Ejecutoria num. P./J. 130/99 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26828008

Ejecutoria num. P./J. 130/99 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P./J. 130/99
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Noviembre de 1999
RESUMEN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 26/98. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO.CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE LOS ACTOS PROVENIENTES DE LAS LEGISLATURAS ESTATALES TENDIENTES A DIRIMIR CONFLICTOS DE LÍMITES ENTRE MUNICIPIOS.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 26/98. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE M�XICO.

M�xico, Distrito F.. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al d�a diez de agosto de mil novecientos noventa y nueve.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

PRIMERO

Por escrito presentado el diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, en el domicilio del secretario autorizado para tales efectos por la Secretar�a General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, M.C. L�pez, en su car�cter de s�ndico del Ayuntamiento Constitucional de Tultepec, Estado de M�xico, plante�, a nombre de �ste, controversia constitucional en contra de las autoridades y por los actos siguientes:

II. Nombre y domicilio de las demandadas.-1. Gobernador Constitucional del Estado de M�xico, con domicilio bien conocido en Plaza de los M�rtires sin n�mero ?Palacio del Poder Ejecutivo del Estado de M�xico?, colonia Centro, Toluca, M�xico.-2. S. de Gobierno del Estado de M�xico, con mismo domicilio que el anterior.-3. Director de G.�n de la Secretar�a del Gobierno del Estado de M�xico, con mismo domicilio que el anterior.-4. C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico, con domicilio bien conocido en Plaza de los M�rtires sin n�mero, ?Palacio del Poder Ejecutivo del Estado de M�xico?, colonia Centro, Toluca, M�xico.-5. Director general de G.�n de la Secretar�a del Gobierno del Estado de M�xico, en su car�cter de presidente de la C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico, con el mismo domicilio que el anterior.-6. Coordinador general de la C.�n de L�mites del Estado de M�xico, con el mismo domicilio que el anterior.-7. Jefe del Departamento de L�mites de la D.�n General de G.�n, en su car�cter de secretario t�cnico de la C.�n de L�mites, del Gobierno del Estado de M�xico, con el mismo domicilio que el anterior.-8. Director general de Desarrollo Urbano, en su car�cter de vocal de la C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico, con el mismo domicilio que el anterior, o en su defecto, el que se ubica en avenida M.H. n�mero doscientos tres, colonia Centro, Toluca, M�xico.-9. Director general del Instituto de Informaci�n e Investigaci�n G.�fica, Estad�stica y C. del Estado de M�xico, en su car�cter de vocal de la C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico, con domicilio en el que se se�ala �sta, o en su defecto el que se ubica en avenida L.P. n�mero ciento uno, segundo piso, edificio ?Plaza Toluca?, colonia Centro, Toluca, Estado de M�xico.-10. Director general jur�dico y consultivo del Gobierno del Estado de M�xico, con domicilio bien conocido en Plaza de los M�rtires sin n�mero, ?Palacio del Poder Ejecutivo del Estado de M�xico?, colonia Centro, Toluca, M�xico.-II. Nombre y domicilio de los terceros interesados. Tienen ese car�cter: a) LIII Legislatura del Estado de M�xico, con domicilio bien conocido en Plaza de los M�rtires, entre calle L. e Independencia, ?Palacio del Poder Legislativo del Estado de M�xico?, colonia Centro, Toluca, Estado de M�xico.-b) Subsecretario A del Gobierno del Estado de M�xico, con domicilio en ?Palacio del Poder Ejecutivo del Estado de M�xico?, domicilio bien conocido en Plaza de los M�rtires sin n�mero, Bravo Norte doscientos uno, esquina con L., colonia Centro en Toluca, Estado de M�xico.-c) Ayuntamiento Constitucional de T.�n, M�xico, con domicilio bien conocido en Plaza Principal ?Presidencia de T.�n, M�xico?, colonia Centro, en T.�n, M�xico.-d) Presidente Municipal Constitucional de T.�n, Estado de M�xico, con el mismo domicilio que el anterior.-IV. Actos cuya invalidez se demanda. 1. Oficio sin n�mero, de fecha veintiocho de julio de mil novecientos noventa y ocho, dirigido a la Presidenta Municipal Constitucional de Tultepec, M�xico, por el se�or J.R.C.�n, en la doble representaci�n de ?director general de G.�n y presidente de la C.�n de L�mites del Estado de M�xico?, y a nombre del Gobierno del Estado de M�xico; quien a trav�s de tal conducto, lo hizo llegar a mi representada en fecha primero de agosto del a�o en curso y en el tenor siguiente: ?En papel membretado, el escudo del Estado libre y soberano de M�xico; a su texto: Gobierno del Estado de M�xico.-D.�n General de G.�n.-1998. Cincuentenario de la declaraci�n de derechos humanos.-Toluca de L., a 28 de julio de 1998.-C. D.V.�zquez G.�a, Presidenta Municipal Constitucional de Tultepec, M�xico, presente.-Por este conducto me dirijo a usted muy atentamente, con relaci�n a las diferencias de naturaleza lim�trofe, existentes entre el Municipio que dignamente preside y el vecino de T.�n, M�xico, al respecto me permito hacer de su conocimiento lo siguiente: Los pobladores de S.T., Municipio de Tultepec, M�xico, fueron dotados de terrenos ejidales por resoluci�n presidencial de fecha 12 de diciembre de 1929, �stos constan de 462 hect�reas, afectadas de la hacienda de C., Municipio de T.�n, M�xico; es importante se�alar que los derechos agrarios otorgados a los mencionados pobladores no son objeto de cuestionamiento alguno, ello derivado de que es competencia de la autoridad federal en la materia, asimismo, el Gobierno del Estado de M�xico les reconoce y respeta plenamente, cabe destacar que la citada resoluci�n presidencial tampoco determina jurisdicciones pol�tico-administrativas ya que en tal caso vulnerar�a la soberan�a del Estado de M�xico, al atribuirse facultades exclusivas de la Legislatura L., por �ltimo, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en su art�culo 27 se deriva que la dotaci�n agraria no es segregaci�n territorial.-En lo tocante a la zona urbana ejidal denominada colonia 10 de Junio, �sta se localiza dentro del ejido dotado a los pobladores de S.T., en terrenos de la hacienda de C., Municipio de T.�n, M�xico.-Con respecto a los n�cleos poblacionales denominados Real Hacienda Tultepec e Infonavit San Pablo CTM, �stos proceden de fracciones de la Hacienda de Portales, Municipio de T.�n, M�xico, las cuales fueron vendidas a la familia L�pez Negrete.-Asimismo, considerando los elementos de convicci�n con que cuenta, entre otros, y que se enumeran a continuaci�n, los cuales sustentan la presente opini�n en el sentido que se enunciar�, son los siguientes: a) Cartograf�a editada por el Instituto de Informaci�n e Investigaci�n G.�fica, Estad�stica y C. del Estado de M�xico; b) Recorridos en campo a lo largo de la l�nea lim�trofe com�n entre los Municipios de Tultepec y T.�n, M�xico, ubicando puntos de referencia entre los que se encuentran mojoneras que se�alan los l�mites de la hacienda C., T.�n; c) Plano del Pueblo de S.T. y sus colindantes, elaborado por la D.egaci�n de la C.�n Nacional Agraria en el Estado de M�xico, de fecha marzo de 1927, que se se�alan los l�mites de la hacienda de C., Municipio de T.�n y la l�nea de l�mites entre ambas municipalidades, y que coincide con el de la citada hacienda; d) Plan de Centro de Poblaci�n Estrat�gico de T.�n, aprobado por la H. Legislatura L., el cual ubica en su jurisdicci�n territorial la zona del Ejido S.T. determinando su uso agr�cola; y, e) Oficio de fecha 6 de septiembre de 1996, dirigido al C. V�ctor Ca�a S�nchez, presidente municipal de T.�n, M�xico, por el Lic. V�ctor M.G.J., coordinador agrario del Estado de M�xico, que en cuya parte medular se se�ala que los terrenos del Ejido de S.T., Municipio de Tultepec, f�sicamente se ubican dentro del Municipio de T.�n.-Toda vez que en reiteradas ocasiones se le solicit� la integraci�n de una C.�n de L�mites por parte del Municipio que usted preside, as� como tambi�n fuera remitida toda aquella documental que estimase necesaria para demostrar los derechos que reclama sobre el �rea territorial objeto de la presente opini�n, nunca se recibieron ninguna de las dos lo que adicionado a las declaraciones hechas por funcionarios del Ayuntamiento de Tultepec durante la reuni�n llevada a cabo el pasado d�a 19 del mes de junio del a�o en curso, efectuada en la Casa Ejidal de S.T. con los integrantes del citado ejido, en el sentido de que todas aquellas documentales que pueden ser presentadas por el Ayuntamiento de Tultepec, ya se encontraban en el archivo del Departamento de L�mites dependiente de �sta a mi cargo, y que fueron entregadas por las anteriores administraciones municipales, motivo por el cual se infiri� que no ser�a aportado ning�n material documental por parte de dicho Municipio que complementara los elementos de convicci�n con que a la fecha se cuenta.-Expuestas las anteriores consideraciones y destacando que por lo que respecta a los l�mites pol�tico-administrativos entre ambos Municipios, �stos se encuentran claramente precisados y por lo tanto no se considera la existencia de problema alguno en esta materia y con fundamento en el art�culo 21, fracci�n XVIII de la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica, art�culo 15 fracci�n X del Reglamento Interior de la Secretar�a General de Gobierno y del Acuerdo del Ejecutivo de la entidad por el que se modifica el diverso que crea la C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico y publicado en la Gaceta del Gobierno de fecha 24 de junio de 1998; el Gobierno del Estado de M�xico a trav�s de esta D.�n General de G.�n emite su opini�n en el sentido de que las zonas antes especificadas que comprenden una superficie aproximada de 683-39-20 has., cuyo cuadro anal�tico conteniendo rumbos y distancias se identifican en plano anexo, se ubican en jurisdicci�n de T.�n, M�xico.-Lo anterior, sin perjuicio de que los derechos de las partes involucradas sean ejercidos ante las autoridades correspondientes si as� es considerado, debiendo ese H. Ayuntamiento que usted dignamente preside limitar sus actos de autoridad estrictamente a los l�mites reconocidos oficialmente y enunciados en el cuerpo de la presente opini�n.-Sin otro particular le reitero las seguridades de mi m�s alta y distinguida consideraci�n.-Atentamente.-Sufragio efectivo, no reelecci�n.-Una firma ilegible.-Un sello de autorizar de la D.�n General de G.�n del Estado de M�xico.-Lic. J.R.C.�n, director general de G.�n y presidente de la C.�n de L�mites del Estado de M�xico.-C.C.P. Lic. C�sar C.Q., gobernador del Estado de M�xico.-Lic. J.V.C., secretario general de Gobierno.-Lic. A.U.M., subsecretario A de Gobierno.-Ing. H�ctor F.P., Presidente Municipal Constitucional de T.�n, M�xico.-Lic. R.�n M.G.�n, coordinador general de la C.�n de L�mites del Estado de M�xico.-C.P. F.R.F., subdirector de G.�n, regi�n II, Naucalpan, M�xico.-Lic. E.B.M.�nez, encargado de despacho del Departamento de L�mites.-Archivo/minutario.?.-Comunicado, que sin venir de autoridad competente en t�rminos de la legislaci�n vigente en el Estado de M�xico, pretende establecer variantes a los l�mites territoriales de la actora; sin que para ello medie resoluci�n alguna de autoridad competente; y menos la que resuelva sobre una eventual supresi�n o inhabilitaci�n de los miembros del Ayuntamiento actor o de las facultades, atribuciones y dem�s prerrogativas que les procura tanto la Constituci�n L., la L.O.�nica Municipal, el bando municipal; y en forma general, el art�culo 115 de la Carta Magna.-Se reclama la invalidez de este documento, por ilegal e incompetencia en su origen; pero suponiendo sin conceder que aqu�l fuera l�cito, debe declararse inv�lido dicho documento, por falta de requisitos de fondo y forma en su instrumentaci�n, pues hasta la fecha no existe normatividad aplicable para plantear y resolver la materia de la pretensi�n oficiosa que se desprende tanto del texto transcrito como de su dem�s contenido, que tanto por delegaci�n como expresamente, han reconocido en la autor�a, todas y cada una de las codemandadas.-2. D. gobernador constitucional, en su car�cter de titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de M�xico, la instrumentaci�n por delegaci�n, en t�rminos de los art�culos 65, 77 fracciones IV, XIV, XXVIII, XXXVIII; 78 y 79 de la Constituci�n del Estado de M�xico; 1o., 2o., 3o., 7o., 8o., 13, 15, 17, 19, 20, 21 y dem�s relativos y aplicables de la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica del Estado de M�xico; en relaci�n con las prescripciones inherentes del Reglamento Interior de la Secretar�a General de Gobierno, publicado en la Gaceta del Gobierno de fecha seis de enero de mil novecientos noventa y siete; reclamo la instrumentaci�n de un oficio sin n�mero de control y con fecha veintiocho de julio de mil novecientos noventa y ocho; dirigido a la Presidente Municipal Constitucional de Tultepec, M�xico; por medio del cual le hacen de su conocimiento, ?... con relaci�n a las diferencias de naturaleza lim�trofe, existente entre el Municipio que dignamente preside y el vecino de T.�n, M�xico ...?, lo siguiente: ?... Expuestas las anteriores consideraciones y destacando que por lo que respecta a los l�mites pol�tico-administrativos entre ambos Municipios, �stos se encuentran claramente precisados y por lo tanto no se considera la existencia de problema alguno en esta materia, y con fundamento en el art�culo 21, fracci�n VIII de la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica, art�culo 15, fracci�n X del Reglamento Interior de la Secretar�a General de Gobierno y del Acuerdo del Ejecutivo de la entidad por lo que se modifica el diverso que crea la C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico y publicado en la Gaceta del Gobierno de fecha 24 de junio de 1998; el Gobierno del Estado de M�xico a trav�s de esta D.�n General de G.�n emite su opini�n en el sentido de que las zonas antes especificadas que comprenden una superficie aproximada de 683-39-20-has., cuyo cuadro anal�tico conteniendo rumbos y distancias se identifican en plano anexo, se ubican en jurisdicci�n del Municipio de T.�n, M�xico.-Lo anterior, sin perjuicio de que los derechos de las partes involucradas sean ejercidos ante las autoridades correspondientes si as� es considerado, debiendo ese Ayuntamiento que usted dignamente preside limitar sus actos de autoridad estrictamente a los l�mites reconocidos oficialmente y enunciados en el cuerpo de la presente opini�n? (subrayado del suscrito).-La anterior ?opini�n?, se encuentra instrumentada a nombre del Gobierno del Estado de M�xico, por el licenciado J.R.C.�n, quien doblemente se ostenta y act�a en el libelo que la contiene, tanto como ?director general de G.�n y presidente de la C.�n de L�mites del Estado de M�xico?, siendo materia de la misma el Ejido de S.T., Municipio de Tultepec, M�xico; la colonia ejidal ?10 de Junio?, ubicada en el ejido de referencia; as� como los n�cleos poblacionales denominados ?Real Hacienda Tultepec? e ?Infonavit San Pablo CTM?.-Siendo motivo de la reclamaci�n, que de acuerdo a la legislaci�n vigente en el Estado de M�xico, el gobernador constitucional, en la investidura oficial que se le reclama, resulta incompetente para resolver conflictos de l�mites intermunicipales, pues ello corresponde al Poder Legislativo; y asimismo, incompetente para privar al Ayuntamiento que representa a la actora, de realizar o ?limitar?, los actos de autoridad que le son propios, en el territorio municipal de Tultepec, M�xico, constitucionalmente reconocido a su favor y no modificado por autoridad competente hasta la fecha; circunstancia que vulnera el ejercicio de gobierno y soberan�a municipal que tutela mi representada, en t�rminos de las prerrogativas que estatuye el art�culo 115 de la Carta Magna.-3. D. secretario de Gobierno del Estado de M�xico, la instrumentaci�n por delegaci�n a su subalterno y codemandado director de G.�n en t�rminos de las prescripciones aludidas de la Constituci�n L., L.O.�nica de la Administraci�n P�blica y espec�ficamente los numerales 1o., 2o., 3o., 15, del Reglamento Interior de la Secretar�a General de Gobierno, publicado en el Peri�dico Oficial del Estado de M�xico de fecha seis de enero de mil novecientos noventa y siete; del mismo comunicado de fecha veintiocho de julio del a�o en curso que le reclam� al codemandado gobernador del Estado de M�xico; y cuyo contenido expresamente y en forma directa han consentido en su autor�a ambas codemandadas; y por medio del cual a pesar de su fehaciente incompetencia, pretenden privar a la actora de parte de su territorio y del libre ejercicio de gobierno, que sobre �l y en apego a la Carta Magna ha realizado el Ayuntamiento que represento; y sin que hasta la fecha, la tercera interesado, LIII Legislatura del Estado de M�xico, haya resuelto controversia alguna inherente, tanto al conflicto lim�trofe que se se�ala entre el Municipio vecino de T.�n, M�xico y el Municipio actor; como que a este �ltimo le hubieran revocado, por la misma v�a, el mandato constitucional para gobernar en toda su extensi�n territorial constitucionalmente reconocida; pues tal actuar de esta codemandada vulnera el ejercicio de gobierno y soberan�a municipal que tutela mi representada, amparada en las prescripciones del art�culo 115 de la Carta Fundamental.-4. D. director de G.�n de la Secretar�a de Gobierno del Estado de M�xico, la instrumentaci�n personal por delegaci�n y a nombre del Gobierno del Estado de M�xico, fundament�ndose ?... en el art�culo 21, fracci�n VIII de la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica, art�culo 15 fracci�n X del Reglamento Interior de la Secretar�a General de Gobierno y del Acuerdo del Ejecutivo de la entidad por el que se modifica el diverso que crea la C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico y publicado en la Gaceta del Gobierno de fecha 24 de junio de 1998; ...?, del oficio sin n�mero de control y de fecha veintiocho de julio del a�o en curso, mismo que le reclam� al codemandado gobernador constitucional y titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de M�xico, por medio del cual en v�a de ?opini�n? y en forma por dem�s ajena a las atribuciones de su instrumentante, as� fuera por v�a de ?opini�n?, se pretende establecer una segregaci�n y limitante territorial y de funciones de gobierno de mi representada respectivamente, por quien resulta ser autoridad incompetente, en t�rminos de lo que estatuye la fracci�n XXV del art�culo 61 de la Constituci�n del Estado de M�xico y sus correlativas disposiciones vigentes en la ?... Ley para C.�n de Municipios en el Estado de M�xico?; y ?Acuerdo del Ejecutivo del Estado que modifica el diverso por el que se crea la C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico?; y ?Acuerdo del Ejecutivo del Estado que modifica el diverso por el que se crea la C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico?; normatividad vigente a partir del d�a siguiente de su publicaci�n en la Gaceta del Gobierno del Estado de M�xico, de fecha veintid�s de enero de mil novecientos noventa y seis y veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y ocho, respectivamente, pues resulta de explorado derecho que las facultades del codemandado director de G.�n, no incluyen resolver o pronunciarse en materia de controversias lim�trofes; y menos para ordenar al Ayuntamiento de la actora, ?que deber� limitar sus actos de autoridad?, a los l�mites territoriales que enuncia en el documento cuya invalidez se demanda, pues es de explorado derecho, que tales disposiciones, bajo el supuesto de existir causa legal para ello, deben ser objeto de an�lisis y resoluci�n por parte de la Legislatura del Estado de M�xico. Sostener lo contrario, como lo pretenden las codemandadas, implica lainobservancia del orden constitucional y espec�ficamente se conculca en agravio de la actora las prerrogativas que a su favor estatuye el art�culo 115 de la Carta Magna.-5. De la C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico, la abstenci�n de dar cumplimiento a la legislaci�n vigente en el Estado de M�xico, en materia de controversias lim�trofes intermunicipales; y en forma especial, al imperativo que les resulta de la aplicaci�n del acuerdo 01/83 del Ejecutivo del Estado de M�xico, que publicado en la Gaceta del Gobierno de fecha veinticinco de octubre de mil novecientos ochenta y tres, ?... crea la C.�n de L�mites del Estado de M�xico ...?; abrogando con ello el diverso e inherente acuerdo de fecha diecis�is de noviembre de mil novecientos sesenta y tres, con publicaci�n oficial en cuatro de diciembre del mismo a�o; con ineludible y vigente relaci�n, al ?... Acuerdo del Ejecutivo del Estado que modifica el diverso por el que se crea la C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico ...?, con observancia a partir de la fecha de su publicaci�n en la Gaceta del Gobierno, Tomo CLXV, n�mero 119, de fecha veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y ocho, en tanto que sin cumplir con el contenido de este �ltimo, en cuanto a la materia de sus contribuciones, esta codemandada permite que, oficiosamente, su presidente tambi�n codemandado, emita el acto que se reclama, consistente en el escrito sin n�mero de control, de esta comisi�n y de fecha veintiocho de julio del a�o en curso, a nombre del Gobierno del Estado de M�xico para dar una supuesta ?opini�n?, que incide en se�alar una segregaci�n territorial que hasta la fecha gobierna mi representada; y ordenarle adem�s a su Ayuntamiento, que ?deber� limitar sus actos de autoridad?, circunstancias que por venir de autoridad incompetente y en desacato a la legislatura y normatividad vigente en el Estado de M�xico, conculcan el ejercicio de gobierno y soberan�a municipal que tutela mi representada.-6. D. director general de G.�n, en su car�cter de presidente de la C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico, le reclamo la dualidad de funciones que pretende ejercitar en la instrumentaci�n colegiada e incompetente, del documento sin n�mero de control y fecha veintiocho de julio de mil novecientos noventa y ocho; pues con independencia del contenido que pretende aplicar hacia la autoridad constitucionalmente reconocida de mi representada, asume en la firma de aqu�l, dos representaciones legales que se circunscriben a diferente esfera de competencias, en t�rminos tanto del ?Reglamento Interior de la Secretar�a General de Gobierno?, de publicaci�n oficial seis de enero de mil novecientos noventa y siete; como del ?Acuerdo del Ejecutivo del Estado que modifica el diverso por el que se crea la C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico?, donde en ninguna de estas normas, se puede tener en su car�cter la representaci�n leg�tima del Gobierno del Estado de M�xico; ya que �ste, en t�rminos del art�culo 34 de la Constituci�n L. se integra por el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial; y en suerte de ello, el codemandado director general de G.�n, solamente puede tener las atribuciones espec�ficas y gen�ricas que les confieren los numerales de los cap�tulos IV, V y VI del reglamento aludido, con los art�culos 8o., 12, 13, 14 y 15 del mismo reglamento; atendiendo a que las atribuciones del codemandado secretario general de Gobierno, no son delegables; y mientras tanto el acuerdo de referencia solamente faculta per se, al codemandado presidente de la C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico, a ejercitar las atribuciones que estipulan los art�culos 1o., 2o., 3o., fracci�n I, 4o., 10, 11, 12, 13 y transitorios tercero y cuarto de dicho acuerdo o mandato del gobernador constitucional; y que asimismo, con la firma del multicitado oficio, se constituye en oficiosa e incompetente autoridad para resolver controversias lim�trofes intermunicipales y en forma especial como autoridad incompetente para ordenar al Ayuntamiento de la actora que ?deba limitar sus actos de gobierno? en el territorio municipal de Tultepec, M�xico y espec�ficamente en las fracciones inmobiliarias que rese�a en el oficio cuya invalidez se reclama; pues es evidente que ello constituye un ataque a la esencia del Municipio Libre en t�rminos del art�culo 115 de la Carta Magna.-7. D. coordinador general de la C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico, la instrumentaci�n colegiada e incompetente, del precitado oficio que se se�ala en el apartado I que antecede, omitiendo la observancia de la normatividad vigente en el Estado de M�xico, para dirimir controversias lim�trofes intermunicipales, as� como para privar de facultades a los Ayuntamientos legalmente constituidos; y en forma especial a las que se estipulan en los art�culos 1o., 2o., 3o., fracci�n II, 5o., 10, 11, 12, 13 y transitorios tercero y cuarto, del ?Acuerdo del Ejecutivo del Estado que modifica el diverso por el que se crea la C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico?; en relaci�n con el art�culo 61 fracci�n XXV de la Constituci�n L. y 12 a 16 inclusive de la ?Ley para C.�n de Municipios en el Estado de M�xico?, con las fechas de publicaci�n y vigencia que se han precitado; pues de resultar real, la autor�a de dicho documento, es fehaciente que este codemandado deja de cumplir sus funciones para constituirse, junto con los dem�s comisionados que en lo general coordina en el �rgano t�cnico y de consulta del Poder Ejecutivo; e impropiamente emite sus consideraciones u opiniones a quien no las ha solicitado, como es el caso de mi representada; y conculc�ndose por tanto los derechos municipales de �sta, cuando se pretende que deje de gobernar en su territorio; siendo de suyo tal pretensi�n, de plena inobservancia constitucional.-8. D. jefe del Departamento de L�mites de la D.�n General de G.�n, en su car�cter de secretario t�cnico de la C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico, la instrumentaci�n colegiada e incompetente, del precitado oficio que se se�ala en el apartado 1 que antecede, omitiendo la observancia de la normatividad vigente en el Estado de M�xico, para dirimir controversias lim�trofes intermunicipales, as� como para privar de facultades a los Ayuntamientos legalmente constituidos; y en forma especial a las que se estipulan en los art�culos 1o., 2o., 3o., fracci�n III, 6o., 10, 11, 12, 13 y transitorios tercero y cuarto del ?Acuerdo del Ejecutivo del Estado que modifica el diverso por el que se crea la C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico?, en relaci�n con el art�culo 61 fracci�n XXV de la Constituci�n L. y 12 a 16 inclusive de la ?Ley para la C.�n de Municipios en el Estado de M�xico?; circunstancia con la cual se vulnera la esfera del ejercicio de gobierno y soberan�a municipal que tutela mi representada, lo que constituye una violaci�n a lo que estipula el art�culo 115 de la Carta Magna.-9. D. director de Desarrollo Urbano, en su car�cter de vocal de la C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico, la instrumentaci�n colegiada e incompetente, del precitado oficio que se se�ala en el apartado I que antecede, omitiendo la observancia de la normatividad vigente en el Estado de M�xico, para dirimir controversias lim�trofes intermunicipales, as� como para privar de facultades a los Ayuntamientos legalmente constituidos; y en forma especial a la que se estipula en los art�culos 1o., 2o., 3o., fracci�n IV inciso a), 7o., 10, 11, 12, 13 y transitorios tercero y cuarto del ?Acuerdo del Ejecutivo del Estado que modifica el diverso por el que se crea la C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico?, en relaci�n con el art�culo 61 fracci�n XXV de la Constituci�n L. y 12 a 16 inclusive de la ?Ley para la C.�n de Municipios en el Estado de M�xico?, circunstancia con la cual se vulnera el ejercicio de gobierno y soberan�a municipal que tutela mi representada.-10. D. Instituto de Informaci�n e Investigaci�n G.�fica, Estad�stica y C. del Estado de M�xico, en su car�cter de vocal de la C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico, la instrumentaci�n colegiada e incompetente del multicitado oficio que se se�ala en el apartado I que antecede, omitiendo la observancia de la normatividad vigente en el Estado de M�xico, para dirimir controversias lim�trofes intermunicipales, as� como para privar de facultades a los Ayuntamientos legalmente constituidos, en forma especial a la que se estipula en los art�culos 1o., 2o., 3o., fracci�n IV inciso b), 7o., 10, 11, 12, 13 y transitorios tercero y cuarto del ?Acuerdo del Ejecutivo del Estado que modifica el diverso por el que se crea la C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico?, en relaci�n con el art�culo 61 fracci�n XXV de la Constituci�n L. y 12 a 16 inclusive de la ?Ley para la C.�n de Municipios en el Estado de M�xico?; circunstancia que ataca en agravio de mi representada, las prescripciones del art�culo 115 de la Constituci�n F., y con ello vulnera el ejercicio de gobierno y soberan�a municipal que tutela mi representada.-11. D. director general jur�dico y consultivo, en su car�cter de vocal de la C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico, la instrumentaci�n colegiada e incompetente del precitado oficio que se se�ala en el apartado I que antecede, omitiendo la observancia de la normatividad vigente en el Estado de M�xico, para dirimir controversias lim�trofes intermunicipales, as� como para privar de facultades a los Ayuntamientos legalmente constituidos; y en forma especial a la que se estipula en los art�culos 1o., 2o., 3o., fracci�n IV inciso c), 7o., 10, 11, 12, 13 y transitorios tercero y cuarto del ?Acuerdo del Ejecutivo del Estado que modifica el diverso por el que se crea la C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico?; en relaci�n con el art�culo 61 fracci�n XXV de la Constituci�n L. y 12 a 16 inclusive de la ?Ley para la C.�n de Municipios en el Estado de M�xico?, circunstancia que ataca en agravio de mi representada, las prescripciones del art�culo 115 de la Carta Fundamental, pues con la pretensi�n de los codemandados se pretende coartar el ejercicio de gobierno y soberan�a municipal que tutela mi representada.

