Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 29072643

Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Localizacion:GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Mayo de 2004
RESUMEN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 61/2003. MUNICIPIO DE IXHUATLÁN DEL SURESTE, ESTADO DE VERACRUZ.CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, CUANDO HAYAN CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 61/2003. MUNICIPIO DE IXHUATL�N DEL SURESTE, ESTADO DE VERACRUZ.

MINISTRO PONENTE: G.D.G.P..

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAG�N.

M�xico, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al treinta de enero de dos mil cuatro.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO

Por oficio presentado en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, el veinticinco de agosto de dos mil tres, G.R.C.�as, quien se ostent� como s�ndico del Municipio de Ixhuatl�n del Sureste, Estado de Veracruz, en representaci�n de �ste, promovi� controversia constitucional en la que demand� la invalidez de la norma y el acto que m�s adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuaci�n se se�alan:

II. Las partes que emitieron el decreto impugnado, as� como de los actos de aplicaci�n: 1. La H. C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n. 2. C.P. Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 3. C.S. de G.�n. 4. C.S. de Hacienda y Cr�dito P�blico. Se se�alan como partes tambi�n: C.P. general de la Rep�blica, C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Veracruz, C.P. municipal de A., Veracruz, C.P. municipal de Coatzacoalcos, Veracruz, C.P. municipal de Cosamaloapan, Veracruz, C.P. municipal de Cosoleacaque, Veracruz, C.P. municipal de G.Z., Veracruz, C.P. municipal de M.�nez de la Torre, Veracruz, C.P. municipal de Nautla, Veracruz, C.P. municipal de P�nuco, Veracruz, C.P. municipal de Pueblo Viejo, Veracruz, C.P. municipal de Tecolutla, Veracruz. Poder Ejecutivo de la Naci�n, representado por el C.P. de los Estados Unidos Mexicanos, secretario de G.�n, H. Congreso de la Uni�n y secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico. ... IV. N. y actos cuya invalidez se reclaman y el medio oficial en que se public�. El art�culo 9o. A de la Ley de Coordinaci�n F. reformado mediante decreto presidencial y que en su oportunidad fuera publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el d�a catorce de julio del a�o dos mil tres.

SEGUNDO

En la demanda se se�alaron como antecedentes, los siguientes:

1. En julio de 1992 el H. Congreso de la Uni�n aprob� la iniciativa de adici�n a la Ley de Coordinaci�n F. con el art�culo 9o. A, en el que dispon�a que la Federaci�n, a trav�s de esta secretar�a, y los Estados y los Municipios en donde existan puentes de peaje operados por la Federaci�n, podr�an convenir en la creaci�n de fondos destinados a la construcci�n, mantenimiento, reparaci�n y ampliaci�n de obras de vialidad en los Municipios en que se ubiquen los puentes, con una aportaci�n de la Federaci�n, el Estado y el Municipio en montos iguales, sin que la primera excediera del 10% del monto total de los ingresos obtenidos por la operaci�n del puente de que se trate. 2. Con base en dicho fundamento, diversas entidades y Municipios celebraron convenios en la materia, los cuales redituaron beneficios significativos para dichos Municipios, trat�ndose de obras de vialidad. 3. En diciembre de 1995 el H. Congreso de la Uni�n aprob� la modificaci�n del art�culo 9o. A de la Ley de Coordinaci�n F., para establecer un incremento en el porciento m�ximo de aportaci�n de la Federaci�n de 10% a 25% de los ingresos brutos generados en cada puente; una nueva regla de concurrencia de recursos, de tal manera que por cada peso que aporte la Federaci�n el Estado, el Municipio o ambos, cuando as� lo acordaren, lo hagan con veinte centavos; una distribuci�n de la aportaci�n de la Federaci�n en partes iguales entre el Estado y el Municipio; la ampliaci�n del destino espec�fico de los recursos a la realizaci�n de obras de infraestructura o gasto de inversi�n y la condici�n de que aqu�llos no sean destinados al gasto corriente; y la factibilidad de extender los beneficios de los recursos federales a otros Municipios de la entidad, adem�s de aquel en que se ubique el puente de peaje. 4. Mi representada, H. Ayuntamiento constitucional y/o Municipio de Ixhuatl�n del Sureste, Veracruz, celebr� convenio con el Gobierno Federal por conducto de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, as� como de Caminos y P.F. de I.resos y Servicios Conexos, y el Gobierno del Estado, por el cual se instrument� la creaci�n y administraci�n de un fondo, derivado de lo dispuesto por el art�culo 9o. A de la Ley de Coordinaci�n F., en virtud de que dentro de la circunscripci�n territorial del Municipio se encuentra ubicado el puente federal de peaje denominado I.. A.D.J. (com�nmente conocido como ?Coatzacoalcos II?), y de esta manera gozar de los beneficios de la creaci�n y administraci�n de un fondo cuyos recursos y rendimientos tendr�an como destino espec�fico la construcci�n, mantenimiento, reparaci�n y ampliaci�n de obras de vialidad o, en su caso, la realizaci�n de obras de infraestructura o gasto de inversi�n. Lo anterior, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, que propuso impulsar un nuevo federalismo para fortalecer a los Estados y a los Municipios, y fomentar la descentralizaci�n y el desarrollo regional. 5. La aportaci�n de la Federaci�n del 25% (veinticinco por ciento) de los ingresos brutos generados por el puente federal de peaje Coatzacoalcos I vino suministr�ndose de esa manera a mi representada; mas es el caso que la presente reforma, que se se�ala como acto reclamado, agrega la palabra internacionales despu�s de la palabra puentes, para quedar de la siguiente manera: ?La Federaci�n, a trav�s de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, y los Estados y Municipios en donde existan puentes internacionales de peaje operados por la primera, podr�n convenir en crear fondos ...?, modificando la anterior redacci�n que dec�a: ?La Federaci�n, a trav�s de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, los Estados y los Municipios en donde existan puentes de peaje operados por la primera, podr�n convenir en crear fondos ...?; en consecuencia, se deja en estado de indefensi�n a los Municipios que no tienen puentes de peaje con el car�cter de internacionales.

