condici�n. Poblaci�n municipal de 15 a�os o m�s que no sepa leer o escribir respecto de la poblaci�n del Estado en igual situaci�n. Poblaci�n municipal que habite viviendas particulares sin disponibilidad de drenaje conectado a fosa s�ptica o a la calle, respecto de la poblaci�n estatal sin el mismo tipo de servicio. Poblaci�n municipal que habite en viviendas particulares sin disponibilidad de electricidad, entre la poblaci�n del Estado en igual condici�n. Art�culo 36. Establece el monto conforme al cual se determinar� anualmente, en el presupuesto de egresos de la Federaci�n con recursos federales, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal. Art�culo 37. Establece los fines a los que se destinar�n las aportaciones federales que reciban los Municipios, a trav�s de los Estados y el Distrito Federal, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal, precisando que dentro de los fines mencionados, debe darse prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras del Municipio y a la atenci�n de las necesidades de seguridad p�blica de sus habitantes. Art�culo 38. Este precepto se�ala que el Ejecutivo Federal, a trav�s de la S.retar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, distribuir� el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal, en proporci�n directa al n�mero de habitantes con que cuente cada entidad federativa, en el entendido de que dichas entidades, a su vez, distribuir�n los recursos que correspondan a sus Municipios, conforme al mismo criterio. 7. Con la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, de ninguna manera se est� dando cumplimiento a las disposiciones legales antes referidas, incluyendo las relativas al marco general del nuevo cap�tulo V de la ley de Coordinaci�n F.. Efectivamente, el punto medular de esta controversia constitucional, estriba en que se crean instancias intermedias de autoridad, jer�rquicamente superiores a los propios Municipios, como los multimencionados Comit�s de P.�n para el Desarrollo Municipal, as� como las llamadas Juntas Auxiliares, que ya funcionaban, pero resultan inconstitucionales por las facultades que se les est�n confiriendo. Ello hace que constituyan verdaderas instancias intermedias creadas para determinar los destinos de los recursos federales que se entregan a los Municipios provenientes de las participaciones y aportaciones que les corresponden, as� como para administrar y ejercer el gasto de esos recursos. Lo anterior obviamente es muy grave, debido a que los preceptos de la ley que se combate, se�alados como inconstitucionales, contravienen el precepto constitucional que establece que los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los conceptos que se establecen en los diversos incisos de la fracci�n IV del art�culo 115 de nuestra Carta Magna, dentro de los cuales se incluyen las participaciones y aportaciones federales que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo establecido en el nuevo cap�tulo V de la Ley de Coordinaci�n F., el cual, como ya se ha dicho, incluye como novedad a las aportaciones que ah� se mencionan. Efectivamente, todos los preceptos de la ley que se combate y todos los actos que de manera directa o indirecta limitan y restringen la facultad, libertad y autonom�a con que deben contar los Ayuntamientos municipales para administrar su hacienda y para manejar su patrimonio, implican una flagrante violaci�n a la norma constitucional a que se refiere este segundo concepto de invalidez, en raz�n de que la autonom�a que constitucionalmente gozan los Municipios, no debe entenderse como una soberan�a, habida cuenta de que los Gobiernos Municipales deben ce�irse, en cuanto a la administraci�n directa de los recursos propios que les corresponden, a las disposiciones legales aplicables, dentro de las que destacan las normas de la Ley de Coordinaci�n F.. Sin embargo, se insiste en que la administraci�n de tales recursos propios que corresponden a los Municipios, debe ser realizada en forma directa por el mismo Municipio y no a trav�s de autoridades u �rganos intermedios. Para reforzar lo anterior, conviene recordar que conforme al �ltimo p�rrafo de la fracci�n IV del art�culo 115 constitucional, corresponde de manera exclusiva a los Ayuntamientos de los Municipios la aprobaci�n de sus presupuestos de egresos con base en sus ingresos disponibles. Igualmente, resulta claro que la ley que se combate y los actos que tambi�n se impugnan, que son o pueden llegar a ser consecuencia de la aplicaci�n de la misma, transgreden lo dispuesto por el primer p�rrafo de la fracci�n II del art�culo 115 constitucional. Dicho p�rrafo dispone lo siguiente: ?Los Municipios estar�n investidos de personalidad jur�dica y manejar�n su patrimonio conforme a la ley.?. La ley que se impugna, en sus preceptos ya mencionados, resulta flagrantemente inconstitucional, pues entra�a una humillante absorci�n de la personalidad jur�dica de los Municipios y del manejo de su patrimonio, aspectos que son expresamente reconocidos por la citada disposici�n de la Ley Fundamental. Adem�s, si los Municipios est�n representados y ejercen sus funciones a trav�s de sus Cabildos, la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, al asignar parte de esas funciones a los Comit�s de P.�n para el Desarrollo Municipal, de hecho desconoce la personalidad jur�dica de los Municipios e impide que �stos manejen su patrimonio. 8. Los preceptos de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla que por esta otra raz�n resultan inconstitucionales, son los art�culos 19, 20, 21, 22, 35, 36, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 74, 75, 76, 81, 83 y 84. Por ende, de manera l�gica y natural todos los actos que pretendan realizarse de dichos art�culos, tambi�n ser�n inconstitucionales. De la lectura de las mencionadas disposiciones de la ley que se combate se advierte, claramente, la violaci�n constitucional a que se refiere este segundo concepto de invalidez, pues se limita la facultad aut�noma de los Municipios para administrar libremente su hacienda, en funci�n de lo siguiente: a) Se obliga a los Ayuntamientos a coordinarse y coadyuvar con las Juntas Auxiliares para la administraci�n, recaudaci�n, ejecuci�n, aplicaci�n y supervisi�n de diversos ingresos. b) Se obliga a los Ayuntamientos a entregar a las Juntas Auxiliares un determinado porcentaje de los recursos provenientes de las participaciones y aportaciones federales recibidas, cuyo porcentaje se obtiene y se determina con base en datos emitidos por un organismo descentralizado, denominado Consejo Estatal de Poblaci�n. c) Se obliga a los Ayuntamientos a enterar una serie de recursos, lo que se traduce en gastos que no est�n contemplados en el presupuesto de egresos, el cual, como ya se ha dicho, debe ser aprobado exclusivamente por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, tal y como lo ordena el �ltimo p�rrafo de la fracci�n IV del art�culo 115 constitucional. d) Se otorga a los �rganos de participaci�n social se�alados en la ley que se combate, as� como a los Comit�s de P.�n para el Desarrollo Municipal y a las Juntas Auxiliares, la facultad de intervenir en los procesos relativos a la administraci�n y aplicaci�n de los recursos que forman parte de la hacienda municipal, que, como se ha dicho, con base en nuestra Carta Magna debe ser libremente administrada por cada Municipio, con exclusi�n de cualquier otro �rgano o autoridad, m�s a�n si es intermedia. e) Se obliga a los Ayuntamientos municipales a formar parte de ese �rgano o autoridad intermedia de cada Municipio, llamado Comit� de P.�n para el Desarrollo Municipal, al que la ley que se impugna le confiere facultades que la Constituci�n otorga exclusivamente a los Municipios para que las ejerzan a trav�s de sus Ayuntamientos. 9. Con motivo de la expedici�n de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, contrario al derecho, se est� afectando la libre administraci�n de los recursos econ�micos destinados a los Municipios, que por lo mismo, le corresponden por ser parte de su hacienda, lo cual, insistimos, es violatorio de la fracci�n IV del art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, de los dem�s preceptos de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla, as� como de las otras leyes secundarias locales y federales a que hemos hecho alusi�n con anterioridad en este segundo concepto de invalidez. Sobre el particular, cabe citar el siguiente precedente, aplicable por analog�a al caso concreto, por tratarse de una ejecutoria dictada en un juicio de amparo que se tramit� y se resolvi� cuando a�n no se hab�an reformado las fracciones I y II del art�culo 105 constitucional y, por ende, ni siquiera se hab�a expedido su ley reglamentaria: ?MUNICIPIOS, LIBRE ADMINISTRACI�N DE LOS BIENES POR LOS. Es de estimarse inconstitucional el acto del gobernador de un Estado, por el cual se incauta de los arbitrios municipales, pues el Constituyente ha querido que los Ayuntamientos, como expresi�n directa de la voluntad del pueblo, sean los administradores de sus intereses, y constituyan la base de una organizaci�n pol�tica y administrativa de todo punto independiente; todo lo cual indica que no se les puede privar de su derecho para administrar los bienes municipales. Adem�s, cualquiera ley en que se apoye un gobernante para sustituirse en las atribuciones administrativas de los Ayuntamientos, es enteramente anticonstitucional y no debe ser obedecida, por ser contraria al art�culo 115 constitucional, que sienta las bases de la organizaci�n pol�tica de M�xico, sobre los principios del respeto al Municipio Libre y de la administraci�n de sus bienes, sin intervenci�n de ninguna otra autoridad. Por tanto, debe concederse el amparo contra el acto del gobernador, por ser �ste violatorio de garant�as, y asimismo, respecto a las autoridades ejecutoras, pues se trata de una ejecuci�n inminente, que constituye una amenaza trascendental para las instituciones y para los derechos consagrados a favor de los Municipios. T.o LXI, p�g. 5202. Amparo en revisi�n 4600/39. S.. 2a. Ayuntamiento de �lamo Temapache, Ver. 29 de septiembre de 1939. M.�a de cuatro votos. Quinta �poca. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. T.o: LXI. P�gina: 5202.?. 10. Ahora bien, no pasa desapercibida para los promoventes la posibilidad de que, en un momento determinado, pudiera pensarse que no son reales sino aparentes las violacionesconstitucionales que sustentamos en el cuerpo de este escrito. C.�a la posibilidad de que la contraparte alegue en su favor. Efectivamente, tal hip�tesis partir�a del falso supuesto de que no hay violaci�n constitucional, porque no se est�n afectando participaciones federales, sino aportaciones, en cuyo caso se tratar�a de sostener que las participaciones constituyen el g�nero y una de sus especies son las aportaciones. En ese supuesto, deber� concluirse que la misma carece de fundamento l�gico-jur�dico, pues m�s que tratarse de un aut�ntico silogismo, estaremos ante un sofisma. Esto es as�, en m�rito de los siguientes razonamientos: a) El inciso b) de la fracci�n IV del art�culo 115 constitucional, establece que las participaciones federales forman parte de la hacienda p�blica municipal, y que dichas participaciones ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente determinen las Legislaturas de los Estados. b) Las participaciones federales a que tal precepto constitucional hace alusi�n, son las que corresponden a las haciendas p�blicas municipales en los ingresos federales, de conformidad con los t�rminos previstos en la Ley de Coordinaci�n F., cuyos ingresos pueden ser los llamados ingresos fiscales tributarios, que son los que provienen del cobro de contribuciones. Es decir, impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y aportaciones de seguridad social, o pueden ser tambi�n los llamados ingresos fiscales no tributarios, los cuales son distintos de los anteriores. c) En uno y otro casos, las participaciones federales que provienen de los diversos ingresos que obtiene la Federaci�n y que se entregan a los Municipios para que pasen a formar parte de sus respectivas haciendas, se convierten en recursos que ya son propios de los Municipios y, por lo mismo, ninguna ley puede se�alar, restringir o limitar las facultades de los Municipios para administrar o determinar el destino que se dar� a tales recursos, sin importar que los mismos se denominen ?participaciones? o ?aportaciones?, toda vez que ambos conceptos configuran e integran la recaudaci�n federal participable, que se entrega y se distribuye entre los Estados, Municipios y Distrito Federal, con base en la ya citada Ley de Coordinaci�n F.. Consecuentemente, aun cuando se pretenda alegar, con base en un simple cambio de denominaci�n, que no hay violaci�n constitucional alguna, en el fondo resulta evidente que las disposiciones de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, a que nos hemos referido en este segundo concepto de invalidez, s� son violatorias de la Constituci�n Federal, por transgredir la fracci�n IV, inciso b), de su art�culo 115, siendo igualmente inconstitucionales todos los actos que se realicen al amparo de tales preceptos. En este orden de ideas, la ley impugnada sostiene en su art�culo 4o., que tiene por objeto establecer las bases de operaci�n de car�cter general y espec�fico a que habr�n de sujetarse los recursos fiscales que se ejerzan en el Estado, por lo que involucra aportaciones y participaciones, como tambi�n expresamente lo se�ala el art�culo 5o. de dicho ordenamiento. 11. Por las mismas razones ya se�aladas, tambi�n resulta inconstitucional, por ser consecuencia directa e inmediata de lo anterior, el art�culo 96 de la ley que se impugna, pues se otorga al Gobierno del Estado de Puebla la facultad de suspender la entrega a los Ayuntamientos de las ministraciones de las Aportaciones para la Infraestructura Social y las Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, si no se justifica en la forma y tiempos establecidos, el avance y aplicaci�n de tales recursos, o si se canalizan a fines distintos a los aprobados por los �rganos de planeaci�n previstos en tal ley. No est� por dem�s manifestar, para concluir este segundo concepto de invalidez, que la ley que se combate viola flagrantemente el multicitado inciso b) de la fracci�n IV del art�culo 115 constitucional, pues no se limita a fijar bases, montos y plazos, seg�n la facultad que le est� conferida, sino que hace un ejercicio desmedido, abusivo y desleal de dicha facultad, rompiendo claramente con el r�gimen de facultades limitadas y expresas, admitido y consagrado por el constitucionalismo moderno. Al respecto, habr�a que recordar el apotegma de don E.R., tantas veces recordado por don M.H. y L. y tambi�n citado en la c�tedra por el publicista don G.R.V. que dice: ?Cuando la Constituci�n proh�be a los particulares, proh�be lo m�nimo; cuando la Constituci�n faculta a las autoridades, faculta lo m�ximo?. En tal virtud, se reitera que lo procedente conforme a derecho es declarar fundada la presente demanda y, consecuentemente, declarar la inconstitucionalidad de los multicitados art�culos de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla y de todos los actos que son o resulten consecuencia de su aplicaci�n. Tercero. Hay violaci�n a lo dispuesto por el primer p�rrafo del art�culo 116 constitucional, por la delegaci�n de facultades que conforme a la ley que se combate, hace el Poder Legislativo del Estado de Puebla en favor del gobernador del mismo Estado. El primer p�rrafo del art�culo 116 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, textualmente dispone lo siguiente: ?Art�culo 116. El poder p�blico de los Estados se dividir� para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.?. El segundo p�rrafo del mismo precepto constitucional, dispone que ?Los Poderes de los Estados se organizar�n conforme a la Constituci�n de cada uno de ellos ...?. 2. En forma congruente con lo anterior, encontramos que los art�culos 28 y 29 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Puebla, a su vez disponen lo siguiente: ?Art�culo 28. El poder p�blico del Estado dimana del pueblo, se instituye en beneficio del pueblo mismo y para su ejercicio se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.?. ?Art�culo 29. Cada uno de los poderes p�blicos del Estado se organizar� en la forma que establece esta Constituci�n y no podr�n reunirse en una sola persona, o corporaci�n, el ejercicio de dos o m�s de ellos.?. 3. La ley que se combate, viola de manera manifiesta los preceptos antes mencionados de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, como tambi�n los de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Puebla, al delegar el Poder Legislativo de Puebla, sus facultades en una sola persona, que es el gobernador del mismo Estado, al autorizarlo a expedir el ?Manual �nico de O.�n para el Federalismo Hacendario en el Estado de Puebla?. Con ello el Poder Legislativo fue depositado, para los efectos del caso, en la persona del gobernador. 4. En tal contexto, la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla pretende la creaci�n y funcionamiento de �rganos y autoridades intermedias entre los Gobiernos Municipales y el Estatal y, para su integraci�n, ordena en el art�culo 14, fracci�n III y en el p�rrafo final del mismo precepto, la elecci�n de supuestos ?representantes comunitarios de localidades, barrios, colonias populares y de los comit�s de obra del Municipio?. A trav�s de supuestas ?asambleas democr�ticas?, que deber�n celebrarse ?de conformidad con el Manual �nico de O.�n para el Federalismo Hacendario en el Estado de Puebla que para el efecto expida el Ejecutivo del Estado?. Lo anterior implica que los procesos electorales para la integraci�n de los �rganos de autoridad y gobierno, por lo que concierne a los representantes comunitarios, quedar�n sujetos a una normatividad que, en funci�n de legislador, emita el Ejecutivo Estatal, en flagrante violaci�n del art�culo 116 de nuestra Carta Magna. Cuarto. Hay violaci�n a lo dispuesto por el art�culo 133 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en relaci�n con el art�culo 120 de la misma Carta Magna, por la no aplicaci�n de la Ley de Coordinaci�n F. con motivo de la expedici�n de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla. El art�culo 120 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos obliga a los gobernadores de los Estados a publicar y hacer cumplir las leyes federales; es decir, los obliga a ejecutar las leyes federales. Se entiende que s�lo ejecutan leyes federales de acuerdo con la interpretaci�n que sobre dicho precepto constitucional ha dado esa H. Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, trat�ndose de leyes, marco que por disposici�n constitucional tiene una jerarqu�a superior a la de las leyes locales, como son las leyes coincidentes de condicionamiento federal superior al local que regulan las materias de asentamientos humanos, salud, educaci�n, protecci�n al ambiente y de preservaci�n y restauraci�n del equilibrio ecol�gico. En tales casos, se entiende que las leyes federales son superiores a las leyes locales, como una excepci�n al principio de distribuci�n de competencias entre las autoridades locales y las autoridades federales, que consagra el art�culo 124 constitucional. Lo mismo ocurre en el caso particular por lo que se refiere a la materia fiscal, relativa a aquellos supuestos espec�ficos a que alude el �ltimo p�rrafo de la fracci�n XXIX-A del art�culo 73 constitucional, en que la Federaci�n participa a las entidades federativas y �stas a su vez participan a los Municipios, al igual que en aquellos casos en que existe convenci�n fiscal entre la Federaci�n y las entidades federativas, conforme a los cuales las entidades federativas participan a los Municipios de las participaciones federales, incluyendo naturalmente las disposiciones del nuevo cap�tulo V de la Ley de Coordinaci�n F., que se refiere a aportaciones. Dicha Ley de Coordinaci�n F., que tambi�n es federal, obliga a los Estados a cumplirla y a acatarla, de donde se desprende que tiene una jerarqu�a superior a la de las leyes locales, de conformidad con el principio de supremac�a de la Constituci�n que establece el art�culo 133 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, la facultad que tienen los Estados a trav�s de sus respectivos �rganos legislativos de fijar las bases, montos y plazos de la distribuci�n de participaciones y aportaciones, innegablemente puede ser ejercitada, siempre y cuando el ejercicio de dicha facultad quede sujeta y se condicione a lo que la Ley de Coordinaci�n F. establezca al respecto. Consecuentemente, conforme a derecho, procede declarar fundada la presente demanda y declarar la inconstitucionalidad de todos los preceptos de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla a que ya nos hemos referido, as� como la inconstitucionalidad de todos los actos que son o vayan a ser consecuencia de su aplicaci�n."

CUARTO

Los preceptos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son el 115, fracciones I, II y IV, inciso b), 116, 120 y 133.

QUINTO

Por acuerdo de fecha veintis�is de febrero de mil novecientos noventa y ocho, el presidente en funciones de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, M.J.V.C. y C. orden� formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, y design� como instructor al M.G.I.O.M..

Por auto de veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y ocho, el Ministro instructor tuvo a los promoventes con la personalidad que ostentan y por admitida la demanda de controversia constitucional; orden� emplazar a las autoridades demandadas para la formulaci�n de su respectiva contestaci�n de demanda; correr traslado al procurador general de la Rep�blica para que manifestara lo que a su representaci�n correspondiera; y tuvo como pruebas de la actora las documentales que adjunt� a su demanda.

SEXTO

El gobernador, secretario de G.�n y procurador general de Justicia, en representaci�n del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla y el presidente y secretario, ambos de la Gran Comisi�n, as� como presidente y secretario de la Comisi�n Permanente del Congreso del Estado de Puebla, todos ellos en representaci�n de este �ltimo, al formular su contestaci�n de demanda, en s�ntesis manifestaron lo siguiente:

1) Que ni los Comit�s de P.�n para el Desarrollo Municipal (Coplademunes), ni las Juntas Auxiliares fueron creados por la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla.

2) Que los Coplademunes tienen su fundamento en los art�culos 25 y 26 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 4o. y 20 de la Ley de P.�n; 107 y 108 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Puebla; y 1o., 13, 14 y 17 de la Ley de P.�n para el Desarrollo del Estado de Puebla, y no en la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla.

3) Que los Comit�s de P.�n se traducen en los medios de los que se vale el Estado y los Municipios para cumplir con los mandatos de los art�culos 25 y 26 de la Constituci�n Federal.

4) Que la existencia de las Juntas Auxiliares deriva de lo dispuesto por los art�culos 106 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Puebla y 16, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 y 75 de la L.O.�nica Municipal del Estado de Puebla, y no de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla.

5) Que los Coplademunes y las Juntas Auxiliares no constituyen autoridades intermedias entre los Gobiernos Municipales y el Gobierno Estatal, toda vez que tanto los referidos Comit�s de P.�n como las Juntas Auxiliares, forman parte de la estructura del Gobierno Municipal.

6) Que los Coplademunes son instancias de planeaci�n que tienden a promover la participaci�n social en el �mbito municipal, para la toma de decisiones en la orientaci�n, definici�n y jerarquizaci�n de los programas, proyectos y obras p�blicos que se realizan a nivel municipal, sin que tengan autoridad sobre el Ayuntamiento, sino por el contrario, forman parte de la estructura administrativa de los Municipios.

7) Que los Coplademunes �nicamente se desenvuelven en el �mbito municipal. Ello se corrobora de los t�rminos en los que la Ley para el Federalismo Hacendario, en su art�culo 14, prev� su integraci�n. De dicho precepto legal se advierte que los Coplademunes se integrar�n por 1) El Ayuntamiento del Municipio; 2) El total de Juntas Auxiliares de cada Municipio; 3) Los representantes comunitarios de localidades, barrios, colonias populares y de los Comit�s de Obras del Municipio; y 4) Los representantes del �rgano de planeaci�n estatal.

8) Que el art�culo 14 de la Ley para el Federalismo Hacendario, es congruente con el art�culo 16 de la L.O.�nica Municipal para el Estado de Puebla, ya que el citado art�culo 16 se�ala que el Municipio para su administraci�n interior, se dividir� en pueblos, rancher�as, barrios y secciones, por lo que, los Coplademunes se integran entre todas aquellas comunidades en que se divide la administraci�n interior del Municipio, de tal manera que no puede ni remotamente considerarse que constituyen organismos o autoridades intermedios. Lo �nico que su integraci�n revela, es que pretende recoger las aspiraciones de los diversos sectores de la poblaci�n, con el objeto de que los proyectos u obras que se realicen beneficien a todas las comunidades en forma equitativa.

9) Que los Coplademunes no son autoridades pues no re�nen las caracter�sticas que les son propias, al carecer de la capacidad de ordenar y hacerse obedecer.

10) Que los Coplademunes no act�an de manera independiente, unilateral y con decisi�n, ya que quienes de manera directa toman los acuerdos o decisiones, son aquellos grupos sociales que los integran. En esas circunstancias, no se puede establecer que los Coplademunes sean autoridades intermedias, puesto que su actuaci�n no interrumpe u obstaculiza la comunicaci�n directa entre el Gobierno Estatal y el Municipio, m�xime que forman parte de la estructura municipal.

11) Que conforme a la L.O.�nica Municipal, los Municipios para su administraci�n interior se dividen en pueblos, rancher�as, barrios y secciones, y los �rganos encargados de administrar a los pueblos se denominan Juntas Auxiliares, lo que tambi�n se desprende de la L.O.�nica Municipal.

12) Que a lo largo de la historia de M�xico se han reconocido jur�dicamente a los gobiernos de los pueblos, como �rganos que sin ser ajenos a la personalidad jur�dica del Ayuntamiento, propician que �sta pueda cumplir el imperativo de administrar en su territorio y prestar servicios.

13) Que las Juntas Auxiliares que exist�an como tales en la legislaci�n poblana desde el siglo diecinueve, subsistieron al paso de mil novecientos diecisiete, consign�ndose, atento al esp�ritu constitucional, que en los "pueblos" que no alcanzan la categor�a de Municipio gobernar� una Junta Auxiliar, caracterizada como una forma de organizaci�n de la administraci�n p�blica municipal que participa de la personalidad jur�dica de ese Gobierno Municipal, y en la que se depositan determinadas competencias para la prestaci�n de servicios en el �mbito de su circunscripci�n territorial y en la jurisdicci�n de los Ayuntamientos, lo que propicia el descongestionamiento de la administraci�n central, la que aprueba sus decisiones y de la que reciben recursos.

14) Que del an�lisis de las Constituciones de Puebla y sus Leyes Org�nicas Municipales podemos afirmar que las Juntas Auxiliares han definido la competencia que ejercen para la atenci�n espec�fica de los servicios p�blicos, a partir de su integraci�n en la administraci�n p�blica municipal.

15) Que las Juntas Auxiliares son �rganos auxiliares, inmersos en la administraci�n p�blica municipal, conforme a las funciones que realizan, como son las siguientes:

-Las Juntas ser�n designadas de acuerdo con las bases que establezca la convocatoria que expida el Ayuntamiento y con la intervenci�n del presidente municipal.

-Los miembros electos de las Juntas Auxiliares otorgar�n la protesta de ley ante el presidente municipal.

-Para el ejercicio de las funciones que corresponden a las Juntas Auxiliares, �stas deber�n, entre otras cuestiones: 1. Solicitar al respectivo Ayuntamiento los recursos que deber�n aplicarse a la satisfacci�n de los gastos p�blicos del pueblo, 2. Remitir al Ayuntamiento, en forma anual, los presupuestos de gastos.

-Los acuerdos de las Juntas Auxiliares ser�n revisados y aprobados por el Ayuntamiento respectivo.

16) Que no puede considerarse que las Juntas Auxiliares sean organismos intermedios entre el Gobierno Municipal y el Gobierno Estatal, ni que tengan autoridad sobre el Ayuntamiento, ya que constituyen �rganos de la administraci�n p�blica municipal, dentro de la vertiente de la desconcentraci�n municipal.

17) Que los �nicos recursos que las Juntas Auxiliares ejercen, son de �ndole municipal, por tratarse de �rganos de la administraci�n p�blica municipal.

18) Que conforme al art�culo 44 de la Ley para el Federalismo Hacendario para el Estado de Puebla, las Juntas Auxiliares deber�n aplicar los recursos que en t�rminos de dicha ley se les distribuyen, en la ejecuci�n de obras que hayan sido aprobadas en los �rganos de planeaci�n de los Municipios, es decir, el ejercicio de los recursos que se les distribuyen est� supeditado a las determinaciones adoptadas por los Coplademunes, mismos que se integran por los Ayuntamientos y por todos los grupos sociales en los que se encuentra dividida la administraci�n interior de los Municipios. As�, una vez que la instancia de planeaci�n municipal, esto es, el Coplademun jerarquiza las obras que se deben ejecutar, en auxilio del desempe�o del Ayuntamiento y en el marco de la administraci�n p�blica municipal a la que pertenecen, las Juntas Auxiliares aplicar�n los recursos, informando al Ayuntamiento y al Congreso del Estado de su ejercicio, debiendo observar los criterios de racionalidad,austeridad y disciplina presupuestal previstos en la ley.

19) A los Coplademunes no se les dota de atribuciones para administrar y determinar el destino de los recursos municipales. Ello se advierte de lo dispuesto por el art�culo 13 de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, que establece que los Comit�s de P.�n para el Desarrollo Municipal, son instancias de participaci�n social encargadas de planear, discutir, analizar y seleccionar las obras y acciones a realizar para atender las demandas de la poblaci�n, en congruencia con los planes nacional y estatal de desarrollo. Atento a lo anterior, no puede considerarse que los citados comit�s cuenten con facultades para administrar y determinar el destino de recursos. Sobre este particular, cabe mencionar que los recursos que integran los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, se encuentra determinada desde los art�culos 33 y 37 de la Ley de Coordinaci�n F., disposiciones que son retomadas en los art�culos 73 y 79 de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla.

20) Que para establecer que los Coplademunes no administran recursos, basta dar una lectura a los art�culos 69, 73, 80 y 81 de la Ley para el Federalismo Hacendario, de donde se advierte que los Ayuntamientos son quienes reciben los recursos y ejecutan las obras y acciones a que se encuentran destinados los mismos.

21) Que atendiendo al texto de los art�culos 40, 41, 115 y 124 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y de los art�culos 103 y 111 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Puebla, se puede concluir lo siguiente:

-Que los ingresos municipales ser�n s�lo los aprobados por el Congreso del Estado de Puebla.

-Que corresponde a la legislaci�n del Estado de Puebla, determinar el marco en que los Municipios manejar�n su patrimonio.

-Que adem�s de los rendimientos y contribuciones, los Municipios contar�n con otros ingresos que la Legislatura del Estado establezca, entre ellos, se enumera expresamente a las participaciones federales.

-Que las participaciones federales est�n sometidas a las bases, montos y plazos que fije el Congreso del Estado de Puebla.

-Que establecida por la Federaci�n una fuente de ingresos municipales, a t�tulo de participaciones federales o de aportaciones federales, no podr� aplicarse como ingreso municipal sin la intervenci�n de la Legislatura del Estado de Puebla.

-Que la relaci�n financiera entre la Federaci�n y los Municipios �nicamente se establece a trav�s de las autoridades estatales. Sobre este particular cabe se�alar que la Federaci�n nunca entablar� una relaci�n directa con los Municipios, ya que el sistema federal se traduce en la relaci�n que establece la Federaci�n con los Estados y �stos con sus Municipios, seg�n se advierte de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en particular de lo dispuesto por su art�culo 116, fracci�n VII. A este respecto, T.R.�n en su obra intitulada "Derecho Municipal", expone que las participaciones federales que corresponden a los Municipios de acuerdo al art�culo 115, deben cubrirse a los Municipios con sujeci�n a lo previsto en la ley local, en cuanto a bases, montos y plazos, sin que ello deba interpretarse como que las ministraciones se efect�en directamente, y al efecto categ�ricamente manifiesta que "... Una ministraci�n directa Federaci�n-Municipios repugnar�a el esp�ritu del Pacto Federal, pues la relaci�n debe ser siempre a trav�s de los Estados ...".

-Que el manejo de la hacienda municipal queda sujeto a las reglas de planeaci�n que establezcan los ordenamientos jur�dicos correspondientes.

-Que puede establecerse que la libre administraci�n de la hacienda municipal no puede entenderse como una libertad absoluta e irrestricta, sino dentro del marco constitucional federal y estatal, y en congruencia con las facultades que ambas normas constitucionales otorgan al Congreso del Estado de Puebla.

22) Que la controversia constitucional que se plantea debe declararse improcedente, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 19, fracci�n VIII, de la ley reglamentaria, en relaci�n con lo que dispone el art�culo 1o. de dicho ordenamiento jur�dico, ya que no se actualiza uno de los supuestos de procedencia de las controversias constitucionales, al no existir un planteamiento expreso de invasi�n de esferas competenciales.

23) Que por lo que hace a los argumentos que plantean los actores, que se refieren a la posible contradicci�n entre la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla y alg�n precepto de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, son improcedentes al ser planteados en una controversia constitucional, en atenci�n a que dicha cuesti�n es materia de la acci�n de inconstitucionalidad prevista por el art�culo 105, fracci�n II, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y los �nicos legitimados para promoverla ser�an el procurador general de la Rep�blica y el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Congreso del Estado de Puebla.

24) Que por lo que se refiere a la posible contradicci�n entre la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla y los ordenamientos jur�dicos secundarios a que se refieren los actores, esto es, la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Puebla, la L.O.�nica Municipal para el Estado de Puebla, la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Puebla, el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y ocho y la Ley de Coordinaci�n F., son improcedentes en el ejercicio de una controversia constitucional, ya que este tipo de acciones s�lo proceden en aquellos casos en los que se plantean violaciones a disposiciones constitucionales del orden federal.

25) Que el diez de abril de mil novecientos noventa y siete, el titular del Ejecutivo Federal y el titular del Ejecutivo del Estado de Puebla, celebraron el Convenio de Desarrollo Social mil novecientos noventa y siete, por virtud del cual la Federaci�n asign� recursos al Estado de Puebla hasta por $508'150,500.00 (quinientos ocho millones ciento cincuenta mil quinientos pesos 00/100 M.N.), para el Fondo de Desarrollo Social Municipal y lo relativo a la constituci�n de los Comit�s de P.�n para el Desarrollo Municipal, fue acatado por los doce Municipios que ahora promueven la presente controversia constitucional, en la que incongruentemente plantean, entre otras cuestiones, que por virtud de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, se crean los referidos comit�s.

26) Que del an�lisis de la Constituci�n de Puebla y su L.O.�nica Municipal, resulta claro que las Juntas Auxiliares han definido la competencia que ejercen para la atenci�n espec�fica de los servicios p�blicos, a partir de su integraci�n en la administraci�n p�blica municipal.

27) Que la funci�n de los Coplademunes se limita a planear, discutir, analizar y seleccionar las obras y acciones a realizar, en congruencia con los planes nacional y estatal de desarrollo.

28) Que no puede considerarse que las facultades de los Coplademunes constituyen poderes unilaterales de decisi�n y de ejecuci�n que los coloque por encima de los Gobiernos Municipales, por lo siguiente:

-Dichos comit�s se desenvuelven en el �mbito municipal; quienes los integran, son: el Ayuntamiento, es decir, el �rgano de administraci�n del Municipio, las Juntas Auxiliares, que como ya se ha expuesto, constituyen �rganos desconcentrados de la propia administraci�n p�blica municipal, los representantes de las comunidades en que se divide el Municipio para su administraci�n, y los representantes del �rgano de planeaci�n estatal y quienes los encabezan son los Ayuntamientos.

-Los Coplademunes �nicamente constituyen instancias que promueven la participaci�n social en la toma de decisiones, pero quienes toman las decisiones en el seno de los Coplademunes y quienes ejecutan las mismas, son quienes los integran.

-Los Coplademunes tienen como finalidad darle un mayor sentido de equidad, eficacia y transparencia al gasto, al recoger todas las demandas y aspiraciones de los grupos sociales que integran a los Municipios.

29) Que lo previsto por el art�culo 97 de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, que establece que en el caso de que un Ayuntamiento no entregue participaciones a las Juntas Auxiliares, el Estado podr� entregarlas directamente, no resulta "inconstitucional", y se justifica por el hecho de que las Juntas Auxiliares requieren de la entrega inmediata de recursos, con el objeto de estar en posibilidad de prestar los servicios y ejecutar las acciones que les corresponden en el �mbito de su competencia.

30) Que contrariamente a lo que sostienen los Municipios actores, el art�culo 4o., fracci�n VII, de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, de ninguna manera establece la obligaci�n a cargo de los Municipios, de integrarse a los �rganos hacendarios a que se refiere dicho ordenamiento jur�dico. Lo que el precepto legal en cita establece, es que uno de los objetos de la ley impugnada, es la constituci�n de los �rganos en materia hacendaria para el cumplimiento de los objetivos de la misma.

31) Que es incorrecta la aseveraci�n de los Municipios actores, en el sentido de que los Coplademunes sean �rganos hacendarios, sobre este particular se reitera, dichos comit�s son instancias de planeaci�n. Los �nicos �rganos hacendarios que la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla prev� en su art�culo 25, son los siguientes:

-La Reuni�n de Funcionarios Hacendarios del Estado de Puebla;

-La Comisi�n Permanente de Funcionarios Hacendarios del Estado de Puebla;

-La Comisi�n de Capacitaci�n y Asesor�a Hacendaria del Estado de Puebla; y

-Las dem�s instancias que se decida crear para fortalecer la coordinaci�n hacendaria.

32) Que con la Ley para el Federalismo Hacendario, no se obliga a los Municipios a participar en los Coplademunes. A ese respecto, tambi�n se reitera, que la obligaci�n de los Ayuntamientos de integrarse a las instancias de planeaci�n, emana del concepto de planeaci�n democr�tica, sancionado en el art�culo 26 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y lejos de imponer una carga o una limitaci�n a las atribuciones municipales, permite hacerlas compatibles con el imperativo de participaci�n social al que se refiri� el Senado de la Rep�blica, al considerar en la reforma al art�culo 115 de la Carta Magna, de mil novecientos ochenta y tres, que el manejo libre de la hacienda municipal queda sujeto, en un ambiente de plena libertad, a las reglas de planeaci�n, que ser� democr�tica y participativa.

33) Que el art�culo 115, fracci�n IV, inciso b), constitucional, que se invoca como violado, no se refiere a aportaciones, sino a las participaciones federales que corresponden a los Estados y Municipios, en t�rminos de lo dispuesto tanto por dicho mandato constitucional como por los art�culos 1o. y 10 de la Ley de Coordinaci�n F. Federal y 7o. del C�digo F. del Estado de Puebla.

34) Que las participaciones corresponden a una forma de compensaci�n que se entrega a los Estados por limitar su potestad impositiva, mediante su adhesi�n al Sistema Nacional de Coordinaci�n F..

35) Que las participaciones que recibe el Estado de acuerdo con la Ley de Coordinaci�n F. Federal, se integran en los siguientes fondos:

-General de Participaciones.

-Fomento Municipal.

-Participaciones Directas a los Estados.

-Reserva de Compensaci�n.

-Puentes de Peaje.

-Rendimientos de Contribuciones Participables a Municipios.

36) Que las aportaciones a que se refiere el cap�tulo V de la Ley de Coordinaci�n F., participan de una naturaleza jur�dica diversa de las participaciones. En efecto, las aportaciones son recursos complementarios a aquellos que corresponden a las entidades federativas y a los Municipios como participaci�n en la recaudaci�n federal, por virtud de los cuales la Federaci�n apoya a los Estados y Municipios, para la satisfacci�n de las necesidades b�sicas de la poblaci�n, a saber: la educaci�n b�sica, la atenci�n de la salud y el desarrollo de la infraestructura b�sica municipal.

37) Que siendo que las aportaciones no pueden identificarse con las participaciones, es evidente que la disposici�n constitucional cuya violaci�n invocan los Municipios actores, esto es, el art�culo 115, fracci�n IV, inciso b), que se refiere a participaciones federales, no es aplicable para el caso de aportaciones. La regulaci�n de las aportaciones corresponde al Poder Legislativo del Estado, en t�rminos de lo dispuesto por los art�culos 41, 115, fracci�n IV y 124 de la Carta Magna, y dem�s relativos y aplicables de la legislaci�n estatal.

38) Que por lo que se refiere a las aportaciones, el destino de �stas ya est� previsto en el cap�tulo V de la Ley de Coordinaci�n F., en sus art�culos 33 y 37.

39) Que la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, es coincidente con la Ley de Coordinaci�n F., en cuanto al destino de los fondos de aportaciones. Ello se advierte de los art�culos 69, 73, 79 y 81 de la ley cuya invalidez se reclama, disposiciones estas que se refieren al destino de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.

40) Que quien administra los fondos de aportaciones son los Ayuntamientos, la participaci�n que los Coplademunes tienen con relaci�n a dichos fondos, es la que se ha venido reiterando, es decir, que dichos comit�s constituyen las instancias de participaci�n social a nivel municipal, cuyas funciones se limitan a planear, discutir, analizar y seleccionar las obras y acciones a realizar con dichos recursos. Por lo que hace a las Juntas Auxiliares, y en lo relativo a los fondos de aportaciones, �stas se limitan a participar en los Coplademunes, por tratarse de �rganos de la administraci�n p�blica municipal, representativos de los habitantes de los pueblos.

41) Que la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla prev� la entrega de las participaciones a los �rganos encargados de la administraci�n p�blica municipal, es decir, a los Ayuntamientos y a los �rganos auxiliares de �stos, como lo son las Juntas Auxiliares. En el primer caso, esto es, por lo que se refiere a las participaciones que se entregan al Ayuntamiento, el ordenamiento jur�dico invocado no establece destino alguno, ni siquiera prev� que en su ejercicio intervengan los Comit�s de P.�n. En el segundo caso, los art�culos 42, 43, 44, 45 y 46 de la ley cuya invalidez se reclama, se�alan que:

-Los recursos a que se alude, son asignados por el Ayuntamiento.

-Dichos recursos deber�n destinarse a las funciones que corresponde realizar a las Juntas Auxiliares, as� como a la ejecuci�n de obras p�blicas, es decir, el destino de las participaciones en comento no queda al arbitrio de autoridad alguna, sino que es determinado por la ley.

-Los recursos en comento, cuando se destinen a la ejecuci�n de obra, se requiere que �stas hayan sido aprobadas en los �rganos de planeaci�n municipales, es decir, el ejercicio de los recursos que se entregan a las Juntas Auxiliares, est� supeditado a las determinaciones adoptadas por los Coplademunes, que como se ha reiterado, se integran por los Ayuntamientos y por todos los grupos sociales en los que se encuentra dividida la administraci�n interior de los Municipios. Una vez que la instancia de planeaci�n jerarquiza las obras que se deben ejecutar, en auxilio de las funciones del Ayuntamiento y en el marco de la administraci�n p�blica municipal, las Juntas Auxiliares aplicar�n los recursos informando al Ayuntamiento y al Congreso del Estado de su ejercicio, debiendo observar los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal previstos en la ley.