SEGUNDO

El Ayuntamiento actor invoc� como precepto violado el art�culo 115 de la Constituci�n General de la R.�blica, se�al� como terceros interesados al Congreso, presidente municipal y Ayuntamiento del Municipio de T.�n y secretario A del Gobierno, todos del Estado de M�xico, y precis� como hechos de su demanda los siguientes:

1. Por decreto vigente de la Legislatura del Estado de M�xico, el Municipio de Tultepec, M�xico, fue erigido y reconocido constitucionalmente en t�rminos de los prescritos art�culos 1o., 4o., 5o., 112, 113 y 122 de la Constituci�n L. y sus correlativos; 1o., 2o., 4o. y 7o. de la L.O.�nica Municipal.-2. La Secretar�a de Finanzas y P.�n del Gobierno del Estado de M�xico, hasta la fecha y en los t�rminos del art�culo 7o. precitado, edita anualmente el ?Nomenclatura de L.idades del Estado de M�xico?, instrumentando para cada Municipio de la entidad, el plano correspondiente; se�alando incluso, las fracciones territoriales que sea motivo de conflicto lim�trofe intermunicipal.-3. Por resoluci�n presidencial de la F.�n, de fecha doce de diciembre de mil novecientos veintinueve y publicada en el Diario Oficial del veintis�is de febrero de mil novecientos treinta, se crea y dota el Ejido de S.T., Municipio de Tultepec, M�xico, que se encuentra en colindancia con el l�mite territorial del Municipio de T.�n, M�xico.-4. Por raz�n de lo anterior, el Ayuntamiento Constitucional de Tultepec, M�xico, durante los �ltimos sesenta y ocho a�os ha ejercido como en todo el territorio municipal, los actos de gobierno inherentes a su encargo, sobre el territorio y poblaci�n del Ejido de S.T., Municipio de Tultepec, M�xico; y por tanto, la infraestructura de servicios en �l instalada para beneficio de su poblaci�n, ha sido como resultado de la administraci�n del gobierno municipal de Tultepec, M�xico y la aplicaci�n de sus recursos; al extremo de que, su poblaci�n originaria y actual, se encuentra registrada civilmente en la jurisdicci�n municipal de Tultepec, M�xico, en la Oficial�a del Registro Estatal correspondiente; atento a que incluso, la poblaci�n del aludido ejido, resulta ser geneal�gicamente dependiente de los pobladores de la comunidad de S.T., Municipio de Tultepec, M�xico.-Asimismo, mi representada ha ejercido jurisdicci�n sobre terreno y poblaci�n de los n�cleos poblacionales denominados ?Real Hacienda de Tultepec? e ?Infonavit San Pablo CTM?; as� como otro que media entre ambos denominado Arcos Tultepec; y l�gicamente sobre la denominada colonia ejidal 10 de Junio; siendo inherente el gobierno de la poblaci�n aludida, desde que llegaron a aposentarse en las viviendas construidas en dichos lugares; al extremo de que, dicha poblaci�n participa como electores y candidatos, tanto a la conformaci�n del Ayuntamiento actor como a la elecci�n de diputados y senadores al Congreso L. y al Congreso de la Uni�n respectivamente, bajo la legislaci�n electoral com�n y federal y bajo la tutela de la autoridad de la materia, quien asume la instalaci�n de las casillas de votaci�n, en todas y cada una de las secciones que se han merecido por cartograf�a electoral.-5. Iniciado el actual periodo de gobierno municipal, mi representada detect� asentamientos humanos irregulares en la zona del Ejido de S.T., Municipio de Tultepec, M�xico, precisamente en la parte sur que colinda con el Municipio de T.�n, M�xico; y para ello, instrument� las correspondientes clausuras sobre edificaciones en terreno ejidal y por tanto prohibidas, atento a las prescripciones relativas de la legislaci�n agraria y espec�ficamente de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de M�xico.-6. Por el mes de abril de mil novecientos noventa y siete, las terceros municipales que se se�alan, por conducto de sus subalternos, pretendieron realizar actos de gobierno en territorio excluido a su competencia, llevando notificaciones para requerir pagos tributarios a diferentes habitantes de comunidades del territorio municipal de Tultepec, M�xico, entre las que se encuentran las referidas al territorio ejidal de referencia.-Ante ello, mi representada solicit� la intervenci�n de la codemandada D.�n General de G.�n, subordinada a la Secretar�a General del Gobierno del Estado de M�xico, quien al efecto de dirimir la controversia sobre los l�mites territoriales pretendidos por el Gobierno Municipal de T.�n, que seg�n su dicho hab�an mantenido en receso con una antig�edad de diez a�os; con la intervenci�n del Departamento de L�mites tambi�n codemandada y su Subdirecci�n Regional de G.�n, se tomaron una serie de acuerdos preventivos, para dar soluci�n a dicha controversia que planteaba el Gobierno Municipal de T.�n, M�xico, y en tanto �ste formalizaba su pretensi�n; y en mientras: ?... Acuerdos ... 1) Se nombr� una comisi�n de cada uno de los Municipios, integrada por el presidente municipal, s�ndico procurador, tres regidores, director de Obras P�blicas, director jur�dico y cronista municipal, por cada uno de los Ayuntamientos involucrados ... 2) Las autoridades municipales presentes, aceptan dejar las cosas en el estado en que actualmente se encuentran, as� como a no otorgar licencias de construcci�n a n�cleos habitacionales de nueva creaci�n ... 3) Los asentamientos irregulares que se den en esta zona habr�n de tratarse en el seno del Comit� Municipal de Prevenci�n y Control del Crecimiento Urbano, en coordinaci�n con dependencias estatales y federales ... 4) Se program� un recorrido a efectuarse el d�a doce de mayo a las 10:00 horas, se�alando como punto de reuni�n la casa ejidal de Teyahualco, por parte de cada una de las comisiones de los dos Ayuntamientos ... 5) Respecto de este asunto, ambos Ayuntamientos se abstendr�n de hacer la labor de proselitismo a favor de ninguno de ellos.?.-Luego entonces, bajo esta minuta de trabajo celebrada con las autoridades del Municipio de T.�n, M�xico y la D.�n de G.�n codemandada, se considera que hasta la fecha mi representada contin�a y debe continuar, ejerciendo los actos de gobierno y soberan�a municipal, que como sus derechos y obligaciones constitucionales de persona moral oficial, se reclaman conculcados por los actos reclamados; pues a partir de la publicidad de �ste, los codemandados pretenden que la actora deje de considerar como de su territorio y objeto de gobierno las comunidades citadas, deje de considerar la menci�n de municipalidad que se se�ala en los decretos presidenciales instrumentados en torno al Ejido de S.T., Municipio de Tultepec, M�xico; se deje de considerar los registros civiles que como actos jur�dicos de la poblaci�n asentada en los pol�gonos que se pretenden segregar, han hecho bajo la jurisdicci�n del gobierno actor, refrendando su pertenencia de municipalidad, deje de considerar que las Gacetas del Gobierno del Estado de M�xico de fechas veinticinco de agosto de mil novecientos ochenta y uno y diez de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, consignan la autorizaci�n por el titular del Ejecutivo Estatal, de los fraccionamientos aludidos, ubicados ?... En el Municipio de Tultepec, Distrito de Cuautitl�n, Estado de M�xico ...?, deje de considerar la ubicaci�n en el territorio de la actora, de las secciones electorales 5474, 5475, 5477, 5478, 5479, 5480 y 5481, con su correspondiente lista nominal de electores, en que se asienta el domicilio de cada uno de ellos en el territorio actor; deje de considerar los servicios p�blicos municipales que presta mi representada en todo el territorio municipal hasta hoy reconocido constitucionalmente y como lo hacen las codemandadas en el comunicado impugnado; servicios que se prestan en materia de agua potable, alcantarillado, saneamiento y aguas residuales; alumbrado p�blico; limpia y disposici�n de desechos; mercados y centros de abasto de productos b�sicos y perecederos; panteones; calles, parques, jardines, �reas verdes y recreativas; seguridad p�blica, vialidad y tr�nsito, este �ltimo con coordinaci�n estatal; embellecimiento y conservaci�n de los poblados, centros urbanos y obras de inter�s social, as� como servicio de empleo y asistencia social a trav�s de sistema DIF Tultepec; deje de considerar la regulaci�n de actividades comerciales y de servicios; as� como la aplicaci�n de normatividad en materia de desarrollo urbano, catastro y tesorer�a; deje de considerar el asiento domiciliario y de coordinaci�n que tienen las diversas instituciones educativas de todos los niveles, tanto estatales y federales, con el gobierno municipal que representa la actora; deje de considerar que por Acuerdo del Ejecutivo publicado en veinticinco de octubre de mil novecientos ochenta y tres, se crea la C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico ?... que tendr� como funci�n espec�fica el estudio, planeaci�n y dictamen de orden t�cnico, para proponer al Ejecutivo del Estado, para que �ste a su vez, si lo estima pertinente, lo someta a la consideraci�n del Congreso de la Uni�n o de la Legislatura L., los proyectos con convenios relativos a los conflictos de l�mites que existan o puedan existir: ... b) entre los Municipios de esta entidad ...?, deje de considerar la Ley para C.�n de Municipios en el Estado de M�xico, con vigencia a partir de su publicaci�n oficial en fecha veintid�s de enero de mil novecientos noventa y seis, cuyo cap�tulo IV estipula la fijaci�n de l�mites municipales, bajo el sometimiento de la Legislatura Estatal; deje de considerar el Reglamento Interior de la Secretar�a General del Gobierno del Estado deM�xico, con publicaci�n y vigencia al d�a siguiente del seis de enero de mil novecientos noventa y siete, que prescribe fatalmente las atribuciones no delegables, gen�ricas y espec�ficas de las autoridades codemandadas de dicha dependencia del Poder Ejecutivo Estatal; deje de considerar el acuerdo del Ejecutivo que modifica al que crea la C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico; que con publicaci�n oficial de fecha veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y ocho, considera que dicho �rgano insuficiente hasta esa fecha, debe ser dotado ?... con los elementos t�cnicos para la necesaria integraci�n de los expedientes, conforme a los cuales, el Congreso de la Uni�n y la Legislatura del Estado puedan ejercer las atribuciones que les corresponden para arreglar definitivamente los l�mites, entre el Estado de M�xico y otras entidades o entre sus Municipios?, acordando por tanto el codemandado gobernador constitucional, que ?... La C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico es un �rgano t�cnico y de consulta del Poder Ejecutivo en materia de conservaci�n y demarcaci�n de los l�mites del Estado y sus Municipios?, deje de considerar que en t�rminos del ?Acuerdo del Ejecutivo del Estado que modifica el diverso por el que se crea la C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico?, todos y cada uno de los integrantes de �sta, tienen atribuciones individuales y colegiadas determinadas fatalmente y que habr�n de regularse ineludiblemente, por un reglamento interior de dicha comisi�n, quien invariablemente, para fundar y motivar sus actividades, lo deber� de expedir a m�s tardar el d�a veinticinco de septiembre del a�o en curso en t�rminos de lo que estatuyen los art�culos 2o., fracci�n XII y cuarto transitorio de dicho acuerdo; deje de considerar que la mencionada C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico, a la fecha, ni al veintiocho de julio y ni al primero de agosto del a�o en curso, habr�a expedido y publicado su reglamento interior, y por tanto, cualquier acto suyo, por carecer de una formalidad b�sica que lo funde y motive, resulta inviable jur�dicamente y afecto a la invalidez que en la especie se reclama; deje de considerar que en t�rminos de la fracci�n XXV del art�culo 61 de la Constituci�n L., la �nica instancia para resolver conflictos lim�trofes intermunicipales y para privar del ejercicio de gobierno a mi representada, lo es la Honorable Legislatura del Estado de M�xico, previa instancia de parte interesada; supuesto que en la especie, ni las codemandadas estatales ni las terceros municipales han satisfecho hasta este momento y menos para motivar el comunicado cuya invalidez se reclama, en los actos u omisiones que se relacionan a las codemandadas.-7. Con fecha veinte de agosto de mil novecientos ochenta y uno, el codemandado Gobernador Constitucional del Estado de M�xico, dict� un acuerdo ?... que autoriza el fraccionamiento de tipo habitaci�n popular denominado �Hacienda Real de Tultepec�, ubicado en el Municipio de Tultepec, Distrito de Cuautitl�n, M�xico. Este acuerdo consta publicado en la Gaceta del Gobierno Tomo CXXXII, n�mero 24, secci�n primera del martes 25 de agosto de 1981.-8. Con fecha veinticinco de octubre de mil novecientos ochenta y tres, en la Gaceta del Gobierno del Estado de M�xico, Tomo CXXXVI, n�mero 80, secci�n segunda, se public� el acuerdo del titular del Poder Ejecutivo, por el que se crea la C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico.-9. Con fecha quince de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, el titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, autoriz� ?... El fraccionamiento de tipo popular �San Pablo�, ubicado en el Municipio de Tultepec, Distrito de Cuautitl�n, M�xico.?. Acuerdo que para su vigencia, fue publicado en la Gaceta del Gobierno Tomo CXXXVII, n�mero 7, secci�n segunda de fecha 10 de enero de 1984.-10. En la Gaceta del Gobierno del Estado de M�xico de fecha veintid�s de enero de mil novecientos noventa y seis, Tomo CLXI, n�mero 15, secci�n tercera, se promulg� por el titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, el decreto n�mero 122 de la LII Legislatura del Gobierno del Estado de M�xico, que con fecha diecinueve del mismo mes y a�o, contiene la ?Ley para C.�n del Municipio en el Estado de M�xico?.-11. Con fecha tres de enero de mil novecientos noventa y siete, el codemandado gobernador constitucional expidi� el ?Reglamento Interior de la Secretar�a General de Gobierno?, con vigencia a partir del d�a siguiente al seis de mil novecientos noventa y siete, fecha en que ocurre su publicaci�n oficial en el ejemplar n�mero 3 del Tomo CLXIII de la Gaceta del Gobierno.-12. Con fecha trece de junio de mil novecientos noventa y ocho, el codemandado gobernador constitucional, expidi� el ?Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se crea la C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico?, instrumento con vigor a partir del d�a siguiente de veinticuatro de junio del a�o en curso, en que ocurri� su publicaci�n oficial en el ejemplar 119, del Tomo CLXV de la Gaceta del Gobierno. En este acuerdo, se norman la integraci�n, competencia, funciones, atribuciones, funcionamiento y limitantes de los codemandados que individual o colegiadamente integran a la codemandada C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico.-13. Con fecha nueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho, la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Obras P�blicas del Gobierno del Estado de M�xico, a trav�s de la codemandada D.�n General de Desarrollo Urbano; y para atender el oficio petici�n F.N.D./072/98 del Frente Mexiquense Democr�tico, por medio del cual, �ste solicita ?... se elabore un proyecto de aprovechamiento racional en el Ejido de S.T., Municipio de Tultepec, ...?, dicha codemandada emiti� el oficio 20611a-0562/98; por medio del cual informa e instruye lo siguiente: ?... Actualmente, el Ayuntamiento de T.�n, realiza de manera concurrente y coordinada la modificaci�n al Plan de Centro de Poblaci�n Estrat�gico. ... En �sta se contempla el ejido con un uso del suelo agr�cola. ... En este sentido, se propone realizar una reuni�n con funcionarios de desarrollo urbano del Municipio de T.�n y de esta D.�n General, para definir con precisi�n los asentamientos y determinar el tratamiento procedente que se les dar� en la modificaci�n del plan. ... Para tal efecto, he dado instrucciones al A.. P.G.P.G.�a director de P.�n Urbana, sita en H. Pte. 203, colonia Centro, en Toluca, Estado de M�xico, tel. 14-23-66, para estar atento a su publicaci�n ... Atentamente. A.. V�ctor H.M.A.�n director general de Desarrollo Urbano.?. El anterior oficio, tiene como referencia los diversos O.T.O.068/98, folio D.G./0086/98, que se presumen del �ndice de la codemandada D.�n General de G.�n.-En virtud de lo precedente y atendiendo a la emisi�n del oficio petici�n F.M.D.072/98, dirigido al codemandado gobernador constitucional, existe la raz�n fundada para entender que por instrucciones de �ste, se da la actitud de la codemandada D.�n General de Desarrollo Urbano sobre el Ejido S.T., Municipio de la actora; y por tanto con ello, se vienen realizando acciones de gobierno municipal y estatal, en el territorio municipal de Tultepec, M�xico, sin tomar en cuenta las autoridades legalmente constituidas que tutelan dicho territorio y la soberan�a municipal, como lo son las funciones que desarroll� mi representada; pues hasta la fecha no existe ninguna resoluci�n de autoridad competente que modifique o rectifique sus l�mites territoriales y su capacidad de ejercicio y representaci�n en t�rminos del art�culo 115 de la Carta Magna.-Consecuentemente a estos hechos y con la finalidad de proteger los intereses jurisdiccionales de la hoy actora; �sta por mi conducto, promovi� controversia constitucional, donde se tiene como demandadas a la LIII Legislatura, gobernador constitucional, secretario general de Gobierno, director general de G.�n, secretario de Finanzas y P.�n, secretario de Desarrollo Urbano y Obras P�blicas, jefe del Departamento de L�mites de la D.�n General de G.�n, director de Desarrollo Urbano; todos ellos del Gobierno del Estado de M�xico, as� como al Ayuntamiento Constitucional de T.�n, Estado de M�xico.-La controversia en cuesti�n fue radicada en la Unidad de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad de ese M�ximo Tribunal, bajo el n�mero de expediente 20/98 y siendo nombrado instructor de la misma el M.S.S.A. Anguiano.-Hecho el registro anterior y para dar cauce al procedimiento, el Ministro instructor, con fecha quince de julio del a�o en curso, dict� acuerdo para efecto de mejor proveer, requiriendo a las eventuales partes en t�rminos del art�culo 35 de la ley reglamentaria; y al efecto orden� oficios requisitorios para lo siguiente: ?... 1) A la parte actora para que manifieste expresamente de los tr�mites realizados ante las instancias oficiales, tendientes a solucionar los conflictos de l�mites a que hace referencia en su escrito de demanda, precisando en nombre de la autoridad, datos del expediente relativo, fecha de inicio y estado actual que guarde, debiendo acompa�ar las constancias respectivas que tenga en su poder y de aquellas que demuestre que actualmente ejerce jurisdicci�n sobre la zona del conflicto; 2) Al Gobernador Constitucional del Estado de M�xico, para que haga del conocimiento de este Alto Tribunal, cu�l de los Municipios contendientes ha venido ejerciendo jurisdicci�n sobre la poligonal territorial en la zona de conflicto lim�trofe; e informe si en las unidades administrativas del Poder Ejecutivo de la entidad se ha integrado alg�n expediente con relaci�n a ese conflicto de l�mites entre los Municipios de Tultepec y T.�n, de este Estado; 3) Al Congreso de la propia entidad para que informe si se encuentra instaurado expediente alguno respecto del aludido problema de l�mites entre los Ayuntamientos antes citados; y 4) Al director general del Instituto Nacional de Estad�stica, G.�a e Inform�tica, a efecto de que remita a esta Suprema Corte de la Naci�n, la carta topogr�fica en la que se encuentra ubicado el Ejido S.T., del Estado de M�xico, para determinar a qu� Municipio le corresponde la poligonal territorial en conflicto.?.-El acuerdo anterior fue impuesto por oficio a la codemandada gobernador constitucional, en la misma fecha de su instrumentaci�n, como puede verse en las copias certificadas que del cuaderno principal de la controversia aludida, se anuncian para exhibirse en su oportunidad, en t�rminos de los art�culos 31, 32 y 33 de la ley reglamentaria que estatuye este procedimiento, ya que las mismas fueron solicitadas con fecha once de los corrientes, como se demuestra con la correspondiente certificaci�n de la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esa Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que se anexa a este ocurso.-Se hace notar que el codemandado gobernador constitucional en respuesta al requerimiento de m�rito, contest� entre otras cosas, con la misma argumentaci�n y texto del documento y cuya invalidez se reclama y se ha transcrito en el punto 1 del apartado IV de esta demanda. Esto es, que con ello, la citada codemandada, convalida, refrenda y hace suyo el texto y autor�a de los actos reclamados en tanto la instrumentaci�n del referido libelo; pues es de hacerse notar que el gobernador constitucional, instrumenta su respuesta en fecha veintinueve de julio del a�o en curso y la presenta ante esa Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, el d�a treinta del mismo mes y a�o, anunciando asimismo que la resoluci�n del expediente sobre el que informa, se encuentra en proceso de notificaci�n a las partes, por v�a de ?opini�n? a los Municipios involucrados, anexando adem�s ?... copias certificadas de los expedientes integrados con relaci�n a los Ayuntamientos contendientes ...?.-14. Con fecha veintiocho de julio del a�o en curso, la codemandada D.�n General de G.�n y, ostent�ndose adem�s como presidente de la C.�n de L�mites del Estado de M�xico instrument�, con n�mero de oficio y control, el documento que se transcribe en el punto 1 del apartado IV de esta demanda, solicitando que el mismo se tenga aqu� por reproducido como si a la letra se insertase, para evitar repeticiones ociosas; es decir, que dicho ocurso, presuntivamente resulta ser el antecedente y soporte de la respuesta con que el codemandado gobernador constitucional, atiende el requerimiento mencionado de la controversia 20/98.-15. Quiz�s dentro del procedimiento o ?... etapa de notificaci�n de la opini�n del Gobierno del Estado de M�xico a los Municipios involucrados ...?, que anuncia el codemandado gobernador constitucional en su respuesta al requerimiento de la controversia 20/98; con fecha primero de agosto del a�o en curso, la codemandada D.�n General de G.�n hizo entrega en las oficinas de la D.�n de Seguridad P�blica de mi representada, de un sobre ?confidencial?, dirigido a la presidencia del Ayuntamiento actor; y siendo que como pudo verse, dicho sobre conten�a el comunicado que se reclama en invalidez y que se ha transcrito en el punto 1 del apartado IV de esta demanda.-Se hace notar que con fecha siete de marzo de mil novecientos noventa y siete, tiene vigencia en el Estado de M�xico, un C�digo de Procedimientos Administrativos que, en su cap�tulo tercero, del t�tulo primero, art�culos 24 al 31 inclusive, estatuye ?De las notificaciones y plazos?; y que sin embargo, dichas prescripciones no fueron seguidas en la notificaci�n que anunci� el codemandado gobernador constitucional, habida cuenta de que incluso se confiesa por �ste, que no existe procedimiento instaurado a la fecha que motivara el referido ocurso, en t�rminos de los art�culos 25 y 26 aludidos, as� como el diverso 27 que se�ala que las notificaciones deber�n hacerse en d�as y horas h�biles; esto es, considerando que el d�a primero de agosto precitado, resulta ser inh�bil para mi representada. No obstante en t�rminos del numeral 28 del cap�tulo en comento y una vez conocido el texto impugnado, mi representada atiende el surtimiento jur�dico del mismo, d�ndose por notificada de su contenido y practicando la impugnaci�n del mismo, en tanto la inobservancia constitucional, atento a lo prescrito por el art�culo 21 de la ley reglamentaria en comento, toda vez que dicho escrito se conoci� en su texto hasta las primeras horas del d�a lunes tres de agosto pr�ximo pasado.-16. Con fecha tres de los corrientes, el Ministro instructor de la controversia 20/98, dict� auto admisorio de la misma y previno la suspensi�n de los actos reclamados por la v�a incidental, orden�ndose la notificaci�n de tales prove�dos a la actora, las codemandadas y a los terceros admitidos, misma que fue practicada mediante oficio en fecha cuatro del mes que corre, como podr� verse en las constancias certificadas que se anuncian.-17. Atendiendo al contenido del documento impugnado que se transcribe en el punto I del apartado IV de esta demanda; y en forma especial a la pretensi�n de los codemandados instrumentantes, en el sentido de ?opinar?, que parte del territorio de mi representada resulta ser, seg�n su dicho ?... jurisdicci�n del Municipio de T.�n, M�xico?, por lo que les lleva a ordenar a la hoy actora, el asumir ?el deber? de ?... limitar sus actos de autoridad estrictamente a los l�mites reconocidos oficialmente y enunciados en el cuerpo de la presente �opini�n�, resultando con ello autoridades incompetentes tanto para resolver conflictos lim�trofes como para privar a los miembros del Ayuntamiento que represento, de sus facultades gubernativas.?. Pues si bien, suponiendo sin conceder v�lida la competencia de los codemandados para emitir ?opiniones?, como la que en la especie se impugna; es fehaciente que dejan de observar el ?Acuerdo del Ejecutivo del Estado que modifica el diverso por el que se crea la C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico?; pues resulta que ni siquiera podr�an actuar hasta en tanto se expidiera y tuviera vigencia el reglamento interior que dicha comisi�n se obliga a instrumentar en t�rminos del art�culo 2o. fracci�n II y tercero y cuarto transitorios de dicho acuerdo; y por otro lado, soslayan que la �nica instancia, tanto para dirimir controversias lim�trofes, como para privar del ejercicio de gobierno al Ayuntamiento que represento, en t�rminos del art�culo 61 fracciones XVI, XXV, XXVIII y XLIII y sus correlativos de la L.O.�nica Municipal y Ley para C.�n de Municipios en el Estado de M�xico.-As� las cosas y por considerar que la actitud asumida por los codemandados, en los actos que se les reclaman atentan contra los derechos de mi representada, que preconiza el art�culo 115 de la Constituci�n F.; que en esta v�a se intenta su restituci�n, para que, observando el orden constitucional vigente, se resuelva la invalidez de aqu�llos en los t�rminos de las prescripciones del art�culo 105 del mismo Supremo Ordenamiento y la ley reglamentaria de las fracciones I y II de dicho numeral.-Es decir que, mi representada ha sido respetuosa del procedimiento que deba seguirse para dirimir controversias de l�mites territoriales en el entorno intermunicipal del Estado de M�xico. Pero asimismo, resulta intransigente por la legalidad y en la defensa de sus intereses, en tanto que, sin ser propiamente actos de la citada controversia lim�trofe, las codemandadas pretenden realizar v�a ?opini�n?, actos unilaterales de autoridad, soslayando la que ejerce y debe ejercer mi representada, vulnerando con ello el ejercicio de gobierno y la soberan�a municipal que hasta la fecha tutela y compete en exclusividad al Ayuntamiento Constitucional de Tultepec, M�xico.-18. Ante lo anterior y por considerar que a la persona moral oficial que represento, se violan sus derechos y prerrogativas constitucionales, al priv�rsele oficiosamente de una posesi�n territorial y del derecho de gobernar sobre ella, sin existir causa fundada o resoluci�n a conflicto previo; es que a su nombre ejercito la presente v�a para que, suspendidas de plano e inv�lidas que sean las ilegales actuaciones de las codemandadas, le sean restituidos aqu�llos, observando el orden constitucional vigente.

