Ejecutoria num. P./J. 97/2007 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 29073043

Ejecutoria num. P./J. 97/2007 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P./J. 97/2007
Localizacion:OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Febrero de 2007
RESUMEN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 53/2005. MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS LEGISLATURAS LOCALES QUE DIRIMEN EN DEFINITIVA CONFLICTOS DE LÍMITES TERRITORIALES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE UN ESTADO.

 
CONTENIDO

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 53/2005. MUNICIPIO DE SAN ANDR�S CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.
MINISTRA PONENTE: O.S.C.D.G.V..
SECRETARIA: CONSTANZA TORT SAN ROM�N.
M�xico, Distrito F.. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al diez de octubre de dos mil seis.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio recibido el diecisiete de agosto de dos mil cinco, en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, O.E.C.S.�s y J.G.J.M.T., quienes se ostentaron como presidente y s�ndico del Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P., respectivamente, promovieron controversia constitucional en representaci�n de ese Municipio, en la que demandaron la invalidez del acto que m�s adelante se precisa, emitido por la autoridad que a continuaci�n se se�ala:
"II. �rgano demandado y su domicilio: El Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de P., constituido por el H. Congreso del Estado de P., con domicilio en el recinto oficial sito en Avenida 5 Poniente N�mero 128, colonia Centro, c�digo postal 72000, en la heroica ciudad de P. de Zaragoza, Estado de P.. III. �rgano tercero interesado y su domicilio: H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de P., Estado de P., con domicilio en el recinto oficial sito en la Avenida Juan de P. y Mendoza N�mero 14, colonia Centro, c�digo postal 72000, en la heroica ciudad de P. de Zaragoza, Estado de P.. IV. Normas generales o actos cuya invalidez se demanda, y medio oficial en el que se publicaron: Acto. Acuerdo, dado en el Palacio del Poder Legislativo en la her�ica ciudad de P. de Zaragoza, el d�a veintitr�s de junio del a�o dos mil cinco, notificado personalmente, el d�a veintiocho de junio del a�o dos mil cinco, por el cual se neg� aprobar la propuesta de soluci�n a la controversia de l�mites territoriales entre los Municipios de San Andr�s Cholula, Estado de P. y P., Estado de P.. Mismo que acompa�amos como anexo 5."
SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados en la demanda son los que a continuaci�n se transcriben.
"1. El Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P., se encuentra ubicado en la parte centro oeste del Estado de P., entre los 18� 59? y 19� 04? 20" de latitud norte y entre los 98� 13? 30" y 98� 21? 30" de longitud oeste, colinda al norte, con los Municipios de San Pedro Cholula, Estado de P. y Cuautlancingo, Estado de P.; al sur con el Municipio de Santa Clara Ocoyucan, Estado de P.; al este con el Municipio de P., Estado de P. y al oeste con el Municipio de San Gregorio Atzompa, Estado de P.. La altura promedio es de dos mil cinco cincuenta metros sobre el nivel del mar y sus l�mites abarcan una superficie aproximada de sesenta y ocho kil�metros cuadrados con ochenta y nueve metros, que delimitan la poligonal envolvente del Municipio como se describe a continuaci�n: se inicia en el v�rtice n�mero 1, ubicado en la intersecci�n del r�o Atoyac con la carretera federal P.-A.o, contin�a con rumbo sureste a suroeste siguiendo la sinuosidad del r�o Atoyac con una longitud aproximada de 14.8 km. hasta donde se ubica el v�rtice n�mero 2, localizado en la intersecci�n del r�o Atoyac con el l�mite municipal norte de Santa Clara Ocoyucan, gira en direcci�n noroeste siguiendo el l�mite sur de la Junta Auxiliar de S.A.C., con una longitud aproximada de 2.55 km. hasta donde se localiza el v�rtice n�mero 3, ubicado entre el v�rtice sureste del ejido de S.A.C., al noreste de S.M.H.; contin�a en direcci�n noroeste sobre los l�mites ejidales de S.A.C. y S.F.A. con una distancia aproximada de 2.5 km. donde se encuentra el v�rtice n�mero 4, localizado en el v�rtice oeste del ejido de S.F.A.; gira en direcci�n norte entre los l�mites ejidales de S.F.A. y el l�mite de San Bernab� Temoxtitla, con una distancia aproximada de 1.15 km. donde se ubica el v�rtice n�mero 5, localizado entre los v�rtices, noroeste del ejido de S.F.A. y noreste de la localidad de San Bernab� Temoxtitla; gira en direcci�n oeste sobre el l�mite sur oriente de S.F.A. y norte de San Bernab� Temoxtitla con una distancia aproximada de 1.9 km., contin�a en direcci�n noroeste sobre el l�mite que va de sur a oriente de Santa Mar�a Tonantzintla y noreste de San Francisco Javier Mina con una longitud aproximada de 3.4 km., contin�a en direcci�n oeste sobre el l�mite sur a norte de S.L.T., al este de los reyes Tlanechicolpan y sur de San Agust�n Calvario, con una longitud aproximada de 7.3 km. donde se encuentra el v�rtice n�mero 6, ubicado en el cruce de la v�a ferroviaria con el l�mite norte de S.L.T.; contin�a en direcci�n este sobre la v�a f�rrea con una distancia aproximada de 2.4 km. hasta donde ubica el v�rtice n�mero 7, localizado en el cruce de la v�a f�rrea con la avenida 29 poniente; gira en direcci�n sureste sobre la calle 29 poniente con una distancia aproximada de 1.03 km., donde se encuentra el v�rtice n�mero 8, ubicado en el cruce de la avenida 15 poniente con la calle 9 sur, gira en direcci�n noreste sobre la calle 9 sur con una distancia aproximada de 1.5 km. donde se ubica el v�rtice n�mero 9, localizado en el cruce de la v�a f�rrea con la avenida 14 poniente y la calle 9 norte, gira en direcci�n sureste sobre la avenida 14 poniente con una distancia aproximada de 0.16 km. donde se localiza el v�rtice n�mero 10, ubicada en el cruce de la avenida 14 poniente y 8 norte; con una longitud aproximada de 0.37 km., donde se encuentra el v�rtice n�mero 11, localizado en el cruce de la calle 7 norte y 22 oriente; gira en direcci�n sureste sobre la avenida 22 oriente con una distancia aproximada de 0.16 km., hasta llegar a la calle 5 norte donde se ubica el v�rtice n�mero 12, gira en direcci�n noreste sobre la calle 5 norte con una distancia aproximada de 0.63 km., hasta llegar al cruce de esta misma calle con la avenida 20 oriente donde se localiza el v�rtice n�mero 13, continua con rumbo noreste con una distancia aproximada de 0.68 km., donde se ubica el v�rtice n�mero 14, localizado entre peque�as propiedades de San Pedro Cholula y al norte de San Andr�s Cholula, gira con rumbo sureste sobre el l�mite de San Andr�s Cholula y peque�as propiedades de San Pedro Cholula, con una distancia aproximada de 2.74 km., donde se encuentra el v�rtice n�mero 15, localizado en el v�rtice formado por peque�a propiedad de San Pedro Cholula y el ejido de Momoxpan, contin�a en direcci�n suroeste sobre el l�mite del ex-ejido de Momoxpan con una longitud aproximada de 1.23 km., donde se ubica el v�rtice n�mero 16, localizado en el cruce del antiguo camino a Cholula y el r�o Z.; contin�a con direcci�n sureste sobre el cauce del r�o Z. con una longitud aproximada de 1.22 km., donde se ubica el v�rtice n�mero 17, ubicado sobre el r�o Z. entre los ex-ejidos de la T. Chautenco e I.R.V., continua sobre el r�o con una distancia aproximada de 0.85 km., hasta llegar al l�mite del ex-ejido de R.V., contin�a en direcci�n noreste sobre el mismo l�mite ex-ejidal con una longitud aproximada de 2.2 km., hasta llegar al antiguo camino a Cholula, donde contin�a sobre este camino con una distancia aproximada de 1.58 km., hasta llegar al cruce de �ste con el r�o Atoyac y la carretera federal P.-A.o, donde se ubica el v�rtice de inicio para as� cerrar la poligonal. Acompa�amos como anexo 6 el plan municipal de desarrollo urbano de la ciudad de San Andr�s Cholula, Estado de P., publicado en el P.�dico Oficial del Estado, el d�a treinta de enero del a�o mil novecientos noventa y seis. 2. El territorio del Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P., no ha sufrido ninguna variaci�n desde la �poca de la Colonia recordando que la fragmentaci�n de los territorios conquistados por los espa�oles con fines administrativos y de gobierno, tomaron como base la divisi�n prehisp�nica, tal como se expresa en el documento hist�rico realizado por la cronista del Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P. que acompa�amos como anexo 7. 3. El territorio del Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P., actualmente se encuentra conformado por: La cabecera municipal con 8 (ocho) B.: 1. S.X., 2. S.J.A.. 3. S.P.C.. 4. D.S.N.�o. 5. De la Sant�sima T.. 6. Santa Mar�a Cuaco. 7. S.A.. 8. S.M.. 6 (seis) Juntas auxiliares: 1. S.B.T., 2. S.L.T., 3. S.F.A., 4. Santa Mar�a Tonantzintla, 5. S.A.C., 6. S.R.C.; 8 (ocho) colonias: 1. L�zaro C�rdenas. 2. Concepci�n la Cruz. 3. Concepci�n Guadalupe. 4. E.Z.. 5. S.M. la Rosa. 6. Estrellas del Sur. 7. San Jos� Vista Hermosa. 8. Las Lajas. 46 (cuarenta y seis) fraccionamientos: En la actualidad el Municipio de San Andr�s Cholula, P., es uno de los Municipios donde se prev� el mayor crecimiento demogr�fico del Estado de P., al mismo tiempo; y por la migraci�n proveniente de diferentes partes del Estado especialmente de la capital y de otros Estados de la Rep�blica que llegan a asentarse en el Municipio, es el de mayor crecimiento poblacional del Estado, adem�s su enclave estrat�gico y su participaci�n en el proceso de conurbaci�n de la capital del Estado, lo hace de lo m�s atractivo para los inversionistas, constructores, desarrolladores, comerciantes, universidades y prestadores de servicios. En el Municipio se encuentran la Universidad de las Am�ricas, la Universidad Madero, la Universidad Iberoamericana, la Universidad del Valle de M�xico, el Tecnol�gico de Monterrey y pr�ximamente la Universidad Intercontinental, igualmente el Instituto An�huac, el Instituto M�xico, el Instituto de Astrof�sica de la UNAM; los centros comerciales A.�polis, Millenium y R.�; las tiendas de autoservicio Mega Comercial Mexicana, Sanborns, M.. Donald?s, H.M., Costco, Liverpool, Sears, centro comercial Del Puente; agencias de autom�viles de las m�s modernas del pa�s, bancos, la conocida zona de discotecas, fraccionamiento y Club de Golf Inteligente de la Vista, Country Club, fraccionamientos como El C.A.�polis, B. de A.�polis, Morillotla, Residencial San �ngel, conjunto habitacional Real de Morillotla, conjunto habitacional El P., conjunto habitacional Casas GEO, Hacienda de San Andr�s, La Concepci�n, Residencial Camino Real, Villas de Z., R.Z., Residencial Hacienda de San Andr�s, fraccionamiento La Fuente, entre otros y pr�ximamente Residencial Santa Fe, hoteles como el Fiesta Americana, V.A.�gicas y Posada Se�orial, la escuela de nataci�n N.V.; oficinas del Gobierno del Estado como S., el Sicom (sistema de informaci�n y comunicaci�n del Gobierno del Estado Libre y Soberano de P.) y la ciudad judicial Siglo XXI (sede del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de P.). El Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P., se encuentra enclavado entre las principales v�as de comunicaci�n A. como la recta a Cholula, la v�a A.�yotl, la federal A.o y el perif�rico ecol�gico que se integra con la autopista M�xico-P.-Orizaba. 4. La fecha m�s antigua que la historia legislativa alude al Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P. (respecto a la divisi�n territorial), es el acuerdo de la exma. Junta departamental de fecha veintisiete de mayo del a�o de mil ochocientos treinta y siete. Acompa�amos el documento divisi�n territorial del Estado de P. de 1810 a 1995, editado por el Instituto Nacional de Estad�stica, G.�a e Inform�tica, en el a�o 1996, con el que se corrobora esta afirmaci�n y que corre agregado a fojas 118 a 289 de la controversia constitucional 10/2002, que acompa�amos como prueba 11. 5. El l�mite territorial entre los Municipios de P., Estado de P. y San Andr�s Cholula, Estado de P., es y ha sido siempre el r�o Atoyac. 6. Dentro del territorio del Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P., se encontraba la Hacienda la Concepci�n, de donde se constituyeron los ejidos de S.B.T. y San Andr�s Cholula, que conforman actualmente la ?reserva territorial para el ordenamiento de la zona metropolitana de la ciudad de P.? o ?unidad o reserva territorial A.�yotl?. 7. La ?reserva territorial para el ordenamiento de la zona metropolitana de la ciudad de P.? o ?unidad o reserva territorial A.�yotl?, est� compuesta por una superficie total de 837-64-31.41 Has., misma que se constituy� integrando los terrenos que fueron de los ejidos de San Andr�s Cholula, Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P., con una superficie de 696-95-00.50 Has., y de S.B.T., Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P., con una superficie de 140-69-30.91 Has. 8. El Gobierno F. y el Gobierno del Estado Libre y Soberano de P., siempre han confirmado con sus actos que la ?reserva territorial para el ordenamiento de la zona metropolitana de la ciudad de P.? o ?unidad o reserva territorial A.�yotl? est� ubicada en el territorio del Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P.. La siguiente secuencia de actos de Gobierno F. y del Gobierno del Estado Libre y Soberano de P., demuestran que la ?reserva territorial para el ordenamiento de la zona metropolitana de la ciudad de P.? o ?unidad o reserva territorial A.�yotl?, est� ubicada en el territorio del Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P.. Solicitudes de expropiaci�n de los terrenos ejidales de los poblados de S.B.T., Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P. y de San Andr�s Cholula, Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P., que el gobernador del Estado de P. L.. M.P.�a O., realiz� a la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Ecolog�a, mediante los oficios de fecha trece de diciembre del a�o mil novecientos noventa, a efecto de que esta secretar�a gestionara la expropiaci�n de los terrenos ejidales antes se�alados, a fin de constituir una reserva territorial para el ordenamiento de la ?zona metropolitana de la ciudad de P.?. Estas solicitudes corren agregadas a fojas 318 a 326 de la controversia constitucional 10/2002, que se ofrece como prueba 11, el documento lo acompa�aron como ?anexo 7? y a fojas 327 a 333, de la misma controversia constitucional 10/2002, documento que acompa�aron como ?anexo 8?. Precisando que el territorio de los ex-ejidos de S.B.T. y de San Andr�s Cholula, actualmente son conocidos como la ?reserva territorial para el ordenamiento de la zona metropolitana de la ciudad de P.? o ?unidad o reserva territorial A.�yotl?. Oficios 100-00-00-7383-5133 y 100-114, ambos de fecha diecisiete de junio del a�o mil novecientos noventa y uno, girados por la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Ecolog�a, a la Secretar�a de la Reforma Agraria, mediante los cuales le solicita a dicha secretar�a la expropiaci�n de los terrenos ejidales de los poblados de S.B.T., Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P. y de San Andr�s Cholula, Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P. a fin de constituir una reserva territorial para el ordenamiento de la ?zona metropolitana de la ciudad de P.?. Esto se puede corroborar con los decretos presidenciales de fecha treinta de abril del a�o mil novecientos noventa y dos. Publicados en el Diario Oficial de la Federaci�n el d�a cuatro de mayo del a�o de mil novecientos noventa y dos, mismo que corre agregado en la controversia constitucional 10/2002, que se ofrece como prueba 11, a fojas 334 a 342 y que acompa�aron como ?anexo 9?. Precisando que el territorio de los ex-ejidos de S.B.T. y de San Andr�s Cholula, actualmente son conocidos como la ?reserva territorial para el ordenamiento de la zona metropolitana de la ciudad de P.? o ?unidad o reserva territorial A.�yotl?. Decretos presidenciales de fecha treinta de abril del a�o mil novecientos noventa y dos. Publicados en el Diario Oficial de la Federaci�n, el d�a cuatro de mayo del a�o de mil novecientos noventa y dos, mediante los cuales el Ejecutivo F. expropi� por causa de utilidad p�blica una superficie de 696-95-00 Has., de temporal de uso com�n, de terrenos ejidales del poblado de San Andr�s Cholula, Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P. y 140-69-30.91 Has., de temporal de uso com�n, de terrenos ejidales del poblado de S.B.T., Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P., a favor de la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Ecolog�a (actualmente Secretar�a de Desarrollo Social), para destinarse a la construcci�n de la reserva territorial para el ordenamiento de la ?zona metropolitana de la ciudad de P.?. Como se constata en la controversia constitucional 10/2002, que se ofrece como prueba 11, a fojas 334 a 342 y que acompa�aron como ?anexo 9?. Precisando que el territorio de los ex-ejidos de S.B.T. y de San Andr�s Cholula, actualmente son conocidos como la ?reserva territorial para el ordenamiento de la zona metropolitana de la ciudad de P.? o ?unidad o reserva territorial A.�yotl?. Convenios de transferencia, de fecha veintinueve de mayo del a�o de mil novecientos noventa y dos, mediante los cuales el Gobierno F. a trav�s de la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Ecolog�a hoy Secretar�a de Desarrollo Social transfiri� al Gobierno del Estado de P., el dominio pleno de una fracci�n del predio cuya superficie es de: 140-69-30.91 Has., pertenecientes al ex-ejido de S.B.T., Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P. y el dominio pleno de una fracci�n del predio cuya superficie es de: 696-95-00.50 Has., pertenecientes al ex-ejido de San Andr�s Cholula, Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P., para destinarse a la constituci�n de la reserva territorial para el ordenamiento urbano de la ?zona metropolitana de la ciudad de P.?. Esto se constata en el decreto expedido por el H. Congreso del Estado de P., que autoriza al Ejecutivo del Estado a enajenar a t�tulo oneroso diversos predios que constituyen las unidades de desarrollo A.�yotl y solidaridad para destinarse a la vivienda, la industria y turismo. Publicado en el P.�dico Oficial del Estado de P., el d�a doce de junio del a�o de mil novecientos noventa y dos, con el que se justifica la aseveraci�n del p�rrafo que antecede. Este decreto se encuentra agregado en la controversia constitucional 10/2002, que se ofrece como prueba 11, a fojas 343 a 349 y que acompa�aron como ?anexo 10?. Precisando que el territorio de los ex-ejidos de S.B.T. y de San Andr�s Cholula, actualmente son conocidos como la ?reserva territorial para el ordenamiento de la zona metropolitana de la ciudad de P.? o ?unidad o reserva territorial A.�yotl?. Convenio de transferencia, de fecha veintid�s de diciembre del a�o de mil novecientos noventa y dos, mediante el cual el Gobierno F. a trav�s de la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Ecolog�a hoy Secretar�a de Desarrollo Social transfiri� al Gobierno del Estado de P., el dominio pleno de una fracci�n del predio cuya superficie es de: 140-69-30.91 Has., pertenecientes al ex-ejido de S.B.T., Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P., para destinarse a la constituci�n de la reserva territorial para el ordenamiento urbano de la ?zona metropolitana de la ciudad de P.?. Esto se constata en el decreto expedido por el H. Congreso del Estado de P., que autoriza alEjecutivo del Estado a enajenar a t�tulo oneroso o gratuito las �reas destinadas a fines habitacionales, comerciales y de servicios que se contemplan en el programa subregional de desarrollo urbano de los Municipios de Cuautlancingo, P., San Andr�s Cholula y San Pedro Cholula?. Publicado en el P.�dico Oficial del Estado de P., el d�a diecinueve de agosto del a�o de mil novecientos noventa y cuatro, con el que se justifica la aseveraci�n del p�rrafo que antecede. Este decreto se encuentra agregado en la controversia constitucional 10/2002, que se ofrece como prueba 11, a fojas 350 a 363 y que acompa�aron como ?anexo 11?. Precisando que el territorio de los ex-ejidos de S.B.T. y de San Andr�s Cholula, actualmente son conocidos como la ?reserva territorial para el ordenamiento de la zona metropolitana de la ciudad de P.? o ?unidad o reserva territorial A.�yotl?. Convenio de transferencia, de fecha doce de abril del a�o de mil novecientos noventa y cuatro, mediante el cual el Gobierno F. a trav�s de la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Ecolog�a hoy Secretar�a de Desarrollo Social transfiri� al Gobierno del Estado de P., el dominio pleno de una fracci�n del predio cuya superficie es de: 696-95-00.50 Has., pertenecientes al ex-ejido de San Andr�s Cholula, Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P. para destinarse a la constituci�n de la reserva territorial para el ordenamiento urbano de la ?zona metropolitana de la ciudad de P.?. Esta aseveraci�n se constata en el decreto expedido por el H. Congreso del Estado de P., que autoriza al Ejecutivo del Estado a enajenar a t�tulo oneroso o gratuito las �reas destinadas a fines habitacionales, comerciales y de servicios que se contemplan en el ?Programa subregional de desarrollo urbano de los Municipios de Cuautlancingo, P., San Andr�s Cholula y San Pedro Cholula?. Publicado en el P.�dico Oficial del Estado de P., el d�a diecinueve de agosto del a�o de mil novecientos noventa y cuatro, con el que se justifica la aseveraci�n del p�rrafo que antecede. Este decreto se encuentra agregado en la controversia constitucional 10/2002, que se ofrece como prueba 11, a fojas 350 a 363 y que acompa�aron como ?anexo 11?. Precisando que el territorio de los ex-ejidos de S.B.T. y de San Andr�s Cholula, actualmente son conocidos como la ?reserva territorial para el ordenamiento de la zona metropolitana de la ciudad de P.? o ?unidad o reserva territorial A.�yotl?. Decreto expedido por el H. Congreso del Estado de P., que aprueba el ?Programa subregional de desarrollo urbano de los Municipios de Cuautlancingo, P., San Andr�s Cholula y San Pedro Cholula?. Publicado en el P.�dico Oficial del Estado de P., el d�a nueve de agosto del a�o mil novecientos noventa y cuatro. Este decreto se encuentra agregado en la controversia constitucional 10/2002, que se ofrece como prueba 11, a fojas 369 a 400 y que acompa�aron como ?anexo 12?. Precisando que el territorio de los ex-ejidos de S.B.T. y de San Andr�s Cholula, actualmente son conocidos como la ?reserva territorial para el ordenamiento de la zona metropolitana de la ciudad de P.? o ?unidad o reserva territorial A.�yotl?. Decreto expedido por el H. Congreso del Estado de P., que autoriza al Ejecutivo del Estado a enajenar a t�tulo oneroso o gratuito las �reas destinadas a fines habitacionales, comerciales y de servicios que se contemplan en el ?Programa subregional de desarrollo urbano de los Municipios de Cuautlancingo, P., San Andr�s Cholula y San Pedro Cholula?. Publicado en el P.�dico Oficial del Estado de P., el d�a diecinueve de agosto del a�o mil novecientos noventa y cuatro. Precisando que el territorio de los ex-ejidos de S.B.T. y de San Andr�s Cholula, actualmente son conocidos como la ?reserva territorial para el ordenamiento de la zona metropolitana de la ciudad de P.? o ?unidad o reserva territorial A.�yotl?. Declaratoria del Ejecutivo del Estado de destinos de �reas y predios, del ?Programa subregional de desarrollo urbano de los Municipios de Cuautlancingo, P., San Andr�s Cholula y San Pedro Cholula?, publicado en el P.�dico Oficial del Estado de P., el d�a trece de febrero del a�o de mil novecientos noventa y seis. Esta declaratoria se encuentra agregada en la controversia constitucional 10/2002, que se ofrece como prueba 11, a fojas 401 a 423 y que acompa�aron como ?anexo 13?. Precisando que el territorio de los ex-ejidos de S.B.T. y de San Andr�s Cholula, actualmente son conocidos como la ?reserva territorial para el ordenamiento de la zona metropolitana de la ciudad de P.? o ?unidad o reserva territorial A.�yotl?. Decreto del Ejecutivo del Estado, que modifica el ?Programa subregional de desarrollo urbano de los Municipios de Cuautlancingo, P., San Andr�s Cholula y San Pedro Cholula?. Publicado en el P.�dico Oficial del Estado de P., el d�a diecinueve de diciembre del a�o mil novecientos noventa y siete. Este decreto se encuentra agregado en la controversia constitucional 10/2002, que se ofrece como prueba 11, a fojas 424 a 454 y que acompa�aron como ?anexo 14?. Precisando que el territorio de los ex-ejidos de S.B.T. y de San Andr�s Cholula, actualmente son conocidos como la ?reserva territorial para el ordenamiento de la zona metropolitana de la ciudad de P., o ?unidad o reserva territorial A.�yotl?. Decreto del Ejecutivo del Estado, que modifica el ?Programa subregional de desarrollo urbano de los Municipios de Cuautlancingo, P., San Andr�s Cholula y San Pedro Cholula?. Publicado en el P.�dico Oficial del Estado de P., el d�a diez de enero del a�o dos mil tres. Este decreto lo acompa�amos como anexo 8. Precisando que el territorio de los ex-ejidos de S.B.T. y de San Andr�s Cholula, actualmente son conocidos como la ?reserva territorial para el ordenamiento de la zona metropolitana de la ciudad de P.? o ?unidad o reserva territorial A.�yotl?-Decreto del Ejecutivo del Estado, que cambia la modificaci�n parcial del ?Programa subregional de desarrollo urbano de los Municipios de Cuautlancingo, P., San Andr�s Cholula y San Pedro Cholula? publicado el 10 de enero de 2003?-Mismo que se public� en el P.�dico Oficial del Estado de P., el d�a trece de septiembre del a�o dos mil cuatro. Este decreto lo acompa�amos como anexo 9. Precisando que el territorio de los ex-ejidos de S.B.T. y de San Andr�s Cholula, actualmente son conocidos como la ?reserva territorial para el ordenamiento de la zona metropolitana de la ciudad de P.?o ?unidad o reserva territorial A.�yotl.?-9. El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de P., Estado de P., a partir del a�o de mil novecientos noventa y cinco, en forma indebida comenz� a cobrar contribuciones y a prestar servicios p�blicos, dentro del territorio del Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P., en una parte de la ?reserva territorial para el ordenamiento de la zona metropolitana de la ciudad de P.?o ?unidad o reserva territorial A.�yotl?, las colonias S.M. la Rosa, Concepci�n Guadalupe, Concepci�n la Cruz, Concepci�n G.A.�n Norte, Concepci�n las Lajas, Rinconada Sur Oriente, Rinconada Sur Poniente, as� como los fraccionamientos Arcos del Sur, Flor de Nieve, La Herradura, Estrellas del Sur, San Jos� Vista Hermosa, Concepci�n Buenavista, Santa Gema, Real Z., S.�as, Residencial Villas de Z., C.S.B., Rinc�n de San Andr�s, Residencial Z., Geovillas A.o, Villas de A.o, B. de A.�polis, C. de A.�polis, El P., La Escondida, Villa G�nesis, Geovillas La Hacienda, V.d.V.�n y su continuaci�n, Residencial Hacienda de San Andr�s, Residencial Camino Real, unidad habitacional Momosa, fraccionamiento El Arte Residencial, avenida A., R.S.M. y fraccionamiento Hacienda Camino Real, que est�n ubicadas en el territorio del Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P., mismas que se describen en los planos y dictamen de ubicaci�n de la zona en controversia de l�mites territoriales, que acompa�amos como anexo 10. Estos actos provocaron un enfrentamiento entre las autoridades municipales, causando con ello una controversia por cuestiones de l�mites territoriales. No es ocioso mencionar que en la Ley Org�nica Municipal del Estado de P., vigente en ese momento, no contemplaba la posibilidad de una controversia por cuesti�n de l�mites o competencia por territorialidad ante el H. Congreso del Estado de P. y dicho �rgano legislativo a pesar de tener facultades constitucionales, para resolver la controversia lim�trofe que se estaba suscitando, no realiz� ning�n acto al respecto. El �nico argumento que expusieron los representantes del H. Ayuntamiento de P., Estado de P. por los que realizaba dichos actos, era que por decreto del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de P., publicado en el P.�dico Oficial del Estado, el d�a treinta de octubre del a�o de mil novecientos sesenta y dos, el territorio del Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P., a decir de dicho Ayuntamiento, resultando que el l�mite territorial entre los Municipios de P., Estado de P. y de San Andr�s Cholula, Estado de P., era el r�o Z. y no el r�o Atoyac como ha sido desde la �poca de la colonia. Con ello se pretendieron anexar no s�lo parte de las colonias y fraccionamientos descritos en los planos y dictamen de ubicaci�n de la zona en controversia de l�mites territoriales, que acompa�amos como anexo 10. Basta la simple lectura del mencionado decreto en el p�rrafo anterior, para constatar que su naturaleza, fue suprimir los Municipios de San Jer�nimo Caleras, Estado de P., S.F.H., Estado de P., S.M.C., Estado de P., R.�n, Estado de P. y T.�n, Estado de P., los que se anexaron al Municipio de P., Estado de P.. No el quitarle territorio a los Municipios de Amozoc, Estado de P., San Andr�s Cholula, Estado de P. y Cuautlancingo, Estado de P., que eran los colindantes, de los Municipios que se suprimieron en el referido decreto. 10. Desde la conformaci�n del territorio de San Andr�s Cholula, todas las administraciones municipales y en particular la de los trienios mil novecientos noventa y tres-mil novecientos noventa y seis; mil novecientos noventa y nueve-dos mil dos, los Municipios de P., Estado de P. y San Andr�s Cholula, Estado de P., siempre prestando servicios p�blicos y cobrando contribuciones en la zona en controversia de l�mites territoriales, descrita en los planos y dictamen de ubicaci�n que acompa�amos como anexo 10, lo que ocasion� serios problemas jur�dicos para los ciudadanos y enfrentamientos entre autoridades. 11. Los ciudadanos y vecinos de las colonias y fraccionamientos, en la zona en controversia de l�mites territoriales, descrita en los planos y dictamen de ubicaci�n que acompa�amos como anexo 10, siempre han elegido democr�ticamente a las autoridades del Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P. y cuentan con las autoridades leg�timamente electas en los t�rminos de la Ley Org�nica Municipal del Estado de P.. Excepci�n hecha a los de las colonias estrellas del Sur y San Jos� Vista Hermosa. 12. El Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de P., constituido por el H. Congreso del Estado, el d�a trece de diciembre del a�o dos mil uno, emiti� el decreto por el cu�l se expide las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones para el Municipio de P., P., este decreto fue publicado en el P.�dico Oficial del Estado el d�a diecinueve de diciembre del a�o dos mil uno. En el mencionado decreto se incluyeron indebidamente varias colonias y fraccionamientos urbanos que est�n ubicadas dentro del territorio del Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P. (en la zona en controversia de l�mites territoriales descrito en los planos y dictamen de ubicaci�n que acompa�amos como anexo 10). 13. El d�a siete de febrero del a�o dos mil dos, los representantes del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P., mil novecientos noventa y nueve-dos mil dos, promovieron ante esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, controversia constitucional, en contra del �rgano legislativo del Estado Libre y Soberano de P., constituido por el H. Congreso del Estado, por los actos del procedimiento legislativo de aprobaci�n y expedici�n del decreto, dado en el Palacio del Poder Legislativo en la heroica ciudad de P. de Zaragoza, el d�a trece de diciembre del a�o dos mil uno, publicado en el P.�dico Oficial del Estado, el d�a diecinueve de diciembre del a�o dos mil uno, por el cual se expide las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones para el Municipio de P., P.. Y en contra del �rgano ejecutivo del Estado Libre y Soberano de P., representado por el C. Gobernador del Estado, L.. M.�ades M.F. por los actos de promulgaci�n y publicaci�n en el P.�dico Oficial del Estado, del decreto H. Congreso del Estado Libre y Soberano de P., dado en el Palacio del Poder Legislativo en la heroica ciudad de P. de Zaragoza, el d�a trece de diciembre del a�o dos mil uno y publicado en el P.�dico Oficial del Estado el d�a diecinueve de diciembre del a�o dos mil uno. R.�ndose la controversia constitucional n�mero 10/2002, unidad de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. 14. El d�a trece de febrero del a�o dos mil dos, la Ministra Olga Mar�a del Carmen S�nchez C. de G.�a V., acord� desechar de plano la controversia constitucional, a que se hace menci�n en el hecho que antecede, en virtud de advertir un motivo indudable y manifiesto de improcedencia, por existir un conflicto de car�cter lim�trofe entre el Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P. y el Municipio de P., Estado de P., conflicto respecto del cu�l existe una v�a legal que previamente a la controversia constitucional debe agotarse ante el H. Congreso del Estado. En contra de dicho acuerdo, los representantes de la administraci�n mil novecientos noventa y nueve-dos mil dos, del Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P., promovieron recurso de reclamaci�n, radic�ndose el expediente 64/2002-PL, deducido de la controversia constitucional n�mero 10/2002. 15. Los representantes de las administraciones dos mil dos-dos mil cinco, del Municipio de San Andr�s, Cholula, Estado de P. y del Municipio de P., Estado de P., a finales del mes de febrero del a�o dos mil dos, iniciaron pl�ticas a efecto de dar soluci�n a la controversia de l�mites territoriales y como acto de buena fe para dar soluci�n al mismo, acordaron que los representantes del Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P., se desistieran del recurso de reclamaci�n 64/2002-PL, a que nos referimos en los hechos 13 y 14 que anteceden. S.�n que as� aconteci�. Lo narrado en los hechos 13, 14 y 15 se justifica plenamente con la prueba que se ofrece bajo el n�mero 11 y que consta de 2,645 fojas. 16. A instancia del C. Gobernador del Estado Libre y Soberano de P., L.. M.�ades M.F. y del presidente de la Gran C.�n del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de P., el d�a diez de junio del a�o dos mil dos, se cre� en t�rminos de los art�culos 94 y 95 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de P., la ?C.�n especial para dar seguimiento a los trabajos de preparaci�n de propuestas de soluci�n a la determinaci�n de los l�mites territoriales entre los Municipios de P., P. y San Andr�s Cholula, P..?. Esta ?comisi�n especial para dar seguimiento a los trabajos de preparaci�n de propuestas de soluci�n a la determinaci�n de los l�mites territoriales entre los Municipios de P., P. y San Andr�s Cholula, P.?, estuvo integrada por representantes del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de P.; representantes del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de P.; representantes del Municipio de P., Estado de P. y representantes del Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P.. El objetivo que busc� esta ?C.�n especial para dar seguimiento a los trabajos de preparaci�n de propuestas de soluci�n a la determinaci�n de los l�mites territoriales entre los Municipios de P., P. y San Andr�s Cholula, P.?, fue como su nombre lo indica, encontrar la mejor alternativa para dar soluci�n a la controversia de l�mites territoriales, suscitada entre los Municipios de P., Estado de P. y de San Andr�s Cholula, Estado de P.. La ?C.�n especial para dar seguimiento a los trabajos de preparaci�n de propuestas de soluci�n a la determinaci�n de los l�mites territoriales entre los Municipios de P., P. y San Andr�s Cholula, P.?, propuso que el mejor mecanismo para dar soluci�n a la controversia de l�mites territoriales, era inducir y organizar la participaci�n de los ciudadanos para el desarrollo integral de sus comunidades. Es decir, que los propios ciudadanos de las colonias y fraccionamientos ubicados en la zona en controversia de l�mites territoriales descritos en los planos y dictamen de ubicaci�n que acompa�amos como anexo 10, fueran quienes decidieran a qu� Municipio pertenecer, realiz�ndose para ello, una consulta popular y despu�s respetando la voluntad ciudadana, se realizar�an estudios t�cnicos pertenecientes para soportar la propuesta de soluci�n y someterla al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de P., para su aprobaci�n esto en t�rminos del art�culo 17 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de P.. 17. El d�a veintiuno de junio del a�o dos mil dos, Los H. Ayuntamientos Constitucionales de los Municipios de P., Estado de P. y San Andr�s Cholula, Estado de P., celebraron respectivamente sesi�n extraordinaria de Cabildo, mediante la cual aprobaron el procedimiento propuesto por la ?C.�n Especial para dar Seguimiento a los Trabajos de Preparaci�n de Propuestas de Soluci�n a la Determinaci�n de los L�mites Territoriales entre los Municipios de P., P. y San Andr�s Cholula, P.?, facultando a sus respectivos presidentes municipales para celebrar el convenio requerido, para plasmar el acuerdo de voluntades. Acompa�amos como anexo 12, la copia certificada del acta de sesi�n extraordinaria de Cabildo de fecha veintiuno de junio del a�o dos mil dos, del Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P.. 18. El d�a veinticinco de junio del a�o dos mil dos, los presidentes municipales de P., Estado de P. y San Andr�s Cholula, Estado de P., en cumplimiento a los acuerdos de la sesi�n extraordinaria de Cabildo de fecha veintiuno de junio del a�o dos mil dos, celebraron convenio que tuvo por objeto establecer la forma y procedimiento a seguir en la denominada consulta popular sobre los l�mites territoriales existentes entre los Municipios de P., Estado de P. y San Andr�s Cholula, Estado de P., con la finalidad de ser un instrumento de opini�n y participaci�n ciudadana para la determinaci�n de los l�mites territoriales existentes entre ambos Municipios. En la cl�usula ?segunda?, de dicho convenio, se estableci� que los Municipios de P., Estado de P. y San Andr�s Cholula, Estado de P., se comprometieron a tomar en consideraci�n los resultados de la consulta popular que se celebra el d�a treinta de junio del a�o dos mil dos, mismo que se someter� a la aprobaci�n del H. Congreso del Estado, documental que se encuentra en el expediente que se form� con motivo del convenio celebrado entre los Municipios mencionados y que se someti� a aprobaci�n dela autoridad ahora demandada. 19. El d�a treinta de junio del a�o dos mil dos, se celebr� el proceso de consulta popular como un instrumento democr�tico, de opini�n y participaci�n ciudadana, en el cual emitieron su anuencia los vecinos de dicha zona en controversia de l�mites territoriales. En este proceso los vecinos que conforman las colonias y fraccionamientos de la zona en controversia de l�mites territoriales, manifestaron su opini�n al respecto del Municipio al que desearon pertenecer, siendo de especial relevancia la nutrida participaci�n ciudadana en un clima de respeto, orden y responsabilidad, en cada una de las mesas de consulta que para el efecto se colocaron (de un padr�n de 10,598, acudieron a emitir su opini�n el 56.3%). Consecuentemente en todas y cada una de las mesas de consulta (ocho), 8 receptoras de las boletas de opini�n, instaladas en t�rminos de la convocatoria respectiva, se llev� a cabo el escrutinio y c�mputo final, d�ndose como resultados los siguientes:


"20. El d�a tres de julio del a�o dos mil dos, los H. Ayuntamientos Constitucionales de los Municipios de P., Estado de P. y Ayuntamientos Constitucionales de los Municipios de P., Estado de P. y San Andr�s Cholula, Estado de P., celebraron sesi�n extraordinaria de Cabildo mediante la cual se reconocieron y aprobaron los resultados arrojados en la consulta popular del treinta de junio del a�o dos mil dos; se analiz� la informaci�n y documentaci�n que entregar� la comisi�n especial y se dio la instrucci�n a las dependencias t�cnicas respectivas para hacer los estudios correspondientes, esto de manera conjunta par la delimitaci�n del territorio de los Municipios de P., Estado de P. y San Andr�s Cholula, Estado de P.. Esta acta la acompa�amos como anexo 13 y est� integrada a la certificaci�n notarial del anexo 12 que acompa�amos. 21. El d�a diez de julio del a�o dos mil dos, fueron presentados ante el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de P., los oficios 4.5 SG/DJ/563/2002 y SG/471/2002, signados por los secretarios generales de los Municipios de P., Estado de P. y San Andr�s Cholula, Estado de P., respectivamente, mediante los cuales se le solicitaba la aprobaci�n de la propuesta de soluci�n de la controversia de l�mites territoriales entre los Municipios de P., Estado de P. y San Andr�s Cholula, Estado de P., respectivamente, acompa�ando los mismos la documentaci�n respectiva del soporte t�cnico jur�dico. Esta solicitud se realiz� en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 17 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de P.. Acompa�amos como anexo 14, la copia certificada del oficio SG/471/2002; de fecha diez de julio del a�o dos mil dos, signado por el secretario general del Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P. y acta de la sesi�n de Cabildo de fecha nueve de julio del a�o dos mil dos. 22. El d�a veintid�s de noviembre del a�o dos mil dos, por acuerdo adoptado por la mayor�a de los miembros de la ?C.�n especial para dar seguimiento a los trabajos de preparaci�n de propuestas de soluci�n a la determinaci�n de los l�mites territoriales entre los Municipios de P., P. y San Andr�s Cholula, P.?, y en virtud de haberse cumplido con todos los requisitos legales, se dieron por concluidos los trabajos de la misma, acord�ndose remitir al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de P., todos y cada uno de los documentos elaborados para que se sirviera aprobar la propuesta de soluci�n de la controversia de l�mites territoriales, mismos que consistieron en: a) Actas de sesiones realizadas por la ?C.�n especial para dar seguimiento a los trabajos de preparaci�n de propuestas de soluci�n a la determinaci�n de los l�mites territoriales entre los Municipios de P., P. y San Andr�s Cholula, P.?. b) Carpeta que contiene: diagn�stico, antecedentes hist�rico culturales, s�ntesis del decreto, definici�n del pol�gono de conurbaci�n, datos estad�sticos del pago de derechos y dotaci�n de servicios, trabajo de campo, consulta popular, s�ntesis del recorrido por los miembros de la comisi�n, pron�stico, conclusiones generales y pol�gonos resultantes. Esta documentaci�n obra en el expediente del Congreso del Estado Libre y Soberano de P., que se form� con motivo de la propuesta de soluci�n de la controversia de l�mites territoriales entre los Municipios de San Andr�s Cholula, Estado de P. y P., Estado de P.. 23. El d�a once de diciembre del a�o dos mil dos, fue presentado ante el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de P., el oficio suscrito de manera conjunta por los presidentes y s�ndicos de los Municipios de P., Estado de P. y San Andr�s Cholula, Estado de P., mediante el cual le solicitaban a dicho �rgano legislativo, la aprobaci�n de la soluci�n de la controversia de l�mites territoriales, en t�rminos del art�culo 17 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de P.. R.�ndole al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de P., la documentaci�n correspondiente que acord� la ?C.�n especial para dar seguimiento a los trabajos de preparaci�n de propuestas de soluci�n a la determinaci�n de los l�mites territoriales entre los Municipios de P., P. y San Andr�s Cholula, P.?, en su sesi�n de fecha veintid�s de noviembre del a�o dos mil dos, a efecto de que este �rgano legislativo, tuviera todos los elementos posibles para la aprobaci�n de la soluci�n de la controversia de l�mites territoriales entre los Municipios de P., Estado de P. y San Andr�s Cholula, Estado de P.. 24. El d�a cuatro de abril del a�o dos mil cinco, el abogado L.C.S.�nchez, en su car�cter de s�ndico y representante legal del Municipio de P., Estado de P., interpuso ante el H. Congreso del Estado Libre y Soberano del P., controversia por cuesti�n de l�mites o competencia por territorialidad, en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de San Andr�s Cholula, Estado de P., quien supuestamente ejerci� actos administrativos, actos de gobierno y prestaci�n de servicios que invaden la esfera territorial de competencia del Municipio de P., Estado de P.. Siendo el territorio motivo de la controversia, el mismo (zona en controversia de l�mites territoriales descrita en los planos y dictamen de ubicaci�n que acompa�amos como anexo 10). En su escrito de controversia por cuesti�n de l�mites o competencia por territorialidad, el abogado L.C.S.�nchez, en su car�cter de s�ndico y representante legal del Municipio de P., Estado de P., expresamente reconoce: a) Que existe una controversia por cuesti�n de l�mites o competencia por territorialidad, entre los Municipios de P., Estado de P. y San Andr�s Cholula, Estado de P.. b) Que con fecha veinticinco de junio de dos mil dos, los H. Ayuntamientos Constitucionales de los Municipios de P., Estado de P. y San Andr�s Cholula, Estado de P., celebraron convenio para dar soluci�n a la controversia lim�trofe y la determinaci�n de sus l�mites territoriales. c) Que con fecha treinta de junio del a�o dos mil dos, en alcance del convenio de fecha veinticinco de junio del a�o dos mil dos, los H. Ayuntamientos Constitucionales de los Municipios de P., Estado de P. y San Andr�s Cholula, Estado de P., llevaron a cabo la consulta popular. d) Que con fecha diez de julio del a�o dos mil dos, fueron presentados ante el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de P., los oficios 4.5 SG/DJ/563/2002 y SG/471/2002, signados por los secretarios generales de los Municipios de P., Estado de P. y San Andr�s Cholula, Estado de P., respectivamente, mediante los cuales se le solicitaba la aprobaci�n de la propuesta de soluci�n a la controversia de l�mites territoriales entre los Municipios de P., Estado de P. y San Andr�s Cholula, Estado de P.. e) Que el convenio de fecha veinticinco de junio del a�o dos mil dos, surti� todos y cada uno de sus efectos legales entre las partes. f) Que el convenio de fecha veinticinco de junio del a�o dos mil dos, interrumpi� el t�rmino para la prescripci�n, toda vez que fue el mecanismo que decidieron llevar a cabo los H. Ayuntamientos Constitucionales de los Municipios de P., Estado de P. y San Andr�s Cholula, Estado de P., para dar soluci�n a la controversia de l�mites territoriales. g) Que el convenio de fecha veinticinco de junio del a�o dos mil dos, dej� de surtir sus efectos el d�a quince de febrero del a�o dos mil cinco, al no haber sido ratificado por los Municipios signantes, lo cual es inexacto, debido a que la propuesta de soluci�n de l�mites territoriales se encontraba en aquella �poca, ante el Congreso del Estado de P. ahora autoridad demandada, sin que deje de tener efectos jur�dicos el citado convenio por concluir el periodo constitucional de las administraciones municipales. h) Que el t�rmino para interponer su controversia por cuesti�n de l�mites o competencia por territorialidad, ante el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de P., empez� a correr el d�a quince de febrero del a�o dos mil cinco. i) Que el H. Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de P., de acuerdo al orden constitucional, es la instancia adecuada para resolver la controversia por cuesti�n de l�mites o competencia por territorialidad, suscitada entre los Municipios de P., Estado de P. y San Andr�s Cholula, Estado de P.. El s�ndico del Municipio de P., Estado de P., en su escrito de controversia por cuesti�n de l�mites o competencia por territorialidad, vuelve al argumento inicial de la administraci�n municipal dos mil dos-dos mil cinco, narrado en el hecho 9 del presente escrito, que constituye los antecedentes del acto cuya invalidez se demanda. Y vuelve a ser el �nico argumento para sostener que el territorio en controversia, dice, le pertenece al Municipio de P., Estado de P.. Acompa�amos como anexo 15, copias fotost�ticas de la demanda de controversia por cuesti�n de l�mites o competencia por territorialidad, referida en este hecho. 25. El d�a siete de abril del a�o dos mil cinco, por segunda ocasi�n, mediante oficio PM/036/05, suscrito por el presidente municipal y el s�ndico municipal de San Andr�s Cholula, Estado de P., le solicitamos de la manera m�s atenta al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de P., se sirviera aprobar a trav�s del pleno, la propuesta de soluci�n de la controversia de l�mites territoriales entre los Municipios de P., Estado de P. y San Andr�s Cholula, Estado de P., esto de conformidad con el art�culo 17 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de P., P.. Este oficio lo acompa�amos como anexo 16. 26. El d�a veintitr�s de junio del a�o dos mil cinco, el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de P., emiti� el acuerdo por el cual declar� improcedente y ordena desechar de plano la controversia por cuesti�n de l�mites territoriales o competencia por territorialidad promovida por el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de P., Estado de P., en contra del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P., fundamentalmente por considerar que se encontraba pendiente de resoluci�n las solicitudes de los Municipios de P., Estado de P. y San Andr�s Cholula, Estado de P., en el sentido de aprobar la propuesta de soluci�n a la controversia de l�mites territoriales. Este acuerdo fue notificado personalmente al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de P., Estado de P., el d�a cinco de julio del a�o dos mil cinco, a trav�s del oficio mil doscientos cincuenta. Acompa�amos como anexo 17, copias fotost�ticas del acuerdo del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de P., referido en este hecho. 27. El mismo d�a veintitr�s de junio del a�o dos mil cinco, el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de P., emiti� el acuerdo por el cual neg� aprobar la propuesta de soluci�n a la controversia de l�mites territoriales entre los Municipios de San Andr�s Cholula, Estado de P. y P., Estado de P.. El acuerdo referido en el p�rrafo que antecede, fue notificado personalmente al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P., el d�a veintiocho de junio del a�o dos mil cinco, a trav�s del oficio mil doscientos cuarenta y ocho. Dicho acuerdo, es en esencia anticonstitucional, al violar los art�culos 14, 16 y 115 de nuestra Carta Magna, as� como otros preceptos legales, que se har�n referencia en el cap�tulo respectivo y por tal motivo se promueve esta controversia constitucional."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que hace valer el Municipio promovente, son los siguientes:
"Primer concepto de invalidez. El acto del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de P., cuya invalidez se demanda, viola flagrantemente los principios constitucionales consagrados en los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, as� como el art�culo 17 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de P.. En efecto, la autoridad demandada al pronunciar el acuerdo que se impugna, agravia a nuestra representada, por la inexacta aplicaci�n del derecho, por ende, carece de apoyo legal al no estar fundado, ni motivado dicho acuerdo, adem�s ser incongruente con lo solicitado por los Municipios de P. y San Andr�s Cholula, ambos del Estado de P.. Por las consideraciones siguientes: a) Desde la conformaci�n del territorio de San Andr�s Cholula, Estado de P., todas las administraciones municipales y en particular, la de los periodos constitucionales de los trienios mil novecientos noventa y tres-mil novecientos noventa y seis; mil novecientos noventa y seis-mil novecientos noventa y nueve y mil novecientos noventa y nueve-dos mil dos, dos mil dos-dos mil cinco y la actual administraci�n que representamos, los Municipios de P. y San Andr�s Cholula, ambos pertenecientes al Estado de P., han prestado servicios p�blicos y han cobrado contribuciones, expedido permisos y realizado diversos actos de gobierno en una parte de lo que hoy se conoce como: ?La reserva territorial para el ordenamiento de la zona metropolitana de la ciudad de P.? o ?unidad o reserva territorial A.�yotl?, as� como las colonias S.M. la Rosa, Concepci�n Guadalupe, Concepci�n la Cruz, Concepci�n G.A.�n Norte, Concepci�n las Lajas, Rinconada Sur Oriente, Rinconada Sur Poniente, as� como los fraccionamientos Arcos del Sur, Flor de Nieve, La Herradura, Estrellas del Sur, San Jos� Vista Hermosa, Concepci�n Buenavista, Santa Gema, Real Z., S.�as, Residencial Villas de Z., C.S.B., Rinc�n de San Andr�s, Residencial Z., Geovillas A.o, Villas de A.o, B. de A.�polis, C. de A.�polis, El P., La Escondida, Villa G�nesis, Geovillas La Hacienda, Vistas del Volc�n y su continuaci�n, Residencial Hacienda de San Andr�s, Residencial Camino Real, unidad habitacional Momosa, fraccionamiento El Arte Residencial, avenida A., R.S.M. y fraccionamiento Hacienda Camino Real. Estos actos de gobierno realizados en los l�mites territoriales entre los Municipios de P. y San Andr�s Cholula, ambos del Estado de P., ocasionaron serios conflictos jur�dicos para los ciudadanos de ambos Municipios y enfrentamiento entre las autoridades de los dos Municipios, por tener conflicto de intereses econ�micos, sociales, financieros, pol�ticos, etc. b) Durante la administraci�n municipal dos mil dos-dos mil cinco, los representantes legales del Municipio de P. y el Municipio de San Andr�s Cholula, ambos del Estado de P., convinieron en t�rminos del art�culo 17 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de P., buscar una propuesta de soluci�n a la controversia de l�mites territoriales en parte de lo que hoy se conoce como ?La reserva territorial para el ordenamiento de la zona metropolitana de la ciudad de P.? o ?unidad o reserva territorial A.�yotl?, as� como las colonias S.M. la Rosa, Concepci�n Guadalupe, Concepci�n la Cruz, Concepci�n G.A.�n Norte, Concepci�n las Lajas, Rinconada Sur Oriente, Rinconada Sur Poniente, as� como los fraccionamientos Arcos del Sur, Flor de Nieve, La Herradura, Estrellas del Sur, San Jos� Vista Hermosa, Concepci�n Buenavista, Santa Gema, Real Z., S.�as, Residencial Villas de Z., C.S.B., Rinc�n de San Andr�s, Residencial Z., Geovillas A.o, Villas de A.o, B. de A.�polis, C. de A.�polis, El P., La Escondida, Villa G�nesis, Geovillas La Hacienda, Vistas del Volc�n y su continuaci�n, Residencial Hacienda de San Andr�s, Residencial Camino Real, Unidad Habitacional Momosa, fraccionamiento El Arte Residencial, avenida A., R.S.M. y fraccionamiento Hacienda Camino Real, unidad habitacional Momosa, fraccionamiento El Arte Residencial, Avenida A., R.S.M. y fraccionamiento Hacienda Camino Real y as� se lo hicieron saber al gobernador del Estado de P., y a la Gran C.�n del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de P.. c) Las partes mencionadas en el inciso que antecede; el diez de junio del a�o dos mil dos, crearon una ?C.�n Especial para dar Seguimiento a los Trabajos de Preparaci�n de Propuestas de Soluci�n a la Determinaci�n de los L�mites Territoriales entre los Municipios de P., P. y San Andr�s Cholula, P.?, por los conflictos en parte del territorio que hoy constituye ?La reserva territorial para el ordenamiento de la zona metropolitana de la ciudad de P.? o ?unidad o reserva territorial A.�yotl?, as� como las colonias S.M. la Rosa, Concepci�n Guadalupe, Concepci�n la Cruz, Concepci�n G.A.�n Norte, Concepci�n las Lajas, Rinconada Sur Oriente, Rinconada Sur Poniente, as� como los fraccionamientos Arcos del Sur, Flor de Nieve, La Herradura, Estrellas del Sur, San Jos� Vista Hermosa, Concepci�n Buenavista, Santa Gema, Real Z., S.�as, Residencial Villas de Z., C.S.B., Rinc�n de San Andr�s, Residencial Z., Geovillas A.o, Villas de A.o, B. de A.�polis, C. de A.�polis, El P., La Escondida, Villa G�nesis, Geovillas La Hacienda, Vistas del Volc�n y su continuaci�n, Residencial Hacienda de San Andr�s, Residencial Camino Real, unidad habitacional Momosa, fraccionamiento El Arte Residencial, avenida A., R.S.M. y fraccionamiento Hacienda Camino Real, en t�rminos de los art�culos 94 y 95 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de P.. A la comisi�n referida, en adelante se denominar� ?C.�n especial?. d) La ?C.�n especial? fue integrada por representantes del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de P.; representantes del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de P., representantes del Municipio de San Andr�s Cholula, P. y representantes del Municipio de P., P.. e) La ?C.�n especial? referida en el inciso anterior, tuvo como misi�n, encontrar la mejor alternativa para hacer una propuesta de soluci�n a la controversia lim�trofe territorial suscitada entre el Municipio de P. y el Municipio de San Andr�s Cholula, ambos del Estado de P., respecto a una parte del territorio que hoy se conoce como ?La reserva territorial para el ordenamiento de la zona metropolitana de la ciudad de P.? o ?unidad o reserva territorial A.�yotl?, as� como las colonias S.M. la Rosa, Concepci�n Guadalupe, Concepci�n la Cruz, Concepci�n G.A.�n Norte, Concepci�n las Lajas, Rinconada Sur Oriente, Rinconada Sur Poniente, as� como los fraccionamientos Arcos del Sur, Flor de Nieve, La Herradura, Estrellas del Sur, San Jos� Vista Hermosa, Concepci�n Buenavista, Santa Gema, Real Z., S.�as, Residencial Villas de Z., C.S.B.,Rinc�n de San Andr�s, Residencial Z., Geovillas A.o, Villas de A.o, B. de A.�polis, C. de A.�polis, El P., La Escondida, Villa G�nesis, Geovillas La Hacienda, Vistas del Volc�n y su continuaci�n, Residencial Hacienda de San Andr�s, Residencial Camino Real, unidad habitacional Momosa, fraccionamiento El Arte Residencial, avenida A., R.S.M. y fraccionamiento Hacienda Camino Real. f) La ?C.�n especial? propuso a los Municipios de P. y San Andr�s Cholula, ambos del Estado de P., que el mejor mecanismo para dar soluci�n a la controversia lim�trofe territorial multicitada, era inducir y organizar la participaci�n de los ciudadanos para el desarrollo integral de sus comunidades, es decir, que los propios ciudadanos de las colonias ubicadas en la zona territorial de la controversia lim�trofe, fueran quienes decidieran a qu� Municipio pertenecer, realiz�ndose para ello, una consulta popular y despu�s respetando la voluntad ciudadana, se realizar�an estudios t�cnicos jur�dicos pertinentes, para soportar la propuesta de soluci�n y someterla para su aprobaci�n al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de P., esto en t�rminos del art�culo 17 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de P.. g) La propuesta de soluci�n referida, constituye un (sic), entre los trabajos de la ?C.�n especial?, desde su constituci�n hasta que se concluyeron los mismos, dichos trabajos y acuerdos ser�an plasmados en las actas correspondientes que se levanten para tal efecto, as� como los acuerdos que se tomen en los Cabildos de ambos Municipios. El resultado de la consulta popular y soportes t�cnicos jur�dicos que determinan el territorio que corresponde a cada Municipio, respecto de una parte de las colonias que est�n en la zona en conflicto de lo que hoy se conoce como ?La reserva territorial para el ordenamiento de la zona metropolitana de la ciudad de P.? o ?unidad o reserva territorial A.�yotl? y el acuerdo de voluntades de ambos Municipios manifiesto en la propuesta de soluci�n a los conflictos y decretos que se anexaron, para que posteriormente se sometiera al Congreso del Estado de P. para su aprobaci�n, en t�rminos del art�culo 17 de la Ley Org�nica Municipal del Estadio de P.. g) El veintiuno de junio del a�o dos mil dos, los Ayuntamientos Municipales de P. y San Andr�s Cholula, ambos del Estado de P., celebraron respectivamente sesi�n extraordinaria de Cabildo, en la cual aprobaron llevar a cabo los acuerdos de la ?C.�n especial? para dar seguimiento a los trabajos de propuestas de soluci�n a la determinaci�n de los l�mites territoriales entre ambos Municipios, por la controversia lim�trofe existente en la zona territorial que nos ocupa, referida en parte del territorio denominado ?La reserva territorial para el ordenamiento de la zona metropolitana de la ciudad de P.? o ?unidad o reserva territorial A.�yotl?, as� como las colonias S.M. la Rosa, Concepci�n Guadalupe, Concepci�n la Cruz, Concepci�n G.A.�n Norte, Concepci�n las Lajas, Rinconada Sur Oriente, Rinconada Sur Poniente, as� como los fraccionamientos Arcos del Sur, Flor de Nieve, La Herradura, Estrellas del Sur, San Jos� Vista Hermosa, Concepci�n Buenavista, Santa Gema, Real Z., S.�as, Residencial Villas de Z., C.S.B., Rinc�n de San Andr�s, Residencial Z., Geovillas A.o, Villas de A.o, B. de A.�polis, C. de A.�polis, El P., La Escondida, Villa G�nesis, Geovillas La Hacienda, Vistas del Volc�n y su continuaci�n, Residencial hacienda de San Andr�s, Residencial Camino Real, unidad habitacional Momosa, fraccionamiento El Arte Residencial, avenida A., R.S.M. y fraccionamiento Hacienda Camino Real. H) El veinticinco de junio del a�o dos mil dos, los presidentes municipales de P. y San Andr�s Cholula, ambos del Estado de P., en cumplimiento de las sesiones extraordinarias de Cabildo de fecha veintiuno de junio del a�o dos mil dos, celebraron el convenio respectivo, en el que acordaron entre otras, en la cl�usula segunda: que ?ambos Municipios se comprometen a tomar en cuenta los resultados de la consulta popular que se celebrar� el d�a treinta de junio del a�o dos mil dos, mismo que se someter� a la aprobaci�n del H. Congreso del Estado de P., v�a la �C.�n especial� que para tal efecto se integre entre representantes del Gobierno del Estado de P., Poder Ejecutivo y Poder Legislativo y los representantes de los Municipios de P. y San Andr�s Cholula, ambos del Estado de P., para su aprobaci�n en t�rminos del art�culo 17 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de P.. i) El d�a treinta de junio del a�o dos mil dos, se celebr� el proceso, de la consulta popular en los t�rminos convenidos, en el que los vecinos que conforman las colonias del conflicto territorial, manifestaran su opini�n respecto del Municipio al que deseaban pertenecer, cuyo resultado fue asentado en el acta correspondiente. j) El tres de julio del a�o dos mil dos, los Ayuntamientos Constitucionales de P. y San Andr�s Cholula, ambos de Estado de P., celebraron sesi�n extraordinaria de Cabildo mediante la cual se reconocieron y aprobaron los resultados arrojados en la consulta popular antes citada; se analiz� la informaci�n y la documentaci�n que entregara la �C.�n especial� y se dieron las instrucciones a las dependencias t�cnicas respectivas, para hacer los estudios t�cnicos jur�dicos correspondientes, para apoyar la propuesta de soluci�n que se presentar�a al Congreso del Estado en t�rminos del art�culo 17 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de P.. l) (sic) El d�a diez de julio del a�o dos mil dos, fueron presentados ante el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de P., los oficios 4.5SG/DJ/563/2002 y SG/471/2002 signados por los secretarios generales de los Municipios de P. y San Andr�s Cholula, ambos del Estado de P., mediante los cuales se le solicitaba al Congreso del Estado de P.; la aprobaci�n de la propuesta de soluci�n del conflicto lim�trofe territorial entre ambos Municipios, acompa�ando a la petici�n la documentaci�n respectiva de soporte t�cnico jur�dico de la propuesta, que forma parte integral del acuerdo de voluntades de los Municipios en conflicto, todo ello en t�rminos de la primera parte del art�culo 17 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de P.. m) El veintid�s de noviembre del a�o dos mil dos, concluyeron los trabajos de la �C.�n especial�, se�al�ndose como conclusi�n: que la intensa participaci�n social expresada en la consulta popular de los ciudadanos de las colonias pertenecientes a terrenos lim�trofes de ambos Municipios, era muestra evidente e irrefutable para sustentar la propuesta de soluci�n a las controversias territoriales entre ambos Municipios, a fin de no invadir sus esferas territoriales y de competencia. Entre otros acuerdos, se concluy� que la ciudad de P. ha propiciado y consolidado un crecimiento urbano metropolitano, cuyas repercusiones econ�micas, f�sicas, ecol�gicas, pol�ticas, sociales y culturales han generado un conjunto de problemas que es impostergable atender y resolver oportunamente, involucrando a los tres niveles de gobierno en el marco de acuerdos y compromisos que garantice en el �mbito de sus competencias, la eficacia de las acciones p�blicas. Asimismo, se concluy�, que a fin de evitar mayores conflictos de l�mites territoriales, respetando el acuerdo de voluntades de la ciudadan�a, era indispensable consolidar la identidad del ciudadano metropolitano, para generar una cultura metropolitana en la poblaci�n de ambos Municipios, que conlleve a resolver los problemas de inter�s com�n, as� como atender de forma efectiva de las demandas de las comunidades, como es el caso de la opini�n expresada en la consulta popular. Con los trabajos de programaci�n y de rebonificaci�n urban�stica que realiz� la �comisi�n especial� con los soportes t�cnicos jur�dicos que fueron anexados al Congreso del Estado de P. para fundamentar la aprobaci�n de la propuesta de soluci�n a la controversia de l�mites territoriales suscitada entre los Municipios de P. y San Andr�s Cholula, ambos del Estado de P., respecto a una parte del territorio hoy denominado �La reserva territorial para el ordenamiento de la zona metropolitana de la ciudad de P.� o ?unidad o reserva territorial A.�yotl�. n) El once de diciembre del a�o dos mil dos, fue presentado ante el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de P., el oficio suscrito de manera conjunta por los presidentes y s�ndicos de los Municipios de P. y San Andr�s Cholula, ambos del Estado de P., mediante el cual le solicitaban la aprobaci�n de la propuesta de soluci�n de la controversia o conflicto lim�trofe territorial en t�rminos del art�culo 17 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de P., asimismo se le remiti� la documentaci�n siguiente: a. Actas de sesiones realizadas. b. Carpeta que contiene: diagn�stico, antecedentes hist�rico-culturales, s�ntesis del decreto, definici�n del pol�gono de conurbaci�n, datos estad�sticos del pago de derechos y dotaci�n de servicios, trabajo de campo, consulta popular, s�ntesis del recorrido por los miembros de la comisi�n, pron�stico, conclusiones generales y pol�gonos resultantes. La documentaci�n que se acompa��, justifica plenamente la existencia de la controversia territorial lim�trofe entre los Municipios de P. y San Andr�s Cholula ambos del Estado de P., respecto de la zona en conflicto del territorio que conforman lo que hoy se conoce como �La reserva territorial para el ordenamiento de la zona metropolitana de la ciudad de P.� o ?unidad o reserva territorial A.�yotl�, y tambi�n se integrar� al expediente de aprobaci�n de la propuesta de soluci�n al conflicto territorial de ambos Municipios, formando parte integral del mismo todo, ello para que el Congreso contara con todos los elementos necesarios de prueba para justificar la existencia del conflicto o controversia territorial lim�trofe que afecta los aspectos sociales, econ�mico, pol�ticos e hist�rico de ambos Municipios para la aprobaci�n de la propuesta de soluci�n de la multicitada controversia. �) Por segunda ocasi�n, el siete de abril del a�o dos mil cinco, mediante oficio PM/036/05, suscrito por el presidente municipal y el s�ndico municipal de San Andr�s Cholula, Estado de P., le solicitamos al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de P., que se sirviera aprobar a trav�s del pleno, la propuesta de soluci�n de l�mites territoriales objeto de esta demanda, de conformidad con el art�culo 17 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de P.. o) El veintitr�s de junio del a�o dos mil cinco, el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de P., emiti� el acuerdo por el cual neg� aprobar la propuesta de soluci�n a la controversia de l�mites territoriales entre los Municipios de San Andr�s Cholula y P., ambos del Estado de P., el cual fue notificado el veintiocho de junio del a�o dos mil cinco. Ahora bien, la autoridad demandada al tratar de fundar la no aprobaci�n de la propuesta de soluci�n de la controversia de l�mites territoriales entre los Municipios de P. y San Andr�s Cholula ambos del Estado de P., parte de una premisa falsa al considerar que nunca ha existido controversia territorial en el presente caso y pretende fundar su acuerdo en el art�culo 6o. de la Ley Org�nica Municipal del Estado de P., por ende, al partir de una premisa falsa las conclusiones negativas reapartan de la verdad legal. Si afirmamos que la premisa de la que parte la autoridad demandada es falsa, es por las razones siguientes: 1. La comisi�n especial multicitada fue integrada por representantes del Poder Ejecutivo del Estado; representantes del Poder Legislativo (Congreso del Estado) y representantes de ambos Municipios y su naturaleza fue encontrar la soluci�n a los conflictos territoriales suscitados entre los Municipios de San Andr�s Cholula y P. ambos del Estado de P., lo cual hace evidente la falsedad del Congreso al determinar que no existe controversia territorial. Se abunda y corrobora con la controversia constitucional 10/2002 de los de esta H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n y la controversia por l�mites territoriales interpuesta por el abogado L.C.S.