42) Que en lo relativo a la administraci�n de participaciones, nuestra parte manifiesta que por las funciones que a los Coplademunes corresponde realizar, es evidente que �stos no administran recurso alguno. Por lo que se refiere a las Juntas Auxiliares, es obvio que �stas administran los recursos que han quedado precisados, sin embargo, con los lineamientos establecidos. Ahora bien, el hecho de que administren dichos recursos no vulnera la autonom�a financiera del Municipio, m�xime que dichos �rganos forman parte de la propia administraci�n p�blica.

43) Que en el �mbito municipal, los Municipios pueden aprobar sus propios presupuestos de gasto, de tal suerte que al realizar su plan de actividades y su programa de acci�n para un determinado ejercicio fiscal o la cuantificaci�n precisa de los costos de dicho programa, compete �nica y exclusivamente a los Ayuntamientos la revisi�n de los mismos; sin embargo, dicho presupuesto de egresos debe aprobarse con base en los ingresos disponibles, seg�n prev� el texto constitucional, y dichos ingresos, por disposici�n expresa del art�culo 115, fracci�n IV, �ltimo p�rrafo, constitucional, corresponde fijarlos a las Legislaturas Locales; actividad que realiza el Congreso en el momento de emitir la Ley de Ingresos de los Municipios.

44) Que por disposici�n legal, las Juntas Auxiliares tienen como prop�sito auxiliar al Ayuntamiento en el ejercicio de sus funciones, para lo cual reciben recursos del propio erario municipal. En esas circunstancias, y contrariamente a lo que manifiestan los Municipios actores, en ninguna parte de la ley que se combate, se obliga a un Ayuntamiento a coordinarse con �rganos integrantes de la propia administraci�n p�blica municipal, en forma ajena al orden constitucional que prev� que la administraci�n debe ser programada y coordinada. A la anterior conclusi�n se llega de la simple lectura de los art�culos 25 y 26 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, 107 y 108 de la Constituci�n Pol�tica Local, cuyos principios puntualmente se incorporan a la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla.

45) Que para el ejercicio de las funciones que competen a las Juntas Auxiliares, �stas deben recibir recursos del propio Ayuntamiento, lo que es coincidente con el esp�ritu de la fracci�n I del art�culo 72 de la L.O.�nica Municipal, que dispone que las Juntas Auxiliares deben solicitar al respectivo Ayuntamiento los recursos que deben aplicarse a la satisfacci�n de los gastos p�blicos del pueblo. En esos t�rminos, no se puede considerar que la entrega de recursos del Municipio a �rganos desconcentrados de �ste, es decir, a los �rganos encargados de su administraci�n p�blica, sea ilegal o violatoria de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

46) Que los �nicos recursos que en t�rminos de la ley que se impugna reciben las Juntas Auxiliares, son participaciones, y no aportaciones, como indebidamente lo asientan los Municipios actores.

47) Que el hecho de que el art�culo 43 de la Ley para el Federalismo Hacendario establezca que la distribuci�n de recursos a las Juntas Auxiliares, se efect�e de acuerdo con los datos que para tal efecto emita el Consejo Estatal de P.�n, �nicamente revela que la disposici�n en comento es l�gica. Esto es as�, en raz�n de que si los recursos se distribuir�n en proporci�n directa al n�mero de habitantes, no hay lugar a duda de que se requiere la informaci�n relativa a los habitantes de cada Junta Auxiliar, informaci�n esta que a quien corresponde elaborar es precisamente al Consejo Estatal de Poblaci�n.

48) Que si la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla prev� las bases y montos que el Municipio destinar� a sus �rganos auxiliares, ello no resulta violatorio de la Constituci�n, pues se limita a establecer la entrega de recursos al propio Municipio a la vez que consigna su destino,mismo que est� preestablecido, desde la Ley de Coordinaci�n F..

49) Que no es posible que los Municipios actores consignaran los recursos derivados de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de Fortalecimiento Municipal en sus presupuestos, ni tampoco los fondos de participaciones, pues la Ley para el Federalismo Hacendario que establece los mecanismos para su c�lculo y distribuci�n entr� en vigor una vez que se hab�a iniciado el ejercicio fiscal en curso, es decir, el veintiocho de enero de mil novecientos noventa y ocho.

50) Que en el momento en que el Estado recibe aportaciones de la Federaci�n, y �stas se integran a su hacienda p�blica, inicia su responsabilidad y facultad para legislar lo relativo a las bases para su distribuci�n y control hacia los Municipios, sin que exista limitaci�n para ello en la Constituci�n Federal.

51) Que la Legislatura Estatal, en ejercicio de su facultad constitucional para legislar todo lo relativo a su r�gimen interno, podr� establecer los mecanismos que garanticen que los recursos que le son transferidos por la Federaci�n se apliquen a los fines previstos por la ley, y a su vez que se cumpla con los fines consignados en el art�culo 26 de nuestra Carta Magna, que dan origen a la participaci�n social en la planeaci�n del desarrollo.

52) Que el hecho de que la ley que se reclama establezca sanciones, que se hacen consistir en la retenci�n de aportaciones para el caso de que no se justifique el avance y su aplicaci�n, o si se canalizan a fines diversos a aquellos que la ley prev�, se encuentra ajustado a derecho.

53) Que por lo que hace al argumento de que la ley impugnada pretende la creaci�n y funcionamiento de �rganos y autoridades intermedias entre los Gobiernos Municipales y Estatales, ya que para su integraci�n el art�culo 14, fracci�n III y p�rrafo final de dicho precepto, ordenan la elecci�n de supuestos representantes comunitarios de localidades, barrios, colonias populares y de los Comit�s de Obra del Municipio, a trav�s de asambleas democr�ticas, que deber�n celebrarse de conformidad con el Manual �nico de O.�n para el Federalismo Hacendario en el Estado de Puebla, que para el efecto expida el Ejecutivo del Estado, lo que implica que los procesos para la integraci�n de los �rganos de autoridad y gobierno, por lo que concierne a los representantes comunitarios, quedar�n sujetos a una normatividad que, en funciones de legislar, emite el Ejecutivo Estatal, en flagrante violaci�n del art�culo 116 de la Carta Magna. Debe precisarse que no se trata de procesos electorales, sino de un manual para la elecci�n de los representantes comunitarios, que seg�n se expres� no constituyen autoridades intermedias, sino instancias de planeaci�n, acorde con el art�culo 26 constitucional. Tampoco se arrogaron al Ejecutivo del Estado facultades ajenas a su funci�n, ya que en ning�n momento pasa inadvertido el principio de la separaci�n de poderes y de la divisi�n de facultades que consagra la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Puebla, pues si bien es cierto que la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en su art�culo 14, faculta al Ejecutivo del Estado a expedir el "Manual de O.�n para el Federalismo Hacendario en el Estado", esto obedece a las facultades reglamentarias que la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Puebla, en su art�culo 79, fracci�n III, concede al Ejecutivo de Estado.

54) Que por lo que hace a la falta de coincidencia entre la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla y la Ley de Coordinaci�n F., en cuanto a sus mecanismos de distribuci�n, la controversia constitucional es improcedente por no ser el medio id�neo para confrontar una ley federal con una ley estatal.

55) Que la Ley para el Federalismo Hacendario establece para la distribuci�n de los fondos de participaciones, que el Estado est� facultado para legislar, criterios similares a los establecidos en los art�culos 34 y 35 de la Ley de Coordinaci�n F., con lo que la distribuci�n de �stos es plenamente consistente con lo dispuesto en la misma Ley de Coordinaci�n F..

56) Que la Ley de Coordinaci�n F. establece los par�metros para la determinaci�n y distribuci�n del monto de aportaciones y participaciones asignadas a cada entidad federativa. La regulaci�n de dichos recursos es de competencia federal, hasta en tanto los recursos presupuestados no ingresen a las haciendas estatales.

57) Que una vez que los aludidos recursos ingresan a la Hacienda P�blica de un Estado, el derecho que le asiste a partir del art�culo 41 constitucional, es el de regular todo lo relativo a su r�gimen interno, entre esto se comprende la materia hacendaria. Sobre este particular, cabe destacar que a este respecto la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos no contiene reserva alguna de competencia para la Federaci�n, salvo los casos en que a �sta le asiste la facultad impositiva sobre determinadas hip�tesis de causaci�n, que no es el caso que nos ocupa.

58) Que tanto la Ley de Coordinaci�n F. como la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, est�n emitidas conforme a la competencia que corresponde a cada nivel de gobierno.

59) Que dentro de la circunscripci�n territorial de los Municipios de Altepexi y de N., no existen Juntas Auxiliares. A pesar de ello, �stos formulan conceptos de invalidez relacionados con dichos �rganos de la administraci�n p�blica municipal, por lo que dichos conceptos deben declararse inoperantes.

S�PTIMO

Por oficio n�mero PGR 249/98, presentado en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, el doce de mayo de mil novecientos noventa y ocho, el procurador general de la Rep�blica, en s�ntesis, manifest� lo siguiente:

1) Que esta Suprema C.e de Justicia de la Naci�n es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, en atenci�n a lo dispuesto por los art�culos 105, fracci�n I, inciso i), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 1o. de su ley reglamentaria y, 10, fracci�n I, de la L.O.�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, por lo que se debe concluir que la admisi�n de la demanda por parte de este tribunal es procedente, toda vez que se refiere a un conflicto entre un Estado y sus Municipios, actualiz�ndose as� la hip�tesis contenida en el art�culo constitucional citado, ya que los actores demandan la expedici�n de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, de la cual consideran que diversos art�culos conculcan disposiciones de nuestra Constituci�n Federal.

2) Que el veintiocho de enero de mil novecientos noventa y ocho se public� en el Peri�dico Oficial del Estado de Puebla, la Ley para el Federalismo Hacendario para esa entidad, entrando en vigor el mismo d�a de su publicaci�n.

Los demandantes interponen la controversia constitucional en contra de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, el diecinueve de febrero del a�o en curso, misma que se present� el veinticinco del mismo mes y a�o ante la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal. El plazo para interponer la demanda de controversia constitucional, trat�ndose de normas generales, de acuerdo con la fracci�n II del numeral 21 de la Ley Reglamentaria del Art�culo 105 Constitucional, es de treinta d�as, contados a partir del d�a siguiente de la fecha de su publicaci�n, por lo que dicho t�rmino venc�a el doce de marzo del a�o en curso; por lo tanto, el escrito de demanda fue presentado dentro del plazo establecido para ello.

3) Que en los art�culos 41, fracci�n III y 44, fracciones I y III, de la L.O.�nica Municipal del Estado de Puebla, se encuentra el fundamento legal de la legitimaci�n de los promoventes, ya que toda vez que en sesiones solemnes, los Cabildos de los Ayuntamientos confieren facultades expresas a los presidentes municipales para que promuevan la presente controversia; por otra parte, tambi�n se infiere que son facultades propias de los s�ndicos municipales la representaci�n judicial del Ayuntamiento, consecuentemente se encuentran legitimados para promover la presente controversia constitucional.

4) Que el gobernador, secretario general de Gobierno y el procurador general de Justicia, todos del Estado de Puebla, de conformidad con la Constituci�n Local, la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica del Estado de Puebla y el art�culo 11 de la Ley Reglamentaria del Art�culo 105 Constitucional, cuentan con legitimaci�n procesal para comparecer en la presente controversia constitucional.

5) Que por lo que hace al presidente y secretario de la Gran Comisi�n del Congreso y presidente y secretario de la Comisi�n Permanente del Congreso, la L.O.�nica del Poder Legislativo del Estado no se�ala a persona alguna como representante de ese poder, por lo que en todo caso, se debe presumir la representaci�n en atenci�n a lo dispuesto en la parte final del primer p�rrafo del art�culo 11 de la Ley Reglamentaria del Art�culo 105 Constitucional.

6) Que no se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracci�n VIII del art�culo 19 de la Ley Reglamentaria del Art�culo 105 Constitucional, que hacen valer las autoridades demandadas en su contestaci�n de demanda, en virtud de tratarse de un conflicto entre un Estado y sus Municipios sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, atento a lo previsto por el art�culo 105, fracci�n I, inciso i), de la Constituci�n Federal.

7) Que de las atribuciones concedidas a los Comit�s para el Desarrollo Municipal y al Sistema Estatal de Coordinaci�n Hacendaria, se puede concluir que no constituyen instancias intermedias de autoridad, ya que los mismos no interfieren en las pol�ticas administrativas, econ�micas o de gobierno municipales, toda vez que no est�n investidos con facultades de ejecuci�n ni de mando, sino que tienen como objetivo, el primero de ellos, la realizaci�n de una serie de planes tendientes al fortalecimiento del Municipio y, el segundo, armonizar y coordinar el sistema hacendario estatal y municipal.

8) Que los organismos contemplados en la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, act�an a instancia de los propios Municipios y no de manera unilateral, de modo que sus actuaciones se traduzcan en sumisi�n de �stos, que anulen o diluyan sus derechos o atribuciones, ya que con el apoyo de tales organismos o sin ellos, los Municipios podr�n seguir llevando a cabo sus fines, de acuerdo con su �mbito competencial y en uso de las atribuciones tuteladas por el art�culo 115 constitucional.

9) Que por lo que hace a las Juntas Auxiliares, no constituyen autoridades intermedias, ya que dependen del propio Ayuntamiento, es decir, forman parte del mismo, siendo que el desarrollo de sus funciones como su propio nombre lo indica, es el de auxiliar a los Municipios en el desarrollo de sus actividades, en aquellas poblaciones que no sean cabecera municipal, de acuerdo a lo establecido en la legislaci�n local.

10) Que del an�lisis realizado a las atribuciones de los �rganos que contempla la Ley para el Federalismo Hacendario y que la demandante afirma son autoridades intermedias, no se desprende que est�n investidos con facultades de ejecuci�n o mando, ni que invadan las facultades propias de los Municipios, sino que la finalidad de los �rganos que supuestamente conculcan tal dispositivo constitucional, es la de que los Ayuntamientos tengan la suficiente capacidad para prestar un mejor servicio a su comunidad, a trav�s de mecanismos de apoyo, fomento y coordinaci�n, independientemente al hecho de que estos entes act�an a instancia de los propios Municipios y no de manera unilateral.

11) Que respecto a la afirmaci�n de la actora, en cuanto a que la participaci�n social, tanto en los Comit�s de P.�n para el Desarrollo Municipal, como en las consultas que se lleguen a realizar con motivo de la formulaci�n de programas y proyectos p�blicos, configuran una autoridad intermedia entre el Municipio y el Estado, no es cierta tal aseveraci�n, ya que no tienen actuaci�n independiente, unilateral o con decisi�n que implique obstaculizaci�n en la comunicaci�n entre el Gobierno del Estado y el Municipio, sino todo lo contrario, es un mecanismo que permite conocer, de manera directa, aquellas necesidades que resulta apremiante solventar en las comunidades que conforman los Municipios.

12) Que la participaci�n social en la toma de decisiones respecto de la orientaci�n, definici�n y jerarquizaci�n de los programas a que se refiere la ley combatida, no violenta la fracci�n I del art�culo 115 constitucional que aduce la demandante, toda vez que la participaci�n de los diversos sectores sociales no es mediante un ente jur�dico que est� investido de personalidad alguna, menos a�n de facultades de ejecuci�n respecto de las consultas que tengan lugar.

13) Que el art�culo 26 de la Constituci�n Federal prev� la participaci�n de los diversos sectores sociales para su incorporaci�n en los planes y programas de desarrollo; al respecto, la Ley de P.�n para el Desarrollo del Estado de Puebla se�ala como obligaci�n del Ejecutivo Estatal, llevar a cabo la planeaci�n del desarrollo, fomentando la participaci�n de los sectores econ�mico, social y privado de la entidad, de lo que se desprende que la ley que la actora pretende sea declarada como inconstitucional, da cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de P.�n y se ajusta a ordenamientos de mayor jerarqu�a.

14) Que de la lectura integral de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, no se observa que le impida la libre administraci�n de la hacienda municipal.

15) Que los art�culos 19, 20, 21, 22, 35, 36, 47 y 48 de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla que impugna la parte actora, no conculcan lo dispuesto en la fracci�n II y en el inciso b) de la fracci�n IV del art�culo 115 constitucional, ya que los mencionados art�culos �nicamente se refieren a los mecanismos para la distribuci�n de los recursos contenidos en el cap�tulo I de la Ley de Coordinaci�n F., seg�n se establece en el pen�ltimo p�rrafo de su art�culo 2o. A, en cuanto a que los Estados entregar�n a los Municipios las cantidades que reciban del Fondo de Fomento Municipal, de acuerdo con lo que establezcan las Legislaturas Locales, y de acuerdo tambi�n a lo estipulado en el primer p�rrafo del art�culo sexto, que dispone que las Legislaturas Locales establecer�n la distribuci�n de las participaciones federales entre los Municipios mediante disposiciones de car�cter general.

16) Que los art�culos a que se refieren los Ayuntamientos actores, respecto de los recursos del cap�tulo V de la Ley de Coordinaci�n F., de los fondos de aportaciones federales, el propio art�culo 42 de este ordenamiento, establece que dichas aportaciones ser�n administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades federativas y en su caso de los Municipios que las reciban, de conformidad con la legislaci�n que les sea aplicable, por lo que, no se viola la autonom�a municipal, ya que es precisamente la legislaci�n federal la que establece que tanto las participaciones como las aportaciones federales se distribuir�n de acuerdo a lo que disponga la legislaci�n estatal, que en este caso la constituye la ley impugnada.

17) Que los art�culos de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, que la parte actora objeta y que hacen referencia a aqu�llos provenientes del Ramo 33 "Aportaciones F. para Entidades Federativas y Municipios", son de naturaleza diversa de aquellos que integran la hacienda municipal, en virtud de que los art�culos 19 y 24 del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y ocho, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 42 de la Ley de Coordinaci�n F., se�alan que son recursos de naturaleza eminentemente federal.

18) Que el propio decreto de presupuesto de egresos, prev� que dichas erogaciones habr�n de ser cubiertas conforme a las disposiciones del mismo y las contenidas en la Ley de Coordinaci�n F., por lo tanto, no forman parte de la hacienda municipal, en virtud de que los ordenamientos a que se ha hecho referencia contemplan reglas espec�ficas para su aplicaci�n y distribuci�n, a diferencia de aquellos que se contemplan en el inciso b) de la fracci�n IV del art�culo 115 de la Constituci�n General, ya que estos �ltimos son cubiertos por la Federaci�n a los Municipios, y pasan a formar parte de su hacienda, pudiendo administrarlos libremente.

19) Que en uso de las facultades que confiere el art�culo 74 de la Constituci�n Federal a la C�mara de Diputados, �sta dispone en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federaci�n para el presente ejercicio, en particular en su numeral 24, que el ejercicio de los recursos contemplados en el Ramo 33 "Aportaciones F. para Entidades Federativas y Municipios", corresponde a la S.retar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, por lo que no es dable la pretensi�n de la parte actora de que tales recursos son parte de la hacienda municipal y, en consecuencia, que el Ayuntamiento deber�a tener libre disponibilidad sobre su administraci�n, ya que como ha quedado apuntado, existen reglas espec�ficas para el ejercicio de los mismos.

20) Que las participaciones federales son uno de los rubros que integran la hacienda municipal, son una especie del g�nero que constituyen los recursos federales, mismos que cuando la Federaci�n los cubra directamente a los Municipios e ingresen a las arcas del Ayuntamiento, formar�n entonces parte de la hacienda municipal, pudiendo en consecuencia tener plena disponibilidad sobre los mismos, como sucede con aquellos que sean establecidos por las Legislaturas de los Estados, seg�n lo dispone la fracci�n IV del art�culo 115 constitucional.

21) Que las Legislaturas de los Estados no establecieron dichos recursos a favor de los Municipios, sino que fue la Federaci�n, como se desprende del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y ocho y de la Ley de Coordinaci�n F.. En el caso que nos ocupa, lo �nico que hizo el Congreso Local del Estado de Puebla, fue acatar las disposiciones federales que dieron origen a dichos recursos, en la forma y t�rminos establecidos por el Congreso Federal.

22) Que contrario a lo que se�ala la parte actora, no se violenta la autonom�a y libertad municipal para manejar los recursos que integran su hacienda p�blica, contemplados en el art�culo 115 de la Constituci�n Federal, puesto que, los recursos que integran el Ramo 33, denominado "Aportaciones F. para Entidades Federativas y Municipios", a la luz del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y ocho y de la Ley de Coordinaci�n F., se establece claramente la naturaleza federal de los fondos que integran este ramo, se�alando c�mo habr�n de distribuirse, bajo qu� condiciones y t�rminos, estipulando que no podr�n destinarse a fines distintos de los determinados e indicando imperativamente que la administraci�n y el ejercicio de estos recursos ser�n a cargo de la S.retar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico.

23) Que las aportaciones ser�n administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, los Municipios, de conformidad con la legislaci�n que les sea aplicable, observando estrictamente las reglas establecidas por la legislaci�n federal para ello.

24) Que al quedar claramente se�alado que en lo que respecta a los recursos provenientes del cap�tulo I de la Ley de Coordinaci�n F., por disposici�n expresa de la misma se distribuir�n de conformidad a lo que establezca la legislaci�n que al efectoemitan los Congresos Locales y que los recursos del Ramo 33 "Aportaciones F. para Entidades Federativas y Municipios" se crearon para objetivos espec�ficos y son de naturaleza diversa de aquellos que integran la hacienda municipal, no se conculca el art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, al no configurarse, en la especie, la alegada violaci�n a la libertad municipal.

25) Que los recursos que contempla la ley que se combate, no fueron establecidos por la Legislatura Local a favor de los Municipios, sino por la Federaci�n, para ser aplicados a los fines espec�ficos contemplados por la legislaci�n federal, y consecuentemente, no podr�n ser administrados libremente por los Municipios, sino de acuerdo a lo que dispone la Ley de Coordinaci�n F., en los rubros espec�ficos que ella misma preestablece.

26) Que conforme a lo dispuesto por los art�culos 16 de la Constituci�n Federal, 14 de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla y 79, fracci�n IV, de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Puebla, no se puede considerar que el Ejecutivo Estatal est� incurriendo en invasi�n de competencia frente al Poder Legislativo, toda vez que, por mandato constitucional, el gobernador tiene la obligaci�n de cumplir y hacer cumplir las leyes del Congreso, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, como suceder� en su oportunidad, al expedir el referido Manual �nico de O.�n para el Federalismo Hacendario en el Estado de Puebla, el cual tendr� como finalidad establecer las reglas para la integraci�n de los representantes comunitarios que se incorporar�n a los Comit�s de P.�n.

27) Que no se configura un exceso del gobernador en el ejercicio de la facultad reglamentaria, toda vez que, como ha quedado precisado, el Ejecutivo Estatal se limita exclusivamente a hacer lo que la ley le permite, que en el caso particular son dos ordenamientos, la Constituci�n Local, en la que se le concede la facultad reglamentaria, y la propia Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, la que expresamente le obliga a emitir el Manual �nico de O.�n, que ser� el medio para que tenga exacta observancia lo dispuesto por el art�culo 14 de la ley que se combate, y por tanto, no existe violaci�n al art�culo 116 de la Constituci�n General, puesto que no se re�nen dos o m�s poderes del Estado en una sola persona o corporaci�n, ni se est� depositando la titularidad del Poder Legislativo en un s�lo individuo, en consecuencia, resulta infundado el presente concepto de invalidez.

28) Que por lo que hace a la violaci�n que se alega a los art�culos 133 y 120 de la Constituci�n Federal, de los art�culos 19 del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y ocho, y 6o. y 42 de la Ley de Coordinaci�n F., se advierte que contrario a lo que se�ala el actor, en relaci�n a que al promulgarse la ley que hoy se impugna deja de tener aplicaci�n la Ley de Coordinaci�n F., resulta infundada tal afirmaci�n, en virtud de que, es precisamente la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, la materializaci�n de la legislaci�n aplicable a que aluden los art�culos 6o. y 42 de la Ley de Coordinaci�n F., ya que en dichos preceptos se establece claramente tanto para las participaciones contempladas en el cap�tulo I, como en las aportaciones contenidas en el cap�tulo V de la Ley de Coordinaci�n F., que las Legislaturas Locales establecer�n su distribuci�n entre los Municipios mediante disposiciones de car�cter general, es decir, que ser� la legislaci�n local la que determine su distribuci�n, por lo que no se deja de aplicar la legislaci�n fiscal federal, sino por el contrario, se le da plena vigencia y observancia.

29) Que en relaci�n con los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, atendiendo a lo establecido por la Ley de Coordinaci�n F., la norma que se pretende impugnar se�ala que se canalizar�n a la satisfacci�n de los requerimientos de los Municipios, prioritariamente al cumplimiento de sus obligaciones financieras y a los programas de gasto derivados de la seguridad p�blica.

30) Que los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal, habr�n de distribuirse a trav�s de la S.retar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, en proporci�n directa al n�mero de habitantes de cada entidad federativa, de acuerdo con los datos que para el efecto proporcione el Instituto Nacional de Estad�stica, G.�a e Inform�tica; realizada la anterior distribuci�n, los Estados ministrar�n con el mismo criterio dichos recursos a los Municipios, concordando la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla con las disposiciones de la Ley de Coordinaci�n F..

31) Que la ley que la parte actora impugna de inconstitucional por impedir la aplicaci�n de la Ley de Coordinaci�n F., es precisamente la materializaci�n de la legislaci�n aplicable a que se hace referencia en ese ordenamiento federal, por lo que no solamente es incorrecta la afirmaci�n de los Municipios actores, sino que la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, retoma los lineamientos establecidos por el Congreso de la Uni�n, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federaci�n y en la Ley de Coordinaci�n F..

OCTAVO

Con fecha doce de mayo de mil novecientos noventa y nueve, tuvo verificativo la audiencia prevista en los art�culos 29 y 34 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Federal, en la que se hizo relaci�n de los autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos; agotado el procedimiento respectivo, se pas� el asunto al Ministro ponente para la elaboraci�n del proyecto de resoluci�n respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Este Tribunal Pleno de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 105, fracci�n I, inciso i), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracci�n I, de la L.O.�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en virtud de que se plantea un conflicto competencial entre un Estado y diversos Municipios, concretamente entre el Estado de Puebla y tres de sus Municipios (Aljojuca, N. y Altepexi).

SEGUNDO

Previamente a cualquier otra cuesti�n, procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente.

Las disposiciones y los actos impugnados en el escrito inicial de demanda son los siguientes:

  1. Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, publicada en el Peri�dico Oficial del Estado el veintiocho de enero de mil novecientos noventa y ocho, espec�ficamente los art�culos 4o., fracciones VII y IX, 8o., tercer p�rrafo, 13 al 22, 24, fracciones III y V, 30, 35, 36, 42, 43, 44, 47 al 50, 53 al 57, 73 al 76, 81 al 84, y 95 al 98.

  2. Todos los actos que son o lleguen a ser consecuencia de la aplicaci�n concreta de la ley impugnada, sobre todo por lo que hace a la creaci�n, organizaci�n y funcionamiento de los llamados Comit�s de P.�n para el Desarrollo Municipal y dem�s grupos supuestamente organizados de los diversos sectores que prev� dicha ley, as� como los actos de las Juntas Auxiliares, incluyendo en forma espec�fica los actos tendientes al ejercicio de las atribuciones y funciones que la ley que se combate otorga a dichas autoridades intermedias que se pretenden establecer.

  3. Todos los actos que tambi�n son o lleguen a ser consecuencia de la aplicaci�n de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, tendientes a la administraci�n, distribuci�n, ejecuci�n, ejercicio y fiscalizaci�n de las participaciones y aportaciones federales que corresponden a los Municipios actores.

El art�culo 21, fracci�n II de la ley reglamentaria de la materia, se�ala:

"Art�culo 21. El plazo para la interposici�n de la demanda ser�:

"...

II. Trat�ndose de normas generales, de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente a la fecha de su publicaci�n, o del d�a siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicaci�n de la norma que d� lugar a la controversia.

Conforme al precepto transcrito, el plazo para la presentaci�n de la demanda de controversia constitucional, ser� de treinta d�as en trat�ndose de disposiciones generales y el plazo para su presentaci�n se computar� a partir de su publicaci�n o de su primer acto de aplicaci�n.

En el caso particular, la ley impugnada no se combate con motivo de alg�n acto espec�fico de aplicaci�n, pues inclusive la demanda se endereza en contra de los actos que pudieran derivar de la entrada en vigor de la citada ley, por lo que, toda vez que la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla se public� el mi�rcoles veintiocho de enero de mil novecientos noventa y ocho y, conforme a su art�culo primero transitorio entr� en vigor el mismo d�a de su publicaci�n, por lo que cabe concluir que la demanda se present� dentro del plazo legal correspondiente.

En efecto, si la norma impugnada fue publicada el veintiocho de enero de mil novecientos noventa y ocho y entr� en vigor el mismo d�a, el plazo para la presentaci�n de la demanda corri� del jueves veintinueve de enero al jueves doce de marzo de ese a�o, debi�ndose descontar del c�mputo respectivo los d�as s�bado treinta y uno de enero, domingo primero, jueves cinco, s�bado siete, domingo ocho, s�bado catorce, domingo quince, s�bado veintiuno, domingo veintid�s y s�bado veintiocho de febrero, domingo primero, s�bado siete y domingo ocho de marzo, de mil novecientos noventa y ocho, por ser inh�biles, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 2o. y 3o., fracciones I y II y 6o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Federal en relaci�n con el 163 de la L.O.�nica del Poder Judicial de la Federaci�n.

Por lo anterior, al haberse presentado la demanda de controversia constitucional el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho, esto es, al d�cimo octavo d�a h�bil, debe concluirse que fue promovida dentro del plazo legal para tal efecto.

TERCERO

Procede ahora estudiar la legitimaci�n de la parte actora por ser de orden p�blico y de estudio preferente.

Signan la demanda de controversia constitucional los presidentes y s�ndicos de los Municipios actores, quienes acreditaron contar con la personalidad que ostentan en t�rminos de las constancias que se acompa�aron a su escrito inicial de demanda.

Ahora bien, los art�culos 40, fracciones XIII y XXXIX, 41, fracci�n III y 44, fracciones I, II y III, de la L.O.�nica Municipal del Estado de Puebla, disponen:

"Art�culo 40. Son atribuciones de los Ayuntamientos:

"...

"XIII. Establecer las bases sobre las cuales el presidente municipal pueda celebrar contratos, aprobarlos una vez celebrados y someterlos a la autorizaci�n del Ejecutivo y a la aprobaci�n del Congreso cuando la duraci�n de esos contratos excediera del periodo del ejercicio del Ayuntamiento;

"...

"XXXIX. Las dem�s que le confieran las leyes."

"Art�culo 41. Son facultades y obligaciones de los presidentes municipales:

"...

"III. Representar al Ayuntamiento y ejecutar sus resoluciones, salvo que se designe una comisi�n especial, o se trate de procedimientos judiciales, en los que la representaci�n corresponde al s�ndico."

"Art�culo 44. Son deberes y atribuciones de los s�ndicos:

"I. Representar al Ayuntamiento ante toda clase de autoridades, para lo cual tendr� las facultades de un mandatario judicial;

"II. Ejercitar las acciones y oponer las excepciones de que sea titular el Municipio;

III. Seguir por todos sus tr�mites los juicios en que est� interesado el Municipio.

De lo anterior se advierte que para la promoci�n de la presente controversia constitucional los presidentes de los Municipios actores carecen de facultades para representar a los Ayuntamientos de dichos Municipios, pues en t�rminos del art�culo 41, fracci�n III, de la L.O.�nica Municipal del Estado de Puebla antes transcrito, s�lo pueden representar al Ayuntamiento siempre y cuando no se designe una comisi�n especial o se trate de procedimientos judiciales, por lo que, siendo que en el caso se trata de un juicio de controversia constitucional instaurado ante la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n; esto es, de un procedimiento judicial, cabe concluir que los presidentes municipales carecen de legitimaci�n para promoverlo.

Por lo que hace a los s�ndicos de los Ayuntamientos de los Municipios actores, conforme a los art�culos 41, fracci�n III y 44, fracciones I, II y III, de la L.O.�nica Municipal de Puebla ya transcritos, a �stos les corresponde la representaci�n del Ayuntamiento en procedimientos judiciales con facultades de mandatario judicial, as� como para ejercitar las acciones y oponer las excepciones de que sea titular el Municipio y seguir en todos sus tr�mites los juicios en que �ste est� interesado, por lo que, en estas condiciones y siendo que la controversia constitucional es un procedimiento de car�cter judicial, se concluye que los s�ndicos est�n legitimados para promover a nombre y en representaci�n de los Municipios actores de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

Sirve de apoyo a lo anterior, por analog�a, la jurisprudencia n�mero 4/2000, sustentada por este Tribunal Pleno, pendiente de publicaci�n, que se�ala:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACI�N PROCESAL PARA PROMOVERLA. LA TIENEN LOS S�NDICOS EN REPRESENTACI�N DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA. De conformidad con los art�culos 41, fracci�n III, y 44, fracciones I, II y III, de la L.O.�nica Municipal del Estado de Puebla, los s�ndicos tienen la representaci�n de los Ayuntamientos en procedimientos judiciales con facultades de mandatario judicial, as� como para ejercer las acciones y oponer las excepciones de que sea titular el Municipio y seguir en todos sus tr�mites los juicios en que �ste tenga inter�s; por lo que, en estas condiciones y siendo que la controversia constitucional es un procedimiento de car�cter judicial, se concluye que los s�ndicos est�n legitimados para promover a nombre y en representaci�n de los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Puebla una controversia constitucional en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO

Previo al an�lisis de los conceptos de invalidez que se hacen valer, procede el an�lisis de las causales de improcedencia alegadas por las partes o que de oficio advierta este Alto Tribunal, por ser una cuesti�n de orden p�blico y, por ende, de estudio preferente en t�rminos del art�culo 19, �ltimo p�rrafo, de la ley reglamentaria de la materia.

Las autoridades demandadas, plantean que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el art�culo 19, fracci�n VIII, en relaci�n con el 1o., ambos de la ley reglamentaria de la materia, por considerar que de los conceptos de invalidez se advierte que se plantea la violaci�n a ordenamientos jur�dicos secundarios y no un planteamiento expreso de invasi�n de competencias.

Es infundado lo as� manifestado.

En primer lugar, debe destacarse que del an�lisis integral del escrito de demanda, se advierte que, con independencia de las disposiciones secundarias que se se�alen como infringidas, lo cierto es que existen planteamientos de inconstitucionalidad por contravenci�n a los art�culos 115, fracciones I, II y IV, inciso b), 116, 120 y 133 de la Constituci�n Federal, por lo que no puede alegarse que no exista cuesti�n de constitucionalidad.

En segundo lugar, este Alto Tribunal ha considerado que la Constituci�n Federal establece diversos instrumentos procesales con el objeto de restablecer el orden constitucional cuando el mismo sea transgredido por un �rgano de autoridad.

Entre los medios de control constitucional est� la controversia constitucional prevista en el art�culo 105, fracci�n I, de la Constituci�n Federal.

En cuanto a la tutela jur�dica, en lo espec�fico, de las controversias constitucionales, del an�lisis de su evoluci�n legislativa se colige, que es un mecanismo procesal de rango constitucional, que tiene como finalidad el someter a su revisi�n los actos o disposiciones generales que se consideren son contrarios a la Carta Fundamental; asimismo y correlativamente con lo anterior, tiene como fin proteger el �mbito de atribuciones constitucionales de los entes que se mencionan en el art�culo 105, fracci�n I, de la Constituci�n Federal, como lo son, de manera gen�rica: la Federaci�n, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios.

Aunado a lo anterior, los art�culos 1o. y 10, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la materia y 105, fracci�n I, de la Constituci�n Federal, disponen:

"Art�culo 1o. La Suprema C.e de Justicia de la Naci�n conocer� y resolver� con base en las disposiciones del presente t�tulo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. ..."

"Art�culo 10. Tendr�n el car�cter de parte en las controversias constitucionales:

"...

"II. Como demandado, la entidad, poder u �rgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia."

"Art�culo 105. La Suprema C.e de Justicia de la Naci�n conocer�, en los t�rminos que se�ale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"I. De las controversias constitucionales que, con excepci�n de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

"...

i) Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. ...

Por otra parte, la iniciativa correspondiente a la reforma del art�culo 105 de la Constituci�n Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n en diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, dice:

... Consolidar a la Suprema C.e como tribunal de constitucionalidad exige otorgar mayor fuerza a sus decisiones, exige ampliar su competencia para emitir declaraciones sobre la constitucionalidad de leyes que produzcan efectos generales, para dirimir controversias entre los tres niveles de gobierno y para fungir como garante del federalismo ... Las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad ... Aspectos generales y efectos de sus resoluciones ... Hoy se propone que, adicionalmente, los �rganos federales, estatales y municipales, o algunos de ellos, puedan promover las acciones necesarias para que la Suprema C.e de Justicia resuelva, con efectos generales, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas impugnadas ... Las controversias constitucionales. El art�culo 105 del texto original de la Constituci�n le otorga competencia exclusiva a la Suprema C.e de Justicia para conocer de las controversias que se susciten entre dos o m�s Estados, entre uno o m�s Estados y el Distrito Federal, entre los poderes de un mismo Estado y entre �rganos de gobierno del Distrito Federal sobre la constitucionalidad de sus actos. Los mencionados supuestos del art�culo 105 no prev�n muchos de los conflictos entre los �rganos federales, estatales y municipales que la realidad cotidiana est� planteando. Una de las demandas de nuestros d�as es la de arribar a un renovado federalismo. Ello hace indispensable encontrar las v�as adecuadas para solucionar las controversias que en su pleno ejercicio pueda suscitar. Por este motivo, se propone la modificaci�ndel art�culo 105 a fin de prever en su fracci�n primera las bases generales de un nuevo modelo para la soluci�n de las controversias sobre la constitucionalidad de actos que surjan entre la Federaci�n y un Estado o el Distrito Federal, la Federaci�n y un Municipio, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Uni�n, aqu�l y cualquiera de las C�maras de �ste o, en su caso, la Comisi�n Permanente, sea como �rganos federales o del Distrito Federal, dos Estados, un Estado y el Distrito Federal, el Distrito Federal y un Municipio, dos Municipios de diversos Estados, dos poderes de un mismo Estado, un Estado y uno de sus Municipios, y dos �rganos del Distrito Federal o dos Municipios de un mismo Estado. Con la modificaci�n propuesta, cuando alguno de los �rganos mencionados en el p�rrafo anterior estime vulnerada su competencia por actos concretos de autoridad o por disposiciones generales provenientes de otro de esos �rganos podr� ejercitar las acciones necesarias para plantear a la Suprema C.e la anulaci�n del acto o disposici�n general. El gran n�mero de �rganos legitimados por la reforma para plantear las controversias constitucionales es un reconocimiento a la complejidad y pluralidad de nuestro sistema federal. Todos los niveles de gobierno ser�n beneficiados con estas reformas. ...

Asimismo, la iniciativa correspondiente a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el once de mayo de mil novecientos noventa y cinco, informa lo siguiente:

"... Mediante los procedimientos de controversia constitucional y de acciones de inconstitucionalidad ser� posible garantizar plenamente la supremac�a de la Constituci�n de una manera general, y no como hasta ahora hab�a acontecido en nuestro orden jur�dico, s�lo por la v�a del juicio de amparo en el caso de la violaci�n de garant�as individuales. La diferencia fundamental entre los procedimientos de amparo y del art�culo 105 constitucional es muy clara: en el juicio de amparo se tutelan intereses directos de los gobernados y s�lo de manera indirecta se protege a la Constituci�n, mientras que los procedimientos instituidos en las fracciones I y II del art�culo 105 constitucional se conciben como instrumentos de protecci�n directa de nuestra Carta Magna ... Igualmente, las nuevas atribuciones implican que la Suprema C.e de Justicia pueda llegar a determinar las competencias que correspondan a los tres niveles de gobierno que caracterizan a nuestro sistema federal, en tanto existe la posibilidad de que aquellos poderes u �rganos que estimen que una de sus atribuciones fue indebidamente invadida o restringida por la actuaci�n de otros, puedan plantear la respectiva controversia ante la Suprema C.e a fin de que la misma determine a cu�l de ellos debe corresponder. ..."

Atento a todo lo anterior, se concluye que en las controversias constitucionales pueden impugnarse actos y disposiciones generales, por contravenci�n a la Constituci�n Federal; por lo que, en estos t�rminos, si en el caso concreto se impugnan disposiciones generales y actos que se dicen violentan disposiciones de la Constituci�n Federal, con independencia de la posible transgresi�n o no de disposiciones secundarias, debe concluirse entonces que la controversia constitucional resulta procedente.

Por las mismas razones dadas con anterioridad, debe decirse que no asiste la raz�n a las autoridades demandadas cuando aducen que el planteamiento de contradicci�n entre la ley impugnada y la Constituci�n Federal, en su caso debi� plantearse en una acci�n de inconstitucionalidad y no por v�a de controversia constitucional.

En efecto, como ya se precis�, conforme al art�culo 105, fracci�n I, inciso i), de la Constituci�n Federal, la controversia constitucional es procedente con motivo de conflictos que se susciten entre un Estado y sus Municipios con motivo de actos o disposiciones generales, por lo que, si en el caso, los Municipios actores impugnan la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, expedida y promulgada, respectivamente, por el Congreso y el gobernador del Estado de Puebla, resulta claro que la controversia constitucional es procedente para dirimir dicho conflicto.