TERCERO

Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:

Primero. El decreto que reforma el art�culo 9o. A de la Ley de Coordinaci�n F. hace nugatorio un derecho real del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixhuatl�n del Sureste, Veracruz, y lo priva de facto de un beneficio leg�timo y acorde a las necesidades de todos los Municipios, incluidos primariamente en el convenio de donde se deduce la controversia planteada; para robustecer la tesis sostenida por el suscrito, me permito hacer una interpretaci�n del art�culo 25 de la Constituci�n General de la Rep�blica, que a la letra se�ala, entre otros particulares: ?Art�culo 25. Corresponde al Estado la rector�a del desarrollo nacional para garantizar que �ste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberan�a de la naci�n y su r�gimen democr�tico y que, mediante el fomento del crecimiento econ�mico y el empleo y una m�s justa distribuci�n del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constituci�n. El Estado planear�, conducir�, coordinar� y orientar� la actividad econ�mica nacional, y llevar� al cabo la regulaci�n y fomento de las actividades que demande el inter�s general en el marco de libertades que otorga esta Constituci�n. Al desarrollo econ�mico nacional concurrir�n, con responsabilidad social, el sector p�blico, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad econ�mica que contribuyan al desarrollo de la naci�n. ... Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyar� e impulsar� a las empresas de los sectores social y privado de la econom�a, sujet�ndolos a las modalidades que dicte el inter�s p�blico y al uso, en beneficio general de los recursos productivos, cuidando su conservaci�n y el medio ambiente. ...?. El entorno y los extremos del numeral motivo de este apartado son claros en el sentido de que son parte medular en las normas que constituyen nuestra Ley Suprema, la que definitivamente establece el concepto de rector�a del Estado, en virtud de que define la facultad de planear, conducir, coordinar y orientar la actividad econ�mica nacional; asimismo, establece que la rector�a del desarrollo nacional debe garantizar que �ste sea integral, que fortalezca la soberan�a de la naci�n y su r�gimen democr�tico, mediante el fomento, el crecimiento econ�mico y el empleo, as� como una m�s justa distribuci�n del ingreso y la riqueza, acontecimientos que obviamente propiciar�n el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos en todas sus definiciones, grupos y clases sociales, cuya seguridad est� protegida por nuestra Carta Magna. En el primer p�rrafo del art�culo 25 se fijan los fines y las limitaciones del concepto de rector�a del desarrollo nacional que se atribuye al Estado. Se establece que el desarrollo debe ser integral; esto es, que debe atender los aspectos diversos del mismo, tanto los meramente econ�micos como los sociales, los culturales y los pol�ticos, debi�ndose entender este principio en conexi�n con el art�culo 3o. de la Constituci�n, que define a la democracia no solamente como una estructura jur�dica y un r�gimen pol�tico, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento econ�mico, social y cultural del pueblo; ahora, el car�cter integral de desarrollo debe entenderse tambi�n en el punto que abarque en conjunto a la poblaci�n y a toda la extensi�n del territorio nacional, en consecuencia de lo anterior, el decreto impugnado viola el principio de justicia que se contiene en este dispositivo, el cual, como se aprecia, dispone en lo general una raz�n de ser del Estado, es decir, es el rector del desarrollo nacional, misma rector�a que ejercer� mediante el fomento del crecimiento econ�mico y una distribuci�n m�s justa del ingreso y la riqueza; es cierto que dicho principio est� literalmente dirigido a buscar la justa distribuci�n de la riqueza e ingreso de los individuos, resulta evidente que tal principio le es aplicable al Estado, mismo que debe ser paradigma de los esquemas de justicia y bien com�n, lo cual es uno de sus fines; por tanto, es incuestionable que en sus actos, sobre todo los legislativos y los de mera rector�a de