�nchez, s�ndico municipal del H. Ayuntamiento de P., Estado de P.. 2. La petici�n que hicieron los Municipios en conflicto ante el H. Congreso del Estado de P., fue la aprobaci�n de la propuesta de soluci�n de la controversia territorial en t�rminos del art�culo 17 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de P.. No del art�culo 6o. del mismo ordenamiento legal, como err�neamente lo aplica la autoridad demandada. 3. De los documentos que integran la propuesta de soluci�n cuya aprobaci�n hacen los Municipios en conflicto en t�rminos del art�culo 17 de la Ley Org�nica Municipal para el Estado de P., dejaron de ser tomados en cuenta en el acuerdo cuya invalidez se demanda, pues no fueron analizados, estudiados ni valorados en su conjunto. Tales razonamientos son suficientes para justificar que el acto cuya invalidez se reclama, viola en agravio de nuestra representada los principios constitucionales consagrados en los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. R. lo antes expuesto en el art�culo 17 de la ley org�nica municipal que textualmente dice: �Art�culo 17.� (se transcribe). El precepto legal en comento consta de dos partes: En la primera parte, prevalece como un valor fundamental el acuerdo de voluntades de dos Municipios del mismo Estado, para evitar conflictos de l�mites territoriales, en forma pac�fica mediante acuerdo en el que se incluye la consulta popular de las ciudades y los estudios t�cnicos jur�dicos que soporta el acuerdo de voluntades. El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de P., est� facultado en forma imperativa para aprobar la propuesta de soluci�n de controversias territoriales, que le presenten dos Municipios del mismo Estado, la raz�n de su facultad, es sancionar dicho acuerdo, siempre que no sean contrarios a la ley, a la moral y buenas costumbres. La aprobaci�n de la propuesta de soluci�n de la controversia territorial que debe hacer el H. Congreso del Estado de P. en un imperativo, es sancionar el acuerdo de voluntades de ambas partes para que se est� en �l y pasar por �l en todo tiempo y lugar, por lo que consecuentemente con la aprobaci�n deber� ordenarse su publicaci�n en el P.�dico Oficial del Estado (este es el caso que nos ocupa). En el acto del H. Congreso del Estado de P., cuya invalidez se demanda, la autoridad demandada aplica inexactamente los art�culos 5o., 6o. y 16 al 35 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de P. y deja de aplicar el art�culo 17 del mismo ordenamiento legal que es el aplicable al caso. El H. Congreso del Estado de P. al acordar la no aprobaci�n de la propuesta de soluci�n a la controversia territorial entre los Municipios de P. y San Andr�s Cholula, ambos del Estado de P., se concreta a se�alar que no existe controversia de l�mites territoriales entre dichos Municipios, no obstante los documentos que se anexaron a la solicitud de propuesta de soluci�n del conflicto territorial que justifica la existencia de un conflicto de intereses econ�micos, jur�dicos, pol�ticos y sociales. El acto de la autoridad demandada objeto de esta controversia, viola en agravio de mi representada el principio de seguridad jur�dica que dan las garant�as de audiencia y legalidad previstas por el art�culo 14 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. El art�culo constitucional mencionado en la aparte conducente dice: �Nadie podr� ser privado de la vida, la libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante tribunales en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho ...�. En el presente caso si bien es cierto que el H. Congreso del Estado de P. est� facultado en t�rminos del art�culo 17 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de P., esta facultad es para aprobar la propuesta de soluci�n de la controversia de l�mites entre dos Municipios como en el presente caso de los Municipios de P. y San Andr�s Cholula, ambos del Estado de P.. Lo cierto es que, al declarar que no existen elementos suficientes para aprobar la petici�n de soluci�n a la controversia territorial entre los Municipios de P. y San Andr�s Cholula, ambos del Estado de P., carece de fundamentaci�n legal, porque no basta con citar preceptos legales para apoyar su acuerdo, sino que �stos deben ser de aplicaci�n exacta (situaci�n que en el presente caso no aconteci�). Asimismo, el acuerdo dictado por el H. Congreso del Estado de P. cuya invalidez se demanda, al no estar fundamentado en derecho, no se encuentra fundado ni motivado; por ende, viola flagrantemente tambi�n en perjuicio de mi representada los principios constitucionales consagrados en el art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. El art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en su primer p�rrafo dice: �Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.�. El H. Congreso del Estado de P. en el acto que se combate, manifiesta que no existe controversia de l�mites territoriales entre los Municipios de P. y San Andr�s Cholula, ambos del Estado de P. y pretende apoyar su acuerdo entre otros en los art�culos 5o., 6o. y 16 al 35 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de P. que no son aplicables al presente caso y deja de aplicar el art�culo 17 del mismo ordenamiento legal; que es el que aplica, en consecuencia como antes se dijo, no basta con citar preceptos legales para que se cumpla con el principio constitucional previsto en el art�culo 16 de nuestra Carta Magna, sino que tambi�n se debe razonar el porqu� de la norma jur�dica que se aplica, el no hacerlo la autoridad demandada, viola los derechos de mi representada al dictar un acuerdo que no est� fundado, ni motivado. Si no est� fundado conforme a derecho, el acuerdo dictado por la demandada en esta controversia, mucho menos, se encuentra motivado, violando flagrantemente el principio constitucional previsto por el art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. La autoridad demandada, en el considerando �4� dice haber realizado un an�lisis arm�nico de los elementos aportados por los Municipios de P. y San Andr�s Cholula, ambos del Estado de P., nada m�s alejado de la verdad, pues no hace referencia a cu�les documentos se refiere, ni precisa en qu� consisti� el an�lisis arm�nico que dice haber realizado, por el contrario de la simple lectura de los razonamientos que expone en el acuerdo impugnado se aprecia que no tom� en cuenta los documentos que se acompa�aban a la propuesta de soluci�n, ni los que se acompa�aron posteriormente el veintid�s de noviembre del a�o dos mil dos. Al no constar en el acuerdo cuya invalidez se demanda, que la autoridad haya estudiado y valorado el material probatorio que se acompa�� a la propuesta de soluci�n, para justificar la petici�n de aprobaci�n de la misma, para dar soluci�n a los conflictos de l�mites territoriales entre los Municipios de P. y San Andr�s Cholula, ambos del Municipio de P., respecto a lo que forma parte del territorio que hoy se conoce como �La reserva territorial para el ordenamiento de la zona metropolitana de la ciudad de P.� o ?unidad o reserva territorial A.�yotl�, as� como las colonias S.M. la Rosa, Concepci�n Guadalupe, Concepci�n la Cruz,Concepci�n G.A.�n Norte, Concepci�n las Lajas, Rinconada Sur Oriente, Rinconada Sur Poniente, as� como los fraccionamientos Arcos del Sur, Flor de Nieve, La Herradura, Estrellas del Sur, San Jos� Vista Hermosa, Concepci�n Buenavista, Santa Gema, Real Z., S.�as, Residencial Villas de Z., C.S.B., Rinc�n de San Andr�s, Residencial Z., Geovillas A.o, Villas de A.o, B. de A.�polis, C. de A.�polis, El P., La Escondida, Villa G�nesis, Geovillas La Hacienda, Vistas del Volc�n y su continuaci�n, Residencial Hacienda de San Andr�s, Residencial Camino Real, unidad habitacional Momosa, fraccionamiento El Arte Residencial, avenida A., R.S.M. y fraccionamiento Hacienda Camino Real, por lo que se deber� concluir que el acto impugnado no est� fundado, ni motivado, en consecuencia legal el acto impugnado en esta controversia debe ser invalidado. Al no estar motivado el acuerdo impugnado, contiene razonamientos que son simples apreciaciones subjetivas, como lo son, el decir que no existe controversia o conflicto de intereses econ�micos, sociales, financieros, hist�ricos, pol�ticos entre los Municipios solicitantes de la aprobaci�n y propuesta de soluci�n, asimismo al expresar la autoridad demandada que la petici�n que se hizo por ambos Municipios se trata de una redefinici�n en t�rminos del art�culo 6o. de la Ley Org�nica Municipal del Estado de P., es soslayar el estudio de la propuesta y sus documentos para la soluci�n de la controversia de l�mites territoriales entre ambos Municipios en la zona multicitada, todo ello para no entrar al estudio del fondo de la petici�n que hicieron ambos Municipios, por ende, dicho acuerdo no est� fundado, ni motivado. Es de explorado derecho que el art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, exige que todo acto de autoridad se funde y motive, es decir, que se establezca el precepto legal aplicable al caso y la causa o circunstancia que lo lleve a tal conclusi�n. Esto es, debe satisfacerse dos clases de requisitos, uno de forma y otro de fondo. El elemento formal, queda surtido cuando en la resoluci�n o acuerdo de la autoridad, se citan las disposiciones legales que se consideren aplicables al caso (s�lo los que son de aplicaci�n exacta), es decir, es necesario expresar el precepto legal en que apoya su acuerdo y tambi�n expresar los motivos que precedieron a su emisi�n. Para integrar el segundo elemento, es decir, el de fondo, es necesario que los motivos invocados sean reales y ciertos (no partir de premisas falsas) y que conforme a los preceptos invocados aplicables al caso, sean bastante para provocar el acto de autoridad, que est� adecuado entre los motivos aludidos y las normas aplicables. Al efecto me permito transcribir la siguiente jurisprudencia: �FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N.� (se transcribe). Sirve de apoyo a este razonamiento la tesis jurisprudencial n�mero P./J. 50/2000, consultable en la p�gina ochocientos trece, Tomo XI, abril de dos mil, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que establece: �FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JUR�DICA DE LOS PARTICULARES.� (se transcribe). En conclusi�n el acto del H. Congreso del Estado de P. cuya invalidez se demanda, no se encuentra fundado ni motivado, pues viola los principios constitucionales consagrados en el art�culo 16 de nuestra Carta Magna, pues los Municipios son entes morales, con personalidad jur�dica propia y con plena autonom�a, seg�n lo previsto por el art�culo 115 constitucional y, por ende, tambi�n gozan de los principios constitucionales de seguridad jur�dica, de audiencia y legalidad y no puede producir efectos legales un acuerdo que no est� fundado y motivado. El acto combatido de la autoridad demandada en la presente controversia, entre lo solicitado y lo acordado, toda vez que la solicitud de la aprobaci�n a la propuesta de soluci�n de toda controversia de l�mites territoriales entre los Municipios de P. y San Andr�s Cholula, ambos del Estado de P., respecto a la zona en conflicto, fue formulada en t�rminos del art�culo 17 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de P., y el acuerdo lo pretende fundar la autoridad demandada, en t�rminos de los art�culos 5o., 6o. y del 16 al 35 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de P., misma que no aplica; situaci�n que robustece que el acuerdo impugnado no est� fundado ni motivado, violando con ello en agravio de nuestra representada el art�culo 16 constitucional. La autoridad demandada al emitir un acto sin estar fundado ni motivado viola, en agravio de mi representada el art�culo 16 constitucional, raz�n suficiente para tener por justificado el concepto de invalidez del acto reclamado, en consecuencia as� se deber� resolver ordenando a la demandada: la aprobaci�n de dicha propuesta de soluci�n a la controversia de l�mites territoriales entre los Municipios de P. y San Andr�s Cholula, ambos del Estado de P. en t�rminos del art�culo 17 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de P. como lo solicitaron, toda vez que los acuerdos expresados en los documentos, actas, estudios jur�dicos, consulta popular y convenio no est�n en contra de la ley, ni la moral ni las buenas costumbres. Segundo concepto de invalidez. El acto del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de P., cuya invalidez se demanda, conculca lo establecido por el art�culo 115, fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos as� como los art�culos 102 y 103 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de P. y los art�culos 1o., 2o., 3o. y 5o. de la Ley Org�nica Municipal del Estado de P.. El art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, establece: (se transcribe). El art�culo 102 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de P. establece: (se transcribe). El art�culo 103 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de P. establece: (se transcribe). El diccionario jur�dico editado por el Instituto de Investigaciones Jur�dicas de la UNAM, se�ala que el Municipio es: �La organizaci�n pol�tico administrativo que sirve de base a la divisi�n territorial y organizaci�n pol�tica de los Estados miembros de la Federaci�n. Integran la organizaci�n pol�tica tripartita del Estado, Municipios, Estados y Federaci�n.�. El art�culo 1o. de la Ley Org�nica Municipal del Estado de P. establece: (se transcribe). El art�culo 2o. de la Ley Org�nica Municipal del Estado de P. textualmente dice: (se transcribe) ... El art�culo 3o. de la Ley Org�nica Municipal del Estado de P. que me permito transcribir, a la letra dice: (se transcribe). El art�culo 5o. de la Ley Org�nica Municipal del Estado de P., establece que: (se transcribe). En el sentido literal de los preceptos legales antes se�alados, tenemos que el Municipio, entendido como organizaci�n pol�tica, est� integrado por una poblaci�n asentada en un territorio determinado y regido por un gobierno; por lo que podemos concluir que, los elementos del Municipio de poblaci�n, territorio y gobierno. Poblaci�n. J., al referirse a la poblaci�n afirma: �Los hombres que pertenecen a un Estado, forman una poblaci�n�. (J.G.T.�a General del Estado, p�gina 332). H.K., enriquece lo anterior al decir respecto a la poblaci�n: �Una pluralidad de hombres no constituye una unidad, sino porque existe en un orden jur�dico unificado�. (K.H., Teor�a General del Estado, p�gina 196). Por consiguiente la poblaci�n de un Estado, es un conglomerado humano que tiende hacia la unidad, la cual entre m�s se logra, m�s eficaz es el Estado. El Municipio como c�lula de organizaci�n requiere de una poblaci�n, no le basta una pluralidad de hombres sino que requiere de una poblaci�n unida por v�nculos de identificaci�n, como los que da el mismo lenguaje, un mismo pasado hist�rico, las tradiciones, los lazos de sangre, la religi�n, la educaci�n, e inclusive la alimentaci�n y vestido. El Municipio es el (sic) de la convivencia y no el de la mera coexistencia, por eso se requiere que la poblaci�n de un Municipio tenga relaciones de vecindad de proximidad, de intereses comunes, de ayuda mutua, de colaboraci�n, de solidaridad, de integraci�n. De todo ello podemos afirmar que, entre m�s definida sea la unidad humana mejor ser� la organizaci�n municipal en su poblaci�n. La solidaridad es un esp�ritu que indispensablemente debe animar a los miembros de una sociedad, organizada pol�ticamente y ordenada jur�dicamente, ya que ello permitir� al conjunto de sus miembros su desarrollo humano, que es la meta del hombre como ser racional, de ah� que el primer elemento del Municipio sea el elemento humano caracterizado por una asociaci�n de vecindad, es decir, la solidaridad es parte integral del Municipio; el ser humano s�lo se realiza mediante la solidaridad. Por ello, el Municipio es en la actualidad categ�ricamente una asociaci�n solidaria de vecindad, por ello doctrinalmente tenemos que el Estado de P. defini� que �Son habitantes del Municipio las personas que est�n en su territorio�. Territorio. Otro elemento esencial del Municipio es su territorio; un Municipio sin territorio es inimaginable, el territorio municipal es donde se realiza la convivencia vecinal donde se asientan los vecinos, sus casas; sus empresas; sus escuelas; sus iglesias, etc�tera. En nuestro pa�s en el art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece, que los Estados deben tener como base de su divisi�n territorial al Municipio. Tal es la importancia del elemento territorial, que el Municipio ha sido identificado muchas veces con su territorio, aunque no debemos olvidar que el Municipio es un todo y no podemos identificarlo con una de sus partes. Para precisar el concepto de territorio municipal, seguiremos el concepto de H.K., quien nos indica, que �territorio es el �mbito espacial de validez de una ley�. En un Estado federal como lo es el nuestro, encontramos tres tipos de territorio: el federal, el estatal y el municipal. El territorio municipal es la superficie terrestre dentro de los l�mites donde tiene validez el orden jur�dico municipal. Gobierno. El art�culo 2o. de la Ley Org�nica Municipal del Estado de P., se�ala: El Municipio se integra por una comunidad establecida en un territorio, con un gobierno de elecci�n popular directa que tiene el prop�sito de satisfacer dentro del �mbito de su competencia las necesidades colectivas de la poblaci�n que se encuentran asentadas en su circunscripci�n territorial, as� como inducir y organizar la participaci�n de los ciudadanos en el desarrollo integral de sus comunidades. El Gobierno de los Municipios contempla la misma Ley Org�nica Municipal del Estado de P., que para el gobierno de los pueblos habr�n Juntas Auxiliares, as� como inspectores. (art�culos 196, 224, 234). Es importante destacar que el territorio del Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P. no ha sufrido ninguna variaci�n desde la �poca de la colonia, recordando que la fragmentaci�n de los territorios conquistados por los espa�oles era con fines administrativos y de gobierno. Despu�s de analizar los antecedentes hist�ricos, jur�dicos, sociales, pol�ticos, econ�micos y los conceptos jur�dicos vertidos con anterioridad, se ha concluir que el l�mite territorial entre los Municipios de P. y San Andr�s Cholula, ambos del Estado de P., siempre ha sido y es en la actualidad el r�o Atoyac. Sin embargo, por una confusi�n provocada por los medios de comunicaci�n y una mala interpretaci�n jur�dica del decreto, publicado en el P.�dico Oficial del Estado de P. el treinta de octubre del a�o mil novecientos sesenta y dos, as� como por el futuro crecimiento demogr�fico e industrial de la capital del Estado, los Municipios de P. y San Andr�s Cholula, ambos del Estado de P., desde mil novecientos noventa y cinco a la fecha han realizado actos de gobierno sobre parte del territorio que hoy se conoce como �La reserva territorial para el ordenamiento de la zona metropolitana de la ciudad de P.� o �unidad o reserva territorial A.�yotl�, as� como las colonias S.M. la Rosa, Concepci�n Guadalupe, Concepci�n la Cruz, Concepci�n G.A.�n Norte, Concepci�n las Lajas, Rinconada Sur Oriente, Rinconada Sur Poniente, as� como los fraccionamientos Arcos del Sur, Flor de Nieve, La Herradura, Estrellas del Sur, San Jos� Vista Hermosa, Concepci�n Buenavista, Santa Gema, Real Z., S.�as, Residencial Villas de Z., C.S.B., Rinc�n de San Andr�s, Residencial Z., Geovillas A.o, Villas de A.o, B. de A.�polis, C. de A.�polis, El P., La Escondida, Villa G�nesis, Geovillas La Hacienda, Vistas del Volc�n y su continuaci�n, Residencial hacienda de San Andr�s, Residencial Camino Real, unidad habitacional Momosa, fraccionamiento El Arte Residencial, avenida A., R.S.M. y fraccionamiento Hacienda Camino Real. Raz�n por la cual para evitar conflictos posteriores de controversias territoriales, ambos Municipios de com�n acuerdo y a trav�s de una comisi�n especial integrada con representantes del Poder Ejecutivo del Estado y del Congreso del Estado y de los Municipios de P. y San Andr�s Cholula, ambos del Estado de P., presentaron al Congreso del Estado la propuesta de soluci�n de toda controversia de l�mites para la aprobaci�n del Congreso del Estado, acompa�ando los puntos que justifican la necesidad de que sea aprobada la propuesta de soluci�n con los documentos, actas levantadas por la comisi�n especial, sesiones de Cabildo de ambos Municipios, consulta popular donde se expresa la voluntad de la ciudadan�a y estudios t�cnicos jur�dicos que no fueron tomados en cuenta por la autoridad demandada. No es ocioso mencionar que la naturaleza y alcance del decreto publicado en el P.�dico Oficial del Estado de P., el treinta de octubre del a�o mil novecientos sesenta y dos, fue suprimir los Municipios de San Jer�nimo Caleras; S.F.H.; S.M.C.; R.�n y T.an, los que se anexaron al Municipio de P.. Sin embargo, el Municipio de P. respet� el territorio que pertenece al Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P. en la zona de conflicto lim�trofe y fue hasta el gobierno de mil novecientos noventa y cinco que en forma indebida comenz� a cobrar contribuciones y a prestar servicios p�blicos dentro del territorio del Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P., en la zona de conflicto, provocando enfrentamientos entre las autoridades municipales, causando con ello una controversia de l�mites territoriales sin que �sta sea jurisdiccional, este conflicto permaneci� hasta el a�o dos mil dos, en que las autoridades de ambos Municipios en la forma amigable y de acuerdo al art�culo 17 de la ley org�nica municipal en vigor, presentaron al Congreso del Estado para su aprobaci�n la propuesta de soluci�n a los conflictos territoriales suscitados entre dichos Municipios, resulta inexplicable y sin sost�n jur�dico el acuerdo objeto de esta controversia pronunciado por la autoridad demandada al negarse a probar dicho convenio violando los principios consagrados en los art�culos constitucionales multicitados. Retomando el prop�sito del Municipio de P., Estado de P. de realizar actos de gobierno en el territorio de San Andr�s Cholula, Estado de P., crea el conflicto territorial basado en una incorrecta interpretaci�n del decreto publicado en el P.�dico Oficial del Estado de P., el treinta de octubre de mil novecientos sesenta y dos, este fue, como ya se dijo, �nicamente suprimir los Municipios que se anexaron al Municipio de P., del Estado de P., todo ello para que se pudiera atender en el futuro al crecimiento demogr�fico e industrial. Por lo que, dicho decreto, nunca se refiri� a que se le restara o se le quitara al Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P., parte de su territorio y pasara a formar parte del territorio del Municipio de P., Estado de P.. Sin embargo, como lo hemos se�alado en forma reiterada, los Municipios de P. y San Andr�s Cholula, ambos del Estado de P., para evitar futuras controversias territoriales y poner fin a los conflictos existentes entre los l�mites territoriales, convinieron hacer una propuesta de soluci�n entre ellos, someti�ndola a la aprobaci�n del H. Congreso del Estado de P.. Al no aprobar el H. Congreso del Estado de P. la propuesta de soluci�n, sin apoyo legal alguno, al no estar el acto fundado ni motivado, agravia a mi representada, al violar los art�culos constitucionales y de la ley org�nica municipal supra citados, raz�n suficiente, para que se tenga justificado el concepto de invalidez del acto del H. Congreso del Estado de P. que se impugna. Por las consideraciones manifestadas con anterioridad, tendremos que concluir que la autoridad demandada en el presente juicio de controversia, viola la autonom�a del Municipio Libre y, por ende, la personalidad jur�dica, patrimonial del Ayuntamiento que representamos, as� como la administraci�n libre de su hacienda, violando el precepto constitucional (sic) art�culo 115, fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, as� como los art�culos 102 y 103 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de P., as� como los art�culos 1o., 2o., 3o., 5o., 6o., 16 y 17 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de P.. La autoridad demandada en el presente juicio de controversia constitucional, viola los art�culos 1o., 2o., 3o. y 5o. de la Ley Org�nica Municipal del Estado de P., pues deja en un estado total de indefinici�n los conflictos entre ambos Municipios, que pretenden solucionar en forma amigable los mismos, pasando por alto el acuerdo de voluntades entre ambos entes morales y pretende apoyar el acuerdo en preceptos de la ley org�nica municipal que no son aplicables al presente caso. Por los razonamientos antes expuestos, este honorable tribunal m�xima autoridad judicial, en su oportunidad deber� resolver: declarar que est� plenamente justificado el concepto de invalidez del acto del H. Congreso del Estado de P. que se demanda y se ordene: se proceda a la aprobaci�n del mismo porque dicha propuesta no es contraria a la ley, ni a la moral, ni las buenas costumbres y se sirva aprobar la propuesta de soluci�n, obligando a las partes estar y pasar por �l en todo tiempo y lugar. Tercer concepto de invalidez. El acto del H. Congreso del Estado de P., cuya invalidez se demanda, conculca con lo establecido en el art�culo 115, fracci�n II, de la Constituci�n de los Estados Unidos Mexicanos. Por las siguientes razones: El precepto constitucional prev�: �Art�culo 115.� (se transcribe). Asimismo, conculca el art�culo 102 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de P., en su parte conducente dice: (se transcribe). El art�culo 103 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de P. es violado en perjuicio de mi representada por el acuerdo impugnado, toda vez que, dicho precepto contempla lo siguiente: (se transcribe). Al no aprobar el H. Congreso del Estado de P., la propuesta de soluci�n a la controversia territorial entre los Municipios de P. y San Andr�s Cholula, ambos del Estado de P., sobre todo al no estudiar, ni valorar los medios id�neos de pruebas, dicta un acuerdo, adem�s de no estar fundado, ni motivado, resta personalidad jur�dica de nuestra representada, pues la deja en un estado de indefinici�n sobre los actos de gobierno que tiene que realizar en su propio territorio en bien de la comunidad, no obstante que as� lo ha reconocido el propio Municipio de P. del Estado de P., por lo que al violar el precepto constitucional invocado, esto es causa suficiente para que se declare justificado el concepto de invalidez del acto deautoridad que se demanda y en consecuencia se deba aprobar dicha propuesta de soluci�n de toda controversia territorial entre ambos Municipios, por estar apegada a derecho y no existir cl�usula en contrario a la ley, a la moral y a las buenas costumbres, debiendo sancionar la propuesta de soluci�n obligando a las partes a estar y pasar por ella en todo tiempo y lugar. Cuarto concepto de invalidez. El acto del Congreso del Estado de P. cuya invalidez se demanda viola el art�culo 115, fracci�n III, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos que dice: (se transcribe). Al violar el precepto antes mencionado tambi�n conculca el art�culo 105 fracci�n III, de la Constituci�n Pol�tica del Estado de P.. El no aprobar el H. Congreso del Estado de P. sin fundamento legal alguno, la propuesta de soluci�n, a toda controversia territorial respecto a parte de los que hoy se conoce como �La reserva territorial para el ordenamiento de la zona metropolitana de la ciudad de P.� o ?unidad o reserva territorial A.�yotl�, as� como las colonias S.M. la Rosa, Concepci�n Guadalupe, Concepci�n la Cruz, Concepci�n G.A.�n Norte, Concepci�n las Lajas, Rinconada Sur Oriente, Rinconada Sur Poniente, as� como los fraccionamientos Arcos del Sur, Flor de Nieve, La Herradura, Estrellas del Sur, San Jos� Vista Hermosa, Concepci�n Buenavista, Santa Gema, Real Z., S.�as, Residencial Villas de Z., C.S.B., Rinc�n de San Andr�s, Residencial Z., Geovillas A.o, Villas de A.o, B. de A.�polis, C. de A.�polis, El P., La Escondida, Villa G�nesis, Geovillas La Hacienda, Vistas del Volc�n y su continuaci�n, Residencial Hacienda de San Andr�s, Residencial Camino Real, unidad habitacional Momosa, fraccionamiento El Arte Residencial, avenida A., R.S.M. y fraccionamiento Hacienda Camino Real?, viola el precepto constitucional en la fracci�n que nos ocupa, pues nuestra representada se v� restringida en su personalidad jur�dica al quedar en estado de indefinici�n, respecto a los actos de gobierno que ha de realizar en su propio territorio a favor de la comunidad, no obstante haberlo reconocido tambi�n el Municipio de P. del Estado de P. en la propuesta cuya aprobaci�n se solicit�. Esta raz�n, es suficiente para considerar plenamente justificado el concepto de invalidez del acto de la autoridad que se demanda. Por lo que as� deber� resolverse en su oportunidad, ordenando a la demandada se sirva probar la propuesta de soluci�n de la controversia de los l�mites territoriales entre los Municipios multicitados, por no ser contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres, obligando a las partes a estar y pasar por �l en todo tiempo y lugar. Quinto concepto de invalidez. El acto del Congreso del Estado de P. cuya invalidez se demanda, viola el art�culo 115 fracci�n IV, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que la legislatura les establezcan a su favor y en todo caso: a) Percibir�n las contribuciones incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, translaci�n y mejora, as� como las que tengan por base el cambio del valor de los inmuebles. Al violar el precepto antes mencionado tambi�n conculca el art�culo 103 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de P.. En este caso, con el actuar de la autoridad demandada se le est� privando a nuestra representada de las contribuciones que debe percibir, incluyendo las tasas adicionales sobre la propiedad inmobiliaria sin permitirle al Municipio que administre libremente la hacienda de los bienes que legalmente le pertenecen y de sus contribuciones y otros ingresos, que son a su favor, puesto con el acto cuya invalidez se demanda se le priva a mi representada de los terrenos sobre los cuales tiene jurisdicci�n y competencia, violando adem�s el art�culo 3o. de la Ley Org�nica Municipal del Estado de P.. El no aprobar el H. Congreso del Estado de P., sin fundamento legal alguno, la propuesta de soluci�n, a toda controversia territorial respecto a parte de los que hoy se conoce como ?La reserva territorial para el ordenamiento de la zona metropolitana de la ciudad de P.? o ?unidad o reserva territorial A.�yotl?, as� como las colonias S.M. la Rosa, Concepci�n Guadalupe, Concepci�n la Cruz, Concepci�n G.A.�n Norte, Concepci�n las Lajas, Rinconada Sur Oriente, Rinconada Sur Poniente, as� como los fraccionamientos Arcos del Sur, Flor de Nieve, La Herradura, Estrellas del Sur, San Jos� Vista Hermosa, Concepci�n Buenavista, Santa Gema, Real Z., S.�as, Residencial Villas de Z., C.S.B., Rinc�n de San Andr�s, Residencial Z., Geovillas A.o, Villas de A.o, B. de A.�polis, C. de A.�polis, El P., La Escondida, Villa G�nesis, Geovillas La Hacienda, Vistas del Volc�n y su continuaci�n, Residencial Hacienda de San Andr�s, Residencial Camino Real, Unidad Habitacional Momosa, fraccionamiento El Arte Residencial, avenida A., R.S.M. y fraccionamiento Hacienda Camino Real, viola el precepto constitucional en la fracci�n que nos ocupa, pues nuestra representada se ve restringida en su personalidad jur�dica, al quedar en estado de indefinici�n, respecto a los actos de gobierno que ha de realizar en su propio territorio a favor de la comunidad, no obstante as� haberlo reconocido tambi�n el Municipio de P. del Estado de P. en la propuesta cuya aprobaci�n se solicit� y los decretos que sirvieron de apoyo. Esta raz�n es suficiente para considerar plenamente justificado el concepto de invalidez del acto de la autoridad que se demanda. Por lo que as� deber� resolverse en su oportunidad, ordenando se sirva aprobar la propuesta de soluci�n de la controversia de los l�mites territoriales multicitados, por no ser contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres, obligando a las partes a estar y pasar por �l en todo tiempo y lugar. Sexto concepto de invalidez. El acto del Congreso del Estado de P., cuya invalidez se demanda, conculca tambi�n la fracci�n V del art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos: ?Los Municipios en los t�rminos de las leyes federales y estatales relativas estar�n facultados para formular, aprobar y administrar la zonificaci�n y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creaci�n y administraci�n de sus reservas territoriales, controlar y vigilar la utilizaci�n de su sueldo en su jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularizaci�n de la tenencia de la tierra urbana, otorgar licencias y permisos para construcciones y participar en la creaci�n y administraci�n de zonas de reservas ecol�gica. Al violar el precepto antes mencionado tambi�n conculca el art�culo 105, fracci�n IV, de la Constituci�n Pol�tica del Estado de P.. El no aprobar el Congreso del Estado de P. sin fundamento legal alguno, la propuesta de soluci�n, a todo conflicto territorial respecto a parte de los que hoy se conoce como �La reserva territorial para el ordenamiento de la zona metropolitana de la ciudad de P.� o unidad o �Reserva territorial A.�yotl�, as� como las colonias S.M. la Rosa, Concepci�n Guadalupe, Concepci�n la Cruz, Concepci�n G.A.�n Norte, Concepci�n las Lajas, Rinconada Sur Oriente, Rinconada Sur Poniente, as� como los fraccionamientos Arcos del Sur, Flor de Nieve, La Herradura, Estrellas del Sur, San Jos� Vista Hermosa, Concepci�n Buenavista, Santa Gema, Real Z., S.�as, Residencial Villas de Z., C.S.B., Rinc�n de San Andr�s, Residencial Z., Geovillas A.o, Villas de A.o, B. de A.�polis, C. de A.�polis, El P., La Escondida, Villa G�nesis, Geovillas, La Hacienda, Vistas del Volc�n y su continuaci�n, Residencial Hacienda de San Andr�s, Residencial Camino Real, unidad habitacional Momosa, fraccionamiento El Arte Residencial, Avenida A., R.S.M. y fraccionamiento Hacienda Camino Real? viola el precepto constitucional en la fracci�n que nos ocupa, pues nuestra representada se ve restringida en su personalidad jur�dica al quedar en estado de indefinici�n, respecto a los actos de gobierno que ha de realizar en su propio territorio a favor de la comunidad, no obstante haberlo reconocido tambi�n el Municipio de P. del Estado de P. en la propuesta cuya aprobaci�n se solicit� y en los decretos que anexaron. Esta raz�n es suficiente para considerar plenamente justificado el concepto de invalidez del acto de la autoridad que se demanda. Por lo que as� deber� resolverse en su oportunidad, ordenando se sirva aprobar la propuesta de soluci�n de la controversia de los l�mites territoriales multicitados."