TERCERO

El Ayuntamiento actor expres� los conceptos de invalidez que a continuaci�n se reproducen:

Primero. Los actos de las codemandadas, cuya invalidez se reclama, son violatorios de las estipulaciones de los art�culos 115 y 120 de la Carta Magna, en relaci�n con los diversos 1o., 2o., 3o., 4o., 34, 38, 61, 65, 75, 77, 112, 113, 122 y 123 de la Constituci�n L.; 1o., 2o., 3o., 4o., 6o., 7o., 15, 31, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 125 de la L.O.�nica Municipal vigente; en la misma medida que, pretenden privar a mi representada del derecho de gobernar libremente en su territorio, en t�rminos de las disposiciones inherentes en materia estatal y federal; pues hasta la fecha no existe disposici�n legal alguna y menos resoluci�n definitiva como resultado de controversia, como en la especie la lim�trofe se pretende tener por ?concluida? y ?opinada?, que ordene por un lado a mi representada, se abstenga de realizar los actos de gobierno sobre la poblaci�n y territorio del Municipio de Tultepec, M�xico y en forma especial sobre la poblaci�n y territorio del Ejido de S.T., Municipio de Tultepec, M�xico, y otras unidades habitacionales de la misma jurisdicci�n; y que por el otro lado, faculte expresamente al Gobierno Municipal de T.�n, M�xico, para suplir, sustituir y asumir sus facultades y derechos de Gobierno Municipal, sobre poblaci�n y territorio del Ejido de S.T., Municipio de Tultepec, M�xico, y otras unidades habitacionales, reconociendo al pol�gono de �ste como parte de su territorio y modificando por ende lasoberan�a municipal que tutela mi representada, tal cual lo pretenden las codemandadas.-En efecto, el art�culo 120 constitucional prescribe la obligaci�n del codemandado gobernador constitucional, para cumplir y hacer cumplir la Carta Magna y dem�s leyes tanto federales como estatales; imperativo que le resulta de la protesta que ha rendido en t�rminos de la fracci�n XXI del art�culo 61 y su correlativo 75 de la Constituci�n L., que ante su omisi�n y la existencia y reconocimiento de los actos impugnados, se reclama violentado.-Por otro lado el art�culo 115 de la Carta Fundamental prescribe que la base territorial y de organizaci�n pol�tica y administrativa de los Estados, sin exclusi�n, lo es el Municipio Libre que ser� administrado por un Ayuntamiento elegido en t�rminos del art�culo 114 de la Constituci�n del Estado de M�xico; y que por tanto no habr� autoridad intermedia entre ambos. Y asimismo, la facultad de suspender o revocar el mandato de un Ayuntamiento o de alguno de sus miembros, solamente es competencia de la Legislatura Estatal, siempre y cuando exista el supuesto de causa grave que la misma ley local prevenga, previa garant�a de audiencia en t�rminos de lo que estatuyen los art�culos 42, 43, 44, 45 y 46 de la Carta Superior Estatal; y en la especie no existe causa grave alguna que se pudiera reclamar al Ayuntamiento que represento, tanto como �rgano colegiado, como el individual a cada uno de los regidores, s�ndico y presidente que lo integran, bajo los supuestos que estipulan los tres �ltimos art�culos citados.-En la especie, el Municipio Libre resulta ser base de la divisi�n territorial, organizaci�n pol�tica y administrativa del Estado de M�xico; y siendo que dicho Municipio se establece respecto a su extensi�n territorial con la superficie y l�mites reconocidos para cada Municipio, mismo que ser� administrado por un Ayuntamiento en t�rminos de los art�culos 1o., 7o. y 15 de la L.O.�nica Municipal que se reclaman violados; y por tanto, en base a dichas prescripciones, corresponde a mi representada, hasta en tanto no exista resoluci�n formal y legal de autoridad competente, debidamente fundada y motivada, ejercer los actos de gobierno y soberan�a municipal, en el territorio municipal de Tultepec, M�xico, y las dem�s comunidades que se citan en el documento que se impugna por esta v�a; pues as� se ha reconocido por propios y extra�os, tanto de instancias de Gobierno Estatal y F., en t�rminos del art�culo 7o. precitado.-A mayor abundamiento es de decirse, que de com�n acuerdo entre las autoridades municipales codemandadas y la actor; y con la mediaci�n de las codemandadas y en especial del Departamento de L�mites Territoriales, se tuvieron pl�ticas y acuerdos para dirimir el cuestionamiento de l�mites territoriales sobre el ejido precitado, tal cual lo admite el codemandado gobernador constitucional en el informe que rinde a la controversia 20/98, cuyas constancias de su texto se anuncian; mismo que hasta la fecha, no se ha resuelto en forma alguna y menos que exista formal y legalmente, fundada y motivadamente, una resoluci�n de la Legislatura del Estado en los t�rminos de las fracciones XXV y XXVI del art�culo 61 de la Constituci�n Pol�tica L.; que sea adem�s definitiva por inatacable y que oriente a la rectificaci�n de los l�mites territoriales que tutela mi representada; misma que, no necesariamente sufre un agravio patrimonial per se, por lo tangible que se considera; sino que su patrimonio de derechos y prerrogativas constitucionales, que preconiza el art�culo 115 en comento, deben entenderse como el derecho y obligaci�n de tutelar el gobierno en sus posesiones territoriales, habida cuenta de la consideraci�n del Municipio, que bajo la teor�a del Estado se integra con pueblo, gobierno y territorio; atributos estos de que goza la persona moral que represento y en forma espec�fica en la zona lim�trofe del conflicto que se menciona; y que pretende resolver v�a ?opini�n? y con fehaciente incompetencia, las codemandadas; y en donde �stas, sin concurrencia alguna de la actora, en forma unilateral y sin causa legalmente fundada y motivada, pretenden que a partir de dicha ?opini�n?, las codemandadas municipales realicen actos de jurisdicci�n y gobierno de los que s�lo corresponden ejercitar a la accionante; pues a �sta se le pretende imponer ?el deber de limitar sus actos de autoridad?, sobre los pol�gonos inmobiliarios que se describen en el documento impugnado transcrito en el punto 1 del apartado IV de esta demanda; sin agravio de que, por la envergadura del proyecto que se les reprocha, en la controversia 20/98, deban confluir para ello autoridades estatales y federales, principalmente de naturaleza agraria, pero sin que pasen por alto dolosamente, como hasta la fecha lo hacen las demandadas, la elemental comunicaci�n institucional a mi representada para que manifestara lo que a su inter�s conviniera, en el procedimiento previo y ordinario que prescribe la normatividad vigente en el Estado de M�xico y en forma especial, la intervenci�n del tercero ?LIII Legislatura del Estado de M�xico?, en t�rminos de las facultades que le impone el art�culo 61 fracci�n XXV de la Constituci�n Estatal y sus imprescindibles correlativos 12 a 16 inclusive, de la Ley para la C.�n de Municipios que se ha precitado en los hechos que se relacionan en el apartado VI de este ocurso; pues incluso es de ver que las codemandadas estatales, en la personalidad y competencia que se les reclama, si bien no recurren a la determinaci�n constitucional ni para inhabilitar al Ayuntamiento o sus miembros, del que represento ni para definir la controversia lim�trofe que anuncian en el acto impugnado; pretenden ?opinar? sobre esta �ltima, sin cubrir requisito alguno de los que impone la normatividad precitada; y espec�ficamente, la que se estipula en el ?Acuerdo del Ejecutivo del Estado que modifica el diverso por el que se crea la C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico? de publicaci�n precitada el veinticuatro de junio del a�o en curso; y que resulta en la figura de dicha comisi�n, el instrumento del Poder Ejecutivo Estatal en materia de conservaci�n de los l�mites intermunicipales, en tanto �rgano t�cnico y de consulta de aqu�l, en t�rminos del art�culo I de dicho acuerdo, emitido para suplir la insuficiencia de que adolec�a la inicial comisi�n creada por acuerdo publicado en veinticinco de octubre de mil novecientos ochenta y tres, tal cual se da cuenta en los ejemplares de la ?Gaceta del Gobierno? que se adjuntan a esta demanda; a saber: A) El codemandado gobernador constitucional, en el informe que se da cuenta de la controversia 20/98, manifiesta haber resuelto por v�a de ?opini�n?, un conflicto lim�trofe entre la hoy actora y el Municipio vecino de T.�n, M�xico; que seg�n su dicho y anexos exhibidos a dicho informe, databa del a�o de mil novecientos setenta y cinco; sin embargo, la ?opini�n? de m�rito, resulta invariablemente la que se transcribe en el punto 1 del apartado IV que antecede; y por tanto, ineludiblemente �sta resulta ilegal, porque suponi�ndola sin conceder fundada, la misma no se resolvi� en los t�rminos del art�culo transitorio tercero del aludido acuerdo del trece de junio del a�o en curso, que resulta del tenor siguiente: ?... Tercero. Los asuntos que se encuentren en tr�mite ante la C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico, ser�n sustanciados conforme con los t�rminos del presente acuerdo.?.-Es decir, que de acuerdo a la transcripci�n que antecede, a partir del d�a veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y ocho, todos los asuntos o ?expedientes? de que conociera la codemandada C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico, deb�a �sta tramitarlos y resolverlos con la fatalidad de las atribuciones y competencias que le especifica el precitado acuerdo: con relevancia funcional, la inherente a que dicha sustanciaci�n, deb�a de pasar por la existencia de un reglamento interior que se impone a dicha comisi�n en los t�rminos del art�culo 2o. fracci�n XII y art�culos cuarto transitorio del Acuerdo del Ejecutivo que consta en la ?Gaceta del Gobierno? de la fecha precitada.-Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que el citado reglamento interior, a la fecha no existe; pues incluso, la Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento actor, con fecha siete de agosto del a�o en curso y por medio del oficio 456/98 de su �ndice, solicit� al codemandado coordinador general de la C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico, la expedici�n de copias certificadas del reglamento interior de la comisi�n coordinada por �l; petici�n que hasta la fecha no ha sido satisfecha en forma alguna, lo que hace mantener la certeza de la inexistencia de dicho reglamento; circunstancia que se corrobora con la omisi�n que del mismo, se hace en la pretendida fundamentaci�n y motivaci�n que se da al texto que se transcribe en el punto 1 del apartado IV de esta demanda; pues resulta de explorado derecho que para que los �rganos de gobierno, entidades o poderes p�blicos puedan funcionar y actuar en t�rminos de ley, lo deban de hacer apoyados en un instrumento de car�cter legal como resultan ser los reglamentos, como el que en la especie adolecen los citados codemandados, m�xime que el mismo acuerdo de creaci�n, establece dicha obligatoriedad procedimental; en cuya ausencia resultan inv�lidos cualesquier acto que emitan, pues carecer�an de los ineludibles requisitos de fundamentaci�n y motivaci�n; como en la especie sucede con el documento impugnado que puede verse textualmente transcrito en el punto 1 del IV; y que incluso se anexa el original a esta demanda.-B) El acuerdo del codemandado gobernador constitucional publicado el veinticuatro de junio del a�o en curso, prescribe en su art�culo I que la C.�n de L�mites codemandada en su �rgano t�cnico y de consulta, de exclusiva al Poder Ejecutivo; luego entonces, por exclusi�n no puede resultar con tales atributos a los Municipios eventualmente involucrados en una controversia lim�trofe, como en la especie pretenden la codemandada con el acto reclamado; pues precisamente se considera que el acuerdo de referencia, lo es para que dicha comisi�n ?... cuente con los elementos t�cnicos para la necesaria integraci�n de los expedientes, conforme a los cuales ... y la Legislatura del Estado puedan ejercer las atribuciones que les corresponden para arreglar definitivamente los l�mites entre el Estado de M�xico y otras entidades o entre sus Municipios.?.-Es decir, que en tanto �rgano t�cnico del Ejecutivo Estatal codemandado, dicha comisi�n habr�a de preparar y proponer para aqu�l los expedientes inherentes para que la Legislatura Estatal en t�rminos de la Ley para la C.�n de Municipios aludida y dentro de las facultades que estatuye la fracci�n XXV del art�culo 61 de referencia, previo dictamen, pueda aprobar en asamblea el proyecto del decreto que incida a la rectificaci�n o modificaci�n de los l�mites intermunicipales en comento.-Luego entonces, bajo esta consideraci�n, resulta incuestionable que tanto el codemandado director general de G.�n, como el codemandado gobernador constitucional, resultan incompetentes para emitir la ?opini�n? cuestionada; pues por lo que hace al primero en su funci�n personal�sima le deviene la incapacidad que le reclamo atendiendo a las disposiciones que contienen los art�culos 6o. y 15 del Reglamento Interior de la Secretar�a General de Gobierno del Estado de M�xico, publicado oficialmente el lunes seis de enero de mil novecientos noventa y siete. Incluso, de este mismo reglamento se desprende que el citado codemandado director general de G.�n, no puede ostentarse simult�neamente con la doble personer�a que exhibe en el documento impugnado; pues es de explorado derecho que cada una de ellas, tiene esferas de competencia diferentes y fatalmente especificadas, pues ni el presidente de la C.�n de L�mites puede actuar como director general de Gobierno; y ni �ste puede actuar como presidente de la C.�n de L�mites de referencia, en tanto que �sta, de acuerdo a las disposiciones que regulan su existencia, establece para cada uno de sus integrantes las atribuciones espec�ficas; y en el caso a estudio, el presidente de la C.�n de L�mites aludida, solamente tiene las atribuciones que estipula el art�culo 4o. del reglamento que obra en la Gaceta del Gobierno de veinticuatro de junio en comento; siendo que en ninguna de ellas se le faculta para emitir ?opiniones?, como la que en la especie se le reclama en invalidez; circunstancia extensiva a las funciones y atribuciones del codemandado gobernador constitucional; pues igualmente ninguna disposici�n legal y general vigente en el Estado de M�xico, le faculta para emitir la ?opini�n? de m�rito y menos a nombre del ?Gobierno del Estado de M�xico?, como se pretende en el documento transcrito y en la validaci�n y reconocimiento de autor�a del mismo, que vierte en el informe que ofrece en la controversia 20/98.-Se abunda en esta argumentaci�n porque incluso, en t�rminos del art�culo 2o. del precitado acuerdo, la C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico, en forma colegiada solamente tiene las atribuciones que se estipulan en dicho numeral, dentro de las que no se encuentra en forma alguna, la emisi�n de ?opiniones?, como las que en la especie nos ocupa; pues cualesquiera que pudiera encuadrarse en la que estatuye la fracci�n I del numeral 2o. en comento, tendr�a que pasar por la existencia previa, de un reglamento interior, que normara b�sicamente la materia y procedimientos de integraci�n sobre los que versar�a una eventual ?opini�n t�cnica? como la que pudiera emitir dicha comisi�n en base a sus atribuciones comentadas. En raz�n de lo anterior, el hecho de que el acto reclamado, ni puede decirse que sea ?opini�n? de la comisi�n como �rgano colegiado, ni puede decirse que sea ?opini�n t�cnica?; pues en ello, invariablemente que tendr�an que aparecer elementos periciales o ?t�cnicos? de mayor envergadura a la simple ?opini�n? que el codemandado plantea en el texto transcrito y en el plano anexo; pues incluso este �ltimo resulta ser de instrumentaci�n anterior a la fecha de emisi�n del documento y contenido reclamado; y en �ste en ninguna forma se dice cu�l fue la participaci�n de los vocales en cuanto a las atribuciones que les impone el art�culo 7o. del acuerdo vigente que da sustento a la existencia de la C.�n de L�mites del Estado de M�xico.-C) El pretendido presidente de la C.�n de L�mites del Estado de M�xico, en tanto con ese car�cter intenta asumir la instrumentaci�n del comunicado que se impugna y con �ste la representaci�n de aqu�llas; incurre en inobservancia de la preceptiva del art�culo 4o. del acuerdo que regula su existencia; pues dicho numeral, en su fracci�n I estatuye una atribuci�n de representaci�n al �rgano colegiado; y en raz�n de ello, es de observarse que en el acto reclamado no existe una menci�n m�nima a tal naturaleza, pues no se dice que dicha comisi�n haya preparado expediente t�cnico alguno dentro de la preceptiva de la fracci�n V del art�culo 2o. precitado, y menos que haya creado los comit�s y grupos de trabajo para el estudio de asuntos relacionados con el objeto de la comisi�n; ni que el texto transcrito sea como desahogo a consulta previa de las que estatuyen respectivamente las fracciones X y XI de este art�culo 2o.; pues adem�s el art�culo 10 del citado acuerdo ordena que ?La comisi�n se reunir� en sesiones ordinarias mensuales y en extraordinarias en cualquier tiempo, por acuerdo del presidente o del coordinador general.?; bajo el supuesto de que en dichas sesiones, donde los acuerdos colegiados se tomar�n por consenso en t�rminos del art�culo 11 precedente, ser�n para tratar los asuntos sometidos a su intervenci�n, entendi�ndose tambi�n que por parte de su tutor administrativo que lo es el codemandado gobernador constitucional; siendo de relevancia mencionar que de acuerdo a la fracci�n IV antepen�ltimo p�rrafo del art�culo 3o. del acuerdo en comento, resulta el imperativo para que dicha comisi�n invite a los presidentes municipales de los Municipios que sean materia de un asunto relacionado con l�mites territoriales.-As� las cosas resulta flagrante la incompetencia del instrumentante del oficio impugnado, en tanto el presidente de la comisi�n aludida y pretendiendo representar a �sta; pues en todo caso, suponiendo sin conceder que as� fuera, tal representaci�n deb�a de aparecer fundada y motivada en el escrito de m�rito, teniendo como base invariable: 1. La existencia previa de un reglamento interior que norme las actividades de la comisi�n colegiada y de cada uno de sus integrantes; as� como el procedimiento para la promoci�n y despacho de los asuntos que a su conocimiento e inter�s llegasen; 2. La existencia y registro previo de la petici�n de intervenci�n de dicha comisi�n, por parte de los Municipios eventualmente involucrados en una controversia lim�trofe; especificando el tipo de intervenci�n en t�rminos de las atribuciones que a dicha comisi�n estatuye el art�culo 2o. del acuerdo referido; 3. El mecanismo de sustanciaci�n de los expedientes que exprofeso se hubiesen integrado, por solicitud de Municipios eventualmente contendientes o a excitativa del Poder Ejecutivo del Estado de M�xico, pasando por el llamamiento ineludible de los dem�s Municipios u �rganos del poder p�blico, involucrados en el caso espec�fico a estudio; 4. El memorial de las sesiones y acuerdos que hubiese verificado la comisi�n colegiadamente para concluir en sus resolutivos u ?opiniones?; y 5. El mandato expreso de dicha comisi�n para que su representante asuma la comunicaci�n de los acuerdos u ?opiniones? de la citada comisi�n en suplencia de las atribuciones que a los codemandados coordinador general y secretario t�cnico, imponen la fracci�n IV del art�culo 5o. y fracci�n V del art�culo 6o. del acuerdo en comento.-No obstante, suponiendo sin conceder que el codemandado director general de G.�n y ?presidente de la C.�n de L�mites del Estado de M�xico?, pretendiera cobijar su responsabilidad en autor�a del documento impugnado, bajo la atribuci�n de la fracci�n IV del art�culo 4o. precitado, resulta incuestionable que la misma es inherente a las atribuciones colegiadas de dicha comisi�n en t�rminos del art�culo 2o., que resultan ineficaces sino se fundamentan y motivan, bajo el esquema de normatividad interna, que debe derivarse del reglamento interior, del que hasta la fecha adolece, aun dentro del plazo que estipula el art�culo cuarto transitorio de dicho acuerdo.-Consecuentemente, es de verse que los codemandados en las acciones y omisiones que se les reclama, dejan de observar el orden constitucional que protege a la hoy actora, pues los actos reclamados incurren en la violaci�n del articulado en cita, por dejarse de aplicar los preceptos que de acuerdo a la competencia de cada uno de aqu�llos, resultan ser prerrequisitos para que el acto reclamado est� investido de legalidad y eficacia jur�dica.-Resulta abundante a favor de la causa que represento, la prescripci�n de la fracci�n I primer p�rrafo del art�culo 115 constitucional, en tanto la competencia administrativa de mi representada en el territorio municipal de Tultepec, M�xico, en t�rminos del art�culo 7o. de la ley org�nica vigente y su correlativo 4o., 112 y 113 de la Constituci�n L.; y por tanto, bajo la personalidad jur�dica de cuya investidura le tutela la fracci�n II del numeral supremo citado, es que mi representada tiene la capacidad y el derecho para ejercer y reclamar sus actos de gobierno en todos y cada uno de los rincones del territorio municipal, reconocido en superficie y l�mites por la cartograf�a estatal y nacional.-Siendo a mayor abundamiento, en t�rminos de la fracci�n V del art�culo 115 en comento, que el Gobierno Municipal de Tultepec, M�xico, en apego a la normatividad vigente de la materia en el �mbitoestatal y federal, tiene la facultad de ?... aprobar y administrar la zonificaci�n y planes de desarrollo municipal; participar en la creaci�n y administraci�n de sus reservas territoriales, controlar y vigilar la utilizaci�n del suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularizaci�n de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones, y participar en la creaci�n de administraci�n de zonas de reserva ecol�gicas ...?; y para tal efecto, tambi�n tiene la facultad vigente de expedir los reglamentos y disposiciones inherentes en t�rminos del p�rrafo tercero del art�culo 27 de la Carta Magna.-Es decir, que atento a esta preceptiva constitucional, mi representada en ejercicio de sus facultades, en tanto Ayuntamiento y por v�a del Ejecutivo Municipal, han procurado en todo tiempo y lugar, dentro del territorio municipal de Tultepec, M�xico, la prestaci�n de los servicios municipales a que alude el art�culo 125 de la L.O.�nica Municipal; y en forma particular, en los pol�gonos inmobiliarios a que se refiere el acto reclamado que se transcribe en el punto 1 del apartado IV de esta demanda; por lo cual resulta ilegal y atentatorio al cobijo constitucional de mi representada, el pretendido mandato de las codemandadas, para que mi representada ?deba limitar sus actos de autoridad?, sobre dicha extensi�n territorial, bajo el argumento de que �sta ?... se ubica en jurisdicci�n del Municipio de T.�n, M�xico?; y sin que previamente esta codemandada municipal, haya ejercitado su pretendido derecho en la v�a y forma que sanciona la legislaci�n estatal; pues incluso como habr� de verse en las copias certificadas que se anuncia exhibir de la controversia 20/98; como respuesta a la petici�n del Ministro instructor de fecha quince de julio del a�o en curso; la LIII Legislatura del Estado de M�xico, por voz de su presidente y secretario manifiestan que ?habi�ndose revisado el archivo de la LIII Legislatura, no se advierte expediente alguno sobre el asunto que se indica?. Es decir que sin contar con los elementos t�cnicos y jur�dicos suficientes para resolver un eventual expediente en t�rminos del acuerdo del trece de junio multicitado; y en forma especial por lo que hace a su art�culo tercero transitorio; los codemandados en la representaci�n colegiada e individual que les reclamo, emiten lo que dan en llamar una ?opini�n? a nombre del Gobierno del Estado de M�xico, estableciendo que una porci�n territorial de mi representada, no le es propia para gobernar como hasta la fecha lo ha venido haciendo, en los t�rminos del aludido comunicado que ha quedado transcrito; mismo que, con el peor �nimo de provocar inestabilidad pol�tica y social a la poblaci�n de Tultepec, M�xico, fue repartido en forma por dem�s profusa y an�nima, a pesar de ser un documento oficial, cuya emisi�n justifica y asume como de su competencia el codemandado gobernador constitucional al rendir su informe en la controversia 20/98.-Con lo anterior, se desestima por las codemandadas, que a la fecha tanto no existe expediente de conflicto lim�trofe sancionado por la Legislatura Estatal; como tampoco �sta, ha recibido denuncia sobre causas graves en que hubiesen incurrido, para suspender, desaparecer o revocar los poderes del Ayuntamiento que represento o de alguno de sus miembros, en t�rminos de lo prescrito por los art�culos 42 a 46 inclusive de la L.O.�nica Municipal; para que por ello, legalmente dejaran de atender o ?limitar? sus actos de gobierno en todo el territorio municipal de Tultepec; y en forma especial, dentro de los pol�gonos inmobiliarios, ejidos, colonia ejidal y fraccionamientos que se mencionan en el documento que se transcribe en el punto 1 del apartado IV de esta demanda.-Luego entonces, resulta incuestionable que las demandadas dejan de observar el orden constitucional federal y estatal, as� como las leyes, reglamentos y acuerdos que de una u otra emanan; pues sin derecho alguno y sin causa legalmente fundada y motivada, las codemandadas estatales, en el escrito que se les reclama, reconocen la pertenencia territorial del ejido de S.T., Municipio de Tultepec, M�xico; de la colonia ejidal 10 de Junio, Municipio de Tultepec, M�xico; del fraccionamiento ?Real Hacienda Tultepec?, Municipio de Tultepec, M�xico; y, del fraccionamiento ?Infonavit San Pablo CTM? del Municipio de Tultepec, M�xico; a favor de la tercero, Ayuntamiento Constitucional de T.�n, M�xico; y esta autoridad, por tal motivo, sin haber planteado su formal reclamaci�n ante la autoridad competente, pretender�a realizar actos de gobierno en el territorio municipal de Tultepec, M�xico; y sin que el gobierno de �ste, haya sido previa y legalmente despose�do de tal jurisdicci�n en el territorio a que alude el acto reclamado, sobre el que se ha dicho y argumentado como antecede, que deviene en ilegalidad e incompetencia por los codemandados emisores; y por tanto, los actos que se reclaman de invalidez, estar�an privando a mi representada de la obligaci�n y derecho de ejercer los actos de gobierno y tutelar la soberan�a municipal sobre territorio y gobernados, en los t�rminos que prescriben las fracciones I, II, III, IV y V del art�culo 115 de la Ley Fundamental; y tomando en cuenta que tales actos de autoridad implican de inobservancia del orden constitucional vigente, deben ser suspendidos de plano y en su momento declararlos inv�lidos atento a las argumentaciones vertidas.-Segundo. Los actos de las demandadas, resultan violatorios del art�culo 115 en relaci�n con el 120 ambos de la Carta Magna, en la misma medida de que con aqu�llos y sin agotar requisitos de fundamentaci�n y motivaci�n, de audiencia y legalidad, se pretende privar a mi representada del derecho y obligaci�n de administrar el territorio municipal de Tultepec, M�xico; y espec�ficamente el que se comprende en los pol�gonos inmobiliarios a que se refiere el documento que ha quedado transcrito en el punto 1 del apartado IV de esta demanda, donde se dice que dichas porciones territoriales ?se ubican en jurisdicci�n del Municipio de T.�n, M�xico?; pues las acciones de gobierno que se reclaman en invalidez, se ha dado sin el concurso de mi representada y sin que previamente se hayan agotado las tramitaciones que prev� la normatividad vigente en el Estado de M�xico; y en forma particular, no se ha definido la competencia legal de la C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico, para resolver, aunque fuera v�a ?opini�n?, sobre una controversia lim�trofe como la que argumentan en el acto reclamado; pues como ya se ha dicho, a la fecha existe con vigencia a partir del veinticuatro de junio del a�o en curso, un acuerdo del Ejecutivo Estatal, que reestructura en funciones, integraci�n, competencia y normatividad interna, al �rgano t�cnico y de consulta del Poder Ejecutivo del Estado de M�xico para atender los conflictos lim�trofes intermunicipales; siendo que, de acuerdo a las prescripciones inherentes, no tienen facultad alguna para suplir el imperativo que constituye la fracci�n XXV del art�culo 61 de la Constituci�n L.; y menos la preceptiva correspondiente al cap�tulo cuarto de la Ley para C.�n de Municipios en el Estado de M�xico; pues en el mejor de los casos la actividad fatal de la codemandada C.�n de L�mites debe ce�irse a lo que ordena el art�culo I del acuerdo publicado oficialmente en veinticuatro de junio del a�o en curso, como consta en la Gaceta del Gobierno adjunta; pues incluso, del propio texto transcrito del documento impugnado, se desprende que las codemandadas sin tener la competencia ni jurisdicci�n ni de ?opini�n? como la que en la especie se impugna, pretenden hacer valer su autoridad de facto, para con ello, establecer un reconocimiento de jurisdicci�n municipal a autoridad diversa a mi representada; y en tanto, que no existe ni procedimiento, ni resoluci�n de autoridad competente, firme e inatacable que as� lo decida; y por tanto se conculca la prerrogativa que prescriben las fracciones I, II, III, IV y V del citado numeral constitucional, que tutela el Municipio Libre.-En efecto, la Constituci�n del Estado Libre y Soberano de M�xico, estatuye en su art�culo 61 fracci�n I, que es facultad y obligaci�n de la legislatura ?... expedir leyes, decretos o acuerdos para el r�gimen interior del Estado, en todos los ramos de la administraci�n del gobierno?; en tanto la fracci�n III prescribe para este mismo poder p�blico, la expedici�n de ?... su ley org�nica y todas las normas necesarias para el debido funcionamiento de sus �rganos y dependencias?; asimismo en la fracci�n XXV del mismo numeral se estipula el ?... Fijar los l�mites de los Municipios del Estado y resolver las diferencias que en esta materia se produzcan?. Luego entonces resulta indiscutible que un conflicto lim�trofe como el que en la especie pretenden ?opinar? las codemandadas, les resulta fatalmente de incompetencia, porque no existe ninguna disposici�n que les d� el derecho y obligaci�n de suplir a la Legislatura Estatal.-Por otro lado, el art�culo 12 de la Ley de la C.�n de Municipios precitada, correspondiente a su cap�tulo cuarto, prescribe que los Municipios del Estado podr�n arreglar entre s� por convenios amistosos, sus respectivos l�mites someti�ndolos a la legislatura para su aprobaci�n; y que asimismo, las diferencias que se susciten sobre l�mites territoriales, ser�n resueltas por el Poder Legislativo del Estado; y que aun, tanto los convenios como las resoluciones aprobadas y dictadas por la legislatura respectivamente, ser�n publicados en la Gaceta de Gobierno; y sin que tales actos admitan recurso o medio de defensa legal alguno, que fuera ordinario de acuerdo a la normatividad vigente en el Estado.-As� las cosas, si de acuerdo a las disposiciones en comento se hubiese tramitado la conclusi�n y ?opini�n? de las codemandadas, habr�a que esperarse para ello, el desahogo del proceso legislativo inherente a una eventual iniciativa de decreto, que podr�a haber intentado el codemandado gobernador constitucional, con el apoyo de la codemandada C.�n de L�mites, en tanto �rgano t�cnico y de consulta de la administraci�n p�blica estatal a cargo del Ejecutivo del Estado y en t�rminos de las prerrogativas que a su favor el art�culo 77 de la Constituci�n L. y 8o. de la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica del Estado de M�xico.-Por lo tanto, en la misma medida que los actos reclamados son omisos en satisfacer los supuestos legales en comento, resulta que aqu�llos son ilegales e invalidables, primeramente porque sus emisores, son incompetentes para tal fin, y segundo porque, suponiendo sin conceder, atribuible su competencia (sic), dejan de observar el articulado en cita y en forma especial la preceptiva del ?Acuerdo del Ejecutivo del Estado que modifica el diverso por el que se crea la C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico?, y m�s a�n porque dicha comisi�n ha omitido la expedici�n de su reglamento interno, que constituye el estatuto, las instrucciones, el ordenamiento, sistema o pauta de trabajo para esa comisi�n y para sus actuaciones colegiada o individualmente practicadas por sus miembros.-Ante ello, resulta innegable que los actos reclamados constituyen en lo general, un atentado contra la esencia del Municipio Libre que preconiza el art�culo 115 de la Carta Magna, con la �ntima relaci�n al numeral 120 de la misma Constituci�n Suprema, que estimula al Ejecutivo del Estado, imperativo de obedecer la Constituci�n y las leyes federales, imperativo que lleva impl�cito la observancia de los ordenamientos constitucionales, y si sus subalternos codemandados, no dan cumplimiento a las estipulaciones de la normatividad comentada, se incurre en una inobservancia constitucional, que merece la declarativa de invalidez sobre sus actos que se le reclaman en este ocurso.-Tercero. Los actos de las demandadas, deben ser declarados suspendidos e inv�lidos, en la misma medida que violentan el orden constitucional que se estatuye para el Municipio Libre en el art�culo 115 de la Carta Magna, en relaci�n con los diversos 1o., 2o., 4o., 112, 113, 122 y 123 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de M�xico; pues en �stos, se establecen las prerrogativas de mi representada, para tutelar el gobierno y la soberan�a municipal dentro del territorio reconocido a la fecha; y en tanto que, el Estado de M�xico es integrante de la F.�n de los Estados Unidos Mexicanos, resulta tutelado en cuanto a su r�gimen interior por la Constituci�n F.; y atento a ello, debe respetar para mi representada el art�culo 115 de aqu�lla, donde se establecen los derechos y facultades de administraci�n municipal-territorial sin intermediaci�n alguna, atento a la investidura de personalidad jur�dica a la que es afecta el Municipio actor; en t�rminos de la fracci�n II del citado art�culo que tutela el Municipio Libre; y que bajo esa premisa, ejercita las facultades que se estipulan en la fracci�n V del numeral 115 en comento, que obligan a las codemandadas, a mantener la integridad territorial del Municipio que represento, pues hasta la fecha, para privar de aqu�llas, no les asiste derecho de resoluci�n alguna en t�rminos del art�culo 2o. de la Constituci�n L.; y en consecuencia, el Municipio de Tultepec, M�xico, resulta Municipio Libre y base de la divisi�n territorial y de la organizaci�n pol�tica y administrativa del Estado que deben tutelar las codemandadas, y por tanto a �stas les resulta el imperativo de atender el respeto al ejercicio de gobierno y tutela de la soberan�a municipal por mi representada, dentro del territorio del Municipio de Tultepec, M�xico, aun incluyendo las zonas que las mismas codemandadas estatales reconocen como litigiosas, pero que sobre las cuales no se ha dictado resoluci�n alguna que afecte, modifique o extinga los derechos de la accionante; raz�n por la cual los actos impugnados deben ser declarados previamente suspensos e invalidados.-A mayor abundamiento, resulta de explorado derecho que en t�rminos del art�culo 113 de la Constituci�n L. en relaci�n con el diverso 7o. de la L.O.�nica Municipal, la administraci�n p�blica del Municipio de Tultepec, M�xico, se ejerce por mi representada dentro de su extensi�n territorial que comprende la superficie y l�mites a la fecha reconocidos tanto por la propia F.�n como la propia autoridad estatal per se, en diversos decretos, el refrendo de atribuciones de mi representada para gobernar y tutelar la soberan�a municipal en el territorio reconocido vigentemente a Tultepec, M�xico, se estatuye en los art�culos 122 y 123 de la Constituci�n L., mismos que resultan conculcados con el actuar de las codemandadas, pues dichas atribuciones y funciones reglamentarias, en franca contravenci�n al art�culo 115 y dem�s disposiciones inherentes de la Carta Magna, le pretenden ser limitadas a mi representada sin existir causa legal debidamente fundada y motivada, en t�rminos de la legislaci�n vigente.-En consecuencia, resulta fehaciente, que las demandadas todas y cada una, dejan de observar el orden constitucional en los t�rminos aqu� apuntados, y por eso los que se les impugnan, deben ser declarados inv�lidos no sin antes suspenderlos de plano.-Cuarto. Los actos impugnados a las demandadas, resultan violatorios del art�culo 115 constitucional en relaci�n con los diversos 1o., 2o., 3o., 4o., 7o., 15 y 31 de la L.O.�nica Municipal vigente, misma que resulta imperativa y de inter�s p�blico para ?... la integraci�n y organizaci�n del territorio, la poblaci�n, el gobierno y la administraci�n p�blica municipal ...?; en tanto que el Municipio Libre, como en el caso que represento, es base de divisi�n territorial del Estado, con personalidad jur�dica, que le permite incluso cumpliendo la ley, establecer en base a �sta, una normatividad de gobierno interna; y que dicho Municipio se integra tanto por dicho territorio a la fecha reconocido, como por una comunidad establecida en �l y con un gobierno como el que represento.-Luego entonces, los actos impugnados resultan contraventores de estas disposiciones en tanto que, de tenerlos v�lidos aun con el car�cter de ?opini�n?, procur�an (sic) la intromisi�n de autoridad diversa incompetente hacia el territorio de Tultepec, M�xico; siendo que las atribuciones del gobierno de �ste siguen vigentes dentro del territorio a la fecha reconocido y en mientras la tercero Legislatura Estatal, no ha emitido resoluci�n alguna ni tanto para limitar aqu�llas ni como para modificar el territorio, en t�rminos de lo prescrito por los art�culos 1o., 2o., 3o. y 4o. de la Carta Magna Estatal.-A mayor abundamiento, es de verse que las codemandadas estatales, con los actos impugnados conculcan el derecho de mi representada para gobernar dentro del territorio municipal de Tultepec; es decir, la superficie y l�mites reconocidos para �l en decretos, cartograf�as y nomenclatores; afect�ndose con ello la extensi�n territorial; pues sin existir resoluci�n de autoridad competente se estar�a realizando sobre aqu�lla, espec�ficamente sobre el pol�gono ejidal de S.T., Municipio de Tultepec, M�xico, as� como de las colonias ejidales y fraccionamientos urbanos que se describen en el documento impugnado, las diversas actividades que ha venido desarrollando mi representada y sin el concurso de �sta; y por tanto en los hechos, sin ser la autoridad competente y aun si�ndolo sin cubrir los requisitos legales comentados, le reconocen a las terceros municipales, como perteneciente a su territorio el pol�gono inmobiliario referenciado; y conculcando con ello las atribuciones de mi representada sobre el territorio municipal, violando con ello la preceptiva de los art�culos 7o., 15 y 31 de la ley org�nica en comento, en relaci�n con las fracciones I primer p�rrafo, II primero y segundo p�rrafos, III primer p�rrafo, IV y V del art�culo 115 de la Carta Magna.-En consecuencia, dichos actos impugnados deben ser declarados inv�lidos, no sin antes suspenderlos de plano, por atentar contra el orden constitucional vigente.-En suerte de lo anterior, resultan violatorias del orden constitucional enunciado, las acciones y omisiones en que incurren todas y cada una de las demandadas; pues su conducta tiende a privar a mi representada del derecho y obligaci�n de gobernar a su pueblo y en su territorio, sin antes haberse rectificado o modificado los l�mites de �ste y sin que se haya suspendido, desaparecido o revocado el mandato constitucional que tiene el Ayuntamiento actor o alguno de sus miembros, que le impidiera seguir funcionando v�lida y colegiadamente; raz�n por la cual debe considerarse fundada la presente controversia, para que en su condena, quede sin efecto legal alguno el documento impugnado y los actos de las codemandadas tendientes a darle aplicaci�n; as� como a inhibirles el ejercicio de cualesquier acto de molestia a las acciones de gobierno de mi representada, hasta en tanto exista resoluci�n legal inatacable de autoridad competente que as� lo disponga.