la vida nacional, la Federaci�n debe observar dicho principio de justicia, lo cual se traduce en dar a cada quien lo que le corresponde con base en principios �ticos y equitativos, de tal suerte que el decreto que se controvierte viola el esp�ritu del art�culo 25 sucinto en este apartado, pues carece de mecanismo alguno que le d� certeza jur�dica a los Municipios que no gocen del beneficio de tener, s�lo por un concepto, un puente internacional. Segundo. Como ya se ha se�alado y obra en los medios de convicci�n ofrecidos, desde el a�o de mil novecientos noventa y dos se recib�a el beneficio plasmado en el dispositivo de referencia, que anteriormente al decreto literalmente establec�a: ?Art�culo 9o. A. La Federaci�n, a trav�s de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, los Estados y los Municipios en donde existan puentes de peaje operados por la primera, podr�n convenir en crear fondos cuyos recursos se destinen a la construcci�n, mantenimiento, reparaci�n y ampliaci�n de obras de vialidad en aquellos Municipios donde se ubiquen dichos puentes o, en su caso, a la realizaci�n de obras de infraestructura o gasto de inversi�n, sin que en ning�n caso tales recursos se destinen al gasto corriente. La aportaci�n a los fondos mencionados se har� por el Estado, por el Municipio o, cuando as� lo acordaren, por ambos, en un 20% del monto que aporte la Federaci�n, sin que la aportaci�n de �sta exceda de un 25% del monto total de los ingresos que obtenga por la operaci�n del puente de peaje de que se trate. La aportaci�n federal se distribuir� en partes iguales entre el Estado y el Municipio correspondiente, destinando el Estado al mismo fin estos recursos en cualquiera de los Municipios de la entidad.?. Por otra parte, el numeral reformado, sustancialmente, qued� de la siguiente manera: ?Art�culo 9o. A. La Federaci�n, a trav�s de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, y los Estados y Municipios en donde existan puentes internacionales de peaje operados por la primera, podr�n convenir en crear fondos cuyos recursos se destinen a la construcci�n, mantenimiento, reparaci�n y ampliaci�n de obras de vialidad en aquellos Municipios donde se ubiquen dichos puentes o, en su caso, a la realizaci�n de obras de infraestructura o gasto de inversi�n, de impacto regional directamente en la zona donde se encuentre el cobro del peaje, sin que en ning�n caso tales recursos se destinen al gasto corriente. ...?. Es obvio que la privaci�n del ingreso se�alado en el art�culo reformado importa un serio perjuicio al Municipio que represento, y penosamente se reflejar� en un decrecimiento de las obras a desarrollar; asimismo, existe franca contravenci�n de la reforma cuya invalidez se pretende, entre otras disposiciones de ley, con el diverso 26 de nuestra Carta Magna que, sustancialmente, previene: ?Art�culo 26. El Estado organizar� un sistema de planeaci�n democr�tica del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la econom�a para la independencia y la democratizaci�n pol�tica, social y cultural de la naci�n. ...?. Significando que a consideraci�n del suscrito existe un quebrantamiento a diversos ordenamientos secundarios, como en este caso a la Ley de Planeaci�n que, en s�ntesis, es el ordenamiento jur�dico reglamentario del art�culo 26 constitucional, que precisa el marco normativo para la planeaci�n; encausa las actividades de la administraci�n p�blica federal y garantiza la participaci�n social en la integraci�n, instrumentaci�n, control y evaluaci�n del plan y los programas de desarrollo; fija las bases a las que se sujetar� la coordinaci�n de actividades entre el Ejecutivo Federal y las entidades federativas; precisa las atribuciones que en esta materia corresponden a las dependencias y entidades federativas dentro del sistema nacional de planeaci�n, y la obligaci�n de que ajusten sus programas al plan nacional de desarrollo. En particular, las estipulaciones de los art�culos 1o., 2o. y 3o. son: ?Art�culo 1o. Las disposiciones de esta ley son de orden p�blico e inter�s social y tienen por objeto establecer: ...?. ?Art�culo 2o. La planeaci�n