CUARTO. Los preceptos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que la parte actora considera violados, son los siguientes: 14, 16 y 115, fracciones I, II, III, IV y V.
QUINTO. Por acuerdo del dieciocho de agosto del dos mil cinco, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n orden� formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondi� el n�mero 53/2005; y, por raz�n de turno design� como instructora a la Ministra Olga S�nchez C. de G.�a V..
Mediante prove�do del veintid�s de agosto de dos mil cinco, la Ministra instructora tuvo por presentado �nicamente al s�ndico del Municipio actor, haciendo valer la demanda de controversia constitucional, misma que admiti� a tr�mite ordenando emplazar a la autoridad demandada para que formulara su respectiva contestaci�n; asimismo, reconoci� el car�cter de tercero interesado al Municipio de P., Estado de P. y orden� dar vista al procurador general de la Rep�blica para que manifestara lo que a su representaci�n correspondiera.
SEXTO. El Poder Legislativo del Estado de P., al contestar la demanda, en s�ntesis se�al� lo siguiente:
1. Que las documentales con las que el s�ndico del Municipio actor pretende acreditar su personer�a carecen de valor probatorio al no cumplir con los requisitos legales necesarios para tenerlos por aut�nticos pues se encuentran certificados por notario p�blico, fedatarios que en el Estado de P. carecen de la atribuci�n de certificar documentos cuando la certificaci�n corresponda a alguna autoridad; de ah� que al no encontrarse las documentales de referencia certificadas por quienes de conformidad con las leyes locales tienen facultades para ello, como son el Instituto Electoral Local y el secretario del propio Ayuntamiento, el promovente de esta controversia constitucional carece de "personalidad" para instar esta acci�n.
2. Que es cierto el acto impugnado por cuanto hace a la aprobaci�n del acuerdo del veintitr�s de junio de dos mil cinco.
3. Que la presente controversia constitucional es improcedente por actualizarse la hip�tesis prevista en la fracci�n VI del art�culo 19 de la ley reglamentaria de la materia, al no haberse agotado la v�a legalmente prevista para la soluci�n del conflicto, puesto que el acuerdo legislativo impugnado, por el que se resuelve una solicitud de redefinici�n de l�mites entre los Municipios de P. y San Andr�s Cholula, Estado de P., no constituye un acto definitivo puesto que deja la posibilidad a tales Municipios de aportar elementos para acreditar los elementos exigidos por la ley org�nica municipal local; o, en su caso, agotar la v�a prevista por el propio ordenamiento, que es la controversia por territorialidad.
4. Que aunado a lo anterior, la controversia constitucional tambi�n deviene improcedente al actualizarse la causa prevista en la fracci�n VI de la ley reglamentaria de la materia, en atenci�n a que en la demanda se plantean violaciones a la Constituci�n Local que s�lo como consecuencia producir�an violaciones indirectas a la Constituci�n F., pues �nicamente se plantean supuestas violaciones intraprocesales relacionadas con los numerales 14, 16 y 115 de la Ley Fundamental; de ah� que la resoluci�n de fondo que llegue a emitirse no involucrar�a la interpretaci�n de una norma suprema sino �nicamente el an�lisis de si el procedimiento relativo se ajust� a los lineamientos que lo rigen.
5. Que la controversia constitucional es improcedente de conformidad con la fracci�n VII del art�culo 19 de la ley reglamentaria de la materia, pues el acto cuya invalidez demanda deriva de otros consentidos previamente por la actora al no haberlos combatido en el momento oportuno. Lo anterior resulta as� en raz�n de que el Municipio de San Andr�s Cholula alega que existe una controversia sobre l�mites territoriales entre ese Municipio y el de P., controversia de la que tiene cierto conocimiento al menos desde la emisi�n de los siguientes ordenamientos:
a. Que el decreto publicado el treinta de octubre de mil novecientos sesenta y dos, por medio del cual se suprimieron diversos Municipios anexos al de P. y que en su art�culo tercero modific� los l�mites del Municipio de San Andr�s Cholula.
b. Que los acuerdos de zonificaci�n catastral y de valores unitarios del suelo y de la construcci�n, de veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y dos y veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y seis.
c. Que la Ley de Ingresos del Municipio de San Andr�s Cholula, P., del veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y seis.
Que, por tanto, es evidente que si la materia de la presente controversia se refiere a los l�mites entre los Municipios de P. y San Andr�s Cholula, ambos del Estado de P. y que la parte actora tuvo conocimiento de su delimitaci�n territorial desde el primero de los decretos mencionados, es de concluirse que pudo acudir a la v�a correspondiente desde esa fecha. Adem�s, el veintitr�s de marzo de dos mil uno, se public� la Ley Org�nica Municipal del Estado de P., la que en su art�culo 5o. establece que los Municipios conservar�n los l�mites y extensiones que tengan a la fecha de la expedici�n del citado ordenamiento.
6. Que la controversia constitucional deviene improcedente, de conformidad con la fracci�n VIII del art�culo 19 de la ley de la materia, en relaci�n con la fracci�n II del numeral 20 del propio ordenamiento, pues el Municipio actor carece de inter�s leg�timo para acudir a este medio de control constitucional, ya que el acto cuya invalidez demanda deriva de una solicitud y actuaci�n conjunta de los Municipios de San Andr�s Cholula y P. y de ah� que al promover la presente controversia constitucional s�lo el primero de ellos, carece de legitimaci�n para promover, pues el otro Ayuntamiento consinti� el acuerdo combatido.
7. Que los hechos marcados con los n�meros 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19 y 20 no son propios del Poder Legislativo demandado y los identificados con los numerales 21, 24 y 26 son ciertos.
8. Que respecto de los restantes hechos, se tiene lo siguiente:
a. Que los conceptos denominados ubicaci�n general y ubicaci�n espec�fica son imprecisos e inconsistentes, pues el primero omite la fuente oficial de procedencia de dicha informaci�n y el segundo carece de fuente oficial, as� como de coordenadas y orientaci�n precisa.
b. Que contrario a lo afirmado por el Municipio actor, el territorio de San Andr�s Cholula s� ha sufrido diversas modificaciones, siendo la m�s reciente la derivada del decreto publicado en el P.�dico Oficial del treinta de octubre de mil novecientos sesenta y dos, por el que se suprimen diversos Municipios y se anexan al de P. y el documento elaborado supuestamente por el cronista del Ayuntamiento del Municipio de San Andr�s Cholula no resulta v�lido para establecer los l�mites territoriales en raz�n de que tal persona no tiene el car�cter de autoridad ni cuenta con tal atribuci�n o facultad, de lo que deriva que a ninguno de sus documentos se le puede dar el reconocimiento oficial para determinar la existencia, modificaci�n o variaci�n de los l�mites del Municipio, pues dicha facultad es exclusiva del Poder Legislativo del Estado de P..
c. En relaci�n con la conformaci�n actual del Municipio actor, debe precisarse que de las ocho colonias mencionadas solamente las de L�zaro C�rdenas y E.Z. quedaron dentro de su territorio y las seis restantes pertenecen al Municipio de P., tal como se acredita con el anexo t�cnico; asimismo, por lo que se refiere a la ubicaci�n del equipamiento urbano se requiere contar con mayor informaci�n en cuanto a su propietario, ubicaci�n (alineaci�n n�mero oficial), datos geogr�ficos y dem�s datos que permitan validar su existencia dentro del territorio del Municipio.
d. Que contrario a lo afirmado por el Municipio actor, los acuerdos relativos a su divisi�n territorial, espec�ficamente los de veintisiete de mayo de mil ochocientos treinta y siete y mil novecientos seis, son actos administrativos que tienen el car�cter de hist�ricos e informativos que no cuentan con la informaci�n t�cnica que permita la demarcaci�n y georeferenciaci�n de los l�mites territoriales municipales, por lo que no resultan los documentos id�neos.
e. Que es falso el hecho relativo a que el l�mite territorial entre los Municipios de P. y San Andr�s Cholula es y ha sido el r�o Atoyac, pues �ste fue l�mite del primero hasta antes de la publicaci�n del decreto de mil novecientos sesenta y dos y se encuentra imposibilitado para contestar lo relativo a que dentro del Municipio de San Andr�s Cholula, se encontraba la hacienda "La Concepci�n", pues no se se�ala fecha exacta, adem�s de que dicha hacienda se encuentra actualmente dentro del Municipio de P., en t�rminos del citado decreto de mil novecientos sesenta y dos.
f. Si bien "la reserva territorial para el ordenamiento de la zona metropolitana de la ciudad de P." o "Unidad o reserva territorial A.�yotl", se constituy� con superficies de diversos ejidos del Municipio de San Andr�s Cholula, lo cierto es que ello no puede constituirse como elemento de prueba para acreditar los l�mites de un Municipio, los que solamente pueden establecerse mediante decreto legislativo, que en el caso particular, es el de mil novecientos sesenta y dos.
g. Que no es acertado lo que sostiene el actor respecto a que el Municipio de P., desde mil novecientos noventa y cinco, de manera indebida comenz� a cobrar contribuciones y a prestar servicios p�blicos, dentro de sus l�mites, en colonias de reserva territorial, puesto que aqu�l, con motivo del "Acuerdo que aprob� la zonificaci�n catastral y de valores unitarios de suelo y de construcci�n del Estado Libre y Soberano de P.", de mil novecientos noventa y dos, y del diverso del Poder Ejecutivo, de veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y seis, por el que se aprob� la "Zonificaci�n catastral y de valores unitarios del suelo y de construcci�n" y en espec�fico de las tablas de valores unitarios derivadas de dichos ordenamientos, as� como de sus respectivos planos, en los que se incluyen algunas de las colonias impugnadas, y otras que fueron creadas con posterioridad a ese acuerdo, comenz� a tasar dichas colonias, sin que ello fuera impugnado por el Ayuntamiento actor.
Que adem�s, las tablas de valores catastrales del Municipio de P., para los ejercicios fiscales de 2002, 2003, 2004 y 2005 establecen la tasaci�n de las colonias que se encuentran dentro de su jurisdicci�n, por lo que en consecuencia no realiza cobros indebidos.
Que contrario a lo afirmado por el Municipio de San Andr�s Cholula, la Ley Org�nica Municipal del Estado de P., publicada el dos de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, vigente hasta el dosde marzo de dos mil uno, s� establec�a el medio id�neo para dar soluci�n a los conflictos territoriales y fue hasta el a�o de dos mil dos, cuando se solicit� la redefinici�n de l�mites territoriales.
h. Que es falso el hecho marcado con el numeral doce, en el sentido de que en la zonificaci�n catastral de dos mil uno, se incluyeron indebidamente colonias y fraccionamientos urbanos ubicados dentro del territorio del Municipio de San Andr�s Cholula, dentro del territorio del Municipio de P., pues la tasaci�n de esas colonias deriva del decreto de mil novecientos sesenta y dos, adem�s de que fue el mismo Municipio actor el que someti� a consideraci�n del Congreso del Estado de P. la iniciativa de las leyes de ingresos para cada ejercicio fiscal, as� como sus correspondientes "Tablas de valores unitarios de suelo y de construcci�n", lo que se traduce en su conformidad y aceptaci�n con la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio de dos mil dos; y, en consecuencia con la zonificaci�n catastral de mil novecientos noventa y seis.
i. Que es falso el hecho marcado con el n�mero diecis�is de la demanda, en raz�n de que los art�culos 94 y 95 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de P., no se refieren a comisiones especiales tripartitas, sino a comisiones permanentes o transitorias propias de los Ayuntamientos, que conocen asuntos de su competencia en el �mbito de sus respectivas jurisdicciones para mejor proveer en el desahogo de los asuntos de su competencia municipal; de ah� que la comisi�n especial para dar seguimiento a los trabajos de preparaci�n de propuestas de soluci�n a la determinaci�n de los l�mites territoriales entre los Municipios de P. y San Andr�s Cholula carece de validez legal, en raz�n de que no hay disposici�n alguna vigente en el Estado de P. que permita su existencia.
Que si bien es cierto que es facultad del Congreso del Estado de P. erigir o suprimir pueblos tambi�n es cierto que dichas facultades no tienen el alcance de permitir a las autoridades estatales que intervengan en el desempe�o de tales funciones o creen comisiones encargadas de proponer soluciones, como el Poder Legislativo demandado no puede realizar tareas de investigaci�n o de proposici�n de soluciones entre tanto no medie la petici�n o escrito de controversia por l�mites de competencia debidamente apoyada en pruebas que demuestren la necesidad pol�tica, social, econ�mica, geogr�fica y jur�dica y en ese supuesto corresponder�a exclusivamente a la C.�n de G.�n, Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de P.. Lo anterior, en t�rminos del art�culo 24, fracci�n I, inciso a), del reglamento interior del referido Congreso.
j. Que es falso que la autoridad demandada haya emitido el acuerdo de veintid�s de noviembre de dos mil dos, derivado de un diverso acuerdo de la supuesta comisi�n especial para dar seguimiento a los trabajos de preparaci�n de propuestas de soluci�n a la determinaci�n de los l�mites territoriales entre los Municipios de P. y San Andr�s Cholula, en virtud de que dicha comisi�n no le remiti� acuerdo alguno, pues �nicamente lo refieren en el oficio de veintis�is de noviembre de dos mil dos, signado por los presidentes y s�ndicos municipales de los Ayuntamientos de P. y San Andr�s Cholula.
k. Que es inexacto el hecho marcado con el n�mero veintitr�s, ya que por oficio de once de diciembre de dos mil dos, los Municipios contendientes solicitaron una redefinici�n de l�mites sin que se desprenda la existencia de alg�n acto o norma general que diera origen a la controversia y que hiciera procedente la intervenci�n de dicho Congreso del Estado de P., adem�s de que las documentales que adjuntaron a su petici�n son copias simples que carecen de valor probatorio; en consecuencia, se estima que el acuerdo del veintitr�s de junio de dos mil, est� debidamente fundado y motivado.
l. Que respecto del hecho marcado con el n�mero veintis�is debe aclararse que si bien, con apoyo en el art�culo 6o. de la ley org�nica municipal, el Congreso de P. resolvi� una solicitud de redefinici�n de l�mites territoriales derivada de una supuesta controversia de ese tipo, lo cierto es que ello no implica que dicho poder p�blico la apruebe en sus t�rminos y es que la petici�n de los Municipios solicitantes deriva de simples afirmaciones, sin que se aporten elementos que presuman indicios de afectaciones a la jurisdicci�n de los Municipios contendientes.
m. Que es parcialmente cierto el hecho marcado con el n�mero veintisiete, relativo a que el Pleno del �rgano legislativo aprob� el acuerdo impugnado; sin embargo, es inexacto que �ste constituya una negativa pues es un acto emitido dentro de un procedimiento no agotado ante el Congreso Local, lo que implica que los Ayuntamientos respectivos pueden hacer valer el medio de defensa ordinario; y en su defecto aportar los elementos que estimen suficientes para apoyar su petici�n.
Que, por tanto, el acuerdo no vulnera los art�culos 14, 16 y 115 de la Constituci�n F., en raz�n de que se encuentra debidamente fundado y motivado al ser un acto soberano del Congreso del Estado de P., emitido en uso de sus facultades constitucionales y en t�rminos de la legislaci�n aplicable.
9. Que es infundado el primer concepto de invalidez relativo a que el acuerdo impugnado carece de fundamentaci�n y motivaci�n, pues de su literalidad se desprende que el legislador poblano s� fundo, motiv� y aplic� exactamente la ley en su resoluci�n, y es que en el caso en particular no se establec�a por los promoventes alg�n acto o norma que fuera el origen de la controversia entre ambos Municipios y que hiciera procedente la intervenci�n del Congreso del Estado de P. para dar tr�mite a una propuesta de soluci�n. De ah� que sea inconcuso que no se actualiz� la hip�tesis contenida en el art�culo 17, pues el caso en particular se refiere a diferencias derivadas de un acuerdo de voluntades, por lo que v�lidamente el Congreso del Estado de P. acudi� al diverso art�culo 6o. de la Ley Org�nica Municipal para el Estado de P., el que s� resultaba aplicable, pues como se desprende del dictamen del nueve de julio del dos mil dos, suscrito por el Regidor del Ayuntamiento del Municipio de San Andr�s Cholula, en el que solicita �nicamente la redefinici�n de l�mites territoriales, el referido Congreso estaba obligado al cumplimiento de tal numeral, pues lo contrario hubiese sido una irresponsabilidad jur�dica y pol�tica, ya que dicha norma establece la facultad de los Ayuntamientos de solicitar la modificaci�n a sus l�mites territoriales por una simple petici�n o con la finalidad de resolver una supuesta controversia territorial.
Que el argumento esgrimido por el actor, relativo a que la documentaci�n que acompa�� a la solicitud de redefinici�n de l�mites no se valor�, siendo que con ella se justificaba la existencia de la controversia territorial, es infundado, ya que s� se realiz� esa valoraci�n al se�alarse que dichos documentos constituyen datos informativos de los cuales no se advierte la situaci�n real que hiciera necesaria la modificaci�n del territorio de los Municipios, adem�s de que son documentos que fueron exhibidos en copia simple que no est�n certificados por el funcionario p�blico legalmente facultado para ello, de forma que no pod�an producir convicci�n alguna.
10. Que el segundo concepto de invalidez resulta infundado pues es inexacto que el territorio del Municipio de San Andr�s Cholula no haya sufrido modificaci�n desde la �poca de la colonia, adem�s de que no se exhibi� documento alguno por el que acredite ese dicho, sin que sea suficiente el estudio hist�rico supuestamente efectuado por el cronista de dicho Ayuntamiento.
Que es incorrecta la afirmaci�n relativa a que el l�mite territorial de los Municipios de P. y San Andr�s Cholula es el R�o Atoyac, ya que fue en el decreto publicado el treinta de octubre de mil novecientos sesenta y dos, donde se definieron claramente sus l�mites territoriales.
Que de igual forma es incorrecta la afirmaci�n relativa a que por una confusi�n provocada por los medios de comunicaci�n y por una mala interpretaci�n del decreto publicado el treinta de octubre de mil novecientos sesenta y dos, as� como por el futuro crecimiento de los Municipios, se han realizado actos de gobierno en el territorio en conflicto; ya que lo anterior no constituye elemento objetivo de causa, pues en todo caso constituye una apreciaci�n particular que dista de una correcta interpretaci�n propia del derecho.
Que como ya se se�al�, la comisi�n especial mediante la que se present� al Congreso del Estado de P. una propuesta de soluci�n a los l�mites de los Municipios actor y tercero interesado, carece de validez legal, pues la Ley Org�nica Municipal del Estado de P. no se refiere a comisiones especiales tripartitas sino a comisiones permanentes o transitorias, propias del Ayuntamiento, que conocen y resuelven asuntos de su competencia; sum�ndose a lo anterior que si bien es cierto que es facultad del Congreso del Estado de P. erigir o suprimir Municipios, as� como cambiar sus l�mites o denominaciones, tambi�n lo es que dichas facultades constitucionales no tienen el alcance de permitir que las autoridades estatales intervengan oficiosamente en el desempe�o de tales funciones, ni que se creen comisiones especiales encargadas de proponer soluciones.
Que tambi�n es infundado el argumento relativo a que el decreto publicado el treinta de octubre de mil novecientos setenta y dos, suprimiera o quitara al Municipio de San Andr�s Cholula parte de su territorio, ya que de la lectura de su art�culo tercero se desprende que adem�s de suprimir diversos Municipios, se definieron y modificaron los l�mites de aqu�l.
Que respecto a lo manifestado por el actor en el sentido de que se debe aprobar la propuesta de soluci�n de los Municipios contendientes en raz�n de que ello no contraviene la ley, la moral y las buenas costumbres, debe se�alarse que dichos elementos no son los �nicos que deben tenerse en cuenta para la indicada aprobaci�n, pues existen otros de trascendencia como son el conocimiento de las condiciones sociales, pol�ticas, econ�micas y t�cnicas que permitan el logro de los fines anotados.
11. Que resultan infundados los conceptos de invalidez, tercero, cuarto, quinto y sexto, en los que el Municipio actor se duele de que el acuerdo del veintitr�s de junio del dos mil cinco, le restringe su personalidad jur�dica respecto a su territorio y le priva de las contribuciones que debe recibir, pues no existe incertidumbre respecto de las facultades y obligaciones de gobierno, del Ayuntamiento del Municipio de San Andr�s Cholula, pues se encuentran claramente definidos, sin que pase inadvertido que con el acuerdo impugnado se resolvi� una petici�n de redefinici�n de l�mites territoriales.
Que con independencia de lo anterior, el Municipio actor no demuestra a trav�s de documento legalmente v�lido y con eficacia probatoria que el territorio en el que se encuentran asentadas las colonias, fraccionamientos de reserva y la reserva territorial que se�ala en sus conceptos de invalidez, le pertenecen; por lo que no le puede causar agravio alguno el ejercicio de las facultades que debe desplegar sobre su propio territorio.
Que, por tanto, no se actualiza la violaci�n aducida a las fracciones II, III, IV y V del art�culo 115 de la Constituci�n F., en cuanto prev�n las facultades del Municipio, las funciones y servicios p�blicos a su cargo, la administraci�n de su hacienda y lo referente al manejo de su patrimonio y de su personalidad jur�dica, pues del acuerdo impugnado no se advierte medio a trav�s del cual se pudieran trastocar las facultades y atribuciones que el Municipio actor enumera, ya que la negativa a modificar sus l�mites territoriales en nada contraviene el contenido de las normas citadas, pues tiene un territorio definido en el que puede ejercer las atribuciones que le confiere la N.F..
12. Que deben desestimarse los documentos que el Municipio actor acompa�� a su escrito de demanda, pues ellos s�lo prueban los hechos y actos administrativos que ah� se asentaron pero no constituyen documentos que por sus propias caracter�sticas puedan constituir medio de convicci�n que demuestre la inconstitucionalidad del decreto impugnado; o, en su caso, la existencia de l�mites territoriales distintos a los que actualmente tienen los Municipios de San Andr�s Cholula y P.; adem�s de que, en su caso, dichas probanzas se debieron haber ofrecido en el momento procesal oportuno y no despu�s de haberse resuelto la cuesti�n planteada, siendo que ahora pretende introducir cuestiones que no fueron sometidas a la Legislatura Local.
S�PTIMO. El Municipio de P., en su car�cter de tercero interesado, manifest� lo siguiente:
1. Que la litis de la controversia constitucional no debe versar sobre l�mites territoriales sino que debe limitarse a decidir sobre la validez o invalidez de la resoluci�n emitida por el Congreso del Estado de P..
2. Que contrario a lo se�alado por el Municipio actor, no existe ning�n problema de indefinici�n de l�mites territoriales pues �stos se fijaron mediante decreto de seis de septiembre de mil novecientos sesenta y dos, emitido por el Congreso del Estado de P. y publicado el treinta de octubre del mismo a�o.
3. Que los documentos y antecedentes hist�ricos en los que el Municipio actor basa su postura de que parte del territorio del Municipio de P. le pertenece, no resultan id�neos, pues fueron emitidos por autoridades incompetentes y realizados de manera unilateral sin citaci�n a la parte contraria; aunado lo anterior a que ning�n documento o antecedente hist�rico puede estar por encima de la ley, que en el caso particular es el decreto del seis de septiembre de mil novecientos sesenta y dos, donde el Congreso del Estado fij� los l�mites territoriales de los Municipios de P. y San Andr�s Cholula, en t�rminos del art�culo 115 de la Constituci�n Local y 6o. de la ley org�nica municipal, constituyendo el referido decreto el marco normativo ideal para fijar esos l�mites por ser ese precisamente su objeto y la raz�n de la reflexi�n del legislador fue fijar el �mbito territorial sobre el que cada Municipio ejercer� su imperio sobre sus habitantes.
4. Que el acuerdo legislativo combatido no transgrede los art�culos 14 y 16 constitucionales por ausencia de fundamentaci�n y motivaci�n derivado de que el Congreso del Estado de P. y las administraciones municipales de P. y San Andr�s Cholula, hayan acordado -en t�rminos del art�culo 17 de la ley org�nica municipal- proponer una soluci�n al conflicto a trav�s de una comisi�n formada por representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, as� como de ambos Municipios, la que encontr� su cause en una consulta popular de cuyo resultado derivaron estudios t�cnicos y jur�dicos que se sometieron a la aprobaci�n del Congreso del Estado.
Que en efecto, el hecho de que se haya formado una comisi�n carece de relevancia jur�dica, pues es el Pleno del Congreso del Estado de P. quien se ha pronunciado en el sentido de considerar improcedente la pretensi�n del Ayuntamiento actor; es decir, el fin �ltimo de la norma constitucional que indebidamente se considera violada es que sea el Pleno del Congreso el que se pronuncie sobre la procedencia o no de una redefinici�n de l�mites territoriales.
Que la intervenci�n del Congreso del Estado de P. en la comisi�n no trasciende a la determinaci�n que hubiere tomado el Pleno ni implica la obligatoriedad de que �ste emita su aprobaci�n, pues resulta evidente que su intervenci�n en la preparaci�n de la propuesta tend�a a facilitar el an�lisis y la conformaci�n de la misma, por lo que si al llegar al Pleno �ste la rechaza, se ha cumplido con la formalidad m�s trascendental.
Que con las constancias que exhibi� el Municipio actor se acredita la reuni�n de la comisi�n el cuatro de julio de dos mil dos, en la que el representante del Congreso del Estado de P. sostuvo que el decreto del seis de septiembre de mil novecientos sesenta y dos, no tuvo por objeto desaparecer el Municipio de San Andr�s Cholula sino el de definir nuevos l�mites conforme a las facultades con las que en esa �poca contaba tal Congreso, los que en cuarenta a�os no fueron combatidos y que, por tanto, quedaron firmes. De lo anterior deriva que el convenio que en su momento se llegara a celebrar s�lo deb�a tener por objeto la colaboraci�n para el cobro de contribuciones y prestaci�n de servicios municipales y no redefinir los l�mites territoriales.
Que en la misma reuni�n de la comisi�n, el entonces s�ndico municipal del Ayuntamiento de P. manifest� que coincid�a totalmente con el representante del Congreso del Estado al considerar que la consulta s�lo constitu�a una opini�n que desde luego no ven�a a resolver el asunto de l�mites, porque le quedaba claro que esa era competencia exclusiva del Congreso del Estado de P., atribuci�n que realiz� mediante decreto del seis de septiembre de mil novecientos sesenta y dos, en el que desapareci� otros Municipios y fij� los territorios de los de P. y San Andr�s Cholula.
Que tampoco le asiste la raz�n al Municipio actor cuando se�ala que el acuerdo materia de la controversia no se encuentra fundado y motivado, pues ello se cumple con la existencia de una norma legal que otorgue a la autoridad la facultad para actuar en determinado sentido y en la especie esa facultad est� contenida en los art�culos 115 constitucional; 57, fracci�n IV, de la Constituci�n Local y 6o. de la ley org�nica municipal y el actuar del referido poder se ajust� escrupulosamente a la norma cuando puntualiza que respecto de la petici�n de la aprobaci�n del convenio, no se actualiza la hip�tesis contenida en la secci�n IV del cap�tulo II, de la ley org�nica municipal (art�culos 16 a 35).