CUARTO

Por acuerdo de treinta de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, el Ministro M.A.G.�itr�n, a quien le correspondi� actuar como instructor del procedimiento, admiti� la demanda en la v�a de controversia constitucional propuesta; orden� emplazar mediante oficio, a trav�s de los despachos correspondientes, a las autoridades demandadas y terceros interesados, as� como dar vista con la demanda al procurador general de la R.�blica. En el mismo prove�do orden� formar por separado el incidente de suspensi�n respectivo.

QUINTO

En escritos presentados el diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (fojas 237 a 365), el gobernador, secretario general de Gobierno, director general de G.�n, con este car�cter, como presidente de la C.�n de L�mites y en representaci�n de ella, el coordinador general de la citada C.�n de L�mites, jefe del Departamento de L�mites de la D.�nGeneral de G.�n dependiente de la Secretar�a General de Gobierno, director general de Desarrollo Urbano dependiente de la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Obras P�blicas y director general jur�dico y consultivo de la Secretar�a General de Gobierno, estos dos �ltimos en su car�cter de vocales de la C.�n de L�mites, todos del Estado de M�xico, respectivamente, dieron contestaci�n a la demanda promovida en su contra.

Asimismo, por escritos presentados el diecisiete y dieciocho del mes y a�o citados, el presidente de la Diputaci�n Permanente de la Legislatura del Estado de M�xico y el presidente municipal, s�ndico, regidores y secretario del Ayuntamiento del Municipio de T.�n, realizaron diversas manifestaciones en su car�cter de terceros interesados (fojas 366 a 387).

SEXTO

Por auto de treinta de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, el Ministro instructor determin� no tener como autoridad demandada a la D.�n de G.�n, por no existir dentro de la normatividad estatal; tuvo por contestada la demanda y por desahogada la vista a cargo de las autoridades mencionadas en el resultando anterior. Por otra parte, estableci� que si el estado procesal lo permite, se resolver� la presente controversia en la misma sesi�n que la diversa 20/98, promovida tambi�n por el Ayuntamiento actor.

S�PTIMO

El procurador general de la R.�blica desahog� las vistas concedidas por el Ministro instructor, mediante escrito presentado el quince de enero de mil novecientos noventa y nueve (fojas 520 a 572), en que solicit� sobreseer la controversia respecto de la C.�n de L�mites y sus integrantes, as� como respecto del presidente municipal del Ayuntamiento de T.�n, tercero interesado en el presente juicio, y declarar la invalidez del oficio impugnado.

El siete de mayo de mil novecientos noventa y nueve tuvo verificativo la audiencia prevista en los art�culos 29 y 34 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, tras lo cual, se pasaron los autos al Ministro instructor para la elaboraci�n del proyecto de resoluci�n relativo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 105, fracci�n I, inciso i), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II de dicho precepto, y 10, fracci�n I, de la L.O.�nica del Poder Judicial de la F.�n, en virtud de que se plantea un conflicto entre el titular del Poder Ejecutivo de un Estado y autoridades subordinadas a �l, con uno de sus Municipios.

SEGUNDO

La demanda de controversia constitucional fue presentada en tiempo, por las razones que a continuaci�n se expresan.

Respecto de la oportunidad de la demanda, el art�culo 21, fracci�n I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n F., textualmente establece:

"Art�culo 21. El plazo para la interposici�n de la demanda ser�:

I.T.�ndose de actos, de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificaci�n de la resoluci�n o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecuci�n; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

El Ayuntamiento actor manifiesta que fue hecho de su conocimiento el oficio que contiene la opini�n del presidente de la C.�n de L�mites del Estado de M�xico, el s�bado primero de agosto de mil novecientos noventa y ocho, sin que dicha manifestaci�n se desvirt�e con prueba alguna aportada por las dem�s partes, por lo que es esa fecha desde la cual deben tenerse por conocidos los actos cuya validez se impugna.

Sirven de apoyo a la conclusi�n a que se lleg�, por analog�a en cuanto a la fijaci�n del plazo para el c�mputo de la oportunidad en la presentaci�n de la demanda de controversia constitucional, con base en la manifestaci�n de conocimiento del acto impugnado, la jurisprudencia sustentada por este Tribunal Pleno, visible en el Semanario Judicial de la F.�n y su Gaceta, Tomo IV, correspondiente a noviembre de 1996, p�gina 324 y la tesis emitida por la anterior Tercera Sala, publicada en dicho Semanario, Tomo 217-228, Cuarta Parte, p�gina 105, que respectivamente dicen:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL C�MPUTO PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA, CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS GENERALES CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACI�N, SE INICIA AL D�A SIGUIENTE AL EN QUE TUVO CONOCIMIENTO EL ACTOR O SE HAGA SABEDOR DEL MISMO.-La interpretaci�n sistem�tica del art�culo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos permite concluir que el plazo de treinta d�as para la presentaci�n de la demanda de una controversia constitucional en contra de normas generales, con motivo de su primer acto de aplicaci�n, debe computarse a partir del d�a siguiente al en que tenga conocimiento el actor o se haga sabedor del mismo. Por consiguiente, no basta que el acto de aplicaci�n de la norma general, cuya invalidez se impugna, se genere, sino que es preciso, para efecto de dicho c�mputo, que se haga del conocimiento del actor o que �ste se haga sabedor de �l. Pretender que el c�mputo se realice a partir de la fecha en que se produjo el acto de aplicaci�n, lo que derivar�a de la lectura aislada y literal de la fracci�n II del art�culo 21 de la ley se�alada, generar�a la indefensi�n del actor, violando en su perjuicio una formalidad esencial del procedimiento. La aplicaci�n supletoria del art�culo 321 del C�digo F. de Procedimientos Civiles, prevista en el art�culo 1o. de la ley reglamentaria del art�culo 105 constitucional, establece como regla general que toda notificaci�n surtir� sus efectos al d�a siguiente al en que se practique, lo que responde a la l�gica, pues no puede producir afectaci�n un acto cuya existencia se desconoce. Conforme a este principio si el actor se ostenta sabedor del acto de aplicaci�n o se llega a demostrar que tuvo conocimiento del mismo deber� atenderse a ello al hacer el c�mputo sobre la presentaci�n de la demanda."

DEMANDA DE AMPARO, T�RMINO PARA LA PRESENTACI�N DE. S�LO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACI�N AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL C�MPUTO DESDE EL D�A SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO.-El art�culo 21 de la Ley de Amparo establece que el t�rmino de quince d�as para la interposici�n de la demanda de amparo se cuenta desde el d�a siguiente al en que haya surtido efectos la notificaci�n al quejoso de la resoluci�n reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecuci�n, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretaci�n de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hip�tesis segunda y tercera mencionadas son aplicables s�lo cuando no obren constancias de la notificaci�n al quejoso de la resoluci�n que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado.

En tal virtud, al ser inh�bil para la promoci�n de la controversia constitucional, el d�a en que la parte actora se ostenta sabedora de los actos cuya invalidez pretende, como lo fue el s�bado primero de agosto de mil novecientos noventa y ocho, el c�mputo de la presentaci�n de la demanda debe partir desde el d�a h�bil siguiente a tal evento, esto es, el lunes tres de dicho mes y a�o, que debe tenerse como fecha en que tuvo conocimiento del acto que impugna, por lo que el c�mputo para determinar la oportunidad de la promoci�n del juicio corre a partir del martes cuatro del mes y a�o en cita.