No existiendo ninguna otra causal de improcedencia que aleguen las partes ni que de oficio advierta este tribunal, se procede al an�lisis de los conceptos de invalidez que se hacen valer.

QUINTO

En los conceptos de invalidez, en s�ntesis, se aduce lo siguiente:

  1. V.�n a lo dispuesto por el primer p�rrafo de la fracci�n I del art�culo 115 constitucional, porque en virtud de diversos preceptos de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, se crean autoridades intermedias entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado. Concretamente se impugnan los art�culos 4o., fracciones VII y IX, 8o., tercer p�rrafo, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, fracciones III y V, 30, 42, 43, 44, 49, 50, 57, 82, 95 y 98.

  2. V.�n a lo dispuesto por la fracci�n II y por el inciso b) de la fracci�n IV del art�culo 115 constitucional, debido a que la aplicaci�n de diversos preceptos de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, impide que los Municipios actores administren libremente, a trav�s de los Ayuntamientos leg�timamente electos, las participaciones y aportaciones federales que la Federaci�n les cubre, y que son parte de la hacienda municipal. Los art�culos que expresamente se impugnan en este concepto de invalidez son: 19, 20, 21, 22, 35, 36, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 74, 75, 76, 81, 83, 84 y 96.

  3. V.�n a lo dispuesto por el primer p�rrafo del art�culo 116 constitucional, por la delegaci�n de facultades que conforme a la ley que se combate, hace el Poder Legislativo del Estado de Puebla en favor del gobernador del mismo Estado, al autorizarlo a expedir el "Manual �nico de O.�n para el Federalismo Hacendario en el Estado de Puebla".

  4. V.�n a lo dispuesto por el art�culo 133 de la Constituci�n Federal, en relaci�n con el art�culo 120 de la misma Constituci�n, por la no aplicaci�n de la Ley de Coordinaci�n F. con motivo de la expedici�n de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla.

SEXTO

En los conceptos de invalidez se plantea la inconstitucionalidad de los art�culos 4o., fracciones VII y IX, 8o., tercer p�rrafo, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, fracciones III y V, 30, 35, 36, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 83, 84, 95, 96, 97 y 98 de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla.

Las citadas disposiciones legales se�alan a la letra lo siguiente:

"Art�culo 4o. La presente ley tiene por objeto:

"...

"VII. Constituir los �rganos en materia hacendaria para el cumplimiento de los objetivos de esta ley as� como de los convenios de coordinaci�n y de colaboraci�n que se celebren;

"...

"IX. Promover la participaci�n social en los �mbitos estatal y municipal para la toma de decisiones en la orientaci�n, definici�n y jerarquizaci�n de los programas y proyectos p�blicos, de acuerdo a las normas establecidas en la Ley de P.�n para el Desarrollo del Estado de Puebla."

"Art�culo 8o. Los recursos que la Federaci�n transfiera al Estado derivados de programas federales de descentralizaci�n del gasto y aquellos que, por su naturaleza an�loga puedan ser considerados bajo este rubro, deber�n sujetarse para su ejercicio, a las disposiciones de esta ley.

"...

"El Ejecutivo Estatal ser� el responsable de administrar, distribuir, ejercer y supervisar que los recursos materia de esta ley se apliquen a los fines aprobados. Para ello, el Estado promover� las acciones necesarias que garanticen la transparente y oportuna asignaci�n de dichos recursos de conformidad con esta ley y sin menoscabo de la libertad municipal. Asimismo, a trav�s de sus dependencias y entidades competentes, llevar� a cabo la asignaci�n y distribuci�n de los recursos de aportaciones para la educaci�n b�sica y normal; de aportaciones para los servicios de salud; infraestructura social estatal; y de aportaciones m�ltiples, con apego tanto a los programas establecidos por la Federaci�n, como a los estatales, regionales y sociales que se instrumenten y que se aprueben en el seno del �rgano de planeaci�n."

"Art�culo 13. Para efectos del art�culo anterior, los Municipios contar�n con Comit�s de P.�n para el Desarrollo Municipal como las instancias de participaci�n social encargadas de planear, discutir, analizar y seleccionar las obras y acciones a realizar para atender las demandas de la poblaci�n, en congruencia con los planes nacional y estatal de desarrollo."

"Art�culo 14. El Comit� de P.�n para el Desarrollo Municipal se integrar� por:

"I. El Ayuntamiento del Municipio;

"II. El total de Juntas Auxiliares de cada Municipio;

"III. Los representantes comunitarios de localidades, barrios, colonias populares y de los comit�s de obra del Municipio; y,

"IV. Los representantes del �rgano de planeaci�n estatal.

"En todo caso, la elecci�n de los representantes comunitarios ante este �rgano de planeaci�n se llevar� a cabo en asambleas democr�ticas, de conformidad con el Manual �nico de O.�n para el Federalismo Hacendario en el Estado de Puebla que para el efecto expida el Ejecutivo del Estado."

"Art�culo 15. En la coordinaci�n de acciones de planeaci�n del desarrollo, el Estado tomar� en cuenta la participaci�n de los �rganos de planeaci�n y otros grupos organizados, entendi�ndose como tales principalmente a las organizaciones representativas de obreros, campesinos, grupos populares, instituciones acad�micas y de investigaci�n, organismos empresariales y otras agrupaciones sociales, considerados �rganos de consulta permanente."

"Art�culo 16. El Estado fortalecer� la participaci�n social en la planeaci�n del desarrollo de la entidad, a trav�s de los �rganos creados por la Ley de P.�n para el Desarrollo del Estado de Puebla, a fin de que intervengan en la planeaci�n, programaci�n, ejecuci�n, control, seguimiento y evaluaci�n de los programas, y los convenios que con base en esta ley se establezcan."

"Art�culo 17. La recepci�n y an�lisis de las propuestas sobre inversi�n, la promoci�n de la cooperaci�n y colaboraci�n de la participaci�n social en las tareas de la planeaci�n del desarrollo, y los convenios que con base en esta ley se celebren, se efectuar�n bajo los lineamientos establecidos en la Ley de P.�n para el Desarrollo del Estado de Puebla."

"Art�culo 18. Para propiciar el fortalecimiento municipal el Estado deber�:

"I. Impulsar programas de fortalecimiento de los Municipios, para hacer vigente su funci�n como instancias de gobierno directamente vinculadas a las necesidades cotidianas de la poblaci�n;

"II. Ampliar los cauces para que las comunidades participen activamente en la definici�n de los programas prioritarios de la gesti�n gubernamental y cuenten con la capacidad de decisi�n, ejecuci�n y evaluaci�n correspondiente, dentro del marco del fortalecimiento a los Ayuntamientos otorg�ndoles mayores responsabilidades p�blicas;

"III. Fomentar, bajo los principios de justicia social y equidad, las capacidades y oportunidades para que, en coordinaci�n con el Estado, los Ayuntamientos eleven la cobertura y calidad de los servicios indispensables para el desarrollo social de su comunidad;

"IV. Promover la integraci�n y homogeneidad entre las regiones, acelerando el desarrollo de las que tienen menor crecimiento relativo y manteniendo la din�mica de crecimiento de las que registren mayor capacidad de respuesta productiva y m�s altos �ndices de bienestar social; y

"V. Las dem�s acciones que establezcan los ordenamientos en la materia."

"Art�culo 19. El Gobierno del Estado transferir� recursos y responsabilidades a los Ayuntamientos, fortaleciendo los instrumentos de coordinaci�n entre ambos para apoyar la pol�tica social que asegure la prioridad en la atenci�n a regiones y grupos sociales rezagados."

"Art�culo 20. En la distribuci�n de los recursos a que se refiere esta ley, el Estado establecer� criterios de equidad mediante la aplicaci�n de f�rmulas que procuren la integraci�n al desarrollo, de las regiones que conforman el territorio, mismos que har�n �nfasis en el combate a la pobreza y en la superaci�n de los rezagos sociales tanto rurales como urbanos."

"Art�culo 21. La pol�tica de equidad municipal deber� atacar los desequilibrios entre las distintas regiones, a trav�s de la canalizaci�n de recursos y la creaci�n de condiciones adecuadas para la inversi�n productiva."

"Art�culo 22. La coordinaci�n entre el Estado y Municipios deber� encauzarse a la armonizaci�n en los procesos de planeaci�n, administraci�n, gasto y su ejecuci�n, para la justa y equitativa distribuci�n de los fondos, a efecto de fortalecer a los Municipios de la entidad."

"Art�culo 24. El Sistema Estatal de Coordinaci�n Hacendaria tiene por objeto:

"...

"III. Fijar el sistema para la distribuci�n de participaciones a los Municipios.

"...

"V. Constituir los �rganos de coordinaci�n hacendaria."

"Art�culo 30. El Estado de Puebla percibir� las participaciones correspondientes de los ingresos federales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinaci�n F..

"Los Municipios percibir�n las participaciones en ingresos federales atendiendo a lo que se�alan los art�culos 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, 103 de la Constituci�n Local, la propia Ley de Coordinaci�n F. y la presente ley."

"Art�culo 35. Los fondos participables que integran el sistema para la distribuci�n de participaciones a los Municipios son:

"I. Fondo de Desarrollo Municipal cuya distribuci�n se determinar� en proporci�n directa al n�mero de habitantes de cada Municipio y a criterios de equidad y marginaci�n; y,

"II. Fondo para Incentivar y Estimular la Recaudaci�n Municipal."

"Art�culo 36. El Fondo de Desarrollo Municipal se integrar� con el 20% de las participaciones que reciba el Estado del Fondo General de Participaciones, establecido en la Ley de Coordinaci�n F. incluyendo sus incrementos, as� como de la recaudaci�n que se realice en el Estado por concepto de los impuestos sobre tenencia o uso de veh�culos y autom�viles nuevos, y de la participaci�n que corresponda al Estado del impuesto especial sobre producci�n y servicios aplicado a la cerveza, bebidas alcoh�licas y tabacos labrados."

"Art�culo 42. Las Juntas Auxiliares se coordinar�n con los Ayuntamientos, a efecto de coadyuvar con los mismos en las funciones que realizan en materia de administraci�n, recaudaci�n, ejecuci�n y supervisi�n a que se refiere esta ley, as� como aquellas establecidas en la L.O.�nica Municipal y dem�s leyes aplicables."

"Art�culo 43. Para ejercer las funciones a que se refiere el art�culo anterior, las Juntas Auxiliares recibir�n de los Ayuntamientos, de los recursos provenientes de las participaciones por lo menos:

"a) El 5% cuando el Municipio cuente con 1 y hasta 5 Juntas Auxiliares.

"b) El 10% cuando el Municipio cuente con 6 y hasta 10 Juntas Auxiliares.

"c) El 15% cuando el Municipio cuente con 11 o m�s Juntas Auxiliares.

"Dichos recursos se distribuir�n en proporci�n directa al n�mero de habitantes de cada Junta Auxiliar, de acuerdo con los datos que para el efecto emita el Consejo Estatal de Poblaci�n."

"Art�culo 44. Las Juntas Auxiliares deber�n aplicar los recursos citados en el art�culo anterior en la ejecuci�n de obras que de manera conjunta hayan sido aprobadas en los �rganos de planeaci�n de los Municipios."

"Art�culo 47. El Estado y los Municipios podr�n coordinarse en materia de gasto p�blico con el objeto de realizar programas que busquen satisfacer las necesidades colectivas, mediante la realizaci�n de obras y prestaci�n de servicios p�blicos que demande la colectividad."

"Art�culo 48. Dentro de sus respectivas esferas de competencia y atribuciones, el Estado y los Municipios involucrados realizar�n la coordinaci�n en gasto p�blico a trav�s del cumplimiento de normas de orden p�blico, acuerdos y convenios."

"Art�culo 49. El Gobierno del Estado revisar� y aprobar� la evaluaci�n socioecon�mica de los proyectos de inversi�n para el Estado y los Municipios, procurando que dichos proyectos se apeguen a los objetivos de los planes nacional, estatal y municipales de desarrollo, as� como a los programas sectoriales y regionales derivados de los mismos."

"Art�culo 50. El H. Congreso del Estado establecer� normas que aseguren que el ejercicio del gasto se realice conforme a criterios de oportunidad, calidad y eficiencia, que permitan cumplir con las condiciones t�cnicas de los proyectos y que atiendan a las prioridades del desarrollo."

"Art�culo 53. De acuerdo a lo establecido en el cap�tulo V de la Ley de Coordinaci�n F. y en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, el Estado recibir� los recursos a que se refiere este t�tulo, para su administraci�n, distribuci�n, ejercicio en los casos que proceda, y supervisi�n, clasificados en los fondos siguientes:

"I. De Aportaciones para la Educaci�n B�sica y N.l;

"II. De Aportaciones para los Servicios de Salud;

"III. De Aportaciones para la Infraestructura Social;

"IV. De Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; y

"V. De Aportaciones M�ltiples."

"Art�culo 54. Los fondos a que se refiere este t�tulo se entregar�n en la forma y tiempos establecidos en esta ley y para tales efectos no proceder�n anticipos."

"Art�culo 55. El Estado podr� convenir con los Municipios el destinar el 2% del monto total de los fondos a que se refieren las fracciones III y IV del art�culo 53 de esta ley, para el control, la vigilancia y la supervisi�n de los mismos."

"Art�culo 56. Cuando los recursos a que se refiere este t�tulo sean administrados y ejercidos por el Estado, �ste deber� observar las disposiciones contenidas en esta ley; la Ley de Obras P�blicas del Estado; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaci�n de Servicios del Estado de Puebla; Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto P�blico y dem�s disposiciones estatales aplicables. Asimismo, se observar�n los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales establecidos en la Ley de Egresos del Estado.

"Cuando estos recursos sean administrados y ejercidos por los Ayuntamientos, �stos deber�n ajustarse en lo procedente, a lo dispuesto en el p�rrafo anterior."

"Art�culo 57. Cuando los recursos de los fondos a que se refiere este t�tulo se destinen a obras p�blicas, el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos presentar�n ante las dependencias competentes, para su an�lisis y aprobaci�n, los expedientes t�cnicos de las obras autorizadas por sus Comit�s de P.�n debiendo sujetarse, adem�s de lo dispuesto por el art�culo anterior, a la normatividad, supervisi�n t�cnica y asesor�a que para tales efectos emitan dichas dependencias."

"Art�culo 73. El Gobierno del Estado ministrar� en forma mensual a los Municipios una cantidad igual para ser administrada por los Ayuntamientos; dichos recursos ser�n destinados exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales b�sicas y a inversiones, que beneficien directamente a sectores de su poblaci�n que se encuentren en condiciones de rezago social y de pobreza extrema.

"Para tales efectos, previamente los Municipios presentar�n al Gobierno del Estado, sus programas de obras y acciones aprobadas en el seno de los Comit�s de P.�n para el Desarrollo Municipal."

"Art�culo 74. Los Ayuntamientos presentar�n ante el Gobierno del Estado, para su an�lisis y aprobaci�n, los expedientes t�cnicos de las obras aprobadas por sus Comit�s de P.�n."

"Art�culo 75. Una vez aprobados los expedientes t�cnicos por el Gobierno del Estado, �ste proceder� a la ministraci�n derecursos al Ayuntamiento, conforme a lo establecido en el art�culo 73 de esta ley."

"Art�culo 76. Para continuar con la ministraci�n de los recursos por parte del Gobierno del Estado, los Ayuntamientos comprobar�n con la documentaci�n correspondiente, la aplicaci�n de los recursos a que se refiere este cap�tulo."

"Art�culo 81. Para el �ptimo aprovechamiento de los recursos, los Municipios aplicar�n los recursos de este fondo de la siguiente manera:

"I. Prioritariamente para la amortizaci�n de empr�stitos contra�dos;

"II. Podr�n convenir con el Estado el destinar cuando menos el 10% de este fondo para el pago de sus necesidades vinculadas a la seguridad p�blica en el marco del Sistema Nacional de Seguridad P�blica; y

"III. Canalizar el remanente a la realizaci�n de obra f�sica en Juntas Auxiliares y en colonias populares, dando prioridad al mantenimiento y reparaci�n de espacios educativos. Dichas obras ser�n consensadas y aprobadas en el seno del �rgano municipal de planeaci�n.

"En cualquier caso los Municipios deber�n presentar los presupuestos con cargo a este fondo a la Contadur�a M. del H. Congreso del Estado, para efectos de la revisi�n a que se refiere el tercer p�rrafo del inciso c) de la fracci�n IV, del art�culo 115 constitucional."

"Art�culo 82. Los Municipios deber�n:

"I.H. del conocimiento de sus habitantes los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicaci�n, metas y beneficiarios;

"II. Promover la participaci�n de las comunidades beneficiarias en el seno del Comit� de P.�n para el Desarrollo Municipal, en su destino, aplicaci�n y vigilancia, as� como en la programaci�n, ejecuci�n, control, seguimiento y evaluaci�n de las obras que se vayan a realizar; y

"III. Informar a sus habitantes al t�rmino de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados."

"Art�culo 83. Para la aplicaci�n de los recursos a que se refiere la fracci�n III del art�culo 81 del presente ordenamiento, se estar� a lo dispuesto por los art�culos del 74 al 76 de esta ley."

"Art�culo 84. Los Municipios deber�n reportar al Gobierno del Estado a trav�s de la S.retar�a de Finanzas al inicio de cada ejercicio presupuestal y de manera permanente, la deuda directa y contingente a cargo de su Ayuntamiento y de sus organismos p�blicos descentralizados, con el objeto de programar el saneamiento de su deuda, estableciendo el tiempo y formas de pago."

"Art�culo 95. Las infracciones en que incurran los servidores p�blicos estatales o municipales a las disposiciones de esta ley y su reglamentaci�n, se sancionar�n por los �rganos de control y supervisi�n del Estado de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores P�blicos del Estado de Puebla, L.O.�nica y Reglamentaria de la Contadur�a M. de Hacienda del Congreso del Estado de Puebla y dem�s ordenamientos estatales aplicables."

"Art�culo 96. El Gobierno del Estado podr� suspender a los Ayuntamientos las ministraciones de los recursos a que se refieren las fracciones III y IV del art�culo 53 de esta ley, si �stos no justifican en forma y tiempos establecidos el avance y aplicaci�n de los mismos, o si se canalizan a fines distintos a los aprobados en los �rganos de planeaci�n."

"Art�culo 97. En caso de que los Ayuntamientos no ministren los recursos que conforme a esta ley les corresponden a sus Juntas Auxiliares, el Gobierno del Estado los liquidar� directamente."

Art�culo 98. Las autoridades estatales y municipales que incurran en responsabilidades civiles y penales con motivo de la desviaci�n de los recursos a que se refiere esta ley, ser�n sancionados en t�rminos de la legislaci�n aplicable.

S�PTIMO

Para resolver las cuestiones planteadas en la presente controversia constitucional, deber� atenderse a lo resuelto por este Alto Tribunal en la controversia constitucional 4/98, promovida por el Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Estado de Puebla, y otros de la misma entidad federativa, en la que se impugnaron las mismas disposiciones legales y actos, y en la que existe identidad en los conceptos de invalidez propuestos (la controversia constitucional en cita fue resuelta por unanimidad de nueve votos, en sesi�n del diez de febrero del a�o dos mil, siendo ponente el M.S.S.A.A.. Por lo tanto, para dar contestaci�n a los conceptos de invalidez planteados en la presente controversia, se reproducen las consideraciones dadas en el precedente de referencia y se citan las tesis jurisprudenciales aprobadas con motivo de dicha resoluci�n que son aplicables al caso concreto.

Por m�todo, en primer t�rmino se procede al an�lisis del segundo concepto de invalidez en el que se plantea que los preceptos de la ley impugnada atentan en contra del libre manejo del patrimonio y de la libre administraci�n hacendaria que en t�rminos del art�culo 115, fracci�n II y IV, inciso b), de la Constituci�n Federal, tienen los Municipios actores. Los art�culos expresamente impugnados en este concepto de invalidez son: 19, 20, 21, 22, 35, 36, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 74, 75, 76, 81, 83, 84 y 96 de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla.

A efecto de resolver la cuesti�n planteada, es necesario interpretar y precisar previamente los alcances del art�culo 115 constitucional, en cuanto al r�gimen de libre administraci�n hacendaria que prev�, a efecto de estar en posibilidad de determinar si las disposiciones impugnadas contravienen dicha disposici�n fundamental.

El art�culo 115, fracciones II, primer p�rrafo y IV, de la Constituci�n Federal, disponen:

"Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

"...

"II. (primer p�rrafo). Los Municipios estar�n investidos de personalidad jur�dica y manejar�n su patrimonio conforme a la ley.

"...

"IV. Los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

"a) Percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

"Los Municipios podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administraci�n de esas contribuciones.

"b) Las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

"c) Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo.

"Las leyes federales no limitar�n la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni conceder�n exenciones en relaci�n con las mismas. Las leyes locales no establecer�n exenciones o subsidios respecto de las mencionadas contribuciones, en favor de personas f�sicas o morales, ni de instituciones oficiales o privadas. S�lo los bienes del dominio p�blico de la Federaci�n, de los Estados o de los Municipios estar�n exentos de dichas contribuciones.

"Las Legislaturas de los Estados aprobar�n las leyes de ingresos de los Ayuntamientos y revisar�n sus cuentas p�blicas. Los presupuestos de egresos ser�n aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles."

De la disposici�n constitucional destacan los siguientes contenidos:

  1. Los Municipios manejar�n su patrimonio conforme a la ley y administrar�n libremente su hacienda.

  2. La forma en que se integra la citada hacienda municipal.

  3. Los casos en que las leyes federales no pueden establecer contribuciones sobre los conceptos que corresponden a los Municipios; y la prohibici�n para que en las leyes locales no se establezcan exenciones o subsidios respecto de las mismas contribuciones.

  4. La facultad de las legislaturas estatales para aprobar las leyes de ingresos de los Ayuntamientos y para revisar sus cuentas p�blicas, y la facultad de los Ayuntamientos para aprobar sus presupuestos de egresos.

    Para interpretar la disposici�n constitucional en lo que interesa para el caso concreto, es necesario precisar lo que es la hacienda municipal, lo que debe entenderse por r�gimen de libre administraci�n hacendaria y si toda la hacienda municipal o s�lo parte de �sta se sujeta bajo dicho r�gimen.

    La hacienda municipal est� comprendida dentro de lo que es la hacienda p�blica, la que se ha definido de la siguiente manera:

  5. Diccionario Jur�dico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jur�dicas, Editorial Porr�a, d�cima edici�n, M�xico 1997. "Hacienda p�blica. I. La hacienda p�blica es el conjunto de ingresos, propiedades y gastos de los entes p�blicos y constituye un factor de gran importancia en el volumen de la renta nacional y su distribuci�n entre los grupos sociales ...".

  6. Diccionario de Derecho F.. H.C.I.. Editorial Oxford, primera edici�n, M�xico 1998. "Hacienda p�blica. Es el conjunto de bienes que una entidad p�blica (Federaci�n, Distrito Federal, Estados, Municipios) posee en un momento dado para la realizaci�n de sus atribuciones, as� como de las deudas a su cargo.".

  7. Diccionario Jur�dico Harla. Derecho Constitucional. E.A.N.. Editorial Harla. M�xico 1995. "Hacienda municipal. Se integra por cuatro rubros principales: las contribuciones, las participaciones federales, los ingresos provenientes de los servicios que tienen a su cargo los Municipios y rendimiento de los bienes que les pertenecen; existen otros rubros que pudieran calificarse de menores, como son los ingresos que pueden tener por concepto de donativos y herencias ...".

    Atendiendo a las anteriores definiciones puede decirse, en principio, que, en t�rminos generales, la hacienda municipal se integra por los ingresos, activos y pasivos de los Municipios.

    Precisado lo anterior, debe se�alarse ahora lo que es la libre administraci�n hacendaria.

    La libre administraci�n hacendaria debe entenderse como un r�gimen que estableci� el Poder Reformador de la Constituci�n y que ha sido motivo de m�ltiples reformas constitucionales, a efecto de fortalecer la autonom�a y autosuficiencia econ�mica de los Municipios, con el fin de que �stos puedan tener libre disposici�n y aplicaci�n de sus recursos y satisfacer sus necesidades, todo esto en los t�rminos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines p�blicos, de tal manera que, atendiendo a sus necesidades propias y siendo �stos los que de mejor manera y en forma m�s cercana las conocen, puedan priorizar la aplicaci�n de sus recursos sin que se vean afectados por intereses ajenos o por cuestiones que, por desconocimiento u otra raz�n, los obligaran a ejercer sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales.

    Al respecto destaca la iniciativa de reforma al art�culo 115 constitucional de 1983, que dice:

    ... Por su amplia reiteraci�n y sustentaci�n en toda la consulta popular, se concluy� en la necesaria reestructuraci�n de la econom�a municipal, entendiendo, como as� tambi�n lo proclamaron los Constituyentes de Quer�taro, que no podr� haber cabal libertad pol�tica en los Municipios mientras �stos no cuenten con autosuficiencia econ�mica. Por ende, en este rengl�n, fundamental para la subsistencia y desarrollo de los Municipios, consignamos en la fracci�n IV de la iniciativa, en primer t�rmino, como concepto originario del art�culo 115 la libre administraci�n de su hacienda por parte de los Municipios, pero por otra parte, en una f�rmula de descentralizaci�n, de correcta redistribuci�n de competencias en materia fiscal, estimamos conveniente asignar a las comunidades municipales los impuestos o contribuciones, inclusive con tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria as� como de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslado y mejora y las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles, previendo en casos de carencia de capacidad para la recaudaci�n y administraci�n de tales contribuciones que los Municipios podr�n celebrar convenios con los Estados para que �stos se hagan cargo de algunas de las funciones relacionadas con la mencionada administraci�n contributiva. Se atribuyen igualmente a los Municipios los rendimientos de sus bienes propios, as� como de las otras contribuciones y los otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y fundamentalmente tambi�n los ingresos provenientes de la prestaci�n de los servicios p�blicos a su cargo. Por �ltimo, en esta �rea hacendaria, se elev� a la categor�a de rango constitucional el derecho de los Municipios a recibir las participaciones federales que en su caso se les asignen, disponi�ndose la obligaci�n de las Legislaturas Locales de establecer anualmente las bases, montos y plazos con arreglo a los cuales la Federaci�n debe cubrir a los Municipios dichas participaciones. Como una disposici�n importante para la seguridad de los ingresos municipales, se consigna la obligaci�n del pago de sus contribuciones para toda persona f�sica o moral o instituciones oficiales o privadas, sin exenciones o subsidios, evitando de esta manera a nivel constitucional las pr�cticas de exentar a diversas personas o empresas del sector p�blico, de estas contribuciones que son consustanciales para la vida de los Municipios. Sin embargo, por imperativas razones de orden p�blico, que por s� solas se explican, se exceptu� de estas reglas a los bienes del dominio p�blico de la Federaci�n, Estados y Municipios. ...

    En raz�n de lo anterior, es que se instituy� como una prerrogativa constitucional a favor de los Municipios, el que �stos manejen su patrimonio conforme a la ley y administren libremente su hacienda, como lo establece el art�culo 115, fracciones II y IV, de la Constituci�n Federal.

    Por otro lado, atendiendo a las dos cuestiones antes mencionadas, hacienda municipal y libre administraci�n hacendaria, es necesario precisar si la totalidad de la primera, o s�lo una parte de ella entra en dicho r�gimen de libre administraci�n hacendaria.

    El art�culo 115, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal, anteriormente transcrito, establece c�mo se integra la hacienda municipal, se�alando al efecto que se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora, as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; b) Las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados; y, c) Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo.

    De lo anterior se sigue que, de la totalidad de los conceptos que pueden integrar la hacienda municipal, s�lo a los que se refiere la disposici�n constitucional son los que estar�n sujetos al r�gimen de libre administraci�n hacendaria.

    En estas condiciones, los conceptos que prev� la disposici�n constitucional como aquellos que conforman la hacienda municipal est�n se�alados de manera limitativa, en cuanto que no considera otros elementos que, por su naturaleza, constituyen tambi�n parte de la hacienda municipal, tal es el caso de las deudas de los Municipios y los ingresos que por diferentes conceptos tambi�n pueden llegar a las arcas municipales como pueden ser, por ejemplo, las donaciones, las aportaciones federales u otros; sin embargo, esto es para delimitar los rubros respecto de los cuales el Municipio tiene libertad de administraci�n, excluyendo aquellos que, por diversas razones, no pueden ser ejercidos libremente.

    Atento a todo lo anterior e interpretando arm�nica, sistem�tica y teleol�gicamente la disposici�n constitucional de referencia, debe concluirse que la misma no tiende a establecer la forma en que puede integrarse la totalidad de la hacienda municipal, sino la de precisar en lo particular aquellos conceptos de �sta que quedan sujetos al r�gimen de libre administraci�n hacendaria, toda vez que, por una parte, como qued� expuesto con anterioridad, la hacienda municipal comprende un universo de elementos que no se incluyen en su totalidad en la disposici�n constitucional y que evidentemente forman parte de la hacienda municipal desde el momento en que entran y afectan su esfera econ�mica como ingresos, activos o como pasivos; y, en segundo lugar, destaca que la disposici�n fundamental lo que instituye, m�s que la forma en que se integra la hacienda municipal, son los conceptos de �sta que entran dentro del r�gimen de libre administraci�n hacendaria, es decir, la norma tutela dicho r�gimen y los elementos de la hacienda municipal que quedan sujetos bajo el mismo, y no que establezca limitativamente los conceptos que constituyen todo su universo.

    Sirven de apoyo a todo lo anterior, las tesis jurisprudenciales n�meros 5/2000 y 6/2000, del Tribunal Pleno, pendientes de publicaci�n, que dicen:

    "HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACI�N HACENDARIA. SUS DIFERENCIAS (ART�CULO 115, FRACCI�N IV, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL). En t�rminos generales puede considerarse que la hacienda municipal se integra por los ingresos, activos y pasivos de los Municipios; por su parte, la libre administraci�n hacendaria debe entenderse como el r�gimen que estableci� el Poder Reformador de la Constituci�n a efecto de fortalecer la autonom�a y autosuficiencia econ�mica de los Municipios, con el fin de que �stos puedan tener libre disposici�n y aplicaci�n de sus recursos y satisfacer sus necesidades, todo esto en los t�rminos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines p�blicos."

    HACIENDA MUNICIPAL. CONCEPTOS SUJETOS AL R�GIMEN DE LIBRE ADMINISTRACI�N HACENDARIA (ART�CULO 115, FRACCI�N IV, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL). El art�culo 115, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal, establece que la hacienda municipal se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; b) Las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados; y, c) Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo. De una interpretaci�n arm�nica, sistem�tica y teleol�gica de la disposici�n constitucional, se concluye que la misma no tiende a establecer la forma en que puede integrarse la totalidad de la hacienda municipal, sino a precisar en lo particular aquellos conceptos de la misma que quedan sujetos al r�gimen de libre administraci�n hacendaria, toda vez que, por una parte, la hacienda municipal comprende un universo de elementos que no se incluyen en su totalidad en la disposici�n constitucional y que tambi�n forman parte de la hacienda municipal y, por otra, la disposici�n fundamental lo que instituye, m�s que la forma en que se integra la hacienda municipal, son los conceptos de �sta que quedan comprendidos enel aludido r�gimen de libre administraci�n hacendaria.

    Precisados los alcances del art�culo 115 constitucional, concretamente respecto de su fracci�n IV con relaci�n a la libre administraci�n hacendaria, se pasa al an�lisis de las participaciones federales y de las aportaciones federales, por ser �sta la materia del concepto de invalidez que se analiza en este considerando.

    1. Participaciones federales.

      Estos recursos tienen su raz�n de ser, en virtud de que el Congreso de la Uni�n y las Legislaturas de los Estados pueden establecer contribuciones sobre las mismas fuentes en raz�n de una facultad concurrente, por lo que el legislador ide� la celebraci�n de convenios de coordinaci�n fiscal por los cuales los Estados, a cambio de abstenerse de imponer grav�menes sobre las materias que tambi�n prev�n las leyes federales, podr�n beneficiarse de un Fondo General de Participaciones formado con el 13% de la recaudaci�n federal total que se incrementar� con el por ciento que representen en dicho ingreso de la Federaci�n, la recaudaci�n de grav�menes locales o municipales que las entidades convengan en derogar o dejar en suspenso.

      La distribuci�n de estos recursos se regula en el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, que considera las participaciones federales en el Ramo 00028 y en la Ley de Coordinaci�n F..

      La caracter�stica particular de estos recursos, es que, tanto la Federaci�n como los Estados, pueden gravar la misma fuente, pero convienen para que no se d� una doble tributaci�n y los ingresos que se obtengan se entreguen a la Federaci�n quien a su vez los redistribuye, participando as� de dichos recursos.

      Dentro de las participaciones federales se encuentran los rendimientos sobre contribuciones especiales de energ�a el�ctrica, seg�n lo dispone el art�culo 73, fracci�n XXIX-A, �ltimo p�rrafo, de la Constituci�n Federal y el 10, �ltimo p�rrafo, de la Ley de Coordinaci�n F., en donde se establece que las Legislaturas de los Estados deben fijar el porcentaje que de ellas corresponda a los Municipios. Tales disposiciones dicen:

      "Art. 73. El Congreso tiene facultad: ... XXIX-A. Para establecer contribuciones: ... 5o. Especiales sobre: a) Energ�a el�ctrica; ... Las entidades federativas participar�n en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporci�n que la ley secundaria federal determine. Las Legislaturas Locales fijar�n el porcentaje correspondiente a los Municipios en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energ�a el�ctrica."

      Art. 10. Los Estados que deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. para recibir las participaciones que establezca esta ley, lo har�n mediante convenio que celebren con la S.retar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, que deber� ser autorizado o aprobado por su legislatura. Tambi�n, con autorizaci�n de la legislatura podr�n dar por terminado el convenio. ... La adhesi�n al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. deber� llevarse a cabo integralmente y no s�lo en relaci�n con algunos de los ingresos de la Federaci�n. ... Los Estados que no deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinaci�n F., participar�n en los impuestos especiales a que se refiere el inciso 5o. de la fracci�n XXIX, del art�culo 73 constitucional, en los t�rminos que establecen las leyes respectivas.

      Por otra parte, tambi�n constituyen participaciones federales, las que se�ala el art�culo 1o. de la Ley de Coordinaci�n F. (cap�tulo I, de las participaciones de los Estados, Municipios y Distrito Federal en Ingresos F.), que dice:

      Art. 1o. Esta ley tiene por objeto coordinar el Sistema F. de la Federaci�n con los de los Estados, Municipios y Distrito Federal, establecer la participaci�n que corresponda a sus haciendas p�blicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboraci�n administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinaci�n fiscal y dar las bases de su organizaci�n y funcionamiento. ... La S.retar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico celebrar� convenio con los Estados que soliciten adherirse al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. que establece esta ley. Dichos Estados y el Distrito Federal participar�n en el total de impuestos federales y en los otros ingresos que se�ale esta ley mediante la distribuci�n de los fondos que en la misma se establecen.

      Estas participaciones se distribuir�n entre los Municipios conforme lo determinen las Legislaturas Estatales, de conformidad con el art�culo 6o. de la Ley de Coordinaci�n F., que dispone:

      Art. 6o. Las participaciones federales que recibir�n los Municipios del total del Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca ser�n inferiores al 20% de las cantidades que correspondan al Estado, el cual habr� de cubr�rselas. Las Legislaturas Locales establecer�n su distribuci�n entre los Municipios mediante disposiciones de car�cter general.

      Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia n�mero 7/2000, del Tribunal Pleno, pendiente de publicaci�n, que dice:

      PARTICIPACIONES FEDERALES. CARACTER�STICAS. La caracter�stica particular de estos ingresos consiste en que tanto la Federaci�n como los Estados pueden gravar la misma fuente, pero convienen para que no se d� una doble tributaci�n; los montos que se obtengan se entregan a la Federaci�n quien a su vez los redistribuye, participando as� de ellos. Por lo mismo, como el Congreso de la Uni�n y las Legislaturas de los Estados pueden establecer contribuciones sobre las mismas fuentes por tener facultades concurrentes, el legislador estableci� la celebraci�n de convenios de coordinaci�n fiscal por virtud de los cuales los Estados, a cambio de abstenerse de imponer grav�menes sobre las materias que tambi�n prev�n las leyes federales, podr�n beneficiarse de un porcentaje del Fondo General de Participaciones formado con la recaudaci�n de grav�menes locales o municipales que las entidades convengan con la Federaci�n, en t�rminos de lo dispuesto por la Ley de Coordinaci�n F. y del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n. A las Legislaturas Locales corresponde establecer su distribuci�n entre los Municipios mediante disposiciones de car�cter general.

    2. Aportaciones federales.

      Estos recursos provienen de la partida federal autorizada para los poderes, dependencias y entidades de la Federaci�n, es decir, se trata de recursos federales, los cuales se destinan para los Estados y Municipios.

      Esta partida se crea para coadyuvar al fortalecimiento de los Estados y Municipios en apoyo de actividades espec�ficas.

      Este apoyo de la Federaci�n, a los Estados y Municipios es independiente a los recursos que �stos reciben v�a participaciones federales, como se demuestra de la exposici�n hecha con anterioridad respecto a las participaciones.

      Por lo anterior, las autoridades federales mediante convenios de desarrollo social celebrados con los Ejecutivos Locales, determinan el monto, forma y tiempo en que deber�n ser ejercidos estos recursos, y en caso de incumplimiento pueden suspender las ministraciones respectivas e inclusive solicitar la devoluci�n de los citados recursos.

      La distribuci�n de estos recursos se regulaba en el Ramo 00026 del Presupuesto de Egresos y a partir de mil novecientos noventa y ocho en el Ramo 00033 de dicho presupuesto y en el cap�tulo V de la Ley de Coordinaci�n F..

      En efecto, hasta 1998, la Federaci�n entregaba recursos federales a los Municipios, considerados en el Ramo 00026, para la Superaci�n de la Pobreza, a trav�s de convenios que la Federaci�n celebraba con los Estados. A diferencia de las participaciones (comprendidas en el Ramo 00028), estos recursos no se prev�n para evitar la doble tributaci�n sobre la misma fuente ante facultades concurrentes de la Federaci�n y los Estados para gravar ciertas materias, sino que, las aportaciones, son recursos originarios de la Federaci�n que �sta env�a para materias espec�ficas de inter�s com�n con los Estados y Municipios.

      En la Ley de Coordinaci�n F. hasta antes de su reforma para 1998 no se establec�a un cap�tulo expreso para regular el Ramo 00026 o las aportaciones federales, sino que es hasta este a�o en que se institucionalizan estos recursos en la Ley de Coordinaci�n F., aunque dentro del Ramo 00033. Anteriormente s�lo se preve�a en el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n y en los convenios que al efecto celebraban las entidades con la Federaci�n y, como consecuencia de dicho presupuesto y convenios, los Estados, como en el caso concreto sucede, legislan en su r�gimen interior para la aplicaci�n de dichos recursos acorde a lo convenido.

      Al respecto, el art�culo 25 de la Ley de Coordinaci�n F. vigente, establece:

      Art. 25. Con independencia de lo establecido en los cap�tulos I a IV de esta ley, respecto de la participaci�n de los Estados, Municipios y el Distrito Federal en la recaudaci�n federal participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federaci�n transfiere a las haciendas p�blicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecuci�n y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportaci�n establece esta ley, para los fondos siguientes: ...

      De tal disposici�n se aprecia el reconocimiento expreso de la existencia de las aportaciones federales que se ven�an dando con anterioridad a la Ley de Coordinaci�n F. de 1998, que ahora se institucionalizan y se regulan expresamente en esta ley, lo que se corrobora tambi�n de la exposici�n de motivos de la misma, que al efecto dice:

      ... La iniciativa de reformas y adiciones que someto a la consideraci�n de esa soberan�a, tiene por objeto principal coadyuvar al fortalecimiento de las haciendas locales e inclusive municipales en dos �mbitos: el presupuestario a trav�s de la institucionalizaci�n de la provisi�n de recursos federales en apoyo a actividades espec�ficas; y en el tributario mediante la asignaci�n a los Municipios del 50% de la recaudaci�n que se obtenga a partir del 1o. de enero de 1998, respecto de las personas ahora ubicadas en la econom�a informal, que se incorporen al Registro Federal de Contribuyentes. Con esta primera parte de la iniciativa, se propone a esa soberan�a institucionalizar el apoyo que la Federaci�n ofrece como complemento a los recursos que a las entidades federativas y a los Municipios les corresponden como participaci�n en la recaudaci�n federal. As� pues, en adici�n y con independencia al referido concepto de recaudaci�n federal participable, se propone dar permanencia a los recursos que la Federaci�n aporta para el mejor desarrollo de las actividades que se han descentralizado a las entidades en los �ltimos a�os. Con tal motivo, propongo la adici�n a la Ley de Coordinaci�n F. de un nuevo cap�tulo el V, que se denomine ?De los Fondos de Aportaciones F.? destinados espec�ficamente a coadyuvar a las siguientes actividades de las entidades federativas y, en su caso, de los Municipios: ... La iniciativa que someto a la consideraci�n de esa soberan�a introduce al r�gimen jur�dico de aportaciones federales, las erogaciones destinadas al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, que han venido siendo reguladas por el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, como parte de los recursos del Ramo 26 ?Superaci�n de la Pobreza?. ... Cabe se�alar que estas aportaciones son independientes y adicionales a las participaciones de los Estados y Municipios en la recaudaci�n federal participable, ya que constituyen recursos federales diferentes ...

      Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia n�mero 8/2000, del Tribunal Pleno, pendiente de publicaci�n, que dice:

      "APORTACIONES FEDERALES. CARACTER�STICAS. Estos fondos son de naturaleza federal y corresponden a una partida que la Federaci�n destina para coadyuvar al fortalecimiento de los Estados y Municipios en apoyo de actividades espec�ficas; se prev�n en el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, regul�ndose en el cap�tulo V de la Ley de Coordinaci�n F., resultando independientes de los que se destinan a los Estados y Municipios por concepto de participaciones federales."

      Precisadas las caracter�sticas esenciales de las participaciones federales y de las aportaciones federales, se pasa a un examen m�s detallado para determinar si ambas se ubican dentro del r�gimen de libre administraci�n hacendaria municipal.

      Como qued� expuesto, las participaciones federales que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios en t�rminos del inciso b) de la fracci�n IV del art�culo 115 de la Constituci�n Federal, se refieren a los rendimientos sobre contribuciones especiales de energ�a el�ctrica que contempla el art�culo 73, fracci�n XXIX, �ltimo p�rrafo de la propia Constituci�n.

      Debe destacarse que aun en este aspecto, en acatamiento de lo dispuesto por el propio art�culo 73, fracci�n XXIX y 115, fracci�n IV, constitucionales, est� a cargo de la Legislatura Local fijar las bases, montos, plazo y el porcentaje que a cada Municipio corresponder� de dichas contribuciones especiales.

      Del mismo modo en su caso integran las participaciones federales que corresponden a los Municipios, los recursos derivados de los convenios de coordinaci�n fiscal celebrados entre los Estados de la Rep�blica con la Federaci�n, regulados en los cap�tulos I al IV de la Ley de Coordinaci�n F..

      Lo anterior se corrobora con lo dispuesto por el art�culo 1o. de la Ley de Coordinaci�n F.. Estas participaciones federales a los Estados y Municipios que en t�rminos de la fracci�n IV, inciso b), del art�culo 115 constitucional forman parte de las haciendas municipales, est�n previstas en el Ramo 00028 del Presupuesto de Egresos federal y dichos recursos, los Municipios podr�n administrarlos libremente una vez que la Legislatura Local en t�rminos del art�culo 115, fracci�n IV, inciso b), lo determine, y por ende, formen parte de su hacienda, como se desprende del texto del art�culo 6o. de la Ley de Coordinaci�n F. que conviene volver a transcribir:

      "Art�culo 6o. Las participaciones federales que recibir�n los Municipios del total del Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca ser�n inferiores al 20% de las cantidades que correspondan al Estado, el cual habr� de cubr�rselas. Las Legislaturas Locales establecer�n su distribuci�n entre los Municipios mediante disposiciones de car�cter general.

      "La Federaci�n entregar� las participaciones a los Municipios por conducto de los Estados, dentro de los cinco d�as siguientes a aquel en que el Estado las reciba; el retraso dar� lugar al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Uni�n para los casos de pago a plazos de contribuciones; en caso de incumplimiento la Federaci�n har� la entrega directa a los Municipios descontando la participaci�n del monto que corresponda al Estado, previa opini�n de la Comisi�n Permanente de Funcionarios F.es.

      "Los Municipios recibir�n como m�nimo el 20% de la recaudaci�n que corresponda al Estado en los t�rminos del pen�ltimo y �ltimo p�rrafos del art�culo 2o. de esta ley.

      "Las participaciones ser�n cubiertas en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno y no podr�n ser objeto de deducciones, salvo lo dispuesto en el art�culo 9o. de esta ley. Los Gobiernos de los Estados publicar�n, cuando menos una vez al a�o en el Diario Oficial de la entidad, y en uno de los peri�dicos de mayor circulaci�n de la misma, las participaciones que correspondan, durante un a�o, a cada uno de sus Municipios."

      Cabe precisar que las partidas presupuestales del Ramo 00028 que conforme al Presupuesto de Egresos de la Federaci�n corresponden a las entidades federativas y Municipios, tienen su origen en el sistema de coordinaci�n fiscal previsto por la Ley de Coordinaci�n F. por virtud del cual seg�n la exposici�n de motivos de la citada ley "los Estados de la Rep�blica, en ejercicio de su soberan�a, podr�n solicitar adherirse al Sistema Nacional de Coordinaci�n F., en cuyo caso, la S.retar�a de Hacienda celebrar� con ellos, un convenio de coordinaci�n fiscal que les dar� derecho a participar en un Fondo General de Participaciones formado con el 13.0% de la recaudaci�n federal total que se incrementar� con el por ciento que represente en dicho ingreso de la Federaci�n, la recaudaci�n de grav�menes locales o municipales que las entidades convengan en derogar o dejar en suspenso. Dicho fondo ser� distribuido entre los Estados conforme a las bases establecidas en la ley que se propone y que se desarrollen en los citados convenios. A cambio de esta participaci�n, los Estados no impondr�n grav�menes o los mantendr�n en suspenso, sobre las materias establecidas en las leyes federales relativas a impuestos participables, modalidad que no se hace extensiva en relaci�n a otros impuestos en los cuales no ha existido participaci�n a los Estados", es decir, dicha partida obra en el Presupuesto de Egresos federal y no en el de cada entidad federativa por tratarse de una redistribuci�n de los ingresos que perciben los Municipios, los Estados y la Federaci�n por virtud de los convenios de coordinaci�n fiscal previstos en la ley en cita.

      Tal afirmaci�n se corrobora del texto del art�culo 10 de la Ley de Coordinaci�n F. ya transcrito.

      Del mismo modo, confirma lo anterior que en la exposici�n de motivos de la Ley de Coordinaci�n F. se estableciera lo siguiente:

      Los Estados de la Rep�blica, si as� lo prefieren, pueden no adherirse al Sistema Nacional de Coordinaci�n F., en cuyo caso, podr�n establecer libremente los impuestos que estimen convenientes, salvo los se�alados en la fracci�n XXIX del art�culo 73 constitucional, en relaci�n con los cuales seguir�n recibiendo las participaciones se�aladas en las leyes federales.

      Ahora bien, el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n tiene su fundamento constitucional en el art�culo 74, fracci�n IV de la Constituci�n Federal, que establece:

      "Art�culo 74. Son facultades exclusivas de la C�mara de Diputados:

      "...

      "IV. Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, as� como revisar la cuenta p�blica del a�o anterior.

      "El Ejecutivo Federal har� llegar a la C�mara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federaci�n a m�s tardar el d�a 15 del mes de noviembre o hasta el 15 de diciembre cuando inicie su encargo, en la fecha prevista por el art�culo 83, debiendo comparecer el secretario del despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos.

      "No podr� haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese car�cter en el mismo presupuesto; las que emplear�n los secretarios por acuerdo escrito del presidente de la Rep�blica.

      "La revisi�n de la cuenta p�blica tendr� por objeto conocer los resultados de la gesti�n financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios se�alados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

      "Si del examen que realice la Contadur�a M. de Hacienda aparecieran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas del presupuesto o no existiera exactitud o justificaci�n en los gastos hechos, se determinar�n las responsabilidades de acuerdo con la ley.

      "La cuenta p�blica del a�o anterior deber� ser presentada a la C�mara de Diputados del H. Congreso de la Uni�n dentro de los diez primeros d�as del mes de junio.

      S�lo se podr� ampliar el plazo de presentaci�n de la iniciativa de Ley de Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos, as� como de la cuenta p�blica, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la C�mara o de la Comisi�nPermanente, debiendo comparecer en todo caso el secretario del despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven.

      De lo anterior se advierte que corresponde exclusivamente a la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n elaborar el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, en el que se establecer� el ejercicio que ha de realizarse de los ingresos federales que el Congreso de la Uni�n en t�rminos del art�culo 73, fracciones XXIX y VII, determin� para cubrirlo.

      Lo anterior se corrobora del texto del art�culo 1o. del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y ocho, que se�ala:

      Art�culo 1o. El ejercicio y control del gasto p�blico federal para el a�o de 1998, se realizar� conforme a las disposiciones de este decreto y a las dem�s aplicables en la materia.

      Ahora bien, los art�culos 25 y 73, fracciones XXV, XXIX-D, XXIX-E y XXX de la Constituci�n Federal, disponen:

      "Art�culo 25. Corresponde al Estado la rector�a del desarrollo nacional para garantizar que �ste sea integral, que fortalezca la soberan�a de la naci�n y su r�gimen democr�tico y que, mediante el fomento del crecimiento econ�mico y el empleo y una m�s justa distribuci�n del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constituci�n.

      "El Estado planear�, conducir�, coordinar� y orientar� la actividad econ�mica nacional, y llevar� al cabo la regulaci�n y fomento de las actividades que demande el inter�s general en el marco de libertades que otorga esta Constituci�n.

      "Al desarrollo econ�mico nacional concurrir�n, con responsabilidad social, el sector p�blico, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad econ�mica que contribuyan al desarrollo de la naci�n.

      "El sector p�blico tendr� a su cargo, de manera exclusiva, las �reas estrat�gicas que se se�alan en el art�culo 28, p�rrafo cuarto de la Constituci�n, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.

      "Asimismo, podr� participar por s� o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las �reas prioritarias del desarrollo.

      "Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyar� e impulsar� a las empresas de los sectores social y privado de la econom�a, sujet�ndolos a las modalidades que dicte el inter�s p�blico y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservaci�n y el medio ambiente.

      "La ley establecer� los mecanismos que faciliten la organizaci�n y la expansi�n de la actividad econ�mica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organizaci�n social para la producci�n, distribuci�n y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

      "La ley alentar� y proteger� la actividad econ�mica que realicen los particulares y proveer� las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo econ�mico nacional, en los t�rminos que establece esta Constituci�n."

      "Art�culo 73. El Congreso tiene facultad:

      "...

      "XXV. Para establecer, organizar y sostener en toda la Rep�blica escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigaci�n cient�fica, de bellas artes y de ense�anza t�cnica; escuelas pr�cticas de agricultura y de miner�a, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y dem�s institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la naci�n y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre monumentos arqueol�gicos, art�sticos e hist�ricos, cuya conservaci�n sea de inter�s nacional; as� como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federaci�n, los Estados y los Municipios el ejercicio de la funci�n educativa y las aportaciones econ�micas correspondientes a ese servicio p�blico, buscando unificar y coordinar la educaci�n en toda la Rep�blica. Los t�tulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtir�n sus efectos en toda la Rep�blica;

      "...

      "XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeaci�n nacional del desarrollo econ�mico y social.

      "XXIX-E. Para expedir leyes para la programaci�n, promoci�n, concertaci�n y ejecuci�n de acciones de orden econ�mico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producci�n suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios.

      "...

      XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constituci�n a los Poderes de la Uni�n.

      De los citados preceptos, se advierte que corresponde a la Federaci�n, en el �mbito de sus respectivos poderes, la coordinaci�n del desarrollo nacional y legislar en materias que tengan como fin distribuir convenientemente entre la Federaci�n, entidades federativas y Municipios, los servicios educativos, p�blicos y econ�micos socialmente necesarios con el fin de hacer una distribuci�n m�s justa de la riqueza.

      Estos preceptos constitucionales, son la base del destino que la C�mara de Diputados Federal determin� para los recursos federales del Ramo 00033 Aportaciones F. para Entidades Federativas y Municipios, previsto en el art�culo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y ocho.

      Asimismo, debe precisarse que los art�culos 3o. y 4o. y p�rrafo tercero del art�culo 19 del Presupuesto de Egresos en estudio, as� como los art�culos 32, 34, primer p�rrafo, 35, p�rrafo sexto, 36, 37 y 38, de la Ley de Coordinaci�n F., se�alan:

      "Art�culo 3o. En la ejecuci�n del gasto p�blico federal, las dependencias y entidades deber�n realizar sus actividades con sujeci�n a los objetivos y metas de los programas aprobados en este presupuesto, que correspondan a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo."

      "Art�culo 4o. La secretar�a estar� facultada para interpretar las disposiciones del presente decreto para efectos administrativos y establecer las medidas conducentes a su correcta aplicaci�n, as� como para establecer y, en su caso, recomendar medidas conducentes a homogeneizar, racionalizar y ejercer un mejor control del gasto p�blico federal en las dependencias, entidades y dem�s ejecutores de gasto."

      "... (p�rrafo tercero del art�culo 19). El ejercicio de las erogaciones a que se refiere este art�culo deber� apegarse a la distribuci�n, condiciones y t�rminos que establece el cap�tulo V de la Ley de Coordinaci�n F., y no podr�n aplicarse para cubrir otras erogaciones con fines distintos a los que ah� se se�alan. La administraci�n de los recursos de este ramo estar� a cargo de la secretar�a, la cual deber� coordinarse, en su caso, con las respectivas secretar�as en cuyo sector se distribuyan las aportaciones federales, para llevar el seguimiento de dichos recursos."

      "Art�culo 32. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se determinar� anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n con recursos federales, por un monto equivalente, s�lo para efectos de referencia, al 2.5% de la recaudaci�n federal participable a que se refiere el art�culo 2o. de esta ley, seg�n estimaci�n que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federaci�n para ese ejercicio. Del total de la recaudaci�n federal participable el 0.303% corresponder� al Fondo para la Infraestructura Social Estatal y el 2.197% al Fondo para la Infraestructura Social Municipal.

      "Los fondos se enterar�n mensualmente por partes iguales a los Estados por conducto de la Federaci�n y a los Municipios a trav�s de los Estados, sin que para este efecto procedan los anticipos a que se refiere el segundo p�rrafo del art�culo 7o. de esta ley."

      "Art�culo 34. El Ejecutivo Federal, a trav�s de la S.retar�a de Desarrollo Social, distribuir� el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social entre los Estados, considerando criterios de pobreza extrema, conforme a la siguiente f�rmula y procedimientos: ..."

      "Art�culo 35. Los Estados distribuir�n entre los Municipios los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, con una f�rmula igual a la se�alada en el art�culo anterior, que enfatice el car�cter redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos Municipios con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. Para ello, utilizar�n la informaci�n estad�stica m�s reciente de las variables de rezago social a que se refiere el art�culo anterior publicada por el Instituto Nacional de Estad�stica, G.�a e Inform�tica. En aquellos casos en que la disponibilidad de informaci�n no permita la aplicaci�n de la f�rmula antes se�alada, se utilizar�n las siguientes cuatro variables sumadas y ponderadas con igual peso cada una de ellas: ..."

      "... (p�rrafo sexto). Con objeto de apoyar a los Estados en la aplicaci�n de sus f�rmulas, la S.retar�a de Desarrollo Social publicar� en el Diario Oficial de la Federaci�n, en los primeros quince d�as del ejercicio fiscal de que se trate, las variables y fuentes de informaci�n disponibles a nivel municipal para cada Estado."

      "Art�culo 36. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal se determinar� anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n con recursos federales, por un monto equivalente, s�lo para efectos de referencia, al 2.5% de la recaudaci�n federal participable a que se refiere el art�culo 2o. de esta ley, seg�n estimaci�n que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federaci�n para ese ejercicio. Este fondo se enterar� mensualmente por partes iguales a los Municipios, por conducto de los Estados, y al Distrito Federal, sin que para este efecto procedan los anticipos a que se refiere el segundo p�rrafo del art�culo 7o. de esta ley."

      "Art�culo 37. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal reciban los Municipios, a trav�s de los Estados y el Distrito Federal se destinar�n exclusivamente a la satisfacci�n de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y a la atenci�n de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad p�blica de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al fondo a que se refiere este art�culo, los Municipios y el Distrito Federal tendr�n las mismas obligaciones a que se refieren las fracciones I a III del art�culo 33 de esta ley."

      "Art�culo 38. El Ejecutivo Federal, a trav�s de la S.retar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, distribuir� el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal en proporci�n directa al n�mero de habitantes con que cuente cada entidad federativa, de acuerdo a la informaci�n estad�stica m�s reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estad�stica, G.�a e Inform�tica.

      Las entidades a su vez distribuir�n los recursos que correspondan a sus Municipios, atendiendo estrictamente a los mismos criterios a que se refiere el p�rrafo anterior.

      De lo anterior, se advierte que en principio la ejecuci�n del gasto p�blico federal (recursos federales) corresponde a las dependencias y entidades de la administraci�n p�blica federal y espec�ficamente en trat�ndose de los recursos correspondientes al Ramo 00033, a la S.retar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico en coordinaci�n con las dem�s secretar�as cuyo sector est� involucrado en la distribuci�n de los citados recursos, en especial la S.retar�a de Desarrollo Social.

      Lo expuesto se confirma del texto de los art�culos 31, fracciones XXIII y XXV y 32, fracciones I y II de la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica Federal, que se�alan:

      "Art�culo 31. A la S.retar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

      "...

      "XXIII. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeaci�n nacional, as� como de programaci�n, presupuestaci�n, contabilidad y evaluaci�n;

      "...

      "XXV. Los dem�s que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos."

      "Art�culo 32. A la S.retar�a de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

      "I.F., conducir y evaluar la pol�tica general de desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza; en particular, la de asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda;

      II. Proyectar y coordinar, con la participaci�n que corresponda a los Gobiernos Estatales y Municipales, la planeaci�n regional.

      Por lo anterior, conforme a lo dispuesto en los art�culos 34 y 35, p�rrafo sexto, de la Ley de Coordinaci�n F. y 32, fracciones I y II, de la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica Federal, el secretario de Desarrollo Social elabor� el acuerdo mediante el cual se dan a conocer las variables y fuentes de informaci�n para la distribuci�n entre los Municipios de las aportaciones federales del Fondo para la Infraestructura Social Municipal del Ramo 00033 del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el dos de enero de mil novecientos noventa y ocho, y que en lo que al caso interesa se�ala:

      ... Considerando ... Que de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Coordinaci�n F., los Estados distribuir�n entre los Municipios las aportaciones federales del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, con una f�rmula igual a la prevista para la distribuci�n entre los Estados de acuerdo a lo se�alado en el considerando anterior. Que la propia Ley de Coordinaci�n F. dispone que, con el objeto de apoyar a los Estados en la aplicaci�n de las f�rmulas con base en las cuales distribuir�n entre los Municipios respectivos las aportaciones federales del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, la S.retar�a de Desarrollo Social publicar� en el Diario Oficial de la Federaci�n, en los primeros quince d�as del ejercicio fiscal, las variables y fuentes de informaci�n disponibles a nivel municipal para cada Estado, he tenido a bien expedir el siguiente acuerdo ... Cuarto. Conforme a lo establecido en el art�culo 35 de la Ley de Coordinaci�n F., previo convenio con la S.retar�a de Desarrollo Social, los Estados calcular�n la distribuci�n del Fondo para la Infraestructura Social Municipal entre sus Municipios, debiendo publicarla en sus respectivos �rganos oficiales de difusi�n a m�s tardar el 31 de enero del presente ejercicio fiscal, as� como la f�rmula y su correspondiente metodolog�a, justificando cada elemento.

      Ahora bien, los art�culos 35, p�rrafo s�ptimo de la Ley de Coordinaci�n F., 22, 32, fracciones II, III, V y XVII, de la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica Federal y 116, fracci�n VII de la Constituci�n Federal, disponen:

      "Art�culo 35. ... (p�rrafo s�ptimo). Los Estados, con base en los lineamientos anteriores y previo convenio con la S.retar�a de Desarrollo Social, calcular�n las distribuciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal correspondiente a sus Municipios, debiendo publicarlas en sus respectivos �rganos oficiales de difusi�n a m�s tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable, as� como la f�rmula y su respectiva metodolog�a, justificando cada elemento."

      "Art�culo 22. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos podr� celebrar convenios de coordinaci�n de acciones con los Gobiernos Estatales, y con su participaci�n, en los casos necesarios, con los Municipios, satisfaciendo las formalidades legales que en cada caso procedan, a fin de favorecer el desarrollo integral de las propias entidades federativas."

      "Art�culo 32. A la S.retar�a de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

      "...

      "II. Proyectar y coordinar, con la participaci�n que corresponda a los Gobiernos Estatales y Municipales, la planeaci�n regional;

      "III. Coordinar las acciones que incidan en el combate a la pobreza fomentando un mejor nivel de vida, en lo que el Ejecutivo Federal convenga con los Gobiernos Estatales y Municipales, buscando en todo momento propiciar la simplificaci�n de los procedimientos y el establecimiento de medidas de seguimiento y control;

      "...

      "V. Evaluar la aplicaci�n de las transferencias de fondos en favor de Estados y Municipios, y de los sectores social y privado que se deriven de las acciones e inversiones convenidas, en los t�rminos de las fracciones anteriores;

      "...

      "XVII. Los dem�s que le fijen expresamente las leyes y reglamentos."

      "Art�culo 116. El poder p�blico de los Estados se dividir�, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

      "Los Poderes de los Estados se organizar�n conforme a la Constituci�n de cada uno de ellos, con sujeci�n a las siguientes normas:

      "...

      "VII. La Federaci�n y los Estados, en los t�rminos de ley, podr�n convenir la asunci�n por parte de �stos del ejercicio de sus funciones, la ejecuci�n y operaci�n de obras y la prestaci�n de servicios p�blicos, cuando el desarrollo econ�mico y social lo haga necesario.

      Los Estados estar�n facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto de que �stos asuman la prestaci�n de los servicios o la atenci�n de las funciones a las que se refiere el p�rrafo anterior.

      Con base en dichos dispositivos legales, el Ejecutivo Federal celebra con los Ejecutivos de los diversos Estados los convenios de desarrollo social, con objeto de que los Gobiernos Estatales por conducto de los Municipios integrantes de los Estados, asuman la ejecuci�n y operaci�n de las obras y servicios p�blicos que acorde con las disposiciones del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n y la Ley de Coordinaci�n F., se deben realizar en la ejecuci�n de los recursos federales, entre otros, los referentes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal del Ramo 00033.

      En este punto, cabe precisar que toda vez que el objeto de los citados convenios es la asunci�n por parte de los Estados por conducto de sus Municipios de la ejecuci�n de recursos federales en t�rminos del art�culo 116, fracci�n VII de la Constituci�n Federal, los citados convenios se celebran con los Ejecutivos Estatales sin que en modo alguno participen los Congresos Estatales en su determinaci�n por no referirse a recursos locales.

      Del mismo modo, del art�culo 38 de la Ley de Coordinaci�n F. ya transcrito, se advierte que tambi�n por lo que hace al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal, corresponde a la autoridad federal, en este caso a la S.retar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, distribuir los recursos federales del Ramo 00033 a los Estados, quienes bajo los mismos lineamientos a su vez deben distribuirlos a los Municipios, por tratarse de recursos federales.

      A mayor abundamiento, debe precisarse que el Ramo 00033 del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, denominado Aportaciones F. para Entidades Federativas y Municipios, aparece por primera vez en el presupuesto para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y ocho.

      El art�culo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y ocho, que contiene el ramo 00033, se�ala:

      "Art�culo 19. Las erogaciones previstas para el Ramo 33 Aportaciones F. para Entidades Federativas y Municipios, enel a�o de 1998, importan la cantidad de $98,849?598,400.00 y se distribuyen de la siguiente manera:

      "Fondo de Aportaciones para la

      "Educaci�n B�sica y N.l $67,512?647,000.00

      "Fondo de Aportaciones para los

      "Servicios de Salud $10,546?151,400.00

      "Fondo de Aportaciones para la

      "Infraestructura Social, cantidad

      "que se distribuye en: $10,403?400,000.00

      "Fondo para la Infraestructura

      "Social Estatal $1,261?100,000.00

      "Fondo para la Infraestructura

      "Social Municipal $9,142?300,000.00

      "Fondo de aportaciones para el

      "Fortalecimiento de los Municipios

      "y del Distrito Federal $6,732?100,000.00

      "Fondo de Aportaciones

      "M�ltiples $3,655?300,000.00

      "El ejercicio de las erogaciones a que se refiere este art�culo deber� apegarse a la distribuci�n, condiciones y t�rminos que establece el cap�tulo V de la Ley de Coordinaci�n F., y no podr�n aplicarse para cubrir otras erogaciones con fines distintos a los que ah� se se�alan. La administraci�n de los recursos de este ramo estar� a cargo de la secretar�a, la cual deber� coordinarse, en su caso, con las respectivas secretar�as en cuyo sector se distribuyan las aportaciones federales, para llevar el seguimiento de dichos recursos.

      "El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, incluye la cantidad de $99'128,701.00 para promover la equidad de los servicios entre las entidades federativas, conforme a lo dispuesto en la fracci�n IV del art�culo 30 de la Ley de Coordinaci�n F..

      "En lo que se refiere al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, las obras, acciones sociales b�sicas y las inversiones a las que el mismo se destinen por Estados y Municipios, procurar�n que las acciones sean compatibles con la preservaci�n y protecci�n del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sustentable.

      "Los recursos del Fondo de Aportaciones M�ltiples se deber�n destinar a los programas para proporcionar exclusivamente desayunos escolares, apoyos alimentarios y asistencia social a la poblaci�n en pobreza, apoyos a la poblaci�n en desamparo, y a la construcci�n, equipamiento y rehabilitaci�n de la infraestructura f�sica de los niveles de educaci�n b�sica y superior, en su modalidad universitaria.

      "Los recursos que integran los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social, de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal, y de Aportaciones M�ltiples, se distribuyen conforme a lo dispuesto en el tomo que corresponda al Ramo 33 Aportaciones F. para Entidades Federativas y Municipios.

      La contralor�a, en el �mbito de sus atribuciones, realizar� la inspecci�n y vigilancia del ejercicio del Ramo 33 Aportaciones F. para Entidades Federativas y Municipios. La C�mara y las Legislaturas Locales, podr�n celebrar convenios para coordinarse en el seguimiento y evaluaci�n del ejercicio de estos recursos, en los t�rminos del p�rrafo segundo del art�culo 27 de este decreto.

      En general, el citado precepto contiene las siguientes prevenciones:

  8. El rubro en comento regula las aportaciones federales (sobre recursos federales) para entidades federativas y Municipios.

  9. Los fondos que integran el citado ramo son los siguientes:

    "Fondo de Aportaciones para la Educaci�n B�sica y N.l.

    "Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.

    "Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social compuesto por:

    "Fondo para la Infraestructura Social Estatal.

    "Fondo para la Infraestructura Social Municipal.

    "Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal.

    Fondo de Aportaciones M�ltiples.

  10. Las erogaciones de este ramo se distribuir�n en los t�rminos del cap�tulo V de la Ley de Coordinaci�n F..

  11. La administraci�n de los recursos estar� a cargo de la S.retar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, la cual se coordinar� en su caso con las diversas secretar�as federales en cuyo sector se distribuyan los recursos (educaci�n, salud, desarrollo social), para llevar el seguimiento de los mismos.

  12. El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud se establece para promover la equidad de estos servicios entre las entidades federativas.

  13. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, busca financiar obras, acciones sociales b�sicas e inversiones destinadas a los Estados y Municipios, b�sicamente para la preservaci�n y protecci�n del medio ambiente y para impulsar el desarrollo sustentable.

  14. El Fondo de Aportaciones M�ltiples se constituye exclusivamente para proporcionar desayunos escolares, apoyos alimentarios y asistencia social a la poblaci�n en pobreza, apoyos a la poblaci�n en desamparo, y a la construcci�n, equipamiento y rehabilitaci�n de la infraestructura f�sica de los niveles de educaci�n b�sica y superior, en su modalidad universitaria.

  15. Los recursos correspondientes a los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social, de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal, y de Aportaciones M�ltiples se distribuir�n conforme a lo dispuesto en el tomo que corresponda al Ramo 00033.

  16. La S.retar�a de Contralor�a y Desarrollo Administrativo ser� la encargada de realizar la inspecci�n y vigilancia del ejercicio de estos recursos.

  17. La C�mara de Diputados federal y las Legislaturas Locales, podr�n celebrar convenios para coordinarse en el seguimiento y evaluaci�n del ejercicio de estos recursos.

    Ahora bien, en este punto es necesario hacer referencia a diversos preceptos del propio Presupuesto de Egresos que se relacionan con el Ramo 00033 y que son los siguientes:

    "Art�culo 8o. Las erogaciones previstas para las dependencias, en el a�o de 1998, importan la cantidad de $208,910?182,700.00 y se distribuyen de la siguiente manera:

    "...

    "12 Salud $15,768?933,600.00

    "...

    "De las erogaciones a que se refiere este art�culo para el Ramo 12 Salud, se destinar�, en el a�o de 1998, la cantidad de $1,558?400,000.00 para dar cumplimiento a lo dispuesto en las fracciones II y III del art�culo 30 de la Ley de Coordinaci�n F..

    "Las erogaciones a que se refiere el p�rrafo anterior, constituyen la totalidad de los recursos previstos en este presupuesto para sufragar las medidas salariales y econ�micas que resulten en materia de incrementos salariales, as� como las erogaciones que se deriven del cumplimiento de otras obligaciones laborales, de las prestaciones, de las aportaciones por seguridad social, y de los impuestos federales. Igualmente, con dichos recursos se cubrir�n aquellas medidas que se requieran para la cobertura del sistema de salud y el mejoramiento de su calidad, y la creaci�n de plazas. Las medidas salariales y econ�micas que se acuerden conforme a lo que establece este p�rrafo ser�n transferidas a las entidades federativas a trav�s del Ramo 33 Aportaciones F. para Entidades Federativas y Municipios.

    "La S.retar�a de Salud, con cargo a los recursos del Ramo 12 Salud y de conformidad con las disposiciones aplicables, podr� asumir el gasto de operaci�n, equipamiento o dotaci�n de la plantilla necesaria para el funcionamiento de nuevas unidades de atenci�n a la salud, construidas por los Gobiernos Estatales o Municipales, siempre y cuando exista acuerdo previo con dichos gobiernos.

    "Las erogaciones que se ejerzan a trav�s del Ramo 33 Aportaciones F. para Entidades Federativas y Municipios deber�n aplicarse conforme a lo dispuesto por el cap�tulo V de la Ley de Coordinaci�n F. y este decreto. La contralor�a, en el �mbito de sus atribuciones, realizar� la inspecci�n y vigilancia del ejercicio que del Ramo 12 Salud realice la Federaci�n."

    "Art�culo 16. Las erogaciones previstas para el Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educaci�n B�sica y N.l, en el a�o de 1998, importan la cantidad de $20,399?547,500.00 y se distribuyen de la siguiente manera:

    "Previsiones para Servicios Personales

    para el Fondo de Aportaciones para la

    Educaci�n B�sica y N.l

    $12,132?872,000.00

    "Aportaciones para los Servicios de Educaci�n

    B�sica en el Distrito Federal

    $8,266?675,500.00

    "Las previsiones para servicios personales a que se refiere el primer p�rrafo de este art�culo, constituyen la totalidad de los recursos previstos en este presupuesto para sufragar las medidas salariales y econ�micas que resulten en materia de incrementos salariales, as� como las erogaciones que se deriven del cumplimiento de otras obligaciones laborales, de las prestaciones, de las aportaciones por seguridad social, y de los impuestos federales. Igualmente, con dichos recursos se cubrir�n aquellas medidas que se requieran para la cobertura del sistema educativo y el mejoramiento de su calidad, y la creaci�n de plazas. Las medidas salariales y econ�micas que se acuerden conforme a lo que establece este p�rrafo ser�n transferidas en el caso de los Estados, a trav�s del Ramo 33 Aportaciones F. para Entidades Federativas y Municipios y, en el caso del Distrito Federal, por medio del Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educaci�n B�sica y N.l.

    "Las Aportaciones para los Servicios de Educaci�n B�sica en el Distrito Federal a que se refiere el primer p�rrafo de este art�culo se ejercer�n a trav�s del Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educaci�n B�sica y N.l, y su administraci�n estar� a cargo de la S.retar�a de Educaci�n P�blica.

    "Las erogaciones que se ejerzan a trav�s del Ramo 33 Aportaciones F. para Entidades Federativas y Municipios deber�n aplicarse conforme a lo dispuesto por el cap�tulo V de la Ley de Coordinaci�n F. y este decreto. La contralor�a en el �mbito de sus atribuciones, realizar� la inspecci�n y vigilancia del ejercicio que del Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educaci�n B�sica y N.l realice la Federaci�n en lo que concierne a las Aportaciones para los Servicios de Educaci�n B�sica en el Distrito Federal."

    "Art�culo 27. Para el control, evaluaci�n, inspecci�n y vigilancia de los recursos federales que se reasignen a las entidades federativas, la secretar�a en coordinaci�n con las dependencias que participen en dicha reasignaci�n y la contralor�a, en el �mbito de sus respectivas competencias, y de acuerdo con lo que establece el art�culo 25 de este decreto, podr�n incluir en los convenios en la materia con los Gobiernos Estatales los indicadores de desempe�o para elevar la calidad del gasto, as� como lograr un ejercicio m�s eficiente y eficaz, a trav�s de un seguimiento transparente de los recursos p�blicos.

    "La C�mara y las Legislaturas Locales, podr�n celebrar convenios a trav�s de sus respectivos �rganos t�cnicos de vigilancia con el objeto de coordinar acciones para el seguimiento del ejercicio de los recursos que se reasignen y los correspondientes a las aportaciones federales a que se refiere el art�culo 19 de este decreto, a trav�s de mecanismos de informaci�n que faciliten la evaluaci�n de los resultados, permitan incorporar �stos en las cuentas p�blicas respectivas y promuevan la rendici�n transparente y oportuna de cuentas, de acuerdo a la estructura program�tica estatal y a los indicadores de desempe�o convenidos."

    "Art�culo 44. El Ejecutivo Federal, por conducto de la secretar�a, podr� autorizar erogaciones adicionales para aplicarlas a programas y proyectos estrat�gicos o prioritarios del sector p�blico federal conforme a lo siguiente:

    "...

    "II. De los excedentes de los ingresos tributarios, conforme a lo establecido en el inciso a) de la fracci�n I de este art�culo se destinar�, una vez descontadas las participaciones federales que correspondan a las entidades federativas y Municipios de acuerdo con la Ley de Coordinaci�n F., hasta el equivalente al 1% de los ingresos tributarios correspondientes a los enteros que se realicen en los primeros nueve meses del ejercicio, conforme a lo siguiente:

    "a) El 33.4% al Fondo para la Infraestructura Social Municipal;

    "b) El 33.3% para apoyar los programas de desarrollo rural autorizados en el presupuesto preferentemente en proyectos productivos de desarrollo agropecuario;

    "c) El 33.3% para apoyar los programas de construcci�n, mantenimiento y modernizaci�n de infraestructura carretera autorizados en el presupuesto.

    "Las erogaciones adicionales que en su caso resulten y se autoricen con base en esta fracci�n, se distribuir�n a m�s tardar el �ltimo d�a del mes de mayo y el 15 de noviembre, y no podr�n tomarse en cuenta para determinar la distribuci�n de aportaciones federales, conforme a lo que establece el cap�tulo V de la Ley de Coordinaci�n F..

    "El monto que rebase, en su caso, el equivalente al 1% de los ingresos tributarios a que se refiere el primer p�rrafo de esta fracci�n y aquellos excedentes de ingresos ordinarios que se enteren en los �ltimos tres meses del ejercicio fiscal, deber�n aplicarse a la amortizaci�n de la deuda p�blica, y ..."

    "S�ptimo. Al concluir la Federaci�n el proceso de transferencia de los servicios de educaci�n b�sica con el Gobierno del Distrito Federal, las aportaciones para los servicios de educaci�n b�sica en el Distrito Federal a que se refiere el art�culo 16 de este decreto, deber�n canalizarse a trav�s del Ramo 33 Aportaciones F. para Entidades Federativas y Municipios, conforme a lo que establece el cap�tulo V de la Ley de Coordinaci�n F.."

    Octavo. Al concluir la Federaci�n el proceso de transferencia de los servicios de salud con el Estado de Baja California, las aportaciones para los servicios de salud a que se refiere el art�culo 8o. de este decreto, deber�n canalizarse a trav�s del Ramo 33 Aportaciones F. para Entidades Federativas y Municipios, conforme a lo que establece el cap�tulo V de la Ley de Coordinaci�n F..

    Del texto de los preceptos transcritos anteriormente se advierte lo siguiente:

  18. Por lo que hace al Ramo 12 del presupuesto, referente a salud, lo relativo a las erogaciones para sufragar medidas salariales y econ�micas en materia de incrementos salariales, cumplimiento de obligaciones laborales, prestaciones, aportaciones de seguridad social, impuestos federales, cobertura del sistema de salud, mejoramiento de su calidad y creaci�n de plazas, deber�n canalizarse a trav�s del Ramo 00033 Aportaciones F. para Entidades Federativas y Municipios en los t�rminos previstos por el cap�tulo V de la Ley de Coordinaci�n F..

  19. Respecto del Ramo 25, las previsiones para servicios personales para el Fondo de Aportaciones para la Educaci�n B�sica, se establece para sufragar las medidas salariales y econ�micas resultantes de incrementos salariales, cumplimiento de otras obligaciones laborales, prestaciones, aportaciones de seguridad social, e impuestos federales, medidas para la cobertura del sistema educativo y el mejoramiento de su calidad as� como la creaci�n de plazas, tambi�n deber�n ser transferidas en los t�rminos ya precisados.

  20. La C�mara de Diputados y las Legislaturas Locales podr�n celebrar convenios a trav�s de sus �rganos t�cnicos de vigilancia para dar seguimiento a los recursos que se distribuyan conforme al Ramo 00033.

  21. Los servicios de educaci�n b�sica en el Distrito Federal contenidos en el Ramo 25 deber�n canalizarse conforme lo previene el Ramo 00033.

    Ahora bien, en este punto debe precisarse que la finalidad de los recursos de este ramo presupuestario es el fortalecimiento de las haciendas locales y municipales, mediante la provisi�n de recursos federales en apoyo a actividades espec�ficas.

    As� se advierte de la exposici�n de motivos que el Ejecutivo Federal formul�, respecto del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n para mil novecientos noventa y ocho que en lo conducente se�ala:

    Para impulsar decididamente el nuevo federalismo, en forma simult�nea a la presentaci�n del proyecto de Presupuesto de Egresos, someto a la consideraci�n del Honorable Congreso de la Uni�n una propuesta de reforma a la Ley de Coordinaci�n F.. De ser aprobada esta propuesta, quedar�a institucionalizada la figura Aportaciones F. a las Entidades Federativas y los Municipios. Estas aportaciones complementar�an las participaciones, lo que permitir�a incrementar los recursos y fortalecer las responsabilidades de los Gobiernos Locales. La propuesta consiste en crear tres fondos, cada uno con un destino espec�fico: el primero, para la atenci�n de educaci�n b�sica y normal en las entidades federativas; el segundo, para los servicios de salud; y el tercero, para atender las necesidades de inversi�n en infraestructura social b�sica en los Municipios, dando especial atenci�n a aquellos con los niveles de marginaci�n m�s altos. Como se detallar� en el cap�tulo VII de la exposici�n de motivos, el prop�sito de esta reforma es fortalecer la seguridad jur�dica sobre disponibilidad de recursos p�blicos para las entidades federativas y los Municipios, precisar las responsabilidades que tienen los tres �rdenes de gobierno en la ejecuci�n, vigilancia y rendici�n de cuentas sobre la aplicaci�n de los mismos. El proyecto de Presupuesto de Egresos incluye un nuevo ramo presupuestario, denominado Aportaciones F. a Entidades y Municipios, en que se presupuestar�n los recursos de los tres fondos ya descritos. Con la incorporaci�n de este ramo, la Honorable C�mara de Diputados podr� conocer con mayor precisi�n y claridad los recursos que se propone destinar a los fines mencionados. De este modo y, adem�s, mediante el fortalecimiento sustancial de otros programas descentralizados de gasto contenidos en este proyecto de Presupuesto de Egresos, podremos hacer m�s estrecho el v�nculo entre la poblaci�n y los responsables inmediatos de la prestaci�n de los citados servicios p�blicos, quienes dispondr�n de recursos para atender las demandas ciudadanas. Al fortalecer la cooperaci�n y la coordinaci�n rec�proca entre los tres �rdenes de gobierno, estas acciones contribuir�n a vigorizar el Pacto Federal y el avance integral de la Rep�blica.

    Del mismo modo, de la citada exposici�n de motivos, se aprecia que estas aportaciones federales se crearon para complementar las participaciones federales (Ramo 00028) que reciben los Estados y Municipios bajo un esquema totalmente diverso que se desarrollar� m�s adelante.

    En efecto, en primer lugar debe precisarse que la Ley de Coordinaci�n F. se public� en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintisiete de diciembre de mil novecientos setenta y ocho y su �ltima reforma se public� el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho; sin embargo, para el presente estudio s�lo se atender� a la ley reformada hasta el veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

    Las circunstancias b�sicas que se tomaron en cuenta para la elaboraci�n de la citada ley, seg�n la exposici�n de motivos formulada por el Ejecutivo Federal son las siguientes:

    "La Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos no ha separado las fuentes de tributaci�n que deban corresponder a cada uno de los niveles de gobierno, con la sola excepci�n de la fracci�n XXIX del art�culo 73 que se adicion� a la Carta Fundamental y que reserv� algunas fuentes que se decidi� quedaran gravadas exclusivamente por la Federaci�n; pero en dicha fracci�n no quedan comprendidos los principales impuestos federales y, por otra parte, nuestra Carta Fundamental no establece impuestos reservados en forma exclusiva a los Estados, ni a los Municipios.