Que lo anterior es as�, en la inteligencia de que el art�culo 17 de la ley org�nica municipal, con el que se formul� dicha petici�n, forma parte de un cuerpo normativo y por ello no se le puede dar una interpretaci�n aut�noma sino hermen�utica, lo que en la especie exige la observancia concatenada de las reglas previstas en el cap�tulo relativo a las "controversias territoriales".
Que son err�neas las manifestaciones del Municipio actor, relativas a que su petici�n la formul� en t�rminos del art�culo 17 de la ley org�nica municipal y no en el 6o. de dicho ordenamiento, pues la facultad a que alude se actualiza cuando se ubique dentro de la hip�tesis normativa formal de la controversia territorial prevista en la referida secci�n II, cap�tulo IV, del referido cuerpo normativo, adem�s de que el prop�sito que el Constituyente Local imprimi� en el texto legal, condicion� su ejercicio a la observancia de los requisitos contenidos en los art�culos 18, 19 y 20 de la ley org�nica municipal, que exigen que se precise el acto o la norma que lesiona la jurisdicci�n municipal y los Municipios que se ver�an afectados.
Que lo anterior tiene como fin se�alar no s�lo a los Municipios actor y demandado sino a todos aquellos que pudieran resultar perjudicados con la decisi�n que se dicte con motivo de la controversia territorial, que en el caso concreto consiste en la delimitaci�n de jurisdicci�n territorial de las partes, la que trasciende no s�lo a la materialidad del territorio sino a los factores pol�ticos, econ�micos y sociales que la involucran al constituirse aqu�l en el �mbito espacial de validez del orden jur�dico de un Municipio, sirviendo de base para ejercer su jurisdicci�n, la que debe entenderse como la facultad de dictar leyes y aplicarlas dentro de dicho territorio y al no haberlo hecho as�, es incuestionable que el Congreso demandado no estaba obligado a dar vigencia a una norma que jur�dicamente resulta inaplicable al caso concreto, m�ximeque del acuerdo impugnado tambi�n se desprende la constataci�n de los antecedentes f�cticos y circunstancias de hecho que le permitieron concluir con claridad que s� proced�a aplicar las disposiciones contenidas en el art�culo 6o. de la ley org�nica municipal y no en el 17 del mismo ordenamiento legal.
Que aunado a lo anterior, no debe pasar inadvertido que el Municipio actor no impugn� la legalidad de la resoluci�n materia de la controversia, sino su sentido que no le fue favorable, pues si contrario a ese sentido y con el mismo fundamento legal se hubiera obsequiado la petici�n de aprobaci�n del convenio propuesto, no estar�a pugnando por la falta de legalidad que invoca, y el hecho de que la parte actora haya formulado una petici�n al Congreso anexando la documentaci�n que consider� pertinente as� como la opini�n de un determinado n�mero de ciudadanos que constituy� lo que se dijo, era consulta popular, ello no fue causa suficiente para que dicha petici�n fuera apoyada en una consulta popular ni en documentaci�n hist�rica, estad�stica e informativa para legitimar la necesidad de modificar l�mites territoriales.
Que esto es as�, en raz�n a que es necesario escuchar a los Municipios que pudieran ser afectados con la modificaci�n solicitada y justificar la necesidad mediante el an�lisis de los factores sociales, pol�ticos y econ�micos, preservando el marco normativo aplicable, circunstancia que no se realiz� y menos a�n se combati� mediante alg�n concepto de invalidez.
5. Que no le asiste raz�n al Municipio actor cuando sostiene que el acto reclamado no est� fundado ni motivado ya que existe una controversia promovida por el Municipio de P. en contra del actor, pues aqu�lla fue para combatir diversos actos concretos llevados a cabo por este �ltimo y no porque existiera indefinici�n territorial como lo aduce el Municipio actor.
6. Que para la procedencia "De las controversias territoriales", estatuidas en la ley org�nica municipal local, no basta la manifestaci�n unilateral de la existencia material del conflicto territorial a que alude la parte actora, sino que es necesaria su acreditaci�n formal mediante la especificaci�n del acto concreto o norma general que vulnerara la jurisdicci�n territorial y que diera origen a dicho procedimiento, tal como lo exige el art�culo 18 en relaci�n con el 20 del citado ordenamiento, de donde se desprende la condici�n procedimental de controversias por l�mites territoriales una vez satisfechos los requisitos, toda vez que la naturaleza de estas controversias incide en la afectaci�n del �mbito espacial de validez del orden jur�dico de un Municipio en el que legalmente ejerce su jurisdicci�n, factor por dem�s importante que implica conocer la postura de los terceros perjudicados, a efecto de no violar derechos de jurisdicci�n territorial y dar seguridad jur�dica al procedimiento.
Que lo anterior es as�, pues el derecho a la tutela jurisdiccional establecido en el art�culo 17 constitucional, est� restringido por diversas condiciones y plazos en los que las leyes procesales determinan cu�l es la v�a que debe intentarse en cada acci�n, de manera que la prosecuci�n de un procedimiento en la forma establecida por aqu�llas tiene el car�cter de presupuesto procesal que debe atenderse previamente a la decisi�n de fondo, pues el an�lisis de la acci�n intentada s�lo pod�a llevarse a efecto si el procedimiento en la v�a escogida por el Municipio actor es procedente y al no haberse acreditado la existencia formal de la controversia lim�trofe y sin haber llamado a los terceros perjudicados, el Congreso estuvo impedido para resolver en el sentido pretendido por el actor en tanto que no pod�a apartarse de la v�a establecida por el legislador local y, sostener lo contrario, traer�a como consecuencia atentar contra los derechos de los Municipios terceros perjudicados que no fueron llamados al convenio, pues la modificaci�n territorial implica afectar el �mbito espacial de validez del orden jur�dico de un Municipio.
Que no es �bice a lo anterior, el argumento del Municipio actor en el que afirma que la existencia del conflicto territorial se acredita con la integraci�n de la comisi�n especial para dar seguimiento a los trabajos de preparaci�n y propuestas de soluci�n a la determinaci�n de los l�mites territoriales entre los Municipios de P. y San Andr�s Cholula, ya que corresponde �nicamente al Congreso del Estado la delimitaci�n, sin poder condicionarla a la firma de un convenio y a la participaci�n de diputados y no le asiste la raz�n al se�alar que exhibi� la carpeta que contiene la informaci�n hist�rica y estad�stica, en atenci�n a que son manifestaciones unilaterales que no tienden a combatir el acto reclamado.
7. Que tampoco le asiste raz�n a la actora, cuando se�ala que existe un conflicto de l�mites territoriales por la existencia de la controversia dom�stica promovida por el tercero interesado ante el Congreso Local, en atenci�n a que no es con ese convenio como se propone solucionar la controversia, m�xime que �sta fue promovida con posterioridad.
Que la facultad de los Municipios para proponer al Congreso del Estado la soluci�n a los conflictos territoriales, no puede ser interpretada de manera literal sino en un orden sistem�tico y en esas condiciones debe concluirse que en la especie no existe un procedimiento formal de controversia lim�trofe que se resuelva por el convenio y que lo que se impugna por esta v�a es la validez del acuerdo impugnado respecto de la modificaci�n de l�mites, y suponiendo sin conceder, su existencia, resultaba improcedente la validez del convenio porque para ello era necesario satisfacer dos presupuestos: uno de car�cter procedimental, con la presentaci�n de un escrito en que se especificara el acuerdo concreto que diera origen a la controversia y el nombre de los Municipios tercero perjudicados, y uno formal acreditando la necesidad de modificaci�n a partir de elementos sociales, pol�ticos y econ�micos, observando el marco normativo que rige la vida del Municipio, situaci�n que al no cumplirse excluy� la posibilidad de modificaci�n.
8. Que el requisito de permitir o�r en defensa a los Ayuntamientos que pudieran verse afectados con la resoluci�n de la controversia por l�mites territoriales previsto en los art�culos 19 y 20, fracci�n II, de la ley org�nica municipal, es una formalidad esencial que regula el procedimiento aplicable al acto impugnado, y su omisi�n produce una transgresi�n a la norma legal susceptible de invalidar el acuerdo sometido a aprobaci�n, porque al no observarse dicho requisito se deja inaudita a una de las partes involucradas en la controversia de l�mites, lo que se traduce en una violaci�n que incide de modo trascendente en la resoluci�n a cargo de la legislatura, pues �sta no cuenta con los argumentos y pruebas que el tercero perjudicado pudiera aportar.
Que, por tanto, el convenio sometido a aprobaci�n del Congreso del Estado de P. no observa que los terceros perjudicados hayan sido llamados dentro de la amigable composici�n relativa a la modificaci�n de l�mites territoriales, por lo que es de concluirse que dicho documento no tuvo por objeto modificar l�mites territoriales ni ser un mecanismo para resolver conflictos que se generaron por el crecimiento irregular de la poblaci�n, m�xime que corresponde �nica y exclusivamente al Pleno del Congreso del Estado de P. la facultad de modificaci�n de esos l�mites, la que no puede ser sustituida por el acuerdo de voluntades de dos Municipios.
9. Que si bien es cierto que el art�culo 6o. de la ley org�nica municipal prev� la facultad de los Municipios para solicitar la modificaci�n de su territorio, previo acuerdo de su Cabildo, tambi�n lo es, que dicho ejercicio no es discrecional, pues la modificaci�n territorial incide directamente en las vertientes de gobierno, hacienda y servicios p�blicos; de ah� que deban acreditarse de manera fehaciente las causas pol�ticas, econ�micas y sociales que justifiquen la necesidad de modificaci�n, debiendo sumar la participaci�n de los Municipios colindantes de los peticionarios de la modificaci�n, situaci�n que no se cumpli� en la especie.
Que esto es as�, en raz�n de que la modificaci�n impacta la autonom�a municipal prevista por el art�culo 115 constitucional, en sus tres ejes importantes: gobierno, hacienda p�blica y servicios p�blicos, aspectos que se vieron reforzados con la reforma constitucional de mil novecientos ochenta y tres en la que se garantiz� la autonom�a a los Municipios al otorgarles fuentes exclusivas de recaudaci�n; y, consecuentemente, se le obliga a prestar los servicios m�s elementales para su comunidad, dej�ndose a las Legislaturas Locales la posibilidad de delegar en sus subdivisiones pol�ticas la prestaci�n de m�s servicios o de cooperar con ellas para el suministro de aqu�llos respecto de los cuales no pueda hacerse cargo �ntegramente.
10. Que de acuerdo con lo se�alado, si bien existe un convenio entre dos Municipios para arreglar sus diferencias lim�trofes, el objeto de ese documento no satisface los extremos referidos a gobierno, servicios p�blicos y hacienda municipal.
Que adem�s, al no considerarse la existencia de una controversia municipal, no se llam� a juicio a los Municipios terceros interesados, y menos a�n se sigui� el procedimiento de controversia territorial previsto.
Que el Municipio actor pretende tergiversar la naturaleza del convenio y confundir en el sentido de que existe una controversia territorial, cuando en realidad �sta no se encuentra acreditada en t�rminos de ley.
11. Que resulta acertado lo manifestado por el Congreso del Estado de P., en el sentido de que para acordar una modificaci�n de l�mites territoriales que garantice la continuidad de la funci�n administrativa y contin�e la mejor consecuci�n de los fines del Municipio, se deben atender entre otros aspectos, a la repercusi�n en la presentaci�n de servicios p�blicos, a la ampliaci�n o disminuci�n de la jurisdicci�n territorial, a la administraci�n y ampliaci�n de los recursos econ�micos, a la planeaci�n municipal y en su hacienda y en general a su impacto en el ejercicio de las facultades del Municipio Libre.
Que en este tenor, la modificaci�n de l�mites territoriales entre los Municipios de P. y San Andr�s Cholula tendr�a como consecuencia una serie de modificaciones que van relacionadas de forma estrecha con el marco normativo estatal y municipal y en tres principales aspectos administrativos del Municipio que son: gobierno, servicios p�blicos y hacienda p�blica, adem�s de que los puntos concretos que se encuentran relacionados con el �mbito jurisdiccional se ver�an afectados en:
a. La prestaci�n de servicios p�blicos por parte del Ayuntamiento del Municipio de P..
b. La hacienda municipal, representada por los recursos que obtiene al ejercer su funci�n administrativa.
c. No se estar�a acorde a la realidad social del Municipio.
d. Se afectar�a el trabajo de mejora regulatoria del Municipio, toda vez que los cuerpos normativos creados por el Ayuntamiento del Municipio de P. carecer�an de validez afect�ndose su jurisdicci�n, aunado lo anterior al hecho de que la poblaci�n no contar�a con la certeza jur�dica por la posible existencia de cuerpos normativos distintos.
e. Se modificar�a el monto de las aportaciones a que hace referencia la ley para el federalismo hacendario del Estado de P., ya que las aportaciones se distribuyen tomando en cuenta el n�mero de habitantes, necesidades b�sicas, total de la poblaci�n ocupada por el Municipio, n�mero de viviendas, nivel educacional, etc�tera.
f. Se ver�an afectados los convenios que en materia de seguridad p�blica hubiere firmado el Municipio, causando incertidumbre en la poblaci�n.
g. Se generar�a confusi�n entre las autoridades y los actos de los mismos, ya que tiene relaci�n directa con el �mbito jurisdiccional, que est� vinculado con el �mbito territorial.
h. A efecto de determinar una redefinici�n territorial, habr�a que tomar en cuenta el servicio p�blico de agua, considerando la infraestructura hidr�ulica, redes de drenaje, alcantarillado, alcantarillado pluvial y/o sanitario, plantas de tratamiento, etc�tera.
i. Se crear�a incertidumbre respecto de los programas de prevenci�n y organizaci�n de primer nivel, en respuesta a los programas de protecci�n civil.
j. Podr�a ocasionarse una merma en el patrimonio y hacienda p�blica del Municipio que se ver�a reflejado en el otorgamiento de servicios p�blicos y en los planes municipales y resulta indispensable considerar con cuidado los aspectos patrimoniales y hacendarios correspondientes.
k. Se generar�a una desestabilizaci�n en el sistema de impartici�n de justicia por cuanto hace en el Distrito Judicial de P., en lo que se refiere al �mbito jurisdiccional de validez y aplicaci�n normativa, situaci�n que ocasionar�a un desfasamiento entre el territorio y los juicios ya promovidos que provocar�a la incompetencia jurisdiccional.
l. Se generar�an consecuencias relativas al �mbito jurisdiccional de los notarios p�blicos, en relaci�n con que sus funciones se rigen por la distritaci�n que establece la Ley Org�nica del Poder Judicial.
12. Que en la emisi�n del acuerdo legislativo combatido, el Congreso del Estado de P. s� valor� los elementos aportados por el Municipio accionante, tan es as�, que concluy� que con dichas pruebas no se acreditaba la necesidad de modificaci�n ya que constituyen meros datos informativos y estad�sticos cuyo alcance probatorio se encuentra limitado, sum�ndose al decreto del seis de septiembre de mil novecientos sesenta y dos, el que se�ala los respectivos l�mites territoriales de los respectivos Municipios.
13. Que no debe pasar por alto que la naturaleza del convenio celebrado entre los Municipios de P. y San Andr�s Cholula, fue resolver problemas de conurbaci�n, no de territorio, pues para suministrar m�s eficazmente los servicios p�blicos los Municipios de un mismo Estado pueden asociarse y coordinarse previo acuerdo de sus Ayuntamientos y con sujeci�n a la ley y tan no se consider� la existencia de la controversia territorial dentro del convenio, que por esa raz�n no fueron llamados los Municipios terceros interesados ni se sigui� el procedimiento de controversia territorial previsto en la ley org�nica municipal local; asimismo, no pasa inadvertido que si bien el Municipio de P. sign� el referido convenio, lo cierto es que se ha separado expresamente de �l, al controvertir actos concretos derivados de su violaci�n.
OCTAVO. El procurador general de la Rep�blica al formular su opini�n, manifest� sustancialmente:
1. Que esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer de la presente controversia, en t�rminos del art�culo 105, fracci�n I, inciso i), de la Constituci�n F.; el actor tiene legitimaci�n para promoverla, pues el Municipio de San Andr�s Cholula es representado por el s�ndico del Ayuntamiento, quien acredit� su personalidad y cuenta con la capacidad jur�dica para promover controversias constitucionales; y, adem�s, fue presentada en forma oportuna.
2. Que no se actualiza la causa de improcedencia relativa a que el actor incumpli� con el principio de definitividad, puesto que esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha determinado que no es necesario que se agoten los medios de defensa previstos en la legislaci�n local para que proceda una controversia constitucional, siempre y cuando en los conceptos de invalidez se se�alen violaciones directas a la Constituci�n F., y en el caso, el referido principio, previsto en el art�culo 19, fracci�n VI, de la ley reglamentaria del art�culo 105 no es aplicable pues si bien es cierto que la Ley Org�nica Municipal del Estado de P. prev� un medio de defensa que tiene por objeto dirimir las controversias territoriales que surjan entre los Municipios, derivadas de la ejecuci�n o aplicaci�n de un acto o de una norma general que causa el conflicto de l�mites o de competencia territorial, tambi�n lo es que el Municipio de San Andr�s Cholula promovi� el medio de control constitucional por considerar vulnerados en su perjuicio los art�culos 14, 16 y 115 de la Constituci�n F. por parte del Poder Legislativo Local, al emitir un acuerdo legislativo, de forma que se trata de un conflicto entre un Estado y uno de sus Municipios, por la emisi�n de un acto tildado de inconstitucional.
3. Que tampoco se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracci�n VII del numeral 19 de la ley reglamentaria del art�culo 105 por consentimiento de los actos materia de la controversia en raz�n de la existencia de actos y decretos que emiti� el Poder Legislativo del Estado que no fueron combatidos en el momento procesal oportuno, pues la hip�tesis referente a actos derivados de otros consentidos no est� expresamente prevista en el art�culo 19 de la ley reglamentaria del art�culo 105, ni en alguna otra disposici�n y las causales de improcedencia no pueden ser establecidas por analog�a o mayor�a de raz�n.
4. Que de igual forma, tampoco se actualiza la causa de improcedencia prevista en el art�culo 19, fracci�n VII, en relaci�n con el 20, fracci�n II, de la ley reglamentaria del art�culo 105 por carecer el actor de inter�s leg�timo para impugnar el acto combatido, pues �ste deriva de una petici�n conjunta de los Municipios de P. y de San Andr�s Cholula, siendo que la controversia constitucional fue promovida �nicamente por el primero, pues para que proceda el juicio constitucional no es requisito indispensable que tuviera que ser promovido conjuntamente por los dos Municipios, ya que en la controversia constitucional se plantea la existencia de un agravio cometido por un ente, poder u �rgano de los referidos en la fracci�n I del art�culo 105 constitucional; y, en el caso, el Congreso del Estado de P. emiti� un acto de autoridad que gener� un perjuicio al actor en el �mbito de su competencia, de donde se deriva su inter�s leg�timo para acudir a esta v�a.
5. Que el acuerdo legislativo impugnado en esta controversia constitucional resulta violatorio de los art�culos 14 y 16 constitucionales, al no haberse ajustado a los art�culo 6o., 11 y 12 de la Ley Org�nica Municipal, ya que la Legislatura Local actu� al margen de las atribuciones que tiene conferidas al no respetar la garant�a de audiencia de los Municipios interesados y no haber dado la intervenci�n que corresponde al titular del Poder Ejecutivo Local.
Que lo anterior es as� pues acorde con la naturaleza de la facultad del Congreso Local respecto de la modificaci�n y delimitaci�n del territorio de los Municipios de la entidad, el art�culo 12 de la ley org�nica municipal local determina que las resoluciones que emita en esa materia deber�n ser aprobadas por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, previa opini�n del titular del Poder Ejecutivo y audiencia de los Ayuntamientos de que se trate.
Que de las constancias del expediente que se form� ante el Congreso Local con la solicitud de los Municipios actor y tercero interesado para redefinir sus l�mites territoriales y del cual eman� el acuerdo legislativo impugnado, se advierte que dichos Municipios cumplieron con el requisito del art�culo 6o. del ordenamiento legal citado, al obtener la autorizaci�n de m�s de las dos terceras partes de los integrantes de su Cabildo para fundar su solicitud, adem�s de anexar diversos elementos; sin embargo, no se advierte que se haya solicitado opini�n al Ejecutivo Estatal y brindado audiencia a los Municipios solicitantes.
Que de acuerdo con lo anterior, se colige que con la emisi�n del acuerdo impugnado, el Poder Legislativo del Estado de P. vulner� el orden constitucional y local, ya que la C.�n de G.�n, Justicia y Puntos Constitucionales, encargada de dictaminar sobre la solicitud planteada, no actu� conforme al art�culo 12 dela ley org�nica municipal; de ah� que se considere violada la garant�a de legalidad consagrada en los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n F..
6. Que en atenci�n a lo fundado del concepto de invalidez, estima innecesario pronunciarse sobre los restantes conceptos de invalidez expuestos por el Ayuntamiento actor.
NOVENO. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebr� la audiencia prevista en el art�culo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en t�rminos del art�culo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relaci�n de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos, y se puso el expediente en estado de resoluci�n.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 105, fracci�n I, inciso i), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracci�n I, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, por tratarse de un conflicto entre el Poder Legislativo y el Municipio de San Andr�s Cholula, ambos del Estado de P..
SEGUNDO. Procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser una cuesti�n de orden p�blico y de estudio preferente.
La parte actora en su escrito de demanda, solicita la declaraci�n de invalidez de lo siguiente:
"Acuerdo, dado en el Palacio del Poder Legislativo en la her�ica ciudad de P. de Zaragoza, el d�a veintitr�s de junio del a�o dos mil cinco, notificado personalmente, el d�a veintiocho de junio del a�o dos mil cinco, por el cual se neg� aprobar la propuesta de soluci�n a la controversia de l�mites territoriales entre los Municipios de San Andr�s Cholula, Estado de P. y P., Estado de P.."
De acuerdo con lo anterior, a efecto de establecer la oportunidad en la presentaci�n de la demanda debe estarse a lo que dispone el art�culo 21, fracci�n I, de la ley reglamentaria de la materia, que fija el plazo para la promoci�n de controversias constitucionales.
No obstante que el acuerdo impugnado fue emitido por el �rgano legislativo estatal, se advierte que se trata de una cuesti�n particular que no puede tener el car�cter de norma; es decir, los efectos del acuerdo impugnado no son abstractos, generales e impersonales, sino que se refieren a una cuesti�n concreta.
El art�culo 21, fracci�n I, se�ala lo siguiente:
"Art�culo 21. El plazo para la interposici�n de la demanda ser�:
"I.T.�ndose de actos, de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificaci�n de la resoluci�n o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecuci�n; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos; ..."
Conforme al dispositivo legal transcrito, para el ejercicio de la acci�n de controversia constitucional, cuando se impugnan actos, el actor cuenta con un plazo de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente al en que: a) conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificaci�n de la resoluci�n o acuerdo que se reclame; b) haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecuci�n; y, c) el actor se ostente sabedor de los mismos.
De las constancias de autos se desprende que la parte actora tuvo conocimiento del acuerdo impugnado mediante notificaci�n que se le realiz� el veintiocho de junio de dos mil cinco, por lo que el plazo de treinta d�as para la promoci�n de la demanda transcurri� del mi�rcoles veintinueve de junio al martes veintitr�s de agosto de dos mil cinco, descont�ndose del c�mputo respectivo los d�as dos, tres, nueve y diez de julio, as� como el seis, siete, trece, catorce, veinte y veintiuno de agosto de dos mil cinco, al ser inh�biles por corresponder a s�bados y domingos, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 2o. de la ley reglamentaria de la materia, en relaci�n con el 163 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n; descont�ndose, adem�s del diecis�is al treinta y uno de julio de dos mil cinco, por corresponder al primer periodo de receso de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.
En consecuencia, si la demanda fue presentada en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n el diecisiete de agosto de dos mil cinco, como se advierte del sello estampado al reverso de la foja cuarenta y cinco de autos, es decir, dentro del plazo indicado, debe concluirse que fue oportuna su presentaci�n.
TERCERO. A continuaci�n se estudiar� la legitimaci�n de quien ejercita la acci�n de controversia constitucional.
El art�culo 11, p�rrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo que a continuaci�n se transcribe:
"Art�culo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deber�n comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en t�rminos de las normas que los rigen, est�n facultados para representarlos. En todo caso, se presumir� que quien comparezca a juicio goza de la representaci�n legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. ..."
De la disposici�n legal transcrita se desprende que el actor deber� comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en t�rminos de las normas que lo rigen, est�n facultados para representarlo.
En el presente asunto, suscribe la demanda en representaci�n del Municipio de P., J.G.J.M.T., en su car�cter de s�ndico municipal, lo que acredita con la certificaci�n realizada por un notario p�blico, de una copia certificada de la constancia de mayor�a de la elecci�n de miembros del Ayuntamiento del dieciocho de noviembre de dos mil cuatro, expedida por el Instituto Electoral del Estado, as� como con copia certificada por fedatario p�blico del acta de sesi�n de Cabildo del quince de febrero de dos mil cinco, en la que consta la toma de protesta del referido funcionario en el cargo que ostenta (fojas 1 a 5 del cuaderno de pruebas de la parte actora, tomo I).
El art�culo 100, fracci�n I, de la Ley Org�nica Municipal del Estado de P., prev� lo siguiente:
"Art�culo 100. Son deberes y atribuciones del s�ndico:
"I. Representar al Ayuntamiento ante toda clase de autoridades, para lo cual tendr� las facultades de un mandatario judicial."
De acuerdo con el precepto reproducido, se tiene que el s�ndico municipal tiene la facultad de representaci�n legal del Municipio.
Asimismo, si dicho Municipio es uno de los �rganos enunciados por el art�culo 105, fracci�n I, de la Constituci�n F. para intervenir en una controversia constitucional, debe concluirse que cuenta con la legitimaci�n necesaria para promoverla.
No es �bice a las anteriores conclusiones que el Poder Legislativo demandado se�ale que las documentales con las que el s�ndico del Municipio actor pretende acreditar su personer�a carecen de valor probatorio al no cumplir con los requisitos legales necesarios para tenerlos por aut�nticos pues los notarios p�blicos en el Estado de P. carecen de la atribuci�n de certificar documentos cuando dicha atribuci�n corresponda a alguna autoridad y de ah� que al no encontrarse las documentales de referencia certificadas por quienes de conformidad con las leyes locales tienen facultades para ello, como son Instituto Electoral local y el secretario del propio Ayuntamiento, el promovente de esta controversia constitucional carezca de personalidad para instar esta acci�n.
Lo anterior se estima as�, en atenci�n a que la certificaci�n de las documentales con las que el promovente acredita su car�cter, realizada por notario en uso de la fe p�blica que le confiere el Estado, tiene validez plena para el caso concreto, en atenci�n a que su finalidad es autentificar y cotejar el contenido de las documentales en cuesti�n, as� como los actos que en ellos se consignan; adem�s, debe tenerse en cuenta que el argumento del Poder Legislativo demandado deriva la supuesta falta de personalidad del promovente en raz�n de que los documentos con los que pretende acreditar su car�cter no est�n certificados por autoridad competente; sin embargo, no cuestiona que quien se ostenta como s�ndico no ocupe ese cargo y por ello carezca de las facultades de representaci�n del Municipio; en esta tesitura, con independencia de qui�n certifique las documentales con las que el accionante pretenda acreditar su car�cter, lo cierto es que en autos no obra prueba alguna que desvirt�e el car�cter con el que J.G.J.M.T. comparece a juicio, por lo que deviene infundado el argumento de falta de personalidad hecho valer.
CUARTO. Acto continuo, se analizar� la legitimaci�n de la parte demandada al ser un presupuesto necesario para la procedencia de la acci�n, en tanto que dicha parte sea la obligada por la ley para satisfacer la pretensi�n de la parte actora, en caso de que resulte fundada.
Tiene el car�cter de autoridad demandada en esta controversia, el Poder Legislativo del Estado de P..
El art�culo 10, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la materia, establece lo siguiente:
"Art�culo 10. Tendr�n el car�cter de parte en la controversias constitucionales:
"II. Como demandado, la entidad, poder u �rgano que hubiera emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia; ..."
En el caso, el Poder Legislativo del Estado de P. compareci� a juicio por conducto de R.M.V.R. y J.M.A., quienes se ostentaron como presidente de la Gran C.�n y secretario general de la Quincuag�sima Sexta Legislatura del Congreso Local, respectivamente, caracteres que acreditaron, el primero de ellos con la copia certificada del acta de sesi�n p�blica ordinaria del dieciocho de enero del dos mil cinco, de la que se desprende que asume y ejerce ese cargo; y el segundo, con el nombramiento de oficial mayor que le expidi� el Pleno del �rgano legislativo el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y seis, y con la copia certificada del P.�dico Oficial de la entidad del primero de agosto de dos mil uno, que contiene el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Org�nica del Poder Legislativo y del reglamento interior del Congreso, ambos del Estado de P., del cual se advierte que el art�culo cuarto transitorio del mencionado decreto previ� que el oficial mayor que se encontrara en funciones al momento de su entrada en vigor, ejercer�a el cargo de secretario general (fojas 93 a 114 de este expediente).
Por su parte, el art�culo 42 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de P., establece lo siguiente:
"Art�culo 42. Son atribuciones del presidente de la Gran C.�n:
"...
"III. Tener la representaci�n legal del Poder Legislativo del Estado, conjunta o indistintamente con el secretario general."
De acuerdo con la disposici�n constitucional transcrita, la representaci�n legal del Poder Legislativo del Estado de P., se deposita en el presidente de la Gran C.�n, la cual podr� ejercerla de manera conjunta o indistinta con el secretario general; de ah� que si en el caso acuden los dos funcionarios a producir la contestaci�n de demanda, es inconcuso que se encuentran legitimados para comparecer en la presente controversia en representaci�n del Poder Legislativo Local, conforme al art�culo 11 de la ley reglamentaria de la materia.
Asimismo, debe considerarse que el Poder Legislativo del Estado de P., cuenta con la legitimaci�n pasiva para comparecer en el presente juicio, toda vez que se le imputa la emisi�n del acto cuya invalidez se demanda.
QUINTO. A continuaci�n se pasa al an�lisis de las restantes causas de improcedencia hechas valer por las partes y de las que, en su caso, este Alto Tribunal advierta.
Esgrime el Poder Legislativo del Estado de P. que la presente controversia constitucional es improcedente por actualizarse la causa prevista en la fracci�n VI del art�culo 19 de la ley reglamentaria de la materia al no haberse agotado la v�a legalmente prevista para la soluci�n del conflicto, ya que el acuerdo legislativo impugnado por el que se resuelve una solicitud de redefinici�n de l�mites entre los Municipios de P. y San Andr�s Cholula, Estado de P. no constituye un acto definitivo ya que deja la posibilidad a los mencionados Municipios de aportar elementos para acreditar los elementos exigidos por la ley org�nica municipal local, o en su caso, agotar la v�a prevista por el propio ordenamiento, que es la controversia por territorialidad.
No se actualiza el motivo de improcedencia aducido, en atenci�n a lo siguiente:
Este Alto Tribunal ha sustentado en diversos criterios que la causa de improcedencia prevista en la fracci�n VI del art�culo 19 de la ley reglamentaria de la materia, implica un principio de definitividad trat�ndose de las controversias constitucionales, del cual se desprenden tres hip�tesis para tenerla por actualizada, que son las siguientes:
1. Que est� prevista legalmente una v�a en contra del acto impugnado en la controversia constitucional, que no se haya agotado y a trav�s de la cual pudiera ser revocado, modificado o nulificado y, por tanto, sea apta para la soluci�n del propio conflicto.
2. Que habi�ndose interpuesto dicha v�a o medio legal, a�n no se haya dictado la resoluci�n correspondiente, por la cual pudiera modificarse o nulificarse el acto controvertido a trav�s de aqu�lla; y,
3. Que el acto impugnado se haya emitido dentro de un procedimiento que no ha concluido, esto es, que est� pendiente de dictarse la resoluci�n definitiva, en el que la cuesti�n debatida constituya la materia propia de la controversia constitucional.