Lo anterior tiene apoyo jur�dico en lo dispuesto por el art�culo 3o., fracciones I, II y III, de la ley reglamentaria del art�culo 105 constitucional, que establece que en el c�mputo de los plazos en las controversias constitucionales se considerar�n �nicamente los d�as h�biles, comenzando a contarse a partir del d�a siguiente a su notificaci�n:

"Art�culo 3o. Los plazos se computar�n de conformidad con las reglas siguientes:

"I. Comenzar�n a correr al d�a siguiente al en que surta sus efectos la notificaci�n, incluy�ndose en ellos el d�a del vencimiento;

"II. Se contar�n s�lo los d�as h�biles, y

III. No correr�n durante los periodos de receso, ni en los d�as en que se suspendan las labores de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

Ahora bien, dado que el plazo establecido en la ley para la promoci�n de la controversia constitucional contra actos concretos es de treinta d�as h�biles, debe concluirse que la demanda presentada el diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, se interpuso en tiempo, dado que el c�mputo respectivo revela su presentaci�n en el vig�simo noveno d�a h�bil, debi�ndose descontar en el c�mputo respectivo, conforme al art�culo 3o., fracci�n III, de la ley de la materia, los d�as ocho, nueve, quince, diecis�is, veintid�s, veintitr�s, veintinueve y treinta de agosto, primero, cinco, seis, doce, trece, catorce, quince y diecis�is de septiembre, por haber sido inh�biles en este Alto Tribunal.

TERCERO

Por raz�n de orden l�gico, se examina en primer t�rmino la procedencia de la controversia constitucional, en cuanto a la representaci�n de quienes promueven a nombre del Ayuntamiento actor, de conformidad con lo dispuesto en el �ltimo p�rrafo del art�culo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

Para tal efecto, se atiende, en primer lugar, a las consideraciones que, en torno a la representaci�n de la parte actora, expresan, de id�ntica forma, todas las autoridades demandadas en sus escritos de contestaci�n:

2. Se hace valer la causal de improcedencia prevista en el art�culo 19, fracci�n VIII, en relaci�n con el art�culo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.-La L.O.�nica Municipal del Estado de M�xico dispone: ?Art�culo 91. Son atribuciones del secretario del Ayuntamiento las siguientes: I. Asistir a las sesiones del Ayuntamiento y levantar las actas correspondientes; II. Emitir los citatorios para la celebraci�n de las sesiones de Cabildo, convocadas legalmente; III. Dar cuenta en la primera sesi�n de cada mes, del n�mero y contenido de los expedientes pasados a comisi�n, con menci�n de los que hayan sido resueltos y de los pendientes; IV. Llevar y conservar los libros de actas de Cabildo, obteniendo las firmas de los asistentes a las sesiones; V.V. con su firma, los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o de cualquiera de sus miembros; VI. Tener a su cargo el archivo general del Ayuntamiento; VII. Controlar y distribuir la correspondencia oficial del Ayuntamiento, dando cuenta diaria al presidente municipal para acordar su tr�mite; VIII. Publicar los reglamentos, circulares y dem�s disposiciones municipales de observancia general; IX. Compilar leyes, decretos, reglamentos, peri�dicos oficiales del Estado, circulares y �rdenes relativas a los distintos sectores de la administraci�n p�blica municipal; X. Expedir las constancias de vecindad que soliciten los habitantes del Municipio, a la brevedad, en un plazo no mayor de 24 horas, as� como las certificaciones y dem�s documentos p�blicos que legalmente procedan, o los que acuerde el Ayuntamiento; XI. Elaborar con la intervenci�n del s�ndico el inventario general de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, de los destinados a un servicio p�blico, los de uso com�n y los propios; XII. Integrar un sistema de informaci�n que contenga datos de los aspectos socioecon�micos b�sicos del Municipio; XIII. Ser responsable de la publicaci�n de la Gaceta Municipal; XIV. Las dem�s que le confieran esta ley y disposiciones aplicables.?.-De la lectura del art�culo 91, de la L.O.�nica Municipal del Estado de M�xico, se desprende que el secretario del Ayuntamiento carece de facultades para representar al Ayuntamiento del Municipio de Tultepec, ya que le falta se�alamiento alguno al respecto, no tiene legitimaci�n procesal para promover la presente controversia constitucional; actualiz�ndose la causal de improcedencia que se hace valer y de aplicarse el criterio jurisprudencial consultable en el Semanario Judicial de la F.�n, Tomo V, de junio de 1997, p�gina 417; y que es del tenor siguiente: ?CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACI�N PROCESAL PARA PROMOVERLA, CARECE DE �STA EL SECRETARIO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LE�N.-De conformidad con lo dispuesto por el art�culo 76 de la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica Municipal del Estado de Nuevo Le�n, el secretario del Ayuntamiento carece de facultades para representar al Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, Nuevo Le�n, pues no contiene se�alamiento alguno en este sentido, por lo que no tiene legitimaci�n procesal para promover en su nombre demanda de controversia constitucional.?.-Controversia constitucional 2/95. J.�s H.T., J.M.G.�lez y M.G.G., en su car�cter de Presidente Municipal, S. y S�ndico Segundo del Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, Estado de Nuevo Le�n, respectivamente, contra el Gobernador, S. General de Gobierno y Congreso Estatal del propio Estado. 13 de mayo de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: M.A.G.�itr�n. Ponente: G.D.G.�ngora P.. S.: O.A.C. Quiroz.-El Tribunal Pleno, en sesi�n privada celebrada el dos de junio en curso, aprob�, con el n�mero 45/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. M�xico, Distrito F., a dos de junio de mil novecientos noventa y siete.-Se solicita a ustedes Ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n tengan a bien decretar el sobreseimiento de la presente controversia constitucional, por ser aplicables las causales de improcedencia invocadas, en t�rminos del art�culo 20, fracci�n II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

En las manifestaciones transcritas, se establece que el secretario del Ayuntamiento actor carece de facultades para representar al Municipio de Tultepec, porque ninguna de las disposiciones de la L.O.�nica Municipal de la entidad le confiere dichas atribuciones.

Con objeto de examinar la objeci�n aludida, se atiende a las manifestaciones que sobre este particular expresa en su opini�n el procurador general de la R.�blica:

La presente causal de improcedencia es, en mi opini�n, infundada en virtud de que el Ayuntamiento del Municipio de Tultepec, M�xico, compareci� a la presente controversia constitucional por conducto del s�ndico �nicamente, quien conforme a los art�culos 52 y 53, fracci�n I de la L.O.�nica Municipal del Estado de M�xico, ostenta la representaci�n jur�dica del Ayuntamiento. Por cuanto a que el secretario municipal del Ayuntamiento de Tultepec haya firmado conjuntamente con el s�ndico la demanda que nos ocupa, debe entenderse que obedece al hecho de que, conforme lo establece el art�culo 91, fracci�n V de la L.O.�nica Municipal del Estado de M�xico, le corresponde validar, con su firma, los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o de cualquiera de sus miembros.

Para determinar la forma de intervenci�n del secretario del Ayuntamiento actor en la presente controversia constitucional, se atiende al proemio y primer petitorio de la demanda inicial que, en su parte conducente, literalmente son como sigue:

"M.C. L�pez, en mi car�cter de s�ndico procurador y representante legal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tultepec, M�xico; en t�rminos de los art�culos 52 y 53, fracci�n I, de la L.O.�nica Municipal del Estado de M�xico vigente ... ante ustedes con el debido respeto comparezco y expongo:

"Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo prescrito por los art�culos 105, fracci�n I, incisos g) e i) y 115 de la Constituci�n General de la R.�blica; 1o., 10, 21, 22 y dem�s relativos y aplicables de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 precitado; a nombre de la persona moral que represento, vengo a promover controversia constitucional en contra de los actos que reclamo a las autoridades demandadas que a continuaci�n relaciono ...

"... Por lo expuesto y fundado, a ustedes, CC. Ministros, atentamente pido:

Primero. Tenerme por presentado en los t�rminos de este escrito, copias simples y anexos que se acompa�an, con la personalidad con que me ostento, demandando en controversia constitucional, a las autoridades que se�alo, sobre la invalidez de sus acciones u omisiones que inciden en vulnerar las facultades de gobierno de mi representada.

Seg�n puede apreciarse de la transcripci�n anterior, tal y como lo aduce el procurador general de la R.�blica, quien promueve la presente controversia constitucional �nicamente es el s�ndico del Ayuntamiento de Tultepec, Estado de M�xico, puesto que todas las peticiones y argumentos de la demanda son expresados en singular, lo que lleva a concluir que las manifestaciones relativas las emite s�lo el s�ndico y no el secretario, cuya intervenci�n al firmar ese documento se limita �nicamente a validar el documento oficial emanado de dicha entidad, en acatamiento a lo que dispone el art�culo 91, fracci�n V, de la L.O.�nica Municipal del Estado de M�xico, que establece:

"Art�culo 91. Son atribuciones del secretario del Ayuntamiento las siguientes:

V.V. con su firma, los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o de cualquiera de sus miembros.

Cabe agregar que conforme a los art�culos 52 y 53, fracci�n I, de la L.O.�nica Municipal del Estado de M�xico, la procuraci�n y representaci�n jur�dica de los Ayuntamientos recae en el s�ndico municipal. Dichos preceptos establecen:

"Art�culo 52. Los s�ndicos municipales tendr�n a su cargo la procuraci�n y defensa de los derechos e intereses del Municipio, en especial los de car�cter patrimonial y la funci�n de contralor�a interna, la que, en su caso, ejercer�n conjuntamente con el �rgano de control y evaluaci�n que al efecto establezcan los Ayuntamientos."

"Art�culo 53. Los s�ndicos tendr�n las siguientes atribuciones:

I.P., defender y promover los derechos e intereses municipales; representar jur�dicamente a los Ayuntamientos en los litigios en que �stos fueren parte, y en la gesti�n de los negocios de la hacienda municipal.

En consecuencia, procede concluir que el s�ndico que suscribe la demanda cuenta con la legitimaci�n procesal que justifica su actuaci�n formal en representaci�n del Municipio actor, escrito oficial validado con la firma del secretario del Ayuntamiento, en los t�rminos precisados con anterioridad, destacando tambi�n que la primera autoridad acredit� que ocupa el cargo con que se ostenta, en t�rminos de la copia certificada de la constancia de mayor�a de votos expedida en su favor por el Consejo Municipal Electoral (foja 216), por lo que debe concluirse que se encuentra debidamente acreditada la legitimaci�n procesal de la parte actora, en relaci�n con lo dispuesto en el art�culo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n F., sin que deba considerarse que el secretario ocurri� en representaci�n del Municipio, porque su actuaci�n, como se dijo, se limit� a la validaci�n de la demanda formulada por el s�ndico.

CUARTO

Para continuar con el examen de la procedencia del juicio, debenprecisarse los actos cuya invalidez pretende el Ayuntamiento actor y resolver sobre su existencia o inexistencia.

Cabe destacar que el establecimiento de los actos demandados, en las controversias constitucionales, debe hacerse prescindiendo de los calificativos que sobre su constitucionalidad le atribuya la parte actora, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su an�lisis proceder� �nicamente, como concepto de invalidez, en la hip�tesis de que deba entrarse al estudio de su constitucionalidad, por lo que la declaratoria de existencia o inexistencia correspondiente deber� ce�irse s�lo a la actuaci�n que, despojada de tales apreciaciones valorativas, se aprecie de la demanda.

Sirve de apoyo a la conclusi�n anterior, por analog�a en cuanto a la fijaci�n de los actos cuya validez se impugna en las controversias constitucionales, la jurisprudencia visible en la compilaci�n de 1995, Tomo VI, p�gina 9, que literalmente es como sigue:

ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACI�N SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD.-Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideraci�n al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su an�lisis proceder� en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos.

Sentado lo anterior, se precisan los actos que demanda el Ayuntamiento actor, con base en lo manifestado en su escrito inicial y prescindiendo de la calificaci�n que sobre su constitucionalidad realiza dicha parte, estableciendo tambi�n las denominaciones correctas de las autoridades demandadas, con base en lo manifestado en sus contestaciones, los cuales se sintetizan a continuaci�n:

  1. Se demanda del Gobernador Constitucional y del secretario general de Gobierno, ambos del Estado de M�xico, la instrumentaci�n, por delegaci�n, del oficio de veintiocho de julio de mil novecientos noventa y ocho, que contiene opini�n del director general de G.�n y presidente de la C.�n de L�mites de la entidad, acerca del conflicto de l�mites pol�tico-administrativos entre los Municipios de T.�n y Tultepec.

  2. D. director general de G.�n de la Secretar�a de Gobierno de dicha entidad se demanda la instrumentaci�n personal del oficio descrito en el inciso precedente.

  3. D. citado director general de G.�n, en su calidad de presidente de la C.�n de L�mites del Estado de M�xico, del coordinador general, del jefe del Departamento de L�mites de la citada D.�n General en su car�cter de secretario t�cnico, del director general de Desarrollo Urbano dependiente de la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Obras P�blicas, del titular del Instituto de Informaci�n e Investigaci�n G.�fica, Estad�stica y C. y del director general jur�dico consultivo de la Secretar�a General de Gobierno, estos tres �ltimos como vocales, todos integrantes de la aludida C.�n de L�mites, se les demanda la instrumentaci�n colegiada del invocado oficio de veintiocho de julio de mil novecientos noventa y ocho.

  4. De la C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico, se le demanda el acto consistente en permitir a su presidente la emisi�n del multicitado oficio.

Debe destacarse tambi�n que de conformidad con lo se�alado en el resultando sexto del presente fallo, por auto de treinta de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (fojas 391 a 393), el Ministro instructor determin� no tener como autoridad demandada a la D.�n de G.�n, por no existir dentro de la normatividad estatal, sin que tal determinaci�n hubiese sido impugnada en su oportunidad por la actora y, por tanto, tiene firmeza.

Ahora bien, en su escrito de contestaci�n de la demanda, el gobernador, secretario general de Gobierno, coordinador general de la C.�n de L�mites del Estado de M�xico, director general de Desarrollo Urbano dependiente de la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Obras P�blicas, y director general jur�dico consultivo de la Secretar�a General de Gobierno, como vocales de la aludida C.�n de L�mites, negaron los actos que les atribuye el Ayuntamiento actor (fojas 237 a 260, 309 a 313 y 332 a 336).

Por su parte, el director general de G.�n de la Secretar�a de Gobierno, con tal car�cter y como presidente de la C.�n de L�mites, as� como el jefe del Departamento de L�mites de la citada direcci�n general en su car�cter de secretario t�cnico de la comisi�n, reconocieron la certeza de los actos cuya validez impugna la actora (fojas 261 a 280 y 314 a 331).

Se resalta tambi�n que el director general del Instituto de Informaci�n e Investigaci�n G.�fica, Estad�stica y C. del Estado de M�xico, como vocal de la multicitada comisi�n, no produjo contestaci�n de la demanda, a pesar de hab�rsele notificado legalmente, como se aprecia de la constancia que obra en la foja 212.

Para resolver sobre la existencia o inexistencia de los actos que se demandan de las autoridades antes precisadas, se atiende al contenido literal del oficio de veintiocho de julio de mil novecientos noventa y ocho:

Gobierno del Estado de M�xico.-Secretar�a General de Gobierno.-D.�n General de G.�n.-1998. Cincuentenario de la declaraci�n de derechos humanos.-Toluca de L., M�xico, a 28 de julio de 1998.-C. D.V.�zquez G.�a, Presidenta Municipal Constitucional de Tultepec, M�xico, presente.-Por este conducto me dirijo a usted muy atentamente, con relaci�n a las diferencias de naturaleza lim�trofe, existentes entre el Municipio que dignamente preside y el vecino de T.�n, M�xico, al respecto me permito hacer de su conocimiento lo siguiente: Los pobladores de S.T., Municipio de Tultepec, M�xico, fueron dotados de terrenos ejidales por resoluci�n presidencial de fecha 12 de diciembre de 1929, �stos constan de 462 hect�reas afectadas de la Hacienda de C., Municipio de T.�n, M�xico; es importante se�alar que los derechos agrarios otorgados a los mencionados pobladores no son objeto de cuestionamiento alguno, ello derivado de que es competencia de la autoridad federal en la materia, asimismo, el Gobierno del Estado de M�xico les reconoce y respeta plenamente, cabe destacar que la citada resoluci�n presidencial tampoco determina jurisdicciones pol�tico-administrativas ya que en tal caso vulnerar�a la soberan�a del Estado de M�xico, al atribuirse facultades exclusivas de la Legislatura L., por �ltimo, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en su art�culo 27 se deriva que la dotaci�n agraria no es segregaci�n territorial.-En lo tocante a la zona urbana ejidal denominada Colonia 10 de Junio, �sta se localiza dentro del ejido dotado a los pobladores de S.T., en terrenos de la Hacienda de C., Municipio de T.�n, M�xico.-Con respecto a los n�cleos poblacionales denominados Real Hacienda Tultepec e Infonavit San Pablo CTM, �stos proceden de fracciones de la Hacienda de Portales, Municipio de T.�n, M�xico, las cuales fueron vendidas a la familia L�pez Negrete.-Asimismo, considerando los elementos de convicci�n con que cuenta, entre otros, y que se enumeran a continuaci�n, los cuales sustentan la presente opini�n en el sentido que se enunciar� son los siguientes: a) Cartograf�a editada por el Instituto de Informaci�n e Investigaci�n G.�fica, Estad�stica y C. del Estado de M�xico; b) Recorridos en campo a lo largo de la l�nea lim�trofe com�n entre los Municipios de Tultepec y T.�n, M�xico, ubicando puntos de referencia entre los que se encuentran mojoneras que se�alan los l�mites de la Hacienda C., T.�n; c) Plano del Pueblo de S.T. y sus colindantes, elaborado por la D.egaci�n de la C.�n Nacional Agraria en el Estado de M�xico, de fecha marzo (sic) de 1927, que se�ala los l�mites de la Hacienda de C., Municipio de T.�n y la l�nea de l�mites entre ambas municipalidades, y que coincide con el de la citada hacienda; d) Plan de Centro de Poblaci�n Estrat�gico de T.�n, aprobado por la H. Legislatura L., el cual ubica en su jurisdicci�n territorial la zona del Ejido S.T. determinando su uso agr�cola; y, e) Oficio de fecha 6 de septiembre de 1996, dirigido al C. V�ctor Ca�a S�nchez, Presidente Municipal Constitucional de T.�n, M�xico, por el Lic. V�ctor M.G.J., coordinador agrario del Estado de M�xico, en cuya parte medular se se�ala que los terrenos del ejido de S.T., Municipio de Tultepec, f�sicamente se ubican dentro del Municipio de T.�n.-Toda vez que en reiteradas ocasiones se le solicit� la integraci�n de una C.�n de L�mites por parte del Municipio que usted preside, as� como tambi�n fuera remitida toda aquella documental que estimase necesaria para demostrar los derechos que reclama sobre el �rea territorial objeto de la presente opini�n, nunca se recibieron ninguna de las dos, lo que adicionado a las declaraciones hechas por funcionarios del Ayuntamiento de Tultepec durante la reuni�n llevada a cabo el pasado d�a 19 del mes de junio del a�o en curso, efectuada en la Casa Ejidal de S.T. con los integrantes del citado ejido, en el sentido de que todas aquellas documentales que pueden ser presentadas por el Ayuntamiento de Tultepec, ya se encontraban en el archivo del Departamento de L�mites dependiente de �sta a mi cargo, y que fueron entregadas por las anteriores administraciones municipales, motivo por el cual se infiri� que no ser�a aportado ning�n material documental por parte de dicho Municipio que complementara los elementos de convicci�n con que a la fecha se cuenta.-Expuestas las anteriores consideraciones y destacando que por lo que respecta a los l�mites pol�tico-administrativos entre ambos Municipios, �stos se encuentran claramente precisados y por lo tanto no se considera la existencia de problema alguno en esta materia y con fundamento en el art�culo 21, fracci�n XVIII de la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica, art�culo 15 fracci�n X del Reglamento Interior de la Secretar�a General de Gobierno y del Acuerdo del Ejecutivo de la entidad por el que se modifica el diverso que crea la C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico y publicado en la Gaceta del Gobierno de fecha 24 de junio de 1998; el Gobierno del Estado de M�xico a trav�s de esta D.�n General de G.�n emite su opini�n en el sentido de que las zonas antes especificadas que comprenden una superficie aproximada de 683-39-20 has., cuyo cuadro anal�tico conteniendo rumbos y distancias se identifican en plano anexo, se ubica en jurisdicci�n territorial del Municipio de T.�n, M�xico.-Lo anterior, sin perjuicio de que los derechos de las partes involucradas sean ejercidos ante las autoridades correspondientes si as� es considerado, debiendo ese H. Ayuntamiento que usted dignamente preside limitar sus actos de autoridad estrictamente a los l�mites reconocidos oficialmente y enunciados en el cuerpo de la presente opini�n.-Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi m�s alta y distinguida consideraci�n.-Atentamente.-Sufragio efectivo, no reelecci�n.-Una firma ilegible.-Lic. J.R.C.�n.-Director general de G.�n y presidente de la C.�n de L�mites del Estado de M�xico.-C.C.P. Lic. C�sar C.Q., gobernador del Estado de M�xico.-Lic. J.V.C., secretario general de Gobierno.-Lic. A.U.M., subsecretario A de Gobierno.-Ing. H�ctor F.P., Presidente Municipal Constitucional de T.�n, M�xico.-Lic. R.�n M.G.�n, coordinador general de la C.�n de L�mites del Estado de M�xico.-C.P. F.R.F., subdirector de G.�n, regi�n II, Naucalpan, M�xico.-Lic. E.B.M.�nez, encargado de despacho del Departamento de L�mites.-Archivo/minutario.

El contenido del oficio transcrito revela que la �nica autoridad que intervino en su emisi�n fue el director general de G.�n, con tal car�cter y como presidente de la C.�n de L�mites del Estado de M�xico, por lo que solamente debe tenerse por cierto el acto que se le demanda a la mencionada autoridad, siendo inexistentes los atribuidos a las dem�s autoridades demandadas, por las razones que a continuaci�n se expresan.

En primer lugar, cabe destacar, respecto de la instrumentaci�n por delegaci�n del oficio impugnado, que se atribuye al gobernador y secretario general de Gobierno del Estado de M�xico, que la figura jur�dica de la delegaci�n administrativa de facultades es un acto individual y concreto a trav�s del cual el superior jer�rquico transfiere parte de sus atribuciones al inferior, confiri�ndole a �ste una jurisdicci�n propia e independiente. Adem�s, para el perfeccionamiento del acto delegatorio, se requiere el concurso de la autoridad delegante y del delegado, adem�s de la titularidad de la primera para transferir la atribuci�n y la aptitud de la segunda para recibir la competencia que se transmite.

Los anteriores razonamientos tienen sustento, en lo conducente, en la tesis emitida por la anterior Segunda Sala de este Alto Tribunal, publicada en la compilaci�n de 1985, tercera parte, p�gina 581, que dice:

DELEGACI�N ADMINISTRATIVA DE FACULTADES. CARACTER�STICAS.-La delegaci�n administrativa de facultades es un acto individual y concreto a trav�s del cual el superior jer�rquico transfiere parte de sus atribuciones al inferior, d�ndole a �ste una competencia exclusiva, una jurisdicci�n propia e independiente, de manera tal que no puede existir la posibilidad de que un �rgano superior conozca de la materia que se le asign� taxativamente y en forma expresa a un �rgano subordinado, precisamente porque a trav�s de la norma jur�dica (acuerdo delegatorio de facultades) se le atribuy� a un solo �rgano la facultad de realizar un acto, excluyendo, por consecuencia, la concurrencia alternativa.

Ahora bien, del examen del oficio impugnado no aparece que haya sido emitido por delegaci�n de facultades del gobernador o del secretario general de Gobierno del Estado de M�xico, en favor del director general de G.�n, quien tambi�n tiene el car�cter de presidente de la C.�n de L�mites de esa entidad, puesto que esta �ltima autoridad tiene facultades originarias expresas y no adjudicadas por delegaci�n, para vigilar y controlar lo relativo a l�mites territoriales de los Municipios, derivadas de lo dispuesto en el art�culo 15, fracci�n X, del Reglamento Interior de la Secretar�a General de Gobierno del Estado de M�xico, que literalmente dicen:

"Art�culo 15. Corresponde a la D.�n General de G.�n:

... X. Vigilar y controlar todo lo relativo a la demarcaci�n y conservaci�n de los l�mites del Estado y sus Municipios.

Adem�s, cabe destacar que la C.�n de L�mites del Estado de M�xico cuenta con facultades para emitir opini�n t�cnica sobre la extensi�n y l�mites de los Municipios de la entidad, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 2o., fracci�n I, del Acuerdo del Ejecutivo del Estado que modifica el diverso por el que se crea dicha comisi�n, publicado en la Gaceta del Gobierno el veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y ocho, en vigor en esa misma fecha:

"Art�culo 2o. Para el cumplimiento de su objetivo, la C.�n de L�mites del Estado de M�xico tendr� las atribuciones siguientes:

I. Emitir opini�n t�cnica sobre la extensi�n y l�mites del Estado y de sus Municipios.

En tales condiciones, como el director general de G.�n cuenta con atribuciones jur�dicas para vigilar y controlar la conservaci�n de l�mites municipales y la C.�n de L�mites del Estado de M�xico, que preside aqu�l, tiene facultades para emitir opiniones t�cnicas en esa materia, debe concluirse que la expedici�n del oficio impugnado por la primera autoridad no deriva de un acuerdo delegatorio a cargo del gobernador o del secretario general de Gobierno de la entidad y, por ende, como lo aducen estas dos �ltimas autoridades en su contestaci�n, resulta inexistente el acto que se les atribuye, consistente en la instrumentaci�n por delegaci�n del aludido oficio.

Debe aclararse que el se�alamiento contenido en dicho acto en el sentido de que la opini�n la expresa el Gobierno del Estado de M�xico a trav�s de la aludida direcci�n general, de ning�n modo implica que el oficio se emite por delegaci�n, dado que tal aserto s�lo indica el ejercicio de las facultades que derivan de la normatividad que ha quedado precisada, mas no que las autoridades demandadas le hubieran conferido atribuciones delegadas al director general.