    "...

    "La circunstancia de que los textos constitucionales no delimitan campos impositivos federales, estatales y municipales, determina que tanto el Congreso de la Uni�n, como las Legislaturas de los Estados, puedan establecer contribuciones sobre las mismas fuentes. Cuando ello ocurre se da lugar a la doble o m�ltiple tributaci�n interior, consecuencia de la concurrencia o coincidencia en el ejercicio de facultades impositivas de Federaci�n yEstado.

    "...

    "La prudencia de los legisladores federales y estatales los ha llevado incluso a buscar acuerdos para que s�lo una u otros graven determinada materia, compartiendo el producto de su recaudaci�n y estableciendo las bases de colaboraci�n administrativa en determinados impuestos de inter�s com�n para Federaci�n y Estados. S.� as� el procedimiento de participaciones en impuestos, expresamente reconocido en la Constituci�n Pol�tica, que ha constituido uno de los principales alivios a los problemas derivados de la concurrencia impositiva.

    "El acuerdo entre Federaci�n y Estados no se ha limitado a las fuentes de impuestos se�aladas en la Constituci�n, sino que se ha extendido a otras contribuciones federales en las cuales los Estados y los Municipios reciben participaci�n a cambio de abstenerse de gravar la misma fuente. Esta abstenci�n no constituye una restricci�n o limitaci�n que vulnere la soberan�a de los Estados; por el contrario, dicha soberan�a se manifiesta y se ejerce cuando una entidad federativa decide dejar en suspenso la aplicaci�n de sus propias leyes o no dictarlas, a cambio de recibir participaci�n en el impuesto establecido por la Federaci�n.

    "...

    "Paralelamente y en muy diversas materias, los Estados se han venido acogiendo a participaciones otorgadas por las leyes federales, absteni�ndose de gravar las mismas materias en los t�rminos previstos en aquellas leyes; pero como el sistema de participaciones se desarroll� hist�ricamente en diversas etapas y conforme a diferentes criterios, resulta que el conjunto del sistema tributario federal, falta racionalidad en cuanto a la determinaci�n de los impuestos en que s� se otorgan participaciones y aquellos otros cuya recaudaci�n se destina exclusivamente a la Federaci�n. Falta tambi�n uniformidad y armon�a en cuanto al monto y procedimiento para distribuir las participaciones entre las diversas entidades federativas.

    "...

    "Los Estados de la Rep�blica, en ejercicio de su soberan�a, podr�n solicitar adherirse al Sistema Nacional de Coordinaci�n F., en cuyo caso, la S.retar�a de Hacienda celebrar� con ellos, un convenio de coordinaci�n fiscal que les dar� derecho a participar en un Fondo General de Participaciones formado con el 13.0% de la recaudaci�n federal total que se incrementar� con el porciento que represente en dicho ingreso de la Federaci�n la recaudaci�n de grav�menes locales o municipales que las entidades convengan en derogar o dejar en suspenso. Dicho fondo ser� distribuido entre los Estados conforme a las bases establecidas en la ley que se propone y que se desarrollen en los citados convenios. A cambio de esta participaci�n, los Estados no impondr�n grav�menes o los mantendr�n en suspenso, sobre las materias establecidas en las leyes federales relativas a impuestos participables, modalidad que no se hace extensiva en relaci�n a otros impuestos en los cuales no ha existido participaci�n a los Estados.

    "El acto de adhesi�n por convenio al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. tiene importancia relevante para los Estados, ya que deja en suspenso, mientras dura el convenio, algunos de los impuestos establecidos por su legislatura o impone abstenci�n al propio Estado, por todo lo cual el convenio se rodea de formalidades especiales, debiendo ser aprobado, seg�n lo dispongan las normas locales, por la legislatura de cada entidad.

    "...

    "Los Estados de la Rep�blica, si as� lo prefieren, pueden no adherirse al Sistema Nacional de Coordinaci�n F., en cuyo caso, podr�n establecer libremente los impuestos que estimen convenientes, salvo los se�alados en la fracci�n XXIX del art�culo 73 constitucional, en relaci�n con los cuales seguir�n recibiendo las participaciones se�aladas en las leyes federales.

    "...

    "Como el Sistema Nacional de Coordinaci�n F., que se basar� en las leyes y se desarrollar� en convenios que celebren los Estados y la Federaci�n, implica que los Estados no graven las fuentes en relaci�n con las cuales reciben participaciones, es conveniente, si se busca preservar dicho sistema y facilitar su desenvolvimiento futuro, que se establezcan procedimientos para resolver los problemas que pudieren presentarse y mantener las relaciones entre la Federaci�n y las entidades en un plano constante de entendimiento.

    "...

    La colaboraci�n administrativa de los Estados con la Federaci�n para realizar tareas de recaudaci�n, fiscalizaci�n y en general de administraci�n de impuestos federales, ha sido una fecunda experiencia que ha demostrado un amplio grado de desarrollo de la capacidad administrativa de las entidades federativas. Esta colaboraci�n ha hecho posible, en los �ltimos a�os, obtener un importante aumento en la recaudaci�n del impuesto federal sobre ingresos mercantiles y de otros impuestos de la Federaci�n. Por esta raz�n la iniciativa propone institucionalizar los convenios entre la Federaci�n y los Estados para realizar de com�n acuerdo tareas de administraci�n fiscal. En el caso del Departamento del Distrito Federal y dado su car�cter de �rgano de la administraci�n p�blica federal, la colaboraci�n administrativa se realizar� con base en acuerdos que dicte el Ejecutivo de la Uni�n. ...

    As� pues, de lo expuesto se advierte que la Ley de Coordinaci�n F. en un principio se elabor� con la finalidad de coordinar el sistema fiscal de la Federaci�n con los Estados, Municipios y Distrito Federal, con el objeto de establecer la participaci�n que corresponder�a a las haciendas p�blicas de los citados entes en los ingresos federales, con base en una redistribuci�n de los ingresos que perciben por medio de convenios de coordinaci�n fiscal.

    Lo anterior se corrobora de lo dispuesto en el art�culo 1o. de la Ley de Coordinaci�n F., que para mayor comprensi�n del asunto se vuelve a transcribir:

    "Art�culo 1o. Esta ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federaci�n con los de los Estados, Municipios y Distrito Federal, establecer la participaci�n que corresponda a sus haciendas p�blicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboraci�n administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinaci�n fiscal y dar las bases de su organizaci�n y funcionamiento.

    "Cuando en esta ley se utilice la expresi�n ?Entidades?, �sta se referir� a los Estados y al Distrito Federal.

    La S.retar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico celebrar� convenio con los Estados que soliciten adherirse al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. que establece esta ley. Dichos Estados y el Distrito Federal participar�n en el total de impuestos federales y en los otros ingresos que se�ale esta ley mediante la distribuci�n de los fondos que en la misma se establecen.

    Ahora bien, dichos recursos referentes a las participaciones federales, como ya se precis�, se regulan en el Ramo 00028 del Presupuesto de Egresos, por lo que, como se se�al� anteriormente, los recursos del Ramo 00033 se instauraron en apoyo a las referidas participaciones, pero con una naturaleza enteramente distinta.

    As� pues, hasta antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y siete, la Ley de Coordinaci�n F. en sus cuatro cap�tulos regulaba lo concerniente al Sistema de Coordinaci�n F., por virtud del cual los Estados y Municipios reciben las participaciones contempladas en el Ramo 00028 del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n.

    Ahora bien, a partir de la citada reforma se adicion� el cap�tulo V de la Ley de Coordinaci�n F. que regula precisamente las aportaciones federales que se encuentran contenidas en el Ramo 00033 del Presupuesto de Egresos citado y que se reitera, se trata de recursos federales que se establecen para el fortalecimiento de las haciendas locales y municipales en apoyo a actividades espec�ficas.

    De la exposici�n de motivos de la multirreferida reforma destaca lo siguiente:

    "... La iniciativa de reformas y adiciones que someto a la consideraci�n de esa soberan�a, tiene por objeto principal coadyuvar al fortalecimiento de las haciendas locales e inclusive municipales en dos �mbitos: el presupuestario a trav�s de la institucionalizaci�n de la provisi�n de recursos federales en apoyo a actividades espec�ficas; y en el tributario mediante la asignaci�n a los Municipios del 50% de la recaudaci�n que se obtenga a partir del 1o. de enero de 1998, respecto de las personas ahora ubicadas en la econom�a informal, que se incorporen al Registro Federal de Contribuyentes.

    "...

    "Con esta primera parte de la iniciativa, se propone a esa soberan�a institucionalizar el apoyo que la Federaci�n ofrece como complemento a los recursos que a las entidades federativas y a los Municipios les corresponden como participaci�n en la recaudaci�n federal.

    "As� pues, en adici�n y con independencia al referido concepto de recaudaci�n federal participable, se propone dar permanencia a los recursos que la Federaci�n aporta para el mejor desarrollo de las actividades que se han descentralizado a las entidades en los �ltimos a�os. Con tal motivo, propongo la adici�n a la Ley de Coordinaci�n F. de un nuevo cap�tulo, el V, que se denomine ?De los Fondos de Aportaciones F.? destinados espec�ficamente a coadyuvar a las siguientes actividades de las entidades federativas y, en su caso, de los Municipios:

    "1. La educaci�n b�sica;

    "2. Los servicios de salud; y

    "3. La infraestructura social municipal.

    "En consonancia con esta iniciativa, y en atenci�n a la demanda de fortalecer el nuevo federalismo, el Ejecutivo a mi cargo ha sometido a la consideraci�n de la H. C�mara de Diputados, como parte del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federaci�n para el ejercicio de 1998, la incorporaci�n de un nuevo Ramo -el 33- por medio del cual se transferir�n los recursos para la constituci�n de sendos fondos de recursos de origen federal.

    "...

    "Los recursos que hasta ahora han sido canalizados de acuerdo a los Presupuestos de Egresos de la Federaci�n por la v�a del Ramo 25, se ubicar�an en el nuevo Ramo 33, conformando el Fondo de Aportaciones para la Educaci�n B�sica, cuya creaci�n propongo con la presente iniciativa, exclusivo para la operaci�n de los servicios de educaci�n b�sica y normal, en los t�rminos de los art�culos 13 y 16 de la Ley General de Educaci�n. Por su parte, los recursos necesarios para las funciones que la propia ley reserva a la Federaci�n en materia de educaci�n b�sica, seguir�n siendo asignados al Ramo 11.

    "...

    "Una caracter�stica destacada del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud de las entidades, que se propone en esta iniciativa y cuyo soporte presupuestario lo constituir�a tambi�n el nuevo Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, al que ya he hecho referencia, es la transparencia de la distribuci�n presupuestaria. Es por ello que, el monto de las aportaciones para dicho fondo, parte de la premisa de preservar la capacidad operativa de las entidades y, posteriormente, busca una mayor equidad del gasto p�blico al distribuir los recursos remanentes mediante una f�rmula de asignaci�n.

    "...

    "Conviene ahora que se otorgue a la transferencia de recursos el mismo rango que se dio a los �mbitos de competencias, mediante su expresi�n en un nuevo cap�tulo de la Ley de Coordinaci�n F..

    "Reitero que en el proyecto de presupuesto que estoy presentando a la H. C�mara de Diputados, dentro del ya mencionado nuevo Ramo 33, se consideran tambi�n los recursos que inicialmente constituir�n el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, en una mec�nica equivalente a lo ya descrito en esta exposici�n de motivos.

    "La iniciativa que someto a la consideraci�n de esa soberan�a, introduce al r�gimen jur�dico de aportaciones federales, las erogaciones destinadas al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, que han venido siendo reguladas por el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, como parte de los recursos del Ramo 26 ?Superaci�n de la Pobreza?.

    "En esta iniciativa se propone que en los Presupuestos de Egresos de la Federaci�n, se determinen anualmente recursos federales por un monto equivalente, s�lo para efectos de referencia, al 2.037% de la recaudaci�n federal participable, a efecto de contar con un marco que servir� de base para la determinaci�n del monto de las aportaciones federales que anualmente integrar�n el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. Cabe se�alar que estas aportaciones son independientes y adicionales a las participaciones de los Estados y Municipios en la recaudaci�n federal participable, ya que constituyen recursos federales diferentes.

    "...

    "A efecto de garantizar el cumplimiento de los objetivos y estrategias de la pol�tica de desarrollo social y de superaci�n de la pobreza, se propone que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal que reciban los Municipios, se destinen exclusivamente a financiar obras, acciones sociales b�sicas e inversiones que beneficien directamente a sectores de su poblaci�n en condiciones de rezago social y de pobreza extrema, en los rubros que expresamente se se�alan, destin�ndose hasta un 2% de dichos recursos al desarrollo institucional municipal, a trav�s de la formulaci�n de programas espec�ficos que ser�n convenidos entre el Ejecutivo Federal, a trav�s de la S.retar�a de Desarrollo Social, el Gobierno Estatal correspondiente y el Municipio de que se trate.

    "...

    "A fin de que los recursos que integran este fondo se distribuyan equitativamente entre las entidades federativas, conforme a la situaci�n de pobreza extrema prevaleciente en cada una de ellas, se incorpora una f�rmula que permite identificar los �ndices de pobreza extrema de cada entidad federativa, mediante criterios definidos y transparentes, en raz�n de necesidades b�sicas definidas por ingreso por persona, nivel educativo promedio por hogar, disponibilidad de espacio de la vivienda, disponibilidad de electricidad-combustible para cocinar y disponibilidad de drenaje, que sirven para comparar la situaci�n de pobreza de cada familia, para traducirla a niveles de pobreza extrema federativa a nivel nacional.

    "Al efecto, la iniciativa prev� que las normas y criterios aplicables a esta f�rmula sean establecidos por la S.retar�a de Desarrollo Social, conforme a la competencia que le determina el art�culo 32 de la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica Federal.

    "...

    "Sin embargo, el esfuerzo descentralizado no ser�a eficiente si en raz�n del origen federal de los recursos que originalmente constituyen tales fondos, su operaci�n, manejo y supervisi�n se sujetara a disposiciones federales, anteponi�ndolas a la legislaci�n aplicable en cada entidad federativa y, en su caso, municipal.

    "En tal virtud, como corolario del nuevo cap�tulo que propongo incorporar a la Ley de Coordinaci�n F., planteo la conveniencia de establecer de manera expresa con el fin de vincular de manera m�s eficiente los recursos aportados por la Federaci�n, con sus beneficiarios, y responsabilizarlos de su utilizaci�n, que los mismos ser�n administrados y ejercidos por los gobiernos de las propias entidades federativas y, en su caso, de los Municipios, que los reciban, de acuerdo a la legislaci�n que en cada uno de ellos resulte aplicable; asimismo, que las aportaciones que con cargo a los fondos ya descritos reciban las entidades federativas y, en su caso, los Municipios, as� como sus correspondientes accesorios, no podr�n ser embargados, gravados, ni afectos en garant�a, por parte de los gobiernos que los reciban, quienes tampoco podr�n destinarlos a fines diversos a los que, para cada fondo limita la ley. ..."

    De dicha exposici�n de motivos se advierte lo siguiente:

  22. La finalidad de dichas aportaciones es el fortalecimiento de las haciendas locales y municipales.

  23. La reforma busca institucionalizar el apoyo que la Federaci�n ofrece como complemento a los recursos que a las entidades federativas y a los Municipios les corresponden como participaci�n en la recaudaci�n federal (Ramo 00028).

  24. Las aportaciones federales estar�n contenidas en el Ramo 00033 del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n y se trata de recursos de origen federal.

  25. Los recursos que anteriormente se canalizaban por v�a del Ramo 00025 del Presupuesto de Egresos federal, con la reforma se integran dentro del Ramo 00033 del Fondo de Aportaciones para la Educaci�n B�sica, con la finalidad exclusiva de operar los servicios de educaci�n b�sica y normal.

  26. El monto de las aportaciones para el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud busca preservar la capacidad operativa de las autoridades y, posteriormente lograr una mejor equidad del gasto p�blico al distribuir los recursos remanentes mediante una f�rmula de asignaci�n.

  27. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal hasta antes de la reforma se conten�an en el Ramo 00026 del Presupuesto de Egresos Federal.

  28. Las aportaciones federales son independientes y adicionales a las participaciones de los Estados y Municipios en la recaudaci�n federal participable (Ramo 00028), por constituir recursos federales diversos.

  29. Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal que reciban los Municipios deber�n destinarse a financiar obras, acciones sociales b�sicas e inversiones que beneficien directamente sectores de su poblaci�n en condiciones de rezago social y de pobreza extrema en los rubros que expresamente se se�alan.

  30. Se deber� destinar hasta un 2% de los recursos precisados anteriormente al desarrollo institucional municipal, a trav�s de la formulaci�n de programas espec�ficos que ser�n convenidos entre el Ejecutivo Federal, a trav�s de la S.retar�a de Desarrollo Social, el Gobierno Estatal correspondiente y el Municipio de que se trate.

    Estos convenios tienen como fundamento el art�culo 116, fracci�n VII de la Constituci�n Federal, que como ya se precis� anteriormente, permite que la Federaci�n convenga con los Estados y �stos con los Municipios la asunci�n por parte de estos �ltimos del ejercicio de funciones, la ejecuci�n y operaci�n de obras y la prestaci�n de servicios p�blicos, cuando el desarrollo econ�mico y social lo hagan necesario, que en principio corresponde a la Federaci�n, como es el caso del ejercicio de los recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del Ramo 00033.

  31. Para la distribuci�n del referido fondo se incorpora una f�rmula que permite identificar los �ndices de pobreza extrema de cada entidad federativa, mediante criterios definidos y transparentes.

  32. Las normas y criterios aplicables a la citada f�rmula ser�n establecidos por la S.retar�a de Desarrollo Social.

    Debe se�alarse que el multicitado cap�tulo V de la Ley de Coordinaci�n F. conforme al cual se distribuyen los recursos del citado Fondo para la Infraestructura Social Municipal del Ramo 00033, retoma los principios de distribuci�n de recursos que hasta antes del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y ocho, se contemplaba exclusivamente para distribuir los recursos correspondientes al Ramo 00026 "Superaci�n de la Pobreza".

    Con la inclusi�n del citado cap�tulo V a la Ley de Coordinaci�n F., se institucionalizan diversas figuras que anteriormente se plasmaban en el propio Presupuesto de Egresos, s�lo respecto al Ramo 00026, como son:

  33. Los fondos que integran el Ramo 00033.

  34. Se precisan los elementos con base en los cuales se distribuir�n los recursos de los diversos fondos que integran este rubro.

  35. Se establece claramente la actuaci�n tanto de las autoridades F., locales y municipales en la planeaci�n de la aplicaci�n de losrecursos.

  36. Se precisa la f�rmula actuarial conforme a la cual se asignaron los recursos para promover la equidad en los servicios de salud.

  37. Se proporcionan los porcentajes y par�metros conforme a los cuales se determinar� el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

  38. Se precisa el destino que deber� darse a las aportaciones federales que integran el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de Estados y Municipios.

  39. Se establecen las obligaciones que nacen para los Estados y Municipios respecto de dichas aportaciones, como son: hacer del conocimiento de sus habitantes de los montos que reciban, obras y acciones a realizar, metas, beneficiarios, etc.

  40. Se faculta al Ejecutivo Federal por conducto de la S.retar�a de Desarrollo Social para distribuir el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y a determinar la f�rmula actuarial para tal efecto.

  41. Se precisa la obligaci�n que tiene el Ejecutivo Federal a trav�s de la S.retar�a de Desarrollo Social para publicar en el Diario Oficial de la Federaci�n, las normas establecidas para necesidades b�sicas y valores para el c�lculo de la f�rmula y la estimaci�n de los porcentajes de participaci�n porcentual que se asignar� a cada Estado.

  42. Se determina la forma en que los recursos del Fondo para la Infraestructura Social ser�n distribuidos por los Estados a los Municipios, b�sicamente con base en una f�rmula igual a la empleada para distribuir los recursos entre los Estados.

  43. Se se�ala la obligaci�n de la S.retar�a de Desarrollo Social para publicar en el Diario Oficial de la Federaci�n en los primeros quince d�as del ejercicio fiscal de que se trate y en apoyo de los Estados en la aplicaci�n de sus f�rmulas, las variables y fuentes de informaci�n disponibles a nivel municipal para cada Estado.

  44. Se establece que los Estados con base en lineamientos dados por la ley y previo convenio con la S.retar�a de Desarrollo Social, calcular�n las distribuciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal de sus Municipios, la cual junto con la f�rmula y su respectiva metodolog�a deber� ser publicada en sus respectivos �rganos oficiales de difusi�n a m�s tardar el treinta y uno de enero del ejercicio fiscal aplicable.

  45. Se instituye la obligaci�n que tienen los Estados de enterar a sus respectivos Municipios los recursos que les correspondan, conforme al calendario de enteros en que la Federaci�n lo hace en favor de los Estados.

  46. Se establece la forma en que deber� determinarse el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal y los rubros a los que deber� destinarse.

  47. Se determina la obligaci�n a cargo del Ejecutivo Federal a trav�s de la S.retar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico para distribuir el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal, tomando como base el n�mero de habitantes con que cuente cada entidad federativa, as� como la obligaci�n de las entidades federativas de hacer lo propio respecto de los Municipios.

  48. Se da la pauta para determinar el monto de los recursos del Fondo de Aportaciones M�ltiples y los rubros en que deber� ejercerse.

  49. Se remite al Presupuesto de Egresos correspondiente para conocer las asignaciones y reglas para la distribuci�n del Fondo de Aportaciones M�ltiples entre las entidades federativas.

  50. Se prev� que los Gobiernos de los Estados y en su caso los Municipios, administrar�n y ejercer�n los recursos correspondientes de conformidad con la legislaci�n local que les sea aplicable, as� como la responsabilidad de las autoridades de control y supervisi�n del ejercicio del gasto en cada entidad federativa, de ejercer la vigilancia directa que le corresponda, para constatar la correcta aplicaci�n de los recursos que reciban de tales fondos y de fincar, en su caso, las responsabilidades administrativas correspondientes.

    Esta remisi�n que se hace a la legislaci�n local para la administraci�n y ejercicio de estos recursos, s�lo se refiere a la administraci�n interna (Estado) que se realizar� de los recursos que previamente se determinen tanto en el convenio correspondiente celebrado entre el Ejecutivo Federal y los Estados, como los que sean determinados por las diversas dependencias federales, involucradas, pues por tratarse del ejercicio de recursos federales �stos deber�n regirse necesariamente tanto por el cap�tulo V de la Ley de Coordinaci�n F. como por lo dispuesto en el presupuesto de egresos correspondiente.

    Del mismo modo, la responsabilidad administrativa por el manejo de estos fondos a que se refiere esta disposici�n se basa en la legislaci�n local pero como se ver� en el p�rrafo siguiente, con independencia de esta responsabilidad por tratarse de recursos federales proceder� tambi�n fincar responsabilidad administrativa, civil y penal conforme a la legislaci�n federal, e inclusive pol�tica en t�rminos del art�culo 110, p�rrafo segundo de la Constituci�n Federal.

  51. Se se�ala que no obstante lo anterior, las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a la hacienda p�blica federal en que, en su caso, incurran las autoridades locales o municipales exclusivamente con motivo de la desviaci�n de los recursos recibidos de los fondos integrantes del Ramo 00033, para fines distintos a los previstos en la ley, ser�n sancionados en t�rminos de la legislaci�n federal.

    En adici�n a lo anterior, debe se�alarse que los art�culos 26, 29 y 40 de la Ley de Coordinaci�n F., se�alan:

    "Art�culo 26. Con cargo a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Educaci�n B�sica y N.l que les correspondan, los Estados y el Distrito Federal recibir�n los recursos econ�micos complementarios que les apoyen para ejercer las atribuciones que de manera exclusiva se les asignan, respectivamente, en los art�culos 13 y 16 de la Ley General de Educaci�n."

    "Art�culo 29. Con cargo a las aportaciones que del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud les correspondan, los Estados y el Distrito Federal recibir�n los recursos econ�micos que los apoyen para ejercer las atribuciones que en los t�rminos de los art�culos 3o., 13 y 18 de la Ley General de Salud les competan."

    Art�culo 40. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones M�ltiples reciban los Estados de la Federaci�n y el Distrito Federal se destinar�n exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la poblaci�n en condiciones de pobreza extrema, apoyos a la poblaci�n en desamparo, as� como a la construcci�n, equipamiento y rehabilitaci�n de infraestructura f�sica de los niveles de educaci�n b�sica y superior en su modalidad universitaria.

    De lo anterior, se advierte que los Fondos de Aportaciones para la Educaci�n B�sica y N.l, de Aportaciones para los Servicios de Salud y de Aportaciones M�ltiples, se dise�aron para ser distribuidos entre los Estados y el Distrito Federal y no as� para los Municipios.

    De lo expuesto con anterioridad, se concluye que toda vez que la partida presupuestaria del Ramo 00033 del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n para el Ejercicio F. de mil novecientos noventa y ocho, se refiere a recursos federales, cuya ejecuci�n corresponde a las autoridades federales en t�rminos de los art�culos 3o. y 19 del propio Presupuesto de Egresos de la Federaci�n y 35 de la Ley de Coordinaci�n F. y 31 y 32 de la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica Federal, adem�s atendiendo a que dichos recursos no fueron determinados como ingresos de los Municipios actores por la Legislatura Local quien es la �nica facultada para determinar las participaciones federales que corresponden a los Municipios en t�rminos del art�culo 115, fracci�n IV, inciso b), de la Constituci�n General de la Rep�blica, debe estimarse que los citados recursos, aunque ingresan a la hacienda municipal, no est�n comprendidos dentro del r�gimen de libre administraci�n hacendaria.

    De todo lo expuesto, podemos concluir lo siguiente:

  52. Las participaciones federales que forman parte de las haciendas municipales en t�rminos del art�culo 115, fracci�n IV, inciso b), de la Constituci�n Federal, est�n previstas en el Ramo 00028 del Presupuesto de Egresos Federal y est�n regulados en los cap�tulos primero al cuarto de la Ley de Coordinaci�n F..

  53. Las citadas participaciones federales, integrar�n las haciendas municipales, y por ende podr�n ser administradas libremente una vez que las Legislaturas Locales mediante disposiciones generales determinen las bases, montos y plazos para ello.

  54. La finalidad de los recursos del Ramo 00033, es el fortalecimiento de las haciendas locales y municipales mediante la provisi�n de recursos federales en apoyo a actividades espec�ficas.

  55. Las aportaciones federales previstas en el Ramo 00033 del Presupuesto de Egresos Federal se crearon para complementar las participaciones federales (Ramo 00028) que reciben los Estados y Municipios bajo un esquema totalmente diferente.

  56. Las aportaciones federales previstas en el Ramo 00033 del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, est�n regulados en el cap�tulo V de la Ley de Coordinaci�n F..

  57. Conforme a los art�culos 35, p�rrafo s�ptimo de la Ley de Coordinaci�n F., 22, 32, fracciones II, III, V y XVII, de la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica Federal y 116, fracci�n VII de la Constituci�n Federal, el Ejecutivo Federal celebra con los Ejecutivos de los Estados los convenios de desarrollo social, con objeto de que los Gobiernos Estatales por conducto de los Municipios integrantes de los Estados, asuman la ejecuci�n y operaci�n de obras y servicios p�blicos que acorde con las disposiciones del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n y la Ley de Coordinaci�n F., se deben realizar en la ejecuci�n de los recursos federales del Fondo para la Infraestructura Social Municipal del Ramo 00033.

  58. Toda vez que el objeto de los citados convenios, es la asunci�n por parte de los Estados por conducto de sus Municipios de la ejecuci�n de recursos federales, dichos convenios se celebran con los Ejecutivos Locales sin que en modo alguno participen los Congresos Estatales en su determinaci�n por no referirse a ingresos locales.

  59. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal del Ramo 00033 del Presupuesto de Egresos Federal, en t�rminos del art�culo 38 de la Ley de Coordinaci�n F. y 31, fracciones XXIII y XXV de la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica Federal, son distribuidos por la S.retar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico a los Estados y �stos a los Municipios en los t�rminos precisados por la Ley de Coordinaci�n F. por tratarse de recursos federales.

    Precisado todo lo anterior y considerando que las participaciones federales s� forman parte del r�gimen de libre administraci�n hacendaria, y no as� las aportaciones federales, procede ahora entrar al estudio de cada una de las disposiciones impugnadas a efecto de determinar si contravienen dicho r�gimen tutelado por el art�culo 115, fracciones II y IV, inciso b), de la Constituci�n Federal.

    Sirve de apoyo a todo lo expuesto, la tesis de jurisprudencia n�mero 9/2000, del Tribunal Pleno, pendiente de publicaci�n, que dice:

    "HACIENDA MUNICIPAL. LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES FORMAN PARTE DE AQU�LLA, PERO S�LO LAS PRIMERAS QUEDAN COMPRENDIDAS EN EL R�GIMEN DE LIBRE ADMINISTRACI�N HACENDARIA. Las participaciones y aportaciones federales son recursos que ingresan a la hacienda municipal, pero �nicamente las primeras quedan comprendidas dentro del r�gimen de libre administraci�n hacendaria de los Municipios conforme a lo dispuesto por el art�culo 115, fracci�n IV, inciso b), de la Constituci�n Federal; por su parte, las aportaciones federales no est�n sujetas a dicho r�gimen, dado que son recursos netamente federales que se rigen por disposiciones federales."

    Los art�culos de la ley impugnada que expresamente se combaten en el presente concepto de invalidez, son: 19 al 22, 35, 36, 47, 48, 53 al 56, 74 al 76, 81, 83, 84 y 96.

    Los art�culos 19 al 22 de la ley combatida, pertenecen al t�tulo tercero, cap�tulo �nico "Del fortalecimiento y la equidad municipal". Dichas disposiciones establecen:

    "Art�culo 19. El Gobierno del Estado transferir� recursos y responsabilidades a los Ayuntamientos, fortaleciendo los instrumentos de coordinaci�n entre ambos para apoyar la pol�tica social que asegure la prioridad en la atenci�n a regiones y grupos sociales rezagados."

    "Art�culo 20. En la distribuci�n de los recursos a que se refiere esta ley, el Estado establecer� criterios de equidad mediante la aplicaci�n de f�rmulas que procuren la integraci�n al desarrollo, de las regiones que conforman el territorio, mismos que har�n �nfasis en el combate a la pobreza y en la superaci�n de los rezagos sociales tanto rurales como urbanos."

    "Art�culo 21. La pol�tica de equidad municipal deber� atacar los desequilibrios entre las distintas regiones, a trav�s de la canalizaci�n de recursos y la creaci�n de condiciones adecuadas para la inversi�n productiva."

    "Art�culo 22. La coordinaci�n entre el Estado y Municipios deber� encauzarse a la armonizaci�n en los procesos de planeaci�n, administraci�n, gasto y su ejecuci�n, para la justa y equitativa distribuci�n de los fondos, a efecto de fortalecer a los Municipios de la entidad."

    De las disposiciones transcritas puede advertirse que no se impone obligaci�n alguna a los Ayuntamientos que pueda implicar contravenci�n al r�gimen de libre administraci�n hacendaria o afectaci�n al libre manejo de su patrimonio, y tampoco establecen prohibici�n alguna que impida el ejercicio de tales derechos constitucionales, pues �nicamente lo que prev�n son lineamientos generales a trav�s de los cuales se busca garantizar el fortalecimiento y equidad municipal.

    En efecto, las disposiciones de referencia establecen que el Gobierno del Estado debe transferir recursos y responsabilidades a los Ayuntamientos, fortaleciendo los instrumentos de coordinaci�n entre ambos, para apoyar la pol�tica social que asegure la prioridad en la atenci�n a regiones y grupos sociales rezagados (art�culo 19); que en la distribuci�n de los recursos que prev� la ley impugnada, el Estado establecer� criterios de equidad mediante la aplicaci�n de f�rmulas que procuren la integraci�n al desarrollo, el combate a la pobreza y la superaci�n de los rezagos sociales (art�culo 20); que la pol�tica de equidad municipal debe atacar los desequilibrios entre las distintas regiones mediante la canalizaci�n de recursos y creaci�n de condiciones para la inversi�n productiva (art�culo 21); y, que la coordinaci�n entre el Estado y Municipios debe encauzarse a la armonizaci�n en los procesos de planeaci�n, administraci�n, gasto y su ejecuci�n, para la justa y equitativa distribuci�n de los fondos, a efecto de fortalecer a los Municipios de la entidad (art�culo 22).

    Como se aprecia, las disposiciones citadas efectivamente no establecen prohibiciones u obligaciones a cargo de los Municipios que delimiten su facultad de libre manejo de su patrimonio o de libre administraci�n hacendaria, pues �nicamente establecen criterios generales a los que debe atenderse para el fortalecimiento y equidad municipal, como parte de una pol�tica social para dar atenci�n a regiones y grupos sociales rezagados mediante la asignaci�n de los recursos correspondientes que deben ser asignados en forma justa y equitativa entre los Municipios de la entidad.

    Por otra parte, los art�culos 35 y 36 forman parte del t�tulo cuarto "De la coordinaci�n hacendaria", cap�tulo II "De la coordinaci�n en ingresos y del sistema para la distribuci�n de participaciones a los Municipios", secci�n II "Del sistema para la distribuci�n de participaciones a los Municipios". Tales preceptos disponen:

    "Art�culo 35. Los fondos participables que integran el sistema para la distribuci�n de participaciones a los Municipios son:

    "I. Fondo de Desarrollo Municipal cuya distribuci�n se determinar� en proporci�n directa al n�mero de habitantes de cada Municipio y a criterios de equidad y marginaci�n; y

    "II. Fondo para Incentivar y Estimular la Recaudaci�n Municipal."

    "Art�culo 36. El Fondo de Desarrollo Municipal se integrar� con el 20% de las participaciones que reciba el Estado del Fondo General de Participaciones, establecido en la Ley de Coordinaci�n F. incluyendo sus incrementos, as� como de la recaudaci�n que se realice en el Estado por concepto de los impuestos sobre tenencia o uso de veh�culos y autom�viles nuevos, y de la participaci�n que corresponda al Estado del impuesto especial sobre producci�n y servicios aplicado a la cerveza, bebidas alcoh�licas y tabacos labrados."

    Las disposiciones de m�rito establecen cu�les son los fondos participables que integran el sistema para la distribuci�n de participaciones a los Municipios, as� como la forma en que se determina la distribuci�n e integraci�n del Fondo de Desarrollo Municipal.

    Como se aprecia, tales disposiciones no afectan en forma alguna las prerrogativas municipales anteriormente mencionadas, ya que no se limita o impone obligaci�n alguna a los Municipios, que afecte su derecho a manejar libremente su patrimonio o de administrar libremente su hacienda, ya que �nicamente precisan, dentro del rubro de participaciones federales, los fondos participables que integran el sistema para la distribuci�n de participaciones a los Municipios, y la forma de distribuci�n e integraci�n del Fondo de Desarrollo Municipal.

    Los art�culos 47 y 48, correspondientes al mismo t�tulo "De la coordinaci�n hacendaria", cap�tulo IV "De la coordinaci�n en gasto y patrimonio", disponen:

    "Art�culo 47. El Estado y los Municipios podr�n coordinarse en materia de gasto p�blico con el objeto de realizar programas que busquen satisfacer las necesidades colectivas, mediante la realizaci�n de obras y prestaci�n de servicios p�blicos que demande la colectividad."

    "Art�culo 48. Dentro de sus respectivas esferas de competencia y atribuciones, el Estado y los Municipios involucrados realizar�n la coordinaci�n en gasto p�blico a trav�s del cumplimiento de normas de orden p�blico, acuerdos y convenios."

    Como se advierte de las disposiciones transcritas, en �stas tampoco se impone obligaci�n o prohibici�n a los Municipios que afecte sus garant�as de libre manejo de su patrimonio o de libre administraci�n hacendaria, ya que tan s�lo prev�n la coordinaci�n que pueden establecer el Estado y los Municipios en materia de gasto p�blico.

    Respecto de los dem�s art�culos que se impugnan en el presente concepto de invalidez, concretamente el 53, 54, 55, 56, 74, 75, 76, 81, 83, 84 y 96, todos estos forman parte del t�tulo quinto de la ley impugnada "De los fondos de aportaciones federales". Tales disposiciones establecen:

    "Art�culo 53. De acuerdo a lo establecido en el cap�tulo V de la Ley de Coordinaci�n F. y en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, el Estado recibir� los recursos a que se refiere este t�tulo, para su administraci�n, distribuci�n, ejercicio en los casos que proceda, y supervisi�n, clasificados en los fondos siguientes:

    "I. De Aportaciones para la Educaci�n B�sica y N.l;

    "II. De Aportaciones para los Servicios de Salud;

    "III. De Aportaciones para la Infraestructura Social;

    "IV. De Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; y

    "V. De aportaciones m�ltiples."

    "Art�culo 54. Los fondos a que se refiere este t�tulo se entregar�n en la forma y tiempos establecidos en esta ley y para tales efectos no proceder�n anticipos."

    "Art�culo 55. El Estado podr� convenir con los Municipios el destinar el 2% del monto total de los fondos a que se refieren las fracciones III y IV del art�culo 53 de esta ley, para el control, lavigilancia y la supervisi�n de los mismos."

    "Art�culo 56. Cuando los recursos a que se refiere este t�tulo sean administrados y ejercidos por el Estado, �ste deber� observar las disposiciones contenidas en esta ley; la Ley de Obras P�blicas del Estado; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaci�n de Servicios del Estado de Puebla; Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto P�blico y dem�s disposiciones estatales aplicables. Asimismo, se observar�n los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales establecidos en la Ley de Egresos del Estado.

    "Cuando estos recursos sean administrados y ejercidos por los Ayuntamientos, �stos deber�n ajustarse en lo procedente, a lo dispuesto en el p�rrafo anterior."

    "Art�culo 74. Los Ayuntamientos presentar�n ante el Gobierno del Estado, para su an�lisis y aprobaci�n, los expedientes t�cnicos de las obras aprobadas por sus comit�s de planeaci�n."

    "Art�culo 75. Una vez aprobados los expedientes t�cnicos por el Gobierno del Estado, �ste proceder� a la ministraci�n de recursos al Ayuntamiento, conforme a lo establecido en el art�culo 73 de esta ley."

    "Art�culo 76. Para continuar con la ministraci�n de los recursos por parte del Gobierno del Estado, los Ayuntamientos comprobar�n con la documentaci�n correspondiente, la aplicaci�n de los recursos a que se refiere este cap�tulo."

    "Art�culo 81. Para el �ptimo aprovechamiento de los recursos, los Municipios aplicar�n los recursos de este fondo de la siguiente manera:

    "I. Prioritariamente para la amortizaci�n de empr�stitos contra�dos;

    "II. Podr�n convenir con el Estado el destinar cuando menos el 10% de este fondo para el pago de sus necesidades vinculadas a la seguridad p�blica en el marco del Sistema Nacional de Seguridad P�blica; y

    "III. Canalizar el remanente a la realizaci�n de obra f�sica en Juntas Auxiliares y en colonias populares, dando prioridad al mantenimiento y reparaci�n de espacios educativos. Dichas obras ser�n consensadas y aprobadas en el seno del �rgano municipal de planeaci�n.

    "En cualquier caso los Municipios deber�n presentar los presupuestos con cargo a este fondo a la Contadur�a M. del H. Congreso del Estado, para efectos de la revisi�n a que se refiere el tercer p�rrafo del inciso c) de la fracci�n IV, del art�culo 115 constitucional."

    "Art�culo 83. Para la aplicaci�n de los recursos a que se refiere la fracci�n III del art�culo 81 del presente ordenamiento, se estar� a lo dispuesto por los art�culos del 74 al 76 de esta ley."

    "Art�culo 84. Los Municipios deber�n reportar al Gobierno del Estado a trav�s de la S.retar�a de Finanzas al inicio de cada ejercicio presupuestal y de manera permanente, la deuda directa y contingente a cargo de su Ayuntamiento y de sus organismos p�blicos descentralizados, con el objeto de programar el saneamiento de su deuda, estableciendo el tiempo y formas de pago."

    Art�culo 96. El Gobierno del Estado podr� suspender a los Ayuntamientos las ministraciones de los recursos a que se refieren las fracciones III y IV del art�culo 53 de esta ley, si �stos no justifican en forma y tiempos establecidos el avance y aplicaci�n de los mismos, o si se canalizan a fines distintos a los aprobados en los �rganos de planeaci�n.

    Como se aprecia de las disposiciones de referencia, �stas regulan cuestiones propias de las aportaciones federales, las que, como ya qued� expuesto con anterioridad, a diferencia de las participaciones federales, no forman parte de la hacienda municipal que entre dentro del r�gimen de libre administraci�n hacendaria, por constituir recursos federales que tienen una regulaci�n propia conforme al Presupuesto de Egresos de la Federaci�n y de la Ley de Coordinaci�n F., en virtud de la cual los Municipios no tienen libre disposici�n de los recursos correspondientes.