El caso a estudio se ubica en la primera de las hip�tesis se�aladas, ya que se plantea que el acto impugnado no es definitivo puesto que contra �l debe agotarse la controversia por cuestiones de l�mites o competencia por territorialidad prevista en los art�culos 16 y 17 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de P., preceptos cuyo tenor es el siguiente:
"Art�culo 16. Salvo lo dispuesto por la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y dem�s leyes aplicables, las controversias por cuestiones de l�mites o competencia por territorialidad entre dos o m�s Municipios del Estado, ser�n resueltas por el Congreso del Estado y se regir�n por los lineamientos que se�ala la presente ley, sin perjuicio de que el Congreso del Estado reglamente el procedimiento en ordenamiento diverso."
"Art�culo 17. Los Municipios propondr�n la soluci�n de toda controversia de l�mites entre ellos, la que someter�n a la aprobaci�n del Congreso del Estado. En caso de no llegar a un acuerdo, se someter�n al procedimiento establecido por este cap�tulo."
De estos numerales se tiene que, corresponde al Poder Legislativo del Estado de P. resolver las controversias que por cuestiones de l�mites territoriales se susciten entre los Municipios del Estado; asimismo, se advierte la existencia de dos medios a trav�s de los cuales pueden resolverse este tipo de conflictos, a saber:
a) Por la v�a amistosa, puesto que acorde con el segundo de los preceptos reproducidos, los Municipios de la entidad cuentan con la atribuci�n de proponer a la Legislatura Local la soluci�n a la disputa lim�trofe para su aprobaci�n.
b) Por la v�a contenciosa, puesto que en caso de que los Municipios no lleguen a un acuerdo de voluntades para la delimitaci�n de su territorio, se someter�n al procedimiento previsto en la propia ley org�nica municipal.
Ahora, como lo informan los antecedentes que dieron origen a esta controversia constitucional, los Municipios de P. y San Andr�s Cholula, sometieron a la consideraci�n del Poder Legislativo Local para su aprobaci�n, el convenio a trav�s del cual propon�an la soluci�n a la disputa existente entre ellos por cuesti�n de l�mites territoriales; de ah� que contrario a lo aducido por el poder demandado, el acuerdo legislativo que se combate, al resolver sobre la petici�n de los mencionados Municipios de aprobaci�n del convenio se�alado, s� constituye un acto definitivo susceptible de combatirse en esta v�a constitucional.
En efecto, el acuerdo legislativo del veintitr�s de junio de dos mil cinco por el que se resuelve la solicitud de los Municipios actor y tercero interesado para redefinir sus l�mites territoriales, da una soluci�n definitiva al acuerdo de voluntades propuesto por los Ayuntamientos referidos, en contra del cual, la legislaci�n aplicable no prev� alg�n medio ordinario de defensa.
Por tanto, no puede considerarse que la v�a contenciosa que prev� la Ley Org�nica Municipal del Estado de P. sea la id�nea para resolver la cuesti�n lim�trofe planteada por los Municipios en cuesti�n, puesto que como qued� sentado, dicha v�a procede �nicamente en el caso de que los Municipios de que se trate no lleguen a un acuerdo de voluntades para la delimitaci�n de su territorio, lo cual no ocurre en el caso, pues como ya se se�al�, el acuerdo legislativo materia de esta controversia constitucional, resuelve la petici�n que de com�n acuerdo presentaron para aprobaci�n de la Legislatura Local los Municipios de San Andr�s Cholula y de P., de la referida entidad.
Aunado a lo anterior, el propio Poder Legislativo Local arguye que la controversia constitucional tambi�n deviene improcedente al actualizarse la causa prevista en la fracci�n VI de la ley reglamentaria de la materia, en atenci�n a que en la demanda se plantean violaciones a la Constituci�n Local que, s�lo como consecuencia, producir�an violaciones indirectas a la Constituci�n F. puesto que �nicamente se plantean supuestas violaciones intraprocesales relacionadas con los numerales 14, 16 y 115 fundamentales; y de ah� que la resoluci�n de fondo que llegue a emitirse no involucrar�a la interpretaci�n de una norma suprema, sino �nicamente el an�lisis de si el procedimiento relativo se ajust� a los lineamientos que lo rigen.
No se actualiza la improcedencia alegada pues como ya se se�al�, el acto materia de esta controversia constitucional s� es definitivo al no existir una v�a legalmente prevista para la soluci�n del propio conflicto y el que a trav�s de esta v�a constitucional se hagan valer violaciones indirectas a la Constituci�n F. no la hace improcedente ya que esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sustentado que a trav�s de este medio de control constitucional pueden analizarse cualquier tipo de violaci�n constitucional, en aras de garantizar el principio de supremac�a de la Constituci�n F..
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por este Tribunal Pleno, que se contiene en la tesis de jurisprudencia n�mero P./J. 98/99, consultable en la p�gina setecientos tres, del Tomo X, septiembre de 1999, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyo tenor es el siguiente:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCI�N FEDERAL. Los Poderes Constituyente y Reformador han establecido diversos medios de control de la regularidad constitucional referidos a los �rdenes jur�dicos federal, estatal y municipal, y del Distrito F., entre los que se encuentran las controversias constitucionales, previstas en el art�culo 105, fracci�n I, de la Carta Magna, cuya resoluci�n se ha encomendado a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en su car�cter de Tribunal Constitucional. La finalidad primordial de lareforma constitucional, vigente a partir de mil novecientos noventa y cinco, de fortalecer el federalismo y garantizar la supremac�a de la Constituci�n, consistente en que la actuaci�n de las autoridades se ajuste a lo establecido en aqu�lla, lleva a apartarse de las tesis que ha venido sosteniendo este Tribunal Pleno, en las que se soslaya el an�lisis, en controversias constitucionales, de conceptos de invalidez que no guarden una relaci�n directa e inmediata con preceptos o formalidades previstos en la Constituci�n F., porque si el control constitucional busca dar unidad y cohesi�n a los �rdenes jur�dicos descritos, en las relaciones de las entidades u �rganos de poder que las conforman, tal situaci�n justifica que una vez que se ha consagrado un medio de control para dirimir conflictos entre dichos entes, dejar de analizar ciertas argumentaciones s�lo por sus caracter�sticas formales o su relaci�n mediata o inmediata con la N.F., producir�a, en numerosos casos, su ineficacia, impidiendo salvaguardar la armon�a y el ejercicio pleno de libertades y atribuciones, por lo que resultar�a contrario al prop�sito se�alado, as� como al fortalecimiento del federalismo, cerrar la procedencia del citado medio de control por tales interpretaciones t�cnicas, lo que impl�citamente podr�a autorizar arbitrariedades, m�xime que por la naturaleza total que tiene el orden constitucional, en cuanto tiende a establecer y proteger todo el sistema de un Estado de derecho, su defensa debe ser tambi�n integral, independientemente de que pueda tratarse de la parte org�nica o la dogm�tica de la Norma Suprema, dado que no es posible parcializar este importante control."
Desde diverso aspecto, el poder demandado aduce que la controversia constitucional es improcedente de conformidad con la fracci�n VII del art�culo 19 de la ley reglamentaria de la materia, puesto que el acto cuya invalidez demanda deriva de otros consentidos previamente por la actora los cuales no combati� en el momento oportuno.
El motivo de improcedencia aducido por el poder demandado no se actualiza en el caso, puesto que este Tribunal Pleno ha establecido el criterio consistente en que la improcedencia de la controversia constitucional contra actos o normas derivados de otros consentidos no est� prevista expresamente en la ley reglamentaria de la materia, ni se deriva de cualquier otra disposici�n de ese ordenamiento legal, de ah� que no se surte la improcedencia de la acci�n, am�n de que, como ya se se�al�, la promoci�n del presente medio de control constitucional se realiz� en forma oportuna, esto es, dentro de los treinta d�as siguientes al en que el actor manifest� haber tenido conocimiento del acto que combate.
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por este Tribunal Pleno en la tesis de jurisprudencia n�mero P./J. 118/2005, consultable en la p�gina ochocientos noventa y dos del Tomo XXII, septiembre de dos mil cinco, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyo tenor es el siguiente:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO PUEDE V�LIDAMENTE PLANTEARSE LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR ACTOS DERIVADOS DE CONSENTIDOS. La improcedencia de la controversia constitucional contra actos o normas derivados de otros consentidos no est� prevista expresamente en la ley reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, como se advierte de la lectura del art�culo 19 de ese cuerpo de leyes que se refiere a las causas de improcedencia que pueden actualizarse en dicho juicio constitucional y tal hip�tesis tampoco se desprende de otra disposici�n de la ley de la materia."
Por otro lado, el Poder Legislativo del Estado de P. se�ala que la controversia constitucional deviene improcedente, de conformidad con la fracci�n VIII del art�culo 19 de la ley reglamentaria de la materia, en relaci�n con la fracci�n II del numeral 20 del propio ordenamiento legal, pues el actor carece de "inter�s leg�timo" para acudir a este medio de control constitucional, ya que el acto cuya invalidez demanda deriva de una solicitud y actuaci�n conjunta de los Municipios de San Andr�s Cholula y P., de ah� que el primero de ellos carece por s� de "legitimaci�n" para promover, pues el otro Ayuntamiento consinti� el acuerdo combatido.
A efecto de dar contestaci�n al anterior argumento de improcedencia, cabe se�alar que la autoridad demandada confunde los conceptos de inter�s leg�timo y legitimaci�n, no obstante esto, ninguno de estos supuestos se actualiza en el caso, para declarar improcedente esta controversia constitucional, por lo siguiente:
En primer t�rmino, el hecho de que �nicamente haya sido el Municipio actor quien acudiera a este medio de control a solicitar la declaraci�n de invalidez del acuerdo emitido el veintitr�s de junio de dos mil cinco por la Legislatura Local y ello no se haya realizado en conjunto con el de P., no implica que aqu�l carezca de "legitimaci�n" para promoverlo pues como se se�al� en el considerando tercero de esta resoluci�n, el Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P., s� cuenta con legitimaci�n para acudir a esta v�a al ser uno de los entes reconocidos por la fracci�n I del art�culo 105 de la Constituci�n F. para iniciarla.
En segundo plano, debe se�alarse que contrario a lo aducido por el poder demandado, el Municipio promovente s� cuenta con inter�s leg�timo para acudir a esta v�a, como se ver� en el considerando posterior, puesto que a trav�s de esta controversia constitucional pretende salvaguardar su integridad territorial, la cual se encuentra protegida por el art�culo 115 de la Constituci�n F., con motivo de la emisi�n de los actos cuya invalidez solicita.
Desde diverso aspecto el Poder Legislativo del Estado de P., al formular sus alegatos aduce que la presente controversia constitucional es improcedente en atenci�n a que por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el ocho de diciembre de dos mil cinco, se reform� el �nico p�rrafo y se adicion� un segundo y tercer p�rrafos al art�culo 46; se derog� la fracci�n IV del art�culo 73; se adicionaron las fracciones X y XI, pasando la actual fracci�n X a ser fracci�n XII del art�culo 76 y se reform� la fracci�n I del art�culo 105, todos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, de los cuales se advierte que el Congreso de la Uni�n tiene atribuciones para admitir nuevos Estados a la Uni�n F. y para formar otros nuevos dentro de los l�mites de los existentes sin que nada establezcan sobre la erecci�n, supresi�n o modificaci�n de los territorios de los Municipios de los Estados, de ah� que de conformidad con los art�culos 115 y 124, primer p�rrafo, de la Constituci�n F. esta atribuci�n corresponde a las entidades federativas.
De acuerdo con lo anterior, si el Senado de la Rep�blica cuenta con la facultad exclusiva de resolver de manera definitiva los conflictos sobre l�mites territoriales de las entidades federativas, entonces los Estados, a trav�s de sus legislaturas, tienen la facultad impl�cita de resolver ese tipo de conflictos trat�ndose de sus Municipios; de ah� que si las resoluciones que emita el Senado en la materia son inatacables a trav�s de la controversia constitucional, tambi�n lo son las que emitan los Estados respecto de los conflictos territoriales suscitados entre sus Municipios, sin que sea obst�culo para ello el que la fracci�n I inciso h) del art�culo 105 de la Constituci�n F. establezca el supuesto de procedencia de ese medio de control respecto de conflictos suscitados entre un Estado y uno de sus Municipios, pues en t�rminos de lo se�alado, la propia Constituci�n ahora consigna su improcedencia.
El anterior motivo de improcedencia no se actualiza en el caso.
En efecto, debe tenerse en cuenta que si bien a trav�s de la reforma constitucional a que alude el poder demandado, se facult� en exclusiva a la C�mara de Senadores del Congreso de la Uni�n para resolver de manera definitiva e inatacable los conflictos que por l�mites territoriales se susciten entre los Estados de la Federaci�n, lo cierto es que dicha circunstancia es aplicable �nicamente a ese tipo de conflictos, por as� determinarlo la Constituci�n F., por lo que s�lo en estos casos las declaraciones y resoluciones que se dicten son inatacables.
Lo anterior se corrobora incluso con el texto expreso del primer p�rrafo de la fracci�n I del art�culo 105 de la Constituci�n F., en el cual se prev� que los conflictos a que se refiere el art�culo 46 del propio ordenamiento fundamental no pueden impugnarse a trav�s del procedimiento de controversia constitucional; asimismo, este �ltimo precepto faculta a esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n a conocer a trav�s del mencionado medio de control constitucional, de los conflictos derivados de la ejecuci�n de los decretos que emita el Senado en materia de l�mites territoriales estatales.
Ahora, por lo que hace a las resoluciones que emitan las Legislaturas Estatales referentes a la delimitaci�n territorial de sus Municipios, cabe se�alar que contrario a lo aducido por el poder demandado, los anteriores lineamientos no resultan aplicables, por no preverse as� en la Constituci�n F. y adem�s, de sostenerse lo contrario, los actos que se emiten en esos procedimientos; esto es, las resoluciones de las Legislaturas Locales, escapar�an al control constitucional.
Lo anterior es as� pues al no establecerse en la Constituci�n F. prohibici�n expresa que decrete la improcedencia de este medio de control constitucional respecto de las resoluciones que dirimen en definitiva conflictos de l�mites entre los Municipios de un Estado, es que la controversia constitucional resulta procedente en contra de dichas determinaciones, toda vez que de lo contrario, en estos casos, se har�a nugatorio el procedimiento que tiene como fin primordial garantizar la supremac�a de la Constituci�n F., ajustando el actuar de cualquier autoridad a los lineamientos que �sta prev�. De ah� que no existe impedimento alguno para que este Alto Tribunal revise en esta v�a las resoluciones que se dicten en la indicada materia, m�xime si �stas pueden llegar a afectar de manera directa o indirecta prerrogativas que la Constituci�n F. otorga a alg�n poder o nivel de gobierno.
Sirve de apoyo a la determinaci�n anterior, por analog�a, la tesis de jurisprudencia del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, n�mero P./J. 53/2004, visible en la p�gina mil ciento quince, del Tomo XX, agosto de 2004, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyo tenor es el siguiente:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE EN CONTRA DE RESOLUCIONES DICTADAS EN UN JUICIO POL�TICO SEGUIDO A SERVIDORES P�BLICOS ESTATALES. El art�culo 110 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece qui�nes son los servidores p�blicos sujetos a juicio pol�tico, las sanciones a que se har�n acreedores, el procedimiento a seguir en su aplicaci�n, las autoridades encargadas de sustanciarlo, as� como la previsi�n de que las declaraciones y resoluciones emitidas por las C�maras de Diputados y de Senadores dentro de ese procedimiento ser�n inatacables, circunstancia aplicable �nicamente a los servidores p�blicos federales en los supuestos contenidos en el propio numeral constitucional. En consecuencia, las declaraciones y resoluciones emitidas en los procedimientos de responsabilidad pol�tica de los servidores p�blicos estatales s� son atacables, porque la Constituci�n F. no las excluye, sujet�ndolas as� al control constitucional."
En estas condiciones al no actualizarse motivo de improcedencia, a continuaci�n se proceder� al an�lisis de los conceptos de invalidez hechos valer por el Municipio actor.
SEXTO. Los conceptos de invalidez son, en s�ntesis, los siguientes:
1. Que el acuerdo legislativo cuya invalidez se demanda, es violatorio de los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n F., puesto que carece de fundamentaci�n y motivaci�n al ser incongruente con la petici�n que resuelve y realiza una inexacta aplicaci�n de la ley, en atenci�n a lo siguiente:
a) Que la Legislatura Local se�ala que en el caso nunca ha existido controversia territorial, premisa que resulta incorrecta en atenci�n a que con motivo del conflicto lim�trofe entre los Municipios de San Andr�s Cholula y P., se cre� una comisi�n especial integrada por representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo Locales, as� como de los propios Municipios, cuyo objeto era encontrar una soluci�n al referido diferendo; asimismo, el propio Municipio actor promovi� una diversa controversia constitucional que fue desechada, adem�s de que el Municipio de P. inici� una controversia por l�mites territoriales ante la Legislatura Local; elementos que permiten concluir la existencia de un conflicto lim�trofe entre los referidos Municipios.
b) Que adem�s, la petici�n realizada por los Municipios de San Andr�s Cholula y P., fue la de que el Congreso Local aprobara la propuesta de soluci�n de la controversia territorial en t�rminos del art�culo 17 de la ley org�nica municipal de la entidad y no en t�rminos del art�culo 6o. de ese ordenamiento legal, el que no es aplicable al caso.
c) Que los documentos que se adjuntaron a la propuesta de soluci�n aprobada por los Municipios en conflicto dejaron de ser tomados en cuenta en el acuerdo cuya invalidez se demanda, pues no fueron analizados, estudiados ni valorados en su conjunto.
d) Que la facultad imperativa que otorga la primera parte del art�culo 17 de la ley org�nica municipal, al Congreso del Estado de P. consiste en aprobar la propuesta de soluci�n de controversias territoriales que le presenten los Municipios interesados, de forma que tal facultad consiste en sancionar esas propuestas siempre que no sean contrarias a la ley, a la moral y a las buenas costumbres, ordenando la publicaci�n de su aprobaci�n en el P.�dico Oficial del Estado.
e) Que en el acuerdo impugnado, al se�alar que no existen elementos suficientes para aprobar la petici�n de soluci�n de la controversia territorial, el Poder Legislativo del Estado de P. aplic� inexactamente los art�culos 5o., 6o. y 16 al 35 de la ley org�nica municipal local y dej� de aplicar el numeral 17 del propio ordenamiento, el cual s� resultaba ser el aplicable al caso concreto.
f) Que es inexacto que la autoridad demandada en el acuerdo legislativo impugnado haya realizado un an�lisis arm�nico de los elementos aportados por los Municipios de San Andr�s Cholula y P., a la propuesta de soluci�n de sus l�mites territoriales, puesto que no refiere cu�les analiz� ni en qu� consisti� dicho an�lisis, siendo que del mismo acuerdo se aprecia que ni los documentos de referencia ni los que se aportaron con posterioridad fueron tomados en cuenta.
2. Que con el acuerdo legislativo, cuya invalidez se demanda, se deja en estado de indefinici�n la cuesti�n relativa a los l�mites territoriales de los Municipios de San Andr�s Cholula y P., al pasar por alto el acuerdo de voluntades que celebraron, lo que resulta violatorio de la fracci�n I del art�culo 115 de la Constituci�n F., puesto que con ello se conculca en perjuicio del Municipio actor su autonom�a y la administraci�n libre de su hacienda, as� como su personalidad jur�dica.
3. Que igualmente se violan las fracciones II, III y V del citado precepto fundamental, pues con la negativa de la Legislatura Local de aprobar el convenio en el que se propuso la soluci�n al conflicto lim�trofe, se deja en estado de indefinici�n al actor respecto de los actos de gobierno que tiene que realizar en su propio territorio.
4. Que el acto cuya invalidez se demanda es violatorio de la fracci�n IV del art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, pues priva al actor de las contribuciones que debe percibir respecto de una franja territorial en la que tiene jurisdicci�n y competencia.
A fin de examinar los conceptos de invalidez, es necesario previamente relatar los antecedentes de los actos impugnados, que son los que a continuaci�n se refieren.
1) El seis de septiembre de mil novecientos sesenta y dos el Congreso del Estado de P. emiti� un decreto, publicado en el P.�dico Oficial del Estado el treinta de octubre de mil novecientos sesenta y dos, mediante el cual suprimi� los Municipios de San Jer�nimo Caleras, S.F.H., S.M.C., R.�n y T.�n; y en el que se establecieron las nuevas fronteras y l�mites territoriales entre el Municipio de P. y San Andr�s Cholula, con el objeto de proveer lo necesario en cuanto a la prestaci�n de servicios p�blicos y promover una mejor distribuci�n del empleo en las zonas aleda�as al Municipio de P..
2) El veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta el Congreso del Estado de P. emiti� un decreto, publicado en el P.�dico Oficial del Estado, el nueve de enero de mil novecientos ochenta y uno, por el que se fijaron �nicamente los l�mites del centro de poblaci�n de la ciudad de P., Municipio de P., en el que tambi�n se enunciaron las �reas urbanas comprendidas en la superficie delimitada, pertenecientes a la administraci�n del Municipio de P..
3) El veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa, se public� en el P.�dico Oficial del Estado un decreto mediante el cual se fijan los l�mites del centro de poblaci�n de la ciudad de P., tal como se estableci� en el decreto de mil novecientos sesenta y dos.
4) El veinticinco de junio de dos mil dos, los Ayuntamientos del Municipio de P. y del Municipio de San Andr�s Cholula celebraron un convenio de colaboraci�n para establecer la forma y procedimiento de la consulta popular sobre territorios existentes entre los Municipios de P. y San Andr�s Cholula, con la finalidad de llevar a cabo un instrumento de opini�n y participaci�n ciudadana para la determinaci�n de los l�mites territoriales.
5) El diez de julio de dos mil dos, fue presentado ante el Congreso del Estado de P., el oficio n�mero SG/471/2002, emitido por el secretario general del Ayuntamiento del Municipio de San Andr�s Cholula y con fecha once de julio del dos mil dos fue turnado por el Pleno del Congreso del Estado de P. a la C.�n de G.�n Justicia y Puntos Constitucionales del mismo Congreso, oficio a trav�s del cual se someti� a consideraci�n del �rgano legislativo el convenio de colaboraci�n celebrado por los Municipios de P. y San Andr�s Cholula.
6) El diez de julio de dos mil dos, fue presentado ante el Congreso del Estado de P. el oficio n�mero 4.S.5.G./DJ./563/2002, emitido por el secretario general del Ayuntamiento del Municipio de P., y con fecha dieciocho de julio de dos mil dos fue turnado por el Pleno del Congreso del Estado de P. a la C.�n de G.�n, Justicia y Puntos Constitucionales del mismo Congreso, oficio mediante el cual se someti� a consideraci�n el referido convenio de colaboraci�n celebrado por los Municipios de P. y San Andr�s Cholula.
7) El cuatro de abril de dos mil cinco, el Municipio de P. promovi� controversia por cuesti�n de l�mites territoriales ante el Congreso del Estado, con motivo de una serie de actos (servicios de seguridad p�blica, vial, actos de gobierno, como convocatorias a elecci�n de presidentes de Juntas Auxiliares, actos de cobro de impuestos) que, dice, se han llevado a cabo por parte del Municipio de San Andr�s Cholula, dentro del territorio del Municipio de P..
8) El siete de abril de dos mil cinco, el presidente municipal y s�ndico municipal, ambos del Municipio de San Andr�s Cholula, presentaron ante el Congreso del Estado de P. oficio n�mero PM/036/05, en el que le solicitaron se pronunciara respecto del convenio de fecha veinticinco de junio dedos mil dos.
9) El veintitr�s de junio de dos mil cinco, el Pleno del Congreso del Estado de P. se pronunci� sobre la controversia por l�mites territoriales que le fue planteada por el Municipio de P., declar�ndola improcedente y desech�ndola de plano porque consider� que se encontraban pendientes de resolver las solicitudes presentadas con fecha once de diciembre de dos mil dos por el Ayuntamiento de P. y el de San Andr�s Cholula, por lo que dichas acciones resultaban contradictorias, ya que por una parte existe la petici�n del Municipio de Cholula para que el Congreso Local resolviera con respecto al convenio celebrado entre ambos Municipios; y, por otra, el Municipio de P. interpuso una controversia por cuesti�n de l�mites territoriales.
10) En la misma fecha y sesi�n (veintitr�s de junio de dos mil cinco), el Pleno del Congreso del Estado resolvi� respecto del convenio de veinticinco de junio de dos mil dos, a efecto de que procediera a la redefinici�n de los l�mites territoriales entre los Municipios de P. y San Andr�s Cholula, determinando desechar la solicitud por considerar que no se reun�an los elementos suficientes para aprobar dicho instrumento (este acuerdo constituye el acto cuya invalidez se demanda en este asunto).
S�PTIMO. En el caso particular, el Municipio de San Andr�s Cholula, Estado de P., plantea medularmente en sus conceptos de invalidez que el Congreso de la entidad al emitir el acuerdo impugnado y no aprobar el convenio celebrado para establecer de manera f�sica los l�mites territoriales entre los Municipios de P. y San Andr�s Cholula, vulnera los principios de fundamentaci�n y motivaci�n que los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n F. tutelan, pues en su concepto dicho acuerdo no guarda congruencia con la solicitud que se formul�, adem�s de que en �l se aplicaron preceptos de la ley org�nica municipal de la entidad que no resultan aplicables al caso concreto, con lo que se deja en estado de indefinici�n la cuesti�n relativa a esos l�mites territoriales, as� como los diferentes actos de gobierno que tiene obligaci�n de realizar, vulner�ndose as� el art�culo 115 del propio Ordenamiento Fundamental.
Para analizar los conceptos de invalidez propuestos se hace necesario aludir, en primer t�rmino, a lo dispuesto por los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n F., que en la parte que interesa disponen lo siguiente:
"Art�culo 14.
"...
"Nadie podr� ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho."
"Art�culo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ..."
Estos preceptos instituyen los principios fundamentales de garant�a de audiencia y legalidad a que deben ce�irse todas las autoridades en su actuaci�n.
Por su parte, el art�culo 115 de la Constituci�n F. que rige el �mbito municipal prev� lo que a continuaci�n se transcribe.
"Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:
"I. Cada Municipio ser� gobernado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa, integrado por un presidente municipal y el n�mero de regidores y s�ndicos que la ley determine. La competencia que esta Constituci�n otorga al Gobierno Municipal se ejercer� por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habr� autoridad intermedia alguna entre �ste y el Gobierno del Estado.
"Los presidentes municipales, regidores y s�ndicos de los Ayuntamientos, electos popularmente por elecci�n directa, no podr�n ser reelectos para el periodo inmediato. Las personas que por elecci�n indirecta, o por nombramiento o designaci�n de alguna autoridad desempe�en las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominaci�n que se les d�, no podr�n ser electas para el periodo inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el car�cter de propietarios, no podr�n ser electos para el periodo inmediato con el car�cter de suplentes, pero los que tengan el car�cter de suplentes s� podr�n ser electos para el periodo inmediato como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio.
"Las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podr�n suspender Ayuntamientos, declarar que �stos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.
"Si alguno de los miembros dejare de desempe�ar su cargo, ser� sustituido por su suplente, o se proceder� seg�n lo disponga la ley.
"En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayor�a de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las Legislaturas de los Estados designar�n de entre los vecinos a los concejos municipales que concluir�n los periodos respectivos; estos concejos estar�n integrados por el n�mero de miembros que determine la ley, quienes deber�n cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores;
"II. Los Municipios estar�n investidos de personalidad jur�dica y manejar�n su patrimonio conforme a la ley.
"Los Ayuntamientos tendr�n facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deber�n expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de polic�a y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci�n p�blica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia y aseguren la participaci�n ciudadana y vecinal.
"El objeto de las leyes a que se refiere el p�rrafo anterior ser� establecer:
"a) Las bases generales de la administraci�n p�blica municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnaci�n y los �rganos para dirimir las controversias entre dicha administraci�n y los particulares, con sujeci�n a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;
"b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;
"c) Las normas de aplicaci�n general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de este art�culo, como el segundo p�rrafo de la fracci�n VII del art�culo 116 de esta Constituci�n;
"d) El procedimiento y condiciones para que el Gobierno Estatal asuma una funci�n o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la Legislatura Estatal considere que el Municipio de que se trate est� imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, ser� necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y
"e) Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.
"Las Legislaturas Estatales emitir�n las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolver�n los conflictos que se presenten entre los Municipios y el Gobierno del Estado, o entre aqu�llos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores;
"III. Los Municipios tendr�n a su cargo las funciones y servicios p�blicos siguientes:
"a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici�n de sus aguas residuales;
"b) Alumbrado p�blico.
"c) Limpia, recolecci�n, traslado, tratamiento y disposici�n final de residuos;
"d) Mercados y centrales de abasto.
"e) P..
"f) Rastro.
"g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
"h) Seguridad p�blica, en los t�rminos del art�culo 21 de esta Constituci�n, polic�a preventiva municipal y tr�nsito; e
"i) Los dem�s que las Legislaturas Locales determinen seg�n las condiciones territoriales y socioecon�micas de los Municipios, as� como su capacidad administrativa y financiera.
"Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempe�o de las funciones o la prestaci�n de los servicios a su cargo, los Municipios observar�n lo dispuesto por las leyes federales y estatales.
"Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podr�n coordinarse y asociarse para la m�s eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y trat�ndose de la asociaci�n de Municipios de dos o m�s Estados, deber�n contar con la aprobaci�n de las Legislaturas de los Estados respectivas. Asimismo cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste, de manera directa o a trav�s del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio;
"Las comunidades ind�genas, dentro del �mbito municipal, podr�n coordinarse y asociarse en los t�rminos y para los efectos que prevenga la ley.
"IV. Los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:
"a) Percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.
"Los Municipios podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administraci�n de esas contribuciones.
"b) Las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.
"c) Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo.
"Las leyes federales no limitar�n la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni conceder�n exenciones en relaci�n con las mismas. Las leyes estatales no establecer�n exenciones o subsidios en favor de persona o instituci�n alguna respecto de dichas contribuciones. S�lo estar�n exentos los bienes de dominio p�blico de la Federaci�n, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier t�tulo, para fines administrativos o prop�sitos distintos a los de su objeto p�blico.
"Los Ayuntamientos, en el �mbito de su competencia, propondr�n a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
"Las Legislaturas de los Estados aprobar�n las leyes de ingresos de los Municipios, revisar�n y fiscalizar�n sus cuentas p�blicas. Los presupuestos de egresos ser�n aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.
"Los recursos que integran la hacienda municipal ser�n ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;
"V. Los Municipios, en los t�rminos de las leyes federales y estatales relativas, estar�n facultados para:
"a) Formular, aprobar y administrar la zonificaci�n y planes de desarrollo urbano municipal;
"b) Participar en la creaci�n y administraci�n de sus reservas territoriales;
"c) Participar en la formulaci�n de planes de desarrollo regional, los cuales deber�n estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federaci�n o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deber�n asegurar la participaci�n de los Municipios;
"d) Autorizar, controlar y vigilar la utilizaci�n del suelo, en el �mbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;
"e) Intervenir en la regularizaci�n de la tenencia de la tierra urbana;
"f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;
"g) Participar en la creaci�n y administraci�n de zonas de reservas ecol�gicas y en la elaboraci�n y aplicaci�n de programas de ordenamiento en esta materia;
"h) Intervenir en la formulaci�n y aplicaci�n de programas de transporte p�blico de pasajeros cuando aqu�llos afecten su �mbito territorial; e
"i) Celebrar convenios para la administraci�n y custodia de las zonas federales.
"En lo conducente y de conformidad a los fines se�alados en el p�rrafo tercero del art�culo 27 de esta Constituci�n, expedir�n los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios;
"VI. Cuando dos o m�s centros urbanos situados en territorios municipales de dos o m�s entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demogr�fica, la Federaci�n, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el �mbito de sus competencias, planear�n y regular�n de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia.