Por otra parte, del acto cuya nulidad se pretende tambi�n se aprecia que fue emitido �nicamente por el director general de G.�n y presidente de la C.�n de L�mites del Estado de M�xico, sin intervenci�n alguna del resto de las autoridades que fungen como integrantes de la referida comisi�n, a saber: coordinador general, secretario t�cnico y vocales. En tal virtud, tampoco resulta cierto el acto que se les demanda a todas estas autoridades, consistente en la instrumentaci�n colegiada del oficio de veintiocho de julio de mil novecientos noventa y ocho, dado que fue emitido de manera unitaria por la primera autoridad.

Por lo anterior, queda corroborada la negativa del referido acto colegiado expresada por el coordinador general de la C.�n de L�mites del Estado de M�xico, director general de Desarrollo Urbano dependiente de la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Obras P�blicas, y director general jur�dico consultivo de la Secretar�a General de Gobierno, como vocales de la aludida C.�n de L�mites, que manifestaron en sus respectivas contestaciones.

Asimismo, debe concluirse que aun y cuando el jefe del Departamento de L�mites de la D.�n General de G.�n, como secretario t�cnico de la C.�n de L�mites, reconociera, en su contestaci�n, la certeza del acto que se le atribuye, dicha manifestaci�n queda desvirtuada con el contenido del oficio impugnado, del que se advierte que dicha autoridad no tuvo la intervenci�n que afirma.

D. mismo modo, cabe destacar que no opera la presunci�n de certeza prevista en el art�culo 30 de la ley reglamentaria del art�culo 105 constitucional, respecto del acto atribuido al director general del Instituto de Informaci�n e Investigaci�n G.�fica, Estad�stica y C. del Estado de M�xico, como vocal de la C.�n de L�mites, pues aunque dicha autoridad no contest� la demanda, de la opini�n emitida por el presidente de dicha comisi�n se ha advertido, como ya se estableci�, que la primera autoridad no tuvo intervenci�n en dicho acto, motivo que conduce a declarar su inexistencia.

Finalmente, por lo que toca al acto atribuido a la C.�n de L�mites del Estado de M�xico, que se hizo consistir en la permisi�n a su presidente de emitir el oficio impugnado, debe concluirse que dicho acto tambi�n resulta inexistente, pues del referido oficio no se advierte que su emisi�n derive de un diverso acuerdo en que la citada comisi�n, en pleno, le hubiese otorgado permiso a su presidente para la expedici�n de la opini�n impugnada, sin que tampoco obre en autos medio de convicci�n alguno que demuestre tal situaci�n, resultando aplicables, en lo conducente, los razonamientos y criterios expuestos en relaci�n con las manifestaciones que los integrantes de la comisi�n se�alaron en sus escritos de contestaci�n, respecto de la instrumentaci�n colegiada del acto impugnado, as� como la abstenci�n de uno de ellos de producir tal contestaci�n.

En las condiciones descritas, al resultar inexistentes los actos impugnados de las autoridades demandadas, excepci�n hecha de la emisi�n del oficio de veintiocho de julio de mil novecientos noventa yocho, atribuida al director general de G.�n de la Secretar�a de Gobierno del Estado de M�xico, con tal car�cter y como presidente de la C.�n de L�mites de la entidad, procede decretar el sobreseimiento en la controversia constitucional respecto de los actos y autoridades restantes, con fundamento en lo dispuesto en el art�culo 20, fracci�n III, de la ley de la materia, cuyo texto literal se reproduce enseguida:

"Art�culo 20. El sobreseimiento proceder� en los casos siguientes:

III. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe la norma o acto materia de la controversia, o cuando no se probare la existencia de ese �ltimo.

QUINTO

Las autoridades demandadas y los terceros interesados aducen que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el art�culo 19, fracci�n VI, de la Ley Reglamentaria del Art�culo 105 Constitucional, en virtud de que es facultad de la Legislatura del Estado de M�xico resolver las diferencias sobre l�mites que tengan los Municipios de la entidad, siendo que la quejosa no agot� dicha v�a para solucionar el conflicto, prevista en los art�culos 61, fracci�n XXV, de la Constituci�n de la entidad, 2o., 13 y 15 de la ley para creaci�n de Municipios del Estado de M�xico.

El numeral 19, fracci�n VI, de la ley que rige el procedimiento de controversias constitucionales, establece su improcedencia cuando no se haya agotado la v�a legalmente prevista para la soluci�n del conflicto de que se trate. Su texto literal es el siguiente:

"Art�culo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

VI. Cuando no se haya agotado la v�a legalmente prevista para la soluci�n del propio conflicto.

Por su parte, los art�culos 61, fracci�n XXV, de la Constituci�n del Estado de M�xico, 2o., 13 y 15 de la Ley para C.�n de Municipios de dicha entidad, regulan la atribuci�n de la legislatura de la entidad para resolver conflictos de l�mites entre Municipios, de la forma siguiente:

"Art�culo 61. Son facultades y obligaciones de la legislatura:

"XXV. Fijar los l�mites de los Municipios del Estado y resolver las diferencias que en esta materia se produzcan."

"Art�culo 2o. Corresponde a la legislatura crear o suprimir Municipios, con base en criterios de orden demogr�fico, pol�tico, social y econ�mico; fijar sus l�mites territoriales y resolver las diferencias que en esta materia se produzcan."

"Art�culo 13. Las diferencias que su susciten (sic) sobre l�mites municipales ser�n resueltas por el Poder Legislativo del Estado."

"Art�culo 15. Los centros de poblaci�n afectados, los Ayuntamientos o los interesados en todas las cuestiones a que se refiere esta ley, podr�n hacer valer sus derechos ante la Legislatura del Estado por conducto del presidente municipal y del s�ndico del Ayuntamiento respectivo o del Ejecutivo del Estado cuando as� lo soliciten."

Ahora bien, para determinar si el acto cuya nulidad se pretende se ubica dentro de las hip�tesis previstas en los preceptos transcritos, susceptible del conocimiento de la Legislatura Estatal, se hace necesario establecer los antecedentes del caso, con base en los elementos de convicci�n existentes en autos:

  1. Por resoluci�n presidencial de doce de diciembre de mil novecientos veintinueve, se dot� de tierras ejidales a los pobladores de S.T., Municipio de Tultepec, Estado de M�xico (fojas 155 a 161).

  2. Seg�n manifestaciones de las autoridades demandadas, desde mil novecientos setenta y cinco se suscitaron las primeras diferencias lim�trofes entre los Municipios de Tultepec y T.�n, con motivo de la constituci�n de la zona urbana ejidal del ejido S.T., denominada "Colonia 10 de Junio", por afectar, aparentemente, terrenos de la Hacienda de C., ubicados en el Municipio de T.�n.

  3. Con fecha seis de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, el entonces secretario t�cnico de la C.�n de L�mites solicit� al jefe de la secci�n t�cnica que realizara inspecci�n al Municipio de T.�n e informara de las posibles soluciones a los problemas jurisdiccionales que se presentaban en aquel lugar (foja 273 del cuaderno de pruebas).

  4. El veintid�s de marzo de mil novecientos noventa y seis, se realiz� reuni�n de trabajo referente a l�mites territoriales entre representantes de los Municipios actor y tercero interesado (foja 253 del cuaderno de pruebas), donde se acord� celebrar una posterior reuni�n el veinticuatro de mayo siguiente, sin que obre en autos constancia alguna que demuestre su realizaci�n.

  5. En marzo y abril de mil novecientos noventa y siete, ante los problemas de l�mites territoriales aludidos, los Municipios en conflicto solicitaron la intervenci�n de la D.�n General de G.�n de la Secretar�a de Gobierno del Estado de M�xico (fojas 286 a 287), habi�ndose llevado una nueva reuni�n de trabajo en presencia de autoridades de ambos Municipios el dos de mayo siguiente, en la cual se tomaron los siguientes acuerdos (foja 285):

    Nombrar una comisi�n por cada uno de los Ayuntamientos involucrados.

    Dejar las cosas en el estado que en esa fecha se encontraban, comprometi�ndose a no otorgar licencias de construcci�n a n�cleos habitacionales de nueva creaci�n y a abstenerse de hacer labores de proselitismo a su favor.

    Los asentamientos irregulares de la zona deber�n tratarse en el Comit� Municipal de Prevenci�n y Control del Crecimiento Urbano, en coordinaci�n con dependencias estatales y federales.

    Se program� un recorrido en la zona para el doce de mayo siguiente.

  6. El catorce de agosto de mil novecientos noventa y siete, el presidente municipal del Ayuntamiento de T.�n manifest� al gobernador del Estado de M�xico que la dotaci�n de tierras al poblado de Teyahualco hab�a afectado a la Hacienda de C., perteneciente al Municipio de T.�n, haci�ndole tambi�n menci�n de que se hab�an celebrado cuatro reuniones con la C.�n de L�mites de la entidad y representantes de los Ayuntamientos en conflicto, siendo la primera de ellas la especificada en el numeral anterior, se�alando que el Municipio de Tultepec estaba permitiendo asentamientos humanos en dicha zona, los cuales se acercaban a la zona industrial C., con las consecuentes quejas de los industriales e inversionistas, solicitando su apoyo para clausurar los referidos asentamientos humanos de dichas zonas ejidales, conjuntamente con la D.�n de Desarrollo Urbano y Ecolog�a del Municipio de T.�n y de la Tenencia de la Tierra, para no crear conflictos con el Municipio de Tultepec (fojas 255 a 260 del cuaderno de pruebas).

  7. El veintitr�s de enero de mil novecientos noventa y ocho, el director general de G.�n record� a la presidenta municipal de Tultepec, que se hab�an acordado sesenta d�as naturales como plazo para la entrega de documentales que acreditaran la postura de dicho Municipio, respecto del conflicto lim�trofe con el Municipio de T.�n, solicit�ndole la remisi�n de dicha informaci�n, a la brevedad, para su estudio por el comit� multidisciplinario de dicha dependencia (foja 290 del cuaderno de pruebas).

  8. Por diverso oficio de trece de mayo de mil novecientos noventa y ocho, el citado director general se dirigi� nuevamente a la presidenta municipal del Ayuntamiento actor, en relaci�n con los compromisos asumidos en reuni�n de diez de junio de mil novecientos noventa y siete, respecto del multicitado conflicto de l�mites, reiter�ndole el plazo acordado para la presentaci�n de documentales, el cual ya hab�a transcurrido en exceso, requiri�ndole otra vez su remisi�n para su examen, en atenci�n a las inquietudes manifestadas por los vecinos que demandan soluci�n a dicha controversia para evitar confrontaciones.

  9. El siete de julio de mil novecientos noventa y ocho, el coordinador general de la C.�n de L�mites del Estado de M�xico dirigi� nueva comunicaci�n a la presidenta municipal de Tultepec, mediante la cual hizo de su conocimiento el acuerdo del gobernador de trece de junio anterior, que modific� el diverso que cre� la citada comisi�n, con lo que dicho �rgano comenzaba a operar nuevamente, reiter�ndole las invitaciones para presentar ahora ante esa coordinaci�n las documentales relacionadas con el conflicto de l�mites con el Municipio de T.�n, para su an�lisis y dictamen, en cumplimiento con el compromiso adquirido por la D.�n General de G.�n con habitantes de la regi�n el diecis�is de junio de dicho a�o (foja 289 del cuaderno de pruebas).

  10. El veintiocho del mes y a�o indicado en el n�mero anterior, el director general de G.�n emiti� el oficio que constituye el acto impugnado, donde manifiesta opini�n respecto del aludido conflicto de l�mites, con base en los elementos de convicci�n con que contaba en ese momento, concluyendo que no se advert�a problema territorial alguno, dado que los l�mites pol�ticos entre los Municipios en disputa se encuentran claramente precisados y las zonas especificadas en el documento, constantes de 683-39-20 hect�reas, se ubican en la jurisdicci�n territorial del Municipio de T.�n, sin perjuicio de que las partes involucradas puedan ejercer sus derechos si as� lo consideraran conveniente, debiendo el Ayuntamiento actor limitar sus actos a los l�mites enunciados en dicha opini�n.

    Con base en los antecedentes descritos, se llega a la conclusi�n de que el oficio impugnado constituye, esencialmente, s�lo una opini�n respecto de la ubicaci�n del territorio motivo de las diferencias lim�trofes entre los Municipios actor y tercero interesado, sin que formalmente se haya planteado ante la C.�n de L�mites un conflicto jur�dico en que el primero hubiese demandado del segundo, o viceversa, el reconocimiento del territorio en disputa.

    En tales condiciones, resulta evidente que el procedimiento legalmente previsto para resolver conflictos lim�trofes ante la Legislatura L. no constituye la v�a jur�dica id�nea para impugnar el acto que se demanda, puesto que no es el citado conflicto la materia de examen en la presente controversia constitucional, sino la restricci�n de las atribuciones pol�ticas en perjuicio del Municipio actor, ordenada por un �rgano dependiente del Poder Ejecutivo del Estado de M�xico, derivada de la prevenci�n dirigida al Ayuntamiento de ce�ir sus actos a los l�mites territoriales establecidos en la �ltima parte de la multicitada opini�n, hip�tesis que no encuadra dentro de las facultades de decisi�n previstas en favor del Congreso Estatal en las normas transcritas al inicio de este considerando, lo que conduce a desestimar la causal de improcedencia propuesta sobre este particular.

SEXTO

Por otra parte, la Legislatura L. aduce que la controversia constitucional es improcedente porque en estos juicios s�lo pueden ser materia de impugnaci�n los actos que versen sobre distribuci�n o invasi�n de competencias entre los diversos niveles de gobierno, cuesti�n que no se impugna por la parte actora en la especie.

Para dar contestaci�n al argumento propuesto, este Tribunal Pleno estima indispensable dejar asentado el marco de atribuciones de decisi�n que comprende la encomienda establecida en la Constituci�n, relacionada con la capacidad de estudio de los conceptos de invalidez que puedan plantearse en las controversias constitucionales, medio de impugnaci�n previsto en el art�culo 105, fracci�n I, de la Carta Magna.

El dispositivo anterior, en su inciso i), consagra la procedencia de las controversias constitucionales entre un Estado y uno de sus Municipios, "sobre la constitucionalidad" de sus actos o disposiciones generales. Para determinar el alcance de tal expresi�n y delimitar la materia de lo que es susceptible de ser abordado en este tipo de juicios, debe realizarse el an�lisis siguiente.

Por principio de cuentas, debe subrayarse la existencia de los diferentes �rdenes jur�dicos que conforman el Estado mexicano, previstos en la propia Constituci�n F., cuya interrelaci�n normativa se explica a continuaci�n, para lo cual es preciso atender al contenido de los art�culos 1o., 40, 41, primer p�rrafo, 43, 44, 49, 105, fracci�n I, 115, fracci�n I, 116, primer y segundo p�rrafos, 122, primer y segundo p�rrafos, 124 y 133, de la propia Ley Fundamental:

"Art�culo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozar� de las garant�as que otorga esta Constituci�n, las cuales no podr�n restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece."

"Art�culo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una R.�blica representativa, democr�tica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su r�gimen interior; pero unidos en una F.�n establecida seg�n los principios de esta Ley Fundamental."

"Art�culo 41. El pueblo ejerce su soberan�a por medio de los Poderes de la Uni�n, en los casos de la competencia de �stos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus reg�menes interiores, en los t�rminos respectivamente establecidos por la presente Constituci�n F. y las particulares de los Estados, las que en ning�n caso podr�n contravenir las estipulaciones del Pacto F.."

"Art�culo 43. Las partes integrantes de la F.�n son los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, C., Coahuila, Colima, Chiapas, C., Durango, Guanajuato, G., H., Jalisco, M�xico, M.�n, M., Nayarit, Nuevo Le�n, Oaxaca, Puebla, Q.�taro, Q.R., San Luis Potos�, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucat�n, Zacatecas y el Distrito F.."

"Art�culo 44. La Ciudad de M�xico es el Distrito F., sede de los Poderes de la Uni�n y capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se compondr� del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los Poderes F.es se trasladen a otro lugar, se erigir� en el Estado del Valle de M�xico con los l�mites y extensi�n que le asigne el Congreso General."

"Art�culo 49. El Supremo Poder de la F.�n se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

"No podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Uni�n conforme a lo dispuesto en el art�culo 29. En ning�n otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo p�rrafo del art�culo 131, se otorgar�n facultades extraordinarias para legislar."

"Art�culo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer�, en los t�rminos que se�ale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"I. De las controversias constitucionales que, con excepci�n de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

"a) La F.�n y un Estado o el Distrito F.;

"b) La F.�n y un Municipio;

"c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Uni�n; aqu�l y cualquiera de las C�maras de �ste o, en su caso, la C.�n Permanente, sean como �rganos federales o del Distrito F.;

"d) Un Estado y otro;

"e) Un Estado y el Distrito F.;

"f) El Distrito F. y un Municipio;

"g) Dos Municipios de diversos Estados;

"h) Dos poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

"i) Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

"j) Un Estado y un Municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y

"k) Dos �rganos de gobierno del Distrito F., sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

"Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por la F.�n, de los Municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resoluci�n de la Suprema Corte de Justicia las declare inv�lidas, dicha resoluci�n tendr� efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayor�a de por lo menos ocho votos.

"En los dem�s casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendr�n efectos �nicamente respecto de las partes en la controversia."

"Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa, el Municipio Libre conforme a las bases siguientes:

"I. Cada Municipio ser� administrado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa y no habr� ninguna autoridad intermedia entre �ste y el Gobierno del Estado.

"Los presidentes municipales, regidores y s�ndicos de los Ayuntamientos, electos popularmente por elecci�n directa, no podr�n ser reelectos para el periodo inmediato. Las personas que por elecci�n indirecta o por nombramiento o designaci�n de alguna autoridad desempe�en las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominaci�n que se les d�, no podr�n ser electas para el periodo inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados cuando tengan el car�cter de propietarios, no podr�n ser electos para el periodo inmediato con el car�cter de suplentes, pero los que tengan el car�cter de suplentes, s� podr�n ser electos para el periodo inmediato como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio.

"Las Legislaturas L.es, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podr�n suspender Ayuntamientos, declarar que �stos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.

"En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayor�a de sus miembros, si conforme a la ley no procediere que entraren en funciones los suplentes ni que se celebraren nuevas elecciones, las legislaturas designar�n entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluir�n los periodos respectivos.

"Si alguno de los miembros dejare de desempe�ar su cargo, ser� sustituido por su suplente, o se proceder� seg�n lo disponga la ley;

"II. Los Municipios estar�n investidos de personalidad jur�dica y manejar�n su patrimonio conforme a la ley.

"Los Ayuntamientos poseer�n facultades para expedir de acuerdo con las bases normativas que deber�n establecer las Legislaturas de los Estados, los bandos de polic�a y buen gobierno y los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones;

"III. Los Municipios, con el concurso de los Estados cuando as� fuere necesario y lo determinen las leyes, tendr�n a su cargo los siguientes servicios p�blicos:

"a) Agua potable y alcantarillado

"b) Alumbrado p�blico

"c) Limpia

"d) Mercados y centrales de abasto

"e) Panteones

"f) Rastro

"g) Calles, parques y jardines

"h) Seguridad p�blica y tr�nsito, e

"i) Los dem�s que las Legislaturas L.es determinen seg�n las condiciones territoriales y socio-econ�micas de los Municipios, as� como su capacidad administrativa y financiera.

"Los Municipios de un mismo Estado, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos y con sujeci�n a la ley, podr�n coordinarse y asociarse para la m�s eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos que les corresponda;

"IV. Los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

"a) Percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tenganpor base el cambio de valor de los inmuebles.

"Los Municipios podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administraci�n de esas contribuciones.

"b) Las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la F.�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

"c) Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo.

"Las leyes federales no limitar�n la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni conceder�n exenciones en relaci�n con las mismas. Las leyes locales no establecer�n exenciones o subsidios respecto de las mencionadas contribuciones, en favor de personas f�sicas o morales, ni de instituciones oficiales o privadas. S�lo los bienes del dominio p�blico de la F.�n, de los Estados o de los Municipios estar�n exentos de dichas contribuciones.

"Las Legislaturas de los Estados aprobar�n las leyes de ingresos de los Ayuntamientos y revisar�n sus cuentas p�blicas. Los presupuestos de egresos ser�n aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles;

"V. Los Municipios, en los t�rminos de las leyes federales y estatales relativas, estar�n facultados para formular, aprobar y administrar la zonificaci�n y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creaci�n y administraci�n de sus reservas territoriales; controlar y vigilar la utilizaci�n del suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularizaci�n de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones, y participar en la creaci�n y administraci�n de zonas de reservas ecol�gicas. Para tal efecto y de conformidad a los fines se�alados en el p�rrafo tercero del art�culo 27 de esta Constituci�n, expedir�n los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios.

"VI. Cuando dos o m�s centros urbanos situados en territorios municipales de dos o m�s entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demogr�fica, la F.�n, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el �mbito de sus competencias, planear�n y regular�n de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia;

"VII. El Ejecutivo F. y los gobernadores de los Estados tendr�n el mando de la fuerza p�blica en los Municipios donde residieren habitual o transitoriamente; y

"VIII. La leyes de los Estados introducir�n el principio de la representaci�n proporcional en la elecci�n de los Ayuntamientos de todos los Municipios.

"Las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, se regir�n por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto en el art�culo 123 de esta Constituci�n, y sus disposiciones reglamentarias."

"Art�culo 116. El poder p�blico de los Estados se dividir�, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

"Los poderes de los Estados se organizar�n conforme a la Constituci�n de cada uno de ellos, con sujeci�n a las siguientes normas."

"Art�culo 122. Definida por el art�culo 44 de este ordenamiento la naturaleza jur�dica del Distrito F., su gobierno est� a cargo de los Poderes F.es y de los �rganos ejecutivo, legislativo y judicial de car�cter local, en los t�rminos de este art�culo.

"Son autoridades locales del Distrito F., la Asamblea Legislativa, el jefe de Gobierno del Distrito F. y el Tribunal Superior de Justicia."

"Art�culo 124. Las facultades que no est�n expresamente concedidas por esta Constituci�n a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados."

Art�culo 133. Esta Constituci�n, las leyes del Congreso de la Uni�n que emanen de ella y todos los tratados que est�n de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la R.�blica, con aprobaci�n del Senado, ser�n la Ley Suprema de toda la Uni�n. Los Jueces de cada Estado se arreglar�n a dicha Constituci�n, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

De los preceptos anteriores puede distinguirse la existencia de cuatro �rdenes jur�dicos dentro del Estado mexicano, con asignaciones competenciales propias y, por regla general, excluyentes entre s�, que implican descentralizaci�n y autonom�a en cuanto a su ejercicio a cargo de las autoridades correspondientes, cuyas caracter�sticas esenciales, en relaci�n con la cuesti�n que ocupa a este tribunal, se enumeran enseguida:

  1. Orden jur�dico federal. Su existencia se encuentra sustentada en el art�culo 40 de la Carta Magna, que consagra la uni�n de todos los Estados con autonom�a hacia su interior, que se integran dentro de una F.�n, la cual constituye un orden jur�dico distinto. En su aspecto funcional, el numeral 49 dispone el principio de divisi�n de poderes para el ejercicio de las atribuciones de autoridad en el �mbito federal, desarrollando la competencia espec�fica de cada uno de ellos en los art�culos subsecuentes, que comprenden hasta el 107, destacando que las autoridades tienen jurisdicci�n sobre todo el territorio nacional, que abarca las treinta y un entidades federativas y el Distrito F., cuyas denominaciones y l�mites est�n descritos en los art�culos 43 y 44. Se resalta tambi�n, como principio fundamental en la asignaci�n de atribuciones competenciales en favor de los Poderes F.es, que las facultades de las autoridades de este orden jur�dico deben encontrarse expresamente previstas a su favor en la Constituci�n Pol�tica del Estado Mexicano, en t�rminos de lo dispuesto en el numeral 124.

  2. Orden jur�dico estatal o local. La existencia de este orden jur�dico tiene apoyo en el art�culo 40 constitucional, en cuanto prev� la existencia de Estados libres y soberanos en su r�gimen interior, enumerados en el art�culo 43 de la propia Ley Fundamental. Las reglas con base en las cuales deber� estructurarse la divisi�n de poderes a cargo de las autoridades estatales se encuentran descritas en el numeral 116, siendo que la materia sustantiva sobre la cual tienen autonom�a funcional se obtiene por exclusi�n de las atribuciones consagradas expresamente en favor de la F.�n por la Constituci�n General, atento a la regla prevista en el art�culo 124.

    As�, el r�gimen regulador de la uni�n de los Estados F.es, se�alado en los art�culos 40 y 41 constitucionales, se encuentra cimentado en dos principios fundamentales y complementarios entre s�:

    1) La existencia de entidades federativas con libertad de autodeterminaci�n en cuanto hace a su r�gimen interno, y

    2) Que el ejercicio de la autonom�a estatal respete las prevenciones de la Constituci�n F..

    De acuerdo con los principios anteriores, debe ser la propia Carta Magna el documento que detalle el campo de atribuciones que tiene la F.�n y cada una de las entidades federativas, situaci�n que se ve cumplida, de modo general, con lo consagrado en su art�culo 124, cuyo ejercicio, aunque aut�nomo y discrecional, deber� respetar los postulados de la Constituci�n F.. As�, la distribuci�n de competencias se rige por el principio consagrado en el art�culo 124 constitucional, conforme al cual se otorgan facultades expresas a los funcionarios federales, entendi�ndose reservadas las dem�s a los Estados de la R.�blica, es decir, que la delimitaci�n de competencias entre el orden federal y el de los Estados -miembros- se resuelve a base de listar expresamente las facultades de aqu�l, reserv�ndose a las entidades federativas las que no lo est�n. Los funcionarios federales, pues, no pueden realizar acto alguno fuera del �mbito que la Constituci�n F. se�ala; por su parte, los Estados ejercitan todas las facultades no asignadas a los �rganos federales.