deber� llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempe�o de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral del pa�s y deber� tender a la consecuci�n de los fines y objetivos pol�ticos, sociales, culturales y econ�micos contenidos en la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estar� basada en los siguientes principios: ...?. ?Art�culo 3o. Para los efectos de esta ley se entiende por planeaci�n nacional del desarrollo la ordenaci�n racional y sistem�tica de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulaci�n y promoci�n de la actividad econ�mica, social, pol�tica y cultural, tiene como prop�sito la transformaci�n de la realidad del pa�s, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constituci�n y la ley establecen. ...?. As� las cosas, resulta evidente que la multimencionada reforma al art�culo 9o. A es contradictoria a los extremos que particularmente cita el precitado art�culo 26 de la Constituci�n General de la Rep�blica, mismo que obliga al Estado a organizar un sistema de planeaci�n democr�tica del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la econom�a para la independencia y la democratizaci�n pol�tica, social y cultural de la naci�n. Asimismo, es menester resaltar que nuestro sistema pol�tico requiere forzosamente de la organizaci�n como instrumento fundamental, esto en atenci�n a que la sociedad actual es compleja en cuanto a su estructura, diversa en cuanto a sus necesidades y densa por naturaleza. Por ello, se hace indispensable el planteamiento de objetivos concretos a corto, mediano y largo plazo, as� como la definici�n correcta y l�gica de estrategias, objetivos y acciones para aplicar las medidas que hagan posible su realizaci�n. De tal suerte que no es posible cumplir y organizar a la colectividad con ataduras y restricciones, como en este asunto es la reforma taxativa que distingue la aportaci�n de fondos que se conten�a en el art�culo 9o. A antes de la reforma y ahora s�lo se circunscribe a los Estados y Municipios donde s�lo existan puentes internacionales. Esta excluyente inveros�mil, malamente, olvida que los habitantes y necesidades de los diferentes Estados y Municipios donde los puentes no son internacionales, son exactamente iguales a los lugares donde s� los hay, es decir, ahora por las simples caracter�sticas de una estructura un n�cleo de poblaci�n ser� perjudicado. �Cu�les son los elementos o razones que marcan la diferencia?, �Acaso unos gobernados tienen m�s o menos derechos que otros?, porque aqu� no se trata de la preferencia o no sobre algunos Estados o Municipios. En puridad, lisa y llanamente estamos ante la presencia de una afectaci�n, verbigracia el elemento de la solidez que se cita en el comentado art�culo 26 de nuestra Ley Suprema, que en la especie no es m�s que la firmeza y fuerza del proceso del crecimiento econ�mico, y se trata de que �ste no sea d�bil y que, por supuesto, tenga un buen sustento para hacer frente a las imperiosas necesidades de la poblaci�n en t�rminos generales y, en el caso a estudio, a las obras de construcci�n, mantenimiento, reparaci�n y ampliaci�n de obras de vialidad, en el entendido de que cada uno de estos rubros es de suma importancia para los habitantes de Ixhuatl�n del Sureste, Ver., y para mi representada en el presente juicio, bien por la plusval�a que adquieren los inmuebles con la construcci�n de una calle, por seguridad o la mejora de las condiciones econ�micas, o por el desarrollo colectivo, todo esto en atenci�n a que el fondo se destina como ya se ha dicho, a las obras de vialidad que refuerzan esa plusval�a y ese desarrollo. Tercero. La reforma decretada rompe con el principio elemental de la equidad, que requiere para su sano desarrollo de la congruencia con el valor de la justicia social en todos sus aspectos, porque finalmente ese es el fin de la Constituci�n General de la Rep�blica, ya que comprobado est� que la desigualdad s�lo genera la interrupci�n o debilitamiento del proceso de crecimiento financiero que pueden redundar en distorsiones y conflictos sociales, que finalmente pueden constituir una amenaza al orden general. En otro orden, no