"VII. La polic�a preventiva municipal estar� al mando del presidente Municipal, en los t�rminos del reglamento correspondiente. Aqu�lla acatar� las �rdenes que el gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que �ste juzgue como de fuerza mayor o alteraci�n grave del orden p�blico.
"El Ejecutivo F. tendr� el mando de la fuerza p�blica en los lugares donde resida habitual o transitoriamente;
"VIII. Las leyes de los Estados introducir�n el principio de la representaci�n proporcional en la elecci�n de los Ayuntamientos de todos los Municipios.
"Las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, se regir�n por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto en el art�culo 123 de esta Constituci�n, y sus disposiciones reglamentarias.
"IX. Derogada.
"X. Derogada."
Del texto del art�culo en cita se desprende que los Municipios del pa�s tienen un conjunto de derechos y obligaciones establecidos por la Constituci�n F. que deber�n ser ejercidos dentro de sus jurisdicciones, tales como manejar su propio patrimonio, expedir bandos de polic�a y buen gobierno; reglamentos y circulares; prestar servicios p�blicos, administrar libremente su hacienda, celebrar convenios con los Estados, tener a su cargo la polic�a preventiva municipal, salvo el caso de excepci�n que la propia N.F. prev�; etc�tera.
De ah� que para que los Municipios puedan ejercer efectivamente dichas facultades y obligaciones es necesario que el territorio de cada uno est� delimitado espec�fica y claramente, por lo que se deduce que de acuerdo con el art�culo 115 constitucional tienen el derecho a la delimitaci�n precisa de su territorio.
Por lo anterior, derivado de la trascendencia del Municipio, como nivel de gobierno, es necesario que la autoridad facultada para establecer los l�mites territoriales entre los Municipios de un Estado, se ci�a a las disposiciones constitucionales y legales que regulan dicha actuaci�n, y en caso de existir un conflicto lim�trofe entre dos o m�s Municipios d� una soluci�n dentro de dicho marco jur�dico.
Asimismo, la circunstancia de que en determinado momento la autoridad competente hubiera determinado los l�mites existentes entre los Municipios no se traduce en que tal determinaci�n no pudiera modificarse posteriormente, pues el l�gico crecimiento de la poblaci�n y, por ende, necesidades de �sta, podr�a llevar a que tales l�mites ya no sean los id�neos; o bien, que ya no sea f�cil la distinci�n de la divisi�n territorial y que por ello sea necesaria su revisi�n, m�xime que la importancia del Municipio como base territorial de un Estado hace relevante que los conflictos que se presenten sean solucionados por la autoridad competente, m�s a�n cuando afectan no s�lo la competencia del �rgano de Gobierno Municipal sino tambi�n a la poblaci�n, que precisa tener la certeza del lugar en que reside y en el que, por tanto, tiene determinados derechos y obligaciones.
Por consiguiente, el �rgano a quien se encomiende la determinaci�n de los l�mites entre los Municipios de una entidad federativa; o bien, la soluci�n de conflictos lim�trofes municipales que le sean planteados, no puede negarse a hacerlo o realizarlo de manera deficiente, pues con ello se propiciar�a que tales conflictos subsistan, con la consiguiente afectaci�n a ese �mbito de gobierno.
Con lo anterior queda de manifiesto que, si por disposici�n fundamental el territorio constituye un elemento esencial para el funcionamiento de los Municipios, es indudable que las resoluciones definitivas que emitan las autoridades estatales competentes sobre su delimitaci�n territorial, inciden en su esfera de atribuciones reconocida por el art�culo 115 constitucional; de ah� que si en el caso se cuestiona una resoluci�n derivada de la no aprobaci�n de un convenio que ten�a por objeto establecer los l�mites entre los Municipios de San Andr�s Cholula y de P., deviene tambi�n inconcuso que el Municipio actor s� cuenta con inter�s leg�timo para acudir a esta v�a.
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de este Tribunal Pleno contenido en la tesis de jurisprudencia n�mero P./J. 83/2001, consultable en la p�gina 875, del Tomo XIV, julio de 2001, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTER�S LEG�TIMO PARA PROMOVERLA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sostenido, en la tesis n�mero P./J. 71/2000, visible en la p�gina novecientos sesenta y cinco del Tomo XII, agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyo rubro es ?CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. DIFERENCIAS ENTRE AMBOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL.?, que en la promoci�n de la controversia constitucional, el promovente plantea la existencia de un agravio en su perjuicio; sin embargo, dicho agravio debe entenderse como un inter�s leg�timo para acudir a esta v�a el cual, a su vez, se traduce en una afectaci�n que resienten en su esfera de atribuciones las entidades poderes u �rganos a que se refiere la fracci�n I del art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en raz�n de su especial situaci�n frente al acto que consideren lesivo; dicho inter�s se actualiza cuando la conducta de la autoridad demandada sea susceptible de causar perjuicio o privar de un beneficio a la parte que promueve en raz�n de la situaci�n de hecho en la que �sta se encuentre, la cual necesariamente deber� estar legalmente tutelada, para que se pueda exigir su estricta observancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n."
Ahora, respecto de los l�mites territoriales de los Municipios que integran a esa entidad, los art�culos 57, fracci�n IV y 106, fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica del Estado de P. disponen lo siguiente:
"Art�culo 57. Son facultades del Congreso:
"...
"IV. Erigir o suprimir Municipios o pueblos, as� como se�alar o cambiar sus l�mites odenominaciones, de acuerdo con lo que disponga la ley org�nica municipal."
"Art�culo 106. La ley org�nica municipal, adem�s de reglamentar las disposiciones de esta Constituci�n relativas a los Municipios, establecer�:
"I. El m�nimo de poblaci�n, extensi�n, l�mites y dem�s requisitos para la formaci�n, supresi�n y erecci�n de los Municipios."
De estos numerales se advierte en forma indudable que corresponde al Congreso del Estado de P., la facultad de se�alar o cambiar los l�mites territoriales de los Municipios de esa entidad as� como su erecci�n o supresi�n, atribuci�n que deber� realizar de acuerdo con lo dispuesto por la ley org�nica municipal; asimismo, que este �ltimo ordenamiento deber� se�alar los requisitos m�nimos para los fines se�alados, tales como el n�mero de habitantes y extensi�n territorial.
Asimismo, el ordenamiento jur�dico en menci�n, en sus art�culos 1o. y 2o., reconoce al territorio como un elemento esencial del Municipio, y dada la importancia de dicho elemento, en reconocimiento a la facultad que la Constituci�n Local confiere, la legislatura estableci� en su art�culo 6o., lo siguiente:
"Art�culo 6o. Previo acuerdo de las dos terceras partes del Cabildo, un Municipio podr� solicitar modificaciones a su territorio o a la denominaci�n de sus centros de poblaci�n.
"Los Municipios interesados en tales modificaciones, deber�n realizar su solicitud al Congreso del Estado, el que determinar� lo procedente."
Como puede verse, este numeral reitera la atribuci�n del Congreso Local para pronunciarse sobre las modificaciones a los territorios municipales cuando �stas sean solicitadas por un Municipio, previo acuerdo de las dos terceras partes de su Ayuntamiento.
De igual forma, el mismo ordenamiento, en su cap�tulo II denominado "Del territorio", secci�n III "De la creaci�n, modificaci�n, fusi�n y supresi�n de los Municipios", establece los lineamientos a seguir por parte del Congreso Local respecto de los supuestos en menci�n, en los siguientes t�rminos:
"Secci�n III
"De la creaci�n, modificaci�n, fusi�n y supresi�n de los Municipios
"Art�culo 11. Corresponde al Congreso del Estado aprobar la creaci�n, modificaci�n, fusi�n y supresi�n de los Municipios, as� como los cambios de nombre del Municipio o de sus centros de poblaci�n, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley."
"Art�culo 12. Las resoluciones que emita el Congreso del Estado en esta materia, deber�n ser aprobadas por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, previa opini�n del titular del Poder Ejecutivo y audiencia de los Ayuntamientos de que se trate."
"Art�culo 13. La creaci�n de nuevos Municipios dentro de los l�mites de los existentes, requiere:
"I. Que la superficie en que se pretenda constituir el nuevo Municipio no sea menor de cien kil�metros cuadrados;
"II. Que haya un m�nimo de veinticinco mil habitantes en esa superficie;
"III. Que lo soliciten por escrito al Congreso del Estado, cuando menos las tres cuartas partes de los ciudadanos vecinos inscritos en el padr�n electoral, de dicha superficie;
".Q. el centro de poblaci�n propuesto como cabecera, tenga por lo menos la categor�a de villa;
".Q. se demuestre que el probable ingreso fiscal ser�a suficiente para atender los gastos de la administraci�n municipal;
"VI. Que se demuestren las causas pol�ticas, sociales, econ�micas y administrativas por las que el Municipio al que pertenece la fracci�n o fracciones solicitantes, ya no responden a las necesidades de la asociaci�n en vecindad; y
"VII. Que sean o�dos el titular del Poder Ejecutivo y los Municipios afectados."
"Art�culo 14. Podr�n suprimirse Municipios cuando se compruebe que carecen de los elementos necesarios para atender debidamente a su administraci�n y prestaci�n de los servicios p�blicos indispensables, a petici�n de las tres cuartas partes de sus ciudadanos vecinos inscritos en el padr�n electoral."
"Art�culo 15. Previa decisi�n de las tres cuartas partes de sus ciudadanos vecinos inscritos en el padr�n electoral, dos o m�s Municipios podr�n solicitar fusionarse, a efecto de que desaparezca uno o m�s Municipios, o se cree uno nuevo. Los interesados deber�n solicitarlo al Congreso del Estado, quien determinar� lo conducente."
Estos numerales vuelven a reiterar la facultad del Congreso Local de aprobar, entre otras cuestiones, la creaci�n, modificaci�n, fusi�n y supresi�n de los Municipios de la entidad, lo que se llevar� a cabo conforme a los lineamientos de la propia ley (art�culo 11); asimismo, se establece el requisito de que las resoluciones que emita la legislatura en esas materias -creaci�n, modificaci�n, fusi�n y supresi�n de Municipios-, deber�n ser aprobadas cuando menos por las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura y que deber� recogerse previamente la opini�n del titular del Poder Ejecutivo Local sobre el particular, adem�s de que deber� otorgarse garant�a de audiencia a los Ayuntamientos de que se trate (art�culo 12).
De igual forma se determinan los requisitos que deber�n ser cubiertos para la creaci�n de nuevos Municipios dentro de los l�mites de los que ya existan, destacando, en lo que al caso interesa, que deber�n demostrarse las causas pol�ticas, sociales, econ�micas y administrativas, por las que el Municipio al que pertenece la fracci�n o fracciones solicitantes ya no responde a las necesidades de la asociaci�n en vecindad (art�culo 13, fracci�n VI), y se se�alan los casos en que podr� haber supresi�n o fusi�n de Municipios (art�culos 14 y 15).
Por otra parte, la legislaci�n que se ha venido comentando en la secci�n IV, -del mismo cap�tulo- denominada "De las controversias territoriales", establece lo siguiente:
"Secci�n IV
"De las controversias territoriales
"Art�culo 16. Salvo lo dispuesto por la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y dem�s leyes aplicables, las controversias por cuestiones de l�mites o competencia por territorialidad entre dos o m�s Municipios del Estado, ser�n resueltas por el Congreso del Estado y se regir�n por los lineamientos que se�ala la presente ley, sin perjuicio de que el Congreso del Estado reglamente el procedimiento en ordenamiento diverso."
"Art�culo 17. Los Municipios propondr�n la soluci�n de toda controversia de l�mites entre ellos, la que someter�n a la aprobaci�n del Congreso del Estado. En caso de no llegar a un acuerdo, se someter�n al procedimiento establecido por este cap�tulo."
"Art�culo 18. Las controversias por l�mites se deber�n iniciar mediante escrito interpuesto dentro de cualquiera de los siguientes plazos:
"I.T.�ndose de actos, dentro de los treinta d�as contados a partir del d�a siguiente al que conforme a la ley de la cual emana el acto reclamado surta efectos la notificaci�n de la resoluci�n o acuerdo que se reclame, o al que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecuci�n; o
"II.T.�ndose de normas generales, dentro de los treinta d�as contados a partir del d�a siguiente a la fecha de su publicaci�n, o del d�a siguiente al que se produzca el primer acto de aplicaci�n de la norma que d� lugar a la controversia."
"Art�culo 19. Son parte en las controversias a que se refiere esta secci�n:
"I. El Municipio o Municipios cuyo territorio o competencia se afecte o pretenda afectar;
"II. Como tercero perjudicado, el Municipio o Municipios que pudieran resultar afectados por la resoluci�n que se llegue a dictar; y
"III. El Municipio que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto objeto de la controversia."
"Art�culo 20. El escrito a que hace referencia el art�culo 18 de esta ley, deber� contener:
"I. La denominaci�n del Municipio promovente y el domicilio de su Ayuntamiento;
"II. El o los Municipios perjudicados y el domicilio de sus Ayuntamientos;
"III. La norma general o acto cuya aplicaci�n motive el procedimiento, y en su caso, el medio de publicaci�n;
"IV. Los preceptos legales que se estimen violados;
"V. La manifestaci�n de los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de la norma general o acto cuya invalidez se demande;
"VI. Los conceptos de invalidez;
"VII. La petici�n o las peticiones espec�ficas; y
"VIII. La firma del s�ndico correspondiente.
"Al escrito de referencia deber�n acompa�arse las pruebas que se consideren pertinentes para acreditar su dicho, as� como de las copias para correr traslado tanto a los Municipios que sean parte en la controversia, como a la Secretar�a de G.�n del Gobierno del Estado, para su intervenci�n en t�rminos de la ley aplicable."
"Art�culo 21. Recibido el escrito por el Congreso del Estado, se turnar� a la C.�n de G.�n, Justicia, Puntos Constitucionales y Protecci�n Civil, la que analizar� la procedencia o improcedencia de la petici�n, determinando su aceptaci�n o desechamiento de plano.
"En caso de ser aceptada, la comisi�n se encargar� de poner el expediente en estado de resoluci�n."
"Art�culo 22. Admitido el escrito de controversia, la C.�n de G.�n, Justicia, Puntos Constitucionales y Protecci�n Civil, ordenar� emplazar a los Municipios involucrados para que dentro del t�rmino de treinta d�as h�biles manifiesten lo que a su derecho convenga, as� como para que ofrezcan las pruebas y los razonamientos o fundamentos jur�dicos que estimen convenientes."
"Art�culo 23. Los Municipios involucrados, hasta antes de la presentaci�n de los alegatos, podr�n ampliar en cualquier momento sus promociones, si apareciere un hecho superveniente que as� lo justifique.
"La ampliaci�n del escrito de controversia y su contestaci�n se tramitar�n conforme a lo previsto para los escritos iniciales."
"Art�culo 24. Habiendo transcurrido el plazo para contestar el escrito de controversia, y en su caso, su ampliaci�n o la reconvenci�n, y admitidas o desechadas las pruebas, la C.�n de G.�n, Justicia, Puntos Constitucionales y Protecci�n Civil, se�alar� fecha para una audiencia de desahogo de pruebas y alegatos."
"Art�culo 25. Las partes podr�n ofrecer todo tipo de pruebas, excepto la de posiciones y aquellas que sean contrarias a derecho. Corresponde a la C.�n de G.�n, Justicia, Puntos Constitucionales y Protecci�n Civil, desechar de plano aquellas pruebas que no guarden relaci�n con la controversia o no sean relevantes para la resoluci�n definitiva. Para las pruebas testimonial y pericial anunciadas en los escritos iniciales, las partes deber�n exhibir con diez d�as de anticipaci�n a la fecha en que deba celebrarse la audiencia, copia de los interrogatorios para los testigos y el cuestionario para los peritos, a fin de que las partes puedan repreguntar en la audiencia. En ning�n caso se admitir�n m�s de dos testigos por cada hecho."
"Art�culo 26. Al admitirse la prueba pericial, la C.�n de G.�n, Justicia, Puntos Constitucionales y Protecci�n Civil designar� de oficio al perito o peritos que estime conveniente para la pr�ctica de la diligencia. Cada una de las partes podr� designar tambi�n un perito para que se asocie al nombrado por la comisi�n y rinda su dictamen por separado.
"A efecto de cumplir con lo dispuesto en el presente art�culo, la C.�n de G.�n, Justicia, Puntos Constitucionales y Protecci�n Civil podr�, a trav�s del Ejecutivo del Estado, solicitar la intervenci�n y dictamen de peritos adscritos a las dependencias a su cargo."
"Art�culo 27. En todo tiempo, la C.�n de G.�n, Justicia, Puntos Constitucionales y Protecci�n Civil podr� decretar pruebas para mejor proveer, requerir a las partes para que subsanen irregularidades y proporcionen los informes o aclaraciones que estime necesarios para la mejor resoluci�n del asunto."
"Art�culo 28. Las controversias por cuestiones de l�mites concluir�n en los casos siguientes:
"I. Por resoluci�n final del Congreso del Estado respecto a la controversia planteada;
"II. Por desistimiento expreso de la parte actora respecto de la acci�n interpuesta;
"III. Por sobreseimiento, cuando de las constancias apareciere claramente demostrado que no existe la norma o acto materia de la controversia, o cuando no se probare la existencia de este �ltimo;
"IV. Porque hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; y
"V. Por convenio entre las partes."
"Art�culo 29. Una vez emitidas sus conclusiones, la C.�n de G.�n, Justicia, Puntos Constitucionales y Protecci�n Civil turnar� el expediente al presidente del Congreso del Estado o, en su caso, de la C.�n Permanente, quienes pondr�n a disposici�n de los diputados dicho expediente para su consulta y resoluci�n por el Pleno del Poder Legislativo."
"Art�culo 30. Proceder� la acumulaci�n de controversias, cuando exista conexidad entre dos o m�s de ellas y su estado procesal lo permita, para que se resuelvan en la misma sesi�n."
"Art�culo 31. La resoluci�n deber� estar debidamente fundada y motivada, y contener por lo menos:
"I. La relaci�n breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y la valoraci�n de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados;
"II. Las consideraciones que sustenten su sentido, as� como los dispositivos que, en su caso, se estimaren violados;
"III. Sus alcances y efectos, determinando con precisi�n, los Municipios u �rganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el �mbito que corresponda; y
"IV. Los puntos resolutivos relativos a la controversia planteada, fijando el t�rmino y condiciones para el cumplimiento de la resoluci�n."
"Art�culo 32. El decreto que contenga la resoluci�n definitiva, ser� notificada personalmente a las partes y publicada en el P.�dico Oficial del Estado."
"Art�culo 33. Las partes obligadas por la resoluci�n, informar�n de su cumplimiento a la C.�n de G.�n, Justicia, Puntos Constitucionales y Protecci�n Civil, dentro del plazo otorgado en la misma, quien resolver� si aqu�lla ha quedado debidamente cumplida."
"Art�culo 34. Una vez transcurrido el plazo fijado en la resoluci�n para el cumplimiento de alg�n acto, sin que �ste se hubiere producido, la parte afectada por dicho incumplimiento podr� solicitar a la C.�n de G.�n, Justicia, Puntos Constitucionales y Protecci�n Civil, que requiera a la obligada a ejecutar dicho acto e informe de inmediato sobre su cumplimiento."
"Art�culo 35. Si con posterioridad a la notificaci�n de dicho requerimiento la resoluci�n no estuviere cumplida, la C.�n de G.�n, Justicia, Puntos Constitucionales y Protecci�n Civil, someter� al Pleno del Congreso del Estado el proyecto por el cual se inicie el procedimiento administrativo de responsabilidades de los servidores p�blicos, en contra de la autoridad omisa."
Como se aprecia, acorde con las facultades que sobre la materia territorial municipal la Constituci�n Local confiere al Congreso del Estado de P., le corresponde resolver los conflictos de l�mites o competencia por territorialidad que surjan entre dos o m�s Municipios del Estado, conforme a lo dispuesto en la Constituci�n Local y en la ley org�nica en cita (art�culo 16).
Asimismo, como ya se se�al� en esta resoluci�n, la legislaci�n del Estado de P., prev� tres medios a trav�s de los cuales la Legislatura Local puede hacer efectiva su atribuci�n de resolver las disputas lim�trofes entre los Municipios de la entidad, a saber:
1. La creaci�n, modificaci�n, fusi�n y supresi�n de los Municipios la cual implica, por regla general, segregar de un Municipio una porci�n o la totalidad de su territorio seg�n sea el caso, ya para crear uno nuevo, ya para modificar su extensi�n, ya para fusionarlo con otro, o bien, para desaparecerlo; actos que deben llevarse a cabo conforme al procedimiento establecido en los art�culos 11 a 15 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de P..
2. El procedimiento contencioso. �ste tiene como presupuesto la existencia de un conflicto que no encuentra soluci�n entre las partes y que por ello tiene que dirimirse jurisdiccionalmente por el Congreso del Estado, en t�rminos de lo previsto por los art�culos 16 a 35 del mencionado ordenamiento legal, esto es, por medio de una demanda, contestaci�n, rendimiento de pruebas, as� como con la intervenci�n de los sujetos que la propia ley prevea, entre otras cuestiones.
3. Por convenio amistoso. El cual tambi�n tiene como presupuesto un diferendo lim�trofe entre dos o m�s Municipios, respecto del que manifiestan su voluntad para darlo por terminado mediante la celebraci�n y suscripci�n de un convenio que someter�n a la aprobaci�n del Congreso Local.
Como puede observarse de lo rese�ado, si bien la legislaci�n org�nica municipal del Estado de P., contempla los mecanismos anteriores para solucionar los diferendos que por l�mites territoriales puedan suscitarse entre los Municipios de la entidad, lo cierto es que, respecto de los dos primeros, dota al Congreso Local de un marco procesal para solucionarlos, mientras que cuando la soluci�n de este tipo de asuntos sea por la v�a del convenio amistoso, no establece par�metro alguno para que la Legislatura Estatal apruebe o no el convenio relativo.
No obstante lo anterior, debe destacarse que la propia legislaci�n municipal privilegia la v�a amistosa (convenio) para la soluci�n de los conflictos territoriales entre los Municipios de la entidad, tal como se advierte de los art�culos 6o., 17 y 28, fracci�n V, ya transcritos.
En efecto, el primero de los preceptos referidos faculta a los Municipios de la entidad a realizar una solicitud al Congreso del Estado para modificar su extensi�n territorial; el siguiente numeral les atribuye la potestad de proponer a la legislatura la soluci�n de toda controversia de l�mites entre ellos; mientras que el �ltimo art�culo establece como causal de conclusi�n de las controversias por cuestiones de l�mites territoriales municipales, la celebraci�n de un convenio entre las partes; en el entendido de que en todos estos casos, corresponde al Poder Legislativo Local aprobar el convenio relativo.
En este orden, el hecho de que la legislaci�n del Estado de P. privilegie la v�a amistosa para la soluci�n de cualquier tipo de disputa lim�trofe entre los Municipios de la entidad, ello no quiere decir que la Legislatura Local est� obligada a aprobar invariablemente el convenio que le sea presentado para la soluci�n de ese tipo de conflictos, puesto que en todo caso deber� verificar que cumpla, por un lado, con los requisitos formales para que surta plenos efectos el acuerdo de voluntades y, por otro, los necesarios para que los Municipios puedan continuar funcionando.
As�, el Congreso Local en estos casos para proceder a la aprobaci�n del convenio que d� por terminado un diferendo lim�trofe entre dos o m�s Municipios de la entidad, deber� en primer t�rmino verificar, entre otras cuestiones, lo siguiente:
a) Que el Ayuntamiento del Municipio de que se trate, haya aprobado la celebraci�n del convenio relativo.
b) Que quien suscriba el acuerdo de voluntades cuente con las atribuciones necesarias para ello.
Por otra parte, tambi�n deber� verificar que con la celebraci�n del convenio no se afecten otros aspectos que resulten vitales para la subsistencia de los Municipios que los suscriben y que derivan de la propia Constituci�n y de la Ley Org�nica Municipal del Estado de P., a saber, que se conserven los m�nimos de extensi�n territorial y de poblaci�n que se requieren en la creaci�n de Municipios.