    Por lo tanto, respecto a los fondos que integran las aportaciones federales previstas en el t�tulo quinto de la ley impugnada, se concluye que toda vez que de la partida presupuestaria del Ramo 00033 del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y ocho, y del cap�tulo V de la Ley de Coordinaci�n F. que regula dichos recursos, se advierte que �stos son recursos federales, cuya aplicaci�n corresponde a las autoridades federales en t�rminos de los art�culos 3o. y 19 del propio Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, 35 y 38 de la Ley de Coordinaci�n F. y 31 y 32 de la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica Federal, adem�s atendiendo a que dichos recursos no fueron determinados por la Legislatura Local, quien es la �nica facultada para determinar las participaciones federales que corresponden a los Municipios en t�rminos del art�culo 115, fracci�n IV, inciso b), de la Constituci�n General de la Rep�blica, debe estimarse que los citados recursos, aunque ingresen en la hacienda municipal, no entran dentro del r�gimen de libre administraci�n hacendaria y, por ende, las disposiciones de la ley impugnada que regulan los citados recursos federales no violan dicho r�gimen y, consecuentemente, no existe invasi�n a la esfera competencial de la parte actora.

    No es �bice a lo anterior que el Congreso Local, precisamente en la ley impugnada, regule las citadas aportaciones federales para que �stas pudieran considerarse como parte de la hacienda municipal sujeta al r�gimen de libre administraci�n hacendaria, pues el art�culo 53 de la ley en cita corrobora lo ya se�alado, en el sentido de que se tratan de recursos federales cuya ejecuci�n corresponde en principio a las autoridades federales, al se�alar que:

    Art�culo 53. De acuerdo a lo establecido en el cap�tulo V de la Ley de Coordinaci�n F. y en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, el Estado recibir� los recursos a que se refiere este t�tulo, para su administraci�n, distribuci�n, ejercicio en los casos que proceda y supervisi�n, clasificados en los fondos siguientes: ...

    Las dem�s cuestiones que se alegan en el segundo concepto de invalidez, referentes a las facultades de los Comit�s de P.�n para el Desarrollo Municipal y de las Juntas Auxiliares, se analizar�n conjuntamente con el primer concepto de invalidez, ya que se relacionan directamente.

OCTAVO

En el primer concepto de invalidez y en la parte conducente del segundo, se alega violaci�n al art�culo 115, fracci�n I, de la Constituci�n Federal, ya que en la ley impugnada se crean autoridades intermedias entre el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, y con facultades que limitan las correspondientes de estos �ltimos. Los art�culos expresamente impugnados en este aspecto son: 4o., fracciones VII y IX, 8o., tercer p�rrafo, 13 al 18, 24, fracciones III y V, 30, 42 al 44, 49, 50, 57, 82, 95 y 98 de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla.

A efecto de dilucidar la cuesti�n planteada, es necesario determinar previamente lo que debe entenderse por autoridad intermedia para los efectos del art�culo 115, fracci�n I, constitucional, ya que dicha figura no se encuentra expresamente definida en el texto constitucional y, por ello, su determinaci�n resulta compleja.

El citado dispositivo fundamental en su fracci�n I establece:

"Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

"I. Cada Municipio ser� administrado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa y no habr� ninguna autoridad intermedia entre �ste y el Gobierno del Estado. ..."

De la disposici�n constitucional transcrita se advierte que cada Municipio ser� administrado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa y no habr� ninguna autoridad intermedia entre �ste y el Gobierno del Estado.

La prohibici�n de autoridad intermedia entre Estado y Municipio, a que se refiere la disposici�n fundamental de referencia, pretende evitar la subsistencia de sistemas viciados que elevaban a ciertas personas "de confianza", como los llamados "jefes pol�ticos" o "prefectos", a la calidad de intercesores que, v�lidos de su influencia con los gobernadores, predominaban sobre los mandatarios electos popularmente en el Municipio.

Los antecedentes constitucionales, legislativos e hist�ricos de los que se tiene conocimiento sobre la autoridad intermedia, a saber, son los siguientes:

Seg�n apunta la historia, la instituci�n de los jefes pol�ticos tuvo su origen en la Constituci�n Gaditana de mil ochocientos doce, la que a su vez sigui� el modelo franc�s de la �poca napole�nica. El antecedente franc�s consagr�, en la �poca moderna, ese r�gimen que intercepta las relaciones entre la vida local y la autoridad central, mediante una autoridad intermedia, colocada sobre el Ayuntamiento y bajo la dependencia directa del gobierno. Napole�n B. hab�a realizado esta centralizaci�n administrativa, con una variante que se ha conocido como organizaci�n descentralizada.

El Estado ejerce el control y el Ayuntamiento conserva su autonom�a bajo tales limitaciones. El sistema fue implantado por Napole�n al crear la instituci�n de las prefecturas, por las cuales el prefecto, como delegado del Poder Ejecutivo, administraba el departamento y el subprefecto, como delegado del prefecto, administraba el distrito.

La Carta Constitucional, dada por L.X. en mil ochocientos catorce, confirm� la existencia del r�gimen de prefecturas en Francia y hab�a de dar lugar a la expedici�n de instrucciones a los prefectos, como las que se dictaron en mil ochocientos quince y mil ochocientos diecis�is.

En el imperio espa�ol, la Constituci�n de C�diz, al introducir las jefaturas pol�ticas, copi� el modelo franc�s, regulando la organizaci�n y funcionamiento de los Ayuntamientos por el cap�tulo I del t�tulo IV que lleva la denominaci�n siguiente: "Del gobierno y administraci�n de los pueblos".

En la Constituci�n expedida por las C.es Espa�olas, dispon�a la existencia de Ayuntamientos para el gobierno interior de los pueblos, debiendo integrarse por alcaldes, regidores, un procurador y un s�ndico, presididos por el jefe pol�tico donde lo hubiese o, en su defecto, por el alcalde. Cada provincia estaba a cargo de un jefe pol�tico y de la diputaci�n respectiva, compuesta de su presidente, que lo era el jefe pol�tico, del intendente y de siete individuos. Las funciones de la diputaci�n adem�s de pol�ticas, eran de naturaleza predominantemente hacendaria y en el caso de la provincia de M�xico, tanto el jefe pol�tico como los diputados provinciales, resid�an en la capital. As� se desprende de la Constituci�n Pol�tica de la Monarqu�a Espa�ola de marzo dieciocho de mil ochocientos doce, en sus art�culos 46, 67, 81, 309, 324, 325, 332 y 337.

La figura del jefe pol�tico se instituye en nuestro pa�s con motivo de la Constituci�n de C�diz, y que sirve de antecedente y base para la emisi�n de los siguientes ordenamientos en que se reglamenta dicha figura y que son: decreto de veintitr�s de mayo de mil ochocientos doce relativo a la "Formaci�n de los Ayuntamientos constitucionales" (art�culo VII); Orden N�mero 105 de "Los jefes pol�ticos no tienen voto en los Ayuntamientos; pero s� los alcaldes y procuradores s�ndicos"; e, "Instrucci�n para el gobierno econ�mico-pol�tico de las provincias, decretada por las C.es Generales y Extraordinarias" (art�culos 2o., 3o., 6o., 7o., 9o., 11, 16, 17, 18, 19, 22, 23 y 24 y cap�tulo III, art�culos I al XXXV) de veintitr�s de junio de mil ochocientos trece.

De los ordenamientos antes citados destaca lo siguiente:

En un principio, el gobierno pol�tico de las provincias resid�a en el jefe superior nombrado por el rey en cada una de ellas, y en cada provincia hab�a una diputaci�n llamada provincial presidida por ese jefe superior ante quien tomaban protesta del cargo los alcaldes, quien tambi�n deb�a atender el orden, seguridad de las personas y de sus bienes, de la ejecuci�n de las leyes y �rdenes del gobierno y en general todo lo relativo al orden p�blico y prosperidad de la provincia. Asimismo, para el gobierno interior de los pueblos se preve�an los Ayuntamientos compuestos por el alcalde o alcaldes, regidores y procurador s�ndico, quienes estaban presididos por el jefe pol�tico; los jefes pol�ticos ten�an diversas funciones, entre otras las de tomar protesta a los integrantes de los Ayuntamientos (salvo la de los alcaldes que correspond�a al jefe superior) y de los miembros de las diputaciones provinciales, presidir las juntas de parroquia con asistencia del cura o p�rroco, as� como presidir las juntas electorales de partido.

Adem�s, tocante a los jefes pol�ticos de provincia, en la instrucci�n para el gobierno pol�tico-econ�mico de las provincias, se establec�an ciertas obligaciones a cargo de los Ayuntamientos que constitu�an, correlativamente, facultades de los citados jefes pol�ticos, entre otras, las siguientes: los Ayuntamientos ten�an obligaci�n de enviarles peri�dicamente una nota relativa a informaci�n del registro civil (nacidos, casados y fallecimientos), as� como en caso de enfermedades reinantes o epid�micas para que el jefe pol�tico tomara las medidas pertinentes; ten�a que inform�rsele tambi�n lo inherente a caminos, calzadas, acueductos u otras cualesquiera obras p�blicas de la provincia para su conocimiento y atenci�n para el conveniente remedio; los Ayuntamientos tendr�an a su cargo aqu�lla intervenci�n que le asignara el jefe pol�tico en esta materia; se le ten�a que dar aviso, para su remedio, de los abusos que se dieran en cuanto a hospitales y casas de exp�sitos o de beneficencia a cargo de los Ayuntamientos; en caso de que �stos tuvieran necesidad de recursos econ�micos adicionales a los que les eran asignados, para gastos p�blicos o de utilidad com�n, deber�an acudir al jefe pol�tico quien lo comunicar�a a la diputaci�n provincial; los informes de cuentas anuales de los Ayuntamientos, del estado en que se hallen los objetos puestos a su cuidado y de la renovaci�n de sus integrantes, deb�an informarse directamente al jefe pol�tico; los vecinos que se sintieran agraviados por providencias econ�micas o gubernativas dadas por el Ayuntamiento deb�an acudir al jefe pol�tico para su resoluci�n; todo lo relativo a bagajes, alojamientos y dem�s suministros para la tropa deb�an hacerse siguiendo las �rdenes del jefe pol�tico superior o del subalterno.

Sumado a todo lo anterior, en caso de amenaza los jefes pol�ticos pod�an tener temporalmente, adem�s del mando pol�tico, el mando militar; ten�an el car�cter de se�or�a u otro mayor o de excelencia; pod�an continuar en el mando por tiempo indeterminado, y s�lo pod�an ser removidos o trasladados a voluntad y juicio del gobierno; ten�a que cuidar del legal nombramiento de los Ayuntamientos y de las elecciones relativas; presid�a el Ayuntamiento pero sin voto, salvo en casos de empate; como presidente de la diputaci�n provincial ten�a que cuidar que se guardara el orden en la provincia para los negocios y para el cumplimiento de las obligaciones y encargos; el jefe pol�tico era el �nico conducto de comunicaci�n entre los Ayuntamientos y la diputaci�n provincial y entre �sta y el gobierno; s�lo el jefe pol�tico pod�a circular las leyes y decretos del gobierno; eran considerados como primeros agentes del gobierno en las provincias, pudiendo ejercer incluso algunas facultades del rey; le compet�a remitir al gobierno la informaci�n del registro civil de las provincias, de los problemas de sanidad que se gestaran y de los que se suscitaren con motivo de las elecciones en los Ayuntamientos; le correspond�a aprobar ciertas cuentas p�blicas de los Ayuntamientos con el visto bueno de la diputaci�n provincial y, en su caso, dar cuenta al gobierno con ellas; deb�a proponer al gobierno los planes convenientes para el fomento de la agricultura, industria, comercio y todo lo que estimara conveniente para el beneficio de la provincia; le correspond�a visar, y expedir los pasaportes en las provincias fronterizas y lo inherente a la salida y entrada de nacionales y extranjeros; cuidar del plan estad�stico de la provincia que �l deb�a remitir al gobierno; el jefe pol�tico ten�a la facultad de presidir todas las funciones p�blicas.

Posteriormente a los ordenamientos antes se�alados, con motivo de las leyes constitucionales de mil ochocientos treinta y seis, particularmente la ley sexta, se instituy� que la Rep�blica se divid�a en departamentos, �stos en distritos y finalmente �stos en partidos, y que el gobierno interior de los departamentos estaba a cargo de los gobernadores con sujeci�n al gobierno general, los distritos a cargo de los prefectos y los partidos a cargo de los subprefectos.

Con esta reforma constitucional se introduce la figura del prefecto y del subprefecto, que se reglamenta, en lo que interesa, en los art�culos 1o., 4o., 7o., 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29 y 31, de la sexta ley.

Conforme a estas disposiciones el gobernador ten�a la facultad de nombrar a los prefectos y de aprobar el nombramiento de los subprefectos del departamento.

A los prefectos correspond�a cuidar en su distrito del orden y tranquilidad p�blica, con entera sujeci�n al gobernador; de cumplir y hacer cumplir las �rdenes del gobierno particular del departamento; y, velar sobre el cumplimiento de las obligaciones de los Ayuntamientos, y en general, sobre todo lo concerniente al ramo de polic�a.

Las funciones del subprefecto en el partido, eran las mismas que las del prefecto en el distrito, pero con sujeci�n a �ste y, por su medio, al gobernador.

Se preve�an los Ayuntamientos en las capitales de departamento, cuya integraci�n se fijaba por las Juntas Departamentales respectivas y con acuerdo del gobernador. En esta �poca los Ayuntamientos ten�an a su cargo cuidar de las c�rceles, hospitales y casas de beneficencia p�blicas, escuelas de primera ense�anza, construcci�n y reparaci�n de puentes, calzadas y caminos, y de ciertas recaudaciones, as� como promover la agricultura, industria y comercio, y auxiliar a los alcaldes en la conservaci�n de la tranquilidad y orden p�blico del vecindario.

Los alcaldes ten�an facultades judiciales pero con sujeci�n a los subprefectos y por su medio a las autoridades superiores respectivas.

Los Jueces de Paz eran propuestos por los subprefectos, nombrados por el prefecto y aprobados por el gobernador; estos Jueces deb�an actuar con sujeci�n a los subprefectos y por su medio a las autoridades superiores respectivas.

Con la ley de veinte de marzo de mil ochocientos treinta y siete, que contiene el "Reglamento Provisional para el Gobierno Interior de los Departamentos", concretamente en sus art�culos 1o., 3o., 8o., 17, 61 al 109, 134, 141, 143, 157, 159 y 164, se dispuso que el gobierno interior de los Departamentos estaba a cargo de los gobernadores, Juntas Departamentales, prefectos, subprefectos, Ayuntamientos, alcaldes y Jueces de Paz.

A los gobernadores correspond�a nombrar a los prefectos y aprobar el nombramiento de los subprefectos del departamento, y confirmar el de los Jueces de Paz y remover a cualquiera de estos funcionarios. Los gobernadores eran el conducto ordinario de comunicaci�n entre los Supremos Poderes de la naci�n y las Juntas Departamentales, y entre �stas y las autoridades de los Departamentos.

A los prefectos correspond�a cuidar en su distrito del orden y tranquilidad p�blica, con entera sujeci�n al gobernador; publicar, cumplir y hacer cumplir las leyes y decretos del Congreso que reciba del gobernador y circularlos oportunamente a las poblaciones del distrito, por medio de los subprefectos; y, cumplir y hacer cumplir los decretos y �rdenes del gobierno general, las disposiciones de la Junta Departamental y del respectivo gobernador.

Tambi�n los prefectos pod�an imponer multas; recibir las quejas en contra de losfuncionarios del Gobierno del Distrito; resolver gubernativamente dudas sobre las elecciones de Ayuntamientos y admitir o no las renuncias de sus miembros o de los Jueces de Paz; expedir orden de cateo; destinar a los vagos, ociosos y sin oficio conocido, previa anuencia del gobernador, a los establecimientos respectivos o a los obrajes o haciendas de labor; excitar a los tribunales para la pronta y recta administraci�n de justicia; procurar que no falten escuelas y que haya asistencia puntual de los ni�os, as� como cuidar de la buena conducta y moral de los maestros; conced�an o negaban la licencia a menores para contraer matrimonio; proponer al gobernador cuantas medidas se estimaran necesarias para el fomento de la agricultura, industria, instrucci�n y beneficencia p�blica, y para la ejecuci�n de obras de utilidad com�n y de reparaci�n; arreglar gubernativamente el repartimiento de tierras comunes en los pueblos del distrito; cuidar que los subprefectos, Ayuntamientos y Jueces de Paz cumplieran con sus obligaciones; vigilar la administraci�n e inversi�n de ciertos fondos de los pueblos; dictaban las providencias necesarias para proporcionar bagajes, alojamientos y dem�s suministros que deban hacerse a las tropas; visitar sus distritos e informar sobre su estado al gobernador pudiendo tomar por s� las medidas convenientes para corregir los abusos que noten; presidir en las asistencias p�blicas a todas las autoridades del distrito; presidir, sin voto, el Ayuntamiento, pero podr�n decidir en caso de empate; eran el conducto ordinario de comunicaci�n entre el gobernador y las autoridades subalternas del distrito.

Los subprefectos deb�an actuar con sujeci�n al gobernador pero por medio del prefecto; los Ayuntamientos ten�an a su cargo diversas materias pero con sujeci�n al subprefecto y por su medio con sujeci�n al prefecto y al gobernador; los Ayuntamientos ten�an que dar aviso a los subprefectos de enfermedades reinantes en la demarcaci�n para que por su medio se ministraran los auxilios necesarios, y deb�an remitir peri�dicamente al mismo datos del registro civil para que se hicieran llegar al gobernador; los alcaldes deb�an rendir juramento ante los prefectos.

Por otro lado, conforme al Reglamento del Cuerpo de P.�a Municipal de Vigilantes Diurnos, en sus art�culos 2o., 4o., 5o., 6o., 27 y 28, publicado el siete de abril de mil ochocientos treinta y ocho, y el ordenamiento "Sobre que toca a los prefectos conceder licencias temporales a los Jueces de Paz" de fecha treinta de octubre de mil ochocientos treinta y ocho, a los prefectos correspond�a nombrar a los polic�as municipales y determinar en general todo lo inherente a este cuerpo de seguridad, y otorgar las licencias a los Jueces de Paz.

De las disposiciones anteriormente destacadas se retomaron diversas cuestiones en ordenamientos posteriores, como lo es en el decreto de gobierno del once de mayo de mil ochocientos cincuenta y tres, sobre las facultades de los gobernadores de los Estados, en el que, en su art�culo I, fracciones XVII, XXI a XXIII, en lo conducente y a prop�sito de los llamados jefes pol�ticos, se dispon�a que �stos ten�an ciertas facultades para suspender y remover a los Ayuntamientos y a sus individuos, as� como nombrarlos en determinadas circunstancias, correspondi�ndoles, adem�s, admitir o no las renuncias de los integrantes de los Ayuntamientos y aprobar los contratos que estos �ltimos celebraran, sin cuyo requisito carec�an de todo valor, y autorizar los gastos extraordinarios que aqu�llos requirieran.

Asimismo, tocante a los prefectos, en el Estatuto Org�nico Provisional de mil ochocientos cincuenta y seis, en sus art�culos 28, 29, 33 al 38, tambi�n se reglamentaron sus facultades, concretamente y en lo que interesa para el presente estudio, se dispon�a que los prefectos eran los delegados del emperador para administrar los departamentos cuyo gobierno se les encomendaba; contaban con un Consejo de Gobierno Departamental compuesto del funcionario judicial m�s caracterizado, del administrador de rentas, de un propietario agricultor, de un comerciante y de un minero o industrial; estos prefectos eran nombrados por el emperador; contaban con subprefectos que eran sus representantes en su respectivo departamento; se dispon�a que los alcaldes que estaban a cargo de la administraci�n municipal eran nombrados y removidos por el emperador, pero los dem�s integrantes del Ayuntamiento por el prefecto del departamento respectivo.

Teniendo como premisas todas las disposiciones antes se�aladas, se emitieron diversos ordenamientos de car�cter local, tanto en el Distrito Federal como en los Estados de la Rep�blica, en los que se preve�a de una u otra manera la figura del jefe pol�tico o prefecto, en otros casos como intendentes, con similares facultades y funciones de las anteriormente precisadas que se contienen en las disposiciones que se han venido detallando en la presente resoluci�n.

As�, por ejemplo, en el Distrito Federal se expidieron numerosas disposiciones; en lo que respecta a la integraci�n del poder municipal, con fecha cuatro de mayo de mil ochocientos sesenta y uno, se expidi� un decreto sobre elecciones, que dispon�a que el Ayuntamiento de la capital estuviera compuesto por veinte regidores y dos procuradores de la ciudad, presidido por el primer regidor y, en su defecto, por el que le siguiera en orden de numeraci�n. Las dem�s poblaciones del distrito, cuyo censo fuera no menor de cuatro mil habitantes, deb�an contar tambi�n con sus respectivos Ayuntamientos, integrados por siete regidores y un procurador.

El territorio del Distrito Federal, por decreto de seis de mayo de mil ochocientos sesenta y uno, qued� dividido en las siguientes secciones:

  1. Municipalidad de M�xico.

  2. Partido de G.H..

  3. Partido de Xochimilco.

  4. Partido de Tlalpan.

  5. Partido de Tacubaya.

    En cada uno de estos partidos hab�a prefectos. El gobernador del distrito, con ampl�simas atribuciones, demarcaba las poblaciones, villas y barrios correspondientes a cada partido, les formaba sus presupuestos, nombraba y remov�a a los prefectos y en la Municipalidad de M�xico desempe�aba las funciones de autoridad local. El prefecto de cada partido era presidente nato de su respectivo Ayuntamiento y jefe de la polic�a.

    Asimismo, en el Estado de Aguascalientes hab�a la L.O.�nica para la Divisi�n Territorial y R�gimen Interior del Estado, de trece de febrero de mil ochocientos setenta y cuatro, en la que, en sus art�culos 52, 53, 58, fracciones I, II y III y 62, se preve�a la existencia de los jefes pol�ticos, estableci�ndose sus facultades, entre las que destacaba que �stos eran el conducto indispensable de comunicaci�n entre los Municipios del partido bajo su mando, para con el gobierno.

    De igual manera se cita como ejemplo el Estado de Chiapas, en el que igualmente se reglamentaba la existencia y atribuciones de los jefes pol�ticos, concretamente en los art�culos 47, fracci�n I y 52 de su Constituci�n Pol�tica de quince de noviembre de mil ochocientos noventa y tres; art�culo �nico de la ley de trece de noviembre de mil ochocientos noventa y tres; art�culo 1o. de la ley de veintinueve de diciembre de mil ochocientos noventa y tres; art�culos 1o., 2o. y 3o., fracciones I, II y III, de la Ley Reglamentaria de la Administraci�n Pol�tica de los Departamentos y Municipios de quince de enero de mil ochocientos sesenta y dos. Adem�s de las anteriores disposiciones, en el Estado de Chiapas exist�an otras que reglamentaron la figura de los jefes pol�ticos, a saber: reformas a la ley de quince de enero de mil ochocientos setenta y cuatro; decreto de diecinueve de enero de mil ochocientos ochenta y cinco; ley de treinta de octubre de mil ochocientos setenta y tres; ley de veintisiete de noviembre de mil ochocientos sesenta; ley de veinticuatro de diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho; y otras leyes y circulares.

    Conforme a todos estos antecedentes hist�ricos, constitucionales y legislativos, desde la Constituci�n de C�diz hasta la Constituci�n de mil novecientos diecisiete, se instituy� y tuvo vigencia la figura del jefe pol�tico o prefecto, en quienes reca�a un c�mulo crecido de facultades, funciones, obligaciones y responsabilidades, que lo distingu�an y pon�an en un plano de superioridad frente a todas las autoridades de car�cter local que exist�an o que fueron d�ndose durante el periodo que enmarcan las Constituciones citadas.

    Por una parte, estos funcionarios eran nombrados directamente, seg�n la etapa hist�rica, por el rey, por los gobernadores o por el emperador, a quien deb�an obediencia plena y rend�an informe de los gobiernos interiores de las regiones que se les encomendaban, que, seg�n tambi�n la �poca y la forma en que el territorio se divid�a para su gobierno, a los jefes pol�ticos y prefectos correspond�an las provincias, distritos o departamentos.

    Dentro de este esquema de supra-subordinaci�n que los jefes pol�ticos y prefectos ten�an con relaci�n a quien los nombraba, ten�an la obligaci�n y responsabilidad de gobernar aquellas regiones que les eran asignadas y respecto de las cuales ten�an que rendir informe a su superior que los designaba, y de quien recib�an �rdenes para llevar a cabo las pol�ticas de cualquier �ndole en las zonas en que ejerc�an autoridad, de tal manera que constitu�an la autoridad inmediata para la ejecuci�n y aplicaci�n de las �rdenes del rey, gobernador o emperador, en cada una de las regiones. As� pues, en este patr�n piramidal, estos �ltimos lograban centralizar las decisiones y pol�ticas que deb�an aplicarse en las provincias, distritos o departamentos y, as�, consecuentemente, en todo el territorio en general.

    En esas circunstancias, las jefaturas y prefecturas se identifican de manera destacada en los reg�menes centralistas, en los que la toma de decisiones y planes de ejecuci�n surg�an precisamente del poder central y se llevaban a su t�rmino a trav�s de estas figuras, que permit�an efectivamente un control directo del gobierno de todas las regiones del pa�s, sujetos as� a un mando central.

    Por otro lado, los jefes pol�ticos y prefectos, contaban con ampl�simas facultades, tanto de car�cter pol�tico, gubernativo, social, administrativo, hacendario, religioso, electoral, y de toda �ndole, que no se limitaba a una cuesti�n propia o interna de la jefatura o prefectura, sino que abarcaba todo lo inherente al gobierno interno de la provincia, distrito o departamento, seg�n el caso, y que, dada esa amplitud de atribuciones y consecuentemente de funciones, implicaba en esos �mbitos de gobierno a las autoridades locales y particularmente a la de los Ayuntamientos, de tal manera que las atribuciones de estos �ltimos se ve�an de tal forma limitadas que no pod�an actuar o realizar mayores funciones sin la supervisi�n, consenso o conocimiento previo del jefe pol�tico o prefecto, de tal forma que los Ayuntamientos s�lo pod�an llevar de manera aut�noma funciones menores.

    Lo anterior se identifica claramente, pues, por una parte, estos jefes o prefectos, presid�an toda clase de juntas o eventos, fueran de �ndole religioso, social, electoral, pol�tico y otros, dado que, siendo la autoridad m�xima inmediata del lugar, los ordenamientos les reconoc�an una preeminencia frente a cualquier autoridad y exig�a ese reconocimiento, y en esos mismos t�rminos se les reconoc�a la facultad para dirigir y presidir cualquier junta o evento en esas materias. Tales atribuciones no se limitaban a una simple direcci�n y presidencia, pues adquir�an tales caracter�sticas que pod�an y deb�an decidir en un amplio contexto todo lo relativo a las provincias, distritos o departamentos, en lo que se consideraba lo m�s importante, y en lo de menor trascendencia, de cualquier manera recib�an informes y autorizaban en su generalidad las actuaciones de las autoridades locales como lo eran los Ayuntamientos.

    Las cosas estaban dadas de tal forma, que los Ayuntamientos estaban casi en su totalidad sujetos al gobierno de estos jefes pol�ticos o prefectos y, por tanto, no pod�an acceder directamente a los poderes supremos sino que esto era �nicamente por conducto de aqu�llos.

    En estos t�rminos, se reconoci� que por debajo del gobierno estaban los jefes pol�ticos o prefectos, que hac�an cumplir sus �rdenes y serv�an para que la autoridad que representaban tuvieran medios inmediatos de acci�n y centralizaci�n. Todo esto motiv� su cuestionamiento y que el Constituyente de mil novecientos diecisiete finalmente los suprimiera mediante la inclusi�n de la prohibici�n de autoridad intermedia a que se refiere la fracci�n I del art�culo 115 constitucional.

    Sobre este tema el Tribunal Pleno de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, ha emitido las tesis jurisprudenciales n�meros 26/97, 48/97 y 50/97, visibles a fojas 133, 395 y 343, respectivamente, del T.o V, correspondiente a los meses de abril y junio de 1997, Novena �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dicen:

    "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL INSTITUTO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA NO ES AUTORIDAD INTERMEDIA ENTRE EL GOBIERNO ESTATAL Y EL MUNICIPIO. La prohibici�n de autoridad intermedia entre Estado y Municipio, a que se refiere la fracci�n I del art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, pretende evitar la subsistencia de sistemas viciados que elevaban a ciertas personas ?de confianza?, como los llamados ?jefes pol�ticos?, a la calidad de intercesores que, validos de su influencia con los gobernadores, predominaban sobre los mandatarios electos popularmente en el Municipio. En el caso del Instituto Estatal de Desarrollo Municipal del Estado de Oaxaca, de los art�culos 1o., 3o. y 4o. del Decreto N�mero 75 que lo cre�, as� como de las dem�s disposiciones que lo integran, que prev�n su organizaci�n, objetivos y atribuciones, se advierte que tal organismo no tiene una posici�n de supremac�a frente a los Municipios, sino que, por lo contrario, s�lo es de mera coordinaci�n y apoyo, pues no se le otorgan facultades unilaterales de decisi�n o ejecutividad que le permitan actuar por encima de los Municipios; es, b�sicamente, un �rgano descentralizado por servicio, que �nicamente act�a a instancia de �stos y aunque forma parte de la administraci�n p�blica paraestatal dentro de la esfera de competencia del Poder Ejecutivo Estatal, en t�rminos de lo dispuesto por los art�culos 2o., 4o. y 42 de la L.O.�nica del Poder Ejecutivo, no constituye autoridad intermedia entre el Estado y el Municipio, por ser parte del propio Gobierno del Estado y por no contar con facultades unilaterales de decisi�n que afecten o impidan la comunicaci�n directa entre ambos niveles de gobierno."

    "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. AUTORIDADES INTERMEDIAS ENTRE EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, NO LAS CONSTITUYEN LAS JUNTAS DE MEJORAMIENTO MORAL, C�VICO Y MATERIAL EN EL ESTADO DE NUEVO LE�N. De conformidad con lo dispuesto en los art�culos 1o. y 2o. de la ley que crea las Juntas de Mejoramiento Moral, C�vico y Material en el Estado de Nuevo Le�n, los fines que persiguen �stas quedan limitados a encauzar y fomentar la cooperaci�n de los particulares en lo moral, c�vico y material, y las atribuciones que se les otorgan se reducen a pugnar por inculcar un claro concepto de los derechos y obligaciones de los ciudadanos para que act�en con justicia social, con nobleza y con dignidad, as� como para fomentar el culto a los h�roes que han forjado la patria. Atento a ello, las Juntas de Mejoramiento no constituyen autoridad intermedia y, por ende, los preceptos citados no transgreden lo dispuesto en la fracci�n I del art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se les permite actuar en forma independiente, unilateral o con decisi�n que implique obstrucci�n u obstaculizaci�n en la comunicaci�n directa entre gobierno y Municipio, o que signifique sometimiento, sustituci�n o arrogaci�n de facultades de alguno de estos niveles de gobierno, ni invaden su esfera de competencia."

    CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. AUTORIDAD INTERMEDIA PROHIBIDA EN EL ART�CULO 115, FRACCI�N I, DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CARACTER�STICAS GENERALES QUE LA IDENTIFICAN. El Constituyente de 1917 impuso la prohibici�n de ?autoridad intermedia? a que se refiere la fracci�n I del art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en atenci�n a situaciones de hecho, seg�n informa la historia, en virtud de las cuales se creaban, por debajo de los Gobiernos Estatales, personas conocidas como ?jefes pol�ticos? que detentaban un poder real y de hecho reconocido por el gobernador, en virtud del cual se cumpl�an las �rdenes de �ste y serv�a para que la autoridad tuviera medios inmediatos de acci�n y centralizaci�n. T.ando en consideraci�n lo anterior, debe establecerse que una autoridad, ente, �rgano o persona de que se trate, no debe tener facultades o atribuciones que le permitan actuar de manera independiente, unilateral y con decisi�n, que no sea resultado o provenga de manera directa de los acuerdos o decisiones tomados por los diferentes niveles de gobierno dentro del �mbito de sus respectivas facultades, a efecto de impedir que la conducta de aqu�llos se traduzca en actos o hechos que interrumpan u obstaculicen la comunicaci�n directa entre el Gobierno Estatal y el Municipio, o que impliquen sustituci�n o arrogaci�n de sus facultades.

    Atento a todo lo anteriormente expuesto y reexaminando los criterios sustentados por este Alto Tribunal, se pasa a realizar un an�lisis interpretativo de la disposici�n fundamental de referencia, a efecto de determinar los alcances de la prohibici�n constitucional sobre la autoridad intermedia.

    El art�culo 115, fracci�n I, de la Constituci�n Federal, dispone:

    "Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

    I. Cada Municipio ser� administrado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa y no habr� ninguna autoridad intermedia entre �ste y el Gobierno del Estado. ...

    Los elementos normativos de la disposici�n fundamental que destacan para efectos del presente estudio, son los siguientes:

    Conforme al primer p�rrafo del art�culo 115 constitucional:

    1. En su r�gimen interior los Estados tendr�n una divisi�n territorial.

    2. En su r�gimen interior los Estados tendr�n una organizaci�n pol�tica y administrativa.

    3. La base de los dos puntos anteriores ser� el Municipio Libre.

    4. Las bases del Municipio Libre son las que se instituyen en las diferentes fracciones del precepto.

      Conforme a la fracci�n I del art�culo 115 constitucional:

    5. Cada Municipio ser� administrado por un Ayuntamiento.

    6. Los Ayuntamientos ser�n de elecci�n popular directa.

    7. No habr� autoridad intermedia entre los Ayuntamientos y el Gobierno del Estado.

      Como se observa del primer p�rrafo de la disposici�n constitucional, en �ste se instituye al Municipio Libre como base de la divisi�n territorial y de la organizaci�n pol�tica y administrativa del Estado; por otra parte establece que dicha instituci�n se sustentar� en las bases que se fijan en las diferentes fracciones del propio precepto fundamental.

      De lo anterior se sigue que, por una parte, se fija el elemento sustancial, que es precisamente el Municipio Libre; por otra, se anuncian las bases a las que se sujetar� dicha instituci�n, al remitir a las diversas fracciones del aludido art�culo, y que, dados los t�rminos del primer p�rrafo del precepto, las vincula esencialmente a la cuesti�n pol�tica y administrativa.

      Entendido as�, las bases contenidas en las ocho fracciones del art�culo, tienden a precisar, fundamentalmente, los lineamientosgenerales en que se sustenta el Municipio Libre, pol�tica y administrativamente hablando.

      Ahora bien, en t�rminos de la fracci�n I del referido art�culo 115, claramente se advierte que se�ala en ese �mbito pol�tico y administrativo dos cuestiones espec�ficas: que la elecci�n de los Ayuntamientos debe ser popular y directa, y que la administraci�n de los Municipios corresponde a los Ayuntamientos.

      Sin embargo, tambi�n la fracci�n I de m�rito se refiere a que no debe haber autoridad intermedia entre los Municipios y el Gobierno del Estado.

      Si se atiende a los antecedentes hist�ricos, constitucionales y legislativos anteriormente precisados, y que motivaron la prohibici�n de m�rito, tal disposici�n que introdujo el Constituyente de mil novecientos diecisiete, obedeci� a la existencia previa de los llamados jefes pol�ticos o prefectos, que pol�tica y administrativamente se ubicaban entre el gobierno y los Ayuntamientos, y que ten�an amplias facultades con respecto a estos �ltimos.

      Todo esto puede llevar a dar diversas interpretaciones respecto de la autoridad intermedia, en tanto que, en t�rminos de la disposici�n constitucional y de los antecedentes que se tienen, podr�a decirse que la prohibici�n se refiere a que, fuera del Gobierno Estatal y el Municipal, no debe existir una autoridad distinta o ajena a alguno de �stos; o bien, que dicha autoridad, cualquiera que sea su origen o denominaci�n, lesiona la autonom�a municipal, suplantando o mediatizando sus facultades constitucionales o invadiendo la esfera competencial del Ayuntamiento; o, finalmente, que la prohibici�n �nicamente pretenda impedir que dentro de la relaci�n que debe existir entre el Gobierno del Estado y el Municipio, dadas sus respectivas facultades en ciertas materias, no debe haber un �rgano intermedio que impida la comunicaci�n directa entre ambos niveles de gobierno, de tal forma que no haya un ente de enlace o que pueda interrumpir esa comunicaci�n.

      Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia n�mero 10/2000, del Tribunal Pleno, pendiente de publicaci�n, que dice:

      "AUTORIDAD INTERMEDIA. INTERPRETACI�N DE LA FRACCI�N I DEL ART�CULO 115 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL. El art�culo 115, fracci�n I, de la Constituci�n Federal, establece que cada Municipio ser� administrado por un Ayuntamiento y no habr� ninguna autoridad intermedia entre �ste y el Gobierno del Estado. El an�lisis de los antecedentes hist�ricos, constitucionales y legislativos que motivaron la prohibici�n de la autoridad intermedia introducida por el Constituyente de mil novecientos diecisiete, lo cual obedeci� a la existencia previa de los llamados jefes pol�ticos o prefectos, que pol�tica y administrativamente se ubicaban entre el gobierno y los Ayuntamientos y ten�an amplias facultades con respecto a estos �ltimos, puede llevar a diversas interpretaciones sobre lo que en la actualidad puede constituir una autoridad de esta naturaleza. Al respecto, los supuestos en que puede darse dicha figura son los siguientes: a) Cuando fuera del Gobierno Estatal y del Municipal se instituye una autoridad distinta o ajena a alguno de �stos; b) Cuando dicha autoridad, cualquiera que sea su origen o denominaci�n, lesione la autonom�a municipal, suplantando o mediatizando sus facultades constitucionales o invadiendo la esfera competencial del Ayuntamiento; y, c) Cuando esta autoridad se instituye como un �rgano intermedio de enlace entre el Gobierno del Estado y del Municipio, impidiendo o interrumpiendo la comunicaci�n directa que debe haber entre ambos niveles de gobierno."

      Para analizar tales cuestiones, es conveniente determinar previamente lo que debe entenderse por Gobierno del Estado para efectos de la aludida fracci�n I del art�culo 115 constitucional, para lo cual se precisan previamente algunas generalidades de los conceptos de gobierno y de Estado.

      En el Diccionario Jur�dico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jur�dicas de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico, se define el vocablo "gobierno" como: "Del lat�n gubernatio-onis, de gubernare, gobernar. En el lenguaje usual es sin�nimo de dirigir, regir, administrar, mandar, conducir, guiar, etc. Es el agrupamiento de personas que ejercen el poder. Es la direcci�n o el manejo de todos los asuntos que conciernen de igual modo a todo el pueblo.".

      El propio diccionario, al referirse al "Estado", dice: "Dentro de la teor�a del derecho y en la jurisprudencia dogm�tica el concepto de Estado es bastante controvertido, sin embargo es posible hacer una caracterizaci�n y proporcionar una breve descripci�n de sus caracter�sticas jur�dicas fundamentales. B�sicamente se concibe al Estado como una corporaci�n, como una persona jur�dica. Esta corporaci�n es una corporaci�n territorial, esto es, act�a y se manifiesta en un espacio, una determinada circunscripci�n territorial. Otra de las caracter�sticas del Estado, igualmente esencial, es que act�a, se conduce, de forma aut�noma e independiente. Este �ltimo dato se describe como poder originario, autoridad soberana o, simplemente como la soberan�a. De ah� la ampliamente compartida noci�n del Estado como corporaci�n territorial dotada de un poder de mando originario. La caracterizaci�n anterior ha sido persistente en la doctrina jur�dica a trav�s de los a�os y tiene antecedentes remotos.".

      Por otra parte, la doctrina reconoce que, al hablar de gobierno, generalmente se le vincula con vocablos tales como: autoridad pol�tica, r�gimen pol�tico, conjunto de �rganos del Estado, conjunto de poderes del Estado, direcci�n del Estado, parte del Estado, etc�tera, todo lo cual en t�rminos generales se refiere al gobierno; de tal forma que puede considerarse a �ste como la acci�n y efecto de la conducci�n pol�tica, que agrupa al conjunto de �rganos que realizan los fines de la estructura global del orden jur�dico denominado Estado.

      Asimismo, al hablar de Estado la doctrina, en t�rminos generales, lo caracteriza como la organizaci�n jur�dico-potestativa de una comunidad humana, tendiente a concretar en modo sistem�tico y efectivo la ordenaci�n de la vida social en las condiciones y dentro del �mbito territorial determinados por factores hist�ricos.

      Conforme a lo expuesto, puede decirse que el Estado tiene como elementos constitutivos la poblaci�n, el territorio y la organizaci�n pol�tica, mientras que el gobierno no es m�s que este �ltimo elemento, entendido como el ordenamiento de un conjunto de normas y de actos.

      Ahora bien, estas ideas generales de gobierno y Estado doctrinalmente se conciben en un sentido amplio; sin embargo, para efectos de la disposici�n constitucional en estudio, debemos ahora precisar que, conforme al art�culo 43 de la Constituci�n Federal, al referirse la fracci�n I del art�culo 115 constitucional al Estado, alude a �ste como alguna de las entidades federativas que integran a la Federaci�n. En estas condiciones, se concluye que el Gobierno del Estado a que se refiere esta �ltima disposici�n, es precisamente la organizaci�n pol�tica del ente (uno de los que integran a la Federaci�n), que se caracteriza por reunir sus elementos constitutivos que lo distinguen de otros consistentes en una poblaci�n, territorio y organizaci�n pol�tica determinados.