menos importante y atendiendo a la naturaleza del segundo p�rrafo del aludido art�culo 26 constitucional, no es v�lido que se soslayara con la reforma excluyente la planeaci�n, que de conformidad con los puntos claros y precisos de la norma tendr� que ser democr�tica y, de igual manera, deber� observar la participaci�n de los diversos sectores sociales; luego entonces, esta tesis s� es absoluta en cuanto a eliminar los planes autoritarios; no obstante lo anterior, la comentada reforma impide de inicio recoger cualquier aspiraci�n o demanda de la sociedad. Habida cuenta de todo lo anterior, huelga decir que el art�culo 115 constitucional es uno de los elementos m�s importantes del sistema pol�tico federal mexicano, y su estructura, entre otras, se encuentra integrada por disposiciones relativas a la relaci�n entre el Estado y el Municipio, en ese tenor, la fracci�n IV del art�culo en cuesti�n reza as�: ?Art�culo 115. ... IV. Los Municipios administrar�nlibremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: ... b) Las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. ...?. Aqu� es importante indicar que la participaci�n federal que se dedujo del art�culo 9o. A de la Ley de Coordinaci�n F. en el presupuesto de ingresos forma parte de los techos financieros contemplados por el Municipio de Ixhuatl�n del Sureste, Ver., evento que primariamente consta en el art�culo 18 del Decreto N�mero 482 de presupuesto de egresos para el Estado de Veracruz-Llave, correspondiente al ejercicio fiscal del dos mil tres, en donde, por supuesto, en cifras establecidas, se especifica qu� cantidad corresponde de participaciones federales para los Municipios, esto desde luego en t�rminos generales. Asimismo, es importante significar que si bien es cierto que el procedimiento para la obtenci�n de la participaci�n federal es bastante complejo, tal como se ha descrito en los antecedentes de esta controversia, tambi�n lo es que como bien se justifica plenamente con estados de cuenta y documentales privadas, medios de convicci�n que se adjuntan a este ocurso, en la anualidad que antecede mi mandante percibi� en total diversas remesas del Gobierno Federal por conducto de Caminos y P.F., que han ascendido a la cantidad de $3'863,030.00 (tres millones ochocientos sesenta y tres mil treinta pesos 00/100 M.N.), siendo indispensable destacar que a cambio de la participaci�n el Municipio de Ixhuatl�n del Sureste, Ver., realiz� sendas obras relativas a la construcci�n, mantenimiento, reparaci�n y ampliaci�n de obras de vialidad en cumplimiento a lo pactado en el acuerdo de voluntades que da origen a la creaci�n del fondo de donde emanan los recursos. Es el caso que se anex� el programa operativo anual de obras y elecciones Capufe 2003, en el que, de manera clara y espec�fica, se se�alaron de manera descriptiva las obras a realizar en el Municipio de Ixhuatl�n del Sureste, Ver., haciendo la aclaraci�n que dicho programa contiene, de igual manera, desglosadamente su respectiva estructura financiera, metas anuales y el n�mero de beneficiarios, resaltando que el total del monto de las obras es por la cantidad de $8'708,885.05 (ocho millones setecientos ocho mil ochocientos ochenta y cinco pesos 05/100 M.N.), evento que se acredita de manera fehaciente con las documentales que como probanza se exhiben con esta demanda para robustecer mi dicho; igualmente, se anexa como prueba, en original, el presupuesto de ingresos y egresos del Ayuntamiento de Ixhuatl�n del Sureste, Veracruz, para el a�o de dos mil tres, en el que se eval�a que en el rubro de la aportaci�n de la Federaci�n el monto a recibir y, en consecuencia, a ser utilizado en beneficio de la comunidad ser�a por la suma de $6'835,844.91 (seis millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 91/100 M.N.), este programa indiscutiblemente oblig� a mi poderdante a celebrar contratos de obra con constructoras de la localidad, respecto a la ejecuci�n de las acciones programadas. Con fecha once de agosto del presente a�o, por oficio 401-SIVE/-17021, emitido por la Tesorer�a de la Federaci�n, le comunic� al C. I.. I.H.N., presidente municipal