Ahora, tomando en cuenta que en el presente asunto se cuestiona la resoluci�n que el Congreso Local emiti� con motivo de un convenio amistoso que sometieron a su aprobaci�n los Municipios de San Andr�s Cholula y P., ambos del Estado de P., para la soluci�n de undiferendo lim�trofe, se hace necesario reproducir las consideraciones en que se bas� el acuerdo de veintitr�s de junio de dos mil cinco emitido por la Legislatura del Estado de P., que constituye el acto cuya invalidez se demanda, para que posteriormente se establezca si esa resoluci�n cumpli� con los extremos que han quedado se�alados:
"Considerando. 1. De conformidad con lo dispuesto por los art�culos 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 57, fracci�n IV, de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de P. y 6o. de la Ley Org�nica Municipal, es facultad del honorable Congreso del Estado se�alar o cambiar los l�mites de los Municipios de la entidad y, por tanto, es competente para resolver sobre la solicitud de redefinici�n de l�mites territoriales presentada por los Ayuntamientos de P. y San Andr�s Cholula ambos del Estado de P.. Lo anterior se sustenta de una interpretaci�n arm�nica de las fracciones I y III del art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se advierte que el Congreso de la Uni�n tiene atribuciones para admitir nuevos Estados a la Uni�n F. y para formar nuevos dentro de los l�mites de los existentes, sin que nada establezcan sobre la erecci�n, supresi�n o modificaci�n de los territorios de los Municipios de los Estados. En ese tenor, como esta facultad no se atribuye expresamente a las autoridades federales, debe entenderse que en t�rminos de los art�culos 124 y 115, p�rrafo primero, de la propia Constituci�n F., est� reservada a los Estados dentro de cuyo territorio han de constituirse, pues al ser el Municipio la base de la divisi�n territorial y de la organizaci�n pol�tica y administrativa del Estado, para conocer el r�gimen jur�dico de su delimitaci�n territorial o su consecuente modificaci�n habr� de acudirse a las disposiciones constitucionales y legales del Estado Libre y Soberano de P.; lo que corrobora la facultad de esta soberan�a para resolver sobre el asunto planteado. 2. Tal como se desprende del art�culo 6o. de la ley org�nica municipal es requisito sine qua non para que sea tramitada por esta soberan�a una petici�n en la que se solicite modificar el territorio de un Municipio, que exista el acuerdo de las dos terceras partes del Cabildo del Ayuntamiento, extremo que se colma con las sesiones de cabildo de fecha diez de julio de dos mil dos, seg�n lo manifiestan en los oficios presentados, oficios en donde se precisa la voluntad de efectuar tal solicitud y, por tanto, son id�neos para determinar cu�l fue la intenci�n de ambos. 3. Ahora bien, la ley org�nica municipal, en la secci�n IV del cap�tulo II, denominado ?De las controversias territoriales?, prev� el procedimiento a seguir en el caso de controversias por cuestiones de l�mites o competencia por territorialidad entre dos o m�s Municipios del Estado. En el mencionado cap�tulo se establecen los diversos requisitos para que sea procedente el inicio de una controversia territorial, como lo son las partes interesadas, el procedimiento respectivo a instancia competente y los efectos de la resoluci�n que al respecto se dicte. En lo que se refiere a los requisitos de procedencia, el art�culo 16 de la ley org�nica municipal establece: (se transcribe). En el mismo sentido, el art�culo 18 del citado ordenamiento dispone: (se transcribe). De la lectura e interpretaci�n de los art�culos transcritos se deduce que un requisito sine qua non de la procedencia de las controversias territoriales, es la existencia de un acto o una norma general que, al ejecutarse o aplicarse por un Municipio, de nacimiento a una controversia por cuestiones de l�mites o competencia por territorialidad respecto de otro Municipio. Ahora bien, el Diccionario Jur�dico Mexicano define a la controversia como el conflicto de intereses calificado por la pretensi�n de los interesados y por la resistencia del otro. De esta definici�n se infieren los elementos que caracterizan a toda controversia, a saber: la existencia de dos o m�s partes con intereses opuestos, que al tratar de llevarlos a la pr�ctica, generan un conflicto. A mayor abundamiento, el art�culo 20 de la ley org�nica municipal establece: (se transcribe). Estos son los requisitos que debe cubrir el escrito por virtud del cual se inicie la controversia territorial y, por ende, son los extremos que deben reunirse y acreditarse para dar inicio al mismo procedimiento. De acuerdo con las fracciones III y V del art�culo anteriormente transcrito, en correlaci�n con el �ltimo p�rrafo del mismo, deben acreditarse la norma general o acto cuya aplicaci�n motive el inicio del procedimiento, as� como hacerse la manifestaci�n de los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de la norma general o acto cuya invalidez se demande. De lo hasta aqu� expuesto, puede concluirse que, para que sea procedente el inicio de una controversia territorial en t�rminos de lo dispuesto por la ley org�nica municipal, es necesario, entre otros elementos, los siguientes: a) La existencia de un conflicto de intereses entre dos o m�s Municipios de la entidad. b) Que dicho conflicto tenga su raz�n de ser en la ejecuci�n o aplicaci�n de un acto o una norma general, por parte de un Municipio en perjuicio de los intereses de los otros. c) Que se acredite la realizaci�n o existencia del acto o norma general motivador de la controversia y la afectaci�n competencial o territorial derivadas de aquellos. 4. Realizando un an�lisis arm�nico de los elementos aportados por los honorables Ayuntamientos de los Municipios de P. y San Andr�s Cholula, con los anteriores razonamientos l�gico jur�dicos, se deduce que en el caso concreto lo que solicitan es una redefinici�n de l�mites territoriales. En efecto, del estudio de los documentos presentados tanto por el honorable Ayuntamiento del Municipio de P., como por el honorable Ayuntamiento del Municipio de San Andr�s Cholula, se deduce que no se establece por parte de los promoventes ning�n acto o norma general que sea el origen de controversia entre ambos Municipios y que hiciera jur�dicamente procedente la intervenci�n del honorable Congreso del Estado para dar tr�mite a una controversia por cuesti�n de l�mites o competencia por territorialidad. La anterior afirmaci�n se infiere de los diversos documentos presentados por las partes y que dieron origen al presente, de los que se deduce un acuerdo de voluntades entre las autoridades municipales de los Ayuntamientos en cita, siendo al efecto de especial relevancia el oficio de fecha veintis�is de noviembre de dos mil dos, presentado ante la Secretar�a General de este honorable Congreso del Estado el d�a once de diciembre del mismo a�o, en el que de manera conjunta los presidentes y s�ndicos municipales de P. y San Andr�s Cholula solicitan se redefinan los l�mites entre ambos Municipios y que las controversias derivadas de la ejecuci�n del decreto del a�o de mil novecientos sesenta y dos han concluido por convenio (sic). Es incuestionable, entonces que la acepci�n controversia a la que se refiere el legislador en los numerales 16, 17, 18, 19, 20 al 35 de la ley org�nica municipal, no resulta aplicable a la postura asumida por los Municipios de P. y San Andr�s Cholula puesto que existen oficios en los que se solicitan la redefinici�n de sus l�mites territoriales, por lo que la relaci�n actual existente entre ambos Municipios m�s bien se refiere a diferencias que a trav�s de un acuerdo de voluntades pretenden zanjar, sin que estas deriven de una controversia por l�mites territoriales propiamente dicha. Es determinante e inconcuso que en el caso que nos ocupa y despu�s de su an�lisis no se encuentra elemento alguno que lleve a estudiar una posible controversia por l�mites territoriales y en su caso sustanciar el procedimiento aplicable en la secci�n IV del cap�tulo II de la ley org�nica municipal y mucho menos situarnos en la hip�tesis pretendida por las partes a que se refiere la fracci�n V del art�culo 28 del citado cuerpo normativo puesto que el citado numeral dispone que las controversias concluir�n por convenio entre las partes, lo que supone de un estudio integral y sistem�tico de dicho dispositivo que para que opere tal figura el procedimiento respectivo de controversia se hubiere ya iniciado y no que aplique ese supuesto cuando aun no ha comenzado la funci�n materialmente jurisdiccional del Congreso del Estado. De manera m�s simple, bien se puede afirmar que no es posible concluir lo que nunca inici�. No es �bice a lo anterior el hecho de que el art�culo 17 de la ley org�nica municipal establezca que los Municipios propondr�n al Congreso del Estado la soluci�n de toda controversia de l�mites entre ellos, ya que dicha disposici�n normativa entra�a la exigencia de un requisito previo de aplicaci�n, que es precisamente la existencia de una controversia derivada de la ejecuci�n o aplicaci�n de un acto o una norma general que cause el conflicto de l�mites o competencia territorial y en el que las hip�tesis previstas para el caso concreto no se surgen en la especie. 5. El hecho de que no se trata de un procedimiento que tenga que sustanciarse de conformidad con la secci�n IV del cap�tulo II de la ley org�nica municipal; no es obst�culo para resolver sobre la cuesti�n planteada, puesto que como qued� demostrado en el considerando se�alado bajo el n�mero ar�bigo uno de este acuerdo, es facultad del honorable Congreso del Estado Libre y soberano de P. determinar sobre las solicitudes de los Ayuntamientos para modificar sus territorios; ello en atenci�n a que debe precisarse que lo que pretenden los Ayuntamientos de P. y San Andr�s Cholula, ambos del Estado de P., es que esta soberan�a decrete nuevos l�mites territoriales de ambos Municipios, por lo que ante tal solicitud, no es determinante para la procedencia de su estudio la existencia de una controversia, ya que dicho supuesto se ubica en la hip�tesis prevista en el art�culo 6o. de la ley org�nica municipal, mismo que establece lo siguiente: (se transcribe). Se infiere lo anterior del oficio de fecha veintis�is de noviembre del a�o dos mil dos, signado por los presidentes y s�ndicos municipales correspondientes, documentos en donde se precisa la voluntad de los gobiernos de ambos Municipios de solicitar la redefinici�n de los l�mites territoriales, que no es otra cosa que una petici�n para que en su caso se modifiquen sus territorios, ya que la redefinici�n, entra�a, en este caso, por los t�rminos en que se propuso, una modificaci�n, ya que definir es una proposici�n que expone con claridad y exactitud los caracteres gen�ricos y diferenciales de algo material o inmaterial y re es un prefijo que significa reintegraci�n o repetici�n, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Espa�ola (Barcelona, Oc�ano, 1989, voces: definici�n y re), por tanto, dicha palabra implica un concepto que denota que a lo que se est�n refiriendo es a volver a definir, aunado a que del contenido de las solicitudes en estudio se advierte una propuesta de redefinici�n de l�mites que en su parte conducente modificar�an el territorio que actualmente tienen; en consecuencia, sendas solicitudes se ubican en el supuesto normativo antes invocado. A mayor abundamiento el supuesto que refiere la ley org�nica municipal est� previsto para que esta soberan�a se aboque al estudio de aquellas solicitudes de modificaci�n a los territorios de los Municipios, sin distinguir cual hubiere sido la causa o hecho generador de la facultad ejercitada, por tanto, es dable estudiar si aprueba o no la misma. 6. Ahora bien, toda vez que la modificaci�n de los l�mites territoriales de un Municipio constituye un acto administrativo desde el punto de vista material, que repercute en la prestaci�n de servicios p�blicos, en la ampliaci�n o disminuci�n de su jurisdicci�n territorio, en la administraci�n y aplicaci�n de los recurso econ�micos, en la planeaci�n municipal y en su hacienda y en general, en el ejercicio de las facultades del Municipio Libre que es base de la divisi�n territorial y de la organizaci�n pol�tica y administrativa del Estado, ello por ser atribuciones previstas para los Municipios en t�rminos de lo dispuesto por los art�culos 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 103, 104 y 105 de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de P.; 78, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 140, 141, 142 y 143 de la ley org�nica municipal, es que debe de tomarse en cuenta la existencia de las causas pol�ticas, administrativas, econ�micas y/o sociales que motiven y sustenten la modificaci�n del territorio de un Municipio, ya que por un lado la atribuci�n concedida a esta soberan�a para modificar el territorio de los Municipios no puede ejercerse de manera absoluta, encontrando su limitaci�n en las facultades que la ley establece y por otro, que con base en los elementos antes enumerados sea posible determinar que con la modificaci�n del territorio se obtiene un beneficio para �l o los Municipios interesados, se garantice la continuidad de la funci�n administrativa y propenda a la mejor consecuci�n de sus fines, entre otros, o en su caso, se acredite que el Municipio al que pertenece la fracci�n o fracciones de territorio que pretende modificarse no responde a las necesidades de estas. As� pues, debe tomarse en consideraci�n la existencia de elementos f�cticos, financieros, jur�dicos y/o pol�ticos que demuestren la necesidad de realizar la modificaci�n al territorio de un Municipio, ya que de otro modo la facultad concedida al honorable Congreso del Estado de P. se tornar�a arbitraria. En consonancia con lo anterior, en s�ntesis, los Ayuntamientos de P. y San Andr�s Cholula, ambos del Estado de P., a trav�s de sus respectivos presidentes municipales con fecha veinticinco de junio del a�o dos mil dos celebraron convenio de colaboraci�n para establecer la forma y procedimiento a seguir en la denominada consulta popular sobre los l�mites territoriales existentes entre los Municipios de P. y San Andr�s Cholula, con la finalidad de ser un instrumento de opini�n y participaci�n ciudadana para la determinaci�n de los l�mites entre ambos Municipios. En el convenio referido con antelaci�n se establecieron las siguientes cl�usulas: Primera. Los Municipios de P. y San Andr�s Cholula acuerdan que el procedimiento por el que se realice una consulta popular de los vecinos mayores de dieciocho a�os de las colonias residencial Z., Rinc�n de San Andr�s, Universidad Madero, La Cuchilla, C.V.A., Flor de Nieve, Arcoiris del Sur, Estrella del Sur, Concepci�n la Cruz, Geovillas, Universidad Ibero, San Jos� Vista Hermosa, ampliaci�n Concepci�n Guadalupe, Concepci�n Buena Vista, Santa Cruz Buena Vista, S.M. La Rosa y centros comerciales, la cual se llevar� a cabo el d�a 30 de junio de 2002, de acuerdo a las bases establecidas en la convocatoria correspondiente, la cual ser� instrumento de opini�n y participaci�n ciudadana para que se proponga la soluci�n a la determinaci�n de los l�mites territoriales entre los Municipios antes mencionados. Segunda. Los Municipios de P. y San Andr�s Cholula se comprometen a tomar en consideraci�n los resultados de la consulta popular que se celebrar� el d�a 30 de junio de 2002, mismos que se someter�n a la aprobaci�n del Congreso del Estado, v�a la comisi�n que para tal efecto se integr�, de la cual forman parte representantes del Gobierno del Estado, del Municipio de P., del Municipio de San Andr�s Cholula y del H. Congreso del Estado. Tercera. Los Municipios de P. y San Andr�s Cholula, se comprometen a dar la suficiente difusi�n y publicidad de todo lo concerniente a la consulta popular de referencia, por los medios que estimen convenientes, con el objeto de que la poblaci�n vecina de las colonias antes mencionadas, conozcan acerca de dicha consulta, as� como a tomar las medidas necesarias, para que tal proceso de participaci�n ciudadana, se celebre en concordancia con el objeto y fin del mismo. Cuarta. Los Municipios de P. y San Andr�s Cholula, se comprometen a observar y apegarse a las bases y criterios establecidos en la convocatorio de consulta popular que para tal efecto y de com�n acuerdo expidan ambos Municipios. Quinta. Ambas partes convienen que los gastos y erogaciones de car�cter econ�mico que se generen para la celebraci�n de dicha consulta popular, ser�n cubiertos de manera equitativa por ambas instancias municipales. As� las cosas, con fecha treinta de junio del a�o dos mil dos supuestamente se efectu� la consulta popular referida en el convenio aludido, valid�ndose los resultados de las mismas por los Ayuntamientos respectivos y en posteriores sesiones de Cabildo, seg�n lo aducen los Ayuntamientos, se determin� realizar la propuesta de redefinici�n de l�mites territoriales de los Municipios de P. y San Andr�s Cholula, con sustento en la consulta popular realizada; solicitud que fue entregada a esta soberan�a mediante oficio 4.5.S.G./D.J./563/2002 suscrito por el ciudadano G.H.G. y H. secretario general del honorable Ayuntamiento del Municipio de P.; y el oficio SG/471/2002, suscrito por el ciudadano �scar P.R.�rez, secretario general del honorable Ayuntamiento del Municipio de San Andr�s Cholula con sus respectivos anexos, mediante los cuales informan que en sesi�n extraordinaria de Cabildo de fecha diez de julio de dos mil dos, los Ayuntamientos de P. y San Andr�s Cholula, aprobaron el dictamen presentado por la C.�n de G.�n y Justicia del Ayuntamiento del Municipio de P.; y por la C.�n de G.�n, Justicia y Seguridad P�blica del Ayuntamiento del Municipio de San Andr�s Cholula. Tambi�n fueron presentados oficios ante la Secretar�a General de esta soberan�a, el primero el d�a once de diciembre de dos mil dos, suscrito por los presidentes y s�ndicos Municipales de los citados Ayuntamientos y el segundo con fecha siete de abril del a�o en curso suscrito por el presidente y s�ndico del Ayuntamiento de San Andr�s Cholula, en los que en lo medular solicitan se resuelva a la cuesti�n planteada, es decir, que se redefinan los l�mites territoriales entre ambos Municipios y se declare que ha terminado la controversia territorial; que como se dijo en considerandos anteriores la misma no est� demostrada, es decir, no est� acreditado el acto o norma general que lesione o afecte las facultades e intereses jur�dicos de los Ayuntamientos y que este por la naturaleza de la supuesta controversia trastoque su respectiva jurisdicci�n territorial, por lo que debe de decirse que constituyen meras apreciaciones subjetivas de los Ayuntamientos, vagas e imprecisas, ya que en ning�n momento se�alan o siquiera afirman cual es la norma general o acto que afecte su jurisdicci�n territorial y en su caso las consecuencias de ello. R. lo manifestado, el hecho de que en las peticiones que contienen los oficios presentados ante esta soberan�a s�lo se refieran a un conflicto o controversia motivado por la incierta ejecuci�n de un decreto, siendo estas meras afirmaciones, empero, sin aportar elementos o indicios de los cuales pudiera inferirse siquiera una somera afectaci�n a su jurisdicci�n, de los cuales al imponerse este honorable Congreso del Estado de P., pudiera realizar o allegarse de los medios de convicci�n necesarios para tener o no por demostrados los mismos, ya que al no se�alar con precisi�n en que consiste la controversia, se deja en la imposibilidad jur�dica y material de conocer un hecho o norma que no es puesto del conocimiento de esta soberan�a. Dicho de otra forma, es un modo particular de apreciar la realidad, m�xime cuando la solicitud para tener por terminada una controversia se sustenta en la afirmaci�n de los supuestos constitutivos de la misma, en donde ni siquiera afirman en qu� consiste la afectaci�n a la jurisdicci�n de losAyuntamientos, por tanto, no apreciaciones que de ning�n modo demuestran la existencia de una controversia por cuesti�n de l�mites o competencia por territorialidad entre los Municipios. 7. En esa tesitura, por lo que hace a la solicitud de redefinici�n de l�mites territoriales, debe decirse que tal petici�n se encuentra sustentada en la facultad que el art�culo 6o. de la ley org�nica municipal les concede, lo que no implica que por el hecho de haberla formulado, �sta tenga que ser aprobada por esta soberan�a, puesto que no basta que los Ayuntamientos de P. y San Andr�s Cholula, ambos del Estado de P., mediante actos de sus respectivos Ayuntamientos determinen modificar su territorio, para que los mismos se tengan por perfeccionados v�lidamente, ya que es necesario que el Congreso del Estado Libre y Soberano de P. se pronuncie al respecto por ser una facultad exclusiva de �ste �ltimo. As� las cosas, tal como qued� manifestado con anterioridad es menester para realizar o aprobar la modificaci�n al territorio de un Municipio que se tome en cuenta entre otras cosas las causas pol�ticas, administrativas, econ�micas y/o sociales que motiven y sustenten la modificaci�n del territorio de un Municipio en atenci�n a lo dispuesto por el art�culo 6o. de la ley org�nica municipal, en raz�n de que la secci�n III del cap�tulo II del mismo ordenamiento establece que corresponde al Congreso del Estado aprobar la modificaci�n de los Municipios y que para la creaci�n de los mismos es necesaria la demostraci�n de las causas mencionadas con antelaci�n, por las que se acredite que el Municipio al que pertenece la fracci�n o fracciones no responde a sus necesidades, tal como se advierte de los art�culos 11 y 13, fracci�n VI, del mismo ordenamiento o dicho de otro modo, que con tal modificaci�n se va a obtener un beneficio real para los Municipios, cuesti�n que es dable tomarse en cuenta trat�ndose de la modificaci�n al territorio de los Municipios del Estado, ya que la misma debe obedecer a causas o situaciones que al valorarse se est� en aptitud de tomar una determinaci�n. Sentado lo anterior, e innegable que no existen elementos suficientes para aprobar la solicitud de los Ayuntamientos tantas veces referidos para modificar sus l�mites territoriales en los t�rminos propuestos, ya que no hay causas o motivos suficientes que hagan procedente la misma, es decir, de la literalidad de lo dispuesto por el art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que a los Municipios se les concede un c�mulo de facultades como son el manejo de su patrimonio, la prestaci�n de servicios p�blicos, la administraci�n de su hacienda y diversas funciones p�blicas de entre las que se menciona la de seguridad p�blica y tr�nsito, entre otras, mismas que se ejercen dentro de un determinado territorio que al afectarse o modificarse como lo pretenden los citados Ayuntamientos, trae consigo un sin n�mero de consecuencias en el ejercicio de sus funciones o en la prestaci�n de los servicios p�blicos, de ah� la necesidad de verificarse la existencia de elementos f�cticos, financieros, jur�dicos y/o pol�ticos que demuestren la viabilidad de la misma, requisitos que no se satisfacen con la existencia de una consulta popular verificada y validada por los Ayuntamientos, ya que si bien supuestamente en la misma los vecinos de diversas colonias o fraccionamientos, centros comerciales y universidades acudieron el d�a treinta de junio del a�o dos mil dos a manifestar su opini�n respecto al Municipio al que deseaban pertenecer y que supuestamente los resultados obtenidos motivaron la solicitud que se estudia, tambi�n lo es que sustentar la modificaci�n de los territorios de los Municipios de P. y San Andr�s Cholula, en dicha consulta popular es insuficiente puesto que aun cuando sea un instrumento de participaci�n ciudadana, por s� mismo no demuestra la viabilidad de realizar tal modificaci�n debido a que lo �nico que se plasm� ah� es la opini�n de un grupo de personas respecto a qu� Municipio desean pertenecer y no as� es un instrumento por el que se demuestre la existencia de causas pol�ticas, econ�micas sociales y/o jur�dicas que hagan procedente la modificaci�n territorial, ello aunado a que no se consult� al resto de la poblaci�n de ambos Municipios ya que es un asunto que le concierne a todos sus habitantes y no s�lo a aquellos que residen en las fracciones que pretenden ser modificadas, m�s a�n si se considera que no est� determinada ni la metodolog�a de la mencionada consulta, es dable sostener la insuficiencia de medios de convicci�n para aprobar la modificaci�n territorial propuesta. En consonancia con lo anterior, el hecho de que el art�culo 6o. de a ley org�nica municipal faculte a los Municipios a trav�s de sus respectivos Ayuntamientos para solicitar la modificaci�n a sus territorios cuando �sta sea aprobada por las dos terceras partes del Cabildo, ello no exime de la necesaria existencia de elementos de convicci�n que permitan al Congreso del Estado Libre y Soberano de P. determinar la viabilidad de la misma, atendiendo a las causas que la motivaron, dicho de otro modo, tal como se precis� con antelaci�n es menester que quede acreditado para proceder a la modificaci�n del territorio de un determinado Municipio las causas que lo motiven, sean las ya mencionadas o cualquier otras, pero que sean suficientes para arribar a la convicci�n de que la misma es necesaria, empero no se encuentran elementos suficientes para aprobar dicha modificaci�n ya que como se dijo, la sola manifestaci�n de una supuesta controversia y la consulta popular referida no demuestra la existencia de las causas pol�ticas, jur�dicas, econ�micas y/o sociales que ameriten la modificaci�n del territorio y tampoco, aunque sea adminiculados con la consulta popular, los documentos que se presentaron con fecha once de diciembre de dos mil dos, en primer lugar porque los mismos son �nica y exclusivamente datos informativos proporcionados supuestamente por los Ayuntamientos, sin que en ning�n caso se advierta la situaci�n real que haga necesaria la modificaci�n del territorio de los Municipios, es decir, �nicamente son datos informativos y estad�sticos que no implican un an�lisis sobre la viabilidad de la modificaci�n, aunado a que fueron exhibidos en copia simple por lo que al no estar certificados por funcionario p�blico legalmente facultado para ello, no pueden producir convicci�n alguna. 8. Por �ltimo debe advertirse que no existe claridad en las pretensiones de los Ayuntamientos de P. y San Andr�s Cholula, ya que de un an�lisis puntual de los oficios presentados a esta soberan�a y espec�ficamente al suscrito de manera conjunta y presentado el once de diciembre de dos mil dos, se aprecia que lo mismo hacen referencia en el punto tres a las facultades de los Ayuntamientos para solicitar modificaciones a su territorio, que en el punto cuatro invocan el art�culo 17 de la ley org�nica municipal que dispone que los Municipios propondr�n la soluci�n a toda controversia de l�mites entre ellos, situaci�n que se torna a�n m�s oscura, cuando en el punto primero petitorio de su oficio solicitan que la resoluci�n que al respecto emita el Congreso del Estado de P. se apegue a una determinaci�n derivada de una controversia, posici�n por dem�s ambigua, lo que si bien puede tomarse como un signo de voluntad pol�tica no tiene sustento jur�dico ya que hacen alusi�n a una redefinici�n de l�mites territoriales motivado por una controversia cuando como ya se dijo �sta no est� acreditada. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los art�culos 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 57, fracciones I y IV de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de P.; 5o., 6o. y 16 al 35 de la ley org�nica municipal; 43, fracci�n I, 70 y 71 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de P.; 20, 21, 22 y 24, fracci�n I, del reglamento interior del honorable Congreso del Estado y dem�s relativos, se emite el siguiente: Acuerdo. Primero. El honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de P. es competente para analizar, estudiar y determinar el asunto planteado. Segundo. No existen elementos suficientes para aprobar las peticiones de los Municipios de P. y San Andr�s Cholula, ambos del Estado de P., por las razones expuestas en los considerandos de este acuerdo. Tercero. N.�quese el presente acuerdo a los Ayuntamientos de P. y San Andr�s Cholula."
Como se observa, el Congreso del Estado determin� no aprobar la solicitud presentada por los Municipios actor y tercero interesado, ya que consider� que no se daban los elementos necesarios para la aprobaci�n del convenio relativo, en atenci�n a lo siguiente:
a) Que en su concepto, con el convenio sometido a su consideraci�n no se actualizaba una controversia por l�mites territoriales, al no acreditarse la existencia de una norma o acto que al ejecutarse o aplicarse por un Municipio diera origen a una controversia de ese tipo; o, en su defecto, una competencia por territorialidad, de conformidad con los art�culos 16, 18 y 20, de la Ley Org�nica Municipal del Estado de P., por lo que la mencionada controversia resultaba improcedente.
b) Que lo que los Municipios promovieron fue una solicitud de "redefinici�n de l�mites territoriales", por lo que a efecto de resolver lo planteado y no obstante la improcedencia de la controversia por l�mites territoriales, proced�a, de conformidad con sus atribuciones para modificar los territorios municipales, a realizar el pronunciamiento relativo a la solicitud planteada, de conformidad con el art�culo 6o. de la mencionada ley org�nica.
c) Que la simple formulaci�n de la solicitud de redefinici�n de l�mites territoriales no implica que deba ser aprobada en los t�rminos propuestos, pues de conformidad con el art�culo 6o. de la Ley Org�nica Municipal del Estado de P., corresponde de manera exclusiva a la Legislatura Local establecer los l�mites territoriales de los Municipios.
d) Que la modificaci�n de los l�mites territoriales de un Municipio es un acto materialmente administrativo que repercute en la prestaci�n de los servicios p�blicos, en la ampliaci�n o disminuci�n de jurisdicci�n territorial, en la administraci�n y aplicaci�n de los recursos econ�micos, en la planeaci�n y hacienda municipal, as� como en el ejercicio de sus facultades.
e) Que para resolver sobre la solicitud presentada por los Municipios y de conformidad con los art�culos 6o., 11 y 13, fracci�n VI, de la ley org�nica municipal local, resultaba necesario tomar en consideraci�n la existencia de elementos f�cticos financieros, pol�ticos, administrativos, econ�micos, sociales y jur�dicos, que demostraran la necesidad de realizar la modificaci�n al territorio de un Municipio, puesto que para la creaci�n de Municipios, es necesario el acreditamiento de los mencionados requisitos.
f) Que no existen elementos suficientes para aprobar la solicitud de los Ayuntamientos de San Andr�s Cholula y P., para modificar sus l�mites territoriales en los t�rminos propuestos, al no existir causas o motivos suficientes que la hagan procedente.
g) Que lo anterior es as� pues con la consulta popular que se realiz� como m�todo por parte de los Municipios para concluir con el diferendo lim�trofe, no se satisficieron elementos f�cticos financieros, pol�ticos, administrativos, econ�micos, sociales y jur�dicos que demostraran la necesidad de realizar la modificaci�n al territorio de un Municipio, ya que si bien los vecinos de diversas colonias o fraccionamientos, centros comerciales y universidades, acudieron a manifestar su opini�n respecto a qu� Municipio deseaban pertenecer y que supuestamente los resultados obtenidos motivaron la solicitud materia de resoluci�n, lo cierto es que no se puede sustentar la modificaci�n de un territorio municipal en un instrumento como lo es la consulta popular.
h) Que aun cuando la indicada consulta sea un instrumento de participaci�n ciudadana, por s� misma no demuestra la viabilidad de realizar la modificaci�n territorial debido a que en ella �nicamente se plasma la opini�n de un grupo de personas respecto a qu� Municipio desean pertenecer y no as� los elementos se�alados en el inciso que antecede; aunado a lo anterior a que no se solicit� la opini�n del resto de la poblaci�n que conforman los Municipios de San Andr�s Cholula y P., siendo que se trata de un asunto que concierne a la totalidad de sus habitantes y no s�lo a los de la franja territorial en cuesti�n, am�n de que no estaba determinada la metodolog�a de la consulta.
i) Que los elementos anteriores llevan a sostener la insuficiencia de medios de convicci�n para aprobar la modificaci�n territorial propuesta.
j) Que si bien, el art�culo 6o. de la ley org�nica municipal local, faculta a los Municipios a trav�s de sus Ayuntamientos para solicitar la modificaci�n de su territorio cuando esto sea aprobado por las dos terceras partes del Cabildo, lo cierto es que dicha circunstancia no exime de la necesaria existencia de los elementos de convicci�n que permitan a la legislatura pronunciarse sobre el particular.
k) Que de igual forma, las documentales que se exhibieron en el caso, ni aun adminiculadas con la referida consulta popular, resultan suficientes para acreditar los extremos de la solicitud planteada, pues en ellas �nicamente se contienen datos informativos y estad�sticos supuestamente proporcionados por los Ayuntamientos que no implican un an�lisis sobre la viabilidad de modificar los territorios, aunado a lo anterior a que fueron exhibidos en copia simple, de ah� que no puedan producir convicci�n alguna.
l) Que aunado a todo lo anterior, no existe claridad en la petici�n realizada por los Municipios, puesto que parte de premisas ambiguas.
Este Tribunal Pleno estima que la determinaci�n impugnada es contraria al texto del art�culo 115 de la Constituci�n F., conforme al cual, como se ha precisado, los Municipios tienen el derecho a la delimitaci�n precisa de su territorio y los Congresos Locales, conforme a la fracci�n I del mismo precepto, est�n facultados para determinar en general todo aquello relacionado con los Municipios como base de la divisi�n territorial y de la organizaci�n pol�tica y administrativa del Estado; asimismo, dicha determinaci�n resulta contraria a los art�culos 14 y 16 constitucionales, al no estar debidamente fundada y motivada.
En efecto, como puede observarse del acuerdo legislativo materia de esta controversia constitucional, la Legislatura Local para sustentar la no aprobaci�n del convenio que los Municipios actor y tercero interesado sometieron a su consideraci�n sustent�, por un lado, argumentos tendentes a resolver una solicitud de modificaci�n de l�mites territoriales, tales como los que se sintetizaron en los incisos del a) al e) anteriores; mientras que por otra parte, pretendi� "resolver" la aprobaci�n del acuerdo de voluntades como si se tratara de un procedimiento de car�cter contencioso, como se aprecia de los incisos f) al l) anteriores.
De esto se tiene que, la Legislatura Local, para fundar la no aprobaci�n del convenio que fue sometido a su conocimiento por parte de los Municipios actor y tercero interesado, lo hizo en preceptos que no resultan aplicables al caso concreto pues se refieren a una hip�tesis normativa de diversa aplicaci�n al asunto que se someti� a su conocimiento, lo que resulta violatorio del art�culo 16 de la Constituci�n F..
No es �bice a lo anterior el hecho de que, como ya se se�al�, la legislaci�n local aplicable no establezca los lineamientos que la Legislatura Local debe seguir para la aprobaci�n o no de los convenios por l�mites territoriales, puesto que como tambi�n ya se precis�, si la propia legislaci�n privilegia el acuerdo de voluntades en la soluci�n de los conflictos que por l�mites territoriales se susciten entre los Municipios de la entidad, entonces, lo que la Legislatura Local debe verificar es si el convenio relativo cumple tanto los requisitos formales para que surta plenos efectos, as� como los necesarios para que los Municipios de que se trata puedan continuar funcionando.
De acuerdo con lo anterior, lo conducente es declarar la invalidez del acuerdo aprobado en sesi�n p�blica de veintitr�s de junio de dos mil cinco emitido por el Congreso del Estado de P., por el que declara que no existen elementos suficientes para aprobar el convenio celebrado entre los Municipios de San Andr�s Cholula y P., Estado de P., en los t�rminos y para los efectos que se precisar�n en el siguiente considerando.
Al haber resultado fundado el argumento hecho valer por la parte actora, resulta innecesario el estudio de los restantes planteamientos de invalidez. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Tribunal Pleno n�mero P./J. 100/99, visible en la p�gina setecientos cinco del Tomo X, septiembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ. Si se declara la invalidez del acto impugnado en una controversia constitucional, por haber sido fundado uno de los conceptos de invalidez propuestos por la parte actora, situaci�n que cumple el prop�sito de este juicio de nulidad de car�cter constitucional, resulta innecesario ocuparse de los restantes argumentos de queja relativos al mismo acto."
OCTAVO. De acuerdo con lo expuesto en el considerando que antecede y previamente a fijar los efectos de esta resoluci�n, se debe tener en cuenta lo siguiente:
El art�culo 105, fracci�n I, pen�ltimo y �ltimo p�rrafos, de la Constituci�n F. prev�:
"Art�culo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer�, en los t�rminos que se�ale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"I. De las controversias constitucionales que, con excepci�n de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
"Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por la Federaci�n, de los Municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores y la resoluci�n de la Suprema Corte de Justicia las declare inv�lidas, dicha resoluci�n tendr� efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayor�a de por lo menos ocho votos.
"En los dem�s casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendr�n efectos �nicamente respecto de las partes en la controversia."
Por su parte, el art�culo 41 de la ley reglamentaria de la materia, en sus fracciones III, IV, V y VI, dispone:
"Art�culo 41. Las sentencias deber�n contener:
"III. Las consideraciones que sustenten su sentido, as� como los preceptos que en su caso se estimaren violados.
"IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisi�n, en su caso, los �rganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el �mbito que corresponda. ...
"V. Los puntos resolutivos que decreten el sobreseimiento, o declaren la validez o invalidez de las normas generales o actos impugnados y, en su caso, la absoluci�n o condena respectivas, fijando el t�rmino para el cumplimiento de las actuaciones que se se�alen;
"VI. En su caso, el t�rmino en el que la parte condenada deba realizar una actuaci�n."
Asimismo, el art�culo 42, �ltimo p�rrafo, del propio ordenamiento legal reproduce lo establecido por el art�culo 105 de la Constituci�n F., en la parte transcrita.
"Art�culo 42.
"...
"En todos los dem�s casos las resoluciones tendr�n efectos �nicamente respecto de las partes en la controversia."
Del an�lisis sistem�tico de los dispositivos transcritos se sigueque la resoluci�n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que declare la invalidez de actos como los que en el caso se impugnaron, s�lo puede tener efectos relativos a las partes en el litigio; asimismo, en la resoluci�n se deber�n establecer con toda precisi�n sus alcances y efectos; los �rganos obligados a cumplirla y los t�rminos para que la autoridad condenada d� cumplimiento a las actuaciones que se le se�alen.
En acatamiento a lo anterior y en atenci�n a la invalidez decretada, a continuaci�n se precisan los efectos de la presente ejecutoria:
En ejercicio de la facultad soberana que le concede la legislaci�n local aplicable respecto de la aprobaci�n de los convenios celebrados entre dos o m�s Municipios de la entidad para la soluci�n de sus disputas lim�trofes, el Poder Legislativo del Estado de P. deber�, dentro del plazo de treinta d�as naturales contados a partir del d�a siguiente en que la presente sentencia le sea notificada, pronunciarse sobre la aprobaci�n del convenio que los Municipios de San Andr�s Cholula y P. de la referida entidad sometieron a su consideraci�n; lo cual realizar� con total libertad de criterio pero siguiendo los lineamientos que han quedado expuestos en el cuerpo de la presente resoluci�n, esto es:
1. Deber� verificar los requisitos formales de validez del convenio relativo, entre ellos, de manera primordial, lo siguiente:
a) Que el Ayuntamiento del Municipio de que se trate, haya aprobado la celebraci�n del convenio relativo.
b) Que quien suscriba el acuerdo de voluntades cuente con las atribuciones necesarias para ello.
2. Tambi�n debe constatar que con la celebraci�n del convenio no se afecten otros aspectos que resulten vitales para la subsistencia de los Municipios que los suscriben, entre ellos y de manera primordial:
a) Que no se afecte la extensi�n m�nima territorial con la que debe contar un Municipio de la entidad.
b) Que tampoco se afecte el n�mero m�nimo de poblaci�n con la que deben contar los Municipios de que se trate.
Una vez hecho lo anterior, el Poder Legislativo de P. deber�, de manera inmediata, hacer del conocimiento de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n el pronunciamiento correspondiente.
Por lo expuesto y fundado se

resuelve:
PRIMERO.-Es procedente y fundada la presente controversia constitucional.
SEGUNDO.-Se declara la invalidez del acuerdo emitido por el Congreso del Estado de P., en sesi�n plenaria ordinaria del veintitr�s de junio de dos mil cinco, respecto del convenio que por cuesti�n de l�mites territoriales presentaron los Municipios de San Andr�s Cholula y P. de la referida entidad, en los t�rminos y para los efectos que se precisan en los considerandos s�ptimo y octavo de esta resoluci�n.
TERCERO.-Se requiere al Poder Legislativo del Estado de P., para que dentro del plazo otorgado en el �ltimo considerando de esta resoluci�n, informe a este Alto Tribunal el cumplimiento del presente fallo.
CUARTO.-Publ�quese esta resoluci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta.
N.�quese; haci�ndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, arch�vese el expediente como asunto concluido.
As� lo resolvi� la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en Pleno, por unanimidad de ocho votos de los se�ores M.S.S.A.A., J.R.�n C.�o D�az, M.B.L.R., G.I.O.M., S.A.V.H.�ndez, O.S.C. de G.�a V., J.N.S.M. y presidente en funciones G.D.G.�ngora P.. No asistieron los se�ores Ministros presidente M.A.G.�itr�n y J.D.�az R., por estar cumpliendo con comisiones de car�cter oficial y Jos� de Jes�s G.�o P., previo aviso.