      Por lo que, siguiendo este orden de ideas, resta precisar si el gobierno a que alude la fracci�n I del art�culo 115 constitucional, se refiere al Poder Ejecutivo del Estado, o bien a todos sus componentes, espec�ficamente, tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo y Judicial.

      Frecuentemente se llega a identificar al gobierno como la parte de la administraci�n p�blica propia del Poder Ejecutivo; sin embargo, en los t�rminos que apunta la doctrina y siguiendo los conceptos antes precisados, el t�rmino "gobierno" no se refiere de manera espec�fica a un poder u �rgano p�blico determinado, concretamente al Poder Ejecutivo, o a un conjunto limitado de acciones o actos del Estado de car�cter esencialmente administrativos.

      Por otra parte y atendiendo a la fracci�n I del art�culo 115 constitucional, tampoco puede limitarse la expresi�n "gobierno" a aquella actividad del Estado de car�cter administrativo y propia del Poder Ejecutivo, ya que, por una parte, tomando en consideraci�n los antecedentes de los jefes pol�ticos y de los prefectos, es claro que ten�an amplias facultades en muchas materias, de las cuales algunas que podr�an calificarse como de car�cter legislativo y judicial, como son, entre otras, presidir las diputaciones provinciales, resolver algunos conflictos que se suscitaran entre los gobernados y los Ayuntamientos, suspender a los miembros de �stos, etc�tera, facultades estas que en la actualidad son competencia de los Poderes Legislativos y Judiciales de los Estados.

      Adem�s, el texto vigente del art�culo 115 de la Constituci�n Federal, en algunos apartados s� alude a un poder espec�fico, por ejemplo, cuando ata�e a ciertas facultades de las legislaturas para fijar los derechos tributarios de los Ayuntamientos o para suspender a los miembros de �stos (fracciones I, tercer p�rrafo y IV); pero igualmente hace alusi�n al Estado en forma gen�rica dirigi�ndose no al Poder Ejecutivo en particular, sino a otro de sus poderes, como es el caso de la fracci�n IV, inciso c), segundo p�rrafo, que se refiere a que "las leyes federales no limitar�n la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c)", en donde evidentemente se advierte que, al hablar de Estado, lo hace en forma gen�rica pero aludiendo a la legislatura y no al Poder Ejecutivo, pues es claro que la fijaci�n de contribuciones corresponde al Poder Legislativo.

      De lo anterior se concluye que la prohibici�n de autoridad intermedia, al referirse al Gobierno del Estado, no est� limitada al Poder Ejecutivo de la entidad federativa, pues, dadas las competencias que en la actualidad tienen los diferentes Poderes de los Estados y que antes pod�an incidir en el jefe pol�tico o prefecto, y toda vez que la terminolog�a que al respecto utiliza la disposici�n constitucional se hace en forma gen�rica y no referida exclusivamente al Poder Ejecutivo, debe entenderse que comprende no s�lo a este �ltimo poder en cita, sino tambi�n a los otros poderes, frente a los cuales eventualmente podr�a gestarse tambi�n una autoridad intermedia con relaci�n a los Ayuntamientos.

      No pasa inadvertido que, conforme al p�rrafo primero del art�culo 115 constitucional, los lineamientos generales que se instituyen en las bases contenidas en sus diferentes fracciones, tienen por esencia fijar los principios rectores en materia municipal que esencialmente se identifican con cuestiones pol�ticas y administrativas, cuya competencia corresponde al Poder Ejecutivo en el �mbito estatal; sin embargo, por las razones antes dadas, actualmente y dentro del �mbito de atribuciones de los Poderes Judicial y Legislativo de los Estados, tambi�n tienen relaci�n en ciertas materias con los Municipios, como en los casos antes apuntados, en los que tambi�n podr�a evaluarse un caso en que se instituyera una autoridad intermedia que afectara a los Municipios, como por ejemplo ser�a si el Municipio tuviera que acudir ante un ente diverso para proponer su Presupuesto de Egresos, para que �ste lo autorizara o diera su aprobaci�n y posteriormente fuera quien lo propusiera ante la legislatura.

      Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial n�mero 11/2000, del Tribunal Pleno, pendiente de publicaci�n, que dice:

      "AUTORIDAD INTERMEDIA. INTERPRETACI�N DE LA VOZ ?GOBIERNO DEL ESTADO?, UTILIZADA EN LA FRACCI�N I DEL ART�CULO 115 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL. El art�culo 115, fracci�n I, de la Constituci�n Federal establece que cada Municipio ser� administrado por un Ayuntamiento y no habr� ninguna autoridad intermedia entre �ste y el Gobierno del Estado. El t�rmino ?Gobierno del Estado?, no est� limitado al Poder Ejecutivo de la entidad federativa, pues dadas las competencias actuales de los diferentes Poderes de los Estados y que antes pod�an incidir en el jefe pol�tico o prefecto (antecedente de la autoridad intermedia ahora prohibida), y como la terminolog�a utilizada por la disposici�n constitucional se hace en forma gen�rica y no referida exclusivamente al Poder Ejecutivo, debe entenderse que dicha expresi�n comprende tanto al Poder Ejecutivo como a los otros poderes estatales, frente a los cuales, eventualmente, tambi�n podr�a darse una autoridad intermedia con relaci�n a los Ayuntamientos."

      Precisado lo anterior, se pasa al an�lisis del caso concreto a la luz de las tres posturas que dan una distinta interpretaci�n de lo que debe entenderse por autoridad intermedia, en la inteligencia de que tal an�lisis versar� respecto de los Comit�s de P.�n para el Desarrollo Municipal y de las Juntas Auxiliares que prev� la ley impugnada.

  6. Primera postura. Respecto a que la prohibici�n de autoridad intermedia se refiere a que, fuera del Gobierno Estatal y el Municipal, no debe existir una autoridad distinta o ajena a alguno de �stos.

    1. De los Comit�s de P.�n para el Desarrollo Municipal:

      Los art�culos 13 y 14 de la ley impugnada establecen:

      "Art. 13. Para efectos del art�culo anterior, los Municipios contar�n con Comit�s de P.�n para el Desarrollo Municipal como las instancias de participaci�n social encargadas de planear, discutir, analizar y seleccionar las obras y acciones a realizar para atender las demandas de la poblaci�n, en congruencia con los planes nacional y estatal de desarrollo."

      "Art. 14. El Comit� de P.�n para el Desarrollo Municipal se integrar� por:

      "I. El Ayuntamiento del Municipio;

      "II. El total de Juntas Auxiliares de cada Municipio;

      "III. Los representantes comunitarios de localidades, barrios, colonias populares y de los Comit�s de Obra del Municipio; y

      "IV. Los representantes del �rgano de planeaci�n estatal.

      En todo caso, la elecci�n de los representantes comunitarios ante este �rgano de planeaci�n se llevar� a cabo en asambleas democr�ticas, de conformidad con el Manual �nico de O.�n para el Federalismo Hacendario en el Estado de Puebla que para el efecto expida el Ejecutivo del Estado.

      Estos comit�s si bien se califican como de desarrollo municipal, tambi�n lo es que su forma de integraci�n est� dada de tal manera que no puede calificarse como parte del Gobierno del Estado o del Municipio.

      En efecto, estos comit�s se integran por el Ayuntamiento del Municipio, por el total de Juntas Auxiliares de cada Municipio, por los representantes comunitarios de localidades, barrios, colonias populares y de los comit�s de obra del Municipio, y por los representantes del �rgano de planeaci�n estatal. Como se aprecia, dichos comit�s se conforman tanto con autoridades municipales como estatales, as� como por representantes de la poblaci�n.

      En tales condiciones, aunque dichos organismos se califiquen como municipales y se integren, entre otros, por autoridades municipales y estatales, evidentemente no pueden catalogarse como �rganos municipales o estatales. Es cierto que la forma de su integraci�n no es lo que determina la naturaleza municipal o estatal del mismo, pero tambi�n lo es que no existe disposici�n expresa que lo considere org�nicamente en uno u otro.

      En consecuencia, debe considerarse que dichos comit�s constituyen una autoridad al margen del Gobierno del Estado y de los Municipios, por lo que, conforme a la postura que se analiza, deben considerarse como autoridades intermedias.

      No pasa inadvertida la manifestaci�n de la parte demandada, en el sentido de que los comit�s de planeaci�n tienen su sustento en los art�culos 25 y 26 de la Constituci�n Federal, 4o. y 20 de la Ley de P.�n, 107 y 108 de la Constituci�n del Estado de Puebla, y 1o., 13, 14 y 17 de la Ley de P.�n para el Desarrollo de Puebla; sin embargo, tales disposiciones no prev�n la forma de integraci�n y conformaci�n de los comit�s que ahora se analizan, pues �nicamente se refieren a la concurrencia para el desarrollo econ�mico de los sectores p�blico, social y privado, as� como a las instancias de planeaci�n y coordinaci�n de dichos sectores, y no as� a la forma de su integraci�n y menos a�n respecto de los municipales.

    2. De las Juntas Auxiliares:

      Dichos organismos no pueden catalogarse como autoridades intermedias en t�rminos de esta primera postura, toda vez que estas Juntas s� se encuentran consideradas org�nicamente dentro de los Municipios.

      En efecto, los art�culos 16 y 67 de la L.O.�nica Municipal del Estado de Puebla, dicen:

      "Art. 16. El Municipio, para su administraci�n interior, se dividir� en ciudades, villas, pueblos, rancher�as, comunidades, barrios y secciones."

      Art. 67. Para el gobierno de los pueblos habr� Juntas Auxiliares, integradas por un presidente y cuatro miembros propietarios, y sus respectivos suplentes.

  7. Segunda postura. Interpretaci�n en el sentido de que autoridad intermedia es aquella que, cualquiera que sea su origen o denominaci�n, lesiona la autonom�a municipal, suplantando o mediatizando sus facultades constitucionales o invadiendo la esfera competencial del Ayuntamiento.

    1. Respecto de los Comit�s de P.�n para el Desarrollo Municipal.

      El art�culo 13 de la ley impugnada dispone:

      Art. 13. Para efectos del art�culo anterior, los Municipios contar�n con Comit�s de P.�n para el Desarrollo Municipal como las instancias de participaci�n social encargadas de planear, discutir, analizar y seleccionar las obras y acciones a realizar para atender las demandas de la poblaci�n, en congruencia con los planes nacional y estatal de desarrollo.

      De conformidad con la disposici�n transcrita, los aludidos comit�s constituyen instancias de participaci�n social, encargadas de planear, discutir, analizar y seleccionar las obras y acciones a realizar para atender las demandas de la poblaci�n.

      De conformidad con el art�culo 115, fracci�n I, de la Constituci�n Federal, cada Municipio ser� administrado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa y no habr� ninguna autoridad intermedia entre �ste y el Gobierno del Estado.

      Los art�culos 13 y 40 de la L.O.�nica Municipal disponen:

      "Art. 13. Cada Municipio ser� administrado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa, integrado por los miembros de la planilla que haya obtenido el mayor n�mero de votos, y no habr� ninguna autoridad intermedia entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado."

      "Art. 40. Son atribuciones de los Ayuntamientos:

      "...

      "IV. Expedir bandos de polic�a y buen gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, referentes a su organizaci�n, funcionamiento, servicios p�blicos que deban prestar y dem�s asuntos de su competencia, sujet�ndose a las bases normativas establecidas por la fracci�n III del art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica del Estado.

      "...

      "XII. Promover cuanto estime conveniente para el progreso del Municipio y acordar la realizaci�n de las obras p�blicas que fueren necesarias;

      "...

      "XXX. Formular y aprobar, de acuerdo con las leyes federales y estatales, la zonificaci�n y planos de desarrollo urbano municipal."

      De las disposiciones transcritas se desprende, por una parte, que la m�xima autoridad administrativa de los Municipios lo es el Ayuntamiento, al que corresponde emitir todas aqu�llas disposiciones relativas a su organizaci�n, funcionamiento, servicios p�blicos y otros de su competencia, as� como promover y autorizar la realizaci�n de obras p�blicas y lo inherente a su desarrollo urbano.

      Lo anterior se relaciona directamente con las atribuciones que se le reconocen a los Comit�s de P.�n para el Desarrollo Municipal a que se refiere el art�culo 13 de la ley impugnada, en tanto que �stos constituyen instancias encargadas de planear, discutir, analizar y seleccionar las obras y acciones a realizar para atender las demandas dela poblaci�n.

      Acorde con lo anterior, es evidente que los referidos comit�s se constituyen en autoridades intermedias conforme a la segunda postura que se analiza, ya que se les dota de facultades tales que invaden la esfera de competencia de los Ayuntamientos, que son la m�xima autoridad administrativa de los Municipios, y que, por tal raz�n, son los que deber�an planear, discutir, analizar y seleccionar las obras y acciones a realizar para atender las demandas de la poblaci�n.

      No debe soslayarse que, considerando la naturaleza propia de estos organismos de planeaci�n, su funci�n debe limitarse a apoyar y coordinar a las autoridades estatales y municipales, as� como a los particulares, para que los sectores p�blico, social y privado concurran en el desarrollo social de los Municipios, pero no para la toma de decisiones en estas materias, cuya competencia es exclusiva en el �mbito municipal de los Ayuntamientos, quienes si bien est�n obligados a dar intervenci�n a cada sector, ello ni implica darles poder de decisi�n y ejecuci�n, pues de otra manera el Ayuntamiento se constituir�a en mero ejecutor de las decisiones de dichos comit�s, con lo que se hace nugatoria la garant�a constitucional que reserva la administraci�n municipal a los Ayuntamientos.

    2. Respecto de las Juntas Auxiliares:

      Los art�culos 16, 67 y 72 de la L.O.�nica Municipal del Estado de Puebla, disponen:

      "Art�culo 16. El Municipio, para su administraci�n interior, se dividir� en ciudades, villas, pueblos, rancher�as, comunidades, barrios y secciones."

      "Art�culo 67. Para el gobierno de los pueblos habr� Juntas Auxiliares, integradas por un presidente y cuatro miembros propietarios, y sus respectivos suplentes."

      "Art�culo 72. Las Juntas Auxiliares tienen por objeto ayudar al Ayuntamiento en el desempe�o de sus funciones. A este fin ejercer�n, dentro de los l�mites de su circunscripci�n y bajo la vigilancia y direcci�n de aqu�llos, las atribuciones siguientes:

      "I. Solicitar al respectivo Ayuntamiento recursos que deber�n aplicarse a la satisfacci�n de los gastos p�blicos del pueblo;

      "II. Remitir al Ayuntamiento con la oportunidad debida para su revisi�n y aprobaci�n, los presupuestos de gastos del a�o siguiente;

      "III. Procurar la debida prestaci�n de los servicios p�blicos y, en general, la buena marcha de la administraci�n p�blica e informar al Ayuntamiento sobre sus deficiencias;

      "IV. Procurar la seguridad y el orden p�blico del pueblo;

      "V. Promover ante el Ayuntamiento de su jurisdicci�n la construcci�n de las obras de inter�s p�blico que estimare necesarias;

      VI. Nombrar a propuesta del presidente de la Junta, al secretario, tesorero y comandante de polic�a de la Junta Auxiliar, los que son funcionarios de confianza y podr�n ser removidos libremente.

      De los preceptos transcritos se desprende que los Municipios se dividen, para su administraci�n interior, en pueblos y otros, y que para el gobierno de �stos se integran las Juntas Auxiliares, cuyas facultades no transgreden las de los Ayuntamientos como �rganos superiores de administraci�n de los Municipios, a los que deben sujetarse las propias Juntas.

      De esto se sigue que las referidas Juntas Auxiliares no afectan la esfera de competencia de los Ayuntamientos y, consecuentemente, no constituyen autoridad intermedia en t�rminos de la segunda postura que se analiza.

  8. Tercera postura. Son autoridades intermedias las que impiden la comunicaci�n directa entre el Municipio y el Gobierno del Estado.

    1. Respecto de los Comit�s de P.�n para el Desarrollo Municipal:

      Los art�culos 13, 44, 57, 59, fracci�n IV, 67, 73, 74, 81, fracci�n III, y 82, fracci�n II, de la ley impugnada, disponen:

      "Art. 13. Para efectos del art�culo anterior, los Municipios contar�n con Comit�s de P.�n para el Desarrollo Municipal como las instancias de participaci�n social encargadas de planear, discutir, analizar y seleccionar las obras y acciones a realizar para atender las demandas de la poblaci�n, en congruencia con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo."

      "Art. 44. Las Juntas Auxiliares deber�n aplicar los recursos citados en el art�culo anterior en la ejecuci�n de obras que de manera conjunta hayan sido aprobadas en los �rganos de planeaci�n de los Municipios."

      "Art. 57. Cuando los recursos de los fondos a que se refiere este t�tulo se destinen a obras p�blicas, el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos presentar�n ante las dependencias competentes, para su an�lisis y aprobaci�n, los expedientes t�cnicos de las obras autorizadas por sus comit�s de planeaci�n debiendo sujetarse, adem�s de lo dispuesto por el art�culo anterior, a la normatividad, supervisi�n t�cnica y asesor�a que para tales efectos emitan dichas dependencias."

      "Art. 59. Para cumplir con lo dispuesto en el art�culo anterior, el Gobierno del Estado a trav�s de sus dependencias ejercer� las siguientes acciones:

      "...

      "IV. Promover y fortalecer la participaci�n social en las actividades educativas que correspondan al Estado, a trav�s de los �rganos de planeaci�n de los Municipios y agrupaciones o concejos, para la conservaci�n, mejoramiento y equipamiento de los servicios y dem�s proyectos de desarrollo educativo en sus respectivas jurisdicciones."

      "Art. 67. El Gobierno del Estado recibir� los recursos presupuestales a que se refiere este cap�tulo que le transfiera la Federaci�n, y los programar� y presupuestar� entre los Municipios de la entidad, de acuerdo a las directrices establecidas a nivel federal en materia de salud y seg�n las necesidades que hayan sido debidamente jerarquizadas con los mismos en el seno de los �rganos de planeaci�n."

      "Art. 73. El Gobierno del Estado ministrar� en forma mensual a los Municipios una cantidad igual para ser administrada por los Ayuntamientos; dichos recursos ser�n destinados exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales b�sicas y a inversiones, que beneficien directamente a sectores de su poblaci�n que se encuentren en condiciones de rezago social y de pobreza extrema. Para tales efectos, previamente los Municipios presentar�n al Gobierno del Estado, sus programas de obras y acciones aprobadas en el seno de los Comit�s de P.�n para el Desarrollo Municipal."

      "Art. 74. Los Ayuntamientos presentar�n ante el Gobierno del Estado, para su an�lisis y aprobaci�n, los expedientes t�cnicos de las obras aprobadas por sus comit�s de planeaci�n."

      "Art. 81. Para el �ptimo aprovechamiento de los recursos, los Municipios aplicar�n los recursos de este fondo de la siguiente manera: ... III. Canalizar el remanente a la realizaci�n de obra f�sica en Juntas Auxiliares y en colonias populares, dando prioridad al mantenimiento y reparaci�n de espacios educativos. Dichas obras ser�n consensadas y aprobadas en el seno del �rgano municipal de planeaci�n."

      "Art. 82. Los Municipios deber�n:

      "...

      II. Promover la participaci�n de las comunidades beneficiarias en el seno del Comit� de P.�n para el Desarrollo Municipal, en su destino, aplicaci�n y vigilancia, as� como en la programaci�n, ejecuci�n, control, seguimiento y evaluaci�n de las obras que se vayan a realizar; y, ...

      De las disposiciones transcritas puede advertirse que los Comit�s de P.�n para el Desarrollo Municipal, no s�lo constituyen �rganos de planeaci�n y coordinaci�n, sino que se les dota de facultades que van m�s all� y que implican el sometimiento del Ayuntamiento y de sus Juntas Auxiliares, de tal forma que, para que �stos puedan desarrollar sus funciones y percibir los recursos que les corresponden para tal efecto, deben contar con los planes, programas y jerarquizaci�n de obras y acciones autorizadas por los referidos comit�s.

      Lo anterior demuestra que, conforme a la tercera postura que se analiza, los Comit�s de P.�n para el Desarrollo Municipal constituyen autoridad intermedia, en la medida que interrumpen la comunicaci�n directa que debe existir entre el Gobierno del Estado y los Municipios, ya que sin la intervenci�n de aqu�llos, como ente de enlace entre estos dos niveles de gobierno, los Municipios estar�n obstaculizados para coordinarse con el Estado para llevar a cabo las atribuciones que en materia com�n tienen ambos niveles de gobierno.

    2. Respecto de las Juntas Auxiliares:

      De conformidad con los art�culos 67 y 72 de la L.O.�nica Municipal anteriormente transcritos, que prev�n las Juntas Auxiliares y sus atribuciones, se concluye que no constituyen autoridad intermedia entre el Gobierno del Estado y los Municipios conforme a esta tercer postura, ya que no interfieren en forma alguna en la comunicaci�n directa que deben tener ambos niveles de gobierno, pues en todos los casos dichas Juntas deben sujetarse a los lineamientos que establezcan los Ayuntamientos.

      No pasa inadvertido que en el escrito de demanda tambi�n se aduce que los grupos organizados que prev� la ley impugnada tambi�n constituyen autoridad intermedia.

      El art�culo 15 de la ley, dispone:

      Art. 15. En la coordinaci�n de acciones de planeaci�n del desarrollo, el Estado tomar� en cuenta la participaci�n de los �rganos de planeaci�n y otros grupos organizados, entendi�ndose como tales principalmente a las organizaciones representativas de obreros, campesinos, grupos populares, instituciones acad�micas y de investigaci�n, organismos empresariales y otras agrupaciones sociales, considerados �rganos de consulta permanente.

      De la disposici�n transcrita puede apreciarse que los referidos grupos organizados constituyen tan s�lo �rganos de consulta permanente, pero sin reconocerles ninguna facultad de decisi�n, por lo que, dada la naturaleza que les da la ley y al no constituir autoridad estatal o municipal, en cualquiera de los casos no puede reconoc�rsele como una autoridad de las prohibidas por el art�culo 115, fracci�n I, de la Constituci�n Federal.

      Atento a todo lo expuesto en el presente considerando, es de concluirse que las Juntas Auxiliares municipales y los grupos organizados no constituyen autoridad intermedia, pero, por cuanto hace a los Comit�s de P.�n para el Desarrollo Municipal, �stos s� constituyen autoridad intermedia conforme a las tres interpretaciones dadas, en contravenci�n a lo dispuesto por el art�culo 115, fracci�n I, de la Constituci�n Federal.

      Consecuentemente, procede declarar la inconstitucionalidad de los art�culos 13 y 14 que prev�n dichos comit�s y sus atribuciones.

      Sirven de apoyo a lo anteriormente considerado, las tesis jurisprudenciales n�meros 12/2000, 13/2000 y 14/2000, del Tribunal Pleno, pendientes de publicaci�n, que respectivamente dicen:

      "AUTORIDADES INTERMEDIAS. TIENEN ESE CAR�CTER LOS COMIT�S DE PLANEACI�N PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA (LEY PARA EL FEDERALISMO HACENDARIO DEL ESTADO DE PUEBLA). Los art�culos 13, 14, 44, 57 y 82, fracci�n II, de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, son violatorios de la fracci�n I del art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos que proh�be las autoridades intermedias entre el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos de los Municipios. Lo anterior en virtud de lo siguiente: a) Los citados preceptos de la ley prev�n los Comit�s de P.�n para el Desarrollo Municipal como autoridades que no pertenecen org�nicamente al Estado ni a los Municipios, aunque se integran con autoridades de ambos; b) De conformidad con los art�culos 115, fracci�n I, de la Constituci�n Federal, y 13 y 40 de la L.O.�nica Municipal de aquella entidad, entre otros, la m�xima autoridad administrativa de los Municipios lo es el Ayuntamiento, al que corresponde emitir todas aquellas disposiciones relativas a su organizaci�n, funcionamiento, servicios p�blicos y otros de su competencia, as� como promover y autorizar la realizaci�n de obras p�blicas y lo inherente a su desarrollo urbano, lo cual se relaciona directamente con las atribuciones que se le otorgan a los Comit�s de P.�n para el Desarrollo Municipal, en tanto que �stos constituyen instancias encargadas de planear, discutir, analizar y seleccionar las obras y acciones a realizar para atender las demandas de la poblaci�n, facultades que invaden la esfera de competencia de los Ayuntamientos que, por tal raz�n, son los que deber�an realizarlas; c) Dichos comit�s no s�lo son �rganos de planeaci�n y coordinaci�n sino que se les dota de facultades tales que implican el sometimiento del Ayuntamiento y de sus Juntas Auxiliares, de forma que, para que �stos puedan desarrollar sus funciones y percibir los recursos que les corresponden para tal efecto conforme a la ley citada, deben contar con los planes, programas y jerarquizaci�n de obras y acciones autorizadas por los referidos comit�s; y d) Adem�s, interrumpen la comunicaci�n directa que debe existir entre el Gobierno del Estado y los Municipios, ya que con la intervenci�n de dichos comit�s, los Municipios estar�n obstaculizados para coordinarse directamente con el Gobierno del Estado para llevar a cabo sus atribuciones sobre aquellas materias que en com�n tienen ambos niveles."

      "AUTORIDADES INTERMEDIAS. NO TIENEN ESE CAR�CTER LOS GRUPOS ORGANIZADOS QUE PREV� EL ART�CULO 15 DE LA LEY PARA EL FEDERALISMO HACENDARIO DEL ESTADO DE PUEBLA. De conformidad con el art�culo 15 de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en la coordinaci�n de acciones de planeaci�n del desarrollo, el Estado tomar� en cuenta la participaci�n de los �rganos de planeaci�n y otros grupos organizados, entendi�ndose como tales principalmente a las organizaciones representativas de obreros, campesinos, grupos populares, instituciones acad�micas y de investigaci�n, organismos empresariales y otras agrupaciones sociales, considerados �rganos de consulta. De esta disposici�n se desprende que los referidos grupos organizados constituyen tan s�lo �rganos de consulta permanente, pero sin reconocerles ninguna facultad de decisi�n, por lo que no son autoridades intermedias, prohibidas por el art�culo 115, fracci�n I, de la Constituci�n Federal."

      AUTORIDADES INTERMEDIAS. NO TIENEN ESE CAR�CTER LAS JUNTAS AUXILIARES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA. De conformidad con los art�culos 16, 67 y 72 de la L.O.�nica Municipal del Estado de Puebla, los Municipios se dividen, para su administraci�n interior, entre otras formas de organizaci�n social, en pueblos, y para el gobierno de �stos se integran las Juntas Auxiliares, cuyas facultades se sujetan a las determinaciones de los Ayuntamientos como �rganos superiores de administraci�n de los Municipios; por lo tanto, las Juntas Auxiliares al formar parte de la organizaci�n de los Municipios, y atento a sus facultades, no afectan la esfera de competencia de los Ayuntamientos ni obstaculizan en forma alguna la comunicaci�n directa que debe haber entre el Gobierno del Estado y sus Municipios.

NOVENO

Respecto de los art�culos 4o., fracciones VII y IX, 8o., tercer p�rrafo, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, fracciones III y V, 30, 42, 43, 44, 49, 50, 57, 82, 95, 97 y 98 de la ley impugnada, que se combaten expresamente en el segundo concepto de invalidez por constituir autoridades intermedias, se considera lo siguiente:

"Art�culo 4o. La presente ley tiene por objeto:

"...

"VII. Constituir los �rganos en materia hacendaria para el cumplimiento de los objetivos de esta ley as� como de los convenios de coordinaci�n y de colaboraci�n que se celebren;

"...

"IX. Promover la participaci�n social en los �mbitos estatal y municipal para la toma de decisiones en la orientaci�n, definici�n y jerarquizaci�n de los programas y proyectos p�blicos, de acuerdo a las normas establecidas en la Ley de P.�n para el Desarrollo del Estado de Puebla."

"Art�culo 8o. Los recursos que la Federaci�n transfiera al Estado derivados de programas federales de descentralizaci�n del gasto y aquellos que, por su naturaleza an�loga puedan ser considerados bajo este rubro, deber�n sujetarse para su ejercicio, a las disposiciones de esta ley. ...

"El Ejecutivo Estatal ser� el responsable de administrar, distribuir, ejercer y supervisar que los recursos materia de esta ley se apliquen a los fines aprobados. Para ello, el Estado promover� las acciones necesarias que garanticen la transparente y oportuna asignaci�n de dichos recursos de conformidad con esta ley y sin menoscabo de la libertad municipal. Asimismo, a trav�s de sus dependencias y entidades competentes, llevar� a cabo la asignaci�n y distribuci�n de los recursos de aportaciones para la educaci�n b�sica y normal; de aportaciones para los servicios de salud; infraestructura social estatal; y de aportaciones m�ltiples, con apego tanto a los programas establecidos por la Federaci�n, como a los estatales, regionales y sociales que se instrumenten y que se aprueben en el seno del �rgano de planeaci�n."

"Art�culo 13. Para efectos del art�culo anterior, los Municipios contar�n con Comit�s de P.�n para el Desarrollo Municipal como las instancias de participaci�n social encargadas de planear, discutir, analizar y seleccionar las obras y acciones a realizar para atender las demandas de la poblaci�n, en congruencia con los planes nacional y estatal de desarrollo."

"Art�culo 14. El Comit� de P.�n para el Desarrollo Municipal se integrar� por:

"I. El Ayuntamiento del Municipio;

"II. El total de Juntas Auxiliares de cada Municipio;

"III. Los representantes comunitarios de localidades, barrios, colonias populares y de los comit�s de obra del Municipio; y

"IV. Los representantes del �rgano de planeaci�n estatal.

"En todo caso, la elecci�n de los representantes comunitarios ante este �rgano de planeaci�n se llevar� a cabo en asambleas democr�ticas, de conformidad con el Manual �nico de O.�n para el Federalismo Hacendario en el Estado de Puebla que para el efecto expida el Ejecutivo del Estado."

"Art�culo 15. En la coordinaci�n de acciones de planeaci�n del desarrollo, el Estado tomar� en cuenta la participaci�n de los �rganos de planeaci�n y otros grupos organizados, entendi�ndose como tales principalmente a las organizaciones representativas de obreros, campesinos, grupos populares, instituciones acad�micas y de investigaci�n, organismos empresariales y otras agrupaciones sociales, considerados �rganos de consulta permanente."

"Art�culo 16. El Estado fortalecer� la participaci�n social en la planeaci�n del desarrollo de la entidad, a trav�s de los �rganos creados por la Ley de P.�n para el Desarrollo del Estado de Puebla, a fin de que intervengan en la planeaci�n, programaci�n, ejecuci�n, control, seguimiento y evaluaci�n de los programas, y los convenios que con base en esta ley se establezcan."

"Art�culo 17. La recepci�n y an�lisis de las propuestas sobre inversi�n, la promoci�n de la cooperaci�n y colaboraci�n de la participaci�n social en las tareas de la planeaci�n del desarrollo, y los convenios que con base en esta ley se celebren, se efectuar�n bajo los lineamientos establecidos en la Ley de P.�n para el Desarrollo del Estado de Puebla."

"Art�culo 18. Para propiciar el fortalecimiento municipal el Estado deber�:

"I. Impulsar programas de fortalecimiento de los Municipios, para hacer vigente su funci�n como instancias de gobierno directamente vinculadas a las necesidades cotidianas de la poblaci�n;

"II. Ampliar los cauces para que las comunidades participen activamente en la definici�n de los programas prioritarios de la gesti�n gubernamental y cuenten con la capacidad de decisi�n, ejecuci�n y evaluaci�n correspondiente, dentro del marco del fortalecimiento a los Ayuntamientos otorg�ndoles mayores responsabilidades p�blicas;

"III. Fomentar, bajo los principios de justicia social y equidad, las capacidades y oportunidades para que, en coordinaci�n con el Estado, los Ayuntamientos eleven la cobertura y calidad de los servicios indispensables para el desarrollosocial de su comunidad;

"IV. Promover la integraci�n y homogeneidad entre las regiones, acelerando el desarrollo de las que tienen menor crecimiento relativo y manteniendo la din�mica de crecimiento de las que registren mayor capacidad de respuesta productiva y m�s altos �ndices de bienestar social; y

"V. Las dem�s acciones que establezcan los ordenamientos en la materia."

"Art�culo 24. El Sistema Estatal de Coordinaci�n Hacendaria tiene por objeto:

"...

"III. Fijar el sistema para la distribuci�n de participaciones a los Municipios;

"...

"V. Constituir los �rganos de coordinaci�n hacendaria; y, ..."

"Art�culo 30. El Estado de Puebla percibir� las participaciones correspondientes de los ingresos federales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinaci�n F..

"Los Municipios percibir�n las participaciones en ingresos federales atendiendo a lo que se�alan los art�culos 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, 103 de la Constituci�n Local, la propia Ley de Coordinaci�n F. y la presente ley."

"Art�culo 42. Las Juntas Auxiliares se coordinar�n con los Ayuntamientos, a efecto de coadyuvar con los mismos en las funciones que realizan en materia de administraci�n, recaudaci�n, ejecuci�n y supervisi�n a que se refiere esta ley, as� como aquellas establecidas en la L.O.�nica Municipal y dem�s leyes aplicables."

"Art�culo 43. Para ejercer las funciones a que se refiere el art�culo anterior, las Juntas Auxiliares recibir�n de los Ayuntamientos, de los recursos provenientes de las participaciones por lo menos:

"a) El 5% cuando el Municipio cuente con 1 y hasta 5 Juntas Auxiliares

"b) El 10% cuando el Municipio cuente con 6 y hasta 10 Juntas Auxiliares

"c) El 15% cuando el Municipio cuente con 11 o m�s Juntas Auxiliares.

"Dichos recursos se distribuir�n en proporci�n directa al n�mero de habitantes de cada Junta Auxiliar, de acuerdo con los datos que para el efecto emita el Consejo Estatal de Poblaci�n."

"Art�culo 44. Las Juntas Auxiliares deber�n aplicar los recursos citados en el art�culo anterior en la ejecuci�n de obras que de manera conjunta hayan sido aprobadas en los �rganos de planeaci�n de los Municipios."

"Art�culo 49. El Gobierno del Estado revisar� y aprobar� la evaluaci�n socioecon�mica de los proyectos de inversi�n para el Estado y los Municipios, procurando que dichos proyectos se apeguen a los objetivos de los planes nacional, estatal y municipales de desarrollo, as� como a los programas sectoriales y regionales derivados de los mismos."

"Art�culo 50. El H. Congreso del Estado establecer� normas que aseguren que el ejercicio del gasto se realice conforme a criterios de oportunidad, calidad y eficiencia, que permitan cumplir con las condiciones t�cnicas de los proyectos y que atiendan a las prioridades del desarrollo."

"Art�culo 57. Cuando los recursos de los fondos a que se refiere este t�tulo se destinen a obras p�blicas, el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos presentar�n ante las dependencias competentes, para su an�lisis y aprobaci�n, los expedientes t�cnicos de las obras autorizadas por sus comit�s de planeaci�n debiendo sujetarse, adem�s de lo dispuesto por el art�culo anterior, a la normatividad, supervisi�n t�cnica y asesor�a que para tales efectos emitan dichas dependencias."

"Art�culo 82. Los Municipios deber�n:

"I.H. del conocimiento de sus habitantes los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicaci�n, metas y beneficiarios;

"II. Promover la participaci�n de las comunidades beneficiarias en el seno del Comit� de P.�n para el Desarrollo Municipal, en su destino, aplicaci�n y vigilancia, as� como en la programaci�n, ejecuci�n, control, seguimiento y evaluaci�n de las obras que se vayan a realizar; y

"III. Informar a sus habitantes al t�rmino de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados."

"Art�culo 95. Las infracciones en que incurran los servidores p�blicos estatales o municipales a las disposiciones de esta ley y su reglamentaci�n, se sancionar�n por los �rganos de control y supervisi�n del Estado de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores P�blicos del Estado de Puebla, L.O.�nica y Reglamentaria de la Contadur�a M. de Hacienda del Congreso del Estado de Puebla y dem�s ordenamientos estatales aplicables."

"Art�culo 97. En caso de que los Ayuntamientos no ministren los recursos que conforme a esta ley les corresponden a sus Juntas Auxiliares, el Gobierno del Estado los liquidar� directamente."

Art�culo 98. Las autoridades estatales y municipales que incurran en responsabilidades civiles y penales con motivo de la desviaci�n de los recursos a que se refiere esta ley, ser�n sancionados en t�rminos de la legislaci�n aplicable.

En la fracci�n VII del art�culo 4o., no se establece disposici�n que implique constituci�n de autoridades intermedias, ya que s�lo prev� el que se procure la coordinaci�n en materia de gasto. En la fracci�n IX del propio art�culo, �nicamente se prev� el que se promueva la participaci�n social en los �mbitos estatal y municipal, pero sin que se instituyan tampoco autoridades intermedias. Cabe aclarar que, el que se promueva la participaci�n social en los �mbitos estatal y municipal para la toma de decisiones en la orientaci�n, definici�n y jerarquizaci�n de los programas y proyectos p�blicos, no afecta en s� mismo las facultades de los Ayuntamientos, siempre y cuando las decisiones corran a cargo de los Ayuntamientos, cuesti�n que dicha disposici�n no limita.

El tercer p�rrafo del art�culo 8o. de la ley impugnada, tampoco prev� autoridades intermedias, pues �nicamente se refiere a la facultad del Ejecutivo Estatal como responsable de administrar, distribuir, ejercer y supervisar los recursos materia de la ley para que se apliquen a los fines aprobados, adem�s de que dispone que esto ser� sin menoscabo de la libertad municipal.

El art�culo 15 que prev� los grupos organizados como �rganos de consulta, tampoco instituye autoridades intermedias, por tratarse de �rganos de consulta sin alguna otra atribuci�n.

El art�culo 16 tampoco contraviene la disposici�n fundamental, pues se refiere a la participaci�n social en la planeaci�n del desarrollo de la entidad a trav�s de los �rganos creados por la Ley de P.�n para el Desarrollo del Estado de Puebla; esto es, no se refiere a los �rganos de planeaci�n municipales cuyas facultades se establecen en la ley que ahora se combate.

El art�culo 17 tampoco instituye autoridades intermedias, ya que �nicamente prev� que deber� estarse a los lineamientos establecidos en la Ley de P.�n para el Desarrollo del Estado de Puebla para efectos de la recepci�n y an�lisis de las propuestas sobre inversi�n, la promoci�n de la cooperaci�n y colaboraci�n de la participaci�n social en las tareas de la planeaci�n del desarrollo, y para la celebraci�n de convenios.

El art�culo 18 tampoco vulnera la prohibici�n de autoridad intermedia, en tanto que �nicamente establece lineamientos generales para propiciar el fortalecimiento municipal.

El art�culo 24, fracciones III y V, tampoco violenta la disposici�n constitucional que se aduce violada, ya que tan s�lo establece el objeto del Sistema Estatal de Coordinaci�n Hacendaria.

El art�culo 30 tampoco violenta la disposici�n constitucional, ya que se refiere a que el Estado percibir� las participaciones correspondientes de los ingresos federales de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Coordinaci�n F..

El art�culo 42 tampoco instituye autoridades intermedias, ya que solamente prev� que las Juntas Auxiliares se coordinar�n con los Ayuntamientos para coadyuvar en las funciones que realizan en materia de administraci�n, recaudaci�n, ejecuci�n y supervisi�n a que se refiere la ley y dem�s aplicables.

El art�culo 43 prev� los porcentajes m�nimos que por concepto de participaciones deber�n recibir las Juntas Auxiliares, con lo cual no se crean autoridades intermedias.

El art�culo 49 tampoco infringe la disposici�n fundamental se�alada, en cuanto a que regula la revisi�n y aprobaci�n que har� el Gobierno del Estado de la evaluaci�n socioecon�mica de los proyectos de inversi�n para el Estado y los Municipios.

El art�culo 50 tampoco vulnera el art�culo 115, fracci�n I, constitucional, pues s�lo prev� que el Congreso Estatal establecer� normas que aseguren que el ejercicio del gasto se realice conforme a criterios de oportunidad, calidad y eficiencia.

Los art�culos 95 y 98 tampoco violentan la disposici�n constitucional de referencia, ya que regulan cuestiones propias de responsabilidades y sanciones, sin que instituyan de ninguna forma autoridades intermedias.

En efecto, el art�culo 95 establece las sanciones que por incumplimiento de la ley podr�n hacerse acreedores los servidores p�blicos estatales o municipales y para tales efectos remiten a las diversas Leyes de Responsabilidades de los Servidores P�blicos del Estado de Puebla, Org�nica y Reglamentaria de la Contadur�a M. de Hacienda del Congreso del propio Estado y dem�s ordenamientos estatales aplicables, y el art�culo 98 se refiere a las responsabilidades civiles y penales en que pueden incurrir las autoridades estatales y municipales al desviar los recursos que contempla la citada ley y para ello remite a la legislaci�n aplicable.

Lo anterior es acorde con el texto constitucional y no invade las atribuciones de los Municipios actores por lo siguiente:

Los art�culos 108, primero y cuarto p�rrafos y 109, primer p�rrafo, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se�alan:

"Art�culo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este t�tulo se reputar�n como servidores p�blicos a los representantes de elecci�n popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y en general, a toda persona que desempe�e un empleo, cargo o comisi�n de cualquier naturaleza en la administraci�n p�blica federal o en el Distrito Federal, as� como a los servidores del Instituto Federal Electoral, quienes ser�n responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempe�o de sus respectivas funciones; ...