de Ixhuatl�n del Sureste, Veracruz, que de acuerdo a la codificaci�n del art�culo 9o. A de la Ley de Coordinaci�n F. el Municipio que en autos represento, ten�a captado por concepto de peaje hasta el d�a 10 de junio de 2003 la cantidad de $1.00 (un peso 00/100 M.N.), correspondiente al recurso federal conforme al reporte emitido por la Tesorer�a de la Federaci�n; en raz�n de ello, se solicit� la realizaci�n de diversos tr�mites con el fin de poder consolidar el aludido fondo del programa Capufe a la brevedad posible y garantizar as� el �xito del programa, cuando lo verdadero es que el real contenido del comunicado en cuesti�n no es m�s que el corte de los ingresos que leg�timamente debieron ingresar al Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, ahora inexistentes por tan absolutista reforma, que por esta v�a se combate. Este acontecimiento revela que la municipalidad de Ixhuatl�n del Sureste, Veracruz, dejar� de percibir, en relaci�n con el programa operativo anual de obras de acciones, la cantidad de $2'972,814.91 (dos millones novecientos setenta y dos mil ochocientos catorce pesos 91/100 M.N.), am�n de esto, que no es m�s que un retroceso en el desarrollo justo y ecu�nime del Municipio, habr� que afrontar los compromisos contra�dos con las constructoras, merced a los contratos celebrados. Sentado lo anterior, considerando los antecedentes de esta controversia, la conducta desplegada por los demandados, consistente en el decreto que reforma el art�culo 9o. A de la Ley de Coordinaci�n F., ocasiona los perjuicios ya referidos e invariablemente tendr� las consabidas consecuencias en el �mbito social, por ello, deber� declararse la invalidez mediante la sentencia que tenga a bien emitir esa H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. Esto, en consideraci�n a que en el presente caso se violenta, precisamente, la garant�a que establece que en nuestro pa�s todo individuo gozar� de las garant�as que otorga la Constituci�n General de la Rep�blica, y que �stas no pueden ser suspendidas o restringidas, sino en los casos y condiciones establecidas por ella misma, tal como lo se�ala el art�culo primero de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que literalmente reza: ?Art�culo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozar� de las garant�as que otorga esta Constituci�n, las cuales no podr�n restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. ...?. Es decir, s�lo en ciertos casos espec�ficos y bajo ciertas condiciones es que pueden suspenderse o restringirse las garant�as que nuestra Carta Magna se�ala para garantizar el orden p�blico, la seguridad p�blica y jur�dica, as� como la paz social, que todo individuo o persona debe gozar para desarrollarse como persona y ser humano. Cabe precisar que desde el punto de vista jur�dico, el C�digo Civil del Estado, en sus art�culos 24, 25, 27 y 32, dispone que persona es el ser o la entidad capaz de tener derechos y obligaciones, que las �stas (sic) son f�sicas o morales y que es persona moral toda entidad a la que la ley reconoce personalidad jur�dica propia, distinta de la de sus componentes y, por �ltimo, que las personas morales son: la naci�n, los Estados y los Municipios; disposiciones que en t�rminos similares se encuentran redactadas en sus correlativos del C�digo Civil para el Distrito Federal en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia Federal. De lo anterior se desprende que el Municipio, como persona moral que es, goza de todas y cada una de las garant�as individuales que consagra nuestra Constituci�n M�xima; en atenci�n a ello, dichas garant�as tambi�n deber�n respetarse en los mismos t�rminos ah� descritos y restringirse o suspenderse en los casos y con las condiciones previstas para ello. S.�n que omite la presente reforma que se combate pues, como se ver� en los puntos siguientes, son varias las disposiciones constitucionales que no fueron observadas al aprobar, promulgar y publicar la reforma que modifica el art�culo 9o. A de la Ley de Coordinaci�n F., causando con ello perjuicio al inter�s social, al orden p�blico y al patrimonio de mi representada.