    En s�ntesis, la interpretaci�n arm�nica de los art�culos 124, 40 y 41 constitucionales lleva a concluir como premisa que las entidades federativas tendr�n plena autonom�a para que, sin transgredir los principios establecidos en la Constituci�n, resuelvan con libertad en las materias que la propia Carta Magna les ha reservado competencia, al no se�alarlas de manera expresa en la competencia de la F.�n.

    Es de destacarse, especialmente, que dentro del orden jur�dico estatal aparece la figura del Municipio Libre, estructura de gobierno que si bien tiene como norma fundamental la autonom�a funcional para la prestaci�n de los servicios p�blicos a su cargo y el ejercicio del gobierno dentro de los l�mites territoriales que le corresponde, a trav�s de los Ayuntamientos, conforme a lo establecido en el art�culo 115, tambi�n guarda nexos indisolubles con los Poderes L.es que impide considerarlos como un orden jur�dico independiente del local.

    Tomando en consideraci�n la importancia que tienen las relaciones entre los Estados y sus Municipios, con base en el principio de la libertad que deben tener �stos en cuanto a su gesti�n, por ser la c�lula de poder que tiene un contacto m�s cercano con la poblaci�n, en el art�culo 115 de la Constituci�n se han regulado actos de mayor trascendencia referidos a la injerencia de las autoridades estatales en el �mbito municipal, que ejemplificativamente se enumeran a continuaci�n:

    Suspensi�n y desaparici�n de Ayuntamientos, o de sus gobiernos, por causas graves establecidas en la ley local, respetando el derecho de defensa de los funcionarios municipales (art. 115, fracci�n I, p�rrafo tercero).

    Designaci�n de los miembros de los Concejos Municipales en el caso de la hip�tesis anterior, cuando no puedan entrar en funciones los suplentes (art. 115, fracci�n I, p�rrafo tercero).

    Concurso de los Estados con los Municipios en servicios p�blicos, con base en lo establecido en la ley local (art. 115, fracci�n III).

    Establecimiento de contribuciones municipales sobre ciertos rubros (art. 115, fracci�n IV).

    Cumplimiento de convenios en relaci�n con la administraci�n de contribuciones municipales (art. 115, fracci�n IV).

    Establecimiento de participaciones federales a los Municipios con base en la ley estatal (art. 115, fracci�n IV).

    Concordancia de las leyes de ingresos municipales con los presupuestos de egresos presentados por los Ayuntamientos (art. 115, fracci�n IV).

    Administraci�n y planificaci�n de zonas de desarrollo municipal con base en la ley estatal y federal (art. 115, fracci�n V).

    Cumplimiento de convenios de regulaci�n de territorios municipales y estatales lim�trofes (art. 115, fracci�n VI).

    De los ejemplos anteriores se deduce la raz�n de que la pertenencia de los Municipios a un Estado aut�nomo sujeta tambi�n a los primeros a someter sus diferencias con otros Municipios, en principio, a la decisi�n de las autoridades de gobierno locales, por estar comprendidos todos dentro de un mismo orden normativo.

    Como ejemplo de las situaciones de nexo de relaci�n entre Municipios y su respectivo Estado, en algunos de los aspectos que se describen en el p�rrafo precedente, aplicables a M., se enumeran las previstas en los art�culos 40, fracciones XI y XII, y 41 de la Constituci�n de dicha entidad federativa:

    "Art�culo 40. Son facultades del Congreso:

    "XI. Crear nuevos Municipios dentro de los l�mites de los existentes, previos los siguientes requisitos:

    "A) Que en el territorio que pretenda erigirse en Municipio existir� una poblaci�n de m�s de 30,000 habitantes;

    "B) Que se pruebe ante el Congreso que dicho territorio integrado por las poblaciones que pretenden formar los Municipios tienen potencialidad econ�mica y capacidad financiera para el mantenimiento del gobierno propio y de los servicios p�blicos que quedar�an a su cargo;

    "C) Que los Municipios del cual trata de segregarse el territorio del nuevo Municipio, puedan continuar subsistiendo;

    "D) Que el Ayuntamiento del Municipio que se trata de desmembrar rinda un informe sobre la conveniencia o inconveniencia de la erecci�n de la nueva entidad municipal; quedando obligado a dar un informe dentro de los 30 d�as siguientes a aquel en que le fuere pedido;

    "E) Que igualmente se oiga al Ejecutivo del Estado, quien enviar� su informe dentro del t�rmino de 10 d�as contados desde la fecha en que se le remita la comunicaci�n relativa;

    "F) Que la erecci�n del nuevo Municipio sea aprobada por las dos terceras partes de los diputados presentes;

    "XII. Suprimir alguno o algunos de los Municipios existentes, incorpor�ndolos a los m�s inmediatos, siempre que se demuestre plenamente ante el Congreso que no llenan los requisitos a que se refieren los incisos A) y B) de la fracci�n anterior, previo informe del Ayuntamiento o Ayuntamientos de los Municipios que se trate de suprimir, y del Ejecutivo del Estado, dentro de los t�rminos se�alados en el inciso C) y D), y observ�ndose lo dispuesto en el inciso E) de la misma fracci�n."

    "Art�culo 41. El Congreso del Estado, por acuerdo cuando menos de las dos terceras partes de sus integrantes podr� declarar la desaparici�n de Ayuntamientos, suspenderlos en su totalidad, suspender a alguno de los integrantes de los propios Municipios, siempre y cuando los afectados hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convenga, en los siguientes casos: ...

    "II. Podr� dictar la suspensi�n definitiva de un Ayuntamiento en su totalidad, en los siguientes casos: ...

    "III. Ordenar� la suspensi�n definitiva de uno de los miembros del Ayuntamiento en lo particular, cuando el mun�cipe de que se trate se coloque en cualquiera de los siguientes supuestos: ...

    IV. Acordar� la revocaci�n del mandato a alguno de los integrantes del Ayuntamiento, en el supuesto de que �ste no re�na los requisitos de elegibilidad previstos para el caso. En caso de declararse desaparecido alg�n Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayor�a de sus miembros cuando no procediere que entraren en funciones los suplentes ni que se celebrasen nuevas elecciones, el Congreso del Estado designar� entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluir�n los periodos respectivos. Cuando el Congreso se encuentre en receso, la Diputaci�n Permanente lo convocar� a fin de verificar que se han cumplido las condiciones establecidas por esta Constituci�n.

    De esta manera, se observa que existen actos de relaci�n pol�tica entre el Estado y sus Municipios que se encuentran previstos en la Constituci�n F. y otros que se han encomendado a cada entidad para que, en ejercicio de su autonom�a interna, determine a qu� autoridad corresponde su conocimiento. Tal es el caso de las facultades se�aladas en favor del Congreso por el art�culo 41 de la Constituci�n L. transcrito.

  3. Orden jur�dico del Distrito F.. El fundamento de su autonom�a estructural y funcional, en relaci�n con los �rdenes jur�dicos estudiados con antelaci�n, es el art�culo 122 constitucional, dispositivo que establece las prevenciones correspondientes a la coexistencia de los �rganos de gobierno a quienes se encomienda ejercer el poder pol�tico de la entidad, sobre el espacio territorial descrito en el art�culo 44 de la Carta Magna. Sus caracter�sticas son diversas a las del orden jur�dico estatal, pero ello resulta ajeno a la presente controversia.

  4. Orden jur�dico constitucional. Seg�n puede apreciarse de las precisiones relativas a los dem�s �rdenes jur�dicos, el constitucional es el que establece, en su aspecto org�nico, el sistema de competencias al que deber�n ce�irse la F.�n, Estados y Municipios, y Distrito F.. En lo que se conoce en la doctrina como aspecto dogm�tico, el orden jur�dico constitucional previene las obligaciones que deben ser respetadas, sin distinci�n, por las autoridades de los tres �rdenes jur�dicos anteriores.

    El orden jur�dico constitucional tiende, adem�s de establecer las reglas con base en las cuales deben ejercer sus funciones competenciales las autoridades de los dem�s �rdenes normativos, a preservar la regularidad en dicho ejercicio, consistente en que �ste se lleve a cabo dentro del marco de las atribuciones establecidas, sin nunca rebasar los principios rectores previstos en la Constituci�n F., ya sea en perjuicio de los gobernados, por violaci�n de garant�as individuales, o bien afectando la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jur�dico.

    Para lograr obtener lo anterior, los Poderes Constituyente y Reformador han establecido diversos medios de control de la regularidad constitucional referidos a los �rdenes jur�dicos federal, estatal y del Distrito F., entre los que se encuentran las controversias constitucionales, cuya resoluci�n se ha encomendado a esta Suprema Corte, en su car�cter de tribunal constitucional, encargado de velar que la actuaci�n de las autoridades se ajuste a lo establecido en la Carta Magna, encontrando sustento jur�dico en el art�culo 105, fracci�n I, antes transcrito.

    La raz�n de ser de esos medios de control radica en que en el sistema constitucional del Estado F., donde coexisten los �rdenes jur�dicos descritos con antelaci�n, el ordenamiento que debe darles unidad y cohesi�n es la propia Constituci�n. De este modo, el orden jur�dico constitucional se erige como un orden total, al extender su validez y eficacia normativa de una manera absoluta sobre los �rdenes jur�dicos parciales.

    En consecuencia, es de concluirse que el ejercicio de control de la regularidad constitucional es una actividad jur�dica que no puede ser ubicada, estrictamente, como funci�n propia de ninguno de los �rdenes parciales, federal o locales, pues si la pretensi�n del referido control es la salvaguarda del orden primario o total, la funci�n interpretativa y de decisi�n sobre si un acto de autoridad est� o no apegado a la N.F., debe reputarse como una funci�n de car�cter constitucional, que no es susceptible de equipararse a ninguno de los �rdenes inmediatamente subordinados a la Constituci�n -el federal propiamente dicho y los �rdenes estatales-, en virtud de que las hip�tesis de control contempladas en la Carta Magna permiten que los actos de autoridad, provenientes tanto de la F.�n como de las entidades que la componen, puedan ser anulados por una determinaci�n de uno de los �rganos del Poder Judicial F., en este caso la Suprema Corte, en ejercicio, como se dijo, de una funci�n de orden constitucional, superior a los restantes �rdenes jur�dicos parciales.

    Ahora bien, el cometido de este Alto Tribunal al resolver controversias constitucionales, consiste en preservar los dos principios que sustentan las relaciones jur�dicas y pol�ticas de los �rdenes jur�dicos parciales se�alados con anterioridad, a saber, salvaguardar el federalismo y la supremac�a constitucional.

    Las anteriores consideraciones se refuerzan si se atiende tambi�n a la exposici�n de motivos de la iniciativa de reforma constitucional de 31 de diciembre de 1994 que, en su parte conducente, se�ala:

    "La Constituci�n es el ordenamiento supremo que, surgido de nuestras luchas hist�ricas y de nuestros m�s amplios consensos, recoge la voluntad nacional de los mexicanos y da sustento a nuestro Estado de derecho. La Constituci�n ... se�ala las pautas para avanzar en la democracia hacia la convivencia justa y segura que todos anhelamos y expresa nuestra voluntad de mantener la unidad de la R.�blica en un pacto federal que garantice a sus integrantes, F.�n, Estados y Municipios, una vida justa y arm�nica. ...

    "Debemos fortalecer el Estado de derecho que otorgue certidumbre a todos y permita la m�s cabal expresi�n de las potencialidades de cada quien y de la sociedad en su conjunto. Fortalecer el Estadode derecho requiere mejores instrumentos para asegurar la plena vigencia de nuestra Constituci�n, mayor capacidad para aplicar la ley, sancionar a quienes la violan y dirimir las controversias. Los mexicanos queremos un Estado de derecho que asegure una convivencia civilizada, arm�nica y pac�fica, un Estado que haga de la norma jur�dica el sustento de la cohesi�n social y de la suma de nuestros esfuerzos. ...

    "... En la Suprema Corte de Justicia la voluntad popular ha depositado la funci�n fundamental de mantener el equilibrio entre los Poderes de la Uni�n, dirimiendo las controversias que pudieran suscitarse entre el Ejecutivo y el Legislativo. As� tambi�n, la Suprema Corte es depositaria del supremo mandato de velar por la uni�n de la R.�blica, dirimiendo las controversias entre Estados, Municipios, el Distrito F. y la F.�n. En la Suprema Corte reside asimismo el mandato de asegurar a los individuos que todo acto de autoridad se apegue estrictamente al orden que la Constituci�n consagra. De ah� que un r�gimen de plena vigencia del Estado de derecho y un sistema de administraci�n de justicia y seguridad p�blica justo y eficiente, requiere de un Poder Judicial m�s independiente y m�s fuerte. ...

    "Consolidar a la Suprema Corte como tribunal de constitucionalidad exige otorgar mayor fuerza a sus decisiones, exige ampliar su competencia para emitir declaraciones sobre la constitucionalidad de leyes que produzcan efectos generales, para dirimir controversias entre los tres niveles de gobierno y para fungir como garante del federalismo. Al otorgar nuevas atribuciones a la Suprema Corte, se hace necesario revisar las reglas de su integraci�n a fin de facilitar la deliberaci�n colectiva entre sus miembros, asegurar una interpretaci�n coherente de la Constituci�n, permitir la renovaci�n peri�dica de criterios y actitudes ante las necesidades cambiantes del pa�s, y favorecer el pleno cumplimiento de su encargo. ...

    "Esta iniciativa de reformas a la Constituci�n forma parte de un conjunto de acciones que fortalecer�n el orden p�blico y la seguridad individual, familiar y patrimonial. Se trata de una reforma profunda que parte de la voluntad de los mexicanos de vivir en un Estado fundado en la soberan�a nacional, la democracia, la divisi�n de poderes, el federalismo y el respeto a las garant�as individuales. Su objetivo �ltimo es el fortalecimiento del equilibrio de poderes y del Estado de derecho. ...

    "Las controversias constitucionales.

    "El art�culo 105 del texto original de la Constituci�n le otorga competencia exclusiva a la Suprema Corte de Justicia para conocer de las controversias que se susciten entre dos o m�s Estados, entre uno o m�s Estados y el Distrito F., entre los poderes de un mismo Estado y entre �rganos de gobierno del Distrito F. sobre la constitucionalidad de sus actos. Los mencionados supuestos del art�culo 105 no prev�n muchos de los conflictos entre los �rganos federales, estatales y municipales que la realidad cotidiana est� planteando.

    "Una de las demandas de nuestros d�as es la de arribar a un renovado federalismo. Ello hace indispensable encontrar las v�as adecuadas para solucionar las controversias que en su pleno ejercicio pueda suscitar. Por este motivo, se propone la modificaci�n del art�culo 105 a fin de prever en su fracci�n primera las bases generales de un nuevo modelo para la soluci�n de las controversias sobre la constitucionalidad de actos que surjan entre la F.�n y un Estado o el Distrito F., la F.�n y un Municipio, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Uni�n, aqu�l y cualquiera de las C�maras de �ste o, en su caso la C.�n Permanente, sea como �rganos federales o del Distrito F., dos Estados, un Estado y el Distrito F., el Distrito F. y un Municipio, dos Municipios de diversos Estados, dos poderes de un mismo Estado, un Estado y uno de sus Municipios, y dos �rganos del Distrito F. o dos Municipios de un mismo Estado. ...

    El gran n�mero de �rganos legitimados por la reforma para plantear las controversias constitucionales es un reconocimiento a la complejidad y pluralidad de nuestro sistema federal. Todos los niveles de gobierno ser�n beneficiados con estas reformas. ...

    Por su parte, la exposici�n de motivos de la iniciativa correspondiente a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n F., publicada en el Diario Oficial de la F.�n el once de mayo de mil novecientos noventa y cinco, informa lo siguiente:

    "...

    "Mediante los procedimientos de controversia constitucional y de acciones de inconstitucionalidad ser� posible garantizar plenamente la supremac�a de la Constituci�n de una manera general, y no como hasta ahora hab�a acontecido en nuestro orden jur�dico, s�lo por la v�a del juicio de amparo en el caso de la violaci�n de garant�as individuales. ...

    "Debido a la variedad de posibilidades de control de constitucionalidad que se abrieron con la reforma y a las importantes atribuciones con que para resolverlas cuenta la Suprema Corte de Justicia, cabe afirmar que la misma se ha constituido en un aut�ntico tribunal constitucional. Ello redunda, necesariamente, en el fortalecimiento del Estado de derecho y en el desarrollo del r�gimen federal que los mexicanos estamos empe�ados en consolidar. En efecto, desde el momento en que la Suprema Corte de Justicia cuenta con nuevas atribuciones para revisar la regularidad de las normas establecidas por los poderes u �rganos p�blicos la actuaci�n de esos poderes u �rganos se somete de un modo preciso al derecho y, particularmente, a nuestra Constituci�n Pol�tica. ..."

    D. texto de las anteriores iniciativas se desprende que el Constituyente Permanente, al dotar a esta Suprema Corte de facultades para resolver los conflictos que se pudieran suscitar entre los �rdenes jur�dicos parciales, con tal determinaci�n le asign� el car�cter de tribunal constitucional para realizar el control de la regularidad respecto de actos de poder e imperio, que si bien tienen una connotaci�n pol�tica, tambi�n producen efectos en el sistema jur�dico nacional, que son susceptibles de afectar a los habitantes de cada uno de los �rdenes parciales sobre los que se ejerce ese control.

    De este modo, en el ejercicio del control constitucional no es la connotaci�n pol�tica del acto de poder el problema central de la hermen�utica que debe realizarse, pues partiendo del hecho de que el texto constitucional refleja un sistema de valores que en ocasiones pueden presentar ambig�edades, f�rmulas gen�ricas de contenido indeterminado o muy discutibles e incluso contradictorias, el �rgano de control est� llamado a actualizar e integrar los valores imperantes en la Constituci�n, salvaguardando el lugar en que se encuentran dentro del sistema jur�dico nacional, pues ser� siempre la decisi�n del tribunal constitucional una opci�n jur�dica, aun cuando tenga un contenido pol�tico, pues la resoluci�n siempre tendr� que emitirse y apegarse al derecho primario.

    Con lo anterior queda satisfecho tambi�n el prop�sito del Constituyente Permanente y del legislador ordinario de fortalecer el federalismo mexicano, que supone la uni�n de diversas entidades para adquirir una mayor fuerza pol�tica, sin que dicha uni�n importe renuncia alguna a su autonom�a, que es denominada por el art�culo 40 de la Constituci�n como "soberan�a interna", cuyo ejercicio, se reitera, debe ce�irse necesariamente al marco normativo establecido en la Carta Magna F., por lo que dejar fuera del control a alguno de los actos previstos en los medios relativos bajo el cobijo de una malentendida autonom�a o soberan�a estatal, permitir�a la subsistencia de actuaciones arbitrarias que si bien inciden en los diversos niveles de gobierno, en �ltima instancia, a quienes afectan primordialmente es a los habitantes de ellos, que son quienes resienten las consecuencias jur�dicas de una decisi�n o acto de connotaci�n pol�tica a cargo de las entidades de poder.

    Sentadas las premisas anteriores y retomando el caso concreto, debe recordarse que la Constituci�n ha establecido las bases del Municipio Libre que deben ser respetadas por las legislaturas y autoridades estatales, dejando a su autonom�a interna decidir jur�dicamente sobre las cuestiones de su competencia, siempre respetando los postulados establecidos en la Constituci�n.

    Asimismo, debe realizarse un an�lisis de los criterios sustentados por este Alto Tribunal al resolver previas controversias constitucionales entre Estados y sus Municipios.

    As�, en la controversia constitucional n�mero 3/93, resuelta en sesi�n de seis de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, que fue planteada por el presidente municipal, secretario y s�ndico segundo del Ayuntamiento de San Pedro Garza G.�a, Nuevo Le�n, en contra del Congreso, gobernador y secretario de la Contralor�a General, de dicha entidad federativa, en donde se hizo valer la incompetencia de este Alto Tribunal, apoy�ndose en el hecho de que, conforme a lo dispuesto en el art�culo 8o. de la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica Municipal del Estado de Nuevo Le�n, respecto de las controversias que se presentaran entre un Municipio y el propio Estado o entre Municipios, tocaba conocer a la Legislatura L., y toda vez que el Municipio demandante se hab�a sometido a la jurisdicci�n del Congreso del Estado y este �ltimo resolvi� mediante decreto de fecha cinco de octubre de mil novecientos noventa y tres, resultaba incongruente que se ocurriera ante la Suprema Corte para dirimir el conflicto.

    En la resoluci�n correspondiente -foja 326-, el Pleno sostuvo que el art�culo octavo de la citada ley org�nica, visto a la luz de los art�culos 105, 115 y 124 de la Constituci�n F., permit�a considerar que cuando se refer�a a "controversias de cualquier �ndole", la intervenci�n de la Legislatura L. se limitaba a aquellas cuestiones que surgieran por violaciones o afectaciones en detrimento de la Constituci�n Estatal, de leyes locales o de disposiciones municipales, empero, no pod�a referirse a las controversias donde el Municipio planteara violaciones a preceptos constitucionales de orden federal, de lo que se desprend�a la competencia de la Suprema Corte para conocer de la controversia planteada, en este aspecto, por estar en el supuesto del art�culo 105 de la Constituci�n F., en su texto anterior a las reformas que entrar�an en vigor el 1o. de enero de 1995, en cuanto ya reservaba a este Alto Tribunal el conocimiento de las controversias que se suscitaran sobre cuestiones relacionadas con la Constituci�n F..

    En dicha resoluci�n -foja 351-, �nicamente se atendi� a los conceptos de invalidez que se refer�an a violaciones a la Constituci�n F., y no as� a las que importaban transgresiones a la Constituci�n L., por no trascender �stas al �mbito constitucional federal.

    Asimismo, este Tribunal Pleno, en sesi�n de veintid�s de febrero de mil novecientos noventa y nueve, emiti� resoluci�n en la controversia constitucional n�mero 32/97, planteada por el Ayuntamiento del Municipio de Valle de Bravo, Estado de M�xico, en que se demand� la invalidez de la solicitud de revocaci�n y resoluci�n en tal sentido, respecto del mandato del presidente municipal de dicho Ayuntamiento, por haber considerado que tal solicitud violaba la autonom�a municipal y transgred�a los art�culos 115, fracci�n I, p�rrafo �ltimo, y 133 de la Constituci�n F..

    En virtud de lo anterior, se determin� que el origen del acto materia de la controversia, fue la solicitud de revocaci�n del mandato del presidente municipal por haber convocado a sesi�n de Cabildo al s�ndico y a varios regidores suplentes (lo que motiv� que los propietarios, al estimar que ese acto se traduc�a impl�citamente en una destituci�n, acudieran a inconformarse al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y al gobernador del Estado) por lo que el problema de fondo del asunto se centr� en determinar si el presidente municipal, al emitir dicha convocatoria, incurri� en faltas graves que ameritaran la revocaci�n de su mandato.

    En relaci�n a todos los actos reclamados, las demandadas adujeron que la actora plante� violaciones al marco jur�dico estatal y no a la Constituci�n F., estimando que la controversia resultaba improcedente de acuerdo con lo dispuesto por los art�culos 105, fracci�n I, inciso i), de la Constituci�n y 19, fracci�n VIII, de la ley reglamentaria del art�culo 105 constitucional, argumento que fue desestimado porque se consider� que exist�a un planteamiento de violaci�n al art�culo 115 del primer ordenamiento, procediendo a examinar el fondo de la controversia y concluir que se configuraba la violaci�n aducida, en cuanto a que la Legislatura L. indebidamente admiti� a tr�mite la solicitud del gobernador y la declar� fundada con posterioridad, aun cuando los actos realizados por el presidente municipal no se ubicaban en las hip�tesis que la L.O.�nica Municipal del Estado de M�xico establece como causas graves que pueden dar lugar a la revocaci�n del mandato y que son las �nicas que la Constituci�n F. se�ala para que el Congreso del Estado pueda proceder a dicha revocaci�n.

    De lo anterior se desprende que la violaci�n que se adujo afect� directamente a uno de los elementos esenciales de los Municipios como es su �rgano de gobierno, que por mandato constitucional, debe ser producto de elecciones y s�lo puede ser modificado en los t�rminos que el propio art�culo 115 establece como facultad excepcional de las Legislaturas L.es consistente, entre otras, en la de revocar el mandato de alguno de los miembros del Ayuntamiento por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, por lo que si la misma Constituci�n remite a la ley local para la determinaci�n de las causas graves, para analizar si la Legislatura Estatal se apeg� al precepto constitucional, fue necesario examinar si los hechos que dieron lugar a la determinaci�n de revocaci�n del mandato, colmaban las hip�tesis consagradas en la norma secundaria.

    En estas condiciones, el planteamiento realizado tanto en la demanda inicial, como en su ampliaci�n, se relacion� con la violaci�n al art�culo 115 constitucional, en la parte se�alada, aunque para su estudio debi� analizarse la adecuaci�n de la actuaci�n del Congreso a la L.O.�nica Municipal, pues ello result� indispensable para la determinaci�n de la existencia de la violaci�n constitucional aducida.

    As�, se se�al� que el art�culo 115, establece, en su fracci�n I, primera parte, una de las prerrogativas b�sicas del Municipio y que es una clara expresi�n de democracia, a saber, que "ser� administrado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa". En la propia fracci�n, en su p�rrafo tercero, previene una situaci�n excepcional que da lugar a un mecanismo para suspender Ayuntamientos, declarar que han desaparecido y suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros. Esto significa que frente al principio democr�tico aludido, el propio texto constitucional previene una excepci�n.