"Las Constituciones de los Estados de la Rep�blica precisar�n, en los mismos t�rminos del primer p�rrafo de este art�culo y para los efectos de sus responsabilidades, el car�cter de servidores p�blicos de quienes desempe�en empleo, cargo o comisi�n en los Estados y en los Municipios."

"Art�culo 109. El Congreso de la Uni�n y las Legislaturas de los Estados, dentro de los �mbitos de sus respectivas competencias, expedir�n las leyes de responsabilidades de los servidores p�blicos y las dem�s normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este car�cter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones: ..."

De lo anterior, se advierte que las Legislaturas Locales est�n facultadas para expedir las leyes de responsabilidades de los servidores p�blicos estatales y municipales.

Del mismo modo, el art�culo 115, fracci�n IV, inciso c), �ltimo p�rrafo, faculta a las Legislaturas Locales para revisar las cuentas p�blicas de los Ayuntamientos.

Por lo expuesto, se puede concluir que el art�culo 95 de la ley impugnada al remitir a la Ley de Responsabilidades de los Servidores P�blicos del Estado de Puebla, a la L.O.�nica y Reglamentaria de la Contadur�a M. de Hacienda del Congreso del citado Estado y a los dem�s ordenamientos estatales aplicables para la determinaci�n de las infracciones en que pudieran incurrir los servidores p�blicos estatales y municipales, en la aplicaci�n de la ley impugnada, es acorde con las facultades constitucionales que posee el Congreso Local.

Lo mismo cabe concluir del art�culo 98, pues lo �nico que establece es la remisi�n a la legislaci�n aplicable en caso de que exista una desviaci�n de los recursos de la ley por parte de las autoridades estatales o municipales, lo que de ninguna forma vulnera ninguna facultad de los Municipios actores.

En otro aspecto, se considera que los art�culos 13, 14, 44, 57, 82, fracci�n II y 97 de la ley impugnada, s� violan la fracci�n I del art�culo 115 de la Constituci�n Federal, en virtud de lo siguiente:

Dichas disposiciones son contrarias a la disposici�n constitucional en cita, por las mismas razones dadas en el considerando que antecede, toda vez que integran los Comit�s de P.�n para el Desarrollo Municipal y les otorgan facultades de tal manera que afectan la esfera de competencia de los Ayuntamientos, pues supeditan sus facultades a las decisiones de dichos comit�s.

Finalmente, respecto del art�culo 97 de la ley impugnada, al establecer la posibilidad de que el Estado entere recursos de las participaciones federales directamente a las Juntas Auxiliares sin tomar en cuenta a los Ayuntamientos, a quienes constitucionalmente les corresponde la facultad de administrar los recursos de la hacienda municipal, afecta las facultades constitucionales que tienen estos �ltimos, con lo que se transgrede el art�culo 115, fracciones I y IV, inciso b), constitucional, en cuanto que establece que los Ayuntamientos son a los que corresponde administrar el Municipio y que, por ende, son los que llevan a cabo la libre administraci�n hacendaria municipal, por lo que la facultad que se otorga al Gobierno del Estado para entregar los recursos directamente a las Juntas Auxiliares en caso de que los Ayuntamientos no los ministren, resulta inconstitucional. Cabe se�alar que aun ante una situaci�n an�mala de parte del Ayuntamiento que motive la falta de entrega de los recursos que correspondan a las Juntas, es una cuesti�n que ser� responsabilidad del propio Ayuntamiento y de las consecuencias legales correspondientes, pero no puede justificar que el gobierno se sustituya en las atribuciones que constitucionalmente les son propias a los Ayuntamientos.

Atento a todo lo expuesto en el presente considerando y en el anterior, adem�s de la inconstitucionalidad decretada de los art�culos 13 y 14, procede tambi�n declarar inconstitucionales los art�culos 44, 57, 82, fracci�n II y 97 de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla.

D�CIMO

En el tercer concepto de invalidez se alega violaci�n al art�culo 116 constitucional, por la delegaci�n de facultades que se hace en la ley impugnada en favor del gobernador del Estado para expedir el "Manual �nico de O.�n para el Federalismo Hacendario en el Estado de Puebla".

Es infundado el concepto de invalidez expuesto.

La parte relativa del art�culo 116 constitucional que se aduce violada, dispone:

Art. 116. El poder p�blico de los Estados se dividir� para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. ...

El �ltimo p�rrafo del art�culo 14 de la ley impugnada, dispone:

Art. 14. El Comit� de P.�n para el Desarrollo Municipal se integrar� por: ... En todo caso, la elecci�n de los representantes comunitarios ante este �rgano de planeaci�n se llevar� a cabo en asambleas democr�ticas, de conformidad con el Manual �nico de O.�n para el Federalismo Hacendario en el Estado de Puebla que para el efecto expida el Ejecutivo del Estado.

Como se aprecia del art�culo impugnado, no existe contravenci�n a la disposici�n constitucional de referencia, ya que con dicho precepto no se provoca que se re�nan dos o m�s de los poderes p�blicos en una sola persona o corporaci�n, ni se deposita el Legislativo en un solo individuo.

En efecto, la disposici�n combatida �nicamente reserva al Poder Ejecutivo Estatal, la facultad de emitir el Manual �nico de O.�n para el Federalismo Hacendario en el Estado de Puebla, a efecto de establecer la forma en que deber� llevarse a cabo la asamblea democr�tica para la elecci�n de los representantes comunitarios ante el �rgano de planeaci�n, lo que debe considerarse como la facultad que tiene para proveer en la esfera administrativa para el cumplimiento de las leyes que emita la Legislatura Estatal.

D�CIMO PRIMERO

En el cuarto concepto de invalidez se aduce violaci�n al art�culo 133 de la Constituci�n Federal, en relaci�n con el 120 de la propia Carta Fundamental, por la no aplicaci�n de la Ley de Coordinaci�n F. con motivo de la expedici�n de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla. En esencia, la parte actora alega que la ley impugnada se aparta de lo dispuesto por la Ley de Coordinaci�n F., en virtud de que la facultad que tienen los Estados a trav�s de sus respectivos �rganos legislativos, de fijar las bases, montos y plazos de la distribuci�n de participaciones y aportaciones, innegablemente puede ser ejercida siempre y cuando el ejercicio de dicha facultad quede sujeto y se condicione a lo que la Ley de Coordinaci�n F. establezca al respecto.

Es parcialmente fundado el concepto de invalidez expuesto.

Para dilucidar la cuesti�n planteada debe analizarse por separado lo relativo a las participaciones federales y por otra las aportaciones federales.

Con relaci�n a las participaciones federales se considera lo siguiente:

En primer lugar debe precisarse que, contrariamente a lo considerado por los Municipios actores, el art�culo 133 de la Constituci�n Federal no establece ninguna jerarqu�a entre las legislaciones federal y local, sino un �mbito de competencias diverso, el cual se deriva del texto del art�culo 124 de la propia N.F..

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 10/91, sustentada por la Tercera Sala de esta Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, visible a fojas 56, T.o VII-Marzo, Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n que a la letra se�ala:

LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACI�N JER�RQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CONSTITUCI�N. El art�culo 133 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos no establece ninguna relaci�n de jerarqu�a entre las legislaciones federal y local, sino que en el caso de una aparente contradicci�n entre las legislaciones mencionadas, �sta se debe resolver atendiendo a qu� �rgano es competente para expedir esa ley de acuerdo con el sistema de competencia que la N.F. establece en su art�culo 124. Esta interpretaci�n se refuerza con los art�culos 16 y 103 de la propia Constituci�n: el primero al se�alar que la actuaci�n por autoridad competente es una garant�a individual, y el segundo, al establecer la procedencia del juicio de amparo si la autoridad local o federal act�a m�s all� de su competencia constitucional.

Por lo que respecta a las participaciones federales, como ya se ha precisado en el presente fallo, esta materia es de coordinaci�n entre la Federaci�n y los Estados, en tanto que se trata de una redistribuci�n de los ingresos que perciben los Municipios, los Estados y la Federaci�n por virtud de los convenios de coordinaci�n fiscal previstos en la Ley de Coordinaci�n F..

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 115, fracci�n IV, inciso b), y �ltimo p�rrafo, de la Constituci�n Federal, las participaciones federales, como parte de la hacienda municipal, ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados, las que aprobar�n las leyes de ingresos de los Ayuntamientos y revisar�n sus cuentas p�blicas.

De lo anterior se sigue que las Legislaturas Estatales, en su respectivo �mbito de competencia, por disposici�n constitucional, tienen facultades para regular el rubro de participaciones federales y concretamente sobre las bases, montos y plazos.

En consecuencia, debe desestimarse el concepto de invalidez en el que se alega que la ley impugnada se apartade lo dispuesto por la Ley de Coordinaci�n F. en cuanto a las bases, montos y plazos correspondientes a las participaciones federales, pues esto es una facultad de la legislatura en su �mbito de competencias.

Respecto a que la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla se aparta de lo dispuesto por la Ley de Coordinaci�n F. en lo relativo a las bases, montos y plazos en materia de aportaciones federales, cabe considerar lo siguiente:

Previamente resulta pertinente aclarar que, trat�ndose de las aportaciones federales, siendo recursos de los que los Municipios deben beneficiarse en t�rminos del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n y de la Ley de Coordinaci�n F., esto leg�tima en la causa a los Municipios actores para cuestionar en esta v�a la constitucionalidad de la ley que ahora se impugna, toda vez que en �sta se establecen los supuestos normativos en virtud de los cuales tiene que hacerse la distribuci�n y asignaci�n de los recursos respectivos a los Municipios.

En efecto, como qued� expuesto en considerandos anteriores, son recursos de naturaleza federal que destinan y supervisan las autoridades federales, que se rigen por disposiciones de car�cter federal, que se entregan a los Estados previo convenio con la Federaci�n y en el que no participan los Municipios, que, aunque finalmente llegan a ingresar a la hacienda municipal, no forman parte del r�gimen de libre administraci�n hacendaria, y que los Municipios �nicamente ejecutan la aplicaci�n de dichos recursos en los rubros previamente determinados por las disposiciones federales; sin embargo, en estos casos, los Municipios tienen especial inter�s en que los recursos correspondientes se reciban oportuna y eficazmente en t�rminos de las disposiciones legales respectivas, para los fines para los cuales se les destinan, por lo que, si en el caso se aduce que la ley impugnada se aparta de lo dispuesto por la Ley de Coordinaci�n F. que establece los lineamientos generales al efecto, en contravenci�n a la Constituci�n Federal, es evidente que debe reconocerse que los Municipios est�n legitimados en la causa para acudir en esta v�a a plantear la inconstitucionalidad de la ley impugnada si se considera que contraviene a la Constituci�n Federal.

A efecto de determinar si la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla se ajusta a las disposiciones de la Ley de Coordinaci�n F. en materia de aportaciones federales para los Municipios, es conveniente atender, en primer lugar, a lo que establece el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n para el a�o de mil novecientos noventa y ocho; y, en segundo lugar, a las disposiciones relativas de la ley impugnada y la Ley de Coordinaci�n F..

De conformidad con lo dispuesto por el art�culo 19 del citado Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, las erogaciones previstas para el ramo 33 Aportaciones F. para Entidades Federativas y Municipios para el a�o de mil novecientos noventa y ocho, se distribuye entre los siguientes fondos:

Fondo de Aportaciones para la Educaci�n B�sica y N.l.

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

En este �ltimo fondo los recursos se distribuyen entre los siguientes rubros:

Fondo para la Infraestructura Social Estatal.

Fondo para la Infraestructura Social Municipal.

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal.

Fondo de Aportaciones M�ltiples.

La disposici�n en cita tambi�n establece que el ejercicio de las erogaciones a que se refiere este art�culo deber� apegarse a la distribuci�n, condiciones y t�rminos que establece el cap�tulo V de la Ley de Coordinaci�n F., y no podr�n aplicarse para cubrir otras erogaciones con fines distintos a los que ah� se se�alan.

En el cap�tulo V de la citada Ley de Coordinaci�n F., en el que se regula lo relativo a las aportaciones federales, se contienen diversos preceptos en los que expresamente se reglamenta la forma y t�rminos para la asignaci�n de estos recursos que est�n destinados a los Municipios.

A continuaci�n se procede a realizar el comparativo entre las disposiciones relativas que interesan para el caso concreto de la Ley de Coordinaci�n F., con las respectivas de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla.

En el art�culo 32, pen�ltimo p�rrafo y el 35, �ltimo p�rrafo, de la Ley de Coordinaci�n F., con relaci�n a las aportaciones para la infraestructura social, dispone:

"Art. 32. ... Del total de la recaudaci�n federal participable el 0.303% corresponder� al Fondo para la Infraestructura Social Estatal y el 2.197% al Fondo para Infraestructura Social Municipal. Este fondo se enterar� mensualmente en los primero diez meses del a�o por partes iguales a los Estados por conducto de la Federaci�n y a los Municipios a trav�s de los Estados, de manera �gil directa, sin m�s limitaciones ni restricciones, incluyendo las de car�cter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el art�culo 33 de esta ley. ...".

Art. 35. Los Estados distribuir�n entre los Municipios los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, ... (�ltimo p�rrafo). Los Estados deber�n entregar a sus respectivos Municipios los recursos que les corresponden conforme al calendario de enteros en que la Federaci�n lo haga a los Estados, en los t�rminos del pen�ltimo p�rrafo del art�culo 32 de la presente ley. ...

Al efecto, los art�culos 73, 74 y 75 de la ley impugnada, correspondientes al cap�tulo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, disponen:

"Art. 73. El Gobierno del Estado ministrar� en forma mensual a los Municipios una cantidad igual para ser administrada por los Ayuntamientos; dichos recursos ser�n destinados exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales b�sicas y a inversiones, que beneficien directamente a sectores de su poblaci�n que se encuentren en condiciones de rezago social y de pobreza extrema. Para tales efectos, previamente los Municipios presentar�n al Gobierno del Estado, sus programas de obras y acciones aprobadas en el seno de los comit�s de planeaci�n para el desarrollo municipal."

"Art. 74. Los Ayuntamientos presentar�n ante el Gobierno del Estado, para su an�lisis y aprobaci�n, los expedientes t�cnicos de las obras aprobadas por sus comit�s de planeaci�n."

Art. 75. Una vez aprobados los expedientes t�cnicos por el Gobierno del Estado, �ste proceder� a la ministraci�n de recursos al Ayuntamiento, conforme a lo establecido en el art�culo 73 de esta ley.

De los preceptos transcritos se advierte que los art�culos 73, 74 y 75 de la ley impugnada, no se ajustan a los lineamientos generales previstos en la Ley de Coordinaci�n F., en tanto que no prev�n el mismo plazo para el suministro de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, en tanto que esta �ltima dispone que deber� enterarse mensualmente en los primeros diez meses del a�o, sin m�s limitaciones ni restricciones; mientras que los citados art�culos de la ley combatida establecen que ser�n ministrados los recursos de dicho fondo mensualmente y condicionado a que los Municipios cuenten con la aprobaci�n de los Comit�s de P.�n para el Desarrollo Municipal de los programas de obras y acciones para que el Gobierno del Estado apruebe los expedientes t�cnicos para proceder a la ministraci�n de los recursos a los Ayuntamientos.

Por otra parte, el art�culo 33 de la Ley de Coordinaci�n F., en lo que se refiere a los Municipios, establece:

"Art. 33. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban los Estados y los Municipios, se destinar�n exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales b�sicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su poblaci�n que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:

"a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanizaci�n municipal, electrificaci�n rural y de colonias pobres, infraestructura b�sica de salud, infraestructura b�sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural, y

"b) ...

"En caso de los Municipios, �stos podr�n disponer de hasta un 2% del total de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal que les correspondan para la realizaci�n de un programa de desarrollo institucional. Este programa ser� convenido entre el Ejecutivo Federal a trav�s de la S.retar�a de Desarrollo Social, el Gobierno Estatal correspondiente y el Municipio de que se trate.

"Adicionalmente, los Estados y Municipios podr�n destinar hasta el 3% de los recursos correspondiente en cada caso, para ser aplicados como gastos indirectos a las obras se�aladas en el presente art�culo. Respecto de dichas aportaciones, los Estados y los Municipios deber�n:

"I.H. del conocimiento de sus habitantes, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicaci�n, metas y beneficiarios;

"II. Promover la participaci�n de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicaci�n y vigilancia, as� como en la programaci�n, ejecuci�n, control, seguimiento y evaluaci�n de las obras y acciones que se vayan a realizar;

"III. Informar a sus habitantes, al t�rmino de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados;

"IV. Proporcionar a la S.retar�a de Desarrollo Social, la informaci�n que sobre la utilizaci�n del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea requerida. En el caso de los Municipios lo har�n por conducto de los Estados, y

V. Procurar que las obras que realicen con los recursos de los fondos sean compatibles con la preservaci�n y protecci�n del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sustentable.

Al respecto, el art�culo 69 de la ley impugnada dispone:

"Art. 69. Corresponde al Gobierno del Estado y a los Municipios financiar obras y realizar acciones sociales b�sicas e inversiones que beneficien directamente a la poblaci�n que se encuentre en condiciones de rezago social y de pobreza extrema. Para ello, en cada uno de los rubros mencionados a continuaci�n deber�n en materia de:

"I. Agua potable, drenaje, letrinas, alcantarillado y tratamiento residual; ...

"II. Electrificaci�n rural y de colonias populares; ...

"III. Infraestructura b�sica de salud y educativa; ...

"IV. Mejoramiento de vivienda; ...

"V. Caminos rurales; ...

"VI. Infraestructura productiva rural; ...

VII. Las dem�s que establezcan las leyes y dem�s ordenamientos aplicables.

De esta �ltima disposici�n se advierte que hay coincidencia entre lo previsto en la ley impugnada y el primer p�rrafo, inciso a), del art�culo 33 de la Ley de Coordinaci�n F..

Por otra parte, el art�culo 77 de la ley combatida dispone:

Art. 77. Los Municipios podr�n disponer de hasta un 2% del total de recursos del Fondo para Infraestructura Social Municipal que les correspondan, para la realizaci�n de un programa de desarrollo institucional. Este programa ser� convenido entre el Ejecutivo Federal, el Gobierno del Estado y los Municipios.

Este art�culo 77 es coincidente con lo dispuesto en el cuarto p�rrafo del art�culo 33 de la Ley de Coordinaci�n F..

Por otro lado, el art�culo 78 de la ley que se combate, establece:

"Art. 78. El Estado y los Municipios deber�n:

"I.H. del conocimiento de sus habitantes los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicaci�n, metas y beneficiarios;

"II. Promover la participaci�n de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicaci�n y vigilancia, as� como en la programaci�n, ejecuci�n, control, seguimiento y evaluaci�n de las obras y acciones que se vayan a realizar;

"III. Detonar el desarrollo de las regiones identificadas en los programas regionales y especiales; y

IV. Informar a sus habitantes al t�rmino de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados.

Este precepto es coincidente con lo dispuesto por las fracciones I, II y III del citado art�culo 33 de la Ley de Coordinaci�n F., en lo referente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, pero debe destacarse que la ley impugnada es omisa en cuanto a los lineamientos generales establecidos en el p�rrafo quinto (destino del 3% para gastos indirectos) y en las fracciones IV y V del citado art�culo 33 (informar a la S.retar�a de Desarrollo Social sobre la utilizaci�n del fondo y por conducto de los Estados en el caso de los Municipios, y que las obras realizadas con dicho fondo sean compatibles con el medio ambiente e impulsen el desarrollo sustentable).

En otro aspecto, el art�culo 35 de la Ley de Coordinaci�n F., con relaci�n al Fondo para la Infraestructura Social Municipal, dispone:

Art. 35. Los Estados distribuir�n entre los Municipios los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, con una f�rmula igual a la se�alada en el art�culo anterior, que enfatice el car�cter redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos Municipios con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. Para ello, utilizar�n la informaci�n estad�stica m�s reciente de las variables de rezago social a que se refiere el art�culo anterior publicada por el Instituto Nacional de Estad�stica, G.�a e Inform�tica. En aquellos casos en que la disponibilidad de informaci�n no permita la aplicaci�n de la f�rmula antes se�alada, se utilizar�n las siguientes cuatro variables sumadas y ponderadas con igual peso cada una de ellas: ...

Por su parte, el art�culo 72 de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, dispone:

Art. 72. La distribuci�n de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, se har� de conformidad con lo establecido en los art�culos 34 y 35 de la Ley de Coordinaci�n F..

En virtud de la remisi�n que hace el art�culo 72 de la ley impugnada a los art�culos 34 y 35 de la Ley de Coordinaci�n F. para efectos de las f�rmulas que deben aplicarse para la distribuci�n de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, se advierte que existe total coincidencia entre ambos ordenamientos legales.

Con relaci�n al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, el art�culo 37 de la Ley de Coordinaci�n F. dispone:

Art. 37. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, reciban los mismos a trav�s de los Estados, se destinar�n exclusivamente a la satisfacci�n de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y a la atenci�n de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad p�blica de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al fondo a que se refiere este art�culo, los Municipios tendr�n las mismas obligaciones a que se refieren las fracciones I a III del art�culo 33 de esta ley.

Al respecto, los art�culos 79 y 82 de la ley impugnada, contenidos en el cap�tulo del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, disponen:

"Art. 79. Los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios deber�n ser canalizados a la satisfacci�n de sus requerimientos, para lo cual se dar� prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras y a los programas de gasto derivados de la seguridad p�blica."

"Art. 82. Los Municipios deber�n:

"I.H. del conocimiento de sus habitantes los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicaci�n, metas y beneficiarios;

"II. Promover la participaci�n de las comunidades beneficiarias en el seno del Comit� de P.�n para el Desarrollo Municipal, en su destino, aplicaci�n y vigilancia, as� como en la programaci�n, ejecuci�n, control, seguimiento y evaluaci�n de las obras que se vayan a realizar; y

III. Informar a sus habitantes al t�rmino de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados.

De las disposiciones transcritas de la ley impugnada, se aprecia que se ajusta a lo dispuesto por el art�culo 37 en relaci�n con el 33, fracciones I a III, de la Ley de Coordinaci�n F..

Por otro lado, el art�culo 38 de la Ley de Coordinaci�n F., establece:

Art. 38. El Ejecutivo Federal, a trav�s de la S.retar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, distribuir� el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios en proporci�n directa al n�mero de habitantes con que cuente cada Estado, de acuerdo a la informaci�n estad�stica m�s reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estad�stica, G.�a e Inform�tica. Los Estados a su vez distribuir�n los recursos que correspondan a sus Municipios, atendiendo estrictamente a los mismos criterios a que se refiere el p�rrafo anterior.

Con relaci�n a este precepto, el art�culo 80 de la ley combatida establece:

Art. 80. La distribuci�n del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, se realizar� en proporci�n directa del n�mero de habitantes de cada uno de ellos. Los montos se calcular�n con base en la informaci�n oficial m�s reciente publicada por el Instituto Nacional de Estad�stica, G.�a e Inform�tica y deber� publicarse en el Peri�dico Oficial del Estado a m�s tardar el 31 de enero de cada ejercicio fiscal. ...

De este �ltimo precepto se aprecia que en esencia existe coincidencia con lo dispuesto por el art�culo 38 de la Ley de Coordinaci�n F..

De lo expuesto se concluye que, con relaci�n a lo que dispone la Ley de Coordinaci�n F. respecto de aportaciones federales que deben suministrarse a los Municipios, los art�culos 73, 74 y 75 de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla se apartan de lo dispuesto en aqu�lla.

Lo anterior es violatorio de la Constituci�n Federal, aunque por contravenci�n a preceptos distintos de los que se�ala la parte actora.

En efecto, en el concepto de invalidez que se analiza se se�alan como violados los art�culos 120 y 133 de la Constituci�n Federal. Tales disposiciones establecen:

"Art. 120. Los gobernadores de los Estados est�n obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales."

Art�culo 133. Esta Constituci�n, las leyes del Congreso de la Uni�n que emanen de ella y todos los tratados que est�n de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la Rep�blica, con aprobaci�n del Senado, ser�n la Ley Suprema de toda la Uni�n. Los Jueces de cada Estado se arreglar�n a dicha Constituci�n, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

La contradicci�n existente entre los art�culos se�alados de la ley impugnada y la Ley de Coordinaci�n F., no contraviene lo dispuesto por el art�culo 120 de la Constituci�n Federal, toda vez que este precepto �nicamente establece la obligaci�n a cargo de los gobernadores de los Estados de publicar y hacer cumplir las leyes federales, pero no el que los Congresos Estatales deban legislar conforme a las leyes federales.

Tampoco la aludida contradicci�n entre la ley impugnada y la Ley de Coordinaci�n F. contraviene al art�culo 133 de la Constituci�n Federal, ya que, como qued� expuesto en el presente considerando, en esta disposici�n constitucional no se establece un sistema de jerarqu�a de normas entre las legislaciones federal y locales sino �mbitos determinados de competencia, por lo que la contradicci�n planteada entre una y otra ley no pueden implicar contravenci�n al referido precepto fundamental.

Pese a lo anterior y a efecto de resolver la cuesti�n efectivamente planteada, con apoyo en lo dispuesto por los art�culos 39 y 40 de la LeyReglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, procede suplir la deficiencia de la queja y tener como preceptos constitucionales violados los art�culos 124, 134, primero y cuarto p�rrafos, en relaci�n con el 74, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal, por contravenci�n a las facultades que tiene la Federaci�n para administrar su hacienda p�blica y para destinar y regular sus recursos federales como son las aportaciones federales.

En primer lugar es necesario establecer el principio general de administraci�n p�blica hacendaria que rige para los Municipios, los Estados, el Distrito Federal y la Federaci�n.

Como ya qued� expuesto en la presente resoluci�n, la hacienda municipal se prev� en el art�culo 115, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal, en la que se establece como prerrogativa de los Municipios el r�gimen de libre administraci�n hacendaria. De una interpretaci�n arm�nica, sistem�tica y teleol�gica de la citada disposici�n constitucional, se lleg� a la conclusi�n de que la hacienda municipal comprende la totalidad de los ingresos, activos y pasivos de los Municipios, pero s�lo determinados conceptos quedan comprendidos dentro del r�gimen de libre disposici�n hacendaria que son los que expresamente se�ala la fracci�n IV de la referida N.F.. Sobre estos conceptos los Municipios pueden disponer libremente de su hacienda para los fines p�blicos establecidos en las leyes, de tal manera que los Municipios pueden ejercer y aplicar los recursos que integran su hacienda y que est�n comprendidos dentro del r�gimen de libre administraci�n hacendaria, en la forma y t�rminos que consideren convenientes, siempre y cuando se ajusten a las disposiciones legales que los rigen y para los fines p�blicos para los cuales deben destinarse.

De igual manera debe reconocerse que con relaci�n a las entidades federativas, incluyendo el Distrito Federal, rige el principio de libre administraci�n hacendaria, en tanto que, al contar con una hacienda p�blica integrada por diversos conceptos y que debe destinarse a satisfacer sus necesidades, deben gozar de libertad para administrar y disponer de sus recursos econ�micos a efecto de ejercerlos y aplicarlos para los fines p�blicos para los cuales deben destinarse.

Por su parte, la Federaci�n tambi�n cuenta con una hacienda p�blica federal, que le corresponde administrar y disponer conforme a las disposiciones que la rigen, por lo que, respecto de los recursos econ�micos que la integran, tiene facultad de ejercerlos y aplicarlos para los fines p�blicos en que deben destinarse conforme a las disposiciones legales aplicables.

En este orden de ideas, considerando los diferentes niveles de gobierno en que se divide nuestro sistema federal, que comprende un �mbito de competencia determinado en el que cada nivel ejerce sus facultades, y considerando que cada uno cuenta con una hacienda p�blica integrada por diversos conceptos y que respectivamente se rige por sus propias disposiciones, debe concluirse que el principio de libre administraci�n de la hacienda p�blica, inmerso en nuestra Carta Fundamental, rige para los Municipios, los Estados, el Distrito Federal y la Federaci�n, los que, acorde con sus respectivos �mbitos de competencia y conforme a las disposiciones que a cada uno les es aplicable, deben administrar sus haciendas p�blicas a efecto de poder ejercer y aplicar los recursos econ�micos que les corresponden para sus fines p�blicos.

Lo anterior es acorde con el sistema federal que consagra el art�culo 124 de la Constituci�n Federal, en virtud del cual las facultades que no est�n expresamente concedidas por esta Constituci�n a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados, por lo que, trat�ndose de la hacienda p�blica, la Federaci�n tiene facultades expresas para administrar sus recursos, y en lo tocante a las haciendas estatales y del Distrito Federal, deben entenderse reservadas dichas facultades a favor de cada entidad federativa, as� como para los Municipios; en estas condiciones, cada nivel de gobierno es el competente para disponer y ejercer sus propios recursos p�blicos para la satisfacci�n de sus necesidades en t�rminos de las leyes correspondientes.

Ahora bien, sin perjuicio del respectivo �mbito de competencia de cada nivel de gobierno y del principio de libre administraci�n hacendaria que rige para cada uno en lo individual, es el caso que determinados recursos de un nivel de gobierno, en aras de dicho principio y consecuentemente en funci�n de su libre disposici�n y aplicaci�n, se destinan a favor de otro nivel de gobierno para su fortalecimiento y para coadyuvar en determinadas materias espec�ficas; sin embargo, en este tipo de recursos, aunque pasan a formar parte de la hacienda p�blica del ente al que se beneficia, prevalecen las disposiciones del que los destina para tal efecto, de tal manera que para esos recursos contin�an rigiendo las disposiciones legales que originariamente los prev�n y que son las que establecen dicho destino y aplicaci�n, por lo que en estos casos los beneficiarios de los mismos no pueden disponer libremente de los recursos sino en estricta aplicaci�n para los fines que prev�n las leyes que los regulan.

En efecto, sea que se trate de entidades federadas o de la Federaci�n, la actividad financiera se desarrolla no s�lo por el Gobierno Federal, sino tambi�n por los Gobiernos Locales (Estados, Distrito Federal o Municipios), cada uno en su respectivo �mbito de competencias, lo que eventualmente genera problemas de coordinaci�n entre la actividad de cada nivel de gobierno, que puede referirse tanto a la coordinaci�n entre la prestaci�n del servicio y al monto de los grav�menes necesarios para prestarlo, como al control del nivel conjunto de gastos p�blicos y de la recaudaci�n tributaria, para evitar que la superposici�n de varios sistemas fiscales conduzca a una excesiva presi�n impositiva, y en el caso de gobiernos federales, impedir que la pol�tica financiera local obstaculice la pol�tica financiera del Gobierno Federal. Esto ha motivado el establecimiento de sistemas de coordinaci�n, mediante la celebraci�n de convenios acorde con las disposiciones que rigen los recursos respectivos, para que cada nivel de gobierno pueda disponer de sus recursos y cuando �stos se destinan a otro nivel de gobierno, se ajusten a las disposiciones legales del primero para su correcta y eficaz aplicaci�n y destino para coadyuvar en materias espec�ficas de inter�s com�n.

Lo anterior se evidencia claramente trat�ndose de las aportaciones federales que, como qued� expuesto en considerandos anteriores, son recursos federales, que destinan y supervisan las autoridades federales para los Estados y los Municipios y que, por su naturaleza, se rigen por disposiciones federales, por lo que, aunque pasan a formar parte de las haciendas estatales y municipales, no est�n comprendidos dentro del r�gimen de libre administraci�n de estos �ltimos, pues es la Federaci�n la que autoriza su destino y aplicaci�n, de ah� que los otros niveles de gobierno no puedan disponer libremente de dichos recursos y, por el contrario, deben estarse a las disposiciones federales y convenios de coordinaci�n respectivos para su aplicaci�n.

Al respecto cabe citar lo expuesto en la exposici�n de motivos de la iniciativa del Ejecutivo Federal, de fecha trece de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, relativa al decreto que reforma la Ley de Coordinaci�n F., que dice:

... La iniciativa presentada en esa oportunidad fue enriquecida por las aportaciones sustantivas de esa honorable representaci�n, de forma tal que, adem�s de los Fondos de Aportaciones F. inicialmente propuestos para la Educaci�n B�sica, los Servicios de Salud y la Infraestructura Social Municipal, esa entidad soberana incluy� los Fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y el Distrito Federal, as� como el de Aportaciones M�ltiples. ...

Ahora bien, en atenci�n a lo expuesto, se considera que los art�culos 73, 74 y 75 de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, que se oponen a lo dispuesto por la Ley de Coordinaci�n F., son violatorios de los art�culos 124, 134, primero y cuarto p�rrafos, en relaci�n con el 74, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal, toda vez que establece reglas distintas en materia de aportaciones federales que, por su naturaleza y por las razones dadas en la presente resoluci�n, deben regularse conforme a las disposiciones que al efecto prev� la citada Ley de Coordinaci�n F..

En efecto, siendo recursos federales que se rigen por disposiciones federales, respecto de los cuales la Federaci�n dispone su destino en su respectivo �mbito de competencia conforme al principio de libre administraci�n p�blica hacendaria, los Estados no pueden establecer reglas distintas sobre sus montos, bases y plazos, por lo que, las disposiciones citadas de la ley impugnada, como qued� demostrado con anterioridad, al contrariar los lineamientos generales establecidos por la Ley de Coordinaci�n F., contravienen el �mbito de facultades de la Federaci�n.

Los art�culos 134, primero y cuarto p�rrafos, y 74, fracci�n IV, de la Carta Magna, disponen:

"Art. 134. Los recursos econ�micos de que dispongan el Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal, as� como sus respectivas administraciones p�blicas paraestatales, se administrar�n con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que est�n destinados ... (cuarto p�rrafo) El manejo de recursos econ�micos federales se sujetar� a las bases de este art�culo."

"Art. 74. Son facultades exclusivas de la C�mara de Diputados: ... IV. Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, as� como revisar la cuenta p�blica del a�o anterior. ..."

De conformidad con las disposiciones constitucionales transcritas, el Gobierno Federal deber� administrar los recursos de que disponga, de tal manera que satisfaga los objetivos para los cuales est�n destinados; y, por otra parte, compete a la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n el examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n.

De lo anterior se sigue que los recursos econ�micos de que puede disponer el Gobierno Federal y los rubros en los que deben aplicarse, los establece la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n en el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, en el que se prev�n, en su art�culo 19, las aportaciones federales para las entidades federativas y los Municipios que ya fueron materia de an�lisis en la presente resoluci�n.

Por su parte, el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, en su citado art�culo 19, dispone que el ejercicio de las erogaciones a que se refiere este art�culo deber� apegarse a la distribuci�n, condiciones y t�rminos que establece el cap�tulo V de la Ley de Coordinaci�n F., y no podr�n aplicarse para cubrir otras erogaciones con fines distintos a los que ah� se se�alan.

En este orden de ideas, si la Federaci�n debe ejercer sus recursos econ�micos en t�rminos del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n el que a su vez, en materia de aportaciones federales, remite a lo establecido en el cap�tulo V de la Ley de Coordinaci�n F., es de concluirse que la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en cuanto a sus disposiciones que regulan lo relativo a las aportaciones federales, debe ajustarse a los lineamientos generales establecidos en el referido Presupuesto y Ley de Coordinaci�n F..

En consecuencia, si la parte actora aduce que la ley impugnada se opone a lo que dispone la Ley de Coordinaci�n F. en cuanto a los plazos, bases y montos en materia de aportaciones federales, y si del an�lisis comparativo correspondiente se consider� que los art�culos 73, 74 y 75 de la ley combatida se contraponen a las disposiciones relativas de la referida Ley de Coordinaci�n F., es de concluirse que aqu�llos resultan violatorios del art�culo 134, primero y cuarto p�rrafos, en relaci�n con el 74, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal, en tanto que afectan el principio de libre administraci�n p�blica hacendaria federal respecto de los recursos se�alados que s�lo compete a la Federaci�n su regulaci�n.

Atento a todo lo expuesto en la presente ejecutoria, al haber resultado parcialmente fundados los conceptos de invalidez expuestos, procede declarar la invalidez de los art�culos 13, 14, 44, 57, 73, 74, 75, 82, fracci�n II y 97 de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, y reconocer la validez de los dem�s preceptos impugnados.

Esta sentencia producir� plenos efectos a partir del d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n, por lo que las disposiciones declaradas inv�lidas ya no podr�n aplicarse a partir de entonces. En virtud de la invalidez de preceptos que regulan cuestiones propias de las aportaciones federales, las autoridades deber�n ajustarse a las disposiciones federales sobre la materia.

Debe precisarse que, toda vez que los Municipios actores en v�a de consecuencia impugnan los actos de aplicaci�n de la ley combatida, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 41, fracci�n IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Federal, procede tambi�n declarar la invalidez de los actos que hayan sido emitidos como consecuencia de la aplicaci�n de las normas declaradas inv�lidas as� como de los actos que con apoyo en dichos preceptos se emitan con anterioridad a la publicaci�n de esta sentencia, los que no podr�n continuar produciendo efecto legal alguno a partir de dicha publicaci�n; lo anterior en la inteligencia de que si dichos actos ya produjeron algunos efectos, �nicamente respecto de �stos ya no operar� la invalidez decretada, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 45, p�rrafo segundo, de la citada ley reglamentaria, que dispone que la declaraci�n de invalidez de las sentencias no tendr� efectos retroactivos.

Finalmente, conforme a los art�culos 105, fracci�n I, pen�ltimo y �ltimo p�rrafos, de la Constituci�n Federal y 42 de su ley reglamentaria, la citada declaratoria de invalidez, por tratarse de una ley estatal impugnada por los Municipios actores, s�lo surtir� efectos entre las partes.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

Es procedente y parcialmente fundada la controversia constitucional promovida por los Ayuntamientos de los Municipios precisados en el primer resultando de esta ejecutoria.

SEGUNDO

Los presidentes municipales de los Ayuntamientos de los Municipios actores carecen de legitimaci�n para promover la presente controversia constitucional, en t�rminos del considerando tercero de este fallo.

TERCERO

Se declara la invalidez de los art�culos 13, 14, 44, 57, 73, 74, 75, 82, fracci�n II y 97 de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, y de los actos de aplicaci�n de dichas disposiciones, en los t�rminos precisados en el �ltimo considerando de esta sentencia.

CUARTO

Se reconoce la validez de las dem�s disposiciones impugnadas de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria.

QUINTO

Esta ejecutoria surtir� plenos efectos al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n, en los t�rminos precisados en el �ltimo considerando de esta sentencia.

SEXTO

Publ�quese esta resoluci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n, en el Peri�dico Oficial del Estado de Puebla y en el Semanario Judicial de la Federaci�n.

Notif�quese; haci�ndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.

As� lo resolvi� la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n en Pleno, por unanimidad de diez votos de los se�ores Ministros: A.A., C. y C., D�az R., A.A.�n, G.�o P., O.M., R.P., S.C., S.M. y presidente G�ngora P.. Estuvo ausente en la votaci�n el se�or Ministro M.A.G.�itr�n. Fue ponente en este asunto el se�or Ministro G.I.O.M..

Nota: Las tesis de rubros: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACI�N PROCESAL PARA PROMOVERLA. LA TIENEN LOS S�NDICOS EN REPRESENTACI�N DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA.", "HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACI�N HACENDARIA. SUS DIFERENCIAS (ART�CULO 115, FRACCI�N IV, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL).", "HACIENDA MUNICIPAL. CONCEPTOS SUJETOS AL R�GIMEN DE LIBRE ADMINISTRACI�N HACENDARIA (ART�CULO 115, FRACCI�N IV, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL).", "PARTICIPACIONES FEDERALES. CARACTER�STICAS.", "APORTACIONES FEDERALES. CARACTER�STICAS.", "HACIENDA MUNICIPAL. LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES FORMAN PARTE DE AQU�LLA, PERO S�LO LAS PRIMERAS QUEDAN COMPRENDIDAS EN EL R�GIMEN DE LIBRE ADMINISTRACI�N HACENDARIA.", "AUTORIDAD INTERMEDIA. INTERPRETACI�N DE LA FRACCI�N I DEL ART�CULO 115 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL.", "AUTORIDAD INTERMEDIA. INTERPRETACI�N DE LA VOZ ?GOBIERNO DEL ESTADO?, UTILIZADA EN LA FRACCI�N I DEL ART�CULO 115 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL.", "AUTORIDADES INTERMEDIAS. TIENEN ESE CAR�CTER LOS COMIT�S DE PLANEACI�N PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA (LEY PARA EL FEDERALISMO HACENDARIO DEL ESTADO DE PUEBLA).", "AUTORIDADES INTERMEDIAS. NO TIENEN ESE CAR�CTER LOS GRUPOS ORGANIZADOS QUE PREV� EL ART�CULO 15 DE LA LEY PARA EL FEDERALISMO HACENDARIO DEL ESTADO DE PUEBLA." y "AUTORIDADES INTERMEDIAS. NO TIENEN ESE CAR�CTER LAS JUNTAS AUXILIARES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA.", citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.o XI, febrero de 2000, p�ginas 513, 515, 514, 630, 509, 514, 509, 510, 512 y 511, tesis P./J. 4/2000, P./J. 5/2000, P./J. 6/2000, P./J. 7/2000, P./J. 8/2000, P./J. 9/2000, P./J. 10/2000, P./J. 11/2000, P./J. 12/2000, P./J. 13/2000 y P./J. 14/2000, respectivamente.

La presente ejecutoria aparece publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n de 12 de abril de 2000.