CUARTO

Los preceptos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos que se consideran violados son: 14, 25, 26 y 115, fracci�n IV.

QUINTO

Por acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil tres, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n tuvo por recibida la demanda de m�rito, orden� formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, correspondi�ndole el n�mero 61/2003, y design� como instructor al Ministro G.D.G.�ngora P., considerando que al mencionado Ministro se le turnaron las controversias constitucionales 59/2003 y 60/2003, expedientes entre los que existe conexidad.

Por auto de nueve de septiembre de dos mil tres, el Ministro instructor admiti� la demanda de controversia constitucional, orden� emplazar a las autoridades demandadas para que presentaran su contestaci�n y dar vista al procurador general de la Rep�blica para que manifestara lo que a su representaci�n correspondiera.

SEXTO

Resulta innecesario sintetizar las contestaciones de las autoridades demandadas, as� como la opini�n del procurador general de la Rep�blica, en atenci�n al sentido del presente fallo.

S�PTIMO

Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebr� la audiencia prevista en el art�culo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 Constitucional, en la que, en t�rminos del art�culo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relaci�n de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y, agotado el tr�mite respectivo, se puso el expediente en estado de resoluci�n.

OCTAVO

En atenci�n a la solicitud formulada por el Ministro ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n se acord� remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal para su radicaci�n y resoluci�n.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 105, fracci�n I, incisos b) e i), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracci�n I, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en relaci�n con el punto cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que se plantea un conflicto entre la Federaci�n, por conducto de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, el Estado de Veracruz, por conducto del Poder Ejecutivo, y el Municipio de Ixhuatl�n del Sureste, de la propia entidad, en la cual se estima que no es necesaria la intervenci�n del Tribunal Pleno, en atenci�n al sentido del fallo.

SEGUNDO

En el presente caso resulta innecesario el estudio de las cuestiones relacionadas con la oportunidad de la demanda y con la legitimaci�n de las partes, en virtud de que en los autos de este expediente obran constancias que llevan a considerar indudablemente que en este asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracci�n V del art�culo 19 de la ley reglamentaria de la materia.

El precepto arriba se�alado prev�:

"Art�culo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

"...

V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia.

Del contenido del art�culo reproducido se advierte que las controversias constitucionales son improcedentes cuando hubieran cesado los efectos de la norma o del acto impugnado en estos procedimientos, lo cual implica que �stos dejen de surtir sus efectos jur�dicos respecto del ente que resinti� la afectaci�n. As� lo ha sustentado el Pleno de este Alto Tribunal en la tesis de jurisprudencia n�mero P./J. 54/2001, publicada en el Tomo XIII, correspondiente al mes de abril de dos mil uno, p�gina ochocientos ochenta y dos, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyo texto es el siguiente:

CESACI�N DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesaci�n de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hip�tesis, para que opere la improcedencia establecida en el art�culo 73, fracci�n XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el art�culo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garant�a individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violaci�n; mientras que en trat�ndose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hip�tesis prevista en la fracci�n V del art�culo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaraci�n de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposici�n expresa de los art�culos 105, pen�ltimo p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 45 de su ley reglamentaria.

En el caso, de las constancias de autos se aprecia lo siguiente:

  1. Que la parte actora impugna en esta v�a el art�culo 9o. A de la Ley de Coordinaci�n F., el cual fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el catorce de julio de dos mil tres.

  2. Que en la admisi�n del presente asunto se tuvo tambi�n como acto impugnado el oficio 401-SIVE/-17021, de once de agosto de dos mil tres, emitido por la Tesorer�a de la Federaci�n, como acto de aplicaci�n de la norma impugnada.

Ahora bien, el treinta de diciembre de dos mil tres se public� en el Diario Oficial de la Federaci�n un decreto por el que se reforma el art�culo 9o. A de la Ley de Coordinaci�n F., el cual es del tenor siguiente:

Decreto por el que se reforma el art�culo 9o. A de la Ley de Coordinaci�n F.. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la Rep�blica. V.F.Q., Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: Que el honorable Congreso de la Uni�n, se ha servido dirigirme el siguiente. Decreto. ?El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: Se reforma el art�culo 9o. A de la Ley de Coordinaci�n F.. Art�culo �nico. Se reforma el art�culo 9o. A de la Ley de Coordinaci�n F., para quedar como sigue: Art�culo 9o. A. La Federaci�n, a trav�s de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, y los Estados y Municipios en donde existan puentes de peaje operados por la primera, podr�n convenir en crear fondos cuyos recursos se destinen a la construcci�n, mantenimiento, reparaci�n y ampliaci�n de obras de vialidad en aquellos Municipios donde se ubiquen dichos puentes o, en su caso, a la realizaci�n de obras de infraestructura o gasto de inversi�n, de impacto regional directamente en la zona donde se encuentre el cobro del peaje, sin que en ning�n caso tales recursos se destinen al gasto corriente. La aportaci�n a los fondos mencionados se har� por el Estado, por el Municipio o, cuando as� lo acordaren, por ambos, en un 20% del monto que aporte la Federaci�n, sin que la aportaci�n de �sta exceda de un 25% del monto total de los ingresos brutos que obtenga por la operaci�n del puente de peaje de que se trate. La aportaci�n federal se distribuir� como sigue: Municipios 50% y Estados 50%. Para que un Municipio donde exista un puente o varios pueda ser sujeto de participaci�n de estos fondos, deber� acreditar un nivel recaudatorio de al menos un 50% m�s uno de la recaudaci�n potencial de su impuesto predial en el a�o inmediato anterior a la firma del convenio; en su defecto, podr� convenir un acuerdo de mejora recaudatoria de la hacienda p�blica local con la Federaci�n, para poder aplicar a la creaci�n de estos fondos en el ejercicio fiscal siguiente, siempre y cuando cumpla con el requisito de recaudaci�n se�alado con anterioridad. En el caso de que el nivel recaudatorio, una vez firmado el convenio, se encuentre por debajo del 50%, la cantidad de recursos se ver� reducida de manera proporcional a la disminuci�n porcentual del nivel recaudatorio. Si en el momento de firmar nuevamente el convenio, el Municipio se encuentra en este supuesto, no ser� sujeto de refrendo el convenio citado hasta no cumplir nuevamente con el nivel recaudatorio exigido y hasta el pr�ximo ejercicio fiscal. El aforo vehicular de los puentes estar� sujeto a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci�n P�blica Gubernamental. Lo se�alado en el presente art�culo no ser� aplicable trat�ndose de los puentes administrados por el fideicomiso n�mero 1936 del Fondo de Apoyo al Rescate Carretero. Transitorios. Primero. El presente decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Segundo. Por el ejercicio de 2003, la Federaci�n, por conducto de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, continuar� efectuando las aportaciones que le correspondan de conformidad con los convenios que se hubieren celebrado con los Estados y Municipios, con fundamento en lo dispuesto en el art�culo 9o. A de la Ley de Coordinaci�n F. vigente hasta el 14 de julio de 2003, relativos a puentes de peaje operados por la Federaci�n. Tercero. Los convenios a que se refiere el art�culo 9o. A, que se reforma por medio de este decreto, podr�n ser celebrados a partir del 1o. de enero de 2004 y para su suscripci�n se tomar� como base de recaudaci�n del impuesto predial la correspondiente al a�o inmediato anterior a la firma del mismo. ...?.

Como puede observarse de lo anterior, el art�culo 9o. A de la Ley de Coordinaci�n F. impugnado en este procedimiento constituye una norma que ya fue reformada y, por ello, dej� de producir efectos al d�a siguiente al en que se llev� a cabo la publicaci�n de tal reforma.

Por tanto, si de acuerdo con el criterio jurisprudencial reproducido, en este tipo de juicios, la sentencia que se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposici�n expresa de los art�culos 105, pen�ltimo p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 45 de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de la reforma anotada, a nada pr�ctico conducir�a el estudio de la constitucionalidad de la norma impugnada en este asunto, m�xime si dicha reforma introduce a la norma una hip�tesis diversa a la impugnada.

En consecuencia, al haber dejado de producir sus efectos la norma impugnada en este asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracci�n V del art�culo 19 de la ley reglamentaria de la materia y, como consecuencia, se impone sobreseer en el presente juicio, con apoyo en el art�culo 20, fracci�n II, del citado ordenamiento legal, que prev�:

"Art�culo 20. El sobreseimiento proceder� en los casos siguientes:

"...

II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el art�culo anterior.

TERCERO

En atenci�n a la conclusi�n arribada en el considerando que antecede, procede hacer extensivo el sobreseimiento decretado al acto de aplicaci�n de la norma impugnada, consistente en el oficio 401-SIVE/-17021, de once de agosto de dos mil tres, emitido por la Tesorer�a de la Federaci�n, toda vez que no se impugna por vicios propios, sino que su constitucionalidad se hace depender de la declaratoria de constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma impugnada que, en su caso, se hubiera dictado en el presente asunto.

Por lo expuesto y fundado se

resuelve:

�NICO. Se sobresee en la presente controversia constitucional, promovida por el Municipio de Municipio de Ixhuatl�n del Sureste, Estado de Veracruz.

N.�quese; haci�ndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, arch�vese el expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, porunanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros G.D.G.�ngora P., S.S.A.A., G.I.O.M. y presidente J.D.R.. Fue ponente en este asunto el se�or Ministro G.D.G.�ngora P..