    De lo anterior resulta que la conclusi�n anterior implicaba que es una prerrogativa de los Municipios consignada en la Constituci�n F., que cuando se d� el caso de excepci�n especificado, se haga dentro del estricto marco se�alado en la norma fundamental, que hace una remisi�n a la ley local en cuanto a la determinaci�n de las causas graves que pueden dar lugar a la decisi�n de la legislatura. De ah� que cuando se cuestiona la decisi�n de una legislatura consistente en revocar el mandato de un presidente municipal, se tenga que analizar la adecuaci�n a lo dispuesto en la ley local, pero ello no constituye propiamente una cuesti�n de legalidad, sino de constitucionalidad, puesto que, como se ha dicho, ese requisito emana de modo directo del art�culo 115 de la Constituci�n.

    En la soluci�n descrita, el Tribunal Pleno consider� que no se trataba de entrar al estudio de una cuesti�n de legalidad, sino de constitucionalidad, dado que la propia Constituci�n F. se�alaba la excepci�n al principio democr�tico referente a que el Municipio ser�a administrado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa, como lo es el de revocar el mandato de alguno de sus miembros por alguna de las causas graves que la ley local prevenga.

    Por otro lado, cabe resaltar que este Alto Tribunal tambi�n ha sostenido que es procedente el estudio de los argumentos en que se aduzcan violaciones indirectas a la Constituci�n F., relacionadas con disposiciones secundarias, siempre que, de resultar fundadas, sean aptas para provocar la invalidaci�n del acto impugnado, lo cual se traduce en que, en esta instancia, puede verificarse el procedimiento de formaci�n del acto impugnado, para determinar si se dio o no cumplimiento a las formalidades esenciales previstas en la normatividad que lo origina y que por su inobservancia, por v�a de consecuencia, resultar�an transgresoras de alg�n dispositivo de la Constituci�n F. que prevenga tales formalidades, siendo que, de no ser as�, proceder� decretar su nulidad, ante la falta de observancia de esos requisitos formales.

    La jurisprudencia 23/97, visible en el Semanario Judicial de la F.�n, Tomo V, correspondiente a abril de 1997, p�gina 134, es la tesis que contiene el razonamiento sobre la procedencia del examen de violaciones indirectas de naturaleza formal, a la luz de lo estatuido por el art�culo 16 constitucional, de la manera siguiente:

    CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE EST�N VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON EL ACTO O LA LEY RECLAMADOS.-Resulta procedente el estudio del concepto de invalidez invocado en una controversia constitucional, si en �l se alega contravenci�n al art�culo 16 de la Constituci�n F., en relaci�n con otras disposiciones, sean de la Constituci�n L. o de leyes secundarias, siempre que est�n vinculadas de modo fundamental con el acto o la ley reclamados, como sucede en el caso en el que se invocan transgresiones a disposiciones ordinarias y de la Constituci�n L. dentro del proceso legislativo que culmin� con el ordenamiento combatido que, de ser fundadas, lo invalidar�an. Lo anterior es acorde con la finalidad perseguida en el art�culo 105 de la Carta Magna, de someter a la decisi�n judicial el examen integral de validez de los actos impugnados.

    En los argumentos que sustentaron el criterio anterior, este Tribunal Pleno estableci� que la conclusi�n a que se lleg� obedec�a al hecho de que la apertura en el examen de conceptos de invalidez propiamente de legalidad, estaba autorizado por la finalidad de decisi�n judicial en cuanto al an�lisis integral de la validez del acto impugnado, tal y como sucede cuando se aducen transgresiones ocurridas durante el proceso legislativo, previo a la formaci�n de la norma.

    Lo anterior revelaba que, en las controversias constitucionales, lo estrechamente vinculado a lo constitucional, cuando no se trate de disposiciones de la parte org�nica que regulen expresamente la relaci�n entre entes de poder o sus atribuciones, deb�a circunscribirse �nicamente a lo relacionado con las formalidades que prev� la Carta Magna para la validez de todo acto de autoridad, como por ejemplo, si durante la formaci�n del acto se siguieron las formalidades esenciales requeridas por el procedimiento, si fue emitido por una autoridad competente o si est� fundado y motivado.

    Una nueva reflexi�n y an�lisis de los criterios rese�ados, confrontada con la finalidad de la reforma constitucional vigente a partir de mil novecientos noventa y cinco, consistente en fortalecer el federalismo y erigir a esta Suprema Corte como tribunal constitucional, garante de la supremac�a de la Carta Magna, lleva a apartarse de las tesis que ha venido sosteniendo, en las quese soslaya el an�lisis de conceptos de invalidez que no guarden una relaci�n directa e inmediata con preceptos o formalidades previstos en la Constituci�n F., por las razones que a continuaci�n se exponen.

    Partiendo de la base de que una de las finalidades del control constitucional consiste en dar unidad y cohesi�n a los diferentes �rdenes jur�dicos parciales, en las relaciones de las entidades u �rganos de poder que las conforman, tal situaci�n justifica que una vez que en el texto de la Constituci�n se ha consagrado un medio de control para dirimir conflictos entre dichos entes, dejar de analizar ciertas argumentaciones s�lo por sus caracter�sticas formales o su relaci�n mediata o inmediata con la norma fundamental, producir�a, en numerosos casos, la ineficacia del medio de control de que se trate, impidiendo salvaguardar la armon�a y el ejercicio pleno de las libertades y competencias de cada uno de ellos.

    En efecto, de acuerdo con las iniciativas de las reformas constitucional y legal que quedaron transcritas con anterioridad, lo que se pretende es que la Suprema Corte de Justicia sirva como baluarte en la defensa del Estado de derecho, pues si las controversias constitucionales se instituyeron como un medio de defensa entre poderes y �rganos de poder, cuyo sentido final es lograr el bienestar de la poblaci�n que se encuentra bajo el imperio de aqu�llos, resultar�a contrario al prop�sito se�alado, as� como al fortalecimiento del federalismo, cerrar la procedencia del citado medio de control por interpretaciones t�cnicas, lo que impl�citamente podr�a autorizar arbitrariedades que redundar�an en la transgresi�n del orden constitucional que se pretende salvaguardar.

    Conviene destacar que la afirmaci�n contenida en el p�rrafo anterior de que si bien las controversias constitucionales se instituyeron como un medio de defensa entre poderes y �rganos de poder, su sentido final es lograr el bienestar de la poblaci�n que se encuentra bajo el imperio de aqu�llas, encuentra claro sustento en el an�lisis relacionado en todos los preceptos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

    El t�tulo primero, que comprende sus primeros veinticuatro art�culos se ocupa de las garant�as individuales que constituyen una barrera infranqueable para todas las autoridades que, de violentarlos, podr�n ser se�aladas como responsables en un juicio de amparo que promueva un gobernado que estime que se incurri� en esa arbitrariedad, todo ello, con fundamento en el art�culo 107 de la Constituci�n. En el art�culo 16 se establece la garant�a de legalidad que exige que las autoridades s�lo puedan hacer lo que la ley les permite, lo que significa que no pueden actuar fuera de su competencia. En el art�culo 14 se previene la garant�a de debido proceso legal, lo que obliga a cumplir con los procedimientos que las leyes establezcan antes de emitir una resoluci�n que pueda producir una afectaci�n.

    Vinculados con estos principios se encuentran los art�culos 39, 40, 41 y 49 de la propia Carta Fundamental. En el primero se reconoce el principio de soberan�a popular, conforme al cual todo poder p�blico dimana del pueblo y se constituye para beneficio de �ste. En el segundo, se previene que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una R.�blica representativa, democr�tica, federal, compuesta por Estados libres y soberanos. En el tercero, se precisa que el pueblo ejerce su soberan�a por medio de los Poderes de la Uni�n, en los casos de la competencia de �stos y por los de los Estados en lo que toca a sus reg�menes interiores, regul�ndose en su parte restante los principios de derecho electoral que tienden a salvaguardar el ejercicio de la democracia. En el cuarto, finalmente, se reconoce el principio de la divisi�n de poderes, t�cnica de car�cter jur�dico-pol�tico que busca evitar la concentraci�n del poder y a trav�s del equilibrio de los tres poderes -Legislativo, Ejecutivo y Judicial- logra el control y limitaci�n rec�proca entre ellos.

    En los art�culos 115 y 116 se consagra el Municipio Libre como base de la divisi�n territorial y de la organizaci�n pol�tica y administrativa de los Estados, reconoci�ndoles a aqu�llos prerrogativas espec�ficas y estableciendo a dichos Estados su marco jur�dico de actuaci�n.

    De acuerdo con este esquema de car�cter constitucional, que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n debe salvaguardar, siempre se encuentra latente e impl�cito el pueblo y sus integrantes, que constituyen el sentido y raz�n de ser de las partes org�nica y dogm�tica de la Constituci�n, lo que justifica ampliamente que los mecanismos de control constitucional que previene, entre ellos las controversias constitucionales, deben servir para salvaguardar el respeto pleno del orden primario, sin que pueda admitirse ninguna limitaci�n que pudiera dar lugar a arbitrariedades que en esencia ir�an en contra del pueblo soberano.

    De acuerdo con el panorama descrito, aun cuando la materia fundamental sobre la que versen las decisiones de las controversias constitucionales se relacionen con actos de car�cter pol�tico, si su expresi�n tiene tambi�n una connotaci�n jur�dica, son susceptibles de ser examinados por esta Suprema Corte de Justicia, dado que por la naturaleza total que tiene el orden constitucional, en cuanto tiende a establecer y proteger todo el sistema de un Estado de derecho, su defensa a trav�s de los medios de control de su regularidad debe ser tambi�n integral, independientemente de que pueda tratarse de la parte org�nica o la dogm�tica de la N.S., sin que se pueda parcializar este importante ejercicio por meras construcciones interpretativas.

    Ciertamente, la doctrina ha establecido que las garant�as individuales benefician, en su car�cter de derechos p�blicos subjetivos, a los gobernados, quienes pueden oponerlos a los actos de autoridad; sin embargo, las prevenciones constitucionales que establecen esas normas fundamentales generales disponen tambi�n obligaciones que deben cumplir las autoridades en su actuar, siendo que no existe raz�n jur�dica para dejar de requerirlas cuando su destinatario sea otra autoridad, �rgano o ente de poder, perteneciente al mismo u otro orden jur�dico parcial, pues basta con que el acto de que se trate sea susceptible de afectar el ejercicio competencial de la entidad para que este Alto Tribunal pueda determinar, sin cortapisas y en su integridad, su apego al Estado de derecho, lo que se traduce en la salvaguarda de la supremac�a constitucional, como orden jur�dico total.

    Llevando los razonamientos expuestos al caso que se examina, es de concluirse que cuando una legislatura dirime un conflicto de l�mites entre Municipios, respetando siempre los principios contenidos en la Constituci�n F., ejercita plenamente su autonom�a, ejercicio que es susceptible de examen integral por esta Suprema Corte para evitar arbitrariedades, pues de lo contrario se podr�a estar reconociendo y autorizando impl�citamente la comisi�n de infracciones a la N.S., violaciones que no ser�an susceptibles de purgarse con posterioridad.

    Efectivamente, declarar la improcedencia de la controversia constitucional, bajo la �ptica de que examinar cualquier acto proveniente de la Legislatura Estatal para con sus Municipios, vulnerar�a la autonom�a local, en virtud de que en esta clase de conflictos s�lo son susceptibles de estudio los aspectos sobre invasi�n de esferas competenciales o de cuestiones meramente formales, conducir�a pr�cticamente a derogar el art�culo 105, fracci�n I, inciso i), de la Constituci�n, puesto que solamente reducir�a la procedencia y examen de fondo en las controversias constitucionales a un reducido n�mero de supuestos, con lo que quedar�an soslayadas del control, hip�tesis que pudieran presentarse en las relaciones pol�ticas entre Estados y Municipios, en que las autoridades estatales, teniendo facultades constitucionales para realizar actos que inciden sobre la esfera de atribuciones de las autoridades municipales y cubriendo los requisitos formales previstos en la Constituci�n F., cometan arbitrariedades o emitan actos incongruentes que redundan en la desarmon�a y desajuste del orden normativo del orden jur�dico parcial estatal.

    De este modo, de admitir la opini�n contraria a la que en esta resoluci�n se sustenta, quedar�a cumplido, s�lo en apariencia, el principio de autonom�a interna (soberan�a) de las entidades federativas, pues se permitir�a que las autoridades estatales incumplieran con la obligaci�n de respetar los postulados de la Carta Magna F., deber impuesto precisamente a los Estados por el art�culo 40 de dicho ordenamiento.

    En efecto, si como se ha establecido, el control ejercido por la Suprema Corte es una funci�n constitucional, derivada directamente de las normas constitucionales, siendo su materia la totalidad de los actos autoritarios federales y locales enumerados en el art�culo 105, fracci�n I, constitucional, cuya finalidad consiste en preservar los dos principios que sustentan las relaciones jur�dicas y pol�ticas de los �rdenes jur�dicos parciales se�alados con anterioridad, a saber, salvaguardar el federalismo y la supremac�a constitucional, no debe existir una limitante conceptual para examinar los aspectos propuestos como conceptos de invalidez, porque la actualizaci�n de una arbitrariedad, cualquiera que sea su connotaci�n, al incidir en la armon�a en la relaci�n entre entidades de diferentes �rdenes jur�dicos parciales, u �rganos pertenecientes a uno de ellos, provoca el desajuste de todo el orden jur�dico total, cuyo fortalecimiento es el objetivo de este medio de control, en detrimento de los gobernados a los que, en esencia, se trata de servir.

    Por todo lo expresado en el presente considerando, procede concluir que esta Suprema Corte de Justicia no s�lo se encuentra autorizada por la Constituci�n para examinar cualquier planteamiento propuesto como concepto de invalidez en las controversias constitucionales, sino que tiene el deber de hacerlo para responder con fidelidad a la responsabilidad que se le ha conferido, de vigilar celosamente a trav�s de los diferentes medios de control de rango constitucional, que el orden supremo que la Constituci�n previene no sea vulnerado.

    Con base en todas las consideraciones expuestas debe desestimarse la causa de improcedencia propuesta y se procede a continuaci�n a examinar los argumentos que en la especie hace valer el Ayuntamiento actor.

S�PTIMO

De entre los conceptos de invalidez aducidos por el Ayuntamiento actor destacan sus argumentos en el sentido de que la opini�n impugnada transgrede lo dispuesto en los art�culos 16 y 115 de la propia Carga Magna, porque el director general de G.�n y presidente de la C.�n de L�mites del Estado de M�xico carece de competencia para emitir opiniones en materia de l�mites territoriales, y con su determinaci�n de que el Municipio de Tultepec ajuste sus actos a la delimitaci�n contenida en el oficio impugnado, pretende privar a esa entidad de su derecho de gobierno sobre el citado territorio, sin existir resoluci�n definitiva de la Legislatura Estatal que as� lo establezca.

Con el prop�sito de examinar los anteriores planteamientos de inconstitucionalidad, se tiene presente, en primer lugar, que de conformidad con lo expresado en el considerando quinto de esta resoluci�n, la Legislatura del Estado de M�xico es la autoridad competente para resolver los conflictos de l�mites territoriales que se susciten entre los Municipios de la entidad.

Asimismo, resulta necesario atender a las disposiciones que regulan la actuaci�n a cargo de la C.�n de L�mites del Estado de M�xico y de su presidente, a la fecha de emisi�n del oficio impugnado, contenidas en el acuerdo del Ejecutivo de la entidad que modifica el diverso por el que se cre�, publicado en la Gaceta del Gobierno del veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y ocho:

"Art�culo 1o. La C.�n de L�mites del Estado de M�xico es un �rgano t�cnico y de consulta del Poder Ejecutivo en materia de conservaci�n y demarcaci�n de los l�mites del Estado y sus Municipios."

"Art�culo 2o. Para el cumplimiento de su objetivo, la C.�n de L�mites del Estado de M�xico tendr� las atribuciones siguientes:

"I. Emitir opini�n t�cnica sobre la extensi�n y l�mites del Estado y de sus Municipios;

"II. Recomendar al Ejecutivo del Estado soluciones a los problemas que se susciten en materia de l�mites, entre el Estado con otras entidades federativas o entre sus Municipios;

"III. Promover la celebraci�n de convenios para resolver los problemas de l�mites del Estado con otras entidades federativas y entre sus Municipios;

"IV. Apoyar al Ejecutivo del Estado y a los Municipios en la elaboraci�n de convenios en materia de l�mites, que se celebren con otras entidades o entre sus Municipios;

"V. Preparar el expediente t�cnico que sirva de base para el arreglo de los l�mites del Estado con otras entidades federativas o entre sus Municipios, en los casos en que se planteen diferencias en esta materia, ante el Congreso de la Uni�n y la Legislatura del Estado de M�xico;

"... VII. Proponer medidas para vigilar y controlar la conservaci�n y demarcaci�n de los l�mites del Estado y sus Municipios;

"... X.C. comit�s y grupos de trabajo para el estudio de asuntos relacionados con el objetivo de la comisi�n ..."

"Art�culo 4o. El presidente de la comisi�n, tendr� las siguientes atribuciones:

"I.R. a la comisi�n;

"II. Presidir las sesiones;

"III. Someter a la comisi�n los asuntos que se presenten; y,

"IV. Las dem�s que sean necesarias para el cumplimiento de la comisi�n."

"Art�culo 10. La comisi�n se reunir� en sesiones ordinarias mensualmente y en extraordinarias en cualquier tiempo, por acuerdo del presidente o del coordinador general."

"Art�culo 11. Para que la comisi�n pueda sesionar, ser� necesaria la presencia del presidente o de quien legalmente lo sustituya y de la mitad m�s uno de sus miembros, cuando menos.

"La comisi�n tomar� sus acuerdos por consenso."

Seg�n puede observarse de los preceptos transcritos, la C.�n de L�mites del Estado de M�xico es un �rgano t�cnico y de consulta, con facultades para emitir opini�n t�cnica sobre l�mites entre los Municipios de la entidad, as� como para recomendar al Ejecutivo soluciones a los problemas que se susciten al respecto, entre las cuales se encuentra la suscripci�n de convenios y preparaci�n del expediente t�cnico, esto �ltimo cuando las diferencias se lleguen a plantear ante la Legislatura Estatal.

En consecuencia, se advierte que las atribuciones con que cuenta dicha comisi�n, al ser eminentemente de car�cter consultivo, no constituyen propiamente actos que, ejercidos dentro del marco normativo a que se ha hecho alusi�n, puedan producir afectaci�n a los Municipios y entes estatales con que se relacionan.

Por otra parte, del examen de los art�culos 4o., 10 y 11, que quedaron transcritos, se aprecia que el presidente de la C.�n de L�mites tiene facultades para representar a dicho �rgano de consulta, presidir sus sesiones y someter a ella los asuntos que se le presenten, los cuales deber�n ser desahogados por consenso mayoritario en las sesiones ordinarias o extraordinarias que al efecto se celebren. Lo anterior revela que las opiniones t�cnicas a cargo de la comisi�n deber�n ser emitidas de manera colegiada, sin que su presidente cuente con atribuciones jur�dicas para formularlas individualmente.

Sentado lo anterior, debe tenerse presente que de conformidad con las consideraciones expresadas en los considerandos cuarto y quinto de este fallo, el director general de G.�n emiti� el oficio que constituye el acto impugnado, transcrito a fojas 95 a 100, donde manifiesta opini�n respecto del aludido conflicto de l�mites, con base en los elementos de convicci�n con que contaba en ese momento, concluyendo que no se advert�a problema territorial alguno, dado que los l�mites pol�ticos entre los Municipios en disputa se encuentran claramente precisados y las zonas especificadas en el documento, constantes de 683-39-20 hect�reas, se ubican en la jurisdicci�n territorial del Municipio de T.�n, sin perjuicio de que las partes involucradas puedan ejercer sus derechos si as� lo consideraran conveniente, debiendo el Ayuntamiento actor limitar sus actos a los l�mites enunciados en dicha opini�n.

Ahora bien, con base en los antecedentes y preceptos normativos descritos, se llega a la conclusi�n, en primer lugar, de que la opini�n contenida en el oficio impugnado fue emitida en contravenci�n a lo que dispone el Acuerdo del Ejecutivo del Estado que modifica el diverso por el que se crea la C.�n de L�mites del Gobierno del Estado de M�xico, porque no fue expedida de manera colegiada y por consenso de los integrantes de esa comisi�n, sino que se emiti� a cargo exclusivamente de su presidente.

Cabe destacar, como ya se dijo, que la aludida opini�n, por s� misma, no generar�a afectaci�n alguna al inter�s del Ayuntamiento actor, al tratarse solamente de una aseveraci�n de car�cter t�cnico emitida por un �rgano consultivo, de no ser porque, en la parte final del oficio que la contiene, el director general de G.�n y presidente de la C.�n de L�mites, se�ala al Ayuntamiento de Tultepec que debe "limitar sus actos de autoridad estrictamente a los l�mites reconocidos oficialmente y enunciados en el cuerpo de la presente opini�n".

En efecto, la aseveraci�n descrita desnaturaliza el car�cter eminentemente consultivo de la opini�n emitida por el director general de G.�n y presidente de la C.�n de L�mites del Estado de M�xico, al transformar un acto de naturaleza t�cnica en una orden dirigida al Ayuntamiento actor para que se ajuste a las prevenciones y l�mites territoriales que se�ala el oficio impugnado, respecto de la cual carece de facultades la aludida comisi�n para su emisi�n, situaci�n que evidentemente afecta al Municipio de Tultepec, por referirse al espacio f�sico en conflicto con el de T.�n, sobre el que ambos afirman tener jurisdicci�n, sin haber llegado a un convenio o soluci�n que resuelva sus diferencias.

La conclusi�n anterior se refuerza atendiendo al contenido del art�culo 115, en su ep�grafe y fracci�n I, p�rrafo primero, de la Constituci�n F., que erigen como base de la divisi�n territorial y organizaci�n pol�tica del r�gimen interior de los Estados, al Municipio Libre, en los siguientes t�rminos:

"Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa, el Municipio Libre conforme a las bases siguientes:

I. Cada Municipio ser� administrado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa y no habr� ninguna autoridad intermedia entre �ste y el Gobierno del Estado.

La afectaci�n al Ayuntamiento actor es clara y actual con el oficio impugnado, pues al establecer, aparentemente, la inexistencia de un problema de l�mites, reconocer el territorio en disputa como perteneciente al Municipio tercero interesado y ordenar al primero ajuste sus actos a esa opini�n, pretende impedir que ejerza su autonom�a jur�dica e imperio pol�tico en dicha extensi�n territorial, respecto de la cual no existe todav�a decisi�n de la Legislatura Estatal (derivada de una controversia formal o de la aprobaci�n de un convenio entre los Ayuntamientos involucrados), que defina a cu�l de los Municipios debe pertenecer, con lo que se ve restringida su competencia constitucional como ente de administraci�n del Municipio, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 115, en las partes transcritas.

En tal virtud, dado que la opini�n impugnada fue emitida �nicamente por el director general de G.�n y presidente de la C.�n de L�mites del Estado de M�xico,siendo que la normatividad vigente al momento de su expedici�n requer�a que fuese el �rgano colegiado quien la emitiera, y en ella se contiene una orden para que el Ayuntamiento actor ajuste sus actos a los l�mites territoriales descritos en dicho oficio, desnaturalizando con esto su car�cter consultivo, sin facultades para hacerlo, debe concluirse que con dicho proceder la autoridad demandada actu� fuera del marco de sus atribuciones afectando la jurisdicci�n del Ayuntamiento actor, en contravenci�n con lo dispuesto en los art�culos 16 y 115 de la Constituci�n F., situaci�n que conduce a declarar su invalidez, con base en los conceptos propuestos sobre ese particular.

Al haber resultado fundados los conceptos de invalidez que se analizaron, es innecesario entrar al an�lisis de los restantes, ya que su estudio no variar�a el sentido de la presente resoluci�n. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis jurisprudencial consultable en la compilaci�n de 1995, Tomo VI, p�gina 113, por analog�a de las controversias constitucionales con el juicio de garant�as, cuando se concede el amparo por uno de los argumentos de inconstitucionalidad, que dice:

CONCEPTOS DE VIOLACI�N. CU�NDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.-Si el amparo que se concede por uno de los cap�tulos de queja, trae por consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es in�til decidir sobre �stos.

Por todo lo dicho en el presente y anteriores considerandos, procede sobreseer en el juicio respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando cuarto y, al resultar fundados los conceptos de invalidez propuestos por la parte actora, declarar la nulidad del oficio de veintiocho de julio de mil novecientos noventa y ocho, emitido por el director general de G.�n y presidente de la C.�n de L�mites del Estado de M�xico.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO

Se sobresee en la presente controversia constitucional respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando cuarto de esta resoluci�n.

SEGUNDO

Se declara la nulidad del acto emitido por el director general de G.�n y presidente de la C.�n de L�mites del Estado de M�xico, consistente en la opini�n contenida en el oficio de veintiocho de julio de mil novecientos noventa y ocho.

N.�quese, por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.

As�, lo resolvi� la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, funcionando en Pleno, por unanimidad de nueve votos de los se�ores Ministros: S.S.A.A., M.A.G.�itr�n, J.V.C. y C., J.D.R., G.I.O.M., H.R.P., O.M.�a S�nchez C., J.N.S.M. y presidente G.D.G.�ngora P.. S.� del sal�n el se�or Ministro Jos� de J.�s G.�o P.. No asisti� el se�or Ministro Jos� V.A.A.�n, previo aviso a la Presidencia.